Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 18 de agosto de 2018
    
    

Última actualización: julio 2018
Última revisión: julio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 12



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Marzo de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 13 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintinueve minutos del día jueves ocho de marzo de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del seis de marzo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el informe de su visita de trabajo a la República de Corea, realizada del 21 al 26 de enero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, el informe de su participación en la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada en Montreal, Canadá, del 23 al 28 de enero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Juan Carlos Romero Hicks, su informe de Labores, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, el informe de su participación en el Foro de Legisladores de la Agenda Internacional de las Energías Renovables (IRENA), realizada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 11 al 14 de enero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, el informe de su participación en la sexta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada en Montreal, Canadá, del 23 al 29 de enero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de las Comisiones de Derechos Humanos; de Justicia; y de Gobernación, el acuerdo relativo al procedimiento de designación de integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, su Informe Anual de Actividades y el Ejercicio Presupuestal 2016.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron catorce oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Libre Comercio e Inversión Extranjera y se abroga la Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, la Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993 y la Ley de los Impuestos Generales de Exportación e Importación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Cristina Díaz, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia de declaración especial de ausencia por desaparición.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la maestra María Elena Chapa Hernández.

 

(RECESO)

 

(SESIÓN SOLEMNE)

 

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudo la sesión.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la convocatoria pública para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la convocatoria con el procedimiento para la selección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la convocatoria con el procedimiento para la selección de Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó del retiro de asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día, el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, presentado el 2 de agosto de 2017 y el proyecto de Decreto que reforma el artículo 50 y adiciona el artículo 50 Bis de la Ley General de Aviación Civil, presentado el 28 de junio de 2017, ambos de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez.- La Presidencia ratificó el retiro de los asuntos.

(Excitativas)

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis para Autoconsumo y para Uso Médico, Científico, Terapéutico y Cosmético y se reforman la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, presentado el 25 de octubre de 2016.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 25 de enero de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 161bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado el 21 de febrero de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de marzo de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma los incisos h) e i) y adiciona un nuevo inciso j) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 18 de abril de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, presentado el 19 de octubre de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 10, 17, 26 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Agrupaciones Financieras.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 149 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 32, 53, BIS y 55 de la Ley Federal Sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a emprender las acciones necesarias para vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de Ricardo Anaya Cortés, ante las inconsistencias de su patrimonio en relación a su declaración patrimonial, entre las que destacan plazas comerciales, hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas dedicadas a la construcción.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incorporar al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos la Diabetes tipo 1, con el propósito de asegurar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la atención especializada y el tratamiento completo para el control de esta enfermedad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a elaborar un informe técnico sobre el principio de progresividad, suscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los dictámenes positivos de los trabajos legislativos de la LXII y la LXIII Legislatura del Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Lic. Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, a conducirse en estricto apego a la Constitución y a la Ley, particularmente a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y evitar acciones de dudosa legalidad que pudiesen ser interpretadas como parciales a favor o en contra de algún candidato o partido involucrado en el proceso electoral 2017–2018.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destituir al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Lic. Alberto Díaz Beltrán, debido a las declaraciones y la manera de proceder, que ponen en grave riesgo la actuación de la Procuraduría en tiempos electorales.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer la educación básica en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Nacional y a la Auditoría Superior de la Federación a informar el estado en el que se encuentra la investigación y/o sanción de los actos reportados por la propia Auditoría, respecto a las observaciones en el gasto realizado por el Ejecutivo Federal.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a remitir un informe sobre afectación por la posible imposición de aranceles en Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reasignar recursos para el fehaciente cumplimiento de las funciones de vigilancia y prevención de delitos electorales por parte de la FEPADE, en el marco del proceso electoral 2018.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe sobre la solventación de las observaciones correspondientes a la cuenta pública 2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el ejercicio de los programas Fortafin (Fortalecimiento Financiero), Fonmetro (Fondos Metropolitanos) y Fortalece (Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal); anomalías que representan un presunto daño al erario público por más de 760 millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aceptar la competencia del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo sobre las actividades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la supervisión y protección de usuarios de servicios financieros, ante la implementación de la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a instrumentar las medidas necesarias para frenar la pesca ilegal en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, diseñen e implementen una estrategia integral que contemple acciones que atiendan la problemática de escasez de agua potable que se agravó a raíz de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, con el objetivo de garantizar el acceso al agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se crea la comisión especial para seguimiento del proceso de reconstrucción, derivado de las afectaciones de los sismos de 2017 y 2018.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a garantizar el principio constitucional de laicidad en los apoyos sociales que brinden a las organizaciones de la sociedad civil; así como a diversas autoridades a verificar que las actividades que se realizan con presupuesto público por parte de estas organizaciones no violenten el principio del interés superior de la niñez.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer las campañas dirigidas a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los campos de ciencia, tecnología e ingenierías, a fin de incentivar una cultura científica con equidad de género en el país.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a coordinar acciones urgentes de prevención y combate a la violencia que ha proliferado en lo que va del proceso electoral.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brinden el apoyo necesario a los familiares del connacional Rubén Gerardo Galindo Chávez, así como realizar las acciones consulares pertinentes respecto a la ejecución extrajudicial de que fue objeto.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con el Instituto de las Mujeres de dicha entidad, fortalezcan las estrategias tendientes a erradicar y combatir la violencia de las mujeres en la capital de país, con el objeto de salvaguardar su integridad física y de vida.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a que, en coordinación con el Gobierno Federal, implementen acciones que erradiquen las causas que originan el trabajo infantil, así como la implementación de una campaña nacional que concientice a la sociedad sobre dicha problemática y sus repercusiones.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación integral para determinar la relación del ex-gobernador Rafael Moreno Valle con la empresa Woonter Well, considerada por el Servicio de Administración Tributaria como empresa fantasma, ante las denuncias de tráfico de influencias, peculado y desvío de recursos públicos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público a realizar diversas acciones encaminadas a proteger la industria siderúrgica nacional.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks y de la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, ante la posibilidad de no concluir la construcción de la primera fase del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 2020, elabore un proyecto alternativo y adecue un aeropuerto alterno para hacer frente a la saturación en que se encuentra el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador interno del estado de Nuevo León, Manuel Florentino Gonzáles Flores, a remitir un informe en el que se expliquen las características y el costo que tendrá el proyecto para transformar la Presa La Boca.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Riñón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador José Marco A. Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Riñón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con un minuto y citó a la siguiente el martes trece de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con gusto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada en la Ciudad de México, los días 19 y 20 de febrero de 2018.








Del Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se celebró en Estrasburgo, Francia, del 22 al 26 de enero de 2018.








Del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite el informe del estado que guardan los trabajos referentes al proyecto de Ley de Contrataciones de Obras Públicas, presentado el 23 de febrero de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de Washington, D.C., el 18 de marzo de 1965.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron 11 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Asamblea del Senado de la República.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.






MESA DIRECTIVA

Compañeras y compañeros Senadores, informo que la Mesa Directiva amplió el turno al proyecto de Decreto por el que expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentado el 8 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Energía; y de Estudios Legislativos.

Pasamos ahora al apartado de presentación de iniciativas.






Informo a esta Soberanía que se recibió de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristain Navarrete y Lisbeth Hernández Lecona y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada e Isidro Pedraza Chávez, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristain Navarrete y Lisbeth Hernández Lecona y los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada e Isidro Pedraza Chávez)








Corresponde el turno al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, para presentar a nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JULIO DE 2014

(Presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova)

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, señor Presidente. Con la venia de la Presidencia del Senado de la República.

Compañeras y compañeros legisladores:

Quiero decirles que vengo a nombre del Senador Héctor Larios Córdova y de un servidor a presentar esta iniciativa.

Desde su fundación, la radio ha cumplido con creces su labor informativa y lo ha hecho con contenidos culturales, servicio social a la comunidad y diversidad de opiniones, muestra tangible de una nación multicultural, multiétnica y multilingüística como la nuestra.

A través de sus estaciones, programaciones, repetidoras, la radio todos los días contribuye de manera eficiente a la construcción de una sociedad más informada, más colaborativa y participativa en los asuntos públicos, debido a su relevancia, así como a la ampliación de sus servicios y el incremento de sus estaciones a través de los años se ha requerido de una legislación que regule la expedición de las concesiones, el uso del espacio radioeléctrico y la asignación de frecuencias con el único fin de que la sociedad mexicana se mantenga informada.

En los últimos años, consciente de esta necesidad, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión impulsamos una reforma constitucional que permite una competencia efectiva, con mejores precios y mayor calidad y cobertura de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene entre sus atribuciones la de otorgar las concesiones y resolver su prórroga, modificación o terminación, así como autorizar cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades.

El Instituto ahora tiene a su cargo la regulación, la promoción y la supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa.

En particular, con las prórrogas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, señala en su artículo 114 que para su otorgamiento es necesario que el concesionario la solicite dentro del año anterior al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión.

La resolución de las prórrogas de concesiones, representan un asunto fundamental porque brinda una certeza jurídica a los propietarios de las mismas, fomentan la inversión y modernización del sector, lo que genera un mercado más competitivo que requiere de contenidos novedosos.

En este sentido, el Pleno del Ifetel informó que ha acordado la prórroga de vigencia de 730 concesiones para estaciones de radio de uso comercial en todo el país. Dicha cifra representa un avance del 90.6 por ciento con respecto a las 806 peticiones que el Instituto había recibido hasta junio de 2017.

Sin duda, es un avance en la implementación del marco jurídico que regula la prórroga de concesiones; sin embargo, con la entrada en vigor de la ley, en algunos casos, se generó un marco legal que se convirtió complejo para algunos propietarios y concesionarios por la diversidad de supuestos regulatorios que podrían ser aplicados en relación con el ámbito de temporalidad a observar en la interposición de las solicitudes de prórroga de vigencias respectivas, conforme a la legislación anterior, los títulos vigentes y el nuevo marco legal.

La iniciativa que hoy el Senador Larios y su servidor presentamos, y que estoy           seguro que muchos Senadores se adherirán, busca precisamente que las concesiones vigentes que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión quedaron sin la posibilidad de cumplir con los plazos establecidos, puedan solicitar la prórroga de la concesión, obviando el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 114.

Compañeras y compañeros legisladores, estoy convencido que de aprobarse la presente iniciativa, se promoverán condiciones adecuadas para la permanencia de los concesionarios y estaciones de radio, para que continúen realizando su labor de alto profesionalismo, dedicación y calidad, y sigamos incentivando la inversión directa en este sector.

Compañeras y compañeros legisladores, la resolución de las prórrogas de concesiones, representan un asunto fundamental para la certeza jurídica para los propietarios y los servicios que ponen al servicio de la población, pero también es un aliciente a la inversión y modernización del sector que lo hace en uno más competitivo, novedoso y comprometido con la información.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; así como por los artículos 8, numeral 1; fracciones I, II y III del artículo 164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN", de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La radio ha sido unos de los medios de comunicación más populares en México, en 1923, dicha industria empezó a crecer y a hacerse más popular entre la población gracias al comercio de artículos relacionados con la radio, aunado al apoyo del gobierno. Durante ese año, surgen las primeras estaciones comerciales.

Otro factor de popularidad de la radio fue la alianza que tuvo con la prensa, la cual consistía en alentar al lector mediante la publicación de artículos que promocionaban los avances de la industria.

En 1930 inició operaciones la XEW, la primera estación de radio con cobertura nacional convirtiéndose en una de las estaciones más populares de las familias mexicanas, en el que se congregaban alrededor del aparato radiofónico para escuchar contenido pensado en la sensibilidad y forma de vida de los mexicanos.

Durante los años cincuenta se amplió la oferta de estaciones de radio y se requirió una legislación para regular la industria de manera más focalizada, creando la Ley Federal de Radio y Televisión el 19 de enero de 1960.

Sin duda la radio en México ha sido un factor de gran influencia tanto social, política, cultural y por supuesto económico. En este sentido, al inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar los sectores de la radiodifusión en el que se encuentra la radio y el de las telecomunicaciones, con el objetivo de generar beneficios a los consumidores y a las empresas de dichos sectores.

Derivado de lo anterior, la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, estableció las bases legales para transformar de manera trascendental el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

Este nuevo diseño institucional en el sector de las telecomunicaciones tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en las que se incluye la banda ancha, así como  establecer condiciones de competencia y libre concurrencia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicada el 14 de julio de 2014 y que entró vigor el 13 de agosto de 2014, estableció que la Concesión de Espectro, para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se otorgará por un plazo de hasta 20 años. De igual forma, se crea la figura de concesión única, que de acuerdo a sus fines se puede clasificar en los siguientes usos: comercial, público, privado y social.

La Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones estableció la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como un  órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa.

Entre sus atribuciones se encuentran el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

La LFTR, establece en su artículo 15, fracción IV, que el Instituto tiene la atribución de otorgar las concesiones previstas en la Ley en comento y resolver sobre su prórroga, modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra, así como autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.

Cabe señalar que en la Ley se unifica la figura de refrendo con la de prórroga, estableciendo esta última para todos los tipos de concesiones.

De acuerdo al artículo 114 de la Ley, para el otorgamiento de las prórrogas de concesiones de bandas de frecuencias o de recursos orbitales, será necesario que el concesionario la solicite al Instituto dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión, se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones aplicables, así como en su título de concesión.

En este sentido, en julio del año 2017, el pleno del IFT informó que ha acordado la prórroga de vigencia de 730 concesiones para estaciones de radio de uso comercial en todo el país. Dicha cifra representa un avance de 90.6por ciento con respecto a las 806 peticiones que el Instituto había recibido hasta junio de 2017.1

La resolución de las prórrogas de concesiones, representan un asunto fundamental porque brindan certeza jurídica a los propietarios de las mismas, fomentando la inversión y la modernización de sector, lo que genera un mercado más competitivo que requiere de contenidos novedosos. Por otra parte, contribuye al desarrollo económico, en virtud de que genera las condiciones para el surgimiento de nuevas plazas laborales.

Con estas cifras podríamos afirmar que la implementación del nuevo marco jurídico que regula la prórroga de las concesiones ha avanzado sin contratiempos y de manera exitosa. No obstante, dicha afirmación resulta parcialmente cierta en virtud de con la entrada en vigor de la LFTR, en algunos casos, se generó un marco legal confuso por la diversidad de supuestos regulatorios que podrían ser aplicados en relación con el ámbito de temporalidad a observar en la interposición de las solicitudes de prórroga de vigencia respectivas, conforme a la legislación anterior, los títulos vigentes y el nuevo marco legal.

Lo anterior resulta evidente al considerar que el artículo 114 de la LFTR establece, inclusive, supuestos de exclusiva observancia para la autoridad regulatoria, como lo es el plazo que goza para emitir mención respecto del interés que pudiera existir para recuperar las bandas de frecuencias concesionadas, con base en las políticas de planeación de espectro aplicables al efecto.

Lo anterior, devino en incertidumbre respecto del marco legal-regulatorio aplicable en materia de prórroga de concesiones y, por tanto, respecto de los tiempos aplicables relativos a la oportunidad en la presentación de las solicitudes correspondientes.

En adición a lo anterior, es de reconocer que la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones viene a sentar las bases para una efectiva competencia y propiciar una mayor diversidad de contenidos en beneficio de la población en general.

En este sentido, por primera vez en la historia del sector de la radiodifusión, el órgano regulador, en términos de lo mandatado por el la ley de la materia, ha llevado a cabo diversos procesos licitatorios de estaciones comerciales, además de asignar de manera directa diversas concesiones para uso público y social, lo que ha propiciado la entrada de nuevos competidores e incremento de la oferta, a efecto de garantizar que el servicio público de radiodifusión sea prestado en condiciones de competencia y calidad, brindando a la población los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información y fomentando los valores de la identidad nacional, contribuyendo así con los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución.

Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha se ha concesionado 1 nueva cadena de televisión digital terrestre con cobertura nacional, 32 nuevas estaciones de televisión digital terrestre con cobertura regional, 141 nuevas estaciones de radio para uso comercial, así como cerca de 100 nuevas estaciones de radio para uso público y social, tanto en AM como en FM.

De lo anterior, resulta evidente que el espíritu de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la emisión del nuevo marco legal aplicable en estas materias, es incrementar la oferta de estos servicios en beneficio de las audiencias, por lo que la incertidumbre generada por la emisión de los nuevos ordenamientos no debe generar una situación en la que el número de competidores en el mercado sea vea mermada.

En este sentido, se estima pertinente tomar en consideración la voluntad mostrada por los actuales concesionarios en el sentido de continuar con la prestación del servicio concesionado, y dicha voluntad haya sido formalmente exteriorizada aún dentro de la vigencia de la concesión de que son titulares y, por supuesto, se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones aplicables, así como las contenidas en su título de concesión.   

En ello radica la importancia y oportunidad del Proyecto con Iniciativa de Ley que presentamos, en virtud de que busca que las concesiones vigentes, puedan obtener la prórroga que solicitaron durante la vigencia de la concesión, obviando el plazo previsto en el primer párrafo del  artículo 114 de la LFTR. 

Conforme al Primer Informe Trimestral 2017 del IFT, la población mexicana escucha la radio generalmente por la mañana, siendo el lapos entre las 10:00 y 11:00 horas donde se alcanzó el máximo de personas con la radio encendida con el 11.4por ciento, mientras que el promedio diario es de 6.3por ciento. De igual forma, las estaciones FM tiene mayor preferencia que las estaciones AM con 4.84por ciento y 1.44por ciento respectivamente, de personas con la radio encendida. Actualmente se cuenta con 2,018 estaciones de radio a nivel nacional, de las cuales 1,561 son concesiones y el resto son permisionadas.

La presente reforma es de gran relevancia para la radio, toda vez que dicho medio es un servicio público de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que este servicio sea prestado en condiciones de competencia y calidad, el cual deberá brindar beneficios de la cultura a toda la población y es parte fundamental del entretenimiento en los hogares de los mexicanos, por lo que es importante garantizar que existan opciones solidas, de competencia y calidad, y que todas las reformas al sector de las telecomunicaciones y la radiofusión tengan un impacto positivo para los concesionarios y para los radioescuchas por igual.

Derivado de lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores:

Artículo Único.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo séptimo transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, para quedar como sigue:

SEPTIMO. ...

Las solicitudes de prórroga de concesiones de radiodifusión sonora presentadas con anterioridad a la fecha de terminación de la vigencia original establecida en los títulos correspondientes, se resolverán en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin que resulte aplicable el plazo previsto para la solicitud de prórroga de que se trate.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo Séptimo transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, que se adiciona, será aplicable únicamente a las solicitudes de prórroga presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Héctor Larios Córdova.

1 "EL IFT ha resuelto la prórroga de vigencia de 730 concesiones para operar comercialmente frecuencias para el servicio de radiodifusión sonora" Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comunicado 72/2017, 7 de julio de 2017, Consultado el 7 de diciembre de 2017.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.

La Senadora Martha Palafox le solicita si es usted anuente para que suscriba la iniciativa.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto. Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Le solicito a Servicios Parlamentarios que tome nota de las y los Senadores que están manifestando su intención de suscribir. El Senador Lavalle Maury en el mismo sentido, el Senador Romero Hicks en el mismo sentido, Senador igual, para que se recaben las firmas correspondientes.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 73 constitucionales, en materia de ciencia y tecnología.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios)

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidas Senadoras y Senadores:

El mundo de hoy está urgido de un cambio con rumbo, con estrategia, y los países que han logrado mayor desarrollo han entendido que se requiere una combinación de variables para poder garantizar que el conocimiento incida en el bien ser y bienestar de las personas.

Dicho de otra manera, se requiere una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación, un árbol de bondades infinitas. Tenemos que reconocer que los problemas de hoy no se resuelven con las soluciones del ayer.

Unos grandes científicos visibles, Carl Sagan, señalaba que la ciencia es una forma de pensar mucho más que un cuerpo de conocimientos, y la humanidad va avanzando en la medida en que el conocimiento trasciende, en que la verdad no es infecunda, en que se pone en el corazón de la solución de los problemas de la vida cotidiana.

En nuestro país hemos tenido muchos esfuerzos desde el Estado mexicano y, en particular, desde el gobierno federal y algunas entidades federativas; por ejemplo, un momento de inflexión fue en diciembre de 1970, con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el Presidente Luis Echeverría.

Y luego se hicieron esfuerzos legales para poder dar el marco normativo necesario; sin embargo, siempre se puede mejorar, y hoy lo que nos urge es una mayor articulación institucional, descentralizar las decisiones, incorporar visiones de al menos 25 años de largo plazo y, sobre todo, dar certeza jurídica a todos los actores de la ciencia y la tecnología y la innovación, y estos son: primero, el sector académico; segundo, el sector emprendedor; y tercero, el sector gubernamental. Todo esto implica tener un mayor impacto transversal, sin embargo, es difícil resolver problemas con el diseño presente.

¿Cuál es el diseño actual? El diseño actual es que existe una Ley Federal de Ciencia y Tecnología derivada de la fracción V del artículo 3o. de la Carta Magna; sin embargo, está forzada porque equipara atribuciones del Estado (Federación, entidades federativas y municipios) con las del gobierno federal, y hemos encontrado en una revisión más profunda y más exhaustiva, la necesidad de un ajuste que pueda dar mayor certeza jurídica al tema de ciencia, tecnología e innovación, lo deseable entonces es pasar a poder tener en algún momento una ley general.

Este diseño institucional es dinámico, y hoy lo que tenemos que aprender es cómo lo han hecho, por ejemplo, otros países.

Por una parte, han consolidado la base jurídica; por otra, han tenido mejores fuentes para poder financiar el gasto de inversión y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. En México no hemos logrado la inversión necesaria.

Por una parte, la inversión pública es mayor que la inversión privada, cuando en el resto del mundo es exactamente al contrario.

Por otra parte, la Ley de Ciencia y Tecnología establece que el gasto de inversión y desarrollo en ciencia y tecnología debe ser el 1 por ciento, sumado a los esfuerzos públicos y privados, solamente tenemos al momento del día de hoy el 0.55 por ciento, que, comparado con el resto del mundo palidece, porque en los países de mayor desarrollo la inversión está entre el 1.5 por ciento y el 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Necesitamos una ciencia que consolide el principio de libertad académica y, al mismo tiempo, pueda tener mejores incidencias en la vida de las personas para poder tener soluciones, por ejemplo, al tema del estado de derecho, de las nuevas energías, los desastres naturales, las nuevas enfermedades, agua, cambio climático, biodiversidad, la pobreza y la desigualdad, la competitividad económica, solamente por mencionar algunos de ellos.

Pues el día de hoy lo que estamos proponiendo es un gran esfuerzo y en este esfuerzo lo que quiero hacer es agradecer a todas las personas que se han sumado a lo que hoy estamos presentando, tenemos prácticamente ya casi 70 firmas de Senadores.

Quiero agradecer a los coordinadores parlamentarios: a Fernando Herrera, a Emilio Gamboa, a Luis Sánchez, a Manuel Bartlett, a todos los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, empezando por su Presidente, el Senador Patricio Martínez, Óscar Rosas, Mario Delgado, Francisco Búrquez; también las grandes aportaciones del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, don Enrique Burgos, a quien saludo con gran admiración; a Martha Tagle, a Ana Lilia Herrera, a una enorme cantidad de personas. No alcanzaría a hacer el reconocimiento porque estamos convencidos que hoy tenemos que hacer algo que pueda señalar una gran diferencia.

¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Elevar a rango constitucional, en el artículo 3o., el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, circunstancia que está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y que por algún motivo no está protegido en la Carta Magna.

En segundo término, el clarificar que el tema de ciencia, tecnología e innovación corresponde al núcleo competencial del Estado mexicano.

Y, finalmente, facultar al Congreso de la Unión, en el artículo 73, para poder tener una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿En qué momento se da esto? El señor Presidente de la República, el viernes 12 de enero, hace dos meses, anunció que turnaría a esta Soberanía una iniciativa para perfeccionar la Ley de Ciencia y Tecnología. Le daremos con mucho gusto la bienvenida, lo que estamos haciendo ahora es un esfuerzo complementario.

El tema de ciencia, tecnología e innovación no merece sesgos de partido ni de ideología ni de coyunturas de una naturaleza que pueda desvirtuar el gran propósito que tenemos.

México lo que necesita es un sistema de una política de estado en ciencia, tecnología e innovación.

Celebro que sea el Senado de la República el que sume esta posibilidad.

México es un país grande, pero tiene que crecer más y tiene que tener una mejor estrategia para poder resolver los grandes problemas de la vida cotidiana: pobreza, desigualdad, estado de derecho, y todo aquello que sea preocupación de todos los mexicanos.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Romero Hicks. A continuación, se solicita respetuosamente el poder acompañar la iniciativa. Gracias, Senador.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señor Presidente, si alguien más desea sumarse a la iniciativa, y no hemos tenido oportunidad de hacerlo de manera directa, estamos a sus órdenes con mucho gusto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Romero Hicks.

El Senador Casillas en el mismo sentido. Por favor, Servicios Parlamentarios tome nota de los Senadores y las Senadoras. Senador Mayans. La Senadora Angélica de la Peña. Sírvanse tomar nota de las Senadoras y los Senadores, Servicios Parlamentarios, que desean acompañar la presente iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra al Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley sobre la Cannabis y la erradicación de la violencia provocada por su prohibición en los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EL USO DE LA CANNABIS EN SUS DISTINTAS APLICACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marlon Berlanga Sánchez: Gracias, señor Presidente.

Parecerá una necedad una iniciativa como ésta, pero mientras en los Estados Unidos de Norteamérica se comercializa la cannabis, y mientras en Europa no existe una guerra contra el narcotráfico, el día de ayer tres jóvenes menores de 16 años se asesinaron mutuamente por la comercialización de droga en Tepito, de esto trata esta ley.

En México la guerra contra el narco o contra la delincuencia organizada es la que a nivel global mayores costos sociales, económicos e institucionales ha causado, más de 200 mil muertos contabilizados en la reciente década, incremento de consumidores de drogas ilícitas, aumento en los índices de corrupción, hasta ubicarse como el segundo país con mayor corrupción de la OCDE; impunidad, hasta mantenerse en un 98 por ciento actualmente; penetración de la delincuencia organizada a los cuerpos policiacos; incorporación del Ejército a la lucha contra el narco, que deja una canalización de al menos un billón de pesos en la reciente década para atender programas de seguridad, desvío de recursos sustantivos a esta guerra, que deberían ser para el sector de educación y salud, erosión del Estado, en razón de confrontación entre dependencias por sus posturas frente al avance de esta guerra fratricida, sobrepoblación carcelaria hasta un 300 por ciento, pero siendo lo más importante de esta secuela, es la queja de miles de hogares con la falta de uno o más integrantes de las familias, jóvenes cooptados, asesinados, mujeres viudas y huérfanos.

Por cinco décadas el Estado mexicano ha focalizado sus esfuerzos institucionales y legales para castigar penalmente a los portadores y consumidores del psicoactivo natural, la marihuana.
En la actualidad los delitos contra la salud representan el mayor padrón de encarcelados por delitos federales en México, concentrándose en su mayoría en los casos de posesión menor.

En el caso de la marihuana, se puede detener a personas que sean encontradas con un monto superior a 5 gramos de este enervante, en cuyo caso se actualiza la restricción señalada en el artículo 479 de la Ley General de Salud, por lo que el portador es sometido a proceso judicial y un agente del Ministerio Público cuenta con la facultad para iniciar la investigación que puede culminar en un auto de formal prisión o sentencia por parte de un juez, con una penalidad que puede ir de 5 hasta 15 años de prisión.

Desde comienzos de la década de los 60 del siglo XX, se inaugura una política internacional de combate al narcotráfico, impulsada por el gobierno estadounidense, del Presidente Richard Nixon, quien declaró la guerra frontal contra las drogas, sin embargo, esta fue principalmente contra los consumidores de drogas blandas como la marihuana, teniendo como principal objetivo a los grupos “hippies” y a la población afroamericana, pretendiendo con ello controlar sus manifestaciones sociales y políticas en torno a la lucha de los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam.

Este objetivo fue posible por la coartada de la criminalización del consumidor enfocada a este segmento de población.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2005 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima el valor total de la venta a minoristas de drogas en 322 mil millones de dólares, de los cuales 64 mil 800 millones corresponden a la heroína, 70 mil 500 millones a la cocaína, 16 mil 100 millones al éxtasis, 28 mil 300 a la anfetamina y otras drogas sintéticas y 141 mil 900 millones a hierba y resina de cannabis. En total suman 321 mil 600 millones. Sin embargo, dicho informe también considera el valor de venta mayorista antes de su distribución a menudistas. El valor a nivel de producción.

Para contrastarlos, señalamos sólo el valor de producción a partir del cual tenemos mil 200 millones para la heroína, 500 millones para la cocaína, 100 millones para el éxtasis, 60 millones para las anfetaminas y otras drogas sintéticas y 9 mil 500 millones para la marihuana. Es decir, a nivel de producción, el valor es considerablemente menor que la distribución minorista de la droga. Por ejemplo, la marihuana pasa de 9 mil 500 millones al precio de producción de 141 mil 900 millones al precio de su venta de minorista, mientras la cocaína pasa de 500 millones en su nivel de producción de cultivo a 70 mil 500 millones en su venta minorista en las calles de Estados Unidos.

El paradigma prohibicionista y la estrategia punitiva y cada vez más militarizada que se ha adoptado en México ante el tema de las drogas, entre las que se encuentra la marihuana, que es la sustancia en la que nos centramos ahora, se pueden considerar no sólo como un fracaso, sino también como parte de políticas totalmente contraproducentes, fortaleciendo aquello que se desea combatir.

Uno. La seguridad social se presenta francamente fracturada por los efectos de una política punitiva de seguridad pública.

Dos. El consumo de drogas se ha visto incrementado tanto por las condiciones de inestabilidad social como por una oferta creciente.

Tres. La debilidad estatal a la que se considera en parte responsable de la violencia por no tener la capacidad para imponer la ley, se ve expuesta a su debilitamiento institucional cada vez mayor al exponerla a la cooptación por el crimen organizado mediante sobornos y creación de otros vínculos de interés. Esto produce una secuencia tan simple como mortífera.

La prohibición genera un mercado ilegal, la ilegalidad de este mercado produce el encarecimiento del producto.

Desde las altas rentas provocan la disputa violenta de un cuantioso mercado que genera altas rentas para los grupos criminales que la operan, este poder económico puede comprar capacidad de fuego, como protección política. Así el prohibicionismo nos arroja al peor de los mundos posibles.

Una violencia competitiva no se puede detener y la podredumbre institucional que desemboca a la captura de la autoridad por el crimen organizado.

Es por eso, que presento a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley sobre la Cannabis y la erradicación de la violencia provocada por su prohibición, la cual se sustenta en cinco objetivos generales:

a) Aprovechar todas las bondades genéticas derivadas del cannabis, para uso medicinal y terapéutico.

b) Que el Estado controle la siembra, producción; y en consecuencia, se allegue de impuestos y gravámenes por cada etapa del ciclo de vida de este psicoactivo.

c) A toda persona que consuma este enervante, se le debe de tratar como enfermo para descriminalizar su uso, entre la población que elige esta, en vez de otra droga legalizada.

d) Regular el consumo personal de cannabis, permitiendo que funcionen espacios muy delimitados para tal actividad, donde incluso, los asistentes mayores a 21 años, puedan comprar hasta 28 gramos para utilizarse en el lugar.

e) Crear un órgano paraestatal que controle la siembra, administre la producción, coordine un padrón de usuarios, tanto de personas como de empresas; instituya un departamento de investigación científica sobre el mejor aprovechamiento y control de la sustancia activa de la cannabis índica, sativa o americana; y finalmente que coordine una campaña permanente de prevención en niños, jóvenes menores de 18 años y mujeres embarazadas de este alucinógeno; objetivos por los que en aras de su consecución; debemos trabajar los tres poderes instituidos en la soberanía de nuestra entidad federativa; con el concurso, a su vez, de las autoridades municipales y metropolitanas; con el auxilio de las universidades estatales y organismos de la sociedad civil, pero sobre todo, por la participación activa de personas, como parte del voluntariado jalisciense, a través de los centros de atención contra la drogadicción, de la Cruz Roja y de los organismos religiosos que atienden a personas de calle, migrantes y adictos en varias parroquias benefactoras.

No estamos proponiendo que el Estado sea ajeno al consumo lúdico de la marihuana, proponemos que el Estado muestre su presencia bajo la racionalidad de políticas públicas no punitivas, regulatorias que protejan la libertad y la salud de las personas.

El debate ya se ha dado, pero no ha concluido.

Esa es otra finalidad de esta iniciativa, mantener el debate, que pasa por la libertad individual de las personas, la salud pública y el dispendio de recursos públicos, y más grave aún, recursos humanos en una guerra que nadie ve se vaya ganando.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Berlanga Sánchez.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas, ¿con qué objeto?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para consultarle al Senador si acepta nuestra adhesión a la iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Berlanga Sánchez, ¿es usted anuente a que sea acompañada su iniciativa por el Senador Alejandro Encinas?

El Senador Marlon Berlanga Sánchez: Se lo agradeceré.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En el mismo sentido el Senador Robledo Aburto, el Senador Luis Fernando. Por favor, Servicios Parlamentarios, tome nota de las y los Senadores que han manifestado su intención de suscribir, y a la cual el Senador Berlanga ha sido anuente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de preparatoria del Instituto Kipling, Estado de México, invitados por el honorable Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

¡El Senado de la República expresa su beneplácito por su visita!

De igual manera, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México, quienes asisten con el propósito de fortalecer su formación cívica y su cultura política.

¡Este Senado se congratula con su visita, sean ustedes bienvenidos!

En el mismo sentido, el Senado de la República se complace en recibir a un grupo de alumnos del Colegio Carmen Sallés de Jiutepec, Morelos, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

Asimismo, a un grupo de alumnos del sexto grado de Preparatoria del Instituto Tlalpan.

¡Reciban la más cordial bienvenida!






Se concede el uso de la palabra al Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. constitucional, en materia de cultura de legalidad y paz.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Gracias, señor Presidente.

Le solicito, señor Presidente, que en esta intervención me permita hacer mención de las dos iniciativas que tengo registradas, la primera, es una reforma al artículo 3o. de la Constitución Federal; y la segunda, es una adición al artículo 42 a la Ley General de Educación, para lo cual solicito sean turnadas a comisiones para continuar con el procedimiento legislativo.

Compañeras y compañeros Senadores, la iniciativa para reformar el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en incorporar tópicos de la cultura, de la legalidad, la paz y la no violencia. Esto con base en los siguientes razonamientos:

En la última década los países de América Latina han fortalecido sus economías, disminuido la pobreza, han hecho esfuerzos para que prevalezca la democracia, pero el flanco débil sigue siendo la violencia, el crimen y la inseguridad.

Los datos muestran que en América Latina por cada 100 mil habitantes 36 jóvenes menores de 24 años son asesinados, en comparación con 16 en África, 12 en América del Norte y 1 en Europa.

En un día típico en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual, la mayoría mujeres, entre otros delitos de alto impacto.

En suma, la delincuencia, la violencia y la inseguridad en América Latina, tiene un diagnóstico preocupante,

En el caso particular de México, es preciso señalar que se ha transitado por una de las facetas más complicadas desde el año 2007 a la fecha.

En los últimos 10 años, las tasas de homicidios en los estados que componen las regiones Noroeste y Sureste han crecido exponencialmente, además de los crímenes de alto impacto, existen otras formas de violencia presentadas en diferentes ámbitos, en la escuela, en la familia. Basta decir que México ocupa el primer lugar con en el ambiente escolar más violento entre los 23 países que forman parte de la OCDE. En las escuelas secundarias mexicanas, en lo específico, se reporta un ambiente escolar de alta violencia, que incluyen la intimidación verbal o abuso entre estudiantes, agresión física, robo, uso o posesión de drogas o alcohol, intimidación o abuso a los maestros y al personal.

Por otro lado, tenemos la violencia en la familia encabezando la violencia contra las mujeres, aunque con manifestaciones cada vez más alarmantes en la escuela, el trabajo y la calle. Ante la gravedad de la problemática que tenemos en la actualidad, la pregunta estriba en lo siguiente: ¿Cómo se puede erradicar la violencia y la inseguridad?

En este contexto de violencia es ineludible instaurar las bases para promover una cultura de paz, entendida ésta como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida para una convivencia armónica.

El origen de la violencia, en una buena parte se produce y reproduce en la sociedad, la familia y otros ámbitos. Autores como Galtung han sostenido la idea de que la violencia es un fenómeno construido socialmente, es consecuencia de un círculo vicioso que se retroalimenta de la estructuras sociales y culturales muy específicas.

Ante este argumento, el Partido de la Revolución Democrática, está convencido que una de las formas para reducir la violencia y la inseguridad en nuestro país es con educación. La educación siempre ha sido y será un verdadero aliado y motor del desarrollo de la nación.

Estamos seguros que los índices de violencia pueden ser reducidos a través de la educación, orientada a la cultura de la legalidad y la paz, donde se pregone la no violencia y la prevención, desde las aulas podemos hacer mejores ciudadanos para tener comunidades más seguras, invirtiendo nuestros recursos económicos y humanos de manera diferente y más inteligente.

En esta iniciativa se propone reformar el texto constitucional en los siguientes términos:

Artículo 3o., segundo párrafo. “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, la cultura de la legalidad y la paz, el respeto a los derechos humanos, el amor a la Patria, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, para ello, se procurará que en los planes y programas de estudio de todos los niveles, estos temas sean incluidos”.

Fracción II. “El criterio que orientará a esta educación se basará en los resultados del progreso científico, prevendrá la violencia, la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismo y los prejuicios”.

Esta acción constituye el inicio de una política pública enfocada a generar una forma de vida pacífica, desde la educación obligatoria, con ello, el Estado estaría cumpliendo con su obligación de educar con principios orientados a la paz, la legalidad y a la no violencia.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, razonemos, que si fue el ser humano quien inventó la guerra y la violencia, es el mismo ser humano quien debe inventar y construir la cultura de la paz.

Segunda iniciativa:

Por lo que respecta a la iniciativa referente al artículo 42 de la Ley General de Educación, ésta tiene como finalidad limitar o restringir el uso de teléfonos móviles en las aulas de las escuelas de nivel básico, y fundamentalmente en lo siguiente:

En los años 90 hasta el año 2000, el uso de los teléfonos móviles se limitaba para hacer llamadas, mandar mensajes de texto y pasar el rato con limitados juegos. Sin embargo ahora sirve para infinidad de cosas.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017, arrojó los siguientes datos:

En el año 2017 el 72.2 por ciento de la población de 6 años o más utiliza el teléfono celular.

El número total de usuarios que solo disponen de un celular inteligente creció de 60.6 millones a 64.7 millones de 2016 a 2017, es decir, 4 millones más de usuarios al año.

De acuerdo con la Asociación de Internet.Mx, el tiempo promedio de conexión a Internet desde un teléfono móvil es de 8 horas y 1 minuto, equivalente a una jornada laboral, donde todos están en el Facebook, en WhatsApp, en YouTube que son lo que más predomina.

En la encuesta, sobresale que los usuarios de Internet de 6 a 17 años es del 72 por ciento; de 18 a 34 años es del 83 por ciento. Más del 90 por ciento lo hace para fines de entretenimiento.

Ante este contexto, es importante razonar sobre el uso de los teléfonos móviles en las escuelas, en los centros de salud, en los centros de trabajo, donde los alumnos en las escuelas muchos de ellos son menores de edad.

Francia, por ejemplo, será el primer país que pondrá en marcha una regulación sobre el uso de los teléfonos móviles para el próximo ciclo escolar que inicia en septiembre; España, en la Provincia de Castilla, prohibió ya el uso del teléfono celular en las escuelas de educación básica.

Los estudios realizados hasta el 2015, afirman que aquellas hay instituciones educativas que restringen el uso de los dispositivos móviles obtienen mejores resultados académicos, esto equivale a una hora adicional de clase por semana.

Al prohibir los teléfonos móviles en los horarios de clases, se busca generar conciencia, tanto en los docentes como en los estudiantes, de lo importante que es aprender sin constantes interrupciones que atenten contra la asimilación de los conceptos vertidos en el aula; además de las relaciones y comunicaciones personales deben fortalecerse.

Por este motivo, es que se propone adicionar un párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación, a efecto de que:

“Al interior de los planteles educativos públicos y privados, se establecerán medidas para limitar o restringir el uso de teléfonos móviles dentro de la jornada escolar”.
De acuerdo con las necesidades de cada entidad, exceptuando aquellas situaciones de extrema gravedad en las que el uso de este aparato sea imprescindible y esté aprobado por las autoridades y los establecimientos escolares.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del PRD)



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Cesáreo Guzmán. Daremos los turnos correspondientes en virtud de que fueron presentadas dos iniciativas en un solo acto:

El proyecto que reforma el artículo 3o. constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y el proyecto que adiciona un párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación, se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Recibimos en la Mesa Directiva la iniciativa del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 40 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Sistemas de Manejo Ambiental (SMA) iniciaron su aplicación en la Administración Pública Federal en 1997 y se utilizaron de manera general a partir de 1999, al publicarse los Lineamientos y Estrategias Generales para Fomentar el Manejo Ambiental de los Recursos en las Oficinas Administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 1

Posteriormente, en 2003 se reformó el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para establecer que "la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales".

Acatando esta disposición, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó en 2003 su SMA, denominado "Programa de Administración Sustentable", el cual tiene los siguientes objetivos:2

• Disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente de nuestras actividades cotidianas laborales.

• Incorporar criterios ambientales en las políticas y procedimientos administrativos.

• Lograr un consumo óptimo de energía eléctrica, agua, papel y materiales de oficina, así como el manejo adecuado de los desperdicios.

• Fomentar una responsabilidad ambiental en todos y cada uno de los empleados.

• Fortalecer la imagen de la Secretaría, siendo ejemplo para las demás dependencias de gobierno y sectores de la sociedad.

Asimismo, la SEMARNAT publicó en 2005 el primer Manual de Sistemas de Manejo Ambiental, el cual sirvió de base para que las demás entidades de la Administración Pública Federal elaboraran su respectivo manual. Los objetivos generales de los SMA son: 3

• Cumplir, en el curso de sus operaciones cotidianas, con la normatividad ambiental vigente.

• Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades cotidianas de la institución.

• Incrementar la eficiencia en el uso de energía, agua y recursos materiales, en las operaciones cotidianas de todos los centros de trabajo de la institución.

• Minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de los recursos materiales utilizados en las operaciones cotidianas de la institución, así como asegurar su reciclaje (en todos los casos que sea posible) y su apropiada disposición final.

• Desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental entre los servidores públicos para contribuir al desarrollo de una cultura ambiental en México.

• Ejercer, desde el Ejecutivo Federal, una posición de liderazgo ambiental.

En este sentido, los SMA constituyen un poderoso instrumento para que las instituciones, tanto públicas como privadas, disminuyan el impacto que sus operaciones cotidianas tienen sobre el medio ambiente y, así, reduzcan sus externalidades ambientales negativas y sus costos de operación.

En el caso de las instituciones privadas, la aplicación de los SMA tiene consecuencias positivas en el comportamiento de sus inversionistas, de sus aseguradores, de sus clientes, de sus empleados, y de su calificación por parte de los grupos ambientalistas y de los organismos de regulación ambiental. 4

Entre las acciones internacionales para impulsar la aplicación de planes de manejo ambiental en las instituciones privadas destaca la certificación ISO 14001, creada por la Organización Internacional para Normalización (ISO, por sus siglas en inglés). El grupo de normas ISO contiene diversas reglas internacionales que han sido uniformizadas; son de adopción voluntaria y se aplican ampliamente en todos los sectores de la industria.

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales.5

En el ámbito nacional, sobresale el distintivo ESR del programa "Empresa Socialmente Responsable", coordinado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Para obtener el distintivo ESR, las empresas deben demostrar su compromiso en la implementación de acciones en cuatro secciones básicas que corresponden a los ámbitos de responsabilidad social: 6

• Calidad de vida en la empresa

• Ética empresarial

• Vinculación de la empresa con la comunidad

• Cuidado y preservación del medio ambiente

Con respecto a las acciones promovidas desde el gobierno para impulsar las acciones a favor del medio ambiente en las empresas, la SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) opera programas a nivel nacional, en las materias de Auditoría Ambiental, Liderazgo Ambiental e Inspección Industrial.

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) se creó en 1992. Inicialmente se denominó "Industria Limpia" y estaba enfocado a la industria de mayor riesgo en el país. Posteriormente, el programa se diversificó para incluir a sectores distintos al industrial, como son comercios, servicios, instalaciones turísticas, municipios, pequeñas y medianas empresas. Actualmente se expiden tres tipos de certificados: Industria Limpia, Calidad Ambiental, y Calidad Ambiental Turística.7

El PNAA consiste en una serie ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario, al cual pueden adherirse las organizaciones productivas que así lo deseen, con la finalidad no sólo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, sino mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y su competitividad.

Por su parte, el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC) inició en 2011. Se incluye a empresas de más de 10 empleados y principalmente dedicadas a actividades de manufactura y/o transformación pertenecientes a cadenas de proveeduría de grandes compañías, para lograr beneficios ambientales que mejoren su competitividad. 8

El objetivo del PLAC es mejorar el desempeño ambiental de las empresas que forman cadenas productivas o de valor, mediante el desarrollo de proyectos de eco-eficiencia que generen ahorros económicos y aumenten la competitividad de las empresas.

Adicionalmente, la PROFEPA cuenta con una Subprocuraduría de Inspección Industrial, que se encarga de vigilar el cumplimiento ambiental de las fuentes de contaminación de jurisdicción federal mediante acciones de inspección y verificación, así como el cumplimiento de las restricciones ambientales no arancelarias en la importación y exportación de productos regulados. 9

La inspección industrial previene y controla la contaminación ambiental y evita el deterioro de la calidad ambiental mediante la vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales. Además, contribuye a evitar que actividades económicas desarrolladas por particulares obtengan una ventaja competitiva como resultado del incumplimiento de la legislación ambiental, estableciendo las bases para una competencia pareja y legítima.

Además de las atribuciones que corresponden a la SEMARNAT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por ser la cabeza de sector en materia laboral, debe involucrarse en las políticas nacionales relativas a la protección ambiental en las empresas. Sin embargo, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece las facultades de la STPS, no indica ninguna atribución en materia ambiental.

De la misma manera, la Ley Federal del Trabajo no establece facultades específicas en materia ambiental para la STPS, excepto en el artículo 512-A, que indica su participación en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano intersecretarial dedicado a coadyuvar en el diseño de la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo.

Por otra parte, la LGEEPA indica en su artículo 40 que "la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta Ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial".

En este sentido, se observa que a pesar de no tener la atribución explícita, la STPS cuenta con capacidad suficiente para impulsar la implementación de sistemas o planes de manejo ambiental en todo el país, a fin de contribuir de manera importante a que las empresas de cualquier tipo (públicas y privadas, grandes y pequeñas, de cualquier giro) cumplan con la legislación ambiental y obtengan acceso a diversas certificaciones por su buen cumplimiento.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa es promover la implementación de sistemas de manejo ambiental y programas relacionados con la sustentabilidad en empresas de cualquier tipo, que tengan actividades en el territorio nacional. Lo anterior, a través de acciones coordinadas entre la SEMARNAT y la STPS.

Se espera que esta medida favorezca a su vez el cumplimiento de otras acciones y programas ya existentes para impulsar la protección ambiental en las empresas, a fin de mejorar de manera decisiva el desempeño ambiental en todas las actividades productivas del país.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ARTI?CULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 40 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 40.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta Ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial. Asimismo, propiciará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se coordinará con la Secretaría para promover la implementación de sistemas de manejo ambiental y programas relacionados con la sustentabilidad en empresas de cualquier tipo, que tengan actividades en el territorio nacional.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 SEMARNAT. 2005. Manual de Sistemas de Manejo Ambiental http://www.sustentabilidad.ipn.mx/CAE/Documents/programas/manual_Sist_ManejoAmbtal_
semarnat.pdf

2 SEMARNAT. 2003. Programa de Administración Sustentable
http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/presaentaciones/presentaciones/PROGRAMA%20DE%20ADMINISTRACION%20
SUSTENTABLE%202003.doc

3 SEMARNAT. 2005. op. cit.

4 SEMARNAT. 2005. op. cit.

5 FAO. ¿Qué es la certificación ISO 14001? (consultado en marzo de 2017)
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm

6 CEMEFI. Guía de participación para el proceso de obtención del Distintivo ESR 2016 y Manual de uso de la aplicación para responder el cuestionario de diagnóstico
http://www.cemefi.org/esr/images/Guia%20de%20participacion%20Distintivo%20ESR%202016%20y%20manual%20del%20sistema.pdf

7 PROFEPA. Programa Nacional de Auditoría Ambiental (consultado en marzo de 2017)
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/26/1/mx/programa_nacional_de_auditoria_ambiental.html

8 PROFEPA. Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (consultado en marzo de 2017) https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/programa-de-liderazgo
-ambiental-para-la-competitividad-56619?idiom=es

9 DOF: 26/11/2012. Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5279128&fecha=26/11/2012






Antes de proceder a la segunda ronda de iniciativas me permito compartir con ustedes el siguiente anuncio.

MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea, informo a ustedes que el día de hoy por la mañana, el Senado de la República sufrió la pérdida de uno de sus trabajadores más comprometidos con la labor legislativa, el ciudadano Emiliano González Martínez, un colaborador de confianza, que en el mes de julio de este año cumpliría 19 años de trabajar para esta institución, de 59 años de edad. Desde su ingreso estuvo adscrito a la Unidad de Operación Financiera de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas.

La Mesa Directiva de este Senado de la República manifiesta a sus familiares y amigos sus más sentidas condolencias por su lamentable fallecimiento.

Pido a la Asamblea que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, en materia de precios de medicamentos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Patricio Martínez García: Muchísimas gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores, unas palabras antes de pasar al tema de lo que es la iniciativa que hoy presento.

Me antecedió en el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, presentando la iniciativa sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología, me parece que este es un tema que debemos apoyar, y retomo uno de los comentarios que él hizo respecto de la inversión para ciencia y tecnología en el país, y que la mayor parte de lo que se dedica de recursos para esto, surge del presupuesto público, escasamente las empresas están invirtiendo en el desarrollo de ciencia y tecnología.

Quiero preguntarles a ustedes y a todos los mexicanos: ¿En verdad no podemos desarrollar la tecnología para poder hacer una pasta dental?, ¿y tenemos que acudir a marcas y fórmulas desarrolladas en el extranjero que acaparan el mercado mexicano de una manera casi monopólica?, ¿y no hemos podido desarrollar pequeñas empresas de inversionistas que desarrollen una pasta dental?, ¿no podemos desarrollar en este país un bicarbonato efervescente?

Y tenemos que entregarle el mercado mexicano a empresas que traen fórmulas extranjeras, inversión extranjera para desarrollar este y muchos otros artículos de uso diario que necesitan el desarrollo de ciencia y tecnología de los emprendedores mexicanos y que no se lo hemos permitido, entre otras cosas, por la inversión, pero también porque los mercados han quedado acaparados y están impidiendo que entren como oferentes nuevos jugadores.

Con esto, señor Senador Juan Carlos Romero, espero que se reafirme el espíritu que se está presentando en esta iniciativa de la Ley General de Ciencia y Tecnología.

Entrando en materia, señor Presidente, Senadoras, Senadores.

Le pido, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador, permítame un segundo.

Solicito respetuosamente a la Asamblea guardemos el debido silencio y respeto para escuchar al orador.

Gracias a todos por su consideración.

El Senador Patricio Martínez García: Hago el comentario que sobre esta materia de ciencia y tecnología, estamos avisados de que nos será enviada una iniciativa de Ley General de Ciencia y Tecnología por el Ejecutivo Federal, y ahí estaremos buscando, seguramente desde este Senado, la combinación de los mejores elementos de estas iniciativas y de lo que cada quien pueda sumarle para beneficio de una ley mejor acabada y con mayores beneficios para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.

Ahora bien. Entro en materia de lo que es la presentación de esta iniciativa, me dirijo a las Senadoras, me dirijo a las Senadores porque ellas han hecho siempre una defensa de la mujer, de la familia, y esto se refiere a la economía familiar.

No hay un solo trabajador, y me refiero, y me dirijo a los líderes sindicales que están aquí, a don Armando Neyra, a Carlos Romero Deschamps, me dirijo a Ismael Hernández Deras, porque no hay un solo campesino que no esté afectado por los problemas que aquí presento en esta iniciativa; me dirijo a todas y a todos ustedes Senadores, porque no hay una sola entidad de la República en donde toda su población no esté sintiendo la afectación de un mercado que tiene desordenados sus precios y fuera de control.

Es así como paso a dar lectura de esta iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, suscrita por un servidor.

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Economía sobre la industria farmacéutica, México es el segundo mercado más grande América Latina de esta industria. Este mismo estudio destaca que 14 de las 15 empresas más importantes del mundo están asentadas en México. Quiero decirles que esto ha llevado al país a ser considerado como uno de los principales centros manufactureros de ese sector a nivel mundial, lo cual sin duda es destacable pero contrasta con el hecho de que las actividades de innovación y desarrollo científico de estas empresas son realizadas en sus países de origen, y aquí tenemos el primer problema.

Las medicinas cargan enormes cantidades en el precio final al consumidor, incluyendo en su costo grandes cantidades por concepto de investigación y desarrollo.

Pero hay aquí un problema, Senador Romero, que la investigación y desarrollo para la que se recaudan grandes fondos, grandes cantidades, miles de millones de pesos anuales en este país a través de la venta de las medicinas, lo que tiene es que los laboratorios, la investigación y desarrollo se hacen en otros países. Aquí no hay la suficiente investigación y desarrollo, y lo que hay es una cantidad enorme de suministro de recursos en cada medicina para investigación y desarrollo.

Es aquí en donde debiéramos establecer que la empresa privada invierta al menos una proporción adecuada de lo que capta en las ventas por este concepto.

Pese a esta situación, la investigación The Big Pharma Project realizada por la Organización Ojo Público, da evidencia de que los medicamentos en México llegan a tener precios hasta tres veces más elevados que en el resto de América Latina, destacándose los utilizados en tratamientos para el cáncer, el VIH y la diabetes.

El problema radica en que la autoridad no ha logrado establecer verdaderos contrapesos a los abusos extraordinarios de las farmacéuticas quienes justificando las inversiones en investigación para el desarrollo de patentes imponen precios extremadamente elevados en consideración a los existentes por el mismo medicamento en otros países.

El poder farmacéutico sobre los precios tiene varias formas, incluyendo medidas de control de los medicamentos disponibles en cada país conforme a lo que resulte más rentable para su negocio y no para el enfermo.

De acuerdo al estudio citado anteriormente, tratamientos contra la leucemia cuya producción puede tener un costo de 1000 pesos mensuales, se llegan a vender en casi en 484 mil pesos en México, otro ejemplo lamentable es el de Merck Sharp & Dohme, la transnacional logró que el retroviral Atripla entrara al mercado mexicano cuatro años más tarde, en 2010, para así provocar que las instituciones de salud tuvieran que comprarle Efavirenz y emtricitabina y tenofovir por separado, medicamentos que combina Atripla por un cuarto del precio, por lo que el precio de este medicamento, lejos de reducirse al ser introducido al mercado, se elevó para ser uno de los más altos de América Latina, de acuerdo con la misma investigación.

Los monopolios que algunas empresas farmacéuticas generan con los derechos de propiedad intelectual inhiben la competencia real en el mercado de medicamentos. Diversos estudios reconocen que debido a que esta industria ha venido afrontando una caída en la introducción de innovaciones reales, hace un uso extenso de innovaciones menores, cuyo propósito es la protección del mercado y el mantenimiento de precios elevados para conservar alta la rentabilidad de la empresa, y no necesariamente ofrecer una mejor alternativa terapéutica.

Otro elemento importante es el gasto elevado en publicidad y promoción.

Si bien es cierto en nuestro país la Ley de Salud mandata a la Secretaría de Economía para fijar los precios máximos de venta al público de los medicamentos así como para asegurar la adecuada distribución y comercialización, la realidad es otra, es que este mecanismo ha sido ineficaz, colocando a nuestro país como una de las naciones con los precios más altos de América Latina y de muchos lugares del mundo.

De acuerdo a información variada, para fijar el precio máximo de venta al público de los productos de patente vigente, se realiza un procedimiento que considera los precios ex fábrica de los 6 países de mayor venta en el mundo, obteniendo un precio promedio internacional que se usa como referente, y al cual a su vez se le aplican los costos de distribución y comercialización para el caso de México.
Este país no puede, seguir siendo considerado sólo como un enorme mercado para los corporativos farmacéuticos que sólo quieren venir a lucrar y se niegan a invertir en centros de innovación y desarrollo, pues todo lo hacen en sus países de origen, pero las ganancias son producto del abuso al mercado mexicano.

Como ejemplo de este extraordinario desorden en el precio de las medicinas, podemos encontrar una muestra de un medicamento, aquí lo traigo, llamado Maxitrol, es un ungüento para infecciones oftálmicas ligeras. Este medicamento contiene neomicina y dexametasona, cuyo precio en esta presentación con 3.5 miligramos de neomicina, tiene autorizado un precio máximo de 456 pesos, es decir, el costo de este compuesto si calculamos un kilo, considerando un millón de gramos en el kilo, y 3.5 miligramos, el kilo de neomicina viene a convertirse en el sueño, en el sueño de los alquimistas, en la alquimia de lo que se trataba era de reconvertir el plomo y los metales mediante procesos que buscaban los alquimistas perfeccionar y convertirlos en oro. Hoy, la piedra filosofal que buscaban los alquimistas ya fue encontrada, un kilo de neomicina en esta presentación, equivale a la cantidad de 130 millones de pesos, 130 millones de pesos que se sacan del bolsillo de los consumidores y, sobre todo, de los enfermos, para mejor ilustración, presento a ustedes una gráfica de un comparativo.

La cotización del oro en la bolsa de Nueva York ayer, marcaba 1,319 dólares la onza, es decir, 31 gramos por lo mismo el precio por gramo de oro es de 42 dólares, por lo tanto el kilo es de 42 mil dólares y, por lo mismo, al tipo de cambio, el kilo de oro al día de ayer era de 789 mil pesos. La alquimia farmacéutica logró transformar la neomicina, un kilo de Neomicina en más de 140 veces por kilo el precio del oro.

Esa es la gravedad del problema que les estoy planteando, no hay una sola entidad de la República, ni un solo ciudadano por bebé, niño o adulto que sea, que no esté sufriendo las consecuencias de este descuido que se tiene en la fijación de los precios.

Sin duda México puede continuar haciendo los esfuerzos gubernamentales para el desarrollo y aprovechamiento de su aparato científico y tecnológico para generar conocimiento que se traduzca en productos y servicios innovadores.

Es inconcebible que nuestro país siga dependiendo hasta para hacer un jabón o un refresco de una fórmula que nos llega de fuera, cuando está demostrado que nuestro ingenio, nuestro mercado y sobre todo nuestros recursos humanos tienen total y absoluta capacidad para desarrollar nuestros propios productos. Necesitamos tener más ciencia y tecnología por una razón muy sencilla, si no le damos ciencia y tecnología al país, al paso de los años, vamos a quedar sometidos aún más, científica y tecnológicamente a agentes pensantes del exterior. Por esto, presento una iniciativa con:

Proyecto de Decreto.

Único.- Se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos, y aquí el cambio, considerando un precio justo que no pueda incorporar como factor de costo más de un 5 por ciento por concepto de inversión en investigación sin exceder el precio promedio del mismo medicamento en los países de América Latina. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponde a en determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

Señalo que una de las causas de la pobreza en nuestros países es la sangría extraordinaria que hacen las empresas trasnacionales, anualmente se trasladan 900 mil millones de dólares de los países en desarrollo a los países desarrollados, una cantidad importante de este traslado de recursos de nuestros países, es precisamente a través de la industria farmacéutica, así como esto, tenemos que hacer corrección Senadoras, Senadores, de lo que está ocurriendo en los mercados.

Entiendo perfectamente los momentos políticos, entiendo perfectamente la discusión apasionada que hacemos de las posiciones políticas y de las circunstancias de los partidos y de los candidatos, pero me parece que debemos darnos un tiempo para atender aspectos torales que afectan a la población como es este que les estoy planteando sobre los medicamentos.

Por esa razón le pido a ustedes, compañeras y compañeros, que apoyen esta iniciativa y que de ser posible, la signen junto con un servidor y que vigilemos en este Senado que no se detenga en comisiones.

Por lo mismo, quiero comentarles que con esta iniciativa he hecho de su conocimiento personal el flagelo que sufre el pueblo de México con los precios arbitrarios y abusivamente fijados por una industria farmacéutica desbocada que, sin limitaciones, ha acudido a los principios de libertad de mercados y libre competencia para engullir competidores, monopolizar mercados y tener manos libres en el bolsillo del consumidor.

Pero además para estructurar un sistema de precios que se convierte en una sangría de miles y miles de millones de pesos a los presupuestos públicos, porque los impuestos nunca van a ser suficientes para darle salud al pueblo de México, si una buena parte de los costos de salud y del presupuesto de salud se erogan en medicamentos artificialmente en sus precios.

Invito a ustedes, colegas en el Senado, a que ratifiquen su sentido de solidaridad y compromiso con sus electores, con sus conciudadanos en sus propias entidades y con todos los mexicanos, sobre todo con los más necesitados. Apoyen esta iniciativa en comisiones y que se le dé un tratamiento oportuno, con el fin de corregir esta grave situación que afecta la economía de prácticamente todos los mexicanos.

Por lo mismo, solicito atentamente acción eficaz a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud y a todos los órganos competentes que tiene el Estado mexicano en la materia de medicamentos, por la obligación que tenemos de revisar el esquema de costos y precios de la industria farmacéutica, productora de elementos tan indispensables para la vida de los ciudadanos y sus familias.

Con esta estructura de precios no podrán argumentar que la intervención de la autoridad está impidiendo el libre mercado, porque aquí lo que hay es una cancelación real del mismo, realizada por la industria para abusar sin límites de la apertura franca y abierta que México le ha dado a las empresas extranjeras y sus filiales en México.

Agrego, si ésta iniciativa es desechada, lo admitiré con mucho gusto, pero solamente   que sea sustituida por una que de inmediato intervenga mejorando la propuesta aquí presentada, para poner orden en los precios de una industria desordenada y sin limitación, con aumentos de precios injustificados, especialmente en los últimos años.

Espero su comprensión, su apoyo y que movilicemos el Pleno y todo el Senado para que esta iniciativa se refleje en la calidad de vida diaria de los mexicanos, especialmente de los que menos tienen, y los que menos tienen son los que tienen poco dinero, bajos salarios, pero sobre todo poca salud que no la van a encontrar con esta injusticia que se está cometiendo en la fijación de los precios.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias a todos por su atención, espero su apoyo.

Y apunto que mi compañero Antonio Zuarth, pidió sumarse a esta iniciativa desde antes de presentarla.

Y por lo mismo a mis compañeras Senadoras Marcela, Angélica, Luis, Zoé, a todas y a todos les pido que hagamos no una iniciativa de Patricio Martínez, una iniciativa del Senado para recomponer un estado de cosas intolerables para México y los mexicanos, y la dignidad por la vida y la salud de los mexicanos.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Patricio Martínez.

En vista de la buena aceptación que tiene esta iniciativa, solicitaría a todos los Senadores que quieran adherirse a la propuesta del Senador Martínez, hagan favor de manifestarlo para que Servicios Parlamentarios tome nota.

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias. Es la causa de todos los mexicanos y este Senado está para servir a todos los mexicanos sin distingo de ninguna naturaleza.
Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Martínez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 2º y se modifica el artículo 2° Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ahorro en plata.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 2º Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2º BIS DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin ahorro no puede haber crecimiento económico. Al analizar los obstáculos para el crecimiento económico en México, hay factores históricamente identificados, como la corrupción o la delincuencia organizada o la impunidad, o un estado de derecho débil o deficiente; y hay también algunos otros factores microeconómicos como la falta de competencia, la inadecuada regulación o la baja calidad de capital humano, todos ellos identificados como inhibidores de la inversión y, por lo tanto, del crecimiento económico.

Este análisis es importante, pero como casi siempre ocurre, resulta insuficiente. Lo es, es insuficiente porque se olvida que una variable determinante del crecimiento económico lo constituye el ahorro, y precisamente el ahorro interno.

México debe voltear a ver al ahorro interno como parte o como puntal de su desarrollo. El desgate derivado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha mostrado que nuestro país debe trabajar en alternativas que permitan proteger nuestra economía. Sin demérito de buscar otros mercados, como se ha dicho, o de diversificar relaciones comerciales, una alternativa poderosa es reactivar el mercado interno y dentro de esa alternativa empoderar el ahorro popular, el ahorro sobre todo de la clase trabajadora es una herramienta fundamental.

Por esa razón proponemos una serie de iniciativas que están directamente enfocadas a la protección y fomento del ahorro popular, se trata de medidas fiscales y de medidas no fiscales.

Primeramente proponemos evitar que exista ingreso acumulable y, en consecuencia, retención del Impuesto Sobre la Renta en cuentas de ahorro cuando el rendimiento nominal sea menor a la tasa de inflación publicada.

Si me permiten decirlo, es absurdo que teniendo un rendimiento real negativo, es decir, perdiendo valor frente a la tasa de inflación, todavía el fisco haga una retención que no hace sino disminuir el capital y con ello el rendimiento y el ahorro.

Proponemos en consecuencia, que el cálculo del índice denominado “ganancia anual total” es la variable particularmente que se refiere a la inflación, sea trimestral y no anual. Lo anterior buscamos que provoque que el dinamismo de la economía se refleje efectivamente en la oferta bancaria de tasas de rendimiento.

También proponemos eliminar la retención por pago provisional en los casos en que el rendimiento mensual sea inferior al índice de inflación esperado en ese trimestre.

Si se permite la retención, en realidad se merma injustamente el capital, pues impide que el monto completo del interés se capitalice, a sabiendas que el cobro del impuesto no procede por tratarse de un rendimiento real negativo.

También hablaba yo de algunas medidas no fiscales. Una de ellas, la primera es modificar la Ley de Instituciones de Crédito para ampliar el plazo de 3 a 6 años en el caso de las cuentas que se consideran inactivas y que pasan a formar parte de la denominada cuenta global o cuenta concentradora.

También proponemos que haya una notificación fehaciente por parte de las instituciones de crédito para fortalecer los derechos de esos ahorradores.

Y finalmente, proponemos que el destino de estos recursos, si bien están orientados a la beneficencia pública, haya una parte que el gobierno federal destine a programas de fomento y protección al ahorro y de inclusión financiera.

También, como parte de las iniciativas, proponemos una serie de modificaciones a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ahorro en moneda de plata.

El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella hacen que el país dependa, como gran parte del mundo, del valor de las divisas extranjeras. En ese sentido, el reciente retorno al proteccionismo comercial en los Estados Unidos de Norteamérica, hace altamente probable que en el futuro México registre un menor ingreso de dólares y, en consecuencia, una devaluación del peso, aunado a que en los últimos 10 años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su poder adquisitivo haya caído casi hasta la mitad.

Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en peso se verá afectado por el fenómeno de la pérdida, sea lenta o acelerada, real del poder adquisitivo de la moneda.

En ese sentido, resulta necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la economía mexicana, no desde la perspectiva del financiamiento o del endeudamiento innecesario, sino a través del ahorro, como componente esencial de la política macroeconómica.

Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas o instrumentos tradicionales, generando en el público ahorrador una percepción negativa a la cultura de las finanzas y del ahorro mismo.

Es responsabilidad del gobierno mexicano, y especialmente de este Senado de la República, vigilar que los instrumentos de ahorro cumplan con la función de proteger al ahorrador contra esa eventual, pero inevitable pérdida.

Históricamente la plata ha demostrado ser un buen medio para conservar el valor aunado a que México es el primer productor mundial de este metal precioso; sin embargo, hasta ahora no se ha aprovechado en todo su potencial.

Hoy en día la plata se concibe como una mercancía, se comercializa con ella y se exporta más del 90 por ciento de su producción, en vez de retenerla en el país y que esta se quede en manos de los mexicanos. Con ello hemos minimizado los beneficios de la plata y, además, hemos fomentado la depredación de nuestros recursos naturales.

La presente iniciativa pretende reconocer la experiencia mexicana monetaria a través de la identificación y prevención de errores, a fin de realizar y sustentar una propuesta que tenga como objetivo detonar la utilización masiva de dicho metal precioso como medio efectivo de ahorro.

En resumen, lo que proponemos es trabajar conjuntamente con el Banco de México para establecer un piso que arroje certidumbre al valor de la moneda de plata acuñada por esa institución.
Proponemos que el valor de la Onza Libertad no se refiera a una cotización diaria del precio internacional de la moneda, como hoy ocurre, sino a variables de comportamiento histórico.

Permítanme concluir, diciendo que, si en el tiempo, la plata como mercancía en manos de empresas transnacionales no pierde valor, que la moneda de plata como instrumento de ahorro popular tampoco lo pierda.

Muchas gracias, compañeros.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 27; EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134; EL ARTÍCULO 135; Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; SE ADICIONA UN INCISO G) AL ARTÍCULO 54 Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 28, LA FRACCIÓN I Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo)



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaso del Senador Santana García.

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Nada más para pedirle al Senador Héctor Flores, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Cómo no. Tome nota Servicios Parlamentarios de las adhesiones al proyecto presentado por el Senador Héctor Flores.

Daremos turno a las iniciativas presentadas por el Senador Héctor Flores.

El proyecto que adiciona a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

El proyecto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y el proyecto de reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se turnará a la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derecho para rescindir el plan contratado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo: Con su venia, señor Presidente.

Nada más hacer la aclaración, que son tres iniciativas en conjunto y la solicitud del turno de la del artículo 191. Hago en un solo momento la presentación de tres iniciativas que se encuentran inscritas en el Orden del Día.

En atención a nuestras disposiciones reglamentarias, ya que dos de ellas contienen reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y otra al Reglamento que rige el desarrollo de los trabajos de esta Cámara de Senadores.

Las tres iniciativas constituyen un paquete de reformas necesarias para poder atender una cuestión que, sin reglamentarse, imprime tensión a la sana relación de colaboración que debe prevalecer entre los poderes públicos del Estado mexicano.

La cuestión es: ¿Cómo procedemos para zanjar la distorsión que genera en nuestro entramado jurídico una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma por parte de la Suprema Corte?

En el mismo sentido, ¿cómo procedemos para resolver con certeza para la nación aquellas omisiones legislativas que revelan nuestro máximo tribunal como carencias que inhiben la plena observancia del orden constitucional?

Y, por si fuera poco, ¿cómo conciliamos, además, la obligación que tiene la Corte de ejecutar su sentencia y hacerla cumplir como premisa para restaurar esa franja del estado de derecho?

El Poder Judicial de la Federación tiene, entre sus funciones, la de tutelar la supremacía constitucional y garantizar el estado de derecho entre los ciudadanos, entre estos y los poderes públicos e incluso entre un poder y otro.

Asimismo, el legislador es garante de la constitucionalidad como encargado de expresar en la ley definiciones sociales y políticas en congruencia con los objetivos y fines del proyecto.

De tal suerte, a estos dos poderes corresponde garantizar el orden constitucional en nuestro entramado jurídico mediante su creación e interpretación. Ambas obligaciones deben ser cabalmente observadas y nuestras leyes deben incorporar las herramientas que lo propicien.

Por ello, la presente iniciativa busca fortalecer el imperio de nuestra Constitución en aquellos casos que por acción u omisión del actuar legislativo se ha incurrido en la inconstitucionalidad, pues nuestra ley no cuenta con mecanismos propicios para subsanar la transgresión.

La reciente ampliación de la base de procedencia del amparo indirecto, dio lugar a que el pasado 15 de noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte resolviera una situación inédita en una sentencia de amparo, mandatar la emisión de una ley imponiendo al efecto un plazo —que hay que advertir, está próximo a cumplirse— tal amparo interpuesto por la Asociación Civil “Artículo 19”, ya es histórico, pues su sentencia declara la inconstitucionalidad, la omisión de expedir la Ley de Propaganda.

Hay que señalar que esta obligación no se ha cumplido, no por falta de iniciativas de los distintos grupos parlamentarios o por falta del impulso del tema por parte de los que aún no somos mayoría, sino fundamentalmente por la reticencia de las bancadas mayoritarias a abordar el tema, secuestrando la agenda legislativa en pos de la desregulación que resulta beneficiosa a sus intereses.

La referida sentencia confirma la procedencia del amparo como medio de protección frente a omisiones legislativas, pero no establece consecuencia de un eventual desacato. Lo que nos obliga a definir los mecanismos adecuados para subsanar esa y cualquier otra inconstitucionalidad que por la misma vía se identifique.

La Ley de Amparo se caracteriza, entre otras cosas, por la fuerza de sus sentencias, que de no ser cumplidas motivan la separación del encargo de la autoridad responsable y su consignación por el delito de desacato.

En este contexto, al ser responsable el Legislativo en su conjunto, se hace evidente la falta de un procedimiento especial para procurar el cumplimiento de la sentencia, pues los mecanismos contenidos en la ley o no son estrictamente aplicables al legislador o de ser puntualmente observadas podrían devenir en una crisis institucional.

Si se llega a considerar a la totalidad de los legisladores como probables responsables de desacato, la Corte tendría que discutir la remoción de la totalidad de los miembros de una o de ambas Cámaras, solicitar su desafuero, lo que seguramente generaría una crisis institucional.

En otro extremo, si los mecanismos de ejecución no se hacen eficaces frente al legislador, se atentaría contra la efectividad de la institución litigiosa más confiable de México.

Por ello, esta iniciativa propone un mecanismo que, tanto en las declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en las omisiones legislativas, éste esclarece aspectos procesales, procura el subsane de la inconstitucionalidad en la que se incurra por omisiones legislativas y brinda certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles ante una inejecución.

Además, al tratarse de la omisión en la emisión de una norma de orden público y de interés general, se establece que el amparo puede ser promovido demostrando interés simple, pues en este caso los sujetos de la ley pueden estar indefinidos, además de que la ausencia de una ley necesaria vulnera a todos los individuos sometidos a un orden jurídico nacional.

Respecto de los efectos de la sentencia, se establece que cuando se mandata el cumplimiento de una obligación de legislar o de subsanar una inconstitucionalidad, los procesos para subsanar la inconstitucionalidad deberán tramitarse de manera prioritaria imponiéndose como término para cumplimentar la sentencia El cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente.

También proponemos que en caso de inejecución, el Tribunal Colegiado de Circuito removerá de sus funciones como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente al legislador que ocupe tal posición e impondrá un nuevo plazo de ejecución que de ser nuevamente violentado puede culminar con la inhabilitación de integrantes del órgano legislativo.

Ahora bien, en lo tocante al trámite legislativo, prioritario en el Senado, se adiciona un capítulo que establece dentro del proceso legislativo ordinario, sin quebrantar las normas que guardan similitud con el procedimiento legislativo la dictaminación de iniciativas preferentes, definiendo plazos para la presentación de iniciativas y dictaminación y disponiendo, de no contarse con un dictamen en tiempo o de rechazarse el mismo en el Pleno, se discutirán y votarán en la siguiente sesión en sus términos y conforme a su prelación las iniciativas que se hubiesen presentado en la minuta, según corresponda.

Por último, señor Presidente, quisiera solicitarle que sea turnada una última iniciativa que hemos registrado en el Orden del Día para la sesión de hoy, que contiene una adición a la nueva fracción XI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de reconocer el derecho que deben tener los usuarios de los servicios móviles de comunicación en la modalidad de pos pago a rescindir de forma anticipada la contratación de un paquete o plan de servicios, sin que ello genere ninguna responsabilidad o penalidad cuando los servicios contratados no cumplan los estándares de calidad determinados por el Ifetel debido a fallas que no sean solucionadas o que se presenten en forma reiterada.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo-Morena, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 en su fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE OMISIÓN LEGISLATIVA Y DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Anotación Preliminar:

En interpretación a lo dispuesto por el artículo 181 en su párrafo 5 del Reglamento del Senado de la República, se indica, para efectos de turno y dictaminación que la presente propuesta se correlaciona con las siguientes iniciativas, presentadas en esta fecha por quien suscribe:

• Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad, y

• Con proyecto de Decreto que reforma que reforma el artículo 42 y adiciona un artículo 279 bis, ambos del Reglamento del Senado de la República, en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad.

El juicio de amparo es en nuestro orden jurídico, el mecanismo primordial para tutelar la supremacía constitucional y garantizar el Estado de Derecho. En este sentido, el Poder Judicial de la Federación y de manera protagonista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido encomendados de la trascendente responsabilidad de velar por que nuestra norma fundamental sea auténtica y efectivamente oponible no sólo entre ciudadanos, sino incluso frente a los poderes públicos.

Igualmente trascendente para la salvaguarda del texto constitucional, hemos de considerar el rol del legislador, como encargado de expresar en la ley las definiciones sociales y políticas que, en congruencia con los objetivos y fines constitucionales, requiere el pueblo mexicano. Esto se hace más claro al considerar que, como constituyente permanente, es a éste a quien se confiere protagonismo en los procesos de ajuste y asequibilidad del proyecto de transformación social que enarboló nuestra Constitución.

De tal suerte que si bien es responsabilidad y obligación de todo ente público en la esfera de sus competencias, la protección y defensa del orden Constitucional, a estos dos poderes corresponde garantizarlo en nuestro entramado jurídico mediante su creación o interpretación. Ambas obligaciones deben ser cabalmente observadas y nuestras leyes deben incorporar las herramientas que lo propicien.

Lo anterior nos pone en contexto del objetivo de la presente iniciativa, que no es otro, que propiciar el imperio de nuestra Constitución en aquellos casos en los que por acción u omisión en el actuar legislativo, se ha incurrido en inconstitucionalidad.

En ambos casos, el Poder Judicial de la Federación, como intérprete de la norma y garante de su constitucionalidad, identifica cuestiones que violentan lo prescrito por nuestra Constitución, pero no cuenta con los mecanismos propicios para subsanar la transgresión.

Por lo que hace a la inconstitucionalidad por omisiones legislativas, resulta conveniente revisar las razones que dieron lugar a la ampliación de la base de procedencia del amparo indirecto, pues este mecanismo de tutela constitucional se ha ido perfeccionando y extendiendo sus alcances tanto por la vía propiamente legislativa, como en consecuencia de la interpretación jurisdiccional.

En este contexto, cabe recordar que el 15 de noviembre de 2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1359/2015, interpuesto por la asociación civil Artículo 19. La sentencia acota la discrecionalidad del Congreso de la Unión en la instrumentación -o no- del mandato constitucional, declara inconstitucional la omisión de expedir la Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional (en lo sucesivo, Ley de Propaganda) e impone un plazo para su emisión (antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018).

A manera de antecedente, es oportuno señalar que esta obligación se plasmó en la Constitución en dos momentos:

Primero y de manera genérica, con la emisión del "Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007; que en su artículo transitorio tercero dispuso:

"Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto."

Dicho mandato fue refrendado, ahora de manera específica, al entrar en vigor el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que también en su tercer transitorio señala:

"TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos."

No obstante lo prescrito en los citados artículos, persiste hasta hoy la negativa del Congreso a expedir la ley de propaganda, no por falta de iniciativas de los distintos grupos parlamentarios o por falta de impulso del tema por parte de los que aún no somos mayoría, sino fundamentalmente por la reticencia de las bancadas mayoritarias a abordar el tema, secuestrando la agenda legislativa en pos de una desregulación que resulta beneficiosa a sus intereses.

Esto, motivo a Artículo 19 a interponer el amparo en comento, señalando que la negativa del Congreso de la Unión a expedir la ley de propaganda, violentaba sus derechos por dificultar el cumplimiento de su objeto social e impedirle contar con las herramientas legislativas necesarias para investigar, analizar, enseñar y defender los derechos a la libertad de expresión, prensa e información.

Sobreseído que fue su ocurso, la quejosa solicitó la revisión de la sentencia, por lo que considerando fundados sus agravios, la primera sala de la Suprema Corte dictó una sentencia que resulta relevante fundamentalmente por dos cuestiones:

1. Confirma la procedencia del amparo como medio de protección frente a "omisiones legislativas".

Hasta antes de emitir la sentencia de referencia, la determinación jurisdiccional de la existencia de omisiones legislativas y de la obligación de reparar, sólo había sido conseguida mediante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, sin embargo esto cambió como consecuencia de la reforma constitucional en materia de amparo de 10 de junio de 2011, que entre otras cosas adicionó la fracción I del artículo 103 constitucional, para establecer que es procedente el amparo indirecto ante "normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos".

De este modo, aun cuando la Constitución se refiere de manera genérica a omisiones, se interpreta que esto incluye las atribuibles al legislador, lo que implicó un cambio de criterio respecto de lo asumido hasta antes de la reforma constitucional previamente citada.

Así mismo y por virtud de la misma reforma constitucional, se amplió el concepto de interés para incluir el interés legítimo, lo que obliga al juzgador a buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando estos salgan de la esfera individual de la quejosa.

Ante estos nuevos parámetros constitucionales, se concluyó que si bien los tribunales de amparo no tienen facultad expresa para obligar al Poder Legislativo a legislar, sí tienen la potestad de ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando éstos sean violados, más aún cuando el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar.

2. Ordena la emisión de una ley sin afectar el principio de relatividad de las sentencias.

Una de las razones por las que el juez de distrito sobreseyó el amparo en comento, fue la consideración de que cualquier concesión en contra de una omisión legislativa violaría el principio de relatividad, puesto que el efecto de una eventual concesión del amparo sería obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, lo cual supondría darle efectos generales a la ejecutoria de amparo.

Al respecto, la primera sala superó dicha interpretación señalando que el principio de relatividad no puede impedir el cumplimiento de la función constitucional de proteger todos los derechos fundamentales de las personas, pero que además es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional, por lo que concluyó que al mandatar la expedición de una norma general cuya inexistencia violenta los derechos del quejoso, no se actualiza ninguna causal de improcedencia que suponga una vulneración al principio de relatividad, pues esa es una facultad que el legislador debe cumplir, independientemente de que sea o no constreñido a ello por mandato judicial.

En este orden de ideas, la omisión legislativa se configura cuando el legislador no expide una norma o conjunto de normas estando obligado a ello por ministerio constitucional, pues cuando nuestro máximo ordenamiento establece un deber de legislar respecto de algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio.

Si además, la omisión de legislar se traduce en una vulneración a los derechos de las personas que es elevada a las instancias jurisdiccionales correspondientes, es obligación del juzgador promover la regularidad constitucional, pues tal como señaló la Primera Sala en su sentencia, un acto de autoridad que vulnera derechos es inconstitucional, sin importar que se trate de una acción o una omisión, ni la autoridad a la que se le atribuya ese acto.

En este sentido, la sentencia es clara al señalar que cuando exista un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. Particularmente, tienen el deber de proteger a las personas frente a las omisiones del legislador, garantizando que éstas no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos fundamentales; sin embargo la segunda sala no aborda lo relativo a la consecuencia de un eventual desacato.

En términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo, las sentencias de amparo han de ser puntualmente cumplidas, pues de no ser así se inicia el procedimiento de inejecución, mismo que puede culminar con la separación del encargo de la autoridad responsable y su consignación por el probable delito de desacato, sin embargo al ser el destinatario de la sentencia el Poder Legislativo en su conjunto, la problemática adquiere dimensiones mayores, llevándonos a cuestionarnos ¿puede un poder disolver a otro en aras de la procuración del imperio constitucional? ¿no generaría un mayor quebranto al orden constitucional la aplicación estricta de este medio de control? ¿qué órgano determinaría la procedencia de la investigación penal y la remoción del fuero al ponerse en conflicto de interés a la propia Cámara de Diputados en su conjunto?

Se hace evidente entonces que la falta de un procedimiento especial para procurar el cumplimiento de la sentencia en vista de que los mecanismos de cumplimiento y las medidas de apremio que se prevén en el capítulo referido a cumplimiento e inejecución, o bien no son aplicables al legislador o de ser puntualmente observadas, podrían devenir en un conflicto entre poderes.

En este sentido, cualquier consecuencia de un desacato entraña riesgos a la institucionalidad:

Si se aplica estrictamente la Ley, se puede llegar al extremo de considerarse a la totalidad de los legisladores como probables responsables del delito previsto en el artículo 267 de la Ley de Amparo y el Tribunal Colegiado de Circuito tendría que remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de separación del cargo de quien consideren como titular de la autoridad responsable. El extremo sería resolver la remoción de la totalidad de los miembros de una o ambas cámaras.

Si se resuelve que los mecanismos de ejecución no son eficaces frente al legislador, se atentaría contra la efectividad del amparo, considerada por muchos la institución litigiosa más confiable de México. En este caso es justo señalar que no es la intensidad de la sanción lo que motiva el cumplimiento de la determinación judicial, sino la certeza de la consecuencia. Por ello, hemos de reconocer la existencia de una laguna de derecho, una falla en el sistema de pesos y contrapesos que puede debilitar el Estado de Derecho.

Es por eso por lo que en esta iniciativa se propone un mecanismo que, tanto en las declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en las omisiones legislativas: 1. Esclarece aspectos procesales; 2. Procura el subsane de la inconstitucionalidad en que se incurra por omisiones legislativas, y 3. Procura la certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles ante una inejecución. De este modo:

A) Interés simple en promociones por Omisión Legislativa. En virtud de tratarse de una omisión en la emisión de una ley, que entre sus características encuentra el ser de orden público e interés general, es necesario establecer que el amparo puede ser promovido demostrando únicamente interés simple, pues en este caso los sujetos de la ley pueden estar indefinidos, además de que la ausencia de una ley necesaria, vulnera por igual a todos los individuos sometidos al orden jurídico nacional.

B) Plazo de presentación. Se dispone que el amparo por omisiones legislativas se podrá presentar mientras subsista la omisión.

C) Efectos de la sentencia. Establece reglas especiales de ejecución respecto de las sentencias en que se mandate el cumplimiento de una obligación de legislar o de subsanar una inconstitucionalidad, entre las que sobresale: 1) que la sentencia quedará cumplimentada con la aprobación de los órganos legislativos correspondientes de la norma general a la que se refiera, o en caso de declaratoria de inconstitucionalidad, con el acto legislativo que la subsane, sea este una reforma de ley o la derogación de la norma invalidada, y 2) Que los procesos para subsanar la inconstitucionalidad deberán tramitarse de manera prioritaria.

D) Límites de la sentencia: Se establece con claridad que la sentencia no podrá determinar el contenido de la norma, sino que se limitará a señalar en sus efectos la inconstitucionalidad que genera la omisión de expedir la norma general o la norma que se ha invalidado.

E) Plazo de ejecución de la Sentencia: En virtud de la naturaleza de los procesos legislativos, se dispone un término razonable para cumplimentar la sentencia, el cual no podrá exceder del cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente.

F) Superior Jerárquico: Se define, en el estricto límite de efectos del amparo, al presidente de la mesa directiva de la cámara que corresponda o su órgano equivalente, como superior jerárquico, por ser éste su representante jurídico, lo que permitirá exigir responsabilidad respeto de los mandatos jurisdiccionales que se le hagan al legislador.

G) Consecuencias de la Inejecución: Se dispone que el rechazo de la cámara del proyecto mediante que se busca subsanar la omisión deja subsistente la obligación de legislar y, en su caso, el procedimiento de inejecución, el cual determina que en caso de incumplimiento el tribunal Colegiado de Circuito removerá de sus funciones como presidente de la mesa directiva del órgano legislativo correspondiente al legislador que ocupe tal posición y lo notificará a dicho órgano, imponiendo nuevo plazo de ejecución, el cual de ser nuevamente violentado puede culminar con la inhabilitación de los integrantes del órgano legislativo.

De este modo, consideramos que la Ley de Amparo contaría con reglas especiales de ejecución de las sentencias que impongan al Congreso de la Unión o los congresos locales la obligación de ejercer para determinado tema, sus facultades legislativas, definiendo consecuencias adecuadas a la inejecución y sin poner en riesgo el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder ni la sana relación entre poderes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para legislar en materia de amparo, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 5; se adiciona una fracción V al artículo 17, modificando para tal efecto la parte final de la fracción IV; un párrafo quinto al artículo 73, recorriendo en su numeración al subsecuente; una fracción III al artículo 77, modificando para tal efecto la parte final de la fracción II; un párrafo tercero al artículo 78, recorriendo en su numeración al subsecuente; un párrafo quinto al artículo 192; un párrafo octavo al artículo 193; un párrafo tercero al artículo 194; un artículo 211 bis; un párrafo segundo al artículo 235, y un artículo 235 bis, todos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 5o. (…)

I. (…)

El interés simple, no podrá invocarse como interés legítimo, salvo en aquellos casos en los que la probable vulneración de los derechos de quejoso devenga de una omisión legislativa en cualquier materia respecto de la que exista un mandato constitucional expreso. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

(…)

(…)

(…)

II. y III. (…)

(…)

Artículo 17. (…)

I. a III. (…)

IV. (…), y

V. Cuando se señale como acto reclamado la omisión de legislar en cualquier materia respecto de la que exista un mandato constitucional expreso, en cuyo caso podrá presentarse mientras subsista la omisión.

Artículo 73. (…)

(…)

(…)

(…)

Cuando proceda declarar la inconstitucionalidad de omisiones legislativas por vulnerar los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y la restitución del quejoso en sus derechos implique el cumplimiento de una obligación de legislar, se estará a lo dispuesto en el artículo 235 bis de esta ley.

[Se recorre en su numeración el párrafo quinto para quedar como sexto]

Artículo 77. (…)

I. (…)

II. (…), y

III. Tratándose de omisiones relativas a la obligación de legislar, se estará a lo dispuesto en el artículo 235 bis de esta ley.

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 78. (…)

(…)

Declarada la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia dispondrá entre sus efectos, la obligación del legislador de subsanar la inconstitucionalidad en un plazo razonable, sin entenderse por tal motivo que la sentencia determinará la acción legislativa a adoptar o el contenido de la norma.

[Se recorre en su numeración el párrafo tercero para quedar como cuarto]

CAPÍTULO I

Cumplimiento e Inejecución

Artículo 192. (…)

(…)

(…)

(…)

Cuando se emita declaratoria general de inconstitucionalidad o se declare la inconstitucionalidad de omisiones legislativas, el plazo de ejecución impuesto al órgano legislativo no podrá exceder del cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente.

Artículo 193. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Tratándose de la ejecución por parte de órganos legislativos por declaratorias generales de inconstitucionalidad o de inconstitucionalidad de omisiones legislativas, se estará a lo dispuesto en el artículo 235 bis de esta ley.

Artículo 194. (…)

(…)

En los órganos legislativos, será superior jerárquico el presidente de su mesa directiva o equivalente.

Artículo 211 BIS. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una omisión legislativa, impondrá a los órganos legislativos que incurran en dicha inconstitucionalidad la obligación de subsanar, observando lo siguiente:

I. Se limitará a señalar en sus efectos la inconstitucionalidad que genera la omisión de expedir la norma general de que se trate, sin determinar de forma alguna su contenido;

II. Determinará el plazo de ejecución, el cual no podrá exceder del cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente del órgano legislativo de que se trate;

III. Quedará cumplimentada con la aprobación de los órganos legislativos correspondientes de la norma general a la que se refiera;

IV. El órgano legislativo deberá tramitar de manera prioritaria y conforme a la normatividad aplicable, el proceso tendiente a subsanar la omisión legislativa;

V. El rechazo por el pleno del órgano legislativo del proyecto mediante el que se busca subsanar la omisión deja subsistente la obligación de legislar y, en su caso, el procedimiento de inejecución;

VI. En caso de incumplimiento en la ejecución de la sentencia, se turnará el expediente al tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en caso de confirmar la inejecución, removerá de sus funciones como presidente de la mesa directiva del órgano legislativo correspondiente al legislador que ocupe tal posición y lo notificará a dicho órgano, imponiendo nuevo plazo de ejecución, y

VII. De persistir el incumplimiento en la ejecución de la sentencia, el tribunal Colegiado de Circuito remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que continuará el trámite de inejecución, que puede culminar con la inhabilitación de los integrantes del órgano legislativo.

Artículo 235. (…)

Los órganos legislativos emisores, deberán subsanar la inconstitucionalidad en   un plazo que no podrá exceder del cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 BIS de esta ley.

Artículo 235 BIS. Los órganos legislativos que emitan la norma general objeto de una declaratoria general de inconstitucionalidad, subsanarán la inconstitucionalidad, observando lo siguiente:

I. Una vez emitida, se notificará al órgano legislativo emisor de la norma declarada inconstitucional, señalando las causas de la inconstitucionalidad y la obligación de subsanar;

II. Surtirá efectos mientras no se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional;

III. La declaratoria general de inconstitucionalidad no podrá disponer la facultad legislativa a ejercer o el contenido de la norma;

IV. El órgano legislativo emisor de la norma adoptará, con carácter de prioritarias, las acciones legislativas que permitan subsanar la inconstitucionalidad antes del cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente;

V. Llegado este plazo sin haberse subsanado la inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación removerá de sus funciones como presidente de la mesa directiva del órgano legislativo correspondiente al legislador que ocupe tal posición y lo notificará a dicho órgano, imponiendo nuevo término de subsane, y

VI. De persistir el incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el inciso anterior.

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo-Morena, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 en su fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE OMISIÓN LEGISLATIVA Y DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Anotación Preliminar:

En interpretación a lo dispuesto por el artículo 181 en su párrafo 5 del Reglamento del Senado de la República, se indica, para efectos de turno y dictaminación que la presente propuesta se correlaciona con las siguientes iniciativas, presentadas en esta fecha por quien suscribe:

• Con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad, y

• Con proyecto de Decreto que reforma el artículo 42 y adiciona un artículo 279 bis, ambos del Reglamento del Senado de la República, en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad.

La presente iniciativa, junto con las que la acompañan, tiene por objetivo propiciar el imperio de nuestra Constitución en aquellos casos en los que por acción u omisión en el actuar legislativo, se ha incurrido en inconstitucionalidad, es decir, establecer las herramientas que tanto en caso de declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en omisiones legislativas, procuren la remediación de la inconstitucionalidad y la restitución de los derechos de quienes por causa de acciones u omisiones del legislador los han visto vulnerados.

En este sentido, la reforma a la Ley de Amparo tiene por objetivos:

1. Esclarecer aspectos procesales para eliminar lagunas de derecho;

2. Procurar el subsane de la inconstitucionalidad en que se incurra por omisiones legislativas, y

3. Procura la certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles ante una inejecución.

En virtud de lo anterior, se establecen reglas especiales de ejecución respecto de las sentencias en que se mandate el cumplimiento de una obligación de legislar o de subsanar una inconstitucionalidad, entre las que sobresale:

1. Que la sentencia quedará cumplimentada con la aprobación de los órganos legislativos correspondientes de la norma general a la que se refiera, o en caso de declaratoria de inconstitucionalidad, con el acto legislativo que la subsane, sea este la reforma o derogación de la norma invalidada, o la emisión de una nueva norma, y

2. Que los procesos para subsanar la inconstitucionalidad deberán tramitarse de manera prioritaria.

En este sentido, la presente reforma tiene por objeto establecer la posibilidad de que los miembros de las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, puedan ser removidos como consecuencia de la inejecución de una sentencia de amparo, por lo que se permite que una resolución jurisdiccional debidamente fundada y motivada tenga como consecuencia la remoción en ese encargo, sin afectar el carácter de legislador de la persona que, por ser identificada como la autoridad responsable, debe procurar el cumplimiento de las sentencias.

De este modo, el paquete de iniciativas que en este acto se presentan, permitiría subsanar o remediar las inconstitucionalidades en que por acción u omisión se incurra, sin poner en riesgo el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder ni la sana relación entre poderes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para legislar en materia de funcionamiento interno del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma el numeral 4 y se adiciona un numeral 5 al artículo 19 y se reforma el numeral 1 del artículo 65, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un numeral 3 al artículo 42 y un artículo 279 bis, ambos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

“ARTICULO 19.

1. a 3. (…)

4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, por las siguientes causas:

a) a c) (…)

5. Los integrantes de la Mesa Directiva podrán ser removidos por resolución jurisdiccional debidamente fundada y motivada.

ARTICULO 65.

1. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por resolución jurisdiccional debidamente fundada y motivada, o por transgredir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, del Reglamento o por incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y de la Cámara. Para ello se requiere que algún senador presente moción, que se adhieran a ella por lo menos cinco senadores y que sea aprobada en votación nominal por las dos terceras partes de los miembros presentes, después de que se someta a discusión, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta tres Senadores en pro y tres en contra.

2. (…)

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 279 BIS AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo-Morena, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 en su fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 279 BIS, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE OMISIÓN LEGISLATIVA Y DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Anotación Preliminar:

En interpretación a lo dispuesto por el artículo 181 en su párrafo 5 del Reglamento del Senado de la República, se indica, para efectos de turno y dictaminación que la presente propuesta se correlaciona con las siguientes iniciativas, presentadas en esta fecha por quien suscribe:

• Con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad, y

• Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad.

La presente iniciativa, tiene por objetivo propiciar el imperio de nuestra Constitución en aquellos casos en los que por acción u omisión en el actuar legislativo, se ha incurrido en inconstitucionalidad.

En tanto, las disposiciones aquí propuestas son consecuencia de las propuestas a la Ley de Amparo, para establecer un mecanismo que, tanto en caso de declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en omisiones legislativas, disponga la necesaria remediación de la inconstitucionalidad.

En este sentido, la reforma a la Ley de Amparo tiene por objetivos:

1. Esclarecer aspectos procesales para eliminar lagunas de derecho;

2. Procurar el subsane de la inconstitucionalidad en que se incurra por omisiones legislativas, y

3. Procura la certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles ante una inejecución.

En virtud de lo anterior, se establecen reglas especiales de ejecución respecto de las sentencias en que se mandate el cumplimiento de una obligación de legislar o de subsanar una inconstitucionalidad, entre las que sobresale:

1. que la sentencia quedará cumplimentada con la aprobación de los órganos legislativos correspondientes de la norma general a la que se refiera, o en caso de declaratoria de inconstitucionalidad, con el acto legislativo que la subsane, sea este una reforma de ley o la derogación de la norma invalidada, y

2. Que los procesos para subsanar la inconstitucionalidad deberán tramitarse de manera prioritaria.

En este sentido, la presente reforma se refiere precisamente al trámite prioritario que se deberá dar a los procesos legislativos que se sigan para dar cumplimiento a una sentencia, por lo cual se adiciona el título octavo, relativo a los procedimientos especiales, para establecer un capítulo dedicado al subsane de normas inconstitucionales y omisiones legislativas, que establece lo siguiente:

A) Que los procedimientos encaminados a subsanar la inconstitucionalidad de una norma general o una omisión legislativa, son de trámite prioritario, para lo cual se establecen reglas especiales, que guardan similitud con el procedimiento relativo a la dictaminación de las iniciativas preferentes.

B) Que las Cámaras del Congreso deberán coordinare para acordar los actos encaminados a la ejecución de la sentencia o declaratoria general de inconstitucionalidad.

En este sentido, el procedimiento especial que se propone en el senado -inscrito dentro del proceso legislativo ordinario y sin quebrantar sus reglas- tiene las siguientes características:

1. Se definirán de manera previa las comisiones dictaminadoras,

2. Se abre un plazo de 30 días naturales para que los senadores, presenten o señalen las iniciativas que se considerarán en el proceso de dictaminación.

3. En caso de ser cámara de origen, las iniciativas de senadores y en su caso, las de diputados serán dictaminadas dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del plazo de presentación.

4. En caso de no contarse con dictamen o de rechazarse el mismo por el pleno, se discutirán y votarán en la siguiente sesión, en sus términos y conforme a su prelación, las iniciativas que al respecto se hubieren presentado.

5. En caso de ser Cámara revisora, una vez recibida la minuta, esta se deberá dictaminar dentro de los 10 días naturales siguientes, en caso contrario, la minuta se discutirá y votará en la siguiente sesión del Pleno, en sus términos.

Finalmente, se dispone que los resultados del proceso legislativo en cada cámara se comunicarán a las autoridades jurisdiccionales competentes, como informe de los avances en la ejecución.

Así mismo, se dispone que en caso de inejecución la remoción del presidente surtirá efectos de conformidad con lo establecido en la propia Ley de Amparo. Al  respecto es importante señalar que estos procesos estarán sujetos a un plazo de ejecución que según la propuesta contenida en la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, no podrá exceder del cierre de sesiones del periodo ordinario inmediato siguiente.

Es importante señalar que estando definido para efectos de la ejecución de la sentencia el presidente de la mesa directiva del Senado como superior jerárquico, la responsabilidad de la ejecución recae en principio en esa figura, lo que encuentra lógica, siendo el presidente quien cuenta con las facultades para dar impulso al proceso legislativo.

En este sentido, es importante señalar que el procedimiento aquí desarrollado, considera las consecuencias de la Inejecución, es decir la eventual remoción de sus funciones como presidente de la mesa directiva, en este caso, del Senado. 

De este modo, el paquete de iniciativas que en este acto se presentan, permitiría subsanar o remediar las inconstitucionalidades en que por acción u omisión se incurra, sin poner en riesgo el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder ni la sana relación entre poderes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica de legislar en materia de funcionamiento interno del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un numeral 3 al artículo 42 y un artículo 279 bis, ambos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

“Artículo 42

1. Conforme al artículo 65 de la Ley, para que proceda la moción por la que se solicita remover de su cargo a un integrante de la Mesa, se deben cumplir los siguientes requisitos:

I. Señalar el nombre y cargo del impugnado; y

II. Sustentar con claridad las presuntas transgresiones objeto de la moción y la eventual responsabilidad del impugnado.

2. Una vez que se cumplen los requisitos señalados en el párrafo anterior, se consulta al Pleno para verificar que cuando menos cinco senadores se adhieren a la moción presentada.

3. La remoción de un integrante de la mesa por resolución jurisdiccional surte efectos de conformidad con lo establecido en la legislación procesal aplicable.

Título Octavo

De los Procedimientos Especiales

Capítulo Sexto

Del Subsane de normas inconstitucionales y omisiones legislativas.

Artículo 279 Bis.

1. Se tramitarán de manera prioritaria los proyectos encaminados a subsanar la inconstitucionalidad de una norma general o una omisión legislativa.

2. Recibida la notificación jurisdiccional respectiva, el presidente de la mesa directiva, en coordinación con la Cámara de Diputados acordará los actos encaminados a la ejecución de la sentencia o declaratoria general de inconstitucionalidad, determinando la cámara de origen y en su caso, el trabajo en conferencia de las comisiones de dictamen. Tales acuerdos serán puestos a consideración del pleno sin dilación.

3. El presidente de la mesa directiva señalará las comisiones dictaminadoras y abrirá un plazo que no podrá exceder de 30 días naturales para que los senadores, presenten o señalen las iniciativas que se considerarán en el proceso de dictaminación.

4. De corresponder al Senado ser cámara de origen, las iniciativas a que se refiere el numeral anterior y las que en su caso remita la colegisladora, será turnadas a las comisiones dictaminadoras, las que deberán presentar su dictamen dentro de los 15 días naturales siguientes.

5. Luego de cumplir los trámites reglamentarios, el dictamen respectivo deberá ser discutido y votado. De no ser así, o en caso de ser rechazado, se discutirán y votarán en la siguiente sesión del Pleno, en sus términos y sin mayor trámite, las iniciativas a que se refiere el numeral anterior, conforme a su prelación.

6. De corresponder al Senado ser cámara revisora, las iniciativas que presenten o señalen los senadores se turnarán a la colegisladora. Una vez recibida la minuta, la mesa directiva la turnará de manera directa a las comisiones dictaminadoras, que deberán presentar su dictamen dentro de los 10 días naturales siguientes. De no ser así, se discutirá y votará en la siguiente sesión del Pleno, en sus términos y sin mayor trámite, la minuta enviada por la colegisladora.

7. De rechazarse en su totalidad el proyecto, se estará a lo dispuesto en el inciso D del artículo 72 constitucional.

8. Los resultados del proceso legislativo en cada cámara se comunicarán a las autoridades jurisdiccionales competentes para los efectos legales que correspondan.

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Lucia Espejo.

Daremos los turnos que corresponde a las iniciativas presentadas.

El proyecto de Decreto a la Ley de Amparo, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El Decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el proyecto de Decreto que reforma el Reglamento del Senado de la República, se turnan a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Daremos también turno al proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 442 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de actuación del Ministerio Público.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 442 Y 449 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

La presente iniciativa tiene como fin reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a propósito de una preocupación que viene al caso.

En este año México tendrá un proceso electoral excepcional, un proceso que, además de realizar elecciones para el cambio de la Presidencia de la República, de todo el Congreso de la Unión, también se realizarán elecciones en 30 de las 32 entidades federativas y también se elegirá a nueve gubernaturas.

Este mapa electoral nos refleja una gran competencia como nunca la habíamos visto en nuestro país. Y permítanme decir con claridad que no es poco lo que está en juego, por el contrario, observamos que estamos en el límite, si me permiten decirlo, “estirando la cuerda” lo más que se puede, casi a punto de romper y que podemos tener un proceso con consecuencias de inestabilidad política y también social porque debemos tener cuidado para que esto no sea una repercusión a partir de este proceso electoral.

Existe un alto riesgo de polarización política y, además, esto con la enorme desconfianza ciudadana hacia las instituciones y, sobre todo, aquellas instituciones que pueden conducir a un proceso de conflicto postelectoral con consecuencias antes no vistas en el país.

De ahí la necesidad de que en este caso el árbitro de la contienda, el Instituto Nacional Electoral, sea garante de imparcialidad y de certeza.

No voy a mencionar, está en la propia iniciativa el recuento que nos vuelven a decir todas las encuestas respecto del lugar en que se encuentran los partidos políticos, pero también el Ministerio Público y, por supuesto, es importante señalar que hay que tomar previsiones.

A nueve meses de que termine este gobierno también observamos una baja calificación al Presidente Peña, nos parece muy importante que hoy más que nunca tiene que volver a ese ímpetu que le movió a perseguir la Presidencia de la República para que al final, en estos meses que le restan, realmente sea el garante de la estabilidad.

De tal manera que las instituciones que todavía siguen dependiendo de él tienen que hacer esfuerzos para no seguir vinculándose a los procesos electorales.

Quizás estas sean, además, algunas de las razones por las que la ciudadanía, la sociedad en general, tiene esta percepción de que el proceso electoral de este año estará cargado de una serie de irregularidades donde operadores de los partidos políticos, pero también funcionarios públicos o candidatos, pueden realizar de manera masiva compra de votos, reparto de tarjetas e incluso coerción para que si no se vota se eliminan programas o apoyos, por si las personas pudieran decidir su voto de otra manera.

En este proceso que estamos ya observando, de “Guerra Sucia”, es importante señalar que incluso ya la propia autoridad del Instituto Nacional Electoral afirmó que, de acuerdo con la organización de diversos estudios de opinión pública, el número de mexicanos que consideran a la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, pues es del 48 al 38 por ciento.

Es decir, sí se evidencia un deterioro de la democracia y tenemos que tomar las medidas para atender lo que los propios estudios del INE nos reflejan, pero también el Gabinete de Comunicación Estratégica, en su último reporte, lo que nos dejó 2017, da a conocer cómo aproximadamente la mitad de los mexicanos encuestados percibe la situación de democracia en el país como estancada, mientras tres de cada diez consideran este aspecto en retroceso

Una gran parte de este sentimiento está relacionado con la imagen de los partidos. Sí es cierto, alrededor del 42 por ciento de la población no considera a ningún funcionario o personalidad del ámbito como buenos funcionarios.

Hay un descontento que cada vez se acrecienta más y se evidencia, efectivamente, en todos los estudios que se realizan.

A este aspecto, vale la pena mencionar que la “Guerra Sucia” es la política que había sido concebida y caracterizada en los últimos años como una herramienta del marketing político con un gran éxito, que es usada como estrategia para debilitar, desprestigiar y vulnerar al o a los contendientes políticos que se perciben con mayor crecimiento en la intención del voto.

Nos encontramos ya inmersos prácticamente en el proceso electoral, la “Guerra Sucia” ya ha comenzado mucho antes incluso de que comience la campaña oficial de los candidatos políticos, y es realmente preocupante lo que hemos observado en los últimos días.

Particularmente el suceso que todos conocimos, de que ha generado diversas inquietudes respecto a la imparcialidad de las instituciones en el proceso electoral, que en lo concreto tiene que ver con el comportamiento de quien está al frente de la Procuraduría General de la República.

Todos vimos esos videos que necesitamos saber con base a qué protocolo, qué es lo que motiva que haya sido pública una conversación entre las personas, en este caso Ricardo Anaya con sus abogados, que después fue filtrada sin que se supiera.

El comportamiento, en este caso, de la institución, que es la Procuraduría General de la República, claro que motiva y claro que preocupa que hoy estemos reaccionando para decir que necesitamos insistir que las instituciones gubernamentales no se involucren en la contienda electoral y que no distraigan sus funciones constitucionales para entrar, para ser usados en esta “Guerra Sucia”.

De tal manera que es importante hoy señalar que la iniciativa que hoy estamos presentando establece en este sentido dotar al Instituto Nacional Electoral de mayores facultades legales para garantizar que las contiendas electorales se desarrollen en igualdad de circunstancias para todas y para todos los actores políticos, además de afianzar la imparcialidad institucional y contener cualquier intromisión de las instituciones en perjuicio de los derechos electorales de cualquier ciudadano.

Hoy ventilamos, reaccionamos, nos inconformamos, señalamos que la PGR no puede ser utilizada para denostar e infamar a Ricardo Anaya, pero cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de los que están aquí, y no están aquí, pueden ser en cualquier momento infamados a través de la utilización de estas instituciones que hoy gozan de una facultad constitucional, pero que no tienen que involucrarse en el contexto de las elecciones.
De tal manera que hoy estamos presentando esta iniciativa que reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 442 y 449.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos de la etnia tepehuana, provenientes del municipio del Mezquital, Durango, invitados por el Senador Ismael Hernández Deras, es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Escuché con mucha atención la exposición de motivos de la Senadora que me antecedió. Y sólo querría decirle que me gusta mucho esto de que pida condiciones iguales para el proceso electoral para todas y todos los candidatos.

Me sumo a que el proceso electoral sea igual para todas las candidatas y candidatos, y no en absoluta inequidad para algunos, especialmente para los candidatos sin partido.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Asumo que está solicitándole a la Senadora acompañar su iniciativa, Senadora, ¿es así o es solamente el comentario?, eso es, solamente el comentario. Gracias, Senadora.






Informo a la Asamblea que en la Mesa Directiva se recibió una comunicación de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al oficio en comento.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 13 de marzo de 2018.”

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para hablar.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿Quiere hablar a propósito de la solicitud?

Desde su escaño, Senadora.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Sí, señor, desde aquí. Porque además estoy más cerca de la Senadora Hilaria.

Le agradezco mucho, pues yo lamento mucho en verdad que la Senadora pida licencia, ha sido una mujer combativa y muy congruente de defender la tierra de propiedad comunal y a los propios poseedores de la tierra social, los ejidatarios y los comuneros.

Lamento, en verdad, que pida licencia. Estamos en los últimos días de poder dictaminar algunas iniciativas importantes para fortalecer a los comisariados ejidales y a los comuneros.

Pero bueno, a lo mejor nos veremos en el futuro, y yo quiero reconocer su esfuerzo. Hay poca gente en este tiempo que se ocupa de los trabajadores del campo que poseen una pequeña parcela y que nos dan de comer, entre ellos están los ejidatarios y los comuneros, y ella los ha defendido férreamente, muy racionalmente y creo que si hubiera unos cinco Senadores más como la Senadora Hilaria, estaríamos del otro lado ganándole a la pobreza en el campo y recuperando en ellos su capacidad de tener ingresos y de vivir digna y suficientemente en el campo.

Le deseo lo mejor, lamento mucho que se vaya, pero creo que irá a hacer una lucha para el futuro en el que espero que nos encontremos.

Hilaria, muchísimas gracias por haber defendido a los ejidatarios y a los comuneros en este tiempo que pudimos compartir juntas.

Es cuanto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea...

Perdón, sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Coincido plenamente con la Senadora Calderón, el que el día de hoy pida licencia mi compañera y amiga Hilaria Domínguez y deje el Senado de la República para irse a otras tareas partidistas. Hoy lo comentamos en el grupo parlamentario, es un sentimiento cruzado.

Hilaria Domínguez y la Senadora Calderón tuvieron el talento de destrabar una comisión que estuvo más de tres años detenida en el Senado de la República. Pudieron llegar a acuerdos y a consensos con las demás partes que pertenecían a esta comisión, e Hilaria deja una huella, sin duda alguna aquí con sus compañeras de partido, con sus compañeros de partido, pero estoy seguro que Hilaria hizo amistad seria y de fondo con 127 compañeras y compañeros Senadores.

Yo como coordinador del grupo parlamentario del PRI le deseo mucha suerte, se lo dijimos hoy, cuentas con nosotros, Hilaria, en esta nueva tarea, estaremos muy pendientes a todo tu desarrollo, no sólo como mujer, sino como política, como defensora de las mujeres y como defensora de los campesinos de este país.

Cuenta con el cariño y el respeto de tus compañeras y de tus compañeros, y el mío en lo personal, mi absoluto cariño y mi respeto para siempre.

¡Felicidades y enhorabuena!

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Gamboa Patrón.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se concede licencia a la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 13 de marzo del año en curso. Comuníquese.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes de primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

1.- De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios, Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el “Día Nacional del Tequila”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER  SÁBADO DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL TEQUILA”

(Dictamen de primera lectura)








2.- De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 4 Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Tenemos ahora la discusión de cuatro dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 2o., 20 y 32 constitucionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 20 Y 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 76 y 89 constitucionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA

(Dictamen a discusión)








Y de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión los dictámenes.

Consulto a la Asamblea si alguno de ellos se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los dictámenes. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de Acuerdo y que no fueron reservados. Todos ellos están publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la Comisión de Salud:

Que exhorta a implementar mejores programas o impulsar mayores acciones a favor de la prevención del embarazo.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo relativo a la prevención de embarazo en adolescentes.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de diciembre de 2017, la Senadora Luisa María Calderon Hinojosa, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud y de Educación Pública implementar acciones en materia de prevención de embarazo en adolescentes.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Proponente pretende exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación Pública implementar acciones en materia de prevención de embarazo en adolescentes.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conoce como embarazo: al periodo de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre, y también los importantes cambios que experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos y metabólicos.

El embarazo en la adolescencia o embarazo precoz, es aquel que se produce en una mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad, y el final de la adolescencia, establecida por la Organización Mundial de la Salud entre los 10 y los 19 años. El término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica.

B. La Organización Mundial de la Salud resalta que las complicaciones durante el embarazo y el parto, son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo, debido a que cada año, aproximadamente 3 millones de ellas se someten a abortos peligrosos o clandestinos; sin dejar de lado que los bebés de madres adolescentes, se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir, a diferencia de los nacidos de mujeres de entre 20 y 24 años de edad.

Dicha organización, señala que desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque irregular, en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo, se producen todavía entre mujeres de 15 a 19 años de edad. La gran mayoría en países de ingresos bajos y medianos.

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, se indicó que la tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1,000 mujeres. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1,000 jóvenes.

Si bien, la OMS, explica que algunas adolescentes no saben cómo evitar el embarazo, pues en muchos países no hay educación sexual. Es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción, o bien, puede que los anticonceptivos sean demasiado caros o que no sean fácil de conseguir.

C. Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, lo cual evita que tengan una educación sexual correcta, o bien el acceso al uso de métodos anticonceptivos.

Debido a la falta de orientación, casi medio millón de mexicanos menores de 20 años, dieron a luz en el año 2005, donde hubo 144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de edad, considerando a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres, según estableció la UNICEF.

La paternidad y la maternidad tempranas, conducen a la adolescencia, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están preparados, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos, como lo son las repercusiones sociales y económicas negativas para los jóvenes, sus familias y comunidades. Muchas adolescentes que se quedan embarazadas se ven obligadas a abandonar la escuela para así cuidar de su bebe, lo mismo que con los jóvenes a diferencia que ellos lo hacen para conseguir un tipo de empleo para la manutención del menor.

México forma parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la tasa más alta de embarazos de adolescentes, siendo el promedio diario de partos de 1,252, lo que representa que aproximadamente cada minuto una joven se convierte en mamá.

D. Aunado a lo anterior, la OMS, publicó junto con el Foro de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) unas directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, con 6 objetivos principales enfocados a la adolescencia:

1. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años de edad, o bien, buscar incidir en las familias y comunidades para que las jóvenes no sean dadas en matrimonio hasta que se hayan desarrollado;

2. Fomentar la comprensión y el apoyo, a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años de edad;

3. Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes y los adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo no planeado;

4. Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes;

5. Reducir los abortos peligrosos;

6. Incrementar el uso de servicios especializados de atención parental, en el parto y posnatal.

E. Por su parte, en México, se encuentra regulado en la Ley General de Salud, en su Capítulo VI, denominado “Servicios de Planificación Familiar”, que en sus artículos 67 a 71, establece las medidas de prevención del embarazo precoz, como lo es, la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes, fomentando la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años de edad, todo ello mediante una correcta información anticonceptiva.

A partir de ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lanzó la campaña “Es tu vida” en el año 2014, para prevenir embarazos entre adolescentes, la cual buscaba luchar en contra del crecimiento de embarazos entre jóvenes y menores de edad.

Así mismo, el Gobierno de la República, en conjunto con las Secretarías de  Gobernación, de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de Población, ISSSTE, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, IMSS, DIF Nacional y el Instituto Mexicano de la Juventud,  realizaron la “Estrategia Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes” 2016, cuyo objetivo es promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertados sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y calidad de la  información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o privada.

Para finalizar, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a través de la ENSANUT, reportó que a nivel nacional, la proporción de población de 12 a 19 años de edad que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012.

A nivel nacional, de acuerdo con los datos de la última encuesta demográfica disponible (2009), la edad promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años. Como consecuencia de estas tendencias, también el  porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 16.6% a 18.7% entre 2003 y 2012.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar mejores programas o impulsar mayores acciones a favor de la prevención del embarazo con información adecuada y certera sobre los métodos anticonceptivos existentes y la importancia de llevar a cabo una planificación familiar.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a ofrecer alternativas que fomenten el cuidado y la preservación de la salud reproductiva y sexual brindando educación, atención médica integral y apoyo psicosocial a las jóvenes una vez estando en situación de embarazo.

TERCERO.- El Senado de la Repu?blica solicita a la Secretari?a de Educacio?n Pu?blica brindar apoyo y facilidades a las nuevas madres adolescentes para evitar que su embarazo no interrumpa su educacio?n y a su vez trunque su futuro volvie?ndose un acto condenatorio para su vida.

CUARTO.- El Senado de la Repu?blica solicita al Consejo Nacional de Poblacio?n (CONAPO) en representacio?n de la Secretari?a de Gobernacio?n como instancia coordinadora, informe sobre cua?les han sido los resultados obtenidos desde la implementacio?n de la Estrategia Nacional para la Prevencio?n del Embarazo en Adolescentes y el costo total de la misma a fin de corroborar que el dinero gastado ha sido bien utilizado.

COMISIÓN DE SALUD.






Que exhorta a desarrollar acciones y campañas que informen a la población acerca de los peligros que generan en la salud la luz de los rayos lásers y prevenir su compra.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo relativo a rayos láseres.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de diciembre de 2017, la Senadora Andrea García García, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios, implemente las acciones necesarias de vigilancia en la compra-venta de rayos láseres.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Proponente pretende exhortar a Secretaría de Salud a que, en coordinación con la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios, implemente las acciones necesarias de vigilancia en la compra-venta de rayos láseres.

III. CONSIDERACIONES

A. Actualmente se ha dado una proliferación masiva de un artefacto que tiene distintas funciones, una de ellas y posiblemente la más conocida es la aplicación como material de apoyo didáctico, hago referencia al rayo láser, instrumento que hoy en día se utiliza como juguete y, por lo tanto, se encuentra al alcance de niños de muy corta edad.

El peligro de que un rayo láser produzca daño en una persona va directamente relacionado con la potencia que éste tiene, las lesiones pueden ser en ojos, piel, entre otras. Es precisamente la potencia la cual es sujeta de observación, ya que por lo regular estos artefactos no tienen una etiqueta que indique la energía que poseen o puede ser que los estándares de producción sean tan bajos que la potencia puede llegar a ser mayor a la indicada en la etiqueta.

B. En general, un láser de 5 milivatios (mW) de potencia (comúnmente utilizado como puntero) puede causar un daño irreversible en la visión, si el rayo incide desde menos de 16 metros de distancia y a medida que se aumenta la potencia, también aumenta la distancia para que se produzca daño en el ojo, un ejemplo es un láser de 500 mW puede dejar ciego a una distancia de 160 metros y producir ceguera temporal a 800 metro.

Aunque todos los dispositivos láser tienen peligros, el riesgo mayor estriba en que se compran mayoritariamente por internet y las importaciones sin los debidos controles dificultan controlar las potencias reales y permiten que se puedan conseguir láseres de potencias mucho más altas muy fácilmente. En esta entrada hablaremos de:

Punteros de mano Láser

Juguetes Láser

Consejos para usarlos con seguridad 

Daños en la retina

Tipos de láseres. Clasificación de la FDA americana

C. Actualmente, es difícil encontrar una regulación uniforme en este tema, hay países que cuidan estos aspectos debido a que han tenido múltiples antecedentes lo cual ha incentivado la intervención de las autoridades.

Algunas páginas de venta por internet incluso han implementado requisitos más estrictos que permiten al comprador tener certeza del producto que está adquiriendo, como es un etiquetado correcto, que la potencia no exceda los 5 mW, que cumpla con los estándares de calidad, un instructivo de uso, advertencias, entre otros.

El láser crea un rayo poderoso y concentrado de radiación electromagnética que se usa en muchos productos, desde los reproductores de música e impresoras a aparatos para la  cirugía del ojo. La FDA regula los productos electrónicos que emiten radiación, como los rayos laser (incluyendo los juguetes con láser para niños), y establece las normas de seguridad de radiación que los fabricantes deben cumplir.

D. En el caso de México, no se cuenta con una regulación específica, tampoco hay una vigilancia adecuada, mucho menos información pública al respecto, lo cual deja abierto el mercado para que productos de baja calidad o con una potencia  peligrosa, lleguen a las manos equivocadas, ya sea en forma de juguete o como una herramienta de apoyo, aumentando así el riesgo de generar un daño en la salud de las personas.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, desarrollen acciones y campañas, que informen a la población  acerca de los peligros que generan en la salud, la luz de los rayos láseres, y prevenir su compra.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a que lleve a cabo una vigilancia rigurosa en lo que respecta a los establecimientos que tienen en venta productos con rayo láser y que su venta al público represente un riesgo para la salud de la población.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a que realicen los trabajos necesarios para establecer una Norma Oficial Mexicana que regule la compraventa de productos con rayo láser en sus distintas presentaciones.

COMISIÓN DE SALUD.






Y el que exhorta a brindar un tratamiento oportuno en beneficio de la calidad de vida de los portadores de VIH-SIDA y de sus familias.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, de cuatro proposiciones con punto de Acuerdo, en materia de VIH / SIDA.

El segundo que exhorta a la Secretaría de Salud, a considerar la inclusión de los  Estudios Genéticos para mutaciones asociadas al Síndrome de Cáncer Hereditario de mama y ovario en los programas dirigidos a la detección temprana y prevención, con el objeto de disminuir los casos de cáncer de este tipo en las mujeres mexicanas así como precisar con certeza el medicamento y el tratamiento adecuados y con ello disminuir los gastos asociados a tratamientos no específicos y de poco beneficio en las mujeres mexicanas.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de diciembre de 2017, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a los diversos institutos de salud de las entidades federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas a fin de prevenir la propagación del VIH/SIDA.

2. Con fecha 5 de diciembre del 2017, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentarón una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas para prevenir y erradicar la discriminación de personas con VIH/SIDA e instrumentar acciones y campañas de información dirigidas a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

3. Con fecha 5 de diciembre de 2017, la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de concientización e información del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en la Sociedad mexicana, con motivo del "Día Mundial de la Acción contra el SIDA", celebrado el 1 de diciembre de cada año.

4. Con fecha 5 de diciembre de 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, presentaron una proposición con Punto de Acuerdo relativo al "Día Mundial del Sida".

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los proponentes pretenden reforzar las acciones contra el VIH/SIDA, así como prevenir y erradicar la discriminación hacia las personas con dicha enfermedad.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es el que infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

La fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida, y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto. El sida se define por la aparición de ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves.

B. Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en que se encuentre. Aunque en la mayoría de los casos el pico de infectividad se alcanza en los primeros meses, muchas veces el sujeto ignora que es portador hasta que alcanza fases más avanzadas. En las primeras semanas que siguen al contagio, las personas a veces no manifiestan ningún síntoma, y otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, erupción o dolor de garganta.

A medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento podrían aparecer también enfermedades graves como tuberculosis, meningitis por criptococos o diversos tipos de cáncer, por ejemplo linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros.

El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos líquidos corporales de personas infectadas, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. No es posible contagiarse a resultas de contactos de tipo corriente y cotidiano como puedan ser los besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas.

C. Dentro de los factores de riesgo hay ciertos comportamientos y afecciones que incrementan el riesgo de que una persona contraiga el VIH, como lo son:

• Practicar coito anal o vaginal sin protección;

• Padecer alguna otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana;

• Compartir agujas o jeringas contaminadas, soluciones de droga u otro material infeccioso para consumir drogas inyectables;

• Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejido sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen corte o perforación con instrumental no esterilizado;

• Pincharse accidentalmente con una aguja infectada, lesión que afecta en particular al personal sanitario.

D. Algunos datos y cifras que nos señala la OMS acerca del VIH SIDA, son los siguientes:

• El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haberse cobrado más de 35 millones de vidas hasta ahora. En 2015, 1,1 (940 000-1,3) millones de personas fallecieron a causa del VIH en todo el mundo.

• A finales de 2015 había 36,7 (34,0-39,8) millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo, de las cuales 2,1 (1,8-2,4) millones de personas contrajeron el HIV en 2015.

• El África subsahariana, donde había 25,6 (23,1-28,5) millones de personas infectadas por el VIH en 2015, es la región más afectada. Casi dos tercios del total mundial de nuevas infecciones por VIH se registra en esta región.

• La infección por el VIH se suele diagnosticar mediante análisis de sangre en los que se detecta la presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus. En general los resultados de estas pruebas están disponibles el mismo día de su realización, hecho esencial para el diagnóstico, el tratamiento y la atención precoces.

• No hay cura para la infección por el VIH, pero los fármacos antirretrovíricos eficaces pueden controlar el virus y ayudar a prevenir su transmisión, de modo que las personas con VIH o alto riesgo de contraerlo pueden disfrutar de una vida saludable y productiva.

• Se calcula que actualmente solo el 60% de las personas con VIH conocen su estado serológico. El 40% restante (o sea, 14 millones de personas) necesita acceso a servicios de detección del VIH. A mediados de 2016, 18,2 (16,1-19) millones de personas con VIH en todo el mundo recibían tratamiento antirretrovírico.

• Entre 2000 y 2015, las nuevas infecciones por el VIH se redujeron en un 35% y las muertes relacionadas con el sida en un 28%, lo cual significa que se salvaron 8 millones de vidas. Este logro ha sido el resultado de grandes esfuerzos de los programas nacionales contra el VIH con el apoyo de la sociedad civil y de distintos asociados para el desarrollo.

• La ampliación del tratamiento antirretrovírico a todas las personas con VIH y el aumento de las opciones preventivas podrían ayudar a evitar 21 millones de muertes relacionadas con el sida y 28 millones de nuevas infecciones para 2030.

E. Las pruebas serológicas, como las pruebas diagnósticas rápidas o las pruebas inmunoenzimáticas, detectan la presencia o ausencia de anticuerpos contra el VIH1/2 y/o el antígeno p24 del virus. Cuando estas pruebas se utilizan en el contexto de una estrategia acorde con un algoritmo validado, es posible detectar la infección por el VIH con gran exactitud. Es importante saber que las pruebas serológicas detectan anticuerpos producidos por su sistema inmunitario, y no en la detección directa del VIH en sí mismo.

La mayoría de las personas crean anticuerpos contra el VIH1/2 en un plazo de 28 días, por lo que los anticuerpos pueden no ser detectables poco después de la infección. Esta fase inicial de la infección es la de mayor infectividad; no obstante, la transmisión del VIH puede tener lugar en todos los estadios de la infección.

Las prácticas óptimas aconsejan repetir las pruebas en todas las personas diagnosticadas como VIH-positivas antes de que empiecen a recibir atención o tratamiento, a fin de descartar posibles errores de las pruebas o de la notificación.

Las pruebas de detección han de ser voluntarias: se debe reconocer el derecho de las personas a declinar someterse a ellas. La realización de pruebas obligatorias o bajo coacción, ya sea por parte de un profesional sanitario, una autoridad, la pareja sexual o un miembro de la familia, es inaceptable pues es contraria a la buena práctica de la salud pública y constituye una violación de los derechos humanos.

Algunos países han introducido como alternativa las pruebas realizadas por el propio paciente, o están pensando hacerlo. Con estas pruebas, la persona que quiere conocer su estado recoge la muestra, realiza la prueba e interpreta sus resultados en privado. Las pruebas realizadas por el propio paciente no ofrecen un diagnóstico definitivo, sino que requieren nuevas pruebas realizadas por un profesional sanitario siguiendo un algoritmo validado a nivel nacional.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Repu?blica exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a los Institutos de Salud de las Entidades Federativas a que brinden un tratamiento oportuno, con los mejores esquemas disponibles de antirretrovirales, en beneficio de la calidad de vida de los portadores del VIH/SIDA y de sus familias.

SEGUNDO.- El Senado de la Repu?blica exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a que realice una base de datos a nivel nacional de los pacientes que son tratados por VIH/SIDA en las diferentes Instituciones de Salud, ya sean federales o estatales, para que se registre el seguimiento oportuno y puntual al estado de salud y los tratamientos que se han brindado, evitando que, aunque migren a otro de salud, se tenga la informacio?n cli?nica actualizada para no suspender la medicacio?n y en consecuencia el deterioro de la salud del paciente.

TERCERO.- El Senado de la Repu?blica exhorta respetuosamente a la Secretari?a de Salud y a los Institutos de Salud de las Entidades Federativas a continuar realizando esfuerzos en las campan?as de prevencio?n que evite la.propagacio?n del VIH/SIDA, asi? como minimizar el retraso en el diagno?stico de la misma, utilizando las pruebas ra?pidas de deteccio?n.

CUARTO.- El Senado de la Repu?blica exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacio?n y a la Secretari?a de Salud, para que de manera coordinada y en el a?mbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campan?as para prevenir y erradicar la discriminacio?n de personas con VIH/SIDA e instrumenten acciones y campan?as de informacio?n dirigidas a la prevencio?n y deteccio?n oportuna de esta enfermedad.

QUINTO.- En el marco del Día Mundial del SIDA, con el tema "Mi salud, mi derecho", se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), a enviar al Senado de la República un informe detallado acerca de los avances en la implementación del Programa de Acción Específico "Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-2018", con énfasis en los resultados relativos a garantizar el derecho a la salud para las personas que viven con el VIH.

SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de concientización e información del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en la sociedad mexicana con motivo del día Mundial de la Acción contra el SIDA celebrado el 1 de diciembre de cada año.

COMISIÓN DE SALUD.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión.

Consulto a la Asamblea si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar las gestiones para incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo relativo a las enfermedades renales crónicas.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de diciembre de 2017, las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento de la enfermedad renal crónica.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Las Senadoras Proponentes pretenden incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento de la enfermedad renal crónica.

III. CONSIDERACIONES

A. La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.

La enfermedad renal crónica (ERC) empeora lentamente durante meses o años. Es posible que no note ningún síntoma durante algún tiempo. La pérdida de la función puede ser tan lenta que usted no presentará síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar.

La etapa final de la ERC se denomina enfermedad renal terminal (ERT). En esta etapa, los riñones ya no tienen la capacidad de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo. En ese momento, usted necesitaría diálisis o un trasplante de riñón.

La diabetes y la hipertensión arterial son las 2 causas más comunes y son responsables de la mayoría de los casos.

B. Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, por ejemplo:

• Trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia)

• Defectos de nacimiento (anomalías congénitas) de los riñones (como la poliquistosis renal)

• Ciertos productos químicos tóxicos

• Lesión al riñón

• Infección y cálculos renales

• Problemas con las arterias que irrigan los riñones

• Algunos medicamentos como calmantes del dolor (analgésicos) y fármacos para el cáncer

• Flujo retrógrado de orina hacia los riñones (nefropatía por reflujo

La ERC lleva a una acumulación de líquido y productos de desecho en el cuerpo. Este padecimiento afecta a la mayoría de las funciones y de los sistemas corporales, incluso:

• Hipertensión arterial

• Hemogramas bajos

• Vitamina D y salud de los huesos

C. Los primeros síntomas de la ERC también son los mismos que los de muchas otras enfermedades. Estos síntomas pueden ser el único signo de un problema en las etapas iniciales.

Los síntomas pueden incluir:

• Inapetencia

Sensación de malestar general y fatiga

Dolores de cabeza

• Picazón (prurito) y resequedad de la piel

Náuseas

Pérdida de peso sin proponérselo 

Los síntomas que se pueden presentar cuando la función renal ha empeorado incluyen:

Piel anormalmente oscura o clara

• Dolor de huesos

Somnolencia o problemas para concentrarse o pensar

Entumecimiento o hinchazón en las manos y los pies

Fasciculaciones musculares o calambres

Mal aliento

• Susceptibilidad a hematomas o sangre en las heces

Sed excesiva

• Hipo frecuente

• Problemas con la actividad sexual

• Detención de los períodos menstruales (amenorrea)

• Dificultad para respirar

• Problemas de sueño

• Vómitos

D. La mayoría de las personas presentará hipertensión arterial durante todas las etapas de la ERC. Al hacer un examen, su proveedor de atención médica también podría oír ruidos cardíacos o pulmonares anormales en su pecho. En un examen del sistema nervioso, usted podría mostrar signos de daño a nervios.

Un análisis de orina puede revelar proteína u otros cambios. Estos cambios pueden surgir de 6 a 10 meses antes de que aparezcan los síntomas.

Los exámenes para verificar qué tan bien están funcionando los riñones incluyen:

Depuración de creatinina

• Niveles de creatinina

• Nitrógeno uréico en la sangre (BUN, por sus siglas en inglés)

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud realice las gestiones y ajustes presupuestales pertinentes, a fin de incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos con la finalidad de garantizar una mayor cobertura de las enfermedades catastróficas.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar la deficiencia renal crónica.

COMISIÓN DE SALUD.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El cuidado de la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente en la ausencia de acciones y enfermedades, constituye uno de los ejes rectores del Estado mexicano y sus instituciones de salud.

Debido a esta consideración, es necesario identificar y superar de manera permanente las limitaciones, aún presentes en nuestro sistema de salud, para asegurar que su acceso sea oportuno, adecuado y universal con servicios de calidad y calidez.

Una de estas áreas de oportunidad, plenamente identificada, es ampliar el Catálogo Universal de Servicios de Salud, ya que hasta el día de hoy no prevé el tratamiento de hemodiálisis para aquellos pacientes que presentan y sufren de insuficiencia renal.

Por sus repercusiones físicas y altos costos del tratamiento, la insuficiencia renal está considerada como una enfermedad catastrófica en virtud de los efectos económicos devastadores que causa al patrimonio de las familias de quien la padece.

Para tener una idea general de esta problemática, en nuestro país, basta señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 13 millones de mexicanos padecen una enfermedad renal, y cada año al menos 13 mil 300 personas pierden la vida por este padecimiento.

La insuficiencia renal, representa una de las principales causas de muerte entre la población de 60 años y más, producido por las complicaciones de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad.

Bajo estas consideraciones, los integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones realice las acciones necesarias a fin de incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos e incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud, los tratamientos de hemodiálisis y diálisis.

Votaremos en este sentido, convencidos de que con su aprobación se incrementarán los recursos económicos, humanos y la infraestructura para los tratamientos, en beneficio de las personas que presentan esta enfermedad y serán más los fondos para la aplicación de la hemodiálisis, diálisis peritoneal y los trasplantes renales.

De ahí la necesidad de incrementar el porcentaje previsto para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a fin de poder incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud el tratamiento de la insuficiencia renal y poder brindar un servicio de salud que garantice el bienestar de los mexicanos, ya que muchas familias mexicanas no pueden costear los tratamientos en los centros privados que en promedio asciende a más de 250 mil pesos anuales.

Los legisladores del PRI consideramos que estos esfuerzos deben venir acompañados del fortalecimiento de las campañas de información y concientización, que tengan como objeto el fomentar la actividad física y la adopción de esquemas de salud, para disminuir los índices de sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes en nuestro país.

Compañeras y compañeros legisladores, la insuficiencia renal es una de las principales causas de hospitalización y demanda en el servicio de urgencias del sistema de salud, ya que cada año se registran al menos 40 mil nuevos casos de insuficiencia renal.

Nuestro marco jurídico es muy claro al indicar que la protección de la salud, entre otras cuestiones, comprende la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana, el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y la identificación y acceso a tratamientos oportunos.

Por ello, desde mi grupo parlamentario, los exhortamos para que cerremos filas a contribuir a la implementación de un modelo integral de atención médica de calidad, accesible y con políticas empresariales, intersectoriales en favor de los mexicanos y en especial de los más vulnerables, quienes ven mermado su derecho a la salud por los altos costos de los tratamientos para atender la insuficiencia renal.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dorantes Martínez.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Sin duda que éste es uno de los temas más sensibles que debieran de conmover la conciencia de este Senado de la República.

Estamos hablando de que miles y miles de personas se mueren cada año por este padecimiento y mueren en las condiciones más inhumanas, y mueren en la desesperanza absoluta para que algún día pueda curarse alguna persona que padece la insuficiencia renal.

Hemos insistido que el Estado mexicano debiera de implementar a partir de las experiencias dolorosas que se tienen sobre el sufrimiento de las personas que padecen diabetes y, en consecuencia, luego le generan insuficiencia renal, que desde la educación debiera de implementarse la obligación del desayuno escolar como una forma de prevenir este padecimiento.

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y Sedentarismo, realizada en la sede de la FAO en Roma, en el 2014, instruyó a los Estados miembros a que iniciaran la ruta de que los infantes del mundo fueran atendidos con una alimentación sana, suficiente y nutritiva, y se atacara de manera frontal al sedentarismo como las dos causas que genera la diabetes infantil y que hacen que la población esté propensa a la insuficiencia renal.

México es un Estado miembro de la FAO, sin embargo, a pesar de que los Acuerdos de Roma aquí los votamos con un punto de Acuerdo para que el Ejecutivo Federal los hiciera suyos, la situación, la situación sigue siendo exactamente la misma.

En el último informe del ciudadano Enrique Peña Nieto, cuando revisamos, por ejemplo, el tema de las escuelas de tiempo completo, es verdaderamente caótico ver cómo, con cifras maquilladas ahí sostenían que habían incrementado el 270 por ciento, las escuelas de tiempo completo, pero la realidad lastimosa es que de los 26 millones de infantes que tiene el Sistema Educativo Nacional, solamente se atendieron a 3 millones de éstos; 23 millones siguen en condiciones de desatención absoluta en materia alimentaria, más de 12 millones de nuestros niños están en esta condición en el país.

También señalamos con mucha puntualidad que en materia de educación física era insuficiente y era verdaderamente lamentable la actitud del gobierno de la República de seguir sosteniendo que una hora de educación física en preescolar y una hora de educación física en primaria es suficiente para eliminar el sedentarismo, que es una de las causas que generan la diabetes y, en consecuencia, generan también la insuficiencia renal, dos horas de educación física en secundaria.

Compañeras, compañeros, no hay recurso que alcance para atender esta enfermedad, no hay recurso que alcance y la gente se está muriendo.

La compañera que me antecedió en el uso de la palabra, menciona una cifra anual, 250 mil pesos por año para atender este padecimiento, díganme qué mexicana y o mexicano que gana un promedio, cuando tienen un buen sueldo, de 5 mil pesos mensuales, le alcanzaría para atenderse este padecimiento. Se mueren.

Se mueren, no hay de otra, se mueren ante la indiferencia de los que podemos ponerle fin al problema de esta situación.

Por supuesto que estamos a favor de este punto de Acuerdo, pero tenemos que ir más allá, nosotros seguiremos insistiendo que en el presupuesto anual se destine una cantidad específica para atender a todas estas personas que tienen este padecimiento. La insuficiencia renal es una de las causas que más muertes generan en este país año con año.

Es bueno que lo planteemos, pero en un punto de Acuerdo es insuficiente.

Por eso tenemos que ir más a fondo para que desde el Senado de la República sigamos levantando la voz y exigiendo que sea en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, no como un exhorto, sino como una obligación para que estos enfermos ya no se nos mueran de la manera tan cruel en que hoy están muriendo.

Por su atención, muchas gracias.

Y a favor del punto de Acuerdo.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Demédicis.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Con permiso de mis compañeras Senadoras y Senadores:

Incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos e incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, es un acto de justicia destinado a brindar opciones de atención a la salud, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida para los miles de mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Es necesario que se reconozca la enfermedad renal crónica como un problema de salud pública y se actúe en consecuencia.

Las repercusiones de la falta de accesibilidad a servicios por parte de la población con y sin Seguridad Social, revelan que tenemos un sistema inequitativo, fragmentado y sumamente ineficiente, que no reconoce prioridades de inversión oportuna de los recursos en acciones de salud que garanticen mejores resultados.

Entre 2016 y 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó 239 mil millones de pesos, afectando al Seguro Popular y Gastos Catastróficos.

No todos los mexicanos tienen igualdad de oportunidad para acceder al tipo de servicios que necesitan de acuerdo con su condición de salud, a pesar de que el artículo 4o. de la Constitución Política estipula que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 70 por ciento de todas las muertes, en gran medida el problema es consecuencia de falta de acción, desarticulación institucional y procesos mal encaminados.

La enfermedad renal crónica es un problema de grandes dimensiones en México, cuyas proporciones e impacto apenas hemos empezado a entender, el problema en su mayor parte es consecuencia de enfermedades crónicas mal atendidas.

Desafortunadamente, a la fecha no contamos con información precisa, pues no existe en México un registro nacional centralizado de casos de padecimientos renales de gran valor para su caracterización, determinación de incidencias y prevalencias, análisis de costo, planeación de acciones y recursos, ya que muchas de las verdaderas causas de muerte que serían atribuibles a la enfermedad, su progresión desde las etapas tempranas quedan ocultas dentro de un genérico que casi siempre se reporta como muertes por enfermedades cardiovasculares.

A pesar del subregistro, fuentes oficiales citan a la enfermedad renal crónica dentro de las primeras diez causas de la mortalidad generadas entre 2007 y 2016.

La población adulta que en nuestros días padece enfermedades renales crónicas, secundaria diabetes en México, etapas 1 a 3, es una alrededor de 6.2 millones, y debería ser identificada, caracterizada y tratada por médicos generales, familiares, internistas, nutriólogos, psicólogos y expertos en activación física, de acuerdo con un protocolo de atención en clínicas de medicina familiar, áreas de nefrología que aquí, por cierto, en 2013 se legisló para la implantación de estos centros en cada hospital de nuestro país.

La población de mayor pobreza, como la del campo, los obreros de construcción, las familias indígenas donde carecen de servicios de agua potable, tienen Coca Cola en sus mesas, que es más cara que la leche.

Por lo que la enfermedad crónica degenerativa, como la diabetes mellitus, decanta en la insuficiencia renal, sólo por mencionar uno de los más graves y que no está considerado en la cobertura del Seguro Popular, y que, por consecuencia, no las demanda la población, así como los gastos catastróficos y los tratamientos de diálisis y hemodiálisis.

Medicinas que como lo trató aquí el Senador Patricio Martínez, se incrementan más del 30 por ciento sin contar con que no hay regulación en el precio de los medicamentos.

Es necesaria infraestructura básica, medicamentos y reactivos de laboratorio para diagnóstico y seguimiento, así como programas de capacitación y supervisión por médicos nefrólogos, certificados, sobre la ejecución de los protocolos clínicos, trabajando en equipo con el fin de evitar que la enfermedad progrese y lograr que el mayor número de casos de etapas primarias se revierta y recupere la reserva renal.

Esta política debe tener metas claras y enfocadas en cada ciudadano, y su gestión debe contar con todos los elementos que se incluyan en el protocolo de práctica clínica.

De ahí, compañeras y compañeros, la importancia de aprobar estos puntos de Acuerdo en favor de este tema.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Palafox.

Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En virtud de haberse agotado la lista de oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictámen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por unanimidad el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo del alcohol en la población. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo al consumo de alcohol.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de diciembre de 2017, Los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentarón una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los Senadores Proponentes pretenden que se fortalezca las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo en exceso de bebidas alcohólicas trae muchas consecuencias a la sociedad, señalando datos y cifras a considerar:

• Cada año se producen 3,3 millones de muertes alrededor del mundo debido al consumo nocivo de alcohol, representando un 5,9% de todas las defunciones. 

• El uso nocivo de alcohol es un factor casual en más de 200 enfermedades y trastornos. 

• En un aspecto general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad (EVAD). 

• El consumo de alcohol provoca discapacidad y defunción a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. 

• Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. 

• Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo de alcohol y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida. 

• Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas, como para la sociedad en su conjunto. 

B. La OMS define al alcohol, como “una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, la cual se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos”. El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades.

De igual manera, señala que el alcohol afecta a las personas y las sociedades de distintas maneras, siendo sus efectos determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos del consumo y, en raras ocasiones, la calidad del alcohol. 

No obstante, no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables converjan en una persona, más probable será que esa persona desarrolle problemas relacionados con el alcohol como consecuencia del consumo de alcohol.

En lo que respecta a la mortalidad y morbilidad, así como a los niveles y hábitos del consumo de alcohol, existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones atribuibles al consumo de alcohol entre los hombres asciende al 7,6% de todas las defunciones, comparado con el 4% entre las mujeres, siendo en el 2010, el consumo de alcohol per cápita en todo el mundo un promedio de 21,2 litros de alcohol puroentre los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres.

C. Se tiene en cuenta, que los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos achacables al consumo de alcohol se pueden reducir eficazmente mediante medidas aplicadas al grado, las características y las circunstancias en que se produce la ingestión, así como a los determinantes sociales de la salud.

La OMS nos destaca diferentes formas de reducir la carga del consumo nocivo de alcohol, mencionando que le compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas para disminuir el consumo nocivo del alcohol, como lo son:

• Regular la comercialización de las bebidas alcohólicas (en particular, la venta a los menores de edad); 

• Regular y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas; 

• Promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad; 

• Reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y de fijación de precios; 

• Aumentar la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas; 

• Proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que padecen trastornos por abuso del alcohol y; 

• Poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el consumo peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas. 

Aunado a lo anterior, en 2010 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que hace suya la estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol, y por la que insta a los países a que fortalezcan las respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por su uso, la cual implica un compromiso colectivo de los Estados miembros de la OMS para aplicar constantemente medidas enderezadas a reducir la carga mundial de morbilidad causada por el consumo nocivo.

Explica la OMS, que las opciones de política y las intervenciones que se pueden aplicar a escala nacional pueden agruparse en 10 puntos, que se complementan y apoyan las unas a las otras:

• Liderazgo, concientización y compromiso. 

• Respuesta de los servicios de salud. 

• Acción comunitaria. 

• Políticas y medidas contra la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. 

• Disponibilidad de alcohol. 

• Comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas. 

• Políticas de fijación de precios. 

• Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la embriaguez. 

• Reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de producción informal. 

• Seguimiento y vigilancia. 

D. De acuerdo por un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud el 12 de mayo del 2016, México se sitúa como el décimo país en consumo de alcohol per cápita en América Latina. De acuerdo con el informe, América Latina es la segunda región con mayor consumo de alcohol después de Europa.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes que son el sector más vulnerable, lo cual atenta contra su salud e integridad.

COMISIÓN DE SALUD.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El alcoholismo es una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, económicas, de género ni de edad.

El consumo del alcohol daña a la salud de las personas en distintas formas, por ejemplo, provoca lesiones en órganos y tejidos, induce a comportamientos riesgosos durante la fase de intoxicación etílica y favorece el trastorno por consumo de alcohol.

Además, existen más de 60 afectaciones provocadas exclusivamente por la ingesta de alcohol; y poco más de 200 en las que su consumo puede tener una repercusión negativa en la salud.

El alcoholismo puede generar repercusiones sociales y económicas, razón por la que resulta preocupante el incremento de un consumo excesivo de este producto entre la población, principalmente en los jóvenes.

Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, señala que uno de cada cuatro estudiantes de primaria han consumido bebidas alcohólicas al menos una vez y el consumo excesivo se presenta en el 2.4 por ciento de los estudiantes.

En el caso de los estudiantes de secundaria, el 42 por ciento de los hombres y casi el 40 por ciento de las mujeres reportan haber ingerido bebidas etílicas y en el nivel Medio Superior la cifra aumenta a 74.5 por ciento y 73.3 por ciento, respectivamente.

Estudios señalan que los jóvenes que inician a consumir bebidas alcohólicas a los 15 años, tienen cinco veces más probabilidades de sufrir trastornos de consumo de alcohol, cuatro veces más de desarrollar dependencia etílica, y casi siete veces más de sufrir lesiones a consecuencia de accidentes automovilísticos o riñas.

Compañeras y compañeros, los legisladores del PRI consideramos que ante el incremento de la ingesta de bebidas embriagantes entre la población, resulta necesario fortalecer las políticas públicas para prevenir e inhibir su consumo, principalmente entre la población más joven.

En el grupo parlamentario del PRI reafirmamos nuestro compromiso por impulsar las acciones preventivas que permitan un desarrollo pleno de nuestras niñas, niños y jóvenes.

El objetivo es claro, evitar todo tipo de acciones entre este sector de la población que constituye el presente y el futuro de nuestro país.

En razón de estos argumentos, el grupo parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen. Muchas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Merodio.

Se insertan intervenciones de los Senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge Toledo Luis.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Jorge Toledo Luis: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de Acuerdo en materia de fibromialgia.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de noviembre de 2017, la Senadora Carmen Dorantes Martínez, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de Economía de las entidades federativas a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con alto riesgo de padecimiento de fibromialgia. 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha proposición con punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Senador Proponente pretende instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con alto riesgo de padecimiento de fibromialgia. 

III. CONSIDERACIONES

A. La fibromialgia es una condición que causa dolor en los músculos y cansancio. Las personas que sufren esta condición sienten "puntos sensibles" en el cuerpo. Estos puntos se encuentran en el cuello, hombros, espalda, cadera, brazos y piernas.

Estos puntos duelen cuando se los presiona.

• Dificultad para dormir

• Rigidez en los músculos por la mañana

• Dolores de cabeza 

• Períodos menstruales dolorosos

• Adormecimiento de las manos y pies

• Problemas con el pensamiento y la memoria, algunas veces llamados "lagunas".

Nadie conoce la causa de la fibromialgia. Cualquiera puede tenerla, pero es más común en las mujeres de mediana edad. Las personas con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes tienen mayores probabilidades de desarrollar fibromialgia.

No existe una cura, pero las medicinas pueden ayudar a controlar los síntomas. Dormir suficiente, llevar una dieta saludable y hacer ejercicio también puede ayudar.

B. La fibromialgia afecta aproximadamente entre un 2 a un 5% de la población general de diferentes países:

• Alemania: 3,2%

• España: 2,4% (Entre 0,7 a un 20% en diferentes estudios)

• Estados Unidos: 2%

• Francia: 1,4%

• Italia: 3,7%

• Portugal: 3,6%

• Suecia: 2,5%

• México 2,3%

Afecta a las mujeres 10 veces más que los hombres.

Se observa mayoritariamente entre los 20 y los 50 años de edad, aunque existen casos de niños y ancianos aquejados de esta enfermedad. Entre 10 y 20% de los ingresos a clínicas especializadas en reumatología reciben el diagnóstico de fibromialgia, sin embargo se estima que alrededor del 90% de quienes deberían enmarcarse en un cuadro de fibromialgia permanecen sin diagnóstico, ya sea por desconocimiento del personal sanitario acerca de la misma o porque muchos profesionales no la reconocen como enfermedad.

Las personas con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes tienden particularmente a desarrollar fibromialgia.

C. En el tratamiento de la fibromialgia se incluyen fármacos de los siguientes tipos:

Antidepresivos tricíclicos.

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

Antidepreseivos inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina.

Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa.

Antiinflamatorios no esteroidales.

Antiepilépticos (o reguladores del ánimo).

• Agonistas GABA.

Hipnóticos.

Relajantes musculares.

• Terapia hormonal.

La dieta sin gluten ha demostrado ser un eficaz tratamiento que consigue la remisión total o la mejoría de los síntomas en una parte de pacientes con fibromialgia, en los cuales el cuadro clínico es motivado por la presencia de una enfermedad celíaca no reconocida ni diagnosticada, o una sensibilidad al gluten no celíaca.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

U?NICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y de Economía así como a las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia.

COMISIÓN DE SALUD.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente.

Compañeros Senadores:

A pesar de los importantes avances en la ciencia y tecnología, así como los descubrimientos e innovaciones que se han dado en campo de la medicina, existen padecimientos que aún desconocemos o cuya detección es reciente, tal es el caso del síndrome de la fibromialgia.

La fibromialgia es un padecimiento que se presenta con frecuencia, pero aún es poco conocida.

Su reconocimiento data de 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Anteriormente no era considerada una enfermedad, sino una condición sintomática de origen desconocido.

Hoy podemos afirmar que la fibromialgia es un desorden muscular que se caracteriza por el dolor crónico generalizado, cansancio, alteraciones de sueño, ansiedad y sensibilidad exagerada a la presión de determinadas zonas del cuerpo, limitando las actividades de quien lo padece.

Las personas que sufren esta condición sienten puntos sensibles en el cuerpo, cuello, hombro, espalda, cadera, brazos y piernas.

Se estima que afecta entre 2 y 5 por ciento de la población mundial y se encuentra como la tercera causa de consulta con los reumatólogos.

Después de la Artritis y Osteoartritis, su incidencia es más frecuente entre mujeres, ya que 9 de cada 10 casos se da en el sector femenil.

En nuestro país no hay cifras exactas sobre el número de personas que padecen esta enfermedad, aunque cabe señalar que desde el año 2000 los especialistas dan atención a pacientes jóvenes que lo padecen en un rango entre 15 y 23 años.

Es importante, para poder avanzar en el conocimiento de esta enfermedad a través de los estudios realizados por especialistas mexicanos, descubrieron que la fibromialgia puede desencadenarse por eventos traumáticos o psicológicos.

Además, México participa en la conmemoración del “Día Mundial de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica”, celebrado el día 11 de mayo de cada año por medio de jornadas, donde especialistas hablan sobre las tendencias nacionales y mundiales relacionadas con este padecimiento.

La profundización en el conocimiento de la fibromialgia está aún pendiente en nuestra agenda de salud, y en promedio, una persona con fibromialgia recibe su diagnóstico después de haber consultado a 7 especialistas durante un periodo de 3 y 4 años, debido a que se desconoce su etiología.

Además, se estima que alrededor del 90 por ciento de quienes deberían enmarcarse en un cuadro de fibromialgia, permanecen sin diagnóstico, ya sea por desconocimiento del personal sanitario a cerca de la misma o porque muchos profesionales no la reconocen como enfermedad.

De ahí el presente exhorto a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada atención, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia.

Compañeros Senadores, la protección de la salud es un derecho que nos debe ser garantizado a todos, sin distinción.

La salud y nuestro bienestar constituyen derechos primordiales que nos deben ser garantizados a todos los mexicanos. Ello, indudablemente, tendrá efectos positivos en la consolidación de un país más fuerte.

Es por ello que estamos a favor de impulsar acciones que nos permitan avanzar en el mayor conocimiento y mejor tratamiento de enfermedades que limitan el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.

El grupo parlamentario del PRI apoya este dictamen y los invitamos a votar a favor de ello.

Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, Senadores.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senadora Cristina Díaz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Aprobado el dictamen.

Comuníquese.






Tenemos la discusión de cinco dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que contienen puntos de Acuerdo. Todos están publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








Doy lectura al segundo dictamen:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








Doy lectura al tercer dictamen.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








Doy lectura al cuarto dictamen:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)








Doy lectura al quinto dictamen:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión los dictámenes.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a todos los dictámenes.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con su venia.

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia están presentando, perdón, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia está presentando estos cinco dictámenes que son importantes, la comisión vuelve a insistir en que el caso particular que ha motivado a diversos Acuerdos para que ninguna niña, ningún niño en el país se quede sin su acta de nacimiento, es algo que necesitamos garantizar.

Por desgracia, las dificultades para la implementación de la ley en esta materia y todos estos Acuerdos que van dirigidos a que las niñas y los niños no sufran ningún tipo de discriminación, sobre todo quienes se encuentran marginados, quienes enfrentan situaciones complicadas de discriminación en sus familias, en los lugares donde viven, tengan derecho garantizado, en este caso, a su identidad.

De tal manera que es totalmente pertinente seguir insistiendo en que los congresos locales, los gobiernos locales garanticen que ninguna niña, ningún niño, que estos programas dirigidos para que puedan tener su acta de nacimiento, sean accesibles a todos los lugares del país.

En ese aspecto también importa muchísimo que las entidades federativas atiendan desde el interés superior de la niñez, garantizar la tutela juridicial efectiva, con celeridad y garantizando, además, el debido proceso para proteger a las niñas y los niños.

No es lo mismo estar hablando de una persona adulta a una pequeña o un pequeño que va a dar a un DIF mientras su familia se encuentra, sus padres, su madre se encuentran frente a una situación de divorcio o cuando hay una afectación de otro tipo en donde es difícil puedan ser restituidos de sus derechos cuando están sufriendo este tipo de traumas.

Por eso es importante que haya una protección de las niñas y los niños, insisto, en el interés superior de la niñez, porque ningún otro interés, ningún otro interés puede estar por encima de ella y de ellos.

También estamos planteando que las 32 entidades federativas fortalezcan sus estrategias y planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia, a fin de que se garantice un entorno adecuado que haga asequible el pleno desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes en nuestro país.

Perdonen que insistamos siempre, Senadoras y Senadores, si las niñas y los niños están educados en que no padecen ningún tipo de violencia, en que son protegidos de cualquier forma de violencia, podremos lograr que tengan un desarrollo libre de su personalidad, que puedan tener los menos sinsabores y traumas que, desgraciadamente, les afecta para toda su vida cuando sufren violencia.

Hay zonas en el país que son muy complicadas, pero tenemos que seguir insistiendo desde esta comisión y desde este Senado, atendiendo además a las propuestas que muchos de ustedes han hecho, en el sentido de que se garantice, por parte de las entidades federativas, por parte de los ámbitos municipales, siempre la protección de todo tipo de violencia.

El otro punto de Acuerdo que nos parece también importante destacar tiene que ver con solicitarle al titular del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que nos envíe el informe al que está obligado a partir de lo que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Necesitamos, antes de irnos, conocer de manera puntual cómo está funcionando este sistema, cómo está articulándose con los sistemas estatales y, sobre todo, los sistemas municipales, y cómo está logrando la articulación con todas estas estrategias a nivel nacional que permitan que, además de garantizar que la Administración Pública Federal atienda lo que le corresponde y que está planteado en esta ley, también articule las directrices de coordinación y de coadyuvancia que tienen que ser inscritas para el ámbito local.

Por eso, en este sentido y a partir de distintas preocupaciones, estamos pidiéndole que nos informe cómo están enmarcadas las tareas que realiza desde este sistema con el Plan Nacional de Desarrollo y, sobre todo, a partir de que ya son tres años de que entró en vigor esta importante ley que, por cierto, tuvo como Cámara de origen el Senado de la República.

Es cuanto y agradecemos a todas y a todos ustedes la votación favorable a estos puntos de Acuerdo, que a nombre de la Presidenta, la Senadora Martha Elena García, presentamos ante ustedes, la Presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, presentamos ante ustedes.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Informo a esta Soberanía que se recibió el texto de la participación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, sobre el dictamen que exhorta a atender los principios de interés superior de la niñez, que se insertará en el Diario de los Debates.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se inserta intervención de la Senadora Martha Elena García Gómez, en relación con el dictamen que exhorta a atender los principios de interés superior de la niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y debido proceso a fin de proteger a niñas y niños que han sido sustraídos de su residencia habitual por alguno de sus progenitores y asegurar su pronta restitución.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se concede el uso de la tribuna al Senador Rubén Zuarth Esquinca, para referirse al dictamen que exhorta a implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales.

El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos años se han emprendido múltiples esfuerzos para fortalecer el derecho a la identidad de la población mexicana. No obstante, aún persisten grandes desafíos como la situación que enfrentan las comunidades rurales, especialmente en aquellas de mayor marginación.

A partir de la reforma que se hizo en el párrafo octavo del artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, comenzamos un nuevo paradigma a la protección de este derecho humano.

Al elevar a rango constitucional el derecho a la identidad el Estado mexicano refrendó su compromiso histórico con la niñez.

Además de estar en armonía con instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 6 dispone que, todo ser humano tiene derecho, en todas partes, a reconocimiento de su personalidad jurídica.

Incluso voy más allá, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en favor de avanzar hacia el acceso universal, al derecho de la identidad en todo el territorio nacional, en todo nuestro país; sobre todo para las familias con menos recursos y en mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Sin embargo, el reto sigue siendo mayúsculo, sigue siendo por demás importante, prueba de ello es que de acuerdo con UNICEF, en el año 2015, en nuestro país, más de 1 millón 300 mil personas no tenían registro de acta de nacimiento, de las cuales, compañeras y compañeros Senadores, 60 por ciento de ellos eran niñas y niños adolescentes.

En relación al exhorto formulado, cabe mencionar que dicho fenómeno se concentra en niñas y niños en edades tempranas, por mencionar un ejemplo, en Chiapas, 28 mil de éstos son niñas y niños adolescentes en zonas rurales de alta marginación y situación de pobreza, así como mayor presencia de población indígena.

El Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, recomendó redoblar esfuerzos para asegurar el registro universal de nacimiento, incluyendo la implementación de las reformas legales necesarias, y adoptando los procedimientos requeridos a nivel estatal y municipal de las niñas y niños indígenas, afromexicanos y migrantes que residen en áreas remotas.

Bajo esta tesitura resulta oportuno hacer énfasis en que la identidad constituye un elemento indispensable para que las niñas y los niños puedan hacer efectivo el ejercicio de derechos fundamentales como: recibir alimentos, servicios de salud, educación de calidad y un sano esparcimiento.

En el caso contrario, la ausencia de registro de nacimiento coloca a las niñas y niños de México en una marcada situación de vulnerabilidad, aspecto que se agrava todavía más cuando los menores de edad forman parte de sectores poblacionales de escasos recursos.

Compañeras y compañeros, el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos se ha constituido como uno de los ejes rectores y principales del Estado mexicano, así lo advierte el permanente fortalecimiento del orden jurídico nacional en la materia.

Al efecto uno de los derechos de mayor relevancia es el relativo a la identidad mediante la expedición gratuita del acta de nacimiento, repito bien, mediante la expedición gratuita del acta de nacimiento, documento medular para hacer asequible el desarrollo de la población.

Por ello, los invitamos a votar a favor de exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y a sus órganos registrales a implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales, particularmente en aquellas de más alta marginación.

Nuestras niñas, niños y adolescentes nos lo van a agradecer. Muchas gracias, compañeros.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Zuarth Esquinca.

Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la participación del Senador Sofío Ramírez Hernández sobre el dictamen que exhorta a fortalecer las estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho penal, como lo apunta el Dr. Enrique Díaz Aranda, puede partir de dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero "es sinónimo del derecho a penar que tiene el Estado, el cual es más conocido por su denominación latina: ius puniendi, y se puede definir como la facultad que tiene el Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer las sanciones penales a quienes las realizan".1 De esta manera, a quien se considera transgresor de la norma, es decir, aquel que perpetra alguna de las conductas tipificadas como delito, el Estado puede imponerle alguna pena o medida de seguridad.

Por otro lado, "cuando el Estado ejerce la facultad de emitir normas penales da origen al llamado derecho penal objetivo, el cual podemos definir como el sistema de normas contenidas en las leyes emitidas por el Estado para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas prohibidas y establecer los requisitos para sancionarlas como delitos con penas o como injustos con medidas".2

Ahora bien, las penas que históricamente han marcado el devenir del derecho penal son las de muerte y las de prisión, toda vez que tanto la vida como la libertad fungen como los bienes jurídicos o valores más preciados por la sociedad.

Los aspectos de carácter histórico del ius puniendi dan cuenta de la enorme evolución que ha tenido su concepción hasta la actualidad. Cabe recordar que, en un inicio, el derecho a castigar el delito se circunscribía a una especie de venganza privada, es decir, la facultad de punir podía corresponder a la víctima o incluso a sus familiares, cuestión que permitió una serie de excesos para llevar a cabo dicha venganza.

Derivado de los excesos referidos, surgió el principio de la Ley del Talión (ojo por ojo diente por diente), el cual moderó ese castigo, fundando ahora la venganza en una pena que causara el mismo mal por el daño que se había hecho. En este sentido, se concibe que la pena tiene un fin en sí misma, es decir, se entiende como un castigo, dolor o afición que se aplica al sujeto por el daño que causó con su conducta.

Posterior a la etapa de la venganza privada, diversos autores coinciden en una transición hacia la venganza pública, la cual se caracterizó por diferenciar entre conductas que lesionaban intereses particulares de las conductas que lesionaban el orden público; de esta forma, el ius puniendi se trasladó a los tribunales, los cuales tenían la facultad de juzgar en nombre de la colectividad. Esta etapa tuvo tintes de prevención general, prevaleciendo la pena como una acción tendiente a intimidar a la sociedad para que la conducta no fuera cometida.

Esa etapa intimidatoria, si bien fue un paso fundamental para la institucionalización de la pena, también incentivó que las clases dominantes, o en el poder, utilizaran el derecho penal para someter a los demás a sus propios intereses a través de la represión o penas excesivas y caprichosas, fundadas en la protección y defensa de la voluntad soberana.

Consecutivamente se dio paso a una etapa o periodo humanitario, el cual surge a raíz de los excesos que imperaban en la aplicación de las penas. Las ideas que sustentaron esa corriente lograron limitar el ejercicio abusivo del poder, dando pie a la legalidad en la determinación de los delitos y la aplicación de las penas.

Aun cuando la humanización se convirtió en otro gran adelanto para el derecho penal, es una realidad que la llegada de una etapa científica sentó las bases para que la justicia atendiera a las características del delincuente. En este sentido, previo al derecho a penar, se comienza a considerar que el delito es una consecuencia de diversos factores que llevan al sujeto a delinquir, quien se convierte en la principal preocupación para que la sanción a aplicar tenga una utilidad. De tal suerte, la pena se convierte en un medio para alcanzar un fin, readaptar (hoy en día reinsertar) al sujeto y conservar los intereses sociales.

En lo expuesto con antelación, de forma sucinta y poco detallada, se ha abordado la parte histórica de lo que concierne en gran medida a la presente iniciativa; sin embargo, lo descrito sirve para dar un panorama general sobre la evolución que ha tenido el multirreferido ius puniendi.

Como puede constatarse, el derecho penal es el género y la parte sustantiva en la que se concentra todo un sistema normativo relativo a los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Como parte adjetiva, el derecho procesal penal establece el camino a seguir para hacer realidad lo establecido en la legislación, a través de las normas, formas, herramientas y formalidades se garantiza que el sujeto al que se le imponga una pena haya tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio.

Ahora bien, la parte ejecutiva del derecho penal se exterioriza una vez que, dictada la sentencia correspondiente, se hace efectiva la pena o medida de seguridad impuesta. Cuando es privativa de libertad, indudablemente nace el vínculo con el derecho penitenciario.

Para Giovanni Novelli, el derecho penitenciario es el complejo de normas jurídicas que tratan de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad desde el momento en que se convirtió en ejecutivo el título que legitima la ejecución.3 En sentido similar, Cuello Calón refiere que el derecho penitenciario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de la pena de privación de libertad, con un predominante sentido de garantía de los derechos del penado.4

El objeto del derecho penitenciario puede ser visto desde dos puntos distintos: en sentido amplio y en sentido estricto. El primero se refiere a la regulación de penas y medidas de seguridad aplicadas como consecuencia de la comisión de un ilícito, desde el momento de la detención en prisión preventiva hasta la ejecución de la pena impuesta por el juzgador, es decir, el objeto de estudio es la privación de la libertad. Sin embargo, en sentido estricto, partiendo del conjunto de normas que regulan a las instituciones encargadas de la ejecución de la pena privativa de libertad apegada, en la actualidad, al respeto de los derechos humanos y con miras de reinsertar socialmente al sujeto mediante un tratamiento técnico y progresivo, el objeto de estudio es la ejecución de la pena privativa de libertad.

La pena privativa de libertad ha tenido un proceso de evolución paralelo al descrito en la presente exposición, no obstante, tiene aspectos dignos de resaltar. Para Elias Neuman, la evolución de la pena privativa de libertad constó de los siguientes periodos:5

1) Período anterior a la sanción privativa de libertad: el encierro sólo era un medio para asegurar la presencia del reo en el acto del juicio.

2) Periodo de explotación: a partir del siglo XVI, con algunos antecedentes, el Estado se da cuenta del valor económico que representan los reclusos, y aparece el uso de la prisión como un medio de explotación de la fuerza. El sentido de la pena seguía siendo retributivo (un mal por el mal que se hizo), no obstante, de cierta forma se humanizó al optar por conservar la vida del sujeto en prisión.

3) Período correccionalista y moralizador: desde el siglo XVIII y a lo largo del XIX, algunos estudiosos se dieron a la tarea de continuar con la humanización de la pena, surgiendo sistemas correccionalistas a fin de que los reclusos aprendieran valores. Para la mayoría de los expertos en la materia, la pena privativa de libertad inicia en este periodo, puesto que con el uso sistematizado de la prisión la pena se convierte en un medio para alcanzar un fin.

4) Período progresivo y técnico o científico: marcado por lo objetivos resocializadores sobre la base de la individualización penal y de distintos tratamientos penitenciarios y post-penitenciarios.

Como es posible inferir, la pena privativa de libertad atravesó por un largo proceso evolutivo para consolidarse. El tema ha trascendido a tal grado, que hoy en día guarda una relación intrínseca con los derechos humanos y es aspecto fundamental para la garantizar el respeto a los estándares que ha dispuesto la voluntad internacional.

Los sistemas penitenciarios se han establecido en función a las legislaciones nacionales de cada Estado, las cuales se apegan, en la mayor medida de lo posible, a los estándares mínimos que disponen algunos instrumentos en la materia.

De tal suerte, el sistema penitenciario mexicano ha evolucionado a la par del panorama internacional, haciendo que la pena privativa de libertad cobre un sentido acorde al marco de consolidación de los derechos humanos. En el marco nacional, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases del sistema penitenciario:

"El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley."

Hasta el momento, el artículo 18 constitucional ha tenido ocho reformas desde la promulgación de la Carta Magna en 1917, de las cuales es preciso mencionar las dos más trascendentes:

1) El Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008:6 uno de los cambios fundamentales fue la sustitución del término readaptación por el de reinserción, palabra clave en la estructura del Sistema Penitenciario hoy en día. Asimismo, se adicionó la salud y el deporte como medios para lograr la principal finalidad del sistema, complementando al trabajo y a la educación que ya se contemplaban.

2) El Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011:7 alcanzó al artículo en comento, toda vez que estableció el respeto a los derechos humanos como una base sobre la cual debe organizarse el sistema penitenciario, aunado a los otros medios para lograr la reinserción social.

Sobre el alcance de la reforma realizada en 2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualiza que la reinserción social, como fin de la pena privativa de libertad:

"…reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte".8

De tal suerte, la reinserción social se erige como el objetivo primordial que debe perseguir la pena privativa de libertad. Se dice que reinsertar "significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito, […] la reinserción va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea al reconocimiento de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado".9

Pese a la aspiración plasmada en la Constitución Federal, la realidad actual es un balde de agua fría, toda vez que contrasta en gran medida con la finalidad que se persigue. Se afirma que la reinserción social debe ser intrínseca a la pena privativa de libertad por su carácter toral para afrontar la incidencia y reincidencia delictiva en aras de reconstruir el tejido social; aunque por otro lado, también es cierto que el sistema penitenciario mexicano atraviesa un contexto devastador, derivado de la profunda crisis en la que se halla inmerso por problemas como la sobrepoblación penitenciaria, la corrupción, el autogobierno, las malas condiciones materiales y de higiene, los deficientes programas de prevención de adicciones y de desintoxicación, entre otros.

Como consecuencia de las deplorables condiciones que imperan al interior de los centros penitenciarios, espacios físicos destinados para el cumplimiento de la prisión preventiva y para la ejecución de penas, los resultados en materia de reinserción social son poco alentadores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, "a nivel nacional, 25.9% de la población privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual; y 24.7% estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario";10 lo anterior significa que una cuarta parte de la población penitenciaria es reincidente, cifra que pone en evidencia un estancamiento en las tareas de reinserción social.

Como se sostuvo en un inicio, el derecho penal en su sentido objetivo (ius poenale) se materializa en el conjunto de normas que determinan los delitos y las penas, las cuales el Estado, en este caso a través del poder legislativo, dirige a la sociedad con una finalidad preventiva, es decir, mediante ese ejercicio punitivo se fija al delito como presupuesto y a la pena como su consecuencia jurídica.

En esa tesitura, la pena surge en el momento legislativo, es decir, cuando se prevé una consecuencia para un delito. Propiamente se le denomina punibilidad, la cual se manifiesta mediante la descripción general y abstracta que hace el legislador; general porque se prevé para ser aplicada a todos los sujetos y abstracta ya que fija un rango que se aplicará dependiendo de las condiciones particulares del caso. Asimismo, la pena se constituye en una mera amenaza que hace el Estado para decirles a los ciudadanos que si violentan la ley serán acreedores a una sanción.

Para que la tarea del legislador se apegue al principio de legalidad requiere que, el establecimiento de la punibilidad, recorra el proceso legislativo bajo las formalidades conducentes y se legitime en la aparición de una problemática social, como lo pueden representar la inseguridad, la violencia y el aumento de la incidencia delictiva. La finalidad de la pena en el momento legislativo se circunscribe a una prevención general, es decir, a evitar que las personas cometan el ilícito.

El momento legislativo descrito con antelación, se relaciona inevitablemente con los momentos judicial y ejecutivo de la pena; en el primero mediante la punición, es decir, con la concreción y especificación aplicada al caso concreto que hace el juez de la amenaza o previsión descrita por el legislador; y en el segundo, mediante la efectiva privación o restricción de bienes o derechos que se aplica con base en la sentencia, documento que da legalidad a la ejecución de la pena.

Tomando en consideración que el momento legislativo es fundamental para atender y garantizar que la pena, cuando sea privativa de libertad, funcione para prevenir la incidencia delictiva, también es sustancial hacer que la misma, llegado el momento judicial y ejecutivo, realmente cumpla con su finalidad primordial: reinsertar al sujeto a la sociedad.

En los últimos años, una idea equivocada ha impulsado que la función legislativa se constriña al endurecimiento de las penas, fundando su lógica en una necesidad de prevenir, o bien, de ejercer en forma excesiva la facultad punitiva del Estado. Lo negativo de esa práctica es que se está pasando por alto la reinserción social que plantea el texto constitucional, y se desvía en gran medida de las bases que sustentan la organización del sistema penitenciario.

Asimismo, cabe recordar que "la eficacia de una pena no se desprende de lo estricto de la misma, sino de que ésta sea aplicada, menos impunidad y menos corrupción es parte del funcionamiento del sistema".11 Lo anterior se expresa a propósito del preocupante contexto por el que atraviesa, tanto el país en los ámbitos de seguridad y derechos humanos, como los centros penitenciarios en el ámbito de la reinserción social.

Mientas más se endurece la pena privativa de libertad respecto de ciertas conductas tipificadas como delito en las leyes penales, las sentencias que se individualizan en los casos concretos son mayores y traen como consecuencia una estancia prolongada de los sentenciados en los centros penitenciarios donde cumplen su pena; inclusive, la pena privativa de libertad que se les impone con base en los supuestos legales rebasa su expectativa real de vida, equiparándose a lo que comúnmente se conoce como pena de prisión vitalicia o cadena perpetua.

Lo anterior, desde una óptica de observancia a los principios y derechos constitucionalmente reconocidos, tiene efectos contraproducentes, toda vez que lejos de materializar la reinserción social como fin de la pena, impulsa indebidamente a que los sentenciados permanezcan en los centros de reclusión prácticamente toda su vida, sin posibilidad alguna de recobrar su libertad e integrarse nuevamente a la sociedad. En el mismo sentido, la problemática en cuestión agrava situaciones como la sobrepoblación y el hacinamiento, dificultades que no han logrado resolver las autoridades en la materia.

Resulta alarmante que, implícita o explícitamente, ordenamientos tanto del ámbito federal como local impongan penas de larga duración, o bien contemplen textualmente la pena de prisión vitalicia. Sobre ésta última, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis aislada en materia constitucional-penal, ha expresado que:

"La prisión vitalicia o cadena perpetua es la que se impone por una duración igual a la vida del delincuente; sin embargo, también lo es aquella cuya duración prolongada es tal que sería imposible que llegue a compurgarse en su totalidad, al rebasar ostensiblemente el límite de vida del ser humano, pues aun en el supuesto de que el sentenciado pudiera tener derecho a determinados beneficios que en su caso establezca la legislación correspondiente, como el de la remisión de la pena, por una parte, tal circunstancia no se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que es el legislador ordinario quien determina su regulación; y por la otra, no obstante la posible aplicación de esos beneficios, aun así el delincuente no estaría en condiciones de recobrar su libertad, dado lo prolongado de la pena en relación con la expectativa del promedio de vida".12

El desinterés hacia la reinserción social que se plasma mediante la prisión vitalicia en el objetivo de mantener recluido al sentenciado, privándole de las condiciones que le motiven a recobrar su libertad y segregándolo completamente de la sociedad. Desde el ámbito internacional, como se ha señalado, ha quedado plasmada la preocupación de las naciones por encausar la pena privativa de libertad a objetivos claros y apegados a los derechos humanos.

De tal suerte, uno de los instrumentos que por excelencia funge como base en la materia, son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos,13 también conocidas como Reglas Nelson Mandela, la cuales "constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo".14

En el sistema penitenciario modelo que describen las reglas, en el numeral 4, párrafo 1 establece que:

1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente  proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para  lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.

Como se infiere de la regla citada, debe ser prioridad para las naciones establecer penas que persigan una finalidad primordial: la reinserción social. Si lo anterior no fuera claro, la regla 88 en su párrafo primero, lo complementa al instituir que "En el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su exclusión de la sociedad, sino, por el contrario, en el hecho de que continúan formando parte de ella".

Asimismo, en cuanto a las penas o medidas privativas de libertad, la regla 91 no omite elucidar que:

"El tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en la medida en que la duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto  de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar su sentido de la responsabilidad".

Por su parte, en los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos15 también se plasma el objetivo de no apartar por completo a los sentenciados de la sociedad, a través de opciones post-penitenciarias, puesto que el principio identificado con el numeral 10 especifica que "con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles".

De igual forma, mediante los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas,16 se robustece lo que universalmente se ha impulsado, al tener presente que "las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad".

Con base en los estándares internacionales, así como en los principios y derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, expertos y organismos de la materia se han dado a la tarea de argumentar en contra de la pena de prisión vitalicia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante el pronunciamiento intitulado "Racionalización de la pena de prisión",17 tuvo a bien expresar que el incremento punitivo motivado por la demanda social de mayor seguridad y justicia frente a los altos índices de incidencia delictiva se aparta de la racionalización de la pena, así como del fin constitucional de reinsertar a la sociedad a los sentenciados.

De tal suerte, el Organismo Nacional plantea en la parte final de su pronunciamiento algunas consideraciones que vale pena citar, debido a su relación con el tema que aborda la presente iniciativa:18

a) Es necesario modificar el marco normativo de los delitos donde se sancione con pena privativa de libertad por encima de la esperanza de vida de las personas, y se retome el criterio del tope máximo de penalidad para todos los delitos y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas en diferentes causas penales, a fin de que resulte coherente con los criterios de derechos humanos consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado parte.

b) Es prioritario promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten incompatibles con el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de política criminal que enfatiza largas condenas de prisión, no tiene un efecto preventivo general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo único que consigue es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y humanos exorbitantes.

c) Es preciso establecer un programa de prisión permanentemente revisable para aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los 30 años y en vitalicias, a fin de que se evalúe la pertinencia de la excarcelación bajo argumentos humanitarios, sobre el cumplimiento de programas de reinserción social efectiva y disminución de riesgo social.

d) Es necesario que se adopten programas de acompañamiento psicológico, educativo, recreativo, entre otros, que ayuden a mitigar algunos de los resultados más dañinos del encarcelamiento durante largos periodos que ayuden a compensar estos efectos de manera positiva y pro-activa para poder sobrellevar una larga condena.

Como se desprende de las consideraciones de la CNDH, es ineludible retomar los derechos humanos como base para alcanzar el fin constitucional de la pena privativa de libertad, toda vez que "la abolición fáctica a la reinserción social a través de la imposición de penas vitalicias, excesivamente prolongadas o de acumulación de sentencias, sin la posibilidad de acceder a beneficios de liberación anticipada, degenera en una venganza y convierte a la prisión en un castigo contradictorio a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, en virtud de que se anula cualquier posibilidad a la reinserción social de los sentenciados".19

Por las cuestiones expuestas, a través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se propone modificar el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que enlista las penas que está prohibido imponer, de entre las que no figura actualmente la pena de prisión vitalicia. El párrafo del artículo en comento dispone que:

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado".

Si bien el precepto deja abierta la posibilidad de calificar a la prisión vitalicia como prohibida al decir "cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales", derivado de la realidad nacional, en la que ordenamientos federales y algunos de las entidades federativas contemplan la prisión vitalicia como consecuencia jurídica de ciertos delitos, resulta necesario establecer textualmente que la pena de prisión vitalicia también está prohibida por el texto constitucional.

La propuesta se basa en los antecedentes de carácter interpretativo que ha tenido el texto constitucional. En octubre de 2001, la prisión vitalicia fue considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución, en tanto estimó que, cuando al ser de por vida, era inhumana, cruel, infamante, excesiva y se apartaba de la finalidad esencial de la pena.20

Sin embargo, años después, el sentido de la tesis jurisprudencial referida con antelación dio un giro radical, cuando el Pleno de la Suprema Corte la modificó señalando ahora, que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, bajo el argumento de que no se ubica en alguno de los siguientes supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos.21

Lo anterior puede comprenderse puesto que, cuando la SCJN desarrolló esa última interpretación, es decir, en el año 2006, aún no había una concepción solida de los derechos humanos en México, la cual como se ha referido, fue producto de las reformas constitucionales del año 2011.

Sobresalen al respecto las opiniones de estudiosos de la materia, por ejemplo, el caso de María Elena Lugo Garfias, investigadora en derechos humanos, quien precisó que es necesario solicitar una nueva modificación al criterio jurisprudencial, pues del análisis que efectuó, concluye que la prisión vitalicia cumple con dos de los tres supuestos para considerar inusitada esta pena.22

Quien promueve la iniciativa, de ninguna manera considera deficiente el trabajo que la SCJN realizó, pues se apegó a las condiciones de otro contexto; sin embargo, coincidiendo con la investigadora, posterior a las reformas de 2011 habría sido conveniente una nueva actualización del criterio jurisprudencial bajo una óptica de respeto a los derechos humanos.

Actualmente la prisión vitalicia y otras figuras semejantes (con son las penas que exceden la esperanza de vida promedio) no son consideras como inusitadas, tal y como se infiere de la última interpretación que le dio la Suprema Corte; sin embargo, quien promueve la presente iniciativa considera que hay razones de peso para que ahora, explícitamente se prohíba en el texto constitucional la imposición de la prisión vitalicia, entendiéndola como toda pena privativa de libertad que se impone por una duración prolongada y que supera las expectativas de vida del sujeto sentenciado, o bien, atendiendo a la definición que la misma Suprema Corte ha fijado y que fue citada en la presente exposición.

Evidentemente cabe la posibilidad de considerar a la prisión vitalicia como una pena inusitada, toda vez que esta última en su acepción constitucional, debe entenderse como aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad;23 sin embargo, por los argumentos vertidos, insertarla textualmente en el precepto constitucional dará claridad para declarar prohibida su imposición.

En documentos legislativos diversos, quien promueve la presente iniciativa ha señalado la necesidad de modificar los ordenamientos del orden federal y local que contemplan la prisión vitalicia o penas privativas de excesiva duración, a fin de apegar la legislación penal a los principios instituidos por la comunidad internacional y a los fines del sistema penitenciario establecidos por la Constitución Federal.

Un ejemplo del exceso es la reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro aprobada en 2014, la cual elevó a 140 años de prisión la sanción por los delitos previstos en ese conjunto normativo. Indudablemente el secuestro es uno de los ilícitos que más dañan a la sociedad, pues violenta la libertad de las personas; sin embargo, ello no justifica pasar por alto el objeto del sistema penitenciario que dispone la Constitución.

La reforma en comento se sustentó en que "el esfuerzo legislativo para combatir el secuestro no solo atiende a una demanda ciudadana en crecimiento, sino a una urgencia de política pública";24 no obstante cabe citar lo señalado por el Senador Alejandro Encinas quien, en el proceso legislativo, mediante voto particular señaló que: "No existen pruebas serias de que las leyes pueden reducir el impacto de la delincuencia a través de la disuasión o la incapacitación, es decir detener por más tiempo al delincuente con el aumento de la pena".25 Asimismo, el legislador refirió que, "según investigaciones criminológicas desarrolladas en Estados Unidos y Europa, el aumento de la temporalidad en el encarcelamiento, no reduce el crimen; incluso se puede concluir que las altas tasas de crímenes, el bajo nivel educativo, las prolongadas crisis de desempleo y la pobreza se encuentran relacionados entre sí".26

La premisa sostenida en aquel momento se puede corroborar actualmente, cuando los secuestros han crecido sin control en el país, a la par de agudizarse los niveles de violencia e inseguridad. A pesar de la aprobación con miras a combatir el secuestro, lamentablemente ahora hay que afrontar las consecuencias de centros penitenciarios que albergan sujetos que pasaran toda su vida en ellos, quienes con la imposibilidad de recobrar su libertad poco ayudan en la reinserción social de otros sentenciados.

Por tanto, derivado de la creciente práctica legislativa en la que se imponen sanciones que no se apegan al principio de racionalización de la pena ni a la reinserción social, se ha vuelto ineludible prohibir su imposición mediante mandato constitucional.

En este sentido, el objetivo concreto de la presente iniciativa con proyecto de decreto es modificar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando al listado que enuncia en su párrafo primero, la pena vitalicia, quedando así prohibida su imposición. De igual forma, en el régimen transitorio se establece que la reforma en comento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no obstante, también se dispone que, a partir de esa fecha, tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas, tienen un año para realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento al Decreto.

Cabe aclarar que la iniciativa propuesta es solo una parte del conjunto de esfuerzos que hacen falta para enfrentar la crisis penitenciaria del país. La modificación al precepto es el preámbulo para alinear el marco normativo a los derechos humanos; sin embargo, el fondo de los problemas que obstaculizan la reinserción social en los Centros Penitenciarios requiere también de la colaboración efectiva de las autoridades responsables, pues la promoción y puesta en marcha de nuevas prácticas harán la diferencia para recobrar la credibilidad del sistema penitenciario.

La prisión vitalicia representa un retroceso, puesto que se traduce en un ejercicio excesivo del ius puniendi que poco aporta al cumplimiento de los fines constitucionales de la pena privativa de libertad.

El que promueve, hace hincapié en que la alarmante situación de inseguridad que aqueja al país, y los altos índices de incidencia delictiva que acosan a la población, si bien son base de una demanda social valida por un país más seguro, no deben fungir como argumentos para contraponerse a los fines de la reinserción social en un marco de consolidación de los derechos humanos.

A manera de conclusión cabe aclarar que bajo ninguna circunstancia la presente iniciativa es sinónimo de indulgencia hacia las personas que transgreden las paz y orden social, no pretende incentivar la fijación de sanciones mínimas ni mucho menos puestas en libertad inmediatas; sin embargo, lo que se propone es dar las bases viables para lograr la reinserción social en los centros penitenciarios con los que actualmente cuenta el país, a través de un ejercicio punitivo apegado al marco de derechos humanos que efectivamente retribuya a la sociedad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de prisión vitalicia, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de prisión vitalicia, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Diaz Aranda, Enrique. Lecciones de Derecho Penal para el Nuevo Sistema de Justicia en México, México, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, publicación electrónica, núm. 12, 2014, p. 3, consultado el 26/02/2018 [en línea], disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3805/7.pdf

2 Ibidem, p. 4.

3 Citado en Marco del Pont, Luis, Derecho Penitenciario, Cárdenas, México, 1984, p. 13.

4 Cuello Calón, Eugenio, La moderna penología, Bosch, Barcelona, 1974, p. 12.

5 Neuman, Elías, Prisión abierta, Depalma, Buenos Aires, 1984, p.9.

6 Diario Oficial de la Federación, publicación electrónica disponible en:
httpp://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.pdf

7 Diario Oficial de la Federación, publicación electrónica disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf

8 Tesis: P./J. 31/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, t. I, diciembre de 2013, p. 124.

9 Ojeda Velázquez, Jorge, "Reinserción social y función de la pena", en García Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal, Olga (coords.), Derecho penal y criminalística, UNAM-Instituto de Formación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2012, p. 70.

10 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), "Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016", Presentación ejecutiva nacional, julio de 2017, consultada el 26/02/2018, documento disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

11 Lugo Garfias, María Elena, "La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional", comentario jurisprudencial contenido en Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, año 3, número 7, México, 2008, p.217.

12 Tesis: P. XXI/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1179.

13 Documento aprobado por la Asamblea General mediante la resolución 70/175, anexo, el 17 de diciembre de 2015, consultado el 26/02/2018 [en línea], disponible en: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/S_ebook.pdf

14 Organización de las Naciones Unidas. "Reglas Nelson Mandela", articulo consultado el 26/02/2018 [en línea], disponible en: http://www.un.org/es/events/mandeladay/rules.shtml

15 Documento aprobado por la Asamblea General mediante la resolución 45/111, el 14 de diciembre de 1990, consultado el 26/02/2018 [en línea], disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx

16 Resolución 1/08, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de marzo de 2018, consultada el 26/02/2018 [en línea], disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI118A.pdf

17 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), "Racionalización de la pena de prisión", Pronunciamiento, México, 2016, consultado el 26/02/2018, documento disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160331.pdf

18 Ibidem, pp. 69-71.

19 Ibidem, pp. 25-26.

20 Tesis: P./J. 127/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, p. 15.

21 Tesis: P./J. 1/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 6.

22 Lugo Garfias, María Elena, op. cit., p.219

23 Tesis: P./J. 126/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, p. 14.

24 Véase el Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional y se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 del Código Penal Federal, sobre incremento de penas por secuestro, consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-21-1/assets/documentos/Dic_SegPub_Ley_Delitos_Secuestro.pdf

25 Véase el Voto Particular del Senador Alejandro Encinas Rodríguez que se formula respecto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, que aprueba con modificaciones Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Capítulo II de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-21-1/assets/documentos/Voto_particular_Sen.Encinas_Materia_en_Secuestro.pdf

26 Ídem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Municipio es la unidad básica territorial, cuyas características esenciales de acuerdo a la Constitución son libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica. En México existen 2445 municipios con características diferentes entre sí. Cada uno posee sus rasgos propios que lo diferencian de los demás; aunque en términos de la problemática que enfrentan, se dan situaciones comunes tales como la insuficiencia de recursos financieros, de capacidad técnica y humana, en la prestación de servicios públicos y limitaciones administrativas, entre otros.

El Municipio está formado por 3 elementos principales: el territorio, la población y el ayuntamiento.

A su vez el gobierno municipal, es un órgano colegiado, conformado por el Presidente Municipal, los síndicos y los regidores, sus tareas vienen definidas en acuerdo a cada ley municipal, pero convergen en algunos puntos básicos, regular la vida pública, prestar los servicios básicos, promover el desarrollo y fortalecer la organización social.

El Presidente Municipal es el encargado de la función ejecutiva, quien debe implementar los acuerdos tomados por el ayuntamiento, los cuales deben ser en beneficio del municipio en su totalidad y principalmente de la población, que da legitimidad y razón de ser a los municipios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga al municipio la administración de sus bienes por medio del ayuntamiento conformado por el Presidente Municipal, los regidores y los síndicos que la ley señale.

El ayuntamiento como órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del municipio cuenta con su propia personalidad jurídica, la cual le brinda el potencial para consolidarse como un promotor económico de éste. Desde la década de los 80´s del siglo pasado, se reconoció la imperiosa necesidad de impulsar esta característica, como forma de conducir económica y financieramente a las comunidades. Sobretodo, en un contexto que en el año 2010, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 44% de los municipios del país (1,076 municipios) están clasificados como de alta y muy alta marginación, en donde la mayor parte de la población no alcanza a percibir dos salarios mínimos.

Actualmente y desde hace mucho tiempo, el municipio tiene la necesidad de buscar alternativas de financiamiento o buscar recursos adicionales para constituirse como promotor real del desarrollo y dar respuesta a las demandas ciudadanas y necesidades comunitarias en la vida cotidiana.

Desafortunadamente estas alternativas de financiamiento han ocasionado, en algunos casos, el mal uso por parte de las administraciones municipales en turno, quienes han utilizado los argumentos necesarios para enajenar propiedades, bienes muebles e inmuebles del municipio con objeto de allegarse mayores recursos, que por no ser recurrentes, únicamente benefician a la administración en turno, reduciéndose y aun desapareciendo el patrimonio municipal con el que cuentan.

En nuestro país las facultades del municipio están definidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II) inciso b) se establecen la forma y el manejo sobre las decisiones  que se tomen acerca del patrimonio inmobiliario municipal y la celebración de actos y convenios que tengan la intención de realizar los mismos ayuntamientos.

En dicho inciso,  se establecen los requisitos para tomar estas decisiones. Se requiere de mayoría calificada (dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, no de sus miembros presentes) en la toma de decisiones concernientes a la afectación del patrimonio inmobiliario del municipio  o para la celebración de actos o convenios que comprometan al municipio más allá del periodo que corresponda al ayuntamiento, esto como respuesta a las deudas contraídas por algunos presidentes municipales que no terminan de pagar durante su administración y con esto evitar que quienes resulten electos para una gestión posterior no tengan que enfrentar cargas o gravámenes que comprometan o limiten seriamente su desempeño.

El patrimonio público de la nación es regulado por el Congreso de la Unión, y su administración se lleva a cabo por el Ejecutivo Federal. Los estados de la república y sus municipios poseen, entre otros, el patrimonio inmobiliario o mobiliario que han adquirido de manera originaria o por ellos mismos.

A su vez, actualmente se establece que, el patrimonio público de los municipios, se manejará directamente por estos, de acuerdo con lo previsto en la fracción II del artículo 121 de la Constitución, por ser del régimen interior de los municipios, los actos de administración y disposición sobre sus bienes son regulados conforme lo dictan sus leyes locales y reglamentos emanados de éstos.

Las Entidades Federativas en acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son libres y soberanas y forman parte de una federación, y generan su  propio marco legal que no debe contravenir a lo establecido en la Carta Magna.

Para ejemplificar el tema del patrimonio municipal podemos mencionar algunos casos como lo es el del estado de Zacatecas, el cual cuenta con una Ley del Patrimonio del Estado y sus Municipios, en el cual se establece en su artículo 28 que “Para la enajenación, a través de compraventa, permuta o donación, del patrimonio de las entidades públicas, se estará a lo siguiente:

II. Los Ayuntamientos con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de su Cabildo, solicitarán al Gobernador, promueva ante la Legislatura la autorización de enajenación de sus bienes inmuebles. Sólo se requerirá mayoría simple, si se trata de enajenar bienes muebles;”

Además de este artículo también se señala en la misma Ley  en su artículo 36 que:

“Lo concerniente a la modificación del patrimonio municipal, su administración, uso, aprovechamiento y explotación, será establecido por la Ley Orgánica del Municipio del Estado.”

Para el estado de México existe la “Ley Orgánica Municipal del Estado de México” en la cual se establece otra forma de control de los bienes inmuebles propiedad del municipio, pues establece en su artículo 33 que:

“Los ayuntamientos necesitan autorización de la Legislatura o la Diputación permanente en su caso para:

I. Enajenar los bienes inmuebles del municipio, o en cualquier acto o contrato que implique la transmisión de la propiedad de los mismos;”

En el estado de Chihuahua existe la “Ley del Régimen Municipal para el Estado de Chihuahua” en el cual se establece en su artículo 110 que:

“La enajenación de bienes inmuebles del dominio público de los Municipios requiere su previa desafectación y la autorización por el Congreso del Estado.”

Estos son solo algunos casos de la forma en que los estados y municipios manejan el tema. En algunos estados se requiere la aprobación del Congreso del Estado para vender bienes inmuebles de propiedad municipal y en otros, únicamente es necesaria la aprobación de las 2 terceras partes del cabildo para alcanzar esta autorización.

Los bienes inmuebles municipales deben tener un carácter que no sea transitorio, y por lo  mismo que se sigan manteniendo como un bien de uso público o como un activo del municipio, que deben de ser fijos y permanecer en beneficio de la  población.

La realidad es que bajo el marco actual de las leyes que rigen a los municipios de todo el país, están disponiendo de los bienes municipales, disminuyendo el patrimonio público de los mismos y desviando su objetivo.

En diversas entidades de la República, cada vez es más común el que los presidentes municipales se hagan de recursos con la venta, mediante figuras como la donación o con el permiso del cabildo o en su caso del Congreso del Estado, de bienes muebles e inmuebles que dejan de ser activos siempre disponibles para el servicio público  y el equipamiento urbano,  y se gastan en proyectos de corto plazo, que en muchos casos no generan beneficio para la población.

Además el marco legal vigente da lugar a la búsqueda de otros mecanismos legales para finalmente obtener beneficios con algún bien inmueble, como lo es la donación, la cual ha sido utilizada para disfrazar la figura de la compra venta de bienes inmuebles y el aprovechamiento de éstos por y para particulares.

Esta situación, si bien, en el mejor de los casos, puede beneficiar a los habitantes del municipio en el corto plazo, generalmente va destinada para gastos que no son trascendentes y que no siempre tienen una visión de beneficiar a la población, por lo cual, solo se quedan en ingresos que el municipio no aprovecha a su máxima capacidad y solo se destina a gasto corriente.

En los hechos es transferir bienes públicos a privados, sin algún beneficio tangible para la población municipal. Es decir, por citar un ejemplo, la venta de un terreno propiedad del municipio, pasa de ser propiedad de la población a propiedad de una empresa. Por lo tanto es convertir un activo del municipio, del cual la población es integrante, en un bien privado el cual beneficiará únicamente al nuevo dueño particular de dicho bien.

Desafortunadamente es común que un municipio que cuenta con una serie de bienes inmuebles (terrenos, construcciones, jardines, parques, unidades deportivas y baldíos), y que al paso de los años se van haciendo de gran plusvalía, son enajenados y desviados para obtener recursos líquidos.

Existen municipios, como en el Estado de Chihuahua, en donde se cuenta con un Reglamento de Construcción y Obras Públicas para el municipio, en el cual queda establecido que a los diversos predios fraccionables que conforman la ciudad, tienen que destinar el 10% de los mismos para usos que le otorguen sustentabilidad a la zona como áreas jardinadas, áreas de ascenso y descenso, campos deportivos, unidades de salud, centros comunitarios, estacionamiento y en general equipamiento urbano,  los cuales si bien en un principio a veces son destinados para estos fines, al paso de los años se ha presentado la situación de que se negocian con el ayuntamiento y se enajenan esos inmuebles que en un principio estaban destinados para el uso común, afectando a la población de la colonia donde están enclavados.

Es necesario subrayar, que éstas áreas de donación de los particulares fraccionadores, se hicieron al Municipio, no al Ayuntamiento, y no se hicieron a una administración municipal, pues éstos se donaron con el fin de servir como áreas de equipamiento urbano a la colonia o fraccionamiento, donde sus nuevos pobladores tendrán áreas de recreación y convivencia, bienes inmuebles que por lo mismo pasan a ser del dominio público, y de ninguna manera se puede interpretar que éstos bienes tengan un carácter de especulación inmobiliaria y reversión posible al ámbito privado, con posibilidad nula de servir como fuente de fondos para financiar el gasto corriente y aún el desembolso para inversión del ente municipal debiendo permanecer por siempre, al servicio de los vecinos.

Existen casos que han sido enviados a la Suprema Corte, en donde se han interpuesto por parte de municipios controversia constitucional en contra del artículo 33, fracción XVI, de la Constitución del Estado de Veracruz-Llave que prevé la facultad del Congreso de esa entidad para autorizar los actos de los Ayuntamientos que tienen por efecto enajenar, gravar y transmitir la posesión o dominio de bienes inmuebles, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingresos fiscales que integren la hacienda municipal.

La determinación de la Suprema Corte fue que “no transgrede el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no constituye una limitación a la libre administración de aquélla, sino que tiene como objetivo preservar el patrimonio y la hacienda municipales, sometiendo a la aprobación del Congreso Local cualquier acto que desincorpore de aquéllos los bienes o recursos que el Municipio debe emplear en la satisfacción de las necesidades públicas. Ello es así, porque la libre administración de la hacienda municipal supone que es el Ayuntamiento el que determina el destino de los recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y de las contribuciones percibidas y, en este tenor, el Congreso Local no tiene atribuciones para modificar el manejo y aplicación de los recursos municipales, pero cuando los actos del Municipio tienen por objeto que un determinado bien salga de su hacienda o patrimonio, es conveniente que tal acción sea autorizada por la Legislatura local a fin de evitar desvíos en la disposición de los bienes que afectarían la viabilidad económica del Municipio.”

Esta iniciativa, propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se impida de manera terminante a la administración municipal, enajenar bajo cualquier forma los bienes inmuebles con los que los municipios cuentan, es decir, no transfiere la responsabilidad a los Congresos de los Estados sino que definitivamente fija el criterio de que los bienes inmuebles municipales no pueden ni deben ser objeto de alienación, pues su objetivo es solo para el servicio público y no para financiar o proveer fondos al gasto municipal, por precarias que sean sus fuentes.

Por otra parte, también se abre la posibilidad de que en caso de que el ayuntamiento en funciones otorgue una donación de algún bien inmueble para alguna organización con fin altruista o de beneficio para la población, a través de asociaciones civiles y similares, y aún dependencias y organismos estatales, municipales y federales, esto debe ser solo de uso y goce, no en propiedad y  estar condicionada a que cumpla con el objetivo para el cual fue donado y de no ser así, o cuando deje de cumplir este fin, inmediatamente debe revertirse el bien al patrimonio pleno del municipio. 

Es en base a estas consideraciones que propongo ante este H. Senado de la República el siguiente proyecto de DECRETO:

UNICO: Se adiciona el inciso b) del párrafo II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

a) Las bases generales …

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal que no se encuentren en el supuesto del párrafo siguiente, o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

 Los bienes inmuebles de dominio público propiedad de los municipios, tendrán el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables y en consecuencia no podrán ser objeto de ningún acto traslativo de dominio cualquiera que sea su denominación.

Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de uso y goce temporal de bienes inmuebles propiedad de los Municipios cuando se vayan a destinar para actividades de beneficio social, lo que únicamente podrá realizarse previa aprobación de dos terceras partes del Congreso Local. El contrato estará sujeto a la condición resolutoria de que el inmueble se destine efectivamente al fin para el cual se concedió la aprobación y no podrá ser sujeto de ulteriores disposiciones o enajenaciones. De incumplirse cualquiera de los dos supuestos anteriores, se revertirá el uso y goce del inmueble al patrimonio pleno del Municipio.

TRANSITORIOS

Primero. Los Congresos de los Estados, contarán con un plazo de 90 días para adecuar su marco jurídico a esta disposición.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Patricio Martínez García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa, se posiciona en la necesidad imperante, que tiene el Estado Mexicano, con relación a la falta de legitimación vinculada, a la falta de credibilidad que supone la extralimitación de facultades por parte de la Cámara de Diputados, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, de algunos fondos que con cargo al erario público se financian.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente la obligación del Estado para proveer, en el marco de su competencia, de las condiciones indispensables de salud, educación, vivienda, entre otros derechos.

De lo anteriormente mencionado se deriva la facultad establecida en los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, por una parte, en lo relativo a la rectoría económica del país y por otra establecer como principal mecanismo para lograr dichos mandatos constitucionales, a un sistema de planeación democrática que siente las bases de las decisiones de gobierno, vinculadas a las políticas públicas.

De ahí entendemos por Políticas Públicas, como el “conjunto de las decisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o recursos”.1

En ese sentido, la planeación vinculada en la implementación de políticas públicas, consta de cuatro etapas:

1. Formulación

2. Instrumentación

3. Control.

4. Evaluación.

En el caso específico de la instrumentación y control, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las principales debilidades, que se ven en el Estado Mexicano, entre otras son: pocos mecanismos de control de los recursos; poca participación de mecanismos federales para dar seguimiento a los proyectos; y mecanismos de evaluación deficientes.

En ese sentido el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que tiene a bien establecer, al tenor siguiente:

“Artículo 77…La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia…”

De lo anterior cabe resaltar la parte relativa a los subsidios, toda vez que si bien el marco jurídico actual, busca implementar tanto lineamientos de operación como reglas de operación, hay que recordar, los tipos de mecanismos a través de los cuales el gobierno federal transfiere recursos, mismos que son:

• Aportaciones,

• Participaciones,

• Subsidios, y

• Convenios

Del listado anterior, efectivamente las transferencias catalogadas como subsidios, cuentan, dentro de la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la obligación de incluirse en el anexo 26 del PEF, como Programas Sujetos a Reglas de Operación o inclusive la mención, si así lo establece la Cámara de Diputados, de tener Lineamientos de Operación.

Surge la duda, si bien los subsidios, efectivamente se encuentran sujetos a reglas y lineamientos de operación ¿Qué hay de las participaciones, aportaciones y convenios?

A manera de exclusión, derivado del mismo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el caso de las participaciones al ser Catalogadas como recursos de “libre disposición”, el establecer lineamientos o reglas de operación para su ejecución, supondría el no atender a la naturaleza jurídica de la misma.

Y, en el caso de las Aportaciones, al estar supeditadas a la consecución de un fin determinado por la misma Ley de Coordinación Fiscal, es que se concluye que las mismas cuentan con una mención específica en la mencionada Ley, por lo que sería redundante establecerlo en el texto propuesto.

En donde perdura la opacidad, es justamente en los proyectos que a través de la firma de convenios de reasignación,  pueden acceder a los recursos, como ocurre en el Ramo 23, mismo que de acuerdo con Secretaría de Hacienda y Crédito Público es “instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades”.2

Por lo que el convenio al posicionarse como el instrumento requerido en los lineamientos de operación para formalizar la voluntad de los entes públicos, más allá de sujetarlo a reglas o lineamientos de operación, surge como expresión de la individualización del gasto que hace la Cámara de Diputados; facultad que ha sido profundamente debatida derivado de la amplitud del término “modificar”, establecido en el artículo 74, fracción IV de nuestra Constitución.

En concordancia con lo anterior, por ejemplo, el Ramo General 23 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 se compone por:

• Previsiones salariales.

• Provisiones económicas.

• Provisiones salariales y económicas.

• Desarrollo Regional.

• Otras provisiones Económicas.

En el caso específico de los proyectos de Desarrollo Regional, diversos actores de la sociedad civil se han manifestado en contra de los excesos que los Diputados Federales, a la hora de la discusión del mencionado Ramo incurren.3

Por lo anteriormente mencionado y derivado de la misma naturaleza del Ramo en comento, es que los Diputados buscan etiquetar recursos, con la finalidad (en algunos casos) de recibir a través de la inflación en los precios, los famosos  “moches”, y que se posicionan, más allá del peculado y desvío de recursos, como una contravención a la misma base ideológica que supone que dentro del Poder Legislativo, no se puede hacer política pública, toda vez que es facultad del Poder Ejecutivo.

En ese sentido la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos, la misma jurisprudencia lo ha definido para determinar los alcances que supone su modificación y partiendo de que a pesar que es un acto formalmente legislativo, también tiene matices administrativos como la reasignación de recursos de otros ramos administrativos.

Por lo que respecta a la presente iniciativa, destaca el hecho que, desde Cámara de Diputados, se “etiqueten” recursos para proyectos de pavimentación, función particularmente administrativa, como bien lo define nuestra Carta Magna en su artículo 89 que es del tenor literal siguiente:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Bajo esa tesitura el Ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, en el año 2005, dentro de su voto particular en la Controversia Constitucional 109/2004, hizo mención de lo siguiente “si bien la Cámara de Diputados es la facultada constitucionalmente para decidir en qué y cuánto se gasta, las previsiones que al respecto haga en el presupuesto de egresos de la Federación no pueden llegar al extremo de individualizar el destino de los recursos, de manera tal que se nulifiquen las atribuciones del presidente de la República”.4

Por lo que respecta a la presente iniciativa, se propone incluir dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la inclusión de mayores limitantes, que regulen el actuar de los Diputados en el manejo de los recursos mediante los cuales, a través de los convenios de coordinación en materia de reasignación, entidades federativas y municipios, pueden atraer proyectos en materia de infraestructura.

Dentro del proceso de modificación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sigue el siguiente procedimiento:

1. El Ejecutivo envía por conducto de la Secretaría de Hacienda, los principales escenarios económicos, a la Cámara de Diputados.

2. El Ejecutivo, envía a la Cámara de Diputados la estructura programática a emplear en el PEF.

3. El Ejecutivo envía el paquete económico a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre.

4. Se aprueba la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre por la Cámara de Diputados y a más tardar el 31 de octubre por la Cámara de Senadores.

5. En caso que Diputados quieran hacer modificaciones al presupuesto de Egresos deberán señalar los ajustes correspondientes a programas.

6. En el año 2017 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados del 3 de octubre al 26 de octubre recibe el “anexo 2 – requerimientos para el PEF 2018

7. A más tardar el 15 de noviembre se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Del mencionado anexo 2, de acuerdo con los diferentes manuales al respecto, no necesita mayor información que el lugar donde se va a llevar a cabo la obra, el ejecutor del proyecto, el costo, y en caso de contar con proyectos ejecutivos y estudios de factibilidad hacer mención. Por ello es que en muchos casos, la Auditoría Superior de la Federación, ha dicho que del Ramo 23, pocas veces logra ejecutar en su totalidad los proyectos.

Por lo anterior se propone la siguiente modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor siguiente:

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I) a VII)…

VIII) En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a)…

b)…

c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos;

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I) a VII)…

VIII) En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a)…

b)…

c) Cuando propongan reasignaciones, deberán solicitar el análisis al Centro de Estudios de Finanzas Públicas del ajuste propuesto de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos;

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforma el inciso c) de la fracción VIII) del Artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I) a VII)…

VIII) En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a)…

b)…

c) Cuando propongan reasignaciones, deberán solicitar el análisis al Centro de Estudios de Finanzas Públicas del ajuste propuesto de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos;

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Sen. Andrea García García.

1 Kauffer Michel, Edith F. “Las políticas públicas: algunos apuntes generales”,
www.ecosurmx/ecofronteras/ecofronteras/ecofront16/pdf

2 http://ramo23.com/que-es-el-ramo-23

3 http://www.nacion321.com/congreso/que-es-el-ramo-23-y-por-que-los-diputados-se-pelean-por-el

4 Véase en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=20459&Tipo=3&Tema=0





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Undiso Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. Establece las bases para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con sesenta años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Enuncia los principios y objetivos a los que deberá ajustarse la política pública de los tres órdenes de gobierno con base en los derechos que la ley reconoce de manera enunciativa y no limitativa a los adultos mayores, entre ellos, a una vida con calidad, libre de violencia, con respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, así como a la protección en contra de toda forma de explotación, en un entorno seguro, digno y decoroso.

En el conjunto de derechos, también se consideran la esfera de la seguridad jurídica, la salud, la alimentación y la familia, así como el trabajo, la asistencia social, la participación social y mecanismos para la denuncia de actos y omisiones que afecten sus derechos y las garantías establecidas en la ley. Resulta relevante el señalamiento expreso respecto de la atención preferencial, en consideración a su edad y estado de salud, en los servicios de todas las instituciones públicas o privadas, la disponibilidad de información y asesoría respecto de la aplicación de la ley y la integración del registro de programas y beneficios para las personas adultas mayores.

Desde su publicación, la ley ha sido objeto de nueve reformas a su contenido, esencialmente para precisar enunciados jurídicos respecto de la aplicación de políticas públicas, así como para ampliar el marco de los derechos de las personas adultas mayores en correspondencia con los derechos fundamentales que, desde el año 2002, se han venido incorporando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de considerarse que, posterior a la publicación de la ley, se llevó a cabo la reforma al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, así como la inclusión, más tarde, de un amplio catálogo de derechos fundamentales al artículo cuarto, entre otras reformas significativas.

En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, habitan poco menos de 13 millones de personas con 60 años y más, de los cuales, el 34 por ciento forma parte de la población económicamente activa y el 66 por ciento no realizan actividades económicas; de ellos, el 54 por ciento se dedica a actividades domésticas. La esperanza de vida en 2017 fue de 75.3 años de vida, promedio que significa un peso mayor en la estructura etaria de la sociedad mexicana, si se considera que entre 1970 y 1990 la población adulta constituía entre un 5.6 y un 6.2 por ciento de la población total. Hoy representa el 10.5 por ciento.

Este hecho es significativo, pues en el largo plazo, conforme la tasa de fecundidad paulatinamente presenta una tendencia hacia la baja, la proporción de adultos mayores crece bajo el incentivo de una esperanza de vida creciente, mejor salud y una reducción paulatina de nacimientos. Sin duda se trata de una buena noticia, pero también, de un reto de grandes proporciones en términos de seguridad social y presión de los servicios de salud públicos. También es importante destacar que 24.3 por ciento de los adultos mayores, reside en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, los cuales no sólo resienten la falta de servicios médicos especializados, sino de los servicios médicos en general.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, se obtuvo el dato de que, en 30.1 por ciento de los 33.5 millones de hogares censados en México, hay al menos un adulto mayor, de los cuales, en el 16.5 los integran personas de esa edad, solos o en compañía de otro adulto mayor. Es relevantes destacar que el ingreso de los adultos mayores constituye un aporte económico fundamental para las familias con las que vive: 6.7 por ciento recibe remesas, 28.8 por ciento recibe donativos de otros hogares e instituciones públicas y 49.2 por ciento recibe recursos de programas gubernamentales.

La Organización de las Naciones Unidas ha alertado sobre el envejecimiento de la población mundial propiciado por el aumento de la esperanza de vida desde el año de 1950, por la reducción de la fertilidad y el incremento de la longevidad. Según estimaciones de ese organismo, en el año 2050 habrá alrededor de 2 mil 100 millones de personas adultas, casi una cuarta parte de la población mundial estimada para ese entonces. En el mismo año de publicación de la ley, se llevó a cabo una reunión mundial sobre el tema, de la cual derivo el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, 2002.1

En el Plan se establecen un conjunto de recomendaciones para los países cuyas tasas de crecimiento de población adulta permitían prever presiones para los sistemas de seguridad social y de salud, así como con motivo de empobrecimiento de la población adulta en zonas rurales y suburbanas. De ahí que una de las consideraciones sea establecer, entre otras propuestas, políticas y programas de seguridad alimentaria y producción agrícola, que contribuyan al bienestar de las personas mayores, quienes difícilmente cruzan la frontera de la pobreza a esa edad.

En esa misma perspectiva, el texto original de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores estableció, en su artículo 10, veinte objetivos que debe atender de manera correspondiente la política pública en la materia, con la finalidad de garantizar el bienestar de las personas del grupo etario de mayor edad en el país. Los objetivos se refieren por ejemplo a garantizar el ejercicio de sus derechos, propiciar su bienestar físico y metal, generar igualdad de oportunidades y una vida digna, además de establecer las bases de planeación y concertación de acciones entre las instancias de gobierno y promover su atención integral, entre otros.

De manera especial, la fracción XIX propone llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales (sic) así como la información sobre los mismos. Es de señalarse que, la precisión normativa de este enunciado es muy importante, a efecto de que las políticas públicas sean diseñadas con base en los principios y objetivos señalados en la ley, los cuales deben quedar alineados para que exista mayor precisión en los grupos poblacionales de enfoque.

De eso se trata la presente iniciativa, de precisar el tipo de rezago a que se refiere la fracción XIX, toda vez que no es suficiente con señalar personas adultas mayores en rezago, pues queda indeterminada la adjetivación normativa correspondiente, sobre todo, por el hecho de que otros sistemas normativos hacen referencia a rezago educativo o rezago social. Por ello, es necesario dar cuenta precisa qué población específica debe tomarse en cuenta en este objetivo, a fin de no duplicar ni dispersar esfuerzos, sobre todo, en el contexto del desarrollo de una política social con recursos aún insuficientes para la amplitud de necesidades y demandas que tiene la población en condiciones de vulnerabilidad.

La propuesta normativa que se propone en el presente proyecto de decreto, es la de adjetivar la condición de rezago a la conceptualización que ha hecho el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en materia de rezago social, es decir, al índice que pondera cuatro indicadores de carencias sociales: educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda. La perspectiva permite estimar un conjunto de condiciones relacionados con la evaluación multidimensional de la pobreza, con independencia de la línea de bienestar social, ingresos y seguridad social.

Además, dicha medicación no se hace de manera individualizada, sino con base en las medicaciones por localidad que permiten llegar a conclusiones sobre cuatro carencias sociales que permiten generar políticas públicas compensatorias específicas, de orden general para regiones determinadas del país.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XIX del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, para quedar como sigue:

Artículo 10. Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XVIII. …

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago educativo, atención a la salud, servicios básicos y vivienda, y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales, así como la información sobre los mismos;

XX. y XXI. …

TRANSITORIO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Ismael Hernández Deras.

1 Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Organización de las Naciones Unidas, 2003. Disponible en: https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI)

JORGE TOLEDO LUIS, Senador de la república en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nada mejor para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que impulsar acciones afirmativas para garantizar la igualdad sustantiva en las instituciones que conforman el gobierno federal.

En el mundo hemos tenido un notable progreso para garantizar los derechos humanos. En los países de América Latina y el Caribe hispano se ha avanzado en garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad de género en la esfera política electoral.

En la actualidad, la región cuenta con la media regional más alta de representación de mujeres parlamentarias en el mundo (27.7 % en septiembre de 2015). Sin embargo, aún estamos lejos de la democracia paritaria a la que aspiramos.1

Para ir al mismo ritmo, en nuestro país requerimos superar cuatro brechas para alcanzar igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y que son:

I) los ingresos y las pensiones; II) el empleo y la ocupación; II) los estándares de seguridad social, y IV) toda otra forma de discriminación socioeconómica en diferentes niveles: individual (en la esfera de lo privado), así como, municipal, estatal y nacional en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (en la esfera de lo público).2

A nivel mundial existen diversos instrumentos vinculantes y compromisos políticos que otorgan la más alta prioridad a la representación y participación plena de las mujeres en los espacios de inclusión y toma de decisiones.

Entre los más importantes se encuentran: La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1975)  conocida como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, que atribuye especial importancia a la participación de las mujeres en la vida pública de su país y en el ámbito internacional,3 en su artículo 7 establece la obligación de los Estados parte a tomar las medidas apropiadas para la eliminación de las discriminaciones en contra de la mujer en la vida política y pública de su país,  estableciendo lo siguiente:

Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.4

En la Recomendación General Número 19, relativa a la vida política y pública de la mujer, el Comité de la CEDAW establece que esta disposición abarca a todas las esferas y niveles del ejercicio del poder político (ejecutivo, legislativo, judicial, administrativo-nacional, estatal municipal); se extiende a todos los aspectos de la administración pública (formulación, ejecución y seguimiento de leyes, políticas públicas, presupuestos); e incluye la participación de las mujeres en las estructuras y organizaciones sociales (como los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales o industriales, organizaciones comunitarias, de base y otras que se ocupan de la vida pública y política).5

De acuerdo con lo anterior y a la búsqueda de igualdad entre ambos géneros, se ha tenido también una especial atención para que la mujer tenga esta paridad de género.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los ciudadanos podrán participar sin ninguna restricción en la dirección de asuntos públicos, por sí o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos.6

En este contexto internacional, el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo “Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación”, emitido en 1958 y ratificado por México el 11 de septiembre de 1961, establece en su artículo segundo:

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.”7

De ahí se desprende la obligación del Estado mexicano de adoptar el ordenamiento jurídico con una política de cero discriminación en materia de empleo y ocupación, otorgando igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

En el ámbito local, nuestro país realizó una importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 2001 y el 10 de junio de 2011 para modificar el artículo 1ro y pasa a contener actualmente cinco párrafos.

El primero de ellos contempla la igualdad en derechos fundamentales8 y el último representa y enlista a lo que en el ámbito jurídico se le conoce como categorías sospechosas.

Para respetar los derechos fundamentales y seguir los cuatro verbos rectores (promover, respetar, proteger y garantizar), el legislador contempla la prohibición de todo tipo de discriminación por cuestión de “origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”9

La disposición es retomada en materia laboral. Así, la Ley federal del Trabajo, en su artículo segundo, establece: “no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil [...] La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.”, y en su artículo 86: “A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.”10

A pesar de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, y la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012, aún siguen existiendo puestos y cargos en los que la posición del hombre predomina.

Gracias a los esfuerzos de criterios jurídicos y de acciones implementadas por los poderes de la Unión, se ha logrado eliminar la barrera para pasar a la igualdad de género en el ámbito laboral de las mujeres.

Ejemplo de ello han sido las modificaciones del Cofipe (actualmente Legipe) estableciendo como acción afirmativa las cuotas de género para puestos de representación; hoy en día, en la LXIII Legislatura, en la Cámara de Senadores, hay un total de 51 senadoras, el 40% del total de legisladores.11

Sin embargo, en las instituciones del país hay casos contrarios. Así ocurre en la Junta de Gobierno del Banco de México.

Conforme el artículo 28 constitucional, párrafo séptimo, la “conducción del banco estará? a cargo de personas cuya designación será? hecha por el Presidente de la Republica con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso.” La Ley del Banco de México establece en su artículo 38 que: “La Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros, designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional.”12

Con esos antecedentes y la completa libertad del Ejecutivo para nombrar a los integrantes del Banco, no fue sino hasta el miércoles 24 de enero de 2018 que, por primera vez en la historia del Banco de México, se tiene a una mujer como integrante, al aprobar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la designación de la ciudadana Irene Espinosa Cantellano como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Esta situación es un parteaguas y un punto de inflexión que debemos de tener no en los hechos, sino como parte de las acciones para alcanzar la igualdad sustantiva en el Banco de México.

El objeto de esta iniciativa es incrementar el principio de igualdad sustantiva en el proceso de designación de integrantes en la Junta de Gobierno del Banco de México, para que en los próximos años se incremente el número de mujeres en esta instancia.

Para reforzar lo anteriormente fundado y motivado, se presenta el siguiente cuadro comparativo

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Texto Vigente

Propuesta de Reforma

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación  y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en la representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación  y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso, atendiendo el principio de igualdad sustantiva; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en la representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se modifica el párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 28…

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso, atendiendo el principio de igualdad sustantiva; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en la representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/10/la-hora-de-la-igualdad (Consultado el 05-marzo-2018)

2https://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/2014/12/25/igualdad-sustantiva-de-genero-en-mexico-parte/ (Consultado el 05-marzo-2018)

3http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/democracia%20paritaria.pdf?la=es&vs=4515 (Consultado el 05-marzo-2018)

4 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx (Consultado el 05-marzo-2018)

5 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm (Consultado el 05-marzo-2018)

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25, inciso C)

7http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111 (consultado el 06-marzo-2018)

8https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2016-11/Dh%20en%20la%20Constitucion%20comentarios%20TOMO%201.pdf (consultado el 06-marzo-2018)

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm (consultado el 06 de marzo de 2018)

10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf (consultado el 06 de marzo de 2018)

11 http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=4&str=M (Consultado el 06 de marzo de 2018).

12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf (consultado el 06 de marzo de 2018).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTÍCULO 70 TER A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE  FEDERAL

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII  Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTÍCULO 70 TER A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autotransporte de carga es una actividad de la mayor importancia para todo el sector económico nacional, forma parte de las cadenas productivas y por lo tanto es una variable incluida en las funciones de cálculo de los costos de todas las actividades económicas. La actividad del autotransporte absorbe 2.0 millones de empleos directos a nivel nacional. El 47% corresponde a pasajeros y el 53% a carga, contribuyendo según INEGI, con el 6.3% del total del Producto Interno Bruto (PIB).

El Parque Vehicular del transporte de carga es considerable y de gran valor económico. Al mes de abril de 2013 el número de unidades de autotransporte de carga entre las unidades motrices (cabina), unidades de arrastre (semirremolque) y remolque, sumaban un total de 734 mil 634 unidades, de los cuales el 53.0% correspondía a las unidades motrices (389 mil 653), 46.9% las unidades de arrastre (344 mil 412) de éstas, a su vez, 340 mil 806 son semirremolques y 3 mil 606 son remolques (dobles), estos últimos representan apenas el 1% del total del parque vehicular de carga.

El objetivo que pretende esta iniciativa es incrementar la seguridad a los usuarios de carreteras y autopistas de la República Mexicana, prohibiendo la circulación de vehículos de autotransporte de carga de doble remolque y con exceso de peso.

México es el único país que permite la circulación de autotransportes de carga con 2 remolques, es decir nuestro país es el que permite el mayor peso y las mayores dimensiones para los autotransportes, lo cual origina un aumento en la probabilidad de accidentes carreteros fatales, con afectación ineludible para el estado mexicano y sobre todo para la población, que convive con estos macro vehículos que circulan en las carreteras nacionales.

El autotransporte de carga internacional mantiene regulaciones diversas en cada país, sin embargo, en promedio no se permiten más de 38.5 toneladas y una longitud máxima de 25.25 metros de largo. Por el contrario, en México existen empresas y transportistas que sobrecargan sus tráilers hasta en 50%.

En países como los Estados Unidos de América, Brasil, Francia, Alemania, Argentina, Chile, España, Japón, China y Corea del Sur se permiten hasta 40 toneladas, en Canadá permiten poco más de 55 toneladas y México, según la NOM-012-SCT-2 2014 permite hasta 75.5 toneladas para los vehículos doblemente articulados.

El tema central de esta iniciativa, va mas allá de solo cuestiones económicas. El problema por el rodaje en las carreteras y autopistas federales de los camiones con exceso de peso y con doble remolque es la inseguridad que van provocando a lo largo de su camino.

México en materia de accidentes a nivel mundial, ocupa el sexto lugar, situación que es necesario atender con caminos más seguros para toda la población. Una constante en los accidentes fatales es la presencia de autotransporte con doble remolque.

Es obligación del estado mexicano el garantizar la seguridad en la transportación de los ciudadanos, los cuales en un 97% de los millones que se transportan diariamente, lo hacen por autobús de pasajeros, debido entre otros factores, a la nula actividad del ferrocarril de pasajeros y a los altos precios del transporte aéreo. Es necesario poner especial atención en garantizar la seguridad del autotransporte de pasajeros, pero con la autorización de la circulación del doble remolque la probabilidad de accidentes fatales se incrementa considerablemente.

Como parte de esta iniciativa me permito enlistar algunos ocasionados por autotransporte de carga de doble remolque,  cifra no oficial, tomada de medios de comunicación:


Fecha

Número de Muertos

Número de Heridos

Unidades Involucradas

Autopista

7 de junio de 2014

1

4

Autobús Futura y Trailer

132.21

21 de mayo 2014

3

15

Autobús ETN  y Trailer

Occidente

16 de mayo de 2014

6

19

Ómnibus de México y Trailer

Fresnillo

15 de mayo de 2014

10

4

Autobús ADO y Trailer

Veracruz

14 de abril de 2014

36

4

Autobús Turismo y Trailer

Veracruz

31 de marzo de 2014

6

19

Autobús Sendor y Trailer

Laredo

18 de febrero de 2014

1

2

Autobús TAP y Trailer

Tepic

19 de enero de 2014

2

14

Autobús Flecha Roja y Trailer

Querétaro

18 de diciembre de 2013

8

14

Autobús Futura y Trailer

Siglo XXI

2 de agosto de 2013

5

13

Autobús Unidos y Trailer

Veracruz

18 de julio de 2013

5

20

Ómnibus de México y Trailer

Durango

10 de noviembre de 2012

2

18

Autobús ADO y Trailer

Veracruz

6 de abril de 2015

21

5

Pipa doble cisterna

Tabasco

14 de abril de 2015

0

0

Pipa doble cisterna

Aguascalientes

Fuente: Diversos medios impresos de comunicación

Durante el año 2013 y 2014, después de una serie de accidentes de camiones de carga en carreteras, con cuantiosas pérdidas humanas, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes evidenció comparativos internacionales de cuánto peso se permitía a los vehículos de doble caja, y qué largo se permitía a todo tipo de autotransporte.

Se llegó a la conclusión que México era el país que más peso y camiones más largos permitía en sus carreteras. México también estaba entre los primeros 10 lugares a nivel mundial de más muertes en carretera. A partir de esto se anunció que la SCT estaba dispuesta a revisar el marco normativo de dicha actividad, en este caso de la Norma Oficial correspondiente.

El proyecto de norma que fue publicado el pasado 11 de junio de 2014 y no contempló esta problemática, pues se permite nuevamente la circulación de estas unidades de doble remolque altamente peligrosas y dañinas en todos los aspectos.

Otro factor que hace negativo el uso de los dobles remolques, es el hecho de que los costos que generan estas unidades sobre las carreteras nacionales es enorme. El diseño de ingeniería que creó la infraestructura carretera y los circuitos periféricos de las ciudades, no se hizo para soportar el paso de estos vehículos gigantes, que en algunos casos soportan cargas mayores a las 80 toneladas de Peso Bruto Vehicular y que no es admisible que se permita por la autoridad, que un 6 o 7% del parque vehicular que circula con doble remolque, esté causando daños a las carpetas asfálticas.

Existen investigaciones serias sobre esta situación, como el elaborado por la Universidad del Transporte de Texas (ITT), la cual determinó que una unidad con un peso de aproximadamente 80 toneladas de carga ocasiona un daño superior a las vías de comunicación, que la circulación de 30 mil automóviles. 

La circulación de estas unidades ocasiona enormes gastos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para las haciendas estatales y municipales, por el daño causado a las vías terrestres, además de que generan otro tipo  de complicaciones, como lo son el tráfico lento, la contaminación y sobre todo, un enorme daño al pavimento citadino que no se encuentra diseñado para la circulación de este tipo de unidades.  Los municipios gastan mucho en el reencarpetamiento de las calles y avenidas de las ciudades, presupuesto que bien pudiera dirigirse a otro tipo de gasto como atención municipal a sus habitantes.

Uno de los factores que los usuarios de este tipo de transporte de doble remolque utilizan para justificar su uso y el enorme riesgo que ocasionan, es el relacionado con la competitividad.

En materia de importación y exportación de mercancías de México a Estados Unidos y Canadá, se registra un cruce anual aproximado de seis millones de tráilers cargados con diferentes productos, los cuales no superan las 85 mil libras de Peso Bruto Vehicular, es decir, 38 mil 250  kilos o un promedio de carga útil de 22 toneladas.

Es necesario mencionar que las empresas que mayormente utilizan este tipo de transporte mencionan recurrentemente que de no utilizar este tipo de transporte incidirían directamente en la competitividad de las mismas. Ante estos cuestionamientos, surgen dudas razonables, ¿Por qué con las reducidas cargas de importación y exportación desde y hacia Estados Unidos, contempladas en el rango, de los estándares internacionales de pesos y dimensiones, dichas empresas sí son competitivas, y en México, con la eliminación del doble remolque no lo serían?  Es decir, las grandes empresas transnacionales que utilizan estos dobles remolques, en Estados Unidos no los usan y son competitivas, pero al cruzar la frontera y  transitar en territorio mexicano, automáticamente el doble remolque se convierte en un elemento necesario para ser competitivas, argumento notoriamente débil e irreal.

Además, es necesario mencionar el reducido porcentaje que representan estas unidades en el Registro del Servicio Público Federal, únicamente el 7%, por lo que de prohibirse su circulación, la afectación no incidiría directamente en la competitividad de toda la economía.

El año 2013 culminó el proceso de negociación y modificación de la NOM 012, en la cual se pronunciaron algunas voces involucradas en este proceso, y desafortunadamente, a pesar de que fueron expuestas todas las razones por las cuales no debe de permitirse la circulación de las unidades de doble remolque, el panel instalado en el mes de mayo de 2013, emitió una opinión favorable a los propietarios y transportistas de estas unidades.  Esta norma entró en vigor el 13 de enero del presente año.

Es indispensable señalar la responsabilidad del Senado de la República en estas cuestiones de seguridad y protección a los civiles. Una y otra vez, los accidentes mortales por colisiones donde participan estos vehículos con doble remolque, se soslayan, se ocultan o se diluyen. Una y otra vez, en el país ocurren explosiones de gas y combustibles transformados en tanques dobles, bombas rodantes que siguen circulando sin que alguien actúe con responsabilidad ante la sociedad, evitando este constante peligro en carreteras y en las zonas urbanas a donde se destinan.

Es de señalarse un aspecto que atañe directamente al ámbito de responsabilidad de cada integrante  de este Senado: No puede una Dirección o Departamento de una dependencia de Gobierno Federal, dictar reglamentos para sobrecargar carpetas asfálticas y puentes de las carreteras federales, ignorando que los vehículos sobre cargados que autoriza, tienen por destino carreteras, puentes y calles, que son estatales y municipales o de la Ciudad de México, ignorando el interés que por ésta razón tienen los Estados y los municipios. Esta regulación, si en los reglamentos y normas, está fallando, debe subsanarse, elevándose a la categoría de Ley.

Con estas razones la presente iniciativa busca prohibir la circulación del autotransporte de carga de doble remolque en el territorio nacional, además de proponer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, lleven un Registro Nacional de Accidentes, asignándoles un número de registro y expediente que deberá actualizarse conforme sea necesario. Para esto deberá  contar con el apoyo de las delegaciones en las entidades federativas, además de ser un registro público, abierto y transparente.

Esta base de datos deberá contar con una ficha descriptiva que señale las causas y las circunstancias en las que se presentaron estos accidentes, y deberá ser diseñada tomando como base toda la experiencia que se tiene sobre la incidencia de accidentes del autotransporte de carga, con objeto de hacerlo un documento útil, real y que sirva para la toma de decisiones por parte de autoridades y particulares, para minimizar los riesgos de accidentes en las carreteras del país.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

PRIMERO: Se adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

CAPITULO IV
AUTOTRANSPORTE DE CARGA

Artículo 50.-

Queda prohibida la circulación de unidades de autotransporte de carga con doble remolque que excedan un peso bruto de 38.5 toneladas en carreteras y caminos en todo el territorio nacional.

SEGUNDO: Se adiciona un artículo 70 Ter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 70 TER: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, llevará un Registro Nacional de Accidentes Carreteros, asignándoles  un número de registro y un expediente que deberá actualizarse conforme sea necesario, el cual tendrá las características de público, abierto transparente y actualizado diariamente.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO: A la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades correspondientes, realizarán de inmediato la adecuación de la NOM-012-SCT-2-2014 "Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal", a lo estipulado en el presente ordenamiento.

TERCERO: La SCT contará con un plazo de 30 días para establecer el registro nacional de accidentes estipulado en el artículo 70 Ter de este decreto, el cual no causará costo alguno a sus usuarios.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Patricio Martínez García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 84 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Senadora CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 169 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 84 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE PESCADO.

CONSIDERACIONES

La infraestructura hídrica

De acuerdo con  datos de la CONAGUA, en México se dispone de una infraestructura para el almacenamiento del agua de más de 5 mil presas y bordos, 667 de ellas están consideradas como grandes, por su capacidad de almacenamiento  pero solo 181 presas son las que acumulan el 80% de toda el agua.

La principal función de las presas es la generación de energía; apoyo a actividades agrícolas, y en menor medida el abrevadero.

Este inventario va en aumento debido a que en años recientes, a través  de diversos programas y acciones del Gobierno de la República como el Proyecto Estratégico Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas (POH) en el marco del Componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua (COUSSA) que opera la CONAZA, se han construido almacenamientos de agua con fines de riego, abrevadero e incluso para consumo humano, aprovechando los escurrimientos, manantiales e inclusive el agua de lluvia en diversas zonas del país.

Solo en algunos de estos cuerpos se han sembrado peces para desarrollar pesquerías continentales o instalado jaulas flotantes para el cultivo de peces en ellas, desaprovechando la oportunidad de optimizar el uso del agua para fines de generación de alimentos, pues además de cumplir con el propósito para el que fueron creados, el agua de estos depósitos puede ser aprovechada para cultivar en ellos, peces de diferentes especies, según las propiedades fisicoquímicas del agua y convertirse en generadores de un alimento de alta calidad nutricional, de bajo costo económico, con lo que se pueden beneficiar a los habitantes ribereños y de comunidades aledañas.

El sector acuícola y pesquero en México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Pesca, la infraestructura acuícola nacional asciende a 1 mil 963 unidades, y se clasifica en cinco categorías:

• Canales.

• Corrales.

• Estanques artesanales o revestidos.

• Estructuras flotantes.

• Charolas de fondo.

En ella, se cultivan 61 especies, 40 de las cuales son nativas y 21 exóticas introducidas al país.

El análisis de la productividad indica que el 53% de las pesquerías están en máximo aprovechamiento y el 20% de ellas, tienen posibilidades de aumento de producción, lo que habla de un área de oportunidad importante.

La acuicultura es por tanto una actividad prioritaria que debe tomarse desde varios aspectos para potenciar su alcance, tanto a nivel productivo como comercial y de ingresos para las familias.

Basta decir que aporta 15.8% de la producción pesquera nacional y tiene potencial para alcanzar hasta un 40%.

En los últimos 10 años la actividad ha crecido 3.4% anual. Sin embargo, no está exenta de ciertas problemáticas y dificultades.

El valor nutrimental del pescado en la dieta diaria

De todos son conocidos los beneficios nutricionales del pescado, los nutriólogos señalan que  incluir el consumo de pescado cuando menos una vez a la semana, ayuda a un mejor funcionamiento del organismo humano, gracias a su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales.

Por mencionar solo unos aspectos podemos citar  que con  la ingesta de 2 raciones de pescado  (100g) a la semana se cubren las necesidades de yodo de un adulto. Las concentraciones de hierro en el pescado (2-6mg/100 g) son superiores a los de la carne.

Una ración de pescado (100g)  cubre 50% del requerimiento de fosforo en un niño y el 25% en un adolecente.

Las vitaminas como la A- existente en los pescados, por sus propiedades antioxidantes ayuda a prevenir el cáncer y fortalecer el sistema inmunológico, mejorando el sistema cardiovascular y nervioso, además de que el pescado que contiene minerales como el yodo, calcio, magnesio y zinc, indispensables para la buena salud.

Estudios científicos que destacan las cualidades nutricionales concluyen que este alimento sirve para apoyar en la disminución del colesterol y triglicéridos, que previenen la formación de coágulos en sangre, reducen la presión arterial en hipertensos y previenen ataques al corazón, infartos cerebrales y anginas de pecho.

Es por todos estas razones que resulta conveniente pensar que si ya se cuenta con la infraestructura arriba citada y si los problemas que aquejan a nuestra población rural es el hambre y  la desnutrición, el cultivo de peces o acuicultura en embalses podría contribuir a paliar esta problemática y sin duda contribuiría junto con otras acciones a mejorar la salud y nutrición de la población rural que cuenta en sus inmediaciones con algún cuerpo de agua.

El potencial de la acuicultura.

• La acuicultura es una alternativa real para ampliar la oferta alimentaria, generar divisas y crear fuentes de empleo. Es fuente de alimento para autoconsumo y para comercialización de los excedentes

• México posee gran diversidad de condiciones climáticas y ecosistemas que contribuyen al desarrollo de un sector acuícola muy diversificado.

• El aprovechamiento del potencial que poseé la acuicultura en México depende de la aplicación exitosa de tecnologías eficientes y de procesos de innovación, modernización y reconversión productiva. Por ejemplo, el cultivo de tilapia representa más del 60% del cultivo en centros acuícolas y productores.

El repoblamiento de embalses y cuerpos de agua

Por estas beneficas consideraciones acerca del desarrollo y uso de la acuicultura para la alimentación, la presente iniciativa plantea el aprovechamiento integral de embalses artificiales y cuerpos de agua naturales para fomentar la acuacultura, es decir compartir dichos recursos para lograr un uso múltiple, con una visón integral del agua, racional sostenible, equitativa y en armonía con los demás usuarios.

Considernado que entre las acciones que debe cubrir dicho plan, se tienen las siguientes como previas: 

• Se requiere complementar la información de carácter limnológico (aspectos físicos, químicos, hidrológicos y biológicos del agua dulce) de estos embalses, apoyados por las instituciones de educación e  investigación.

• Fortalecimiento de los centros acuícolas del país, tanto los del sector gubernamental, como los de sector privado, a través de incentivos que permitan garantizar la calidad genética y sanitaria de los peces a cultivar.

• Reforzar la plantilla de extensionistas con formación profesional y experiencia en acuicultura para acompañar a los beneficiarios de los embalses en la incorporación de esta actividad como complemento al resto de las actividades agropecuarias.

Debemos reconocer la importancia que la acuicultura tiene en la contribución a la seguridad alimentaria y que organismos internacionales como la FAO la consideran como una de las fuentes de abastecimiento más importante de alimentos en los próximos años.

Del mismo modo se señalan a continuacion algunos aspectos generales para fortaelcer la actividad acuicola en todo el país.

Para fortalecer y consolidar esta actividad, se requiere:

• Promover la diversificación y tecnificación de la misma así como incrementar su eficiencia productiva.

• Promover la diversificación de las líneas de producción e incrementar la rentabilidad económica y social.

• Promover la investigación y desarrollo tecnológico sobre aspectos como sanidad, nutrición, genética y manejo ambiental.

Investigación aplicada y transferencia de tecnología en el sector acuícola y pesquero.

Teniendo como objetivos:

• Favorecer la adopción de la acuacultura como una actividad productiva sostenible en más comunidades.

• Ampliar el beneficio económico directo en los grupos o comunidades dedicados a la actividad.

• Disponibilidad de alimento con alto contenido proteico como lo es la carne de pescado.

• Promover la capacitación, transferencia de tecnologías, instalación o rehabilitación de infraestructura.

• Ampliar la asistencia técnica para incrementar la base productiva.

• Lograr el aprovechamiento integral de la infraestructura y el recurso acuático en las regiones rurales.

• Desarrollar e incrementar la acuacultura tecnificada.

• Incrementar los niveles de intensificación de los cultivos

• Obtener estandares altos de sanidad acuicola en poblaciones acuáticas cultivadas.

Resultados positivos de un programa emergente interinstitucional a favor de la acuicultura, pueden impactar a diferentes Estados que tiene grandes posibilidades de potenciar aún más esta actividad para avanzar más rápidamente en la mitigación del hambre y la marginación.

En suma, la aplicación de la política pesquera en nuestro país, aunado al trabajo  de pescadores y acuicultores  ha permitido en lo que va de esta administración del Gobierno de la República, la producción de pescados y mariscos haya alcanzado ya  un millón 752 mil toneladas, de las cuales 325 mil toneladas son obtenidas a través de la práctica de la  acuacultura.

En el 2015, el valor total de la producción pesquera y acuícola fue de 31,489 millones de pesos, cifra que representó una tasa de crecimiento media anual del 18.3% en los últimos tres años.

La pesca es uno de los sectores del país con mayor dinamismo nacional, y en acuacultura en México se registra un ritmo de crecimiento del 12 por ciento anual desde hace tres años, mientras que  la acuacultura a nivel mundial tiene un aumento del 6 por ciento.

El PIB de las actividades primarias es del 3.1% y la pesca, caza y captura el 9%.

El objetivo de la presente iniciativa es hacer uso eficiente del agua, con la finalidad de aumentar la producción y productividad de pescado, como se mencionò anteriormente, existe un campo de oprotunidad que pudeiramos explotar para llevar este sector agrepecuario a instancias de comeptencia inernacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se reforman los artículos 81 y 84 de la Ley de Desarrollo Rrural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 81.- El Gobierno Federal, en los términos del Programa Especial Concurrente, impulsará la inversión y programará la expansión de la infraestructura hidroagrícola, su modernización y tecnificación, considerándola como instrumento fundamental para el impulso del desarrollo rural sustentable, mediante el aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos del país, de igual manera promoverá a la acuacultura, con la finalidad de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en embalses artificiales y cuerpos de agua aprovechándolos de manera integral.

Artículo 87.- Para impulsar la productividad rural, los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado para su utilización en la producción; la implantación de agricultura bajo condiciones controladas; el desarrollo de plantaciones; la implementación de normas sanitarias y de inocuidad y técnicas de control biológico; promover a la acuacultura, con el objetivo de incrementar la producción de pescado con fines alimentarios en embalses artificiales y cuerpos de agua aprovechándolos de manera integral;  el impulso a la ganadería; la adopción de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos naturales; así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Fuentes

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para un mundo sin hambre
• http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/356-realizara-inapesca-foro-sobre-pesca-y-acuacultura
• http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_mexico/es
• http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_mexico/es#tcN70144
•http://www.panoramaacuicola.com/articulos_y_entrevistas/2010/03/10/un_innovador_modelo_tecnologico_de_
informacion_y_comunicacion_para_transferir_la_tecnologia_a_la_acuicultura_.html
•https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=mBK4VKXtNMHFqAX9pIDwDQ&gws_rd=ssl#q=investigacion+aplicada
+y+transferencia+de+tecnologia+en+el+sector+pesquero+y+acuicola&start=10






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO XII Y ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 279 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CAPÍTULO XII Y ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 279 DE ESTE CAPÍTULO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE NUTRICIÓN ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La alimentación es algo que requiere cuidados especiales. Además de las recomendaciones que promueven, las instituciones de salud como: el cuidado de la higiene en la preparación de los alimentos; la selección de los alimentos de acuerdo con la temporada, la combinación de acuerdo con la clasificación de los grupos de alimentos, etcétera, debemos informarnos sobre la calidad y el estado de los alimentos que llegan a nuestra mesa, ya que algunos son de dudosa procedencia y pueden causar graves daños a nuestra salud.

Recientemente, a través de diferentes investigaciones, se ha descubierto que algunos de los alimentos que consumimos no tienen la calidad que aparentan porque en su producción se hace uso de sustancias químicas que hacen que parezcan de óptima calidad. Estos componentes se utilizan tanto en la producción de verduras y frutas como en la de carnes.

Sustancias tóxicas en las verduras y frutas:

Según datos recientes, se han presentado algunos casos de intoxicaciones, provocados por contaminantes como aldrín, clorano, mirex, dieldrín, dioxinas, furanos, PCB, endrín, heptacloro, HCB y toxadeno. En casos graves estas sustancias pueden provocar cáncer y malformaciones congénitas en los seres humanos y animales que los consumen; además de otras enfermedades. Estas sustancias han sido prohibidas desde la Convención de Estocolmo realizada en el año 2001. Sin embargo, en muchos países, se siguen utilizando indiscriminadamente en los cultivos como plaguicidas.

Los alimentos contaminados son, en general, dañinos para toda la población, pero afectan más a niños, niñas y a personas adultas mayores, por lo que se sugiere tener cuidado en su consumo.

Los síntomas más comunes de una intoxicación por alimentos contaminados comienzan a notarse entre 2 y 72 horas después de su consumo, los síntomas son: gripe, dolores de cabeza, náuseas, diarreas o vómitos, fiebres y espasmos estomacales.

Los pesticidas se utilizan en muchos granos, frutas y verduras cultivados con fines comerciales, para protegerlos de insectos, malezas, hongos, enfermedades, ratones y otros animales, bacterias, virus y moho. En los Estados Unidos, el uso de pesticidas está controlado estrictamente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

En forma similar, los antibióticos y otros medicamentos se usan para proteger el ganado de enfermedades y parásitos. Los animales pueden recibir hormonas extra para aumentar la producción de carne y leche. En los Estados Unidos, el uso de estos medicamentos está regulado por la FDA.

Mediante la eliminación de las fuentes de enfermedades, los pesticidas y los antibióticos ayudan a aumentar la producción de alimento. Reducir la pérdida de alimento y mantener la seguridad del abastecimiento de alimentos de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos se preguntan en qué medida las sustancias químicas pesticidas y hormonas son inocuas para el cuerpo humano. Les preocupan los residuos de pesticidas presentes en algunas frutas y verduras y en los alimentos para animales, que podrían terminar en las carnes rojas, de ave y de pescado y en los productos lácteos, además de los antibióticos y las hormonas. Existe una preocupación real de que estas sustancias químicas puedan causas problemas de salud, incluido un aumento en el riesgo de contraer cáncer de mama. También existen preocupaciones acerca del mercurio en los alimentos de mar y acerca de las sustancias químicas presentes en alimentos y embalajes de alimentos.

Ningún estudio muestra hasta ahora una conexión directa entre la exposición a pesticidas y el aumento del riesgo de tener cáncer de mama. Aun así, las trabajadoras jóvenes dedicadas a la explotación agrícola tienen un riesgo mayor de contraer ciertas afecciones médicas. Además, se ha demostrado que algunos de los pesticidas de uso más frecuente imitan el comportamiento del estrógeno en animales de laboratorio. Por ejemplo, la atracina, que se usa frecuentemente para el cultivo de maíz, puede aumentar la producción de estrógeno ya que activa la enzima aromatasa. Así que la máxima “más vale prevenir que curar” tiene sentido en este caso. El sentido común sugiere además que comer sustancias químicas en exceso puede ser poco saludable. Entonces, aún no se ha dado respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la forma más segura de cultivar y preparar frutas, verduras, carnes rojas, pollo y pescado para obtener el mayor valor nutricional y evitar los riesgos?

Hay que considerar la posibilidad de comprar productos orgánicos. A fin de reducir la exposición a los pesticidas, puedes comprar alimentos cultivados orgánicamente o productos lácteos elaborados orgánicamente. El término “orgánico” se utiliza para referirse a las plantas que se cultivan sin pesticidas ni fertilizantes químicos, y que no tienen modificaciones genéticas. También se hace referencia como “orgánicos” a la carne roja o de aves, los huevos y los productos lácteos obtenidos sin suministrar hormonas del crecimiento o antibióticos extra a los animales cuando están saludables. Estos alimentos orgánicos provienen de animales que han sido alimentados con granos orgánicos y otros alimentos.

Si bien hay motivos para considerar que los alimentos producidos orgánicamente son más seguros y más nutritivos que aquellos de producción convencional, existen muy pocos estudios que confirmen esta afirmación. Es necesario realizar más investigaciones en esta área.

En las carnes de res, cerdo y pollo, principalmente, se ha detectado una serie de sustancias que se administran a los animales durante su crecimiento antes de ser sacrificados. Este tipo de sustancias químicas producen en los animales una rápida engorda, lo que no ocurre cuando se les alimenta con pastura. En el caso del pescado, se han detectado sustancias tóxicas, que generalmente se deben a la contaminación por desechos industriales en las aguas de ríos, lagos y mares.

Algunas de estas sustancias químicas poco conocidas para el común de la gente son el clembuterol, dietilstilbestrol, cimaterol, fenoterol, ritodrine, ractopamine, terbutaline, y salbutanol, entre algunos otros que se elaboran con base en hormonas. Estas sustancias se inyectan en los animales para dar a la carne la apariencia de frescura y calidad, pues aumentan la masa muscular y reducen la grasa; con la finalidad de llamar la atención de los consumidores.

En 1999 la legislación mexicana prohibió el uso de clembuterol en animales, pero algunos ganaderos, a pesar de la prohibición, siguen utilizando estas sustancias en la crís de animales. Se han presentado casos de intoxicación por estas sustancias en Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y el Distrito Federal.

Algunos especialistas aseguran que el riesgo por el consumo de estas sustancias no es muy alto, pues se tendrían que consumir grandes cantidades de carne contaminada para poder dañar la salud. Aunque hay otros que afirman que su consumo puede causar algún tipo de cáncer como el de colon.

Para prevenir la ingestión de estas sustancias se recomienda comprar alimentos en establecimientos donde se certifique oficialmente la calidad de los mismos, en establecimientos supervisados continuamente por SAGARPA y la Secretaría de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el capítulo XII y adiciona una fracción II Bis al artículo 279 de este capítulo de la Ley General de Salud, en materia de nutrición animal para consumo humano.

CAPITULO XII

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales, Animales y Substancias Tóxicas o Peligrosas

Artículo 278.- …

I al IV...

Artículo 279.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I…

II. Autorizar, en su caso, los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales y animales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

II. Bis Nutrientes animales: cualquier sustancia o mezcla de sustancias que contengan elementos útiles para la nutrición y desarrollo animal, constituidos por carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales y animales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni incrementar la toxicidad del plaguicida o del nutriente vegetal y animal;

IV...

V. Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, las normas oficiales mexicanas en las que se especifiquen las condiciones que se deberán cumplir para fabricar, formular, envasar, etiquetar, embalar, almacenar, transportar, comercializar y aplicar plaguicidas, nutrientes vegetales y animales y substancias tóxicas o peligrosas en cualquier fase de su ciclo de vida. A efecto de proteger la salud de la población prevalecerá la opinión de la Secretaría de Salud.

Artículo 280.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y animales y substancias tóxicas o peligrosas.

Artículo 281.- Las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y animales y substancias tóxicas o peligrosas, en lo conducente, deberán ostentar, en español, claramente la leyenda sobre los peligros que implica el manejo del producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los envases que los contengan o los hayan contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las normas que dicte la Secretaría de Salud.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Entidades Federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días para adecuar las disposiciones locales al respecto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente,

Sen. María Cristina Díaz Salazar.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar cuál es el estado de las denuncias que se debieron haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social en 2015 y 2016, durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña, al frente de dicha Secretaría. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8, numeral 1, Fracción II, 95, 108, 109, 110, 276 y demás aplicables, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE INFORME AL SENADO DE LA REPÚBLICA CUÁL ES EL ESTADO DE LAS DENUNCIAS QUE SE DEBIERON HABER PRESENTADO CON MOTIVO DEL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN 2015 Y 2016, DURANTE LA GESTIÓN DE JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, AL FRENTE DE DICHA SECRETARÍA. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el Informe de revisión a la Cuenta Pública 2015 presentada por la Auditoría Superior de la Federación, se encontraron presuntos desvíos de recursos públicos en la SEDESOL, presuntamente durante la gestión del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

Los voceros de Meade han hecho lo imposible por evitar que se hable de dicho informe. No es casualidad que el día en que se presentó el informe, empezaron los ataques a los opositores. No es casual que se inventen cortinas de humo porque lo que en realidad quieren los priistas, es que no se conozcan los resultados del Órgano Fiscalizador.
A continuación referiremos los casos de daño patrimonial detectados por la ASF en la SEDESOL.

Universidad Politécnica de Chiapas.

José Antonio Meade, fue Secretario de Desarrollo Social del 28 de agosto del 2015 al 6 de septiembre de 2016. El 29 de septiembre de 2015 la SEDESOL pagó 400 millones de pesos a favor de la Universidad Politécnica de Chiapas para la supuesta prestación de servicios. Sin embargo, en el informe de resultados correspondiente a la auditoria de la Cuenta Pública 2015, la SEDESOL no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por esa Universidad.

El informe de la ASF dice textualmente que presume un probable daño o perjuicio patrimonial por 400 millones de pesos al haber subcontratado la Universidad a empresas que no han demostrado la realización de los trabajos o servicios. Nos encontramos ante un esquema igual al de la “Estafa Maestra”.

Daño patrimonial, falsificación y sustracción de documentos públicos en convenios con Universidades.

En 2015, la SEDESOL firmó Convenios por 611 millones de pesos con las Universidades de Netzahualcóyotl, la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México.

Estos convenios también fueron señalados por la ASF en el informe de la Cuenta Pública por la simulación de servicios, en un esquema como el de la “Estafa Maestra”.

Los tres convenios fueron falsificados y modificados, fuera de las formas legales, para ajustar la fecha de terminación de los convenios al 31 de agosto, en lugar del 30 de noviembre de 2015, fecha previa al ingreso de Meade a la SEDESOL. La falsificación se descubrió en la investigación realizada por la ASF en donde encontró que en los Convenios que tenían las Universidades no correspondían con las fechas de los ejemplares que poseía la SEDESOL. Por si fuera poco, se tuvo que pagar 62 millones de pesos adicionales.

Universidad de Zacatecas.

En el 2016, también se encontró el esquema de la “Estafa Maestra”, al firmar la SEDESOL, un contrato con la Universidad de Zacatecas por un monto de 70 millones de pesos, en donde tampoco se pueden comprobar los presuntos servicios prestados.

Los Senadores de Acción Nacional, estamos convencidos que el PRI está montando una comedia para encubrir y distraer la atención de la opinión pública, para que los desvíos de recursos en la SEDESOL, en contexto de la “Estafa Maestra” y en 2016.

Todos los mexicanos merecemos conocer la verdad acerca de la manera en que dicha dependencia, utilizó los recursos públicos que estaban a su cargo.

Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la información que posee, para evitar que presunto desvío de recursos que ellos detectaron, quede impune una vez más.

Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, con carácter de URGENTE RESOLUCIÓN, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a que informe a esta Soberanía, cuál es el estado de las denuncias que se debieron haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social en 2015 y 2016, durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña, al frente de dicha Secretaría.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que gestionan su cartera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La creciente demanda de servicios financieros ha logrado que se diversifiquen las opciones a las que pueden acudir las personas; sin embargo, paralelamente su dinámica y complejidad también ha evolucionado. Los servicios financieros “son aquellos que comprenden todo servicio de esa naturaleza, bien sea servicio de banca, seguros, valores, factoraje, arrendamiento financiero y finanzas; así como cualquier otro servicio conexo o auxiliar de un servicio financiero”.1

Con base en esta definición, se puede analizar el último Reporte Nacional de Inclusión Financiera (RNIF), elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en conjunto con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), el cual señala que de 2012 a 2015 se incluyeron financieramente 12.7 millones de adultos, lo que significa que la población que posee al menos un producto financiero pasó de 39 a 52 millones; lo anterior desde otra perspectiva, significa que anualmente se incorporan casi cuatro millones de personas al sistema financiero formal.2

En materia de acceso al sistema financiero, con datos actualizados al segundo trimestre de 2016, el RNIF da cuenta que el indicador de puntos de acceso, considerando sucursales, cajeros automáticos y corresponsales, asciende a 11.5 por cada 10 mil adultos; el 72% de los municipios cuentan con al menos un punto de acceso y el porcentaje de adultos que habitan estos municipios es del 98%. Por otro lado, para dimensionar el avance y crecimiento de los servicios financieros, cabe decir que la infraestructura financiera está conformada por 16 mil 546 sucursales, 38 mil 285 corresponsales bancarios, 47 mil 743 cajeros automáticos y 893 mil 244 terminales punto de venta.3

De esta manera, el crédito, préstamo o financiamiento y otros servicios que se ofrecen al público en general, se han convertido en una opción recurrente para los usuarios de los servicios financieros, quienes realizan alguna operación activa, pasiva o de servicios con la entidad financiera de que se trate.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros refiere que, por Entidad Financiera debe entenderse a las instituciones de crédito; a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas; a las sociedades financieras populares; a las sociedades financieras comunitarias; a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; a las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público y a las uniones de crédito. Asimismo, establece que las Entidades Comerciales son aquellas sociedades que de manera habitual otorgan créditos, préstamos o financiamientos al público. En términos generales, el cuerpo de la Ley hace alusión a ambas como Entidades.

Comúnmente la relación entre los clientes o usuarios con las Entidades se plasma mediante un contrato de adhesión, en el cual de forma unilateral la entidad (oferente) establece en un formato uniforme los términos y condiciones aplicables, de carácter inflexible, a fin de que el cliente (ofertado) los acepte manifestando su conformidad sin distinción.

Sin embargo, una vez establecida dicha relación, en algunos casos suele presentarse un problema de endeudamiento o sobreendeudamiento del cliente o usuario con la Entidad. En muchas ocasiones, esta situación es atribuida solo a una de las partes, no obstante, la realidad es que se trata de una responsabilidad compartida. Por un lado, del cliente al incumplir con sus obligaciones respecto de los términos y condiciones establecidas en el contrato o bien por su incapacidad económica para continuarlo; por otro lado, de las Entidades, la cuales con excesiva facilidad ofrecen y aprueban prestamos, créditos o financiamientos con altos niveles de riesgo al incumplimiento.

La moderación del endeudamiento de las personas ha sido un reto que se ha tratado de enfrentar por diversos medios. Si bien propiamente se trata de una relación en la que el acreedor, quien cuenta con los recursos financieros, los entrega con determinados plazos, sujetando al deudor a ciertas condiciones para garantizar su devolución, también es innegable que para asegurarse que los clientes o usuarios se liberen del endeudamiento, las Entidades pueden recurrir a las formas y procedimientos que las leyes les permiten, siempre y cuando no se convierta en un ejercicio desmedido que violente los derechos de las personas.

Lo anterior se menciona a propósito de los métodos de cobranza que utilizan las Entidades para hacer exigible a sus clientes que cubran de su deuda. La cobranza, engloba todas aquellas actividades que la Entidades realizan a través de Despachos con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago al deudor de los créditos, préstamos o financiamientos que le hayan sido otorgados, mediante el uso de contratos de adhesión, o de llevar a cabo operaciones de negociación y restructuración de los mismos.

En ese orden de ideas, un Despacho de Cobranza es la persona física o moral que actúa como prestador de servicios de la Entidad, con el propósito de realizar las actividades que se describieron con antelación. Para poder operar, deben ser dados de alta por las Entidades en el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), el cual “permite al público conocer la información relativa a los Despachos de Cobranza, mediante los cuales las Entidades Financieras se apoyan para realizar la gestión del cobro de sus créditos, préstamos o financiamientos, entre la cual destaca su denominación o razón social, domicilio, teléfonos y correo electrónico utilizados para realizar sus gestiones”.4

Las “Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras en materia de Despachos de Cobranza”,5 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014, regulan las obligaciones a las que deben sujetarse las Entidades con relación a los Despachos que gestionan su cartera.

Las disposiciones referidas responsabilizan a las Entidades Financieras para que los Despachos de Cobranza que contraten, se sujeten a múltiples condiciones, entre las que cabe destacar:

A) Establecer mecanismos que permitan la plena identificación del Deudor, obligado solidario o aval, antes de establecer el primer contacto.

2) Indicar al Deudor, en el primer contacto que establezcan, ya sea por escrito o verbalmente, toda la información referente al propio Despacho de Cobranza, a la Entidad Financiera y al contrato u operación que motiva la deuda, las condiciones para liquidar el adeudo, etcétera.

3) Dirigirse al Deudor de manera respetuosa y educada.

4) Comunicarse o presentarse en un horario de 7:00 a 22:00 horas, de acuerdo a los husos horarios en que se encuentre el Deudor.

5) Documentar por escrito con el Deudor el acuerdo de pago, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos.

6) Entregar a la Entidad Financiera los documentos que contengan los acuerdos referidos con antelación.

7) Abstenerse de llevar a cabo los siguientes actos:

a) Utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas;

B) Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como “confidencial”, “oculto”, “privado” o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación;

c) Amenazar, ofender o intimidar al Deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda;

d) Realizar gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios, con excepción de Deudores solidarios o avales;

e) Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad;

f) Establecer registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones, o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los Deudores;

g) Recibir por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo;

h) Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo que en el último supuesto se trate de los Deudores, y

i) Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración, de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval.

8. Tratar los datos personales de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

La importancia de las disposiciones citadas radica en que constituyen practicas adecuadas para llevar a cabo las actividades de cobranza; sin embargo, cuando los Despachos no se sujetan a las mismas, se prevé que las personas que se consideren vulneradas en sus derechos, puedan presentar una queja en contra de la Entidad Financiera a través de la REDECO, o bien, en cualquiera de las delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Lamentablemente los Despachos de Cobranza han recurrido a prácticas irregulares que contravienen a las disposiciones, y que, por ende, violentan los derechos de las personas. Al cierre de 2017, la CONDUSEF recibió 28 mil 652 quejas contra despachos de cobranza, un incremento de 1.62% en comparación con el 2016.6 De la cifra referida, 6 mil 279 involucran a 249 instituciones financieras y a 176 despachos, en las que podría presumirse la comisión de un delito.7

Entre las principales inconformidades por la gestión de cobranza predomina la falta de respeto, amenazas, ofensas e intimidaciones dirigidas no sólo al deudor, sino también a los familiares, o terceros sin relación con la deuda, así como la comunicación en horarios fuera de lo establecido.8

Por razones como las expuestas, es evidente la inobservancia a las disposiciones generales, es incluso, la probable comisión de conductas constitutivas de delito. Por ejemplo, sobre lo último, el Código Penal Federal, en su Titulo Décimo Octavo (Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas), Capito I (Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal), prevé en el artículo 284 bis que:

Artículo 284 Bis. Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad.

Si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal.

Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. No se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.

Como se infiere del precepto citado, hay una delgada línea para que las actividades de los Despachos de Cobranza puedan encuadrar en la hipótesis penal; sin embargo, aun cuando no constituyan un delito, es una realidad que deben ser sancionadas cuando incumplan las disposiciones de carácter general que rige su actuar.

En este sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene un papel fundamental para preservar y hacer efectivos los derechos e intereses del público usuario; como parte de sus funciones, debe dar seguimiento a las quejas que se presenten ante la misma, o bien ante el Registro de Despachos de Cobranza. Cuando se verifica que estos últimos incurren con sus actividades en violaciones a los derechos de las personas, la CONDUSEF tiene la facultad de sancionar, conforme a las Ley, a las Entidades Financieras que los contratan.

Por los motivos vertidos en las presentes consideraciones, es oportuno realizar un atento exhorto a la CONDUSEF, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, y como principal promotor, asesor, protector y defensor de los derechos e intereses de los usuarios frente las instituciones financieras, continúe dando puntual seguimiento a las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que gestionan su cartera.

Además, la Comisión deberá verificar que efectivamente las Entidades Financieras y Comerciales supervisen las actividades que realizan sus Despachos de Cobranza, y en su caso, sancionar conforme a las Entidades Financieras que incumplan con las disposiciones en materia de Despachos de Cobranza, o bien, dé parte a las autoridades correspondientes respecto de posibles actividades constitutivas del delito de cobranza extrajudicial ilegal.

Asimismo, en aras de fomentar una educación y cultura financiera que beneficie en todo aspecto a los usuarios, se propone exhortar a la misma Comisión para que refuerce las campañas informativas acerca de los mecanismos que los usuarios tienen a su alcance en caso de que los Despachos de Cobranza contratados por las Entidades Financieras violenten sus derechos.

Por último, se propone el fortalecimiento de las campañas informativas en materia de educación y cultura financiera a fin de evitar el endeudamiento o sobreendeudamiento de los clientes o usuarios con las Entidades Financieras y Comerciales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones:

a) Continúe dando tramite puntual a las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que gestionan su cartera;

b) Verifique que las Entidades Financieras y Comerciales efectivamente supervisen las actividades que realizan sus Despachos de Cobranza;

c) Sancione a las Entidades Financieras en los casos en que se incumpla con las disposiciones en materia de Despachos de Cobranza, o bien, dé parte a las autoridades correspondientes respecto de posibles actividades constitutivas del delito de cobranza extrajudicial ilegal, y

d) Refuerce las campañas informativas dirigidas al público en general en materia de difusión de los mecanismos que tienen a su alcance en caso de que los Despachos de Cobranza contratados por las Entidades Financieras violenten sus derechos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Quintana Adriano, Elvia Arcelia, “Los servicios financieros en México y la Organización Mundial de Comercio”, en Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año XXXVIII, Núm. 111, septiembre-diciembre 2004, pp. 972-973.

2 Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF). “Reporte Nacional de Inclusión Financiera”, 8 de junio de 2017, consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en:
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf

3 Ídem.

4 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. “¿Qué es el REDECO?, consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en:
https://phpapps.condusef.gob.mx/redeco_gob/redeco.php

5 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, DISPOSICIONES de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza, publicadas en el DOF el 7 de octubre de 2014, consultadas el 01/03/2018 [en línea], disponibles en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78263/disp_despachos_cobranza.pdf

6 Hernández, Antonio. “Reciben 28 mil quejas contra los cobrones”, El Universal, 9 de febrero de 2018, articulo consultado el 01/03/2018 [en línea], disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/reciben-28-mil-quejas-contra-los-cobrones

7 Mendoza, Elva. “Cobranza y bancos, bajo investigación”, El Heraldo de México, 21 de febrero de 2018, articulo consultado el 01/03/2018 [en línea] disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cobranza-y-bancos-bajo-investigacion/

8 Ídem.






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales del Año 2018. Se turna a la Junta de Coordinación Política.








Del Senador José María Tapia Franco, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo una auditoría especial a los distintos contratos de servicios otorgados con recursos federales por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, a empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, candidato a gobernador de Jalisco por MORENA, en virtud de las presuntas anomalías documentadas a través de una investigación, en las que se señala que éstas fueron asignadas de forma irregular. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El suscrito, JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las diversas irregularidades en el financiamiento y construcción de la Línea 12 del metro, representan el caso emblemático de la corrupción y el ejercicio indebido de los recursos públicos que prevaleció durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón al frente del gobierno de la Ciudad de México, no obstante, debida a la magnitud del fraude relacionado con esta obra y del cual hasta la fecha siguen surgiendo nuevas anomalías, no se han investigado otras anomalías en el ejercicio de los recursos públicos en los que presumiblemente había incurrido el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Tal es el caso de una presunta asignación irregular de contratos por más de mil 594 millones de pesos a empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, diputado federal de MORENA con licencia y candidato de dicho instituto político a la gubernatura del Estado de Jalisco. 1

Cabe recordar, que en el año 2008, Carlos Lomelí y su empresa Lomedic S.A de C.V. fueron ligados al cártel de los Amezcua Contreras por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien señaló que ésta funcionaba como fachada para el lavado de dinero de dicha organización criminal.2

Entre 2010 y 2012, el gobierno de la Ciudad de México otorgó a Lomedic principalmente mediante asignación directa 34 contratos de servicios a distintas dependencias, en las que destacan la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Secretaría de Salud y los Centros de Atención de los Reclusorios.3

En el año 2011, Lomedic consiguió por adjudicación directa 14 contratos con la Secretaría de Salud que iban desde los 250 mil pesos hasta más de 237 millones de pesos.4

De acuerdo con una investigación periodística, el contrato STC-CNCS-070/2011, signado el 29 de abril de 2011 entre Lomedic y el Sistema de Transporte Colectivo Metro por concepto de material de curación, suplementos alimenticios, productos dermatológicos, preservativos y formulas magisteriales por casi 16 millones de pesos, se incrementó mediante un convenio modificatorio en más de 900 por ciento, alcanzando un costo de cerca de 159 millones de pesos.5

Asimismo, en julio de 2011, se documentó que la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar adquirió diversos medicamentos a la empresa Lomedic a un sobreprecio. Luego de comparar diversas facturas se constató que, por medicamentos como Lorazepam, Alprazolam, Anfebutamona, Bromazepam, Clonazepam, Piracetam o Sertralina, la Policía Auxiliar llegó a pagar hasta 900% más que dependencias de otras entidades, de acuerdo con una lista oficial de medicamentos publicada en el Diario Oficial de la Federación.6

La relación de Carlos Lomelí Bolaños con el grupo encabezado por el candidato a la presidencia de la Coalición Juntos Haremos Historia, del cual forma parte Marcelo Ebrard, se remonta hasta el año 2000, cuando fue uno de los principales empresarios que financió las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador para ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México.

A cambio, López Obrador lo convirtió en uno de los principales proveedores de medicamentos de la Ciudad de México durante su gobierno y posteriormente durante la administración de Marcelo Ebrard.

Los beneficios para Carlos Lomelí no se limitan al ámbito económico, durante el año 2012, fue promovido como candidato al Senado por el Movimiento Progresista, conformado por PRD, PT y Movimiento Ciudadano; en el 2015, alcanzó una diputación federal bajo las siglas de MORENA; y actualmente es el candidato de dicho partido político a la gubernatura del Estado de Jalisco.

Los legisladores del PRI consideramos que estas presuntas anomalías en el ejercicio de los recursos públicos deben ser investigadas y en su caso, deslindar responsabilidades y promover las acciones que conforme a derecho procedan.

La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno de la Ciudad de México, así como su evaluación.7 Entre sus atribuciones, podemos destacar los siguientes aspectos:

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el alcance de los objetivos y metas de los programas, así como para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos públicos.

• Ordenar visitas, revisiones e inspecciones; practicar auditorías; solicitar informes; revisar libros, documentos, registros, sistemas y procedimientos para comprobar si la recaudación de los ingresos se ha realizado de conformidad con las leyes aplicables en la materia.

• Realizar la inspección de obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron de conformidad con la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus programas y subprogramas aprobados.8
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en el marco de sus atribuciones,  lleve a cabo una auditoría especial a los distintos contratos de servicios otorgados con recursos federales por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón a empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, candidato a gobernador de Jalisco por MORENA, en virtud de las presuntas anomalías documentadas a través de una investigación, en las que se señala que éstas fueron asignadas de forma irregular.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. José María Tapia Franco.

1 “Gob. De México y Aguascalientes Otorgaron Contratos Millonarios a Empresa Bajo Sospecha”, < http://www.laverdaddelcentro.com.mx/leer-5085-gob-de-ma-xico-y-aguascalientes-otorgaron-contratos-millonarios-a-empresa-bajo-sospecha.html> Consultado el 5 de marzo de 2018.

2 “Diputado millonario de Morena, ligado al narcotráfico por EU”, El Financiero,
<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diputado-millonario-de-morena-ligado-al-narcotrafico-por-eu.html> Consultado el 5 de marzo de 2018.

3 “Gob. De México y Aguascalientes Otorgaron Contratos Millonarios a Empresa Bajo Sospecha”, op. cit

4 Ibìd.

5 “Benefició Marcelo Ebrard a morenistas con contratos millonarios”

6 “Paga la Policía Auxiliar del DF 900% de más en medicinas”, Excélsior,
<http://www.excelsior.com.mx/2011/07/18/comunidad/753817> Consultado el 5 de marzo de 2018.

7 Párrafo segundo del artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

8 Artículo 8, Ibíd.






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la Presidencia de la República, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia en su gestión. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES REALICE AUDITORÍAS, REVISIONES Y EVALUACIONES A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO ASÍ COMO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CON EL OBJETO DE EXAMINAR, FISCALIZAR Y PROMOVER LA EFICIENCIA EN SU GESTIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se han detectado diversas irregularidades:1

Destaca que la Presidencia de la República ejerció 23 millones 869 mil pesos en trajes tipo sastre de dama y caballero para el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) usó mil 835 millones 630 mil pesos para la Promoción y Defensa los Intereses de México en un programa de Equidad de Género que no contó ni con un planeación anual de trabajo para dar cumplimiento a las atribuciones en materia de igualdad de género.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó políticas de equidad de género por las que erogó recursos por 3 millones 326 mil pesos, monto inferior en 77.1 por ciento respecto de los 14 millones 549 mil pesos autorizados.

Presidencia de la República tuvo para 2016 un presupuesto de mil 922 millones 652 mil pesos, 3 mil 550 millones 458 mil pesos y 306 millones 318 mil pesos en compensaciones que se otorgaron a personal militar asignado al Estado Mayor Presidencial.

Además de sus “servicios personales”: mil 515 millones 532 pesos y 29 millones 966 mil pesos en el pago de 164 plazas de personal militar y civil al servicio del Presidente.

En la partida 15902 “Pago extraordinario por riesgo” se registraron erogaciones por 56 millones 784 mil pesos, las cuales se revisaron en su totalidad, y se constató que corresponden al pago realizado a 862 puestos del Estado Mayor Presidencial y a 12 de la Oficina de la Presidencia de la República.

En “Medicinas y productos farmacéuticos” en la que se ejercieron recursos por 17 millones 062 mil pesos corresponden a la adquisición de medicamentos para el abastecimiento del almacén de farmacia del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.

En la partida 27101 “Vestuario y Uniformes” se ejercieron 23 millones 869 mil pesos para uso del Estado Mayor Presidencial (trajes tipo sastre para caballero y para dama).

La ASF encontró que de dos contratos, uno debió celebrarse bajo una licitación pública y no de “invitación”. Además se detectó que esa empresa ganadora, que tuvo una propuesta de 8 millones 821 mil pesos, se formó 46 días antes de que se le invitara a participar.

En 24 procedimientos de adjudicación directa para la adquisición de vestuario y uniformes, por un momento total de 4 millones 143 mil pesos, la ASF señaló que se trató de compras que debieron hacerse bajo una Licitación Pública Nacional.

Incluso, en 14 casos no hubo evidencia de que los proveedores de este tipo de prendas cuenten con alguna autorización para su confección y comercialización.

Para cumplir con el Proigualdad 2013-2018, se asignó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un presupuesto de mil 835 millones 630 mil pesos que ejerció la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDGyD).

Sin embargo, el programa sólo tuvo un objetivo a nivel de Actividad referente a la “Realización de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de   México en materia de género” y un indicador para cuantificar el “Porcentaje de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género”.

La ASF señaló que eso resultó insuficiente para monitorear y evaluar los resultados que obtiene la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, ya que según el Reglamento Interior dicha dirección tiene las responsabilidades de coordinarse con las dependencias y entidades para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género y para la coordinación de la SRE con todas las áreas competentes.

Tampoco tuvo un programa anual de trabajo para dar cumplimiento a las atribuciones en materia de igualdad de género, no fijó metas en la coordinación de dependencias y entidades de la administración pública federal, y tampoco se pudo establecer la contribución de dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.

“La Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD) operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de utilizar la administración por resultados”, sostuvo la ASF.

En 2016, la SRE no contó con un programa anual de trabajo para cumplir con las atribuciones en materia de igualdad de género, en el que se incluyeran los compromisos, los objetivos, las metas programadas y alcanzadas, y los indicadores que den cuenta de la contribución de la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) con los tratados y convenciones internacionales.

Tampoco fue posible evaluar los resultados obtenidos, ni precisar los avances logrados porque no se fijaron metas para el efecto, y tampoco fue posible establecer la contribución de dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.

Aun así, la SRE ejerció 49 millones 826 mil pesos para la operación del programa presupuestario “Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral”, monto superior en 49.7 por ciento en relación con el presupuesto aprobado de 33 millones 283 mil pesos.

Mientras Aurelio Nuño tenía la titularidad de la SEP, para la implementación de políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo no se contó con el diagnóstico de necesidades en materia de difusión, que fundamentara su realización, ni con un programa de trabajo con estrategias y metas respecto de la población potencial y objetivo a la que se enfocaría la difusión para sensibilizar y concientizar sobre igualdad de género y disminución de la violencia.

“Esta situación implicó que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas”, señaló la ASF.

En ese año, la SEP ejerció un total de 3 millones 326 mil pesos mediante el programa “Políticas de igualdad de género en el sector educativo”. El gasto fue inferior en 77.1 por ciento respecto de los 14 millones 549 mil pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debido a que Hacienda autorizó reducciones presupuestarias para que la SEP traspasará recursos del programa presupuestario al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.

Sobre la capacitación de personal, no fue posible evaluar si esas actividades fueron suficientes para apoyar en las tareas de institucionalizar la perspectiva de igualdad de género y reducir la violencia contra las mujeres en el sector educativo, ya que la dependencia no acreditó que su Programa de Formación sobre la Incorporación de Perspectivas de Género y Derechos Humanos al Personal Directivo.

Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ocasionó un daño al erario por 724 millones 707 mil 883 pesos por transferencias de las que no se sabe su destino, pagos sin acreditar y de fianzas.

La Sedatu, en manos de Rosario Robles Berlanga, reportó en 2016 un presupuesto original por 25 mil 613 millones 444 mil pesos, el cual como resultado de adecuaciones presupuestales, tuvo ampliaciones netas por 478 millones 504 mil pesos, aunque se encontró una diferencia de 134 millones 255 mil pesos de lo reportado a la Cuenta Pública.

La ASF previó daños al erario por 3 mil 922 millones de pesos por una fianza de cumplimiento que no se cobró, otro por 689 millones 220 mil 851 pesos por transferencias registradas en los estados de cuenta bancarios de cuentas concentradoras de la Sedatu sin identificar el destinatario de los recursos y otro por 31 millones 564 mil 092 pesos, por pagos realizados sin acreditar la recepción de los servicios.

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a que en el uso de sus facultades realice auditorías, revisiones y evaluaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano así como a la Presidencia de la República con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia en su gestión, así como vigilar que se cumplan las disposiciones en el uso y manejo de recursos públicos y en su caso deslinde responsabilidades por el mal manejo de éstos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Cfr. http://www.sinembargo.mx/01-03-2018/3391571
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/InformeGeneral/IG2016.pdf





Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a implementar las acciones necesarias para reforzar los planes de capacitación para el fortalecimiento de la carrera policial y profesionalización de los elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el último decenio, la inseguridad ha sido uno de los problemas más preocupantes para la sociedad. Por tal motivo, una de las principales situaciones que inquieta a la población del país, es la deficiente estrategia en materia de seguridad implementada por el Gobierno, la cual no ha tenido los resultados esperados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), durante 2016, 34.2% de los hogares del país tuvo al menos una víctima de algún delito; a nivel nacional, se estiman 24.2 millones de víctimas, de 18 años y más, 3.4 millones más que en el año 2012.1

Siguiendo con datos de la ENVIPE, a nivel nacional, se estima que 61% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido del aumento de precios de los productos de la canasta básica y el desempleo.2

Lo anterior contrasta con los datos publicados en el Quinto Informe de Gobierno de la República, el cual en su apartado sobre los resultados alcanzados en materia de seguridad, la incidencia delictiva en delitos del fuero común 2012-2017, dice registrar un avance en su erradicación en un 6.6%,3 con respecto al año 2012.

La alta incidencia delictiva entre sus múltiples causas, se explica por las deficiencias de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales, sumándose los factores sociales como el desempleo, dificultades para el acceso a la educación y una política restrictiva en el uso de estupefacientes.

Resulta fundamental mencionar que “Desarrollo Policial” es definido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como: “un conjunto de reglas y procesos estructurados y entrelazados que comprenden la carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y la certificación para todos los policías. Tiene como objetivo establecer un piso mínimo que garantice la igualdad de oportunidades para todos los policías”.4

Bajo esta perspectiva la organización ciudadana Causa en Común realizó el estudio “Índice de Desarrollo Policial” (INDEPOL), donde entre otras cosas, verifica la situación en la que se encuentran las policías estatales y federales en función a lo establecido en la ley en materia de desarrollo policial.

De acuerdo con la metodología empleada por dicha organización, para la medición del índice de desarrollo policial, “el rango de calificación va desde -100 punto hasta 0. El objetivo es reflejar, en su caso, la brecha que existe entre lo que tiene cada corporación policial y lo que debería de tener conforme a la Ley […], la escala es negativa para evidenciar las situaciones de incumplimiento de la Ley en las que se encuentran la mayoría de las corporaciones policiales del país”.5

Es decir, mientras más cercano esté el promedio a los -100 puntos, más deficiencias tienen los cuerpos policiacos; o bien, cuando el índice se encuentra cercano al 0, menos insuficiencias tienen las policías federales y estatales. Asimismo, los rubros que mide son: Carrera policial; Certificación; Seguridad Social; Profesionalización; Régimen Disciplinario, mismos que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el INDEPOL, la Policía Federal está calificada con -26 puntos, siendo de las policías mejor calificadas a nivel nacional, aunque sigue deficiencias. En el ámbito de Carrera Policial se calificó con -13; Profesionalización -14; Régimen Disciplinario -13; Seguridad Social -50; y Certificación -39.6

A nivel estatal, los resultados generales del INDEPOL muestran que las policías de los estados de Nayarit, Baja California Sur, Sonora Tlaxcala, Oaxaca, Tlaxcala Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad de México y Chiapas, las cuales cuentan con un registro de -50 puntos o superior, se encuentran por encima del promedio nacional establecido para este estudio de -41.7

Por otra parte, con respecto a las características ya mencionadas, en el rubro de carrera policial las entidades federativas con mayor deficiencia son: Baja California Sur; Nayarit; Tlaxcala; Chiapas; Michoacán; Durango; Querétaro; Oaxaca; Aguascalientes e Hidalgo, las cuales cuentan con un registro superior a -28 puntos cifra mayor a la establecida como promedio a nivel nacional de -23.8

El eje de la carrera policial contempla que los elementos de seguridad estatal cuenten con un sistema de estímulos adecuados como ascensos o promociones a otros cargos cuando haya vacantes dentro de su instancia laboral, lo cual generaría un ambiente de mayor compromiso con la sociedad y la institución.

Con respecto a la profesionalización de los cuerpos policiacos, la Ciudad de México es la entidad con la mayor deficiencia con un promedio registrado de (-60), seguido de Baja California Sur con (-55), Zacatecas (-53), Tabasco (-52), Jalisco (-44), Aguascalientes (-41), Oaxaca (-40), Sonora (-36), Chiapas (-35) y Campeche con (-35), cifras muy por encima de la promedio la cual es de -28.9

En el eje de profesionalización contempla las diferentes herramientas con las que cuentan las policías estatales como: planes de estudio, instalaciones correctas para la práctica de tiro, gimnasio para mantener buena condición física; todo esto con la finalidad de un adiestramiento adecuado que les permita un buen desarrollo en su campo laboral.

En régimen disciplinario, las corporaciones estatales con mayor rezago son: Yucatán registrando un promedio de (-78); Jalisco con (-73); Sonora (-71); Nayarit (-70); Aguascalientes (-65); Quintana Roo (-64); Zacatecas (-63); Tlaxcala (-61); Chihuahua (-61) y Baja California Sur (-59), estos registros superan la cifra establecida como promedio a nivel nacional la cual se ubica en -46.10

El régimen disciplinario engloba las sanciones que las corporaciones implementan sobre los elementos que presentan una mala conducta, así como los procedimientos claros de comprobación de inocencia cuando estos son sospechosos de delitos cometidos contra la ciudadanía.

En seguridad social destacan: Chiapas con (-68); Tlaxcala con (-65); Zacatecas con (-63); Tabasco con (-63); Sonora con (-63); Baja California Sur con (-63); Campeche con (-60); Tamaulipas con (-58); Oaxaca con (-58) e Hidalgo con (-58), son los estados con mayor rezago en este rubro, superando la cifra de -52.11

En el eje de seguridad social se encuentran todas las prestaciones adicionales que se les brindan a los trabajadores, con la finalidad de no generarles un desequilibrio económico, ya que de esta manera los motiva a desempeñar mejor sus funciones e incentiva su compromiso con la institución.

En el rubro de certificación de los elementos, las entidades con índices en rezago superiores a la media nacional establecida en -57 puntos son: Sonora que tiene un registro de (-89); Ciudad de México con (-85); Nuevo León con (-79); Oaxaca con (-77); Michoacán con (-76); Guerrero con (-76); Jalisco con (-74); Nayarit con (-72); Estado de México con (-72) y Durango con (-72).12

La certificación de los elementos de seguridad es una de las características principales, debido a que hace referencia a la aprobación de los diversos exámenes de control y confianza que realizan las corporaciones estatales de la policía para poder ingresar a las mismas.

Por otra parte, de acuerdo con datos del informe de “Evaluación de Control de Confianza al Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades federativas que presentan mayor rezago en este rubro en sus corporaciones policiales son: Michoacán con 64%; Oaxaca con 61%; Nayarit con 60%; Jalisco con un registro de 59%; San Luis Potosí registrando un 59%; Sonora con 58%; Baja California Sur con 55%; Durango con un 46% de aprobación; Yucatán con 46%; Guerrero con 40%, y Sinaloa con 40%.13

Los resultados de ambas evaluaciones, realizadas a las corporaciones policiales de las entidades mencionadas con anterioridad, ponen en evidencia las múltiples deficiencias que presentan en capacitación y confianza para el debido cumplimiento de sus labores, por ello, es necesario que las dependencias encargadas de la seguridad de los mexicanos realicen las acciones oportunas para mejorar a las policías federal y estatales.

El país aún tiene que enfrentar retos de enorme magnitud en materia de seguridad, ya que en la mayor parte de las entidades federativas las corporaciones policiales muestran diversas deficiencias en habilidades y capacidades necesarias para poder cumplir con sus funciones. Lo anterior representa un agravio directo para la población en general puesto que, cuando requieren de la asistencia de los elementos policiacos, estos no son capaces de brindar el auxilio de manera eficiente.

La omisión por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad a la ciudadanía de las diferentes entidades federativas del país ha generado desconfianza. La premisa anterior cobra sentido, cuando la ENVIPE estima que el 16.5% de las víctimas, no denuncia delitos por no confiar en las autoridades.14

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas, implementen las acciones necesarias para reforzar los programas de capacitación para el fortalecimiento de la carrera policial y profesionalización de los elementos, con el objeto de revertir el rezago en su desarrollo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas, implementen las acciones necesarias encaminadas a reforzar los programas de capacitación para el fortalecimiento de la carrera policial y profesionalización de los elementos de los tres órdenes de gobierno.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, [en línea], consultado el 6 de marzo de 2018, disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf

2 Ídem.

3 Gobierno de la República. “Quinto Informe de Gobierno, México en paz” [en línea] consultado el 18 de diciembre de 2017, p. 91, disponible en:
http://cdn.presidencia.gob.mx/quintoinforme/Quinto_Informe_de_Gobierno_2017.pdf

4 Vease en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, [en línea], consutlado el 6 de marzo de 2018, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_260617.pdf

5 Causa en Común. “índice de Desarrollo Policial”. [en línea], consultado el 19 de diciembre de 2017, disponible en: http://causaencomun.org.mx/v2/reporte-indepol/nacional/

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública”. [en línea] consultado el 5 de enero de 2018, disponible en:
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/Informe_CNCA_Octubre_2017.pdf

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Op. Cit., p.35






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer aranceles a los Estados Unidos de América en diversos bienes y a la Secretaría de Economía a diversificar las importaciones. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.








De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a diseñar e implementar medidas en materia de prevención, identificación y combate de anuncios en las redes sociales que impliquen la comisión de ilícitos como venta de identificaciones apócrifas, drogas, armas, placas, autopartes o fármacos, a fin de inhibir este tipo de hechos y, en su caso, deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, el periódico de circulación nacional REFORMA dio a conocer que en la red social Facebook, se identificó la venta sin restricciones de títulos profesionales, drogas, armas, placas, autopartes y hasta fármacos de venta regulada.1

Señala que se pueden encontrar ofertas para tramitar certificados escolares de cualquier grado desde 400 pesos, así como credenciales de elector y pasaportes mexicanos en 800 y 900 pesos, respectivamente.

Otro tipo de servicios identificados son los anuncios que ofrecen realizar trámites vehiculares en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero. Asimismo, se ofertan camisas, chalecos y otras prendas de la Policía Federal (usadas y nuevas); y también es posible encontrar espejos, faros y otras refacciones sin factura y a precios inferiores respecto al valor de agencias.

Además, indica que es común ver la venta de teléfonos celulares, los cuales se ofertan sin factura y con bloqueo mediante IMEI, el cual se activa cuando el equipo es robado o extraviado. De igual forma se pudo apreciar amplia publicidad sobre la venta de animales de compañía, tarjetas para viajar en el Metro y películas piratas.

Por si esto no fuera suficiente, también se observan ofertas de medicamentos controlados e incluso, drogas y armas.

En otro tipo de publicaciones se busca contactar a “dealers” de mariguana, quienes son identificados como “Mary Jane”, es posible burlar los filtros que prohíben listar este tipo de artículos.

Ante este panorama, resulta fundamental contar con mecanismos que contribuyan a garantizar la seguridad los usuarios de internet e inhibir la comisión de conductas antijurídicas en las distintas plataformas que utilizan diariamente personas de todas las edades a prácticamente cualquier hora del día.

Para dimensionar la urgencia del asunto, basta mencionar que de acuerdo con información contenida en el 13º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017,2 elaborado por la Asociación de Internet, los usuarios de internet en nuestro país pasaron de 20.2 millones en 2006 a 70.0 millones en 2016.

El estudio en comento también menciona que se registra un 63% de penetración entre la población mexicana de 6 años en adelante, precisando que el 51% de los usuarios son mujeres y 49% hombres; y las personas de 12 a 17 años representan el mayor porcentaje (21%).

Cabe referir que en promedio los internautas mexicanos llevan 7,6 años navegando en la red; dedican 8 horas 01 minuto al día (47 minutos más que en 2016); y con 83%, las redes sociales son la principal actividad en línea.

Por otro lado, advierte que en promedio, un usuario en México posee 5 redes sociales y sólo 1% de la población no se encuentra inscrito en ninguna.

Por lo que respecta a las redes sociales más utilizadas, Facebook se mantiene como la principal (95%), le siguen WhatsApp (93%), YouTube (72%) y Twitter (66%).

Además, otras como Instagram, LinkedIn y Snapchat registran un crecimiento  importante.

En consecuencia, es crucial que la Procuraduría General de la República, en el marco de sus atribuciones y a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, lleve a cabo las acciones conducentes, a fin de dar respuesta oportuna a este fenómeno delictivo, al que está expuesta toda la población.  

Derivado de lo anterior considero necesario se diseñen e implementen medidas en materia de prevención, identificación y combate de anuncios en las redes sociales que impliquen la comisión de ilícitos como venta de identificaciones apócrifas, drogas, armas, placas, autopartes o fármacos, a fin de inhibir este tipo de hechos y en su caso, deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Es por esto, que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, diseñe e implemente medidas en materia de prevención, identificación y combate de anuncios en las redes sociales que impliquen la comisión de ilícitos como venta de identificaciones apócrifas, drogas, armas, placas, autopartes o fármacos, a fin de inhibir este tipo de hechos y en su caso, deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

1http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1333837&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1333837

2 http://www.asociaciondeinternet.org.mx/es/component/remository/func-startdown/60/lang,es-es/?Itemid=






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de las 25 fases de la historia clínica optométrica en el numeral 67 del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica. Se turna a la Comisión de Salud.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer el artero crimen contra la luchadora social María Luisa Ortiz Arenas, de la Red de Activistas Femeninas. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN COLABORACIÓN CON SUS HOMÓLOGOS EN LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A ESCLARECER EL ARTERO CRIMEN CONTRA LA LUCHADORA SOCIAL, MARÍA LUISA ORTIZ ARENAS, DE LA RED DE ACTIVISTAS FEMENINAS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Hoy 8 de marzo. Presento una propuesta de punto de acuerdo que describe perfectamente la condición de la Mujer en México, de toda mujer acompañando estas consideraciones con tres diagnósticos breves pero lapidarios que resaltan el los medios de comunicación. La Organización de las Naciones Unidas apremia al gobierno a reforzar acciones contra feminicidios; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declara que la mayoría de los actos de agresión contra las mujeres quedan impunes; la Red Nacional de Organismos Civiles  de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” nos dice que la guerra antinarco aumentó los crímenes contra las mujeres. Y como rúbrica de esta propuesta tenemos que las luchadoras sociales, las activistas todas, las de derechos humanos, las periodistas son arteramente perseguidas y asesinadas como si hubiera un permiso implícito. Tal es la flagrancia y la recurrencia a la espiral de violencia contra la mujer. Y por supuesto traemos un caso.

2. Será peculiarmente interesante la forma en que en el futuro estudien este sexenio en nuestro país. Lo peor de los modos de la corrupción, la violencia, el despojo y la injusticia se han dado sistemáticamente. De hecho, cabría, si hubiera esa posibilidad y facultad, emitir una alerta de ingobernabilidad en ciertas zonas de México. Por otro lado, se han creado propuestas, generado y materializado ideas legislativas, constitucionales, de seguimiento que se pueden lucir en los foros internacionales pero ahí se quedan en los papeles. La impunidad, el “soltar” gobierno, la colosal operación de la estructura de corrupción en México es la verdadera actividad de vanguardia en nuestro país.

3. Uno de los cientos de tema rojos en nuestro país es el asesinato de los luchadores y activistas sociales. Ayer mismo, como cuota de sangre de quienes se movilizan realmente por el bien de nuestra sociedad, fue asesinada María Luisa Ortiz Arenas, integrante de la Red de Activistas Femeninas. Fue encontrada muerta en un paraje de Mexcaltepec, municipio de Taxco. Su cuerpo atrozmente torturado y con indicios de violación sexual.

El gobierno de Guerrero difundió un comunicado en el cual informó que había sido localizado el cuerpo de una mujer, a 30 metros de la carretera Iguala-Taxco. Más tarde fue identificada por sus familiares. El boletín indicó que el cuerpo, presentaba avanzado estado de putrefacción; vestía blusa azul y ropa interior rosa, y fue trasladado al Servicio Médico Forense de Iguala. Ahí, sus familiares hicieron los trámites para trasladarlo a la capital del estado.

En el contexto del foro Tribunal por los derechos de las mujeres: “Los rostros luminosos de la justicia”, Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, anunció que se inició una investigación en la delegación regional de Iguala y se exige a la Fiscalía General del Estado resultados inmediatos en la búsqueda de la justicia en el caso de la compañera. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organizador del foro, condenó el crimen de la activista. Anayeli Pérez Garrido, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, condenó el crimen. Los asesinatos de mujeres continúan en ascenso, lamentablemente lo que estamos viendo en algunos estados, como en Guerrero, es que tienen particularidades relacionadas con el tema del crimen organizado y la extrema saña con la que son perpetrados.

4. Ya estamos en el decadente extremo de vivir esperando la noticia de activistas asesinados. Recordar una lista actualizada de defensores de derechos humanos, activistas y luchadores sociales asesinados es ya un referente de la naturaleza de la ingobernabilidad. E insistimos en presionar la investigación.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República en colaboración con sus homólogos en los gobiernos de los Estados a esclarecer el artero crimen contra la luchadora social, María Luisa Ortiz Arenas, de la Red de Activistas Femeninas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar acciones para impulsar las campañas de reforestación y de concientización de la población, a fin de promover un medio ambiente sustentable para las generaciones presentes y futuras. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, ESTEBÁN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los bosques, los cuales cubren un tercio de la superficie terrestre, desempeñan una función vital para la supervivencia misma de los seres vivos y el equilibrio de los ecosistemas. Cada año, una persona consume alrededor de 11 kg de productos obtenidos de los bosques a nivel mundial. Desde el punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales.

Se estima que los sistemas boscosos del planeta contienen diez veces más energía que la que se consume anualmente a nivel mundial. No obstante, en diversas partes del mundo, la deforestación es uno de los problemas más importantes, ya que los niveles en los cuales se producen son intensos con 13 millones de hectáreas (ha) al año, además de ser responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. 

La deforestación implica la pérdida duradera o permanente de la cubierta forestal y la transformación del bosque en tierras dedicadas a otros usuarios.1  Este problema global nos exige tomar acciones a favor de la gestión sostenible de los ecosistemas boscosos, a través de diversas gestiones más amigables con estos recursos y con una mayor innovación en inversión tecnológica.

Los bosques son de vital importancia desde el punto de vista social, económico y ambiental. Constituyen la fuente de energía renovable de la humanidad, ya que proporcionan el 40% del suministro actual de energía renovable en el mundo. Coadyuvan a disminuir el efecto invernadero y las consecuencias del cambio climático y desempeñan otras funciones como la estabilización de los suelos y el clima, regulan los flujos de agua, ofrecen sombra y refugio y proporcionan un hábitat a los polinizadores.

Por su ubicación geográfica privilegiada con una variedad de climas, latitud geográfica, condiciones atmosféricas variadas y la distribución de recursos hídricos y de tierra, México se ubica en el lugar 12 de los países con mayor superficie forestal, representando el 1.6% de la respectiva mundial. Cuenta con 64 millones de ha de bosques de clima templado y selvas que abarcan el 32% de territorio nacional.

Para México los problemas asociados a la deforestación son un desafío importante. Con base en organizaciones internacionales como Greenpeace, el ritmo de deforestación a los que se enfrenta nuestro país es uno de los más intensos del planeta, ya que cada año se pierden 500 mil ha de bosques y selvas, lo que pone en una situación de vulnerabilidad a diversas especies de plantas y animales que dependen de estos ecosistemas.

En nuestro país, la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo que convierte los bosques en espacios destinados al uso agropecuario, de turismo o al crecimiento urbano e industria, sin dejar de lado los incendios como un importante factor de degradación. Con base en la Comisión Nacional Forestal, el cambio en el uso de suelo es el responsable del 82% de la deforestación en el país.

La superficie con usos agropecuarios aumentó en 437,556 de ha anuales, un crecimiento promedio anual de 1% anual. Otro elemento que contribuye a la pérdida de bosques es la tala ilegal, ya que se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal.

Se estima que, de continuar esta tendencia, la cubierta con bosques en los próximos 30 años sería equivalente al 91.1% de la cubierta actual, es decir una pérdida de 8.9%. Por su parte, la cubierta con selvas sería equivalente al 80.9% de la cubierta actual, es decir, una pérdida de 19.1%. La pérdida de cubierta para el conjunto de bosques y selvas sería de 14.1%.

La deforestación implica una gran pérdida de biodiversidad, incrementa los problemas y consecuencias asociadas al cambio climático volviéndonos más vulnerables. Las consecuencias de la deforestación son considerables, por ejemplo, puso en peligro los bosques que albergan los santuarios de la mariposa monarca, las cuales llegan al país para hibernar.

Ante este importante desafío y catalogado también como uno de los países con mayor superficie forestada, las acciones que en México se han llevado a cabo han sido fundamentales.

Cabe destacar acciones como el Programa Nacional Forestal 2013-2018, el cual busca promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales.

Nuestro país forma parte de los países que se encuentran en la fase de preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), un mecanismo internacional que incluye diversas acciones como la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono, con el fin de desacelerar, frenar y revertir la pérdida de cubierta forestal y de carbono y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Con ello, en diversas entidades del país hubo avances en materia de deforestación, cabe señalar, por ejemplo, que en 2015 la superficie ascendió a 146,607 ha a nivel nacional, las entidades de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Nayarit y Puebla registraron en conjunto el 47% de nuevas plantaciones.2

No obstante, pese a los importantes avances registrados, es necesario fortalecer los mecanismos para la protección de los bosques, de allí el presente exhorto a reforzar acciones para impulsar las campañas de reforestación y de concientización de la población sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y árboles, a fin de promover un medio ambiente sustentable para las generaciones presentes y futuras.

En nuestro país, los bosques cumplen también con una función económica importante, ya que aportan más de 80% de la producción para la fabricación de papel, madera y muebles. Además, la contribución directa del sector forestal es de 5,000 millones de dólares por año (0.81% del PIB nacional) y genera alrededor de 100,000 empleos permanentes, cuyo sueldo es entre 3 y 4 veces superior al sueldo derivado de actividades agropecuarias.3

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen acciones para impulsar las campañas de reforestación y de concientización de la población, a fin de promover un medio ambiente sustentable para las generaciones presentes y futuras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Estebán Albarrán Mendoza.

1 FAO, El Estado de los bosques del mundo 2016. Los bosques y la agricultura: desafíos y oportunidades en relación con el uso de la tierra, Disponible en [en línea:] http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf

2 Inegi, México, entre los 10 países con mayor superficie forestada y reforestada a nivel mundial, Disponible en [en línea:] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/bosques2017_Nal.pdf

3 CESOP, Deforestación en México, Disponible en [en línea:] file:///C:/Users/fundacion.mlu/Downloads/CESOP-IL-72-14-DeforestacionEnMexico-310717%20(1).pdf






De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar diversas acciones a favor de la atención oportuna de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar acciones para que las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su aprendizaje en las áreas de las matemáticas y lenguaje en todo el país. Se turna a la Comisión de Educación.

El que suscribe, RUBÉN ANTONIO ZUARTH ESQUINCA, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación es una herramienta fundamental para el progreso y desarrollo de cada país, así como para la mejora de la calidad de vida de la población. Su función básica es ampliar las oportunidades económicas y sociales de las personas, a la vez que garantiza el ejercicio de una ciudadanía más democrática, responsable, libre y crítica.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que la educación es un derecho humano fundamental que consiste en transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.1

Hoy en día, millones de adolescentes y jóvenes estudiantes de países de ingreso bajo y mediano enfrentan la posibilidad de perder oportunidades y percibir sueldos más bajos en el futuro, debido a que la escuela primaria y secundaria no les brinda las herramientas necesarias para prosperar en la vida.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que ya se encuentran en una situación desventajosa debido a la pobreza, a conflictos, a cuestiones de género o a discapacidades -es decir, que no logran concluir sus estudios, llegan a la primera etapa de la adultez sin contar siquiera con las competencias básicas o elementos para desenvolverse en la vida.

El Banco Mundial (BM), indica que sin aprendizaje, la educación no podrá ser el factor determinante para poner fin a la pobreza extrema, generar oportunidades y promover la prosperidad compartida.

Cabe destacar que, después de asistir a la escuela durante varios años, millones de niños no saben leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas básicas. La crisis del aprendizaje está ampliando las brechas sociales en lugar de cerrarlas.

Para dimensionar esta grave problemática, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a nivel global, existen un total de 617 millones de niños y adolescentes que carecen de un nivel mínimo en lectura y matemáticas.2

Dicho organismo, señala que más de 387 millones de niños con edad para estar en primaria (56 por ciento) y 230 millones de adolescentes con edad para cursar el primer ciclo de secundaria (61 por ciento) no alcanzan el mínimo en lectura y matemáticas.

Tan sólo en África subsahariana, nueve de cada 10 niños entre 9 y 14 años no están progresando en estas materias fundamentales, siendo la región de todo el orbe, con el mayor número de niñas y niños con bajos rendimientos de aprendizaje.

En este mismo orden de ideas, el “Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación”, publicado por el Banco Mundial, indica que en los países de Kenia, Tanzanía y Uganda, a los alumnos de tercer grado -se les pidió que leyeran una frase sencilla en inglés- y el 75 por ciento de los evaluados no entendió lo que leían.3

Tan sólo en las zonas rurales de la India, casi el 75 por ciento de los alumnos de tercer grado no pudo resolver una resta con números de dos dígitos como “46-17”, y en quinto grado la mitad aún no era capaz de hacerlo.

Para el caso de Brasil, si bien las habilidades de los estudiantes de 15 años han mejorado, al ritmo actual de avance les llevará 75 años alcanzar el puntaje promedio en matemáticas de los países ricos. En lectura, les llevará 263 años.

Diversos medios periodísticos señalan que América Latina cuenta con un 96.6 por ciento de cobertura en educación primaria; y para 2042, se proyecta que cobertura sea universal en este nivel.4

México no escapa de esta grave problemática, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), menciona que más de la mitad de los alumnos de tercero de secundaria no domina siquiera los conocimientos básicos de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, al haber obtenido bajos puntajes en la prueba Planea 2017.5

En el área de las Matemáticas, 64.5 por ciento de los jóvenes, quedó en el nivel 1, donde se comprueba que sólo pueden resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con números naturales, como sumas y multiplicaciones.

En Lenguaje y Comunicación, 33.8 por ciento de los jóvenes calificaron en el nivel 1 que es el más bajo para dicha materia. De acuerdo con esta clasificación, los jóvenes pueden identificar y extraer información en textos y gráficas, pero tienen dificultades para interpretar el sentido de los textos y vincular la información presentada en ellos.

Sólo 8.3 por ciento, alcanzó el nivel IV, el más elevado y significa que son aptos para analizar y jerarquizar argumentos, evaluar información implícita y explicita en distintos textos.

Cabe destacar que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2016-2017 la matrícula de educación básica asciende a más de 25 millones de niñas, niños y adolescentes,6 lo que da cuenta de los retos en materia de aprendizajes de los alumnos.

Ante este panorama, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomienda lo siguiente: Formular y aplicar estrategias especiales para que todos los niños y adolescentes tengan fácil acceso a la escolarización y para que la educación básica sea económicamente asequible a todas las familias; y formular y aplicar acciones especiales para mejorar la calidad de la educación y satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos.7

Asimismo, recomienda que se garantice que todos los programas de educación básica sean plenamente accesibles a los niños con necesidades especiales de aprendizaje para su pleno desarrollo y calidad de vida.

Debido a que los procesos de aprendizaje no se dan igual en todas las personas, por lo que muchas veces es imprescindible tomar en cuenta que en algunos estudiantes pueden ser una señal de trastornos de otro tipo y que demanda una atención especializada.

Muchas niñas, niños y adolescentes presentan esta situación, por lo que es importante que se vigile y se tomen medidas oportunas y pertinentes evitando que se produzcan graves problemáticas a lo largo plazo de su vida.

En tal virtud, resulta apremiante que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones para que las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su aprendizaje en las áreas de las matemáticas y lenguaje.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten acciones para que las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su aprendizaje en las áreas de las matemáticas y lenguaje.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

1 https://es.unesco.org/themes/education

2 https://news.un.org/es/story/2017/09/1386331

3 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education

4 http://www.semana.com/educacion/articulo/informe-unesco-sobre-educacion-en-america-latina/542592

5 http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/RESULTADOS_NACIONALES_PLANEA2017.pdf

6http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2016_2017.pdf

7 https://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas(2).pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos relativas al otorgamiento de los contratos de adjudicación directa, realizadas por diversas dependencias federales que señala el IMCO en su estudio “Índice de Riesgos: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” por la falta de transparencia, anomalías en el cumplimiento de los procedimientos y probables actos de corrupción y, en su caso, dar vista a las autoridades competentes para que se castigue a los responsables de cualquier hecho ilícito. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores integrantes del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RELATIVAS AL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, REALIZADAS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES QUE SEÑALA EL IMCO EN SU ESTUDIO “ÍNDICE DE RIESGOS: EL SISTEMA MEXICANO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” POR LA FALTA DE TRANSPARENCIA, ANOMALÍAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROBABLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y, EN SU CASO, DAR VISTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE SE CASTIGUE A LOS RESPONSABLES DE CUALQUIER HECHO ILÍCITO conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

En días pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),  publicó el Índice de Riesgos: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, en el que señala datos relativos a la administración federal actual, conforme a dicho estudio, siete de cada 10 contratos firmados como los mil principales proveedores en dicha administración se dieron en adjudicación directa.

Dicho estudio, llevó el análisis de 700 mil procedimientos de contratación, en donde dichos contratos por adjudicación directa, lo que se traduce en el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de los años 2012 al 2016.

Asimismo, se señala que cinco entidades mayormente implicadas en presuntos actos de corrupción, son la CFE, el IMSS, el ISSSTE, la SCT y el Aeropuerto y Auxiliares (ASA). Además de, Prospera; Liconsa; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente.

Cabe señalar que, la Comisión Federal de Electricidad, es la institución que presenta  mayores riesgos en actos de corrupción, debido a que se encontró que hizo contratos de hasta por 424.5 mil millones de pesos en el periodo del 2012 al 2017. Lo que representó el 19 por ciento del monto total de todas las dependencias y entidades.

Por su parte, en el ISSSTE, se encontró que realizó contratos de hasta por 147 mil millones de pesos en el mismo periodo, es decir, esto representó el 7 por ciento del monto total de todas las dependencias y entidades.

En el caso de IMSS y el ISSSTE el 21 por ciento las compras las realizaron a sólo dos proveedores. Dichas instituciones ejercieron un gasto de 548 mil 683.2 millones de pesos y la mayoría de esos recursos, señalado principalmente a Grupo Fármacos Especializados, que obtuvo 81 mil 476 millones de pesos, y Farmacéuticos Maypo, que facturó 33 mil 857 millones de pesos, en los años de 2012 a 2016.

Cabe señalar que, de acuerdo con el referido estudio del IMCO, los proveedores con más contratos por adjudicación directa en la mayoría de los casos con las instituciones involucradas son: Summa Conpany, Grupo Fármacos Especializados, Fármacos Maypo, Marcas Nestlé, Fábrica de Jabón La Corona, Alen del Norte, Infra y Laboratorios Pisa.

De todo lo anterior, se deriva que del análisis de los contratos de 2012 a 2016, se advirtieron puntos específicos que presumen posibles  riesgos de corrupción, como es la falta de competencia y de transparencia, así como la existencia de anomalías diversas, de acuerdo con lo que señala el IMCO.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos  que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘’ Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

IV.- Conforme al artículo 37 Fracciones I, IV, XXIII, XVIII, y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes atribuciones en relación a la Investigación por desvío de recursos:

‘’I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; ’’

‘’IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control; ‘’

‘’XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; ‘’

‘’XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables; ‘’

‘’XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales’’.

VII.- De acuerdo al artículo 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: ‘’Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior’’.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que exponga las consideraciones que estime convenientes. La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, y

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables. Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría Superior de la Federación cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias. Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior de la Federación, cuando lo considere pertinente, en términos de lo dispuesto en el artículo 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos relativas al otorgamiento de los contratos de adjudicación directa, realizadas por diversas dependencias federales que señala el IMCO en su estudio “Índice de Riesgos: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” por la falta de transparencia, anomalías en el cumplimiento de los procedimientos y probables actos de corrupción y, en su caso, dar vista a las autoridades competentes para que se castigue a los responsables de cualquier hecho ilícito.

SEGUNDO.- El Senado de la Repúblia exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a analizar e investigar la asignación de contratos por adjudicación directa, realizadas por diversas dependencias federales que señala el IMCO en su estudio “Índice de Riesgos: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, ante el uso de recursos de la Federación en los que podría haber desvió o uso indebido de los mismos y en sus caso, dar vista a las autoridades competentes para que se castiguen dichos actos.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Estado, Órganos Desconcertados y demás dependencias a que realicen procedimientos de contratación o licitación con el uso de recursos de la Federación, a implementar una plataforma permanente y actualizada en donde se reflejen todas las contrataciones, procedimientos realizados y recursos utilizados en toda obra, con la finalidad de ser consultados públicamente y cumplir con los criterios de transparencia y máxima publicidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente.






De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Educación de los Adultos a fortalecer los programas contra el analfabetismo en México, con perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Educación.








De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México a revertir la desincorporación del patrimonio de la Federación y se suspenda de inmediato cualquier proyecto de construcción o proyecto inmobiliario en el predio del Campo Militar 1-F. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los Senadores integrantes del grupo partamenatrio del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, CONFORME A SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REVIERTA LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA FEDERACIÓN Y SE SUSPENDA DE INMEDIATO CUALQUIER PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN O PROYECTO INMOBILIARIO EN EL PREDIO DEL CAMPO MILITAR 1-F conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El Periódico el Reforma ha publicado la venta de un terreno de un millón, 255 mil 276 metros cuadrados, ubicado  en Avenida Vasco de Quiroga 1401, en la Colonia Santa Fe,  que actualmente se encuentra en propiedad de la Defensa Nacional.

Sin embargo, es importante señalar que dicha acción no se acaba de conocer. El día 24 del mes de enero del presente año, se publicó el acuerdo de la desincorporación del predio y por su parte el periódico “Milenio”, publicó el día primero de éste mes el ambicioso proyecto, que se considera el más grande en América Latina. El predio se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su venta a través del Servicio de Administración Tributaria y Enajenación de Bienes.

Es importante señalar que a decir de la Secretaria de la Defensa Nacional, el predio ya no es necesario para los militares Y NO OFRECE NINGÚN USO PARA OTRAS INSTITUCIONES, (como si no nos hicieran falta espacios para áreas verdes, hospitales o universidades) y los fondos se irán a la tesorería.

El Reforma ha mencionado que el Gobierno de la Ciudad de México está alistando los trámites para que se otorgue el cambio de uso de suelo, asimismo se podría permitir 7.5 millones de metros cuadrados de construcción.

La preocupación de toda la sociedad, pero principalmente de los vecinos es notable desde hace muchos años, no solamente hoy. Santa Fe tiene problemas que ha acarreado con el paso del tiempo, por la desmesurada explotación del uso de suelo y la inconcreta urbanización. Los problemas van desde la recolección de basura, nula movilidad, donde muchos habitantes de la zona tardan de 2 a 3 horas para salir de Santa Fe, falta de agua provocado que aproximadamente el 60 por ciento de la población local tenga que pedir pipas de agua para sus necesidades. Este tipo de proyectos son parte de las causas que llevan a que se extingan las áreas verdes en la ciudad y que tengamos menos árboles, causando más contaminación, menor captación de agua, menor estabilidad del suelo, derrumbes y por tanto el colapso de nuestra ciudad.

Es sumamente preocupante que con tantas carencias que tiene la Zona Metropolitana, se tomen este tipo de acciones por parte del Gobierno Federal, que afecta a todos los habitantes que viven en la capital y que para otros solo es un negociazo. Se debe escuchar  a vecinos de Santa Fe, Organizaciones Civiles e instituciones para evitar un problema en una zona que de por sí ya está asfixiada, pero que podría afectarla todavía más.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos  que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México para que, conforme a sus respectivas competencias, se revierta la desincorporación del patrimonio de la Federación y se suspenda de inmediato cualquier proyecto de construcción o proyecto inmobiliario en el predio del Campo Militar 1-F ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 1401, en la Colonia Santa Fe, hasta que no se presente una propuesta que garantice el beneficio público y social, armónica con el medio ambiente y que minimice el impacto urbano, priorizando la promoción de la reforestación y el desarrollo de infraestructura educativa u hospitalaria. Todo ello con la finalidad de no propiciar el colapso de la Ciudad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente.






De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación Pública, al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura y a los gobiernos de las entidades federativas a realizar una campaña de fomento a la lectura en todos los niveles que conforman al sistema educativo. Se turna a la Comisión de Educación.








De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar y promover protocolo de actuación para prevenir, erradicar y atender casos de feminicidios y violencia en contra de la mujer, para que sea aplicado a nivel federal por los tres órdenes de gobierno. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR Y PROMOVER PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR, ERRADICAR Y ATENDER CASOS DE FEMINICIDIOS Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER PARA QUE SEA APLICADO A NIVEL FEDERAL POR LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco del día de la Mujer no debe olvidarse el origen, lucha y vidas que se perdieron de mujeres que organizadamente iniciaron movimientos en los distintos puntos del orbe para alcanzar derechos de votar y ser votadas, mejorar su condición y obtener igualdad entre hombres y mujeres.

El primer acuerdo internacional respecto al principio de igualdad entre mujeres y hombres fue firmado en el año 1945, documento al que se le denominó Carta de las Naciones Unidas y a partir de esa fecha, la Organización de las Naciones Unidas ha contribuido apoyando con estrategias, normas, programas y objetivos para mejorar la condición de la mujer a nivel mundial y la igualdad entre mujeres y hombres de las naciones, grandes y pequeñas.1

La firma de este documento no garantizó por sí misma la igualdad entre mujeres y hombres, así como tampoco el reconocimiento y participación de las mujeres en la vida social y política.

La lucha la continúa desarrollándose desde distintos frentes, desde los colectivos organizados por mujeres que padecen diariamente violencia intrafamiliar, falta de acceso a la justicia, acosos laborales y sexuales, jornadas de trabajo infrahumanas, restricciones a obtener mejores puestos, salarios dignos; como también se impulsan iniciativas desde el congreso federal y congresos estatales, en donde las legisladoras, acompañados por algunos legisladores a quienes se ha convencido que el principio de igualdad entre mujeres y hombres no es un capricho, ni una competencia, es un derecho para todas las mujeres.

La brecha salarial aún persiste y no obstante que se ha avanzado, no debe negarse que el trecho aún es largo, pero no hay que bajar los brazos, la lucha continúa y movernos para ello desde todos los frentes permitirá que obtengamos esa igualdad, el respeto y el reconocimiento a nuestras capacidades.

Quienes no se mueven no notan sus cadenas” fue el legado de Rosa Luxemburgo (1871-1919), quien fuera teórica marxista alemana cuando se refirió a las personas oprimidas que no eran conscientes de ello.

Por otra parte, la descomposición social que lamentablemente padecemos nos enfrenta a un alto incremento en los índices de violencia en contra de la mujer y así encontramos que cada 24 horas se cometen 7 feminicidios en el país.2

Es así que la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ha señalado que el feminicidio, asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes.

Este tipo de violencia no conoce fronteras ni edades, ya sean niñas, mujeres jóvenes o adultas e incluso, de edad avanzada, viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o han experimentado amenazas por el simple hecho de ser mujeres.3

En la presentación del informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, que fue realizado en conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Especial de Seguimiento de los Feminicidios, organismo mundial, destacan que en el año 2016 se observó que el 48.4% de los feminicidios en el país fueron cometidos con arma de fuego, 17.2% se derivaron de ahorcamiento y 16.6 fue realizado con objetos punzocortantes.4

Belén Sanz, de Onu-Mujeres señaló que los índices de violencia en el país han crecido incesantemente, asimismo que el 66% de las mujeres mexicanas ha manifestado haber sido víctima de violencia en algún momento de sus vidas cuyo origen es por discriminación y desigualdad estructural de género, misma que representa graves consecuencias.5

El día a día nos presenta notas de feminicidios en contra de jóvenes estudiantes, de amas de casa, de aspirantes a candidatas a puestos de elección popular, de activistas de colectivos feministas y esto debe ocuparnos en detener la ola de violencia en contra de la mujer, no existe justificación alguna ni deben aceptarse excusas ni omisión de respuesta, “Ser mujer no debe ser un peligro por el único hecho de serlo”.

Dulce Nayeli Rebaja Pedro, aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura por el distrito 25 en Chilapa de Juárez en el estado de Guerrero.

Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata por el Partido de la Revolución Democrática a diputada local por el distrito 25 en el mismo municipio de Chilapa de Juárez estado de Guerrero.

Ambas mujeres fueron asesinadas en el municipio de Chilapa de Juárez, estado de Guerrero.

María Luisa Ortiz Arenas, activista que había sido reportada como desaparecida fue localizada asesinada y su cuerpo localizado sobre la carretera Iguala-Taxco.

Y nombres pueden citarse y añadirse, porque diariamente siguen presentándose más feminicidios en nuestro país y aquí resulta aplicable el pensamiento de Malala Yousafzai, quien se convirtiera con 17 años en la mujer más joven en ser nominada al Premio Nobel de la Paz, “Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando somos silenciadas.” 

“Ser mujer no es un reto, ser mujer es un orgullo” y en aras de ello debemos alzar la voz para detener este fenómeno social al que nos estamos enfrentando, “Ahora es el Momento”. 

La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que los feminicidios en contra de la Mujer se presentan cada vez con mayor saña.6

Los datos duros de esa encuesta nos señalan que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en nuestro país, 30.7 millones de ellas, que representan el 66.1%, han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o actos de discriminación en espacios escolares, laborales o comunitarios.7

El ámbito de Pareja y Familiar es en donde se refleja un mayor índice de violencia en contra de la Mujer, con un 43.9%, siguiéndole el ámbito comunitario, que corresponde a la violencia ejercitada por desconocidos ya sea en la calle, el parque, transporte u otros, en este ámbito el porcentaje corresponde al 38.7%.8

No debe omitirse señalar que, para el caso de levantamiento de alertas para casos de desaparición de mujeres, se victimiza y restringe dicho levantamiento con presunciones que solo lastiman la dignidad humana.

La revictimización e injurias a las que una mujer localizada debe enfrentarse posterior a su desaparición es un hecho de violencia más que no se persigue ni castiga y que causa un daño más a la víctima y a sus familias, quienes deben soportar la carga de calumnias y daño moral por las imputaciones realizadas tanto por autoridades como por la misma sociedad. Estos actos de revictimización son actos de violencia que igualmente deben erradicarse.

En el discurso realizado por el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en  el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, refirió: La violencia contra la mujer causa innumerables sufrimientos, daña a las familias a través de las generaciones y empobrece a las comunidades. Impide que las mujeres realicen sus potencialidades, restringe el crecimiento económico y socava el desarrollo.

Cuando se trata de la violencia contra la mujer, no hay sociedades civilizadas”.

Para el año 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha referido que “conseguir la Igualdad de Género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo.

El lema de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2018 es: 

Ahora es el Momento: Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no es un acto de celebración ni festejo, porque el surgimiento de esta fecha obedece al asesinato de obreras de una fábrica textil que exigían derechos laborales a través de un movimiento de huelga pacífica en la ciudad de Nueva York en el año 1908.

La falta de un protocolo único para atender el problema de feminicidios y violencia en contra de la Mujer contrae que las autoridades de los tres órdenes de gobierno puedan utilizar el protocolo que conozcan o el que más crean conveniente al caso.

Unificar criterios a través de un solo protocolo de actuación que deba ser aplicado a nivel nacional coadyuvará a que se de atención uniforme y no a través de criterios.

El Programa Integral Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, debe ser la base para crear un protocolo de actuación que contribuya a erradicar hechos de feminicidio y casos de violencia en contra de la mujer, considerando que la violencia puede ser: Física, Psicológica, Sexual, Económica, Doméstica y otras.

El programa en comento contempla impulsar diversos protocolos:

• Protocolo de atención del acoso y hostigamiento sexual y laboral;

• Protocolos interinstitucionales de atención a las víctimas de violencia con perspectiva de género;

• Protocolo único para la emisión de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia en el país.

• Protocolo Alba para casos de desaparición

• Protocolos de investigación y dictámenes periciales de delitos contra las mujeres.

• Protocolos para juzgar con perspectiva de género.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, ha sido un gran logro para el país, pues eliminó 32 diferentes criterios y se uniformó en uno solo con el que actualmente se trabaja por el poder judicial federal y estatales.

Contar con un solo Protocolo para los casos de feminicidio y violencia en contra de la mujer contribuirá que el criterio sea uniforme y no existan interpretaciones diferentes.

Es por esta razón, que quienes suscribimos, haciendo eco al lema de la Organización de las Naciones Unidas para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2018 “AHORA ES EL MOMENTO”,  hemos decidido levantar la voz presentar la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a los tres órdenes de gobierno con objeto de unificar criterios y aplicar acciones en torno a impulsar documento que sirva como único Protocolo de Actuación para Prevenir, Erradicar y Atender Casos de Feminicidios y Violencia en Contra de la Mujer.

En razón de lo antes expuesto, presentamos a esta alta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. – El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a impulsar y promover Protocolo de Actuación para Casos de Feminicidios y Violencia en Contra de la Mujer para que sea aplicado a nivel federal por los tres órdenes de gobierno.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que en forma conjunta desarrollen un único Protocolo de Actuación para Casos de Feminicidios y Violencia en Contra de la Mujer que deberá ser aplicado a nivel federal por los tres órdenes de gobierno.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.

1 https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf

2 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/se-cometen-7-feminicidios-cada-24-horas-en-el-pais-asegura-onu-
mujeres#.Wp72RlKnYxY.whatsapp

3 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101258.pdf.- Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016.

4 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/se-cometen-7-feminicidios-cada-24-horas-en-el-pais-asegura-onu-
mujeres#.Wp72RlKnYxY.whatsapp

5 http://www.jornada.unam.mx/2018/03/07/politica/004n1pol

6 https://lasillarota.com/feminicidios-cada-vez-con-mas-sana-y-violencia-inegi/190304

7 Resultados de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.- Boletín de Prensa Núm. 379/17 18 de Agosto de 2017 Ciudad de México.

8 Ibidem






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la estrategia de capacitación y profesionalización de la policía estatal, que permita llevar a cabo sus actividades de manera efectiva, ante el aumento sostenido de la inseguridad pública en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública es un derecho humano fundamental, que permite garantizar la paz y el orden, así como proteger la integridad y patrimonio de la población.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Pese a lo anterior, a siete meses de concluir la actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el número de delitos cometidos continúa aumentando de manera exponencial, lo que atenta contra la tranquilidad y seguridad de la población, así como con el orden y la paz de la sociedad en su conjunto.

Desde el inicio del presente gobierno estatal, la seguridad pública se estableció como uno de los pilares de la agenda institucional, planteados en el Programa de Gobierno 2012-2018,1 razón por lo cual se llevó a cabo la estrategia Escudo, a la que fueron destinados recursos humanos, financieros y tecnológicos sin precedente en la historia de la entidad.

Los cuerpos policiacos son agentes centrales para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, de acuerdo con diversos medios periodísticos, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) han sido catalogadas entre las peores evaluadas en el nuevo Sistema de Justicia Penal.2

Ello, conforme a un estudio denominado “Modelo Óptimo de la Función Policial”,3 realizado por la Secretaría de Gobernación. En efecto, se señala que las FSPE tienen las peores evaluaciones en competencias policiales y desempeño, a lo que el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez y el titular de dichas fuerzas han afirmado que se cuenta con una de las mejores corporaciones en México.

Según los resultados del Modelo citado, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen carencias importantes en la capacitación del nuevo Sistema de Justicia Penal, pues ni siquiera cuentan con una sala de juicios orales donde puedan realizar prácticas.

Cabe destacar que existen tres talleres obligatorios para los elementos de seguridad pública respecto al Sistema de Justicia Penal, los cuales son: taller de la función de primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos; taller de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación; y taller de investigación criminal conjunta (policía de investigación y policía preventivo).

Dichos talleres deben ser prácticos y tener una duración de al menos 30 horas anualmente, y con apego al Programa Rector de Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Pese a lo anterior, en la entidad únicamente se ha impartido el taller de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y el número de veces que éste se ha replicado, no llega ni a los 10 cursos.

Esta situación la ubica como una de las que tienen a los policías menos preparados en el Sistema de Justicia Penal.

De manera integral, los elementos de las corporaciones deben contar con el Certificado Único Policial, que es una herramienta establecida en la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que avala que los elementos tengan perfil, conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes para desarrollarse.

El Certificado incorpora cinco áreas, a saber: estado de fuerza, evaluación de control de confianza aprobado y vigente, formación inicial o equivalente, evaluación de competencias básicas aprobadas y vigentes y evaluación del desempeño.

Al respecto, es indispensable mencionar que en el estado no se cuenta con el mínimo de policías requeridos por cada 100 mil habitantes, que es de 1.8, mientras que en la entidad es de apenas 0.4. Lo anterior, pese al aumento en el número de efectivos, los cuales pasaron de los mil 200 en 2012 a una meta de 3 mil 500 en 2018.

Conforme a las evaluaciones, apenas un 30 por ciento del total de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se encuentran capacitados en la evaluación de competencias básicas; mientras que alrededor del 10 por ciento cuentan con la evaluación del desempeño.

En este mismo orden de ideas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que cada estado debe contar con al menos una academia o institutos de formación en seguridad pública, la cual debe de cumplir 12 rubros de equipamiento e infraestructura.

No obstante, el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (Infospe), sólo cumple con cinco de dichos rubros, por lo que no estarían garantizando las condiciones de aprendizaje y desarrollo de los cadetes que egresan a las Fuerzas de Seguridad Pública de la entidad.

En el Infospe no existe un área de juicios orales, considerando que Guanajuato fue una de las primeras entidades federativas en implementar este nuevo sistema de justicia; no cuenta con área de comedor, no hay cocina, sin sala de equipo audiovisual, no existe el servicio médico dentro de las instalaciones, no hay área de entrenamiento, ni cuenta con pista de prueba física y pista vehicular.

Por último, se cita que los elementos seguridad pública estatales están entre las cinco corporaciones mejor pagadas del país y que cuentan con prestaciones y distintos seguros o fianzas. Mientras que el sueldo promedio nacional es de 9 mil 933 pesos mensuales para los elementos de menor jerarquía, en el estado fue de 13 mil 289 pesos al mes de octubre de 2017, colocándolos en el tercera posición del país.4

Asimismo, cuentan con seguro de vida, servicio médico, crédito de vivienda, apoyo para policías caídos en cumplimiento de su deber, fondo de ahorro y apoyos en becas escolares para sus hijos. 

La falta de capacitación y profesionalización de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, constituye una problemática grave que la presente administración debe atender con urgencia ante el aumento sistemático de la violencia e inseguridad en los principales municipios de la entidad. 

El Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato, establece la Agenda ciudadana Guanajuato Seguro, la cual se resume en tres temas: seguridad, procuración e impartición de justicia. El anhelo de  la sociedad –señala- es vivir en un ambiente seguro, donde las leyes sean justas y se hagan cumplir, sin violar los derechos y garantías de las personas. Para ello proponen la prevención como uno de los mecanismos de contención de la delincuencia, así como una educación en valores y una mayor profesionalización y dignificación de los cuerpos policiacos.5

De esta manera, para incrementar la efectividad del sistema de Seguridad Pública, se planteó como uno de los proyectos específicos contar con cuerpos policiales eficientes y confiables.

Pese a las buenas intenciones, la realidad es que los elementos de seguridad pública de la entidad no están bien preparados y capacitados para llevar eficazmente sus actividades fundamentales y enfrentar la ola de inseguridad que se vive en la mayor parte del territorio estatal.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan un crecimiento sostenido del número delitos cometidos cada año en lo que va de la presente administración. 

Para poner en su justa dimensión la gravedad de esta problemática, cabe señalar que durante el año pasado el número de delitos cometidos sumó 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 10.9 % con respecto a 2016 y de 46.2 % con relación a 2013.6

Los delitos registrados al cierre de 2017 colocan a la entidad como la tercera más alta a nivel nacional, lo que significa que se cometieron 323 delitos cada día durante todo el año pasado.

Con una estrategia fallida de combate a la inseguridad, implementada por el gobierno del estado de Guanajuato, desde el inicio de la actual administración, y con fuerza policial mal capacitada, los índices delictivos están aumentando día con día en los principales municipios de la entidad y es previsible que lo sigan haciendo en los próximos meses, si no se toman las medidas adecuadas para su atención.

Es evidente, pues, que la entidad enfrenta una situación de inseguridad grave que atenta contra la tranquilidad, integridad y patrimonio de los guanajuatenses, lo que da cuenta del fracaso de la estrategia y políticas públicas en materia de seguridad pública implementadas en lo que va de la actual administración estatal.

El artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.7

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.8

Una de las prioridades del Gobierno de la República es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y el desarrollo profesional de sus integrantes.

Ante este panorama, es pertinente que el gobierno de Guanajuato refuerce las acciones de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, para que puedan llevar a cabo de manera eficaz sus actividades y combatir la inseguridad que prevalece en la entidad, en beneficio de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia de capacitación y profesionalización de la policía estatal, que permita llevar a cabo sus actividades de manera efectiva,   ante el aumento sostenido de la inseguridad pública en la entidad. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

2 http://zonafranca.mx/marquez-se-queja-del-nuevo-sistema-penal-pero-su-policia-reprueba-evaluacion-de-la-
segob-en-el-tema/

3 Es un diagnóstico nacional sobre las policías preventivas en las entidades federativas con el objetivo de dar a conocer el estado que guardan y realizar recomendaciones que les permitan mejorar las condiciones de seguridad de su población, con base en las capacidades de cada entidad y con el acompañamiento permanente de la Federación.  El Modelo Óptimo de la Función Policial fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la XLII Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2017, con lo que se cumplimiento se hizo obligatorio para todas las entidades federativas. El documento de diagnóstico será actualizado de manera trimestral. Para mayor referencia consultar 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf

4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf

5 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

6 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102017.pdf

7http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

8 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf7






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral sobre el ejercicio, destino y comprobación de los recursos del Ramo 23, asignados durante la gestión de Ricardo Anaya Cortés como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ante las denuncias públicas de los llamados “moches”, desvíos de recursos púbicos y actos de corrupción; asimismo, se investigue su posible utilización para fines distintos como la adquisición de un predio y la construcción de una nave industrial en el parque tecnológico “Innovación” de Querétaro. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con diversas denuncias públicas, presuntamente Ricardo Anaya Cortés utilizó recursos de los denominados “moches” a presidentes municipales y gobernadores del Partido Acción Nacional, para la adquisición de un lote de 13 mil metros cuadrados y la construcción de una nave industrial.

Dicho inmueble se ubica al interior del Parque Tecnológico Innovación de Querétaro que alberga empresas de calzado, telefonía y recubrimiento de metales, entre otras. Entre sus accionistas, destaca el empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien actualmente enfrenta un proceso legal por presunto lavado de dinero.

Para la venta de esta nave industrial, a la empresa Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V. considerada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, se conformó un sistema de triangulación por diversos países y paraísos fiscales para no dejar rastro del origen de los recursos utilizados, de ahí los indicios de que se trate de un posible mecanismo de lavado de dinero.

Presumiblemente en esta transacción, se utilizaron recursos que fueron desviados a través de los llamados “moches”, que se documentaron y denunciaron durante la gestión de Ricardo Anaya Cortés como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en todo el país.

Estos desvíos de recursos públicos se realizaban por medio del “Ramo 23”, el cual representaba un fondo total de por lo menos 2 mil millones de pesos cada año y que se asignaban de manera discrecional a presidentes municipales, a quienes se les pedía al menos 20% de los recursos asignados “de comisión por el palomeo”, dinero que era reintegrado al parecer al dirigente nacional.1

Desde el año 2015, tanto legisladores, presidentes municipales y líderes del Partido Acción Nacional, han denunciado estos actos que vulneran las arcas públicas, lamentablemente no sólo se les pedía un porcentaje de estos presupuestos, sino que además eran obligados a contratar constructoras, empresas proveedoras y maquinaria que eran recomendadas desde la dirigencia y propiedad de amigos y familiares.

En reiteradas ocasiones Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente” ha estado relacionado con los denominados moches, ejemplo de esta situación son los casos siguientes:

El actual gobernador de Chihuahua, lo acusó no sólo de desviar recursos públicos durante su gestión como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para sus aspiraciones como candidato presidencial, sino también, por el cobro de “moches” expuesto en una llamada telefónica con el actual gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en el que negociaban “entregar números” e “incrementar porcentajes para entregar”.

En el 2015, una diputada de mismo Partido Acción Nacional por el estado de Yucatán, reveló que algunos alcaldes habían recibido llamadas telefónicas por parte de la dirigencia nacional, para gestionarles recursos a cambio de una comisión de 17%.2 

No es la primera ocasión en la que Ricardo Anaya Cortés está vinculado con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, ejemplo de ello es que en su declaración fiscal y patrimonial del año 2011 no expresó ser accionista de la empresa “Cintla de S. de R.L. de C.V.”, hecho que constituye una clara violación y trasgresión a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se ha documentado también como su patrimonio se ha incrementado, al pasar en 2003 de 21.9 millones de pesos, a 308 millones de pesos en el año 2017. En este periodo, ha adquirido múltiples plazas comerciales, restaurantes, hoteles y empresas dedicadas a la construcción.

Bajo estas consideraciones, es de vital importancia que la Auditoría Superior de la Federación audite el ejercicio de los recursos del Ramo 23 otorgados durante la gestión de Ricardo Anaya Cortés como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de identificar, sancionar y prevenir desvíos de recursos públicos y actos de corrupción, asimismo, investigue su posible utilización para fines distintos como la adquisición de un predio y la construcción de una nave industrial en el Parque Tecnológico Innovación de Querétaro.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones realice una auditoría integral sobre el ejercicio, destino y comprobación de los recursos del Ramo 23, asignados durante la gestión de Ricardo Anaya Cortés como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ante las denuncias públicas de los llamados “moches”, desvíos de recursos públicos y actos de corrupción, asimismo, investigue su posible utilización para fines distintos como la adquisición de un predio y la construcción de una nave industrial en el Parque Tecnológico Innovación del estado de Querétaro.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Ricardo Alemán. (2016). Los "moches" de Anaya a través del "Ramo 23". 05/03/2018, de Milenio Sitio web: http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/ricardo_anaya-pan-presidente_nacionl_pan_18_843695658.html

2 Álvaro Delgado. (2015). Diputada acusa a Ricardo Anaya de controlar los "moches" en el PAN. 05/03/2018, de Proceso Sitio web: http://www.proceso.com.mx/420163/diputada-acusa-a-ricardo-anaya-de-controlar-los-moches-en-el-pan






Hago del conocimiento de la Asamblea que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Glaucoma”.

“No todos los ojos cerrados duermen… ni todos los ojos abiertos ven”
Bill Cosby
Actor estadounidense, cómico, productor de televisión y activista.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glaucoma es la segunda causa común de ceguera. Se estima que hay más de 60 millones de personas afectadas en el mundo y se pronostica un aumento del 30% en los próximos diez años.

Es una enfermedad de los ojos que se caracteriza por un daño progresivo del nervio óptico. De acuerdo a los especialistas, la causa más común es la presión intraocular elevada, la disminución del flujo sanguíneo del nervio óptico y la oxidación exagerada de las células.

Es llamada como el “ladrón sigiloso de la visión”, porque al principio no produce síntomas, sin embargo, conforme progresa se producen zonas con visión reducida o sin visión y el daño ocasionado es irreversible.

La importancia de su detección temprana estriba en que existen tratamientos que evitan que el daño aumente y de esa manera, prevenir una mayor pérdida de la visión.

De ahí lo trascendente de que cada año, el 12 de marzo, se conmemore el “Día Mundial del Glaucoma”, con el propósito de llamar la atención sobre las enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana, en base a la cual, un 90% de la ceguera que provoca podría evitarse con el tratamiento adecuado.

Un día que hago propicio para reflexionar sobre la importancia de los esfuerzos para combatir esta enfermedad, fortalecer nuestros sistemas sanitarios, la prevención, detección oportuna y los tratamientos a tiempo son clave.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Glaucoma”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial del Glaucoma”.

Cada 12 de marzo desde el 2009 se celebra en el mundo el Día Mundial del Glaucoma, el propósito es llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana.

El glaucoma es una enfermedad ocular que consiste en el aumento patológico de la presión arterial intraocular, debida a la falta de drenaje del humor acuoso; como condición final común el glaucoma genera una neuropatía óptica que deriva en la pérdida progresiva de las fibras nerviosas del nervio óptico y cambios en su aspecto.

Según datos de la OMS el glaucoma es la segunda causa más común de ceguera que afecta en la actualidad a 4.5 millones de personas en el mundo y con previsión de alcanzar los 11 millones en 2020.

La edad, la raza, el grosor corneal, los antecedentes familiares o el grado de miopía son los principales factores de riesgo, siendo la presión intraocular elevada el único factor de riesgo modificable.

Para su tratamiento es primordial realizar un estudio a la forma y color del nervio óptico, del campo visual completo, el espesor corneal y, sobre todo, medir la presión intraocular, los cuales se realizan con un tonómetro, oftalmoscopios, perímetros, retinoscopios y gonioscopios.

Esta patología no suele presentar síntomas, es visible hasta que la lesión en el nervio óptico es avanzada y la pérdida visual es irreversible, por eso es fundamental acudir al oftalmólogo para tener un diagnóstico precoz de esta enfermedad.

Sin embargo, en algunas ocasiones sí tiene algún tipo de manifestación en etapas tempranas como visión borrosa o dolor en ojos, lo cual ayudará a tener un diagnóstico apropiado y un tratamiento para evitar la ceguera.

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en América, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, por ello, el 12 de marzo fue establecido como el Día Mundial del Glaucoma por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dentro de la población mexicana los factores de riesgo principales son la edad después de los 40 años, con diabetes, miopía, hipertensión, hipermetropía o que padezca migraña o que tenga antecedentes familiares de enfermedad en cuyo caso es indicado realizarse un chequeo anual.

La finalidad de este día es reconocer la importancia que debemos dar en el cuidado de nuestra vista y para ello es importante acudir al oftalmólogo a una revisión rutinaria a fin de obtener un diagnóstico adecuado y su posible tratamiento.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.






De la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Glaucoma”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial del Glaucoma”.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra estimada de personas con discapacidad visual es de 253 millones: 36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad visual moderada a grave. Destaca que el 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave, son mayores de 50 años.1

El glaucoma es una enfermedad que daña progresivamente el nervio óptico, lo que puede causar pérdida de visión así como ceguera total. En la mayoría de los casos, esta enfermedad es acompañada por presión ocular alta.

Dentro de las principales causas de ceguera, el glaucoma es responsable del 8% de los casos.2 En 2009 se calculó que 4.5 millones de personas lo padecían y la proyección de afectados para 2020 es de 11 millones de personas.3

Se estima que en México existen cerca de 1.5 millones de personas afectadas por el glaucoma y hasta 50 mil casos de ceguera debido a la detección tardía de esta enfermedad.4

Sin embargo, solo el 10% de la población afectada sabe que padece galucoma, debido a que la mayoría de las veces en sus etapas tempranas no presenta síntomas, no obstante conforme avanza se presentan defectos en el campo visual y pérdida progresiva de la visión.5

A pesar de las alarmantes cifras, más del 80% de todas las discapacidades visuales se pueden prevenir o curar, por lo que México hoy cuenta con cerca de 3 mil 500 oftalmólogos para mantener a los pacientes sanos ocularmente,6 lo que ha permitido tener importantes avances en materia de salud visual.

Del mismo modo en los últimos 25 años se han implantado programas gubernamentales, normas para la prevención y el control de la discapacidad visual, campañas de educación y sensibilización sobre la importancia de la función visual, así como la incorporación paulatina de los servicios de oftalmología en los sistemas de atención primaria y secundaria.7 Lo que ha llevado a nuestro país a obtener recientemente la certificación por parte de la OMS, por la eliminación del tracoma y la oncocercosis, padecimientos que causan ceguera total en pacientes.

Por su parte, en el Estado de México, entidad que represento, el 4 de enero de 2016 se inauguró el Centro Especializado de Atención a Personas con Discapacidad Visual, Hospital Mexiquense de la Salud Visual "Dr. Manuel Uribe y Troncoso". El cual es un Hospital de Referencia de 1° y 2° Nivel, así como un centro especializado de oftalmología médico quirúrgico.8

A fin de contribuir a impulsar acciones para la salud visual, el Día Mundial del Glaucoma se conmemora el 12 de marzo de cada año. Esta fecha fue elegida por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA), con la intención de concientizar a la población de la necesidad de tomar medidas para prevenir esta grave enfermedad visual.9

Esta efeméride tiene el propósito de llamar la atención sobre las enfermedades oculares progresivas, así como la importancia de su detección temprana; ya que un 90% de la ceguera que provoca la enfermedad, podría evitarse mediante la detección y tratamiento oportunos.

Los legisladores del Partido Verde somos conscientes de la necesidad de impulsar la detección y tratamiento oportuno del glaucoma, así como de otras causas de discapacidad visual y ceguera. Por lo que en febrero de 2017 suscribimos, en conjunto con el Grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa para declarar el primer sábado del mes de junio como “Día Nacional del Glaucoma”.10

En este sentido, el Partido Verde continuara promoviendo acciones con el fin de impulsar una detección oportuna y tratamiento adecuados del glaucoma, que conlleven a disminuir las cifras sobre discapacidad visual y ceguera en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Sen. Martha Vianey Luque Inzunza.

1 OMS (2017). Ceguera y discapacidad visual. Nota descriptiva. Recuperado en marzo de 2018, de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/

2 Ídem.

3 Noticias ONU (2009). Día Mundial del Glaucoma: OMS reporta 4,5 millones de afectados por la enfermedad. Recuperado en marzo de 2018, de: https://news.un.org/es/story/2009/03/1158791

4 ISSSTE (2017). Día Mundial del Glaucoma. Recuperado en marzo de 2018, de: 
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-del-glaucoma-99175?idiom=es

5 IMSS (2017). Día Mundial del Glaucoma. Recuperado en marzo de 2018, de: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/dia-mundial-glaucoma

6 Secretaría de Salud (2017). Boletín 409. Se conmemora el día mundial de la salud visual 2017. Recuperado en marzo de 2018, de:  https://www.gob.mx/salud/prensa/409-se-conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-2017

7 OMS (2017). Ceguera y discapacidad visual (op. cit.)

8 Instituto de Salud del Estado de México (s.f.). Centro Especializado de Atención a Personas con Discapacidad Visual. Hospital Mexiquense de la Salud Visual “Dr. Manuel Uribe y Troncoso. Recuperado en marzo de 2018, de:  http://salud.edomexico.gob.mx/html/hospital_visual.html

9 ISSSTE (2017). Día Mundial del Glaucoma (op. cit.)

10 Iniciativa Que declara el primer sábado del mes de junio, -Día Nacional del Glaucoma- con el fin de difundir este padecimiento en los individuos con riesgo. Suscrita por las senadoras Cristina Díaz Salazar (PRI), Diva Gastélum Bajo (PRI), Hilda Flores Escalera (PRI), Lilia Merodio Reza (PRI), Itzel Ríos de la Mora (PRI), Hilaria Domínguez Arvizu (PRI), Yolanda de la Torre Valdez (PRI), Anabel Acosta Islas (PRI), Hilda Ceballos Llerenas (PRI), Carmen Dorantes Martínez (PRI) y María Elena Barrera Tapia (PVEM). Presentada el 09-02-2017






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Endometriosis”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Endometriosis”
14 de marzo

El próximo 14 de marzo es el “Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad muy grave que a veces puede pasar por desapercibida, pero genera complicaciones en la salud de muchas mujeres.

La Endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido fuera del útero. Normalmente los tejidos crecen en los periodos menstruales. Los tratamientos hasta el momento incluyen analgésicos para el dolor, tratamiento hormonal y cirugía.

Esta enfermedad afecta la calidad de vida de 170 millones de mujeres en el mundo que  la padecen, ya que el sangrado interno produce lesiones, adherencias, quistes y ocasionan distorsión de la anatomía, generando problemas en la fertilidad; afecta al tejido del aparato reproductor femenino, y como los primeros síntomas son similares a los dolores menstruales, se suele confundir y eso hace que se tarde tiempo en ser diagnosticada.

No se conoce aún los motivos exactos de la endometriosis y existen un sinfín de teorías relacionadas a su causa. La más importante de ellas es la menstruación retrógrada; es decir, que debido a la influencia de alteraciones anatómicas una parte de la sangre menstrual presenta un reflujo interno en lugar del flujo hacia la vagina que normalmente ocurre. La sangre que llega desde el útero hasta la cavidad abdominal y pélvica lleva consigo células endometriales que se implantan, crecen y producen un tejido que mes a mes sangra.

A pesar de esto, se ha demostrado en diferentes investigaciones que la mayoría de las mujeres presenta menstruación retrógrada y sólo algunas desarrollan endometriosis.

Es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad puede deberse también a causas genéticas e inmunológicas; es decir, si existe un familiar con endometriosis hay una mayor tendencia a desarrollarla, suele diagnosticarse entre los 25 y los 35 años, aunque comienza a desarrollarse con el inicio de la menstruación regular.

No existe cura para la endometriosis, con la detección temprana, es posible abordarla de la mejor manera.

La endometriosis es más frecuente que el asma, la diabetes, la epilepsia y el SIDA juntas, y es prácticamente desconocida.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador  Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de Glaucoma”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Glaucoma”
12 de marzo

El 12 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, cuyo objetivo es generar una conciencia colectiva con respecto a las enfermedades oculares progresivas y por supuesto la importancia de su detección temprana. La ceguera provocada por el glaucoma podría evitarse mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en la actualidad esta  enfermedad es la segunda causa más común de ceguera afectando en la actualidad a 4.5 millones de personas en el mundo y con previsión de alcanzar los 11 millones en 2020.

La edad, la raza, el grosor corneal, los antecedentes familiares o el grado de miopía son los principales factores de riesgo, siendo la presión intraocular elevada el único factor de riesgo modificable.

La principal causa del glaucoma, la hipertensión ocular, es asintomática hasta que la enfermedad no se encuentra en un estado muy avanzado. En las fases iniciales no duele ni se nota nada ya que el curso de la enfermedad suele ser lento y progresivo.

Por lo general, si el oftalmólogo ha diagnosticado un glaucoma en uno de los ojos, previsiblemente también afectará al otro aunque todavía no haya signos evidentes.

En una única exploración oftalmológica completa podemos descartar si tenemos glaucoma. Esta exploración comprende: una medición de la presión intraocular y una exploración del fondo de ojo para poder valorar el estado del nervio óptico.

Además, es conveniente realizar una campimetría, una prueba sencilla y no invasiva, que se realiza en la consulta del oftalmólogo, y nos indica si hay alguna alteración del campo visual del paciente en ese momento.

Muchas clínicas y centros de salud realizan pruebas y exámenes oculares de forma gratuita para todas aquellas personas que así lo deseen, para descartar cualquier enfermedad ocular y de esta forma animar a la población a realizarse las pruebas pertinentes y poder obtener un diagnóstico adecuado y su posible tratamiento. Cada año se pretende concienciar a la población de que el mejor tratamiento para este tipo de enfermedades es la detección temprana y precoz de la propia enfermedad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el premio “Rosario Castellanos” a la trayectoria cultural de la Mujer.

EFEMÉRIDE

Del día 11 de marzo
‘Se instaura el Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer”.

Rosario Castellanos fue una escritora que nació en el entonces Distrito Federal el 25 de mayo de 1925 y murió trágicamente en Israel el 7 de agosto de 1974.1 Su obra abarca prácticamente todos los géneros: poesía, ensayo, cuento, novela y teatro.

Debido a la vocación, fortaleza y valentía que demostraba al abordar temas feministas, algo prohibido para las mujeres en aquella época, ha influido en la vida y obra de muchas escritoras en la actualidad.

Es por ello que, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) reconoce con el premio “Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer”, a mujeres con una trayectoria extraordinaria en este ámbito, impulsando así las propuestas literarias que se producen en México.

La institución de este premio la dio a conocer el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, durante la clausura del primer Congreso Internacional “La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI”, en marzo de 2011. Se trata de un reconocimiento de 100 mil dólares, un diploma, una escultura alusiva diseñada por la artista Yvonne Domenge y una publicación.2

Cristina Pacheco fue la primera en ganar este reconocimiento por su excepcional trayectoria en el periodismo, la literatura y la comunicación audiovisual, dando voz a personas de diversos ámbitos sociales. Actualmente es reconocida como una autora emblemática, querida y aclamada por el pueblo.3

Es importante reconocer a las mujeres mexicanas que se atreven a contar no solo sus historias, sino además las de otros. Este galardón representa un avance de nuestro país, una forma de callar los prejuicios y la desigualdad que obstaculizan el pleno desarrollo de las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Rorario Castellanos, la primera en dar voz a quienes no la tenían: Dolores Castro. CONACULTA. Disponible en: https://www.gob.mx/cultura/prensa/rosario-castellanos-la-primera-en-dar-voz-a-quienes-no-la-tenian-dolores-castro?state=published

2 Ídem. 11 de marzo de 2011. Se instaura el premio Rosario Castellanos. Secretaría de Asuntos Migratorios. Disponible en: http://www.migrantes.pri.org.mx/Efemerides/Efemeride.aspx?y=986

3 http://snn.imer.gob.mx/laferia/2012/02/15/cristina-pacheco-obtuvo-reconocimiento-internacional/






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 15 de marzo a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 14:32 horas)

Directorio

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