Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 18 de agosto de 2018
    
    

Última actualización: julio 2018
Última revisión: julio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 13



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 15 de Marzo de 2018

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:36 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras  y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 66 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del jueves 15 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se les informa de los asuntos que corresponden en la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y un minutos del día martes trece de marzo de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el informe de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada en la Ciudad de México, los días 19 y 20 de febrero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José de Jesús Santana García, el informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se celebró en Estrasburgo, Francia, del 22 al 26 de enero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, el informe del estado que guardan los trabajos referentes al proyecto de Ley de Contrataciones de Obras Públicas, presentado el 23 de febrero de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de Washington, D.C., el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron once oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia informó de la ampliación de turno que autorizó la Mesa Directiva, al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, recibido el 8 de marzo de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Energía; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristain Navarrete y Lisbeth Hernández Lecona y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Juan Gerardo Flores Ramírez, Víctor Hermosillo y Celada e Isidro Pedraza Chávez, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre propio y de diversas Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley sobre la Cannabis y la Erradicación de la Violencia provocada por su Prohibición, en los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 40 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó guardar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Emiliano González Martínez, empleado de la Cámara de Senadores.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Iniciativas)

El Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó incitativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2º y se modifica el primer párrafo del artículo 2º Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el primer y penúltimo párrafos del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 8° de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; la fracción XI del artículo 27; el penúltimo párrafo del artículo 134; el artículo 135; y la fracción V del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona un inciso g) al artículo 54 y se derogan la fracción XXX del artículo 28, la fracción I y el primer párrafo de la fracción II del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 42 y adiciona un artículo 279 bis al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una nueva fracción XI al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 442 y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Comunicación)

Se recibió de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 13 de marzo de 2018.- Intervinieron los Senadores: Luisa María Calderón Hinojosa; y Emilio Gamboa Patrón del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el “Día Nacional del Tequila”.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XI del artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado:

1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 2, 20 y 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para expedir la Ley Reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.

4. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sin discusión, los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar mejores programas o impulsar mayores acciones a favor de la prevención del embarazo con información adecuada y certera sobre los métodos anticonceptivos existentes y la importancia de llevar a cabo una planificación familiar.

2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar acciones y campañas que informen a la población acerca de los peligros que generan en la salud la luz de los rayos láseres, y prevenir su compra.

3. El que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a los institutos de salud de las entidades federativas a brindar un tratamiento oportuno, con los mejores esquemas disponibles de antirretrovirales, en beneficio de la calidad de vida de los portadores del VIH/SIDA y de sus familias.
Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones y ajustes presupuestales pertinentes, a fin de incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar la deficiencia renal crónica.- Intervinieron los Senadores: Carmen Dorantes Martínez del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; y Martha Palafox Gutiérrez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes.- Intervino la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Economía, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas a instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de pacientes con padecimiento de fibromialgia.- Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta al poder judicial de las 32 entidades federativas a atender los principios de interés superior de la niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y debido proceso a fin de proteger a niñas y niños que han sido sustraídos de su residencia habitual por alguno de sus progenitores y asegurar su pronta restitución.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, para referirse al conjunto de dictámenes. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervenciónde la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, se integraría al Diario de los Debates.

2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a sus órganos registrales a implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales, particularmente en aquéllas de más alta marginación.- Intervino el Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca del PRI.

3. El que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar o, en su caso, instrumentar protocolos para prevenir y sancionar la violencia sexual perpetrada en contra de niñas, niños y adolescentes en el país.

4. El que exhorta al titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a enviar un informe del cumplimiento del mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

5. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer sus estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia, a fin de garantizar un entorno adecuado para hacer asequible el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervencióndel Senador Sofío Ramírez Hernández, se integraría al Diario de los Debates.

Los cinco dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Cinematografía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Jorge Toledo Luis y Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se modifica el párrafo séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 50 y se adiciona un nuevo artículo 70 TER a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81 y 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el Capítulo XII y adiciona una fracción II Bis al artículo 279 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar cuál es el estado de las denuncias que se debieron haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social en 2015 y 2016, durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña, al frente de dicha Secretaría.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que gestionan su cartera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se crea la comisión de seguimiento a los procesos electorales federales y locales del año 2018.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador José María Tapia Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo una auditoría especial a los distintos contratos de servicios otorgados con recursos federales por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, a empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, candidato a gobernador de Jalisco por MORENA, en virtud de las presuntas anomalías documentadas a través de una investigación, en las que se señala que éstas fueron asignadas de forma irregular.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como a la Presidencia de la República, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia en su gestión.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a implementar las acciones necesarias para reforzar los planes de capacitación para el fortalecimiento de la carrera policial y profesionalización de los elementos policíacos de los tres órdenes de gobierno.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer aranceles a los Estados Unidos en diversos bienes y a la Secretaría de Economía a diversificar las importaciones.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a diseñar e implementar medidas en materia de prevención, identificación y combate de anuncios en las redes sociales que impliquen la comisión de ilícitos como venta de identificaciones apócrifas, drogas, armas, placas, autopartes o fármacos, a fin de inhibir este tipo de hechos y, en su caso, deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de las 25 fases de la historia clínica optométrica en el numeral 67 del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer el artero crimen contra la luchadora social María Luisa Ortiz Arenas, de la Red de Activistas Femeninas.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar acciones para impulsar las campañas de reforestación y de concientización de la población, a fin de promover un medio ambiente sustentable para las generaciones presentes y futuras.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar diversas acciones a favor de la atención oportuna de pacientes con diabetes mellitus tipo 1.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar acciones para que las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su aprendizaje en las áreas de las matemáticas y lenguaje en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores públicos relativas al otorgamiento de los contratos de adjudicación directa, realizadas por diversas dependencias federales que señala el IMCO en su estudio “Índice de Riesgos: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” por la falta de transparencia, anomalías en el cumplimiento de los procedimientos y probables actos de corrupción y, en su caso, dar vista a las autoridades competentes para que se castigue a los responsables de cualquier hecho ilícito.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Educación de los Adultos a fortalecer los programas contra el analfabetismo en México, con perspectiva de género.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a revertir la desincorporación del patrimonio de la Federación y se suspenda de inmediato cualquier proyecto de construcción o proyecto inmobiliario en el predio del Campo Militar 1-F.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, y Ma. del Rocío PIneda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación Pública, al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura y a los gobiernos de las entidades federativas a realizar una campaña de fomento a la lectura en todos los niveles que conforman al sistema educativo.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar y promover protocolo de actuación para prevenir, erradicar y atender casos de feminicidios y violencia en contra de la mujer, para que sea aplicado a nivel federal por los tres órdenes de gobierno.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la estrategia de capacitación y profesionalización de la policía estatal, que permita llevar a cabo sus actividades de manera efectiva, ante el aumento sostenido de la inseguridad pública en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral sobre el ejercicio, destino y comprobación de los recursos del Ramo 23, asignados durante la gestión de Ricardo Anaya Cortés como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ante las denuncias públicas de los llamados “moches”, desvíos de recursos púbicos y actos de corrupción; asimismo, se investigue su posible utilización para fines distintos como la adquisición de un predio y la construcción de una nave industrial en el Parque Tecnológico Innovación de Querétaro.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Glaucoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Glaucoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Glaucoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Premio "Rosario Castellanos" a la trayectoria cultural de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Endometriosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Glaucoma.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta y dos minutos y citó a la siguiente el jueves quince de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, a nombre propio y del Senador Jesús Casillas Romero, con la que remiten el informe de su participación en el “Diálogo sobre la Reducción del Riesgo de Desastres”, convocado por ParlAmericas, los días 22 y 23 de febrero de 2018, en Panamá, Panamá.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió una comunicación de la Comisión de Gobernación, con la que remite el “Primer Documento de Trabajo” respecto a la expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental, así como un cuadro comparativo de las iniciativas presentadas por Senadores en la materia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el informe de los proyectos y las acciones del Programa Nacional de Infraestructura, correspondiente a enero 2013-diciembre 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con una opinión en torno a la “Exclusividad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la prestación de servicios de almacenamiento, comercialización y expendio de combustibles en aeropuertos” y solicita a las Cámaras del Congreso que se “valore eliminar la restricción a la inversión extranjera en la actividad de suministro de combustibles y lubricantes para aeronaves”.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase la documentación a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron 8 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Asamblea del Senado de la República.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.






CÁMARA DE DIPUTADOS

Informo también a la Asamblea que el día de ayer, miércoles 14, dimos turno directo a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, remitido por la Colegisladora. El turno asignado fue a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.



Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Recibimos también de la Cámara de Diputados, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Informo a esta Soberanía que se recibió una comunicación de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Solicito a la Secretaría dé lectura.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaría. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Senadora Sonia Mendoza Díaz para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de marzo de 2018.”

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Sonia Mendoza Díaz para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 20 de marzo del año en curso. Comuníquese.






Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; la Ley General de la Infraestructura Física Educativa; la Ley General de Protección Civil; y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de fondo para protección por desastres naturales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 7o. BIS DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS; SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El pasado 12 de septiembre presenté ante este Honorable Senado de la República, un punto de Acuerdo motivado por las sentidas muertes y múltiples afectaciones ocasionadas por el sismo del día 7 de ese mes, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Con ese punto de Acuerdo, el Senado de la República se solidarizó con la población afectada y se externó a las autoridades hacendarias a destinar recursos excedentes para atender esta emergencia.

Como ustedes recordarán, fueron cientos de viviendas y edificios de todo tipo los afectados, así como lamentables fallecimientos reportados en esa ocasión y que desgraciadamente se repitieron e incrementaron con los sismos del día 19 del mismo mes.

El día de hoy, como complemento y apoyo al esfuerzo institucional y de la población para atender los desastres, y con el propósito de fortalecer nuestra cultura de la prevención por contingencias naturales, presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto para apuntalar las capacidades institucionales de las instancias encargadas de proteger y preservar el patrimonio cultural del país, al igual que fortalecer los mecanismos de atención hacia la infraestructura educativa, también afectada por esos fenómenos naturales.

Me refiero, por una parte, a fortalecer los mecanismos de protección y restauración de los sitios históricos y monumentos arqueológicos del país, que son vulnerables ante estos sucesos y, por la otra, a la atención prioritaria que nos merecen los espacios educativos del país cuando son afectados por contingencias naturales, como ha sucedido en el mes de septiembre del año pasado por los sismos.

Nuestro país cuenta, como lo sabemos todos, con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta, ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO.

México tiene a su vez 33 sitios patrimonio mundial de la humanidad, 10 ciudades patrimonio, 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 111 pueblos mágicos, 174 santuarios religiosos y 1,121 museos.

La Secretaría de Cultural federal informó que el número de inmuebles y monumentos considerados patrimonio cultural afectados por los sismos de septiembre pasado, ascendió a 1,821 en 11 estados del país y que la restauración de estos inmuebles históricos y de valor cultural costará entre 10 mil a 12 mil millones de pesos, y podría tomar hasta 30 meses su reparación de contar con los recursos financieros para ello.

Las mayores afectaciones patrimoniales y culturales fueron en el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Chiapas.

Los recursos con que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia serán siempre insuficientes frente a desastres similares; no obstante que cuenta con un seguro catastrófico y ha presentado solicitudes para recibir recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y también ha debido gestionar apoyos internacionales del sector privado y fundaciones para atender esta contingencia.

Desde nuestro punto de vista, la protección de los monumentos arqueológicos e históricos es fundamental para preservar el valioso patrimonio cultural de México y, en consecuencia, el Estado mexicano debe ejecutar acciones de prevención y disponer de los recursos suficientes para su protección y restauración frente a los desastres naturales.

Por ello, consideramos imperativo fortalecer desde la esfera legislativa la capacidad de la autoridad para reconstruir y preservar este patrimonio cultural e histórico dañado por cualquier causa natural, como ya lo he dicho.

Por otra parte, con motivo de estos sismos de 2017, la infraestructura educativa en las entidades afectadas también ha sido dañada y su rehabilitación o reconstrucción demandará varios meses y múltiples recursos derivados del Fonden y de otras fuentes de financiamiento.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó que la reconstrucción de la infraestructura educativa dañada en el país por los sismos de septiembre pasado tendrá un costo aproximado de 20 mil millones de pesos, y aseguró que la reconstrucción de planteles educativos dañados tendrán distintas fuentes de financiamiento para lograr su rehabilitación.

Dijo también que una de ellas será la reorientación de recursos que ya están asignados en el programa “Escuelas al Cien”, para dar atención a los planteles educativos que están requiriendo un apoyo emergente, vigente y necesario. También se refirió que el sector privado ha tomado por tarea y por iniciativa apoyar de manera muy particular la reconstrucción de escuelas y del patrimonio cultural.

En términos prácticos, compañeras Senadoras y Senadores, todos sabemos que se carece de la flexibilidad necesaria para atender con la rapidez debida a las instalaciones para educación y la conservación del patrimonio. Por eso desde nuestro punto de vista consideramos necesario plantearles a ustedes para su aprobación un fondo especial, para que la autoridad pueda enfrentar con mayor eficacia, eficiencia y prontitud los daños en la infraestructura educativa derivada de un desastre natural, particularmente de los sismos.

Por lo que ya he señalado, considero que la protección de los monumentos arqueológicos e históricos y como la atención de la infraestructura educativa son fundamentales para el desarrollo de México, y en consecuencia el Estado mexicano debe tener la posibilidad de ejecutar acciones de prevención y disponer ágilmente de los recursos suficientes para su protección y, en su caso, restauración.

Es imperativo fortalecer aún más desde la esfera legislativa, como ya señalé, la capacidad de las autoridades responsables para reconstruir y preservar el patrimonio cultural e histórico, así como la infraestructura educativa.

En consecuencia, con esta iniciativa propongo:

Primero.- Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pueda acceder de manera directa a un fondo específico para hacer frente a los daños ocasionados por desastres naturales a los monumentos arqueológicos e históricos y a la infraestructura educativa del país.

Segundo.- Que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa cuente con los recursos a través de un fondo especial que forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para evaluar, cuantificar, rehabilitar y reconstruir planteles escolares públicos.

Tercero.- Que se consideren como acciones prioritarias del Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, la prevención, protección y restauración de los monumentos históricos, arqueológicos y del patrimonio cultural, así como la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura educativa pública dañada por desastres naturales.

Cuarto.- Que se contemple en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como parte de los instrumentos de Gestión de Riesgos señalados en la Ley General de Protección Civil, la creación de los dos fondos especiales para atender los daños ocasionados por desastres naturales a monumentos históricos y arqueológicos y a la infraestructura educativa pública.

La propuesta para crear los fondos ya mencionados tiene el propósito de atender estos asuntos de manera diferenciada, con procesos específicos y con reglas de operación particulares, así como con tiempos y disponibilidad de recursos de acuerdo con su naturaleza.

Hoy, la estructura y las reglas del Fonden se constituyen, como sabemos todos, en una camisa de fuerza que retardan la atención a estas dos prioridades.

Las reglas de operación del Fonden impiden actuar con agilidad y disponer de los recursos necesarios y suficientes con la prontitud que se requiere para resolver estos problemas, de manera muy particular, en la infraestructura educativa.

Todos sabemos y todavía si revisamos la prensa de esta semana, veremos información en todos los diarios y noticieros del país, donde miles de niños continúan tomando clases al aire libre o en instalaciones precarias improvisadas porque no se han podido reconstruir y rehabilitar sus aulas, y esto en los estados más afectados.

A casi 6 meses de los sismos, de las 17 mil 946 escuelas dañadas, sólo están programadas para su reconstrucción o reprogramación, programadas no quiere decir que ya se haya resuelto, 15 mil 149; 2 mil 799 no están aún contempladas para su atención, y además 435 escuelas están pendientes de ser tomadas en cuenta para ser incluidas en los programas. En la Ciudad de México hay 199, en Oaxaca 189; en Chiapas 47 escuelas. Esto significa que todos sus alumnos toman clases en inmuebles provisionales o al aire libre, como ya señalé.

Por ello, creemos que el Fonden ya cumplió su objetivo al generar una cultura de protección y rescate, y que debe ser modificado y sus reglas de operación cambiadas para poder atender con mayor prontitud y eficacia los desastres naturales en general; pero, en particular, la prioridad en cuanto a infraestructura educativa y en cuanto a monumentos históricos, y el patrimonio cultural debe ser atendida de inmediato, por eso replanteamos su operatividad y proponemos en estos dos casos, como ya lo señalé, la creación de dos fondos para atender esta problemática de monumentos arqueológicos y patrimonio cultural y de infraestructura educativa.

Por todo ello, amigas y amigos Senadores, someto a su amable consideración esta iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 7o. Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Se reforman también las fracciones III y VII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 7 de la Ley General de Protección Civil.

Y se reforma el artículo 37 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Consideramos que, además del valor histórico y cultural intrínseco que representan los monumentos y sitios históricos que integran el patrimonio nacional, desde el punto de vista turístico también representan importantes recursos para la economía del país, alentando el flujo y la generación de empleos, una vez que estos mismos han sido restaurados.

Y por lo que hace a la infraestructura educativa, es de todos conocido la lentitud para la liberación y administración de los recursos del Fonden, por lo que es menester, como ya señalé, contar con mecanismos ágiles y eficientes que garanticen un mejor y más eficiente suministro de recursos para su rehabilitación y reconstrucción, en beneficio de los niños educandos del país.

Por lo expuesto, solicito a ustedes, compañeras Senadoras y Senadores, su respaldo hacia esta iniciativa que busca fortalecer la protección de nuestro patrimonio cultural y apoyar la infraestructura destinada a la educación de millones de niñas y jóvenes de México.

Muchas gracias por su atención y, mi agradecimiento por su apoyo.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Humberto Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: ¿Me permite, señor Presidente?

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Adelante, Senador Mayans.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Haría un comentario, por favor.

Nada más es que me había solicitado, incluso por escrito, el Senador Ricardo Barroso Agramont sumarse a esta iniciativa, me lo mandó por escrito y no quería dejarlo pasar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se toma en cuenta su consideración, Senador Mayans Canabal, y así será suscrita la iniciativa.

Para el Senado de la República es un gusto recibir a un grupo de alumnos de la licenciatura en derecho de la Unidad de Estudios Superiores para Adultos Mayores, Ecatepec, del Estado de México.

Asimismo, a un grupo de estudiantes del Centro Universitario Hidalguense, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!






Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de seguimiento de concesiones y de permisos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE SEGUIMIENTO DE CONCESIONES Y DE PERMISOS

(Presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Con la razón de la experiencia que me han permitido, al encabezar la Comisión de Pesca y Acuacultura de la Cámara de Senadores, y a consecuencia, precisamente, de la experiencia que se va desenvolviendo en el ámbito legislativo, pero que muchas personas lo toman a uno como si fuera gestor ante el Poder Ejecutivo, ya ven que se da esa confusión.

Muchas personas no dimensionan el rol legislativo, pero sí el de que se resuelvan cosas es tema del Ejecutivo.

Y en el caso de la pesca, siempre se ha dado, pues un ambiente de confusión, un ambiente de poca transparencia en cuanto a los permisos, las concesiones, los cupos en las cuotas, en fin, cosas de gobierno, como a todos nos pasa lamentablemente, la falta de transparencia.

Es por ello que se somete esta iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y así crear la Plataforma Nacional de Seguimiento a Trámites, pues en el proceso de la resolución de las concesiones y los permisos.

El objetivo es transparentar los trámites y la misma asignación de los permisos, puesto que, como dije, se da esta confusión, este telón poco transparente en la actuación de la autoridad y así pues poder crear la herramienta, es el objeto de la iniciativa, que permita la información al respecto de los trámites que siempre traen tan confundidos a los pescadores y a quienes participan en los asuntos de la actividad pesquera: que todo esto está en el marco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Sagarpa, en donde está encuadrada la Conapesca, la Comisión Nacional de Pesca, que es el marco ejecutivo de los asuntos pesqueros nacionales.

Así que el objetivo de esta iniciativa es que se permita el acceso a la información, como lo establece el artículo 27 constitucional, y que no nos traigan a vuelta y vuelta como suele suceder.

Es el asunto de otorgar certidumbre jurídica, favorecer al ordenamiento pesquero y acuícola; por tanto, el proyecto de Decreto al artículo 120 seguirá como sigue: “La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre actividades pesqueras y acuícolas, particularmente las que se desarrollan en el país y el cual debe ser de carácter público, abierto y accesible en línea”. El sistema se integrará con la información siguiente:

Quedan igual de las fracciones I a la V.

Y la fracción VI. La Plataforma Nacional de Seguimiento a Trámites de Concesiones y Permisos, lo cual deberá contener por lo menos la siguiente información: nombre o razón social del solicitante; Registro Nacional de Pesca y Acuacultura del solicitante; número de folio de la solicitud otorgado por la Secretaría; estado, municipio y localidad en donde se inicia el trámite; zona de pesca y coordenadas geográficas cuando se trate de especies sésiles o bentónicas, o ubicación del proyecto en caso de actividades acuícolas; especie o especies que se pretenda capturar o cultivar para el caso de la acuacultura; mostrar si el interesado ya cumplió con el pago de los derechos; opinión técnica del Inapesca sobre la solicitud; situación actual del trámite, el cual podrá ser pendiente o concluido; en caso de que esté pendiente, etapa respectiva es la que se encuentra el análisis de la solicitud y autoridad responsable y, por último, resolución de la Secretaría sobre la solicitud de permiso o concesión.

La Plataforma de Seguimiento debe actualizarse de manera permanente o por lo menos cada 90 días con la información correspondiente a todas las solicitudes de concesiones, o permisos en cualquiera de sus modalidades para pesca y acuacultura que se hayan realizado ante la Secretaría o en las entidades federativas.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría debe crear la Plataforma Nacional de Seguimiento a Solicitudes de Concesiones y Permisos en un plazo no mayor a 90 días y publicarla en el portal de Internet de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el cual debe contener la información a la que se refiere el presente Decreto de manera completa, clara, accesible y en datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es cuanto, integrantes de la Mesa Directiva.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Ruffo Appel.

Sonido en el escaño del Senado Salvador López Brito, ¿con qué objeto?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para que por favor le pregunte al Senador Ruffo Appel si me permite sumarme a esta importante iniciativa, que traería orden y certidumbre al sector pesquero de nuestro país.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador López Brito.

El Senador Ruffo es anuente a ello.

El Senador Víctor Hermosillo expresa la misma solicitud, la Senadora Marcela Torres Peimbert, el Senador Luis, el Senador Cárdenas Fonseca. Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de las y los Senadores, como lo están manifestando en la forma acostumbrada, para ser suscriptores de la iniciativa del Senador Ruffo.

Muchas gracias, Senadores, desde luego serán tomadas en cuenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de refugiados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO

(Presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Por cada minuto transcurrido hay 20 personas desplazadas como consecuencia de conflictos o persecución en su país. La mayoría de las personas no quieren emigrar, se ven obligadas a hacerlo. Son casi 22.5 millones de personas quienes se encuentran en calidad de refugiados, de los cuales la mitad son menores de 18 años.

Aproximadamente 10 millones de personas apátridas se ven marginados ya que no tienen acceso a los derechos básicos, como son: la educación, la atención médica, el empleo y el libre tránsito, derechos humanos inherentes a la persona, por lo que partiremos de ese concepto para la presentación de esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, porque ninguna autoridad puede vulnerar un derecho humano de manera legal o justificada.

En México va en aumento el número de personas que solicitan refugio o asilo político.

En el 2014, conforme a datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, 2 mil 137 personas solicitaron asilo en nuestro país; en 2017 esta cifra se elevó a 14 mil 596.

México debe estar preparado con los instrumentos jurídicos para afrontar esta problemática, en virtud de que del año 2016 al 2017 se incrementaron en 165 por ciento las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiados en nuestro país.

Conforme a los datos del ACNUR, las personas originarias del denominado Triángulo del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, se incrementan a nuestro país de manera irregular, solicitan asilo menos del 1 por ciento debido, principalmente, a la falta de información que se les proporciona en el territorio mexicano, es decir, una vez que llegan a nuestro país ni siquiera reciben la mínima explicación sobre sus derechos.

O podemos también analizar el reciente fenómeno venezolano, que si bien en el 2017 apenas se contaban algunas solicitudes de venezolanos para ser refugiados en nuestro país, para el año pasado el 17.7 por ciento del total de los solicitantes tenía por nacionalidad la venezolana.

Si comparamos al día de hoy, hay un millón de venezolanos en Colombia; representan el 4 por ciento de la población panameña; 200 mil venezolanos residen en Santiago, capital de Chile, más las que se encuentran en Ecuador, en Estados Unidos y en Argentina.

En nuestro país, en todo el 2017, si bien únicamente tuvimos 4 mil solicitudes, el Estado mexicano aprobó menos del 25 por ciento, estamos hablando de únicamente 907 casos reconocidos para ser refugiados en nuestro país.

México ha realizado acciones para afrontar esta problemática mundial, pero vemos claramente que no son suficientes.

En el 2011 nuestro país llevó a cabo la reforma constitucional más importante en su historia en materia de derechos humanos; sin embargo, el artículo 11 constitucional quedó un tanto olvidado.

En toda esta gran reforma de derechos humanos, el artículo 11 nunca tuvo la claridad conceptual que México debe responder a la luz de los tratados internacionales de los que somos parte, y fue hasta hace 2 años que logramos reformar nuestra Constitución y hoy el artículo 11 constitucional sí refleja nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, sobre todo, también en materia de derecho internacional de los Derechos Humanos.

Ahora es tiempo de que nuestra Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político también refleje esos compromisos, y México pueda realmente contar con un marco jurídico profundamente respetuoso de los derechos humanos.

Si bien, además de tener este profundo compromiso internacional, también hay que recordar que México se ha comprometido a impulsar toda la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en donde también se inscribe la agenda humanitaria.

Es importante resaltar que la actual sí marcó un parteaguas en términos del reconocimiento de las capacidades de respuesta y de las condiciones de protección internacional.

Se logró integrar de manera armónica la figura de “protección complementaria”, ratificándolo a todo extranjero que no habiendo sido reconocido como refugiado en términos de la ley, el Estado mexicano se comprometía a no devolverlo a su país de origen si su vida, integridad o derechos humanos se veían amenazados.

No obstante, más allá de los avances que se ha tenido en nuestro país, hoy es indispensable que perfeccionemos esta legislación tanto en materia de reconocimiento de derechos, de protección y, sobre todo, de hacer efectivas las políticas públicas para dar plena vigencia, protección y garantía a los derechos humanos.
Esta iniciativa tiene tres ejes principales:

Primero. Armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado, es decir, la legislación actual todavía conserva los vicios del anterior artículo 11 constitucional donde no hay plena claridad entre el asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y la protección complementaria.

Al estar estos conceptos todavía mezclados y sin claridad, la posibilidad de los solicitantes para que realmente sean reconocidos es menor.

Así que:

1.- Es importante reconocer el conocimiento de la condición de refugiado.

2.- Sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria, así como a solicitantes de las condiciones antes referidas que se encuentren en territorio nacional. Es decir, entrarle a la política pública de los derechos.

3.- Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que buscan y reciben asilo en nuestro país.

De manera enunciativa, esta iniciativa propone:

1.- Dar claridad a los términos de asilo, asilo político y asilado político.

2.- Pondera el principio de unidad familiar, al priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional de los familiares de niñas, niños y adolescentes refugiados o beneficiarios de la protección complementaria.

3.- Protege a los menores de edad, garantizando el Principio del Interés Superior de la Niñez, reconociendo el principio de no privación de la libertad dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de forma conjunta con el principio antes mencionado.

4.- Reconoce el derecho de toda persona a no ser expulsada o devuelta al territorio de otro país donde existan razones fundadas para considerar que se encontraría en peligro de ser sometido a desaparición forzada, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o bien, que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc.

5.- Establece la perspectiva de género como un criterio observado por el Estado mexicano, el cual reconoce las necesidades específicas de protección de mujeres y miembros de la comunidad LGBTTTI, quienes experimentan un riesgo adicional de vulnerabilidad por razones de género.

6.- Incluye en su articulado de manera expresa la protección de datos personales y al principio pro persona, cuya relevancia radica en que la interpretación de las normas de derechos humanos debe realizarse de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

7.- Anexa el principio de transparencia, como parte de los compromisos del Estado mexicano a nivel interno e internacional para favorecer la generación de conocimiento público, al transparentar la gestión pública por medio de la difusión oportuna.

8.- Reconoce que el principio fundamental a garantizar a los solicitantes de la condición de refugiado es el debido proceso. Por lo que se plantea la urgencia de cumplir con las garantías mínimas que, a pesar de estar detallada en la ley, han presentado serias dificultades para su implementación.

Estas van desde la correcta información respecto a los motivos de la detención de migrantes, la duración de dicha detención, el derecho que tienen para solicitar asilo y a comunicarse, además de la oportuna intervención y ayuda de intérpretes para facilitar la comunicación entre las autoridades y los solicitantes de asilo.

Toda decisión debe estar fundada y motivada tal cual lo establece ya nuestra Constitución, pero que en la práctica aún no sucede.

9.- La inclusión expresa del derecho de toda persona solicitante de recibir orientación, asistencia y representación jurídica adecuada a lo largo de todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, debido a las circunstancias de vulnerabilidad que estas personas presentan dada su condición.

10.- Propone de manera fundamental establecer el carácter excepcional de la detención migratoria, atendiendo a lo señalado en distintas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y en este sentido, reafirmar los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad que debe satisfacer la aplicación de esta medida, sumada a las garantías del debido proceso que deben satisfacerse una vez empleada esta detención.

11.- Garantiza a los solicitantes de la condición de refugiado, el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional y el derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado con su representante legal.

12.- Establece que los solicitantes de la condición de refugiado tienen los siguientes derechos: Acceder a servicios educativos; a una vivienda digna y decorosa, a una alimentación de calidad y otras medidas para cubrir sus necesidades básicas; recibir una atención médica con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, y a un trabajo remunerado, incluyendo el acceso a la formación y capacitación profesional.

México durante muchas décadas fue ejemplo de apoyo, fue ejemplo de un hogar para miles de familias que huían de las dictaduras, que huían de la persecución, que tenían sus vidas corriendo peligro únicamente por sus ideales y por sus sueños.

Desgraciadamente parece que esta tradición mexicana quedó un tanto olvidada en el siglo pasado.

Hoy es momento que le demos plena vigencia a la modificación que hicimos al artículo 11 constitucional y que tengamos la elemental congruencia que de aquello que estamos exigiendo a los Estados Unidos de trato para nuestros migrantes, seamos también capaces de ofrecerlo a nuestros hermanos en la frontera sur que están pidiendo lo mismo a México, la elemental protección para que su vida y la de sus hijos no corra peligro.

Muchas gracias y muchas gracias por todo el trabajo que hemos hecho juntos en este Senado de la República sobre la agenda humanitaria y en particular sobre migración y refugiados.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Cuevas Barron.

Sonido en el escaño de la Senadora Luis María Calderón Hinojosa, ¿con qué objeto?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Para ver si la Senadora Gabriela Cuevas me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Cuevas Barron, ¿acepta?

Aasí como el Senador Flores Ávalos, en el mismo sentido, la Senadora Beristain Navarrete, ¿de igual manera o quiere hacer uso de la voz?

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para felicitar a mi compañera Gaby, por esta excelente explicación que nos hizo, y porque, desde luego, la vamos a apoyar con esta iniciativa. Gracias Gaby.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Beristain Navarrete.

El Senador Encinas Rodríguez en el mismo sentido. Suplico a Servicios Parlamentarios tome nota de las y los Senadores que han manifestado su intención, con la anuencia de la Senadora Gabriela Cuevas, de suscribir y acompañar su iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la palabra al Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de Registro Nacional de Guarderías.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, a nombre del Senador Adolfo Romero Lainas hago uso de la tribuna para exponer lo siguiente:

En el Estado mexicano hay un compromiso con los niños, las niñas y adolescentes en su territorio, el cual se identifica con la obligación de propiciar un ámbito de plena justicia del interés superior del niño, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6, y 7 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este principio ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como: “Que la expresión del “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de niño”.

Por su parte el Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado sobre dicho principio como: el sistema jurídico mexicano, establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica la toma de decisiones y la vinculación de ésta con la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o la niña a quien van dirigidos.

Uno de los derechos que componen el halo de las prerrogativas insertos en el principio de interes superior del niño, lo constituye la protección de éstos en situaciones de calle, abandono, necesidad de asistencia, por estar sujetos a algún procedimiento administrativo o judicial que lo ponga en vulnerabilidad cuando quien debe ostentar su custodia, representa un peligro para el menor. Escenario en el cual el Estado tiene la obligación de asumir su custodia y tutela, a efectos de proporcionarle un acceso al desarrollo físico y psicológico óptimo y libre de violencia.

Esta obligación del Estado se realiza mediante casas cuna, casas hogar, estancias infantiles, internados, albergues, etcétera, dentro de los cuales se acoge de manera temporal o indefinidamente a los niños, las niñas y adolescentes en estado vulnerable, y que actúan conforme a los principios del Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018.

No obstante lo anterior, el Estado no cuenta con las instancias suficientes para afrontar todas y cada una de las necesidades de las niñas, los niños y adolescentes necesitados de un espacio físico de resguardo en el que se les suministren los bienes que satisfagan sus necesidades físicas y psicológicas y se garantice el real ejercicio de sus derechos.

Ante la insuficiencia del Estado, la sociedad civil organizada ha asumido esa gran labor que la niñez de México demanda.

Ante esta grave omisión de la administración pública que ha propiciado y permitido la existencia de instituciones privadas que lejos de salvaguardar la integridad de nuestros niños en situaciones vulnerables, los hace víctimas no solamente al institucionalizar las instalaciones en condiciones de abandono, sino atenderlos por personal no capacitado para el tratamiento de estos menores, privarlos de una representación jurídica que regularice su situación, sino que ha habido casos en que dichas instituciones los niños son víctimas de un sinfín de conductas delictivas, desde abuso, explotación infantil, adopciones ilegales, y hasta venta de órganos.

Por lo tanto, la presente iniciativa de reforma tiene como propósito insertar una  obligación más rigurosa por parte de las instituciones del Estado, tratándose de la elaboración del Registro Nacional: catálogo público de los centros de atención, bajo cualquier modalidad y tipo, en el territorio nacional, así como fortalecer los requisitos para la obtención de autorizaciones de funcionamiento de dichos centros, a efecto de garantizar una adecuada atención a los niños, a las niñas y adolescentes en situaciones vulnerables.

Por lo que pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, el apoyo a esta propuesta de reforma, que es de suma importancia para avanzar en la justicia que deben gozar nuestros niños, niñas y adolescentes de México.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Cesáreo Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de distinguidas personalidades procedentes de Tijuana, Baja California, invitadas por la Senadora Adriana Dávila Fernández, agradecemos su visita al Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!






La Mesa Directiva recibió una iniciativa del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, que se turna a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE PUEBLOS MÁGICOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Pueblos Mágicos de México son localidades con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad y magia que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que actualmente representan una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.1

El Programa Pueblos Mágicos de México, desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.2

En la presente administración federal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece dentro de la Meta Nacional “México Próspero”, el Objetivo 4.11 relativo al aprovechamiento del potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. Se observa que por sus características los Pueblos Mágicos pueden contribuir de manera importante al cumplimiento de las cuatro estrategias que componen este objetivo:3

• 4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.

• 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico.

• 4.11.3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.

• 4.11.4 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.

Asimismo, los Pueblos Mágicos pueden participar de manera significativa en el desempeño de los cinco objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018:4

1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.

2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

3. Facilitar el financiamiento y la inversión público privada en proyectos con potencial turístico.

4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.

5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

Actualmente se reconocen 111 Pueblos Mágicos en México, distribuidos en 31 entidades federativas:

Entidad federativa

Pueblos Mágicos

Aguascalientes

1. Calvillo, 2. Real de Asientos, 3. San José de Gracia

Baja California

4. Tecate

Baja California Sur

5. Loreto, 6. Todos Santos

Campeche

7. Palizada

Chiapas

8. Chiapa de Corzo, 9. Comitán, 10. San Cristóbal de las Casas, 11. Palenque

Chihuahua

12. Batopilas, 13. Creel, 14. Casas Grandes

Coahuila

15. Arteaga, 16. Cuatro Ciénegas, 17. Parras de la Fuente, 18. Viesca, 19. Candela, 20. Guerrero

Colima

21. Comala

Durango

22. Mapimi

Guanajuato

23. Dolores Hidalgo, 24. Jalpa, 25. Mineral de Pozos, 26. Salvatierra, 27. Yuriria

Guerrero

28. Taxco

Hidalgo

29. Huasca de Ocampo, 30. Huichiapan, 31. Mineral del Chico, 32. Real del Monte, 33. Tecozautla

Jalisco

34. Mazamitla, 35. San Sebastián del Oeste, 36. Lagos de Moreno, 37. Tapalpa, 38. Tequila, 39. Mascota, 40. Talpa de Allende

Estado de México

41. El Oro, 42. Malinalco, 43. Metepec, 44. Tepotzotlán, 45. Valle de Bravo, 46. Aculco, 47. Ixtapan de la Sal, 48. San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, 49. Villa del Carbón

Michoacán

50. Cuitzeo, 51. Jiquilpan, 52. Mineral de Angangueo, 53. Pátzcuaro, 54. Santa Clara del Cobre, 55. Tacámbaro, 56. Tlalpujahua, 57. Tzintzuntzan

Morelos

58. Tepoztlán, 59. Tlayacapan

Nayarit

60. Jala, 61. Sayulita

Nuevo León

62. Santiago, 63. Linares

Oaxaca

64. Capulálpam de Méndez, 65. Huautla de Jiménez, 66. Mazunte, 67. San Pablo Villa Mitla, 68. San Pedro y San Pablo Teposcolula

Puebla

69. Chignahuapan, 70. Cuetzalan del Progreso, 71. Pahuatlán, 72. San Pedro Cholula, 73. Tlatlauquitepec, 74. Xicotepec, 75. Zacatlán, 76. Atlixco, 77. Huauchinango

Querétaro

78. Bernal, 79. Cadereyta de Montes, 80. Jalpan de Serra, 81. Tequisquiapan, 82. San Joaquín

Quintana Roo

83. Bacalar, 84. Isla Mujeres, 85. Tulum

San Luis Potosí

86. Real de Catorce, 87. Xilitla

Sinaloa

88. Cosalá, 89. El Rosario, 90. El Fuerte, 91. Mocorito

Sonora

92. Alamos, 93. Magdalena de Kino

Tabasco

94. Tapijulapa

Tamaulipas

95. Mier, 96. Tula

Tlaxcala

97. Huamantla, 98. Tlaxco

Veracruz

99. Coatepec, 100. Papantla, 101. Xico, 102. Coscomatepec, 103. Orizaba, 104. Zozocolco

Yucatán

105. Izamal, 106. Valladolid

Zacatecas

107. Jeréz de García Salinas, 108. Nochistlán, 109. Pino, 110. Sombrerete, 111. Teúl de González Ortega

El Programa Pueblos Mágicos se estableció en 2001 como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades singulares.5

Después de los diagnósticos que revelaban diversos problemas de gestión en el programa, en 2014 se establecieron los “Lineamientos Generales para la  incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos”, los cuales tienen por objeto determinar y reglamentar los procesos de incorporación y permanencia, que deberán observar las localidades que cuentan o aspiran a obtener el nombramiento como “Pueblo Mágico”.

Actualmente, a 17 años de su inicio, el programa Pueblos Mágicos ha superado la inversión de 5 mil millones de pesos y ha beneficiado directamente a 3 millones de mexicanos.

Los 111 pueblos mágicos albergan 2 mil 400 hoteles, 73 mil habitaciones, 21 zonas arqueológicas, 122 museos y 35 Áreas Naturales Protegidas.6 La actividad turística y económica que generan los Pueblos Mágicos asciende a más del 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).7

Durante la actual administración, el Gobierno Federal en conjunto con las entidades federativas han invertido más de 2 mil 500 millones de pesos en infraestructura turística para estas localidades.8

Asimismo, más de mil 400 personas participan en Comités Ciudadanos de los Pueblos Mágicos lo que fortalece su identidad.9

A fin de seguir impulsando el crecimiento ordenado de estas localidades, en agosto de 2017 se anunció el nuevo modelo de gestión en los Pueblos Mágicos, que busca una mayor participación social, coordinación efectiva, la revalorización integral del territorio, aumentar la competitividad, la inclusión productiva, asegurar un modelo sustentable y lograr una mayor transparencia y una medición efectiva de su desempeño.10

En este sentido, el programa Pueblos Mágicos ha impulsado el desarrollo turístico de las localidades designadas como tales y contribuye al cumplimiento de los diversos programas e instrumentos de desarrollo sectorial y nacional. Sin embargo, el programa debe continuar prosperando de manera ordenada para que las localidades reciban los beneficios.

Por estas razones, consideramos adecuado que el programa de Pueblos Mágicos se convierta en una política pública permanente y trascendente, cuya continuidad, organización y crecimiento no queden sujetos a los cambios de administración.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el Programa Nacional de Pueblos Mágicos, como un instrumento permanente para el fomento turístico de las localidades reconocidas como tales. Para tal efecto, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Proponemos definir como “Pueblos Mágicos” aquellas localidades de la República Mexicana reconocidas por su importancia histórica, atractivos naturales y culturales particulares, que les confieren gran potencial para el aprovechamiento turístico. La designación de una localidad como Pueblo Mágico deberá cumplir los lineamientos respectivos.

Se prevé que el Programa sea elaborado por la Secretaría de Turismo, con la participación de las entidades federativas y municipios. El Programa contendrá los objetivos, metas y líneas de acción encaminados a impulsar el desarrollo de la actividad turística en estas localidades, aprovechando sus atractivos turísticos naturales y culturales.

Por último, en el régimen transitorio se establece que el Programa será publicado en un plazo máximo de seis meses, y posteriormente el primer año de cada administración federal. Por su parte, los lineamientos serán publicados en un plazo máximo de nueve meses; posteriormente serán revisados, y en su caso actualizados, anualmente.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE PUEBLOS MÁGICOS.

ARTI?CULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XII Bis al artículo 3; se reforma se reforma la fracción II del artículo 5 y se adiciona el capítulo VI Bis conteniendo el artículo 22 Bis; todos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XII. …;

XII Bis. Pueblos Mágicos: Localidades de la República Mexicana reconocidas por su importancia histórica, atractivos naturales y culturales particulares, que les confieren gran potencial para el aprovechamiento turístico. La designación de una localidad como Pueblo Mágico deberá cumplir los lineamientos que emita la Secretaría para tal efecto.

XIII. a XXI.

Artículo 5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados, los Municipios, y el Distrito Federal, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. …;

II. Elaborar y ejecutar el Programa Nacional de Pueblos Mágicos y otros programas de desarrollo de la actividad turística, y

III.

CAPÍTULO VI
Del Programa Sectorial de Turismo

Artículo 22. …

CAPÍTULO VI BIS
Del Programa Nacional de Pueblos Mágicos

Artículo 22 Bis. La Secretaría, con la participación que corresponda a las entidades federativas y municipios, elaborará el Programa Nacional de Pueblos Mágicos, que tendrá carácter permanente y será acorde con los objetivos y metas establecidas en el Programa Sectorial de Turismo.

El Programa Nacional de Pueblos Mágicos establecerá los objetivos, metas y líneas de acción encaminados a impulsar el desarrollo de la actividad turística en estas localidades, aprovechando sus atractivos turísticos naturales y culturales.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y posteriormente el primer año de cada administración federal, la Secretaría de Turismo deberá publicar el Programa Nacional de Pueblos Mágicos.

Tercero. En un plazo máximo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Turismo deberá publicar los Lineamientos generales del Programa Nacional de Pueblos Mágicos, que serán revisados, y en su caso actualizados, anualmente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 15 de marzo de 2018.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Secretaría de Turismo. Pueblos Mágicos, herencia que impulsan Turismo. 4 de abril de 2016
http://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo

2 Conoce los 111 pueblos mágicos de México (consultado en marzo de 2018) http://www.pueblosmexico.com.mx/

3 DOF: 20/05/2013. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

4 DOF: 13/12/2013. Programa Sectorial de Turismo 2013-2018.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326572&fecha=13/12/2013

5 DOF: 26/09/2014. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361690&fecha=26/09/2014

6 SECTUR. Comunicado 109. Tres Millones De Mexicanos Han Sido Los Directamente Beneficiados Con El Programa Pueblos Mágicos. 31 de julio de 2017
https://www.gob.mx/sectur/prensa/tres-millones-de-mexicanos-han-sido-los-directamente-
beneficiados-con-el-programa-pueblos-magicos

7 SECTUR. Comunicado Conjunto. Con Innovaciones, La IV Feria Nacional De Pueblos Mágicos Atraerá Más Turismo Local E Internacional. 13 de noviembre de 2017
https://www.gob.mx/sectur/prensa/con-innovaciones-la-iv-feria-nacional-de-pueblos-magicos-
atraera-mas-turismo-local-e-internacional

8 SECTUR. Comunicado 132. Anuncian Sectur y Gobierno de Nuevo León IV Edición De La "Feria Nacional De Pueblos Mágicos". 18 de septiembre de 2017
https://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncian-sectur-y-gobierno-de-nuevo-leon-iv-edicion-
de-la-feria-nacional-de-pueblos-magicos

9 SECTUR. Comunicado 111. Nuevo Modelo De Gestión Para Pueblos Mágicos Hará Más Competitivos Estos Destinos: EMC. 2 de agosto de 2017
https://www.gob.mx/sectur/prensa/nuevo-modelo-de-gestion-para-pueblos-magicos-hara-mas
-competitivos-estos-destinos-emc

10 Idem.






Corresponde el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional, en materia de publicidad oficial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

México, es el segundo país en paz más peligroso del mundo para los reporteros, lo antecede Siria. En México imperan los cárteles del narcotráfico, los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos, sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría. El objetivo común de sus detractores es hacerlos callar.

Lo anterior forma parte del documento intitulado: “balance de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo en 2017”, realizado por Reporteros Sin Fronteras, una organización independiente que cuenta con status consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de Francofonía. Desde su fundación en el año de 1985 se convirtió en una organización líder en el mundo en la defensa y promoción de la libertad de información, la cual considera es la base de toda democracia. Sin embargo, cerca de la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a una información libre.

En México, las cifras de periodistas que se han asesinado son:

Del 2000 al 2006, 26 periodistas asesinados.

Del 2007 al 2012, 47 periodistas asesinados.

En lo que va del sexenio, 40 periodistas.

Es por ello, que para ejercer en México el periodismo es una situación de latente mordaza y miedo abyecto, que tiene común denominador agresiones y amenazas que en algunos casos cuesta la vida. Es en el periodismo donde la información se vincula con quien paga o mata por ellas. La información se vuelve un tesoro que hay que buscar y que es más accesible para aquellos con mayor capacidad económica.

Así, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran sesgados en un contexto marcado por la corrupción y la impunidad.

Existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión, que van desde la supresión radical mediante actos de censura hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados.

El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere específicamente a estos mecanismos indirectos que tienden a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones.

Dicho artículo establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones”.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en su principio 5 que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibido por la ley.

Tal y como se cita en el informe 2016, artículo 19: Las libertades de resistencia. La información es el bien más valioso y básico para la libertad de expresión.

Sin embargo, la información que por décadas ha censurado a periodistas y medios de comunicación es el referente a la publicidad oficial, de manera indirecta o sutil, mediante la distribución arbitraria y discriminatoria de los recursos públicos dirigidos para tal fin.

En ese sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno y concluyó que la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. Según indicó en ese momento la Relatoría Especial.

Este tema merece especial atención de las Américas, donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado, históricamente, el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización de dinero destinado a la publicidad”.

Evidentemente ha sido una relación perversa en la que la información está supeditada al dinero, que entra y sale de los bolsillos de los medios de comunicación.

El artículo 19 ha sido enfático en advertir sobre los montos millonarios ejercidos de manera indiscriminada y arbitraria para promover figuras públicas y generar una forma de censura sutil e indirecta, donde la famosa frase de López Portillo: “No te pago para que me pegues”, sigue vigente en nuestros días. Han documentado cómo el sistema económico se ha convertido en el mecanismo perfecto para limitar los flujos de información independiente y plural.

Es por ello que han alzado la voz y visibilizado la falta de legislación que limita al gobierno federal a entregar cantidades masivas o fijar contenidos de la comunicación desde el gobierno para la sociedad, considerando que nunca ha habido suficiente voluntad política para que se convierta en un tema de la agenda pública y, a pesar de un buen número de iniciativas, no se ha discutido ni mucho menos aprobado.

Es importante recordar que a inicio del sexenio, Enrique Peña Nieto prometió regular el uso arbitrario e indiscriminado de la publicidad oficial. La promesa se trasladó al compromiso número 95 del Pacto por México sin que se lograra su cumplimiento y, cuatro años después, quedó en el olvido.

No obstante, el gasto se sigue acumulando y hasta diciembre de 2016, el gobierno federal reportó un ejercicio preliminar de más de 9 mil 26 millones de pesos y un gasto acumulado de 34 mil 109 millones de pesos en 4 años del gobierno.

Las cifras evidencian el uso indiscriminado de los recursos públicos, la discrecionalidad y opacidad de la asignación y el ejercicio del mismo.

Es menester de toda democracia dar certeza de la administración de los recursos públicos; respecto a ello, Norberto Bobbio en su obra “El futuro de la Democracia”, hace la siguiente interrogante:

“¿No hay nada secreto en el gobierno democrático? Todas las actividades de los gobernantes deben ser conocidas por el pueblo soberano, excepto alguna medida de seguridad pública, que se le debe hacer de su conocimiento en cuanto al peligro haya pasado”.

Este fragmento, es ejemplo porqué enuncian pocos renglones en uno de los principios fundamentales del Estado constitucional: La publicidad es la regla, el secreto debe ser la excepción.

En cuanto al papel del Legislativo cita lo siguiente:

“La representación puede tener lugar solamente en la esfera de la publicidad. No hay ninguna representación que desarrolle en secreto o a cuatro ojos… Un parlamento tiene un carácter representativo únicamente en cuanto se cree que su actividad sea pública. Reuniones secretas, acuerdos y decisiones secretas del comité que se requiera pueden ser muy significativos e importantes, pero jamás pueden tener un carácter representativo”.

La vacuidad en materia de publicidad oficial, aunado a la opacidad y discrecionalidad concomitante, han permitido el uso y abuso de los recursos públicos, donde el dinero tiene la facilidad de silenciar las voces críticas y magnificar las líneas editoriales complacientes al poder.

Así la falta de regulación de publicidad oficial escinde una espada de doble filo, que por un lado coarta el derecho de la libertad de expresión y por otro lado el derecho de todos los ciudadanos a estar informados, mermando la actividad periodística y el acceso de las audiencias a la información plural y diversa con veracidad.

Es menester comentar que la publicidad oficial ha tenido un camino anacrónico, con los siguientes:

Antecedentes:

Desde 2007 en la reforma constitucional publicada en noviembre que adicionó tres párrafos al artículo 134.

En 2014, la reforma político-electoral estableció en el tercero transitorio la obligación nuevamente del Congreso de la Unión de legislar sobre la materia, ante el incumplimiento del Congreso de la Unión, la organización no gubernamental, artículo 19, promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso. Posterior a un proceso en el cual un juez de distrito sobreseyó el juicio por considerar que se trataba de una controversia en materia electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el Poder Legislativo ha incumplido con dicha obligación y en consecuencia ha incurrido en una omisión legislativa, debido a que la Constitución ordena al Congreso de la Unión expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

Y así el 15 de noviembre de 2017, a propuesta de la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala de la Corte de Justicia resolvió un amparo de revisión en el que nos ordena al Congreso de la Unión a expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril, es decir, tenemos mes y medio.

Así pues necesitamos considerar en la legislación que debemos ya estar discutiendo las Bases Mínimas que ha establecido las organizaciones para la publicidad oficial, que se recoge en principio sobre la regulación de la Publicidad Oficial y la Libertad de Expresión emitidos por la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de evitar su uso como mecanismo de censura indirecta, el cual es una de las formas prohibidas por el artículo 13.3 de la Convención Americana. Estas bases mínimas son:

La Ley de Publicidad Oficial no debe de desaparecer.

Debe ser una ley general y completa.

Se deben definir criterios de asignación basados en la idoneidad.

Debe haber máxima publicidad.

Transparencia y regulación en la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.

Contenidos de utilidad pública y libertades de promoción personalizada.

La publicidad oficial debe ser siempre identificable.

Se debe fomentar la pluralidad y la diversidad.

Debe haber mecanismos de control.

Y un uso racional de los recursos públicos.

Y en ese sentido es que el día de hoy presento esta iniciativa de ley que busca precisamente regular la publicidad oficial.

Y dado que el día de hoy ha sido publicado un Acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras, en las que se ha decidido que la Cámara de origen para la discusión de esta iniciativa a fin de dar cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea la Cámara de Diputados.

Quiero solicitarle al Presidente que esta iniciativa sea turnada a ese lugar y que además sea considerada en el proyecto de dictamen que ya circula por parte de la Comisión de Gobernación y en la cual también recientemente se incorporó una nueva iniciativa el pasado 13 de marzo de marzo en la colegisladora.

Y espero sinceramente que en este mes y medio que resta del periodo ordinario no solamente nos demos a la tarea de aprobar la Ley Reglamentaria del Artículo 134 constitucional, en materia de publicidad oficial, sino que realmente discutamos esto que es un tema fundamental para la democracia que es garantizar la libertad de expresión y la libertad de información de todos y cada uno de los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo, ¿para suscribirla, don Víctor?

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Así es.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En el mismo sentido la Senadora Sylvia Martínez.

¿Quiere hacer uso de la voz? Por favor, sonido en el escaño de la Senadora Sylvia Martínez.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Quisiera pedirle a la Senadora Martha Tagle, que me permita suscribir su iniciativa. Me parece que esta iniciativa abona a la discusión y debate que estamos teniendo sobre el tema de propaganda gubernamental, y creo que las posiciones que se observan en esta iniciativa arrojan una defensa de los derechos humanos y, sobre todo, hablar de la equidad en la contienda.

Por eso creo que es importante que también esta iniciativa se sume a la discusión que actualmente se está dando y que sea una nueva aportación para que en el Senado de la República saquemos una ley que cumpla con las mejores condiciones para los ciudadanos, los actores políticos y los medios de comunicación.

Es cuanto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Sylvia Martínez.

El Senador López Brito, el Senador Daniel Ávila, en el mismo sentido, Senador Alejandro Encinas.

Senador Zoé Robledo, ¿quiere hacer uso de la voz? Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Felicitando a la Senadora Tagle por la presentación de esta iniciativa.

Y para comentar, porque efectivamente es un tema del cual tenemos un reloj que va marcando las horas, los minutos, hasta ese plazo del 30 de abril para que el Legislativo no cometa un desacato a una orden judicial.

En ese sentido, me gustaría precisar dos temas:

Primero. Las mesas directivas de las comisiones donde están turnadas una serie de iniciativas, la Comisión de Gobernación; la Comisión de Estudios Legislativos; y la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, estamos publicando un Acuerdo de una ruta para la dictaminación.

En ese Acuerdo está incorporada un proceso que idealmente empezaría el día martes de audiencias públicas con todos los interesados, especialistas, organizaciones, académicos que tienen una opinión, y nos la han hecho saber, sobre este tema en particular.

De la misma forma ya lo hicimos con las dos organizaciones promotoras del amparo en su momento también en esas comisiones unidas.

No tengo el conocimiento de un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras, en el sentido de que la Cámara de origen vaya a ser la Colegisladora. Si es así ojalá se pueda publicar a la brevedad.

Entiendo que había un Acuerdo para el trabajo en conferencias y ese trabajo en conferencias tendrá su siguiente etapa, su siguiente puerto en las audiencias públicas a celebrarse el día martes.

En ese sentido, Senadora, lo que está a nuestro alcance, y creo que es importante, y lo platicaremos con los presidentes y las mesas directivas de las otras comisiones, es que esta iniciativa se incorpore al trabajo de análisis para la dictaminación.

Yo no conozco el proyecto de dictamen, hay un proyecto de una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde y del Partido Nueva Alianza, que se suma a las otras iniciativas, no lo entendería yo, no sé si estoy hablando del mismo documento, como un proyecto de dictamen.

En ese sentido, creo que será importante que esta iniciativa, junto con las demás, sea el elemento a discusión del proceso de audiencias públicas donde estamos pidiendo que se abra a todo aquel que tenga interés, desde la academia, reitero, organizaciones, incluso particulares y especialistas sobre ese asunto.

Hoy está publicado ya en la Gaceta Parlamentaria el documento de trabajo, entonces era algo que me parece pertinente para que esta iniciativa nueva enriquezca ese trabajo legislativo que ya se ha empezado a hacer.

Gracias, señor Presidente.

¡Felicidades, Senadora!

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.

Reitero la atenta solicitud a Servicios Parlamentarios para que tome nota de las y los Senadores que solicitaron acompañar, con la anuencia de la Senadora Tagle, el suscribir esta iniciativa presentada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.






En una segunda ronda de iniciativas, corresponde el uso de la tribuna al Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de eliminación de porción inválida.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XII Y XXX Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Ismael Hernández Deras: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadoras y Senadores:

La seguridad jurídica es un valor que nos brinda certeza y tranquilidad respecto al orden normativo a todos los ciudadanos mexicanos.

Y la actualización del marco normativo no solamente es una responsabilidad pública del Poder Legislativo, sino una obligación de todas y todos nosotros.

Tener las normas al día es la mejor forma de garantizar gobernabilidad democrática y legitimidad de las leyes ante la sociedad mexicana.

Por ello, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben atenderse de manera oportuna, siempre también que se genere consenso y que así lo permita, porque sus resoluciones reflejan el trabajo de control de la constitucionalidad cuando un poder se excede en la interpretación constitucional y va más allá de los contenidos de la Carta Magna.

El 17 de enero de 2013, con motivo de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, un grupo de legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde y del PANAL, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, el propósito fue impugnar contenidos al artículo 27 de la Ley Orgánica sobre la temporalidad de comparecencias y funcionarios comparecientes ante órganos legislativos.

La impugnación no buscó eliminar las facultades del Congreso en ningún momento para convocar a comparecer a los servidores públicos que estén obligados por la Constitución mexicana.

La impugnación fue para precisar qué funcionarios estaban sujetos a este procedimiento, de conformidad con la Constitución.

Y si la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal era la norma adecuada para llevar a cabo tal convocatoria.

El 23 de octubre de 2014, el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte resolvió, prácticamente de manera favorable, toda la impugnación en su resolución número 1/2013. En dicha resolución se declara la invalidez parcial de diferentes porciones normativas del artículo 27 de la Ley Orgánica, respecto a las atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal constituye la norma que establece las bases de la organización de la forma de gobierno democrático de los Estados Unidos Mexicanos. Es el instrumento normativo que asigna a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las diferentes responsabilidades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda al Poder Ejecutivo Federal.

La norma constituye una base esencial del estado de derecho, pues señala con precisión los límites de las responsabilidades de los encargados de despacho y titulares de las entidades del sector paraestatal conforme a la ley.

De ahí la relevancia de actualizar la norma conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por un principio de seguridad jurídica y eficacia normativa.

Por su atención, muchas gracias.

Damos inicio al proceso legislativo de armonización en el terreno de este artículo.

Gracias por su atención.

Iniciativa

El suscrito, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción ii del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES XII, XXX Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal constituye la norma que establece las bases de organización de la forma de gobierno democrático de los Estados Unidos Mexicanos. Es el instrumento normativo que asigna a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal las diferentes responsabilidades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda al Poder Ejecutivo.

La norma constituye una base esencial del Estado de derecho, pues señala, con precisión, los límites de las responsabilidades de los encargados de despacho y titulares de las entidades del sector paraestatal conforme a la ley. Dichos enunciados son la base de su esfera de actuación y responsabilidad pública ante la sociedad: los servidores públicos no pueden ir más allá de lo estrictamente señalado por la ley, ni pueden ser responsables de aquello que no constituya su función pública.

Con el desarrollo hacia sociedades más complejas, la Administración Pública de todo orden de gobierno ha debido adaptarse a los desafíos que presenta la gobernabilidad democrática y la dinámica economía y social, en un contexto en el que, lo social, tiene como cimiente un orden jurídico basado en su cabal legitimidad. Por ello, en congruencia con la modernización social y con base en un procedimiento legal legitimado socialmente, los poderes Legislativo y Ejecutivo han modificado el universo de instituciones que conforman el Estado, con la finalidad de conferirle regularidad a la relación entre gobernantes y gobernados, a través de organismos con diferente naturaleza jurídica para atender los asuntos de interés público, como son, organismos centralizados, desconcentrados, descentralizados y órganos con autonomía constitucional respecto de los poderes públicos.

Este fue el propósito del paquete de reformas a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada el 2 de enero de 2013, en la cual quedaba de manifiesto el diseño de modernización institucional del nuevo gobierno, en términos de sus proyectos de política pública. Dicha propuesta contenía, entre otros elementos, la desaparición de la Secretaria de Seguridad Pública, el traslado de sus responsabilidades a la Secretaría de Gobernación, así como la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria y la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Sin duda, se trataba de un complejo proceso de transformación que atendía una visión distinta para instrumentar la política pública del Estado en materia de seguridad. El Licenciado Enrique Peña Nieto, siendo Presidente electo, comentó en aquella ocasión que la propuesta consistía en que “la Secretaría de Gobernación asuma la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también la conducción de las políticas en materia de seguridad interior, prevención del delito y del sistema penitenciario; la de desarrollar tareas de vigilancia fronteriza y de protección civil, la de ejercer el mando sobre la Policía Federal y la auxiliar y coordinar las políticas e instancias de información de seguridad nacional y criminal”.

La propuesta incluyó también modificaciones a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y otras modificaciones significativas en la perspectiva de la modernización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Especial mención tiene la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, entidad que, desde el ámbito de actuación de la Secretaría de Gobernación, tendría a su cargo la propuesta y desarrollo de acciones para garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes, entre otras atribuciones.

Durante el debate legislativo de la propuesta iniciada por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, en noviembre de 2012, se aprobó con la discusión de los artículos 2, 10, 25, 27, 31, 32, 37 y 41, y, una vez consensado y aprobado, el Proyecto de Decreto fue remitido a la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. En el Senado de la República, en uso de sus facultades constituciones de cámara revisora, el proyecto de decreto fue objeto de varias modificaciones a la propuesta original aprobada en la Cámara de Diputados, precisamente a las que hace referencia la presente iniciativa y que se transcribe a continuación, a efecto de precisar el objeto de la misma:

Texto minuta aprobada en la Cámara de Diputados

Modificación aprobada en el Senado de la República

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

XXX. Regular y autorizar la portación de armas para empleados federales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional; (Se elimina)

XXX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.

[Último párrafo del artículo 27:]
Si referencia en el texto original

[Último párrafo adicionado al artículo 27:]
El Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República.

Es de señalarse que el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, establece una Comisión Bicamaral de control y evaluación integrada por tres legisladores de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Dicha comisión tiene diferentes atribuciones, como la de solicitar informes, conocer la agenda anual de riesgos, recibir informes del secretariado ejecutivo de seguridad nacional y conocer los acuerdos de cooperación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otras. Los integrantes de la Comisión del Congreso quedan obligados a resguardar la información y documentación que reciban.

Las modificaciones a la minuta se llevaron a cabo bajo ese espíritu de control y evaluación del Poder Legislativo, a las acciones de seguridad a cargo de las instituciones del Estado, aunque, desde el inicio del debate en comisiones y en tribuna, las reformas al artículo 27 representaban, para algunos senadores, enunciados que sobre-regulaban la función legislativa del control y la cooperación entre poderes públicos. Sin duda, la seguridad nacional constituye un tema relevante de interés público, sin embargo, hay elementos que, por disposición constitucional, han sido y continúan siendo una responsabilidad del Ejecutivo conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales tiene que rendir cuentas en un marco de transparencia y respeto a los derechos humanos. Asimismo, también la Constitución establece las bases de aquellas entidades que, bajo formatos determinados, presentaran informe a los órganos de control del Poder Legislativo.

El 11 de diciembre de 2012 fue aprobada en el Senado de la República la minuta con modificaciones y fue turnada a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado E del Artículo 72 constitucional. La Cámara de Diputados se allanó a los cambios realizados por el Senado, no obstante, tres grupos parlamentarios fijaron postura en el sentido de ratificar las modificaciones con la finalidad de no detener el proceso legislativo ni el proyecto de diseño institucional del nuevo gobierno. Sin embargo, la representación de los grupos señalados, dejaron claro la intención de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre lo que, en su opinión, significaba una invasión de las competencias del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, al pretender la ratificación de nombramientos y regular comparecencias desde un ámbito normativo que no les parecía apropiado.

El 17 de enero de 2013, diputadas y diputados integrantes de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo Federal por la aprobación, promulgación y publicación de un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

En los artículos reclamados, se cuestionaba el conjunto de obligaciones que se imponen al titular de la Secretaría de Gobernación para comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República, para presentar la política criminal y dar seguimiento a la misma, así como ante la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional para informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional; en el texto se especificó la improcedencia de que la Secretaría de Gobernación, además de ser la encargada de proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ambos designados por el Ejecutivo Federal, además fueran ratificados por el Senado de la República.

En los alegatos respecto de la fracción XII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los legisladores sostuvieron que resultaba violatoria de lo dispuesto por los artículos 16, 49, 69, 93 y 133 de la Constitución Federal, pues imponen al Secretario de Gobernación la obligación de presentar informes ante los órganos del Poder Legislativo Federal, sin que tal deber esté contemplado expresamente en la Constitución Federal.

El artículo 69 constitucional dispone que únicamente corresponde al Presidente de la República presentar estos informes, al rendir sobre el estado que guarda la administración pública conforme al artículo 69 constitucional.

En relación con el contenido de la fracción XXX del mismo artículo, los demandantes señalaron que resultaba contrario a lo dispuesto en los artículos 49, 69, 89, fracción VI, 90 y 93 de la Constitución Federal, ya que imponen al titular de la Secretaría de Gobernación la obligación de informar al Poder Legislativo Federal, sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de la comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, cuando dicha atribución le corresponde exclusivamente al Presidente de la República y no a una de sus dependencias.

Así mismo, en la impugnación del último párrafo del artículo 27, los legisladores señalaron las características y requisitos que deben reunirse desde el marco constitucional, a efecto de que los nombramientos que haga el titular del Ejecutivo, estén en la lógica del control de la constitucionalidad, mediante la intervención de un órgano del Congreso de la Unión, en este caso, de la Cámara de Senadores, para su ratificación. El principio argumentativo señala que, tanto el Comisionado Nacional de Seguridad como el Secretario Ejecutivo del Sistema son servidores públicos de la administración pública centralizada y, por ese hecho, su nombramiento corresponde al titular del Ejecutivo Federal sin la intervención de ningún otro órgano. La naturaleza jurídica de las entidades que presidirían, no corresponde a entidades descentralizadas o de autonomía constitucional o nombramientos expresamente señalados en la Constitución, por lo cual resulta improcedente someterlos a un procedimiento de ratificación por parte de Senado de la República.

El 23 de octubre de 2014, el Tribunal Pleno emitió la resolución1 de inconstitucionalidad 1/2013 en los siguientes términos:2

PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 27, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la porción normativa que dice "el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad".

TERCERO. Se reconoce la validez de la fracción XVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la porción normativa impugnada que dice "en los términos que establece el párrafo final de este artículo", en términos del apartado VII de la presente sentencia.

CUARTO. Se declara la invalidez de la fracción XII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la porción normativa que señala "comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique"; y de la fracción XXX del mismo artículo, en la porción normativa que establece "a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional", en términos del apartado VIII de la presente sentencia.

QUINTO. Se declara la invalidez de la porción normativa del párrafo último del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que indica: "El Comisionado Nacional de Seguridad y" en términos del apartado VII de la presente sentencia.

SEXTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Conforme a la resolución emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta evidente la necesidad de ajustar el cuerpo normativo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las fracciones XII, XXX y último párrafo del artículo 27, con la finalidad de que sus enunciados expresen con certeza jurídica la delimitación de las atribuciones de los servidores públicos responsables de la política pública en materia de seguridad, en este caso, en su relación con el Poder Legislativo.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

PROYECTO QUE REFORMA LAS FRACCIONES XII, XXX Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGNÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracción XII, XXX y el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XI. …

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

XIII. a XXIX. …

XXX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional;

XXXI. a XLIII. …

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el Senado de la República, el 15 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Ismael Hernández Deras.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Ismael Hernández Deras. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015 , Tomo I , página 894.

2 Resolución Publicación Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2015 y la Segunda Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2015.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de participación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Senadores:

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue expedida el 2 de enero de 2009, y es una ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.

La ley que se plantea modificar, establece en su artículo 1º que: “tiene como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia”.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública encuentra su fundamento legal en la ley que se busca reformar, y establece que dicho consejo contará, para su funcionamiento y operación, con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, y será, según el artículo 10, la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad en nuestro país.

El artículo 12 de la ley en comento establece quiénes serán los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, estos son: El Presidente de la República, quien lo presidirá; el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador General de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación, y además el Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, dicha participación será con carácter honorífico.

Además de lo anterior, el último párrafo de dicho artículo establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

Sin embargo, se propone con esta iniciativa, que la calidad de invitado del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe sustituirse por la figura de integrante, puesto que la mejor conocida CNDH es la instancia encargada de velar por el respeto absoluto a los derechos humanos en nuestro país, y que además de ser protectora y garante de los derechos fundamentales, es una institución de suma importancia en el Estado mexicano.

Tomando en consideración que se propone integrar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que la fracción V del mencionado artículo se encuentra obsoleta al ya no existir hoy en día la Secretaría de Seguridad Pública, se propone eliminar del texto al Titular de la Secretaría, y en su lugar integrar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante del sistema.

El artículo 21 de nuestra Carga Magna, refiere que la actuación de las instituciones de seguridad pública deberán regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.

Derivado de ello, es considerable incluir al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública y dejar de incluirlo como un invitado del Consejo, puesto que la investidura de dicha comisión merece formar parte de tan importante instancia en materia de seguridad pública.

Sin embargo, no podríamos hablar de la procedencia de esta iniciativa sin antes añadir que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe también ser modificada.

El artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece las atribuciones del Presidente de dicha comisión; por ello, se propone recorrer la actual fracción XII a la XIII del mencionado artículo, y añadirle al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de ser integrante del Consejo de Seguridad Pública en la fracción XII, para así buscar que ambas leyes se encuentren armonizadas una con otra y no caer en imposibilidades jurídicas que pudieran impedir al Comisionado de los Derechos Humanos pertenecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que hoy presento tiene dos objetivos principales: El primero, es armonizar la ley para que, con el ánimo de tener un texto normativo actualizado y vigente, se elimine del texto de la ley al Secretario de Seguridad Pública, pues al ser una posición inexistente en nuestro país la ley debe mantenerse armonizada a la actualidad, por lo que esa fracción debe ser modificada o, en su caso, pues ya derogada.

En segundo lugar, y no menos importante, es incluir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública y, además, dotarlo de dicha facultad dentro de la ley que regula esta comisión para poder formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Guzmán Avilés. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el Senador Javier Lozano Alarcón.

¡Bienvenidos!






Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de participación en localización de personas desaparecidas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

Vengo a posicionar para referirme a dos iniciativas:

Una, por la que se reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Y la otra, la que modifica el artículo 46 de la Ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La primera de ellas con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX y se adiciona una fracción XX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

La segunda iniciativa, por la que se reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de las recomendaciones que emite dicho organismo.

Respecto a la primera de estas iniciativas se parte de la premisa respecto de que en los estados modernos la sociedad civil es reconocida como un actor político, ya que sus funciones van más allá de la exclusiva organización y asociación de individuos.

En una coyuntura en la que las instituciones y partidos políticos han perdido legitimidad frente a la ciudadanía, éste tipo de organizaciones cobran relevancia en razón de que se convierten en un puente de diálogo e interlocución entre el gobierno y los ciudadanos.

Sin embargo, en México es poca la credibilidad de nuestros ciudadanos hacia el sistema político que nos rige.

Se hace constar en el Informe Latinobarómetro de 2017, en el cual se detalla que sólo el 9 por ciento de los mexicanos confía en los partidos políticos.

En este contexto, se entiende la importancia de la participación y existencia de las organizaciones de la sociedad civil, las que han contribuido en atender las demandas de una sociedad cada vez más plural y compleja que se siente menos representada por los medios políticos tradicionales.

Actualmente las organizaciones de la sociedad civil atienden temas de interés social, como la rendición de cuentas, la democracia participativa, protección del medio ambiente, apoyo a grupos minoritarios y étnicos, derechos humanos, protección civil, educación, entre otras, actividades que en años anteriores sólo eran exclusivas del aparato del Estado.

Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil que sean objeto de fomento, en el 2017 se contabilizaron poco más de 40 mil organizaciones de la sociedad civil en el país, lo que se traduce que por cada 100 mil habitantes existen 27.7 organizaciones de este tipo.

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el 2004, la creación de organizaciones de este tipo se incrementó considerablemente cada año.

En este tenor, la primera de estas iniciativas que presento ante esta Soberanía plantea reformar la fracción XIX del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de que se reconozca como actividad de fomento el apoyo y atención en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas en el territorio nacional, garantizando, primero, a las organizaciones ya establecidas en torno a este rubro, el acceso a los estímulos y apoyos públicos.

Y segundo, fomentar la organización de ciudadanos en pro de las personas desaparecidas.

La iniciativa busca adecuar la ley en comento con lo establecido por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapariciones Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, puesto que reconoce la participación en varios procesos de las organizaciones de la sociedad civil en la materia.

Esta adecuación es congruente con lo establecido por la nueva ley en la materia y coadyuva para que las acciones gubernamentales adquieran un mayor alcance social y se potencialicen las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de las personas desparecidas o no localizadas, buscando contribuir de manera eficiente en la atención y solución al grave problema que representa dicha práctica inhumana.

Por otro lado, la iniciativa que pretende reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos parte de la premisa acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera particular a través de las recomendaciones que por ley está facultada a emitir.

Al respecto se puede decir que las recomendaciones podrían calificarse como un mecanismo de control del poder político enfocado a proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De manera más precisa, se trata de un medio de control constitucional de carácter administrativo y de tipo objetivo.

El pasado 3 de enero del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el informe de seguimiento de recomendaciones. El documento afirma que el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger a la víctima de violaciones o derechos humanos e impedir que se repita en futuras violaciones son precisamente las recomendaciones.

El informe señala que del 1º de enero de 1990, hasta el 3 de enero de 2018, en 17 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un total de 2 mil 688 recomendaciones dirigidas a 3 mil 348 autoridades.

Un aspecto que destaca dicho informe y resulta preocupante es el número de recomendaciones que han sido aceptadas, pero no cumplidas por parte de las autoridades.

Del total de recomendaciones que no han sido concluidas existe un dato que llama la atención, algunas de estas tienen más de 17 años de haber sido elaboradas, entre ellas, 29 han sido procedimientos por violaciones graves a los derechos humanos, además la recomendación más antigua al 3 de enero de 2018, es una que se emitió en el 2001, dirigida a la Presidencia de la República, la que nunca tuvo respuesta.

Lo alarmante de esta cifra referente a las recomendaciones que no han sido cumplidas por la autoridad, estriba en el hecho de que la ley, por un lado, es permisiva; y por el otro, no ha sido respetada y los derechos de las personas aún se encuentran en espera de alguna respuesta. Lo que significa que probablemente serán cientos de casos más de impunidad.

Es importante mencionar, que de acuerdo al artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autoridad o servidor público de que se trate informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación si acepta dicha recomendación.

Entregará, en su caso, en otros 15 días hábiles las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación.

Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo  amerite.

Es decir, la ley no contempla un plazo definitivo para que las autoridades cumplan las recomendaciones. Esta cuestión ha derivado que de 503 recomendaciones se encuentren pendientes una de ellas desde el 2001.

Bajo esta perspectiva, la presente iniciativa tiene por objeto modificar el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de fijar un plazo perentorio al que se propone no sea mayor de 180 días naturales, que es aproximadamente seis meses, para que la autoridad pueda dar cumplimiento a la recomendación y presentar las pruebas que acrediten dichos actos.

La modificación reconoce que por la misma naturaleza existen recomendaciones que requieren de un tiempo mayor para poder ser cumplidas. Sin embargo, éstas deben ser la excepción y la ley contemplará un plazo límite para ser atendidas.

Con estas iniciativas se pretende contribuir a mejorar el marco normativo, tanto de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la defensa de los derechos humanos de las personas que están desaparecidas o no localizadas, así como en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con ello fortalecer el estado democrático de derecho en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila. Daremos los turnos correspondientes.

El proyecto de reformas a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

El proyecto que modifica el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Cápitulo VI Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de ejecución de medidas para adolescentes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

La iniciativa que presentamos es para adicionar un capítulo con dos artículos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente argumentación:

Es verdad que en nuestras naciones, están sobreviviendo a una crisis del Sistema Tutelar para Adolescentes para Menores Infractores, como se llamaba, que no se ha logrado a pesar de incluso reformas constitucionales y de nuevas leyes, derogar de manera estructural en nuestros países y, por supuesto, en México no es la excepción.

Todo esto deriva de un nuevo enfoque a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece de manera puntual que aun cuando se trata de una persona menor de edad, debe tener un aplicación de la ley de manera más benigna.

Cuando derogamos el concepto de “inimputabilidad a las personas menores de edad”, recordemos que lo que se empezó a promover son reformas al Código Penal, para que la edad penal empezase a bajar a 16 años, a 17 y muchas iniciativas a bajarlo a 15 años.

Era necesario atender las recomendaciones que desde la Organización de las Naciones Unidas y particularmente el Comité de los Derechos del Niño se han venido haciendo a nuestro país para derogar la doctrina en situación irregular y emerger la doctrina de protección integral precisamente de la Convención, que integra además una serie de reglas y directrices de cómo tiene que atenderse a quienes infringen las leyes penales, cómo tiene que abordarse la prevención social del delito, cómo deben trabajar las autoridades para atender a quienes infringen las leyes penales y no confundir que sea tratado como una persona infractora a quien comete una infracción administrativa o se encuentra en situación de abandono, etcétera.

De ahí que en 2005 reformamos la Constitución, el artículo 18, el primer artículo en la Constitución escrito en debido proceso legal y posteriormente el diseño de distintas leyes en los estados de la República, un mosaico diverso de interpretaciones de lo que el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño planteaba y, por supuesto, lo que el propio artículo 18 constitucional establecía.

De tal manera que ahora en el Senado de la República lo que hicimos fue, además ante la ausencia de una ley federal que no teníamos, lo que hicimos fue reformar la Constitución para otorgarnos el mandato en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), para hacer una sola ley en el país.

¿Por qué hago referencia de esta historia?

Porque el contexto tiene que ser nuevamente reafirmado y hay que poner a la historia en primer plano cuando tratamos estos asuntos.

Consecuencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, diseñamos una serie de mecanismos importantes que son necesarios e indispensables para que este sistema pueda tener plena vigencia.

Es decir, se garantice la reinserción social de aquellos adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que han cometido una infracción a un ordenamiento penal y sean como lo establecen esos tratados y la propia ley, puedan, insisto, ser reinsertado en su comunidad, en su familia; si no funciona esa familia, una familia sustituta y la responsabilidad del Estado para garantizar que estos chicos y chicas sean tratados conforme a su edad, que sean atendidos conforme a su edad, que sean vistos como lo que son, personas en desarrollo que necesitan de una protección fundada, principalísimamente, sin lugar a dudas, en el ejercicio de sus derechos; de tal manera que constituimos instituciones, órganos y autoridades especializadas.

Hoy hay dos debates en la sociedad.

En el ámbito del Poder Judicial, los jueces que tienen que ser especializados en esta materia, no lo están siendo; jueces en materia penal para adultos, atendiendo a la materia relacionada con adolescentes que cometen infracciones a la ley penal.

Eso es un error, contraviene la Constitución, contraviene la ley, contraviene a la Convención.

Tenemos que insistirle al Poder Judicial que tiene que constituir autoridades especializadas en esta materia. No es igual, no es la misma referencia como tiene que ser tratada una persona adulta a una persona menor de 18 años de edad.

Y el otro gran debate que hay, tiene que ver con que un adolescente que comete un delito grave, que se ve involucrado en un hecho en donde alguien pierde la vida, adulto o incluso menores de edad, sigue habiendo un sentimiento por parte de la gente respecto de que tienen que ser sancionados como adultos, y si un adulto en un delito similar tiene una sanción punitiva de 40 años, a quien tiene 15 ó 13 ó 17 años hay que endilgarle una sanción de 40 años.

Ese sentimiento que encontramos en muchísimas familias, en muchísima gente, tiene una razón de ser, el fracaso de nuestra ley.

El fracaso de las instituciones que establecimos en la ley, que tienen que funcionar para que el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes infractores, para adolescentes que cometen infracciones a la ley penal funcione de manera eficiente, y todas las autoridades tienen algo que hacer. Ya mencioné la parte del Poder Judicial, pero las autoridades administrativas tienen mucho que hacer, particularmente las que están inscritas en la asistencia social para aquellos delitos en donde, como dice el artículo 18 constitucional, solamente como último recurso puedan ser privados de la libertad.

También hay otro tema que tiene que ver con la integración de las autoridades administrativas como pasa, exactamente, con las del órgano de readaptación social que se encarga de la administración de los centros de privación de libertad para adultos, estatales, federales o de alta seguridad.

También la ley establece que tiene que existir la misma constitución de organismos de un organismo de autoridades administrativas que se encarguen de ver la implementación, insisto, integral, coordinada, armónica con un solo enfoque, como dice la ley, como dice la Convención, como dice la Constitución, para que podamos lograr el objetivo de esta transición al nuevo sistema inscrito en la doctrina de protección integral.

De tal manera que hoy estamos en falta, porque la ley que nosotros aquí aprobamos en el Senado de la República, que tuvo un gran éxito y fue avalada y reconocida a nivel internacional en su Artículo Transitorio Décimo Cuarto, establece que se tiene que organizar, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, también la participación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas, en la ejecución de medidas para adolescentes.

Esta falta de integración de este organismo y del nombramiento de su secretario técnico, entonces, nosotros dimos una vacatio legis de 180 días.

Como se puede ver, desde que aprobamos esta ley a la fecha de hoy, pues estamos totalmente en falta. Decimos que esta Conferencia deberá estar encabezada por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, y además del secretario técnico, que será el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y tendrá como objetivo principal constituirse en la instancia de análisis de difusión e instrumentación de la política pública en materia de ejecución de las medidas para adolescentes.

Necesitamos que quienes infringen las leyes penales no lo vuelvan a hacer, no reincidan, sigan el camino de la ley. Hay que crearle las condiciones por ser personas menores de edad para que efectivamente se pueda lograr este propósito, y entonces el sentimiento de la gente no sea de frustración, de incapacidad respecto de que está fallando este sistema, y por lo tanto, la imagen que se da es de que un niño, un adolescente con una sanción de privación libertad de cinco años por un delito grave es insuficiente para la crisis inscrita en la falta de una reparación del daño cuando se trata de una víctima, sobre todo cuando es una víctima menor de edad.

Es un tema trascendental y necesitamos constituir este órgano, de tal manera que las reformas que estamos proponiendo hoy, es, en el Capítulo VI Bis, nuevo en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dos artículos: el 31 Bis donde plantea la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, que estará integrada por los titulares de las unidades administrativas de ejecución de medidas para adolescentes de la Federación, de las 32 entidades federativas, y será presidida por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Esta Conferencia tendrá un secretario técnico.

Y luego el artículo 31 Ter que define cuáles son las funciones de esta Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes.

No menciono las nueve fracciones que estamos planteando a este artículo y que definen las funciones; pero varias de ellas están inscritas precisamente a lograr que adolescentes menores de 18 años que infringen las leyes penales reciban, como es su derecho, por ser menores de edad, las directrices que permitan su reinserción social, efectiva para que no vuelvan a cometer nuevamente ningún otro delito, y por lo tanto, garantizar con otras autoridades la protección de sus derechos o cuando faltan esos derechos, entonces que los gocen definiendo con puntualidad, de manera individual a partir de un plan personalizado en cada una de estas chicas y estos chicos el que tengan de verdad el derecho a un proyecto de vida, que por sus propias circunstancias del hábitat en donde se han desenvuelto, pues los han llevado a cometer estos delitos.

Es cuanto.

Ojalá que nos pongamos de acuerdo, de veras, estamos en falta con este transitorio, y es necesario, porque el sistema, el sistema no está funcionando, falta integrar este órgano para que las autoridades a nivel federal y a nivel local se pongan de acuerdo para definir las directrices, las políticas públicas para lograr el objetivo de esta ley.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña, adelante.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Quiero que vaya a las comisiones que hicimos la ley: Justicia, Derechos Humanos y Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, puesto que el enfoque tiene que ser de derechos humanos, son las comisiones que hicieron la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me permite analizar su petición, Senadora, por favor, ver el contenido de su iniciativa. Me parece que sí, déjeme analizar el tema, y ponderamos su solicitud.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL”

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el grupo parlamentario del PRI presentó una moción suspensiva, en relación con la discusión del dictamen.

Solicito a la Secretaría le dé lectura.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Qué pena que hayan hecho eso. El acuerdo, el martes pasado fue que el día de hoy se vería, la pretensión del martes pasado se obsequió la cortesía parlamentaria al grupo parlamentario del PRI, pero si quieren mantener, es no cumplir un acuerdo y de no cumplir el acuerdo, entonces a mí me gustaría que uno de los promoventes si la presentaron por escrito en los términos del Reglamento del Senado, la leyera y a mí me permitiera, como lo establece, perdón, hay una moción, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Terminó, Senador Cárdenas?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Me comentan aquí que la está retirando el grupo parlamentario del PRI la moción suspensiva.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Romo Medina.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Con la súplica a la Presidencia que usted asume, de que se retire por parte del grupo parlamentario del PRI esta moción suspensiva y continuar, desde luego, el trámite correspondiente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Romo, lo tomamos en consideración. Entonces, informo que queda sin efecto la moción suspensiva, señora Senadora.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Está a discusión.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras Senadoras y Senadores:

El tema que hoy vamos a ver es un tema de justicia social, es un tema que desde hace años reclaman más de 200 mil, así computados, casi 263 mil sinaloenses que lo expresaron en una iniciativa ciudadana hace más de dos años, pero también los Senadores de la zona noroeste, de Sinaloa y de Sonora, habíamos presentado una iniciativa en el mismo sentido.

Cuando ésta se presentó, la firmó el Senador Salvador López Brito, del PAN, a quien le reconozco el esfuerzo que hace y que como médico y Presidente de la Comisión de Salud está muy consciente y muy pendiente de que independientemente de que sea un reclamo de casi todos los sinaloenses, ayuda a no afectar a la salud de los niños, de los jóvenes y de los adultos.

También la firmó el Senador Aarón Irizar, quien me comentaba y, aunque no esté presente, lo debo de reconocer, que los empresarios y los profesionistas acusaban recibo de esa demanda ciudadana.

También me acompañó en ella el Senador Daniel Amador y quiero entender que la razón es por la grave afectación que sufren los niños de preescolar, de primaria y de secundaria.

Debo de advertir que la Senadora Diva Hadamira, muy preocupada por las amas de casa, jefas de familia, veían totalmente trastocado su reloj biológico, porque independientemente del daño que sufrían ellas y sus hijos, tenían que vivir la inclemencia de la oscuridad para llevarlos a la escuela durante mayor tiempo.

Independientemente de que los servicios productivos no se acomodaban en el mismo esquema de la demanda de los habitantes.

El Senador Gándara de Sonora y el Senador Larios, saben plenamente, porque ellos no han sufrido este abuso que se impuso de manera unilateral, pero Sonora tuvo la valentía de enfrentarlo, años después lo tuvo la Península de Yucatán por un solo criterio de los muchos que tiene Sinaloa y los sinaloenses, el turismo, pero muy probablemente porque ellos tenían mayorías parlamentarias y representaciones lo lograron, y porque la población y quienes en su momento gobernaron esos estados supieron hablarle al oído al Presidente de aquel entonces, los otros gobernadores no se preocuparon por su población.

Los Senadores de Sonora y un servidor de Sinaloa, tenemos muy clara la sinergia que se genera en la cadena productiva, son muchos los agricultores de Sinaloa que siembran en Sonora y viceversa, son muchos los concesionarios de automóviles de maquinaria agrícola, de insumos agropecuarios y pesqueros de Sonora que tienen su oferta con negocios en Sinaloa.

Más del 80 por ciento de las exportaciones de Sinaloa no tienen otra salida que no sea por Sonora y su frontera con Arizona.

En la parte del turismo, es Arizona el único estado de la Unión Americana que jamás ha cancelado sus vuelos a Mazatlán.

El turismo que tiene Mazatlán, que más derrama económica deja, es el de Arizona.

En sus problemas de conectividad Mazatlán ha abierto otras rutas y otros destinos, y han sido cancelados, el único que se mantiene desde hace más de 20 años es Mazatlán.

Y los norteamericanos que piden residencia, y que están en Mazatlán, en su gran mayoría son de Arizona, y muchos más beneficios económicos, independientemente de los daños al reloj biológico de la población.

Alguien ahí insanamente quiso pretender partidizar una iniciativa ciudadana.

Si leen la Gaceta Parlamentaria dice: “Iniciativa ciudadana e iniciativa de Senadores”.

Por eso cuando yo se lo plantee al grupo parlamentario del PRD después de que, advierto, este tema se tuvo que atender por un proceso judicial, y muy amablemente el Presidente de la Comisión de Energía, el Senador Vega Casillas, y el Secretario, el Senador Ascención Orihuela, que conocen los mercados primarios, la producción primaria y la exportación agrícola y frutal, en sesión de comisión, inclusive estando funcionarios de la Secretaría de Energía y de la CFE, estos no tuvieron ningún inconveniente, y antes de que el tribunal nos notificara, en una acción prudente, estos dos Senadores le dieron curso a atender el tema para que quedara sin materia la resolución del tribunal.

Y cuando le pregunto al coordinador parlamentario del PRD, a sabiendas de que algunos compañeros de él habían acompañado la iniciativa, claramente me dijo: “jamás iremos en contra de la voluntad popular por un asunto de 15 pesos”.

Y muy probablemente me hizo ese comentario porque el argumento que quisieron plantear 14 empresarios, fue tan débil que quisieron hacerle creer a la gente que el ahorro nacional era el ahorro estatal.

Y lo que tampoco dijeron esos 14 empresarios, que son menos que los Senadores que firmamos la iniciativa, es que ese ahorro de energía ha venido cayéndose, simplemente de 2016 que fueron 1,547 millones; en 2017 fueron 1,300.

El día de ayer, el Senador Patricio Martínez del PRI planteaba otro tema muy sentido que es de justicia social, el de las medicinas, y todos le aplaudimos, pero lo que no quieren entender estos 14, 15 empresarios de Sinaloa, que ni siquiera son los mayores empleadores y que juntos no creo que logren una plantilla de 500 trabajadores, es que las amas de casa sufren muchísimo deterioro en su reloj biológico y en su parte neurológica, en la paz social de su hogar, en la tranquilidad de sus hijos, los maestros ni se diga.

El coordinador del PAN, cuando se planteó esto, muy responsablemente me dijo: “sí Manuel, la parte de todos los beneficios que tiene esta iniciativa ya me la han planteado el Senador López Brito, que firmó la iniciativa, y el Senador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía”.

Es un muy justo reclamo de todos los sinaloenses, independientemente de que la iniciativa ciudadana la firmaron más de 263 mil que son sin partido o de todos los partidos, son profesionistas, son empresarios con negocios micro, pequeña y mediana industria, son proveedores de servicios.

El coordinador de Morena, el vicecoordinador del grupo PT-Morena, le agradezco también que haya dicho: “nosotros vamos con los sinaloenses”. Porque al igual que los otros Senadores que firmaron esta iniciativa, están conscientes de que es un justo reclamo y que es una necesidad.

El coordinador del PT, cuando le iba a ser el planteamiento, me dijo: “no te preocupes Manuel, yo ya conozco el tema y también los vamos a acompañar”.

Entonces, esa mente pequeñita que quiere ver en esto lo que no es…

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, le suplicaría ser breve, por favor.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, señor Presidente. Con mucho gusto.

No importa que algún Senador del PRI esté haciendo señas de que el tiempo “ya me lo comí”, como dicen vulgarmente, a mí sí me preocupan los niños, los maestros, quienes sufren tanto daño en su estabilidad emocional, en el humor de los padres, pero si hay alguien a quien no le interesa eso, pues estará muy en su derecho, no lo compartimos de ninguna manera.

Así que ambas comisiones dictaminaron a favor, en ningún momento se encontró la más mínima argumentación para ir en contra de este dictamen. Pero si por el capricho de alguna persona, nosotros los Senadores vamos a dejar de cumplir con nuestra función, allá aquel que lo quiera hacer, yo no.

De que quieran sentar un precedente para contradecir a las comisiones de dictamen cuando estuvieron absolutamente agotados los argumentos y todos fueron a favor, y ahora porque haya sido cautivado por una voz externa del Senado, que es muy respetable, no es el caso de la mía, yo no voy a ir en contra, absolutamente estoy a favor de todos los Senadores que consciente, responsablemente, de varios partidos, la firmaron y la aplaudieron, pero también por ningún motivo iré en contra de un justo, necesario, reclamo de la sociedad sinaloense, que no se va a hincar y no se va a doblegar porque 14 empresarios sugieren, sin ningún argumento serio y sí con un escrito, que tengo copia de él, en el que ni siquiera supieron decir cuál era el beneficio de Sinaloa.

Por eso, voy a favor, porque todos los que firmamos esto estuvimos conscientes de la necesidad imperiosa de hacerlo y de que la sociedad mexicana, y en particular la sinaloense, la voluntad popular de los sinaloenses es que se les haga justicia, que no haya mezquindad, que por primera vez, si fuera el caso, se acuse recibo de su legítimo reclamo.

No es ni siquiera una cuarta parte de los países en el mundo los que se adhirieron a esta medida.

¿Por qué sí Sonora, y en su momento la Península de Baja California, sí pudieron tener acceso a esto?

¿Por cuatísmo?

Los mismos argumentos de Sonora son válidos para Sinaloa.

¿Por qué le quieren negar a los empresarios, a los profesionistas, a los agricultores, a los pescadores, a las amas de casa, aquello a lo que tienen legítimamente derecho?

¿Por qué alguien le quisiera negar a los niños, a los maestros que tengan, ya que no les dan salario, ya que les quitan la seguridad nacional para jinetearla? Si quiera les quiten un mes de trastorno para recuperar la estabilidad de su reloj biológico.

Yo les pido muy sentidamente, compañeros Senadores, los sinaloenses se los van a agradecer.

Y no entendería yo, por qué el gobernador pudiera estar en contra, si acaso esto fuera cierto, si firmó un convenio con el gobierno de Arizona para unir las entidades de Sinaloa y de Arizona. Está en su programa de gobierno.

¿Entonces no supo lo que firmó el gobernador y no conoció las sinergias? ¡Claro que las conoció!

Yo no estaría pensando que el gobernador está en contra de esto.

Aquellos que lo señalen yo les diría: “No acepto que pueda ser cierto”, porque el gobernador en su plan de desarrollo, responsablemente lo señala.

Porque el gobernador en su plan de desarrollo, en febrero del año pasado, responsablemente firmó con la gobernadora de Arizona, y por muchas cosas más voy a favor de este dictamen, y les pido de la manera más sentida que nos despojemos de cualquier pensamiento, por menor y caprichoso que sea, y le llevemos justicia a más de 263 mil sinaloenses, a una iniciativa de Senadores, firmada por 18 Senadores, que incluye todos los Senadores de Sonora y Sinaloa, más otras entidades.

Porque lo que es de todos, no es de una persona. Que sea por la tranquilidad de las amas de casa, los profesionistas y la cadena de valor y productiva de Sinaloa en beneficio de los sinaloenses y de Sonora también.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Compañeras y compañeros:

Seré breve, porque quien me antecedió en el uso de esta tribuna fue muy prolífico en exponer las razones por las cuales se debe votar en el mismo sentido que viene este dictamen: a favor.

Miren ustedes, hay pocas, muy pocas ocasiones en que la sociedad consensa un tema y lleva a la práctica su opinión.

Hay muy pocos casos que tenemos en el país, aun cuando la posibilidad está abierta para que la sociedad se manifieste.

Iniciativas ciudadanas, como la que originan este dictamen, pues verdaderamente las podemos contar con estas dos manos.

Pero además que motiven un dictamen positivo, pues la verdad me sobran dedos de esta mano.

Esta iniciativa que tiene que ver con el cambio del Horario Estacional en Sinaloa, que más de 263 mil personas han firmado, y piden a este Senado se les apoye para cambiar ese horario, para que no se les aplique, pues, el cambio de horario, me parece que requiere la atención de todas y todos nosotros.

Reunir 263 mil firmas no es nada fácil en un estado como Sinaloa, pero tampoco es fácil en ningún otro estado, y creo que el esfuerzo que hicieron quienes promovieron esta iniciativa, esta iniciativa ciudadana, pues merece consideración y merece que se les apoye.

Todo iba bien, todo iba bien, en comisiones pasó sin problema, pero se descompuso la semana pasada, algo sucedió, algo sucedió que motivó que algunos empresarios, en efecto, salieran a decir que esto perjudicaría, contrario a lo que se está estableciendo, fueron menos de diez empresarios que se manifestaban en ese sentido contra 263 mil ciudadanas y ciudadanos que se manifiestan en un sentido contrario.

Por eso es que yo les exhorto a que votemos en el mismo sentido que viene el dictamen, que podamos decirles a estas más de 263 mil personas, habitantes de Sinaloa, que el Senado está a favor de su iniciativa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Luis Sánchez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Comparezco ante ustedes para manifestarme, desde luego, a favor de esta iniciativa, de este dictamen, que representa una expresión y una manifestación legítima de la libertad y la soberanía de un pueblo, en este caso, de la expresión libre y soberana de miles de ciudadanos de mi estado, del estado de Sinaloa.

Y que como ya se comentó aquí, tiene su origen el 15 de noviembre del año 2016, cuando se presenta aquí, precisamente, ante el Senado esta iniciativa ciudadana, y que en el mes de noviembre del año pasado se suman también otras iniciativas de Senadores signadas y firmadas, precisamente, porque somos de los estados de Sinaloa y de Sonora.

Desde luego, compartir con ustedes que el efecto que tienen estos cambios de horario y que precisamente entran en función a partir del primer domingo de abril y que termina el último domingo de octubre, donde en el estado de Sinaloa tenemos que retrasar una hora de nuestro horario, precisamente esta expresión ciudadana, que se suma a muchas expresiones que se han dado desde que la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos se modificó mediante Decreto del 6 de enero del año 2010, y que precisamente el estado de Sinaloa quedó diferenciado del horario que tiene el estado de Sonora.

Y que, como ya se ha comentado aquí, también va en el mismo término, en el mismo sentido del horario del estado de Arizona, donde se establece una amplia relación económica, comercial, social y turística, que es importante conservar y desarrollar.

¿Qué es lo que se está solicitando? Que, precisamente, al modificar este Decreto, en la fracción I, donde vienen contemplados los estados, de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, se elimine Sinaloa, para que pase a la fracción II, donde se integraría al estado de Sonora, quedaría como “los estados de Sonora y Sinaloa quedarán sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por Horario Estacional”.

Desde luego que esto no entraría a partir ya del mes de abril, puesto que ya nos desfasamos en tiempo, entraría en vigor hasta el próximo año, es decir, el 2019, de acuerdo con lo establecido en el mismo Decreto que cualquier modificación que se apruebe tiene que ser antes del mes de diciembre, desde luego ya no operaría para este año.

Yo quiero, desde luego, reconocer a las comisiones que han dictaminado, la Comisión de Energía y la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, porque el dictamen precisamente viene en sentido aprobatorio, quiere decir que ya un gran número de compañeras y compañeros Senadores que integran estas comisiones lo analizaron y están de acuerdo con hacer esta modificación.

Pues bien, en ese sentido, yo les pido, y porque consideramos importante que en Sinaloa el estar cambiando el horario cada cierto tiempo no resulta nada benéfico, y a ello responde esta presente propuesta, misma que, como ya comenté, ya fue analizada por las comisiones unidas, donde han considerado pertinente la aprobación de esta reforma al Decreto ya comentado, por el que se establece el Horario Estacional a aplicar en los Estados Unidos Mexicanos.

¿Qué beneficios vamos a tener con esto?

Se dejará de impactar en forma negativa el aspecto de salud de niñas, niños, adolescentes y la población en general.

Se optimizarán todo tipo de recursos humanos, financieros y materiales.

Se mejorarán los servicios de conectividad y de logística.

Se incrementará el ingreso de la población económicamente activa en todos los aspectos y, desde luego, en las familias.

Se harán más eficientes los servicios gubernamentales en materia de comercio exterior.

Se favorece el crecimiento de la población en un contexto donde las ciudades se mezclan entre sí conduciendo a varias formas de planificación y una mejor coordinación regional, como puede ser observado hoy en día en otros estados de la República Mexicana, en las que a pesar de sus demarcaciones territoriales donde están establecidas, la confluencia del comercio constituye mega-regiones, en este caso integrando el estado de Sonora con Sinaloa.

Al ser Sinaloa el mayor productor de hortalizas del país y principal proveedor de los Estados Unidos, sobre todo en los meses de invierno, así como otro tipo de granos y oleaginosas, y al utilizar principalmente la vía de transportaciones a través de Sonora y Arizona, donde se da el 90 por ciento de nuestras exportaciones, es que consideramos de amplio beneficio mantener y hacer, desde luego, el cambio correspondiente que más de 260 mil ciudadanos del estado de Sinaloa, al que se adhieren muchísimos más que no alcanzaron a firmar este documento, estamos pidiendo a este Senado de la República.

Por el apoyo a esta reforma, por el apoyo a este Decreto, gracias en representación de mis conciudadanos de mi estado de Sinaloa.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Creo que hay que revisar un poquito la historia, pues para poder revisar qué es lo que estamos hoy discutiendo aquí, y entonces pensar cuál es la mejor forma de actuar como Senado de la República.

Hay que recordar que el Horario Estacional en México se instauró desde 1945, en plena Segunda Guerra Mundial.

Tenía una lógica empatar nuestro horario, particularmente con el vecino del norte, pues, en medio de un conflicto armado de esa dimensión.

Y si bien es cierto, los posteriores intentos por tener un Horario Estacional, pues han tenido varios momentos bien interesantes dentro de la vida pública del país.

Desde aquel Decreto de Vicente Fox, que después fuera declarado inconstitucional porque estaba invocando a una Convención, la Convención de Greenwich, que para efectos prácticos es eso, es una Convención, no un instrumento jurídico.

Era tanto como estar citando la Ley de Gravedad o la Ley de la Oferta y la Demanda, no me sorprende por quién lo afirmó en aquel momento, pero la Corte fue clara, lo declaró inconstitucional, se creó la ley.

Y recordamos que en aquel momento el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues tuvo un debate al respecto, y ese debate se resolvió en 2001 por la vía de una consulta muy amplia entre la ciudadanía.

Era el mecanismo que existía en ese momento para conocer el sentir de la población, la percepción que se tenía sobre un tema que afecta en lo más íntimo, en lo más personal de los ciudadanos, con los elementos a favor y en contra.

En aquel momento esa consulta que llevó a cabo el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues arrojó una serie de resultados que después fueron revertidos, otra vez, por un asunto de constitucionalidad y demás.

Pero lo relevante aquí, y cuento esta historia por una razón. No había mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa, nosotros le dotamos a los mexicanos y a las mexicanas esos mecanismos.

Recuerdo el día que se votó y lo celebramos, los mexicanos tendremos la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana y entonces colectivamente ser legisladores.

Los ciudadanos podemos, por la vía de las firmas, hacer una consulta popular, y entonces preguntarle a la nación sobre un tema de relevancia nacional, y los ciudadanos podemos presentar candidaturas independientes.

Bueno, ¿cómo le ha ido a eso? No voy a hablar aquí de las candidaturas independientes, pero sí de la iniciativa popular, por una razón.
,
Cada vez que ha habido un esfuerzo de ciudadanas y de ciudadanos por recabar firmas, por creer, a pesar de los choques todos los días, vuelven a creer en la democracia, ¿qué les decimos? Les damos la espalda.

Cada vez que ha habido recolección de firmas por una causa que un grupo, que nunca debemos de desestimar porque no sean legisladores, o porque no sean políticos con capacidad legislativa, cada vez que lo han hecho, siempre, siempre reiteradamente les hemos dicho: ¡No! No están bien, no tienen todos los elementos.

¿O es que los ciudadanos no saben, no entienden?

Miren, eso no solamente tiene que ver con Sinaloa, no solamente tiene que ver con estos 268 mil sinaloenses, tiene que ver con la respuesta que estamos teniendo.

Si otra vez este proceso llegó hasta acá, porque hay otros atorados, eh, varios, el de segunda vuelta, y vaya, yo tengo una opinión sobre segunda vuelta, pero hay ciudadanos que tienen una opinión distinta. Bueno, dejémoslo que se debata.

Y hay otros muchos temas que han estado atorados, esto ya llegó hasta acá y entones les vamos a decir ¡No!

Entonces, ¿no habrá una simulación en los mecanismos de democracia directa que hemos planteado?

Porque también las consultas populares han sido todas rechazadas, empezando por la del petróleo.

Entonces, veámoslo más amplio. Hay quienes plantean que mientras se viva más al norte, se ahorra más. Entonces, mientras estén más al norte, como los Estados Unidos, sí hay una lógica de ahorro; mientras más al sur, menos ahorro.

El ahorro que supuestamente, seguramente va a ser el argumento, ya no se va a tener, vale la pena como una forma de reactivar y de tener en nuestra historia legislativa, haber sido los primeros Senadores que aceptamos una iniciativa ciudadana que está motivada y fundada por ciudadanos que tienen el derecho en la Constitución.

De eso se trata esta votación.

Yo lo que digo es: Démosles ese beneficio, démosles cartilla de mayoría de edad, son 268 mil, son un montón, creo que tienen derecho a decidir sobre su horario.

Les negamos en muchas otras ocasiones, incluido 3de3, por cierto, 734 mil dijeron no. Bueno, ya, historia pasada.

Pues ésta vez les digamos que sí, les digamos que sí y dejemos que ellos también sean protagonistas de su destino.

Creo que de eso se trata y creo que nos puede salir bien.

Ojalá se logre el acuerdo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

(Votación)

Consulto a las Senadoras y Senadores, si falta alguien por emitir su voto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El resultado de la votación indica falta de quórum. En consecuencia, declararemos la conclusión de la sesión.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 20 de marzo a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 14:15 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2976&lg=63&anio=3