Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 22 de abril de 2018
    
    

Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 8



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 01 de Marzo de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:27 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 83 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del jueves 1 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y nueve minutos del día martes veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador José María Martínez Martínez, comunicación por la que informa su decisión de separarse del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y solicita se le considere como senador sin partido.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que remite el informe de actividades de las representaciones de México en el exterior, correspondiente al año 2017, en seguimiento al compromiso asumido por el Dr. Luis Videgaray Caso durante su comparecencia del 28 de febrero de 2017.- Se remitió a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron diecinueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII al artículo 33 de la Ley General de Educación y el artículo 11 Bis a la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos y se adiciona el numeral 4 al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, en atención a la solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de Dulce Rebaja Pedro, precandidata a la diputación local de Chilapa, Guerrero.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se adicionan los artículos 67 Bis, 67 Ter, 67 Quáter, 67 Quintus y 67 Sexies a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto; se adiciona un quinto y se recorre el subsecuente del artículo 310 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI al artículo 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el último día de febrero de cada año como "Día Nacional de Enfermedades Raras".- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar éste y el siguiente dictamen hizo uso de la palabra el Senador Miguel Enrique Lucía Espejo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de dos mil quince.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela Senadora Yolanda de la Torre Valdez, se integraría al Diario de los Debates. En la discusión intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PT. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua.

 

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, fue aprobado por 86 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de dos mil quince, fue aprobado por 84 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamende las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, fue aprobado por 86 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, fue aprobado por 88 votos a favor. Se remitióa la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2018, a la Maestra María Elena Chapa Hernández.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género. Intervinieron las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Martha Vianey Luque Inzunza del PVEM; Martha Angélica Tagle Martínez; e Ivonne Liliana Álvarez García del PRI. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de las Senadoras Martha Elena García Gómez e Hilda Esthela Flores Escalera, se integrarían al Diario de los Debates. El acuerdo fue aprobado por 87 votos a favor.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar sesión solemne el 8 de marzo de 2018, en la que se entregará el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la ciudadana María Elena Chapa Hernández.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Sin discusión, el dictamen fue aprobado por 78 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.- Intervinieron los Senadores: Margarita Flores Sánchez del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; y David Monreal Ávila del PT. El dictamencon punto de Acuerdo fueaprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barron y del Senador Raúl Morón Orozco, comunicación por la que informan su decisión de incorporarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones de la Cámara de Senadores.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Martha Angélica Tagle Martínez; Emilio Gamboa Patrón del PRI; y Luis Sánchez Jiménez del PRD. A petición del Senador Emilio Gamboa Patrón y con el Acuerdo de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política y de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática, el Presidente ordenó retirar el asunto y devolverlo a la Junta de Coordinación Política.

(Excitativas)

El Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se adiciona el artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículos 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 2 de octubre de 2014.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 1 de febrero de cada año como "Día Nacional del Ajolote Mexicano".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 170 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en el presunto lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita en el que está involucrado Ricardo Anaya Cortés, por la venta de una nave industrial por parte de su empresa Manhattan Master Plan Development y se proceda conforme a derecho.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a proporcionar información sobre las acciones emprendidas para combatir las tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos, delito que ha aumentado en lugar de disminuir.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre el grado de avance de la investigación sobre la adquisición del sofware Pegasus, así como su uso para el espionaje de actores políticos, activistas y periodistas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a iniciar un proceso de consulta pública abierta, plural y transparente a fin de contar con un diagnóstico que les permita legislar en materia de autonomía plena de sus fiscalías o ministerios públicos.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se condena la cacería ilegal de un puma en el estado de Nuevo León el pasado 3 de febrero; y por el que se exhorta a la PROFEPA a remitir un informe respecto a las investigaciones y acciones coordinadas con el ministerio público para deslindar responsabilidades, así como a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en esta materia.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal de Electricidad a conducirse con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en relación al caso de activistas ambientales e integrantes del Comité para el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, Puebla.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 16 de febrero en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por los delitos que se pudieran haber configurado por el presunto desvío de recursos por un monto superior a las 1,311 millones de pesos entre los años 2014 y 2016 a través de "empresas fantasma" en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social, detectado por la Auditoría Superior de la Federación y se apliquen las medidas necesarias por la responsabilidad en la que hubieren incurrido los servidores públicos presuntamente implicados.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Miguel Enrique Lucía Espejo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a fin de que expliquen el desvío de recursos públicos ejercidos en los años 2014 y 2015 a través de pagos realizados a empresas fantasmas, que detectó la Auditoría Superior de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Gabriela Cuevas Barron, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Carmen Dorantes Martínez y Lisbeth Hernández Lecona, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la República Árabe de Egipto.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

 

De la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el máximo logro de aprendizaje, incorporando al estado de Veracruz en las reglas de operación del Programa de Inclusión Digital Aula @prende 2.0 para el ejercicio 2018.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otras dependencias a promover políticas públicas para la preservación y la difusión de las lenguas maternas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República, relativo al estatus que guardan las 912 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, al 31 de enero de 2018.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a transparentar los contratos que ha firmado la Coordinación de Comunicación Social con FBM Comercializadora, señalada como presunta empresa fantasma; asimismo, para que el Instituto de Acceso a la Información Pública de la entidad revise que las instituciones públicas del estado cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre la solventación de diversas irregularidades en la ampliación de obras de la Línea 12 que podrían significar un daño al erario público. Asimismo, para que informe sobre los procesos penales y administrativos que han promovido por dichas acciones.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la cuenta pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal que presumiblemente podría representar un daño al erario público por más de 71 millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a revisar que los recursos asignados para la reconstrucción de la capital del país no sean ejercidos de manera irregular. Asimismo, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa a dar celeridad, certeza y transparencia al ejercicio de los recursos para la reconstrucción de la capital del país.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a contemplar un apartado sobre la reconstrucción mamaria como método terapéutico para el tratamiento de cáncer de mama, en el marco de los trabajos del anteproyecto de la norma oficial mexicana “Para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de la mujer”.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Trasplante.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Trasplante.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el natalicio de José Vasconcelos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de la Cero Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y citó a la siguiente el jueves primero de marzo a las once horas.

 

Fin de sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con la que remite el informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria en las Naciones Unidas, “Hacia un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: Una Perspectiva Parlamentaria”.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero a diciembre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase el informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio del Banco de México, con el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2017, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron 5 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Asamblea del Senado.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.






Honorable Asamblea, pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, constitucional en materia de derecho de réplica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señor Presidente.

La reforma que hoy proponemos a consideración de esta Soberanía, de las señoras y señores Senadores, tiene por objeto ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de réplica de 5 a 15 días hábiles.

Hemos de recordar que el pasado día 1º de febrero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, determinó la inconstitucionalidad del plazo de 5 días establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria en materia de derecho de réplica.

Durante la discusión en Pleno, los ministros coincidieron en que es libertad del legislador federal determinar el plazo que consideren más adecuado para presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados; sin embargo, estimaron que el legislador debe considerar los argumentos vertidos por ese Alto Tribunal, particularmente por lo que se refiere a:

1.- Mantener una proporcionalidad y balance entre el derecho de la seguridad jurídica de los medios de comunicación al convertirse en sujetos obligados.

2.- Considerar la oportunidad real de los afectados para ejercer el derecho de réplica en plazos realistas y proporcionales.

De hecho, el primer párrafo del artículo 6o.; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, y no otorga al legislador mayores referencias sobre el procedimiento a seguir ni tampoco los plazos a que se sujetará ese procedimiento.

Ahora bien, el Alto Tribunal consideró que el plazo de 5 días hábiles establecidos en la Ley en materia de derecho de réplica, era inconstitucional en función del tiempo que se otorga al agraviado para conocer de una noticia falsa o inexacta que le perjudica difundida por cualquier sujeto obligado.

En esa tesitura, la norma exige, conforme lo señaló la Corte, que las personas se mantengan atentas a la información transmitida a través de los medios de comunicación masivos, pero ignora a las personas que no están atentas a todas las publicaciones, así como los medios que por su naturaleza o periodicidad no son de consulta diaria, resultando en un desbalance.

Por otro lado, la Corte manifestó que en tanto que el derecho de réplica es una imposición para los medios de comunicación, se debe velar por otorgarles seguridad jurídica, de tal manera que tampoco puede establecerse un plazo definido en función del día en el que el agraviado se haga sabedor, pues ello también resultaría desproporcional.

Es decir, que debe haber cierto equilibrio entre el derecho de los particulares que pudieran verse afectadas por alguna publicación y el derecho a la seguridad jurídica de los sujetos obligados.

Cabe destacar que en el ámbito del derecho comparado, el plazo para ejercer el derecho de réplica no es homogéneo y la mayoría de los países carecen de una regulación al respecto. Entre los países que sí cuentan con una regulación en materia de derecho de réplica se encuentra el Reino Unido, el cual otorga un plazo de 14 días contados a partir del día siguiente a la emisión de la publicación o noticia, para que el o los afectados puedan ejercer ese derecho de réplica.

En virtud de lo anterior y de conformidad con los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte, se propone ampliar el plazo a 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud de réplica ante el sujeto obligado correspondiente.

El plazo que se propone pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación que emiten tal información.

Con la ampliación a 15 días hábiles, los interesados en ejercer su derecho de réplica, tendrán prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es decir, contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos obligados el escrito correspondiente.

Por su parte, el plazo de 15 días hábiles que se propone representa un incremento sustancial respecto del plazo original.

Adicionalmente, el plazo que se propone de 15 días, es coincidente con el que se prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los gobernadores ejerciten ese medio de acción constitucional ante las posibles violaciones a derechos humanos que estime han cometido las autoridades del Estado mexicano.

Es decir, se toma como referencia objetiva la legislación que por antonomasia, es referente obligado en materia de medios de protección de los derechos humanos; pues, si dicha norma prevé un plazo de 15 días para poder promover el juicio, se estima que el mismo plazo deberá prevalecer en materia de réplica, para que el interesado solicite al medio de comunicación la aclaración correspondiente.

En esta tesitura, y en ejercicio de la libertad de la configuración legislativa del Congreso de la Unión otorgada constitucionalmente para la aprobación y expedición de leyes y decretos, es que se propone la reforma al artículo 10, segundo párrafo de la Ley de Derecho de Réplica, a efecto de evitar el vacío legal que se generaría por la posible falta de plazo para presentar la solicitud de réplica, pues este escenario, además, dejaría en incertidumbre jurídica a los particulares y a los sujetos obligados, en virtud de la porción normativa que declaró inválida nuestro Alto Tribunal Constitucional.

Esta iniciativa es presentada por los Senadores Emilio Gamboa, Miguel Romo, Enrique Burgos, Ismael Hernández, Ana Lilia Herrera y la de la voz.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Díaz Salazar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Corresponde el uso de la palabra al Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 128 del Reglamento del Senado de la República, en materia de presidencias de las comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 128 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, señor Presidente. Señora Secretaria. Compañeros legisladores:

La propuesta que hoy vengo a presentar como iniciativa de reforma al artículo 128 del Reglamento de este Senado, precisamente se refiere para acabar con la parálisis legislativa que se ha dado no sólo en esta Cámara, sino en el Congreso de la Unión en general.

Recientemente un medio de circulación nacional, el periódico Reforma, en su primera plana anunciaba que hay 4 mil 500 iniciativas en la congeladora, esto es un dato que estremece a cualquiera y parte de este proceso de que no avancen las iniciativas, también se debe a un punto muy claro que es que nos hemos tardado en nombrar a los presidentes de las comisiones cuando éstas quedan acéfalas.

La falta de acuerdos políticos nos ha llevado a esta parálisis cuando no existe un presidente en comisiones. Nosotros sabemos que el presidente es el que impulsa el trabajo en su comisión, el presidente es el que cita a los secretarios, el presidente es el que hace el Orden del Día apoyado por sus secretarios.

Recientemente la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con temas vitales para este país, duró sin presidente casi tres meses. Esto no es permisible en un país democrático, donde el trabajo en comisiones, sin duda alguna, es bastante importante.

Las comisiones facilitan, sin duda alguna, la labor de este Pleno; son un instrumento de control o de contrapeso para el Ejecutivo, es donde se llevan a cabo investigaciones, donde se lleva a cabo estudios de profundidad, está conformada por Senadores que tienen el perfil adecuado para que estas comisiones puedan transitar. Sin embargo, hoy en día vemos que cuando alguien, o pide licencia o renuncia a cualquier caso, la comisión queda acéfala, pueden dormir el sueño de los justos si los encargados de los grupos parlamentarios no llegan a acuerdos.

Con la iniciativa que hoy presentamos, pretendemos fijar un plazo máximo de 30 días para que se nombre al presidente de las comisiones que queden acéfalas. Por supuesto que tendrá prioridad el grupo parlamentario que tenía esa presidencia; se le dará un plazo de 15 días al grupo parlamentario para que presente la propuesta de sustitución de la presidencia que quede acéfala.

Si en el plazo cumplido, esos 15 días, el grupo parlamentario que tenía esa presidencia no nombra a nadie, será este Pleno como órgano máximo quien determine quién presidirá esa comisión.

Con esto vamos a acabar con parte de esta parálisis legislativa que hoy en día, y ustedes lo van a ver en la sesión de hoy, se están tocando asuntos poco importantes para este país. Los invito a los medios de comunicación que sigan el orden del día de hoy, y parece que no hubiese asuntos más importantes en este Senado para que nuestro país avance.

Es tanto, compañeros Senadores, y ojalá en su momento, una vez dictaminada por las comisiones pueda contar con el voto de todos ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Santana García.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito, ¿con qué objeto?

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para que por favor le pregunte al proponente, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿Senador Santana, es usted anuente a que el Senador López Brito acompañe su iniciativa?, la Senadora Martha Elena García, el Senador Héctor Flores, la Senadora Luisa María Calderón. Solicito a Servicios Parlamentarios tomen nota de las y los Senadores que han manifestado su intención de suscribir la iniciativa del Senador Santana García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de fortalecimiento de sanciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La expedición de la legislación en materia de combate a la corrupción, desde la reforma constitucional hasta la expedición de la legislación secundaria, constituyó un importante logro, producto de largos años de una lucha social y política ante un sistema que torció el poder para protegerse a sí mismo, como lo sigue haciendo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor en julio de 2017; pero remontémonos a la discusión de las tres leyes mencionadas en el Senado de la República. En aquella oportunidad señalamos que, a pesar del descrédito del que es objeto la clase gobernante, del descontento social que existe en nuestro país, del repudio que tienen en nuestro país y expresan los ciudadanos hacia las autoridades y las instituciones, este Senado pretendía seguirle impidiendo que las y los ciudadanos accedieran a la información a la que tienen derecho.

El entonces proyecto de ley adolecía de diversos preceptos que prácticamente legalizaban la opacidad y la impunidad. Lastimosamente, varios de esos preceptos no fueron modificados y finalmente quedaron contemplados en la ley que hoy se encuentra en vigor.

Algunas disposiciones nos preocuparon de manera especialmente significativa. El artículo 5, que excluye como servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de empresas productivas del Estado y de entes públicos. También excluye a los consejeros independientes que, en su caso, integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales. Jamás se dio una explicación convincente del por qué semejante exclusión.

Otra de las disposiciones más controversiales, fue el artículo 50 que establece la posibilidad de que la autoridad resolutora, se abstenga de sancionar, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o el patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el salario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.

Desde nuestra perspectiva, este precepto permite robar, “pero poquito”, como dirían algunos, así por lo menos lo muestran muchos clásicos ya.

Por tal razón, la presente iniciativa tiene el propósito de corregir algunas de estas disposiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de perfeccionar una norma que verdaderamente sirva para combatir eficazmente la corrupción y no como una herramienta de servidores públicos corruptos para evadir su responsabilidad sin consecuencias.

Proponemos, en primer lugar, que los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y de los entes públicos y órganos de gobierno de las entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, sean considerados como servidores públicos para los efectos de dicha ley.

No hay razón para que no lo sean, máxime cuando realizan una función para dichos entes y por esa función reciben una remuneración y prebendas institucionales. Es una incongruencia que ante todo ello, no se les considere servidores públicos.

En un segundo lugar, planteamos que en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados en la Plataforma Digital Nacional, no únicamente se inscriban las sanciones por faltas graves, sino también las sanciones por faltas consideradas no graves, pues dicho sistema es una herramienta de información para el combate a la corrupción, y por ello es necesario que refleje con precisión e integralidad el historial de sanciones del servidor público o particular. El hecho de que una conducta no sea considerada grave, no significa que no sea sancionable y por ello es necesario contar con esa información. De otra manera, un servidor público o particular que cometa faltas no graves de manera reiterada, quedaría exento y, por ende, el sistema estaría incumpliendo su función primordial.

En tercer lugar, proponemos eliminar la posibilidad de que la autoridad resolutora se abstenga de imponer sanciones, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda las dos mil veces el salario diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.

Porque desde nuestra perspectiva, dicha disposición representa una carta de impunidad que no debe formar parte de una ley verdaderamente eficaz para combatir la corrupción.

Aun cuando el resarcimiento del daño pudiese ser aceptable como atenuante, la conducta fue cometida y es sancionable, aunque sea con menor rigor.

Por otro lado, la recuperación no debiese ser por sí sola un excluyente de responsabilidad, pues dicha recuperación no necesariamente se da con la voluntad o cooperación del infractor, y en tal caso el infractor puede quedar impune aunque no haya cooperado o colaborado, se trata evidentemente de una norma laxa y condescendiente que deja la puerta abierta a la impunidad.

En síntesis, compañeras, compañeros, la presente iniciativa plantea algunos ajustes para fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, eliminando resquicios de impunidad que, intencionalmente o no, quedaron plasmados en su contenido.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Sonido en el escaño del Senador Luis Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Para solicitarle al Senador Robles, si me permite suscribir su iniciativa

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Es un honor.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es anuente a la solicitud del Senador Fernández Fuentes. En el mismo sentido, Senador. Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de las y los Senadores que están solicitando acompañar la iniciativa del Senador Robles Montoya. El Senador Víctor Hermosillo, en el mismo sentido se expresa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre de las Senadoras y de los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de peritaje sobre investigaciones de prácticas médicas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Estimadas Senadoras y estimados Senadores:

Quienes suscribimos esta iniciativa, está fundada en el artículo 17 de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes y emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Por su parte, el artículo 20 de la Constitución, define claramente las garantías que son reconocidas, tanto para víctimas o inculpados en cualquier proceso penal.

Y aun cuando tenemos en la Constitución estos preceptos, que refieren a la atención pronta y expedita de cuando alguien es víctima de alguna omisión, de alguna intención o de alguna determinación que puede afectarle a sus intereses, a su vida, qué se yo, tenemos por desgracia que en la práctica médica se pueden cometer errores, algunos inscritos de manera involuntaria y otros no tanto, significa que habrá que dirimirse para poder saber con toda precisión si el daño o la lesión que pueden sufrir quienes son pacientes pueden en determinado momento, como dice la Constitución, tener el acceso imparcial, pronto y expedito ante la justicia, y siempre insistimos, apegados a los preceptos definidos en los artículos 17 y 20 de la Constitución.

En la actualidad, cuando una persona profesional de la medicina es señalada por una o un paciente o por los familiares del mismo, como responsable de incurrir en una responsabilidad civil, ya sea administrativa o penal, sea por acción u omisión, a consecuencia de provocar voluntaria o de manera involuntaria lesiones la muerte o algún otro daño a un paciente, como resultado de un error o del ejercicio de una mala práctica médica, la responsabilidad de realizar la valoración y el peritaje médico correspondiente, frecuentemente es por desgracia lo común, recae en personal médico que no cuenta con los conocimientos técnicos y especializados para poder evaluar con toda certidumbre, de manera calificada, la presunta responsabilidad de un médico capacitado y especializado en cualquiera de las ramas de la medicina.

Son quejas que encontramos mucho, que engrosan también, como sabemos, las quejas ante los distintos organismos de derechos humanos del país, y también la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin lugar a dudas, pues además de afectar por igual tanto al personal médico imputado como a las personas que suelen recurrir a la justicia para denunciar esta mala práctica médica, pues también atenta de manera directa en contra de este goce de garantías constitucionales a las que me he referido, relacionados de manera específica al acceso a la justicia.

Es por eso que la iniciativa que hoy presentamos, tiene como cometido dar certeza jurídica a las víctimas y dotar al profesional de la salud inculpado de la posibilidad de gozar de una mejor defensa legal y enfrentar en condiciones de mayor objetividad y certeza el correspondiente proceso penal.

Como dije anteriormente, la Constitución en su artículo 20 determina cuáles son las garantías de las personas víctimas y también de las personas inculpadas.

Nos parece que el indebido proceso tiene que abarcar, también, a uno de los temas que son muy comunes, que quedan un poco relajados, no son debidamente atendidos, y es ese el sentido de la iniciativa que hoy presentamos.

Además tomé en cuenta la jurisprudencia en materia de responsabilidad profesional médica, mala práctica y negligencia médica que fue determinada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en 2013, que señala con toda puntualidad que suele señalarse que la medicina no es una ciencia exacta pues existen matices en el curso de una enfermedad o padecimiento que puede inducir a diagnósticos o terapias equivocadas.

Así, una interpretación, dice esta jurisprudencia, una interpretación errada de los hechos clínicos por parte del médico puede llevar a un diagnóstico erróneo que, aunque no exime de responsabilidad al médico que lo comete, no reviste la gravedad de la negligencia médica, por lo que se habla entonces de un error excusable, pues lo que se le pide al buen médico es aplicar sus conocimientos, sus habilidades y destrezas con diligencia, compartiendo con el paciente la información pertinente, haciéndole presente sus dudas y certezas, tomando en cuenta sus valores y sus creencias en la toma de decisiones y actuando con responsabilidad o prudencia.

Por otro lado, dice esta jurisprudencia, el término mala praxis, es decir, una mala práctica médica, se ha acuñado para señalar conductas inapropiadas e impropias del profesional frente a un paciente y que no sigue las normas o pautas que señala la lex artis médica, pero no hay aquí un error de juicio, sino que, la actuación del médico que están en posesión de conocimientos y habilidades no ha sido diligente, o éste ha actuado con impericia e imprudencia frente a una situación clínica, para lo cual no está capacitado. Este tipo de conductas, concluye esta jurisprudencia, constituye un error médico inexcusable y el profesional debe responder por esta conducta inapropiada.

Por tanto, la responsabilidad profesional está subordinada a la previa acreditación de una clara negligencia en la prestación de los servicios, independiente del resultado.

Por eso hoy estamos corrigiendo ese vacío que tiene la ley, particularmente necesitamos corregir el precepto establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo concreto en la materia que tiene que ver con peritajes especiales en el artículo 265, donde estamos agregando un segundo párrafo en el artículo para que diga lo siguiente:

“En caso de que el asunto sobre el que deba emitirse un peritaje esté relacionado con una investigación sobre las consecuencias del ejercicio de una mala práctica médica, el peritaje deberá ser realizado por profesionales certificados, por los colegios y academias nacionales de la misma especialidad médica de que se trate”.

Es decir, señoras y señores, estamos corrigiendo cuando se trata de una litis en una mala práctica médica con determinado especialista, tiene que ser el peritaje también no con un médico común, familiar, sino que tiene que ser el peritaje por personalidades inscritas para hacer estos peritajes profesionales pero especialistas en la misma materia que llevó a la litis a un paciente a reclamar malas atenciones inapropiadas, riesgos que se sufren incluso, algunos de ellos también conllevan el peligro de esto, de perder la vida, como sabemos.

Nos parece importante que corrijamos esta falta, esta omisión que no tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, y con este segundo párrafo lograríamos atender, también insisto, lo que la propia jurisprudencia nos ha señalado en el caso concreto de lo que yo he leído.

Muchas gracias, por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, ¿con qué objeto?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quisiera pedirle a la Senadora Angélica de la Peña, si me permite acompañar su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Senadora es anuente.

El Senador López Brito, ¿en el mismo sentido?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para otro tema, sobre lo mismo.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sonido en el escaño del Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para solicitarle, respetuosamente, señor Presidente, debido a que es una iniciativa que involucra mucho el trabajo de los médicos y del personal de la salud, que si nos la puede turnar también a la Comisión de Salud, para opinión, nada más, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se obsequia su solicitud para opinión de la Comisión de Salud.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos; y con la solicitud del Presidente de la Comisión de Salud, para su opinión.






Recibimos del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 10 y 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de obligaciones para estados y municipios, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)



Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, invitados por la Senadora Andrea García García.

Asimismo, a un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Administración del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, invitados por el Senador Benjamín Robles Montoya.

¡Sean todos ustedes bienvenidos al Senado de la República!






Se concede, en un segundo turno de iniciativas, el uso de la tribuna al Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de impuesto al envase PET.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Óscar Román Rosas González: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Senadoras y Senadores:

En los últimos años la oferta, consumo y disposición final de envases de plástico, utilizados en las refresqueras y del agua embotellada, principalmente, se han convertido en un verdadero problema ambiental en aumento, no hay lugar en este país en el que no se encuentre un expendio de agua o refresco, cuyo envase sea de plástico desechable, pero ya, también, son pocos los lugares que se encuentran libres de este contaminante: bosques, ríos, lagunas, mares, al igual que zonas urbanas y rurales de todo el país cuentan con algún grado de contaminación por los envases desechables.

El alto consumo de bebidas embotelladas es la principal causa de este problema, del que nadie se hace cargo, ni productores, mucho menos los consumidores.

La industria de bebidas en nuestro país es un gran negocio, pues se estima que en el presente año el valor de dicha industria llegue a 82 mil millones de dólares, de los cuales el 50 por ciento es aportado por el mercado de refrescos, jugos y aguas embotelladas.

El consumo en nuestro país crece de manera exponencial, en tan sólo 8 años el gasto per cápita en refresco y agua embotellada pasó de 125 dólares en 2010 a más de 200 dólares en 2018, aproximadamente.

De acuerdo con los diferentes estudios de mercado y especialistas en el tema del consumo, apuntan que cada mexicano consume 163 litros de refrescos y 234 litros de agua embotellada, dando un total de 397 litros de agua y de refresco.

Bajo el supuesto de que por cada litro consumido utilicemos una botella de plástico, tendremos un consumo per cápita de 397 envases de plástico desechables.

El polietileno tereftalato, PET, materia prima para la elaboración de botellas de plástico, es una resina termoplástica derivada del petróleo, cuya biodegradación puede llegar a tardar entre 500 y 1000 años, de acuerdo con la información de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Una manejo inadecuado de los residuos de envases PET puede generar potenciales impactos en el medio ambiente de los ecosistemas urbanos, rurales y naturales; así lo señala el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Ante esta situación, diversos países han implementado impuestos verdes a las bebidas y alimentos envasados en botellas de plástico, vidrios, laminados o cualquier otra combinación.

Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Noruega, Alemania, Austria, entre otros países, mantienen diversos esquemas impositivos para el consumo de bebidas embotelladas.

Resalta el caso de Austria, que mantiene un impuesto puntual al PET, tanto en botellas desechables, como en botellas retornables.

Haciendo un ejercicio sobre la posible recaudación por la oferta y consumo de este envase, a razón de 397 botellas de plástico por habitante y con una tasa de un peso por botella, obtendríamos recursos fiscales por 47 mil 640 millones de pesos.

Lo anterior representa el doble de la recaudación total a bebidas azucaradas obtenida en el 2017, la cual fue 21 mil millones de pesos.

La presente iniciativa tiene por objeto la creación de un impuesto ambiental a la oferta y consumo de envases desechables, PET. Se pretende que, a través de este impuesto, disminuya de manera considerable la disposición final y el desecho al aire libre de millones de envases de plástico, lo cuales ocasionan severos daños y afectaciones ambientales.

Para dicho propósito, la iniciativa plantea adicionar un inciso k) al artículo 2o. fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, especificando la creación de la cuota para los envases fabricados a base de tereftalato de polietileno, que es el PET, utilizados en la comercialización de bebidas y alimentos.

Se establecen tres tipos de cuotas, diferenciadas por la capacidad de llenado, de tal suerte que los envases hasta de un litro de capacidad tendrán una cuota de 1 peso; los envases cuya capacidad sea entre 1 y 3 litros les aplicara una cuota de 2 pesos, finalmente los envases de capacidad superior a los 3 litros les aplicará una cuota máxima de 3 pesos.

Es importante aclarar que no están obligados al pago de dichas cuotas quien ponga a la venta sus productos, mediante envases de PET retornables.

Se adiciona la fracción XI al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para precisar que la recaudación por concepto de las cuotas al PET no será considerada dentro del Fondo General de Participaciones y, por lo tanto, su distribución corresponderá a lineamientos y reglas de operación específicas.

En este sentido, se adiciona el artículo 4o. c) en el cual se estipula la creación del Fondo de Agua Potable y Control de Residuos Sólidos Urbanos compuesto por el 100 por ciento de la recaudación por el concepto de cuotas al PET.

El fondo se distribuirá en un 50 por ciento para los 100 municipios con el mayor índice de pobreza extrema, de acuerdo con las estimaciones del Coneval. Los recursos estarán etiquetados para obra de saneamiento, así como también de agua potable.

El 25 por ciento se ocupará para instalar bebederos en espacios públicos y centros escolares de todo el país. Con ello se hace realidad la exigencia de la sociedad civil para contar con este tipo de infraestructura.

Finalmente, se destinará un 25 por ciento de la recaudación total para la implementación de un Programa Nacional de Control y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, con la participación activa de municipios y entidades federativas.

Con esta iniciativa, que hoy presento, estaremos cerrando una brecha importante para la protección del medio ambiente, coadyuvaremos a fomentar un estilo de vida más saludable y sustentable y, no menos importante, contribuiremos al desarrollo de las comunidades más pobres de nuestro país.

Por su atención y apoyo a esta presente iniciativa, muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ADOLFO ROMERO LAINAS

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Túrnese a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Neyra Chávez.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera hacer unos comentarios en relación a la iniciativa que se ha presentado, en atención también que cuanto llegue a las comisiones dictaminadoras se pueda considerar la importancia de esta industria.

Cierto es que se consumen 20 mil litros de refrescos al año, y sí, se paga un peso; pero también el que consume paga IVA y se paga también el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Son 20 mil millones de tapas, y alguien las elabora, 20 mil millones de envases que también se elaboran.

El problema del plástico no es nomás del refresco, es un problema ya mundial.

Entonces, quisiera, señor Presidente, que las comisiones dictaminadoras, en su momento, pudieran citar a los industriales de esta empresa y especialistas que sepan del medio ambiente y nos puedan orientar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Neyra Chávez. ¿Se adhiere a la iniciativa? Si se adhiere, lo puede hacer, muchas gracias.

Sonido en el escaño de la Senadora Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues felicitar y reconocer esta iniciativa que presenta el Sendor Óscar Rosas, y pedirle que me permita sumarme a esta propuesta.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Tome nota la Secretaría.

Senador Berlanga Sánchez.

El Senador Marlon Berlanga Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para felicitar al Senador Luis Armando, y plantearle la necesidad de que el gasto de publicidad presidencial de gobierno tuviese también un rubro en el cual apoyara la educación y en la concientización de este problema.

Es necesario que los gastos de promoción también sean de educación, la promoción de nuestras leyes también deben de ser promoción para el entendimiento de la ciudadanía. Ojalá y la Presidencia de la República tomase en cuenta esta propuesta de que en su propaganda estuviese establecido la promoción y la educación para evitar que nuestro país se siga llenando de basura.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Berlanga Sánchez.

Les informo a los Senadores que todas las opiniones que tengan que verter, favor de hacerlo en la junta de comisiones.






Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Buenos días, compañeras y compañeros Senadores. Con el permiso de la Presidencia.

Vengo a presentar ante ustedes iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 111 de la Ley General de Salud, a fin de que se propicie en la población y en el individuo, además de su cuidado nutricional, la orientación alimentaria y activación física, que se incluya también el tema del cuidado de la salud mental, bajo los siguientes considerandos:

En el contexto de nuestro continente americano y del mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo social, el cual afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico y cultural.

En términos epidemiológicos, la salud mental participa dentro de la carga global de las enfermedades con alrededor de un 12 por ciento, y afecta hasta en un 28 por ciento de años vividos con problemas de discapacidad y constituye una de las 3 principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años, ya que recordemos que el problema del suicidio está también dentro de esta temática de la salud mental.

Las evidencias mundiales dan cuenta que no hay salud sin salud mental. La disfuncionalidad familiar, las carencias afectivas, la falta de redes de soporte social, la proliferación de estilos de vida nocivos y entornos no saludables, aunados a la pobreza y a la exclusión social, resultaron en una mayor prevalencia, una mayor incidencia y magnitud de problemas de conducta y salud mental, cada vez con más impacto en la esfera psicosocial de nuestra vida, incluyendo también otro lamentable problema que es el incremento en el consumo de drogas y con la consecuente violencia. Sin embargo, la salud mental sigue siendo la mayor demanda de salud insatisfecha y se tiene que reflexionar acerca de la respuesta que se ofrece a la población que padece estos problemas, es decir, en este contexto.

Según la Encuesta Nacional Epidemiológica Psiquiátrica, en México el 28.6 por ciento de la población presentó alguno de los 23 trastornos mentales, alguna vez en su vida, el 13.9 por ciento lo reportó que en los últimos 12 meses y el 5.8 por ciento en los últimos 30 días. Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron, los de ansiedad en un 14.3 por ciento, seguidos por trastornos de uso de sustancias y los trastornos afectivos dentro de ellos, los problemas depresivos.

Muchos de los trastornos mentales y discapacidades derivadas que aparecen en la edad adulta son consecuencia de circunstancias vividas incluso desde los años de la formación escolar. Entonces se requiere también una especial atención a la situación del bullying en nuestro país. Según el estudio del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, de 2015, se confirmó que México ocupa el primer lugar entre todos los países, ya que un 20 por ciento de los estudiantes en México declaró sufrir lamentablemente acoso o violencia escolar.

La Organización Mundial de la Salud, la OMS describe la “salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

Esta definición per se ya se fundamenta en el hecho de que la salud mental sea incorporada dentro de las estrategias de promoción de la salud desde luego dentro de la misma Ley General de Salud. Pero más allá de la definición de la OMS, la salud mental debe ser entendida en el sistema como un factor causante de salud y de enfermedad. Por tanto, la salud mental tiene impacto fundamental en los resultados del manejo del sistema de salud desde el punto de vista social y económico.

Las circunstancias mentales del individuo, afectan su estado de salud por lo menos en tres dimensiones:

Uno, el impacto en la salud a corto plazo.

Dos, el impacto en la salud del individuo a largo plazo y su progenie.

Y tres, el estado cognitivo y capacidad de inteligencia.

Por lo anterior, el fomento y promoción de las causas mentales de la salud, enfermedad y capacidades del individuo deben de incorporarse en las políticas públicas y en el manejo del Sistema Nacional de Salud.

Con base en los fundamentos y motivos expuestos anteriormente, someto a la consideración del Pleno de este Senado de la República la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Único.- Se reforma la fracción II del artículo 111 de la Ley General de Salud a fin de que se propicie en la población y en el individuo, además de su cuidado nutricional, orientación alimentaria y activación física, agregamos, el aspecto mental de su salud, para quedar como sigue:

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

Fracción II. Nutrición, orientación alimentaria, activación física y, agregamos, mental, con un transitorio.

Espero pues que en las comisiones encontremos buena respuesta y en el momento que la presentemos ante el Pleno espero contar con todo su apoyo.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Sonido en el escaño del Senador Rosas González.

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para pedirle al Senador, mi amigo, el Senador Francisco Salvador López Brito, si me permite sumarme a su iniciativa.

Pero, también, señor Presidente, hace un momento que presenté una iniciativa, creo que muy trascendente, quise hacer uso de la voz, pero creo que ya no se fijó en mí, nada más para pedirles a todos los Senadores y Senadoras que se tomen un momento de su tiempo a darle lectura muy cuidada a la iniciativa que presenté que tiene que ver con el PET, es una iniciativa trascendente y seguramente de grandes beneficios para el tema de la contaminación que hay en todo nuestro país, y obviamente felicitar a mi amigo, el Presidente de la Comisión de Salud, y decirle que si me permite sumarme a esta iniciativa que acaba de presentar.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Tome nota la Secretaría. Le recuerdo, señor Senador, que en las comisiones se discutirá su iniciativa, y es donde se tiene que aprobar. Tome nota la Secretaría de las adhesiones que van a hacer a la iniciativa del Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Recibimos del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de diagnóstico de problemas, que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)








Les informo que está inscrito en el Orden del Día, para su primera lectura, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracción I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

El Senado de la República da la más cordial bienvenida a directivos de la Maestría en Seguridad Nacional y en Ciencia Política del Centro de Estudios Superiores Navales, invitados por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Compañeros Senadores, les informo que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, que propone ratificar el nombramiento del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

Voy a pedir a la Secretaría que les consulte si autoriza que se integre este dictamen a la agenda de la sesión, y en caso procedente, discutirlo conjuntamente con los otros dictámenes ya inscritos en el Orden del Día.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, la discusión de este dictamen se realizará conjuntamente con los cinco dictámenes sobre embajadores registrados en el Orden del Día.

En nuestro apartado de dictámenes a discusión, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS”

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA ", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 21 de Abril de 2016, la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- En sesión celebrada el viernes 28 de abril de 2017, la Cámara de diputados aprobó el dictamen a favor de la iniciativa en comento con 294 votos.

3.- El 5 de junio de 2017, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Dicha iniciativa propone que se declare el último día de febrero de cada ano como “Día Nacional de Enfermedades Raras”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del tema presente instrumento legislativo.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al siete por ciento de la población mundial, también son denominadas enfermedades huérfanas o de baja prevalencia. Una enfermedad se considera rara cuando existe menos de un caso por cada dos mil habitantes, presenta síntomas y orígenes variados y en ocasiones desconocidos y requiere tratamientos farmacológicos específicos. 

C. Estas enfermedades raras son definidas como padecimientos que afectan a menos de 200,000 pacientes; y los ultra-huérfanos, que atienden enfermedades con una prevalencia menor de 5 por cada 10, 000 habitantes. La Unión Europea las define como padecimientos con prevalencia menor a 5 por cada 10,000 habitantes. En México, se definen en la Ley General de Salud, homologando la definición con la Europea. 

D. Algunas de estas patologías son:

El síndrome de morning glory—nombre común de algunas especies de plantas con flores de la familia Convolvulaceae— es una anomalía congénita poco frecuente de la papila óptica, es decir, la región en donde el nervio óptico se conecta con el ojo. 

El síndrome de Zlotogora-Ogur- Este es un fenómeno de displasia ectodérmica que se caracteriza por anomalías en el cabello (ralo o ausente), la piel (seca) y los dientes, así como dimorfismo facial con labio y paladar hendidos, sindáctila cutánea o, en algunos casos, discapacidad intelectual. 

El síndrome del ojo de gato o cat-eye es una anormalidad cromosómica que aparece antes del nacimiento. El recién nacido presenta anomalías que incluyen inteligencia levemente deteriorada, trastornos cardíacos, trastornos renales, corta estatura.

El síndrome de Cenani-Lenz- esta patología malformativa congénita presenta sindactilia compleja de manos y antebrazos, con manifestaciones similares en las extremidades inferiores.

El síndrome de Pierre Robin con anomalía faciodigital -se caracteriza por la dismorfia facial (retrognatia, frente alta y abombada, paladar hendido y glosoptosis) y anomalías digitales (dedos afilados, uñas hiperconvexas, clinodactilia del quinto dedo, falanges distales cortas, pulgares similares al resto de dedos y tendencia a la luxación de las articulaciones).

La coccidioidomicosis -es una infección fúngica causada por Coccidioides immitis y C. posadasii y que afecta normalmente a los habitantes del sudoeste de los Estados Unidos, América Central y Sudamérica.

Hipertricosis, o síndrome del hombre lobo- Es una enfermedad muy poco frecuente, que destaca por el exceso de vello en partes del cuerpo donde normalmente existe muy poco pelo.

Osteopetrosis con acidosis tubular renal -Esta enfermedad poco común se caracteriza por osteopetrosis, acidosis tubular renal —incapacidad del riñón para retener el bicarbonato y para acidificar adecuadamente la orina— y trastornos neurológicos relacionados con calcificaciones cerebrales.

El Síndrome post-poliomielítico-Es un trastorno neurológico caracterizado por el desarrollo de nuevos síntomas neuromusculares como debilidad muscular progresiva o propensión anómala a la fatiga muscular que se da entre los supervivientes de la forma paralítica aguda de la poliomielitis entre 15 y 40 años después de la desaparición de la enfermedad.

• El Síndrome de Sanfilippo -es un trastorno del metabolismo por el cual el cuerpo no puede descomponer apropiadamente cadenas largas de moléculas de azúcar. Se trata de una patología hereditaria que se transmite de padres a hijos.

E. De acuerdo con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (FEMEXER), existen 8 millones de pacientes afectados por alguna enfermedad rara, el 80% de ellos por causas genéticas. 

En total, existen más de 7 mil enfermedades raras diferentes pero sólo 10% de estas cuenta con respaldo científico y apenas poco más de 400 tienen un tratamiento específico. Dado que la incidencia es muy reducida, estas enfermedades plantean un reto enorme para el sistema se salud y para la sociedad en general, debido a que no existe suficiente información epidemiológica y son contados los especialistas capaces de detectarlas, lo cual ocasiona que muchos pacientes lleguen a perder años de consulta en consulta sin encontrar un diagnóstico y tratamiento adecuado para su padecimiento.

F. Coincidimos que las “enfermedades raras” representan un reto en la salud de creciente atención, que no puede ser ignorado por las autoridades e instituciones competentes, es por lo que  que el establecer el último día del mes de febrero como “Día Nacional de las Enfermedades Raras”, contribuirá a fomentar la conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en el combate a este tipo de enfermedades.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como el "Día Nacional de Enfermedades Raras.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el último día de febrero de cada año como "DÍA NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS".

TRANSITORIOS

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se omite la lectura.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Nuevamente los saludo con mucho afecto, compañeras y compañeros Senadores.

Se trata de una minuta que viene de nuestra Colegisladora, donde están proponiendo declarar el último día del mes de febrero, como el “Día Nacional de las Enfermedades Raras”

¿De qué se trata? A este tema también se le llama enfermedades huérfanas y son aquellas que, precisamente por su incidencia, están presentes en un nivel bajo de la población a nivel mundial.

Sin embargo, este grupo de enfermedades constituyen más de 500 entidades nosológicas, muchas, prácticamente todas de origen genético de difícil diagnóstico, muchas de ellas, lamentablemente cuando no se detectan a tiempo con un desenlace fatal y, desde luego, uno de los temas más importantes que se tienen ahorita en el rubro de la investigación médica, es precisamente encontrar la fuente de origen, muchas de ellas de origen enzimático lisosomal y, desde luego, como ya les comentaba, genético y cuyo tratamiento realmente apenas empezamos a generar algunos fármacos que pueden, cuando son diagnosticadas a tiempo, pueden dar importantes resultados.

De tal manera que estoy pidiéndoles su apoyo a esta minuta, a través de la cual se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional Enfermedades Raras”. Y considerando que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se estima que existen alrededor, cuando se dividen en las diferentes entidades, hasta 7 mil enfermedades que afectan al 7 por ciento de la población mundial, también conocidas como enfermedades huérfanas o de baja prevalencia y que son consideradas, precisamente cuando existen menos de un caso por cada 2 mil habitantes y se presentan síntomas y orígenes variados y en ocasiones desconocidos y requieren tratamientos farmacológicos específicos.

Esas enfermedades son definidas como padecimientos que afectan a menos de 200 mil pacientes y los ultra-huérfanos que atienden enfermedades con una prevalencia menor al 5 por cada 10 mil habitantes.

¿Cuál es la importancia de tener este día dentro de lo que es el calendario en el que debemos de reflexionar sobre diferentes enfermedades y, en este caso, este tipo de enfermedades? Precisamente lo difícil de diagnosticar, los altos costos para tratarlas y que independientemente de que su prevalencia sea baja, deben de ser considerados dentro, porque esto no respeta nivel económico ni social, pero muchas de las familias están en los niveles de pobreza, en los niveles de bajos ingresos y no tienen los recursos suficientes para poder tratarlas.

Aquí es donde estamos también pidiendo la solidaridad y, desde luego, la comprensión y la justicia por parte de la Secretaría de Salud y el gobierno de México, para que sean consideradas dentro de los gastos catastróficos del Seguro Popular, este tipo de enfermedades.

Por su apoyo a este dictamen y, sobre todo, para los miles de pacientes que están pasando ahorita por este sufrimiento, es que les pido su voto aprobatorio.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Muchas gracias, Senador López Brito.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los síntomas que revelan la fortaleza de una nación, de sus instituciones, es el estado de salud de sus ciudadanos.

Un buen estado de salud es un componente central en el bienestar de las personas y bajo esta primicia, el artículo 4o. de nuestra Constitución consagra su protección como una responsabilidad del Estado.

La protección de la salud no debe obviar la existencia de un grupo de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud cataloga como “raras”, al contrario, su presencia debe ser visibilizada con el fin de que la población tenga conciencia de estas y de las posibilidades de tratamientos existentes.

También debe de procurarse que las y los profesionales de la salud dispongan de mayor conocimiento relativo a las distintas enfermedades raras que existen, así como de los mecanismos más adecuados para la canalización de quienes se aquejan de las mismas.

En el mundo se celebra el día de las enfermedades raras el último día de febrero desde el 2008, cuando la Organización Europea de Enfermedades Raras promovió su establecimiento.

En 2009 la Organización Nacional de Enfermedades Raras de Estados Unidos, junto con otras organizaciones de China, Australia, Taiwán y algunos países latinoamericanos se unieron a la iniciativa.

México ya participó en 2011 en la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, cuya temática en esa ocasión “Enfermedades Raras e Inequidades en la Salud”.

En México, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, en conjunción con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, han promovido eventos anuales en la misma fecha para la visibilización de estos padecimientos.

Ahora el dictamen a discusión y votación busca declarar oficial el último día de febrero de cada año como el “Día Nacional de Enfermedades Raras”

Desde el grupo parlamentario del PRD, saludamos esta propuesta, toda vez que elevar el nivel de conciencia sobre las enfermedades raras es un paso para mejorar el acceso a su tratamiento.

La celebración del “Día Nacional de Enfermedades Raras” debe ser acompañada de un esfuerzo porque el gobierno y la sociedad civil discutan, diseñen e implementen en conjunto medidas para su tratamiento procurando las mejores condiciones de vida para las y los pacientes y sus familias.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Si me permite, señor Presidente. Desde mi escaño.

Ante la imposibilidad de presentar algunas posturas de carácter social, debido a que en el Orden del Día no se incluyen temas generales, tópicos de comunidad.

Quisiera aprovechar esta intervención que me hace el favor de otorgarme para llamar la atención de la Asamblea, en el sentido de una situación muy complicada que vive nuestro puerto de San Felipe, en Baja California.

Esta situación que se está viviendo en este paradisiaco lugar, es una situación que debe llamar la atención de todos los mexicanos, porque literalmente el gobierno federal con el argumento de proteger seis o siete especies llamadas “vaquita marina”, está condenando a la ignominia, está asesinando literalmente los propósitos de mejoría de 20 mil habitantes, entre ellos pescadores y que allí moran.

Es una situación en donde se está criminalizando per se a toda una comunidad que vive, que nació, que solventa sus más elementales necesidades en este lugar.

San Felipe es un puerto que no pesca, San Felipe tiene pescadores que les está prohibido ir a la mar a buscar su sustento y a cambio les entregan una serie de cheques maleados, por supuesto, afectados, inclusive, ordenados.

Sé que no estoy en el tema, señor Presidente, me atengo al buen crédito que tengo de conducta en esta Asamblea y que solamente en casos de extrema necesidad hago uso de esta tribuna.

Por ello quiero llamar la atención, pedirle al Presidente de la República, a los titulares de Semarnat, de la Secretaría de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social, que ya le quiten la bota del cuello a mis paisanos de San Felipe, que estas personas son gente de trabajo, son gente generosa que se esfuerza diariamente por su sobrevivencia y bajo el argumento de una protección ecológica los tienen condenados a la miseria.

En una posterior Asamblea que se abran los turnos, señor Presidente, para los puntos de acuerdo y tratar los temas de actualidad, que creo que son importantísimos para nosotros como representantes populares, ahondaré en el mismo.

Le agradezco el favor de su atención.

Y le ofrezco una disculpa por la desviación del tema.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Blásquez Salinas. La Asamblea ha quedado enterada de su exposición.

Al no haber más oradores registrados, se reserva para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la licenciatura en derecho de la Universidad Panamericana, invitados por el Senador Ernesto Gándara Camou.

Asimismo, a un grupo de personas procedentes del municipio de Tijuana, Baja California, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández.

Este Senado se congratula con su visita.

¡Sean ustedes cordialmente bienvenidos!






Tenemos la discusión de dictámenes que presentan las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, sobre ratificación del personal diplomático.

Empezamos con el dictamen que propone la ratificación del ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

Dé cuenta la Secretaría con el dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras;

Hago uso de la palabra para presentar los dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, por el que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos Embajador es Gabriel Rosenzweig Pichardo y Ana Luisa Fajer Flores.

En cuanto al nombramiento del Embajador Gabriel Rosenzweig, quien fue propuesto por el titular del Ejecutivo Federal como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez, hay que destacar que México comparte con Argelia la promoción de la paz y la seguridad en el mundo, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional como ejes de su política exterior.

La Embajada de México en Argelia es estratégica en el norte de África, pues en los últimos años ha estrechado sus relaciones con Túnez y con Libia, a pesar de los cambios políticos a raíz de la llamada “Primavera Árabe”, en 2011.

En el combate a crímenes trasnacionales y terrorismo, Argelia permanece como un socio estratégico y debe ser considerado como un país de relevancia para la implementación de la paz sostenible en la región, además de que es un aliado en el ámbito multilateral, dada su influencia como interlocutor político en distintas plataformas como: la Conferencia Islámica, la Unión del Magreb Árabe, la Unión del Mediterráneo, su liderazgo en la Unión Africana y la Liga de Estados Árabes, es innegable.

Su relación bilateral con México se caracteriza por el diálogo político y los acuerdos en el marco de las Naciones Unidas, y ambos países comparten prioridades como la consolidación de la paz en el Sahara Occidental, en la cual México ha contribuido activamente.

La República Argelina Democrática Popular tiene una superficie territorial mayor a los 2 millones de kilómetros cuadrados, y cuenta con una población de 41.3 millones de habitantes, que equivale a un tercio total de la población mexicana.

Para México, Argelia es el tercer socio comercial entre los países de África, y la balanza comercial con México es superavitaria. Según el Índice de Competitividad Doing Business 2018 del Banco Mundial, se encuentra en la 166ª posición de 190 economías, lo que constituye una oportunidad para consolidar la presencia de México en el norte de África.

Después de estudiar su plan de trabajo, así como su trayectoria, las comisiones unidas decidimos respaldar el nombramiento del Embajador Gabriel Rosenzweig Pichardo, al cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y por otro lado, también le hicimos un reconocimiento a su vocación, avalada por su trayectoria diplomática que comenzó en 1986.

El Embajador cuenta con estudios en relaciones internacionales en el Colegio de México y la Universidad de Yale, en Estados Unidos de América.

Se destacan los cargos que ha ejercido en el exterior, ha estado adscrito a las Embajadas de México en España, Canadá, Italia, Bélgica y los Países Bajos.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores fungió como Subdirector y después como Director General de Europa, entre otros cargos.

El segundo nombramiento que analizamos y aprobamos el día de ayer en comisiones fue el de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores, quien fue designada como Embajadora de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia, así como las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe.

La Embajadora Ana Luisa Fajer es una destacada diplomática de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1993, y desde el año 2017 tiene el rango de Ministra. Anteriormente se desempeñó como Jefa de Gabinete del Embajador de México en Estados Unidos de América; ha sido Jefa de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos de América; Directora para América del Norte y Directora General para África y Medio Oriente, entre otros cargos.

En el ámbito académico ha sido pionera de los estudios sobre el Continente Africano desde muy joven.

Sobre Sudáfrica vale la pena mencionar que es un país que juega un papel de liderazgo en el Continente Africano. Sudáfrica se encuentra entre los 25 países más grandes, tanto por superficie como por población. Asimismo, cuenta con un PIB de 295 mil millones de dólares.

México mantiene relaciones diplomáticas con Sudáfrica desde 1993. Desde entonces, las relaciones entre ambos países se han intensificado de manera progresiva, esto se ha hecho evidente en las visitas que se han realizado en ambos sentidos entre los cancilleres y los Jefes de Estado de ambas naciones, así como en la Comisión Binacional México-Sudáfrica.

En el ámbito económico, las relaciones entre nuestros países se han incrementado en los últimos años. Actualmente, Sudáfrica es el primer socio comercial de México entre los países de África y el 51a a nivel mundial, con un comercio bilateral de casi 537 millones de dólares.

Desde 2015, México mantiene un superávit en la balanza comercial con Sudáfrica. No obstante, la relación económica bilateral está por debajo del potencial entre ambos países, por lo que México debe de aprovechar el buen diálogo político existente y explorar mayores oportunidades de comercio e inversión.

La Embajada de México en Sudáfrica es de fundamental importancia en el continente, ya que también se encargará de mantener las relaciones con otros 11 Estados: Los Reinos del Lesotho y Swazilandia, y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe.

Por ello celebramos en las comisiones que el Ejecutivo haya designado a la diplomática Fajer para esta importante responsabilidad.

Nuestro país tiene grandes espacios para aumentar la cooperación con los países del sur del Continente Africano en una diversidad de temas de interés global, tales como la paz y la seguridad internacional, la consolidación democrática, el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el reconocimiento a las contribuciones de los migrantes, esto nos hace claramente aliados estratégicos en los foros multilaterales.

De aumentarse la cooperación con el sur de África, México seguirá siendo reconocido como un gran defensor de las mejores causas de la humanidad.

Quiero terminar agradeciendo a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores que estuvieron participando en las comisiones el día de ayer, y también a los compañeros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, de manera destacada, a su Presidenta, por la disposición de trabajar de manera conjunta en estos dictámenes que el día de hoy sometemos a su consideración y para los cuales pedimos el apoyo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Está a discusión. Al no haber más oradores, se reserva para su votación nominal, separada de los demás    dictámenes.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe.

Dé cuenta la señora Secretaria con el dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández presentó ya este dictamen en su intervención de hace unos momentos.

Está a discusión. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, separada de los demás dictámenes.

Pasamos a la discusión de dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, sobre la ratificación del personal diplomático.






Iniciamos con el dictamen por el que se propone la ratificación de la ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe, con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago.

Dé cuenta la Secretaría con el dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Hago nuevamente uso de la palabra para presentar tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, por los que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos Embajadores Juan José González Mijares, Héctor Manuel Rodríguez Arellano y Rosario Asela Molinero Molinero.

En cuanto al nombramiento del ciudadano Juan José González Mijares, propuesto por el titular del Ejecutivo Federal como Embajador de México ante Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Comunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos con sede en Kingston, Jamaica, los integrantes de las comisiones unidas tuvimos oportunidad de sostener un diálogo con el Embajador sobre la importancia de la relación con este país caribeño.

Jamaica tiene una superficie de 10 mil 991 kilómetros cuadrados. Su población es de 2.97 millones de habitantes. Tiene un PIB de 14 mil puntos, 2 mil millones de dólares, y se coloca como un país de renta media-alta.

Según el Índice de Competitividad 2018 del Banco Mundial, se encuentra en el número 70 de entre 190 economías.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la CEPAL, para 2018 se tiene previsto que alcance un crecimiento del 2.4 por ciento.

Por otro lado, la Mancomunidad de las Bahamas tiene una superficie total de 13 mil 880 kilómetros cuadros que albergan una población de 398 mil habitantes.

En el ámbito económico, tiene un PIB de 9 mil millones de dólares y un PIB per cápita de 25 mil dólares.

Bahamas tiene un PIB per cápita alto, consolidándose como un destino para la inversión turística, que es su principal actividad económica, y los servicios financieros.

Si bien, nuestro país ha construido, tanto con Jamaica como con Bahamas, una buena relación basada en la cooperación educativa, académica, cultural, técnica y científica, aún hay enormes áreas de oportunidad, que confiamos en que el Embajador González sabrá explotar.

En Embajador también ha sido propuesto para representarnos ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es una organización internacional establecida en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, tiene su sede en Kingston, Jamaica, y México ha estado vinculado a esta organización desde sus inicios, pues fue uno de los tres primeros países en ratificar la convención en 1983.

Además participa activamente en las sesiones anuales de la autoridad y forma parte de dos de los principales órganos de la misma: el Consejo y la Comisión Jurídico-Técnica.

A partir de la comparecencia, los integrantes de las comisiones concluimos que el Embajador González, quien cuenta con una experiencia de más de 25 años en la diplomacia y en la academia, cumple con los requisitos, la experiencia y el perfil para ser ratificado en su nombramiento.

Por otro lado, analizamos también el nombramiento del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano, como Embajador de México ante la República de Haití.

Haití tiene una superficie total de 27 mil 750 kilómetros cuadrados y una población de 10.8 millones de habitantes.

En el comercio exterior las importaciones tienen un valor de 3 mil millones de dólares, y el de las exportaciones es de 1.15 mil millones de dólares.

La agenda de su gobierno incluye prioridades como la mejora de los servicios de salud y educación, la gobernabilidad, la consolidación de la democracia y el estado de derecho, así como el hacer de Haití un país apto para la inversión, algo a lo que México, sin duda, puede contribuir.

Haití es el principal receptor de la cooperación internacional para el desarrollo que brinda México, que se ha enfocado en infraestructura, turismo, promoción económica, agricultura, educación, salud y fortalecimiento democrático.

México aportó 47 millones de dólares para atender la emergencia, ocasionada por el terremoto de 2010.

Posteriormente, tras el paso del huracán “Matthew”, en 2016, México envió 25 mil dólares y 13 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados y ha participado en misiones de observación electoral.

Uno de los aspectos fundamentales del plan de trabajo que nos expuso el Embajador Rodríguez Arellano, es el dar seguimiento y consolidar la participación de elementos mexicanos en la misión de las Naciones Unidas para el apoyo a la justicia en Haití.

Igualmente, los integrantes de las comisiones consideramos que el Embajador Rodríguez cuenta con las credenciales académicas y diplomáticas para cumplir con su labor.

Finalmente, en cuanto a la Embajadora Rosario Asela Molinero Molinero, después de analizar su plan de trabajo, su trayectoria, sus credenciales académicas, igualmente estas comisiones unidas consideraron respaldar su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo.

Por lo anterior, compañeros y compañeras Senadoras, les pedimos, a nombre de las comisiones unidas, su respaldo para estos tres dictámenes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senadora Laura Rojas.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, analizamos tres nombramientos diplomáticos para ocupar la titularidad de representaciones diplomáticas en El Caribe, enviadas por el Ejecutivo Federal.

El primero de ellos es el realizado a favor de la ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora ante la República de Trinidad y Tobago, concurrente ante Barbados, Surinam y Representante Permanente ante la Asociación de Estados del Caribe, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1990, y ha ascendido mediante méritos y concursos.

Trinidad y Tobago es el socio comercial más importante para México dentro de los países que integra la Comunidad del Caribe.

En 2017, el comercio bilateral fue de 271.5 millones de dólares, con exportaciones por 73 millones de dólares, e importaciones por 198.2 millones de dólares, colocándose como el socio comercial número 17 de México en América Latina y El Caribe, y el número 31 en cuanto a país inversionista en la región.

Barbados, nación perteneciente a la mancomunidad de naciones, tiene importantes coincidencias con temas en la agenda internacional con México, tales como el cambio climático, la gestión integral de riesgo de desastres, además ese país caribeño ha respaldado las candidaturas de nuestro país a los diversos organismos internacionales.

Pese a ser un país pequeño, con una relación comercial con México reducida, Barbados es nuestro vigésimo séptimo socio comercial en la región.

Por su parte, Surinam y nuestro país cooperan a través de organismos multilaterales, como la Comisión Mixta México-CARICOM y en el marco de la Asociación de Estados del Caribe, organización multilateral que se concentra en cinco temas prioritarios: comercio, transporte, turismo sustentable, reducción del riesgo de desastres y uso sustentable del mar Caribe.

Cabe señalar que nuestro país es miembro de pleno derecho de la AEC, por lo que su activa participación fortalece la presencia de México en El Caribe.

El segundo nombramiento es a favor del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador de México ante la República de Haití, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1989, y desde entonces se ha desempeñado en las Embajadas de México en Francia, en el Reino Unido y en Turquía.

La situación de Haití es particularmente compleja, sin embargo, coincidimos con el ciudadano Rodríguez Arellano en la necesidad de fortalecer y consolidar la relación bilateral mediante el seguimiento y cumplimiento de los diferentes acuerdos existentes, así como de generar una mayor dinámica en la relación económica y comercial, a fin de consolidar a Haití como un mercado de diversificación de las relaciones de nuestro país en El Caribe.

Haití es el principal receptor de la cooperación internacional para el desarrollo que brinda México en infraestructura, turismo, promoción económica, agricultura, educación, salud y fortalecimiento democrático.

El tercer nombramiento es a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador de México ante Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Como en el caso de los nombramientos anteriores, el ciudadano González Mijares es miembro del Servicio Exterior Mexicano, fue promovido al rango de Embajador en mayo de 2017, y cabe señalar que en el exterior ha ocupado el cargo de Embajador de México en Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, además de desempeñarse en las Embajadas de Francia, Bélgica, Luxemburgo y Suecia.

México y Jamaica tienen la relación bilateral más institucionalizada del Caribe, la cual, el año pasado cumplió 50 años y destaca por ser el único país del Caribe anglófono que tiene una Embajada en territorio mexicano.

El mecanismo institucional por excelencia en la relación bilateral es la Comisión Binacional Permanente, establecida en 1993, es el centro de múltiples esfuerzos de cooperación.

Jamaica es el vigésimo socio comercial para México en América Latina, mientras que ese país caribeño es el vigésimo primer mercado turístico más importante a nivel regional para nuestra nación. Además de ser el país del Caribe anglófono que recibe mayor inversión mexicana superior a los 500 millones de dólares.

La Mancomunidad de las Bahamas es un país con quien nuestra nación tiene relaciones diplomáticas sanas y basadas en la cooperación en materia técnica, empresarial y turística, así como de reducción de corresponsalías bancarias y conectividad aérea.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, nos congratulamos por el envío de tan preparados perfiles a países caribeños, pues es prueba de que como nación procuramos la relación con esta subregión que representa el 12.39 por ciento; y el 6 por ciento de la población de toda la región.

Tiene también una importancia estratégica en términos políticos y económicos que deben ser aprovechados por nuestro país.

Al ser nuestra tercera frontera, y en el actual contexto hemisférico en el que los actores regionales que anteriormente ejercían un liderazgo indiscutible en la región, se han aislado, como Estados Unidos de América o Venezuela, uno por decisiones internas, y el otro por la grave crisis integral que atraviesa, esto representa una gran oportunidad para México, no sólo el de reforzar su presencia, sino de encabezar iniciativas que abanderen las mejores causas a nivel global, pues existe el entramado institucional para la cooperación, para el desarrollo a nivel caribeño, el cual debe ser ocupado para impulsar temas como la conservación de áreas naturales, el empoderamiento de la sociedad civil, la generación de conocimiento, el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Estoy convencida de que es tiempo de que El Caribe sea una prioridad para nuestro país, el estrechamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales es fundamental, estamos seguros que con estos perfiles que el día de hoy aprobaremos, seguramente, ratificaremos en este Pleno del Senado de la República, van a representar dignamente al Estado mexicano.

Además, y ya para ir concluyendo, quiero compartirles que tuvieron grandes comparecencias, tres perfiles comprometidos con México, tres perfiles con muchas ganas de seguir trabajando y representando a nuestro país en el exterior, y eso nos dio muchísimo gusto a los integrantes de las comisiones unidas, porque además presentaron sus planes de trabajo con mucho apasionamiento, con mucha intensidad y con ganas de fortalecer las relaciones en estas tres Embajadas y con ganas de hacer a México más fuerte en El Caribe.

Y por último, ahora sí, agradezco a la Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el impecable trabajo desarrollado durante la dictaminación, y las comparecencias de las propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal.

Estoy segura de que las Comisiones de Relaciones Exteriores iniciamos una etapa en la que el diálogo constructivo y la cooperación nos van a permitir sacar adelante tan importante trabajo en materia de política exterior, y trabajar con mucha fuerza para dictaminar todas las iniciativas que están pendientes en la Comisión de Relaciones Exteriores y que yo espero podamos empujar para que nuestros representantes de México en el exterior rindan cuentas, hagan un trabajo más transparente ante el Senado de la República.

Espero que todos los grupos parlamentarios podamos estar en esa sintonía e impulsar en este periodo ordinario las iniciativas pendientes, que con mucho entusiasmo presentamos ya desde hace algunos años.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, separada de los demás dictámenes.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Haití.

Dé cuenta la Secretaría con el dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con el dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández presentó ya este dictamen en su intervención de hace unos momentos.

De la misma forma, la Senadora Mariana Gómez del Campo presentó ya el dictamen en su intervención anterior.

Está a discusión. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, separada de los demás dictámenes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la autoridad internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Dé cuenta la Secretaría con el dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

Las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza presentaron ya el dictamen en una intervención inicial.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Félix González Canto: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

Históricamente las relaciones bilaterales entre México y Jamaica se han desarrollado en un marco de respeto, cordialidad y estrecha colaboración.

Ambos países comparten principios fundamentales de política exterior, relacionados con la integración regional, con la cooperación internacional, con el respeto a la democracia, así como con la promoción y protección de los derechos humanos.

Cabe destacar que México tiene con Jamaica la relación bilateral más institucionalizada del Caribe anglófono, que es el único país del Caribe que cuenta con una Embajada en México, y tiene Comisión Binacional Permanente con México, desde 1993.

Jamaica es el 69a socio comercial de México a nivel global, y el 20a en América Latina y El Caribe.

En 2016 fue el 21a mercado turístico más importante para México en la región y el número 60a en el mundo, para nuestro país.

Además, existen 18 proyectos vigentes de cooperación técnica y científica en los rubros de seguridad ciudadana, agricultura, prevención de desastres, gestión pública y energías renovables.

También hay 10 proyectos de cooperación en temas de educación, cultura y deporte.

La Embajada de México en Jamaica es concurrente ante las Bahamas, en 2016, Bahamas fue socio número 73 en México, y el 22a entre los países de América Latina y El Caribe, es el 36ª inversionista en México y el 12a de la región.

Por último, cabe apuntar que la Organización de los Fondos Marinos, fue establecida en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982 y tiene su sede en Kingston, Jamaica.

El titular de la Embajada de México en Jamaica es, además, Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organización a través de la cual los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, organizan y controlan las actividades en el área con el objeto de administrar los recursos que en ella se encuentran.

México fue uno de los tres primeros países en ratificar dicha Convención en 1983 y participa activamente en las sesiones anuales de la Autoridad, y actualmente forma parte de dos de los principales órganos de la misma, el Consejo y la Comisión Jurídico-Técnica.

En este contexto, estamos a favor de la ratificación del ciudadano Juan José González Mijares, para ocupar los cargos de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Jamaica y, en forma concurrente, Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ya que reúne los requisitos y experiencia necesarios para desempeñar eficazmente tales encomiendas.

González Mijares es maestro en sociología, e ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1990 y desde el año pasado tiene el rango de Embajador.

Entre los principales cargos que ha desempeñado se encuentran los siguientes:

Director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Primer Secretario de la Embajada de México en Bélgica y Luxemburgo.

Director General adjunto de la Dirección General de Organismos Económicos, Regionales y Multilaterales.

Y también, Embajador de México en Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, entre otros.

Su plan de trabajo, instrumentar en la Embajada de México en Jamaica y su concurrencia está orientado a reforzar el diálogo político, a robustecer el marco jurídico bilateral, a defender los intereses de las empresas mexicanas, a fortalecer la cooperación educativa, académica, técnica, científica y, sobre todo, a promover la imagen de México e impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito regional y multilateral, entre otros.

Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI vamos a votar a favor del presente dictamen, porque consideramos que va a contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales y comerciales entre los países de Jamaica y las Bahamas, y con ello al compromiso medular impulsado por el gobierno de México desde el inicio de esta administración para que México cuente con una mayor presencia y responsabilidad a nivel global.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador González Canto.

Al no haber más oradores registrados, se reserva para su votación nominal, separada de los demás dictámenes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

Dé cuenta la Secretaría con el dictamen.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la palabra para presentar ante ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, por el que se aprueba el nombramiento del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

El día de hoy, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, llevamos a cabo la comparecencia del Embajador Escanero Figueroa, durante ésta, mantuvimos un intercambio de ideas sobre temas tales como la integración económica, la presencia de México en la Unión Europea, el fortalecimiento de los lazos políticos y comerciales y el Estado y perspectivas ante la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea y sobre las prioridades, desafíos y principales temas de México en Bélgica y Luxemburgo.

México tiene ante la Unión Europea a un aliado fundamental, si consideramos que es el proceso de integración más avanzado e institucionalizado del mundo, y que tiene sin duda un complejo sistema electoral y legislativo, estamos hablando de que una relación bilateral fuerte es beneficiosa para México, pues puede intercambiar con las prácticas en temas como el fortalecimiento a la protección de los derechos humanos entre otros temas importantes.

La Unión Europea tiene una población total de 508 millones de habitantes y un índice de desarrollo humano de los más altos del mundo.

Con esta información, podamos inferir que la profundización de las relaciones tanto económicas como políticas brindan a México la oportunidad de consolidarse como un verdadero actor global.

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, México y la Unión Europea, coloca la relación bilateral como una de las más avanzadas y los convierte en aliados estratégicos del ámbito político, comercial y de cooperación.

Frente a la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el brazo comercial del Acuerdo Global, es necesario contar con una representación fuerte que permita reflejar el peso económico y político de México como socio fundamental de la Unión Europea y adaptar los vínculos a la realidad y dinamismo de la economía mundial.

La Unión Europea y México tienen una relación económica, política y de cooperación sana, pero es necesaria profundizarla aún más.

En lo referente al Reino de Bélgica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial tiene altos índices en el ámbito social, cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.896, que es el lugar 22 a nivel mundial, y una esperanza de vida promedio de 81 años, así como una tasa de alfabetización del 99 por ciento. Igualmente tiene altos indicadores económicos, pues su PIB es de 466.6 millones de dólares y su PIB per cápita es de 45 mil dólares.

Es el 20º socio comercial de México y el tercer inversionista de entre los países de la Unión Europea en México.

Este panorama lo coloca como un fuerte vínculo de México en el corazón de Europa.

Bélgica también es una sede diplomática muy importante. Es el punto de encuentro de organizaciones internacionales, embajadas e instituciones de la Unión Europea.

Los ejes de su política exterior son: la integración europea, la seguridad, la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos, y al igual que México apuesta por un multilateralismo efectivo para hacer frente a los desafíos internacionales.

Luxemburgo, por otra parte, goza de una ubicación geográfica privilegiada. Es también un fuerte centro financiero en Europa y el 21º socio comercial de México entre los países de la Unión Europea.

Si bien el comercio bilateral en 2016 sumó 216 millones de dólares, ésta es un área de oportunidad importante para dar a conocer los productos mexicanos y fortalecer los vínculos de cooperación.

La relación de México con Bélgica y Luxemburgo, se basa en los lazos de amistad que une a nuestros pueblos y la relación con la Unión Europea se basa en la fortaleza de sus instituciones.

Pero hoy es más necesario que nunca encontrar mayores fuentes de inversión y de cooperación y es ahí donde existen enormes oportunidades.

El embajador Mauricio Escanero Figueroa, cuenta con el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la representación diplomática de México en Bélgica, pues su experiencia avala su capacidad diplomática.

Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría en Política Pública Internacional por la Universidad Johns Hopkins y otra en Sustentabilidad y Gestión del Medio Ambiente, por la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982, actualmente se desempeña como Embajador de México en Sudáfrica, concurrente ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Botswana, Madagascar, Mauricio, Namibia y Zimbabwe.

Ha servido en las Embajadas de México en Australia, Jamaica, Estados Unidos y Japón en diversos puestos diplomáticos; en la Embajada de México en China, además tiene también una amplia trayectoria en el ámbito multilateral.

Es claro que cuenta con la experiencia y trayectoria y estamos seguros de que el Embajador, sin duda, nos representará de una manera muy buena en esta Embajada y en esta representación ante la Unión Europea.

Es por eso, compañeras y compañeros, que solicito a nombre de las comisiones, su voto a favor de este dictamen.

Quiero concluir agradeciendo a las comisiones de América Latina y El Caribe, de Europa y África, de manera especial a sus Presidentas y a su Presidente, por la disposición y el profesionalismo para sacar adelante estos procesos de ratificación que el día de hoy sometemos a su consideración.

Así empezamos en este Senado de la República una nueva y mejor etapa de relación entre las ocho Comisiones de Relaciones Exteriores, en el entendimiento de que todas las comisiones aportamos por igual, somos valiosas por igual y nos complementamos en las tareas distintas tan importantes que realiza este Senado de la República, en materia de política exterior.

Muchas gracias, compañeras y compañeros y les pedimos su voto a favor a estos dictámenes.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Laura Angélica Rojas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

Sonido en el escaño del Senador Héctor Flores.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Gracias, señor   Presidente.

Simplemente en adición a lo ya comentado por la Senadora Laura Rojas, como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, dejar constancia de la buena opinión que se tiene en el grupo parlamentario y de un servidor, del trabajo que ha realizado el Embajador Mauricio Escanero.

Pensamos que la posición que hoy pretende ocupar con esta designación, que es prácticamente Embajador en Luxemburgo, Bélgica y la Unión Europea, es fundamental para México y para los intereses de México.

De manera que simplemente dejar eso como constancia y que quede registrado en el Diario de los Debates.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así se hará, Senador Héctor David Flores.

Se dará constancia que el Embajador Escanero tiene más porra que los Pumas. Gracias.

Adelante, Senador Lucia Espejo.

El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo: Con su venia, señor Presidente.

Después de un trabajo intenso al interior de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, el día de hoy ponemos a su consideración el nombramiento diplomático del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica, la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

México reconoce a la Unión Europea como un actor fundamental en la política internacional y como un aliado estratégico en diversos temas de la Agenda Global.

La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación en el año 2000, fortaleció las relaciones en los ámbitos de diálogo político, comercio y cooperación.

Gracias al Acuerdo Global, la Unión Europea se convirtió en un aliado estratégico para México, tanto en materia de comercio e inversión, como en el diálogo político y cooperación para el desarrollo y la política multilateral.

México, comparte intereses en diversos temas de relevancia en la Agenda Global, como el Cambio Climático y los Derechos Humanos, el fortalecimiento paulatino y el dinamismo a largo plazo de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y México bajo los lineamientos del Acuerdo Global, ha llevado a la Unión Europea y a México al establecimiento de lazos políticos más cercanos.

México además de compartir la visión de construir un nuevo orden internacional más equitativo, democrático y tolerante, comparte con la Unión Europea una sólida relación de amistad y de cooperación, en la que los beneficios deben ser aprovechados en todos los niveles de nuestra sociedad.

El dictamen que nos ocupa el día de hoy se discutió y votó dentro de los plazos reglamentarios, plazos que, por cierto, se fijan para que las comisiones precisamente puedan hacer este trabajo cuidadoso en atención a la importancia que revisten los asuntos que se someten a consideración de esta honorable Asamblea.

Es por lo anterior, que nos congratula que México estará representado por un diplomático miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien además de contar con gran experiencia tiene los conocimientos necesarios para trabajar en favor de nuestro país.

Es por esto que refrendamos nuestra confianza y agradecimiento a los representantes de nuestro país en todos los rincones del mundo, en especial a los que han dedicado su vida y experiencia para el mejoramiento de las relaciones de México con las demás naciones, me refiero a las mujeres y hombres miembros del Servicio Exterior Mexicano.

Asimismo, aprovecho la ocasión para recordarles que esta Soberanía tiene pendiente desde abril del 2013, la aprobación de la Ley de Atención y Protección de las Mexicanas y los Mexicanos en el Exterior.

La aprobación de esta ley establecerá los criterios generales que regirán las políticas de protección, apoyo y asistencia a las y los mexicanos en el extranjero por parte de las oficinas consulares.

Por la coyuntura actual, es imperativo que nuestros connacionales cuenten con un marco jurídico que los proteja en todo el mundo.

Para finalizar, hago votos para que le ciudadano designado como Embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, cuente con la aprobación del Senado, que rinda protesta ante este Pleno y se desempeñe con respeto y con profundo sentido del deber, con el firme propósito de proteger los intereses de las y de los mexicanos en el exterior.

Agradezco a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de manera especial a la Presidenta Laura Rojas Hernández, así como a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, una vez más estamos entregando resultados en tiempo y forma y hemos cumplido con nuestro trabajo con un profundo sentido de responsabilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Lucia Espejo.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Jorge Toledo Luis: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, me parece que solamente quiero llamar la atención respecto de la importancia de esta ratificación.

Como todos sabemos, México fue el primer país en donde se firma un convenio con la Unión Europea, firmamos un Acuerdo Global hace 15 años y ahora mismo se está llevando a cabo, ya va la Séptima Ronda en la negociación de este Acuerdo Global, y este nombramiento de un embajador de carrera, un embajador talentoso, que en algún momento fue Director General de Promoción Económica Internacional, sin duda nos permitirá como país tener concretado este Acuerdo Global lo más pronto posible.

Sé, y como todos los mexicanos sabemos, que hemos estado centrando el tema del Tratado de Libre Comercio, sin duda es un tema que hay que seguir insistiendo, pero México tiene también, y esta es la muestra, toda una gama de acuerdos internacionales, de tratados, que sin duda podemos voltear a ver a otros países que no solamente ven bien a México, no solamente tienen aprecio por México, sino por reconocimiento por México.

Con la Unión Europea la relación ha sido una relación cordial, cercana, incluso en los temas interparlamentario que se han tratado se han ubicado temas como la cohesión social que nos lleva a pensar no solamente en un acuerdo comercial frío, sino en un esquema casi de hermanamiento con los pueblos y con los países de la Unión Europea.

Esta ratificación, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, es fundamental, insisto, para poder concretar pronto este Acuerdo Global y que México muestre también al mundo, a todos los países, sin duda a Estados Unidos, que los mexicanos, que en México en particular, sus relaciones son muy cordiales con todos los países.

La ratificación del Acuerdo Global con la Unión Europea es fundamental, y yo quiero desde esta tribuna pedirle al Embajador Mauricio Escanero Figueroa, que pueda tener especial interés y especial trabajo, especial atención con el fortalecimiento y la firma del Acuerdo Global.

Sé, porque lo escuché en su plan de trabajo, la amplia gama de tareas que tiene planteado desde la perspectiva cultural, económica, de hermanamiento, pero sí es para poder llamar a este Pleno, a este Senado de la República que estemos atentos y es decirle a esta propuesta, al Embajador Mauricio, que el Acuerdo Global es fundamental para México, y esperamos que pronto se pueda concretar por el bien de México y por el bien de la relación de México con la Unión Europea.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Toledo Luis.

Al no haber más oradores registrados, se reserva para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

Compañeras Senadoras y Senadores, tenemos pendientes siete votaciones nominales por realizar, relacionadas con el Decreto en materia de enfermedades raras y los nombramientos de embajadores, temas que no tienen nada que ver entre sí. Les solicito permanecer en el salón.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Tagle, a favor; Senador Casillas, a favor.

Señor Presidente, se emitieron 75 votos a favor, 1 abstención y cero en contra.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo, como Embajador de México ante la República Argelina Democrática y Popular.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez. Comuníquese.

La protesta del Embajador, cuya ratificación acabamos de aprobar, se realizará en un acto conjunto de los seis diplomáticos en su caso.

Pasamos a la votación de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación correspondiente.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe. Comuníquese.

La protesta de la Embajadora se realizará en un acto conjunto de los seis diplomáticos en su caso.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se aprueba la ratificación de la ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora de México ante la República de Trinidad y Tobago.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe, con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago. Comuníquese.

La protesta de la Embajadora se realizará en un acto conjunto de los seis diplomáticos en su caso.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Haití.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Senador Albarrán, a favor; Senadora Angélica de la Peña, a favor. ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ADOLFO ROMERO LAINAS

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Haití. Comuníquese. La protesta del Embajador se realizará en un acto conjunto de los seis diplomáticos.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador de México ante Jamaica.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.

Sonido en el escaño de la Senadora Rojas Hernández.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Nada más quisiera pedirle, de favor, que verificara la votación del Senador Bartlett, está apareciendo en el tablero electrónico su voto cuando no está en el Pleno, ya van varias votaciones y sí quisiera que se verificara eso, por favor.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Tomamos nota, Senadora.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Senadora Angélica de la Peña, a favor; Senador Joel Ayala, a favor; Senador Ernesto Cordero, a favor; Pregunto nuevamente si falta algún Senador o Senadora.

Senador Enrique Burgos, ya votó.

Señor Presidente, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos con sede en Kingston, Jamaica. Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

En el tablero electrónico de votación están apareciendo los votos de los coordinadores parlamentarios sin que estén presentes en el salón de sesiones. Está bien que se estén repartiendo el pastel en la Junta de Coordinación Política, pero es una situación absolutamente irregular. El voto de acuerdo a nuestras normas es presencial y no puede hacerse a través de un tercero o de cualquier otro medio.

Le pido que corrija, por favor, esta situación.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Tomamos nota, Senador Encinas. La protesta de los embajadores se realizará en un acto conjunto de los seis diplomáticos.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador de México ante el Reino de Bélgica.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.  Comuníquese.

Procederemos a la toma de protesta de los Embajadores en un acto conjunto.

En consecuencia, solicito a las Senadoras y Senadores: Margarita Flores Sánchez, Laura Angélica Rojas Hernández, Luz María Beristain Navarrete, Celestino Cesáreo Guzmán, Jorge Aréchiga Ávila, Lisbeth Hernández Lecona, Mariana Gómez del Campo Gurza y Marcela Guerra Castillo, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta. También el Senador Priego Calva.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solito a todos los Senadores y Presentes, ponerse de pie.

(Todos de pie)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Senador Presidente Ernesto Cordero Arroyo: Señoras y señores Senadores, el Senado de la República acaba de ratificar los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en su favor de la siguiente forma:

El ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez.

La ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y la República de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe.

La ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe, con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago.

El ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Haití.

El ciudadano Juan José González Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

El ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

Por lo anterior, se les ha convocado para que rindan la protesta correspondiente.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente los respectivos cargos de Embajadores que les han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Gabriel Rosenzweig Pichardo, Ana Luisa Fajer Flores, Rosario Asela Molinero Molinero, Héctor Manuel Rodríguez Arellano, Juan José González Mijares y Mauricio Escanero Figueroa: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señoras y señores Embajadores!

A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su encargo, solicito a la comisión designada acompañe a nuestros Embajadores cuando deseen retirarse del salón.






MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea, el día de hoy por la madrugada falleció el ciudadano Enrique Cárdenas González, ex Senador de la República en la XLVIII Legislatura, en representación del Estado de Tamaulipas, por el Partido Revolucionario Institucional.

A sus familiares y amigos les enviamos nuestras profundas condolencias por esta triste partida.

Don Enrique Cárdenas, durante su larga y fructífera vida política se desempeñó como Gobernador del Estado de Tamaulipas, Alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Subsecretario Fiscal de la Secretaría de Hacienda.

Le solicito a las ciudadanas Senadoras y Senadores y a todos los presentes en este recinto, que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de don Enrique Cárdenas González.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, compañeros.

Señoras y señores Senadores, me permito informar a esta Asamblea que el pasado 27 de febrero falleció el ex legislador Ingeniero Jorge Rubén Nordhausen González, quien fue integrante de esta Cámara de Senadores, en representación del estado de Campeche, en la LVIII y LIX Legislaturas del Congreso de la Unión y también fue electo Diputado Federal en la LX Legislatura.

Lamentamos su sensible fallecimiento y desde esta representación manifestamos nuestra solidaridad y condolencias a su familia.

Solicito a esta Honorable Asamblea, honrar su memoria poniéndonos de pie y guardando un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Tiene la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Presidente Cordero. Compañeras y compañeros Senadores, voy a ser muy breve.

Quiero manifestarles a ustedes que vengo a proponer que nos hagamos solidarios a la muy difícil situación que padece en estos momentos Papúa Nueva Guinea, que el pasado lunes sufrió un fuerte terremoto de 7.5 grados, cobrando la vida de miles de ciudadanos y destruyendo gran parte de esta parte del mundo.

Quiero pedirles a ustedes que apoyemos y manifestemos nuestro pésame en este sentido, por las personas afectadas que son más de 400 mil.

Agradezco su apoyo, señor Presidente, si así lo autoriza, guardando un minuto de silencio por las víctimas y apelar a la solidaridad del gobierno mexicano, con Papúa Nueva Guinea, pues hace unos meses la comunidad internacional ofreció generosa ayuda al pueblo mexicano tras el sismo que aquí sufrimos.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En atención a la solicitud del Senador Torres Corzo, guardaremos un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el sismo ocurrido en Papúa Nueva Guinea.

Les solicito ponernos de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias, favor de tomar asiento.






EXCITATIVA

Compañeras y compañeros Senadores, ha solicitud del Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior, presentado el 4 de abril de 2013.








Les informo que las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DE LOS MURCIÉLAGOS: NUESTROS ALIADOS ALADOS”

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracciones I y II, y 164, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DE LOS MURCIÉLAGOS: NUESTROS ALIADOS ALADOS”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando se habla de murciélagos, se habla de los animales más injustamente maltratados de la historia. Muchas personas tienen dentro de su imaginario a los vampiros inspirados en la novela del escritor Bram Stoker, Drácula. Durante mucho tiempo esta novela influyó en la cultura, haciendo creer que los murciélagos son la representación animal de un vampiro y que beben sangre de humanos. Sin embargo, dentro de las especies animales más subestimadas, no hay quienes hagan más por el bienestar de los humanos que los murciélagos.

Los murciélagos (quirópteros) representan el segundo grupo más diverso de mamíferos. México ocupa el 6º lugar en diversidad de murciélagos, y tenemos el 10% de las especies del mundo. Además, el 25% de las especies de mamíferos mexicanos, son murciélagos.1 En nuestro país habitan alrededor de 140 especies de quirópteros, representados en 8 familias, de las cuales 38 se encuentran clasificadas en alguna categoría de riesgo por la norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.2 Los murciélagos no sólo son diversos por el número de especies que existen, a nivel mundial se han reportado más de 1,200, sino también por la diversidad de ecosistemas que habitan.

Con excepción de los polos, los murciélagos viven en todos los continentes y ecosistemas del mundo. Su alimentación incluye desde frutas, néctar y polen hasta insectos, peces, aves y pequeños mamíferos. Más del 70% de los murciélagos son insectívoros, el 24% se alimenta de frutas, y un 13%, más de 140 especies, se alimentan de néctar y polen de las flores. Únicamente 3 especies, es decir menos del 1%, se alimentan de sangre de mamíferos y aves.

Los murciélagos proveen servicios ecosistémicos clave, por ejemplo: la polinización, la dispersión de semillas, la producción de guano y el control de plagas agrícolas, todos de gran importancia económica. La economía de más de 40,000 familias mexicanas está íntimamente ligada con la polinización de agaves a través de la producción de tequilas y mezcales.

Aunado a lo anterior, el papel de los murciélagos es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas de los que dependemos; también proporcionan beneficios directos que mejoran la calidad de nuestra vida diaria.

Por ejemplo, los murciélagos promueven la regeneración de las selvas al dispersar las semillas de las plantas pioneras que se encargan de iniciar el proceso de recuperación. Asimismo, muchas frutas que consumimos, como zapotes, chicozapotes, guayabas y pitayas, entre otras, dependen de los murciélagos para dispersar sus semillas. Los cactos columnares, tan característicos de los desiertos mexicanos, muchos de ellos en riesgo de extinción, desaparecerían de los paisajes de nuestro país si no fuera porque muchos murciélagos polinizan sus flores, asegurando así su reproducción sexual.3

Los magueyes y agaves, referencia típica de orgullo e identidad nacional y cuya importancia económica es inmensa, tienen una estrecha relación con los murciélagos. La producción del pulque, el tequila, el mezcal e incluso los gusanos de Maguey y hasta las pencas para envolver la barbacoa y la cutícula de las hojas de agave para cubrir los mixiotes, dependen fundamentalmente de la existencia de los murciélagos para la polinización de estas plantas. Este proceso asegura también su diversidad genética, disminuyendo así su vulnerabilidad ante plagas y enfermedades. Es decir, sin murciélagos que polinicen las inflorescencias de los magueyes y agaves, no tendríamos ni tequila, ni pulque, ni mezcal, entre otros productos de gran importancia ecológica, económica y cultural.4

Debido a que 3 de cada 4 murciélagos se alimentan de insectos, se han convertido en aliados de los humanos ya que controlan las plagas de la agricultura, los mosquitos y otras más.

Tan sólo en los estados fronterizos del norte de México habitan unos 30 millones de murciélagos guaneros o de cola libre, y cada millón de estos devora 10 toneladas de insectos cada noche, la mayoría de los cuales son plagas para la agricultura. En zonas con presencia de murciélagos, se ha reportado por ejemplo, que en colonias de al menos 5 millones de murciélagos pueden llegar a alimentarse de hasta 50 toneladas de insectos que atacan cultivos, en un radio de 100 kms.5

Si se perdieran estas poblaciones de murciélagos, las cosechas mexicanas sufrirían graves daños. Los agricultores de todo México se benefician ya que se ha reportado que millones de murciélagos destruyen toneladas de insectos cada noche, insectos que de otra manera atacarían cultivos como el maíz, el algodón, el frijol, el jitomate, la soya y el chile, entre otros. Es destacable que los insecticidas no sustituyen el trabajo de los murciélagos, los insectos se hacen resistentes a cada aplicación de agroquímicos; estos últimos, además, contaminan el ambiente y los productos agrícolas que consumimos.6

Asimismo, en las selvas tropicales, que son de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial, los murciélagos frugívoros son responsables de dispersar la mayoría de las plantas pioneras que hacen que la selva se regenere.

A pesar de lo anterior, los murciélagos han sufrido de mala reputación, resultado de haberlos asociado con los vampiros, acusándolos de ser animales sucios, sedientos de sangre.

Por tal razón, estos organismos han sido víctimas de gran presión y se han destruido de manera injustificable las cuevas, refugios o incluso las colonias con cientos, miles y hasta millones de murciélagos, poniendo en riesgo todos los beneficios derivados de la presencia de los murciélagos.

Como un esfuerzo por reconocer la invaluable función ecológica de los murciélagos, la Convención de Especies Migratorias (CMS) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Acuerdo sobre la Conservación de Poblaciones de Murciélagos Europeos (EUROBATS), se unieron para celebrar el Año Internacional del Murciélago, realizado durante los años 2011 y 2012.7

Debido a las grandes problemáticas ambientales que ocurren a nivel tanto local como global, es importante sumar esfuerzos para reconocer, proteger y recuperar la   diversidad biológica. Considerando que la diversidad biológica, junto al cambio climático, representan los principales problemas ambientales del siglo XXI, y que están considerados dentro de los 9 límites planetarios propuestos por el Stockholm Resilience Institute.8 Por lo anterior, resulta imperativo colaborar de manera transversal, desde cada espacio y nivel de la sociedad, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas ambientales y frenar el avance de los problemas que afectan nuestra integridad como sociedad y el tránsito hacia la sustentabilidad ambiental del desarrollo.

Declarar un día nacional que permita reconocer que los murciélagos tienen vínculos profundos y cruciales con nuestro bienestar, que contribuyen significativamente a mantener una mejor calidad de vida, es un paso que promoverá en los mexicanos un compromiso con la conservación, sí de los murciélagos, pero también de sus servicios y lo fundamentales que estos son para nuestras vidas.

Se propone que el día 28 de octubre se celebre a los murciélagos, ya que por un lado, representa una época en la que son utilizados en las festividades del Día de Muertos y eso permitiría promover el conocimiento sobre su importancia y los beneficios que proveen y segundo, porque coincide con la Semana del Murciélago “BatWeek”, celebrada por la Organización Internacional para la Conservación de los Murciélagos (Bat Conservation International, Inc.), que es una organización global que reúne a expertos y aliados para la investigación, difusión y conocimiento de este grupo tan importante para los ecosistemas y el bienestar humano.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTI?CULO U?NICO. Se declara el día 28 de octubre de cada año, Día Nacional de los Murciélagos con el fin de difundir la importancia de los mismos en nuestros ecosistemas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara? en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Medellín, R.A., et al. 2009. Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 459-515. Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II11_Conservacion%20de
%20especies%20migratorias%20y%20poblaciones%20tr.pdf. 

2 SEMARNAT. 2018. Conservación de murciélagos en México. Disponible en:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/conservacion-del-murcielago-en-mexico?idiom=es.

3 Medellín, R.A. y Equihua, C.Z. Celebración del Murciélago. Revista ¿Cómo ves? 159. Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en:
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/159/celebracion-del-murcielago. 

4 Íbidem.

5 Op. Cit. En P. 2.

6 Brandt, D. Publimetro. 2015. Murciélagos, una especie necesaria para el medio ambiente. Disponible en:
https://www.publimetro.com.mx/mx/columnaunam/2015/10/16/columna-unam-murcielagos-
especie-necesaria-medio-ambiente.html. 

7 CONABIO. 2011. Boletín de prensa. Murciélagos sus Secretos al Descubierto. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/144275/bp080_murcielagos_051011.pdf.

8 Stockholm Resilience Institute. 2015. The Nine Planetary Boundaries. Disponible en:
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about
-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html. 






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO SEXTO A LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y SE ADICIONAN Y REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL

(Presentada por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Senadora MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y SE ADICIONAN Y REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lista de sucesión o Testamento Agrario, es el instrumento bajo el cual todos los sujetos agrarios, garantizan su patrimonio y continuidad de los derechos agrarios para las generaciones futuras que lo sucedan.

La Procuraduría Agraria, define la Lista de sucesión como: documento formal a través del cual un ejidatario o comunero, expresa de manera clara y en orden de preferencia, los nombres de quienes heredarán sus derechos sobre las tierras parceladas y de uso común. La elaboración de la lista de sucesión es un acto jurídico personalísimo, revocable, libre y formal, que deberá ser depositado en el Registro Agrario Nacional (RAN) o formalizada ante fedatario público.

A su vez, el artículo 17 de nuestra Ley Agraria establece que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario.

Para su elaboración, el titular de los derechos agrarios, deberá elegir por orden de preferencia las personas que desee el titular que hereden sus derechos, siendo estos: el cónyuge, la concubina o concubinario, uno de los hijos o hijas, uno de los ascendientes o cualquier otra persona. Dicha la lista de sucesión deberá contener un único sucesor preferente.

El programa de Testamento Agrario promovido por la Procuraduría Agraria, establece que la asesoría y deposito en el RAN de la lista de sucesión es gratuita, o si se decide formalizar ante Notario Público el trámite será de bajo costo.

Ahora bien, un Notario Público es aquel profesional del Derecho que, investido por el Estado, tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden para conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe.

De acuerdo con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de número 1001122. 150 establece que los Notarios Públicos no son servidores públicos, debido a que todo notario actúa por medio de una patente otorgada por el Estado, además de no depender del gobierno o de una entidad paraestatal.

En este sentido, queda claro los alcances y responsabilidades de un Notario Público, no obstante, las acciones que este ejerza surgen del mismo Estado y deberán de conducirse con total apego a la profesionalidad, independencia, imparcialidad y autonomía que doten de certeza y seguridad jurídica a quienes acuden a estos profesionales del Derecho.

En conjunto, la propuesta de reforma busca crear una conexión entre los sujetos agrarios titulares de los derechos de la tierra, las autoridades del Estado responsables de la protección del sector agrario y los notarios públicos que tienen la facultad de formalizar una lista de sucesión.

Para ello, y una vez conceptualizado lo referente a la lista de sucesión y a los notarios públicos, analizaremos la evolución correspondiente a la inscripción de listas de sucesores ante el RAN.

En México, de acuerdo con las Estadísticas Agrarias del RAN al mes de agosto de 2017, existen un total de 4 millones 586 mil 558 sujetos agrarios certificados (ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados) de los cuales 3 millones 439 mil 673 son hombres y 1 millón 146 mil 885 son mujeres.

Del mismo modo, y de acuerdo el RAN, al 31 de agosto de 2017, solo 2 millones 140 mil 792 sujetos agrarios han inscrito su lista de sucesión, de los cuales 1 millón 564 mil 63 son hombres y 576 mil 729 son mujeres.

Por lo tanto, el 46.68% de los sujetos agrarios tiene una lista de sucesión, mientras que el 54.32% restante (2 millones 445 mil 766 sujetos), aún no cuentan con su Testamento agrario.

Aunado a esto, existe una preocupación por parte de los ejidatarios y del RAN que realizan su lista de sucesión ante fedatario público, pues una vez concluido la formalización de dicho documento ante notario, este último en muchas ocasiones no entrega copia o documento alguno al Registro Agrario, y solo queda bajo resguardo del notario.

Esto, ha provocado que en muchas ocasiones el RAN, al no tener notificación de esta lista, genere enfrentamientos entre familiares o conocidos del titular fallecido por suceder en los derechos agrarios.

Cabe mencionar que el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, prevé en sus artículos 9 y 77, la obligatoriedad de los Notarios Públicos en dar aviso al RAN, cuando hayan formalizado una lista de sucesión, dejando de manera ambigua la temporalidad para realizar este proceso.

Resulta indispensable reformar tanto la Ley Agraria como el Reglamento Interior, donde se dé mayor certeza e instrucción clara a aquellos notarios que realicen tramites referentes a listas de sucesores.

Así, la propuesta de reforma gira en torno a establecer que aquellos fedatarios que hayan intervenido en la elaboración de Testamentos agrarios, tengan un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de formulación de la lista de sucesores para notificar al Registro Agrario Nacional sobre dicha acción.

Al establecer una temporalidad definida para los fedatarios, es como otorgaremos a los sujetos agrarios tranquilidad en cuanto a su patrimonio se refiere, pues tendrán la certeza de que su lista de sucesión estará disponible y sin obstáculo alguno cuando de esta se requiera.

Asimismo, esta reforma servirá para prevenir o reducir enfrentamientos entre familiares por la herencia que deje el titular de los derechos.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley Agraria y del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que todos aquellos Notarios Públicos que formalicen Listas de Sucesión deberán notificar de dicho acto al Registro 30 días hábiles a partir de la fecha de formulación.

Como se señaló con anterioridad, los fedatarios no son servidores públicos, pero deben garantizar que aquellos sujetos agrarios que han depositado su confianza en ellos para la realización de un documento que garantice el patrimonio del titular y de su familia se encuentre disponible cuando se requiera ya sea en resguardo del mismo notario o ante el Registro Agrario, por lo que es vital que exista una coordinación entre notarios y Registro en este sentido para evitar diferencias entre los sucesores.

Para una mejor apreciación de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro    comparativo:

Ley Agraria

Ley vigente

Propuesta de Modificación

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público.

Cuando se efectué ante notario público, este tendrá la obligación de notificarle al Registro Agrario Nacional, en un plazo no mayor de 30 días, hábiles a partir de la fecha de la formulación de la lista de sucesores, por el titular

Con las mismas formalidades la lista de sucesores podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional

Ley Vigente

Propuesta de modificación

Artículo 9. Deberán dar aviso al Registro los Notarios Públicos sobre:

I a III.

(…)

IV. Testamento en los que hayan intervenido y que contengan disposiciones sobre derechos agrarios, parcelarios o sobre tierras de uso común en ejidos o comunidades, y

V. …

Los Corredores Públicos, darán aviso al Registro únicamente sobre las fracciones III) y V) de este apartado, siempre y cuando se trate de sociedades mercantiles y no verse sobre inmuebles.

 

Artículo 9. Deberán dar aviso al Registro los Notarios Públicos sobre:

I a III.

(…)

IV. Testamento en los que hayan intervenido y que contengan disposiciones sobre derechos agrarios, parcelarios o sobre tierras de uso común en ejidos o comunidades, y

V. …

Los Corredores Públicos, darán aviso al Registro únicamente sobre las fracciones III) y V) de este apartado, siempre y cuando se trate de sociedades mercantiles y no verse sobre inmuebles.

Los Notarios Públicos tendrán un plazo no mayor a 30 días hábiles para notificar al Registro, únicamente refiriéndose a la fracción IV de este apartado.

Artículo 77. El ejidatario o comunero, tiene la facultad de designar a la persona que deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad.

(…)

En caso de que la lista de sucesión o testamento agrario se realice ante Notario Público, éste deberá dar aviso al Registro a la brevedad posible.

Artículo 77. El ejidatario o comunero, tiene la facultad de designar a la persona que deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad.

(…)

En caso de que la lista de sucesión o testamento agrario se realice ante Notario Público, éste deberá dar aviso al Registro en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de formulación de la lista de sucesores, por el titular.

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona un párrafo cuarto y se reforma el párrafo quinto de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público.

Cuando se efectué ante notario público, este tendrá la obligación de notificarle al Registro Agrario Nacional, en un plazo no mayor de 30 días, hábiles a partir de la fecha de la formulación de la lista de sucesores, por el titular

Con las mismas formalidades la lista de sucesores podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

SEGUNDO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 9 y se reforma el párrafo cuarto del artículo 77, ambos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 9. Deberán dar aviso al Registro los Notarios Públicos sobre:

I a III.

(…)

IV. Testamento en los que hayan intervenido y que contengan disposiciones sobre derechos agrarios, parcelarios o sobre tierras de uso común en ejidos o comunidades, y

V. …

Los Corredores Públicos, darán aviso al Registro únicamente sobre las fracciones III) y V) de este apartado, siempre y cuando se trate de sociedades mercantiles y no verse sobre inmuebles.

Los Notarios Públicos tendrán un plazo no mayor a 30 días hábiles para notificar al Registro, únicamente refiriéndose a la fracción IV de este apartado.

Artículo 77. El ejidatario o comunero, tiene la facultad de designar a la persona que deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad.

(…)

En caso de que la lista de sucesión o testamento agrario se realice ante Notario Público, éste deberá dar aviso al Registro en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de formulación de la lista de sucesores, por el titular.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO F) AL ARTÍCULO 43 LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales, así se encuentra establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes artículo 2, segundo párrafo.

La reforma del 12 de octubre del año 2011 incorporó en nuestro marco constitucional el interés superior de la niñez, para garantizar derechos a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Los derechos de la infancia, reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, es el primer tratado internacional en el mundo que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes y, el estado mexicano la ratificó el 21 de septiembre de 1990.

Con ello quedamos obligados a adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar los derechos a las niñas, niños y adolescentes que repercuta en su desarrollo integral y una vida digna sin restricciones, construyendo para ellos condiciones favorables.

Los padres adoptantes adquieren responsabilidades para con los hijos adoptivos, debiendo proveerle integración al núcleo familiar, ofreciéndoles igualmente educación y salud, misma que puede ser a través de la incorporación a los servicios de seguridad social que en su calidad de padres trabajadores tienen derecho.

Así mismo, los padres biológicos y adoptantes deben contar con prerrogativas para atención en caso de enfermedad de los hijos a efecto de obtener permisos de cuidados maternos o paternos según sea el caso y la reforma al artículo 132, fracción XXVII bis, de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre del 2012, establece como obligación del patrón otorgar un permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y, de igual manera, en el caso de adopción de un infante.1

La familia es parte fundamental en la vida digna de un infante, y los hijos biológicos o adoptivos, tienen el derecho a recibir educación, que les garantice la salud y recreación y, en caso de fallecimiento del padre o madre trabajadora, deben quedar protegidos por la seguridad social.

La sensibilidad de un hijo adoptivo es considerada extrema ante todas las situaciones por las que puedan pasar en el curso de su vida al percibir rechazo, abandono o indiferencia y falta de atención. 2

En el caso de los padres adoptivos, es importante que se les otorgue reconocimiento con esa condición a efecto que puedan atender las necesidades de los hijos, tanto por el hecho de que sus hijos crezcan y evolucionen en un ambiente de armonía y tranquilidad, sin estigmas por su condición de ser adoptados.

Los padres adoptantes deben ser considerados igual que los padres biológicos y debe garantizarse a ellos que su rol podrán desarrollarlo con todas las responsabilidades y prerrogativas que la ley laboral pueda otorgarles.

La reforma laboral de 2012 es un gran avance, sin embargo, no se consideró la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional siendo indispensable armonizar la misma incorporando estos derechos para los trabajadores al servicio del estado.

Para casos de defunción de un trabajador el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitió la tesis de rubro:3

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. PARA SU DESIGNACIÓN LA AUTORIDAD LABORAL DEBE FIJAR LA CONVOCATORIA RESPECTIVA EN EL ÚLTIMO CENTRO DE TRABAJO, E INDAGAR QUÉ PERSONAS FUERON SEÑALADAS CON ESE CARÁCTER (LEGALES O SUSTITUTOS) ANTE DIVERSOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 503, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).

Es importante destacar que la tesis en comento establece que, en caso de fallecimiento de un trabajador, los beneficiarios designados pueden ser el cónyuge supérstite, hijos menores de 18 años, hijos incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, concubinos, madre o padre, o bien, hijos adoptivos, lo que representa para estos últimos una garantía de seguridad jurídica y reconocimiento a su condición, por lo que igualmente serán acreedores a los beneficios de la seguridad social así como a la entrega del saldo de la cuenta individual del trabajador fallecido.

Es importante destacar que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contempla en su artículo 131 inciso V que:

V. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión por orfandad, cuando la adopción se haya hecho por el Trabajador o Pensionado antes de haber cumplido cincuenta y cinco años de edad.

Es así que desde el congreso impulsamos iniciativas para ir incluyendo en los ordenamientos del marco jurídico mexicano el reconocimiento y garantías para los padres adoptantes e hijos adoptivos.

Es consecuencia y por lo antes expuesto, se propone reformar el artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado adicionando un párrafo f).

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

INICIATIVA

CAPITULO IV

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la Revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.

Para los efectos del párrafo que antecede, en cada una de las dependencias se formarán los escalafones de acuerdo con las bases establecidas en el título tercero de esta ley;

II. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que están obligados los patrones en general;

III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo;

IV. De acuerdo con la partida que en el Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en los términos del laudo definitivo.

V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido;

VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes:

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad.

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías infantiles y de tiendas económicas.

f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud profesional.

g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el arrendamiento o la compra de habitaciones baratas.

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.

Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos en vigor;

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:

a). Para el desempeño de comisiones sindicales.

b). Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su adscripción.

c). Para desempeñar cargos de elección popular.

d). A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del artículo 111 de la presente Ley, y

e). Por razones de carácter personal del trabajador.

f) SIN CORRELATIVO

 

 

 

IX. Hacer las deducciones, en los salarios, que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se ajusten a los términos de esta ley.

X. Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se le soliciten para el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos respectivos.

CAPITULO IV

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la Revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.

Para los efectos del párrafo que antecede, en cada una de las dependencias se formarán los escalafones de acuerdo con las bases establecidas en el título tercero de esta ley;

II. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que están obligados los patrones en general;

III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo;

IV. De acuerdo con la partida que en el Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en los términos del laudo definitivo.

V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido;

VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes:

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad.

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías infantiles y de tiendas económicas.

f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud profesional.

g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el arrendamiento o la compra de habitaciones baratas.

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.

Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos en vigor;

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:

a). Para el desempeño de comisiones sindicales.

b). Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su adscripción.

c). Para desempeñar cargos de elección popular.

d). A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del artículo 111 de la presente Ley, y

e). Por razones de carácter personal del trabajador.

f) Conceder permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, en razón del nacimiento de sus hijos y de igual forma en el caso de la adopción de un infante.

IX. Hacer las deducciones, en los salarios, que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se ajusten a los términos de esta ley.

X. Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se le soliciten para el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos respectivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado adicionando un párrafo f).

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los Veteranos de la Revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.

Para los efectos del párrafo que antecede, en cada una de las dependencias se formarán los escalafones de acuerdo con las bases establecidas en el título tercero de esta ley;

II. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que están obligados los patrones en general;

III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo;

IV. De acuerdo con la partida que en el Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en los términos del laudo definitivo.

V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido;

VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes:

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad.

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías infantiles y de tiendas económicas. f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud profesional.

g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el arrendamiento o la compra de habitaciones baratas.

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.

Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos en vigor;

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:

a). Para el desempeño de comisiones sindicales.

b). Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su adscripción.

c). Para desempeñar cargos de elección popular.

d). A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del artículo 111 de la presente Ley, y

e). Por razones de carácter personal del trabajador.

f) Conceder permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, en razón del nacimiento de sus hijos y de igual forma en el caso de la adopción de un infante.

IX. Hacer las deducciones, en los salarios, que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se ajusten a los términos de esta ley.

X. Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se le soliciten para el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos respectivos.

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 https://www.gob.mx/stps/prensa/tienen-padres-trabajadores-derecho-a-cinco-dias-de-licencia-por-
paternidad?idiom=es

2 https://www.serfamiliaporadopcion.org/compartiendo/lecturas/articulos/11370-as-12-caracteristicas-del-nino-
adoptado-michelle-bernier-y-johanne-lemieux#.Wo8-RYNuaM8

3 Época: Décima Época; Registro: 2002459; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Materia(s): Laboral; Tesis: I.3o.T.12 L (10a.); Página: 1935






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General  de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un sistema financiero saludable promueve el desarrollo económico de un país, al permitir el flujo e inversión de capital a infinidad de actividades, entre ellas, las productivas.

Es una forma de contribuir al progreso de una sociedad, ofreciendo soluciones a una gran gama de necesidades, siempre y cuando sea de una manera sana y equilibrada, incluyendo la parte de los costos de dichos servicios financieros.

El Sistema Jurídico Mexicano prevé una serie de mecanisos legales para garantizar que el financiero en nuestro país, atienda y encuentre los causes necesarios para la solución de cualquer controversia y reclamación, con la finalidad de que cumpla su cometido en beneficio de ambos lados, tanto de la sociedad en general, como de los mismos inversionistas financieros.

Por lo que hace a los primeros, se invoca la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, particularmente en su artículo 50 Bis, que entre otras alternativas, contempla la obligación para que cada institución financiera en nuestro país, cuente con una Unidad Especializada para atender consultas y reclamaciones de los usuarios, en los términos siguientes:

Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:

I. El Titular de la Unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la Institución Financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se dé a la reclamación;

II. Contará con encargados regionales en cada entidad federativa en que la Institución Financiera tenga sucursales u oficinas de atención al público;

III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las Instituciones Financieras;
IV. Deberá recibir la consulta, reclamación o aclaración del Usuario por cualquier medio que facilite su recepción, incluida la recepción en las sucursales u oficinas de atención al público y responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de su recepción, y

V. El titular de la Unidad Especializada deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre, un informe a la Comisión Nacional de todas las consultas, reclamaciones y aclaraciones recibidas y atendidas por la Institución Financiera en los términos que la Comisión Nacional establezca a través de disposiciones de carácter general que para tal efecto emita.

La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar.

Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional.

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional.

Así, como se puede leer, se trata de Unidades que deberán recibir consultas, reclamaciones o aclaraciones de los usuarios, las cuales habrán de responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles.

Sin embargo, también es de hacer notar, que fuera del plazo de respuesta no existe un plazo en el que la institución financiera de que se trate, deba resolver en definitiva el asunto, sobre todo cuando se trata de una reclamación, en la que nos encontraríamos ante el supuesto de una controversia.

Ni en la legislación invocada, ni en el Estatuto Orgánico de la propia Comisión Nacional para la Defensa del Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF) se prevé un plazo, ya para que la Unidad Especializada resuelva en definitiva o bien, la misma CONDUSEF, atentos a que las reclamaciones pueden ser presentadas de manera optativa en cualquiera de esas instancias.

Por ello, a fin de evitar cualquier posibilidad de inseguridad jurídica o indefensión para los ciudadanos, en este caso, el usuario de los servicios del Sistema Financiero Mexicano, es de considerar oportuno el que el dispositivo legal antes invocado y transcrito, sea complementado con un plazo para que la autoridad o la Unidad Especializada de Atención, deban resolver en definitiva una reclamación.

El plazo que se sugiere es el contenido en el artículo 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala un plazo máximo de cuatro meses para que el asunto materia de un juicio ordinario que implique la realización de un determinado acto, deba ser cuplido completamente.

Ello, en analogía de razón ante la similitud de hipótesis, como lo es, resolver un conflicto que implique un acto positivo o de hacer, dentro de un plazo cierto.

Lo anterior, máxime que la emisión de una resolución en un caso como el planetado, tendrán que ver con la legislación del procedimiento contencioso administrativo, pues estará sujeta a sus reglas y condiciones, principalmente para la CONDUSEF.

De ahí, que la propuesta para complementar el marco regulatorio del artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, sea la más acercada a la hipótesis y que sea contenida en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Siendo esta precisamente la sugerencia que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, a través de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA Y OTORGAR PLAZO A LAS RESOLUCIONES SOBRE ACLARACIONES, CONSULTAS Y RECLAMACIONES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis.- Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios. Dicha Unidad se sujetará a lo siguiente:

I. a la V. (…)

La presentación de reclamaciones ante la Unidad Especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar.

Las reclamaciones deberán ser resueltas en un plazo no mayor a cuatro meses.

Las Instituciones Financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsable o responsables de la Unidad Especializada. Los Usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se trate o ante la Comisión Nacional.

Las Unidades Especializadas serán supervisadas por la Comisión Nacional.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 36 Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Senadora MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33, UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 36 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES; Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha caracterizado por promover reformas estructurales enfocadas a modernizar el estado mexicano, trascendiendo hacia un México, prospero, incluyente y a la vanguardia.1

Como prueba de ello, tenemos la Reforma Energética, la cual busca detonar la inversión y el crecimiento económico en este sector cuyo propósito se transmite a los ciudadanos al ofrecerles bienes como luz, gas natural e hidrocarburos a precios competitivos.2

En otros temas, podemos destacar la Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo la cual, uno de los beneficios inmediatos fue la eliminación del cobro de larga distancia en telefonía y la apertura comercial que facilitó la competencia en el servicio de telefonía fija y móvil, contribuyendo a una reducción de las tarifas en este mercado.

Otras Reformas de igual relevancia son la Laboral y Educativa con las que se busca atender la oferta laboral con sueldos justos y competitivos, mientras que dentro del sector educativo se busca reducir los indicadores de analfabetismo, deserción escolar y ampliar la oferta educativa a través del sector público y privado.

Bajo este tenor, cabe resaltar que el paquete de reformas estructurales aprobadas son el resultado de un esfuerzo sin precedentes que fomentarán el desarrollo económico de nuestro país.

En este sentido una de las recientes reformas aprobadas fue en Materia de Transparencia, donde se tiene por objeto reforzar los mecanismos de evaluación y desempeño de los servidores públicos, así como fomentar la rendición de cuentas, como ejercicio de transparencia y elemento de control de la estructura del Estado.

Uno de los ejes temáticos de esta Reforma se refiere al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, el cual tiene por objeto facilitar a los ciudadanos el acceso a la información que poseen partidos políticos, sindicatos y órganos del Estado u entidades que reciban y ejerzan recursos públicos.

De esta forma, los ciudadanos cuentan con herramienta de gran valor que obliga al estado mexicano en sus tres poderes y tres niveles de gobierno a mejorar el desempeño de sus labores al servicio de la nación.

Bajo esta premisa, el objeto de esta iniciativa se centra en llevar este proceso de rendición de cuentas y transparencia al sector agrario, pues existen diferentes casos en los que se obstruye el acceso a la información o se suscitan casos fallidos de entrega recepción de administración entre los órganos agrarios que regulan y protegen la vida de los núcleos agrarios.

Hasta 2016, México cuenta con un total de 32 mil 102 núcleos agrarios, de los cuales solo 30 mil 391 están certificados.3

Estos núcleos agrarios ya sean ejidales o comunales, constituyen más del 51% del territorio nacional, dejando ver que las estructuras agrarias siguen estando vigentes dentro del desarrollo social y económico de nuestro país.

De acuerdo con nuestra Ley Agraria, los núcleos agrarios están conformados por tres órganos de representación.4

1) La Asamblea General: La cual está definida dentro del artículo 22 como el órgano supremo de representación de un núcleo agrario donde todos los ejidatarios o comuneros pueden participar y enterarse de las acciones que se están llevando y se llevarán a cabo dentro del núcleo.

2) Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales: Siendo el órgano encargado de ejecutar y cumplir los acuerdos tomados en la Asamblea General, además de llevar la representación y administración del ejido.

3) Consejo de Vigilancia: Es el órgano de encargado de vigilar que los actos del comisariado ejidal se ajusten a la legislación agraria, a los acuerdos tomados en Asamblea y al Reglamento del ejido.

Bajo esta estructura, los núcleos agrarios cuentan con figuras jurídicas que deben garantizar que todos los integrantes de los núcleos tengan las condiciones necesarias para aprovechar al máximo las tierras que poseen.

Ambos órganos cuentan con un proceso de elección de miembros que debe realizarse a través de la Asamblea General por medio de voto secreto y escrutinio público de inmediato, prohibiendo que más del 60% de los cargos a ocupar sean de un mismo género.

Para el caso del Comisariado Ejidal, este deberá contar con: un presidente; un secretario y un tesorero. Y para el caso del Consejo de Vigilancia, deberá contar con: un presidente y dos secretarios.

Tanto en el Comisariado como en el Consejo de Vigilancia, los cargos serán por tres años y no podrán ocupar ningún cargo después de transcurrido su periodo por el mismo tiempo que prestaron servicio, así como tampoco podrán adquirir tierras u otros derechos ejidales salvo por el caso de herencia.

De esta forma, quienes integran los órganos de control, tienen la obligación de representar los mejores intereses de quienes integran el un núcleo agrario.

Pese a que existe un marco normativo robusto en relación a la estructura, formación y conducción de los órganos de los núcleos agrarios, se han dado casos en los que los miembros tanto de los Comisariados Ejidales como de los Consejos de Vigilancia, han trasgredido la confianza de los miembros del ejido o comunidad pues al formar parte de la estructura de gobierno que regula la actividad agraria del núcleo, abusan del cargo para realizar actos de corrupción y malversación de fondos y recursos del ejido o comunidad.

Como prueba de ello existen los casos del ejido de Ticul, Mérida, donde en el año de 2012 con la entrada de la nueva directica del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, se realizó un proceso de entrega recepción atropellado, pues los ex miembros de estos órganos realizaron un proceso de cambio de administración donde se dejaron en malas condiciones las instalaciones y equipo, además de desfalcar las cuentas del ejido. Dejando sin recursos y medios de operación a la nueva administración.5

Otro caso fue el del ejido de Venustiano Carranza, Michoacán, en el año de 2013, pues en un proceso de transición de administración el ex comisariado no se presentó en dos ocasiones consecutivas al acto de entrega recepción, entorpeciendo los trabajos pendientes en relación al estado de los ejidatarios de esta localidad.6

En este último caso, se contó con la asistencia de integrantes de la Procuraduría Agraria, para que fungieran como testigos del acto de entrega recepción de la administración. Sin embargo, la Procuraduría no tiene injerencia alguna para actuar o aplicar acción alguna que obligue a los ex integrantes a realizar dicho proceso de cambio de administración, puesto que es facultad de la Asamblea y bajo acuerdo en acta señalar las condiciones para este acto protocolario.

Por todo esto, se busca establecer dentro del marco normativo superior en materia agraria, la obligatoriedad de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia a apegarse a las nuevas disposiciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como a respetar y aplicar las especificaciones legales para realizar un acto de entrega recepción.

Cabe señalar que, en el año de 2005, en del Diario Oficial de la Federación se publicó el DECRETO para realizar la entrega recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 

Por lo que, al existir un proceso debidamente registrado, avalado y publicado a través de los medios oficiales, se vuelve necesario que dicho proceso sea aplicado dentro de los órganos de los núcleos agrarios.

De esta manera, estaremos aplicando las herramientas necesarias dentro de los ejidos y comunidades que ofrezcan a los miembros del núcleo un clima de estabilidad financiera y certidumbre, puesto que los integrantes tanto del comisariado como del comité de vigilancia estarán obligados a realizar periódicamente informes de transparencia y rendición de cuentas tal y como lo establece la recién aprobada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación aprobada el pasado 18 de julio de 2016.

Con este nuevo ordenamiento, estamos dando paso a la instalación de órganos más eficientes y productivos, pues al estar bajo la observación de la Auditoria Superior de la Federación, órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión garantizaremos el correcto funcionamiento de los ejidos y comunidades.

La construcción de un México más próspero y democrático debe partir de los órganos de control del Estado, pues solo al tener una estructura sólida y eficiente es como trascenderemos a un país moderno e incluyente.

CONSIDERACIONES

El objetivo de esta iniciativa es adicionar una fracción V al artículo 33, una fracción IV al artículo 36; y un párrafo tercero al artículo 39 de la Ley Agraria, donde se establezcan los lineamientos y procesos bajo los cuales el comisariado y el consejo de vigilancia realicen una rendición de cuentas y acaten el protocolo de entrega recepción al término de su periodo.

Esto encamina a la estructura agraria hacia un nuevo clima de estabilidad financiera y social, pues la existir la obligatoriedad de realizar un proceso de fiscalización y rendición de cuentas, los trabajos que realicen quienes integran tanto el comisariado como el consejo de vigilancia tendrán la responsabilidad de actuar en todo momento de buena fe y siempre buscando atender las necesidades del ejido o comunidad.

Con el propósito de demostrar los cambios en el siguiente cuadro se puede apreciar las adiciones propuestas al marco normativo agrario:

Ley Agraria

Ley Actual

Propuesta de modificación

Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;

II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;

III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;

IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;

V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;

II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;

III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;

IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;

V. Realizar el proceso de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas;

VI. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:

I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea;

II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado;

III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y

IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:

I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea;

II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado;

III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y

IV. Realizar el proceso de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas;

V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 39. - Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.

Si al término del período para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios.

Artículo 39. - Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.

Si al término del período para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios.

Al término del periodo para el que haya sido electo el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberá realizar el proceso de entrega recepción a los nuevos miembros propietarios, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto para realizar la entrega- recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo o comisión. 

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona una fracción V al artículo 33 y una fracción VI al artículo 36, recorriéndose los subsecuentes; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 39 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

I. a IV.

(…)

V. Realizar el proceso de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas;

VI. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:

I. a III.

(…)

IV. Realizar el proceso de rendición de cuentas ante la Auditoria Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas;

V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 39.- Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.

(…)

Al término del periodo para el que haya sido electo el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberá realizar el proceso de entrega recepción a los nuevos miembros propietarios, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto para realizar la entrega- recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo o comisión. 

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.

1 Reformas en materia de Transparencias, consultado en
http://reformas.gob.mx/reforma-en-materia-de-transparencia/infograficos

2 Ver, http://www.imagenradio.com.mx/conoce-11-reformas-aprobadas-EPN

3 Datos abiertos, Registro Agrario Nacional, consultados el 06 de junio de 2017 en
http://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php

4 Ley Agraria, últimas reformas DOF 27-03-2017

5 Ver, http://yucatan.com.mx/yucatan/anomalias-en-el-ejido-de-ticul

6 Ver, http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-209816






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, a ampliar sus investigaciones sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos para la compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra” a la “Manhattan Master Plan Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas trasgresiones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con diversos medios de información, existen indicios de la utilización de recursos de procedencia ilícita en la adquisición de un lote, construcción de una nave industrial y venta de un inmueble ubicado en el Parque Tecnológico Innovación de Querétaro.

Estos actos, son una clara trasgresión a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual  establece la coordinación interinstitucional para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En particular, esta normativa señala como “actividad vulnerable” sujeta a investigación, “la construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes”.1

Para contar con un panorama general de las anomalías identificadas, en la adquisición del predio, la construcción de una nave industrial y venta del inmueble, basta señalar las siguientes:

• La  empresa Manhattan Master Plan Development que pagó 53.7 millones de pesos por el inmueble, fue dada de alta con un capital de 10 mil pesos por dos socios sin perfil empresarial, que dieron como domicilio fiscal un terreno baldío en la calle de Senda de Carruaje número 90, manzana 5, interior 20 en la colonia Milenio III  de la ciudad de Querétaro. Es decir, existen indicios de que se trata de una compañía o empresa fantasma.

• El 25 de agosto de 2016, de acuerdo con la escritura 61175 de la Notaría Pública 31 del estado de Querétaro, la empresa Manhattan Master Plan Development compró la nave industrial a Juniserra S. de R. L. de C.V, sin embargo, los representantes legales de dicha empresa, presentaron un documento del 5 de julio de 2016 en el que se hace constar como domicilio fiscal el lote 82 del Parque Tecnológico Innovación, es decir, el mismo en el que está la nave industrial cuando no era propiedad de Manhattan sino de Ricardo Anaya.2

• Presuntamente, Ricardo Anaya Cortés tenía conocimiento que para la compra-venta de  su nave industrial, se conformaría y utilizaría una red de empresas fachada para triangular los recursos por múltiples países como Canadá, Suiza y Gibraltar, además de otros paraísos fiscales a fin de “no dejar rastro” del origen de dichos presupuestos.

• Dos personas que declararon haber sido contratados para realizar actos fraudulentos para la adquisición de un terreno en el municipio del Marqués, aseguraron ser objeto de presiones y amenazas que atentan contra su integridad física, esto producto de hacer públicos estos actos.3

• No existe información precisa sobre el proceso de construcción de la nave industrial, entre ellas el costo final, los contratos con la empresa fabricante, los tiempos en su edificación y su susceptibilidad a ser deducible de impuestos, así mismo, no hay claridad de los créditos que dice Ricardo Anaya haber adquirido para su adquisición.

• Cabe señalar que desde la administración panista del ex-gobernador Francisco Garrido Patrón, la familia de Ricardo Anaya resultó beneficiada después de un proceso de enajenación de terrenos que les permitió comprar lotes, casas habitación y locales a costos bajos y después revenderlos en millones de pesos.

El estilo de vida de Ricardo Anaya Cortés y de su familia, no corresponde con sus ingresos y egresos dados a conocer en su declaración patrimonial, por el contrario, está documentado como durante los últimos 14 años su familia ha logrado hacerse de diversas propiedades al pasar de 6 inmuebles con un valor de 21.9 millones de pesos a 33, con un costo superior a los 308 millones de pesos.4

No es la primera ocasión en la que Ricardo Anaya Cortés, está vinculado con posibles desvíos de recursos públicos, actos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito, ejemplo de esta situación, son las denuncias del movimiento consenso ciudadano por Querétaro sobre la explotación de hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas comerciales.

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario que se realicen las investigaciones correspondientes sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos para la compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra S. de R. L. de C.V.” a la denominada “Manhattan Master Plan Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas trasgresiones a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los resultados de estas indagaciones, son indispensables para determinar el uso de recursos de procedencia ilícita en su modalidad de lavado de dinero, lo cual es un delito de acuerdo con nuestro entramado jurídico e institucional.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, amplíen sus investigaciones sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos para la compra-venta de una nave industrial por parte de la empresa “Juniserra S. de R. L. de C.V.” a la compañía “Manhattan Master Plan Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas trasgresiones a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Congreso de la Unión. (2012). Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 26/02/2018, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf

2 Horacio Jiménez y Misael Zavala. (2017). Manipulan datos en compra-venta de predio de Anaya. 26/02/2018, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/manipulan-datos-en-compra-venta-de-predio-de-anaya

3 Emir Olivares y Néstor Jiménez. (2018). Señalan a Anaya de triangular recursos con empresas fachada. 26/02/2018, de La Jornada Sitio web:
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/21/politica/003n1pol

4 Francisco Reséndiz. (2016). En números, el estilo de vida de Anaya en EU. 26/02/2018, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/3/en-numeros-el-estilo-de-vida-de-anaya-en-eu






De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a fin de informar los avances de la investigación del asunto “Odebrecht”, por el posible soborno a funcionarios de Pemex y otros posibles delitos en la asignación de contratos para esta empresa. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los Suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A FIN DE INFORMAR LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN DEL ASUNTO ODEBRECHT, POR EL POSIBLE SOBORNO A FUNCIONARIOS DE PEMEX Y OTROS POSIBLES DELITOS EN LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA ESTA EMPRESA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos meses, la actual administración volvió a ser noticia en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, en dichas publicaciones se sostiene, vergonzosamente, que el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa Odebrecht para obtener contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones realizadas por altos ex ejecutivos de la empresa ante la justicia brasileña.

El caso Odebrecht ha ocasionado que diferentes mandatarios en América del Sur hayan sido encarcelados, siendo México de los pocos países en los cuales aún no se ha realizado acción alguna en contra de quien resulte responsable.

Es preciso señalar que previo a la renuncia del ex titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, manifestó que se había concluido la investigación del caso de Odebrecht y que al momento de hacer el acta de entrega recepción se entregó entre otros asuntos el documento que versa sobre esta investigación al actual encargado de despacho, sin que a la fecha, este último haya dado a conocer las conclusiones y menos consignado a los responsables.

Además, existe un cúmulo de información detallada en diversos medios de comunicación, que pone en evidencia que la administración del señor Emilio Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos, durante el periodo diciembre 2012 a febrero 2016, estuvo plagada de irregularidades.

En este orden de ideas, no se puede dejar de señalar que Odebrecht obtuvo diversos contratos durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex, tales como la realización de diversas obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, así como en la refinería de Salamanca, siendo la más importante la obtención de la licitación del gasoducto Los Ramones II, un proyecto de infraestructura para el transporte de gas natural con un valor estimado de 935 millones de dólares.

Coincide con la confesión de diversos funcionarios de la empresa constructora, de acuerdo con la información citada en la sentencia de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, en la cual reconoce haber sobornado a “altos funcionarios” de Pemex.

Los innumerables escándalos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, han cimbrado al mundo entero, en más de 15 países se han iniciado investigaciones respecto a presuntos sobornos de la empresa a altos funcionarios.

Respecto a nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la empresa Odebrecht sobornó con más de 10 millones de dólares a altos funcionarios con el fin de obtener contratos de manera ilícita. A pesar de que la reacción inmediata de Pemex fue presentar una denuncia, en contra de quien resulte responsable, ante la Procuraduría General de la República por posibles actos delictivos en su contra, sin que a la fecha los mexicanos tengamos información suficiente para saber qué funcionarios públicos incurrieron directamente en actos de corrupción.

En el informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación afirma que se encontraron irregularidades en al menos dos contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht. El órgano fiscalizador expuso que, tras revisar uno de los contratos que tuvo por objeto el desarrollo de la primera fase del proyecto Conversión de Residuales de una refinería en Salamanca, Guanajuato, se encontró que la contratista consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto, que, a juicio de la ASF, representa un cargo injustificado por 822 mil 200 dólares. “Toda vez que dichos salarios no cuentan con el soporte documental para determinar su razonabilidad”, se detalla en la auditoría.

 En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró injustificado un gasto por 120,8 millones de pesos (unos 6 millones de dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo. En el informe se expone que durante una visita de verificación realizada el 8 de junio de 2016, se constató la subutilización del 95 por ciento del inmueble construido para la residencia de obra del proyecto en Tula.

Ante el escándalo internacional que representa Odebrecht, resulta crucial se investigue y se castigue a quien resulte responsable, además de ello, deberá aclararse el destino de los recursos utilizados en sobornos para funcionarios mexicanos para obtener contratos de obra pública y evitar a toda costa un caso más de impunidad.

El actual encargado de la Procuraduría General de la República está obligado a informar al país de la razón de su silencio, lentitud, indiferencia o encubrimiento de los responsables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República cita a comparecer al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a fin de informar los avances de la investigación del asunto de corrupción internacional en que ha resultado implicada la empresa Odebrecht, por el posible soborno a funcionarios de Pemex y otros posibles delitos en la asignación de contratos para esta empresa.

Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que conforme la Comisión Investigadora de los posibles actos de corrupción de funcionarios públicos relacionados con los contratos otorgados a la empresa Odebrecht.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender de manera pronta,  completa e imparcial las recomendaciones que se tienen en trámite, formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación con relación a la violencia política y los asesinatos de militantes partidistas; y se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a esclarecer los homicidios de dos precandidatas del PRD y el PRI en esa entidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días, el partido MORENA presentó su lista de candidatos al Senado de la República por el principio de representación proporcional, en la que destacan los nombres de Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado García, no por su trayectoria y sus logros, sino porque estos personajes tienen aún pendientes distintos procesos penales.

Nestora Salgado García fue detenida el 21 de agosto de 2013, bajo las imputaciones de secuestro agravado y recluida desde el 23 de agosto de 2013, bajo los cargos de secuestro, asociación delictuosa, robo y homicidio.

De acuerdo con una columna periodística publicada en el periódico la Razón,1 las averiguaciones previas y las carpetas de investigación en contra de Nestora Salgado García, que aún están pendientes por consignar: MOR/OLI/01/038/2018, por secuestro; DGCAP/136/2013, por secuestro; DGCAP/140/2013, por secuestro; DGCAP/157/2013, por secuestro; DGCAP/165/2013, por secuestro; MOR/OLI/01/043/2013, por privación de la libertad; MOR/OLI//045/2013, por privación de la libertad; y DGCAP/0212/2013, por secuestro.

En mayo de 2016, mediante comunicado de prensa la Fiscalía General del Estado de Guerrero manifestó que apelaría todos los asuntos, salvo en los casos en los que fidedignamente se acredite la no responsabilidad del inculpado, en consecuencia, cuando exista un absoluto reconocimiento de inocencia, tomando en consideración que la institución del Ministerio Público de la que es titular, es una institución de buena fe.2 Asimismo, detalló que deben ser los Magistrado los quienes resuelvan de manera definitiva su situación jurídica.

Es importante mencionar que Nestora Salgado García, pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del municipio de Olinalá en la región de la Montaña en el estado de Guerrero, y se le ha vinculado con la comisión de por lo menos 48 secuestros, entre jóvenes, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con los testimonios, asentados en expedientes de las víctimas que supuestamente cometieron faltas en la comunidad, eran detenidos y les exigían, para quedar en libertad, cuotas desde cinco hasta 50 mil pesos. Mientras juntaban el dinero, detallan los señalamientos, los obligaban a realizar trabajos en el campo, con jornadas de seis de la mañana a siete de la noche. Su pago eran tres cucharadas de frijoles y dos tortillas al día.

Por estos delitos estuvo detenida en el penal de alta seguridad de Tepic, en el estado de Nayarit. Teniendo como antecedentes más de 7 averiguaciones previas por secuestro y privación de la libertad, situación que no solo constituye una trasgresión a nuestro marco jurídico, sino que representa una violación a los derechos humanos de las personas retenidas contra su voluntad.

Existen grabaciones que la inculpan, en una de ellas se puede comprobar que Nestora Salgado García solicitaba a cambio de sus víctimas dinero en efectivo, al decirles… “Soy la comandante… y sólo llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar 5 mil pesos”.

Asimismo, los padres de familia de los jóvenes secuestrados afirmaron que una vez que pagaban los rescates y dejaba en libertad a las víctimas eran obligados a firmar un documento que decía que las niñas estaban fuera de su hogar porque se estaban reeducando, y se comprometían a no interponer ninguna demanda en contra de la Policía Comunitaria.

Si bien es cierto que ha sido exonerada, también lo es que aún siguen pendientes carpetas de investigación que deben ser esclarecidas. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, de celeridad a las carpetas de investigación que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado, por los presuntos delitos de secuestro y privación de la libertad.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que, en el ámbito de sus atribuciones de celeridad a las carpetas de investigación que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado García, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y privación de la libertad.

Tercero. El senado de la República exhorta al Poder Judicial del Estado Guerrero para que, en el ámbito de sus atribuciones agilice las contestaciones a las impugnaciones formuladas por la Fiscalía del Estado de Guerrero en contra de distintas resoluciones sobre los delitos de secuestro y privación de la libertad en las que presuntamente habría incurrido Nestora Salgado García.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 https://www.razon.com.mx/cassez-la-senadora-secuestradora/

2 http://fiscaliaguerrero.gob.mx/2016/05/05/comunicado-de-prensa-45/






De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre los límites de captura de atún aleta azul para los años 2017 y 2018; y se le exhorta para publicar la NOM-021-SAG/PESC-2016, para el aprovechamiento acuícola responsable del atún aleta azul. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuicultura.

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, , integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITE A LA SAGARPA INFORME SOBRE LOS LIMITES DE CAPTURA DE ATUN ALETA AZUL PARA LOS AÑOS 2017 Y 2018, Y LE EXHORTE PARA PUBLICAR LA NOM-021-SAG/PESC-2016, PARA EL APROVECHAMIENTO ACUICOLA RESPONSABLE DEL ATÚN ALETA AZUL, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pesca es una actividad económicamente importante para México. Con una extensión costera longitudinal superior a 11, 500 kilómetros y cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, nuestro país ocupa, según la FAO, la posición número 12 a nivel internacional por su producción pesquera y acuícola. Esta actividad ofrece seguridad alimentaria al país, genera empleo directos e indirectos para cerca de dos millones de personas, y resulta en insumos importantes para otras cadenas productivas.

Sin embargo, las condiciones actuales de sobre explotación, han puesto en riesgo a varias especies, como es el caso particular del atún aleta azul, también llamado atún rojo o cimarrón, considerado en peligro de extinción y del cual la Comisión Interamericana del Atún Tropical, señala que la biomasa de su población reproductora es históricamente baja.

Esta es una situación que, además de la afectación económica, pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas marinos.

En México, la captura del atún aleta azul se inició en una presentación enlatada para destinarlo al consumo nacional como un producto barato y con alto valor nutritivo.

Sin embargo, a partir de 1996, con el otorgamiento de la primera concesión para operaciones de engorda a través de maricultura, ahora este atún se destina básicamente a la exportación y satisface cerca del 20% de la demanda en el mercado japonés, fundamentalmente para elaborar sashimi, un platillo tradicional en el que se disponen rebanadas de carne cruda de pescado con requerimientos específicos de frescura, textura y sabor, que se considera, solo ofrece el atún aleta azul.

La importancia de la pesca atunera en México es significativa, pues, en volumen, es la segunda producción después de la sardina y, en valor, la segunda después del camarón; Sin embargo, la captura del atún de aleta azul solo representa entre el 1% y el 9% del total, muy por debajo de la captura del atún de aleta amarilla que representa entre el 68% al 92% o del atún patudo que representa entre el 10% y 23% de la captura, siendo Sinaloa, Baja California y Colima los estados que más lo explotan.

Sin duda, este escenario de sobreexplotación, requiere la aplicación de medidas responsables, la adopción de planes de manejo sustentables y la concientización de la población sobre los riesgos que conlleva la pérdida de biodiversidad. Pero, sobre todo, su administración y manejo, requiere de cooperación internacional ya que los túnidos son una especie altamente migratoria.

Reconociendo esta particularidad, la comunidad internacional realiza esfuerzo de conservación, regulación y ordenación de los atunes y especies afines, a través de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs).

En este sentido, el 4 de junio de 1999, México se adhirió a la Convención para el establecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que establece que sus Recomendaciones son vinculantes para los países miembros y, en caso de no ceñirse a ellas, podrán ser objeto de represalias económicas.

Así, la CIAT es la organización internacional que se encarga de la conservación y el uso sostenible a largo plazo de las poblaciones de atunes y especies afines, por embarcaciones que pescan este tipo de atún en el Océano Pacífico Oriental. Además de México, son miembros de esta organización El Salvador, Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, Panamá, China, Francia, Perú, Colombia, Guatemala, Corea, Japón, Unión Europea, Costa Rica, Kiribati, Vanuatu Ecuador, Belice y Venezuela.

La Convención evalúa sistemas de monitoreo, promueve observadores en los buques, recopila datos en pesquerías y buques para impulsar investigaciones e identificar déficits, hace estimaciones sobre la estructura poblacional de las especies, recomienda vedas y cuotas de captura, con el propósito de lograr un manejo sostenible y conservación de las especies.

Acatando las resoluciones emitidas por la CIAT y bajo el argumento de disminuir temporalmente la mortalidad por pesca y mantener las poblaciones de las especies de atún en niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible, México, desde 2001 ha emitido de manera ininterrumpida, Acuerdos de veda temporal para la pesca comercial de atún aleta amarilla, atún patudo, atún aleta azul y barrilete en aguas de jurisdicción federal en el Océano Pacífico y que embarcaciones con bandera mexicana capturen esas especies en altamar o en áreas de jurisdicción extranjeras que regule la Comisión interamericana del atún tropical.

De igual modo, desde 2013, y también de manera ininterrumpida se han publicado, en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdos donde se establecen límites de captura de atún aleta azul, acatando las recomendaciones de la CIAT, a fin de que la explotación de dicha especie se lleve a cabo de una manera sustentable, cumpliéndose hasta entonces con dichos límites de captura.

Al respecto, para los años 2017-2018, se estableció un límite de captura de 6, 000 toneladas en los dos años, previéndose que en caso de que en 2017 se capturaran más de 3, 000 toneladas, debería hacerse el ajuste para 2018, a fin de no sobre pasar el límite fijado.

Sin embargo, no se tiene el dato definitivo de la captura total para el año 2017 y solo se tienen datos preliminares, que señalan que se sobrepaso la cuota establecida, con lo que no se ofrece certeza sobre la captura permitida para 2018.

Al respecto, la COFEMER, en el Archivo Regulación.- 20180216125911_44646_ Justificación I CUOTA DE ATUN AZUL, señala que “los datos preliminares de los avisos de arribo de las oficinas de pesca, establecen que para el atún aleta azul en 2017 se capturaron 3,650.5 toneladas con un valor de $22, 928.00 pesos la tonelada, lo que da un total de $83,699,884.80 para el año 2017, sin embargo debido a que la cuota de captura asignada por un organismo internacional que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), sólo permitía capturar 6,000 toneladas en dos años, 3,000 para el 2017 y 3000 para el 2018. Debido a que las embarcaciones rebasaron la cuota de captura por 650.5 toneladas que equivale a $20, 945,836.00 el costo total que asumirían para el año 2018 de acuerdo a la cuota de captura que establece el presente Acuerdo de 2349.5 toneladas, en aras de cumplir con las recomendaciones de la CIAT y para mantener una asignación de cuota de captura para los años futuros. En consecuencia de no respetar las Recomendaciones a la cuota de captura definida a nivel internacional, el estado de conservación del Atún Aleta Azul estaría comprometiendo a las poblaciones que migran en el Océano Pacífico Oriental, corriendo el riesgo de que la población disminuya y se pierda hasta el 60% de la producción.”

Por otra parte y a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIAT, también se han publicado Normas Oficiales Mexicanas para regular la pesca del atún aleta azul, como la  NOM.001-SAG/PESC-2013, pesca responsable de túnidos, especificaciones para  las operaciones de pesca con red de cerco, que  establece  el procedimiento  para la captura  de atunes en su fase inicial; y la  N0M-062- SAG/PESC-2015, para regular el  aprovechamiento  de  las  especies de  túnidos  con embarcaciones vareras en aguas de jurisdicción federal, que establece  el procedimiento para determinar las  épocas  y zonas de veda para la captura  de las diferentes especies  de la flora  y fauna acuáticas.

No obstante lo anterior, las NOM´s publicadas no prevén el procedimiento de traslado y captura de atún aleta azul para su engorda a través de jaulas y que, como lo señale anteriormente, es una de las principales actividades cuyo destino es la exportación hacia Japón.

Al respecto, el 01 de febrero de 2017, se publicó, para su consulta, el ANTEPROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-SAG/PESC-2016, especificaciones para el aprovechamiento acuícola responsable de atún aleta azul (Thunnus orientalis), en jaulas flotantes en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos.

Entre otros aspectos, esta NOM establece los términos y acondiciones para el aprovechamiento acuícola responsable de atún aleta azul en jaulas flotantes en aguas de la jurisdicción federal; define las características de las jaulas de cultivo; establece la talla mínima de captura de organismos juveniles; y determina   la talla mínima que deben poseer los ejemplares para poder cosecharlos.

Es evidente, que se requiere la instrumentación de medidas integrales que abarquen todas las actividades y fases para lograr una explotación sustentable del atún aleta azul y que por tanto la publicación de esta norma es fundamental para logar este propósito.

Sin embargo, a pesar de que la NOM-021-SAG/PESC-2016 ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor, permaneciendo el vacío legal que permite la sobreexplotación del atún aleta azul y alienta la captura de ejemplares juveniles.

Por lo anterior, someto a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dé a conocer la cifra definitiva de captura de atún aleta azul en el año 2017 y, en caso de sobrepasar la cuota de 3, 000 toneladas, informe sobre las medidas que se instrumentaran para el año 2018, a fin de dar cumplimiento al límite de captura establecido en el “ACUERDO por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de atún aleta azul (Thunnus orientalis) en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Océano Pacífico y en aguas marinas que se  encuentran en el área de regulación de la Comisión Interamericana del atún tropical para los años 2017 y 2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2017.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar a la brevedad, en el Diario Oficial de la Federación, para su entra en vigor, la “Norma Oficial Mexicana NOM-021-SAG/PESC-2016, Especificaciones para el aprovechamiento acuícola responsable de atún aleta azul (Thunnus orientalis), en jaulas flotantes en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Océano Pacífico.”

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones realizadas en el caso del migrante morelense Rubén Gerardo Galindo Chávez, quien falleció abatido por la policía de Charlotte, Mecklenburg, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La que suscribe, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL CASO DEL MIGRANTE MORELENSE RUBEN GERARDO GALINDO CHÁVEZ, QUIEN FALLECIÓ ABATIDO POR LA POLICÍA DE CHARLOTTE, MECKLENBURG EN EL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La relación con Estados Unidos sigue siendo relevante pero cada vez se vuelve más compleja, cada día nos enfrentamos a un reto en materia de política exterior, con motivo del distanciamiento que el depositario del poder ejecutivo estadounidense ha tenido con el sur y su inconformidad con las instituciones creadas por la propia comunidad internacional, para beneficio de la población, especialmente migrante.

En un mundo que enfrenta problemáticas y fenómenos que trascienden fronteras, es importante conservar instituciones que favorezcan la cultura, la educación, la protección y, sobretodo, la asistencia consular a nuestros connacionales migrantes, que han salido de México en busca de mejores oportunidades para sí y sus familias y que de manera indirecta contribuyen al desarrollo de nuestro país, de manera que se les pueda garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.

La difícil situación de nuestros connacionales, principalmente de quienes aún no cuentan con documentación que acredite su estancia legal en el país es un problema histórico, pero en la actualidad se ha complicado en virtud de las políticas anti migrantes, fundamentalmente racistas y xenófobas de su actual presidente, limitando el respeto de los derechos más mínimos que les corresponden por el simple hecho de ser humanos.

El pasado 6 de septiembre, un joven de 29 años, originario del Coatetelco del municipio de Miacatlán, Morelos; enfrentó la más grave e irreparable vulneración a sus derechos humanos, ya que perdió la vida a manos de la policía de la Ciudad de Charlotte en el condado de Mecklenburg, dejando sin amparo a la concubina de la víctima y a su menor hija. El sitio de internet, denominado “Mundo Hispánico” publicó algunos detalles sobre las grabaciones difundidas por la central de emergencias 911 de Estados Unidos de América, que contienen el momento en que Ruben Galindo fue abatido por la policía al negarse a seguir las instrucciones para la entrega de un arma de fuego.

Se trata en total de nueve audios, que duran en total 58 minutos, y que registraron lo sucedido la noche del seis de septiembre, cuando Rubén Galindo Chávez, mexicano de 29 años, murió baleado por los oficiales Courtney Suggs y David Guerra afuera de su apartamento en el complejo de vivienda Hunters Pointe, al noreste de Charlotte. En las grabaciones se escucha cuando el hombre insistió en que la pistola que tenía en sus manos no estaba cargada. De acuerdo con la policía de Charlotte, Mecklenburg, los oficiales fueron al lugar alertados por una llamada del propio Galindo, quien dijo que tenía un arma y que presuntamente quería entregarla. Al llegar al lugar, los policías dijeron que el hombre tenía todavía el arma en su poder y que le dieron [múltiples órdenes verbales] para que la arrojara, pero que éste no obedeció y los policías dispararon al sentir [una amenaza letal inminente].”1 En la misma nota, se revela que la policía admitió que el arma no tenía balas, pero que a pesar de ello tenían que actuar ante una situación de riesgo al ver que Rubén Galindo no había cedido a soltar el arma.

La nota publicada es la única información que se conocía y solo por un sector pequeño de la sociedad, hasta que los padres de Rubén Galindo buscaron ayuda para exigir que las autoridades intervengan en el caso de su hijo, se esclarezca y se sancione a los responsables de su muerte. De esta forma, Román Galindo de los Santos y Elia Chávez García autorizan la representación de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos que junto con sus representantes manifestaron en una rueda de prensa que las autoridades de Estados Unidos mantienen el proceso abierto pero que no hay avances para proceder contra los policías que dispararon a su hijo, quien se había rendido ante la policía, según los videos que también se hicieron públicos en la red social de YouTube.2

Aunado a lo anterior, los integrantes de dicha Confederación dirigieron a la suscrita un escrito para solicitar que el Senado de la República intervenga en el esclarecimiento de los hechos, así como para solicitar el apoyo de las autoridades mexicanas a los familiares de la víctima.

En el escrito refieren que Rubén Gerardo Galindo Chávez, emigra a Charlotte Mecklenburg, Carolina del Norte a la edad de 20 años para trabar en el ramo de construcción y mantenimiento a los jardines, en ese lugar forma una familia y se mantiene 9 años hasta que con fecha 6 de septiembre de 2017, Rubén Gerardo realiza una llamada al  911 con la intención de entregar un arma de fuego, misma que compró para enviarla a su padre a Miacatlán, Morelos; como un instrumento de defensa en contra de la inseguridad que ha proliferado en la entidad, pero al darse cuenta de los impedimentos y consecuencias legales y al no poder  recuperar el monto económico pagado por el arma, decidió entregarla a las autoridades correspondientes.

Así mismo, los representantes de la Confederación refieren que al momento de que Rubén Galindo se encontraba enlazado vía telefónica con la operadora del 911, llegaron los policías quienes le ordenaron salir y levantar las manos, pero en  total estado de indefensión los policías actuaron en contra de Rubén, quien no representaba amenaza inminente y tampoco representaba un riesgo  que pusiera en peligro la vida de los agentes, contrario a lo que se desprende de la Declaración de Hechos Relevantes emitido por el Departamento de Policía de Charlotte, Mecklenburg en Carolina del Norte, mismo que se hizo del conocimiento de la suscrita a través de la Confederación en comento.

Sin duda, la pérdida de la vida de un ser humano a manos de otro resulta estremecedor, con independencia de los motivos que impulsen ejecutar el acto, máxime si se presume que la víctima se encuentra en mayor desventaja, rendida ante una autoridad a la que le solicitó su ayuda, por ello es necesario que se aclaren los hechos y que se sancione a quienes resulten responsables. Nuestro país cuenta con una amplia red de representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país, cuyas oficinas realizan funciones de carácter permanente, entre las que se encuentran la de proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, es decir, que se localicen en el territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de sus funciones en términos de los dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento y de las políticas que ha adoptado el Gobierno de la República en materia de defensa de nuestros migrantes en Estados Unidos de América, que han reforzado su protección desde la entrada del Presidente de ese país, Donald Trump.

En ese sentido, el Consulado General de México en Raleigh tiene jurisdicción en Carolina del Norte y Carolina del Sur, por lo que le corresponde atender los asuntos en Charlotte, Mecklenburg en Carolina del Norte, en relación con los derechos de nuestros connacionales, así como mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la condición en que se encuentran los mexicanos en su circunscripción, particularmente en los casos en que proceda una protección especial, según lo que establece el artículo 12 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 74 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Por ello, es que se considera procedente solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el informe de las acciones realizadas por el Consulado General en relación con los hechos descritos.

En consecuencia, se somete a consideración del pleno del Senado de la República la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que remita un informe sobre las acciones realizadas por el Consulado General de de México en Raleigh respecto al fallecimiento de Rubén Gerardo Galindo Chávez, el 6 de septiembre de 2017 derivado de los disparos de arma de fuego efectuados por la policía de Charlotte, Mecklenburg en el estado de Carolina del Norte.

SEGUNDO.-  El Senado de la República realiza atento exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que por su conducto se brinde la atención correspondiente a los familiares de la víctima, evitando su revictimización. 

Dado en el recinto del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.

1 Mundo Hispánico:
https://mundohispanico.com/ciudades/no-tengo-balas-dijo-varias-veces-el-hispano-que-fue-abatido
-por-dos-policias-de-charlotte-audio consulta de fecha 22 de febrero de 2018.

2 YouTube, “Rueben Galindo shot dead by police with his hands raised. Warning: (Extremely Graphic Violence)”
https://www.youtube.com/watch?v=HBg8Ap0-XMQ






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender la preocupante situación que guarda la población solicitante de refugio, con el propósito de darle respuesta pronta y con sentido humanitario, contribuyendo así a su inclusión y al ejercicio pleno de sus derechos. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y ASUNTOS RELIGIOSOS, ATIENDA LA PREOCUPANTE SITUACIÓN QUE GUARDA LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE REFUGIO, CON EL PROPÓSITO DE DARLE RESPUESTA PRONTA Y CON SENTIDO HUMANITARIO CONTRIBUYENDO ASÍ A SU INCLUSIÓN Y AL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) solo atendió cera del 40 por ciento de la peticiones de refugio iniciadas en 2017. Que “De las 14 mil 596 solicitudes iniciadas durante el 2017 por la COMAR, cerca del 60 por ciento no han sido atendidas” y 7 mil 719 sin resolución, la COMAR cuenta con un rezago cercano al 60 por ciento de los procedimientos iniciados a nivel nacional.

Asimismo, de acuerdo con la directora general de Sin Fronteras, señala que Comar tiene rezagos desde el año 2011. En relación a la crisis económica y de violencia, en el llamado Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) una de las principales zonas que

Cabe señalar que a raíz del sismo ocurrido en septiembre del año pasado, la sede de la colonia Juárez en la Ciudad de México, resultó con daños lo que provocó un rezago en la atención a las solicitudes de asilo, fue hasta a diciembre cuando se reanudaron las solicitudes presentadas en marzo, con lo que aumenta el rezago acumulado.

Derivado de ello, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ofreció apoyo a las autoridades y suscribió un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para ampliar el personal en la COMAR.

No obstante, conforme a cifras de la COMAR, en el año de 2013, se recibieron 1,296 solicitudes, de las cuales 533 fueron negadas, 176 personas abandonaron su petición y 275 personas se desistieron debido a que el trámite resulta ser demasiado tardado e incluso lo llevan dentro de una estación migratoria.

Para 2014, se ingresaron 2,137 solicitudes, de las cuales 835 fueron negadas; 389 abandonaron el trámite y 378 personas se desistieron.

En 2015, la cifra se disparó a 3,423 solicitantes de los cuales 1,302 no fueron reconocidos, es decir una de cada tres personas no obtuvo el amparo del Estado mexicano; 668 abandonaron su acción y 361 personas se desistieron.

Por lo que refiere a las solicitudes de refugio en nuestro país, en el 2016 se tenían registradas 3486, de las cuales a 2 317 se les concluyó un procedimiento, otorgándoles dicha calidad a 1207, dándoles protección complementaria a 233 y quedaron pendientes 165, para el tema de menores no acompañados, 95 solicitudes fueron recibidas, reconociendo solo a 48.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos  que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Que conforme al segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales.

IV.- Que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político,  la Secretaría de Gobernación analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, atienda la preocupante situación que guarda la población solicitante de refugio, con el propósito de darle respuesta pronta y con sentido humanitario contribuyendo así a su inclusión y al ejercicio pleno de sus derechos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que, a través de su Comité de Elegibilidad, adopte las medidas necesarias de operatividad y atención para que se agilice el trámite de las   solicitudes de refugio, con el propósito de evitar un grave rezago en las peticiones y con ello brindar certeza y seguridad jurídica a aquellas personas que ingresaron su solicitud.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las elecciones federales del año 2012 que renovaron al Congreso de la Unión y mediante las cuales se eligió al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, estuvieron llenas de inconsistencias e irregularidades. Al igual que en otros procesos electorales, el respeto a la Ley no se observó, y diversos actores políticos pasaron por alto la normatividad electoral con la finalidad de lograr a toda costa “ganar” las elecciones.

Antes, durante y después de las elecciones en comento, distintos actores políticos denunciaron ante el entonces Instituto Federal Electoral una serie de irregularidades relacionadas con la entrega ilegal de recursos públicos, despensas, así como “intimidación de funcionarios de casilla, violación al secreto del voto y rebase de topes de campaña”.1 Sin embargo, una de las conductas que más molestó a la ciudadanía fue la entrega de tarjetas de prepago de la financiera Monex; de esa acusación se “encontró que la Coalición “Compromiso por México”, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que postuló al ahora presidente Enrique Peña Nieto, gastó 50.5 millones de pesos (mdp) a través de las tarjetas citadas en la campaña electoral”.2

Sin embargo, aquella acción permitió establecer otras líneas de investigación respecto del uso ilegal de recursos públicos, ya que a partir de los indicios recabados la autoridad electoral logró identificar elementos que dieron origen a nuevas indagatorias, esto después de haber entrevistado a “representantes de casilla, en noviembre del mismo 2012, que el órgano fiscalizador del entonces IFE dio con los testimonios de Raúl y Nabor García, ambos militantes priistas de Veracruz, quienes aceptaron haber recibido pagos de dos mil pesos cada uno por su labor el día de la elección, pero no a través de tarjetas Monex, sino a través de tarjetas prepagadas de Bancomer.”3

En este sentido, desde el año 2013, la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral continuó con las investigaciones acerca de este modus operandi para la entrega de dinero a representantes de casilla, un acto contrario a la Ley. En la búsqueda de más elementos relacionados con aquellas declaraciones, la autoridad electoral “halló ocho tarjetas contratadas con Bancomer por la empresa Logística, Estratégica ASISMEX, SA de CV, misma que en el periodo electoral recibió depósitos por 1,394 millones de pesos”.4

A pesar de que las denuncias por la entrega ilegal de recursos fueron presentadas desde hace cinco años, apenas el pasado 10 de enero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer “un nuevo esquema de financiamiento ilícito, que funciona a través de empresas fantasma que realiza pagos ocultos a todos los partidos, pero principalmente al PRI, que entonces postuló como candidato presidencial a Enrique Peña Nieto”.5

De acuerdo con la información dada a conocer mediante la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, identificado con la clave de expediente Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP- 80/13 y Q-UFRPP 81/13; se observó la manera de operar el manejo de los recursos, la cual fue mediante depósitos a personas que participaron en las elecciones, en donde una compañía fachada transfirió el dinero a tarjetas Bancomer, y por la cual el órgano autónomo impuso multas millonarias a todas las fuerzas políticas, para ello la “Unidad de Fiscalización cruzó la base de datos entregada por Bancomer con su registro de representantes de casilla acreditados para la jornada electoral de 2012 y encontró coincidencia en 7 mil 311 casos, entre los que se repartieron 18 millones 441 mil pesos.”6

De esa cantidad la gran mayoría de personas, es decir, 5 mil 613 resultaron ser representantes de la coalición PRI-Partido Verde que abanderaba a Enrique Peña Nieto, a los que se les depositó un total de 15 millones 152 mil pesos. Mediante la entrega de dichas tarjetas, el órgano fiscalizador logró identificar que recibieron depósitos cuatro días antes de la jornada electoral del 1 de julio de 2012, y no fueron los únicos, pues el INE detectó que ese mismo día ASISMEX dispersó un total de 63.5 millones de pesos.7

Aunque la autoridad electoral detectó irregularidades similares en los otros partidos contendientes en el proceso electoral de 2012, destacan los señalamientos en contra de los partidos que integraron la coalición “Compromiso por México” ya que no es la primera ocasión en que ha sido señalada por entregar recursos de manera ilegal, si bien tanto el Instituto Federal Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que en el caso Monex, no hubo “destino ilícito de los recursos, debido a que no se acreditó que estas se hubieran utilizado para compra y coacción del voto durante las campañas electorales de ese año”,8 para la opinión dicha resolución no fue contundente y dejó la sospecha de que existió un uso ilegal de recursos.

De esta manera la resolución del INE determinó sancionar a la Coalición Compromiso por México, imponiendo al Partido Revolucionario Institucional una reducción de ministración de hasta el 50% del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la cantidad de $29,340,004.00 (veintinueve millones trescientos cuarenta mil cuatro pesos 00/100 M.N). Mientras que al Partido Verde Ecologista de México una reducción de ministración de hasta el 50% del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la cantidad de $964,000.00 (novecientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N).9

Asimismo, se determinó hacer del conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que investiguen todas las anomalías encontradas en este caso, conforme a sus atribuciones y competencias.

Si bien los Consejeros Electorales han declarado que este caso no se ha dado por concluido, es necesario que las autoridades encargadas de sancionar este tipo de conductas actúen de manera eficiente con estricto apego a la Ley, sobre todo en medio del proceso electoral federal en curso, el cual es considerado como el más complejo de la historia, en razón del número de representantes que serán elegidos en la próxima jornada electoral.

En este sentido el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objeto de que, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera identifique las conductas que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de las resoluciones del INE y coadyuve con las autoridades competentes en su investigación. Asimismo, se propone exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que en el ámbito de sus atribuciones, proceda de oficio con el inicio de las investigaciones, o bien fortalezcas las existentes, respecto de la posible comisión de delitos en materia electoral que resulten de la resolución del Instituto Nacional Electoral.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera identifique las conductas que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13, así como a coadyuvar con las autoridades competentes en su investigación.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie o fortalezca las investigaciones conducentes respecto de la posible comisión de delitos en materia electoral que resulten de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Camacho Fernando. “Hubo irregularidades que afectan 30% de la votación: Alianza Cívica”, La Jornada, [en línea], consultado 23/02/18 disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/05/politica/008n2pol

2 CNN Expansión. “PRI-MONEX, NEGOCIOS TRIANGULADOS”, [en línea], consultado 23/02/2018, disponible en:
https://expansion.mx/negocios/2013/01/21/el-pri-triangulo-relacion-con-monex

3 Igartúa, Santiago. “El INE revela trama ilegal de entrega de recursos durante campaña de Peña en 2012”, Proceso, [en línea], consultado 23/02/2018, disponible en:
http://www.proceso.com.mx/518046/el-ine-revela-trama-ilegal-de-entrega-de-recursos-durante
-campana-de-pena-en-2012

4 Expansión, Op. Cit.

5 “Una nueva trama de financiamiento ilegal mancha las elecciones de 2012”, ADN político, [en línea], consultado 23/02/2018, disponible en:
http://adnpolitico.com/politica/2018/01/10/una-nueva-trama-de-financiamiento-ilegal-mancha-las-elecciones-de-2012

6 Igartúa, Op. Cit.

7 Ídem.

8 Notimex, “No hubo compra de votos con tarjetas Monex, determina el Tribunal Electoral dos años después”, Animal Político, [en línea], consultado 23/02/2018, disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2015/02/dos-anos-despues-el-tribunal-electoral-concluye-el-
pri-compro-votos-con-monex/

9 Instituto Nacional Electoral, “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE Q-UFRPP 324/12 Y SUS ACUMULADOS P-UFRPP- 80/13 Y Q-UFRPP 81/13”, [en línea], consultado 23/02/2018, disponible en:
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94411/CGex201801-10-rp-
1-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y






De la Senadora  Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a extender la vigencia del Programa “Solución Total” para los créditos hipotecarios adquiridos de 1987 a 1997 e incluir al mismo programa a los derechohabientes que hayan adquirido créditos hipotecarios de 1998 a 2011. Se turna a la Comisión de Vivienda.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 32 gobiernos estatales y congresos locales a realizar las acciones pertinentes para regular el maltrato y la crueldad animal en sus entidades. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS 32 GOBIERNOS ESTATALES Y CONGRESOS LOCALES,  PARA QUE A MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REGULAR EL MALTRATO Y LA CRUELDAD ANIMAL EN SUS ENTIDADES, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El maltrato animal es una conducta inhumana realizada por una o varias personas con el fin de causar sufrimiento, estrés e incluso la muerte de estos seres vivos.

Psicólogos y expertos consideran este tipo de acciones como el comienzo de la violencia social. Estudios demuestran que los asesinos tienen algún precedente de maltrato animal en su infancia.1

El maltrato animal, independientemente que estos sean de compañía, de consumo humano, en cautiverio, utilizados en espectáculos, silvestres o se encuentren en peligro de extinción, no solo debe entenderse como el daño físico, sino también como el abandono, el no tenerlos en buenas condiciones de salud, mantenerlos atados o en un espacio reducido por mucho tiempo, privarlos de la alimentación o de la vida.

La salud integral de los animales es un asunto de interés social y las estrategias para conseguirla deben ser aplicadas cabalmente o, en su caso, ser creadas para lograr la conservación responsable de estas especies.

El respeto por el bienestar de los animales de compañía, específicamente, se ha convertido en una demanda ciudadana que va en aumento, porque como bien decía Benito Juárez: “la protección de los animales forma parte esencial de la moral y cultura de los pueblos civilizados”.

Para alcanzar este fin, legislaciones en algunas naciones establecen penas de cárcel o costosas multas por maltrato animal, así como prohibiciones, tales como sacrificar animales. Asimismo, hay países en los que se regula mediante leyes la adopción.2

En nuestro país existen Normas Oficiales Mexicanas, la Ley Federal de Sanidad Animal, así como Leyes de Protección a los Animales locales, cuyo principal objetivo es proteger sus derechos, muchas entidades federativas cuentan con disposiciones normativas aplicables, sin embargo, en muchos estados no se cuenta con un marco jurídico que regule estos actos.

Podemos observar esta problemática de manera cotidiana, ya que existe un gran número de animales de compañía que deambulan en las calles, mismos que son llevados a los centros antirrábicos en donde son sacrificados de forma cruel, por personas que no cuentan con la capacitación necesaria, así como de instrumentos adecuados para llevar a cabo el procedimiento de forma digna y sin dolor. Sin olvidar que en muchos de estos lugares los animales son reproducidos sin control para fines de lucro, lo que constituye una explotación.

De acuerdo con cifras oficiales de grupos defensores y protectores de animales, cada año millones de ellos mueren a consecuencia del maltrato. Tan sólo en México se reportan 60 mil muertes al año.3

Para acabar con estas cifras, nos encontramos con Asociaciones Protectoras de Animales en México (APASDEM), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano de la capital, la Brigada de Vigilancia Animal que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y LOCATEL. Cada uno con sus facultades y procedimientos de actuación.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), de acuerdo con la Ley de Protección a los Animales del D.F., está facultada para tratar casos de maltrato animal en respuesta a una denuncia ciudadana.4

Los hechos que pueden denunciarse ante la PAOT comprenden: hacinamiento de animales; actos de crueldad, maltrato y muerte; criaderos clandestinos; uso de animales en protestas, marchas, plantones y concursos de televisión; venta de animales en la vía pública; comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o vendas; celebración de peleas entre animales; sacrificio de animales (ritos y usos tradicionales).5

En ese sentido, tenemos también la Brigada de Vigilancia Animal, de la SSPDF, constituida como parte de un programa preventivo creado en 2005, ya que de acuerdo con estadísticas de la SSPDF, un 87 por ciento de criminales en potencia han maltratado a un animal.6

En México no hay todavía una ley federal que regule el maltrato animal y menos que lo sancione. Sólo en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó castigar el maltrato y la crueldad animal. Asimismo, podemos destacar el caso de Durango, entidad que establece sanciones por maltrato animal de hasta cuatro años de prisión.7

Durante este año se han presentado más denuncias de maltrato animal en la Ciudad de México que en los cuatro anteriores, de acuerdo con estadísticas de la PAOT. Desde 2012 hasta el 22 de noviembre de 2017, se han abierto 4 mil 30 expedientes por maltrato animal, mil 197 de ellas en 2017.8

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 32 entidades federativas para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, informen a esta Soberanía las acciones y difusión que llevan a cabo para evitar el maltrato y crueldad animal en sus entidades.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a los Congresos Locales de las 32 entidades federativas para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, consideren legislar para sancionar el maltrato y crueldad animal con el fin de erradicarlo en sus estados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 El maltrato animal desde un punto de vista criminológico, por Laura de Santiago Fernández. Disponible en:
https://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/animales-y-violencia/item/2605-el-maltrato
-animal-desde-un-punto-de-vista-criminol%C3%B3gico

2 Conozca en qué países es penado el maltrato animal. Disponible en:
https://www.telesurtv.net/news/Conozca-en-que-paises-es-penado-el-maltrato-animal-20160312-0004.html

3 En México 60 mil animales mueren al año por maltrato. Animal Político, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2014/05/en-mexico-60-mil-animales-mueren-al-ano-por-maltrato/

4 LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL:
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r490102.htm

5 ¿Cómo y dónde se denuncia el maltrato animal en el D.F? Disponible en:
http://www.sinembargo.mx/14-07-2015/1412799

6 Inidem, ¿Cómo y dónde se denuncia el maltrato animal en el D.F? Disponible en:
http://www.sinembargo.mx/14-07-2015/1412799

7 Establecen sanciones por maltrato animal. Disponible en:
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CODIGO%20PENAL%20(NUEVO).pdf

8 Iztapalapa, la delegación con más denuncias por maltrato animal. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iztapalapa-la-delegacion-con-mas-denuncias-por-maltrato-animal






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar qué ha pasado con las denuncias que se debieron haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos públicos durante la gestión del C. José Antonio Meade Kuribreña al frente de la Secretaría de Desarrollo Social; y a la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8, numeral 1, Fracción II, 95, 108, 109, 110 y demás relativos, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2015 Y 2016, A QUE INFORME AL SENADO DE LA REPÚBLICA Y A LA CIUDADANÍA, QUÉ HA PASADO CON LAS DENUNCIAS QUE SE DEBIERON HABER PRESENTADO CON MOTIVO DEL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS, DURANTE LA GESTIÓN DEL C. JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA,  AL FRENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL; Y, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE INFORME CUÁL HA SIDO SU ACTUACIÓN EN ESTE ASUNTO. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En cumplimiento de los trabajos de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública, se presentan anualmente, informes de auditoría ante la Cámara de Diputados. Dichos informes se refieren a los procesos normales de revisión que lleva a cabo la ASF.

En ese contexto, en el Informe de revisión a la Cuenta Pública 2015 presentada por la ASF, se encontraron presuntos desvíos de recursos públicos en la SEDESOL, presuntamente durante la gestión del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

Hace unos días se presentó el informe de la revisión de la Cuenta Pública por parte de la ASF. Los voceros de Meade han hecho lo imposible por evitar que se hable de dicho informe. No es casualidad que el día en que se presentó el informe, empezaron los ataques a los opositores. No es casual que se inventen cortinas de humo porque lo que en realidad quieren los priistas, es que no se conozcan los resultados del Órgano Fiscalizador.

A continuación referiremos los casos de daño patrimonial detectados por la ASF en la SEDESOL.

Universidad Politécnica de Chiapas.

José Antonio Meade, fue Secretario de Desarrollo Social del 28 de agosto del 2015 al 6 de septiembre de 2016. El 29 de septiembre de 2015 la SEDESOL pagó 400 millones de pesos a favor de la Universidad Politécnica de Chiapas para la supuesta prestación de servicios. Sin embargo, en el informe de resultados correspondiente a la auditoria de la Cuenta Pública 2015, la SEDESOL no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por esa Universidad.

El informe de la ASF dice textualmente que presume un probable daño o perjuicio patrimonial por 400 millones de pesos al haber subcontratado la Universidad a empresas que no han demostrado la realización de los trabajos o servicios. Nos encontramos ante un esquema igual al de la “Estafa Maestra”.

Daño patrimonial, falsificación y sustracción de documentos públicos en convenios con Universidades.

En 2015, la SEDESOL firmó Convenios por 611 millones de pesos con las Universidades de Netzahualcóyotl, la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México.

Estos convenios también fueron señalados por la ASF en el informe de la Cuenta Pública por la simulación de servicios, en un esquema como el de la “Estafa Maestra”.

Los tres convenios fueron falsificados y modificados, fuera de las formas legales, para ajustar la fecha de terminación de los convenios al 31 de agosto, en lugar del 30 de noviembre de 2015, fecha previa al ingreso de Meade a la SEDESOL. La falsificación se descubrió en la investigación realizada por la ASF en donde encontró que en los Convenios que tenían las Universidades no correspondían con las fechas de los ejemplares que poseía la SEDESOL. Por si fuera poco, se tuvo que pagar 62 millones de pesos adicionales.

Universidad de Zacatecas.

En el 2016, también se encontró el esquema de la “Estafa Maestra”, al firmar la SEDESOL, un contrato con la Universidad de Zacatecas por un monto de 70 millones de pesos, en donde tampoco se pueden comprobar los presuntos servicios prestados.

Los Senadores de Acción Nacional, estamos convencidos que el PRI está montando una comedia para encubrir y distraer la atención de la opinión pública, para que los desvíos de recursos en la SEDESOL, en contexto de la “Estafa Maestra” y en 2016.

Todos los mexicanos merecemos conocer la verdad acerca de la manera en que dicha dependencia, utilizó los recursos públicos que estaban a su cargo.

Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la información que posee, para evitar que presunto desvío de recursos que ellos detectaron, quede impune una vez más.

La Procuraduría General de la República también debe rendir cuentas, en el contexto del debido proceso, de las investigaciones que debió haber iniciado por el presunto desvío de recursos públicos. Sí no lo ha hecho, también debe informar por qué no ha cumplido con sus funciones como persecutora de delitos.

Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, con carácter de URGENTE RESOLUCIÓN, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a que informe a esta Soberanía, qué ha pasado con las denuncias que se debieron haber derivado de las responsabilidades observadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, particularmente en el marco de la gestión como Secretario de Desarrollo Social del C. José Antonio Meade Kuribreña.

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República que informe a esta Representación Nacional, el estado de las investigaciones que debió haber iniciado por el presunto desvío de recursos públicos. Sí no lo ha hecho, que informe la razón de ello.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que informe a esta Soberanía, a que informe cuáles son las empresas con las que subcontrató la Universidad de Zacatecas, en el contexto del informe de 2016, para saber sí en realidad existen esas empresas o si son “empresas fantasmas” como en el caso de la “Estafa Maestra”.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y sancionar a los responsables del posible daño al erario por 6,879 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2016. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE Y SANCIONE A LOS RESPONSABLES DEL POSIBLE DAÑO AL ERARIO POR 6,879 MILLONES DE PESOS DETECTADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En recientes días salieron a la luz pública dos noticias que, son particularmente preocupantes, porque a pesar de que ya se conocen desde hace varios años, no se ha hecho nada concreto para atacarlas.

Transparencia Mexicana, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.1 La mala noticia es que México cayó del lugar 123 que ocupó en 2016 al 135 de 180 países evaluados en 2017. Durante la administración de Peña Nieto, la calificación disminuyó de 34 puntos sobre 100 en 2012 a 29 en 2017. México es cada vez más corrupto y no se hace nada para superar este lastre.

México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Del informe destaca lo siguiente:

1. A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, las resistencias para instalarlo en todo el país y la ausencia de una Fiscalía Independiente que conduzca las investigaciones explican en buena medida los resultados.

2. Los resultados de este índice reflejan también la ausencia de sanciones firmes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública.

3. Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el 6° lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad.

4. Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.

Finalmente hace las siguientes recomendaciones:

1. Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional.

2. Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”.

3. Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.

4. Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.

Los hallazgos de Transparencia Mexicana se conectan de manera muy precisa con los resultados dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su tercer informe sobre la fiscalización de la cuenta pública 2016.2 Cabe señalar que la ASF, lo mismo que las otras autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene titular, a pesar de lo cual ha seguido cumpliendo con sus responsabilidades, lo que no han hecho otras instancias y en especial la Procuraduría General de la República, que tiene rezagos inaceptables en la investigación de muchos casos de corrupción y que demuestra de manera sistemática su incapacidad para armar expedientes debidamente fundados para que el poder judicial pueda aplicar castigos ejemplares a los corruptos. Los ejemplos son muchos, sólo baste señalar el de los gobernadores, el de Emilio Lozoya y las innumerables denuncias de la ASF.

En relación con el informe de la ASF, destaca que llevó a cabo 1,865 auditorías a diversas entidades de los tres poderes de la federación y de los tres órdenes de gobierno. Las auditorías representan el 37% del gasto fiscalizable.

Como resultado concreto de las auditorías, la ASF emitió 10,346 acciones, de las cuales destacan, 4,439 recomendaciones, 2,557 pliegos de observaciones y 2,504 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Destaca que hasta la fecha del informe se han recuperado 7,897 millones de pesos del erario, lo que representa sólo el 0.4% de la muestra fiscalizable.

En el Informe General Ejecutivo, la ASF pone de relieve cinco áreas que representan los mayores riegos en la gestión pública.

I. Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Este mecanismo permite a las dependencias públicas otorgar contratos a otras entidades públicas de manera directa y que las contratistas puedan subcontratar, también de manera directa hasta el 49% del monto del contrato con particulares. Desde 2012, la ASF ha detectado diversas anomalías en este mecanismo de contratación, ya que registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos. En muchos casos, no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos. A pesar de ello es un mecanismo que es cada vez más utilizado por las dependencias.

Se puede reconocer la existencia de un efecto social negativo, especialmente en el caso de los recursos que fueron asignados a este tipo de contrataciones y que forman parte de programas vinculados con el desarrollo social. Un ejemplo de lo anterior se refiere a algunas de las adquisiciones correspondientes al lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En particular, en el caso del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), se determinó que dicha Asociación Civil carece de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos por: (1) la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, (2) la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y (3) la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Al no tener capacidad para realizar los trabajos, INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (éstas últimas fungen como beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron, a su vez, a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos a INCA Rural. Inclusive, derivado de estos resultados, la ASF recomienda que se revisen los objetivos y atribuciones de INCA Rural, ya que no cumple con los propósitos para los que fue establecido dicho Instituto.

También se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. En este caso, el CONAFE contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a DICONSA quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100 por ciento de los bienes y servicios solicitados.

Otros casos identificados fueron el de adquisiciones realizadas entre la SAGARPA y la Universidad Autónoma de Chapingo; entre la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma de Zacatecas; entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la SEDATU; entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la CONAPESCA; entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la SAGARPA, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la SEDATU; entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la SEDATU y entre Televisora de Hermosillo y la SEDATU.

De manera sintética la ASF destaca que:

1. Se han observado montos con posible daño al erario por 6,879 millones de pesos.

2. Los servicios supuestamente contratados se refieren a consultorías, asesorías y servicios relacionados; realización de estudios técnicos, y ejecución de tareas de supervisión.

3. Los programas presupuestarios relacionados con las contrataciones versan, principalmente sobre desarrollo social, agrario o territorial.

4. Se ha constatado que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como proveedoras de bienes y servicios. No obstante, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos como proveedores en estos mecanismos, los cuales están constituidos como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de Hidalgo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y por otras empresas u órganos del Gobierno Federal (INCA Rural).

5. Se ha documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.

6. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos.

Como conclusión se dice que, en estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que a su vez, propician situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas. La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante.

Aunque la ASF recomienda reglamentar este tipo de contrataciones, se debe considerar la posibilidad de eliminarla.

II. Obra Pública

Son ampliamente conocidas las enormes deficiencias que subsisten en la contratación y ejecución de la obra pública. Con base en las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas sobre la Cuenta Pública 2016, y en línea con los hallazgos de revisiones previas, la ASF ha categorizado cuatro causas principales que propician las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura: (1) problemáticas en la planeación y programación de los trabajos; (2) debilidades de carácter técnico; (3) insuficiencias económicas, y (4) fallas de ejecución.

Todo ello propicia que la obra pública no se realice con la calidad y oportunidad requerida y además que el costo final rebase con mucho al originalmente planeado, lo que a su vez propicia la corrupción.

De manera específica, la ASF señala deficiencias importantes en las asociaciones público-privadas, dentro de las que destacan:

1. Justificación insuficiente de la factibilidad y beneficios de este modelo de contratación en comparación con otras formas de financiamiento;

2. Mecanismos de transparencia respecto a la determinación de precios ofertados por maquinaria, mano de obra, equipo y financiamiento, con el fin de asegurar que son consistentes con los valores de mercado;

3. Claridad en la desagregación de los elementos que integran el costo total del  proyecto;

4. Cumplimiento de la disposición legal en torno al equilibrio necesario en materia de distribución de riesgos técnicos, financieros, de ejecución de obra o eventualidades para ambas partes, y

5. Certezas sobre los parámetros de evaluación de los proyectos, así como sobre las tareas de control y supervisión.

Al respecto la ASF recomienda que el Poder Legislativo analice la viabilidad de adecuar la legislación en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, a fin de establecer la obligatoriedad de contar con la versión definitiva del proyecto ejecutivo correspondiente, antes de iniciar cualquier obra de infraestructura sin dar lugar a excepciones.

Adicionalmente, sugiere contemplar modificaciones pertinentes a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y uno de los objetivos generales del SNA: compaginar la lucha anticorrupción y la mejora del sector público a través de un involucramiento efectivo de la esfera privada.

III. Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado

Algunas de las revisiones practicadas por la ASF, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, a PEMEX y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos, ni de otra índole al Estado mexicano.

Las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos. De manera específica, la ASF identificó que, en cuanto a la adquisición del Grupo Fertinal, por parte de PEMEX, se registró una pérdida integral neta de más de 565 mdp.

En el caso de la reactivación de la cadena productiva del Acrilonitrilo en donde el potencial del negocio está limitado, toda vez que PEMEX-Etileno no ha definido un plan de acción renovado en cuanto a la utilización de los activos y el personal del Complejo Petroquímico Morelos Unigel.

Por su parte, en cuanto a la contratación y suministro de etano para el Complejo Petroquímico Etileno XXI, la ASF identificó que PEMEX-Transformación Industrial (PTI) incurrió en pérdidas por más de 1,900 mdp, toda vez que el precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos.

De la misma forma, el Consejo de Dirección de PEMEX aprobó la adjudicación directa para la contratación del servicio relacionado con el mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías de Salamanca y Tula, la cual presenta problemáticas que se han visto reflejadas en las observaciones de la fiscalización practicada, por un monto de más de 1,178 mdp. En esta revisión han quedado de manifiesto los riesgos que enfrenta la empresa, en cuanto a la utilización de los recursos que se asignan para este tipo de proyectos, toda vez que la normativa que rige a PEMEX es más laxa que la federal. Estas condiciones propician un ambiente de discrecionalidad que, sin un marco de control interno adecuado, colocan en una posición vulnerable la ejecución eficiente de las inversiones.

Aunado a lo anterior, se han realizado otro tipo de negocios que han implicado la compra de activos que no se han traducido en beneficios financieros y, además, no se cuenta con evidencia de que esa decisión haya contribuido, en la práctica, al fortalecimiento de la posición estratégica de PEMEX. Esta situación está presente en la compra de la Agro Nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico, nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y que la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 2017.

En lo que se refiere a la comercialización de coque, PTI acordó la venta de este producto a una empresa cementera a un precio fijo, lo que produjo pérdidas por 839 mdp, debido a que el precio internacional estuvo por encima del precio pactado en más de 700 por ciento.

En lo que corresponde a la CFE en la adquisición de energía eléctrica a productores externos, la ASF determinó que, de 2014 a 2016, registró pérdidas por más de 2,646 mdp. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos. Cabe mencionar, que la energía eólica producida por la CFE tuvo un costo promedio de 386.2 pesos por MWh, en tanto que la energía eólica adquirida a productores externos tuvo un precio promedio de 1,440 pesos por MWh. Los precios de adquisición de la CFE son pactados en contratos con los productores externos lo que, desde la perspectiva de la ASF, no constituyen condiciones favorables para la empresa.

Finalmente, en lo concerniente a los pagos efectuados por la CFE respecto a los servicios de transporte de gas natural, la ASF identificó que el 51.2 por ciento de los pagos realizados por este concepto no generaron valor económico ni condiciones de rentabilidad para la Comisión.

IV. Finanzas Estatales

Desde hace varios años, la ASF ha señalado a la gestión del Gasto Federalizado como un ámbito que enfrenta un entorno con riesgos de distinta índole. De manera recurrente, se han identificado condiciones que propician el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas, a cargo de los gobiernos estatales y municipales.

Para la Cuenta Pública 2016, la ASF constató que un elevado número de entidades federativas enfrentan desequilibrios en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina estatal educativa. Lo anterior se puede explicar por un conjunto de elementos que han ido construyendo un entorno con poco margen de maniobra financiera para los gobiernos locales.

Entre ellas, se puede mencionar el crecimiento en las prestaciones que desde 1993 se otorgaron, con la instauración del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), en un contexto de presión de las organizaciones sindicales. Dichas prestaciones no eran reconocidas por la Federación, por lo que su financiamiento era cubierto principalmente con las economías de dicho Fondo y, en menor medida, con recursos locales.

V. Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios

También de manera recurrente, la ASF ha puesto de manifiesto diversos problemas vinculados con las deficiencias de los padrones que deberían ser el principal instrumento que busca maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, con el fin de beneficiar a la población de menores ingresos y de mayores carencias sociales.

Se considera necesario establecer sistemas de padrones de beneficiarios que permitan generar información estratégica y contribuyan a los procesos de planeación, coordinación, control y evaluación de los programas gubernamentales.

En 2001, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se dispuso que el Gobierno Federal, por medio de la SAGARPA, y en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, elaborarían un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, con el propósito de focalizar a la población potencial y objetivo, garantizando así la utilización adecuada de los recursos públicos y el apoyo al campo mexicano.

En 2016, en el sector desarrollo rural, se operaron 14 programas presupuestarios con un monto de 65,157.4 mdp, equivalente al 52.4 por ciento de los 124,218.1 mdp ejercidos en los programas para el desarrollo económico, sin que la SAGARPA determinara ni cuantificara la población por beneficiar, lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población objetivo.

Ese mismo año, la dependencia inició el diseño de los manuales y lineamientos con base en los cuales se conformaría el PUOSBSR; sin embargo, las unidades responsables de los padrones individuales de los programas presupuestarios no finalizaron el proceso.

Con base en las auditorías practicadas, la ASF puede señalar que la SAGARPA aún no ha concluido el diseño de los manuales y lineamientos del PUOSBSR, y tampoco se han constituido los padrones específicos de los programas presupuestarios que otorgan subsidios.

El Padrón único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social (PUB), a cargo de la SEDESOL, tiene como objetivo asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social. Hasta 2016, la SEDESOL no había identificado el universo de programas de desarrollo social de la APF, ni de los gobiernos estatales y municipales que deberían estar incluidos en el PUB. Por ello, no había certeza sobre el número de beneficiarios que atienden los programas.

Con la fiscalización se ha observado que los operadores del PUB no disponen de atribuciones para consolidar la información en un sistema único, que permita analizar y evaluar los recursos otorgados a los beneficiarios.

A 12 años de que la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento ordenaran la integración del PUB, la SEDESOL registró un avance de 18.4 por ciento, equivalente a la incorporación de 28 de los 152 programas de desarrollo social señalados por el CONEVAL. Los alcances del PUB se han visto limitados al no haberse atendido a cabalidad las disposiciones del mar co legal aplicable, por lo que no se ha convertido en una herramienta que proporcione una certeza razonable sobre la equidad y la eficacia de los programas de desarrollo social.

En particular, dicha situación incrementa el riesgo de que persista la falta de focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado. De la misma forma, este entorno propicia condiciones de ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales.

Lo que se describe en el Informe General de la ASF, es sólo una muestra de las enormes irregularidades que existen en la gestión de los recursos públicos. Pero lo más preocupante es la recurrencia de las observaciones y el poco avance que se ha logrado para superarlas, lo que es una muestra fehaciente de que no existe voluntad política para mejorar la administración pública, lo que hace pensar que es deliberado para mantener la opacidad y discrecionalidad con que se utilizan los recursos ya sea por intereses personales y/o políticos. Esto explica por qué México está cada vez peor en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a que una vez concluido el proceso previsto en el artículo 79 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se inicien las carpetas de investigación en términos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, emitido por la Auditoría Superior de la Federación, en el que ha detectado importantes áreas de riesgo respecto de la adecuada utilización de los recursos públicos, e incluso posible daño al erario público.

SEGUNDO. El Senado de la República, solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Desarrollo Social, cumplan con su obligación legal de integrar de sus respectivos padrones únicos de beneficiarios, a fin de que se garantice la transparencia en la asignación de recursos federales y la focalización de los sectores, comunidades y beneficiarios que requieren atención del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 https://www.tm.org.mx/ipc2017/

2 Auditoria Superior de la Federación. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Disponible en:
http://www.asf.gob.mx/section/58_informes_de_auditoria consultado el 25 de febrero de 2018.






De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Psiquiatría a implementar programas estratégicos y resolutivos para la investigación y la adecuada atención de la “depresión”. Se turna a la Comisión de Salud.








De la Senadora  Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario  del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la atención integral y reparación de daños sufridos por las personas, derivado de la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76 fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y REPARACIÓN DE DAÑOS SUFRIDOS POR LAS PERSONAS, DERIVADO DE LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS QUE VIVE NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La grave crisis en materia de derechos humanos en la que nos encontramos inmersos desde hace más de una década ha generado un universo de víctimas directas e indirectas que ha rebaso la capacidad institucional de respuesta tanto a nivel estatal como a nivel federal.

La creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus símiles en las entidades federativas fue una respuesta del estado Mexicano para hacer frente a las demandas y necesidades de las personas que habían resentido algún delito o alguna violación a sus derechos humanos, sin embargo, esta respuesta ha sido insuficiente y claramente limitada pues la realidad que enfrentan miles de personas tras haber sufrido el menoscabo de sus derechos es muy compleja y diversa.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del año 2017 reportó tan sólo que 2016 se había registrado 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante ese año, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas de 2013 a 2015, pero que sigue siendo limitada, pues no incluye en este listado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sino únicamente a las víctimas de algún delito a nivel nacional. Si a esta estadística sumamos los registros de las quejas por violaciones a los derechos humanos que reportan los organismos públicos de defensa de los derechos fundamentales debemos de sumar que por cada 100 mil habitantes se presentaron 125.5 violaciones de derechos humanos a nivel nacional igual en el 2016.

En ese año, los servidores públicos señalados por las personas quejosas como responsables de las violaciones denunciadas, pertenecían en su mayoría a instituciones estatales con 95 mil 110 (63.9 por ciento), seguidos por las instituciones municipales con 31 mil 323 (21 por ciento) y, las federales con 15 mil 767 (10.6 por ciento).

Estas cifras oficiales emanadas del INEGI, nos permiten dimensionar el tamaño de la problemática y de la complejidad que representa la atención de los efectos y consecuencias de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos en México.

Sabedores y sabedoras de que esta problemática sigue creciendo y que las instituciones creadas para atenderla no han dado los resultados esperados en el año 2016 que impulsó una serie de reformas legislativas para dotar de más facultades a la CEAV y para ampliar los criterios con los que había venido operando dicha instancia, pues un reclamo reiterado de las organizaciones de víctimas y de familiares eran los largos y complicados procesos burocráticos en los que se incurría al interior de la CEAV, procesos que seguían re-victimizando a las personas y  que en la práctica se convertían en verdaderos obstáculos insalvables.

Así se dio un nuevo impulso a la CEAV y se modificó también la dirección colegiada para que la titularidad de dicho organismo recayera ahora en una sola persona, pensando que con ello se avanzaría en la tramitación de los casos y la atención integral de las víctimas. Sin embargo, esto no ha sucedido, pues las organizaciones de víctimas y de sus familiares siguen reclamando una serie de deficiencias, procesos burocráticos, criterios limitados y obstáculos institucionales que les impiden ejercer sus derechos y acceder a los fondos de ayuda y reparación que se tienen contemplados presupuestalmente para estos fines.

Hace apenas un par de semanas, observamos con indignación y tristeza como un grupo de familiares de personas desaparecidas se realizaban un plantón y una huelga de hambre a las afueras de la Secretaría de Gobernación exigiendo una búsqueda real y efectiva de sus familiares tanto a la PGR como a la Comisión Nacional de Seguridad y a la par reclamaban la falta de acompañamiento, de atención y de sensibilidad por parte del actual personal de la CEAV.

Como parte de las demandas en contra de la CEAV volvimos a escuchar que los procesos para acceder a los fondos de apoyo y reparación siguen siendo burocráticos y complejos, que no hay planes individualizados de atención (aunque en el documento y en el discurso se digan que existen estos planes), que no se alcanza a entender ni a dimensionar la problemática real de las familias de las víctimas, que las delegaciones de la CEAV siguen siendo oficinas con calidad de oficialía de partes pues no tienen la capacidad o la voluntad de atender y resolver las problemáticas que se les plantean, que el pago de gastos médicos y otros gastos diversos sigue siendo limitado e incluso inexistente en muchos casos, y que en general siguen perpetuándose esas viejas prácticas que derivaron en la crisis institucional en que cayó la CEAV hace un par de años y que motivó la reforma a la Ley General de Víctimas.

Lamentablemente nos damos cuenta de que esa modificación legal, así como la renovación del personal de esa Comisión no ha redundado en un mejor trato hacia las víctimas, que tampoco ha redundado en la integración de criterios más protectores y garantistas, pues mientras hace un par de años se le echaba la culpa al marco legal limitado, al día de hoy, el personal de la CEAV sigue alegando limitaciones de interpretación por lo establecido en su propio reglamento o en sus lineamientos internos de actuación, desconociendo que los efectos de la Ley General y de la interpretación de las obligaciones constitucionales del artículo 1º se encuentran por encima de cualquier normatividad interna.

Hoy la deficiente atención de las víctimas sigue siendo una constante, y las justificaciones para ello aunque han cambiado discursivamente, en los hechos siguen siendo las mismas, seguir manteniendo una interpretación limitativa sobre lo que representa “un hecho victimizante” o sobre lo que se debe de entender como “reparación integral del daño” o peor aún, lo que se debe de integrar como parte de una “indemnización económica” derivada de una violación a los derechos humanos o de la comisión de un delito, son los mejores ejemplos para entender que la crisis por la que atravesó la CEAV no ha concluido y que si la reforma a la Ley General fue insuficiente, quizá lo que haga falta sea una re-estructuración total de esa institución, separado de sus cargos a las y los servidores públicos que en el pasado y en el presente se siguen caracterizando por buscar “cien problemas a una necesidad, en vez de cien soluciones”.

Nos gustaría escuchar las voces de colectivos, de organizaciones de familiares y de víctimas que nos contaran sobre los apoyos recibidos, la atención brindada y los procesos realmente de reparación del daño de los que han sido beneficiarios, pues aunque en las cifras de atención se presente que han atendido a miles de víctimas y que el porcentaje de atención ha aumentado, en los hechos y en el vox populi seguimos sin escuchar a ninguna voz que se haya sentido bien atendida por esa dependencia.

Importantes cuestionamientos aún quedan vigentes después de la reciente reunión de trabajo con el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas entorno varios temas determinantes en el proceso, en materia de salud, planes de atención integral e indemnización de víctimas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la atención integral y reparación de daños sufridos por las personas, derivado de la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación hacia la población afrodescendiente en México y promover su inclusión en las diversas esferas del desarrollo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

El suscrito, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La discriminación racial y étnica ocurre con frecuencia e impide el progreso y desarrollo de millones de personas en todo el mundo, inhibe oportunidades e impide el disfrute de sus derechos fundamentales. Las personas afrodescendientes son un grupo marginado, que se enfrenta a situaciones de discriminación que los colocan en un entorno de desventaja. La mayor parte de concentración de este grupo se ha dado en América Latina y el Caribe, región en la que se estima que el número asciende a 200 millones de personas afrodescendientes, lo que representa un tercio de la población.  

Una persona afrodescendiente puede definirse como aquella de origen africano que vive en las Américas, producto de la diáspora africana que generó la época de esclavitud. El término afrodescendiente se institucionalizó en 2001, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción de Durban).

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), define en su artículo 1, párrafo 1, la discriminación como:

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”

Las personas afrodescendientes constituyen uno de los grupos más marginados del país y se enfrentan a situaciones de discriminación. La mayor parte de ellos vive en espacios rurales donde los servicios son insuficientes y hay un alto grado de marginación y rezago social. Un reto en el que aún debemos trabajar, dada las contribuciones y riqueza pluricultural que este grupo aporta.  

Con base en la Encuesta Intercensal 2015, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1.4 millones de mexicanos se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos, número que representa el 1.2% de la población nacional. Las entidades del país con mayor número de afrodescendientes son Guerrero, con un porcentaje alto del 7%, además de Oaxaca (4.9%), Veracruz (3.3%), Estado de México (1.9) y la Ciudad de México (1.8%). 

No obstante, cabe destacar que son múltiples las formas a través de las cuales los derechos fundamentales de la población afrodescendiente son trastocados, entre ellos: desigualdad, marginación y estigmatización, discriminación racial, bajo nivel de participación y representación insuficiente en los procesos de adopción de decisiones políticos e institucionales; desigualdad de acceso al mercado de trabajo; u otros obstáculos al disfrute de los derechos humanos fundamentales como el acceso a la educación, los servicios de atención de salud y la vivienda de calidad.

Por ejemplo, se estima que en los 100 municipios donde los pueblos y comunidades afrodescendientes representan al menos 10% de la población, alrededor de 1 de cada 6 personas afrodescendientes (15.7%) es analfabeta; esto es, casi el triple que la tasa a nivel nacional (5.5%) y la proporción de personas afro que gana más de 3 salarios mínimos es la mitad que el porcentaje a nivel nacional (15.2 contra 30.4%).1

Los estados con mayor porcentaje de población afrodescendiente que recibe hasta un salario mínimo por su trabajo se ubican principalmente en el sureste del país; destacan Guerrero con 14.4% y Veracruz, Morelos, Michoacán y Chiapas con poco más de 13% cada uno.

En nuestro país, las personas con piel clara tienen más estudios y mejores trabajos, en comparación con las personas de piel más oscura. Datos de la Encuesta 2017 de Movilidad Social Intergeneracional del Inegi señalan que existe una estrecha correlación entre el color de piel de los mexicanos y el nivel socioeconómico, el cual incide en el grado de riqueza, bienestar y movilidad social.

Las personas que se autoclasificaron de piel más oscura tuvieron un mayor rezago educativo, 28% cuenta con primaria incompleta, mientras que las personas con tonalidades más claras tienen porcentajes más altos en educación media superior y superior, que rondan entre el 29.3% y el 44.4%. Otro dato muestra que del 15.8% al 34.4% de los mexicanos con piel más oscura realiza actividades artesanales, de apoyo y son operadores de maquinaria y transporte, mientras que, entre más clara es la piel, los mexicanos tienen mayor oportunidad de ser jefes, profesionistas, comerciantes y técnicos.

Para trabajar a favor de la comunidad afrodescendiente, en México se ha trabajado en diversas esferas. Cabe destacar que es la primera vez en su historia, en que Inegi incorpora la categoría afrodescendientes con indicadores sociodemográficos de éste grupo de población, los cuales  permiten la planeación o generación de estrategias en términos de política pública, que atiendan a cabalidad las necesidades de la población afrodescendiente.2

Cabe señalar también, el papel que lleva a cabo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la producción de conocimiento sobre la situación de afrodescendencia y la elaboración de diversos materiales para dar a conocer la pluralidad y aportación de este comunidad.

La autoadscripción afromexicana o afrodescendiente forma parte también de los esfuerzos conjuntos con las Organización de las Naciones Unidas, en diversos países de Latinoamericana, incluido México, para el Decenio Internacional de los Afrodescendientes que inició el 1 de enero de 2015 y concluirá el 31 de diciembre de 2024, la cual tiene como objetivo revalorizar la cultura, la historia y la integración de grupos históricamente discriminados.3

No obstante, a pesar de que en México habita un número importante de afrodescendientes, no se han reconocido ni valorado suficientemente las aportaciones que estos colectivos han hecho en la conformación histórica, cultural, económica y política del país, de allí, la necesidad de fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación hacia la población afrodescendiente y promover su inclusión en las diversas esferas de desarrollo en el país.

La eliminación de la discriminación racial requiere de un trabajo continuo, así como el esfuerzo entre sociedades e instituciones para construir un país cada vez más incluyente de derechos y una sociedad que reconoce, valora y defiende su diversidad.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamenteal Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homologas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación hacia la población afrodescendiente en México y promover su inclusión en las diversas esferas del desarrollo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Conapred, Pueblos y comunidades afromexicanas, Disponible en [en línea:]
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaAfrodescendientes%20%281%29.pdf

2 Conapo, Infografía de la población afrodescendiente, 2015, Disponible en [en línea:]
https://www.gob.mx/conapo/documentos/infografia-de-la-poblacion-afrodescendiente-2015

3 Inmujeres, Datos de la población afrodescendiente en México, Disponible en [en línea:]
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199489/Datos_INEGI_poblacio_n_afromexicana.pdf






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a rendir un informe sobre las respuestas que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que señale los programas sociales afectados por la reasignación de recursos a otras partidas presupuestales, a que hace referencia el informe de la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76 fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS RESPUESTAS QUE EMITA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN EL QUE SEÑALE LOS PROGRAMAS SOCIALES AFECTADOS POR LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS A OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, A QUE HACE REFERENCIA EL INFORME DE LA AUDITORÍA REALIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DICHA DEPENDENCIA al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Del informe de la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación, a los convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) con universidades públicas y entes públicos estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, se desprenden múltiples irregularidades por lo que este informe merece un análisis detallado para lo que a continuación de destacan los siguientes hallazgos:

1. La ASF revisó 8 convenios celebrados en 2015 y pagados en 2016 y 11 convenios celebrados en 2016 y pagados ese año y en 2017. El importe total de los convenios fue de 2,061 millones de pesos, el 87% del universo.

2. En general se detectaron las siguientes irregularidades de los servidores públicos:

a. No garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad, calidad y demás circunstancias pertinentes, toda vez que no constataron con evidencia documental fehaciente que las Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales con quienes suscribieron los convenios, contaran con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en los respectivos convenios, comprobándose que para la ejecución de los servicios, realizaron la contratación de terceros en más de un 49.0%.

b. No vigilaron, ni cumplieron con las disposiciones presupuestarias y financieras correspondientes, toda vez que se suscribieron convenios sin contar con la suficiencia presupuestal.

3. De los 19 convenios analizados, 5 corresponden a convenios de comunicación social, de los cuales 4 fueron celebrados con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por 693 mmp y 1 con Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. (TELEMAX), por 312 mmp. De la revisión a estos convenios destaca que:

a. Se solicitaron y autorizaron el pago de diversos servicios destinados a comunicación social de la SEDATU, sin contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación para el ejercicio de los recursos.

b. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 450 mmp en virtud de que la SEDATU recibió a entera satisfacción los entregables realizados por el SQCS, constatando que la Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU pagó de dos hasta cuatro veces un mismo entregable; la SEDATU no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas con la totalidad de entregables solicitados y pagados al SQCS. Aunado a que, en la auditoría practicada al SQCS, se comprobó que ni el SQCS ni los 25 proveedores que se vieron beneficiados con los recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU.

c. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 272 mmp, en virtud de que la SEDATU recibió a entera satisfacción los entregables realizados por TELEMAX, constatando que la Dirección General de Comunicación Social de la SEDATU pagó de dos hasta cuatro veces un mismo entregable; la SEDATU no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas con la totalidad de entregables solicitados y pagados a TELEMAX. Además, en la auditoría practicada a TELEMAX, se comprobó que ni la televisora ni los 9 proveedores que se vieron beneficiados con los recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU.

4. Se revisaron 4 convenios celebrados con la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) para el “Análisis de Experiencias Internacionales en el Marco del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de las Zonas Económicamente Exclusivas y Diagnóstico y Análisis de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos de los Municipios de Zona de Influencia de Puerto Chiapas, Municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el Puerto de Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, por los cuales la SEDATU pagó un total de 186 mmp. La auditoría llegó a las siguientes conclusiones:

a. Mediante la evidencia documental obtenida y de la auditoría practicada a la UPC, se constató que ésta no contaba con personal propio para proporcionar los servicios objeto de los convenios, por lo que formalizó un contrato con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., con el objeto de proporcionar el 100.0% de los servicios, pagándolo 82 mmp, por lo que la SEDATU pagó a la UPCH un sobrecosto por 104 mmp, el cual, la UPCH manifestó que corresponde a un beneficio económico que obtuvo por los servicios que prestó y que lo empleó en bienes y servicios que no fueron aplicados ni utilizados para la ejecución del objeto de los convenios. 

b. Por otra parte, Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. tampoco contó con capacidad para realizar los servicios que le contrató la UPCH, por lo que subcontrató con otras cuatro empresas, sin que se acreditara su costo ni que se hayan proporcionado los servicios.

c. La ASF concluye que en este caso se presume daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 186 mmp, toda vez que la SEDATU recibió y pagó los entregables proporcionados por UPCH, de los que se comprobó que tienen inconsistencias en su contenido y elaboración y no cumplen con los objetivos de los convenios, aunado a que se constató que la SEDATU pagó un sobrecosto de 104 mmp y no se acreditó que la empresa subcontratada, ni las cuatro empresas que a su vez la empresa subcontrató hayan participado en el desarrollo y elaboración de los entregables.

5. Convenio con la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM) con objeto de prestar servicios administrativos de voz, datos y video conferencia con un monto de 268 mmp. En relación con este convenio la ASF destaca que:

a. No se acredita la prestación de la totalidad de los servicios convenido y pagados, por lo que se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por 90 mmp.

b. En la auditoría practicada a la UTCAM, se determinó que se pagaron servicios a 11 empresas sin que se tenga evidencia de que se hayan otorgado y se comprobó que sus actividades preponderantes no concuerdan con el objeto del convenio suscrito con la SEDATU.

6. Convenio suscrito con la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), cuyo objeto consistió en la “Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que Permita la Modernización Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU”, por un monto de 178 mmp. La ASF determinó lo siguiente:

a. La SEDATU no comprobó que la UMB tuviera la capacidad y experiencia para realizar los trabajos convenidos y se constató que la universidad no otorgó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

b. La UMB subcontrató con 4 empresas el 45% de los servicios por un total de 82 mmp; y que éstas a su vez transfirieron los recursos a ocho personas físicas y/o morales, presumiblemente para la ejecución de los servicios, de los cuales únicamente se comprobaron costos por 12 mmp. Asimismo, del monto pagado por la SEDATU por 178 mmp, la UMB se quedó con un remanente por 96 mmp, recursos que se constató, no fueron aplicados para la ejecución del convenio ni su uso está vinculado con el mismo, por lo cual se aplicaron indebidamente.

c. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 178 mmp, toda vez que la  SEDATU no acreditó que los servicios pactados hayan cumplido con los objetivos y alcances establecidos para su contratación, además de que se comprobó que no se realizó la Implementación del Modelo Operativo de Gestión;  aunado a que en la auditoría que se practicó a la UMB se constató que la universidad pagó un total de 82 mmp a cuatro proveedores que no acreditaron haber aplicado los recursos en la prestación de los servicios pactados.

7. Convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) para el Desarrollo y Aplicación de Mecanismo de Operación para la Ejecución de los Programas y Acciones para el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos por un mínimo y un máximo de 90.0 y 224.0 mmp, respectivamente; constatándose que se ejercieron 186 mmp. La ASF observó lo siguiente:

a. El convenio no se sujetó a las reglas de contratación establecidas en la Ley que condicionan que las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido; situación que no ocurrió, en virtud de que la UPFIM manifestó inexactamente contar con la misma; sin embargo, de manera directa no llevó a cabo actividad alguna.

b. Con la evidencia documental obtenida en la ejecución de la auditoría practicada UPFIM, se constató que la UPFIM no contaba con personal propio para proporcionar los servicios, por lo que contrató a dos empresas a quienes les pagó 182 mmp que representan el 98.0% del total convenido y pagado por la SEDATU.

c. En la auditoría practica a la UPFIM, se determinó que existe una presunta simulación en la elaboración de evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, toda vez que de los dos proveedores que subcontrató la universidad, quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única de uno de ellos, manifestó que no era Representante Legal, ni Administrador Único, ni Accionista ni ninguna otra figura jurídica de la empresa, y que por lo tanto no elaboró entregable alguno; el otro proveedor no acreditó en su totalidad los pagos a quienes presumiblemente ejecutaron los trabajos, y se constató que algunas de las personas que se incluyeron en los resúmenes ejecutivos de personal, con los que se pretendió comprobar los servicios, son funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; asimismo, transfirió recursos a otras empresas vinculadas por una misma persona como comisario y/o accionista.

d. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 186 mmp, toda vez que los entregables proporcionados por la SEDATU, para acreditar la ejecución de los servicios pagados no acreditan su realización, además de que su contenido es semejante al entregable presuntamente realizado por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, contratada por la SEDATU de forma simultánea para la realización de los mismos trabajos. Además, se omitió supervisar la legalidad y veracidad del convenio específico, ya que el Titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, manifestó que no reconocía como suyas las firmas y rúbricas contenidas en el convenio suscrito con la UPFIM.

8. Convenio por 154 mmp, con la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) con objeto de proporcionar el “Servicio integral para la construcción del modelo, estrategia e implementación para la Notificación, Supervisión y Seguimiento de la atención a los beneficiarios del programa de infraestructura 2016 en su vertiente de ampliación y mejoramiento de la vivienda”, de los cuales, la SEDATU pagó a la universidad 77 mmp. La ASF observó lo siguiente:

a. La SEDATU no se cercioró que la universidad contara con la capacidad técnica, material y humana para su ejecución; y con la información obtenida en la auditoría practicada UPQROO se comprobó que contrató a ocho empresas por el total de recursos pagados por la SEDATU.

b. Con respecto a los proveedores, cinco no fueron localizados en los domicilios que señalaron en la documentación legal que presentaron a la UPQROO y tres no entregaron la totalidad de la información solicitada por la ASF, distribuyendo los recursos recibidos a diversas personas físicas y morales sin que existan contratos o constancias que justifiquen los pagos, por la supuesta prestación de los servicios, de los cuales no se pueden determinar las aportaciones realizadas por el personal de la universidad.

c. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 97 mmp, toda vez que la SEDATU aceptó los entregables los cuales presentan diversas inconsistencias en su contenido por lo que no cumplen con las especificaciones pactadas; ello aunado a que, en la auditoría practicada a la UPQROO, se constató que contrató y pagó a ocho proveedores sin capacidad técnica y económica, por la supuesta prestación de los servicios por el total pagado a la UPQROO.

9. Tres convenios con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) por 168 mmp, para diversos estudios. La ASF destaca lo siguiente:

a. Se determinó que la contratación efectuada por la SEDATU con el ITSC es presumiblemente irregular, toda vez que no se acreditó fehacientemente que hayan sido realizados los entregables por el ITSC y/o las empresas que subcontrató para tal fin; ya que existen evidencias de que se simularon documentos desde la suscripción del convenio hasta el entregable, aunado a que se constató que el contenido del entregable pagado es igual a otro financiado por el BID, con la participación de la SEDESOL y, el mismo entregable fue doblemente pagado por la SEDATU ya que también lo encargó a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.

b. El ITSC no acreditó la ejecución de los trabajos y una empresa a la que el ITSC transfirió los recursos públicos federales pagados por la SEDATU no fue localizada en su domicilio fiscal y, la persona física presumible accionista y representante legal de la otra empresa desconoció tener vínculos con la misma y haber suscrito cualquier instrumento jurídico con el ITSC.

c. Respecto al primer convenio celebrado con el ITSC se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 26 mmp toda vez que se constató tó que el contenido del entregable pagado corresponde a otro ya realizado con recursos del BID, además de que el ITSC no acreditó haberlo realizado por sí mismo, ni por las empresas que presuntamente subcontrató y se comprobó que el mismo entregable fue pagado por la SEDATU a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Adicionalmente, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, manifestó que cuando fungió como Director General Adjunto de Prevención y Atención a Desastres Naturales no celebró en ningún momento y bajo ninguna circunstancia contrato, convenio, acuerdo o instrumento jurídico con ninguna universidad o institución pública.

d. Respecto al segundo convenio con la ITSC se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de  42 mmp, toda vez que se comprobó que el entregable denominado Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, desarrollado aparentemente por las empresas contratadas por el ITSC, ha sido elaborado anualmente desde hace 10 años por diversos organismos de vivienda; la información fue extraída textualmente de internet, y se determinó que la información contenida en el mismo se encuentra desactualizada (corresponde al año 2014). Además, de que el Titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, manifestó que no reconocía como suyas las firmas y rúbricas contenidas en el convenio suscrito con el ITSC, ni en la demás documentación que aparentemente acredita la ejecución y recepción de los servicios. Asimismo, el Director General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco manifestó que servidores públicos de la SEDATU le llevaron ya elaborados los entregables, por lo que existen evidencias que demuestran que el ITSC no desarrolló servicio alguno, no obstante, recibió recursos públicos federales.

e. Respecto al tercer convenio con la ITSC se presume un probable daño por un monto de 101.0 mmp, toda vez que la SEDATU recibió los servicios presumiblemente ejecutados por el ITC, no obstante que los servicios pactados ya los había solicitado a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), ya que se determinó que los registros son coincidentes en un 98.6% y se determinaron en ambos casos observaciones que le restan credibilidad y confiabilidad al entregables. Aunado a ello el Director General del ITC manifestó que servidores públicos de la SEDATU le llevaron ya elaborados los entregables, por lo que existen evidencias que demuestran que el ITSC no desarrolló servicio alguno, no obstante, recibió recursos públicos federales.

10. Convenio con la Universidad Autónoma Intelectual de Sinaloa (UAIS) con objeto de prestar el servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de modelos y métodos de las acciones para la equidad de género para el empoderamiento de la mujer por 107 mmp. La ASF observó lo siguiente:

a. Derivado de la visita domiciliaria a la UAIS, ésta que para la prestación de los servicios requirió de la contratación de 5 empresas por un monto de 100 mmp, el 93% del convenio. La actual rectora de la UAIS manifestó no haber localizado la totalidad de la información y documentación vinculada con los servicios prestados por dichas empresas.

b. Ni la UAIM ni las empresas contratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios objeto del convenio, toda vez que las empresas no fueron localizadas en su domicilio fiscal o no atendieron los requerimientos de información formulados por la ASF.

c. Se presume un probable daño de 107 mmp, dado que se constató que los entregables, objeto del convenio fueron presumiblemente elaborados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, con la participación de la SEDESOL, donde se observó que también participó la servidora pública que suscribió el convenio. Asimismo, los referidos entregables también los pagó la dependencia al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC).

11. Se constató que  8 de las 11 personas morales que recibieron recursos públicos federales pagados por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, de los recursos que recibieron de la SEDATU, no presentaron declaración anual o la presentaron en ceros, aun cuando se comprobó que percibieron ingresos en 2016 y, 6 de las 11 personas morales no fueron localizadas en su domicilio fiscal; por lo que no cumplieron con sus obligaciones fiscales en términos de ley.

En seguida se presenta un extracto del dictamen final de la ASF.

1. En términos generales, la SEDATU no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  Se concluye que se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por 1,747,666.4 miles de pesos.

2. Contrató servicios con dos Entes Públicos Estatales, y siete Universidades Públicas, a las que les pagó un total de 1,900 mmp, de las cuales los dos entes públicos y cinco universidades, contrataron con terceros los servicios pactados, entre el 56.1% y 100.0% del total pagado, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la LAASSP.

3. De los servicios convenidos con el SQCS y TELEMAX  por 450 y 272 mmp, la SEDATU pagó de dos hasta cuatro veces un mismo entregable y no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas; además, en las auditorías practicadas a estos entes públicos estatales, se comprobó que ni éstos, ni las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales, participaron en la elaboración de producto o servicio alguno, por lo que las irregularidades son por el total que se les pagó.

4. Respecto de los servicios de cuatro convenios pagados a la UPCH por 186 mmp, los entregables presentan inconsistencias y no cumplen con los objetivos; y en la auditoría realizada a la UPCH, se constató que los servicios los subcontrató con una empresa por 82 mmp y ésta a su vez con cuatro empresas de las que no se acreditó los hayan realizado; además, transfirieron los recursos a otras 11 empresas y 9 personas físicas; y el sobrecosto pagado por la SEDATU por 104 mmp, la universidad los aplicó indebidamente como beneficio propio en la adquisición de un sistema a un proveedor que no se localizó, ni a los otros dos que a su vez subcontrató, por lo cual la irregularidad es por el total de los cuatro convenios. De otro convenio pagó a la UPCH sobrecosto de 13 mmp, por un sistema.

5. Del convenio con la UTCAM, por el que se pagaron 183 mmp, no se acreditaron los servicios ejecutados y en la auditoría que se le practicó a la UTCAM, se constató que pagó al proveedor que subcontrató 93 mmp y se quedó un remanente por 90 mmp de lo cual, de manera injustificada, realizó transferencias por 79 mmp a 11 empresas, sin presentar documentación alguna que acreditara estos pagos, por lo que la irregularidad es por 90 mmp.

6. De los servicios que contrató y pagó con la UMB por 178 mmp, no se acreditó que se haya cumplido con los objetivos y alcances por lo que no se justifica el pago realizado a la universidad y en la auditoría practicada a la universidad, se constató que subcontrató los servicios con dos proveedores y una persona física, por 83 mmp, que no demostraron que desarrollaron los trabajos; y el remanente por 95 mmp, la universidad indebidamente lo consideró como beneficio propio.

7. Respecto del Convenio con la UPFIM por 186 mmp, no se acreditó la existencia, ni operación del sistema informático y el padrón de las usuarias de los servicios. El entregable denominado Centro Ciudad de las Mujeres es coincidente en un 98.6% con el entregable presentado por el ITSC también contratado por la SEDATU. Respecto al Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro, es semejante al entregable de la UAIS, también contratada por la SEDATU. Asimismo, el servidor público de la SEDATU que suscribió el citado convenio manifestó no haberlo firmado, ni la demás documentación que acredita la ejecución, recepción y pago de los servicios, ni haber tenido relación alguna con la UPFIM; aunado a que en la auditoría a la UPFIM, se constató que contrató con terceros el 98.0% de los servicios pactados con la SEDATU con dos empresas, y se concluyó que presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, desde la suscripción del convenio hasta los entregables.

8. En los dos convenios con la UPQROO, se determinó que la SEDATU pagó 97 mmp; sin embargo, se comprobó que todos los entregables presentan diversas inconsistencias en su contenido y no cumplen con lo pactado; lo anterior aunado a que en la auditoría practicada a la UPQROO, se contrató a ocho proveedores por el 100.0% que a su vez transfirieron los recursos.

9. De los tres convenios suscritos y pagados con el ITSC, por 168 mmp, se detectó que el entregable del primer convenio por 25 mmp, es coincidente en su totalidad, con otro financiado por el BID y además se comprobó que el mismo fue pagado por la SEDATU a la UAIM. Del segundo convenio, el entregable consistente en el Diagnóstico de la Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, por 42 mmp, se observó que la información fue extraída textualmente de internet, y es de 2014. Del tercer convenio suscrito por 101 mmp, el entregable pactado con el ITSC, es el mismo al convenido simultáneamente por la SEDATU con la UPFIM y es coincidente en un 98.6%, y ambos tienen múltiples inconsistencias. Asimismo, el Director General del ITSC manifestó a la ASF que los convenios suscritos, servidores públicos de la SEDATU se los llevaron para su firma, así como los convenios y los entregables ya elaborados. Por otra parte, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU manifestó a la ASF que ni en 2015 ni en 2016, suscribió o firmó convenio alguno con el ITSC.

CONCLUSIONES

La SEDATU, igual que otras entidades de la administración pública federal ha recurrido de manera creciente a la contratación directa de entes públicos y universidades para la supuesta prestación de algunos servicios, pero que en realidad lo han utilizado para desviar recursos públicos a propósito distintos a los objetivos de los servicios contratados.

En el caso de la SEDATU, ni siquiera se cuidaron de cumplir con los requisitos mínimos que la legislación ordena. Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la SEDATU no contaba con suficiencia presupuestal en las partidas correspondientes, por lo que indebidamente utilizó recursos de otras partidas. Tampoco se aseguró de que las entidades contratadas tuvieran la capacidad para realizar los servicios ni si los recursos aplicados cumplieran con las mejores condiciones de mercado.

En el caso de los convenios con dos entidades de radiodifusión, se pagaron los supuestos servicios con recursos ajenos a los destinados a comunicación social autorizados por la Secretaría de Gobernación. Además, no hay evidencia de que dichos servicios hayan sido efectivamente recibidos y utilizados por la SEDATU.

En la Ley de establece que las entidades contratadas mediante este mecanismo pueden subcontratar hasta el 49% con terceros. Sin embargo, en los convenios que revisó la ASF los porcentajes van del 57 al 100%.

Las empresas y personas físicas subcontratadas, a su vez subcontratan o entregan parte a otras empresas o personas físicas y así se pierde la ruta del dinero y no se sabe finalmente a que se destinó y/o a quien o quienes benefició.

Es evidente que se trata de una simulación para desviar recursos públicos ya que en no hay evidencia de que los servicios sean el verdadero propósito de los convenios. Ya sea porque no son necesarios, porque no se ejecuten o porque en ocasiones se solicitan solicita lo mismo y paga a más de una entidad.

El desaseo llega al extremo de que se utiliza como evidencias de que los trabajos se realizaron, documentos ya elaborados y en ocasiones hasta en la misma SEDATU, llegando al cinismo de que lo reconocen los mismos contratistas.

Hay un evidente tramado de complicidades: el órgano interno de control no se entera de nada de lo que pasa, a pesar de las múltiples evidencias e irregularidades; en ocasiones, los propios funcionarios que supuestamente están facultados para de la contratación, la desconocen; la SAHCP se hace la desentendida de las desviaciones presupuestales; la Secretaría de Gobernación se limita a autorizar los gastos en comunicación social, pero no vigila y supervisa su aplicación.

A pesar de que la ASF detecta parte de la problemática, sólo recomienda al órgano interno de control realizar las investigaciones pertinentes, pero no les da seguimiento.

Y lo más importante, ante la evidencia de que se trata de un importante desvío de recursos, para que propósito y a quienes beneficia.

A raíz del escándalo que suscitó esta auditoría, la Secretaria Robles ha salido a los medios diciendo que ella no se benefició, incluso ya acudió a la PGR para solicitar que se le investigue, lo que está bien; sin embargo, no se ha explicado los temas centrales de la auditoría, como la falta de cumplimiento de la normatividad, la simulación, las múltiples contrataciones de los mismos servicios, la falta de comprobación de que los servicios se hayan realizado, los desvíos presupuestales, entre otros.

No es un tema menor para dejarlo pasar. En 2016 la SEDATU gastó 2,360 millones de pesos a través de este perverso mecanismo, poco más del 9% de su gasto total. Si es muy importante saber el destino final de estos recursos, pero también porqué se pueden mover con tanta facilidad e impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que rinda un informe pormenorizado sobre las respuestas que emita la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como ente auditado, al informe individual de auditoria correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2016 en el que señale los Programas Sociales Afectados por la reasignación de recursos a otras partidas presupuestales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se condena el asesinato de Dulce Rebaja Pedro y Crescencio Rebaja Bello, el pasado 25 de febrero, en Chilapa, Guerrero. Se turna a la Comisión de Justicia.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Este 25 de febrero de 2018, fueron encontrados los restos de Dulce Anayely Rebaja Bello y Crescencio Rebaja Pedro en el municipio de Chilapa, en el Estado de Guerrero. Un día antes se había denunciado su desaparición. Dulce Rebaja había sido precandidata a la diputación del distrito 25 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y recientemente nombrada coordinadora del Movimiento Territorial del PRI en Chilapa. Además, se había desempeñado como Directora de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del Gobierno del Estado de Guerrero.

Este muy lamentable suceso nos recuerda de los retos que tenemos por delante. En el Senado de la República repudiamos enérgicamente estos hechos, y exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y certera en la que se castiguen a las personas responsables.

Hace apenas unos días, en el Senado de la República guardamos un minuto de silencio por el asesinato de Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcandía de Chilapa. Estos hechos refuerzan la idea de que las mujeres deben ejercer la política libre de violencia. En México, dos tercios de las mujeres mayores de quince años han sufrido violencia en alguna modalidad, y las mujeres jóvenes, menores de treinta años, son las más expuestas a la violencia extrema.

Sobre las agresiones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que el 43.9% de quienes agredieron a las mujeres en el país durante 2016, fue su pareja. Y el 53.1% sufrió violencia por parte de un agresor distinto, principalmente en el ámbito público, como el trabajo, la escuela, o la familia.1 Esto indica que las agresiones acontecen en cualquier ámbito. Y existe una tendencia alarmante de violencia física, que en su forma más extrema llega a la muerte. En particular, en el contexto de un proceso electoral, deben darse todas las garantías para que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.

A las y los familiares de Dulce y Crescencio Rebaja, desde el Senado se solidariza y envía un sentido pésame por este lamentable suceso.

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que, en el ámbito de sus facultades, investigue y sancione a los responsables de la muerte de Dulce María Rebaja Pedro y Crescencio Rebaja Bello, acaecida en Chilapa, el pasado 25 de febrero de 2018.

SEGUNDO. El Senado de la República rechaza cualquier manifestación de violencia y se solidariza con los familiares de Dulce María Rebaja Pedro y Crescencio Rebaja Bello.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf





Del Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe sobre la solventación de observaciones correspondientes a la cuenta pública 2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales, tales como el desvío en los pagos de la percepción denominada “Beneficio de Seguridad Social” y la realización de pagos indebidos que representan un daño a las finanzas públicas por más de 328 millones de pesos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El suscrito, VÍCTOR MANUEL ANASTASIO GALICIA ÁVILA, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, se asigna de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación.

La Ley General de Coordinación Fiscal prevé los siguientes fondos e incentivos participables: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Asimismo, se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios, y Otros Incentivos.1

Dichos recursos, no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de las entidades federativas y éstas pueden ejercerlos de manera autónoma, no obstante, están sujetos a ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF, en la revisión de Cuenta Pública 2016, detectó que el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en diversas irregularidades en el ejercicio de las Participaciones Federales, lo cual podría constituir un daño al erario público por más de 328 millones de pesos.

En el Pliego de Observaciones con clave 16-A-02000-02-0535-06-001 se señala un presunto desvío de recursos de más de 304 millones de pesos que supuestamente habrían sido transferidos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) para el pago de una percepción otorgada a los empleados denominado “Beneficio de Seguridad Social”, no obstante, el gobierno del Estado no presentó la documentación comprobatoria que acredite el pago del beneficio, ni la autorización correspondiente.

La ASF también identificó diversas anomalías en el pago de salarios, por ejemplo, 504 servidores públicos recibieron pagos superiores a los permitidos por los tabuladores autorizados, lo que representó un daño al erario público por casi 5 millones de pesos.

Otra irregularidad relacionada con el pago de percepciones salariales en la que incurrió el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, es la relacionada con el pago de casi un millón de pesos a 8 trabajadores que habían sido dados de baja definitiva y a los que supuestamente se le continúo pagando su salario.

La Auditoría llevó a cabo una revisión de las nóminas, tabulador de sueldos y luego de analizar 25 mil 989 plazas comprobó que el Gobierno de Baja California realizó pagos a 395 plazas que no están autorizadas por el Congreso del Estado, motivo por el cual se realizó el Pliego de Observaciones 16-A-02000-02-0535-06-002 por un probable daño a la hacienda pública de cerca de  4 millones 500 mil pesos.

Además, el gobierno de Baja California realizó pagos por cerca de 14 millones a trabajadores que no acreditaron el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016.

Estos desvíos de recursos detectados por la ASF, se suman a las numerosas irregularidades que se han presentado durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, que van desde favorecer con la adjudicación de contratos de servicios y obras públicas a empresas afines, hasta el incremento exponencial de la deuda del Estado, así como numerosas acusaciones de un presunto enriquecimiento ilícito.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de Baja California para que presente a esta Soberanía, un informe sobre la solventación de Observaciones correspondientes a la Cuenta pública 2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el ejercicio de las Participaciones Federales, tales como el desvío en los pagos de la percepción denominada “Beneficio de Seguridad Social” y la comisión de pagos indebidos, anomalías que representan un daño a las finanzas públicas por más de 328 millones de pesos.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila.

1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 1817 al Estado de Baja California Sur, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, Auditoría Superior de la Federación,
< http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx> Consultado el 22 de enero de 2018.





De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se condenan los dichos misóginos del Regidor de Piedras Negras, Coahuila, Lorenzo Menera Sierra. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 21 de febrero de 2018, a través de distintos medios de comunicación, se registró que el regidor Lorenzo Menera Sierra, del municipio de Piedras Negras, Coahuila, realizó un video en el que denunciaba la actuación de la policía municipal. El regidor, vinculó a la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez con el crimen organizado y dijo que desearía que recibiera una golpiza para que supiera qué se siente. En sesión de cabildo, el mismo regidor, Lorenzo Menera, reiteró sus dichos. Y aumentó que le gustaría que a la Presidenta Municipal y a las demás regidoras la violaran para que viera cómo se sienten las agresiones.

Estos dichos son profundamente misóginos y recrudecen el contexto de violencia contra la mujer en el ejercicio de la política. Es reprochable que un regidor, elegido popularmente, se exprese de tal manera. Sus dichos son violencia política y merecen no sólo el señalamiento, sino el castigo y las garantías para que ninguna mujer en el país sea objeto de violencia.

Uno de los esfuerzos más importantes para conceptualizar la violencia política contra las mujeres es el “Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género” realizado por distintas instituciones del Estado mexicano, el cual define este tipo de violencia de la siguiente forma:

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Los dichos misóginos no pueden ser tolerados, ni como broma o como parte de la idiosincrasia. El desear que una mujer sea violentada en un país donde dos tercios de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, es incitar al odio. Las mujeres debemos alzar la voz para hacer un frente común ante todo tipo de agresor. Además, en el caso de que el agresor sea funcionario público, como el regidor Lorenzo Menera, las instituciones del Estado deben reaccionar de forma ejemplar.

Por esa razón, quienes suscribimos la presente proposición de punto de acuerdo, requerimos la atención rápida y oportuna de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; para que en el ámbito de sus competencias, inicien un procedimiento contra el regidor Lorenzo Menera por sus dichos misóginos, que incitan al odio y a la violencia.

Y con la Presidenta Municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, así como con las demás regidoras que integran el Cabildo, desde el Senado de la República se le extiende todo el apoyo y solidaridad para que ejerza sus funciones, libre de violencia política.

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila para iniciar de oficio una queja, por los dichos misóginos del regidor de Piedras Negras, Lorenzo Menera Sierra.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus competencias atiendan el caso de violencia contra la alcaldesa de Piedras Negras, Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, y todas regidoras del Cabildo.

TERCERO. El Senado de la República rechaza cualquier manifestación de violencia contra la mujer en el ámbito político, por lo que se solidariza con la alcaldesa de Piedras Negras, Coahuila, Sonia Villarreal Pérez y las demás mujeres que integran el Cabildo. Y refrenda su compromiso para con las mujeres, de garantizar una vida libre de violencia.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y con el propósito de facilitar procesos financieros, las tarjetas de crédito han facilitado la vida de muchas personas y se han convertido en medios fundamentales de pago, que operan de una manera más práctica y rápida. Actualmente, constituyen uno de los principales canales de crédito al consumo y uno de los medios de pago más populares.

El banco, como emisor de la tarjeta, concede a un cliente, mediante un contrato, una línea de crédito revolvente (en cuanto pagas la deuda vuelves a obtener ese dinero para su uso) hasta por un importe determinado conocido como límite de crédito.1

Las tarjetas de crédito ofrecen diversos beneficios a los usuarios ya que funcionan como soluciones de liquidez para la compra de bienes o servicios, en muchas ocasiones ahorran tiempo, dinero y molestias al realizar cada transacción financiera. Se convierten en un medio más seguro por el hecho de proteger el dinero en efectivo. No obstante, existen muchas razones por las que las tarjetas de crédito pueden ser una amenaza para su salud financiera, pero la razón principal es que se usan de forma irracional.

Hasta junio de 2016, las instituciones financieras reportaron al Banco de México un total de 23.4 millones de tarjetas emitidas para personas físicas, con un saldo de crédito de 305.7 miles de millones de pesos. Con base en el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017, el 20% de los adultos reportó contar con una tarjeta de crédito departamental, 11% una tarjeta de crédito bancaria y 4% un crédito hipotecario. Se estima que 4 de cada 10 mexicanos dispone de al menos una tarjeta de crédito.2

Tomando en consideración el patrón de pago, en el país, alrededor del 40% de los usuarios de las tarjetas de crédito pagan cada mes el 100% de sus consumos, es decir, se les considera como clientes “totaleros”. Al porcentaje restante del 60%, los que no pagan por completo sus consumos, se les conoce como “no totaleros”.

No obstante, durante los últimos meses, la capacidad de pagos de los mexicanos que hacen uso de este servicio se ha deteriorado y ello se ha visto reflejado en mayores niveles de morosidad. Las tasas más altas se presentan en las tarjetas de crédito, créditos personales y de nómina. 

A noviembre de 2017, el 16.12% del crédito otorgado vía tarjetas bancarías tenía un atraso o estaba en mora, se trata de la tasa más alta reportada desde noviembre de 2015 y equivale a unos 63 mil 510 millones de pesos. Además, es más alta frente al 14.86%, registrado en el año 2016.3 La morosidad de tarjetas de crédito está entre las más elevadas de los créditos al consumo, durante 2016, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señaló que la morosidad en estas tarjetas se ubicó en 5.2% del total de la cartera. 

Con base en la Encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México, de la Fundación de Estudios Financieros, hay una relación entre el nivel de escolaridad y el número de tarjetas, ya que las personas que tienen tres o más tarjetas de crédito tienen una mayor educación, no obstante, las posibilidades de endeudamiento también son más altas y se comprometen mayores ingresos.

Tomando en cuenta estas cifras de morosidad, la planeación financiera se convierte en un elemento importante para tener en consideración. Las tarjetas de crédito deben ser empleadas correctamente, su uso debe ser planeado y ordenado. El hacer un uso racional de las mismas puede ayudar a organizar de manera correcta las finanzas del hogar. Ello implica, realizar compras a crédito sin rebasar su capacidad de pago y el nivel de endeudamiento para que no se afecten las finanzas familiares. 

Al respecto, cabe destacar el papel de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la cual publica material de educación financiera como Consejos para tu Bolsillo, cuadernos y videos de diferentes temas financieros. Además, destacan diversas recomendaciones, en su plataforma digital, al momento de contratar y mantener las tarjetas de crédito.

En el mismo sentido destacan las acciones que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que pone a disposición de los consumidores un planificador para programar las finanzas y diversos consejos para evitar endeudamientos. 

No obstante, es indispensable fortalecer la cultura financiera del país, de allí el presente exhorto para reforzar las campañas de información dirigidas a los usuarios de servicios financieros, a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Cabe señalar que, la capacidad de endeudamiento de una persona está determinada por su nivel de ingresos, sus gastos y su ahorro, elementos indispensables de una sana cultura financiera.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta al Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las campañas de información, a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Profeco, Tarjetas de crédito: úsalas a tu favor, Disponible en [en línea:]
https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2012/bol217_tarjeta_de_credito.asp

2 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017,  Disponible en [en línea:]
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%
20Inclusion%20Financiera%208.pdf

3 Jessica Becerra, Pegan inflación y mayores tasa de interés a pagos de crédito. Alerta morosidad, Disponible en [en línea:]
http://www.iedf.org.mx/ut/ucs/INFORMA/enero18m/INFOM220118/NAL.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, elaboren e impulsen campañas de concientización e información referentes a la importancia y beneficios inherentes a la actividad física, a fin de fomentar y aumentar la práctica de algún deporte o ejercicio físico entre la población. Se turna a la Comisión de Salud.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cuidado de la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (artículo 1º Bis de la Ley General de Salud), constituye uno de los ejes rectores del Estado Mexicano. El artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primera porción normativa establece expresamente que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

En este tenor, uno de los principales retos en México y a nivel mundial es la inactividad física, situación que obedece a la insuficiente participación en la actividad física en el tiempo de ocio y aumento de comportamientos sedentarios durante el desarrollo de actividades laborales y domésticas. 

Otros factores que inciden en la inactividad física son el incremento de medios de transporte pasivos, superpoblación, aumento de la criminalidad, alta densidad del tráfico, mala calidad del aire, e inexistencia de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que la evolución mundial de la actividad física es particularmente preocupante en algunos sectores poblacionales, tales como jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

Sobre el particular, en días recientes diverso medios de comunicación dieron a conocer que la falta de actividad física se mantiene vigente como un desafío a superar entre la población mexicana. En consecuencia, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo hacer énfasis en la importancia y beneficios inherentes a la actividad física, a fin de fomentar y aumentar la práctica algún deporte o ejercicio.

Para ponderar la idoneidad del asunto, basta mencionar que según el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),1 el porcentaje de la población de 18 años y más de edad que realiza alguna actividad física en México es de 42.4%, cifra que si bien registra un incremento respecto a 2016 (41.8%), también muestra una reducción en relación a 2013 (43.8%), 2014 (45.4%) y 2015 (44.0%).

Mientras 49.8% de los hombres asegura practicar algún deporte, la cifra en el caso de las mujeres corresponde a 36%, cabe referir que en ambos casos entre más aumenta la edad, la actividad disminuye. En cuanto al motivo para realizar alguna práctica físico-deportiva en su tiempo libre, el 59.6% manifestó hacerlo por salud, 19.0% por diversión, 17.6% para verse mejor y 3.7 desconocer porque. 

Por lo que hace al tiempo destinado a desarrollo de alguna actividad física, el 37% de los mexicanos confesó que prefieren la mañana para ejercitarse y el 19.1% gusta de hacerlo en la noche. En cuanto a las razones para abandonar la práctica deportiva o el ejercicio físico, destacan la falta de tiempo (47.3%), cansancio por el trabajo (24.3%) y problemas de salud (16.5%).

El panorama expresado representa un llamado de atención ante el cual no podemos ni debemos ser indiferentes en el Senado de la República, en especial, si tenemos en cuenta que según la OMS, a nivel mundial, la obesidad entre los niños y adolescentes se ha multiplicado por 10 en los cuatro últimos decenios y precisa que de mantenerse las tendencias actuales, en 2022 habrá más población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave.

Aunado a lo anterior, detalla que las tasas de obesidad de la población infantil y adolescente, aumentaron de menos 1% (5 millones de niñas y 6 millones de niños) en 1975 a casi un 6% en las niñas (50 millones) y cerca de 8% en los niños (74 millones) en 2016.2

En el mismo tenor, vemos que con base a información contenida en el estudio “Panorama de la Salud 2017” elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),3 el 54% de los adultos de los países que la integran tienen sobrepeso y el 19% presenta obesidad; y en Hungría, Nueva Zelanda, Estados Unidos y México, las tasas de obesidad son mayores al 30%.

En el caso de México, el estudio en comento señala que en nuestro país se presenta el mayor índice de sobrepeso y obesidad entre la población mayor de 15 años, en los países de la OCDE. Al efecto, indica que 1 de cada 3 mexicanos (33%) mayores de 15 años padece de sobrepeso, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de aproximadamente 1 de cada 4 habitantes (19.4%).

Bajo esta tesitura, los integrantes del grupo parlamentario del PRI estimamos de la máxima pertinencia que los gobiernos de las 32 entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente exhorto.

Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2, fracciones III y IV de la Ley General de Salud, que respectivamente disponen que el derecho a la salud tiene como finalidades: la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud; y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

Asimismo, en observancia al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud (del cual forman parte las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, entre otros), particularmente en lo relativo coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección (fracción VII del artículo 6 de la Ley General de Salud).

Es fundamental fomentar la adopción de actividad física entre la población de nuestro país, especialmente entre niñas, niños y adolescentes. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, elaboren e impulsen campañas de concientización e información referentes a la importancia y beneficios inherentes a la actividad física, a fin de fomentar y aumentar la práctica algún deporte o ejercicio físico entre la población.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/promo/resultados_mopradef_nov_2017.pdf

2 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/increase-childhood-obesity/es/

3 https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario  del PT, con punto de Acuerdo por el que se requiere a diversos funcionarios del gobierno federal relanzar acciones, planes y programas en materia pesquera, turística, de comunicaciones y de desarrollo social en beneficio de la comunidad de San Felipe, Baja California. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE, CON TODA ATENCIÓN, A DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL CON EL PROPÓSITO DE RELANZAR ACCIONES, PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA PESQUERA, TURÍSTICA, DE COMUNICACIONES Y DE DESARROLLO SOCIAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES

Políticas públicas para el desarrollo.

San Felipe es una comunidad en un puerto pesquero en el Alto Golfo de California que cuenta con recursos que debieran hacer de la zona un polo de atracción de inversiones en diversos sectores de la economía. La riqueza del mar ha hecho de la pesca la actividad principal, práctica inveterada en el puerto. Además, hay en la región numerosos atractivos que propician diversos tipos de turismo que van desde el de playa hasta el ecológico o ambiental pasando por el cultural (las pinturas rupestres en algunos sitios se encuentran en buen estado).

Sin embargo, su ubicación a casi doscientos kilómetros de Mexicali, la capital del estado y al mismo tiempo cabecera del municipio del mismo nombre así como el aislamiento: un enclave entre la Sierra de San Pedro Mártir y el mar, ha impedido que esta comunidad desarrolle su potencial.

Finalmente, el privilegio de contar con especies únicas como la totoaba y la vaquita marina han dificultado las actividades productivas, ya que en las acciones y planes de conservación se han privilegiado en exceso las restricciones en lugar de favorecer instrumentar mecanismos de pesca que permitan a los habitantes del puerto satisfacer las necesidades de subsistencia en un ambiente amigable con las especies en peligro de extinción. Por ello, resulta impostergable lanzar una política integral de desarrollo que permita a la comunidad de San Felipe elevar de  manera significativa y progresiva el nivel de vida de la población.

Es importante señalar que ya se cuenta con el Marco legal para concretar las acciones que se solicitan en esta proposición. Se trata del  "Acuerdo por el que se Declara Zona de Desarrollo Turístico Prioritario el corredor costero San Felipe Puertecitos en el Estado de Baja California", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de Marzo del año 2000. La intervención del Senado de la República resulta precisamente de lograr que el Acuerdo se cumpla.

Potencial pesquero.

La comunidad se encuentra asentada en una bahía de casi veinte kilómetros de extensión. El puerto cuenta con instalaciones para embarcaciones de carga ligera en buques de porte hasta de 400 toneladas de desplazamiento y 2.70 m de calado. Salvo los del mar, no existen instalaciones portuarias para la carga y descarga de productos.

En San Felipe la actividad originaria ha sido la pesca. Hoy día la pesca es la principal actividad económica para el sostenimiento de las familias en la región. A pesar de ser comunidad eminentemente pesquera, no cuenta con la infraestructura y servicios que se requieren para la recepción, tratamiento y transporte del pescado.

San Felipe, comunidad adyacente al Alto Golfo de California, constituye la zona núcleo del polígono del refugio de la vaquita marina. La línea imaginaria que atraviesa el mar y une San Felipe con Puerto Peñasco en Sonora marca el límite de las aguas protegidas de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

La pesca rivereña busca principalmente 27 especies. Sobresalen el camarón azul, la corvina golfina, el chano y la sierra, todas dentro de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Las embarcaciones interactúan con especies en peligro de extinción como la vaquita marina y la Totoaba. En San Felipe hay aproximadamente 300 pangas a través de las cuales se explotan alrededor de 500 permisos. Las características propias de los ecosistemas marinos en las proximidades de San Felipe se traducen en la necesidad de contar con acciones y medidas específicas para esta región que se distingue del resto, en particular las que se encuentran en Sonora. De tomarse en cuenta la experiencia y conocimiento de los pescadores así como los estudios de numerosos investigadores entre otras de la Universidad Autónoma de Baja California, los planes de manejo permitirían simultáneamente la conservación de las especies amenazadas y el desarrollo de actividades pesqueras razonables, en beneficio del medio ambiente y de los habitantes del puerto.

Recuperación de una especie.

La Totoaba es un pez que se encontraba al borde de la extinción en razón de que el " buche " es muy apreciado en Asia, en particular en China, ya que se considera que ayuda poderosamente en las facultades reproductivas. Las autoridades pesqueras y ambientales decretaron restricciones para la pesca, a pesar de lo cual es frecuente sorprender pescadores furtivos con el producto ilícito. Ante dicho panorama, la Universidad Autónoma de Baja California ha venido desarrollando una investigación con un proyecto que le ha permitido generar la capacidad de reproducir un millón de ejemplares juveniles en cautiverio. El paso siguiente consiste en re-introducirlas a su hábitat a través de un programa de repoblación. Sin embargo, la institución de educación superior no cuenta con los recursos para llevar a cabo esta última etapa del proyecto. Además de los fondos, se requiere también el apoyo por parte de las autoridades en la materia a fin de poder realizar la observación científica de los ejemplares juveniles que sean reinsertados en el océano. Se considera que una forma idónea de hacer lo anterior es a través de la pesca deportiva realizando junto con el sector pesquero acciones de captura sustentable que permitan a la Universidad elaborar un protocolo a seguir para determinar la cantidad de permisos de captura sustentable de totoabas que resulte recomendable otorgar cada año, una vez que inicie el programa de repoblación.

Potencial turístico.

San Felipe es una de las catorce delegaciones del municipio de Mexicali. Tiene una población cercana a los quince mil habitantes. San Felipe se considera la puerta de entrada al Mar de Cortés. Es un conocido destino turístico y de playa. El clima, cálido seco, es privilegiado casi todo el año. Permite considerar que en San Felipe "no hay días malos”. El clima caluroso y húmedo es benigno para vacacionar en particular durante los meses de mayo a octubre.

El principal atractivo son sus playas que presentan un contraste único entre el azul intenso del también llamado Mar Bermejo con el suelo arenoso y las montañas áridas de Baja California. Las playas son planas, arenosas y bajas y de poco oleaje: destacan en la bahía las que van de Punta El Machorro hasta Punta Estrella. En portales de promoción turística se hace mención a playas como el Faro. En la Zona Norte, Centro ,y Sur de San Felipe así como la zonas de Percebu, Puertecitos , San Luis Gonzaga y Bahía de Los Ángeles se cuenta con gran cantidad de hermosas playas y costas que hacen de este corredor uno de los más bellos en el mundo.

El portal “Turismo Explora” refiere los atractivos siguientes: “Los deportes acuáticos son una buena opción. En la marina y algunos hoteles se pueden contratar excursiones de pesca deportiva, paseos en lanchas de motor o yates, esquí acuático y vuelo en ala delta.

Los terrenos rocosos permiten la práctica a campo traviesa de senderismo y bicicleta de montaña. El cerro Machorro es una colina cercana a San Felipe desde dónde se logra una panorámica del puerto, la sierra y el mar. Las dunas próximas a la costa son propicias para recorridos en cuatrimotos.

En la zona urbana se puede visitar el parque municipal al que por tradición acuden las familias el fin de semana y sobre la avenida costera se puede caminar por el malecón y el cerro del faro.

Hacia el sur cerca de Punta Estrella se puede visitar el valle de los cardones Gigantes, una extensa área desértica poblada de cactus saguaros. En esta misma ruta, se encuentra el poblado pesquero de Puertecitos, asentado a la orilla de una pequeña y hermosa bahía. En este lugar se pueden visitar unos manantiales geotérmicos y disfrutar de un sorprendente cielo nocturno.

Al puerto de San Felipe arriban algunos cruceros dentro de la ruta que recorre el mar de Cortés, que viene desde Mazatlán en Sinaloa, pasando por Los Cabos en Baja California Sur y la Bahía de los Ángeles en Baja California.

Hay múltiples opciones de alojamiento, se pueden encontrar hoteles, moteles, palapas y “trailer park” con los servicios básicos, así como el alquiler y venta de tiempos compartidos. En algunas de las playas camino a Puertecitos está permitido acampar.”

Es en el aspecto cultural destaca el Carnaval San Felipe que es un evento popular en el que participan carros alegóricos con movimiento mecánico y comparsas. El catálogo de eventos contempla bailes populares, juegos mecánicos, Palenque, así como actividades deportivas y culturales. El Carnaval dura tres días y se hace un recorrido por todo el Malecón hasta el mercado y por la Avenida Mar de Cortés para regresar al Malecón.

En el municipio vecino de Ensenada se encuentra la Sierra de San Pedro Mártir, a la que se puede llegar desde San Felipe, a una distancia de cuarenta kilómetros. En esta sierra se cuenta con bosques donde se ubica el Parque Nacional que aloja fauna endémica entre la que destaca el borrego cimarrón y el cóndor de Baja California. Cabe mencionar que en la sierra se encuentra el Observatorio Nacional con un telescopio reflector de 82 pulgadas y otras unidades menores con tecnología de punta. Este enclave para la observación del firmamento disfruta de ventajas como la altura, la claridad del cielo, la baja humedad, la ausencia de contaminación atmosférica y bajos niveles de interferencia de ondas de radio.

Perspectiva de derechos humanos.

En materia de comunicaciones, llevan al puerto la carretera federal número cinco que va de Mexicali al puerto (195 km) y la carretera federal número tres que en 251 km corre de Ensenada a San Felipe. Si bien se cuenta con un aeropuerto de carácter internacional es exclusivo para vuelos privados, circunstancia que reduce notablemente el volumen de visitantes que se pueden recibir provenientes tanto del sur de los Estados Unidos como del interior de la República.

Las familias que habitan el puerto de San Felipe se encuentran en una encrucijada. No pueden llevar a cabo su actividad principal pues las múltiples vedas de diferentes especies se los impiden. No pueden explotar apropiadamente los atractivos turísticos de la zona pues carecen de un aeropuerto apropiado así como de la infraestructura básica que permita promocionar a plenitud los puntos de interés a visitar. Hasta hace unos años la respuesta a sus legítimas demandas de atención se perdía en el margen de discrecionalidad que nuestras leyes permitían a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, las cosas han cambiado a su favor. En efecto, bajo la sombra protectora del Bloque Constitucional de Derechos Fundamentales, los habitantes de San Felipe tienen derecho a la satisfacción de los llamados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales). En observancia de los principios consagrados en el artículo 1° de la Ley Fundamental, en particular el de progresividad, las autoridades están en el deber de lanzar un plan integral sustentable que permita a las personas que habitan en San Felipe colocarse en vías de su pleno desarrollo. De ahí que esta proposición se integra con sendos puntos de acuerdo dirigidos a los titulares de las dependencias federales cuya carga de responsabilidades se relaciona, de manera inmediata y directa, con las obras, programas sociales y servicios públicos necesarios para llevar a San Felipe hacia un entorno que permita un óptimo nivel de vida para sus habitantes, en justicia y con la mayor equidad.

Cabe mencionar que el "Acuerdo por el que se Declara Zona de Desarrollo Turístico Prioritario el corredor costero San Felipe Puertecitos en el Estado de Baja California" se extendió para incluir a San Luis Gonzaga y Bahía de Los Ángeles. El Acuerdo se expide por las Secretarías de Desarrollo Social y de Turismo y lo que significa es que el Gobierno Federal. a través de las Secretarías que conformen el Gabinete Turístico así como las direcciones de Infraestructura como la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua unirán esfuerzos y darán prioridad en sus presupuestos, junto con el Gobierno del Estado de Baja California y los Ayuntamientos de Mexicali y Ensenada para llevar a cabo los programas y acciones que dicta el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico San Felipe- Puertecitos en pro del beneficio social y económico de la región.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se requiere, con toda atención, a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que, tomando en cuenta la experiencia y conocimiento de los habitantes y los investigadores que se han ocupado de la problemática, a través de la revisión, modificación y actualización del Programa de Conservación y Manejo del Alto Golfo de Baja California a efecto de permitir, entre otras acciones, constituir la tercera división acuícola de aprovechamiento al norte del puerto así como la posibilidad de cambio de uso de suelo para fines de inversión en infraestructura en materia acuícola, que permita asegurar tanto la conservación de las especies como la satisfacción de las necesidades de la población de San Felipe, Baja California. Lo anterior en cumplimiento del "Acuerdo por el que se Declara Zona de Desarrollo Turístico Prioritario el corredor costero San Felipe Puertecitos en el Estado de Baja California".

Segundo. Se solicita, con toda atención, a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que dispongan lo necesario para que la Universidad Autónoma de Baja California pueda lanzar un programa de recuperación de la Totoaba a través de acciones de repoblación y captura sustentable. Lo anterior en cumplimiento del "Acuerdo por el que se Declara Zona de Desarrollo Turístico Prioritario el corredor costero San Felipe Puertecitos en el Estado de Baja California".

Tercero. Se solicita, con el mayor de los respetos, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que disponga lo necesario para la práctica de un estudio de factibilidad para contar en San Felipe con un aeropuerto que permita vuelos comerciales para la recepción de los turistas que la zona está en aptitud de atender. Lo anterior en cumplimiento del "Acuerdo por el que se Declara Zona de Desarrollo Turístico Prioritario el corredor costero San Felipe Puertecitos en el Estado de Baja California".

Cuarto. Al titular de la Secretaría de Turismo se le requiere, con toda atención, para que en el marco de las acciones, planes y programas de la dependencia se lleven a cabo las inversiones necesarias para contar con la infraestructura, capacitación y servicios acordes con el potencial de atracción de visitantes que presenta la comunidad de San Felipe, Baja California retomando y actualizando el plan turístico San Felipe, Puertecitos, San Luis Gonzaga. Lo anterior en cumplimiento del "Acuerdo por el que se Declara Zona de Desarrollo Turístico Prioritario el corredor costero San Felipe Puertecitos en el Estado de Baja California".

Quinto. Se requiere, con toda atención al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en tanto se llevan a cabo las acciones anteriores, se sirva llevar a cabo programas que permitan atender las necesidades básicas de las familias del puerto de San Felipe, Baja California. Lo anterior en cumplimiento del "Acuerdo por el que se Declara Zona de Desarrollo Turístico Prioritario el corredor costero San Felipe Puertecitos en el Estado de Baja California".

En la sede del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación integral sobre los recursos empleados por el gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar “Hermanos Serdán”, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversas irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Auditoría Superior de la Federación, identificó diversas irregularidades en la licitación, edificación y comprobación de los recursos que fueron empleados por la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, para la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo Audi, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución en el municipio de Tehuacán.

Dichos trabajos, fueron subsidiados por el Fondo Metropolitano para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Regional, y también por el Programa de Fortalecimiento Financiero, con un monto total de 5 mil 248 millones pesos solo durante el año 2016.

En particular con cada una de las obras y sus observaciones, destaca lo siguiente:

1. La administración del ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, destino más de 266.7 millones de pesos para la ejecución del proyecto de infraestructura que contemplaba la ciclopista y diversas obras de remodelación del distribuidor vial Bulevar Hermanos Sedán.

Debido a la utilización de materiales de dudosa calidad y trabajos que no cumplen con los estándares de calidad, a menos de un año de su apertura, presenta guarniciones incompletas, falta de señalización, varillas expuestas y barandales oxidados que en su conjunto ponen en peligro la vida e integridad física de los usuarios.

También se identificaron luminarias que ya no funcionan, que por actos de rapiña fueron derribadas o desprendidas de sus bases, por si esto no fuera suficiente, la pintura fue desprendida a lo largo de la vialidad.1

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación encontró inconsistencias con los compromisos y obligaciones en los contratos de obra, falta de comprobación total de los gastos y reintegros de los recursos no utilizados por el gobierno de Puebla.2

2. Con los recursos federalizados, etiquetados para el estado de Puebla del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se pavimentó con concreto hidráulico el bulevar del Niño Poblano. Dicha obra, tuvo un costo de 131.3 millones de pesos.

Esta importante vialidad, conecta a la Vía Atlixcáyotl con el bulevar Atlixco y la Calzada Zavaleta, permitiendo el acceso a centros comerciales como la Plaza Angelópolis, unidades habitaciones de la Avenida Real Zavaleta y hasta hospitales como el Hospital Puebla y el del Niño Poblano, no obstante, sólo mide alrededor de 1.8 kilómetros, es decir, cada kilómetro costó más de 65 millones de pesos para su pavimentación.

En estos trabajos, no se cumplieron los tiempos de ejecución pactados, ya que estaban previstos para que concluyeran en cuatro meses, a pesar de ello, no fue hasta seis meses después que fueron inaugurados por el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle.

3. Con el Programa de Fortalecimiento Financiero, se dispuso de 2 mil 451 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para la modernización de los bulevares Hermanos Serdán y Esteban de Antuñano, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo Audi, en San José Chiapa y la construcción del Museo de la Evolución en el municipio de Tehuacán.

Lamentablemente, durante una visita de inspección realizada a la Ciudad Audi, se pudo comprobar que su Centro de Convenciones se encuentra en condiciones deplorables, toda vez que se encuentra deteriorado, no tiene luz y el mobiliario está abandonado, esto da cuenta de que no se está utilizando para lo que fue construido y que su edificación se puede prestar para el desvío de recursos públicos, peculado y actos de corrupción.3

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que la Secretaría de la Función Pública, realice una investigación integral sobre los recursos empleados por el gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversivas irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

Único.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, realice una investigación integral sobre los recursos empleados por el gobierno del estado de Puebla para la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversivas irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Patricia Méndez. (2018). Lucen desgaste apenas a 1 año obras cuestionadas por la ASF. 26/02/2018, de e- consulta Sitio web:
http://www.e-consulta.com/nota/2018-02-22/gobierno/lucen-desgaste-apenas-en-1-ano-
obras-cuestionadas-por-la-asf

2 Auditoría Superior de la Federación. (2018). Informe de la Cuenta Pública. 26/02/2018, de ASF Sitio web:
http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.pdf

3 Osvaldo Macuil. (2018). Centro de Convenciones de Ciudad Modelo Audi costó 240 millones de pesos y está abandonado, el mobiliario deteriorado y no tiene luz: ASF. 26/02/2018, de Periódico Central Sitio web:
http://www.periodicocentral.mx/2018/gobierno/item/4032-centro-de-convenciones-de-ciudad-
modelo-audi-que-costo-240-millones-de-pesos-esta-abandonado-con-el-mobiliario-deteriorado-y-sin-luz-asf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la cuenta pública 2016, relacionadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, sobre las acciones administrativas y denuncias penales realizadas contra los presuntos servidores públicos de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes medulares en los que se sustenta la gobernabilidad democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que todos interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.

La fiscalización superior ofrece elementos de gran utilidad para promover la gobernanza, es decir, conformar gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y orientados por principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las entidades oficiales.

La fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Señala que si derivado del examen que realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, se determinarán las responsabilidades  de acuerdo con la Ley. 

El artículo 79 plantea que la Auditoría Superior tendrá entre sus atribuciones “Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley”.

El artículo 134 señala que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, menciona que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan.1

Pese a este complejo marco jurídico, la opacidad en el manejo de los recursos públicos ha constituido una práctica sistemática del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a lo largo de su gestión.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, incluidos en la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se revisó una muestra de 245,405.1 miles de pesos, cifra que representó el 72.9% de los 336,685.3 miles de pesos transferidos al gobierno de dicha entidad mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Al 31 de diciembre de dicho año, no se había ejercido el 11.5% de los recursos transferidos.2

La Tesorería de la Federación transfirió dicho monto de recursos, en tiempo y forma, al gobierno de la entidad, de los cuales 232,530.0 miles de pesos correspondieron a Educación Tecnológica y 104,155.3 miles a Educación para Adultos. El Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Guanajuato (CONALEP-Guanajuato), es el ejecutor y responsable de los recursos del FAETA.

Al 31 de diciembre de 2016, este organismo había ejercido 220,295.9 miles de pesos, lo que representó el 94.7 % del total, por lo que hubo un subejercicio por 12,234.1 miles, equivalente al 5.3 % del recurso ministrado a la entidad ejecutora, situación que prevaleció hasta el 31 de marzo de 2017, fecha de la revisión.

De igual manera, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), había ejercido 77,647.9 miles de pesos, lo que representó el 74.6 % del total de 104,155.3 miles que recibió por concepto de FAETA, lo que representó un subejercicio por 26,507.4 miles de pesos, es decir, 25.4% del total del recurso ministrado a la entidad ejecutora.

Por lo anterior, el gobierno estatal incurrió en inobservancias normativas como la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Contabilidad Gubernamental, que generaron la aplicación de los recursos a los fines del fondo por un importe de 38,741.6 miles de pesos, que significan el 15.2 % de la muestra auditada.

En conclusión –señala la ASF– el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.

Ello, atenta contra la implementación eficiente de programas sociales trascendentales como los educativos, en perjuicio de la población y revela la ineficacia de la estrategia en materia de transparencia, propuesta desde el inicio del actual gobierno estatal. El Programa de Gobierno 2012-2018 planteó el desarrollo de una Agenda ciudadana para el Eje transversal de Buen Gobierno, donde expresa la necesidad de implementar verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos los niveles y áreas de Gobierno.3

Al respecto, establece el proyecto Gobierno honesto y transparente, con el propósito de asegurar la integridad y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad.

No obstante las buenas intenciones, los casos de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos han aumentado de manera sistemática, lo que es preocupante si consideramos que la mayoría de las veces están destinados a proyectos económicos y programas sociales.

Se presume, pues, de un daño al erario público, lo cual es inadmisible en una  entidad que enfrenta diversos rezagos en materia social. Concretamente, en materia educativa, poco más de 1.7 millones de guanajuatenses padecen rezago educativo, ello significa que cuatro de cada 10 se encuentran en esta situación, con lo que la entidad se ubica en el lugar 7 a nivel nacional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en la Encuesta Intercensal 2015, en la entidad existen todavía poco más de 264 mil personal analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir un recado, situándola en el lugar 8 de todo el país.4

Conforme a datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo escolar 2016-2017, la tasa de analfabetismo estatal es de 5.2 %, cifra por arriba del promedio nacional de 4.4 %; mientras que el grado promedio de escolaridad en cada ámbito es de 8.5 y 9.4 años, respectivamente.

Es decir, en la entidad no alcanza ni el tercero de secundaria concluido.5

Basta señalar que en educación media superior, el abandono escolar es de 15.2 %, la tasa de reprobación de 11.9 % y la eficiencia terminal de 58.9 %, datos que en general, se comparan desfavorables con relación a los promedios nacionales.

El artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que son sujetos de fiscalización: I. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; II. Los ayuntamientos; III. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; y IV. Los organismos autónomos.

Asimismo, señala que la función de fiscalización también comprende los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura jurídica.6  

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son aspectos cruciales para avanzar en la consolidación del proceso democrático, el Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones y los servidores públicos.

Ante este panorama, es indispensable que los presuntos responsables de las irregularidades cometidas sean sancionados conforme a derecho, debido a que se trata de un ejercicio indebido de las arcas públicas, que limita la instrumentación de programas sociales y proyectos económicos en beneficio de la población.

Los recursos públicos deben implementarse con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, tal como lo establece nuestro marco normativo, por lo que ante cualquier irregularidad se deben efectuar las investigaciones correspondientes, a fin de imponer las sanciones conducentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, relacionada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, sobre las acciones administrativas y denuncias penales realizadas contra los presuntos servidores públicos de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

2 http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

3 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

4 http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_encuesta_intercensal2015.pdf

5http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales
_cifras_2016_2017_bolsillo.pdf

6 http://imug.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Ley-de-Fiscalizaci%C3%B3n-
Superior-del-Estado-de-Guanajuato.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al de la delegación Xochimilco a diseñar e instrumentar estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender el incremento sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde que comenzó su administración como jefe delegacional de Xochimilco, Avelino Méndez Rangel ha sido señalado por diversas acciones realizadas en detrimento de la población de la demarcación, quienes se han inconformado por cuestiones como la nula prestación de servicios básicos, desabasto de agua potable, vialidades sin mantenimiento, infraestructura deteriorada, mal transporte público e inseguridad.

En relación a esta última consideración, cabe destacar que la inseguridad es una situación generalizada en la Ciudad de México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de denuncias presentadas en la entidad ha aumentado permanentemente, al pasar de 169 mil 701 en 2015; a 179 mil 720 en 2016; y 204 mil 078 en 2017.1

En el caso de la delegación Xochimilco, la violencia e inseguridad se han manifestado de distintas maneras. En agosto de 2017, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en esta delegación se tenía registro de la presencia y operación de bandas criminales dedicadas a despojar de sus tierras a los dueños originarios, a quienes además los amenazaban; cobrar derecho de piso a comerciantes y transportistas; y traficar droga al menudeo.2 

En dicha fecha, habitantes de Santa Cruz Acalpixca denunciaron por primera vez que en sus propiedades se habían encontrado sembradíos de marihuana y que fueron despojados de sus tierras por hombres armados. La denuncia correspondiente fue entregada al jefe delegacional Avelino Méndez Rangel y firmada por los vecinos afectados.

Aunque el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el jefe delegacional de Xochimilco han hecho caso omiso de esta problemática, se encuentra documentado que el incremento del narcomenudeo en dicha demarcación es una realidad. Como no se había registrado antes, en Xochimilco actualmente se tiene conocimiento de balaceras y ejecuciones.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el 1 de mayo de 2017, fecha en la que hubo un enfrentamiento armado en un establecimiento mercantil ubicado en las calle Lirio Acuático y Camino Viejo a Nativitad, en el Barrio de Xaltocan, dejando como saldo un muerto y tres heridos. Otro caso de igual naturaleza ocurrió el 21 de agosto de 2016, cuando se encontró el cuerpo de un hombre que murió a causa de impactos de bala en una reserva ecológica de Canal de Chalco y Las Torres.3

Por lo que respecta al aumento sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio, con base a información de la organización Semáforo Delictivo, vemos que de enero a diciembre de 2017, de manera ininterrumpida, dichos ilícitos estuvieron por encima de la media y meta establecidas, cada mes el número de incidentes se ubicó en el alrededor de 40 incidentes.4

No podemos ser indiferentes ante dicha situación, en especial cuando los ilícitos en comento no sólo menoscaban el patrimonio de la población sino que también vulneran su tranquilidad e integridad. Ejemplo de ello es que el 22 de noviembre de 2017 tuvimos conocimiento de que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a una casa habitación de la Colonia Ampliación Tepepan, Xochimilco para amenazar a los propietarios, a fin de que abandonarán su domicilio.5

El caso en comento es muestra del ambiente que padecen los habitantes de la demarcación, quienes no tienen certeza sobre la protección de su patrimonio, bienestar e integridad. En este tenor, es de vital importancia que en la delegación Xochimilco se diseñen e instrumenten estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender el incremento sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017.

El asunto adquiere mayor pertinencia si tenemos en cuenta que la seguridad pública, es una función de las autoridades de los tres niveles de gobierno que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que establece la Constitución Federal.

En consecuencia, resulta fundamental que el Gobierno de la Ciudad de México y al de la Delegación Xochimilco, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, implemente acciones y medidas que garanticen la salvaguarda de la esfera jurídica de la población a través de la efectiva prevención, combate y sanción de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al de la Delegación Xochimilco, para que en el marco de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, diseñen e instrumenten estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender el incremento sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio registrado en la demarcación durante el año 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

2 http://www.proceso.com.mx/498598/crimen-organizado-invade-xochimilco

3 http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-07-26/nacion/xochimilco-el-crimen-organizado-que-no-ve-mancera

4 http://df.semaforo.com.mx/

5 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-12-06/balean-casas-e-intimidan-habitantes-robar-
xochimilco/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que             se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a llevar a cabo              las acciones necesarias para prevenir que los recursos materiales, humanos y económicos del municipio de Texcoco sean utilizados para financiar las aspiraciones políticas de Delfina Gómez Martínez e Higinio Martínez, candidatos al Senado de la República por el partido MORENA, en virtud de los precedentes de desvíos ocurridos durante la campaña a la gubernatura del Estado de México que fueron documentados por diversos medios de comunicación. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, el municipio de Texcoco se ha convertido en un botín político y económico para el Grupo Acción Política encabezado por Higinio Martínez Miranda, prueba de ello, es la forma exponencial en que él y su familia se han enriquecido a costa del erario público.

Durante la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal de Texcoco (1 de enero de 2013 al 13 de marzo de 2015), Higinio Martínez colocó en puestos estratégicos a sus familiares: su hermano Alberto Martínez quedó al frente de la Tesorería; Elizabeth Terrazas, nuera de Higinio se desempeñó como directora del DIF municipal; la prima del líder texcocano, Mónica Quintero Miranda, se hizo cargo de  la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y el esposo de esta última se encargó de la Dirección de Regulación Comercial.1

Además entre el  año 2013  y  2015, Delfina Gómez entregó diversos contratos por un monto de 32 millones a empresas administradas por familiares de Higinio Martínez. La asignación de obras se dio de forma irregular, porque se dieron de manera directa e invitación restringida, sin una licitación de por medio, además de que el dueño de las empresas beneficiadas a su vez era funcionario público en el municipio de Texcoco.2

Las empresas beneficiadas por Delfina Gómez Fueron: Ingeniería, Terracería  y Carreteros ITCA S.A. de C.V. y Grupo VAZMI S.A de C.V. empresas administradas por Jorge Luis Vázquez Reyes, yerno del tío de Higinio Martínez Miranda.

Este no es el único hecho relacionado con la asignación irregular de obras o servicios durante la administración de Delfina Gómez, como ejemplo, podemos señalar los pagos por más de 5.4 millones que se realizaron a una presunta empresa fantasma por la realización de sobrevuelos que servirían  para actualizar el catastro en diversas comunidades, sin embargo, no existen registros de que esos trabajos se hayan realizado, es decir, se efectuaron pagos por un servicio inexistente, lo cual sin duda, constituye un daño al erario público.3

La corrupción del Grupo Acción Política del que forma parte Delfina Gómez Álvarez, no se circunscribe exclusivamente al detrimento del erario público del municipio de Texcoco a través de la asignación irregular de obras o el pago de servicios inexistentes, sino también a la auto asignación de bonos indebidos4 y al daño de los ingresos de los trabajadores que laboran en el municipio, a través de la retención del 10% de su salario.5

Se estima que a través del cobro de “diezmo” Delfina Gómez habría obtenido cerca de 36 millones de pesos, recursos con que presumiblemente fueron utilizador para financiar sus aspiraciones políticas, primero como diputada federal por morena y posteriormente en su campaña a la gubernatura del Estado de México. A este desvío de recursos públicos, se deben agregar los cerca de 6 millones de pesos correspondientes a las pensiones alimenticias de más de cuarenta madres de familia, que  retuvo de manera indebida  a finales de 2013 y durante los siguientes dos años.6

EL pasado 15 de enero de 2018, Higinio Martínez Miranda, presentó su licencia definitiva para separarse de su encargo como presidente municipal de Texcoco y competir por una candidatura del partido MORENA al Senado de la República.

Hace unos días, en la Asamblea Nacional Electiva de MORENA decidieron que Higinio Martínez y Delfina Gómez quedaran incluidos en la lista de fórmulas por la vía de mayoría relativa al Senado de la República.7

Los precedentes que hemos enumerado anteriormente, son contundentes y dan cuenta de la manera sistemática en que Delfina Gómez Álvarez y su jefe Higinio Martínez Miranda, han utilizado de forma indebida los recursos del municipio de Texcoco para financiar sus aspiraciones personales y políticas, por ello, resulta apremiante prevenir que durante el actual proceso electoral, se utilicen los recursos materiales, humanos y económicos de dicho municipio en sus campañas al Senado de la República.

De acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México señala que los municipios de dicha entidad son sujetos de fiscalización.8 Asimismo, establece que La fiscalización superior se podrá realizar de manera contemporánea a la ejecución de actos de gobierno.9

Entre las atribuciones del Órgano Superior destaca que tiene la atribución de fiscalizar en todo momento los ingresos y egresos de las entidades fiscalizables a efecto de comprobar que su recaudación, administración, desempeño, niveles de deuda y aplicación se apegue a las disposiciones legales, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación aplicables.10

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias para prevenir que los recursos materiales, humanos y económicos del municipio de Texcoco sean utilizados para financiar las aspiraciones políticas de Delfina Gómez Martínez e Higinio Martínez, candidatos al Senado de la República por el partido MORENA, en virtud de los precedentes de desvíos ocurridos durante la campaña a la gubernatura del Estado que fueron documentados por diversos medios de comunicación.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 De Mauleón Héctor, “El cacique de Texcoco”, El Universal. 18 de junio de 2015,
< http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/
2015/06/18/el-cacique-de-texcoco> Consultado el 26 de febrero de 2018.

2 “Dio Delfina Gómez contratos a familia de Higinio en Texcoco” El Universal, 15 de mayo de 2017, p. A8 Nación.

3 “Delfina pagó 5.4 mdp por trabajo fantasma a firma con sede en una casita”, >La Razón,  
< http://www.razon.com.mx/spip.php?article347038> Consultado el 26 de febrero de 2018.

4 Delfina se autopagó ilegalmente 440,000 pesos de liquidación y bono en Texcoco, El Financiero,
< http://eleconomista.com.mx/estados/2017/04/05/delfina-se-autopago-ilegalmente-440000-
pesos-liquidacion-bono-texcoco> Consultado el 26 de febrero de 2018.

5 Delfina Gómez desvío 36 mdp, asegura PAN, Grupo Imagen,
< http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=681210&idFC=2017> Consultado el 26 de febrero de 2018.

6 “Señalan a Delfina por desvío de pensiones para mujeres y niños”
<http://www.milenio.com/politica/delfina_gomez-morena-desvio-recursos-mujeres-ninos-milenio-noticias-edomex_0_953304748.html> Consultado el 26 de febrero de 2018.

7 “Van Delfina Gómez e Higinio Martínez al Senado por el Edomex”, El Universal,
< http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/van-delfina-gomez-e-higinio-martinez-al-
senado-por-el-edomex> Consultado el 26 de febrero de 2018.

8 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, artículo 4.

9 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, artículo 5.

10 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, artículo 8, fracción I.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Veracruz y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a implementar o, en su caso, intensificar sus acciones encaminadas a prevenir e inhibir la utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, a fin de garantizar equidad y legalidad en el proceso electoral en la entidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto y generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 1º de julio, se celebrará la jornada electoral más grande y compleja de la historia del país, ya que se elegirán 3 mil 406 cargos de elección popular, entre los cuales destaca un Presidente de la República, 128 Senadores, 500 Diputados Federales, 8 Gobernadores, un Jefe de Gobierno, 972 diputados locales en 27 entidades federativas y mil 596 ayuntamientos.1

De manera particular, en el Estado de Veracruz se elegirán un gobernador, 50 diputados (30 de mayoría relativa y 20 por representación proporcional), senadores y diputados federales.

En atención a la trascendencia del asunto en comento, resulta indispensable que las elecciones cumplan con los principios de transparencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

El presente Punto de Acuerdo tiene como objetivo hacer el llamado al Congreso del Estado de Veracruz y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que intensifiquen las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, con el propósito de garantizar equidad, transparencia y legalidad en la entidad. 

Cabe recordar que en la actual gestión del gobernador estatal, ha sido señalado en distintas ocasiones por presuntas violaciones a los derechos humanos, conflictos de interés, corrupción, falta de transparencia, persecución de comunicadores e incluso, por condicionar programas sociales o recursos públicos.

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo adquiere mayor pertinencia si tenemos en cuenta que el pasado 20 de enero, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares entregó tarjetas a la población como beneficiaria del Programa “Veracruz Comienza Contigo” de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.

Diversos medios periodísticos indican que, durante la entrega de los recursos, el gobernador del Estado anunció que en el próximo mes de febrero habrá un programa dedicado exclusivamente a las mujeres veracruzanas donde se apoyará a 150 mil madres solteras y a 60 mil mujeres mayores de 60 años que sufren situación de abandono.2

En total -menciona- se beneficiarán 210 mil veracruzanas pues recibirán un apoyo mensual y cursos de capacitación en actividades productivas, así como otros servicios de salud para la mejora de su calidad de vida, como los servicios dentales a través del programa Sonríe Veracruzana o las estufas ecológicas.

También, señaló que durante los próximos meses habrá apoyos a familias que vivan en hacinamiento y tengan niñas adolescentes, para que cuenten con cuartos y dormitorios para este sector poblacional.

El 30 de noviembre de 2017, el gobierno del estado anunció obras de más de mil millones de pesos para 2018. Asimismo, cabe destacar que Presupuesto de Egresos 2017 destinó para Desarrollo Social 534 millones 824 mil 269 pesos y para el 2018, un total de 978 millones 695 mil 980 pesos.

En este marco, resulta urgente que el Congreso de la entidad y la FEPADE lleven a cabo acciones pertinentes con el objeto de prevenir posibles irregularidades sobre el mal uso de programas sociales de la entidad.

Cabe mecionar que medios periodísticos revelaron que el pasado 14 de febrero del año en curso, vecinos de diversas colonias de Veracruz se quejaron por el condicionamiento de apoyos sociales por parte de gobierno estatal.

Ante este panorama, resulta apremiante que las autoridades competentes implementen acciones para prevenir e inhibir la utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales.

La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información contribuye a la apertura de canales de comunicación entre Estado y sociedad, permitiendo a la ciudadanía participar de manera eficiente en los asuntos públicos para realizar una revisión del ejercicio gubernamental.

Para consolidar la gobernabilidad democrática del país se requiere, garantizar las condiciones necesarias e idóneas para realizar elecciones libres, ordenadas, auténticas y pacíficas, en los procesos electorales del país.

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son aspectos fundamentales para avanzar en la consolidación democrática. Se trata de componentes sustanciales para una gestión pública eficaz y eficiente, que contribuya al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República el Senado de la República exhorta al Congreso de Veracruz y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen, o en su caso, intensifiquen las acciones encaminadas a prevenir e inhibir la utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, con el objeto de garantizar equidad y legalidad en el proceso electoral en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/

2 http://libertadbajopalabra.com/2018/01/22/veracruz-comienza-las-mujeres/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a que, a través de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, diseñe e instrumente medidas y estrategias en materia de prevención y combate del feminicidio, con especial énfasis en los municipios de Cuernavaca y Jojutla, donde se presentan las tasas más altas, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la actual administración del estado de Morelos, el incremento de la incidencia delictiva ha sido una constante en detrimento del patrimonio y bienestar de la población. Una de las principales problemáticas registradas es la violencia cometida en contra de las mujeres, quienes son víctimas de conductas como trata de personas, violación a los derechos humanos, lesiones e incluso, feminicidios.

Al efecto, basta recordar que aunque en 2015 se emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género en distintos municipios de Morelos, 2016 fue el año más violento para las mujeres en la entidad (7 de cada 10 sufrió un tipo de violencia).1

Si bien es cierto que en abril de 2017, la Secretaría de Gobernación levantó la Alerta de Violencia de Género en la mayoría de los municipios, al haber implementado políticas públicas en materia de seguridad, prevención y justicia para atender la violencia contra las mujeres, también lo es que este fenómeno se sigue presentando en agravio de las víctimas y sus familias, así como de la sociedad en su conjunto.

Sobre el particular, vemos que de acuerdo con cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una tasa de 2.65 (mientras la tasa nacional es de 1.06), en 2017 el estado de Morelos se posicionó como la tercera entidad con el mayor número de presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres.2

Además, detalla que enero a diciembre de 2017, en el estado de Morelos se registraron 27 casos de feminicidios y que siete de los cien municipios con mayor incidencia forman parte de la entidad: Amacuzac, Jojutla, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Yautepec, Temixco y Cuernavaca.

Sobre dichos municipios, destaca que Cuernavaca (lugar 18), con cinco casos tiene una incidencia de 2.41 por cada 100 mil mujeres; Jojutla (lugar 22), con cuatro de 12.80; y Tlaltizapán (lugar 42) con tres casos de 10.97.  Por otro lado, con dos casos, Puente de Ixtla (lugar 87) tiene una incidencia de 5.78; Yautepec (lugar 93) de 3.52; y Temixco en (lugar 94) de 3.24.

Aunado a lo anterior, el municipio de Amacuzac, también con dos casos registrados (lugar 67), debido a que en relación al número de habitantes mujeres, sólo nueve mil 691, registra una incidencia de 20.64, cifra que contrasta con la incidencia estatal de 2.65 y la nacional de 1.06.3

Aunado a lo anterior, a principios del año en curso, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el estado de Morelos la cifra de desapariciones de mujeres aumentó a más del doble, al pasar de 103 casos reportados durante 2016 a 253 documentados en 2017. En 2017 se contaron 39 casos de desaparición de niñas de entre 1 y 12 años; 183 de jóvenes de entre 13 y 29 años; 30 de mujeres mayores de 29 años y una sin determinar su edad.4

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos imperativo que en el estado de Morelos se garanticen las condiciones básicas que permitan a las niñas, jóvenes y mujeres de la entidad, poder alcanzar su pleno desarrollo, en entornos sin miedo, amenazas ni violencia, es ahí donde radica la pertinencia del presente asunto. 

Resulta propicio señalar que en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En este orden de ideas, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo que en el estado de Morelos se implementen acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en los feminicidios y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos para que, a través de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, diseñe e instrumente medidas y estrategias en materia de prevención y combate del feminicidio, con especial énfasis en los municipios de Cuernavaca y Jojutla, donde se presentan las tasas más altas, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/12/en-morelos-7-de-cada
-10-mujeres-sufre-algun-tipo-de-violencia

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf p.21

3 https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-3-en-feminicidios-cuernavaca-y-jojutla-lideran

4 http://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-desaparicion-de-253-mujeres-en-morelos-durante-2017






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a dar celeridad a las carpetas de investigación que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado, por los presuntos delitos de secuestro y privación de la libertad. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace unos días, el partido MORENA presentó su lista de candidatos al Senado de la República por el principio de representación proporcional, en la que destacan los nombres de Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado García, no por su trayectoria y sus logros, sino porque estos personajes tienen aún pendientes distintos procesos penales.

Nestora Salgado García fue detenida el 21 de agosto de 2013, bajo las imputaciones de secuestro agravado y recluida desde el 23 de agosto de 2013, bajo los cargos de secuestro, asociación delictuosa, robo y homicidio.

De acuerdo con una columna periodística publicada en el periódico la Razón [*] , las averiguaciones previas y las carpetas de investigación en contra de Nestora Salgado García, que aún están pendientes por consignar: MOR/OLI/01/038/2018, por secuestro; DGCAP/136/2013, por secuestro; DGCAP/140/2013, por secuestro; DGCAP/157/2013, por secuestro; DGCAP/165/2013, por secuestro; MOR/OLI/01/043/2013, por privación de la libertad; MOR/OLI//045/2013, por privación de la libertad; y DGCAP/0212/2013, por secuestro.

En mayo de 2016, mediante comunicado de prensa la Fiscalía General del Estado de Guerrero manifestó que apelaría todos los asuntos, salvo en los casos en los que fidedignamente se acredite la no responsabilidad del inculpado, en consecuencia, cuando exista un absoluto reconocimiento de inocencia, tomando en consideración que la institución del Ministerio Público de la que es titular, es una institución de buena fe. [*]  Asimismo, detalló que deben ser los Magistrado los quienes resuelvan de manera definitiva su situación jurídica.

Es importante mencionar que Nestora Salgado García, pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del municipio de Olinalá en la región de la Montaña en el estado de Guerrero, y se le ha vinculado con la comisión de por lo menos 48 secuestros, entre jóvenes, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con los testimonios, asentados en expedientes de las víctimas que supuestamente cometieron faltas en la comunidad, eran detenidos y les exigían, para quedar en libertad, cuotas desde cinco hasta 50 mil pesos. Mientras juntaban el dinero, detallan los señalamientos, los obligaban a realizar trabajos en el campo, con jornadas de seis de la mañana a siete de la noche. Su pago eran tres cucharadas de frijoles y dos tortillas al día.

Por estos delitos estuvo detenida en el penal de alta seguridad de Tepic, en el estado de Nayarit. Teniendo como antecedentes más de 7 averiguaciones previas por secuestro y privación de la libertad, situación que no solo constituye una trasgresión a nuestro marco jurídico, sino que representa una violación a los derechos humanos de las personas retenidas contra su voluntad.

Existen grabaciones que la inculpan, en una de ellas se puede comprobar que Nestora Salgado García solicitaba a cambio de sus víctimas dinero en efectivo, al decirles… “Soy la comandante… y sólo llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar 5 mil pesos”.

Asimismo, los padres de familia de los jóvenes secuestrados afirmaron que una vez que pagaban los rescates y dejaba en libertad a las víctimas eran obligados a firmar un documento que decía que las niñas estaban fuera de su hogar porque se estaban reeducando, y se comprometían a no interponer ninguna demanda en contra de la Policía Comunitaria.

Si bien es cierto que ha sido exonerada, también lo es que aún siguen pendientes carpetas de investigación que deben ser esclarecidas. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, de celeridad a las carpetas de investigación que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado, por los presuntos delitos de secuestro y privación de la libertad.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que, en el ámbito de sus atribuciones de celeridad a las carpetas de investigación que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora Salgado García, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y privación de la libertad.

Tercero. El senado de la República exhorta al Poder Judicial del Estado Guerrero para que, en el ámbito de sus atribuciones agilice las contestaciones a las impugnaciones formuladas por la Fiscalía del Estado de Guerrero en contra de distintas resoluciones sobre los delitos de secuestro y privación de la libertad en las que presuntamente habría incurrido Nestora Salgado García.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente.

[*]  https://www.razon.com.mx/cassez-la-senadora-secuestradora/
[*]  http://fiscaliaguerrero.gob.mx/2016/05/05/comunicado-de-prensa-45/






De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y del Senador José María Martínez Martínez, con punto de Acuerdo relativo al “Día Nacional de la Familia”. Se turna a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA CEBALLOS LLERENAS,  MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MARÍA DEL ROCIO PINEDA GOCHI y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Senadores de la Republica de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, Fracción II y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El primer párrafo del artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. Este precepto constitucional nos obliga a legislar por la protección del núcleo básico de la sociedad. Es, en la familia donde se cohesiona la sociedad y donde se dan las primeras normas para el funcionamiento de esta. Debido a esto, el Estado considera importante su preservación.

En el ámbito internacional, también se encuentra establecido la protección de la familia, algunos de los tratados internacionales que hacen alusión a la familia son los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16 declara que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su Artículo 17, inciso 1: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.” Así mismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) establece en su Artículo 15; la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.

El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, donde el Artículo 10 reconoce que “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.

A partir de la anterior, es de destacarse que el Estado Mexicano, consciente de la importancia del núcleo fundamental de la sociedad; a través de un decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el día 2 de marzo del año 2006 emitido por el Ejecutivo Federal, exhorta a que el primer domingo del mes de marzo sea celebrado el Día Nacional de la Familia, estableciendo el siguiente decreto:

ARTÍCULO 1.- Se declara Día Nacional de la Familia, el primer domingo de marzo de cada año.

ARTÍCULO 2.- En el marco del Día Nacional de la Familia las Dependencias del Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán actividades de promoción para el fortalecimiento de la Familia.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de destacarse, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el Consejo de Derechos Humanos en su 29 periodo de sesiones, adoptó la resolución A/HRC/29/L.25 de fecha 3 de julio de 2015, que tiene por objetivo la protección de la familia y el impulso de ésta como generadora de condiciones de vida dignas para la erradicación de la pobreza. Basta citar algunas partes de la resolución en comento:

[…]

4. Reafirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado;

[…]

6. Reconoce que la familia, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos de sus miembros, es una sólida fuerza de cohesión e integración social, solidaridad intergeneracional y desarrollo social, y desempeña un papel decisivo en la preservación de la identidad cultural, las tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema de valores de la sociedad;

7. Observa que las familias son sensibles a la tensión ocasionada por los cambios sociales y económicos, y expresa profunda preocupación por que las condiciones hayan empeorado para muchas familias debido a las crisis económicas y financieras, a la falta de seguridad en el empleo, al empleo temporal y a la falta de ingresos regulares y de empleo remunerado, así como en razón de las medidas adoptadas por los gobiernos que tratan de equilibrar su presupuesto mediante la reducción de los gastos sociales;

8. Reconoce que la unidad familiar está expuesta a una creciente vulnerabilidad;

9. Insta a los Estados Miembros a que creen un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de la responsabilidad parental compartida en la educación y el desarrollo de los niños;

[…]

13. Resalta la función que desempeñan los miembros de la familia, fundamentalmente los padres y tutores, en el fortalecimiento de la imagen que las niñas tienen de sí mismas, de su autoestima y de su condición, y en la protección de su salud y su bienestar;

[…]

16. Observa que los hogares monoparentales, los encabezados por niños y los intergeneracionales son especialmente vulnerables a la pobreza y la exclusión social;

[…]

23. Insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, brinden a la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, protección y asistencia eficaces, y, en ese sentido, alienta a los Estados a que adopten, según proceda y hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas como:

a) La elaboración de políticas favorables de apoyo a la familia, y la evaluación de los efectos de esas políticas y programas en el bienestar de las familias;

[…]

c) El análisis de las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, los programas de ajuste estructural, la tributación, las inversiones, el empleo, los mercados y todos los sectores pertinentes de la economía en relación con sus efectos sobre el bienestar y la situación de la familia;

d) El apoyo de la investigación y la elaboración de estrategias integrales a fin de aumentar la capacidad de las familias y las comunidades para atender a los miembros de más edad y reforzar el papel de los abuelos en la crianza de sus nietos;
e) El análisis de las causas de la desintegración familiar y la mitigación de sus consecuencias;

f) La adopción de disposiciones para facilitar, según proceda, la integración de las familias en la sociedad y su reunificación, preservación y protección, entre otras cosas proporcionando viviendas adecuadas y acceso a los servicios básicos y a medios de vida sostenibles;

g) El fomento de la reducción de la pobreza, por ejemplo, concediendo asistencia a las familias en situaciones difíciles y reforzando la capacidad de obtención de ingresos de todos los miembros adultos de las familias económicamente desfavorecidas;

[…]

Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas ONU estableció en el marco del día internacional de la familia 2016, que la familia se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.1

Cabe señalar, que de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015 que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 89 de cada 100 hogares son familiares y el resto, no familiares.

Por las razones anteriores, y en el marco del Día Nacional de la Familia se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes se lleven a cabo actividades de promoción para la protección de la familia.

De igual forma, se solicita un informe sobre las acciones, programas y políticas públicas vigentes para la protección de la familia, con el propósito de analizar si las existentes son suficientes, o en su caso, se requiere la implementación de nuevas políticas públicas para la protección de la familia.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en función de las atribuciones legales a las que se ha hecho mención, esta H. Soberanía propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. En el marco del Día Nacional de la Familia, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a enviar al Senado de la República un informe de las acciones, programas y políticas públicas vigentes para la protección de la familia.

SEGUNDO. En el marco del Día Nacional de la Familia, se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus dependencias correspondientes y en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen actividades de promoción para el fortalecimiento de la familia.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. José María Martínez Martínez.

1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/events/dia-internacional-de-la-familia-2/





Hago del conocimiento de la Asamblea que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de la Cero Discriminación”.

EFEMÉRIDE

1 de marzo
“Día de la Cero Discriminación”

La discriminación afecta el libre ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para el pleno desarrollo de su vida; la coloca, además, en una situación vulnerable.

Esta desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro.

En México, de acuerdo a la primera Encuesta Nacional de Discriminación, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), mostró que somos “una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos” y “que la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de valores culturales”.1

El Día de la Cero Discriminación es una oportunidad para unirse contra la discriminación y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad.

Nadie debería ser discriminado debido a su género, identidad de género, raza, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, lengua, condición médica o cualquier otro motivo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente,

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.

1 Miguel Székely, “un nuevo rostro en el espejo: percepciones sobre la discriminación y la cohesión social en México”, en Mario luis Fuentes y Miguel Székely (comp.), Un nuevo rostro en el espejo: percepciones sobre la discriminación en México, México, centro de Estudios Espinosa yglesias, A. c., 2010, p. 21. 





Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario  del PAN, sobre el “Día Internacional para la Cero Discriminación”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional para la Cero Discriminación”
1 de marzo

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos»
Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.

El 1° de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1° de marzo Día Internacional para la Cero Discriminación.

Esta fecha es una buena ocasión para celebrar la diversidad y rechazar la discriminación. Si unimos nuestras voces, podemos formar parte de un clamoroso llamamiento por la compasión, la tolerancia y la paz.

Transcurridos más de 65 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la discriminación sigue aquejando a nuestras sociedades. Provoca prejuicios, limita las oportunidades de millones de personas y puede generar maltrato y violencia.

Comunidades enteras sufren cuando no se planta cara a la discriminación. Limitar las posibilidades de las niñas y las jóvenes de gozar de una educación adecuada no solo restringe las oportunidades individuales, sino que impide que las sociedades se beneficien de un mayor acervo de talento.

La discriminación de las personas en razón de su raza genera sufrimiento individual y debilita la cohesión social. Estigmatizar a quienes viven con el VIH desincentiva a las personas a hacerse la prueba y a recibir la asistencia sanitaria y el tratamiento, que son vitales.

Hay muchas maneras en que podemos combatir la discriminación y fomentar la tolerancia y la compasión: hablar cuando vemos algo que está mal; aumentar la sensibilización; apoyar a las personas que han sido objeto de discriminación; y mostrar los beneficios de la diversidad.

Abracemos la diversidad, entendamos y respetemos nuestras diferencias, y apoyémonos unos a otros.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1° de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de la Cero Discriminación”.

EFEMÉRIDE

CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN”

La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los Derechos Humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad.

El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno; que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.

Este año nos pronunciamos en favor de la igualdad, del respeto y de la tolerancia. Este año hacemos el llamado para continuar trabajando en favor de todas las personas sin menoscabo de alguna. Desde nuestros hogares, trabajos, desde nuestras comunidades, podemos unir nuestras voces para seguir transformando a México. El Día de la Cero Discriminación es una excelente oportunidad para recordar que todos podemos tomar parte en la transformación e involucrarnos para obtener una sociedad igualitaria y justa.

Debemos aceptar que, la discriminación sigue afectando los esfuerzos para conseguir un México más justo y equitativo y provoca dolor y sufrimiento a muchas personas, pero depende de nosotros, por medio de nuestras decisiones, erradicar la discriminación y lograr una sociedad más unida.

Todas las personas tienen talentos y competencias que pueden enriquecer a las sociedades y fortalecer a las comunidades. Recibir y acoger con los brazos abiertos la diversidad en todas sus formas brinda fortaleza a la cohesión social, y a su vez, beneficia a todos.

Y es que, la discriminación puede darse en cualquier lugar: en centros comerciales, en el trabajo, en las escuelas (y sin importar el nivel académico o edad), en el hogar o en la comunidad. Además, la discriminación no solo afecta a individuos o grupos de personas, sino que nos hace daño a todos:

La Discriminación por cualquier motivo, puede causar sufrimiento individual y debilita la cohesión social.

Otro ejemplo es la limitación a la educación de las niñas y las mujeres jóvenes y esto, no solo les perjudica a ellas, sino que además evita que las sociedades se beneficien de una fuente de talentos más amplia, y de recursos humanos valiosos que podrían generar grandes cambios en sus comunidades.

En otro sentido, estigmatizar a las personas que viven con el VIH hace que se sientan menos motivadas para someterse a pruebas y recibir una atención y un tratamiento sanitario que pueden salvarles la vida, y retrae los esfuerzos para poner fin a la gran epidemia del sida.

Todos podemos tomar medidas para hacer frente a la discriminación y fomentar el respeto y la inclusión, hacerse sentir y oír cuando algo está mal o alguien está siendo tratado de forma injusta, sensibilizar, apoyar a las personas que ya han sufrido discriminación y fomentar los beneficios de la diversidad.

El día de la Cero Discriminación es una gran oportunidad para unirnos contra la discriminación y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Nadie debería ser discriminado debido a su género, identidad de género, raza, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, lengua, condición médica o cualquier otro motivo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Audición”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Audición”
3 de marzo

El Día Mundial de la Audición se celebra el 3 de marzo de cada año para crear conciencia sobre cómo prevenir la sordera y la pérdida de audición y promover el cuidado de los oídos y la audición en todo el mundo.

Cada año, la OMS decide un tema en torno a este día y difunde información relacionada con la discapacidad auditiva.

Con el tema "Escuche el futuro", el Día Mundial de la Audiencia 2018 llamará la atención sobre el aumento previsto en el número de personas con pérdida auditiva en todo el mundo en las próximas décadas.

Se centrará en estrategias preventivas para frenar el aumento y esbozar los pasos necesarios para garantizar el acceso a los servicios de rehabilitación necesarios y las herramientas y productos de comunicación para las personas con pérdida auditiva.

La OMS estima 360 millones de personas en el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, lo que equivale al 5% de la población mundial, de los cuales 328 corresponden a hombres y 32 millones a niños.

Por pérdida de audición discapacitante se entiende una pérdida de audición superior a 40dB en el oído con mejor audición en los adultos, y superior a 30dB en el oído con mejor audición en los niños. La mayoría de las personas con pérdida de audición discapacitante vive en países de ingresos bajos y medianos.

Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o superior a 25 dB. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Afecta a uno o ambos oídos y entraña dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes.

Las personas ‘duras de oído’ son personas cuya pérdida de audición es entre leve y grave. Por lo general se comunican mediante la palabra y pueden utilizar como ayuda audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos, así como los subtítulos. Para las personas con una pérdida de audición más acusada pueden ser útiles los implantes cocleares.

Las personas ‘sordas’ suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que significa que oyen muy poco o nada. A menudo se comunican mediante el lenguaje de signos.

Los invito pues, a reflexionar sobre la importancia de la inclusión de las personas con pérdida de la audición en cualquiera de sus etapas, desde los niños hasta los ancianos que tienen mucho que enseñar a nuestra sociedad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora  Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de la Familia”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Nacional de la Familia”

El domingo 4 de marzo, se conmemora el “Día Nacional de la Familia”, el cual se instauró por decreto presidencial, a iniciativa de la sociedad civil y con la participación del gobierno federal, desde el año 2006, para celebrarse el primer domingo de marzo de cada año, con el fin de fomentar el valor de la familia como núcleo de la sociedad.

La conmemoración de este día surge, a solicitud de la sociedad civil con la finalidad de concientizar sobre la importancia del núcleo familiar e impulsar la capacidad de las instituciones de la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados con el tema.

Para la Organización de la Naciones Unidas (ONU) la familia es el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones perpetúan este legado en el curso del tiempo.

La familia en nuestro país es considerada una institución de interés social, a través de la cual se fomentan las creencias, costumbres y valores para formar a las personas en la sociedad, un encuentro intergeneracional, donde el afecto rige la vida de los miembros de la familia y sirven de guía e inspiración para las acciones del ser humano.

Es de suma importancia destacar, que sin duda una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es el valor de la familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución básica en la formación y realización de los individuos.

En el marco de esta celebración, invito a sumarnos a las actividades conmemorativas al día nacional de la familia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 189 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez.

EFEMÉRIDE

Con motivo del 189 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez

El próximo 2 de marzo se cumple el 189 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora de Querétaro, mexicana valiente que tuvo una participación fundamental en las primeras conspiraciones del movimiento de independencia de nuestro país, iniciado el 16 de septiembre de 1810 y consumado el 27 de septiembre de 1821.

En el marco de esta conmemoración, recordamos a una de las heroínas más importantes de la Guerra de Independencia de México, quien además forma parte de las precursoras del empoderamiento de las mujeres mexicanas. Nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid (actual territorio de Morelia) y murió el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. 

Aunque creció en el seno de una familia española de clase media, como la mayor parte de la población de aquella época, padeció marcadas arbitrariedades, desigualdades y adversidades, situación que la impulsó a defender las causas sociales más justas. Su infancia fue compleja debido a que en sus primeros años quedó huérfana, lo cual no le impidió obtener una formación académica sólida en el Colegio de San Ignacio Loyola, conocido como Colegio de las Vizcaínas.

Sin duda, uno de los acontecimientos que definió su incorporación y destacada participación en el proceso independentista data de 1791, año en el que contrajo matrimonio con Miguel Domínguez, conocido como el Corregidor de Querétaro, con quien procreó ocho hijas y cuatro hijos.

Al principio de esta etapa se dedicó exclusivamente a las actividades propias del hogar. Sin embargo, su rechazo hacia el contexto social de la Nueva España, hizo que gradualmente se involucrara más en las problemáticas que la rodeaban, destacando las relativas al trato desigual e injusto entre la población, particularmente la criolla, de la cual formaba parte.

Dedicó grandes esfuerzos a la promoción y defensa de los derechos de los grupos vulnerables, con énfasis en la población indígena que sufría marginación y exclusión. Motivada por la convicción de terminar con los excesos y arbitrariedades, incursionó en el movimiento insurgente a través de las denominadas “Veladas literarias”, reuniones secretas donde se discutían temas prohibidos, tales como el deseo y necesidad de independencia.

Al identificarse con los principios de la causa insurgente, reafirmó y fortaleció sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad y justicia. Su momento cúspide dentro de la Guerra de Independencia ocurrió cuando los planes de levantarse en armas para adquirir su libertad fueron descubiertos, hechos ante los cuales, se trasladó a San Miguel de Allende y luego a Dolores para comunicar tanto a Miguel Hidalgo como a Ignacio Allende sobre la caída de la conspiración.

En consecuencia, las autoridades virreinales la señalaron como principal precursora de la rebelión, por lo que fue detenida junto a su cónyuge y declarada culpable de traición. No obstante, el Virrey don Juan Ruiz de Apodaca le concedió la libertad en virtud de que la Corregidora formaba parte de una familia numerosa, pero lejos de abandonar la lucha social, la Corregidora continuó con una participación activa en el movimiento de independencia.

Con la consumación de la Guerra de Independencia, Agustín Iturbide se declaró emperador de México y posteriormente le ofreció ser dama de su esposa, nombramiento que la Josefa Ortiz de Domínguez rechazó por sus convicciones liberales. De esta manera, luego de una vida dedicada a la defensa de las causas más justas, la también conocida Benemérita del estado de Querétaro murió el 2 de marzo de 1829.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2018.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 6 de marzo, a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 14:51 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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