Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 7



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Febrero de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:39 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 82 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 27 de febrero, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintitrés minutos del día jueves veintidós de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veinte de febrero de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, comunicación por la que informa su determinación de incorporarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Haití.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam; así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zinbwawe.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxembugo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, hechos en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001, respectivamente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron dieciocho oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el Acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa del cambio de legisladora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como Consejera del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.- Quedó de enterado. Se remitió copia a los Senadores integrantes de dicha Comisión y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Iniciativas)

La Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224, fracciones I y IV; y 282 fracción VI de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 424 Bis y 424 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Publicidad Oficial y Comunicación Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 387 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción V bis del artículo 12; se adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 14, se reforma el tercer párrafo del artículo 30 y se reforma el tercer párrafo del artículo 42 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Martha Vianey Luque Inzunza como Senadora de la República.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. Asimismo, que la discusión sería únicamente sobre el artículo Segundo Transitorio, los artículos 8°, 151, 152 y Primero Transitorio del proyecto de Decreto, ya tienen la aprobación de ambas Cámaras. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, por las comisiones. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por las comisiones. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. En la discusión intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; y Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. En la discusión intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. En la discusión intervinieron los Senadores: Rubén Antonio Zuarth Esquinca del PRI, a favor; Luisa María Calderón Hinojosa, a favor; y Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico, se integraría al Diario de los Debates.Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. La Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación al artículo 129 del proyecto de Decreto, suscrita por los presidentes de las dictaminadoras, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de Decreto. En la discusión intervino el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables, fue aprobado por 76 votos a favor y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fue aprobado por 76 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, fue aprobado por 81 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue aprobado por 74 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, fue aprobado por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, fue aprobado por 76 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, fue aprobado por 71 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fue aprobado por 69 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fue aprobado por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fue aprobado por 71 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue aprobado por 77 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, fue aprobado por 77 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, fue aprobado por 75 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue aprobado por 76 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado:

• De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 3, 16 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de transparencia en programas sociales.

• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Secretaría de Turismo, así como a las 32 secretarías de turismo de las entidades federativas a trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento de las campañas de promoción turística que permitan mantener el desarrollo de la actividad turística, haciendo énfasis en los estados afectados por los sismos del pasado mes de septiembre.

2. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones concretas para combatir la pérdida y desperdicios de alimentos que se generan en los hoteles y restaurantes.

Sin discusión, los dos dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de la regidora Antonia Jaimes Moctezuma.

(Comunicación)

Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, comunicación por la que informa que a partir del 22 de febrero de 2018, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera se integra al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, a través de su Consejo General, deje sin efectos el Acuerdo INE/CG112/2018, aprobado en sesión extraordinaria el 19 de febrero, a fin de que prevalezcan los derechos humanos a la libertad de expresión y difusión de ideas y a la información.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó de la rectificación de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día, al punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo una investigación en relación a presuntos beneficios económicos otorgados por el gobierno de la entidad en favor de compañías inmobiliarias, presentado el 20 de febrero, para quedar en la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.- La Presidencia ratificó el turno.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan disposiciones a los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1 y modifica la denominación del Título Quinto y su respectivo Capítulo Primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de justicia laboral.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el patrimonio no declarado del ciudadano Enrique Ochoa Reza, así como la forma en que ese patrimonio fue adquirido.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender las licitaciones y la entrega de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena los asesinatos de tres defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza y del Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, estatales y federales a revisar la situación en que operan las empresas de seguridad privada.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se hace un llamado al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe en relación a los permisos otorgados para la construcción de un desarrollo habitacional y turístico denominado “Proyecto Punta Paraíso” en el estado de Nayarit.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre las constancias de seguridad estructural que debieron ser realizadas tras los sismos de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018, así como la información contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos en la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos un informe de la situación financiera de sus empresas subsidiarias y filiales.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las procuradurías de protección de las entidades federativas a informar sobre las medidas que se han implementado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia física excesiva y homicidio contra niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República inicie las acciones necesarias a efecto de investigar y, en su caso, sancionar al sitio web http://www.mercadolibre.com.mx o en contra de quien resulte responsable, por la comercialización de libros digitales comúnmente conocidos como "piratas" y violar así el Código Penal Federal en lo relativo a delitos en materia de derecho de autor.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población, con especial atención a las mujeres, sobre la prevención y detección oportuna del cáncer en general, a fin de combatir y erradicar enfermedades no transmisibles.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incluir todos los cánceres hematológicos dentro del Fondo de Gastos Catastróficos; así también, a promover la actualización de las Guías de Práctica Clínica de estas enfermedades.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a explicar el comportamiento atípico de las estadísticas delictivas en la Ciudad de México, específicamente en el rubro de "otros robos".- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas, trabajen en el fortalecimiento de campañas dirigidas a promover e incentivar la participación de los jóvenes del país en el proceso electoral 2017-2018, a fin de continuar con la consolidación del sistema democrático mexicano.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a la decisión de adelantar las elecciones presidenciales, pues no se cuenta con las garantías mínimas para que sea una elección libre, equitativa y plural, lo cual lesiona la democracia en la hermana República Sudamericana, además de exhortar al Gobierno Federal a aplicar sanciones a altos mandos del régimen venezolano.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a tomar los Acuerdos necesarios en materia de difusión y promoción del voto de los mexicanos en el extranjero y se actúe a favor de una mayor participación de los mexicanos que radican en el extranjero para votar por presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores de la República y gobernadores en el año 2018.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el asesinato de los agentes de la Procuraduría General de la República, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, que se encontraban desaparecidos desde el pasado 5 de febrero.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por el asesinato de activistas en los países de América Latina y el Caribe y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una estrategia integral de protección de defensores de derechos humanos que sea discutida en la VIII Cumbre de las Américas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento del municipio Centro, al congreso del estado de Tabasco y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejecutar las acciones que contribuyan a mitigar el impacto de las inundaciones en dicho municipio del estado de Tabasco.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer las estrategias en materia de seguridad pública, con el objeto de restituir la paz, el orden y la tranquilidad en la entidad, así como salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los habitantes, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los recientes cambios en los mecanismos de seguridad social y seguro médico de los integrantes del servicio exterior mexicano y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de revertir dichas modificaciones en beneficio de nuestro cuerpo diplomático.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Contraloría General a auditar los recursos destinados y utilizados para la reconstrucción de la capital del país, derivado de los sismos del pasado mes de septiembre, por presuntas irregularidades, entre las que destacan falta de transparencia, posibles desvíos de recursos públicos, uso faccioso y utilización con fines electorales; asimismo, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a enviar un informe del ejercicio de los recursos y las acciones emprendidas para atender las necesidades de las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, sanciones ejemplares a sus funcionarios involucrados en el accidente ocurrido el pasado 15 de febrero, quienes viajaban a bordo de una camioneta con placas diplomáticas, que arrollaron dos motocicletas y que pretendieron darse a la fuga.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, diseñe e implemente las acciones, programas y políticas públicas necesarias o fortalezca las existentes, que tengan por objetivo garantizar el incremento de la esperanza de vida en el país, a la par de una prestación de servicios de salud profesional, oportuna y al alcance de todos los mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla, Tamaulipas y Veracruz a que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, sus instancias de seguridad pública y Petróleos Mexicanos, fortalezcan sus acciones en materia de prevención y combate integral de robo de combustibles, ante el incremento sostenido que este ilícito ha registrado en dichas entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, a través de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, rinda un informe sobre el plan de trabajo y los avances respectivos que ha tenido para garantizar condiciones de seguridad, comodidad, higiene, calidad y eficacia en la prestación del servicio, de forma separada al Fideicomiso Maestro del Metro.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles acciones u omisiones de Claudia Sheinbaum, que permitieron la ampliación irregular del Colegio Enrique Rébsamen en el que murieron 19 menores y 7 adultos durante los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que se exponga cuáles son los resultados de la “Estrategia para la calidad del aire de Nuevo León”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para que el Senado de la República asuma el contenido del "Manifiesto a la Nación por un Sistema Alimentario Nutricional, Justo y Sustentable".- Se turnó a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a revisar que la adquisición de un terreno destinado, entre otras cuestiones, a la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el equipo León, se haya realizado de Acuerdo con la normativa.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados a considerar el apoyo a la ciudadanía para que cuente con la información a través de la televisión pública.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz a realizar una investigación integral sobre las acciones y declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, respecto a la búsqueda, localización y atención a la desaparición forzada de personas, debido a presuntas violaciones, por acción y omisión, a la Ley General de Víctimas y al debido proceso.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a pronunciarse respecto a la información relacionada con los expedientes de construcción y ampliación del Colegio Enrique Rébsamen, en que murieron 19 niños y siete adultos, que reservó la Delegación de Tlalpan, cuando era titular de la demarcación Claudia Sheinbaum Pardo.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 108 aniversario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lengua Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario de la fundación de la Cruz Roja.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Scout.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lengua Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de la Bandera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y un minutos y citó a la siguiente el martes veintisiete de febrero a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador José María Martínez Martínez, por la que informa su decisión de separarse del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y solicita se le considere como Senador sin partido.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese. Instruyo a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios a que tome nota para lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que remite el Informe de Actividades de las Representaciones de México en el Exterior, correspondiente al año 2017, en seguimiento al compromiso asumido por el doctor Luis Videgaray Caso durante su comparecencia del 28 de febrero de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha información a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron 19 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 185 Bis de la Ley General de Salud, en materia de consumo de alcohol en mujeres embarazadas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 185 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia, y deseando un buen día a nuestras amigas y amigos Senadores.

Presento ante este Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 Bis de la Ley General de Salud, en materia de ingestión de bebidas alcohólicas durante el embarazo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El alcoholismo es un serio problema de salud pública en México. La Encuesta Nacional de Adicciones de 2016 nos revela del incremento en los jóvenes, en los adolescentes de 2 de las más frecuentes adicciones: una es al alcohol y el otro es al uso de la marihuana.

En el primer caso, es decir en el alcoholismo, nos preocupa su ingestión durante una etapa muy importante de la vida y es, precisamente, durante el embarazo en la mujer.

México es uno de los países más modernos en materia de regulación del uso nocivo del alcohol, sin embargo, uno de los temas poco explorados y científicamente evaluados es el uso nocivo derivado en el consumo de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas o también otra etapa importante que es el estado de lactancia.

La Organización Mundial de la Salud, en su alerta en la Estrategia para prevenir el uso nocivo del alcohol sobre los riesgos de que el consumo de alcohol por mujeres embarazadas y en estado de lactancia, y sugiere a los gobiernos una promoción importante de políticas públicas que refuercen la capacidad de prevenir y detectar los casos de personas y familias que viven con el Síndrome Alcohólico Fetal y toda una serie de trastornos asociados, para llevar a cabo las intervenciones y la prevención adecuada.

Si bien, no existen cifras confiables sobre los casos de niños y niñas que hayan nacido con este Síndrome Alcohólico Fetal, en México y en el mundo, un estudio realizado en los Estados Unidos en el 2005 estimó que la incidencia mundial era de 0.97, o sea casi un neonato por casi 1000 nacidos vivos. Los niños con ese trastorno nacen con defectos físicos y mentales muy característicos del síndrome, como baja talla, cabeza y cerebros pequeños y el Presidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, en el 2014, mencionó que en los Estados Unidos, el 12 por ciento de las mujeres consume alcohol durante el embarazo y 2 bebés de cada 2 mil dentro de este porcentaje sufren las consecuencias en su desarrollo.

Me refiero a estas cifras, precisamente por la falta de historial, por la falta de cifras que tenemos en esta materia en nuestro país. Sin embargo, en las encuestas que ya mencioné anteriormente, ya nos dan una revelación de datos importantes de lo que es el alcoholismo en adolescentes, en jóvenes y en situaciones de embarazo.

Cuando una mujer embarazada consume bebidas alcohólicas, el alcohol viaja por el sistema sanguíneo hasta la placenta y llega al feto. De este modo, este ingiere el alcohol de manera secundaria, pero lo absorbe más lento que la madre por lo que en su cuerpo puede medirse un mayor nivel de alcohol en sangre y puede afectar el desarrollo de su cuerpo, y específicamente en la etapa de desarrollo del cerebro lo afecta a este órgano.

Esto implica inmediatamente un incremento de los riesgos de perder al feto, que éste nazca con bajo peso o que tenga problemas en lo que es el sistema de enseñanza-aprendizaje, lenguaje, atención o hiperactividad.

En los últimos años se ha desarrollado una mayor evidencia científica sobre este Síndrome Alcohólico Fetal por parte de médicos y asociaciones civiles, por lo que podemos estar seguros y les menciono algunas de las acciones importantes que se sugieren y se deben de tomar en cuenta en esta situación.

Uno. La exposición prenatal puede causar enfermedades prevenibles como: defectos de nacimiento, desarrollo de desórdenes y discapacidades en la esfera intelectual.

Dos. Mediante intervenciones breves y apoyos de médicos familiares es posible lograr esfuerzos de prevención de este Síndrome Alcohólico Fetal en nuestras comunidades.

Tres. La asistencia médica puede advertir a una mujer embarazada alcohólica que evite el consumo de bebidas alcohólicas durante su embarazo. No existe un consumo moderado durante esta etapa que pueda prevenir este síndrome; es decir, que muchas muchas veces no es necesario que haya excesos en la ingesta de bebidas alcohólicas, sino que muchas veces con un consumo moderado y a veces hasta leve, sobre todo ya en la etapa previa al parto, puede haber repercusiones importantes sobre el feto.

Cuatro. Se debe apoyar a las mujeres para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y evitar su discriminación mediante la promoción de una mejor información que se ofrezca de manera oportuna.

Cinco. Los gineco-obstetras y, desde luego, también los médicos familiares, son el primer contacto con las mujeres embarazadas y pueden apoyar en la prevención del consumo de alcohol por estas mismas.

Seis. La exposición del alcohol no es seguro en el desarrollo de los fetos en cualquier etapa del embarazo, especialmente cuando su cerebro está en la etapa de desarrollo.

Siete. Una mujer embarazada que consumió alcohol durante su embarazo, debe dejar de consumirlo para reducir el riesgo, y es donde se asocia a la etapa de la lactancia.

Ocho. No hay una cantidad de consumo moderado o seguro, no existe un tipo de bebida alcohólica segura, ni un momento en el embarazo seguro para consumir bebidas alcohólicas, y que repercuta en la vida y en el desarrollo del feto y del neonato.

Nueve. Las personas con el Síndrome Alcohólico Fetal pueden tener una mejor calidad de vida cuando se detecta lo antes posible. Son medidas pues importantes para evitar los graves problemas a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas.

Diez. Las niñas y niños con el Síndrome Alcohólico Fetal tienen problemas de por vida físicos, mentales, de conducta y aprendizaje.

Once. El Síndrome Alcohólico Fetal puede convertirse en una discapacidad invisible que puede ser diagnosticada incorrectamente.

Y doce. Jóvenes expuestos al consumo de alcohol durante el embarazo son más propensos a las adicciones cuando un ciclo de abuso de alcohol. Entonces hasta en la juventud se da esta situación de daño.

En países con una mayor investigación y atención del problema, como Inglaterra y en los Estados Unidos, se han realizado campañas preventivas para concientizar e informar a la población, con apoyo de los médicos pediatras, desde luego también gineco-obstetras y médicos familiares para informar a las mujeres sobre los riesgos de consumir alcohol durante el embarazo y la lactancia, y lo debemos de hacer en nuestro país.

En México, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha desarrollado campañas para que los médicos ginecólogos y obstetras alerten a sus pacientes sobre los riesgos de consumir alcohol durante la gestación; sin embargo, es importante que este mensaje llegue a más mujeres y se haga conciencia sobre el problema.

A fin de promover un marco jurídico que permita aplicar las intervenciones correctas para la prevención del uso nocivo del alcohol, se propone reformar a la fracción II del artículo 185 Bis de la Ley General de Salud a fin de cambiar la recomendación de consumo en exceso de alcohol en mujeres a 0 consumo de alcohol por mujeres embarazadas, que es precisamente la reforma que estamos proponiendo.

El artículo 185 Bis vigente habla de que el consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas debe de evitarse y prevenir. Aquí la propuesta, es eliminar el concepto o la palabra en exceso para que quede únicamente como “el consumo de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas”, es de acuerdo al contexto del artículo, es importante eliminarlo y prevenirlo.

De tal manera que pues en su momento, las comisiones a las que sea turnado este asunto, vamos a revisarlas con mucha conciencia por el problema que les he expuesto y desde luego en su momento pues pedirles su apoyo aquí a esta Soberanía para esta importante reforma.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Salvador López Brito.

Sonido en el lugar que ocupa la Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Quisiera adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: El Senador es anuente a la solicitud de varias Senadoras y Senadores para acompañar esta iniciativa. Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de quienes así lo han manifestado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Corresponde ahora el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Desarrollo Social, en materia de gasto social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

La presente iniciativa tiene como objetivo adicionar el artículo 20 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de establecer el principio básico para la definición del gasto social en los tres niveles de gobierno; entendiendo para ello al conjunto de prestaciones y erogaciones financieras que lleve a cabo la Federación, gobiernos estatales o municipales para el cumplimiento de la responsabilidad estatal en materia de derechos sociales establecidos en dicho ordenamiento.

Esta es una propuesta que tiene como sustento la amplia necesidad de poder contar con parámetros para poder llevar a cabo una mejor medición y distribución del gasto social asignado por ejercicio fiscal. Con esto podemos además mejorar el entendimiento del mismo y manejar un debate que derive en propuestas efectivas de política pública que aumente el impacto de esta herramienta.

En la actualidad el gasto social se encuentra en un vacío jurídico, pues hay quien lo define como el empleado en salud, educación y vivienda; mientras que en otras definiciones únicamente se asume como el Ramo 20, es decir, el asignado a la Secretaría de Desarrollo Social.

Tener realidad sobre este principio es fundamental para poder hacer realidad lo establecido en el artículo 20 de la ley en comento, pues la misma establece que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales al del año fiscal anterior. Dicho gasto deberá incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al gobierno federal.

Sin duda, que esta es una disposición fundamental para facilitar la accesibilidad de derechos sociales a nuestros ciudadanos, pero que para tener mejores efectos necesita estar claramente definido, de lo contrario, éste puede limitarse como ha venido haciéndose desde su creación.

En nuestro país la definición de gasto social que hemos manejado para la construcción de políticas públicas está fuertemente compuesta por erogaciones públicas, principalmente federales, sin embargo, no se conoce el monto agregado de estos recursos, principalmente por los siguientes motivos:

Primero. Son varios los actores que intervienen para dirigir el rumbo de la política social, y si bien la Ley General de Desarrollo Social y sus ordenamientos concurrentes coordinan muchos de estos esfuerzos, a nivel nacional no queda clara la coordinación de los propósitos sociales.

Segundo. Hay una clara disociación entre el concepto de gasto social que maneja la Secretaría de Hacienda y los propósitos sociales que persiguen el conjunto de planes, programas y normas de la política social.

Y finalmente un tercero. El gasto social que reporta la Federación únicamente se refiere al monto ejercido por la vida del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin tomar en cuenta tratos fiscales preferenciales, al respecto, se estima que el costo de estos beneficios asciende al 3 por ciento del PIB, o bien el 26 por ciento del gasto social ejercido directamente.

Con esta insuficiencia de información es difícil poder estudiar y consultar la información del gasto social, además, se entorpece el proceso de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones con respecto al rumbo de la política social y su gasto.

Esto es de suma importancia si se considera que en los últimos 10 años el gasto social ha sido la máxima prioridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que representa 1 de cada 2 pesos asignados.

En consecuencia, consideramos que un paso importante para poder mejorar la eficiencia de dicho gasto es tener definido el monto real de los rubros que le comprenden y para ello es necesario delimitarlo con precisión a fin de desarrollar a detalle sus funciones sociales y clasificar los gastos a partir de esto.

Con la propuesta que se pone a su consideración, aumentaría la calidad de la política social al fortalecer institucionalmente los aspectos técnicos en cuanto a su diseño y gestión en materia económica.

Este es un objetivo, desde luego, fundamental si consideramos que la información confiable y comparable de los recursos económicos asignados al sector social permitirá realizar actividades de monitoreo y evaluación de impacto de los componentes de la política.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objetivo adicionar a la Ley General de Desarrollo Social el artículo 20 Bis a efecto de establecer el principio básico para la definición del Gasto Social en los tres niveles de Gobierno; entendiendo para ello al conjunto de prestaciones y erogaciones financieras que lleve a cabo la Federación, Gobiernos Estatales o Municipales para el cumplimiento de la responsabilidad estatal en materia de derechos sociales establecidos en dicho ordenamiento.

Esta es una propuesta que tiene como sustento la amplia necesidad de poder contar con parámetro para poder llevar a cabo una mejor medición y distribución del gasto social asignado por ejercicio fiscal.

Con esto podemos además mejorar el entendimiento del mismo y manejar un debate que derive en propuestas efectivas de política pública que aumenten el impacto de esta herramienta.

En la actualidad el gasto social se encuentra en una laguna jurídica pues hay quien lo define como el empleado en salud, educación y vivienda; mientras que en otras definiciones unicamente se asume como el ramo 20, es decir, el asignado a la Secretaría de Desarrollo Social.

Esto es algo fundamental para poder hacer realidad lo establecido en el artículo 20 de la Ley en comento, mismo que establece que el presupuesto federal destinado al gasto social no podra? ser inferior, en te?rminos reales, al del an?o fiscal anterior. Dicho gasto debera? incrementarse cuando menos en la misma proporcio?n en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Poli?tica Econo?mica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal.

Sin duda que esta es una disposición fundamental para facilitar la accesibilidad de derechos sociales a nuestros ciudadanos, pero que requiere para tales efectos tener clara la definición del gasto social, de lo contrario este puede limitarse como ha venido haciéndose desde su creación.

En nuestro país la definición de Gasto Social que hemos manejado para la construcción de políticas públicas está fuertemente compuesto por erogaciones públicas, es decir, principalmente federales, sin embargo, no se conoce el monto agregado de estos recursos, principalmente por los siguientes motivos:

PRIMERO: Son varios los actores que intervienen para dirigir el rumbo de la política social, y si bien, la Ley General de Desarrollo Social y sus ordenamientos concurrentes coordinan muchos de estos esfuerzos, a nivel subnacional no queda clara la coordinación de los propósitos sociales.

SEGUNDO: Hay una clara disociación entre el concepto de Gasto Social que maneja la Secretaría de Hacienda y los propósitos sociales que persiguen el conjunto de planes, programas y normas de la política social.

Y FINALMENTE UN TERCERO: El Gasto Social que reporta la Federación únicamente se refiere al monto ejercido por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin tomar en cuenta tratos fiscales preferenciales, al respecto se estima que el costo de estos beneficios asciende al 3 por ciento del PIB, o bien el 26 por ciento del Gasto Social ejercido directamente.

Con esta insuficiencia de información es difícil poder estudiar y consultar la información de Gasto Social, además, se entorpece el proceso de seguimiento y evaluación para la toma de decisiones con respecto al rumbo de la política social y su gasto.

Esto es de suma importancia si se considera que en los últimos diez años el Gasto Social ha sido la máxima prioridad de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ha representado 1 de cada 2 pesos asignados.

En consecuencia consideramos que un paso importante para poder mejorar la eficiencia del Gasto Social es tener definido el monto real de los rubros que lo comprenden y para ello es necesario delimitarlo con precisión, a fin de desarrollar a detalle sus funciones sociales y clasificar los gastos a partir de esto.

Esta propuesta aumentaría la calidad de la política social al fortalecer institucionalmente los aspectos técnicos en cuanto a su diseño y gestión en materia económica.

Este es un objetivo fundamental si consideramos que la información confiable y comparable de los recursos económicos asignados al sector social permitirá realizar actividades de monitoreo y evaluación de impacto de los componentes de la política.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
Ley General de Desarrollo Social

PROPUESTA DE ADICIÓN

 

Se adiciona

Artículo 20 Bis. Se entenderá por Gasto Social al conjunto de prestaciones y erogaciones financieras que lleven a cabo la Federación, Gobiernos Estatales o Municipales para el cumplimiento de la responsabilidad estatal en materia de derechos sociales establecidos en la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Desarrollo Social

Artículo 20 Bis. Se entenderá por Gasto Social al conjunto de prestaciones y erogaciones financieras que lleven a cabo la Federación, Gobiernos Estatales o Municipales para el cumplimiento de la responsabilidad estatal en materia de derechos sociales establecidos en la presente Ley.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación y la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en materia de comedores escolares.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

(Presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, María Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Es importante tomar en consideración el tema que hoy nos ocupa, establecido en nuestra Constitución, relativo al combate al hambre y a la nutrición sana para las y los niños de nuestro país.

Por ello, es importante que podamos ver las medidas de prevención que se pueden dar tanto en el núcleo de la familia, como en la vida escolar.

Por eso es a nombre de compañeras del grupo parlamentario del PRI, hoy queremos presentar la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona a la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación y el artículo 11 Bis de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en materia de comedores escolares.

La Educación en nuestro país se garantiza en el artículo 3o. constitucional, donde se plasma el derecho que toda persona tiene a recibir una educación básica y media superior de manera obligatoria y gratuita, además de establecer que el Estado garantizará la calidad de la educación y la infraestructura de las escuelas.

Asimismo, dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el número 17 firmado por nuestro país en el año 2015, contempla en el objetivo 4, el garantizar una educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y en el objetivo 2, se compromete a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible para el año 2030.

Por tanto, consideramos importante establecer que el asistir a la escuela y alimentarse adecuadamente, es parte fundamental para que los menores se desarrollen y mejoren su ámbito personal, bienestar familiar y social.

En México con base en la Encuesta Intercensal del año 2015, registró que el 96 por ciento de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela.

Actualmente la educación pública se mantiene como la principal alternativa de servicios educativos del país.

Es importante que podamos tomar la medida de llevar esta prevención de alimentación en las escuelas.

La reforma educativa puesta en marcha al inicio de la actual administración, es parte fundamental para concretar estos avances, ya que logró elevar de rango constitucional la educación de calidad y obligó al Estado no sólo a garantizar un lugar en las escuelas para todos los niños, las niñas y adolescentes, sino también garantizar que contemos con un servicio educativo de calidad.

En el caso del servicio de alimentación en las Escuelas de Tiempo Completo, se brinda una atención a los alumnos y alumnas de comunidades de alto índice de pobreza y marginación, esto tiene que llegar también incluso a todos los niños del país, a todos los niveles educativos.

Los estudios establecen que es primordial promover y enseñar hábitos de vidas saludables en las escuelas, mantener y reforzar programas escolares de alimentación para estudiantes, primordialmente de nivel socioeconómico bajo, que les permita la ingesta de los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable.

También debemos de contribuir a mejorar la alimentación y situación económica dentro del plantel escolar.

¿Cómo lo podemos lograr? Con estos objetivos sobre la agricultura escolar, sobre enseñarles a los niños en los sembradíos y en las hortalizas, y en los huertos escolares, enseñándoles el amor por el campo, por la semilla, por el fruto, y eso es algo que hará conciencia también en las mentes de los niños, y que puedan tener en mente lo que ellos pueden sembrar van a cosechar y que puede ser un alimento que puede ser también autosustentable, como las técnicas de agricultura y la agricultura familiar.

Proyecto que a futuro podría generar una cultura de autoconsumo, de disfrute, preparación de estos alimentos en los comedores escolares.

Otro factor determinante para la creación de comedores escolares, son el fomento de hábitos de higiene en los estudiantes, ya que con base a recomendaciones de la UNICEF para docentes que atienden a alumnos de primera y segunda etapa de educación básica, cabe resaltar la importancia que deben de tener en los hábitos de higiene para prevenir enfermedades individuales o colectivas, y que puedan transmitirse en los hogares, en las escuelas y en las comunidades; también recomendar orientar a los mismos para la elaboración y aplicación de un plan que permita mejorar las condiciones de todos los espacios de infraestructura escolar que se encuentren en condiciones de higiene. Además de establecer que la manipulación higiénica de los alimentos previene su contaminación y va a prevenir enfermedades. Esto quiere decir que todos entren en la conciencia, quienes distribuyen el alimento que también estén en la máxima supervisión de que lo hagan de la mejor forma higiénica, a veces los niños consumen alimentos fuera de la escuela y no sabemos lo que están consumiendo dentro y fuera que estén efectivamente con todas las normas de higiene.

Y contar que las escuelas también puedan lograr, aparte de esta educación de calidad en la prevención de alimentación, que puedan participar también los sectores privados, públicos, gobierno, la comunidad, el Estado y las familias.

Finalmente, consideramos que si bien ya existe en nuestro país un programa que contempla la creación de comedores escolares pero sólo en Escuelas de Tiempo Completo. Hay que resaltar que es necesario que se establezca en la Ley General de Educación y en la Ley General de Infraestructura Física Educativa, la creación o destino de un espacio dentro de las escuelas públicas o privadas a nivel básico como comedores para los alumnos, los cuales en un inicio no proporcionarían alimentos, pero lograrían fomentar en los menores hábitos alimenticios saludables y ofrecer espacios higiénicos que permitan disfrutar de sus alimentos en los horarios de descanso de manera adecuada e inclusive evitaría contraer enfermedades gastrointestinales.

A su vez, estos comedores se podrían complementar con las estrategias de programas sociales, que también ya tiene el gobierno enfocados a reducir el hambre en nuestro país, así que es un esfuerzo de todos poder implementar de forma preventiva una educación sana y nutritiva también desde los plantes escolares.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Sonido en el escaño del Senador López Brito, por favor, ¿con qué objeto?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si me hace el favor de preguntarle a la exponente, la Senadora Lisbeth Hernández, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Hernández Lecona, es usted anuente a la suscripción por parte del Senador López Brito. En el mismo sentido suplico a Servicios Parlamentarios tome nota de las y los Senadores que están solicitando acompañar la iniciativa de la Senadora Hernández Lecona, en el mismo sentido. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de obligación de concluir los periodos de los cargos de elección popular.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras Senadoras y señores Senadores:

La presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer nuestra vida democrática y que la ciudadanía al emitir su voto lo haga de manera informada, en libertad y con la certeza de que quienes ocupan una candidatura y sean postulados por los partidos políticos garanticen el cumplimiento de sus responsabilidades sin que salten de un cargo a otro y/o salten de un partido a otro sin rendirle cuentas a la ciudadanía.

En los últimos meses hemos sido testigos de un fenómeno que viene a afectar fundamentalmente nuestra vida democrática, es decir la constante fuga y transfuguismo de militantes de un partido político a otro, o bien para hacerse llamar independientes o para dar un giro de 180 grados en sus concepciones políticas. En la actual coyuntura estamos siendo testigos de esta nefasta práctica por parte de muchos que piensan que de acuerdo a las tendencias manifestadas por las encuestas, un partido seguramente ganará la Presidencia de la República en 2018, cuando en realidad falta mucho para que esto pueda suceder.

Muchos son los argumentos de quienes han recurrido a esta práctica, como son: El cambio de orientación ideológica de sus partidos, crisis interna, discrepancia con la dirección nacional, hasta el oportunismo y la búsqueda de mejores posiciones políticas. Por ello y con estos argumentos tratan de justificar el abandono de sus filas, pero es claro que este fenómeno tiene que ver, como sabemos todas y todos, con la temporada de candidaturas, es cíclico y, por supuesto, por los tiempos electorales como sabemos.

Algunos autores, por cierto no es un tema que preocupe a quien hoy está presentando esta iniciativa, es un tema que se ha estudiado en diversas partes del mundo, hay autores que se han dedicado al estudio de este fenómeno, y voy a enumerar de manera rápida algunos preceptos generales de lo que caracteriza esta conducta en la vida política.

Por ejemplo, falsean la representación política.

Uno. En primer lugar, falsean la representación política, puesto que Diputados o Senadores, o cualquier otro encargo, que fueron elegidos en la lista de un partido lo abandonan después para pasar a otro distinto. Esto significa que los electores que votaron por estas candidaturas, por pertenecer a un partido “X”, se quedan sin representantes al pasar sus elegidos al partido “Z”. Y por consiguiente, podríamos decir, que el transfuguismo, durante la misma legislatura, es sin duda una especie de estafa política que va en detrimento al concepto de la representación en que se basa la democracia moderna.

Dos. Debilita el sistema de partidos. El régimen democrático propio de nuestros días descansa en la existencia de un sistema de partidos, el cual se define porque el número de ellos, su ideología, su propuesta programática, su estructura interna y organizativa, sus dimensiones, sus apoyos sociales y sus formas de interacción aparecen como duraderos y gozan de cierta estabilidad. Ahora bien, con ello no se quiere decir que tales elementos se muestren petrificados, inamovibles y no evolucionen.

Tres. Perjudica a la gobernabilidad. En efecto, desde el momento en que el gobierno de la nación, los gobiernos autónomos y los ayuntamientos se deben basar, para llevar a cabo su tarea de gobernar, en la existencia de mayorías estables, el transfuguismo en sus actuales dimensiones, no sólo no lo favorece, sino que incluso puede cambiar la orientación inicial que ha salido de las urnas.

Cuatro. Otro elemento más, favorece a la corrupción. Si el resultado electoral, que configura una determinada relación de fuerzas, puede ser modificado después mediante el aporte de votos, en los Parlamentos o en los ayuntamientos, etcétera, que se pasan a otro concepto, es claro que se está favoreciendo la corrupción. Fundamentalmente se trata de comprar los votos que se necesitan para evitar o propiciar una moción de censura o incluso para mejorar posiciones políticas; y esta compra se puede hacer mediante la oferta de dinero o de cargos concretos, pues si un partido alcanza o se mantiene en el poder, dispone de múltiples recursos para compensar la tránsfuga. Se podría pensar que esta disertación es puramente teórica, sin embargo, no es así, como sabemos quienes nos dedicamos a la política. Por consiguiente, mientras que exista la posibilidad de que el transfuguismo siga siendo legal, como ocurre en la actualidad, no será factible acabar con la corrupción que afecta a gran parte de nuestra clase política.

Cinco. Un elemento más, deteriora la cultura política democrática. Voy a decir, por último, lo más grave de este fenómeno es que se está deteriorando gravemente la cultura política en que se debe sustentar un régimen democrático. Los y las electoras no entienden cómo unos o unas políticas o políticos elegidos en unas listas de un partido pueden pasarse a otro distinto, y entienden menos cuando no se toman las medidas necesarias para evitar que siga proliferando la corrupción a que el transfuguismo da lugar.

En opinión de organizaciones de la sociedad civil, el llamado “chapulinazo”, como se conoce comúnmente, es una medida que defrauda la confianza ciudadana depositada en el voto popular, lo que sin duda molesta a la sociedad y daña a la democracia. Se trata de un modus operandi de la clase política, donde las licencias que se les conceden a las y los aspirantes a otro cargo de elección no cubren las formalidades esenciales de todo procedimiento y, por tanto, han sido interpretadas en beneficio de un grupo de personas en perjuicio de la sociedad. Aunque las y los políticos que se ven involucrados en este supuesto, le llaman a esta práctica “profesionalización”, no pueden ocultar que el llamado “chapulinazo” sólo sirve a intereses personales y de partidos políticos.

Puedo abundar más, pero por obviedad del tiempo simplemente voy a terminar señalando que es importante corregir este defecto, que de manera bondadosa no dice la ley, nunca lo analizamos cuando diseñamos estos preceptos en las leyes, particularmente en estas dos que hoy estamos tratando de enmendar.

Pero nos parece que es el momento, hoy en esta etapa, en que todas y todos conocemos hechos, casos, personas concretas en todos los espacios, de este tipo de fenómenos.

De tal manera que la propuesta en concreto que hoy pongo a su consideración para el estudio pertinente en las comisiones legislativas, refieren a la modificación a la Ley General de Partidos Políticos y también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Sonido en el escaño del Senador Salvador López Brito, ¿con qué objeto?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para que le pida, por favor, a la exponente si me permite sumarme a su iniciativa en un tema tan actual. En un tema, de veras, que va entre el oportunismo, que va entre los personalismos que realmente rayan ya en una situación vergonzosa y preocupante.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador López Brito. La Senadora De la Peña Gómez expresa su aquiescencia para que usted acompañe esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Raúl Morón Orozco, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de clasificación de cooperativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco)

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Tal parece que México espera de manera muy activa un cambio en las políticas públicas, un giro responsable en la economía nacional que detenga las afectaciones de los últimos años a sectores que se han empobrecido y que son hoy las principales víctimas de tres décadas de fracasos estrepitosos en materia económica.

Gobiernos que han sido indiferentes al franco deterioro del país y que no han cumplido con lo que ellos mismos prometieron: más eficiencia y mayor productividad, mayor competencia y una mayor igualdad. Ha sido todo lo contrario, sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de empezar a cambiar el rumbo del país y que las economías locales y regionales se transformen en economías solidarias, que generen riqueza propia que incrementaría la riqueza nacional y ayudaría a su plena integración a nivel internacional.

Es en este contexto de esperanza para México, hoy presento esta iniciativa que, como algunos proyectos de reforma que ya se han venido presentando en las últimas semanas, como la del Senador Benjamín Robles Montoya y su propuesta de una nueva Ley de Sociedades Cooperativas, se suman a este esfuerzo para alentar iniciativas de economía solidaria que se proyectan hacia el futuro inmediato de nuestro país con esperanza, pero también con responsabilidad legislativa.

Recordemos que el cooperativismo en México cuenta con una larga historia que se remonta a la década de los años 70 del siglo XX. Desde esa época a la fecha, esta forma de organización económica y social ha experimentado un arduo proceso de construcción, aprendizaje y actualización de los valores del cooperativismo.

Los valores históricos del cooperativismo siguen vigentes a pesar de esta difícil situación que atraviesa México.

¿Cuáles son estos valores históricos del cooperativismo que hoy tienen más vigencia que nunca para impulsar valores alternativos del desarrollismo depredador? En un estudio de 2016 realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, titulado “El Cooperativismo en México”, se describen los mismos y son: Ayuda mutua; responsabilidad; participación activa; igualdad; equidad; solidaridad; honestidad; transparencia; responsabilidad social y preocupación por los demás.

Estos valores del cooperativismo, además de que han significado durante los siglos XIX y XX una palanca de generación de riqueza económica para amplios sectores de la población que se han organizado bajo la figura de la cooperativa o con el mismo espíritu, aunque no sean cooperativas en sentido estricto, también se nos ofrecen como una oportunidad de insertar y promover la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad y el comunitarismo en el contexto económico, social y político actual, marcado trágicamente por una declinación económica nacional que se está expresando como una inminente crisis que afecta a todos los sectores de la población, pero principalmente a los más vulnerables.

Uno de los objetivos de la presente iniciativa es recuperar la capacidad del Estado mexicano, de los gobiernos federales, estatales y municipales, de promover y adquirir responsabilidades concretas que se establecerían mediante esta reforma en la Ley General de Sociedades Cooperativas, como parte de un proceso de activación de las empresas cooperativas y de los valores del cooperativismo, con la finalidad de fortalecer una alternativa de economía solidaria que pueda hacer frente a las cíclicas crisis económicas que vivimos desde hace algunas décadas.

Estas responsabilidades van desde la promoción de la organización cooperativa mediante estímulos fiscales, mínimamente en igualdad de condiciones respecto a otras áreas y proyectos considerados como prioritarios para el desarrollo nacional, hasta la adquisición por parte de los tres niveles de gobierno de los productos, mercancías y servicios brindados por las mismas cooperativas.

Senadoras y Senadores, el 7 de septiembre de 2017 presente a esta Cámara una reforma constitucional al artículo 25 de nuestra Carta Magna, que debe entenderse como el primer cimiento para avanzar en el fortalecimiento de un modelo de economía solidaria que, por supuesto, incluye la figura de la cooperativa. En esta iniciativa anterior proponía que los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, sean considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país.

Por lo anterior, se daría el marco constitucional adecuado para avanzar hacia una segunda fase de impulso de la economía solidaria, la cual se complementa con esta reforma al artículo 90 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que hoy presento, y que propone que el Estado mexicano, al ser consideradas las cooperativas de “interés nacional” y estratégicas para el desarrollo de nuestro país, asuma su papel y responsabilidad con el cooperativismo y se obliga a establecer un Registro Nacional de Sociedades Cooperativas por actividad, clasificadas de la siguiente manera: Cooperativas agrarias; cooperativas marítimas, fluviales y lacustres; cooperativas de seguros; cooperativas de consumidores y de usuarios; cooperativas de crédito; cooperativas de enseñanza; cooperativas de vivienda; cooperativas sanitarias; cooperativas de servicios; cooperativas de trabajo asociado y cooperativas integrales.

Esta clasificación, además de reconocer y promover un marco de actividades productivas más amplio para el cooperativismo, sería necesario para que el Estado mexicano también adquiera la responsabilidad de estimular la creación de cooperativas con estas actividades, así como vincularlas al crecimiento económico mediante acciones concretas, con igualdad de estímulos y apoyos que cualquier otra empresa ya sea nacional o transnacional.

Un ejemplo actual de reactivación de la economía ante las crisis financieras y económicas tanto de las economías nacionales como de las turbulencias del capitalismo global ha sido el de Cataluña. Esta entidad autonómica de España que vive actualmente uno de sus momentos más prósperos en lo que se refiere a la economía social:

El gobierno de Cataluña ha multiplicado en los últimos años el presupuesto dedicado a la economía social. Por otro lado, el ayuntamiento de Barcelona, que anteriormente estaba totalmente ajeno y desvinculado a cualquier tipo de política pública con perspectiva de economía solidaria, actualmente destina 4 millones anuales de euros, a lo que se suman 8 millones destinados a inversiones con esta perspectiva económica, según un informe del comisionado en economía social y solidaria de esta entidad.

Las cooperativas catalanas son las que mejor han respondido y resistido a las crisis económicas que desde el 2008 han abatido la economía española e impactado en un desempleo que, de presentar en 2008 los niveles más bajos de aquel país, menos de 2 millones de desempleados, se disparó a casi 7 millones de desempleados en un plazo de menos de un año.

Finalmente, el fortalecimiento de la economía solidaria y de la cooperativa, en particular, serán fundamentales para el proceso de democratización económica. Como afirma el economista chileno Andrés Solimano, en su importante libro “Elites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI”. La alternativa de la democracia económica, cito:

“Se necesitan reformas orientadas a aumentar la democracia económica a nivel local, nacional e internacional como un antídoto a un capitalismo muy desigual y elitista.

La promoción de formas de organización económica como las cooperativas, propiedad municipal y administración comunal del agua, la electricidad y otros recursos naturales, es un pilar en la nueva agenda de la democracia económica”.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONAN EL PÁRRAFO PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO, RECORRIÉNDOSE  EL ACTUAL PÁRRAFO PRIMERO, PARA PASAR AL QUINTO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, de conformidad a la siguiente:

Exposición de motivos

El cooperativismo en México cuenta con una larga historia que se remonta a la década de los años setenta del siglo XIX. Desde esta época a la fecha, esta forma de organización económica y social ha experimentado un arduo proceso de construcción, aprendizaje y actualización de los valores del cooperativismo.

En el siglo XX, la Primera Ley Cooperativa fue promulgada por Plutarco Elías Calles en 1927. Un sexenio después, en 1933, el entonces presidente, Abelardo L. Rodríguez, promulgó la segunda ley de este tipo, con el objetivo de ampliar las consideraciones sociales del cooperativismo. Pero fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río el que promovió un cooperativismo de gran alcance y con la participación decidida del Estado mexicano, esto en 1938, al promulgar la Ley General de Sociedades Cooperativas, con los objetivos de detonar el desarrollo social y económico y de dar un salto cualitativo en las responsabilidades y derechos del nuevo cooperativismo posrevolucionario.

El movimiento cooperativista mexicano del siglo XX se distinguió por dedicarse principalmente a la banca social, a las uniones de crédito, con gran fuerza económica enfocada sobre todo al sector rural. Una experiencia de gran importancia ha sido la Cooperativa Cruz Azul, la cual fue fundada en 1881 por el inglés Henry Gibbon, con sede en la antigua Hacienda de Jasso, Hidalgo. Alrededor de cinco mil familias dependen de esta cooperativa hasta la fecha.

Otra ha sido la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, que se dedica “al proceso de pulpa y jugo de frutas para la elaboración, envasado, distribución y comercialización de bebidas naturales, saludables y nutritivas de alta calidad, comprometidos en deleitar y satisfacer las expectativas de los consumidores de todas las edades, contribuyendo al bienestar integral de nuestra cooperativa y del mundo”, como describen en su presentación. La cooperativa Pascual fue el símbolo de una lucha de obreros cooperativistas, que en 1982 fueron a huelga durante tres años, apoyados por importantes sectores de la sociedad mexicana y por reconocidos pintores como Francisco Toledo y Rufino Tamayo, quienes donaron obras suyas para sanear las finanzas de la empresa, que finalmente se convirtió en cooperativa el 27 de mayo de 1985 y que funciona como tal hasta la fecha.

Sin embargo, estas luchas cooperativistas no siempre han reflejado una forma de organización económica y social sólida y permanente durante las últimas décadas. El cooperativismo mexicano ha sido afectado por las grandes crisis económicas en las últimas décadas y por un cambio de modelo económico que ha privilegiado el libre mercado y la dependencia de mercados internacionales, y de una economía global profundamente desigual y que ha afectado a los sectores más vulnerables económica y socialmente.

Los valores históricos del cooperativismo siguen vigentes a pesar de esta difícil coyuntura que atraviesa México. Es más: se han vuelto una alternativa creciente en los últimos años a las leyes de inversión extranjera, que incluso han puesto la Banca de Desarrollo al servicio de empresarios sin objetivos y valores de economía social, como la Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual se promulgó el 31 de mayo de 2016, y que promueve una visión únicamente desarrollista que carece de un claro sentido social y de solidaridad económica con los trabajadores y población que se verá involucrada en las cinco zonas propuestas.

Cabe preguntar: ¿Cuáles son estos valores históricos del cooperativismo que hoy tienen más vigencia que nunca para impulsar valores alternativos al desarrollismo depredador? En un estudio de 2016 realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, titulado el Cooperativismo en México, se describen estos valores:

- Ayuda Mutua. Se da la ayuda mutua cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre sí para lograr las metas individuales o colectivas propuestas.

- Responsabilidad. La responsabilidad es la obligación de responder por los propios actos.

- Participación activa. En el cooperativismo se logra una participación activa cuando las y los asociados mantienen el control de la cooperativa, socializando cada una de las decisiones en asambleas generales, en órganos sociales a través de sus representantes o en otros espacios de poder.

- Igualdad. Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada asociado o asociada sin discriminación de sexo, etnia, clase social, credo y capacidad intelectual o física.

- Equidad. La equidad se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que se merece o ha ganado según sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus condiciones y características especiales. Es decir, tomando en cuenta la diferencia.

- Solidaridad. Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una relación humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la felicidad colectiva. Es entonces la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos.

- Honestidad. Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de las y los asociados. La persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar.

- Transparencia. En una cooperativa hay “transparencia” cuando la información es administrada entre las y los asociados y dirigentes de manera clara, veraz y oportuna. En la base de la transparencia está la confianza, la comunicación y la franqueza. Se oponen a ella el encubrimiento y el engaño.

- Responsabilidad Social. En el cooperativismo la “responsabilidad social” se vincula al compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ello las cooperativas son agentes activos en la generación de empleo y en la justa distribución de la riqueza.

- Preocupación por los Demás. Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las personas que le rodean, el cooperativista auténtico estará en una condición de inquietud o desasosiego, buscando soluciones a los problemas sociales. Eso es preocupación por los demás.

Tal parece que estos históricos valores del cooperativismo, además de que han significado durante los siglos XIX y XX una palanca de generación de riqueza económica para amplios sectores de la población que se han organizado bajo la figura de la cooperativa o con el mismo espíritu, aunque no sean cooperativas en sentido estricto, también se nos ofrecen como una oportunidad de insertar y promover la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad y el comunitarismo en el contexto económico, social y político actual, marcado trágicamente por una declinación económica nacional que se está expresando como una inminente crisis que afecta a todos los sectores de la población, pero principalmente a los más vulnerables.

Uno de los objetivos de la presente Iniciativa es recuperar la capacidad del Estado mexicano, de los gobiernos federales, estatales y municipales, de promover y adquirir responsabilidades concretas que se establecerían mediante esta reforma en la Ley General de Sociedades Cooperativas, como parte de un proceso de activación de las empresas cooperativas y de los valores del cooperativismo, con la finalidad de fortalecer una alternativa de economía solidaria que pueda hacer frente a las cíclicas crisis económicas que vivimos desde hace algunas décadas. Estas responsabilidades van desde la promoción de la organización cooperativa mediante estímulos fiscales, mínimamente en igualdad de condiciones respecto a otras áreas y proyectos considerados como prioritarios para el desarrollo nacional, hasta la adquisición por parte de los tres niveles de gobierno de los productos, mercancías y servicios brindados por las mismas cooperativas.

El 7 de septiembre de 2017 presenté a esta Cámara una reforma constitucional al artículo 25 de nuestra Carta Magna, que debe entenderse como el primer cimiento para avanzar en el fortalecimiento de un modelo de economía solidaria que, por supuesto, incluye a la figura de la cooperativa. En esta iniciativa anterior proponía que los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, sean considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país.

Con lo anterior, se daría el marco constitucional adecuado para avanzar hacia una segunda fase de impulso de la economía solidaria, la cual se complementa con esta reforma al artículo 90 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que hoy presento, y que propone que el Estado mexicano, al ser consideradas las cooperativas de “interés nacional” y estratégicas para el desarrollo de nuestro país, asuma su papel y responsabilidad con el cooperativismo y se obligue a establecer un Registro Nacional de Sociedades Cooperativas por actividad, clasificadas de la siguientes manera:

- Cooperativas agrarias.

- Cooperativas marítimas, fluviales y lacustres.

- Cooperativas de seguros.

- Cooperativas de consumidores y de usuarios.

- Cooperativas de crédito.

- Cooperativas de enseñanza.

- Cooperativas de viviendas.

- Cooperativas sanitarias.

- Cooperativas de servicios.

- Cooperativas de trabajo asociado.

- Cooperativas integrales.

Esta clasificación, además de reconocer y promover un marco de actividades productivas más amplio para el cooperativismo, sería necesario para que el Estado mexicano también adquiera la responsabilidad de estimular la creación de cooperativas con estas actividades, así como vincularlas al crecimiento económico mediante acciones concretas, con igualdad de estímulos y apoyos que cualquier otra empresa ya sea nacional o transnacional.

Para esto se propone la reforma del artículo 90 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Como sabemos, las empresas cooperativas en México están reguladas por la Ley General de Sociedades Cooperativas, cuya última versión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1994.

Un ejemplo actual de reactivación de la economía ante las crisis financieras y económicas tanto de las economías nacionales como de las turbulencias del capitalismo global ha sido el de Cataluña. Esta entidad autonómica de España vive actualmente uno de sus momentos más prósperos en lo que se refiere a la economía social: el Gobierno de Cataluña ha multiplicado en los últimos años el presupuesto dedicado a la economía social.

En 2015 aportaba 2,4 millones de euros, en 2017 asignó 16,4 millones de euros. Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona, que anteriormente estaba totalmente ajeno y desvinculado a cualquier tipo de política pública con perspectiva de economía solidaria, actualmente destina 4 millones anuales de euros, a lo que se suman 8 millones destinados a inversiones con esta perspectiva económica, según un informe del comisionado de Economía Social y Solidaria de esta entidad.

Las cooperativas catalanas son las que mejor han respondido y resistido a las crisis económicas que desde 2008 han abatido la economía española e impactado en un desempleo que, de presentar en 2008 los niveles más bajos en aquel país, menos de dos millones de desempleados, se disparó a casi 7 millones de desempleados en un plazo de menos de un año.

Finalmente, el fortalecimiento de la economía solidaria y de la cooperativa, en particular, serán fundamentales para el proceso de democratización económica. Como afirma el economista chileno Andrés Solimano, en su importante libro Élites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XX. La alternativa de la democracia económica:

Se necesitan reformas orientadas a aumentar la democracia económica a nivel local, nacional e internacional como un antídoto a un capitalismo muy desigual y elitista…

La promoción de formas de organización económica como las cooperativas, propiedad municipal y administración comunal del agua, la electricidad y otros recursos naturales, es un pilar en la nueva agenda de democracia económica…

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

DECRETO:

ÚNICO: Por el cual se adicionan el párrafo primer, segundo, tercer y cuarto, recorriéndose  el actual párrafo primero, para pasar al quinto párrafo, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Título IV

Capítulo Único

Del apoyo a las sociedades cooperativas

Artículo 90. Al ser consideradas las cooperativas como de interés nacional y estratégicas para el desarrollo del país, el Estado mexicano establecerá el Registro Nacional de Sociedades Cooperativas por actividad y/o servicio, las cuales se clasificarán de la siguiente manera:

- Cooperativas agrarias.

- Cooperativas marítimas, fluviales y lacustres.

- Cooperativas de seguros.

- Cooperativas de consumidores y de usuarios.

- Cooperativas de crédito.

- Cooperativas de enseñanza.

- Cooperativas de viviendas.

- Cooperativas sanitarias.

- Cooperativas de servicios.

- Cooperativas de trabajo asociado.

- Cooperativas integrales.

El Estado mexicano es responsable de estimular la creación de cooperativas con estas actividades, así como de vincularlas al crecimiento económico municipal, estatal y nacional, mediante acciones concretas que implican la promoción, organización, adquisición y distribución de los bienes y servicios que producen las cooperativas, con al menos igualdad de estímulos y apoyos que se conceden a cualquier otra empresa.

El gobierno municipal, estatal y federal, podrán ampliar estímulos fiscales considerados en esta misma ley, a aquellas cooperativas cuyo desempeño productivo contribuyan al desarrollo económico y social de su comunidad, de su región o del País, para lo cual deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Sociedades Cooperativas.

Los órganos federal, estatal, municipal y órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca el movimiento cooperativo nacional. Asimismo, apoyarán, la labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país.

Transitorio:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Sen. Raúl Morón Orozco.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Honorable Asamblea, antes de dar paso a la segunda ronda de iniciativas, me permito informar lo siguiente.

MINUTO DE SILENCIO

Como es de su conocimiento, el pasado 25 de febrero ocurrió el lamentable homicidio de Dulce Rebaja Pedro, precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la diputación por el Distrito 25 en Chilapa, Guerrero.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicita a la Mesa  Directiva guardar un respetuoso minuto de silencio, a la memoria de la señora Rebaja Pedro.

Solicito a Asamblea ponerse de pie para cumplir con el minuto de silencio solicitado.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias. Sírvanse tomar asiento Senadoras y Senadores.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación con principios de igualdad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos y a todas.

Gracias, señor Presidente, por este minuto de silencio, pero es increíble, aunque mi iniciativa va en otro sentido, en una semana mataron a dos mujeres precandidatas, en una semana, y todavía queda duda si la violencia política existe, y lo más interesante es que son de Chilapa, Guerrero, y del mismo distrito; o sea, son elementos que no podemos dejar pasar.

Ojalá esto nos sirva para que la minuta que mandó la Cámara de Diputados sobre violencia política podamos revisarla, corregirla y hacer lo que corresponde porque es increíble que en una semana, el 21 de febrero matan a una y el 25 de febrero matan a la otra del mismo Distrito, Distrito 25, una por el PRI y otra por el PRD.

Presento el día de hoy dos iniciativas al mismo tiempo, precisamente pensando en que mucha gente habla de que es un tema cultural. Yo no digo que es un tema cultural el tema de la violencia en contra de las mujeres, es un tema de educación. Tenemos que empezar por el principio y estamos presentando dos iniciativas: Una reforma constitucional al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una más a la Ley General de Educación, en materia de igualdad y perspectiva de género.

La lucha que nosotros hemos tenido es sobre tener respeto a los principios de universalidad, principio de interdependencia y de indivisibilidad y progresividad.

La importancia de la perspectiva de género no es una cosa menor en los planes de estudio.

¿Cómo enfrentan los estereotipos las niñas en las escuelas?, ¿cuáles son las prácticas discriminatorias que tenemos adoptadas por la sociedad y fomentadas también en las aulas?

Nosotros estamos pidiendo que se reforme de acuerdo a muchos preceptos que hemos logrado: el PROIGUALDAD, la CEDAW.

Por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo, que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto, porque tenemos que empezar exactamente por ahí. Ahí, además del bullying que viven niñas y niños, hay una discriminación muy marcada, y no voy a hablar de estadísticas, solamente voy a pedir a esta Mesa Directiva incorpore las dos iniciativas completas en el Diario de los Debates de la sesión del día de hoy, porque es muy interesante ver el número de violencia que se ejerce en contra de niñas también en las aulas.

Por eso el objetivo de esta iniciativa es reformar el párrafo segundo de la fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incorporar el principio de igualdad de género en el tema de educación, así como elaboración de planes de estudio con perspectiva de género.

Y por lo que respecta a la Ley General de Educación, esta reforma adiciona el primer párrafo del artículo 2o. y artículo 9o. de la Ley General de Educación, también con la finalidad de incorporar el principio de igualdad en el tema de educación, así como, la elaboración de planes de estudio con perspectiva de género.

Tenemos que empezar desde la casa, pero también en el aula, promoviendo esto por el alto índice que tenemos en este momento de violencia en contra de las mujeres, muy a pesar de muchas acciones afirmativas, muchos planes y políticas públicas a favor de niñas y mujeres.

Esto todavía prevalece, continúa, crece, y lo que nosotros queremos es, en la cancha que nos corresponde en el Poder Legislativo, poder promover reformas y un marco jurídico más adecuado para poder no solamente prevenir, sino formar a niñas y niños en el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta H. Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2 Y EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.1

Dichas prerrogativas se encuentran establecidas en los tratados internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en las leyes mexicanas.

Es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a favor de los individuos de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, rigiéndose a través de los siguientes principios.2

• Principio de Universalidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.3

• Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.4

• Principio de Indivisibilidad: El disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.5

• Principio de Progresividad: Implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible.6

En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, donde define y reconoce por primera vez a la educación como derecho humano. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13.

De igual manera la Convención de Derechos del Niño, en los artículos 28 y 29, señalan el derecho a la educación, otro instrumento internacional es el “Marco de Acción de Dakar- Programa Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes” que recoge los 6 objetivos para la educación que los Estados se comprometieron a cumplir para 2015, en relación al derecho a la educación.7

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU, compuesta por más de 190 países adoptó una Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, cuyos 17 objetivos buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, El Objetivo No. 4 está dedicado a la educación.

La UNESCO lanza a nivel regional la campaña E2030 Educación para transformar vidas, una serie de materiales que difunden las metas y estrategias para el logro del objetivo 4 de este marco mundial: “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el aprendizaje durante toda la vida.”8

La Igualdad y la Educación

La igualdad de género es un principio constitucional consagrado en el artículo 4 de este ordenamiento, el cual, estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna tienen los mismos derechos y obligaciones frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

La igualdad consiste según Will Kymlicka, en la aceptación de que “los intereses de cada miembro de la comunidad importan, e importan de un modo igual” y que “cada ciudadano tiene derecho a una igual consideración y respeto” por parte de su Estado.9
La igualdad se puede explicar con dos diferentes enfoques:

El primero la igualdad de ciudadanía democrática que se vincula con la idea de que cada miembro de la sociedad le debe ser asegurado, de modo igualitario, un catálogo de derechos básicos, que permite ejercer su condición de agente democrático.

El segundo es la igualdad de condición, mediante el establecimiento de un estado de cosas moralmente deseables, que garantice a cada individuo el goce de un mínimo común de beneficios sociales y económicos.10

Dentro del marco jurídico internacional el principio de igualdad se encuentra plasmado en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,11 el cual señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

De igual manera, en el Artículo 3 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)12 señala que los Estados parte de esta convención tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben de darse en igualdad de condiciones con el hombre.

Aunado a ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), fue quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 2004, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres y mujeres.13

En el marco jurídico nacional en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que todos somos iguales ante la Ley.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres14en sus primeros Artículos Instauran entre otras cosas el objeto de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

De igual forma, la fracción VI del Artículo 1 y el Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

La educación es uno de los principales instrumentos para el logro de la igualdad entre los sexos y el crecimiento de las mujeres en la sociedad.

En términos generales, según informe de evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing, en el mundo se ha producido una mayor toma de conciencia de ello. Esta Plataforma imagina un mundo en el que todas las niñas y las mujeres pueden ejercer sus libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual remuneración por igual trabajo.15

La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos de la Organización para promocionar el derecho a la educación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que "garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella".16

Aunado a ello, existen grandes desigualdades en el acceso, logro y en la continuación de la educación, resultando ser las niñas, las más desfavorecidas, aunque en algunas regiones los niños se encuentran en desventaja.

A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños - 16 millones de niñas nunca irán a la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO) y las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización.17

Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar, obtener un diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres.

En el África subsahariana y en Asia meridional y occidental, casi tres millones de muchachas se casan antes de cumplir los 15 años, es decir, sin haber alcanzado lo que en la mayoría de los países sería la edad mínima legal para contraer matrimonio. Si todas las jóvenes pudieran completar la enseñanza primaria, el número de matrimonios precoces se reduciría en casi medio millón. Si todas pudieran completar la escuela secundaria, esta cifra se reduciría en dos millones. En esas regiones, 3,4 millones de jóvenes tienen su primer hijo antes de cumplir los 17 años. Si todas las muchachas completaran la enseñanza primaria, el número de partos precoces disminuiría en 340.000 y si todas completaran los estudios secundarios, habría dos millones menos de esos nacimientos.18

La perspectiva de género y la Educación

La perspectiva de Género es una herramienta conceptual o mecanismo de análisis, que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres.19

Juana Camargo define a la perspectiva de género como una " teoría social que trata de explicar las características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin desigualdades".20

Para poder solucionar las variabilidades que existen entre mujeres y hombres dentro de la educación se deben de emplear las siguientes acciones:

• La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y lo privado.

• La modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.

• Así como el fortalecimiento del poder de la gestión y decisiones de las mujeres.

La importancia de incluir la perspectiva de género en los planes de estudio, es para que las escuelas afronten con éxito los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias adoptadas por la sociedad, formando a los docentes con esta temática o sensibilizarlos al respecto.

La escuela como importante agente de socialización, conjuntamente con la familia tiene el encargo social de educar en la cultura de paz y en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo valores y patrones no sexistas en sus educandos; los docentes deben evitar que por medio del lenguaje, los juegos, el trato y otras prácticas se refuercen los estereotipos de género.

Aunado a ello, la escuela como centro más importante en la formación integral de la personalidad del individuo, debe ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esa manera corregir cualquier tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo.

Perú creo un documento titulado “Recomendaciones de política de género en Educación”, sintetiza las principales propuestas del Foro Género y Ciudadanía: Imperativo para una educación de calidad, en el tema de transversalización del enfoque de género en la educación. 21

En América Latina y el Caribe se ha venido trabajando de manera fehaciente en la incorporación de la perspectiva de género en la información estadística de los países de la región, con el propósito de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

México forma parte de los países que han adoptado diversos instrumentos internacionales en materia de perspectiva de género, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), en el cual se plantea contar con políticas, programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género.

De igual manera el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), establece dos estrategias para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el sector educativo, las cuales favorecen el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la tolerancia, la no discriminación y el cumplimiento absoluto del principio de interés superior de la niñez y la adolescencia. Es importante señalar que para cumplir con este propósito, es indispensable contar con información estadística educativa con perspectiva de género, la cual permita a su vez enfocar el diseño de políticas, planificar y evaluar el Sistema Educativo Nacional (SEN). Es por ello que desde la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a través de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa y la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, se ha venido trabajando en la incorporación de esta perspectiva en la estadística oficial, mediante acciones como la presentación de la información desagregada por sexo y con mayor desglose geográfico. 22

Es importante citar que conforme al numeral 1 del Artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, esta iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo, fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorpora el principio de igualdad y perspectiva de género en los planes de estudio.

Es por todas las consideraciones que se han vertido en este documento que resulta necesario proteger y garantizar el principio de igualdad y la incorporación de planes de estudio la perspectiva de género:

Razón por la cual EL OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES:

1. Reformar y adicionar el primer párrafo del Artículo 2 y Articulo 9 de la Ley General de Educación, con la finalidad de incorporar el principio de Igualdad en el tema de educación, así como, elaboración de los planes de estudio con perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforma y adiciona el primer párrafo del Artículo 2 y Articulo 9 de la Ley General de Educación.

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de igualdad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

(…)

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, elaborará planes de estudio con perspectiva de género, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

VIGENTE

REFORMA

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.
En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7º.

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de igualdad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, elaborará planes de estudio con perspectiva de género, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos? Consultarse en:
http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos

2 Ibidem.

3 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, México. Pág. 9. Consúltese en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf

4 Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos

5 Ibidem. Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos

6 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, México. Pág. 11. Consúltese en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf

7 Consúltese en: http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf.

8 Consúltese en: http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/news-archive/campana-e2030/

9 El Principio Constitucional de Igualdad. Miguel Carbonell. Pág. 31. Consúltese en:
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_2.pdf

10 Glosario de Género. Instituto Nacional de las Mujeres. Pág. 78. Consúltese en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

11 Consúltese en: http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

12 Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General. 3 de septiembre de 1981- México. Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.

13 Consúltese en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation
%2025%20(Spanish).pdf

14 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Consúltese en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf

15 Consúltese en: http://beijing20.unwomen.org/es/about

16 Consúltese en: https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero

17 Ibidem.

18 Consúltese en:
http://www.unesco.org/new/es/media-services/in-focus-articles/new-unesco-data-proves-
education-transforms-development/

19 Glosario de Género. INMUJERES. Pág. 104. Consúltese en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

20 Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Editora Sibauste, Primera edición, 1999.

21 Recomendaciones de Política de Género en Educación
https://www.unicef.org/peru/spanish/recomendaciones-politica-de-genero-resumen-ejecutivo.pdf

22 La Incorporación de la Perspectiva de Género en la Estadística Educativa Documento Orientador. Consúltese en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61235/La_Incorporacion_de_la_perspectiva
_de_genero_en_la_estadistica_educativa.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN V Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta H. Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN V Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.1

Dichas prerrogativas se encuentran establecidas en los tratados internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en las leyes mexicanas.

Es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a favor de los individuos de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, rigiéndose a través de los siguientes principios.2

• Principio de Universalidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.3

• Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.4

• Principio de Indivisibilidad: El disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.5

• Principio de Progresividad: Implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible.6

En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, donde define y reconoce por primera vez a la educación como derecho humano. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13.

De igual manera la Convención de Derechos del Niño, en los artículos 28 y 29, señalan el derecho a la educación, otro instrumento internacional es el "Marco de Acción de Dakar- Programa Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes" que recoge los 6 objetivos para la educación que los Estados se comprometieron a cumplir para 2015, en relación al derecho a la educación.7

En septiembre de 2015,  la Asamblea General de la ONU, compuesta por más de 190 países adoptó una Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible, cuyos 17 objetivos buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, El Objetivo No. 4 está dedicado a la educación.

La UNESCO lanza a nivel regional la campaña E2030 Educación para transformar vidas, una serie de materiales que difunden las metas y estrategias para el logro del objetivo 4 de este marco mundial: "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el aprendizaje durante toda la vida."8

La Igualdad y la Educación

La igualdad de género es un principio constitucional consagrado en el artículo 4 de este ordenamiento, el cual, estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna tienen los mismos derechos y obligaciones frente al Estado y la sociedad en su conjunto.

La igualdad consiste según Will Kymlicka, en la aceptación de que "los intereses de cada miembro de la comunidad importan, e importan de un modo igual" y que "cada ciudadano tiene derecho a una igual consideración y respeto" por parte de su Estado.9

La igualdad se puede explicar con dos diferentes enfoques: El primero la igualdad de ciudadanía democrática que se vincula con la idea de que cada miembro de la sociedad le debe ser asegurado, de modo igualitario, un catálogo de derechos básicos, que permite ejercer su condición de agente democrático.

El segundo es la igualdad de condición, mediante el establecimiento de un estado de cosas moralmente deseables, que garantice a cada individuo el goce de un mínimo común de beneficios sociales y económicos.10

Dentro del marco jurídico internacional el principio de igualdad se encuentra plasmado en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,11 el cual señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

De igual manera, en  el Artículo 3 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)12 señala que los Estados parte de esta convención tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben de darse en igualdad de condiciones con el hombre.

Aunado a ello, el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), fue quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 2004, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres y mujeres.13

En el marco jurídico nacional en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que todos somos iguales ante la Ley.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres14en sus primeros Artículos Instauran entre otras cosas el objeto de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

De igual forma, la fracción VI del Artículo 1 y el  Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

La educación es uno de los principales instrumentos para el logro de la igualdad entre los sexos y el crecimiento de las mujeres en la sociedad. En términos generales, según informe de evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing, en el mundo se ha producido una mayor toma de conciencia de ello. Esta Plataforma imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual remuneración por igual trabajo.15

La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos de la Organización para promocionar el derecho a la educación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que "garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella".16

Aunado a ello, existen grandes desigualdades  en el acceso, logro y en la continuación de la educación, resultando ser las niñas,  las más desfavorecidas, aunque en algunas regiones los niños se encuentran en desventaja.

A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños - 16 millones de niñas nunca irán a la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO) y las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización.17

Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar, obtener un diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres.

En el África subsahariana y en Asia meridional y occidental, casi tres millones de muchachas se casan antes de cumplir los 15 años, es decir, sin haber alcanzado lo que en la mayoría de los países sería la edad mínima legal para contraer matrimonio. Si todas las jóvenes pudieran completar la enseñanza primaria, el número de matrimonios precoces se reduciría en casi medio millón. Si todas pudieran completar la escuela secundaria, esta cifra se reduciría en dos millones. En esas regiones, 3,4 millones de jóvenes tienen su primer hijo antes de cumplir los 17 años. Si todas las muchachas completaran la enseñanza primaria, el número de partos precoces disminuiría en 340.000 y si todas completaran los estudios secundarios, habría dos millones menos de esos nacimientos.18

La perspectiva de género y la Educación

La perspectiva de Género es una herramienta conceptual o mecanismo de análisis, que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres. 19

Juana Camargo define a la perspectiva de género como una " teoría social que trata de explicar las características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin desigualdades".20

Para poder solucionar las variabilidades que existen entre  mujeres y hombres dentro de la educación  se  deben de emplear las siguientes acciones:

La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y lo privado.

La modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.

Así como el fortalecimiento del poder de la gestión y decisiones de las mujeres.

La importancia de incluir la perspectiva de género en los planes de estudio, es para que las escuelas afronten con éxito los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias adoptadas por la sociedad, formando a los docentes con esta temática  o  sensibilizarlos al respecto.

La escuela como importante agente de socialización, conjuntamente con la familia tiene el encargo social de educar en la cultura de paz y en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo valores y patrones no sexistas en sus educandos; los docentes deben evitar que por medio del lenguaje, los juegos, el trato y otras prácticas se refuercen los estereotipos de género.

Aunado a ello, la escuela como centro más importante en la formación integral de la personalidad del individuo, debe ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esa manera corregir cualquier tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo.

Perú creo un documento titulado "Recomendaciones de política de género en Educación", sintetiza las principales propuestas del Foro Género y Ciudadanía: Imperativo para una educación de calidad, en el tema de transversalización del enfoque de género en la educación.21

En América Latina y el Caribe se ha venido trabajando de manera fehaciente en la incorporación de la perspectiva de género en la información estadística de los países de la región, con el propósito de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

México forma parte de los países que han adoptado diversos instrumentos internacionales en materia de perspectiva de género, así como  el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), en el cual se plantea contar con políticas, programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género.

De igual manera el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), establece dos estrategias para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el sector educativo, las cuales favorecen el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la tolerancia, la no discriminación y el cumplimiento absoluto del principio de interés superior de la niñez y la adolescencia. Es importante señalar que para cumplir con este propósito, es indispensable contar con información estadística educativa con perspectiva de género, la cual permita a su vez enfocar el diseño de políticas, planificar y evaluar el Sistema Educativo Nacional (SEN). Es por ello que desde la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a través de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa y la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, se ha venido trabajando en la incorporación de esta perspectiva en la estadística oficial, mediante acciones como la presentación de la información desagregada por sexo y con mayor desglose geográfico.22

Es importante citar que conforme al numeral 1 del  Artículo 171 del Reglamento del Senado de la República,  esta iniciativa con proyecto de decreto  tiene correlación con la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en Materia de Igualdad y Perspectiva de Género.

Es por todas las consideraciones que se han vertido en este documento que resulta necesario proteger y garantizar el principio de igualdad y la incorporación de planes de estudio la perspectiva de género:

Razón por la cual EL OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES:

1. Reforma el párrafo segundo, fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de incorporar el principio de Igualdad de género en el tema de educación, así como, elaboración de planes de estudio con perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se adiciona y se reforma el párrafo segundo, fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. (…)

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, bajo el principio de igualdad y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Fracciones I. a IV. (…)

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la Nación, elaborará planes de estudio con perspectiva de género, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentarán el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. a VIII (…)

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a) a  c) (…)

Penúltimo párrafo

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad, igualdad e inclusión.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Vigente

Reforma

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

Artículo 3o. (…)

 

 

 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, bajo el principio de igualdad y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

 

 

 

 

Fracciones I. a IV. (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la Nación, elaborará planes de estudio con perspectiva de género, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentarán el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. a VIII (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a)  a  c) (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Penúltimo párrafo

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad, igualdad e inclusión.

 

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos? Consultarse en:
http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos

2 Ibidem.

3 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, México. Pág. 9. Consúltese en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf

4 Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos

5 Ibidem. Consúltese en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos

6 Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH, México. Pág. 11. Consúltese en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf

7 Consúltese  en: http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf.

8 Consúltese en: http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/news-archive/campana-e2030/

9 El Principio Constitucional de Igualdad. Miguel Carbonell. Pág. 31. Consúltese en:
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_2.pdf

10 Glosario de Género. Instituto Nacional de las Mujeres. Pág. 78. Consúltese en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

11 Consúltese en: http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

12 Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General. 3 de septiembre de 1981- México. Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.

13 Consúltese en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation
%2025%20(Spanish).pdf

14 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Consúltese en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf

15 Consúltese en: http://beijing20.unwomen.org/es/about

16 Consúltese en: https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero

17 Ibidem.

18 Consúltese en:
http://www.unesco.org/new/es/media-services/in-focus-articles/new-unesco-data-proves-education
-transforms-development/

19 Glosario de Género. INMUJERES. Pág. 104. Consúltese en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

20 Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Editora Sibauste, Primera edición, 1999.

21 Recomendaciones de Política de Género en Educación
https://www.unicef.org/peru/spanish/recomendaciones-politica-de-genero-resumen-ejecutivo.pdf

22 La Incorporación de la Perspectiva de Género en la Estadística Educativa Documento Orientador. Consúltese en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61235/La_Incorporacion_de_la_perspectiva_de
_genero_en_la_estadistica_educativa.pdf

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Diva Gastélum Bajo. Daremos turno a las iniciativas que presentó la Senadora Gastélum, de la siguiente forma:

El proyecto de reformas a la Ley General de Educación, se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Y el proyecto que reforma el artículo 3o. constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en materia de acumulación de juicios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 67 BIS, 67 TER, 67 QUÁTER, 67 QUINTUS Y 67 SEXIES A LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Senadores y Senadoras:

Vengo a presentar hoy una iniciativa que pretender modificar y establecer adiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como ustedes saben, el 2 de abril de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amparo en México, una nueva Ley de Amparo que tenía como objetivo establecer una congruencia con las nuevas disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos; una nueva Ley de Amparo que a partir de esta fecha rige en nuestro sistema jurídico, pero como toda reforma legislativa es necesario que la misma sea perfectible y que se vaya adecuando a las realidades que establece la realidad jurídica, máxime cuando se trata de privilegiar el principio de seguridad jurídica.

Lo que hoy proponemos en esta iniciativa tiene por objeto reincorporar al texto de la Ley de Amparo dos figuras que no fueron contempladas en forma expresa dentro de la vigente ley, que son la acumulación y la conexidad.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la figura de acumulación es de especial naturaleza, señala la Corte que: “obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero que se vinculan por referirse al mismo acto reclamado”. Esto es que una misma persona promueva varios juicios de amparo contra el mismo acto, pero reclamado a distintas autoridades; o en el caso de que varias personas reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos. Por medio de la acumulación, entonces la persona encargada de juzgar une los litigios en una sola sentencia, con lo que se evitan posibles contradicciones por resoluciones en sentidos diversos.

La finalidad de esta institución es la protección a los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, sobre la base de la economía procesal, la cual se logra por medio de la concentración de los litigios y su resolución conjunta en la misma audiencia constitucional.

Esta figura no implica que los litigios se fusionen o que se confundan, sino que conserva su singularidad o su individualidad, esto en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen la emisión de toda sentencia, que obligan al órgano jurisdiccional a analizar tanto las pretensiones coincidentes, así como también las diferentes o particulares, y armonizándolas de forma que la sentencia se ocupe de todos los planteamientos.

La figura de acumulación de autos de dos o más juicios de amparo se encontraba prevista de manera expresa en la abrogada Ley de Amparo de 1936.

Sin embargo la Ley de Amparo en vigor no prevé de forma expresa esta figura y lo anterior ha generado, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se haya suscitado la duda respecto si los juzgadores federales, como señala la Corte, están en posibilidad de tramitar y ordenar la acumulación de autos de diversos juicios de amparo indirecto, a fin de que estos sean resueltos en una misma audiencia constitucional y mediante el dictado de una misma sentencia de amparo.

No obstante, en los artículos 66 y 67 de esta ley sí se regulan genéricamente las cuestiones incidentales, a petición de parte o de oficio, de las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten este tratamiento y surjan dentro del procedimiento.

Lo que ha interpretado el Poder Judicial es que al no haber mencionado dicha figura no significan que buscare prohibir la tramitación de incidentes de acumulación en los juicios de amparo indirecto, por el contrario, se dejó al régimen general de sustanciación en la vía incidental como una cuestión que puede surgir dentro del procedimiento, máxime si lo anterior se conjunta con la legislación establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por ello, es necesario reconocer la posibilidad de tramitar y resolver la acumulación en casos de amparo indirecto. Esto, en lo que corresponde a la interpretación que ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que la misma Corte establece que tiene como motivo una cuestión práctica ante diversos juicios en los que se reclama el mismo acto atribuido a la misma autoridad, ya sea ante el mismo o diferente juzgador; en este caso señala la Corte, es conveniente, por economía procesal, dar curso y sustanciar a petición de parte o de oficio y, a juicio del juzgador, decidir si lo resuelve de plano o en el procedimiento incidental. Esto está establecido en los criterios jurisprudenciales de rubro “acumulación de amparo indirecto. Procedimientos cuando se encuentran radicados ante el mismo juzgador federal, y acumulación de juicios en amparo indirecto. Procedimiento cuando se encuentren radicados ante diferentes juzgadores federales”.

En el caso similar es el de la figura de conexidad, es decir, aquellos casos en que una de las Salas del Máximo Tribunal o del Tribunal Colegiado de Circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro u otras de la propia sala o del mismo tribunal, una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente, a petición de algunos de los ministros o de los magistrados del tribunal respectivo. Así, podían ordenarlo y acordar que sólo uno, según se tratara, diera cuenta con ellos. No obstante, al igual que ocurre con la figura de acumulación, la Ley de Amparo vigente tampoco contempla expresamente el supuesto de conexidad en amparo directo o en amparo en revisión.

Sin embargo, se ha concluido en la Tesis de Jurisprudencia de rubro, acumulación de juicios de amparo indirecto, procedimiento cuando se encuentran radicados ante diferentes juzgadores federales, que dicha omisión legislativa no resulta un obstáculo para resolución de juicios de forma conexa. En ese sentido, en aquellos supuestos en que los tribunales colegiados o las Salas de la Suprema Corte advierta de un amparo directo o un amparo en revisión pendientes por resolver guarda con otro y otros en su propia jurisdicción una conexión tal que haga necesario que se vean simultáneamente, debe acordar la conexidad. En virtud de la necesidad y conveniencia de resolver juicios de dicha forma permanece vigente.

Por lo tanto, queda claro que tanto la figura de acumulación como la figura de conexidad subsisten en el trámite de los juicios de amparo. Sin embargo estas figuras se sustraen directamente de la interpretación normativa del conjunto de disposiciones de la Ley de Amparo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este tenor, al ser figuras que únicamente pueden conocerse por medio de la interpretación sistemática, lo que busca esta iniciativa es devolverlas al texto de la Ley de Amparo de manera expresa.

Ello, en aras de procurar como legisladores el principio de derecho a la seguridad jurídica, cuya importancia radica en forjar la relación entre el Estado y el derecho, en fijar reglas claras, en lograr la previsibilidad de las acciones en cuanto a sus consecuencias, es buscar una estructura adecuada del ordenamiento jurídico en los Estados democráticos de derecho, y por ello se busca regresar estas figuras a la Ley de Amparo como sí existían en la abrogada ley.

En segundo lugar, dado que si bien las normas jurídicas no deben entenderse de manera aislada, sino en función del sistema en el que están inmersas, esto no puede llegar al extremo de exigir a las personas un ejercicio interpretativo para conocer dichas figuras. De lo contrario, su ausencia en el ordenamiento, generaría a los particulares que llegaran a considerar las figuras que no son aplicables, puesto que al no insertarse textualmente en la Ley de Amparo su desconocimiento pudiera ser una constante.

Así, es que tomando en cuenta la estructura normativa de la abrogada Ley de Amparo, resulta conveniente establecer la procedencia de estas dos figuras y definir, de manera sencilla, la forma en que deben hacerse valer, a efecto de respetar el contenido del principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En síntesis, regresar estas figuras, la de conexidad, la de acumulación a la Ley de Amparo para que no sea su utilización dentro de los procedimientos, algo que derive de la interpretación jurídica, sino atendiendo este principio establecerlo de manera expresa en la ley.

Es preciso mencionar que el régimen transitorio establece que las normas adicionadas serán aplicables únicamente para los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, dotando de certeza jurídica en su aplicación.

Es por ello que hoy presentamos esta iniciativa que consideramos, es muy importante, justamente en aras de preservar el principio de seguridad jurídica en nuestra Ley de Amparo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I, 70 fracción V, 73, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de este Senado de la República la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 67 BIS, 67 TER, 67 QUATER, 67 QUINTUS y 67 SEXIES A LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Acerca de la figura de Acumulación. De acuerdo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde la óptica del derecho procesal constitucional, la acumulación se erige como una figura que, dada su especial naturaleza, “obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero que se vinculan por referirse al mismo acto reclamado.”1

Lo anterior, en virtud de que “(i) el mismo quejoso haya promovido diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades; o (ii) diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos.”2 Así, por medio de la acumulación, el juzgador puede los litigios en una sola sentencia, con lo que se evitan posibles contradicciones.

De acuerdo al Pleno del máximo órgano jurisdiccional, la finalidad de la institución es la protección de los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, sobre la base de la economía procesal, lo cual se logra por medio de la concentración de los litigios y su resolución conjunta en la misma audiencia constitucional y mediante una misma sentencia, de forma que se evita el dictado de resoluciones contradictorias.3 Al respecto, debe anotarse que esta figura no implica que los litigios se fusiones o que se confundan las pretensiones de los impetrantes o quejosos, sino que se conserva su singularidad o individualidad; esto, en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, que constriñen al órgano jurisdiccional a analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y a armonizarlas de forma que la sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados.4

2.- La figura de la Acumulación en la Ley de Amparo Abrogada. La figura de la acumulación de autos de dos o más juicios de amparo se encontraba prevista de manera expresa en la abrogada Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1936. Al respecto, se trascriben las dispersiones abrogadas que establecían las reglas de operación jurisdiccional para la acumulación:

Artículo 57. En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables.

II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos.

Artículo 58. Para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, es competente el Juez de Distrito que hubiere prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo.

Cualquier caso de duda o contienda sobre lo establecido en el párrafo anterior se decidirá por el Tribunal Colegiado de Circuito dentro de cuya jurisdicción resida el Juez de Distrito que previno.

Artículo 59. Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya acumulación se pide, el Juez dispondrá que se haga relación de ellos en una audiencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución que proceda, contra la cual no se admitirá recurso alguno.

Artículo 60. Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, promovida la acumulación ante uno de ellos se citará a una audiencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución que corresponda.

Si el Juez estima procedente la acumulación, reclamará los autos por medio de oficio, con inserción de las constancias que sean bastantes para dar a conocer la causa de la resolución.

El Juez a quien se dirija el oficio lo hará conocer a las partes que ante él litiguen, para que expongan lo que a su derecho convenga en una audiencia en la que aquél resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la acumulación.

Artículo 61. Si se estima procedente la acumulación, se remitirán los autos al Juez requirente con emplazamiento de las partes.

Si se estima que no procede la acumulación, se comunicará sin demora al Juez requirente, y ambos remitirán los autos de sus respectivos juicios, al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de cuya jurisdicción resida el Juez de Distrito que previno.

Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio Público Federal y los alegatos escritos que puedan presentar las partes, resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de ocho días, si procede o no la acumulación y, qué Juez debe conocer de los amparos acumulados.

Cuando la acumulación de juicios que se siguen en diferentes juzgados haya sido promovida por alguna de las partes y resulte improcedente, se impondrá a ésta una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.

Artículo 62. Desde que se pida la acumulación hasta que se resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los juicios de que se trate, hecha excepción de los incidentes de suspensión.

Artículo 63. Resuelta la acumulación, los amparos acumulados deberán decidirse en una sola audiencia teniéndose en cuenta todas las constancias de aquéllos.

Los autos dictados en los incidentes de suspensión relativos a los juicios acumulados se mantendrán en vigor hasta que se resuelva lo principal en definitiva, salvo el caso de que hubieren de reformarse por causa superveniente.

Artículo 64. En los juicios de amparo que se promuevan ante el superior del tribunal a quien se impute la violación, conforme al artículo 37, se observarán en lo que fueren aplicables, las disposiciones contenidas en este Capítulo; pero cuando se trate de competencia o acumulación en juicios de que conozcan tribunales comunes y Jueces de Distrito, éstos deben ser designados competentes.

3.- La figura de la Acumulación en la Ley de Amparo vigente. El día dos de abril de dos 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reemplazaría a la emitida en 1936. Sin embargo, a diferencia de su antecesora, esta Ley de Amparo no prevé de forma expresa la figura de la acumulación de juicios de amparo. De ahí que, como en su momento lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haya suscitado la dura respecto de si “los juzgadores federales están en posibilidad de tramitar y ordenar la acumulación de autos de diversos juicios de amparo indirecto, a fin de que éstos sean resueltos en una misma audiencia constitucional y mediante el dictado de una misma sentencia de amparo.”5

En efecto, a partir de la nueva Ley de Amparo, no se estableció un procedimiento determinada para llevar a cabo la acumulación de autos de dos o más juicios de amparo indirecto; no obstante, en los artículos 66 y 67 se regularon genéricamente las cuestiones incidentales, a petición de parte o de oficio, de las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan dentro del procedimiento. Estos dispositivos normativos facultan al juzgador para que decida, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si el incidente respectivo se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para ser resuelto en sentencia. El texto de los artículos señalados es el siguiente:

Artículo 66. En los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia.

Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente.

En ese tenor, debemos enfatizar que la figura de la acumulación no fue mencionada de manera específica en el proceso de creación del instrumento legal en comento ante el Congreso de la Unión, pues de los dictámenes emitidos con motivo de su elaboración no se encuentra su tratamiento particular. Asimismo, tampoco encontramos una referencia especial respecto del tema en la exposición de motivos de esta ley.

A partir de lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que ello no significa que el legislador buscare prohibir la tramitación de incidentes de acumulación en los juicios de amparo indirecto, sino, por el contrario “incorporar la tramitación de la acumulación al régimen general de sustanciación en la vía incidental de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento y ameriten ese tratamiento.”6

Al tenor de lo anterior, la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 15 de febrero de 2011 en la Cámara de Senadores, se dijo textualmente:

"En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución."

En suma a lo antes mencionado, debemos mencionar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, es la legislación supletoria de la Ley de Amparo vigente. 63. Además, por disposición expresa de la Ley de Amparo vigente, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria. Debemos recordar que la supletoriedad opera en aquellos casos en los que la ley que se suple no contempla la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse o las desarrolla de manera incompleta.7 El régimen general de cuestiones incidentales resuelve sin problemas los supuestos de acumulación de dos o más amparos que se ventilan ante el mismo juzgador.8

En este caso, ya sea de oficio o derivado de petición de parte, el órgano de control constitucional que conozca de los juicios de amparo indirecto que pretenden acumularse, dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la el vínculo de los litigios constitucionales o la ausencia de éste. Una vez que ha transcurrido, se celebrará audiencia dentro de los tres días siguientes, en la cual se podrán desahogar pruebas y escuchar alegatos de partes. Luego, en la misma audiencia se dictará la resolución, ordenando la acumulación de los autos cuando sea procedente.

Por otro lado, en los casos en que los juicios de amparo indirecto se encuentren radicados antes juzgados de distrito o tribunales unitarios distintos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que los numerales 66 y 67 de la actual Ley de Amparo también resultan aplicables. Empero, en estos casos será necesario acudir al ordenamiento supletorio, que en el caso es el Código Federal de Procedimientos Civiles,9 particularmente lo dispuesto en su artículo 74, así como sus remisiones a los preceptos 34 y 36 del mismo ordenamiento, aplicables a las contiendas de competencia por inhibitoria:

Artículo 74. Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se sustanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquélla proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario.
La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable.

Artículo 34. Las contiendas de competencias podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el Juez o tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y le remita los autos.

[...]

En ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia.

Artículo 36. El tribunal ante quien se promueva inhibitoria mandará librar oficio, requiriendo al que se estime incompetente, para que deje de conocer del negocio, y le remita los autos. La resolución que niegue el requerimiento es apelable.

[…]

Luego que el tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la suspensión del procedimiento, y en el término de cinco días, decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos al tribunal requeriente. En cualquier otro caso, remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requeriente, para que haga igual cosa.

Recibidos los autos en la Suprema Corte, correrá de ellos traslado, por cinco días, al Ministerio Público Federal, y, evacuado que sea, resolverá dentro de igual plazo.

Decidida la competencia, se enviarán los autos al tribunal declarado competente, con testimonio de la sentencia, de la cual se remitirá otro al tribunal declarado incompetente.

De conformidad a los preceptos anteriormente transcritos, si los autos de los juicios de amparo que se busca acumular se encuentran en diferentes tribunales, el incidente puede ser promovido a petición de parte o de oficio, expresando en la solicitud las razones que dan sustento a la acumulación de los litigios. La solicitud se formula ante el juzgador que conoció el primero de los juicios, quien dará vista a las partes por el plazo de tres días para las manifestaciones conducentes o el ofrecimiento de pruebas al respecto. Una vez que dicho plazo ha transcurrido, dentro de los tres días siguientes el juzgador celebrará audiencia, en la cual desahogará las pruebas y se escuchará los alegatos de las partes. Luego, emitirá la resolución que corresponda y, de resultar procedente, requerirá a por medio de oficio a los demás juzgadores, quienes dentro del plazo de cinco días después de haber recibido la solicitud, enviarán los autos al órgano jurisdiccional que se los requiera.

Asimismo, el tribunal requerido podrá oponerse a la acumulación, caso en el que deberá remitir al Tribunal Colegiado los autos del amparo que se pretende acumular. Paralelamente, deberá comunicarlo al juzgador que le hizo el requerimiento, para que remita también los autos del amparo bajo su índice al Tribunal Colegiado. Esto, de acuerdo al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que a los Tribunales Colegiados les compete la resolución de conflictos competenciales entre jueces de distrito que se encuentren dentro de su jurisdicción.10

Realizado lo anterior y recibidas las constancias por el Tribunal Colegiado, éste debe correr traslado por cinco días al Ministerio Público, a efecto de que manifieste lo que considere pertinente. Una vez que dicho plazo ha corrido, debe resolver dentro de los cinco días siguientes, ordenando que se devuelvan los autos a quien resulte competente o, en caso de que no resulte procedente la acumulación, a cada uno de los órganos jurisdiccionales.

Debe anotarse que, de conformidad con la legislación supletoria, serán válidos todos los actos procesales practicados por los tribunales competentes antes de promoverse la acumulación, aunque lo que practicaren después será nulo si no se ajusta a lo resuelto en el incidente de acumulación.11 En los dos casos reseñados, debe suspenderse el trámite de los amparos indirectos, con el propósito de que preserven su litispendencia hasta en tanto se resuelva si debe o no dictarse una sola sentencia.12

Por ello, es necesario reconocer la posibilidad de tramitar y resolver la acumulación en casos de amparo indirecto. Esto, en la estima del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como motivo una cuestión práctica ante diversos juicios en los que se reclama el mismo acto atribuido a la misma autoridad, ya sea ante el mismo o diferente juzgador; en esos casos, es conveniente, por economía procesal, dar curso y sustanciar a petición de parte o de oficio y, a juicio del juzgador, decidir si lo resuelve de plano o en el procedimiento incidental a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Amparo, para determinar si se reúnen o no los requisitos que para la acumulación establece el artículo 72 de la legislación supletoria.13 Lo anterior de conformidad con los criterios jurisprudenciales de rubro ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL,14 y ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES.15

4.- Sobre la figura de conexidad. Debemos apuntar que no resultan equivalentes las figuras de acumulación y de conexidad. Es el caso que el artículo 65 de la Ley de Amparo abrogada, por una parte prohibía la acumulación de juicios de amparo ante un Tribunal Colegiado o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea como Amparos Directos o como Amparos en Revisión. No obstante, dicho dispositivo normativo regulaba la figura de la conexidad.16

Lo anterior significa que, en caso de que una de la Salas del Máximo Tribunal o el Tribunal Colegiado de Circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro u otros de la propia Sala o del mismo tribunal, una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente, a petición de alguno de los Ministros o de los Magistrados del tribunal respectivo, podían ordenarlo y acordar que sólo uno, según se tratara, diera cuenta con ellos. No obstante, al igual que ocurre con la figura de acumulación, la Ley de Amparo vigente no contempla expresamente el supuesto de conexidad en Amparo Directo o en Amparo en Revisión.

Sin embargo, como se ha concluido en la Tesis de Jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/9 10ª, dicha omisión legislativa no resulta un obstáculo para la resolución de juicios de forma conexa. En ese sentido, en aquellos supuestos en los que un Tribunal Colegiado o una de las Salas de la Suprema Corte advierta que un Amparo Directo o un Amparo en Revisión pendientes por resolver guarda con otro y otros en su propia jurisdicción una conexión tal que haga necesario que se vean simultáneamente, debe acordar la conexidad. Esto, en virtud de que la necesidad y conveniencia de resolver juicios de dicha forma permanece vigente, así como su conveniencia, de conformidad con el principio de economía procesal, al ser su finalidad evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de una misma cuestión.17

5.- Motivación de la iniciativa. Queda claro que tanto la figura de acumulación como la figura de conexidad subsisten en el trámite de los juicios de amparo indirecto, juicio de amparo directo y amparo en revisión. Empero, dichas figuras se sustraen directamente de la interpretación normativa del conjunto de disposiciones que conforman la Ley de Amparo, así como su legislación supletoria. En ese tenor, al ser figuras que únicamente pueden conocerse por medio de la interpretación sistemática, lo procedente es devolverlas la texto de la Ley de Amparo de manera expresa.

En primer lugar, con el propósito de procurar el respeto al principio de seguridad jurídica. En efecto, se busca que los particulares conozcan con certeza a qué deben atenerse. En segundo lugar, dado que si bien las normas jurídicas no deben entenderse de manera aislada, sino en función del sistema en el que están inmersas, esto no puede llegar al extremo de exigir a las personas un ejercicio hermenéutico para conocer dichas figuras. De lo contrario, ante su ausencia en el ordenamiento, los particulares llegarías a considerar las figuras en comento no son aplicables, puesto que al no insertarse textualmente en la Ley de Amparo su desconocimiento sería evidente. En tanto, no podría exigirse que éstos subsanen, mediante dicho ejercicio interpretativo, las deficiencias u omisiones legislativas.18

Así, tomando como base la estructura normativa de la abrogada Ley de Amparo, resulta conveniente establecer la procedencia de estas dos figuras y definir, de manera sencilla, la forma en que deben hacerse valer, a efecto de respetar el contenido del principio de Seguridad Jurídica, inscrito en el articulo 16 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.19

Por las razones expuestas con anterioridad, se somete a consideración de este Senado de la República el siguiente proyecto de iniciativa con:

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 67 BIS, 67 TER, 67 QUATER, 67 QUINTUS y 67 SEXIES A LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Único. Se adicionan los artículos 67 Bis, 67 Ter, 67 Quater, 67 Quintus y 67 Sexies a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 67 Bis. En los casos de amparo indirecto, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables.

II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos.

Será competente el Juez de Distrito que hubiere prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo.

Artículo 67 Ter. Para los efectos del artículo anterior se estará a lo siguiente:

a) Si en un mismo tribunal se siguen los juicios cuya acumulación se pide, el Juez dispondrá que se haga relación de ellos en una audiencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución que proceda, contra la cual no se admitirá recurso alguno.

b) Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, promovida la acumulación ante uno de ellos se citará a una audiencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución que corresponda.

Si el Juez estima procedente la acumulación, reclamará los autos por medio de oficio, con inserción de las constancias que sean bastantes para dar a conocer la causa de la resolución.

El Juez a quien se dirija el oficio lo hará conocer a las partes que ante él litiguen, para que expongan lo que a su derecho convenga en una audiencia en la que aquél resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la acumulación.

Artículo 67 Quater. Si se estima procedente la acumulación, se remitirán los autos al Juez requirente con emplazamiento de las partes.

Si se estima que no procede la acumulación, se comunicará sin demora al Juez requirente, y ambos remitirán los autos de sus respectivos juicios, al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de cuya jurisdicción resida el Juez de Distrito que previno.

Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio Público Federal y los alegatos escritos que puedan presentar las partes, resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de ocho días, si procede o no la acumulación y, qué Juez debe conocer de los amparos acumulados.

Cuando la acumulación de juicios que se siguen en diferentes juzgados haya sido promovida por alguna de las partes y resulte improcedente, se impondrá a ésta la multa prevista en el artículo 250 de este ordenamiento.

Artículo 67 Quintus. Desde que se pida la acumulación hasta que se resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los juicios de que se trate, hecha excepción de los incidentes de suspensión.

Resuelta la acumulación, los amparos acumulados deberán decidirse en una sola audiencia teniéndose en cuenta todas las constancias de aquéllos.

Los autos dictados en los incidentes de suspensión relativos a los juicios acumulados se mantendrán en vigor hasta que se resuelva lo principal en definitiva, salvo el caso de que hubieren de reformarse por causa superveniente.

Artículo 67 Sexies. No son acumulables los juicios de amparo que se tramiten ante un tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia, ya sea en revisión o como amparos directos; pero cuando alguna de las Salas o el Tribunal mencionado encuentren que un amparo que hayan de resolver tiene con otro o con otros de la jurisdicción de la propia Sala o del mismo Tribunal, una conexión tal que haga necesario o conveniente que todos ellos se vean simultáneamente, a moción de alguno de los Ministros que la integran o de alguno de los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, podrán ordenarlo, así, pudiendo acordar también que sea un Ministro o Magistrado, según se trate, quien dé cuenta con ellos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los amparos en revisión por inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento, podrán acumularse para el efecto de su resolución en una sola sentencia, cuando a juicio del tribunal haya similitud en los agravios expresados contra los fallos de los Jueces de Distrito.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las normas adicionadas mediante el presente Decreto serán aplicables únicamente para los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.

1 CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 1 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR, párr. 57. (Registro Núm. 25940; Décima Época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 23, Octubre de 2015 , Tomo I, página 217.)

2 Ídem.

3 Ibídem, párr. 58.En ese sentido: ACUMULACIÓN DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se está en presencia del supuesto normativo que contempla el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 139-144, Primera Parte, página 13.)

4 ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, regulan la acumulación en el juicio de amparo; figura procesal respecto de la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su existencia obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias; sin embargo, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados. (Época: Décima Época; Registro: 2004378; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: 2a. LXXXIV/2013 10a.)

5 CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2015, párr. 56.

6 Ibídem, párr. 62

7 SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. (2a./J. 34/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065.)

8 CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2015, párr. 64.

9 Ibídem, párr.. 65.

10 Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:
[…]
VI. De los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno;
[…]

11 Artículo 76.- Es válido lo practicado por los tribunales competentes antes de promoverse la acumulación. Lo que practicaren después será nulo, salvo lo dispuesto sobre providencias precautorias o disposición contraria de la Ley.

12 Artículo 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando este? para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio.

13 CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2015, párr. 72.

14 ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. (Época: Décima Época; Registro: 2009910; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Página: 19; Tesis: P./J. 24/2015 10a.)

15 ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES. Para acumular juicios de amparo indirecto radicados ante Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de Distrito distintos, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en los numerales del 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al tenor de los cuales la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno en la causa -es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado-, el cual, con base en las constancias de autos y al tenor del referido artículo 66, determinará si resuelve de plano o en el procedimiento incidental respectivo sobre la existencia de los requisitos que para la acumulación establece el artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles. Por tanto, de ser necesario desarrollar dicho incidente, el referido juzgador deberá dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, dictará la resolución correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, requerirá por medio de oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse; los juzgadores requeridos, dentro del plazo de 5 días después de recibida la solicitud de acumulación, enviarán los autos al juzgador requirente. Sin embargo, el juzgador requerido podrá oponerse a la acumulación, en cuyo caso deberá remitir los autos del juicio de amparo de su índice a su superior, comunicándolo al requirente para que haga lo propio. En este caso, acorde con el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción y, seguido el procedimiento correspondiente, deberán resolver sobre la acumulación, ordenando la devolución de los autos al juzgador competente, en caso de que se niegue u ordenando la acumulación y el envío de todos los autos al que previno, si lo estima procedente. (Época: Décima Época; Registro: 2009911; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Página: 20; Tesis: P./J. 25/2015 10a.)

16 Artículo 65. No son acumulables los juicios de amparo que se tramiten ante un tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia, ya sea en revisión o como amparos directos; pero cuando alguna de las Salas o el Tribunal mencionado encuentren que un amparo que hayan de resolver tiene con otro o con otros de la jurisdicción de la propia Sala o del mismo Tribunal, una conexión tal que haga necesario o conveniente que todos ellos se vean simultáneamente, a moción de alguno de los Ministros que la integran o de alguno de los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, podrán ordenarlo, así, pudiendo acordar también que sea un Ministro o Magistrado, según se trate, quien dé cuenta con ellos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los amparos en revisión por inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento, podrán acumularse para el efecto de su resolución en una sola sentencia, cuando a juicio del tribunal haya similitud en los agravios expresados contra los fallos de los Jueces de Distrito.

17 CONEXIDAD EN AMPARO DIRECTO. AUN CUANDO LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, NO REGULE SU PROCEDENCIA, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, SI UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUICIO QUE VA A RESOLVER TIENE CON OTRO U OTROS DE SU PROPIA JURISDICCIÓN, UNA RELACIÓN TAL QUE HAGA NECESARIO QUE TODOS ELLOS SE VEAN SIMULTÁNEAMENTE, DEBE ACORDAR AQUÉLLA. El artículo 65 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, por una parte prohibía la acumulación en los juicios de amparo que se tramiten ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en revisión o como amparos directos y, por otra, regulaba la figura jurídica de la conexidad. En cuanto a esta última, establecía que cuando alguna de la Salas del Máximo Tribunal o el Tribunal Colegiado de Circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro u otros de la propia Sala o del mismo tribunal, una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente, a moción de alguno de los Ministros o de los Magistrados del tribunal respectivo, podían ordenarlo y acordar que sólo uno, según se tratara, diera cuenta con ellos. Por su parte, la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, introdujo las figuras del amparo adhesivo y la concentración de procedimientos, así como la forma de resolverlos, pero ya no prevé expresamente la acumulación en amparo indirecto ni la conexidad en revisión o en amparo directo. Ahora bien, para la acumulación puede acudirse al Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece su procedencia y trámite, al ser de aplicación supletoria a la ley actual, por disposición de su artículo 2o. Caso distinto a la conexidad, ya que no existe fundamento en la ley vigente que regule su procedencia, trámite y resolución en los juicios de amparo. Sin embargo, esa omisión legislativa no es obstáculo para resolver los juicios de manera conexa, pues cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta que el amparo directo que va a resolver tiene con otro u otros en trámite de su propia jurisdicción una conexión tal que haga necesario que todos ellos se vean simultáneamente debe acordar la conexidad, ya que permanece latente la necesidad y conveniencia de resolver los juicios de esa forma, de acuerdo con el principio de economía procesal, al ser su finalidad evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de una misma cuestión litigiosa. (Época: Décima Época; Registro: 2005564; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III; Materia(s): Común; Página: 1875; Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/9 10a.)

18 SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 52, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2013, TRANSGREDE ESTE PRINCIPIO. El precepto de referencia establece el procedimiento a seguir por la autoridad fiscal cuando un contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones que le son aplicables. Dicho procedimiento se sigue en fases, la primera de ellas ocurre cuando la autoridad termina de revisar el dictamen fiscal elaborado por el contador público registrado, posteriormente en el plazo de seis meses se debe notificar a este último la irregularidad detectada. Una vez que surta efectos la notificación, el contador público cuenta con un plazo de quince días para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes. Agotado el periodo probatorio, la autoridad debe notificar la resolución al contador público, en un plazo que no debe exceder de doce meses. Sin embargo, en el inciso c) de la porción normativa mencionada se establece que este último contará a partir del día siguiente a aquel en que se agote el plazo señalado en "la fracción I que antecede". Esta remisión resulta errática, pues la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación regula los requisitos que deben cumplir los contadores públicos que realicen dictámenes para poder obtener su inscripción ante las autoridades fiscales, por lo que no existe dentro de esa fracción un momento específico que indique a partir de cuándo comienzan a transcurrir los doce meses con los que cuenta la autoridad para notificar la resolución del procedimiento sancionatorio. Por tanto, el precepto referido vulnera el principio de seguridad jurídica al propiciar que los particulares no conozcan con certeza a qué atenerse en relación con el momento en el que la autoridad debe dictar y notificar la resolución del procedimiento administrativo sancionador, y si bien las normas jurídicas no pueden ser interpretadas de manera aislada, sino en función del sistema en el cual están inmersas, ello no puede llegar al extremo de exigir que las personas tengan que subsanar, mediante un ejercicio hermenéutico, las deficiencias legislativas en que incurre el legislador. (Época: Décima Época; Registro: 2015239; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I; Página: 497; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CXLIV/2017 10a.)

19 GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. (Época: Novena Época; Registro: 174094; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Materia(s): Constitucional; Tesis: 2a./J. 144/2006; Página: 351)

EL Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribunal al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 310 de la Ley General de Salud, en materia de suplementos alimenticios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO; SE ADICIONA UN QUINTO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 310 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

La Organización Mundial de la Salud señala que “el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.

Para ser efectivo este derecho, el Estado tiene el deber de propiciar las condiciones necesarias para el acceso oportuno a servicios de salud, condiciones seguras de trabajo, una vivienda digna, alimentos nutritivos y hoy en día, también implica procurar la difusión, la información sobre productos y servicios médicos para que sea adecuada.

Si bien, el derecho a la salud tiene una relación estrecha con otros de igual magnitud, también es cierto que la salud en sí misma no sólo se vincula al disfrute de la sanidad, sino también al de contar con la facilidad de bienes, servicios y condiciones que incentiven el grado máximo de bienestar de las personas.

De esta manera, uno de los derechos recientemente examinados a nivel internacional es el que concierne a la información sobre la salud en que de la mano con las nuevas tecnologías propicia y facilita que personas e instituciones se interesen por conocer con mayor precisión información relacionada con el cuidado de su bienestar.

Actualmente la consulta médica tradicional no es el único medio a través del cual los pacientes o interesados se informan sobre medicamentos y tratamientos. Hoy en día el Internet, la televisión, la radio, los medios impresos y las campañas publicitarias masivas, entre otras plataformas, facilitan también el acceso a esa información. Sin embargo, se corre el riesgo de una promoción inadecuada de productos de dudosa calidad que en algunos casos no cumplen con las características para ser considerados medicamentos.

Paralelo a esa difusión, también ha incrementado la demanda de información sobre salud, puesto que en la sociedad se han desarrollado inquietudes para la prevención de enfermedades, así como la generación de hábitos para una vida más saludable.

Recordemos que uno de los riesgos más comunes en los últimos años ha sido la comercialización de los llamados productos “milagro”, los que comúnmente se ofrecen al público como un medicamento. Aunado a lo anterior, también ha crecido la demanda de remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, que si bien pueden ser útiles para complementar el bienestar de las personas, no siempre cuentan con un estudio médico y un registro sanitario necesario para ser considerados medicamentos, mucho menos para ser publicitados como tales.

Las personas, a quienes se dirige la información sobre esos productos, corren el riesgo de confundirlos con medicamentos, pues aun cuando no se califican explícitamente así, en algunas ocasiones se divulgan con cualidades y efectos terapéuticos que garantizan una solución definitiva a ciertos padecimientos, cuestión que pone en peligro la salud de las personas que consumen bajo esa falsa idea.

El Sector Salud enfrenta una problemática compleja, pues la automedicación deriva generalmente de una falta de información adecuada.

La Organización Mundial de la Salud, define a la automedicación como la selección y el uso de medicamentos, incluidos productos convencionales y herbolarios por parte de las personas, con el propósito de tratar enfermedades con síntomas que ellos mismos pueden identificar.

En este sentido, la Secretaría de Salud calcula que el 80 por ciento de los mexicanos se automedica por iniciativa propia, sin indicación médica y sin receta. La cifra es alarmante, pues las consecuencias de esa práctica riesgosa son múltiples, las que pueden ir desde el ocultamiento de una enfermedad evitando la asistencia médica, la aparición de reacciones adversas y complicaciones de la salud, hasta la elección incorrecta de medicamentos y el riesgo de abuso o farmacodependencia por ingerirlos sin un control adecuado.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, también ha mantenido una lucha constante contra los productos “milagro”, manifestando que constituyen un riesgo entre la población por tres causas principalmente: Su uso y consumo, su composición y su publicidad, debido a que los resultados no son comprobables y no se advierte sobre los riesgos que puedan ocasionar.

Si bien existe la regulación de la publicidad en materia de salud, considero que hay algunos aspectos en lo que es necesario fijar candados para que las personas estén informadas y tomen las mejores decisiones para su salud.

Es momento de detener la publicidad engañosa, puesto que muchos productos salen al mercado sin una comprobación exhaustiva de sus características y se amparan manifestando en su publicidad que la responsabilidad recae en el consumidor.

De esta manera, tal y como se dispone para otros productos, es viable que se regule la utilización de la leyenda: “Esta producto no es un medicamento” en aquellos suplementos alimenticios y productos herbolarios que no cuentan con el registro sanitario correspondiente.

De igual forma, tomando en consideración que la Ley General de Salud hace alusión a los productos cosméticos, los que cabe aclarar, no son medicamentos, también deben contener la leyenda propuesta.

Toda vez que en algunas ocasiones la información que se difunde sobre los mismos puede confundir al consumidor por sus cualidades relacionadas con la higiene y salud, pero que no son la solución definitiva para tratar algún padecimiento.

Con la presente iniciativa se pretende reforzar la redacción vigente para evitar que productos herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos se publiciten como medicamento cuando no cuentan con las pruebas clínicas necesarias emitidas por la propia Secretaría de Salud.

En este sentido, se propone modificar el artículo 310 de la Ley General de Salud, a fin de establecer con toda claridad que la publicidad dirigida a la población en general que esté vinculada a remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos que no cuentan con el registro sanitario para ser considerados medicamentos, deberán incluir en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, la siguiente leyenda: “Este producto no es un medicamento”.

En el contexto actual, en el que los medios de comunicación tienen un gran alcance e intervienen en la toma de decisiones de los consumidores, esta propuesta de regulación publicitaria busca inhibir la comercialización de productos que puedan dañar la salud de los mexicanos o agravar las consecuencias de sus padecimientos, pues no deben de ser presentados con cualidades de medicamento cuando no lo son.

El obligar a que se inserte esta leyenda, será de gran utilidad para los consumidores, pues ahora podrán tomar decisiones de manera informada y bajo la advertencia apropiada.

La información en salud y en medicamentos es un beneficio para todos, contribuye a un mejor funcionamiento del sistema de salud y facilita la toma de decisiones.

Hoy en día estar informados es un derecho fundamental que materializa el respeto a la dignidad humana tal y como lo establece nuestra Constitución y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO; SE ADICIONA UN QUINTO, Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 310 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plasma en su Constitución, que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”,1 exigiendo un conjunto de criterios sociales que permitan el acceso a este derecho a todas las personas, entre ellos, la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada, alimentos nutritivos e información sobre los productos médicos.

La Constitución de la OMS fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York y firmada el 22 de julio de 1946, por los representantes de 61 Estados, entrando en vigor el 7 de abril de 1948. Dicho ordenamiento obliga a los Estados parte cumplir con principios básicos para la felicidad, relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos.2

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que el goce del derecho a la salud se relaciona estrechamente con otras garantías, como: la alimentación, vivienda, trabajo, educación, no discriminación, participación y acceso a la información. De este modo, se entiende que el derecho a la salud no sólo se vincula al disfrute de sanidad, sino a la posibilidad de disfrutar de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para lograr su grado máximo de bienestar.

Para fines de la presente iniciativa, se analizará el derecho a la información en salud, el cual es reconocido como derecho humano y que, en la actualidad, resulta imprescindible para la sociedad. Javier Bustamante Donas, director del Centro Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CICTES); basándose en la redacción de 1997 de una propuesta de Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio de Robert B. Gelman, presidente de BG & Associates, una de las principales empresas a nivel mundial de contenidos de audio y texto; propone la existencia de una cuarta generación de los derechos humanos, para quedar como sigue:3

• Primera Generación: Derechos civiles y políticos relacionados con la libertad de los individuos, surgen a partir de la Revolución Francesa y por la Independencia de los Estados Unidos de América.

• Segunda Generación: Derechos económicos, sociales y acceso a la salud, surgen para solucionar las desigualdades entre los individuos.

• Tercera Generación: Derechos de la solidaridad, resultado de manifestaciones sociales las cuales dan como resultado declaraciones sectoriales (infancia, etnicidad, religiones, tercer mundo, etc.)

• Cuarta Generación: Se contempla reconocer los derechos en el ciberespacio, capacitando a los ciudadanos para el pleno disfrute de los aportes de las tecnologías de la información y comunicación.

En este sentido, la propuesta reconoce una cuarta generación de derechos, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías, pretendiendo obligar a los Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a proporcionar y facilitar a los individuos e instituciones una adecuada información en materia de salud: “la información en salud es un componente esencial de los derechos humanos identificados y establecidos”.4

En la actualidad el derecho a la información de la salud toma importancia debido al acceso a múltiples medios de comunicación que la sociedad tiene a su alcance, por ejemplo, la consulta médica ya no es el único medio a través del cual los pacientes o interesados se informan sobre medicamentos y/o tratamientos de salud; el internet por medio de sus diferentes plataformas, medios tradicionales como la televisión, la radio, medios impresos y las campañas publicitarias masivas, facilitan el acceso a productos de dudosa calidad, que en muchas casos no son medicamentos.

Asimismo, existe una mayor demanda al acceso de la información sobre salud; sin embargo, no se aprovechan estas inquietudes para promover la prevención de enfermedades, fomentando nuevos hábitos para una vida más saludable en la sociedad, aumentando el promedio de vida de los mexicanos, lo cual se traduciría en un enorme ahorro para el sistema de salud del país.

Por el contrario, en los últimos años han salido a la venta diversos productos “milagro” vendidos como si estos fueron un medicamento. Por ejemplo, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, los cuales no cuentan con un estudio médico que respalde su salida al mercado, provocando el deterioro de la salud de las personas que los consumen.

La normatividad actual contempla una endeble regulación publicitaria para los productos que no cuentan con registro sanitario para ser considerados medicamentos, y en muchos casos se venden como productos estrictamente médicos, cuando no cuentan con un estudio que lo avale con esa categoría. En este sentido, haciendo un análisis comparado con la legislación de la Unión Europea, la cual fue modificada el 21 de febrero de 2006, cuando la Comisión del Euro paciente Informado (CEI) definió 9 puntos sobre el derecho a la información de salud para el paciente:5

1. El ciudadano europeo tiene derecho a ser informado e implicarse en la toma de decisiones en todo lo relacionado con la salud y los medicamentos.

2. La información sobre salud y medicamentos aumenta la conciencia social sobre la misma.

3. La información sobre salud y medicamentos supone un beneficio para el ciudadano y una ayuda para el paciente.

4. Un ciudadano informado que se hace responsable de su salud puede contribuir a un mejor funcionamiento del sistema sanitario.

5. Un ciudadano informado en salud y medicamentos puede facilitar la toma de decisiones compartido con el profesional sanitario.

6. El acceso del ciudadano a la información disponible actualmente sobre salud y medicamentos no es equitativo y la calidad de la información no siempre está garantizada.

7. Todos los agentes involucrados en la provisión de información, incluida la industria farmacéutica, deben ser fuentes fidedignas de información sobre salud y medicamentos, pudiendo cumplir cada una de ellas misiones distintas y al tiempo complementario.

8. La información sobre la enfermedad o problema de salud y las opciones posibles de su prevención y tratamiento no ha de entenderse como publicidad ya que el contenido y el fin que se persiguen son distintos.

9. La información sobre salud y medicamentos dirigida al ciudadano europeo debe ser regulada y garantizar que ésta sea veraz, adecuada, compresible y actualizada.

Lo anterior muestra la necesidad de legislar en materia de publicidad de la salud. Hoy en día quelos pacientes estén informados es un derecho fundamental, que materializa el respeto a la dignidad humana. La realidad social, donde los medios de comunicación masiva han adquirido una mayor injerencia en la toma de decisiones de quienes tienen acceso a ellos, que es la mayoría de la sociedad, obliga a otorgar una mayor regulación publicitaria a los productos dirigidos a este sector que diariamente salen al mercado.

Esta regulación, igualmente permitirá afrontar el grave problema que aqueja el sector salud como: la automedicación, definida por la Organización Mundial de Salud, como la selección y el uso de los medicamentos (incluidos productos convencionales y herbolarios) por parte de las personas, con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos pueden identificar.6

En este sentido, el estudio “Análisis de la automedicación como problema de salud”, presentado por la revista Enfermería Neurológica, identifica que esta problemática constituye una práctica riesgosa cuyas consecuencias son variables, como: el ocultar realmente una enfermedad evitando la asistencia médica, aparición de reacciones adversas y complicaciones de la salud, aumento de la resistencia a agentes antimicrobianos, elección incorrecta de medicamentos y el riesgo de abuso o farmacodependencia por ingerirlos sin un control adecuado.7

En México, la Secretaría de Salud calcula que más del 80 por ciento de la población se automedica, usando medicamentos por iniciativa propia, sin indicación médica y sin receta.8 Esta cifra es alarmante, por ende la regulación de productos dirigidos al sector salud deben acompañarse de la información necesaria a los consumidores, en el cual se detalle aspectos como: “el producto no es un medicamento”, las reacciones adversas por un inadecuado control o abuso del mismo, y asimismo consultar a su médico.

Esta información tiene la finalidad de que la población tome decisiones correctas sobre su salud, a partir de que se le otorgue todos los datos informativos sobre el producto, y sobre todo, protegerlo de riesgos potenciales derivados del consumo de productos “milagro”. Un ciudadano informado en salud y medicamentos puede facilitar la toma de mejores decisiones y contribuir a un mejor funcionamiento del sistema de salud.

Los productos “milagro”, se caracterizan por exaltar cualidades terapéuticas que inhiben supuestas enfermedades. Su proceso de elaboración comúnmente se relaciona con plantas, nutrientes, productos sintéticos y otros ingredientes con efectos desconocidos por agencias sanitarias, aunado a esto cuentan con acciones farmacológicas sin ser medicamentos. Su circulación en el mercado es considerada como un problema potencial de salud, el cual involucra conflictos de carácter ético, ya que a diferencia de los medicamentos certificados, no cuentan con las pruebas de eficacia ni registros adecuados por parte de las empresas que los producen; asimismo, no tienen los controles de calidad ni la farmacovigilancia necesaria.9

Los productos “milagro” tienen un gran mercado en México, resultado de los altos índices de personas con alguna enfermedad como: la hipertensión, que en el país uno de cada 4 adultos la padece, lo que representa el 25.5 por ciento de la población; la obesidad, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso lo que representa el 70 por ciento; mientras que la diabetes representa el 9.4 por ciento con poco más de 6 millones de mexicanos.10

Estas son las tres principales enfermedades que padecen los mexicanos; las deficiencias en los servicios de salud y los elevados precios de los medicamentos coadyuvan a la existencia de los productos “milagro”, dirigidos a un mercado potencial y cautivo. Dichos productos prometen sanar este tipo de enfermedades, entre otras, de manera rápida y efectiva, sin la necesidad de que el usuario modifique sus hábitos alimenticios y de vida.

En la mayoría de los casos los medios de comunicación son la vía principal de promoción de productos herbolarios, suplementos alimenticios y cosméticos, difundiendo su uso de manera indiscriminada y sin receta médica, trayendo como consecuencia, la automedicación.

En este sentido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha mantenido una constante lucha contra los productos “milagro”, manifestando que constituyen un riesgo entre la población por tres causas principalmente: su uso y consumo, su composición y su publicidad, debido a que los resultados no son comprobables y no se advierte sobre los riesgos que puedan ocasionar.

Los riesgos vinculados al consumo de estos productos es que lejos de curar la enfermedad, sólo maquillan los síntomas generándose efectos adversos irreversibles, debido al uso que se hace de estos productos como medicamentos, cuando no lo son; igualmente son dañinos por su composición de ingredientes con efectos desconocidos, ya que no cuentan con las pruebas clínicas necearías emitidas por la Secretaría de Salud.Aunado a esto, los riesgos vinculados con la publicidad de los productos “milagro”, objeto de la presente iniciativa, son:11

• Las empresas que los producen se saltan a la autoridad sanitaria y negocian directamente con los medios de comunicación los contratos de publicidad.

• Los ofertan como satisfactores inmediatos.

• No mencionan los riesgos asociados a su consumo.

• Los anuncian como productos “naturales y médicos”.

• Los ofrecen como productos innovadores.

• Utilizan elementos persuasivos, como sugerir que hay una investigación previa que respalda el producto, presentan testimonios de consumidores, apelan a la opinión de supuestos especialistas y a personajes del espectáculo.

Los productos “milagro” utilizan la publicidad engañosa para omitir la información del mismo, como el contenido de sus ingredientes, el modo de empleo, restricciones y los efectos secundarios de su uso; aunado a ello, la escasa regulación de la publicidad en la normatividad les permite salir al mercado sin una comprobación exhaustiva del producto y se amparan manifestando en su publicidad que la responsabilidad recae en el consumidor.

En conclusión, la autoridad encargada de investigar y sancionar la venta de estos productos “milagro”, no ha sido capaz de frenar este mercado de medicamentos fraudulentos que burlan las disposiciones legales emitidas por la Secretaría de Salud. Aunado a esto, la sociedad no está siendo informada sobre las contraindicaciones de estos productos que, asociados con los medios de comunicación, incentivan una industria farmacéutica que busca lucrar con la salud de los mexicanos.

Es necesaria la regulación publicitaria en la que explícitamente se incluya la leyenda “No es un medicamento”, a partir de lo cual se le otorga a los consumidores el poder contar con fuentes de información suficientes con el objetivo de facilitar la toma de mejores decisiones, lo que se traducirá en un mejor funcionamiento del sistema de salud.

Por tal motivo, los productos que la presente iniciativa busca regular para su publicidad son los no reconocidos por la Secretaria de Salud como medicamentos; suplementos alimenticios, productos herbolarios y productos cosméticos, los cuales son definidos por la Ley General de Salud:

• Suplementos alimenticios: productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes;

• Productos herbolarios: productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional;

• Productos cosméticos: sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.

En este sentido, la presente Iniciativa pretende reformar el artículo 310 de la Ley General de Salud, a fin de que la publicidad dirigida a la población en general que esté vinculada con remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, incluya en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, la leyenda: “Este producto no es un medicamento”.

Con la presente iniciativa se pretende reforzar la redacción vigente para evitar que productos herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos se  publiciten como medicamentos, ya que medicamente no pueden adquirir esta categoría debido a que no cuentan con las pruebas clínicas necearías emitidas por la Secretaría de Salud.

Asimismo, se pretende fortalecer el artículo 414 bis de la Ley General de Salud en Materia, el cual establece que:

Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de aseguramiento prevista en el artículo 414 como medida de seguridad, para el caso de que se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales.

En el contexto actual, en el que los medios de comunicación tienen un gran alcance e intervienen en la toma de decisiones de los consumidores, esta propuesta de regulación publicitaria busca inhibir la venta de los productos “milagro”, los cuales como ya se ha expuesto, tienen consecuencias graves para la salud de las personas que los consumen.

La información en salud y medicamentos es un beneficio para el ciudadano, contribuye a un mejor funcionamiento del sistema de salud y facilita la toma de decisiones. Hoy en día la facultad de los pacientes a estar informados es un derecho fundamental, que materializa el respeto a la dignidad humana.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto; se adiciona un quinto, y se recorre el subsecuente, del artículo 310 de la Ley General de Salud

ÚNICO. – Se reforman los párrafos primero, cuarto, y se adiciona un quinto al artículo 310 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 310.- En materia de medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación, agentes de diagnóstico, suplementos alimenticios y productos cosméticos la publicidad se clasifica en:

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos; y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.

Asimismo, cuando la publicidad dirigida a la población en general esté vinculada a remedios herbolarios, suplementos alimenticios, productos cosméticos, que no cuentan con registro sanitario para ser considerados medicamentos, deberá incluir en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, la siguiente Leyenda: “Este producto no es un medicamento”.

Ambas se limitarán a difundir las características generales de los productos, sus propiedades terapéuticas y modalidades de empleo, señalando en todos los casos la conveniencia de consulta médica para su uso.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 310.- En materia de medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y agentes de diagnóstico, la publicidad se clasifica en:

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.

 

No existe correlativo

 

 

 

 

 

Ambas se limitarán a difundir las características generales de los productos, sus propiedades terapéuticas y modalidades de empleo, señalando en todos los casos la conveniencia de consulta médica para su uso.

Artículo 310.- En materia de medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y agentes de diagnóstico, suplementos alimenticios y productos cosméticos la publicidad se clasifica en:


La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, productos cosméticos; y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.

Asimismo, cuando la publicidad dirigida a la población en general esté vinculada a remedios herbolarios, suplementos alimenticios, productos cosméticos, que no cuentan con registro sanitario para ser considerados medicamentos, deberá incluir en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, la siguiente Leyenda: “Este producto no es un medicamento”.

Ambas se limitarán a difundir las características generales de los productos, sus propiedades terapéuticas y modalidades de empleo, señalando en todos los casos la conveniencia de consulta médica para su uso.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 27 de febrero de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Constitución de la Organización Mundial de la Salud. OMS, 2006, [en línea], consultado 06 de febrero de 2018, disponible en:
http://www.who.int/governance/eb/constitution/es/

2 Ídem.

3 Herbert Stegemann. Derechos Humanos. Derecho a la Información en Salud. Revista Médica Honduras, Vol. 80, No. 4, 2012, [en línea], consultado: 06 de febrero de 2018, disponible en:
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2012/pdf/Vol80-4-2012-2.pdf

4 Ibíd.

5 La Información Directa al Paciente en Salud y Medicamentos de Prescripción. CEI, Unión Europea, 2006, [en línea], consultado: 07 de Febrero de 2018, disponible en:
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/other_policies/pharmaceutical/docs/R-064b_es.pdf

6 Patrón del empleo de automedicación en pacientes atendidos en Servicios de Urgencias del Área Metropolitana. Archivos de Medicina de Urgencia de México, Vol. 2, Núm. 3, 2010, [en línea], consultado: 08 de febrero de 2018, disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/urgencia/aur-2010/aur103c.pdf

7 Claudia Sánchez Bermúdez, Ma. Guadalupe Nava Galán. Análisis de la automedicación como problema de salud, Enf Neurol México, Vol. 11, No. 3, 2012, [en línea], consultado: 08 de febrero de 2018, disponible en:
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene123h.pdf

8 Automedicación, una mala costumbre que puede tener graves consecuencias. Secretaría de Salud, Portal gob.mx, 2016, [en línea], consultado: 08 de febrero de 2018, disponible en:
https://www.gob.mx/salud/articulos/automedicacion-una-mala-costumbre-que-puede-tener-
graves-consecuencias

9 Patricia Ortega, Elisa Mc Phil, Aimé Vega Montiel. “Productos milagro y medios de comunicación en México: una reflexión crítica”, Derecho a comunicar, Núm. 3, 2011, [en línea], consultado: 09 de febrero de 2018, disponible en:
http://132.248.9.34/hevila/Derechoacomunicar/2011/no3/5.pdf

10 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Informe Final de Resultado, Secretaría de Salud, 2016, [en línea], consultado: 09 de febrero de 2018, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf

11 Op. Cit. Patricia Ortega, 2011.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Informo a la Asamblea que se recibió de la Senadora Iris Mendoza Mendoza, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de participación de autoridades federales, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

(Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)



PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría de ellos.






La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA ", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 21 de Abril de 2016, la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como “Día Nacional de Enfermedades Raras”.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

2.- En sesión celebrada el viernes 28 de abril de 2017, la Cámara de diputados aprobó el dictamen a favor de la iniciativa en comento con 294 votos.

3.- El 5 de junio de 2017, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Dicha iniciativa propone que se declare el último día de febrero de cada ano como “Día Nacional de Enfermedades Raras”.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del tema presente instrumento legislativo.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al siete por ciento de la población mundial, también son denominadas enfermedades huérfanas o de baja prevalencia. Una enfermedad se considera rara cuando existe menos de un caso por cada dos mil habitantes, presenta síntomas y orígenes variados y en ocasiones desconocidos y requiere tratamientos farmacológicos específicos. 

C. Estas enfermedades raras son definidas como padecimientos que afectan a menos de 200,000 pacientes; y los ultra-huérfanos, que atienden enfermedades con una prevalencia menor de 5 por cada 10, 000 habitantes. La Unión Europea las define como padecimientos con prevalencia menor a 5 por cada 10,000 habitantes. En México, se definen en la Ley General de Salud, homologando la definición con la Europea. 

D. Algunas de estas patologías son:

• El síndrome de morning glory—nombre común de algunas especies de plantas con flores de la familia Convolvulaceae— es una anomalía congénita poco frecuente de la papila óptica, es decir, la región en donde el nervio óptico se conecta con el ojo.

• El síndrome de Zlotogora-Ogur- Este es un fenómeno de displasia ectodérmica que se caracteriza por anomalías en el cabello (ralo o ausente), la piel (seca) y los dientes, así como dimorfismo facial con labio y paladar hendidos, sindáctila cutánea o, en algunos casos, discapacidad intelectual.

• El síndrome del ojo de gato o cat-eye es una anormalidad cromosómica que aparece antes del nacimiento. El recién nacido presenta anomalías que incluyen inteligencia levemente deteriorada, trastornos cardíacos, trastornos renales, corta estatura.

• El síndrome de Cenani-Lenz- esta patología malformativa congénita presenta sindactilia compleja de manos y antebrazos, con manifestaciones similares en las extremidades inferiores.

• El síndrome de Pierre Robin con anomalía faciodigital -se caracteriza por la dismorfia facial (retrognatia, frente alta y abombada, paladar hendido y glosoptosis) y anomalías digitales (dedos afilados, uñas hiperconvexas, clinodactilia del quinto dedo, falanges distales cortas, pulgares similares al resto de dedos y tendencia a la luxación de las articulaciones).

• La coccidioidomicosis -es una infección fúngica causada por Coccidioides immitis y C. posadasii y que afecta normalmente a los habitantes del sudoeste de los Estados Unidos, América Central y Sudamérica.

Hipertricosis, o síndrome del hombre lobo- Es una enfermedad muy poco frecuente, que destaca por el exceso de vello en partes del cuerpo donde normalmente existe muy poco pelo.

Osteopetrosis con acidosis tubular renal -Esta enfermedad poco común se caracteriza por osteopetrosis, acidosis tubular renal —incapacidad del riñón para retener el bicarbonato y para acidificar adecuadamente la orina— y trastornos neurológicos relacionados con calcificaciones cerebrales.

• El Síndrome post-poliomielítico-Es un trastorno neurológico caracterizado por el desarrollo de nuevos síntomas neuromusculares como debilidad muscular progresiva o propensión anómala a la fatiga muscular que se da entre los supervivientes de la forma paralítica aguda de la poliomielitis entre 15 y 40 años después de la desaparición de la enfermedad.

El Síndrome de Sanfilippo -es un trastorno del metabolismo por el cual el cuerpo no puede descomponer apropiadamente cadenas largas de moléculas de azúcar. Se trata de una patología hereditaria que se transmite de padres a hijos.

E. De acuerdo con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (FEMEXER), existen 8 millones de pacientes afectados por alguna enfermedad rara, el 80% de ellos por causas genéticas.

En total, existen más de 7 mil enfermedades raras diferentes pero sólo 10% de estas cuenta con respaldo científico y apenas poco más de 400 tienen un tratamiento específico. Dado que la incidencia es muy reducida, estas enfermedades plantean un reto enorme para el sistema se salud y para la sociedad en general, debido a que no existe suficiente información epidemiológica y son contados los especialistas capaces de detectarlas, lo cual ocasiona que muchos pacientes lleguen a perder años de consulta en consulta sin encontrar un diagnóstico y tratamiento adecuado para su padecimiento.

F. Coincidimos que las “enfermedades raras” representan un reto en la salud de creciente atención, que no puede ser ignorado por las autoridades e instituciones competentes, es por lo que  que el establecer el último día del mes de febrero como “Día Nacional de las Enfermedades Raras”, contribuirá a fomentar la conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en el combate a este tipo de enfermedades.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como el "Día Nacional de Enfermedades Raras.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el último día de febrero de cada año como "DÍA NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS".

TRANSITORIOS

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmando ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.

CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, EL CUAL SUSTITUYE EL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO CIVIL FIRMADO POR LOS DOS ESTADOS EL 22 DE OCTUBRE DE 1948, FIRMADO AD REFERÉNDUM EL 16 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

(Dictamen de primera lectura)








Y de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el 2 de marzo de 2015.

ACUERDO SOBRE RECONOCIMIENTO MUTUO DE ESTUDIOS, TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, FIRMADO EN LONDRES, EL 2 DE MARZO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, son de primera lectura.






Compañeras y compañeros Senadores, hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.

CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, EL CUAL SUSTITUYE EL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO CIVIL FIRMADO POR LOS DOS ESTADOS EL 22 DE OCTUBRE DE 1948, FIRMADO AD REFERÉNDUM EL 16 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Haré la presentación de los dos dictámenes en esta intervención.

En primer término, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura del Senado de la República, nos fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre el Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y de la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.

Las relaciones diplomáticas entre México y Portugal gozan de una relación favorable, la cual se ha ido fortaleciendo a lo largo de los últimos años. Se iniciaron el 20 de octubre de 1864, mismas que se interrumpieron once años durante la Revolución Mexicana, en 1929 éstas fueron restablecidas definitivamente.

Desde entonces, ambos países hemos mantenido una relación de amistad y respeto en la que existe un creciente interés mutuo en promover acercamientos y fortalecer la relación bilateral, tanto en el ámbito político como económico y de cooperación.

El 16 de octubre de 2013, en la Ciudad de México, se firmó ad referéndum el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre el Transporte Aéreo Civil, firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948.

De conformidad con la información registrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tráfico aéreo bilateral en operación directa entre Portugal y México supera a los 22 mil pasajeros anuales y se estima un volumen adicional, tiene lugar vía terceros países, por lo que de existir un instrumento bilateral aéreo con disposiciones acordes a la actualidad y requerimientos de los transportistas aéreos, se incrementaría la conectividad aérea entre los dos países.

El instrumento que se somete a consideración del Honorable Senado de la República tiene por objeto establecer un marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre México y Portugal, a fin de coadyuvar el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo diverso de sectores en ambas economías.

Asimismo, el Convenio en cuestión contempla la designación de dos aerolíneas por país, con la posibilidad de operar desde y hasta cualquier punto de sus territorios sin restricción, establece los derechos que ejercerán las aerolíneas mexicanas y portuguesas en las que se destacan los siguientes:

Sobrevolar el territorio de otro Estado sin aterrizar.

Hacer escalas en otro territorio para fines no comerciales.

Y hacer escalas en el territorio de otro Estado con el propósito de embarcar y desembarcar en tráfico internacional, tanto pasajeros como carga y correo.

El Convenio prevé disposiciones específicas sobre el tratamiento aduanero que las autoridades de cada Estado concederán a las aeronaves operadas por las líneas aéreas designadas por cada parte, así como el equipo regular, repuesto, suministros de combustibles y lubricantes, otros materiales técnicos de consumo y suministros para las aeronaves a bordo de estas.

Finalmente, los integrantes de las comisiones unidas consideramos que el Convenio en cuestión busca satisfacer adecuadamente la demanda de los servicios aéreos entre México y Portugal, lo cual permitirá a nuestro país contar con una herramienta para contribuir a la ampliación de oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, así como un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas de ambos países.

El segundo dictamen que nos ocupa, es el relativo al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el 2 de marzo de 2015.

El Reino Unido y nuestro país comparten una importante historia de colaboración en distintos ámbitos, donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de apoyo y entendimiento mutuo.

En el año 2015, nuestro país llevó a cabo por primera vez un Año Dual con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el que se celebraron 400 actividades culturales, académicas, empresariales y turísticas en ambos países, lo que fortaleció su relación bilateral.

Como resultado de este Año Dual, se dieron importantes avances en distintas áreas de oportunidad entre ambos países, como lo son: la cooperación científica y tecnológica, así como en materia de educación, prueba de ello fue la firma de distintos instrumentos entre los que destacan este Acuerdo en mención.

Cabe recordar que después de la celebración del Año Dual, el panorama político del Reino Unido cambió de manera importante debido a que el 23 de junio de 2016 se realizó un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, conocido como Brexit, en el cual cerca del 52 por ciento de los votantes estuvieron a favor de abandonar la Unión Europea.

El proceso de salida del Reino Unido se inició una vez que se invocó el artículo 50 de la Unión Europea, en el que se establece que la unión negociará con el Estado miembro que se retira a la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, institución europea que representa a los Estados, dicha salida se negocia teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la unión, y el acuerdo final lo rubrica el consejo por mayoría calificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

Se estima que el proceso de salida se concretará en marzo de 2019.

Actualmente y debido al Brexit, el Reino Unido ha abierto múltiples posibilidades para establecer acuerdos con los que fuesen sus socios a través de la Unión Europea, ahora el Reino Unido podrá negociar ambiciosos acuerdos bilaterales con socios estratégicos alrededor del mundo y México será prioridad debido a su gran posición geográfica, su mercado y la excelente relación política y comercial que mantienen ambas partes.

Hoy en día, la cooperación educativa es uno de los pilares de esta relación, el Reino Unido es el segundo destino en importancia a nivel mundial para los becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en maestrías, doctorados y posgrados, esta cooperación ha derivado en importantes avances en el ámbito educativo, cultural y científico-técnico, lo cual se refleja en la presencia de instituciones británicas en México de gran prestigio, tales como: el Consejo Británico, la Fundación Angloamericana, la Cámara de Comercio Británica y distintas instituciones educativas británicas, como los colegios Edron, Greengates y Lancaster.

De acuerdo con los registros del Consejo Británico, de 2002 a 2014, 22 mil 835 mexicanos realizaron estudios de educación superior en el Reino Unido; de igual manera, existen diversas organizaciones de estudiantes mexicanos en instituciones británicas, las cuales se agrupan en la sociedad de estudiantes mexicanos en el Reino Unido y se cuenta con la Red Global MX, Capítulo Reino Unido, el cual cuenta con alrededor de 500 miembros, que son profesionistas mexicanos altamente calificados que residen en ese país.

Por lo anterior, es importante destacar la importancia del Acuerdo en mención, debido a que su principal objetivo es establecer el reconocimiento mutuo sobre la base del principio de reciprocidad de los estudios, títulos, diplomas y grados académicos de la educación superior otorgados para las dos partes.

Para la instrumentación del acuerdo se creará una comisión técnica bilateral integrada por especialistas en materia de ambas naciones, la comisión tendrá a su cargo las siguientes funciones:

Establecer los mecanismos de intercambio de información, consulta y asistencia que se requieran para definir la equivalencia de contenidos en cada sistema de enseñanza.

Actualizar los términos y requisitos para el reconocimiento de estudios, diplomas, títulos y grados académicos, a fin de asegurar la realización de un periodo de estudios de educación superior, lo cual agilizará la resolución de las solicitudes de revalidación por ambas partes.

Finalmente, los integrantes de las comisiones unidas consideramos que la cooperación en el ámbito educativo y cultural entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino Unido es de suma importancia, no sólo para facilitar el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sino para la apertura de nuevos programas de formación profesional.

Con la aprobación del citado Acuerdo, México y Reino Unido reconocerán y concederán validez oficial a los estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior para la continuación de estudios en otro país, fomentando la formación profesional internacional de estudiantes mexicanos y generando la apertura de nuevos programas de formación profesional entre ambos países.

Aprovechando la ocasión para agradecer a mis compañeros Senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; de Educación; y de Comunicaciones y Transportes, por su apoyo en la dictaminación de estos Acuerdos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Enrique Lucia.

En consecuencia, está a discusión el dictamen presentado. Al no haber oradores, se reserva para su votación nominal separada de los demás dictámenes.






Hace unos momentos dimos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre México y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el 2 de marzo de 2015.

ACUERDO SOBRE RECONOCIMIENTO MUTUO DE ESTUDIOS, TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, FIRMADO EN LONDRES, EL 2 DE MARZO DE 2015

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el Senador Miguel Enrique Lucia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, presentó en su intervención este dictamen hace unos momentos.

En consecuencia, ponemos a discusión el dictamen referido. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, separada de los demás dictámenes.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de apoyo a zonas marginadas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión.

Recibimos el texto de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez sobre este dictamen, mismo que se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Se concede el uso de la tribuna al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea contiene una reforma ciertamente pequeña, pero no por ello menos importante, es una reforma que busca atender a la población más pobre del país.

Se establece que la política nacional de desarrollo social tendrá, entre sus objetivos, orientar el desarrollo regional equilibrado, de conformidad con lo que dispone esa ley para las zonas de atención prioritaria.

¿Y qué significa esto?

Pues significa que la política nacional de desarrollo social orientará el desarrollo regional equilibrado, previendo especial atención a las entidades y a los municipios con un mayor índice de pobreza extrema.

Agradezco a las comisiones unidas la presentación de este dictamen en sentido positivo, ya que parte de una iniciativa presentada por el suscrito, y por ello me siento en la obligación de venir a esta tribuna a pedir su voto a favor.

Esta reforma debe servir para atender la grave situación de municipios y comunidades como por ejemplo: San Francisco Tlapancingo, en Oaxaca, donde el 56.1 por ciento de la población vive en pobreza extrema; o Zirándaro, Guerrero, donde lo mismo ocurre con el 57.4 por ciento de su población.

Municipios de alta marginalidad en la Sierra Tarahumara, como Urique, con 9 mil 43 personas en situación de pobreza extrema, el 43.1 por ciento, y 6 mil 38 con carencia alimentaria, el 28.8 por ciento, o Balleza, con 8 mil 237 personas en pobreza extrema, 40.2 por ciento y 8 mil 320 carentes de alimentación, 40.6 por ciento.

No debemos olvidar que municipios de la región sur-sureste del país, conformada por los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, es donde se encuentran las localidades con mayor índice de pobreza alimentaria y de extrema pobreza.

De acuerdo, por lo tanto, a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, Oaxaca, estado al que con orgullo represento en este recinto, cuenta con una población de 1 millón 14 mil que padecen carencia alimentaria, en términos relativos, 3 de cada 4 oaxaqueños no tiene alimento asegurado.

El crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto, en ninguna de las economías del sur ha probado tener capacidad suficiente para mejorar los niveles de vida de la población, particularmente la de los más pobres.

Por eso, compañeras y compañeros, estamos planteando convertir al desarrollo social en el eje articulador de todas las políticas públicas que tengan incidencia en estas entidades.

El desarrollo social debe representar en los estados del sur la principal palanca de su desarrollo.

Después de hacer un recuento de los errores de anteriores programas sociales, podemos afirmar, con solvencia técnica, que para el sur no son suficientes los programas focalizados contra la pobreza que solo podrán resolver temporal y fragmentariamente algunas de las muchas necesidades que tienen. Para mejorar el nivel de desarrollo social de la población, es indispensable proponer programas innovadores que surjan de la propia base social que los demanda, y para ello, es prioritario que los pobres se transformen en sujetos activos de su desarrollo económico y social.

Por lo tanto, espero que este dictamen cuente con el respaldo de todas y de todos ustedes.

Y le agradezco al Presidente de la Mesa Directiva que me haya cedido el uso de la palabra, y a todas y a todos ustedes su atención, reiterando mi petición de su voto a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Al no haber más oradores registrados, se reserva para su votación nominal, separada de los demás dictámenes.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de concepto de inclusión en el desarrollo social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión en lo general el dictamen.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular. En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre el Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Senador Albarrán, a favor; Senador Larios; Senadora Ivonne, a favor.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Remítase al Ejecutivo Federal.

Servicios Parlamentarios tome nota del voto del Senador Encinas, de la Senadora Itzel Ríos, y de la Senadora Rosa Adriana, por favor.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre México y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Senador Mayans, a favor; Senador Berlanga; Senadora Rosa Adriana; Senador Zuarth; Senador Teófilo, a favor; Senadora Torres Peimbert, a favor.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el 2 de marzo de 2015. Remítase al Ejecutivo Federal.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de apoyo a zonas marginadas.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora. Senadora Tagle, a favor; Senador Isidro, a favor; Senadora Marcela Guerra; Senador Cordero, gracias. ¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto? Senador Romero Hicks; Senador Lavalle; Senadora De la Torre; Senador Cárdenas.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de concepto de inclusión en el desarrollo social.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto. Senador Lozano, gracias; Senador Larios, gracias; Senador Lavalle, a favor; Senador Isidro Pedraza, a favor; Senadora Cuevas, a favor, gracias.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se confiere el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", correspondiente al año 2018, a la Maestra María Elena Chapa Hernández. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Es un honor para la Comisión Para la Igualdad de Género presentar este dictamen, este resolutivo tan importante en la quinta entrega del reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto".

Cada vez este reconocimiento está tomando un mayor crecimiento, aceptación, reconocimiento de las gentes que participan.

Este año tuvimos nueve inscripciones.

Yo quiero agradecerle a las organizaciones de la sociedad civil el registro que hicieron, por ejemplo, de Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, de la Doctora Alicia Arellano Tapia, de la Doctora Alicia Bárcenas, de la Maestra María del Carmen Alanís Figueroa, de la Maestra María del Carmen Alanís Figueroa, de la Maestra María Elena Chapa Hernández, de la Licenciada Kena Moreno, de la Licenciada Dulce María Sauri Riancho y de la Licenciada Hermelinda Tiburcio Cayetano.

Esta vez la Comisión Para la Igualdad de Género, por unanimidad decidió entregárselo a la Maestra María Elena Chapa Hernández, connotada mujer originaria de Nuevo León, una gran feminista, una mujer que ha defendido los derechos humanos de las mexicanas, de las niñas y que estamos muy orgullosas, orgullosos de que se entregue este galardón a una mujer que se ha desempeñado en múltiples facetas, tanto de partido como de la sociedad civil, pero especialmente de la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

A nombre de todos los grupos parlamentarios al interior de la comisión, yo agradezco la unanimidad con la que se logró entregar este galardón versión 2018, "Elvia Carrillo Puerto".

Y aprovecho para hacer una serie de invitaciones.

El día 8 este Senado de la República, a través de la Mesa Directiva, firmará una Declaratoria para la Eliminación de la Violencia Laboral al Interior del Senado de la República, debido a múltiples denuncias sobre acoso y hostigamiento. Seguidamente se develará un mural sobre las galardonadas que ha tenido la Elvia Carrillo.

Se me pasaba decir que en la Declaratoria para la Eliminación de la Violencia Laboral se va a nombrar la mediadora que habrá del Comité que Previene y Busca Eliminar la Violencia Laboral al Interior del Senado de la República.

Vamos a tener una sesión solemne en la vieja casona de Xico, se va a declarar un salón como el "Salón de las Senadoras", una exposición fotográfica, también.

Pretendemos tener un encuentro con las mujeres que han estado en el Senado de la República, desde Alicia Arellano, desde María Lavalle Urbina a la fecha, porque consideramos que el paso de las mujeres por esta alta tribuna ha sido muy importante, no solamente para nuestra lucha, sino para la democracia, para los derechos de las mujeres en este país.

Por su atención y su voto a favor, muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Diva Hadamira.

Está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Es muy importante lo que acaba de mencionar la Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género del Senado, en el sentido de que todas las integrantes de esta comisión, en una valoración escrupulosa de cada una de las currículas, que todas son de gran trascendencia y de gran valor, el que finalmente hayamos logrado concretar la decisión unánime de quienes integramos la comisión, para otorgarle hoy en el 2018 el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", a María Elena Chapa.

María Elena Chapa es una mujer que ciertamente ella ha mantenido su militancia priísta, ha sido una mujer emblemática dentro de su propio partido.

Si podemos hablar de la lucha que se da en los partidos políticos, y miren que algo sabemos y algo sé de eso, cómo abrimos la brecha, cómo trabajamos para romper estos techos de cristal, empoderar a las militantes y a las dirigentes en los partidos políticos, trabajar para su formación política, para que avancen también en el reconocimiento sus derechos políticos dentro de los propios partidos políticos y ese es uno de tantos méritos que les reconocemos a "La Chapa", como le decimos cariñosamente.

María Elena Chapa es una mujer, insisto, que con su trayectoria priísta la consideramos mujer más allá de su partido político.

Eso es muy importante destacarlo y me parece que es uno de los méritos que puede distinguir a cualquier mujer militante de un partido político, que otra que no es de su partido la reconozca como una mujer trascendental en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, una mujer que ha abierto brecha en su propio partido y, por lo tanto, como un boomerang trasciende a los otros partidos políticos y ha reivindicado el papel de las políticas.

Hoy, 2018, vamos, prácticamente a cerrar en esta Legislatura lo que hace un poco más de cinco años iniciamos con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

También es importante señalar que cuando aquí en el Senado de la República a algunas Senadoras se nos ocurrió llevar a la misma trascendencia del reconocimiento de la "Belisario Domínguez", también reconocer a mujeres de gran trayectoria para que desde el Senado de la República se estableciera un reconocimiento puntual, emblemático en la figura ni más ni menos que "La Monja Roja del Mayab", Elvia Carrillo Puerto.

Dicho por cierto así, definida así por toda la dedicación de vida, "cuasimonja" precisamente en la lucha del reconocimiento del sufragio efectivo de las mujeres.

Por eso hoy, en la última entrega de este Senado, nos parece que cerramos, si me permiten decir, casi con broche de oro, como se dice coloquialmente, estas cinco entregas que nos han correspondido en el Senado de la República otorgar, y en este caso lo hacemos de plácemes, lo hacemos muy orgullosas con "La Chapa", con la Maestra María Elena Chapa, que va a venir desde Monterrey, va a estar aquí con nosotros la próxima semana y, por supuesto, detrás de ese reconocimiento, sin lugar a dudas también el reconocimiento de quienes aspiraron y compitieron con ella, que también como decía aquí Diva, les recordó con nombre y apellido, sin desperdicio de ninguna de ellas, ninguna de ellas sin desperdicio, pero teníamos que decidir una, y creemos, y así lo consideramos en la Comisión Para la Igualdad de Género, que lo que hicimos, y es el dictamen que hoy ponemos a su consideración, lo hicimos también seguramente ella representando a quienes no van a recibir este reconocimiento.

Les agradecemos su votación a favor, y aquí nos vemos la semana que entra para puntualizar más sobre la propia Elvia Carrillo Puerto, nuevamente cimbrar al Senado de la República con su biografía, con todo lo que ella significó para las mujeres de este país y para nuestra nación, y también con un acervo importante para la humanidad.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Elena García Gómez. Nos pide la Senadora que integremos su participación al Diario de los Debates. Con todo gusto.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza: Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, señor Presidente.

El Senado de la República se suma a la celebración del género femenino con la entrega del reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", quien fuera una mujer de lucha en favor de los derechos de las mujeres indígenas, campesinas y obreras, aunado a una constante superación personal.

Dicha distinción enarbola a las mujeres que día a día con sus acciones contribuyen en la equidad de género para lograr la igualdad de derechos y defender la paridad de justicia social, cultural, política y económica.

Este año el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" se hace meritorio a María Elena Chapa Hernández.

La Maestra Chapa es la muestra palpable de una mujer empoderada, incansable en el compromiso con la equidad de género, impulsora del quehacer político de las mujeres en el ámbito legislativo, empresarial, gubernamental, social y asistencial.

Su actuar constante como defensora de los derechos político-electorales de las mujeres en México, así como su lucha para lograr la paridad de oportunidades, le han valido múltiples reconocimientos tanto a nivel regional como nacional, al igual que el respeto y ser ejemplo de incontables hombres y mujeres para lograr la igualdad entre géneros.

Hablar de la Maestra María Elena Chapa Hernández es reconocer una vida dedicada al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al avance de sus derechos humanos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva.

Hoy, el Senado de la República reconoce con esta distinción la labor de esta gran mujer e importancia de su contribución en el desarrollo de nuestro tiempo, enaltece el esfuerzo, la actividad destacable y el valor con que se ha desempeñado a lo largo de su vida por ser una mujer que provoca inspiración, distinción y admiración por su gran trayectoria, resultado del trabajo, tenacidad y constancia.

Nos sumamos con orgullo a tu legado y hacemos nuestro el reto para que todos demos el valor que se merecen las mujeres que con su trabajo, dedicación y destreza han conquistado diversas actividades y contribuyen de manera determinante en la vida económica, política y social de la humanidad.

Instamos a replicar tu ejemplo y empoderamiento femenino a fin de conquistar la diversidad de género, detonar el bien común, propulsar el desarrollo social, ponderar el respeto como seres humanos y dar a las mujeres el lugar que se merecen respecto a sus derechos político-electorales.

¡Enhorabuena! María Elena, te damos las gracias por tu ejemplo y te reconocemos como la gran mujer de valor que eres.

Muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Martha Vianey.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Desde que la Comisión Para la Igualdad de Género en el Senado de la República decidió instaurar el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", sin duda las mujeres nos congratulamos por tal decisión.

Reconocer a mujeres que con su trayectoria, con su congruencia, con su tenacidad, con su esfuerzo, con su compromiso diario han venido abriendo brecha para que las demás mujeres tengamos la oportunidad de estar el día de hoy aquí, sentadas justamente en los espacios donde se toman las mejores y mayores decisiones públicas de este país.

Por eso este reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" es tan importante para visibilizar esa lucha, para decir que el camino que las mujeres hemos tomado no ha sido fácil, porque en abrir esta brecha lo mismo hemos tenido que ganarnos el derecho a salir a la calle solas que el derecho a ocupar un escaño en el Senado de la República, y sabemos que en ese camino todavía nos falta mucho, mucho por abonar.

Pero particularmente en esta ocasión, en la decisión que la Comisión Para la Igualdad de Género ha tomado para dar el reconocimiento a la Maestra María Elena Chapa Hernández, debo de decirles que me siento profundamente emocionada, muy contenta por reconocer a una mujer como María Elena Chapa.

María Elena Chapa es para mí una maestra, tuve la oportunidad de aprender de ella directamente hace muchos años, es una mujer que me enseñó con su carácter, con su tenacidad, con su compromiso a estar del lado de las mejores causas y a favor de los derechos de las mujeres, ella me demostró que no hace falta estar militando en un partido, estar en un cargo público o no estarlo para luchar todos los días, todos los días a favor del avance de los derechos de las mujeres.

Por eso es que este reconocimiento a una mujer como María Elena Chapa es más, más que merecido. María Elena Chapa lo mismo apostó para que avanzáramos en su momento en las cuotas de género, que nos permitieron avanzar en cargos legislativos, nos ayudó sin duda a consolidar la propuesta de reconocimiento de la paridad que es ese reconocimiento que tenemos las mujeres a la igualdad sustantiva, a formar parte de las decisiones, pero también ha formado parte de las recomendaciones que desde CEDAW se han hecho en México para seguir avanzando en los derechos, todos de las mujeres.

Y de manera muy reciente, tenemos justo en el Senado de la República, una iniciativa promovida por ella para promover el empoderamiento de las mujeres empresarias en los consejos de administración. Dicha iniciativa fue firmada por prácticamente todas las legisladoras de este Senado de la República, y espero que en honor a este trabajo que ella ha hecho avancemos en dictaminar esa iniciativa.

No me queda más que felicitar a la Comisión Para la Igualdad de Género, a las legisladoras que forman parte de esta comisión, por tan acertada decisión y mandarle desde aquí un abrazo muy fuerte a María Elena Chapa, esperando dárselo de manera personal el próximo 8 de marzo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Martha Angélica.

Hemos agotado la lista de oradores.

Sonido en el escaño de la Senadora Ivonne.

La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: (Desde su escaño) Muchas gracias. Yo solamente, desde mi lugar, si me lo permite.

Solamente agradecer todas las muestras de cariño, todas las muestras de afecto y todas las palabras que en esta tribuna se han hecho para María Elena Chapa.

Nos sentimos muy orgullosos en Nuevo León de este gran reconocimiento, y más las mujeres de nuestro estado, porque María Elena ha sido quien nos ha abierto puertas a muchas de nosotras para poder llegar hasta donde estamos.

Una mujer muy luchista, una mujer guerrera, una mujer que ha sabido trabajar sin colores de partido, sino sumando a las mujeres de todas las corrientes políticas y de sociedad civil para poder ir avanzando paso a paso en los derechos de nosotras las mujeres.

En Nuevo León es una mujer reconocida y en el país es una mujer que se le reconoce por su capacidad de diálogo, de acuerdo y por la lucha incansable que siempre ha tenido para nosotras las mujeres.

Por eso hoy nos sentimos muy contentos y nos da mucho gusto todas las expresiones. El 8 de marzo felices de poder recibir a nuestra amiga María Elena Chapa, y desde nuestro estado les agradecemos profundamente este gran reconocimiento que se le hace a una gran nuevoleonesa y a una gran mexicana, como lo es María Elena Chapa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Ivonne Álvarez.
Sonido en el escaño de la Senadora Hilda.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

Sé que ya pasó el momento, estamos en la votación, pero me gustaría que se inscribiera mi participación en relación a mi acuerdo sobre este dictamen, en relación a quien se le va a otorgar, María Elena Chapa, por favor.

Intervención



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Con todo gusto háganos llegar su participación para que quede inscrita en el Diario de los Debates.

Le solicitamos a Servicios Parlamentarios para que recoja la participación de la Senadora Hilda, y también regístrese en el Diario de los Debates la intervención de la Senadora Ivonne Álvarez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para informar de la votación. Como lo dispone el artículo 56 Bis del Reglamento del Senado, debemos reunir dos tercios de votos de los presentes para la aprobación del dictamen.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún Senadora o Senadora por emitir su voto. Senadora Cristina Díaz; Senador Burgos; Senador Patricio; Senador Isidro Pedraza, a favor; Senador Santana; Senadora Ana Lilia Herrera. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado el dictamen por el que se confiere el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", correspondiente al año 2018, a la Maestra María Elena Chapa Hernández.

Se solicita al pleno de la Comisión Para la Igualdad de Género asista personalmente a comunicar a la ciudadana María Elena Chapa Hernández, la determinación de esta Asamblea.






Compañeras Senadoras y Senadores: A propósito del dictamen que acabamos de aprobar, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para la realización de la sesión solemne en la que se otorgará el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la ciudadana María Elena Chapa Hernández. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Está a discusión el Acuerdo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, el Senado de la República realizará sesión solemne el jueves 8 de marzo de 2018 a las 12:00 horas, en el que se entregará el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la ciudadana María Elena Chapa Hernández. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado realizar las acciones necesarias para la realización de la sesión solemne. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen a discusión)



Está a discusión el dictamen. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Senadora Rosa Adriana; Senadora Gabriela Cuevas; Senadora Sansores; Senadora Lisbeth; Senador Cárdenas; Senadora Angélica; Senadora Cristina; Senadora Guzmán.

Señor Presidente, se emitieron 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda desechado el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional.






Compañeras y compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva una comunicación suscrita por la Senadora Gabriela Cuevas Barron y el Senador Raúl Morón Orozco.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea se da por enterada. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios tome nota del contenido de la comunicación, para los efectos de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General.






Compañeros Senadores, recibimos de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. El documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

Sonido en el escaño del Senador Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Acabo de escuchar de la Secretaria que el Senador Chico se da de baja. Y eso no es cierto, el Senador Chico no se está dando de baja.

Tenemos el compromiso, recuerde usted, señor Presidente, de que se revisen las comisiones en la repartición de comisiones y precisamente una de las comisiones, la del Trabajo, la preside el Senador Chico, él no se ha dado de baja, sino están mandando algo, dándole de baja.

El asunto es que tiene que cumplir y fue un compromiso del coordinador del PRI, de que revisaríamos todas las comisiones y hay muchas presidencias que nos deben, de manera que yo considero de que eso que se dio de baja es, le están dando de baja y yo tampoco he estado en la Junta de Coordinación Política en la que se haya tomado la decisión de darle de baja a alguien.

Eso está mal.

Hay que proceder con honestidad y apegados al Reglamento, hay que revisar la distribución que está mal de comisiones, de presidencias, secretarias, mesas directivas, que eso es lo que comprometió aquí y usted recuerda, señor Presidente, usted dijo, “estará en el Diario de los Debates”, y ahí está.

De manera que yo creo que no se vale hacer esas trampas, Chico no se está dando de baja, sino que lo están queriendo dar de baja con ese oficio que yo no sé quién mandó, porque yo no estuve en la Junta de Coordinación Política, ni firmé ese documento.

Muchas gracias, señor Presidente.

Metamos orden y respetemos, respetemos, por favor, aunque falta poco tiempo, que respetemos el Reglamento, las posiciones se distribuyen de acuerdo al Reglamento y no lo están haciendo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Tagle.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido.

En la sesión anterior usted propuso, cuando se dio la discusión de dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, con respecto a los movimientos en las comisiones, propuso que se llevara esta discusión al interior de la Junta de Coordinación Política, algo que incluso, pues sigue siendo discriminatorio de quienes no tenemos representación en la Junta de Coordinación Política, es decir, de todos aquellos legisladores que estamos sin grupo parlamentario, y por lo tanto, no tenemos voz en ese órgano directivo.

Sin embargo esa fue la solicitud y la propuesta que usted hizo de que ahí se discutieran los movimientos en las comisiones, porque además hay que poner en evidencia que hoy en día al menos 14 de las comisiones ordinarias en el Senado de la República no tienen presidencia y no es posible que prácticamente terminado el mes de febrero de un periodo ordinario bastante corto, las comisiones no estén funcionando de manera adecuada.

Y de paso volver a insistir en que yo desde que me integré el pasado 2 de enero al Senado de la República, he venido insistiendo en la necesidad de integrarme a comisiones, he buscado a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, he enviado tarjetas, he enviado oficios, pidiendo que se me integre a comisiones, no solamente porque es mi derecho, sino porque me parece que es mi responsabilidad y trabajo formar parte de estas comisiones donde se deben de discutir temas trascendentales que deberán traerse al Pleno.

Entonces, además con lo que hoy comenta el Senador Bartlett, no entiendo cómo se puede traer a la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde se da de baja a un Senador, si esta Junta de Coordinación Política no se ha reunido o si se reunió porqué no discutió los temas como usted lo propuso en la sesión anterior.

Es cuanto, seño Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Martha Tagle Martínez.

Sonido en el escaño del Senador Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Estuve escuchando a mi amigo, el Senador Bartlett, de su inquietud y de una palabra empeñada que yo hice en el Pleno la semana pasada.

El jueves hay Junta de Coordinación Política, yo le pido que retire este documento de la Junta de Coordinación Política y veamos todos los cambios, veamos la proporción que corresponde a cada grupo parlamentario.

Estoy enterado el día de hoy, dos nuevos Senadores se incorporan al PT, la Senadora Cuevas y el Senador Morón, y tenemos que ver la redistribución de todos los grupos parlamentarios.

Lo que me comprometo, y lo hice, es hacerlo en la Junta de Coordinación Política el próximo jueves.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

No tan rapidito. Yo tengo aquí el oficio de la Junta de Coordinación Política y para retirarlos necesitaría que me lo solicitara la Presidenta y que no la veo.

Le voy a consultar al coordinador del grupo parlamentario del PRD, que también firmó el Acuerdo, si está de acuerdo en que retiremos el Acuerdo.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En efecto, se había acordado una reunión de la Junta de Coordinación Política, no la hemos tenido, está planeada para el próximo jueves.

Entiendo también que en el caso que nos ocupa de la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pues es una facultad de la fracción parlamentaria del PRI el que decida sobre esa presidencia.

Es lo que nos hemos dado como una regla.

Sin embargo, a la propuesta del Senador Gamboa, por supuesto que ahora consultaremos a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, para ver si ella tiene la anuencia también de que se retire esta propuesta que hemos firmado los coordinadores parlamentarios.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Disculpe Senador, ¿entonces sí está de acuerdo o no está de acuerdo?

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Estoy de acuerdo.

Pero vamos a consultar a la Presidenta.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El Senador Fernando Herrera, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, me ha manifestado que está también de acuerdo en que se baje el Acuerdo.

Faltaría el Senador Miguel Romo.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Estoy de acuerdo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está de acuerdo.

Entonces, Senador Gamboa Patrón, bajamos el Acuerdo tal y como usted lo sugirió.

¿Presidenta, bajamos el Acuerdo de la Junta?

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: (Desde su escaño) Sí, bajamos el Acuerdo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Bueno, ya lo bajaron sus compañeros.

¿Está usted de acuerdo?

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: (Desde su escaño) Estoy de acuerdo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, señor Presidente.

Nada más exhortarlos, señora Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, exhortarlos y suplicarles que, por favor, en la asignación que se haga de las presidencias de las comisiones ordinarias del Senado, se tome en cuenta a los Senadores sin grupo parlamentario que son numerosos, son muchos y tienen derecho también a estar representados.

Muchísimas gracias.






Compañeras y compañeros Senadores, esta Presidencia emitirá sendas excitativas a comisiones.

EXCITATIVAS

A petición del Senador Raúl Gracia Guzmán, se emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero del Apartado A del artículo 123, por el que adiciona el Artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 123 constitucional, presentado el 14 de febrero de 2017.

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 214, y 216 numerales 1. y 2. del Reglamento del Senado de la República, le solicito respetuosamente, que en pleno uso de sus facultades, formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Trabajo Y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara, para que dictaminen la Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI, PÁRRAFO PRIMERO, DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

ANTECEDENTES

1. El 14 de febrero de 2017, presenté ante el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se adiciona el artículo tercero transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Esa misma fecha la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. A la fecha no se ha dictaminado esta iniciativa, por lo que presento ante esta Soberanía las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El miércoles 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

2. El Decreto antes referido pasó por un largo proceso legislativo, que inicio el mes de septiembre del 2014 en la Cámara de los Diputados en donde se presentó el proyecto de Decreto que buscaba reformar los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma denominada en un primer momento supresión del uso del salario mínimo como unidad, de cálculo para la indización de la economía. Es decir, la desindexación como unidad de medida del salario mínimo. Con este Decreto se busca elevar el salario y con ello el poder adquisitivo de los trabajadores quienes tienen como unidad de medida el salario mínimo en su percepción salarial. Cabe mencionar que el salario mínimo era la unidad de medida de los créditos hipotecarios, sanciones y multas, jubilaciones, pensiones, situaciones judiciales legales que devengan en cuestiones pecuniarias, becas y hasta 260 tramites vinculados al salario mínimo como unidad de medida.

3. La intención de elevar el salario mínimo y buscar un beneficio económico para los trabajadores que dependían de esta unidad de medida, era necesario desvincularlo de todos los tramites a los cuales se encontraba vinculado, de lo contrario el elevar el salario mínimo sin su desvinculación o desindexación traería graves riesgo a la estabilidad económica del país, pues el impacto que generaría sería incalculable para muchos de los tramites y multas, en donde se elevarían al igual que el salario mínimo el monto económico y los tramites vinculados.

4. La descripción de la minuta que fue votada y aprobada por el Pleno de la Cámara de los Senadores el 22 de octubre de 2015, detallaba que: “La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que a lo largo del siglo XXI, México es el único país de América Latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada para propiciar su recuperación. Por lo que casi todos los países con los que tenemos vinculación económica, el salario mínimo ha sido objeto de revisión a la alza y de las políticas novedosas de recuperación. En contraste México se mantiene como un caso atípico y excéntrico de inercia y congelamiento salarial”. ”.1 (República, 2017) Y es verdad, los salarios mínimos en México no sufrían una modificación real por la vinculación que tenían con todos los trámites que se realizaban tomándolo como unidad de medida.

5. En el objetivo y la descripción de la minuta antes referida también se hacía mención a los bajos salarios de los trabajadores y a las pensiones que reciben al momento de pensionarse: “Los bajos salarios igualmente han conducido al surgimiento de graves problemas financieros en las instituciones de seguridad social, lo que se replica en servicios médicos y pensiones y jubilaciones precarias entre otros”. (República, 2017). Es aquí un punto de análisis, ya que al cambiar la unidad de medida del salario mínimo, también cambio la unidad de medida para el monto de las pensiones y jubilaciones que reciben los beneficiados tanto del Instituto del Seguro Social como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

6. En el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En su artículo Tercero del régimen transitorio se establece lo siguiente:

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. (Federación, 2016)

Por consiguiente la unidad de medida de las pensiones y jubilaciones que se establecen en la Ley General del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también cambio adaptándose a lo establecido en el Decreto.

7. La nueva unidad de medida que sustituye al salario mínimo se expone en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En donde se establece lo siguiente:

Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. (Federación, 2016)

8. El 21 de abril del 2016, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó a través del comunicado No. 063/2016 denominado Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones que:

El IMSS aclara que la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no altera el mecanismo de cálculo para el pago de pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los pensionados.

• Los 3.1 millones de trabajadores retirados continuarán recibiendo su pensión de manera puntual.

• El IMSS continuará utilizando el tope de 25 salarios mínimos para el cálculo de las pensiones, como lo establece la Ley de 1997.

• El tope de los 10 salarios mínimos aplicó únicamente a quienes se pensionaron entre 1973 y 1997, conforme a la Ley del Seguro Social.

Ante las versiones de que se modificará el régimen de pensiones tras la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclara que no hay ningún plan para cambiar el cálculo de las pensiones.

El IMSS no tiene contemplado modificar en forma alguna la manera en la que calcula y/o paga las pensiones que por derecho le corresponden a los trabajadores.

La jurisprudencia 8/2016 no obliga al IMSS ni altera el mecanismo de cálculo para el pago de pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los pensionados.

El Seguro Social aclara que los 3.1 millones de trabajadores retirados continuarán recibiendo su pensión de manera puntual.

El IMSS continuará utilizando el tope de 25 salarios mínimos que estableció la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997.

Cabe precisar que lo que resolvió la Suprema Corte es que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben aplicar el tope establecido en la Ley que estuviera vigente al momento de su retiro, que es lo que hoy efectivamente hace el Instituto.

Finalmente, es importante tener claro que el tope de los 10 salarios mínimos aplicó únicamente a quienes se pensionaron entre 1973 y 1997, conforme a lo que establecía la Ley del Seguro Social. 2 (Social, 2016)

Este comunicado deja claro que, se seguirá tomando como unidad de medida el salario mínimo para las pensiones, sin embargo y como se puede observar en el Decreto ya no se podrá tomar como unidad de medida el salario mínimo para ningún trámite, situación que causa confusión.

Como ya lo he expuesto, era necesario desvincular al salario mínimo como unidad de medida, ya que se encontraba vinculado a muchos trámites y multas, por lo cual no se podía tener un incremento real, ya que de incrementar el salario mínimo de forma automática se incrementaban los costos de los tramites y multas previamente impuestos con esa unidad de medida. Sin embargo, la aplicación de las UMAs vendría en detrimento de los jubilados y pensionados como ahora está ocurriendo ya que es perjudicial al recibir y percibir menos dinero al aplicar la fórmula de la UMA.

Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Único.- Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule atenta excitativa a las, Comisiones de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de esta Cámara, a fin de que presenten el dictamen relativo al Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se adiciona el artículo tercero transitorio del Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que les fue turnada el 17 de marzo de 2016.

Ciudad de México, el 27 de febrero de 2018.

Sen. Raúl Gracia Guzmán

Fuentes consultadas:
1.- Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de trabajo y previsión social, y de estudios legislativos, segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Véase en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-
1/assets/documentos/Dict_PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf revisión hecha el 10 de febrero de 2017.

2.- Instituto Mexicano del Seguro Social Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones No. 063/2016, véase en:
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063 revisión hecha el 22 de febrero de 2018.
Federación, D. O. (27 de enero de 2016). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. . Obtenido de DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.:
http://www.dof.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
República, S. d. (13 de febrero de 2017). Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de trabajo y previsión social, y de estudios legislativos, segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la constitución polít. Obtenido de Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales; de trabajo y previsión social, y de estudios legislativos, segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la constitución polít:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-22-1/assets/documentos/Dict_
PC_Desindexacion_Salario_Minimo.pdf
Social, I. I. (13 de febrero de 2016). Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones No. 063/2016. Obtenido de Ningún plan para cambiar el régimen de pensiones No. 063/2016:
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063






Y a solicitud del Senador David Monreal Ávila, se emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativo, Segunda, a efecto de que presenten el dictamen correspondiente al proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 constitucional, presentado el 2 de octubre de 2014.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, párrafo 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción III; 214, párrafo 1; y 216 del Reglamento del Senado de la República, le solicito atentamente se emita la excitativa conducente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para que presenten a la brevedad el Dictamen correspondiente  la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha 2 de octubre de 2014, se presentó ante el Pleno del Senado de la República, una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio, análisis, valoración y elaboración del Dictamen respectivo. Sin embargo, desde su recepción en las Comisiones Unidas no han presentado el Dictamen correspondiente.

La revocación de mandato, que propone la iniciativa en comento, resulta importante para el fortalecimiento de la democracia en México, ya que en cualquier régimen democrático medianamente consolidado, los ciudadanos pueden llamar a rendir cuentas a sus representantes populares y, con base en ello, revocar o no el mandato que les fue otorgado por el pueblo.

En su edición 2017, Latinobarómetro registra que el 56% de los adultos en México está de acuerdo con la frase “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”. En 2016, el mismo estudio registró 71 por ciento de aprobación, lo cual significa una caída de 15 puntos porcentuales en el último año, lo anterior indica que el apoyo ciudadano a la democracia en México disminuyó a su nivel más bajo desde que la pregunta se incluyó en la encuesta en 2002.

En consecuencia, se puede determinar que hay una crisis de credibilidad de la democracia como sistema de gobierno, por lo que resulta relevante dotar de mayores herramientas a la ciudadanía para que pueda participar en la toma de decisiones públicas, en este sentido la propuesta de elevar a rango constitucional la revocación de mandato resulta fundamental para empoderar a los ciudadanos y con ello fortalecer el régimen democrático pues la ciudadanía podrá revocarle el mandato a los representantes de elección popular que incurran en actos de omisión, negligencia o ejercicio indebido de las facultades y atribuciones que le confieren las leyes.

Por tal razón, incluir mayores formas de participación que empoderen al ciudadano, contribuye a reducir la llamada crisis del sistema representativo e incentivar la rendición de cuentas. Por ende, la revocación de mandato debe ser diseñada como un recurso que esté en manos del pueblo, para que en pleno goce de sus derechos, revoquen o no el mandato a un representante que no cumpla cabalmente con las funciones para las que fue elegido.

Por los argumentos antes vertidos, solicito atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se sirva emitir la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. Se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presente a la brevedad el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.






Las demás iniciativas y proposiciones se turnarán a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DEL AJOLOTE MEXICANO”

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracciones I y II, y 164, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 1° DE FEBRERO DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DEL AJOLOTE MEXICANO”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia cultural, económica y científica del ajolote.

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es un anfibio con características peculiares que ha tenido gran influencia en la cultura mexicana desde la época de la civilización azteca. Es una salamandra, perteneciente al orden caudata y a la familia ambystomatidae. La neotenia es una de sus adaptaciones más importantes, que se traduce en la capacidad de conservar sus características larvarias aun cuando madura sexualmente. Así mismo, se ha demostrado que, prácticamente, cualquier parte de su cuerpo posee capacidad regenerativa.1

En cuanto a su distribución, el ajolote mexicano es endémico de nuestro país. A principios del siglo XVI se distribuía por todo el sistema lagunar del Valle de México que abarcaba el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco y sus conexiones con el lago de Zumpango y el lago de Xaltocán. Sin embargo, debido a diversos factores, entre ellos la pérdida del 98% del sistema lacustre del Valle de México, actualmente sólo se encuentra en los canales de Xochimilco en la Ciudad de México.2

El ajolote ha tenido gran presencia cultural, incluso ha sido objeto de identidad nacional por su peculiaridad. Se ha hecho referencia a él en obras literarias como La Jaula de la Melancolía de Roger Bartra, en donde hace un comparativo con la metamorfosis del mexicano, en la Leyenda del Quinto Sol de Fray Bernardino, en la que era considerado como el Dios de la vida y el movimiento, aparece también en el libro Materia Dispuesta de Juan Villoro, Salamandra de Octavio Paz, y en relatos hechos por Julio Cortázar, Salvador Elizondo y José Emilio Pacheco.

El ajolote se ha convertido en una mascota popular en muchas partes del mundo, particularmente en Japón. También es utilizado con fines de investigación en múltiples laboratorios, gracias a su perfil genético único y su potencial en el campo de la medicina, entre otros.3

A pesar de lo anterior, existen diversos factores que ponen en riesgo la viabilidad del ajolote en el medio silvestre. Por ejemplo, más del 85% del hábitat original ha sido drenado y rellenado por el crecimiento urbano, el 15% restante del agua enfrenta serios problemas de contaminación debido a las descargas de drenaje de miles de casas, el agua tratada proveniente del Cerro de la Estrella, los fertilizantes agrícolas de las zonas de cultivo, y el turismo en Xochimilco que masivamente visita los canales en las tradicionales chinampas o trajineras.

Anteriormente, en un intento de generar una actividad de acuacultura para la población local, el gobierno introdujo en Xochimilco diversas especies de peces exóticas incluyendo carpas (Cyprinus carpio), tilapia (Oreochromis niloticus), lobina negra (Micropterus salmoides), entre otras. Al no prever un programa integral que no sólo atendiera un problema social sino que también evitara dañar el ecosistema, la estrategia derivó en que estas especies se comieran a las crías de ajolote y compitieran con él por otros alimentos. Adicionalmente, los ajolotes sufren de chytridiomycosis, una enfermedad en la piel asociada a los anfibios y producida por un hongo que es difícil de erradicar, y que ha infectado incluso poblaciones de laboratorio y acuario a nivel mundial.4

Desde 1975 el ajolote fue incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), para regular su comercio internacional. Actualmente, ante el riesgo en que se encuentran las poblaciones de ajolote, se está estudiando su cambio al Apéndice I, para evitar su comercio internacional. En México se incluyó en la NOM059-ECOL-1994 y se refrendó su estatus bajo protección especial en la NOM-059-ECOL-2001. En la NOM-059-ECOL-2010 cambió de categoría a especie en peligro de extinción.

Cabe señalar que en 1993 se decretó el Parque Ecológico de Xochimilco, que incluyó en su plan de manejo un proyecto para la conservación del ajolote. Actualmente es una de las 372 especies incluidas en la Lista de Especies y Poblaciones Prioritarias para la Conservación.5

En 2006, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) modificó el estatus de la especie de vulnerable a en peligro crítico, que es cuando una especie enfrenta un alto riesgo de extinción. En ese mismo año, se publicó el programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona de conservación ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en dicho programa se establece como obligatoria la conservación y manejo del ajolote mexicano.6

La problemática del lago de Xochimilco y su impacto en la supervivencia del ajolote.

La zona lacustre de Xochimilco se localiza al centro-sureste de la ciudad de México y está conformada por los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. El lago abarca una superficie de 2,552.43 ha y es considerado por las autoridades ambientales de la Ciudad de México como zona sujeta a conservación ecológica.7

El lago constituye un ecosistema remanente de la Cuenca de México formado por planicies inundables naturales y cuerpos de agua inducidos.8

Xochimilco representa un elemento esencial de la cultura de la capital del país. En la zona aún se practica el cultivo en chinampas, técnica prehispánica de cultivo única en el mundo. Adicionalmente, en su sistema de canales se desarrolla una fuerte actividad turística en las tradicionales trajineras. Aunado al valor cultural de Xochimilco, la zona alberga fauna y flora de vital importancia para la ciudad, entre los que destaca la distribución exclusiva del ajolote.9

La importancia socioecológica de la zona lacustre de los ejidos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco ha sido reconocida por diversas instancias nacionales e internacionales. El 11 de diciembre de 1987 el sistema de chinampas de la zona fue inscrito como Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido al valor que conservan sus canales y chinampas.10 En 1997  la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) incluyó a Xochimilco dentro del listado del programa de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).11 Desde el 2 de febrero de 2004, la zona forma parte del listado RAMSAR.12 En esta línea, en 2014 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) reconoció a las chinampas como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.13

A pesar de la evidente importancia socioecológica de Xochimilco, el ecosistema lacustre ha sufrido en las últimas décadas un importante deterioro. Un factor clave es la rápida urbanización que ha vivido la Ciudad de México. Se estima que la Ciudad triplicó su tamaño entre 1950 y 1975.14 Acompañado de la expansión de la mancha urbana, la presión sobre los recursos hídricos ha sido enorme, tanto en la demanda como en la correcta disposición de aguas residuales. En el caso de Xochimilco, para la década de 1950 el lago ya no recibía recargas de fuentes subterráneas y de ríos. En poco tiempo, Xochimilco se convirtió en una cuenca endorreica, con poca agua que rápidamente perdió calidad.15

Los esfuerzos iniciales para restaurar al lago de Xochimilco probaron no ser exitosos. Estas estrategias consisten en bombear agua del subsuelo que provocó hundimientos de hasta 40 centímetros en algunas zonas. Posteriormente se ideó una serie de represas para controlar el nivel de agua en los canales. Estas tuvieron efectos nocivos en la supervivencia de las especies acuáticas al  limitar su movilidad,  además de  prevenir el flujo de agua y nutrientes en el ecosistema. Por último se ideó un sistema de 7 tuberías que alimentan a Xochimilco con aguas tratadas provenientes del Cerro de la Estrella. La variación en la calidad de esta fuente de agua, por ejemplo en su contenido de materia orgánica, ha modificado el flujo de nutrientes del ecosistema, provocando graves problemas de eutrofización que han dañado la red de alimentación de los organismos acuáticos del lago, incluyendo, por supuesto, al ajolote.16
Por último, dos elementos agravan la situación de deterioro del ecosistema lacustre de Xochimilco son la sustitución de las prácticas agrícolas tradicionales por técnicas modernas de agricultura química y la descarga ilegal de drenajes aledaños. Ambos contribuyen de manera importante al problema de eutrofización del lago.17

Factores clave de la desaparición del Ajolote en Xochimilco y posibles rutas para su conservación.

Aunado a los factores de deterioro anteriormente descritos, es necesario sumar otro elemento clave, la amenaza de especies invasoras. Lo que inició como esfuerzo para incentivar la pesquería de carpa, tilapia y lobina en el lago, se ha convertido en un problema de sobrepoblación de especies invasoras que afectan gravemente la supervivencia de las especies locales. En el caso del ajolote, las especies invasoras suelen depredar al ajolote en sus etapas iniciales de vida, afectando gravemente su dinámica poblacional.18

Los censos poblacionales del ajolote realizados desde la década de los 90 indican un colapso de la población de esta especie en Xochimilco. Según un estudio, la densidad poblacional de los ajolotes paso de 6,000 individuos por kilómetro cuadrado en 1998 a 100 en el año 2008 y a sólo 35 en año 2014. Las proyecciones indican que de seguir esta tendencia el ajolote silvestre desaparecerá en los próximos años.19

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han delineado posibles estrategias que buscan fomentar la conservación del ajolote y mejorar la calidad del lago, incluyendo la construcción de refugios para el ajolote dentro de los canales de Xochimilco.20

Además de estos sitios dedicados exclusivamente a la conservación, un grupo de trabajo de la UNAM, junto diversas iniciativas internacionales, como The Darwin Initiative,  han fomentado la creación de “chinampas refugio”.  Esta clase de proyectos productivos buscan incentivar las prácticas agrícolas tradicionales,  combatiendo a las especies invasoras que afectan al ajolote, produciendo alimentos locales con un valor agregado y creando hábitats saludables para los ajolotes en zonas libres de depredadores y contaminación. En conjunto con estos proyectos productivos, se ha buscado fomentar programas de educación y turismo sustentable usando como bandera la conservación al ajolote.21

Recientemente, el 1 de febrero de 2018, fue publicado en el número 554 de la revista científica Nature, el artículo “The axolotl genome and the evolution of key tissue formation regulators”, el cual revela los resultados completos del genoma del ajolote mexicano. Descubrieron que su genoma tiene 32 mil millones pares de bases de ADN, esto es 10 veces mayor al genoma del ser humano. Eso lo convierte en el genoma más grande que ha sido secuenciado en la historia. Así mismo, la reciente publicación marca un precedente clave para el estudio de posibles mecanismos genéticos de reparación y regeneración biológica.22

Declarar un día nacional que permita reconocer el valor biológico y cultural que representa la supervivencia del ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), es un paso que promoverá en los mexicanos un compromiso con la conservación del ajolote y en general de la biodiversidad, así como de los valores culturales que ésta representa. Particularmente, declarar el día 1º de febrero para celebrar al ajolote coincidirá con la fecha en que se publicó la investigación que revela su genoma completo y con ello los nuevos retos y aciertos para futuras investigaciones que tendrán impacto no sólo para la conservación de la especie, sino de su ecosistema y en la salud humana.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTI?CULO U?NICO. Se declara el día 1 de febrero de cada año, Día Nacional del ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) con el fin de difundir la importancia del mismo en nuestros ecosistemas y la cultura mexicana.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara? en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Molina Vázquez, Alejandro Hunab. (2010). El ajolote de Xochimilco. Ciencias 98, abril-junio, 54-59. Disponible en:
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/99-revistas/revista-ciencias-98/645-el-ajolote-de-xochimilco.html.

2 Íbidem.

3 Schipani, S. Smithsonian Magazine. Future of Conservation. 2018. How to Save the Paradoxical Axolotl. Consultado en:
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/saving-paradoxical-axolotl-180967734/#DFApjdzf5TYkBXkp.99. 

4CONABIO. 2011. Fichas de especies prioritarias. Ajolote Mexicano (Ambystoma mexicanum) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/ajoloteMexicano.pdf.

5 DOF. 05 de marzo de 2014. Acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014.

6 CONABIO. 2011. Fichas de especies prioritarias. Ajolote Mexicano (Ambystoma mexicanum) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/ajoloteMexicano.pdf.

7 SEDEMA. 2017. Suelo de Conservación. Recuperado de
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/suelo-de-conservacion.

8 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, RAMSAR. Recuperado de
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RAMSAR.pdf.

9 Molina Vázquez, Alejandro Hunab. (2010). El ajolote de Xochimilco. Ciencias 98, abril-junio, 54-59. Disponible en:
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/99-revistas/revista-ciencias-98/645-el-ajolote-de-xochimilco.html. 

10 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, UNESCO. Recuperado de
http://azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/UNESCO.pdf.

11 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, AICA. Recuperado de
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AICA.pdf.

12 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, RAMSAR. Recuperado de
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RAMSAR.pdf.

13 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, SIPAM. Recuperado de
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/SIPAM.pdf.

14 Voss et al. 2015. A tale of two axolotls. BioScience. Volume 65, Issue 12, 1 December 2015, p. 1134–1140.

15 Ibídem.

16 Voss et al. 2015. A tale of two axolotls. BioScience.Volume 65, Issue 12, 1 December 2015, p. 1134–1140.

17 Laboratorio de Restauración Ecológica UNAM. 2017. Preguntas Frecuentes. Recuperado de
http://lreunam.wixsite.com/lreunam/faq.

18 Schipani, S. Smithsonian Magazine. Future of Conservation. 2018. How to Save the Paradoxical Axolotl. Consultado en:
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/saving-paradoxical-axolotl-180967734/#DFApjdzf5TYkBXk.  

19 Voss et al. 2015. A tale of two axolotls. BioScience.Volume 65, Issue 12, 1 December 2015, p. 1134–1140.

20 Schipani, S. Smithsonian Magazine. Future of Conservation. 2018. How to Save the Paradoxical Axolotl. Consultado en:
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/saving-paradoxical-axolotl-180967734/#DFApjdzf5TYkBXk. 

21 Laboratorio de Restauración Ecológica UNAM. 2017. Preguntas Frecuentes. Recuperado de
http://lreunam.wixsite.com/lreunam/faq.

22 Bakalar, N. The New York Times. 2018. El ajolote tiene el mayor genoma del mundo y da una pista sobre sus cualidades regenerativas. Disponible en:
https://www.nytimes.com/es/2018/02/01/ajolote-genoma-regeneracion/.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mes de septiembre de 2017 quedará en la memoria de todos como el mes en que la solidaridad de los mexicanos salió a relucir e inundó las calles, llenó de gente las avenidas, de víveres los centros de acopio y de esperanza a las víctimas que dejaron a su paso los diversos sismos que se suscitaron en nuestro territorio.

México resistió los momentos difíciles de la adversidad gracias a todo el apoyo que brindó la sociedad civil, con la ayuda en la remoción de escombros y el rescate de personas, en los centros de acopio y con los donativos, que según la Ley General de Protección Civil se definen como: “las aportaciones en dinero o en especie que realizan las diversas personas físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio autorizados o en las instituciones de crédito, para ayudar a las entidades federativas, municipios o comunidades en emergencia o desastre.”

Sin embargo, paralela y desafortunadamente con la desbandada participación y unión ciudadana salió a relucir la corrupción, materializada en el descubrimiento de permisos de construcción irregulares, cuestión que provocó que durante el sismo varios edificios colapsaran por no seguir los lineamientos legales y de infraestructura, situación que pudo haberse evitado con una correcta actuación de las autoridades competentes.

Aunado a lo anterior, se descubrieron varias irregularidades relativas al reparto de los víveres y demás artículos donados, situación que ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, ya que de antemano se califica que el manejo de las donaciones en dinero o en especie, no es transparente y que la autoridad no destinará los recursos que ha obtenido para atender a la población.

Según el estudio “Aportaciones del sector privado y la sociedad civil de México y donaciones internacionales en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de 2017” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, con datos disponibles al 5 de diciembre de 2017 se contabilizaron 3,413.4 millones de pesos por concepto de aportaciones monetarias de la iniciativa privada y la sociedad civil de México, así como por donaciones monetarias internacionales para apoyar las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017.

En dicho documento se relaciona de forma pormenorizada la cantidad aportada por cada empresa, gobierno extranjero, organización y sociedad civil, sin embargo, la distribución de dichos recursos ha sido lenta y en el caso de algunas campañas de recaudación de fondos realizadas por instituciones de crédito no se encontró información disponible, lo que provoca que el control y la transparencia que debiera garantizarse se diluyan.

Lo referido anteriormente es un problema, sin embargo, no es el único que se presenta ya que dentro del sistema actual nada asegura que los recursos que en su caso las donatarias otorguen a las entidades federativas o que ellas mismas obtienen sean ejercidas de manera óptima, no existe un mecanismo u órgano expreso encargado de analizar la efectiva distribución de los mismos al momento en que se ejercen, sino que esto se hace después de distribuidos y a través del análisis de los informes que se presentan ante la Auditoria Superior de la Federación, siendo ésta la que determina irregularidades en su manejo. Esto ocasiona un verdadero problema de transparencia y corrupción dentro de lo que debería de ser una acción coordinada y solidaria por parte de la administración federal y local.

Ante esto, unas semanas después de la catástrofe un grupo de organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de la academia, convocaron a una plataforma denominada #Epicentro, en la que participan organizaciones como: Transparencia Mexicana, Oxfam México, Save The Children, IMCO, sumando en total 30 organizaciones, que tienen como objeto vigilar los recursos económicos destinados para la reconstrucción por los sismos del mes de septiembre de 2017 y evitar casos de corrupción.

Al respecto, se considera que la sociedad civil juega un papel fundamental en la construcción de una sociedad democrática, por ello se considera necesario reformar la Ley General de Protección Civil para garantizar la existencia de un órgano dentro del Sistema Nacional de Protección Civil que vigile de forma constante el control y ejercicio de los recursos que se otorguen a través de los diversos Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgo, y que además tenga facultades para conocer de las actividades que se realicen en el sistema de donaciones de carácter nacional e internacional, para que quienes ejerzan funciones de recepción, administración, control y distribución de los recursos que se obtengan por concepto de donaciones lo hagan directamente en apoyo de las diversas necesidades de la población y de forma transparente, evitando de forma considerables los riesgos de que existan casos de corrupción en el manejo de dichos recursos.

No obstante lo anterior, al no haber una multiplicidad de sociedades que puedan llevar a cabo estas funciones de forma inmediata se prevé que la recaudación, control y distribución de los donativos sea una acción conjunta entre las autoridades centrales de protección civil y las donatarias autorizadas, conjugando la infraestructura, logística y coordinación del gobierno con el conocimiento, cercanía y empatía que pudiesen lograr tener las donatarias dedicadas a actividades de protección civil y de atención de emergencias y desastres naturales.

Tomando en cuenta todo esto se prevé reformar la Ley General de Protección Civil, para crear un Comité de vigilancia dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, que sea el responsable de verificar el manejo responsable, transparente de las donaciones otorgadas para atender emergencias y desastres naturales y además tenga la posibilidad de realizar auditorías y fiscalizar a las donatarias autorizadas para recibir donativos por conceptos de emergencia o desastres naturales con el objetivo de que su actividad sea congruente con los fines por los que fue autorizada y el destino de los recursos sean verdaderamente dirigido a paliar la situación de crisis y apoyar la reactivación económica y social de la zona a través de los apoyos dirigidos a la población.

Este Comité se integrará por cinco miembros de los cuales consideramos prudente que tres de ellos sean conformados por miembros de la sociedad civil, con la finalidad de que la participación de ésta dentro del sistema nacional de protección civil sea mayor y se pueda garantizar un equilibrio entre servidores públicos como tal y la representación cívica de la ciudadanía, además habrá un integrante por parte de la Auditoria Superior de la Federación y uno de la propia Coordinación Nacional, asegurando que dentro de dicho Comité existan elementos de las instancias más especializados a nivel financiero y de protección civil del país.

Se prevé además que la distribución de dichos recursos se haga expresamente por las autoridades centrales en materia de protección civil, teniendo en cuenta de que son las que más y mejor conocimiento pueden tener de la situación actualizada de la emergencia o desastre, tomando en cuenta cuatro criterios de distribución:

••Urgencia: Requieren de una atención inmediata impostergable, referida a la preservación de la vida y la salud.

• Necesidad: Atendidas la urgencia de la emergencia o desastre, se enfoca en satisfacer las necesidades mínimas para la subsistencia de la población, así como a la implementación de medidas de prevención.

• Desventaja social: Tomando en cuenta la situación socio-económica de las personas afectados se priorizara aquellas personas que se encuentren en un nivel de pobreza o extrema pobreza.

• Vulnerabilidad: Teniendo un análisis real de la situación derivada de la emergencia o del desastre, se toma en cuenta el nivel de desprotección e inseguridad habitacional, laboral, económica y de subsistencia y generación de oportunidades en general para superar su estado de afectación.

El texto actual de la Ley contempla que sean los gobiernos en sus diferentes órdenes quienes realicen su distribución remitiendo los criterios para ello al reglamento de la Ley y éste ordenamiento administrativo no contempla ninguno expresamente, aunque alguna reminiscencia de dichos criterios se toman en cuenta en el artículo 72° de la Ley, empero no son suficientes y por ello es que se considera necesario aumentar los criterios que tienden a dirigir las actividades de las donatarias a las necesidades primarias para evitar que la crisis derivada de la emergencia o desastre se agrave e incluso les dé la oportunidad de emprender las acciones para recuperar sus trabajos, bienes y estabilidad tanto física como emocional, además sin perjuicio de esto, las autoridades podrán realizar recomendaciones sobre el destino de dichos recursos a fin de lograr una verdadera y fortalecida colaboración entre sociedad civil y entidades gubernamentales.

Consideramos por todo esto prudente que la actividad de los encargados de la  protección civil o de las donatarias se regule a través del Comité de vigilancia, con la presentación periódica de informes en donde se detalle desde el momento de recepción hasta el de distribución final de los recursos, con el propósito de llevar un control transparente y tendiente a la rendición de cuentas de quienes manejan dichos donativos.

Por ello deben rendir dentro de los cinco días siguientes a que se reciben los donativos un informe parcial que contenga una descripción general de los mismos, así como datos generales de origen, sin que se vulneren datos personales y posible destino final, con base en los criterios señalados con anterioridad, logrado esto se deberá de presentar un informe final en el cual se establezca una relación de ingreso y egreso final de los donativos que garantice un marco de transparencia en el manejo de los donativos en los diversos órdenes de gobierno.

Con todo lo anterior, se pretende fortalecer los mecanismos de transparencia en el manejo de los donativos en dinero o especie que se entreguen para hacer frente a las emergencias y fenómenos naturales en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el   siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XVII Bis al artículo 2, y la fracción XXXI, pasando la anterior a ser XXXII del artículo 19 y se reforma los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I…. a XVII. …

XVII Bis. Donataria: Las instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro, que participen en larecepción, administración y distribución de los donativos en dinero o en especie, por concepto de emergencia o desastres naturales, y estén autorizadas para ello por la autoridad hacendaria.

XVIII. … a LXI. …

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. … a XXX. …

XXXI. Crear un Comité de Vigilancia que realice acciones de inspección, fiscalización y vigilancia de los donativos en dinero o en especie que realicen las diversas personas físicas o morales, nacionales o internacionales para atender emergencias o desastres, que se compondrá de cinco integrantes, tres de ellos nombrados por la sociedad civil, uno por la Auditoria Superior de la Federación y uno por la Coordinación Nacional., que durarán en su encargo seis años.

XXXII. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

Artículo 69. Serán las autoridades a nivel federal, estatal o municipal en materia de protección civilencoordinación con las donatarias las que determinarán con apego a criterios de urgencia, necesidad, desventaja social y vulnerabilidad el uso y destino de los donativos.

Artículo 70.El Comité de vigilancia estará a cargo dela supervisión de la actividad de las donatarias, así como de las autoridades competentes en los diferentes órdenes de gobierno para que los donativos sean administrados y entregados en beneficio de la población de las entidades, municipios, alcaldías o comunidades en emergencia o desastre.

Para ello, los sujetos referidos en el párrafo anterior cada que reciban donativos deben rendir un informe parcial al Comité de vigilancia, a más tardar el quinto día hábil siguiente, desglosando de la forma más detallada posible el monto, cantidad, procedencia y probable destino de los mismos atendiendo a los criterios del artículo 69 de esta Ley, pudiendo modificar este último si las circunstancias de la emergencia lo ameritan o la necesidad se encuentra satisfecha.

Una vez distribuidos los donativos recibidos, las autoridades a nivel federal, estatal o municipal en materia de protección civil o las donatarias en su caso, en un plazo no mayor de un mes deberán entregar al Comité de Vigilancia un informe final sobre el manejo y último destino de los mismos.

Todos los informes serán públicos y deberán respetar las normas de protección de datos personales.

Artículo 71. Los donativos en efectivo recibidos por las instituciones bancarias o financieras, cuando sean destinados a la población damnificada, serán deducibles, en términos de la legislación aplicable, para quienes realizan las aportaciones pero no para las instituciones que las reciban, quienes deben destinarlos a las autoridades competentes a nivel federal, estatal o municipal en materia de protección civil o a las donatarias para que conjuntamente realicen los informes correspondientes a que se hace referencia en el artículo anterior.

Las instituciones bancarias o financieras señaladas en el párrafo anterior deben remitir al Comité de vigilancia un informe detallado de sus actividades, su función de intermediarios en la recaudación de donativos y posterior entrega a quienes deberán de realizar su distribución. Además, pueden coadyuvar en la vigilancia de dichos recursos para que sean administrados y entregados en beneficio de la población, entregando de igual forma un informe sobre sus actividades y observaciones.

Artículo 72.El Comité de vigilancia verificará que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PT)

La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es importante que el Estado Mexicano explore todas las posibilidades para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de hacer un combate frontal a la falta de oportunidades y de respeto a sus derechos humanos.

De aprobarse esta propuesta, México se sumaría a los esfuerzos de realizar acciones en la impartición del yoga deportivo y laico, al honorable Estado de Morelos y a países como Estados Unidos, Argentina, Francia, Paraguay y España, ya que el objetivo principal de este ejercicio es conectar cuerpo y mente a través de la actividad física para reducir los niveles de estrés y aumentar la calidad de salud de la persona que la practica, así también, reduciendo los altos niveles de obesidad infantil que enfrenta el país.

Por tanto, es a través de esta propuesta que se expone la importancia y beneficios de la práctica del yoga deportivo y laico como estrategia de prevención y atención de violencia y acoso escolar a nivel nacional como una herramienta para lograr complementar la cantidad y calidad de acciones que realizan los órdenes de gobierno que buscan mantener alejados a nuestros jóvenes de la violencia.

Es una disciplina con grandes beneficios para nuestras niñas, niños y adolescentes, a través de ejercicios de respiración, movilidad, y meditación que ofrece esta actividad, los alumnos de las escuelas en donde se han desarrollado se ha notado un considerable mejoramiento en los exámenes, menos discusiones y peleas entre estudiantes, mejoras en la toma de decisiones, desarrollo sano del autoestima, concentración y retención de las lecciones impartidas por profesores y una considerable eficiencia del uso del tiempo en clases según reporta la organización “Tolerance”1 de Estados Unidos y el sitio CNN en un especial escrito por la fundadora de “Radio Yoga Conditioning” que ha aplicado programas de este deporte en escuelas.2

Si deseamos que los niños crezcan con una salud física, emocional y mental propia debemos de integrar acciones a favor de niñas, niños y adolescentes. El yoga, cumple con este objetivo y al implementarse, sería tratado como cualquier otro deporte.

Este proyecto busca que en la coordinación que realizan las autoridades a que se refiere el artículo 59 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, con las instituciones académicas para el diseño de estrategias y acciones para la detección temprana, contención prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, puedan complementar dichas estrategias con la impartición de actividades físico deportivas que fomenten la meditación y relajación mental, en el marco del Estado laico, anteponiendo el interés superior de la niñez, y en pleno cumplimiento de los derechos humanos.

Al legislar esta propuesta estaríamos dando seguimiento progresivo y complementario a la reforma Constitucional al artículo 73 fracción XXIX-P la cual establece que:

“XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;”

Por otro lado, estaríamos dotando de estrategias innovadoras que ya se han implementado de manera exitosa en otros países, es sumamente importante recordar que México enfrenta una numerosa presencia en cuanto a acoso escolar se refiere, se estima que 7 de cada 10 niños ha sufrido alguna forma de maltrato físico, psicológico o ambas, de acuerdo con un reporte de la ONG internacional “Bullying Sin Fronteras”, así mismo al menos 28 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de bullying, la población de Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile juntas, estamos frente a un problemática en la que ya se ha legislado, sin embargo las cifras demuestran que los esfuerzos realizados no son los suficientes.3

Las cifras son alarmantes y no podemos hacer caso omiso al llamado de nuestras niñas, niños y adolescentes que día, día padecen de violencia o acoso escolar, el cual a través de las redes sociales está presente en sus vidas en todo momento, sin embargo regular propuestas inquisitivas y que promuevan sanciones, no debe ser la manera de atender dicha problemática, debemos tomar acciones urgentes que prevengan y atiendan la violencia y el acoso escolar mediante la práctica del yoga deportivo y laico o de cualquier otra disciplina físico deportiva que fomente la relajación mental y meditación, ya que como se ha mencionado antes, los resultados son muy buenos en otros países.

De acuerdo con las disposiciones en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de diversas menciones en cuerpos normativos para la protección de menores de edad, el Estado mexicano, está obligado a garantizar las condiciones idóneas para que el ambiente escolar se de en un ambiente de paz, armonía, respeto, inclusión, etcétera. Es por ello que en apego a la ley, nos corresponde como gobierno y sociedad buscar soluciones integrales que ayuden y/o favorezcan al desarrollo integral de los espacios educativos en México.

El rigor y la determinación con la que se construyan políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes determinarán en un futuro el rumbo de este país, por eso resultan de suma importancia, hoy más que nunca, actuemos e implementemos acciones efectivas en las escuelas como el yoga laico y deportivo.

En el mismo orden de ideas es menester expresar lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre el Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral el cual a la letra expresa que:

“Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.”

Es decir, que para dar cumplimiento a su crecimiento saludable, armonioso, tanto físico como mental y espiritual, es pertinente estudiar esta propuesta en el beneficio de nuestros millones de niñas, niños y adolescentes.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

PRIMERO.- SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 59…

I…

Dichas estrategias y acciones sin ser limitativo podrán complementarse por medio de la impartición de actividades físico-deportivas, que fomenten la meditación y relajación mental, en el marco del Estado laico, velando en todo momento por el interés superior de la niñez y en pleno cumplimiento con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

II a IV…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete.

1 https://www.tolerance.org/magazine/fall-2012/yoga-in-public-schools

2 http://edition.cnn.com/2016/05/10/health/yoga-in-schools/index.html

3 https://bullyingsinfronteras.blogspot.mx/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, María Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

Las que suscribimos, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA CEBALLOS LLERENAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y CARMEN DORANTES MARTÍNEZ; integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 76 numeral 1, 164 numerales 1 y 2, 169 numeral 1 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Es una necesidad histórica que se preserve la igualdad entre el hombre y la mujer, desde principios del siglo XX, se asomó en el debate público de varios países la reivindicación de la igualdad jurídica de hombres y mujeres. En el derecho internacional existen varias referencias para procurar dicha igualdad:

• La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

• La Declaración sobre Ia Eliminación de Ia Discriminación contra Ia Mujer de 1967.

• La Declaración del Milenio del año 2000.

• Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que en su artículo tercero establece que los Estados se comprometen a garantizar, a hombres y mujeres, Ia igualdad en goce de todos los derechos civiles y políticos.

• La Convención sobre los Derechos Políticos de Ia Mujer de 1953.

• La Convención sobre Ia Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra Ia Mujer (CEDAW), de 1979.

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969.

De tales instrumentos se desprende que es obligación del Estado el garantizar Ia igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, desde el momento en que México ha suscrito y ratificado todos y cada uno de ellos, pero además porque ya han sido incorporados en nuestro sistema jurídico interno, en virtud de la reforma al Capítulo Primero del Título Primero del texto constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, en ella se reconocen los derechos humanos de todas las personas que habitan y residen en el territorio nacional, estos derechos fundamentales se encuentran contenidos en la ley suprema de toda la unión y en los tratados internacionales de los que México es parte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° constitucional, de tal suerte que el principio de igualdad, como consecuencia obligada de la afirmación de la dignidad de todo ser humano, no queda excluido de dicho reconocimiento y regulación, por lo que el párrafo primero del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene su protección jurídica, mediante una manifestación específica al establecer la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, lo que tiene concordancia con los textos de diversos artículos pertenecientes al bagaje normativo internacional.

Por su parte, el artículo 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja la propia Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Así mismo, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todas las personas son iguales ante la ley, por lo tanto tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. En este orden de ideas el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 3 que los Estados partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en dicho tratado internacional. De lo que se desprende que no debe existir distinción entre hombres y mujeres, al momento de legislar sobre el principio de igualdad y que además se deben determinar los mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de este derecho. 

En ese sentido, se destaca el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J.126/2017 (10ª) sobre la igualdad, aludiendo que el derecho humano a la igualdad, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que son interdependientes y complementarias entre sí, haciendo la distinción conceptual de dos modalidades, a saber: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello.

Lo anterior, se traduce en que las normas jurídicas deben estar diseñadas de manera que se eviten diferencias legislativas sin justificación constitucional o violatorias al principio de proporcionalidad y deben ser aplicadas de modo uniforme a todas las personas o grupos que se encuentren en la misma situación.

Por otro lado, el principio de igualdad, debe ser definido y actualizado progresivamente a través del tiempo y tomando en consideración los factores sociales, culturales, económicos y políticos y la amplitud del mismo, contenida en los tratados internacionales, así mismo debe ser aplicado efectuando un escrutinio de constitucionalidad, teniendo como ámbito material de validez a la Constitución y al marco jurídico internacional.

Bajo este esquema, el principio de igualdad, como lo reviste el artículo 4° de nuestra ley fundamental se encuentra desarrollado en los artículos de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, cuyo artículo 1 establece que su objeto es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Así mismo, el artículo 1 de ese ordenamiento jurídico en comento, establece que es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional, por lo que las demás leyes, políticas públicas y acciones encaminadas al ejercicio del derecho humano a la igualdad, por parte de los destinatarios de la norma que son los hombres y las mujeres, habrá que estarse a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto los tratados internacionales ratificados por nuestro país y por supuesto a lo establecido por la ley secundaria en la materia.

En consecuencia, es necesario modificar de manera paulatina los diferentes ordenamientos que integran nuestro marco jurídico federal y local que rigen nuestro actuar en sociedad, haciendo un ejercicio de análisis de cuáles son las nomas que no se han armonizado con la progresividad del derecho humano a la igualdad. Es por ello que en esta ocasión se efectúa un escrutinio de la Ley del Seguro Social, particularmente se observa que los artículos 201 y 205 en lo que respecta a la prestación del servicio de guarderías a los derechohabientes del Seguro Social.

Las prestaciones sociales son parte esencial de un concepto amplio e integral de seguridad social que se ha construido en nuestro país a través del tiempo y el legislador ha tenido la preocupación de fortalecer este tipo de prestaciones como una vía para profundizar en el sentido social, humanista y previsor de la seguridad social. La regulación del servicio de guarderías recobra una importancia muy especial desde el momento en que se encuentra regulado en el apartado A del artículo 123  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrándose al cúmulo de estas prestaciones que el mismo legislador incorporó a la ley con el objetivo de facilitar la inserción de la mujer al mercado laboral.

Artículo 123

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuáles regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

De lo anterior se observa, que la Constitución Política, concede el beneficio de la prestación del servicio de guarderías a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, es decir, a cualquier trabajador que se encuentre en los términos de la Ley del Seguro Social, la cual regula esta prestación en sus artículos 201 y 205. Sin embargo, la ley de referencia hace una distinción entre la mujer trabajadora y el hombre trabajador:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Con independencia de la importancia que revisten las guarderías por contribuir al ejercicio de los derechos de las niñas y niños y por aportar al contenido del principio del interés superior niñez, los artículos anteriores evidencian una clara vulneración del principio de igualdad que se ha venido comentando, trascendiendo a la esfera de los menores, en el momento de que condiciona la prestación al hombre trabajador, quien tiene que cumplir con la hipótesis de ser viudo o divorciado o que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, de manera que los hijos de un hombre trabajador, dentro de una familia nuclear conformada por padre y madre, donde la madre tenga una ocupación en la que no cuente con esta prestación, quedarán sin derecho a guardería, ya que el padre no se encuentra cumpliendo los requisitos de ley para beneficio de sus hijos. Se trata de un supuesto que la ley permite su actualización en virtud de la discriminación legal existente en la materia al limitar el ingreso de los hijos menores y se incumple con la actualización progresiva del derecho humano a la igualdad.

Existen antecedentes que motivan la presente iniciativa, en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado inconstitucionales estos dos artículos en el amparo en revisión 56/2016, así como antecedentes en esta legislatura en tratar de reformarlos de manera que no se perciba un trato desigual a hombres y mujeres que se encuentran en la misma situación, pero aún no se ha avanzado en el proceso legislativo y en cambios contundentes que reduzcas esta brecha de desigualdad.

La presente propuesta se presenta con cambios que puedan facilitar su aplicación y sobretodo cumplir con las necesidades de las trabajadoras y trabajadores sin que medie una condicionante que implique una distinción jurídica que vulnere la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer u hombre trabajadores, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Las madres y los padres asegurados, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la sede del Senado de la República, el  27 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en el presunto lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita en el que está involucrado Ricardo Anaya Cortés, por la venta de una nave industrial por parte de su empresa “Manhattan Master Plan Development” y se proceda conforme a derecho. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días, se hizo de conocimiento público que Ricardo Anaya Cortés, habría incurrido en el delito de lavado de dinero durante la “venta ficticia” de una nave industrial entre las empresas Juniserra S.A. de C.V. y la denominada Manhattan Master Plan Development por un monto superior a los 54 millones de pesos.

Se reveló que 2014, Ricardo Anaya,  adquirió un lote por 10 millones de pesos  y en el 2016 ese mismo inmueble fue vendido en 54 millones de pesos, producto de supuestas mejoras como la construcción de una nave industrial.

Durante esta transacción, se dejó de manifiesto la entrega de estos recursos a Ricardo Anaya Cortés, a través de un esquema que permitió el ocultamiento del origen de los mismos, mediante la triangulación a diversas cuentas y múltiples países considerados paraísos fiscales.

Las personas encargadas de la triangulación de estos recursos, durante los últimos días han denunciado actos de intimidación y acosamiento, situación que no sólo vulnera el ejercicio de sus derechos, sino que también pone en peligro su integridad y vida.1

Llama la atención que la empresa que supuestamente adquirió el inmueble Manhattan Master Plan Development, durante su constitución dio como domicilio fiscal un terreno baldío en la colonia Milenio III de la Ciudad de Querétaro y que sus dos accionistas no tengan perfil de empresarios.2

Lamentablemente no es la primera ocasión en la que Ricardo Anaya Cortés, es relacionado con alguna irregularidad, muestra de ello, es la creación de una fundación en el estado de Querétaro que lejos de cumplir con su objetivo de fortalecer la conciencia democrática y la formación cívico-política, es utilizada para el desarrollo de transacciones comerciales y la compra-venta de inmuebles.

También están las denuncias de fraudes, triangulación de recursos y encubrimiento de negocios millonarios por parte de dicha fundación y constructores amigos, por ejemplo, en el año 2010 recibió un depósito de 1 millón 650 mil pesos con los que compró un terreno donde construyó un edificio y que en el 2016, vendió por más de 7 millones 854 mil pesos a la empresa “Agacel Agregados y Asfaltos”, copropiedad de las exsecretaria particular del gobernador Francisco Domínguez Servién.

Estas acusaciones, se suman a las de enriquecimiento ilícito debido a que desde su primer cargo público hasta el inicio de su relación con su actual esposa, sus parientes pasaron de poseer 6 inmuebles por 21.3 millones de dólares a 33 con un valor superior a los 308 millones de pesos.

A decir de medios de comunicación,  la riqueza de la familia política de Ricardo Anaya Cortés comenzó a proliferar cuando se desempeñó como secretario particular y coordinar de Desarrollo Social del Gobernador Francisco Gerrido Patrón en el estado de Querétaro, durante esa administración por ejemplo, su suegro pasó de administrar restaurantes a hacerse de al menos 5 empresas de la industria inmobiliaria y 16 nuevas propiedades.

Entre estas adquisiciones se encuentra la “Plaza Juriquilla” la cual cuenta con por lo menos 120 locales que son administrados por una empresa familiar llamada “Desarrollo Acueducto SA de CV”, dichos espacios comerciales tienen un valor de más de 26 millones de pesos. También está la compra de un terreno rural de 20 millones de pesos durante su gestión como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.3

Ante este panorama de anomalías, es indispensable que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar un posible lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de una supuesta nave industrial por parte de la empresa Manhattan Master Plan Development propiedad del candidato por la coalición “Por México al Frente” Ricardo Anaya Cortés.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

Único.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en el presunto lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita en el que está involucrado Ricardo Anaya Cortés, por la venta de una nave industrial por parte de su empresa Manhattan Master Plan Development y se proceda conforme a derecho.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Susana Guzmán. (2018). Acusan a Anaya de lavar 44 mdp al vender lote a empresa "fachada". 21/02/2018, de El Financiero Sitio web:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/acusan-a-ricardo-anaya-de-lavado-de-dinero

2 Horacio Jiménez y Misael Zavala. (2017). Manipulan datos en compra-venta de predio de Anaya. 21/02/2018, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/manipulan-datos-en-compra-venta-de-predio-de-anaya

3 Horacio Jiménez. (2017). Anaya y familia tienen inmuebles por 308 mdp. 21/02/2018, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/anaya-y-familia-tienen-inmuebles-por-308-mdp






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a proporcionar información sobre las acciones emprendidas para combatir las tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos, delito que ha aumentado en lugar de disminuir. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre el grado de avance de la investigación sobre la adquisición del sofware “Pegasus”, así como su uso para el espionaje de actores políticos, activistas y periodistas. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE RINDA UN INFORME PUNTUAL SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE PEGASUS, ASÍ COMO SU USO PARA EL ESPIONAJE DE ACTORES POLÍTICOS, ACTIVISTAS Y PERIODISTAS.

CONSIDERACIONES

El New York Times vuelve a dar luz sobre las sombras del gobierno de Enrique Peña Nieto. En un reportaje reciente, el tema es la utilización de un avanzado sistema de espionaje, Pegasus, comprado por México a una empresa israelí que lo vende sólo a gobiernos bajo la condición de que sea utilizado exclusivamente contra amenazas terroristas y delincuenciales.

Hace unos meses, una investigación alentada por organismos civiles reveló que Pegasus fue utilizado para espiar rivales políticos, activistas y periodistas.

El reportaje del rotativo estadounidense revela, a partir de declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos, que ese país se ha negado a colaborar en la investigación ofrecida por Peña Nieto por la sencilla razón de que en el vecino país no creen que haya la menor intención de dar con los culpables del espionaje ilegal.

El texto del NYT cita a “oficiales de alto rango”, quienes afirman que el gobierno mexicano ha solicitado insistentemente la colaboración de su par de Estados Unidos, pero que le ha sido negada porque los estadounidenses piensan que su contraparte sólo busca encubrir una simulación.

El espionaje fue revelado por el mismo periódico en junio del año pasado. Peña Nieto ordenó una investigación que, según los funcionarios citados, no se ha llevado a cabo porque “podría comprometer a algunos de sus funcionarios más importantes”.

De quererlo, el gobierno mexicano podría resolver el caso con sus propios recursos. El caso es que no quiere. Es el comportamiento normal de un gobierno que se defiende hasta con las uñas cuando se trata de investigar sus propios casos de corrupción y abusos, que en estos años suman ya una lista que no cabría en todas las páginas de este diario.

Más de seis meses después de la orden del presidente, los encargados del caso ni siquiera han entrevistado a los funcionarios encargados de la operación del software de espionaje ni han visitado los lugares donde se instaló.

A los espiados y sus abogados les han dicho que requieren los teléfonos de las víctimas, un pretexto que raya en el cinismo, porque investigadores forenses y espiados en otros países como Panamá señalan que no es necesario contar con tales aparatos, puesto que el programa espía lleva un registro detallado de cada “blanco”.

El gobierno no quiere que se sepa quién ordenó espiar a ciudadanos críticos, periodistas y rivales políticos. Y para impedirlo utilizan todo tipo de pretextos

Y mienten. Desde el gobierno han dicho, por ejemplo, que han mantenido contacto permanente con Citizen Lab, el centro de investigación ligado a la

Universidad de Toronto que develó el espionaje. Pero los integrantes de tal centro afirman que sólo se reunieron una vez con autoridades mexicanas.

El manto protector de Peña Nieto cubre a uno de sus cercanos, Tomás Zerón, quien encabezaba la Agencia de Investigación Criminal y en lugar de perseguir delincuentes se dedicó a inventar la supuesta “verdad histórica” de Ayotzinapa y a espiar a los críticos.

El reporte del NYT se suma a otros datos vergonzosos que han salido a la luz, como el hecho de que un sujeto que era director en la PGR fue fundador de la empresa que vendió el malware al gobierno mexicano.

Entre las dependencias del gobierno mexicano que usaron el software está, claro, la PGR, que es así la responsable de investigarse a sí misma.

Peña Nieto y su candidato, José Antonio Meade, han reconocido que existe un profundo malestar social derivado de la actuación del gobierno –podríamos decir que también de sus omisiones. El candidato propone como solución “ver y escuchar”. El presidente de plano se declara el Gran Incomprendido.

La realidad es que, como ha sucedido con otros escándalos, como la Casa Blanca, Odebrecht-Lozoya y la más reciente información sobre millonarios desvíos en la Sedesol de Rosario Robles, la orden es no investigar, para que no salga a la luz la mugre de, como dice Meade, “lo más rancio del sistema”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta al encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República para que rinda un informe puntual sobre el grado de avance de la investigación sobre la adquisición del software Pegasus, así como su uso para el espionaje de actores políticos, activistas y periodistas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a iniciar un proceso de consulta pública abierta, plural y transparente a fin de contar con un diagnóstico que les permita legislar en materia de autonomía plena de sus fiscalías o ministerios públicos. Se turna a la Comisión de Justicia.








Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, con    punto de Acuerdo por el que se condena la cacería ilegal de un puma en el estado de Nuevo León el pasado 3 de febrero; y por el que se exhorta a la PROFEPA a remitir un informe respecto a las investigaciones y acciones coordinadas con el ministerio público para deslindar responsabilidades, así como a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en esta materia. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 8  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA LA CACERÍA ILEGAL DE UN PUMA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL PASADO 3 DE FEBRERO Y POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROFEPA A REMITIR UN INFORME DETALLADO RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES Y ACCIONES COORDINADAS CON EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES; ASÍ COMO A FORTALECER LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN ESTA MATERIA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que el 3 de febrero, se llevó a cabo la cacería ilegal de un puma (Puma concolor) en el Estado de Nuevo León; ante estos hechos, la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia ante Ministerio Público, contra quien resulte responsable por la presunta cacería de este ejemplar.

En un video que circula en las redes sociales,1 se aprecia cómo el puma se encontraba en la cima de un árbol descansando, mientras que más de una decena de perros lo acechan y los presuntos cazadores se regocijan del temor del animal salvaje.

A diferencia de la cacería deportiva, que se encuentra prevista en la Ley General de Vida Silvestre, la cacería furtiva, como en el presente caso, es un símbolo de barbarie, pues no sólo atenta en contra de un animal, sino de toda la especie.

De acuerdo con la fracción VI del artículo 3, del ordenamiento en comento, la cacería deportiva se define como la actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. Esta actividad está considerada dentro del aprovechamiento extractivo de ejemplares de vida silvestre; y para poder realizarla se requiere una autorización previa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y una licencia de caza.

La Semarnat, de acuerdo con la zona geográfica y ciclos biológicos de cada especie, publica calendarios de épocas hábiles de caza, con la finalidad de conservar a las especies y poblaciones de vida silvestre y para garantizar siempre el aprovechamiento sustentable.
Los calendarios de épocas hábiles de caza son fechas específicas para el aprovechamiento extractivo de cada especie o población, tomando en consideración los aspectos biológicos que determinan el comportamiento poblacional de las especies listadas, principalmente por el inicio de la temporada reproductiva.

El Puma es el felino con mayor distribución en México; se le ha registrado en todos los estados de la República; habita bosques tropicales, lluviosos y espinosos; bosques de montaña, de pino encino, tropicales, perennifolios, caducifolios y subcaducifolios, así como zonas pantanosas y manglares; su presencia manifiesta el buen estado de conservación de los ecosistemas, por ello es de suma importancia la conservación de esta especie.

De acuerdo con el calendario de épocas hábiles de caza de 2017-2018 publicados por la Semarnat, el puma podía ser aprovechado en las siguientes fechas:

Entidad

Inicio de Temporada

Termino de Temporada

Baja California

Tercer viernes de septiembre de 2017

Primer domingo de enero de 2018

Baja California Sur

Segundo viernes de septiembre de 2017

Primer domingo de enero de 2018

Campeche

Primer viernes de marzo de 2018

Cuarto domingo de mayo de 2018

Chihuahua

Segundo viernes de diciembre de 2017

Primer domingo de febrero de 2018

Coahuila

Tercer viernes de noviembre de 2017

Último domingo de enero de 2018

Durango

Cuarto viernes de noviembre de 2017

Tercer domingo de enero de 2018

Jalisco

Tercer viernes de octubre de 2017

Tercer domingo de enero de 2018

Nuevo León

Tercer viernes de noviembre de 2017

Segundo domingo de enero de 2018

San Luis Potosí

Segundo viernes de noviembre de 2017

Cuarto domingo de enero de 2018

Sinaloa

Primer viernes de octubre de 2017

Cuarto domingo de febrero de 2018

Sonora

Primer viernes de diciembre de 2017

Primer domingo de febrero de 2018

Tamaulipas

Último viernes de octubre de 2017

Primer domingo de enero de 2018

Para poder realizar el aprovechamiento mediante la cacería deportiva, se debe estar dentro de la temporalidad establecida, tener la autorización de aprovechamiento extractivo de un prestador de servicios de aprovechamiento y un programa de manejo que demuestre que las tasas solicitadas son menores a la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento. Todos estos requisitos, son con la finalidad de garantizar que los aprovechamientos extractivos no perjudiquen en un futuro a las poblaciones.

La Ley General de Vida Silvestre, establece como sanción la realización de actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de la vida silvestre, sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que ésta hubiera sido otorgada y a las disposiciones aplicables,2 la cual se sanciona con una multa de 50 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización es decir un monto que va de los $4,030 hasta $4´030,000 pesos.

Por su parte, el artículo 420 del Código Penal Federal establece la imposición de una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Por lo anterior, en el caso publicado en distintos medios de comunicación en el cual se muestra la posible cacería ilegal de un puma, es necesario que la autoridad competente en este caso la Profepa, realice las investigaciones necesarias para determinar la existencia de algún delito y de forma paralela las violaciones administrativas.

Si bien, la Delegación Federal de la Profepa presentó denuncia ante el Ministerio Público; de acuerdo con el Código Penal Federal, esa misma institución debe expedir y proporcionar los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas.

En consecuencia, el presente Punto de Acuerdo condena la presunta cacería ilegal de un Puma (Puma concolor) el pasado 3 de febrero en el Estado de Nuevo León y exhorta respetuosamente a la Profepa a remitir un informe detallado a esta soberanía, respecto a dicha investigación y las acciones coordinadas con el Ministerio Público para deslindar responsabilidades, así como a continuar y fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para combatir la cacería ilegal de cualquier ejemplar de vida silvestre.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión condena la presunta cacería ilegal de un puma de Puma (Puma concolor), el pasado 3 de febrero en el Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un Informe detallado a esta soberanía, respecto a las investigaciones administrativas realizadas por esta dependencia, por la presunta cacería ilegal de un ejemplar de Puma (Puma concolor) en el Estado de Nuevo León, el pasado 3 de febrero del presente y respecto a las acciones coordinadas que se han llevado a cabo con el Ministerio Público a efecto de deslindar responsabilidades.

TERCERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a continuar y fortalecer las acciones de inspección y vigilancia que permitan combatir la cacería ilegal de cualquier ejemplar de vida silvestre.

Dado en el Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.

1 http://www.multimedios.com/telediario/local/caceria-puma-rancho-nl-ilegal.html

2 Artículo 122 fracción III de la Ley General de Vida Silvestre.






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal de Electricidad a conducirse con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en relación al caso de activistas ambientales e integrantes del Comité para el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, Puebla. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.








Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 16 de febrero en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por los delitos que se pudieran haber configurado por el presunto desvío de recursos por un monto superior a los 1,311 millones de pesos entre los años 2014 y 2016 a través de “empresas fantasmas” en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social, detectado por la Auditoría Superior de la Federación y se apliquen las medidas necesarias por la responsabilidad en la que hubieren incurrido los servidores públicos presuntamente implicados. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores integrantes del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE, CON TOTAL IMPARCIALIDAD, INICIE LAS INVESTIGACIONES POR LOS DELITOS QUE SE PUDIERAN HABER CONFIGURADO POR EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS POR UN MONTO SUPERIOR A LOS 1,311 MILLONES DE PESOS ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2016 A TRAVÉS DE "EMPRESAS FANTASMA" EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO Y EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DETECTADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN LAS MEDIDAS NECESARIAS POR LA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIEREN INCURRIDO LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESUNTAMENTE IMPLICADOS conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

De acuerdo con el diario Reforma, la Auditoria Superior de la Federación detectó supuestos desvíos por 1,311 millones de pesos hechas en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, realizado a través de universidades públicas y televisoras públicas, por medio de presuntos esquemas de desvío de dinero operados a través de convenios para la prestación de diversos servicios, que por su parte la Sedatu celebró con universidades y organismos estatales en los años 2015 y 2016. Lo cual fue revelado en tres auditorías de carácter forense realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, en dicha auditoría se conoció que para el desvío de recursos, las instituciones subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, según información del diario Reforma, al menos 13 son empresas fantasma.

Aunado a ello, se detectó que del total de la cantidad desviada, 37.1 millones de pesos se destinaron a “Monex”, dinero que se utilizó para transferirlo a cuentas en otros países como son China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos, a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte.

Entretanto la cantidad de 28.9 millones de pesos fueron transferidos a “CI Banco” que se utilizó para depositarlo a cuentas de America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.

La forma de desviar recursos que presuntamente se realizó en dicha dependencia consiste en entregarle contratos millonarios a dependencias públicas, entre las empresas,  muchas de ellas son fantasma, y que incluso el Sistema de Administración Tributaria (SAT) habría detectado por no tener oficina ni empleados o con domicilio fiscal simulado o inexistente, o que se dedican a actividades diversas en relación con el objeto del contrato.

Entre las instituciones revisadas en las auditorías que participaron en este esquema son la Universidad Tecnológica de Campeche, la Mexiquense del Bicentenario y las Politécnicas de Quintana Roo, Francisco I. Madero y Chiapas, que en total recibieron mil 88 millones de pesos en convenios con la Sedatu.

Además de que también se realizó el presunto desvío mediante contratos con el Sistema de Comunicación Social del estado de Quintana Roo.

Cabe señalar que dicha información está relacionada con la publicación de la Estafa Maestra, investigación hecha por un portal de información, en donde señala los presuntos desvíos realizados en SEDESOL y ahora en SEDATU, hecha a través de empresas fantasma, dependencias y universidades públicas.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos  que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘’ Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

IV.- Conforme al artículo 37 Fracciones I, IV, XXIII, XVIII, y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes atribuciones en relación a la Investigación por desvío de recursos:

“I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;”

“IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;”

“XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;”

“XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;”

“XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales.”

V.- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley.

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley. Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes para: I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local’’.

VI.- En relación al artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves. En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan. En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente”.

VII.- De acuerdo al artículo 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: ‘’Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior’’.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que exponga las consideraciones que estime convenientes. La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, y

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables. Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría Superior de la Federación cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias. Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior de la Federación, cuando lo considere pertinente, en términos de lo dispuesto en el artículo 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación aplicable

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, con total imparcialidad, inicie las investigaciones por los delitos que se pudieran haber configurado por el presunto desvío de recursos por un monto superior a los 1,311 millones de pesos entre los años 2014 y 2016 a través de "empresas fantasma" en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social detectado por la Auditoría Superior de la Federación, debido a la afectación que pudiere haber sufrido el erario público y que, en su caso, se apliquen las medidas necesarias por la responsabilidad en la que hubieren incurrido los servidores públicos presuntamente implicados.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que presuntamente están relacionados e involucrados con el desvío de recursos por un monto superior a los 1,311 millones de pesos entre los años 2014 y 2016 a través de "empresas fantasma" en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que acuda a una reunión de trabajo ante esta Soberanía con la finalidad de explicar el presunto desvío de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación a través de informes de fiscalización, durante su encargo al frente de la SEDESOL Y SEDATU entre los años 2014 y 2016 , con el propósito de abonar a la transparencia y a una adecuada rendición de cuentas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente.






Del Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a fin de que expliquen el desvío de recursos públicos ejercidos en los años 2014 y 2015 a través de pagos realizados a “empresas fantasmas”, que detectó la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Gabriela Cuevas Barron, María del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Carmen Dorantes Martínez y Lisbeth Hernández Lecona, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la República Árabe de Egipto. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.








De la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el máximo logro de aprendizaje, incorporando al estado de Veracruz en las reglas de operación del Programa de Inclusión Digital Aula @prende 2.0 para el ejercicio 2018. Se turna a la Comisión de Educación.

La que suscribe, Senadora de la República, MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estableció entre otros aspectos, la facultad del Estado a garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

En el artículo 6° Constitucional en su párrafo tercero determina que El Estado garantizará, también, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Por su parte, la Ley General de Educación establece en su artículo 12° la  atribución exclusiva de la autoridad educativa federal, para emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo.

En ese tenor, el Gobierno Federal en el marco de la Reforma Educativa de 2013, ha establecido la incorporación y aprovechamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una de las estrategias, para lograr el objetivo nacional de desarrollar el potencial humano de las y los mexicanos con educación de calidad.

Asimismo, el Artículo 3º Constitucional en su fracción II  establece que El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;   …

c)  Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

Además de ello, uno de los objetivos del Programa de Inclusión Digital (PID), a cargo de la Coordinación General @prende, es reducir las brechas digitales  que existen en la sociedad y contribuir, mediante el uso y aprovechamiento de las nuevas Tecnologías de la Información, a mejorar las condiciones de estudio y aprendizaje de los alumnos basada en 3 grandes pilares:

1) Acceso a la tecnología;

2) Desarrollo de recursos educativos digitales vinculados a los temas curriculares; y

3) la formación de los docentes.

También, el PID tiene el propósito de desarrollar habilidades digitales y de Pensamiento computacional en alumnos y usuarios, necesarios para contribuir  a su inserción efectiva en la sociedad productiva y democrática del siglo XXI, a fin de que sean capaces de promover el pensamiento crítico y creativo en la solución de problemas, trabajar colaborativamente; manejar información para producir conocimiento a partir de la investigación y la evaluación, y comunicar sus ideas en medios digitales.

Así, los Lineamientos y Estrategias de Operación del Programa de Inclusión Digital 2016 publicado el 30 de diciembre de 2016, indica que: “El PID busca beneficiar a los Alumnos(as) y Usuarios(as) mediante la instalación del Aula @prende 2.0 en las Escuelas públicas. De esta forma, los Alumnos(as), sin importar el grado que cursen, tendrán acceso a un espacio equipado para fortalecer el desarrollo de las Habilidades Digitales y el Pensamiento computacional, lo que les permitirá involucrarse oportunamente a las sociedades democráticas y digitales del siglo XXI”.

De igual manera, el objetivo general del programa PID Aula @prende 2.0  tiene como Objetivo General: “Desarrollar las Habilidades digitales y el Pensamiento computacional en Alumnos(as) y Usuarios(as), necesarios para contribuir a su inserción efectiva en la sociedad productiva y democrática del siglo XXI, a fin de que sean capaces de promover el pensamiento crítico y creativo en la solución de problemas; trabajar colaborativamente; manejar información para producir conocimiento a partir de la investigación y la evaluación, y comunicar sus ideas en medios digitales.

Sin embargo, la cobertura para el ciclo escolar 2015-2016 de dicho programa se restringe a los estados de: Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Considerando que el Estado de Veracruz es el séptimo estado con mayor rezago educativo según el INEGI después de Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Guerrero (clasificándolo con un rezago extremo respecto a los demás estados de la República), resulta incongruente que no figure en el Programa de Inclusión Digital.

Asimismo, según la Secretaría de Educación Pública en su encuesta intercensal de 2015, el Estado de Veracruz ocupa el 1er lugar en población analfabeta, el 2do lugar en población sin primaria terminada; 3er lugar en población sin secundaria terminada; y el 2do lugar en rezago educativo total en términos absolutos.

Llama la atención que pese a la estadística mencionada, el Estado de Veracruz no esté contemplado en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Digital Aula @prende 2.0 de la Secretaría de Educación, uno de los estados con mayor rezago educativo en el país, con índices de pobreza alarmantes que determina el acceso de los alumnos a la educación de calidad, misma que en Veracruz es escasa en los medios urbanos y rurales.

En vista de la importancia que hoy en día tienen los medios digitales, su utilización y difusión en tiempo real, así como ser un instrumento de trabajo indispensable en cualquier actividad, se considera necesario hacer un llamado a la Secretaría de Educación para que incluya al Estado de Veracruz en el Programa de Inclusión Digital Aula @prende 2.0, y se destinen los recursos necesarios en la materia para que los alumnos y alumnas de educación básica de dicho estado gocen de mejores condiciones educativas, que les permitan desarrollarse y competir en el mundo laboral del siglo XXI.

Debido a que la mayoría de las Reglas de Operación que emite el Gobierno Federal para sus diversos programas se publican en el Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre del año anterior al año de ejecución, es apremiante se tomen las medidas necesarias a la brevedad posible para beneficiar a más de 1’600,000 alumnos que potencialmente se pueden beneficiar del Programa de Inclusión Digital a nivel primaria, secundaria y bachillerato. Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que en  términos del Artículo Sexto y Tercero Constitucional, se incluya al Estado de Veracruz en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Digital Aula @prende 2.0 para el ejercicio 2018.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. María del Rosario Guzmán Avilés.






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otras dependencias a promover políticas públicas para la preservación y la difusión de las lenguas maternas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INALI Y OTRAS DEPENDENCIAS A PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PRESERVACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS MATERNAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna. Un tema de gran importancia en México, debido a que según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), al día de hoy, contamos con 11 familias lingüísticas, 68 lenguas originarias y 364 variantes de éstas últimas, que sumadas al español,  nos posiciona como uno de los países con mayor riqueza cultural y lingüística.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que nos dicen que en el país, de cada 100 mexicanos, 16 son de origen indígena, pero sólo 7 son hablantes de alguna de estas lenguas existentes en el país, lo que nos indica el deterioro y la poca transmisión generacional de las mismas, lo que nos revela el poco interés que se tiene en la familia de preservar la lengua materna.

Es por estos motivos, que poco se tiene que celebrar, ya que según datos del INALI, 72 de las variantes lingüísticas del país, se encuentran en mediano riesgo de desaparición, 43 en alto riesgo y 64 en muy alto riesgo, 20 están al borde de la extinción. Y es que aún con toda la riqueza que las lenguas maternas representan en nuestro país, es reciente el reconocimiento del Estado Mexicano hacia ellas, pues no fue sino hasta en el 2003 que se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que reconoció el carácter plurilingüe de la Nación Mexicana.

Si bien el 13 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2014-2018 (PROINALI), las poblaciones indígenas se quejan de que las instituciones locales y federales no le dan importancia a la lengua materna en el ámbito educativo, de salud, de justicia, entre otros, todo esto, a pesar de que el citado programa, reconoce en su diagnóstico que “en la actualidad, las interrelaciones entre lenguaje y sociedad se manifiestan como configuraciones multiculturales y multilingües jerárquicas y conflictivas, con características de exclusión e inequidad, y cerradas a las corrientes humanitarias globales.”

Lamentablemente el INALI ha dejado de lado sus obligaciones de combatir la permanente supresión de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, el desplazamiento lingüístico, la discriminación y la ausencia de atención con pertinencia lingüística y cultural en los servicios públicos, para adoptar una perspectiva culturalista y de folklore lingüístico que conduce a que no se vea reflejado el plan institucional del INALI en políticas públicas concretas.

Por estos motivos, no puede hacerse efectivo el uso social de las lenguas originarias del país, mucho menos, el uso en medios de comunicación, en instituciones públicas o en el sistema educativo, objetivos que plantea el PROINALI. Si la institución encargada de promover el uso de las lenguas maternas no cumple de lleno con su labor, no podemos esperar más de otras instituciones gubernamentales. Para muestra; la prioridad del Gobierno Federal en este sexenio fue la implementación de un modelo escolar que exige el aprendizaje del inglés pero que paradójicamente rehúsa la generación de contenidos que sistemáticamente puedan atender las necesidades de la población que solo habla su lengua materna.

Se trata de necesidades como las del sureste Mexicano, de entidades como Chiapas, donde casi el 30% de la población total, habla alguna lengua indígena y una parte considerable de ese porcentaje no habla ni entiende el idioma Español. Lo mismo sucede en otros estados como lo son: Guerrero, Oaxaca, Yucatán entre otros.

Se necesita la asignación de recursos públicos para la  generación de contenidos en lenguas indígenas, su publicación y su posterior difusión en entornos indígenas y no indígenas.  Con el presupuesto del INALI y con el rumbo que ha tomado dicho instituto, no se ha trabajado en la gramática de diferentes lenguas, lo que dificulta el trabajo institucional y sistematizado con las mismas, entendiendo que cada que muere una lengua,  muere conocimiento, una perspectiva y una parte de la riqueza de México.

Es por ello, que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, es aún más valido, reflexionar y cuestionar lo que está sucediendo en México en torno a las lenguas existentes y qué se está haciendo para que no desaparezcan. Porque defender las lenguas de México es también, defender la historia y la cultura de nuestro país.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que cumpla cabalmente con los objetivos y directrices del Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2014-2018.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que rinda un informe sobre la aplicación del Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2014-2018, las políticas públicas derivadas del mismo, así como la agenda transversal con otros entes públicos y las entidades federativas.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Salud y demás instituciones del ramo, para que implementen las políticas públicas necesarias en materia de prevención y promoción de la salud en lenguas originarias, dirigidas a la población indígena del país.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a que rinda un informe sobre las acciones emprendidas por la dependencia para fomentar la preservación y la difusión de las lenguas originarias.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República, relativo al estatus que guardan las 912 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, al 31 de enero de 2018. Se turna a la Comisión de Justicia.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a transparentar los contratos que ha firmado la Coordinación de Comunicación Social con FBM Comercializadora, señalada como presunta empresa fantasma; asimismo, para que el Instituto de Acceso a la Información Pública de la entidad revise que las instituciones públicas del estado cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son condiciones medulares para la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento de las instituciones y la credibilidad de las autoridades y servidores públicos. Se trata de componentes de primera relevancia para una gestión pública eficaz y eficiente, que contribuya al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos.

El artículo 134 de la Constitución Política, establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Pese a este marco jurídico, a lo largo de la actual administración del gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se han observado diversas irregularidades que atentan contra estos principios fundamentales en el ejercicio de los recursos públicos, en perjuicio de la población.

Conforme a diversos medios periodísticos, el gobierno de Márquez Márquez dio dos contratos más por 793 mil 13 pesos durante el último trimestre de 2017 a la empresa F.B.M. Comercializadora,  misma que fue boletinada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y enlistada como presunta empresa fantasma por el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras fungía como proveedora de la Coordinación General de Comunicación Social de Guanajuato.1

No obstante, uno de los contratos, registrado con la referencia PT 49666 fue firmado el 1 de febrero de 2017, por un monto de 605 mil 993 pesos. En total, durante el año pasado, la empresa observada por actividades inexistentes obtuvo del gobierno estatal 3 millones 836 mil 346 pesos. De esta manera, se ha otorgado en tres años por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos.

Según los mismos medios, antes de hacer públicos estos nuevos contratos, la Coordinación de Comunicación Social “reservó” por un año todos los comprobantes de la empresa por lo que no fue posible verificar si la empresa cumplió con sus compromisos publicitarios. Cuando se publicaron las primeras contrataciones, la dependencia explicó que se encargó a F.B.M la producción de material editorial que aparecería en los diarios de la cadena Organización Editorial Mexicana.

Pero, los nuevos convenios cambian el giro, ya que establecen que la vocería del gobernador “entregará con oportunidad los materiales a transmitir mediante las órdenes de transmisión correspondientes, por su parte la empresa se obliga a difundir con oportunidad y en los términos que se indiquen, respetando en todo momento la integridad del contenido de los materiales”. Aunque hablan de transmisión, se contrataron banners por un costo mensual de 19 mil 999 pesos en diversos medios de dicha organización.

Ante la existencia de una presunta empresa “fantasma”, el vocero estatal se comprometió a entregar todos los elementos que prueban que tal empresa ha brindado los servicios para los que fue contratada.2

Sin embargo, la documentación no fue entregada argumentando que debía hacerse a través de la Unidad de Transparencia, dependencia que respondió que toda la información estaba reservada por un año, pues podría alterar las investigaciones.

Al respecto, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, ha mencionado que todos los contratos firmados por la coordinación de Comunicación Social con tal empresa se encuentran en un proceso de revisión.

Otro aspecto que llama la atención, es que de los tres domicilios de particulares y cuatro supuestamente registrados por F.B.M. Comercializadora, en ninguno se ha logrado contactar a sus representantes, o bien, constatado las actividades de servicios empresariales ofrecidos por la misma.3

F.B.M. Comercializadora fue enlistada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 17 de agosto, como una de las 156 empresas de las que se detectó que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.4

Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la incluyó el 8 de noviembre en su lista de empresas fantasma, de las cuales requirió, vía acceso a la información, la existencia de posibles contratos sostenidos con dependencias y en entidades de todo el gobierno federal.5

Lo anterior es sólo un ejemplo que da cuenta de la opacidad y poca transparencia en el manejo de los recursos públicos de la actual administración del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Ello, resulta preocupante si consideramos que desde el inicio de la presente gestión del gobernador Márquez Márquez, planteó como uno de sus ejes transversales la Agenda Ciudadana de Buen Gobierno, uno de cuyos componentes torales es la transparencia y rendición de cuentas, como se expone en el Programa de Gobierno 2012-2018.6

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, establece en su artículo 1, lo siguiente: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o los municipios, de conformidad con los principios y bases establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitución Política para el Estado de Guanajuato”7.

Sus principales objetivos son: Transparentar el ejercicio de la gestión pública; promover el derecho de acceso a la información, difundir la cultura de la transparencia, facilitando el conocimiento, la evaluación de la gestión pública y la rendición de cuentas; establecer los procedimientos para el ejercicio del derecho a la información pública; propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas; establecer las bases para garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los sujetos obligados se esta ley y establecer las bases para que la información de interés públicos, entre otros.

La falta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, ha sido una práctica sistemática de la actual administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, entidad donde persisten graves problemáticas que limitan el acceso pleno de los ciudadanos a los derechos sociales  fundamentales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, transparente los contratos que ha firmado la coordinación de Comunicación Social con F.B.M. Comercializadora, señalada como presunta empresa fantasma.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Instituto de Acceso a la Información Pública de la entidad para que, en el ámbito de sus facultades, revise que las instituciones públicas del estado cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 https://www.animalpolitico.com/2018/02/gobierno-guanajuato-publicidad-empresa-fantasma/

2 https://aristeguinoticias.com/1112/mexico/replica-del-gobierno-de-guanajuato-empresa-no-esta-inhabilitada-y-
puede-ser-contratista/

3 http://zonafranca.mx/fbm-la-misteriosa-empresa-fantasma-de-miguel-marquez-cuatro-domicilios-distintos-y-
socios-que-no-aparecen/

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494187&fecha=17/08/2017

5  http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-del-Comunicado.-Listado-de-empresas-fantasma.pdf

6 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

7 https://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/deinteres/archivos/ltaip.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre la solventación de diversas irregularidades en la ampliación de obras de la Línea 12 que podrían significar un daño al erario público. Asimismo, para que informe sobre los procesos penales y administrativos que han promovido por dichas acciones. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La línea 12 del metro de la Ciudad de México, en su momento fue considerada la  obra de infraestructura más importante de la administración de Marcelo Ebrard Casaubón, sin embargo, luego de las constantes fallas e irregularidades en su construcción y financiamiento que se detectaron a tan solo unos meses de su inauguración, hoy es considerada como el símbolo de la corrupción y del uso indebido de los recursos públicos que prevaleció durante ese gobierno.

La Comisión para la Investigación de la Línea 12 del metro, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,  identificó numerosas irregularidades, entre las que destacan:

Que “las modificaciones a la ingeniería básica, al trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a elevadas, así como a las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello origino? las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio.”1

Se comprometieron los recursos del metro durante 15 años, por la adquisición de trenes se hizo bajo un esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) por un monto de 1 mil 500 millones 152 mil 500 dólares. Además, ante la fluctuación del tipo de cambio, se  pone en riesgo las finanzas de este fundamental medio de transporte público de la Ciudad de México.

El PPS para la adquisición de trenes de la Línea 12 constituye una “deuda pública contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica.”

La Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro de la Cámara de Diputados, destaco las siguientes anomalías2:

Consideran que “es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto Metro y el Consorcio Constructor acordaran, a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de construcción de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a las compañías privadas.”

Señala que se deben deslindar las responsabilidades del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; del ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, y del ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez. Asimismo, sugiere sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su connivencia, negligencia u omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público.

Recomienda al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que en coordinación con el Proyecto Metro y la Contraloría General impulse los procedimientos resarcitorios que deriven de la determinación de responsabilidades de servidores públicos o empresas privadas, y la ejecución de garantías para operar la Línea 12 a la brevedad posible.

Resaltan que es necesario dar “…prioridad al análisis jurídico-administrativo-económico para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 del Metro, ya que el valor del Proyectos para prestación de servicios (PPS) representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes.”

Cuestionan que las empresas Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) no se aseguró la compatibilidad de los trenes que diseñó y fabricó con la vía que se estaba construyendo.

Lejos de que se haya sancionado a los  principales responsables de estas irregularidades, hasta la fecha sigan surgiendo nuevos vicios ocultos y fallas en las obras.

Hace unos cuantos meses, se dio a conocer que las vías en la curva 37 de la Línea 12 se sustituirán por el desgaste ondulatorio que presentan en dicho punto, esto a pesar de haber sido cambiadas en el año 2015. 

El sismo del 19 de septiembre evidenció vicios ocultos en la construcción de las columnas que sostienen el viaducto elevado de la Línea 12 del metro. Mediante un comunicado  la Secretaría de Transporte Colectivo señalo que:

Se detectó una falla estructural en una columna, que debilita su funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad, esto a la altura del tramo Nopalera-Olivos.

Se detectó una trabe colocada entre las Estaciones Zapotitlán y Nopalera, en las curvas 11 y 12, la cual presentó un desplazamiento en el cabezal de apoyo, fracturando el encamisado del tope sísmico.3

El día 12 de mayo de 2015, se publicó en el diario Oficial de la Federación, la convocatoria pública nacional número LO-909005989-N5-2015 (909005989-DGOP-F-004-15), para participar en los "Trabajos de Construcción de la Obra Civil y Obras Complementarias para la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Primera etapa)."

El proyecto contempla conectar a las estaciones Mixcoac y Observatorio a través de la construcción de la estación Valentín Campa,  que se ubicará sobre Avenida Minas y la estación Álvaro Obregón, que se construirá sobre Calle 10.

Los precedentes sobre las numerosas irregularidades que se presentaron durante la construcción de la primera etapa de la Línea 12, que a la postre llevaron a la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones y los vicios ocultos que han surgido en fechas recientes, supondrían que en los trabajos de ampliación de la Línea 12 se llevarían a cabo con un estricto seguimiento para prevenir nuevas anomalías, no obstante, el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha demostrado la misma incapacidad que se antecesor para ejercer con transparencia, eficacia y eficiencia los recursos destinados a dicha obra.

La Auditoría Superior de la Federación identificó que el gobierno de la Ciudad de México incurrió en un subejercicio de los recursos destinados a la ampliación de la Línea 12. Esto derivado de la inadecuada coordinación entre su programa de ejecución y el de la obra civil y obras complementarias.4

La ASF señaló que la obra tendría que haberse culminado el 31 de diciembre de 2016, sin embargo, a dicha fecha sólo había un avance físico para la obra electromecánica  de 53.1%; la obra civil, 1.9%.5

EL gobierno de la Ciudad de México, no ha reintegrado a la Tesorería de la Federación alrededor de 9 millones de pesos. Además incurrió en daño al erario público por casi 700 mil pesos, por el pago de bombas no utilizadas para extraer agua del acuífero durante la perforación de las lumbreras. Asimismo, realizó pagos por casi 1 millón 800 mil pesos de los que no existe justificación y evidencia documental.6

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, informe a esta Soberanía sobre la solventación de diversas irregularidades en la ampliación de obras de la Línea 12 que podrían significar un daño al erario público por casi 11 millones de pesos. Asimismo, para que informe sobre los procesos penales y administrativos que han promovido por dichas acciones.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Informe de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro, (2014), p.112 Disponibilidad:
<https://www.scribd.com/embeds/261998218/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true> 
Consultado el 18 de octubre de 2017.

2 “Comisión Especial Línea 12 del Metro aprueba su informe de trabajo”, Cámara de Diputados,  
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/01/5024-
Comision-Especial-Linea-12-del-Metro-aprueba-su-informe-de-trabajo, Consultado el 18 de octubre de 2017.

3 “El STC pone en marcha acciones desde el día del sismo”, Sistema de Transporte Colectivo, 21 de febrero de 2018,
<http://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-stc-pone-en-marcha-acciones-desde-el-dia-del-
sismo>,Consultado el 21 de febrero de 2018.

4 “Frena extensión de L-12 falta de orden en CDMX”, Reforma, Ciudad, p.1, 21 de febrero de 2018.

5 Ibìd.

6 Ibíd.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios de comunicación, han documentado la operación de una red de empresas de construcción y venta de inmuebles en la Ciudad de México que incurren en diversas irregularidades, entre ellas, posibles actos de corrupción, peculado y conflicto de interés.

Dichas constructoras, están vinculadas no sólo con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sino también con los titulares y áreas estratégicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico, lo cual representa una trasgresión a nuestro entramado jurídico e institucional, por lo beneficios personales y de grupo promovidos desde la administración pública.

Entre estas constructoras, figura la denominada “Dekah Asociados S.A. de C.V.” que fundó el ex-titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, además de consultor de Jefe de Gobierno. Dicha empresa, ha sido acusada de vender propiedades por encima de su precio comercial y sin cumplir con los planos de obra, muestra de esta situación, son los condominios de Vista Azcapotzalco en la colonia Santo Tomás, en el que faltó la construcción de áreas verdes, cajones de estacionamiento y áreas comunes o de convivencia.

Otra empresa que está denuncia por posibles violaciones a los usos de suelo es “Agrimin S.A. de C.V.”, que entre sus obras se encuentran dos desarrollos inmobiliarios en Puerta Bicentenario en la Delegación Miguel Hidalgo y en Parque Estrella en la colonia Guerrero en la Delegación Cuauhtémoc.

A decir de diversas organizaciones vecinales, la empresa “Baita” incurrió en violaciones a las normas de construcción, de uso de suelo y desarrollo urbano en la edificación de un conjunto residencial en Lomas de Vista Hermosa, debido a que de acuerdo con la normativa vigente, solo podría construir 13 viviendas, sin embargo, comercializó más de 28.

Por si esto no fuera suficiente, también hay acusaciones de que no cumplió con los estudios de impacto urbano e incumplió con el Programa de Desarrollo Urbano en la edificación de una serie de departamentos en la calle Edgar Allan Poe 362 en la colonia Polanco IV Sección.1

En estos casos, destaca que directivos, operadores y apoderados legales de estas empresas, también se desempeñaron como servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, ejemplo de ello es que el subdirector de Servicios Inmobiliarios y el jefe del departamento de Regularización de Corredores y Administradores Inmobiliarios quienes fueron apoderados legales de la “Constructora Baita” propiedad del coordinador de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad en la Secretaría de Desarrollo Económico.

Otro de los representantes legales de la “Constructora Baita” fue el titular de la dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor capitalina y además responsable de la contratación de la empresa para la remodelación en 2013 de la oficina del Jefe de Gobierno. Por si esto no fuera suficiente, entre los apoderados legales durante el periodo 1995-2004 destaca el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.2

Los acontecimientos descritos son catalogados como conflicto de interés, y representa una clara trasgresión a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que esta figura puede darse cuando exista una afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos por motivaciones personales, familiares o de negocios.

El conflicto de interés es considerado una falta grave, ya que la misma Ley indica en su artículo 58 que los servidores públicos incurrirán en este supuesto, cuando resulte beneficiado por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de algún asunto.3

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, realicen las investigaciones correspondientes para identificar, sancionar y prevenir delitos como cohecho, actos de corrupción y un posible conflicto de interés entre Jefe de Gobierno y diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Contraloría General, realice las investigaciones correspondientes sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes..

Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto de Verificación Administrativa para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, emprendan una investigación pronta, objetiva y expedita para esclarecer diversas denuncias sobre la presunta violación a las normas de construcción, de uso de suelo y desarrollo urbano en la edificación y venta de inmuebles por parte de diversas desarrolladoras que están vinculadas con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Gerardo Suárez. (2016). Nuevo amparo contra inmobiliaria Baita. 21/02/2018, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/02/14/nuevo-amparo-contra-inmobiliaria-baita

2 Paris Salazar, Gloria Pina y Sandra Romandía. (2018). El "cartel" inmobiliario de CDMX; sus operadores en el gobierno de Mancera. 21/02/2018, de La Silla Rota Sitio web:
https://lasillarota.com/especialeslsr/el-cartel-inmobiliario-de-cdmx-sus-operadores-en-
el-gobierno-de-mancera/206357

3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas. 21/02/2018, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la cuenta pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal que presumiblemente podría representar un daño al erario público por más de 71 millones de pesos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a cifras del Semáforo Delictivo, la inseguridad en el Estado de Baja California se ha incrementado de forma alarmante en los últimos meses, basta mencionar que en diciembre de 2017 se presentó un aumento del 77% en la incidencia de los homicidios dolosos con respecto al mismo período del año anterior; el robo de vehículos creció en un 20%; el robo a negocio presentó un incremento de 25%; y las violaciones se incrementaron en un 11%.1

El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, lejos de instrumentar y fortalecer las políticas públicas y acciones institucionales para garantizar la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos de Baja California, se ha distinguido por las diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

El FASP, es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

El artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que los recursos de FASP se destinarán exclusivamente a:

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración;

II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;

III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;

IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima;

V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y

VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores.

Sin duda, todos estos campos son fundamentales para contar con cuerpos policiacos profesionales y una efectiva procuración de justicia, no obstante, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2016, identificó en la Auditoria Financiera con Enfoque de Desempeño 16-A-02000-14-054, que el gobierno de Baja California incurrió en un subejercicio de más de 69 millones de pesos de los recursos del FASP, lo cual no sólo evidencia la incapacidad administrativa del gobierno de Francisco Vega, sino también su falta de compromiso por salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los bajacalifornianos.

La ASF detectó que se ejercieron recursos por casi 330 mil pesos de los que no se cuenta con documentación que justificara y comprobara el destino de dichos recursos.

La Auditoría señaló que se destinaron de manera indebida,  poco más de 1 millón 241 mil pesos para el pago de capacitación de 5 personas que desempeñaban labores administrativas, cuando dichos recursos debían ser destinados a la Formación inicial para policías municipales preventivos, de investigación, Estatales de Guardia, entre otros.

El gobierno de baja California, no aplicó penas convencionales por más de 330 mil pesos, por retrasos en las obras de ampliación de un comedor del edificio del Centro de Evaluación de Confianza en Mexicali, lo cual benefició a los constructores y representó un daño a la hacienda pública por dicho monto. Otra irregularidad  relacionada con dicha obra, es la falta de amortización de más de 510 mil pesos, por trabajos que no fueron realizados.

La Auditoría Superior de la Federación consideró que el gobierno del Estado de Baja California no cumplió con los objetivos del FASP, debido a que se determinaron 2 millones 84 mil pesos, por pagos de servicios profesionales  no contemplados por la Ley de Coordinación Fiscal; no cobrar penas convencionales;  y por no amortizar los anticipos otorgados, e incurrió en un subejercicio de 69 millones de pesos, motivos por los cuales concluyó que, dicha administración no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 2

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno de Baja California a informar esta Soberanía, sobre los avances en la solventación de las Observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que presumiblemente podrían representar un daño al erario público por más de 71 millones de pesos.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Semáforo Delictivo, Baja California, Diciembre de 2017,
< http://bc.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia> Consultado el 21 de febrero de 2018.

2 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0546 546-GB-GF, Auditoría Superior de la Federación,
< http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx> Consultado el 21 de febrero de 2018.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar que los recursos asignados para la reconstrucción de la capital del país no sean ejercidos de manera irregular. Asimismo, exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a dar celeridad, certeza y transparencia al ejercicio de los recursos para la reconstrucción de la capital del país. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sismo de 7.2 grados en la escala de Richter sucedido el pasado 19 de septiembre con epicentro en Puebla, tuvo importantes afectaciones en la zona centro y sur del país, siendo la Ciudad de México una de las entidades que más daños presentó.

Este evento fue el más catastrófico para la capital del país desde el sismo ocurrido en 1985. De acuerdo con cifras oficiales, murieron 228 personas en la entidad y 5 mil 765 viviendas resultaron dañadas, de las cuales casi el 40% sufrieron pérdida total; se registraron 44 puntos con derrumbes o colapsos y se presentaron daños en más de mil 200 escuelas, 8 de ellas con pérdida total.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la reconstrucción podría durar entre 5 y 6 años, ya que existen diversas tareas que aún deben hacerse, como análisis de estructuras y reforzamiento de ciertos edificios.

Posteriormente al sismo, el Gobierno de la República puso en marcha una serie de medidas para el apoyo inmediato a los damnificados, así como programas para reconstrucción de las viviendas dañadas. Se anunció la utilización del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para apoyar a las familias cuyos hogares tuvieron daños parciales o totales. A las primeras se les asignó un monto por 15 mil pesos a libre disposición del beneficiario, mientras que a los que tuvieron pérdida total se les otorgó un monto de 120 mil pesos.

Para atender a los damnificados del sismo en la Ciudad de México, se pusieron a disposición mecanismos de acceso a un financiamiento preferencial, adicionalmente a los apoyos ya mencionados. A través de dicho mecanismo, el Gobierno de la Ciudad de México se comprometía a poner tres pesos por cada uno que aportara el Gobierno de la República.

Ambos gobiernos se comprometieron a cubrir el capital de los financiamientos, a fin de que el acreditado sólo pague el interés mensual. Los créditos asignados serían por hasta dos millones de pesos a tasa preferencial, sin enganche ni comisiones.

El INFONAVIT y FOVISSSTE también se comprometieron a agilizar el acceso al créditos para la población derechohabiente que resultó afectada y con un segundo crédito a tasas preferenciales.

Como parte de su compromiso con la transparencia, el Gobierno de la República habilitó un portal de internet a través del cual se transparenta plenamente la entrega de los recursos del FONDEN en las distintas entidades afectadas.

El pasado 31 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, que aprobó la Asamblea Legislativa. 

En dicho presupuesto, se aprobaron 8,772,000,000 pesos para acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad (artículo 14). Asimismo, se estableció que el Órgano Legislativo a través del Presidente y Secretario de la Comisión de Gobierno y del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública autorizará; supervisará; vigilará y propondrá el ejercicio de los recursos asignados.

En este sentido, los diputados Leonel Luna Estrada, Mauricio Toledo y Jorge Romero, erán los encarcados de cumplir con esta disposición. No obstante, los legisladores han sido señalados por irregularidades en la asignación de estos recursos.

En días recientes, cuatro especialistas que conformaban la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México renunciaron, justificando su decisión como un acto de congruencia debido a la falta de certeza y transparencia en el manejo de los recursos.

En una carta de renuncia dirigida al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por uno de los ex miembros de la Comisión, se lamentó de que la gestión de los recursos para la reconstrucción no fuera transparente.

Quines renunciaron manifestaron su rechazo ante la forma en que los diputados Leonel Luna Estrada, Mauricio Toledo Gutiérrez y Jorge Romero Herrera decidieron utilizar el presupuesto destinado para la reconstrucción, ya que consideraron que no atienden las verdaderas necesidades de los afectados por el sismo.

El 18 de febrero, la excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), María Elena Pérez Jaén, hizo públicas imágenes de algunos recibos que presuntamente demuestran que los recursos destinados a la reconstrucción han sido utilizados para la adquisición de computadoras portátiles, chamarras y obras públicas cuyo objetivo no tiene relación con los intereses de los damnificados y afectados. 

En vista de que se encuentra en marcha el proceso electoral 2018, existe la preocupación entre los capitalinos y organizaciones civiles de que los recursos para la reconstrucción sean utilizados de forma ilícita con fines electorales, por lo que es fundamental ivestigar su ejercicio para garantizar su correcta utilización en beneficio de los damnificados y afectados por el sismo.

La Contraloría General de la Ciudad de México tiene a su cargo la fiscalización y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcertados y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, es el órgano que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

No debe permitirse que continúe la opacidad de la utilización de los recursos para la reconstrucción en la Ciudad de México, su utilización correcta son fundamentales para recuperar la confianza ciudadana, por ello, es esencial transparentar y fiscalizar dichos recursos, así como dar máxima difusión de la forma en que están siendo utilizados.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Contraloría General, revise que los recursos asignados para la reconstrucción de la capital del país, no sean ejercidos de manera irregular.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legilslativa a dar dar celeridad, certeza y transparencia en el ejercicio de los recursos para la reconstrucción de la capital del país.

Tercero.- El Senado de la República exhorta la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, fiscalice los recursos federales para la reconstrucción que ejerce el Gobierno de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente.






De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a contemplar un apartado sobre la reconstrucción mamaria como método terapéutico para el tratamiento de cáncer de mama, en el marco de los trabajos del anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana “Para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de la mujer”. Se turna a la Comisión de Salud.








Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides, se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Trasplante”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Trasplante”

“La donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida
después de la muerte”
Jaqueline Semizo Antelo.
Promotora de la donación de órganos.

La vida es el principal valor del ser humano; y aún más, es el valor supremo al cual se subordinan todos los demás. Si la vida no existiese, no lo sería nada más.

Quizá por eso, la medicina y la ciencia relacionada con ella es tan antigua como la especie humana misma. Pues la preservación de la vida ha sido y será el motor central de las investigaciones científicas.

Por ello, que la salud sea uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y cualitativa. Estriba en permitir que el organismo de una persona, mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria. Así, al hablar de su importancia, necesariamente se refiere al valor que la salud tiene para que una persona pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos.

Los descubrimientos y avances de la ciencia para preservar la vida son innumerables, pero uno de los más grandes y trascendentales es sin duda la posibilidad de trasplantar órganos. Se trata de la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir las funciones perdidas, que para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma.

Así, la donación y trasplante de órganos y tejidos se constituye como una oportunidad para que miles de personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida cuando no quedan más alternativas terapéuticas.

Por eso, la importancia de que el 27 de febrero de cada año se conmemore el “Día Mundial del Trasplante”, como una jornada para promover la concientización de las personas en esta materia, agradecer y reconocer a los donantes por su altruismo, así como la ardua labor de familiares y profesionales de la salud implicados en cada uno de estos proceso de vida.

Lamentablemente, es una asignatura con muchos pendientes en nuestro país, tanto por lo que respecta a la cultura de la donación de órganos y tejidos, como en los sistemas sanitarios.

En México, en el que existen más de 20 mil personas enfermas en espera de un trasplante de órgano o tejido, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de la Secretaría de Salud. De ellas, más de 11 mil requieren un riñón, más de siete mil una córnea y las demás, un hígado, corazón, una combinación de riñón y páncreas o sólo páncreas, entre los más destacables. Lamentablemente un aproximado del 80% no lo recibe y muere, por ello, muy importante avanzar en este tema.

Ser donante es uno de los gestos más humanos que existen, supone un acto de tremenda solidaridad, generosidad y amor en una lucha por la vida, y una demostración de que la realidad se puede cambiar.

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración del “Día Mundial del Trasplante”, un día propicio para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la donación de órganos, el fortalecimiento de nuestros sistemas sanitarios, como también para hacer patente el reconocimiento, solidaridad y apoyo a las personas en espera de una donación, y un recuerdo a la memoria de quienes han perdido la vida al no lograrlo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Trasplante”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Trasplante”
27 de Febrero

El Día Nacional del Trasplante busca enaltecer un sentimiento de gratitud tanto a las personas que donaron sus órganos como a los profesionales cuyo esfuerzo y dedicación permitieron y permiten salvar vidas diariamente.

No hay que olvidar que en un solo proceso de donación-trasplante pueden intervenir más de cien profesionales diferentes con ubicaciones geográficas distintas, desde el personal que transporta los órganos hasta la coordinación del hospital en el que se realiza el trasplante.

Un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. Hoy en día constituye una técnica médica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los receptores. No obstante, necesita obligatoriamente la existencia de donantes. Sin la solidaridad de los donantes no hay trasplantes.

Así lo define la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), cuya misión fundamental es facilitar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, subrayando el rol primordial de los donantes en el proceso de los trasplantes. En México la donación y la eventual trasplantación de órganos tuvo su comienzo en 1963, cuando se logró el primer trasplante renal en el país, y desde entonces, los avances médicos y tecnológicos han permitido llevar a cabo operaciones de hígado, páncreas, corazón y de pulmón, entre otros.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), al cierre del 2016, existían 12.477 personas inscritas en espera de un trasplante renal en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), año en el que se realizaron 2970trasplantes renales, correspondientes a un 23.8% del total de pacientes en espera, de los cuales 844 provenían de donantes fallecidos, representando el 28.4% del total de trasplantes renales realizados y un 6.7% del total de pacientes en espera.

La donación de órganos es un proceso complejo y el factor tiempo hoy en día es primordial, es por ello que se debe generar una cultura de donación, pues con un sólo donador de órganos, se abre la posibilidad para que una persona tenga vida y mejor calidad de ella. Es por ello, que debemos impulsar y emprender acciones para fomentar estos actos altruistas y justos, propios de una sociedad informada y con alto compromiso social.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el natalicio de José Vasconcelos.

EFEMÉRIDE

27 de Febrero
Natalicio de José Vasconcelos

José María Albino Vasconcelos Calderón, mejor conocido como José Vasconcelos, nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca, México; fue filósofo, abogado, escritor, político, historiador y educador.

Vasconcelos fue fundador del Ateneo de la Juventud, una asociación civil mexicana que se dedicó a trabajar por la cultura y el arte, organizando reuniones y debates políticos, donde formaron parte una gran generación de jóvenes intelectuales.

Fue Director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1919; Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1920-1921, creador del escudo del cóndor y el aguila, además del lema “Por mi raza hablará el espíritu”.

 En 1921 fue el primer secretario de Educación Pública, logró una transformación en el rubro en México a partir de tres tareas principales: escuelas, bibliotecas y arte.

Llevo a cabo un gran labor en el ámbito educativo, lo que le mereció el sobrenombre de El maestro de la juventud de América.

En 1929 fue postulado a la Presidencia de la República por el Partido Nacional Antireeleccionista. Ganó la simpatía popular, sobresaliendo el apoyo estudiantil.

En diciembre de ese año, José Vasconcelos proclamó en Sonora, el Plan de Guaymas, que le valió la cárcel. Tras recuperar la libertad, se exilió en Europa.

Falleció en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de las Enfermedades Raras”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de las Enfermedades Raras”
28 de Febrero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene clasificadas más de 7000 enfermedades como “raras”. Se definen así aquellas que son padecidas por menos de 50 de cada 100,000 personas.

Hay más de 7000 enfermedades “raras”, una cantidad amplia que hace que según este mismo organismo más del 7% de la población sufre alguna de ellas, lo que supone más de 42 millones en América Latina (15 millones en Brasil, 8 millones en México, más de 3.5 millones en Colombia y Argentina, alrededor de 2 millones en Perú y Venezuela, y alrededor de 1.7 millones en Chile, Guatemala y Ecuador.

El día de las enfermedades raras se celebra el último día del mes de febrero para crear conciencia sobre estas patologías y mejorar el acceso al tratamiento y a la representación médica de los individuos con alguna de ellas.

La mayoría de las enfermedades raras son de origen genético, “no todas hereditarias, pero sí con el denominador común de la carencia de tratamiento específico curativo”.

El condicionante principal de estas patologías es su baja frecuencia, lo que las sitúa siempre en segundo plano respecto a otras enfermedades. En consecuencia, su diagnóstico y atención médica es deficiente, en primera instancia porque no se suelen incluir en los programas docentes de las ciencias de salud que dan preferencia a las enfermedades más comunes o de gran impacto.

Por otro lado, “la investigación sobre ellas y el desarrollo de terapias específicas resultan poco atractivas porque no generan masa crítica de investigación y la comercialización de los medicamentos que descubren en última instancia tienen poco atractivo comercial o sus costes son tan altos que la financiación pública puede levantar polémicas”.

En México las enfermedades raras se encuentran definidas en la Ley General de Salud, en el Artículo 224 Bis, como enfermedades que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes;  por lo cual se estima que existen en el país alrededor de 8 millones de personas que padecen de alguna enfermedad rara y que todos los días buscan la manera de acceder a tratamientos eficientes que garanticen una buena calidad de vida.

También es importante mencionar que este grupo de pacientes se enfrenta a la carencia de especialistas, así como la falta de información e investigación respecto a sus dolencias; pues solo un poco más de 400 personas tienen un tratamiento específico.

Gracias a que muchas de sus organizaciones han alzado la voz, hoy sabemos que lamentablemente en el país, cerca del 50% de estos padecimientos afectan a niños; y que debido a su diagnóstico tardío, a la falta de información y tratamiento, estas enfermedades;  no  se permiten que las personas que la padecen lleguen a la edad adulta o se aminoren las secuelas de su prevalencia.

Por increíble que parezca, no existen datos oficiales del número de mexicanos con enfermedades raras y ultra-raras, aunque se calcula que  afectan a 8% de la población, lo que significa que hay entre 7 y 10 millones de mexicanos con alguna de las más de 7 mil enfermedades, quienes día a día se esfuerzan por alzar la voz y evidenciar sus necesidades.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de la Bandera”.

EFEMÉRIDE

Día 24 de febrero ‘Día de la Bandera’

La Bandera Nacional es una de las representaciones más importantes de nuestra  cultura, es un símbolo patrio que todos identificamos por su significado para el pasado, el presente y el futuro de los hombres y de las mujeres de nuestra nación libre y soberana.

A lo largo de nuestra historia hemos tenido cuatro banderas nacionales oficiales; la primera fue concebida por Agustín de Iturbide y confeccionada en Iguala por el sastre José Magdaleno Ocampo en 1821. En aquel año, se estableció que la bandera fuera tricolor, adoptando los colores verde, blanco y rojo, acomodados de forma vertical y con un águila coronada en la franja blanca que se encontraba en el centro de la bandera”.

La segunda bandera fue adoptada en abril de 1823 y la diferencia con su predecesora era el escudo nacional, ya que ahora el águila no tenía una corona en la cabeza, agregaba una serpiente, un ramo de olivo y un ramo de laurel, mismos elementos que en la actualidad forman parte del escudo, esta bandera fue usada hasta 1864.1

La tercera bandera fue establecida por el Emperador Maximiliano I, la gran diferencia radicaba en la adición de 4 águilas, una en cada esquina.2

La actual bandera representa la evolución de nuestro país a lo largo de los años y su diseño oficial de la bandera de México se encuentra establecido en el Artículo 3 de la “Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, que dicta las proporciones y medidas de cómo debe ser la bandera.3 Sin embargo, no especifica las tonalidades oficiales.

En julio de 2008 se dio a conocer que la bandera de México fue elegida como la más bonita del mundo, con una votación final de 901,627 puntos.4

En nuestro país celebramos el Día de la Bandera el 24 de febrero con una ceremonia oficial en el Palacio Nacional, donde se realiza un desfile cívico-militar, acompañado de la intervención del presidente de la República para recordar a los héroes que le dieron a México libertad y patria.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Ídem, Libro de Banderas Históricas, Fascículo III. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/845/banderas_historicas_fasc3.pdf

2 Libro de Banderas Históricas, Fascículo V. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848/banderas_historicas_fasc6.pdf

3 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.isponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4652786&fecha=08/02/1984

4 México gana, es la bandera más bonita. Expansión, disponible en:
https://www.20minutos.es/noticia/395114/0/mexico/lista/banderas/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de la Cero Discriminación”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del “Día de la Cero Discriminación”, observado el 1º de marzo.

El 1º de marzo conmemoramos el Día de la Cero Discriminación, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013 con el objetivo de difundir información sobre el Sida y los derechos que tienen las personas portadoras del virus, entre ellos el de la no discriminación.

La fecha es un llamado a promover y contribuir a garantizar una vida plena con dignidad para todas las personas, sin distinción alguna; y en el caso particular, busca terminar con mitos y temores que subsisten alrededor de realizarse una prueba para detectar el VIH. Para ello, el símbolo de la Cero Discriminación es la mariposa, la cual es reconocida mundialmente como un signo de transformación. 

En este tenor, lo primero que debemos advertir es que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VIH ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. En medida que el virus destruye las células inmunitarias y altera su función, gradualmente la persona padece inmunodeficiencia.

La inmunodeficiencia implica mayor sensibilidad a distintas enfermedades. Cabe destacar que la fase más avanzada de la infección por el VIH, conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, aunque en las primeras semanas siguientes al contagio puede haber una afección de tipo gripal con fiebre, cefalea, erupción o dolor de garganta.

El reto de transitar hacia una sociedad donde la cero discriminación sea una realidad es mayúsculo y debe ser atendido desde todas sus aristas, siendo toral el respeto de los derechos humanos. ONUSIDA, menciona que a nivel mundial en 2016 hay 36,7 millones de personas que viven con VIH y se detectaron 1,8 millones de nuevas infecciones; y en 2017, el número de personas que viven con VIH bajo tratamiento antirretrovírico es de 20,9 millones.

Por lo que respecta a México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), indica que los casos de Sida que se tienen notificados de 1983 al cuarto trimestre de 2017, asciende a 194 mil 407, de los cuales, 4 mil 959 se dieron entre enero y noviembre del año pasado. Por otro lado, indica que mientras en 2016 se notificó el diagnóstico de 13 mil 202 casos de VIH y de Sida, de enero a noviembre de 2017, la cifra es de 12 mil 147.  

En este tenor, resulta medular seguir avanzando la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral de los casos de VIH y de Sida, pero también es crucial fortalecer el respeto, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y los tratados e instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.  

Al efecto, el artículo 1º de la Constitución Federal, dispone que en México queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el mismo tenor, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Además, esfuerzos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contempla acciones encaminadas al cumplimiento que dieron origen al día que nos convoca, específicamente lo establecido en el objetivo 3, relativo a salud y bienestar.   

En el marco del Día de la Cero Discriminación, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, expresamos nuestro rechazo categórico hacia cualquier acto o conducta discriminatoria que atente, limite o inhiba los derechos y dignidad de las personas. Al tiempo de refrendar nuestro compromiso con el reconocimiento, protección y respeto de los derechos humanos.

Atentamente.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 1° de marzo a las 11:00 horas.

Se levantó la sesión.

(Se levantó la sesión a las 14:56 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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