Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Febrero de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del señor Presidente, informo a la Asamblea que hasta el momento hay registrados 74 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores de la República.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 13 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día jueves ocho de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del siete de febrero de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Jurisdiccional, su Programa Anual de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, su informe de actividades en la cuarta parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 9 al 13 de octubre de 2017, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Seguridad Pública, su informe de actividades del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Martha Tagle Martínez, la Agenda Legislativa Ciudadana que impulsará en el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Senadora Martha Tagle Martínez, comunicación por la que informa que el 7 de febrero del año en curso se llevó a cabo una conferencia de prensa con el colectivo #Medios Libres y con expertos, medios de comunicación y periodistas, que suscribieron el documento "Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial", en el que exhortan al Congreso a cumplir con la obligación Constitucional señalada en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de regular la publicidad oficial.- Se remitió a las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de diciembre de 2017.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Emprendedora.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adiciona el Código Penal Federal con un artículo 117 bis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Oficial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII del artículo 7° de la Ley Federal de Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 237 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que realicen a bordo del Buque Escuela Velero ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), el crucero de instrucción  “Velas Latinoamérica 2018", en el período del 11 de febrero al 1 de septiembre de 2018; y participen en los eventos conmemorativos del 50 aniversario de los juegos olímpicos de 1968, en el período del 2 al 15 de septiembre, en La Habana, Cuba, retornando a su puerto base Acapulco, Guerrero, el día 12 de octubre de 2018.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado por 77 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Quedó de primera lectura.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Comunicación)

El Presidente, a las trece horas con diez minutos, dio cuenta a la Asamblea de un oficio remitido por el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, con el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 8 de febrero de 2018.- Intervinieron los Senadores: Miguel Barbosa Huerta del PT; Teófilo Torres Corzo del PRI; Luis Humberto Fernández Fuentes del PT; Miguel Romo Medina del PRI; Zoé Robledo Aburto del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; Raúl Morón Orozco; Benjamín Robles Montoya del PT; Manuel Bartlett Díaz del PT; Humberto Mayans Canabal del PRI; Lorena Cuéllar Cisneros del PT; Ernesto Gándara Camou del PRI; Jesús Priego Calva del PRI; Dolores Padierna Luna del PT; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Lucero Saldaña Pérez del PRI; Luz María Beristaín Navarrete del PT; Enrique Burgos García del PRI; Layda Sansores San Román del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Fernando Herrera Ávila del PAN; Emilio Gambo Patrón del PRI; y Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva. La Presidencia, a las catorce horas con veinte minutos, sometió a consideración de la Asamblea el Acuerdo para conceder licencia al Senador Miguel Barbosa Huerta, el cual fue aprobado en votación económica.

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Marlon Berlanga Sánchez como Senador de la República.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado:

1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 50 y 51 de la Ley de Aviación Civil.

2. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la recepción del Informe Anual de Labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se realizará el jueves 15 de febrero de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplazar la discusión del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de que la posible resolución pudiera incidir en financiamientos ilícitos en el proceso electoral.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal atienda el conflicto entre los trabajadores de la mina La Media Luna, en el estado de Guerrero, y la empresa Torex Gold Resources.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a fortalecer las acciones en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de homicidios dolosos en diferentes regiones de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de Acuerdo que exhorta a los partidos políticos a cuidar la integridad y el respeto por las comunidades indígenas, condenando todo acto discriminatorio contra las mismas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un informe de los ejemplares de vida silvestre que eran utilizados en los circos hasta el momento de entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a deslindar responsabilidades en el presunto uso de recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines electorales, por parte de la corporación oaxaqueña de radio y televisión, al cubrir la gira partidista del precandidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar cuál es el fundamento legal para permitir desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en vuelos comerciales transfronterizos y conocer el estatus de la negociación sobre el tema con el gobierno estadounidense.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Oaxaca de Juárez a garantizar su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a presentar un informe sobre el grado de avance en la investigación, desarrollo e instalación de las energías renovables en el país, en particular con relación a las metas establecidas en la Ley de Transición Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público; así como al organismo Caminos y Puentes Federales a revisar el incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustancie y resuelva de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones encaminadas a la protección del ajolote mexicano.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo en materia de reconstrucción de infraestructura educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a velar por el interés superior de la niñez en los centros de atención social.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer público el estatus de las invitaciones que hizo a distintas organizaciones internacionales para que participen en misiones de observación electoral en la jornada el próximo 1o de julio, así como a extender invitaciones a los poderes legislativos de los países de América Latina y el Caribe, a fin de que coadyuven con la observación electoral y conozcan los instrumentos electorales dispuestos en la legislación mexicana.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo relativo al caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a comparecer, informar y explicar el incremento desproporcionado de la tarifa de uso aeroportuario y de su utilización como garantía única o principal de pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, afectado por el derrumbe de un puente que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía sus condolencias a las familias de los fallecidos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a garantizar la integralidad de temas en las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no se han pronunciado al respecto, a aprobar el Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil, afectado por la fiebre amarilla; al tiempo que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el combate del brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que solicita al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República comparezca ante el Senado, con la finalidad de informar sobre el avance en los procesos judiciales en contra de ex gobernadores acusados por la presunta comisión de delitos federales.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador interino del estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a excluir el trasvase de cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de la República a actualizar de manera permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de brindar a la población información oportuna y legítima en la materia y elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso y útil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado cometido contra el Diputado Federal con licencia del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas San Román, que le causó la muerte; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en el estado de Quintana Roo, a través de capacitación y evaluación de su personal.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Odontólogo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Radio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Odontólogo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Internet Seguro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos y citó a la siguiente el martes trece de febrero a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que ha sido aprobada el acta.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del 22 al 26 de enero de 2018, en la ciudad de Estrasburgo, Francia.








Y del Senador Ricardo Urzúa Rivera, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la Sexta Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada del 23 al 28 de enero de 2018, en la ciudad Montreal, Canadá.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado de enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió también una comunicación suscrita por el Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del PT, por la que informa que por acuerdo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el Senador Zoé Robledo Aburto fue designado Vicecoordinador Político.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del PT, por la que informa que el Senador Miguel Enrique Lucía Espejo se integra a dicho grupo parlamentario.








Y del Senador Marlon Berlanga Sánchez, por la que informa su determinación de integrarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Instruyo a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios tome nota de las comunicaciones para lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo que también se recibieron las siguientes comunicaciones de Senadores, por las que informan sus respectivas reincorporaciones a sus funciones legislativas:

De la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, a partir de ayer, 12 de febrero.








Del Senador Ricardo Urzúa Rivera, del grupo parlamentario del PRI, también a partir de ayer, 12 de febrero.








Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRi, igualmente a partir del día de ayer, 12 de febrero.








De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, a partir del 13 de febrero.








Y de la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI, a partir del próximo 17 de febrero.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquense a las Secretarías Generales del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se nos envía de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre del año 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También les informamos que se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el segundo informe semestral de actividades del año 2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, con el documento denominado: “Evolución de la actividad recaudatoria 2017 y Programas y presupuesto 2018”.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase la documentación referida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio del Consejo Nacional de Armonización Contable, con su informe anual, en cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron 16 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: La Colegisladora nos envía también un oficio por el que se comunica modificaciones en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.






Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar a nombre de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 115 constitucional, en materia de paridad de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenos días. Con su permiso, señor Presidente.

Estimadas compañeras y compañeros:

Efectivamente, vengo a poner a su consideración la presentación de esta iniciativa que refirió el señor Presidente.

Y les comento que en las sociedades contemporáneas existe una baja participación de las mujeres en los asuntos públicos, debido a que la cultura reproduce estereotipos  de género que asocia a las mujeres con el espacio privado fuera de las decisiones públicas.

Las causas son multifactoriales y en cada situación deben ponerse en marcha distintas soluciones que abonen a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.

El acceso a los cargos públicos ha tenido grandes dificultades. Muestra de ello es que en toda la historia latinoamericana sólo han habido diez presidentas; y en México, donde ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, únicamente siete mujeres han sido gobernadoras.

Debido a esta preocupación, el 10 de febrero de 2014 fue publicada una reforma de gran calado para transformar el sistema electoral mexicano. Dicha reforma, que fue ampliamente discutida con el consenso de las principales fuerzas políticas, estableció al principio de paridad a nivel constitucional.

Ha habido avances significativos en el ámbito legislativo, gracias al sistema de cuotas, la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión aumentó considerablemente en pocos años. Actualmente el Senado de la República cuenta con 48 mujeres, que representa el 37.5 por ciento de los escaños; y por su parte, en la Cámara de Diputados hay 212 mujeres, que son el 42.4 por ciento.

A la par se ha aumentado y mejorado el diseño del financiamiento público a los partidos políticos, a través del destino del 3 por ciento del gasto ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres.

El aumento de la participación de las mujeres en la política está relacionado con el cambio de cultura y la voluntad política de las personas e instituciones que intervienen.

Como parte de este cambio institucional se encuentran las medidas especiales de carácter temporal, también llamadas “cuotas”. Esta medida tiene como fundamento el artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.

A criterio del comité de la CEDAW, las medidas especiales de carácter temporal tienen su fundamento en eliminar la discriminación entre hombres y mujeres, de tal manera que disminuyan las diferencias rápidamente.

Ahora bien, de acuerdo a la Unión Parlamentaria, en promedio, a nivel mundial las mujeres en los parlamentos nacionales alcanzaron el 23.3 por ciento de los escaños en el 2016. En el 2016, también las mujeres ocuparon 16.8 por ciento de los lugares en los congresos del mundo, por lo que subió 6.5 por ciento en una década. Como es posible advertir, México tiene una mayor participación de las mujeres en el ámbito legislativo que en la mayoría de los países en el mundo.

No obstante, en el ámbito municipal el avance es más reducido. En el 2014 en México había 180 alcaldesas en el país, y en 2016 la cifra aumentó a 346, lo que significa apenas el 14 por ciento de toda la República Mexicana. No todas las entidades federativas han incorporado la paridad como parte de la elección y conformación de los ayuntamientos, de tal forma que resulta imperante establecer mecanismos idóneos para aumentar la participación de la mujer en los ayuntamientos.

De las 32 entidades federativas, 9 no han incluido plenamente las reglas de paridad horizontal y vertical. Al respecto, la paridad horizontal implica el otorgamiento paritario de candidaturas en la totalidad de municipios en disputa durante alguna elección; y por su parte, la paridad vertical asegura que las planillas para la integración de un ayuntamiento, las regidurías y sindicaturas sean registradas de manera alternada entre hombres y mujeres.

Debido a que las leyes electorales dependen de las legislaturas de cada estado, es necesario reformar la Constitución para garantizar que todas las entidades federativas armonicen su marco legal para incorporar la paridad en los ayuntamientos.

Por esa razón, quienes suscribimos la presente iniciativa, proponemos elevar a rango constitucional el principio de paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres para la integración de ayuntamientos. Este cambio incorporaría un tercer párrafo en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente, dicha medida, abonaría a mejorar la calificación de la participación política de las mujeres dentro del Proyecto ATENEA, una iniciativa región de la Organización de las Naciones Unidas, donde México obtuvo un puntaje de 66.2 y en particular tuvo una baja calificación en porcentaje de alcaldesas, 29 puntos. Estas acciones, pues contribuirían en la representación de las mujeres en el ámbito público, de tal forma que se elimine la discriminación en contra de las mujeres.

Por su apoyo y atención, estimadas compañeras y compañeros, muchas gracias.

Es cuanto, estimado señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora Hilda Flores Escalera, si puedo suscribir su iniciativa, sabiendo que es paridad entre los géneros a nivel de alcaldías, tanto horizontal como vertical, y ojalá fuera la paridad para todo, pero para las alcaldías, por el momento, muy bien.

El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias. Desde luego la Senadora Flores Escalera es anuente a su solicitud. El Senador Héctor Larios en el mismo sentido solicita suscribirla, el Senador Romero Hicks. Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de las Senadoras y de los Senadores que están solicitando acompañar la iniciativa de la Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en materia de tamiz metabólico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE  EDUCACIÓN Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; y deseando un buen día a todas y a todos mis compañeros Senadores.

Vengo ante este Pleno proponiendo iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se harían reformas a la fracción IX del artículo 7o., de la Ley General de Educación y una adición a la fracción XIII Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de fortalecer la educación en salud para toda la población, pero especialmente a las niñas y niños, así como a sus padres, tutores y maestros; y el otro objetivo es detectar a tiempo a quienes tienen riesgo de sufrir lo que en estos momentos es una epidemia de grandes dimensiones en nuestro México, de sufrir la diabetes mellitus para evitar el que desarrollen esta enfermedad.

La cual si queremos realmente abatirla, debemos de iniciar con la prevención, en esta fase, precisamente que es la infancia y la adolescencia. Para ello me permito exponer los siguientes motivos:

En México, como en todo el mundo, sabemos el problema de las enfermedades crónicas es cada vez más importante; esto es de particular trascendencia en el caso, como ya les comentaba de la diabetes mellitus, dado que ocasiona una gran morbilidad, es decir, una serie de problemas secundarios y lamentablemente mortalidad, una serie de discapacidades y afectaciones al individuo, pero también a su familia y su manejo y tratamiento vienen resultando cada vez más prolongados y onerosos.

Por lo anterior, es importante tener presente las siguientes consideraciones:

1. El problema de la diabetes mellitus y el riesgo de padecerla, es consecuencia de la falta de información adecuada para la población en general, por la poca percepción de riesgo que significa esta enfermedad y la persistencia de mitos y malos consejos alrededor de la misma.

Hay un número determinado de pacientes diagnosticados con diabetes, pero hay un número importante de la población que sin saberlo, padece esta enfermedad.

2. El riesgo de padecer diabetes mellitus puede diagnosticarse desde la primera infancia, dado que se ha comprobado a nivel internacional y en un estudio realizado aquí en la Ciudad de México.

3. La asociación de falta de educación para la salud y la falta de detección oportuna del riesgo de padecer la diabetes mellitus parece ser la responsable del panorama que actualmente, lamentablemente estamos observando en nuestro país, en relación a esta enfermedad.

4. Los costos individuales, sociales y económicos derivados de la falta de atención adecuada y la falta de detección oportuna y la falta de complicaciones en la diabetes y otras enfermedades crónicas, son enormes, de modo que muchas familias gastan más de la mitad de sus ingresos para atender a un miembro que sufre diabetes o sus complicaciones y el costo para los ministerios o secretarías de salud, tanto Latinoamérica como aquí en México, es aún más grande, sobre todo porque la erogación mayor está en atender las complicaciones que a todo nivel se da como una de ellas, las cardiovasculares y las renales que lamentablemente no tienen una curación precisa cuando se detectan ya tardíamente y mantienen con problemas de incapacidad al individuo por tiempos prolongados.

Es importante lograr que las niñas y los niños tengan una educación para la salud que les permita tomar las decisiones adecuadas para ellos mismos y desde luego también sus padres, conservar y promover su salud personal.

Es importante lograr que la detección de riesgo de padecer diabetes mellitus se realice desde la infancia, claro que sí se puede antes de que las niñas y los niños ingresen, en muchos casos, a la escuela primaria; es decir, desde el preescolar y, desde luego, a nivel básico ya se pueden hacer estas detecciones.

Y para lograr lo anterior, es preciso que se realicen algunas modificaciones en la Ley General de Salud, específicamente en lo que estoy proponiendo, el artículo 7o., inciso IX.

Me voy al cuerpo del Decreto solicitando a la directiva que todo el resto de esta iniciativa sea contemplado en el Diario de los Debates.

Evidentemente, todas las acciones que les he comentado requiere la labor coordinada de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, dado que la estrecha colaboración entre ambas permitirá lograr estos objetivos.

Así como también, indicar que la detección de resistencia a la insulina, al síndrome metabólico y al riesgo de la diabetes, el tamiz metabólico puede implementarse en todas las clínicas y hospitales del país, pero lo más importante a bajo costo, siendo la detección de la glucosa capilar la única que puede requerir recursos extra y que este gasto representará un importante ahorro en caso de detectar resultados con anomalías.

Por lo anterior, someto a esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente proyecto de Decreto.

Primero.- Se reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7o. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes objetivos:

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición, y estimular la educación física y la práctica del deporte, por medio de la impartición de la materia de educación para la salud, desde el nivel básico hasta el medio superior.

Hago un breve mensaje. Es importante, así como tenemos en las diversas materias que se cursan en el nivel básico: matemáticas, geografía, idiomas, también agregar esta materia, la materia de educación para la salud desde el nivel básico hasta el medio superior.

Segundo. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 50, que es el propuesto para adicionar. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

Y estamos agregando la fracción VIII Bis. Las niñas y niños deberán de ser evaluados a través de un tamiz metabólico por medio del servicio médico de las entidades de salud reportando el estado nutritivo de los niños y niñas a los padres, tutores y a la entidad educativa a razón de tomar las medidas de seguimiento, tratamiento o prevención de alguna enfermedad metabólica.

Abro también un paréntesis.

Quiero comentarles a ustedes que hay muchos estudios ya en algunas escuelas primarias de nuestro país, donde a los niños se les están haciendo una serie de estudios desde glucosa, colesterol y triglicéridos; y estamos detectando, ya en la niñez problemas metabólicos, es decir, en descontroles y determinación de cifras que no deben de manejar los niños en cuanto, algunas ocasiones glucosa o colesterol y triglicéridos, que hablan ya de un desorden metabólico desde nuestra niñez porque asociados a sobrepeso, a obesidad infantil o desde luego a otros desórdenes de tipo genético que pueden ser detectados desde la infancia.

Agrego un transitorio, y someto a su consideración, y desde luego de las comisiones respectivas y una vez que pueda ser sometido al Pleno, les pido el sumarnos a este esfuerzo para detectar a tiempo estas enfermedades metabólicas como la diabetes y otros cuadros dislipidémicos que están afectando ya a nuestra niñez y desde luego en su fase terminal a nuestra población adulta.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Salvador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Lorena Cuéllar solicita suscribir la iniciativa.

Senador López Brito, ¿da usted su anuencia para que sea acompañada su iniciativa por la Senadora Lorena Cuéllar?

El Senador Santana García, el Senador Luis Sánchez y la Senadora Palafox Gutiérrez en el mismo sentido.

Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Martha Palafox, ¿con qué objeto?

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Es con el mismo objeto, señor Presidente.  

Ese tema de la insuficiencia renal ha sido una constante que hemos traído a esta Legislatura desde el inicio, hemos trabajo en conjunto con el Senador López Brito, ese y otros temas más que son prioritarios para la salud.

Sobre todo en mi estado Tlaxcala donde está esta enfermedad completamente acendrada en poblaciones muy concretas.

Por lo que considero necesario reconocerle al Senador López Brito su insistencia y su tenacidad con este tema que hemos compartido en la Comisión de Salud, por lo que le pido respetuosamente me deje y me permita suscribir la iniciativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Solicitó el Senador Larios Córdova en el mismo sentido. La Senadora De la Peña  Gómez, igual. Por favor, Servicios Parlamentarios, tomar nota de las Senadoras y Senadores que han expresado su intención de acompañar la iniciativa del Senador López Brito.

Antes de proceder a la siguiente iniciativa.

Senador López Brito, ¿con qué objeto?

Sonido en el escaño del Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Le pido también, por favor, para opinión, sea también enviada a la Comisión de Salud, por favor.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se obsequia su solicitud, con todo gusto Senador López Brito.

Antes de la siguiente iniciativa que será presentada, el Senado de la República y esta Mesa Directiva quiere dar la mayor y más cordial de las bienvenidas a los distinguidos invitados del Senador Manuel Bartlett Díaz, que hoy nos honran con su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!






Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones al Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

Acudo a esta tribuna a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil.

El matrimonio ha sido concebido de diferentes formas de acuerdo con la organización e inclusive a las costumbres que rigen a las diversas sociedades. En la legislación mexicana, el matrimonio ha tenido una enorme evolución, y los marcos normativos de cada entidad federativa son una clara muestra de ello.

En el derecho familiar se presenta como una manifestación libre de voluntades de los contrayentes ante la autoridad administrativa del Estado que la ley establece y con las formalidades que exigen, a fin de darle validez al acto. Asimismo, de tal acto civil nacen una serie de derechos y obligaciones, los cuales se asumen para perseguir los fines del matrimonio.

Sin embargo, durante décadas una práctica amparada por la obsoleta regulación legal, ha permitido que se lleve a cabo la celebración de matrimonios donde al menos una de las personas es menor de 18 años. Lo anterior, a la luz de las implicaciones y efectos que derivan del matrimonio, es una problemática que ha incentivado múltiples violaciones a los derechos de los menores de edad quienes por razones naturales no se encuentran preparados para asumir la responsabilidad que conlleva el matrimonio.

El matrimonio infantil prematuro o precoz, se trata de la unión de dos personas en la que la menos una es menor de 18 años. Las implicaciones de esta práctica nociva se asocian principalmente a la violación de diversos derechos de la infancia, puesto que se vulnera su desarrollo integral, en múltiples esferas, por ejemplo, se violenta su derecho a la salud, principalmente respeto a la salud reproductiva, embarazos y maternidad prematura; el derecho a la educación por el abandono escolar y el rezago educativo, y en el caso de las niñas, se les inserta de forma prematura en un rol doméstico, lo que implica además de la explotación física, una condición violatoria de la igualdad de género.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, apunta que algunas de las consecuencias del matrimonio prematuro se traducen en perjuicios psicológicos, violación al derecho a la salud y al control sobre la reproducción de las adolescentes, privación de la educación, así como la violencia y abandono.

Cada país ha establecido las condiciones para la celebración del matrimonio, no obstante, en muchos casos prevalece la permisión para que los menores de edad celebren tal acto.

En México, la práctica del matrimonio infantil afecta directamente a niñas y niños adolescentes, haciendo que la situación resulte preocupante de forma general. Cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en el 2014, arrojaron que en la distribución porcentual de las mujeres, según situación conyugal, 15 de cada 100 adolescentes se encuentran unidas en matrimonio.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, estima que en el año 2015 el porcentaje de matrimonios de personas de 18 años ascendía a 3.95 por ciento a nivel nacional. De igual forma, evidencian que las 10 entidades federativas con los mayores porcentajes son: Guerrero, Michoacán, Campeche, Chiapas, Coahuila, Zacatecas, Durango, Puebla, Nayarit y Sinaloa.

Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojan que a nivel nacional en el 2016 contrajeron matrimonio poco más de 11 mil menores de 18 años.

Las cifras demuestran que no se ha logrado erradicar una práctica violatoria de los derechos humanos de las miles de niñas, niños y adolescentes, quienes, en la mayoría de las ocasiones, no dan consentimiento propio a la celebración del matrimonio, dado que la legislación otorga tal atribución a terceros cercanos a los menores contrayentes, por ejemplo, a sus padres o tutores.

Por ejemplo, en el Código Civil Federal, legislación objeto de la presente iniciativa y que históricamente ha sido un modelo a seguir para las legislaciones locales, aún contempla la disposición que incentiva a la práctica del matrimonio infantil. En cuanto a la edad, la legislación civil federal vigente dispone: que pueden contraer matrimonio el hombre a los 16 años y la mujer a los 14 años; las edades referidas corresponden a adolescentes, o bien a niñas y niños de acuerdo a la concepción internacional, por la que la disposición legal es cómplice de la práctica del matrimonio infantil.

Por otro lado, el Código Civil Federal también establece que se requiere del consentimiento de sus padres, o bien a falta de éstos, el consentimiento de los abuelos. El cuerpo normativo continúa diciendo que a falta de los anteriores, el Juez de lo Familiar puede suplir ese consentimiento. Como puede observarse, los diversos preceptos legales permiten que el matrimonio infantil se celebre con anuencia de la familia de los menores, o peor aún, se faculta a la autoridad para dar pie a la celebración de tal acto.

La legislación civil federal contiene diversas disposiciones relacionadas con la celebración del matrimonio con o entre menores de edad, situación que a todas luces contraviene no sólo a los derechos y garantías que otorga la Constitución Federal a este sector, sino también a las directrices y principios establecidos por la Comunidad Internacional.

La Organización de las Naciones Unidas, funcionarios y asociaciones civiles, han pedido que se erradique el matrimonio infantil en México, pues en el país el 6.5por ciento de las mujeres se casaron antes de los 18 años.

El anterior pedimento se basó en la prevalencia de dispensas que incentivan el matrimonio infantil en las legislaciones de algunas entidades federativas.

Organizaciones No Gubernamentales han considerado que la existencia de excepción o dispensa para permitir el matrimonio precoz, no ha favorecido el desarrollo pleno de niñas y niños adolescentes; por el contrario, desde hace décadas esta práctica ha significado la falta de acceso a prerrogativas fundamentales como la educación, la protección, la igualdad y no discriminación, la vida libre de violencia hacia las mujeres, interés superior de la niñez y de forma lacerante ha truncado los proyectos de vida.

En este sentido, la solicitud se ha hecho extensiva al Estado mexicano para tomar las medidas administrativas y legislativas que se coloquen a la vanguardia de la protección de los derechos humanos instituida por el sistema universal.

Por los motivos expuestos, a través de la presente iniciativa, propongo modificar o incluso derogar múltiples disposiciones del Código Civil Federal en materia de matrimonio, a fin de atender a la exigencia de suprimir del ámbito legislativo todas aquellas normas y expresiones que incentiven o justifiquen dispensas y excepciones para la celebración de matrimonios en los que se vean implicados menores de edad.

Si bien la legislación federal en materia civil no determina directamente la puesta en práctica del matrimonio infantil en el país, es una realidad que se debe modificar tal marco, puesto que, como referí con antelación, históricamente ha fungido como un modelo a seguir para las legislaciones locales.

El contexto de protección a los derechos humanos de todas las personas es fundamental en la materialización de los principios que rigen su efectiva garantía; de esta manera, los menores de edad se han convertido en un sector específico al cual se le debe proteger y garantizar todos y cada uno de sus derechos, erradicando de facto todas aquellas situaciones represente un obstáculo para el ejercicio pleno.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que propone la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como cometido subsanar las deficiencias que durante los últimos cinco años de esta administración no han logrado concretar; es decir, ejecutar las políticas, los programas y las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.

Los datos que se tienen por diversas organizaciones especializadas, también las cifras oficiales que coinciden y, por supuesto, los informes de distintas organizaciones de la sociedad civil, todos son coincidentes en el señalamiento de que lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalidad de alto impacto se optó por un modelo de centralización en una dependencia política, las tareas que antes estaban inscritas en la Secretaría de Seguridad Pública.

Esta institución, esta dependencia pública, como sabemos, es la Secretaría de Gobernación.

La evidencia demuestra que ha sido un error, la verdad, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y otorgarle, por lo tanto, a la Secretaría de Gobernación, una dependencia de carácter política, todas las atribuciones que debiese tener, que antes tenía la Secretaría de Seguridad Pública y que prácticamente ahora han quedado circunscritas incluso a un nivel en donde las consecuencias hoy están a la luz en todo el país.

Con ello no sólo también se interrumpió el proceso de crecimiento y consolidación de la Policía Federal, no sólo se dejaron de desarrollar los diversos procesos internos de desarrollo, sino que además se permitió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se debilitara en sus funciones de seguimiento técnico de las policías locales.

Por tanto, estamos proponiendo reestablecer como una dependencia técnica, profesional y especializada a la Secretaría de Seguridad Pública como la base para iniciar la implementación de un nuevo modelo de seguridad pública que tenga como premisa de su actuación la seguridad humana y sea la secretaría encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la ciudadanía, la seguridad de todas las personas de todas las edades en cualquier parte del país, siempre cuando sea requerida en función de sus atribuciones específicas.

Es necesario que esta institución coadyuve en la prevención del delito, también ejerza el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos con pleno respeto a los derechos humanos.

México, como sabemos, atraviesa por una de las peores crisis de violencia en su historia moderna, tenemos que seguir recordando que en los datos no hay manera de ocultar que el 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años, y si bien las causas son diversas hay un factor común y determinante, que es el abandono del crecimiento del fortalecimiento de la consolidación de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

No es materia de esta iniciativa que hoy estoy presentando, lo hemos hablando en otras ocasiones, lo hemos referido en otros momentos, pero este es el problema que tenemos que atender para poder definir con puntualidad el regreso de las Fuerzas Armadas gradualmente a ya no realizar tareas de policías.

Es importante reconstruir y resolver estos pendientes a partir de reconocer que la seguridad pública es un asunto de Estado, por cierto no solamente de una dependencia pública, sino, y mucho menos de una dependencia política, sino que tiene que ser en una dependencia profesional que tenga conocimiento pleno de la materia y que, por lo tanto, los resultados que se den sean medibles por la propia ciudadanía como lo demandan.

Hoy los resultados de este balance, de esta evaluación, en primerísimo lugar vuelven a evidenciar que fue un error haber integrado a una dependencia política, como son la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública.

De tal manera que nuestra fracción, la del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hemos sido y seguiremos siendo insistentes en demandar la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública que respete los derechos humanos de la población, que sea especializada, profesional, que avance hacia la seguridad humana, que toda la población le tenga confianza, que le dé certidumbre y que, por supuesto, también nos sintamos orgullosos de las policías.

Quienes se dedican a esta profesión tienen que buscar la jubilación con honores como pasa en otros países y, por supuesto, hoy los resultados y el balance de las policías no es así, crean una gran desconfianza, están muy mal evaluadas, pero también hay que corregir que no sean maltratadas, esa es otra reforma que tenemos que emprender en la Constitución para evitar que no se les resten tampoco sus derechos laborales.

De tal manera que necesitamos, en conclusión, dignificar la labor de las policías y, estamos totalmente convencidos que para lograrlo en el marco de la construcción de un estado democrático de derecho y democrático social, la seguridad pública tiene que fortalecerse para evitar que se siga militarizando la seguridad pública porque, como podemos enfatizarlo con toda puntualidad, esa no es la respuesta en un sistema democrático como el de México.

Por tanto proponemos reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la que le pido al señor Presidente sea inscrita de manera integral en el Diario de los Debates.

Ojalá que nos demos tiempo, señoras y señores, a dictaminar esta iniciativa que nos parece es de una gran relevancia y, sobre todo, me parece, yo estoy convencida y mi grupo también, es lo que nos está pidiendo la gente, las personas, las niñas, los niños, las ciudadanas y ciudadanos que hoy, por desgracias, no pueden transitar ni en las calles de sus ciudades, ni de sus poblados, ni de sus comunidades, no pueden transitar con la seguridad que está establecida como un derecho fundamental en nuestra Constitución.

Por lo tanto, hay que corregir lo que tenemos que corregir.

Gracias a todos ustedes por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Sonido en el escaño del Senador Salvador López Brito, ¿con qué objeto Senador?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para solicitarle respetuosamente a la Senadora Angélica de la Peña, si me permite sumarme a esta importante iniciativa, coincidiendo en lo general y en lo particular con las aseveraciones que ha dicho.

Fue un error de esta administración, fue un error de Enrique Peña haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública que tenía ya equipamiento e infraestructura, experiencia y calificación importante para haberle dado continuidad bajo una manera profesional, responsable y con la profesionalidad, pues, de la policía que se estaba preparando, para haberle dado continuidad a la lucha contra la inseguridad en México. Coincido y si me permite sumarme.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador López Brito.

Senadora De la Peña, si usted lo aprueba. El Senador Mario Delgado, ¿con el mismo propósito, señor o desea hacer uso de la voz?

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Si me permite acompañarla en su iniciativa, suscribirla.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, en el mismo sentido se están manifestando el Senador Santana y algunas Senadoras y Senadores. La Senadora De la Peña ha expresado su aquiescencia para ser acompañada su iniciativa por los Senadores que así lo están solicitando. Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de quienes así lo han expresado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En una segunda ronda de iniciativas, corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de medidas para la inclusión financiera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Uno de los propósitos que debemos fijarnos como sociedad es lograr que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y que todos podamos gozar de los mismos derechos.

El primer paso es reconocer que somos diferentes y que cada uno de nosotros enfrentamos retos y circunstancias particulares.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid, con datos de 2014 establecía que aproximadamente 6 por ciento de los habitantes de nuestro país, es decir, 7.1 millones de personas no pueden o tienen mucha dificultad para realizar actividades como: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver, mover, usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse o tienen problemas emocionales o mentales.

Por supuesto que estaremos de acuerdo en que nadie debe quedar rezagado y los derechos con los que contamos deben ser para todas y todos.

En un México que transita por generar igualdad y equidad entre quienes habitamos este país, necesitamos oportunidades que permitan que las personas adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad puedan utilizar cualquier entorno, producto o servicio en el entendido de que son estos últimos los que deben adaptarse a las personas y a sus diferentes necesidades.

Los servicios financieros son un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo económico de la personas, nadie debería quedar excluido y debemos contar con mecanismos para que todos podamos gozar y tener acceso a ellos.

La inclusión financiera empodera a las personas, agranda los mercados y mueve nuestra economía.

Si bien, las entidades que conforman nuestro sistema bancario han logrado, hay que reconocerlo, implementar acciones a favor de la inclusión financiera, también es necesario reforzarlas.

Recordando que México es uno de los 25 países que, junto con el Banco Mundial han priorizado los esfuerzos para alcanzar el acceso financiero universal, fijándose como propósito el año 2020.

Por tanto, el gobierno mexicano ha implementado diferentes acciones para que la población se incluya y reciba beneficios del sistema financiero, por ejemplo, la Política Nacional de Inclusión Financiera facilita el acceso a: cuentas de ahorro, contratación de seguros, obtener un crédito o aprovechar los avances tecnológicos para ampliar los servicios financieros al tiempo de brindar a la población los conocimientos necesarios para hacer uso responsable de estos servicios y, desde luego, busca que todos los mexicanos y mexicanas sin distinción alguna puedan tener acceso al sistema financiero.

Sin embargo, necesitamos reconocer que han quedado desatendidas las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Es por ello que desde el Legislativo podemos y debemos fortalecer las políticas públicas y coadyuvar en beneficio de todos los grupos poblacionales.

Una de las problemáticas medulares que motivan esta iniciativa, que pongo a su consideración, radica en que cuando una persona desea abrir una cuenta de banco, la entidad financiera lo hace mediante un contrato de adhesión que tiene como fin establecer una relación entre la entidad financiera y una persona física de la cual surgen diversos derechos y obligaciones en relación con los servicios que ofrece la institución financiera.

El problema surge cuando el potencial cliente, que desea contratar un servicio es una persona con ceguera o debilidad visual, pues los bancos no cuentan con una versión del contrato en lenguaje Braille u otros medios tecnológicos que permitan su conocimiento, su entendimiento y secrecía y, muchos de estos clientes, pues tampoco pueden ser asistidos por un tercero que les pueda leer las cláusulas del contrato.

La inclusión financiera se trata de hacer más fácil, cómodo y entendible lo que para algunos es difícil y complejo.

La ONU ha referido que los estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad con la finalidad de dotarles de acceso a la información y, por tanto, de la documentación escrita debiendo utilizar el sistema Braille u otras tecnologías.

En este sentido, la Cámara de Senadores debe ser promotora, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de la inclusión de personas con discapacidad en la vida social, democrática y, por supuesto, financiera.

Actualizar la legislación en la materia favorecerá la inclusión de la población mexicana que sufre distintos grados de ceguera o debilidad visual un segmento de la población en la cual se encuentran personas con discapacidad potencial, en el caso de las niñas y los niños que les impide realizar alguna actividad económica en el sistema financiero.

Diseñar un acceso de servicios financieros para todos, radica en la idea de que todos puedan utilizar de igual forma y en cualquier entorno cualquier tipo de productos o servicios.

Esta iniciativa que presento ante ustedes busca garantizar la información y, en su caso, permitir y promover la contratación informada para toda la población con el objetivo de contribuir con dos de los cuatro componentes que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha señalado para la inclusión financiera:

El primero, el acceso ligado a la penetración geográfica.

El segundo, es el uso vinculado a la disponibilidad de mejores productos en términos de calidad y de mayor eficacia.

El tercero, la protección al consumidor.

El cuarto, la educación financiera.

Y esta iniciativa que presento ante ustedes tiene el propósito doble, de acercar los servicios de la banca a las personas con discapacidad visual, protege, iguala y fortalece sus derechos fundamentales.

Actualizar la legislación en la materia, compañeros y compañeras favorecerá la inclusión de la población mexicana que sufre distintos grados de ceguera o debilidad visual, y quiero reiterar aquí que la política debe servir para proponer, para construir, para oponer o criticar, sí, pero siempre con una visión constructiva.

Sólo así, ganaremos un mejor futuro para todas y todos.

Quisiera también exhortar desde aquí a las instituciones financieras y bancarias a que, independientemente de la eventual aprobación de esta iniciativa que hoy presento, adopten todas las medidas que favorezcan la inclusión y que permitan al mayor número de personas acceder a los servicios financieros que ofrecen sin que existan limitantes para ello.

Compañeras y compañeros, les invito a sumarse a esta causa, a sumar más derechos a todos los mexicanos, es nuestra obligación legislar a favor de un país de libertades democráticas para todos.

Todo pues con el anhelo de construir un país más justo e igualitario y, bueno, pues, por eso presento este proyecto de Decreto de reformas a la ley para la transparencia y ordenamiento de servicios financieros que va a favorecer, de ser aprobado por esta Cámara, la inclusión financiera de al menos 30 por ciento de la población en México.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numerales 1, 2 y 5; 169 y 175 del Reglamento del Senado, somete a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inclusión financiera significa que las personas puedan tener acceso a los productos y servicios que se ofrecen en el sistema bancario de cualquier país, considerando que estos tienen que ser asequibles, de calidad y disponibles; en este sentido el acceso a los servicios financieros se entiende como la existencia de medios que permitan hacer uso de los servicios que se ofertan.1

En un México que transita por generar igualdad y equidad entre quienes habitamos el país, se deben propiciar oportunidades que permitan que las personas adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad puedan utilizar cualquier entorno, producto o servicio, en el entendido de que son estos últimos los que deben adaptarse a las personas y a sus diferentes necesidades.2

Si bien las entidades que conforman nuestro sistema bancario, han logrado implementar acciones a favor de la inclusión financiera, las cuales reconocemos, también es necesario reforzarlas, recordando que México es uno de los 25 países que junto con el Banco Mundial, han priorizado los esfuerzos para alcanzar el Acceso Financiero Universal para 2020.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la discapacidad visual puede limitar a las personas en la realización de tareas cotidianas y afectar su calidad de vida, así como sus posibilidades de interacción con el mundo que los rodea” (OMS, 2014). México, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos y de la vigencia, en ese mismo año, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene la obligación de promover, proteger y asegurar los derechos y libertades fundamentales en un marco de respeto, igualdad e inclusión.

Reitero, es responsabilidad de todos, sector público, privado y de la sociedad, incluir a las personas con discapacidad en las actividades cotidianas y que en equidad puedan desarrollarlas en su día a día, lo que implica garantizar que existan políticas y prácticas adecuadas.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) cuyos resultados más actualizados datan de  2014, establecía que en el país residen aproximadamente 120 millones de personas de los cuales 6 por ciento, es decir, 7.1 millones de habitantes no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna  de las siguientes actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.3

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, señaló que el segundo padecimiento más frecuente entre la población con discapacidad en México es el relacionado con la dificultad o limitación para ver (con 27.2%).4

Como lo mencionaba, el gobierno mexicano ha implementado diversas acciones para que la población se incluya y reciba beneficios del sistema financiero; por ejemplo, la Política Nacional de Inclusión Financiera, facilita el acceso a cuentas de ahorro, contratación de seguros, obtener un crédito, o aprovechar los avances tecnológicos para ampliar los servicios financieros, al tiempo de brindar a la población los conocimientos necesarios para hacer uso responsable de estos servicios y desde luego, busca que todos los mexicanos, sin distinción alguna, puedan tener acceso al sistema financiero.  Sin embargo, han quedado desatendidas las personas con discapacidad. Es por ello, que desde el Legislativo debemos fortalecer las políticas públicas y coadyuvar en beneficio de todos los grupos poblacionales.

Una de las problemáticas medulares que han motivado la presente iniciativa, radica en que cuando una persona desea abrir una cuenta de banco, la entidad financiera lo hace por medio de un “Contrato de Adhesión”, que tiene como fin establecer una relación entre una entidad financiera y una persona física de la cual surgen diversos derechos y obligaciones en relación con los servicios que ofrece la institución financiera. Dadas sus características nos encontramos ante un contrato oneroso, donde el cliente se obliga a pagar una cantidad porcentual cierta por la gestión, manejo y diversas operaciones que realice la institución, es bilateral por la relación que obliga a la institución y al contratante. El problema surge cuando el potencial cliente que desea contratar un servicio con determinado banco, es una persona con ceguera o debilidad visual, pues los bancos no cuentan con una versión del contrato en lenguaje Braille u otros medios tecnológicos que permitan su entendimiento y secrecía y los clientes tampoco pueden ser asistidos por un tercero que les pueda leer las cláusulas del contrato.

La magnitud del problema es tal, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se ha pronunciado en pro de las personas con discapacidad, tan es así que en el Artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que los Estados partes tomarán las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones de préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.5

Por su parte, en el ámbito regional, la Convención Interamericana contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo III que los Estados deberán adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas que presenten esta condición y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes o servicios.6

En el mismo sentido, la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las normas uniformes de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, dispone que los Estados deberían adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor consciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución,7 así como alentar a las empresas del sector privado a que incluyan en todos los aspectos de sus actividades, las cuestiones relativas a la discapacidad.

La ONU ha referido que los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad, con la finalidad de dotarles del acceso a la información y por lo tanto de la documentación escrita, debiendo utilizar el sistema Braille u otras tecnologías.8 En este sentido, la Cámara de Senadores debe ser promotora, como lo ha hecho, de la inclusión de personas con discapacidad en la vida social, democrática, y ahora financiera. 

La experiencia en México nos muestra que las Entidades Financieras no cuentan con sistemas en lenguaje Braille que permita a las personas con ceguera o debilidad visual que cumplen con los requisitos para contratar los servicios financieros, tener conocimiento de los derechos y obligaciones que implica su contratación. Actualmente, estas Entidades requieren que el cliente manifieste su consentimiento por escrito, sin ofrecer otras posibilidades. Parte de la propuesta es que este acto se pueda realizar con medios distintos a la escritura, a fin de dotar de igualdad a los clientes, además de cumplir con el propósito y naturaleza de las operaciones que se contraten (crédito, préstamos o financiamiento), pues estamos convencidos de dar cuenta clara de los derechos y obligaciones, sino también la descripción detallada de la operación o servicio, sus características, términos y condiciones.

No somos omisos al reconocer el interés que estas mismas entidades financieras, han mostrado para promover la inclusión de personas con ceguera o debilidad visual, colaborando con las acciones implementadas por el Banco de México, en noviembre de 2012 cuando emitió por primera vez la “tablilla de billetes con caracteres de sistema Braille para personas con discapacidad visual”, la cual permite identificar la denominación de los mismos con facilidad, registró un apoyo decidido para su difusión y distribución por parte de los bancos. Adicionalmente, en 2013, la propia Asociación de Bancos de México A. C., promovió la instalación gradual de cajeros automáticos con sistema Braille que permitan operaciones financieras a personas con algún tipo de debilidad visual.

Como establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los avances tecnológicos pueden ayudar al desarrollo de nuevos modelos de negocio que constituyen alternativas viables para promover la oferta de productos y servicios financieros a fin de favorecer el acceso a la población que pueda ser excluida del sistema financiero.9

Actualizar la legislación en la materia, favorecerá la inclusión de la población mexicana que sufre distintos grados de ceguera o debilidad visual, segmento de población en la cual se encuentran personas con discapacidad potencial (en el caso de las niñas y niños) o actual de realizar alguna actividad económica en el sistema financiero.

Al promoverse el acceso de este segmento de la población a los servicios financieros  que ya se ofrecen, no solo les beneficia como grupo social vulnerable, sino se beneficia la inclusión económica, materializando con ello las políticas financieras impulsadas por el Estado mexicano, todo ello como parte de la política general de promover,  proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, evitando el ejercicio de la discriminación indirecta que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en el empleo de criterios aparentemente neutrales, pero que en la práctica implican una desventaja injustificada para un grupo de personas en particular.10

La iniciativa no va más allá de garantizar la información y en su caso, permitir y promover la contratación informada para toda la población, con el objetivo de contribuir con dos de los cuatro componentes que la CNBV ha señalado para la inclusión financiera: 1) acceso, ligado a la penetración geográfica; 2) uso, vinculado a la disponibilidad de mejores productos en términos de calidad y mayor eficiencia; 3) protección al consumidor y 4) educación financiera.

Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa fue presentada en un primer momento el 11 de diciembre de 2014, siendo desechada sin dictamen previo, el 3 de noviembre de 2016 de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del Reglamento del Senado, por lo que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 72 inciso G) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a la creciente necesidad y compromiso de construir un país mejor y más igualitario, presento ante esta Soberanía el proyecto de decreto con la intención de poner en consideración el análisis y modificación a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para favorecer la inclusión financiera de al menos 30 por ciento de la población en México con ceguera o debilidad visual.

Conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 7 primer párrafo, la fracción II, y el penúltimo párrafo del artículo 11, segundo párrafo del artículo 13, así como la fracción I del artículo 18 Bis, todos ellos de la Ley para la Transparencia  y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 7. Las Entidades deberán contar en sus sucursales o establecimientos con información actualizada relativa a los montos, conceptos y periodicidad de las comisiones en carteles, listas y folletos visibles de forma ostensible y permitir que aquélla se obtenga a través de los medios disponibles, ubicados en dichas sucursales o establecimientos, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad de consultarla gratuitamente, ya sea en medios electrónicos, lenguaje escrito, oral, lengua de señas mexicana, visualización de texto en sistema Braille, comunicación táctil, dispositivos multimedia o auditivos, y cuando cuenten con página electrónica, mantener en ésta dicha información. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante disposiciones de carácter general, especificará lineamientos estandarizados para que la información sea accesible a los clientes.

Artículo 11.

Las disposiciones mencionadas en los párrafos anteriores deberán considerar los aspectos siguientes:

I. …;

II. La utilización de formatos que faciliten la lectura y comprensión del contenido obligacional de los contratos, prevaleciendo la accesibilidad financiera;

II Bis a VIII.

Todo Contrato de Adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español o visualización de texto en sistema Braille y deberá contener la firma o huella digital del Cliente o su consentimiento expreso por los medios electrónicos que al efecto se hayan pactado.

Artículo 13. ...

Los Clientes podrán pactar con las Entidades para que en sustitución de la obligación referida, pueda consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuerde entre ambas partes ya sea en medios electrónicos, lenguaje escrito, oral, visualización de texto en sistema Braille, comunicación táctil, dispositivos multimedia o auditivos.

Artículo 18 Bis.- Tratándose de créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta y créditos personales de liquidez sin garantía real masivamente celebrados, las Entidades documentarán por escrito las referidas operaciones en los formularios que contengan las solicitudes que utilicen para contratar con sus Clientes, en los términos siguientes:

I. En los citados formularios conste que fue hecho del conocimiento del Cliente el contenido del respectivo clausulado por escrito o visualización en sistema Braille, según sea el caso.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios así como las Entidades Financieras y Comerciales dispondrán de un plazo de hasta ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de adecuarse a las disposiciones del mismo.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 Reporte de Inclusión Financiera. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consultado el 22 de enero 2018. Disponible en:
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte
%20de%20Inclusion%20Financiera%201.pdf

2 La accesibilidad fiananciera en los servicios financieros. Las reglas del Diseño para todos. Consultado el 22 de enero de 2018. Disponible en:
http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/finanzas_accesibles_lectura_facil.pdf

3 La discapacidad en México, datos al 2014. INEGI. Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf

4 Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010. INEGI. Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf

5 Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Disponible en:
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

6 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. México ratificó la Convención el 1 de enero de 2001. Disponible en:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html

7 Resolución 48/96 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Artículo 1. Mayor toma de conciencia. Disponible en:
http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf

8 Resolución 48/96 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Artículo 5. Posibilidades de acceso. Disponible en: 
http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf

9 Libro Blanco Inclusión Financiera. Disponible en:
http://www.cnbv.gob.mx/Transparencia/Documents/Libro%20Blanco%20Inclusi%C3%B3n
%20Financiera%202012%20FINAL.pdf

10 Protocolo de Discapacidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de reforzamiento de la protección a zonas arqueológicas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Presentada por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las zonas arqueológicas en nuestro país son, sin duda, un sello de nuestra cultura en el mundo.

México cuenta con más de 2 mil sitios arqueológicos registrados en su territorio, pero sólo 187 están abiertos al público bajo resguardo del INAH los 365 días del año.

Estas zonas arqueológicas son visitadas por millones de mexicanos y extranjeros para admirar la grandeza y majestuosidad de las obras de nuestros antepasados.

De estos sitios, ocho se encuentran en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO; y la Pirámide de Kukulkán, en Chichen Itzá es considerada una de las Siete Maravillas del Mundo moderno.

En nuestro país, año con año, las zonas arqueológicas logran provocar una derrama económica de suma importancia para las regiones donde se encuentran, así, los habitantes de estas ciudades se ven beneficiados por el turismo nacional e internacional.

La protección de las zonas arqueológicas es una tarea importantísima para mantener los centros ceremoniales y obras ancestrales en perfecto estado, lo cual no es una tarea sencilla, pues siempre se encuentra con el riesgo y la posibilidad de que algún visitante pueda dañar o perjudicar el estado de las mismas en cualquier momento.

Los bienes arqueológicos y las zonas donde se encuentran son patrimonio de la nación y cualquier maltrato o violación a ellos se considera como una conducta antijurídica punible.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, regula, entre otras cosas, lo relativo a la conservación y el cuidado de las zonas arqueológicas.

También es un ordenamiento que regula las sanciones a las que serán acreedores todos aquellos que violen los preceptos enunciados como prohibidos por la ley en comento.

La protección de las zonas arqueológicas se expande incluso a la reproducción de imágenes sin autorización de las autoridades, e incluso el uso de cámaras fotográficas profesionales. Sin embargo, el uso de drones no se encuentra regulado dentro de la mencionada ley.

La necesidad de que nuestras leyes se encuentren actualizadas y vayan al ritmo de un mundo globalizado, nos obliga a incluir el tema de los drones dentro de ellas.

Un dron es un vehículo aéreo que vuela sin tripulación. Su nombre deriva del inglés “dron”, que en español significa “abeja macho”.

Existen drones de diversos tamaños y con diferentes finalidades, donde la principal característica es que su vuelvo es dirigido a control remoto.

Sin embargo, también existen los que son conducidos mediante la intervención de un sistema operativo y no de manera directa por un piloto desde tierra.

De lo anterior, deriva la necesidad de regular el uso de los drones para las zonas arqueológicas, toda vez que al ser zonas federales protegidas, la utilización de drones dentro de ellas, deben de ser autorizadas por las autoridades correspondientes, puesto que el uso de drones podrían causar daños a los monumentos históricos, o incluso, en un plano de mayor protección podrían ser conducto de espionaje o utilizados con intenciones de afectar los bienes nacionales.

El Capítulo VI de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, regula lo relativo a las sanciones para aquellos que incumplen con lo enunciado en dichos artículos. Sin embargo, no se encuentra regulado el uso de drones dentro de las zonas arqueológicas.

Por lo tanto, se propone la creación del artículo 54 Bis en dicha ley, que establece que para poder sobrevolar alguna zona arqueológica se requerirá la autorización expresa de las autoridades del lugar, para así vigilar e inspeccionar que el sobrevuelo no dañe ningún objeto, ni construcción de la zona arqueológica. En caso de incumplir con este artículo, se podrá imponer prisión de 3 a 10 años, y de 2 mil a 5 mil días multa. Es importante mencionar que la penalización es homologada a las demás que prevé esta ley.

De esta forma se consolidaría la protección a las zonas arqueológicas a un plano mayor, puesto que si bien, en muchas ocasiones el sobrevuelo de los drones, dentro de ellas, tienen fines recreativos o no comerciales, también podrían tener fines ilícitos, por lo que se estima necesario que las autoridades competentes autoricen y supervisen el uso de dichos instrumentos para garantizar la protección de los bienes de la nación.

Por otro lado, entre el catálogo de conductas señaladas en el Capítulo VI de la ley, no se contempla sanción alguna para todo aquel que ingrese o trate de ingresar a las zonas arqueológicas fuera de los horarios permitidos o sin autorización expresa de las autoridades correspondientes, por lo que se propone la creación del artículo 54 Ter, con la finalidad de establecer una sanción para aquellos que caigan en ese supuesto.

Al ser una ley destinada a la conservación y el cuidado de las zonas arqueológicas, no se encuentra regulada sanción alguna por ingresar o tratar de ingresar fuera de los horarios permitidos, lo cual es sumamente importante.

La finalidad de ambas propuestas es la protección a los bienes de la nación que son considerados como tesoros de las culturas prehispánicas que se establecieron en el territorio nacional y aportaron, además de conocimientos astrológicos, inventos y tradiciones.

Un sello arquitectónico en la historia con las construcciones de los centros ceremoniales, que además de atraer al turismo nacional e internacional, generan empleos para antropólogos, historiadores, arquitectos, ingenieros y demás profesionistas que se encargan del mantenimiento, cuidado y estudio de los bienes arqueológicos.

La aprobación de este proyecto sería un avance para la protección de las zonas arqueológicas de nuestro país, que además fortalecerán el cuidado de las mismas garantizando que las conductas que se encuentren contrarias a la ley, serán objeto de sanción.

Es menester de la autoridad actuar con la fuerza del Estado para garantizar que los bienes nacionales conserven su buen estado y puedan seguir siendo un tesoro para nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores, pido a ustedes que seamos parte de esta iniciativa.

Que de aprobarse y llevarse estos artículos a la ley, crearíamos dos herramientas protectoras de las zonas arqueológicas, que sin duda colaborarán a mantener, además del orden dentro de ellas, el buen estado de las mismas, y así perdurar muchos años más.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Guzmán Avilés. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senado de la República se complace en extender su beneplácito y la más cordial de las bienvenidas al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que esta mañana nos honra con su presencia.

¡Bienvenido, Senador, señor Gobernador!

El Gobernador García Cabeza de Vaca está realizando una acción muy loable por los niños del estado de Tamaulipas, y estará pasando él y su equipo a las oficinas de los señores Senadores para solicitar nuestro apoyo, nuestra cooperación, para favorecer la causa noble de los niños tamaulipecos.

¡Bienvenido, señor Gobernador García Cabeza de Vaca, al Senado de la República, su casa!






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en materia de contratación electrónica de seguros.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI AL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a efecto de que bancos y aseguradoras garanticen un mayor respaldo y certeza a los usuarios cuando lleven a cabo algún contrato de operaciones o servicios por medios electrónicos.

Para esto se propone reformar el artículo 214 y añadir las fracciones V y VI para que en los contratos respectivos se establezcan el tiempo, modo y forma en donde el cliente acepte la ejecución o contratación del servicio u operación.

Además, se contempla un periodo de espera de al menos 90 días naturales sin penalización económica o administrativa para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos.

Esta es una propuesta que surge de la inquietud de usuarios de tarjetas de crédito y débito, mismas que desde hace algún tiempo reciben llamadas telefónicas de distintas empresas que ofrecen sus productos y servicios con el objetivo de lograr una venta.

Esta situación los ha puesto en peligro a causa de las peculiares formas de engaño que provienen de estos promotores que inducen la contratación de servicios adicionales sin conocimiento y consentimiento pleno.

Frente a este tipo de actuaciones dolosas, la Condusef ha alertado su modo de operación de la siguiente manera:

1.- Una persona o promotor de servicio se comunica vía telefónica y ofrece al cliente no pagar la anualidad de la tarjeta de crédito, sí acepta contratar un seguro por tres meses, el cual, posteriormente, puede cancelarse, aunque en realidad es casi imposible darlo de baja, además de que siguen cobrando la anualidad en la tarjeta de crédito.

2.- Vía telefónica un promotor señala que la tarjeta salió premiada con un seguro completamente gratis, para esto solicitan datos para enviar la información del seguro y en los estados de cuenta posteriores, aparecen ya cargos de este seguro, supuestamente contratado.

3.- Vía telefónica nos dicen que por un solo pago se otorgará una póliza de seguro que en la realidad, cada mes es cargada una prima.

4.- En los cajeros automáticos entre una pantalla y otra, aparece la opción de contratar un seguro y muchas veces sin querer el usuario aprieta el botón equivocado, dando en aceptar y de forma inmediata hacen un cargo a la cuenta, a la tarjeta de crédito para cubrir la mensualidad de un supuesto seguro.

Como vemos, ante una práctica deshonesta e ilegal que desde hace algunos años ha elevado el número de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los últimos 5 años, las reclamaciones presentadas por este tipo de casos ascienden a 33 mil 623, es decir, un promedio de 6 mil 725 inconformidades al año, casi una por hora.

Uno. En consecuencia debemos fortalecer los alcances de nuestra legislación, pues actualmente en términos del artículo 214 de la ley en comento, en los contratos celebrados por medios electrónicos, únicamente se establecen bases mínimas que comprenden el señalamiento de operaciones y servicio cuya prestación se pacte.

Dos. Los medios de identificación del usuario así como las responsabilidades del uso.

Tres. Los medios que hagan constar la creación, transmisión, modificaciones o exención de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.

Cuatro. Los mecanismos de confirmación de la realización de las operaciones celebradas a través de cualquier medio electrónico.

Si bien, las reformas en materia financiera de los últimos años han aumentado de 65 al 129, las facultades de la Condusef y ha aumentado su capacidad de supervisión a entidades financieras y sectoriales, es necesario generar cambios que fortalezcan al usuario, llegando de manera efectiva a la población de sus ingresos bajo resguardo de las instituciones bancarias.

A causa de estos problemas recientemente, la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros acordaron un protocolo comercial para la venta de seguros a través de tele mercadeo en donde establecieron el cumplimiento de un protocolo de reglas mínimas.

Pese a esto, las denuncias continúan a la alza, situación que es inadmisible, pues con una simple llamada telefónica o un error en el cajero, los usuarios nos vemos expuestos a tantos problemas, no obstante que en muchos casos manifestamos la negativa a recibir este tipo de servicios de seguros.

Hoy casos documentados en que se toma el consentimiento de quien conteste el teléfono, así sea un menor de edad o alguna persona extraña a la familia, llegando a existir denuncias por contrataciones que supuestamente hicieron personas que llevan años fallecidos.

Esto es increíble e inaudito, pues además de los graves problemas que enfrenta el país de desempleo, violencia, delincuencia organizada, pobreza extrema, inseguridad y corrupción, ahora tenemos que vivir padeciendo situaciones como esta que sin duda nos indignan y generan un clima de desconfianza e incertidumbre, sobre todo impotencia hacia nuestras instituciones.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI V AL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene como objetivo fortalecer la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas a efecto de que bancos y aseguradoras garanticen un mayor respaldo y certeza a los usuarios cuando lleven a cabo algún pacto o contrato de operaciones o servicios por medios electrónicos.

Para esto, se propone reformar el artículo 214 y añadir las fracciones V y VI para que en los contratos respectivos se establezca el tiempo, modo y forma en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o contratación del servicio u operación; y un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin penalización económica o administrativa, para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos.

Esta es una propuesta que surge de la inquietud por parte de usuarios de tarjetas de crédito y débito; mismos que desde hace algún tiempo reciben llamadas telefónicas de distintas empresas que ofrecen sus productos y servicios con el objetivo de lograr una venta. Dicha situación hoy tiene expuestos a miles de usuarios a peculiares formas de engaño que provienen tanto de promotores como de las mismas instituciones bancarias que les hacen contratar servicios adicionales sin su consentimiento.

Frente a esta tipo de actuaciones que a todas luces son dolosas, la CONDUSEF ha alertado su modo de operación de la siguiente manera:

1. Una persona o promotor del servicio se comunica vía telefónica y ofrece al cliente no pagar la anualidad de la tarjeta de crédito, si acepta contratar un seguro por tres meses, el cual posteriormente puede cancelarse, aunque en la realidad es casi imposible darlo de baja, además de que siguen cobrando la anualidad de la tarjeta.

2. Vía telefónica un promotor señala que la tarjeta salió premiada con un seguro completamente gratis. Para esto solicitan datos para enviar la información del seguro, y en los estados de cuenta posteriores aparecen cargos por el seguro.

3. Vía telefónica dicen que por un sólo pago se otorgará una póliza de seguro, pero en la realidad cada mes es cargada una prima.

4. En los cajeros automáticos, entre una pantalla y otra aparece la opción de contratar un seguro y muchas veces sin querer, el usuario aprieta el botón equivocado dando en aceptar y de forma inmediata hacen un cargo a la cuenta o tarjeta de crédito, para cubrir la mensualidad del seguro.

Como vemos, estamos ante una práctica deshonesta e ilegal que desde hace algunos años ha venido elevando el número que quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de usuarios de Servicios Financieros, en los últimos 5 años las reclamaciones presentadas por los usuarios ascendieron a 33 mil 623, es decir un promedio de 6 mil 725 inconformidades al año, casí una por hora.

En consecuencia, debemos fortalecer los alcances de dicha institución, actualmente en términos del artículo 214 en los contratos únicamente se establecen bases mínimas para este tipo de operaciones tales como las siguientes:

1. Operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

2. Medios de identificación del usuario, así? como las responsabilidades correspondientes a su uso, tanto para las Instituciones como para los usuarios;

3. Medios que hagan constar la creación, transmisión, modificaciones o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate, incluyendo los métodos de autenticación tales como contraseñas o claves de acceso, y

4. Los mecanismos de confirmación de la realización de las operaciones celebradas a través de cualquier medio electrónico.

Como vemos es clara la necesidad de fortalecer los términos de esta disposición, las reformas en materia financiera de los últimos años han aumentado de 65 a 129 las facultades de la CONDUSEF, además de aumentar su capacidad de supervisión a entidades financieras y sectoriales, sin embargo hacen falta más cambios que favorezcan al usuario llegando de manera efectiva a la protección de sus ingresos.

Recientemente la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) acordaron un protocolo comercial para venta de seguros a través de telemercadeo en donde deben cumplirse las siguientes reglas:

1. El promotor debe identificarse y dar la razón social de la compañía

2. Aclarar, desde el principio, que se trata de una venta, no de un regalo.

3. No debe engañar o condicionar la operación a la compra de otro instrumento financiero.

4. Debe describir el nombre del seguro, riesgos que cubre y exclusiones.

5. Especificar el costo anual y formas de pago.

6. Informar el número de póliza o folio que formaliza el contrato.

7. Proporcionar información de contacto en caso de siniestro.

8. Señalar la forma en que hará llegar la póliza y las formas de validar sus beneficios.

9. Especificar el procedimiento de cancelación del seguro.

Pese a esto, las denuncias por este tipo de actos continúan al alza, situación que es inadmisible pues con una simple llamada telefónica o un error en el cajero los usuarios nos vemos expuestos a tantos problemas no obstante que en muchos casos manifestamos la negativa a recibir este tipo de servicios; se han documentado casos en que se toma el consentimiento de quien conteste el teléfono así sea un menor o alguna persona ajena a la familia; llegando a existir denuncias por contrataciones que supuestamente hicieron personas que llevan años fallecidas.

No podemos permitir que en nuestro país cualquier persona, incluidos los fallecidos, sin autorización se vea obligado a celebrar un contrato, estemos o no de acuerdo, estemos o no enterados.

Esto es increíble e inaudito pues además de los graves problemas que enfrenta el país de desempleo, violencia, delincuencia organizada, pobreza extrema, inseguridad, corrupción, etcétera, tengamos que que vivir padeciendo situaciones como esta que sin duda nos indignan y generan un clima de desconfianza e incertidumbre hacia nuestras instituciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

PROPUESTA DE ADICIÓN

ARTI?CULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

 

I. hasta IV. (…);

 

 

 

 

 

ARTI?CULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, siempre y cuando pueda avalarse el consentimiento expreso del cliente para su ejecución o contratación y establezca en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:
I. hasta IV. (…);

V. El tiempo, modo y forma en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o contratación del servicio u operación; y

VI. Un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin penalización económica o administrativa alguna, para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONAN las fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para quedar de la forma siguiente:

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

ARTI?CULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, siempre y cuando pueda avalarse el consentimiento expreso del cliente para su ejecución o contratación y establezca en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. hasta IV. (…);

VI. El tiempo, modo y forma en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o contratación del servicio u operación; y

VII. Un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin penalización económica o administrativa alguna, para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, en materia de requisitos para integrar la Junta de Gobierno del Inegi.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco)

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Como todas y todos sabemos, este sexenio no ha sido precisamente el de la consolidación profesional de las instituciones del Estado mexicano, ni tampoco se ha caracterizado por su transparencia y pertinencia en la designaciones de cargos públicos y que vistas estas designaciones, ya en una perspectiva de seis años, lo que sí se ha generado es una serie de amplios cuestionamientos al Poder Ejecutivo, el debilitamiento mismo del Estado mexicano y de sus instituciones.

En este sexenio no se ha logrado construir una ética pública, una axiología de servidores públicos que haya dejado en la sociedad mexicana, la certeza de que el poder público se está reformando para salir del fango histórico en el que nos encontramos.

A esta ausencia vergonzosa de una ética pública cuyas consecuencias debían haber sido las designaciones de funcionarios con trayectoria impecable, incuestionable, se le suman el propio crecimiento económico, la inseguridad, la impunidad y más corrupción. No se castiga, no se denuncia, no hay sanciones para quien comete delitos, somos un país que se distingue por esta impunidad generalizada y señalada como a nivel nacional como internacional; y esto también tiene que ver con la ambigüedad de ciertas leyes, de sus vacíos, así como con el incumplimiento de estas mismas leyes o de su interpretación a modo para imponer perfiles a ciertos cargos públicos que en ningún caso serían los idóneos.

La reforma que hoy proponemos y que modifica la fracción III, adicionando una fracción IV al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la intención de darle certidumbre a la designación de las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Inegi al señalar que uno de los requisitos para aspirar a este cargo será el de no presentar conflicto de interés alguno.

Yo los convoco a que esta Legislatura deje un legado mínimo de transparencia y certeza que sirva para construir esa ética política que tanto exige y necesita el pueblo de México.

Esta reforma apunta en ese sentido, convoca a fortalecer a los diferentes institutos descentralizados o con autonomía técnica y de gestión, no dando lugar a la imposición de perfiles políticos o con intereses privados, que además no siempre cumplen con los otros requisitos de elegibilidad en áreas de la función pública que competen a la viabilidad misma del Estado mexicano, a su credibilidad y pertinencia para atender los asuntos más complejos que enfrenta el país.

La desafortunada experiencia que hemos vivido en esta Cámara no se debe repetir y mucho menos podemos dejar el vacío en la ley que pueda ocasionar esta ambigüedad que generan procesos de designación de dudosa pertinencia, llegando, incluso, a las denuncias públicas por la falsedad de datos curriculares a denunciar la falta de preparación y experiencia laboral e incumplimiento de los requisitos legales hasta las peticiones presentadas por académicos y la sociedad civil organizada a la Presidencia de la República y al Senado, y que exigían se cumplieran los criterios de elegibilidad, y sobre todo, que la ciudadana o ciudadano que llegar a ocupar una silla en la junta del Inegi debería de contar con una trayectoria idónea que el perfil para este tipo de funciones fuera tanto impecable como más allá de toda duda en su profesionalismo, capacidad técnica y compromiso institucional sin conflicto alguno de intereses y bajo el imperativo de una ética pública.

Estamos en el último tramo de un sexenio sumamente complicado, difícil para todos y todas las mexicanas y los mexicanos y con las instituciones del Estado en una situación lamentable con muy baja credibilidad, todavía sin esa ética pública que se necesita para rescatar al Estado mexicano de las garras de la impunidad y la corrupción.

Por eso cuando hablamos del Inegi debemos mencionar y hacer consciente su importancia en la vida económica y social del país, ya que es en este instituto donde se generan las estadísticas más importantes para la toma de decisiones que dependen tanto de su calidad como de su pertinencia y que deben estar más allá de todo interés privado o partidista, ya que son estratégicas en el desarrollo mismo del país muchas decisiones de orden económico y social se toman a partir de la labor y del valiosísimo trabajo del Inegi.

Como sabemos, la Junta de Gobierno del Inegi define y decide qué información es de interés nacional, además de que aprueba la normatividad interna y los planes y programas de trabajo de ese instituto.

Debemos evitar que los procesos de deliberación y designación de integrantes de la Junta de Gobierno del Inegi se vicien, por el contrario, deben contar con una ley clara y nada ambigua que permita inmediatamente encauzar las designaciones desde el inicio del proceso hacia perfiles incuestionables, impecables y elegibles, con pesos y contrapesos que frenen inmediatamente actos ilegítimos e ilegales.

Estoy convencido de que es necesario fortalecer los requisitos que deben reunir un aspirante a ser nombrado como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi, y que debemos actualizar la terminología de sus figuras jurídicas en la ley que rige a esta institución, esto para evitar que situaciones lamentables se repitan en nombramientos futuros.

Por tal motivo, hago la propuesta de adicionar, entre otros, un requisito de ilegibilidad que exprese enfáticamente no presentar ningún conflicto de intereses en lo que se refiere al perfil propuesto para integrar la Junta de Gobierno del Inegi, lo cual debe adicionarse al marco jurídico que rige este instituto, pues esta incidencia puede ser trascendental para favorecer a un interés particular o privado para que participe de manera ilegítima en las tareas sustantivas del Inegi, y con ello poner en riesgo la calidad y credibilidad de los datos presentados de manera pública.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe fortalecer la autonomía y calidad para recopilar, procesar, difundir información de vital importancia para todas y todos los mexicanos, es una fuente de información e interpretación de primer orden en la elaboración de políticas públicas y programas de gobierno, en la planeación económica social, así como en la misma toma de decisiones, una herramienta invaluable para académicos, investigadores e instituciones nacionales e internacionales, así como la vida de todas y todos los mexicanos.

El Inegi es uno de los grandes soportes en la modernización y democratización del país, lo mínimo que podemos hacer al final de este sexenio es darle certeza a su ley para que los perfiles de las y los ciudadanos que aspiren legítimamente a integrar su Junta de Gobierno sean las de las mexicanas y los mexicanos absolutamente idóneos e intachables en su trayectoria y acciones de orden público.
Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y de Desarrollo; y de Estudios Legislativos.






El siguiente asunto en nuestra agenda, es la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. constitucional, en materia de interés superior de la niñez. Les informo que la primera lectura de este dictamen ocurrió el 13 de diciembre pasado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DÉCIMO AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Honorable Asamblea:

Conforme a nuestras disposiciones reglamentarias hago uso de esta tribuna, para presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, en torno a la minuta con proyecto de Decreto que propone reforma al Apartado B del artículo 102 constitucional, para confiar a los organismos nacionales y locales de protección de los derechos humanos, el deber de vigilar por el respeto y cumplimiento del principio de interés superior de la niñez por parte de las autoridades del país.

Dejo constancia del reconocimiento al trabajo de los integrantes de las comisiones dictaminadoras y, desde luego, de la Senadora María Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Por las razones que ahora expondré, el dictamen en cuestión propone modificar la minuta aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y devolverla a ese órgano, para que como Cámara de origen valore y considere las adecuaciones que se plantean, por supuesto, sujetas a la determinación de esta Honorable Asamblea Senatorial.

Nos encontramos, así lo pensamos los integrantes de las comisiones dictaminadoras, ante un tema en cuya esencia y fondo coincidimos, la salvaguarda del principio del interés superior de la niñez en la actuación de las autoridades del país.

Sin embargo, planteamos a ustedes una proposición distinta a la aprobada por la Colegisladora.

En la Cámara de origen se determinó a partir de un proyecto para adicionar el artículo 4o. constitucional, donde se encuentra plasmado el principio del interés superior de la niñez, que la modificación propuesta se llevara al Apartado B del artículo 102 constitucional, donde se norman los organismos constitucionales autónomos de protección a los derechos humanos, para conferirles el mandato de vigilar que las autoridades de la Federación y de las entidades federativas, desempeñen sus funciones con pleno respeto al principio del interés superior de la niñez y adolescentes, sin demérito de las facultades de los organismos especializados en los asuntos de la niñez.

Como ustedes conocen, el párrafo noveno vigente del artículo 4o. constitucional, da cabida al principio del interés superior de la niñez para normar la actuación del Estado mexicano.

Dicho principio se encuentra plasmado en el párrafo 1, del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculante para nuestro país, a partir del 21 de octubre de 1990, al señalar lo siguiente:

"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

De conformidad con la sistemática de la concepción de los derechos humanos en nuestro país, a partir de la reforma constitucional y en la materia de 2011, cobró un nuevo significado la dimensión de la responsabilidad de toda autoridad en la esfera de sus facultades con el imperio efectivo de las libertades y derechos fundamentales.

En efecto, el párrafo tercero del artículo 1o. de nuestra norma suprema, señala:

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

Saben, señor Presidente, se trata no de su servidor, se trata de la Constitución, se trata de la Constitución y de la niñez, ojalá el Pleno nos pudiera dar un segundito.

A la luz de la disposición del instrumento internacional citado y del texto del artículo 1o. constitucional, que sustentan el deber jurídico de que toda autoridad promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos, las comisiones dictaminadoras estimamos que la adición propuesta al Apartado B del 102 constitucional, seguramente en forma involuntaria, puede llevar implícitamente a una hipótesis posiblemente insuficiente para el principio de interés superior de la niñez.

Así, al señalar una competencia específica para los organismos de protección de los derechos humanos en materia de vigilancia sobre la salvaguarda y promoción del principio mencionado, cuando su competencia en torno a la promoción y vigencia de los derechos humanos es omnicomprensiva…

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador, le suplico me disculpe un segundo.

Solicito respetuosamente a las Senadoras y los Senadores guardar el debido respeto y silencio para escuchar al Senador en uso de la tribuna.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente.

En este orden de ideas, es que las comisiones unidas que estudiamos la minuta en cuestión, proponemos retomar el espíritu de lo discutido y votado en la Cámara de origen para proponer que se adicione un nuevo párrafo décimo al artículo 4o. constitucional que elucide en forma indubitable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán salvaguardar el cumplimiento del principio de interés superior de la niñez.

En otras palabras, que es una obligación de toda autoridad en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, y que los organismos nacional y locales de protección a los derechos humanos, tienen como hasta ahora la competencia para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos por el orden jurídico nacional, que incluye la aplicación irrestricta del interés superior de la niñez en su atención y cumplimiento.

Apreciables Senadoras y Senadores, con fundamento en las razones expuestas, solicitamos su voto favorable a esta propuesta.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Enrique Burgos.

Está a discusión en lo general. Informo a esta Soberanía que se han registrado para participar en la discusión en lo general, en el siguiente orden, los Senadores que mencionaré: el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido del Trabajo, para hablar a favor; el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro; la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido del Trabajo, para hablar a favor y el Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, para hablar a favor.

Han solicitado también ser registradas, y con mucho gusto quedan incluidas en la relación, la Senadora Angélica de la Peña Gómez y la Senadora Ainara Rementería Coello, del Partido Revolucionario Institucional, ambas para hablar a favor.

Quiero informar a la Asamblea que se recibió en la Mesa Directiva del Senador Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su intervención para presentar el dictamen en comento, mismo que será íntegramente incorporado al Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Tiene el uso de la palabra el Senador Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Cuando se hace una adición como esta, aunque sea enunciativa, la celebramos y la vamos a votar a favor, por supuesto, pero es importantísimo que el Senado de la República, a partir del poder que ostenta, haga ya compromisos serios para atender las urgencias de lo más hermoso que tiene un país, que son sus niñas, que son sus niños y que son sus adolescentes.

Qué dice la adición: "Corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez".

Y la pregunta que le hago a mis compañeros Senadores y a mis compañeras Senadoras, ¿con qué?, ese es el problema, ¿con qué?

Cuando hablamos del interés superior de la niñez, nos tenemos que remitir a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y vamos a encontrar ahí una lista de sus derechos. Dos que voy a tratar en este momento:

Uno, el derecho a la alimentación y que va engarzado con el derecho a la educación.

Aquí cuando se discutió la reforma educativa más de uno vino a desgañitarse, a decir que la reforma educativa que estaba planteando el ciudadano Presidente Peña Nieto resolvería los problemas de la calidad educativa en México que, por fin, nos pondríamos en materia educativa en los niveles de Finlandia y que las situaciones que impedían que lográramos calidad educativa iban a ser superados por esa reforma.

Como siempre, mintieron y lo más grave para ustedes es que el pueblo, el magisterio no cayó en sus mentiras y hoy, algunos años de distancia, es contundente el rechazo del pueblo de México a esa reforma educativa, y es contundente el rechazo de México a quienes la impulsaron, al PRI, al PAN, al Partido Verde Ecologista de México.

El tema de la alimentación, ¿cuál es la realidad espantosa de este país? 70 millones de pobres, más de la mitad, es decir, 35 millones de pobres en pobreza alimentaria; es decir, están haciendo, cuando mucho, una comida al día. De esos 35 millones, el 30 por ciento son niños, es decir, más de 11 millones de estos infantes están haciendo, cuando mucho, una comida al día.

El derecho fundamental de cualquier ser humano, según los sociólogos, y uno de ellos Abraham Maslow plantea que el derecho a la alimentación tiene que ejercerse porque es la primera necesidad que tiene que cubrir un ser humano para poder sobrevivir y entonces desarrollar y aspirar a cubrir sus otras necesidades.

He escuchado algunos debates de los políticos que están en campaña con los candidatos aspirantes o los precandidatos aspirantes a la Presidencia de la República, y llama mucho la atención que el coordinador de la campaña del PRI, Aurelio Nuño, ex Secretario de Educación Pública, insiste en una aberración, insiste en una sinrazón, dice "que los niños de este país su prioridad es aprender inglés porque tenemos de vecino a Estados Unidos".

Yo le digo desde aquí al señor Nuño, que se remita a cuáles son las necesidades más elementales de los seres humanos, y va a encontrar que la primera es la alimentación.

Imposible que haya calidad educativa si no alimentamos a los niños, la primera clase que debe de tener un niño, y que se impulsa en el estado social democrático y de derecho, que es el proyecto alternativo de nación que impulsamos, debe ser el aprendizaje de las buenas costumbres para la alimentación, pero de manera práctica, no en teoría.

Por eso, esta adición, ¿esta adición es buena? Sí, sí es buena porque dice que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que salvaguardar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y que tienen que poner por encima el principio del interés superior de la niñez.

Compañeras y compañeros, ¿Aurelio Nuño qué hizo?, ¿Chuayffet qué hizo?, ¿Peña Nieto qué ha hecho para salvaguardar el derecho a la alimentación de los niños y las niñas de México?

Cuando revisamos el tema de las escuelas de tiempo completo, y en ese informe, en el último que nos pasaron, 3 millones de niños son atendidos por las escuelas de tiempo completo en materia de la ingesta, pero 23 millones de niños están excluidos de las escuelas de tiempo completo.

Miente, quien sostiene que el gobierno de la República salvaguarda el interés superior de la niñez.

¿Es su obligación? Sí es su obligación, pero la violencia institucional está desatada en contra de nuestros niños porque no se salvaguarda absolutamente nada.

Y miente, por eso lo revuelcan cada rato al señor Nuño, porque evidentemente tiene una ignorancia supina en materia de educación.

¿Cómo vamos a lograr la calidad de la educación?

Uno, y con esto concluyo, señor Presidente, no se me desespere.

Uno, dándole de comer a los niños alimentos sanos, nutritivos y suficientes antes de enfrentar al profesor, por eso la primera clase debe de ser aprendizaje de las buenas costumbres para la alimentación.

Dos, tenemos que mejorar la infraestructura educativa de las escuelas. En el caso de Morelos más del 70 por ciento de la infraestructura educativa todavía está devastada, y más del 50 por ciento de los niños morelenses todavía no van a clases porque la infraestructura educativa está hecha un desastre.

Tres, se tiene que mejorar el equipamiento de las escuelas, lo dice la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los equipos que tienen las escuelas son arcaicos, y si alguno de ustedes visita escuelas me darán la razón contundente.

Decía un compañero del PRI, el compañero Yunes, de Veracruz, cuando yo decía que en la escuela donde yo estudié los equipos eran de 1970, y le dijo a Nuño en ese entonces: "Oiga, ciudadano Secretario, esa ya no debería de ser una escuela, debería de ser un museo de la tecnología, de la vieja tecnología".

Por eso estamos de acuerdo en el enunciado, que los tres niveles de gobierno salvaguarden el interés superior de la niñez, de las niñas, los niños y los adolescentes, donde no estamos de acuerdo porque se convierte en demagogia este tipo de enunciados, es que no se le ponga un solo peso para que ese derecho se garantice.

Las niñas, los niños y los adolescentes son lo más hermoso que tiene un país, por eso este Senado ya se debe de dejar de enunciados y debe de hacer compromisos concretos con ellos si queremos que México verdaderamente tenga desarrollo.

Por su atención, muchas gracias.

Y a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En uso de la tribuna el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Gracias. Con su permiso, señor Presidente, Octavio Pedroza Gaitán, Senador por el estado libre y soberano de San Luis Potosí.

Vengo a fijar mi posicionamiento a favor, como parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en torno al proyecto de dictamen que está a nuestra consideración y que tiene como finalidad adicionar un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer expresamente la obligación de los tres órdenes de gobierno, de salvaguardar el cumplimiento del principio de interés superior de la niñez. Una obligación de todos, pero que encabezan los gobiernos municipales, estatales y federal como los responsables de velar por el respeto del estado de derecho.

Reconozco el trabajo que están realizando las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que encabeza la Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez, por supuesto también, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta reforma legislativa viene a consolidar la adición que aprobamos a este artículo en el 2011 cuando se incorporó el principio superior de la niñez y la obligación de preservarlo a través de todas las decisiones y actuaciones del Estado, así como de la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizada en 2014, basada en un diseño de reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos en la creación de mecanismos para asegurar que éstos sean respetados y en el establecimiento de políticas para atender y proteger a los menores de edad.

Con la reforma que estoy seguro hoy aprobaremos, estaremos avanzando en el objetivo de contar con una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho e incorpora criterios rectores para garantizar su desarrollo integral y ejercicio pleno de sus derechos, es decir, para garantizar el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes.

Compañeras y compañeros Senadoras, en Acción Nacional, desde su fundación, concebimos la política como una actividad humana indispensable y superior, no como oportunidad de dominio sobre los demás, sino como capacidad y obligación de servir a la personas, de servir a la comunidad, de respetar la dignidad de las personas, pero sobre todo de los menores, de las niñas y los niños y los adolescentes.

Hoy nos congratulamos de poder seguir sirviendo a nuestros niños y niñas de México.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Daniel Ávila Ruiz.

Hace uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna, de manera breve, para manifestar mi apoyo al presente dictamen, pues lo considero un paso importante para garantizar la protección integral a los derechos de nuestra infancia.

Y esto, sobre todo, a causa del grave clima de inseguridad que atraviesa nuestro país, mismo que ha ocasionado que en los últimos años conozcamos en medios de comunicación sobre casos concretos de violación al interés superior de los menores.

Esta es una situación que vale la pena enunciar brevemente para reflexionar en los alcances e incidencias que podemos tener en este dictamen.

Primero, el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que nuestro país tiene el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de 14 años.

Segundo, a esto debemos agregar que el clima de violencia e inseguridad está dejando a muchos niños y niñas sin familia y al desamparo en las calles.

Tercero, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que en los últimos años la violencia contra niñas adolescentes se ha recrudecido sin que éstos sean investigados adecuadamente y tampoco visibilizados y mucho menos sancionados.

Cuarto, a causa de distintos factores sociales tenemos un saldo de más de 6 millones 800 mil niñas adolescentes de entre 12 y 17 años de edad contrayendo matrimonio o viviendo en concubinato.

Y quinto, el conjunto de organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el mes pasado señaló que nuestro país son asesinados tres niños al día.

Estos son los problemas inadmisibles que nos llaman a cuestionar fuertemente la responsabilidad y actuación de todos como sociedad, y muy especialmente el de la autoridad encargada para ello.

Como vemos, nuestros infantes y adolescentes están siendo víctimas directas del grave clima de inseguridad por el que atraviesa nuestro país, y como Estado tenemos la necesidad de trabajar para que la autoridad vigile de manera puntual el cumplimiento de sus derechos.

De acuerdo con la organización Red por los Derechos de la Infancia, el concepto de interés superior del niño involucra funciones específicas en los siguientes puntos:

La autoridad debe de ayudar a las interpretaciones jurídicas para reconocer el carácter integral de los derechos de nuestra infancia.

Las políticas públicas deben dar prioridad a la niñez.

Los derechos de la niñez deben prevalecer sobre otros intereses cuando estén en conflicto.

Deben orientar a los padres y al Estado a que sus funciones que les son relativas tengan como objetivo la protección y desarrollo de la autonomía del niño.

En suma, con el presente dictamen, estos elementos adquieren un carácter fundamental hacia los distintos niveles e instituciones de gobierno.

En consecuencia, les reitero mi postura a favor al tiempo que felicito el trabajo de mis compañeras y compañeros Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Corresponde el turno del uso de la tribuna, para hablar a favor, al Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo.

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios bajo los cuales deben de respetarse, protegerse y garantizarse los derechos humanos en México. Entre éstos, se encuentra el principio de progresividad que debe de caracterizar a dichas garantías.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asevera que dicho principio implica tanto la gradualidad como su progreso.

Por un lado, la Corte ha establecido que la gradualidad se refiere al hecho de que la efectividad de estas prerrogativas no se obtiene de manera inmediata, sino que supone el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado, en cuanto al progreso, implica que el disfrute de estos derechos siempre deben mejorar y se relacionan con la prohibición de regresividad, así como con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva.

Bajo este argumento, la presente minuta pretende atender el principio enaltecido en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, la propuesta hecha a esta Soberanía por parte de la Colegisladora busca ampliar el alcance de protección de los derechos humanos estableciendo la obligación explícita para las autoridades de los tres órdenes de gobierno de respetar y salvaguardar el principio de interés superior de la niñez.

De acuerdo a las consideraciones que acompañan a la presente minuta, la necesidad de hacer esta precisión explícita en el texto constitucional, surge de la realidad que vive el país, la que acredita que todavía estamos distantes de alcanzar los objetivos deseados en materia de desarrollo de la infancia, pues no se han logrado ejecutar con éxito las disposiciones en la materia.

No se puede estar en contra de un argumento de esta naturaleza, ya que, efectivamente, la realidad ha superado todas las expectativas del tipo de nación a la que aspiramos las y los mexicanos bajo un escenario como éste. Cualquier modificación en la ley que en apariencia sea progresiva y sirva para acompañar el quehacer de las autoridades.

Efectivamente, el sentido de mi voto no puede ser en contra de una modificación de esta naturaleza, sin embargo, es preciso advertir que no es suficiente buscar la perfección del texto constitucional cuando en los hechos, lo que ha faltado en los últimos años para hacer realmente efectivo los derechos humanos en México, ha sido compromiso y voluntad por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La perfección de la ley sólo puede alcanzarse cuando ésta se cumple al pie de la letra, aun cuando su redacción sea amplia y poco precisa. Es decir, contrario a lo que opinan las comisiones dictaminadoras, debería bastar con lo señalado en la Constitución en el artículo 1o. para entender que eso atañe a toda la población.

Aunado a ello, debería ser suficiente para garantizar el principio de interés superior de la niñez lo señalado en el artículo 4o., en su párrafo noveno, donde obliga al Estado mexicano a tomar decisiones y actuar siempre velando por los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De lo contrario, tendríamos que agregar un párrafo del texto constitucional para referirse de manera precisa a cada uno de los derechos y a cada uno de los grupos poblacionales que resultaría tautológico.

En este sentido, el llamado de este Congreso debe ser para quienes formamos parte de los tres poderes de la unión, a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno para que en los hechos actuemos de manera congruente y en estricto apego al respeto de los derechos humanos de toda la población.

En esta tesitura, el sentido de mi voto será a favor. No obstante dejando en claro mi posición respecto del tema con los argumentos manifestados.

Las niñas, niños y adolescentes anhelan un país en donde se garanticen las condiciones para su pleno desarrollo, el cual podría alcanzarse en un marco de respeto y protección de sus derechos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador David Monreal Ávila.

Hace uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales de este Senado de la República, por la valoración y estudio pertinente, como siempre, de una de las materias que han distinguido a esta Legislatura y la anterior en relación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Va en la misma dinámica que definimos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que este Senado de la República trabajó a partir de una iniciativa preferente del Presidente Peña, y además resolviendo, dictaminando las distintas iniciativas que en esta materia habíamos presentado.

De tal manera, que habiendo recibido esta minuta de la Cámara de Diputados, que reforma, que hace una adición al artículo 102 de la Constitución, en su Apartado B, en relación a las encomiendas que se le otorgan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues está esta minuta de la Cámara de Diputados, tomando en consideración justamente lo que establecemos en esta ley de derechos de la niñez, donde enfatizamos que es una potestad y obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atender la vigilancia del cumplimiento y garantía de los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad.

De tal manera, que esto ya está en la ley, se entiende de manera general de lo que tienen que realizar las Comisiones de Derechos Humanos como organismos no gubernamentales, organismos autónomos constitucionales que tienen que trabajar para atender todos los derechos humanos de las personas, sin quitar a nadie, ni por su edad o por alguna condición.

De tal manera, que la corrección, si me permiten decirlo de alguna manera, es muy pertinente al trasladar la preocupación evidenciada y totalmente compartida, como lo menciona en el propio dictaminen la Comisión de Puntos Constitucionales, que comparte el sentir de la preocupación de la Cámara de Diputados al definir esta reforma en el artículo 102, Apartado B.

Lo que hace este Senado y las comisiones, es trasladar esa preocupación justo donde deben estar, es decir, en el artículo 4o. de la Constitución, donde ya se plantea desde 1999-2000, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, el cambio sustantivo, estructural en nuestro marco fundamental para reconocer a niñas y niños menores de 18 años de edad como sujetos de derechos.

Esa fue la gran reforma al artículo 4o. constitucional, y a partir de entonces esa parte del artículo 4o. constitucional empieza a ser modificado siempre adelante, siempre de manera vanguardista, reafirmando nuestro compromiso constitucional con los derechos de la niñez.

De tal manera, que después se incorpora el interés superior de la niñez, y hoy se incorpora de manera acertada esta corrección a este párrafo del 4o. constitucional para definir con puntualidad qué corresponde a las autoridades en los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del principio de interés superior de la niñez.

De tal manera que, esperamos que nuestra Colegisladora tome en consideración estas importantes correcciones que se hacen a la minuta.

Esta revisión formal que se hace como Colegisladora, a lo que la Cámara de Diputados nos envió.

De tal manera, que de aceptarlo siga el proceso legislativo hacia los congresos locales y podamos tener ya completo este enfoque en el artículo 4o. de la Constitución sobre lo que tenemos que trabajar los distintos ámbitos de gobierno para, como dice la propia minuta, salvaguardar los derechos humanos de las personas menores de edad.

De tal manera, que felicito esta definición en este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y, por supuesto, también de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que sin duda apoyamos lo que hizo la comisión y, por supuesto, refrendado también por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Hace uso de la tribuna, para hablar también a favor del dictamen, la Senadora Ainara Rementería Coello, del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Ainara Rementería Coello: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El bienestar, estabilidad, tranquilidad y pleno desarrollo de la niñez es una prioridad que nos debe unir a todos. En consecuencia, anticipo que votaremos a favor del dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los subsecuentes.

Su objetivo: proteger de manera integral a nuestra niñez, para lo cual se establece que corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.

Reconocemos el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, y coincidimos con ellas en que la adecuación debe de ser de carácter general y formar parte del artículo 4o. constitucional y no del 102 como propone la Colegisladora.

Cabe destacar que la adición formulada en el dictamen está en armonía con el artículo 1o. de la Constitución, el cual dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con base a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Bajo esta premisa, el dictamen busca contribuir al cumplimiento de una función toral del Estado mexicano, que se encuentra depositada en diversos ordenamientos, entre ellos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Además, instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, ratificada en México en 1990, establece la obligación de los gobiernos, de garantizar a través de la legislación y políticas públicas, que se respeten los derechos de la infancia; incluso, hay jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a que el interés superior de los menores implica que las autoridades deben asegurar el disfrute y goce de todos sus derechos humanos.

Compañeras y compañeros, la defensa de los derechos de los menores constituye un tema de prioridad para los legisladores del PRI, porque estamos convencidos que las niñas, los niños y adolescentes no sólo representan el futuro de México, sino que representan nuestro presente.

A partir de las consideraciones ya expresadas y convencidos del bienestar y óptimo desarrollo y protección de las niñas, niños y adolescentes de México, es fundamental que aprobemos este proyecto de Decreto que ya está a discusión.

Muchas gracias.

Impulsémonos todos juntos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Rementería Coello.

Se inserta intervención de la Senadora Martha Elena García Gómez.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Me permito informar a la Asamblea que la Mesa Directiva no tiene registro de artículos reservados, por lo que procederemos a la votación nominal de este dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Senador Yunes Landa, a favor; Senadora Rojas Hernández, a favor; Mariana, a favor; Senadora Mariana Gómez del Campo, a favor, también. ¿Algún otro Senador o Senadora que falte por emitir su voto? De no ser así, damos cuenta de la votación.

Le informo a la Asamblea y a usted, señor Presidente, que hay 80 votos emitidos a favor, 1 abstención y cero en contra.

El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los subsecuentes. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Compañeros Senadores, en el Orden del Día están inscritos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos. La Mesa Directiva acordó agrupar la discusión de los dictámenes que provengan de las mismas comisiones. La votación nominal sería separada para cada uno de los dictámenes que se agrupen. En consecuencia, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de hábitos responsables de alimentación. Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 14 de diciembre pasado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Informo, señor Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El presente proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos que hoy se propone y se somete a votación, debidamente propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Este dictamen se sustenta en tres importantes bases, tres importantes reflexiones:

Número uno, el problema por el que está pasando en estos momentos nuestra población menor de edad en un tema muy delicado que es precisamente lo que nos tiene incluso como liderazgo a nivel mundial que es el sobrepeso y la obesidad infantil.

La segunda base de esta dictaminación la constituyen también los problemas de mala nutrición, es un país de contrastes, en México tenemos ambos problemas, problemas de sobrepeso pero a la misma vez problemas de mala nutrición y desnutrición en regiones del país.

La tercera base que sustenta esta dictaminación es porque precisamente las pruebas de evaluación que se hacen en nuestras niñas y niños de educación básica, como la prueba Enlace, como la prueba Pisa, nos hablan en relación de deficiencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la evaluación y calificación que se hacen en diversas materias en la educación básica de nuestra niñez.

Estas tres situaciones, estos tres problemas dan la base a esta dictaminación, este proyecto propone reformar los artículos 7o. y 33 de la Ley General de Educación, el 103 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los artículos 2 y 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y el 23 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para de manera coordinada poner a disposición de las niñas y niños un producto que sea rico en nutrientes y que en mucho ayudará a la niñez de México.

Nos referimos a los productos del mar y de aguas interiores, es decir, a que el pescado y los productos, diferentes productos de mariscos, ver cómo sí los podemos poner en la mesa de las escuelas, en desayunos, en almuerzos, comidas escolares y, desde luego, que haya fácil acceso para que las familias también consuman estos productos importantísimos en la dieta de los niños.

Esta iniciativa fue presentada el 8 de septiembre de 2016, y como les comento, tiene como principal objetivo el beneficiar a nivel nacional la calidad alimentaria y nutritiva de los millones de niños con el aprovechamiento, consumo y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas en desayunos escolares y en la mesa de las familias de los mexicanos.

De esta manera no sólo se beneficia la calidad alimentaria de la población escolar en la niñez, sino también se incentiva a la producción, comercialización y fomento de pescados y mariscos en beneficio también de los mismos pescadores y productores de nuestro país, porque hablamos en este tema de reactivar el trabajo y la producción de los pescadores ribereños, de los pescadores artesanales, de los pescadores de baja producción de manera prioritaria para incluirlos en estos programas, así como contribuir al desarrollo y crecimiento de este importante sector generador de empleo y alimento de alta calidad en proteína, que son los pescadores mexicanos.

Para enriquecer y fortalecer la propuesta la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República realizó un foro de consulta, en dicho evento la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, participó y afirmaron que la región de América Latina y El Caribe alcanzó la Meta del Milenio de reducir al menos a la mitad el número de personas en condiciones con una mala alimentación.

Asimismo mencionaron que la desnutrición crónica o el sobrepeso han llegado a tener una reducción muy significativa en la región, incluyendo a México; sin embargo, persiste aún el problema de sobrepeso y obesidad infantil, y ha estado creciendo de manera importante.

En muchas ocasiones la única comida que recibe un niño al día son los programas de alimentación escolar a donde precisamente queremos llegar con esta iniciativa y este dictamen.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, que suscribimos el presente dictamen, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de esta Legislatura, el siguiente proyecto de Decreto:

Por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones, primero, a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o., fracción IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, y agregamos: “con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre niñas, niños y adolescentes y desarrollar hábitos de consumo alimenticio responsables”.

Artículo 33 de la misma Ley General de Educación, se agrega el inciso 17: “así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de los alimentos que consumen, con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover su crecimiento económico”.

El artículo 2, viene a constituir algunas reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Y el artículo 103 que se pretende modificar, se le agregan: “Incluir a las políticas de adquisición de productos, las normas para la elaboración de los alimentos, entre otros”.

Y el artículo 3, es reformar la fracción I, del artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: “artículo 2. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, técnicos, productivos, biológicos, y se agrega: “ambientales, de alimentación” y con un transitorio.

Y pedirles, compañeras y compañeros, que con estas muy sencillas modificaciones a estas tres herramientas jurídico-legislativas, pretendemos apoyar una alimentación nutritiva para nuestras niñas y niños, agregando que ya está científicamente comprobado que la alimentación con pescado, además de muchos nutrientes, es rica en Omega 3, lo cual definitivamente está demostrado, participa en los procesos neurofisiológicos de aprendizaje y enseñanza y con esto mejorar la calidad de la educación de nuestros niños, porque tendremos niños más sanos y más inteligentes en nuestro querido México.

Por su atención y apoyo a esta iniciativa, les doy las gracias.

Muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador López Brito.

Está a discusión en lo general el dictamen. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: el Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor; el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en pro.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Víctor Manuel Galicia Ávila: Muchas gracias, señor Presidente.

Posicionamiento a favor del dictamen con punto de Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de incrementar el consumo de pescado de la población infantil mexicana.

Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Un derecho social fundamental establecido en nuestra Constitución Política, es el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. De ahí la pertinencia del dictamen que hoy discutimos, cuyo objetivo toral es adecuar y fortalecer el marco jurídico vigente para incrementar el consumo de productos provenientes de la pesca y de la acuacultura en la población infantil a través del Programa de Desayunos Escolares.

Asegurar la alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos constituye una estrategia central de la política social implementada por el gobierno de la República desde el inicio de la actual administración, para consolidar un México incluyente.

Una de las preocupaciones es que la población, particularmente la niñez, no consume tantos productos provenientes de la pesca y la acuacultura, situación grave si consideramos los beneficios nutrimentales que proporcionan, que pueden contribuir a combatir el hambre y la malnutrición.

Con esta reforma se pretende, por un lado, beneficiar a nivel nacional la calidad alimentaria y nutritiva de la niñez mexicana que cursan la educación básica y, por otro, beneficiar a los miles de pescadores y acuicultores con el aprovechamiento, consumo y comercialización de sus productos.

Coincidimos en la urgencia de posicionar los beneficios de consumo, por lo que estrategia visible es que los niños tengan posibilidad de comer pescados y mariscos tanto en su comedor escolar, como en sus hogares, de una a tres veces por semana, que mucho ayudaría a crear una nueva cultura alimentaria de los mexicanos y permitiría aumentar el consumo per cápita de estas especies de 8 a 9 kilos que actualmente se consumen al año y alcanzar el promedio recomendado por la FAO de 18 a 20 kilos per cápita.

En tal virtud, se plantea fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre las niñas, los niños y los adolescentes y desarrollar hábitos de consumo alimenticios responsables.

Asimismo, informar a los alumnos sobre la importancia nutricional que tiene cada uno de los alimentos que consumen, con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover su crecimiento económico.

En este mismo orden de ideas, se propone establecer y definir principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos, ambientales y de alimentación.

Compañeras y compañeros Senadores, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de incrementar el consumo de los productos provenientes de la pesca y la acuacultura, a fin de garantizar uno de los derechos fundamentales como es una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Contar con una niñez más saludable y lograr su desarrollo pleno, posibilitará avanzar hacia un país sano y próspero.

Dados los beneficios concretos que representa este dictamen para la niñez mexicana y para el país en su conjunto, los invitamos a votar a favor del mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Víctor Manuel García Ávila.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Compañeras Senadoras y compañeros Senadores. Con su venia, señor Presidente.

Estamos discutiendo en este momento uno de los temas más importantes para el desarrollo de un país, estamos hablando de cómo sentar las bases para garantizar la educación de calidad en México.

Por eso es muy importante que el Senado mexicano resuelva de la mejor manera este tema; es importantísimo lo que estamos por aprobar en este momento, las modificaciones a diferentes leyes que tienen que ver con las buenas costumbres para la alimentación; pero es importante, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, que nos quede claro que las buenas costumbres para la alimentación no se logran solamente enunciándolas, se requiere un compromiso contundente con la niñez de este país y garantizarle, de una vez por todas, un presupuesto necesario para que esta meta tan importante de que los niños, las niñas y los adolescentes de México tengan garantizada la alimentación y, en consecuencia, puedan acceder a las buenas costumbres para la alimentación.

Textualmente leo la propuesta del dictamen, dice: “fracción IX, artículo 7o. de la Ley General de Educación: Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre las niñas, los niños y los adolescentes, y desarrollar los hábitos de consumo alimenticios responsables”.

Este tema fue motivo central de discusión en la Segunda Cumbre Internacional sobre Nutrición y Malnutrición, celebrada en Roma, en el mes de noviembre de 2014, y las conclusiones fueron contundentes, solamente México se niega a acatar los acuerdos de Roma.

Aquí impulsamos un punto de Acuerdo para que este Senado y el gobierno de la República acataran los acuerdos que ahí se tomaron.

¿En qué consistieron estos acuerdos? Consistieron en que los Estados parte de la FAO, se comprometieran a garantizar un desayuno escolar o una comida escolar a los infantes de sus sistemas de educación básica, que fuera una comida suficiente, que fuera nutritiva y que fuera sana, y que en ese desayuno, en esa comida se redujeran de manera importante los consumos de azúcar y los consumos de sal, y que además, por instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, se incrementaran las horas de educación física.

Cuando discutimos la glosa del gobierno, en el último informe que nos hicieron llegar aquí, que fue el Quinto Informe de Peña Nieto, una de las discusiones que establecimos con el entonces Secretario de Educación, fue que cómo aspiraban a eliminar la diabetes infantil si más de 23 millones de nuestros niños no tenían garantizada la ingesta, y a los niños de preescolar y de primaria sólo se les garantizaba una hora de educación física a la semana y a los de secundaria solamente se les garantizaba dos horas de educación física.

Díganme, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, en esas condiciones, ¿cómo vamos a hacer efectivo lo que aquí se está planteando? Es imposible, imposible que erradiquemos la diabetes infantil.

Aquí solamente se queda en un buen deseo, “deseamos con todo nuestro corazón que se erradique la diabetes infantil de México”, pero el Senado mexicano no tiene la disposición para que se le ordene mediante la ley, al Ejecutivo, a que incremente a tres horas la educación física en preescolar a la semana; a cinco horas a primaria y a secundaria, y menos tienen la disposición para que mediante esta Ley General de Educación, en el Presupuesto de la Federación se garantice el recurso suficiente para que iniciemos la ruta, práctica de las buenas costumbres para la alimentación.

Los enunciados son bonitos, los enunciados son bonitos pero sólo se quedan en un bello poema que no aterriza en la práctica porque este Senado no tiene la disposición para hacerlo.

Se impulsarán esquemas suficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de estos alimentos que consumen, con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover el crecimiento económico.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, de qué sirve que le digamos a un niño en el pizarrón o en la multimedia que el pescado es una de las mejores proteínas que existen para desarrollar el sistema cognitivo de nuestros niños, si no les damos de comer pescado.

De qué sirve, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, si el Estado mexicano no garantiza que esos niños consuman, cuando menos, tres o cuatro veces a la semana este alimento.

De los acuerdos y de los resolutivos del último foro del Parlatino en República Dominicana, cuando fuimos al tema de la acuacultura, fue que los Estados parte deberían de garantizarle a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando menos, comer tres veces a la semana pescado, y que la acuacultura era la gran estrategia para que los países de América Latina disminuyeran sus niveles de hambruna; pero en este país nada más vamos, planteamos, pero no resolvemos.

Por eso, compañeras y compañeros, para elevar la calidad de la educación, lo tienen que entender todos los que están al frente del sector educativo y todos los que están en el Poder Ejecutivo, empezando por el Presidente, no habrá calidad educativa si los niños no se alimentan, las letras no entran cuando se tiene hambre, no sólo es una canción, es una verdad espantosa que vive el pueblo de México, y que viven en especial nuestros niños.

¿Es viable hacerlo? Sí.

¿Qué se requiere? Voluntad política, y eso es lo que tiene que tener este Senado, y no la tiene.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Les informo que el Senador Fidel Demédicis ha reservado los artículos 7o. y 33 del primer resolutivo, que corresponde a la Ley General de Educación.

Ábrase el sistema electrónico para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados. Ábrase el sistema hasta por tres minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pregunto si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto.

Senadora Hilda Escalera, a favor; Senador David Cuevas, a favor; Senador Humberto Domingo Mayans, a favor; Senador Campos, a favor; Senador Mario Delgado; Senador Fernando Mayans, a favor. Nuevamente pregunto si falta algún ciudadano Senador en emitir su voto.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos en pro y cero en contra.

Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Se concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse a los artículos 7o. y 33 de la Ley General de Educación.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis, en una sola intervención da la presentación de sus dos reservas.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, señor Presidente, con su venia.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Solamente les ruego tres minutos de su atención para que escuchen bien la propuesta que vamos a hacer, y aquí se va a ver el compromiso del Senado con sus niños, con sus niñas y con sus adolescentes; si no se aprueba en los términos y no se abre un debate, entonces le quedará claro al pueblo de México que sus Senadores no tienen ningún interés por normar, solamente tienen interés por enunciar y que todo se quede en buenos deseos.

Artículo 7o. fracción IX. Fomentar la educación en materia de educación física y la práctica del deporte; la adición a esta fracción consiste en que el Estado garantizará cuando menos tres horas a la semana para los alumnos de preescolar, y cinco horas a la semana para los alumnos de primaria y secundaria.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, pueblo de México:

A todos aquellos que les preocupa que están gorditos, a todos aquellos que les preocupa su sobrepeso, vayan con el nutriólogo y seguramente les va a decir: usted no se preocupe, haga una hora de ejercicio a la semana, y entonces usted logrará bajar de peso de manera inmediata, garantizamos bajar 10 kilos de peso a la semana si hace usted una hora de educación física por semana.

Compañeros, es un absurdo, es un absurdo que en una ley existan situaciones como esta, una ahora por semana de educación física para preescolar y una hora de educación física para primaria, y dos horas para secundaria, bueno, pues sólo en México se ve eso.

Y los que tenemos la posibilidad de cambiar, ojalá y la Cámara esté tomando aquí a todos los Senadores para que vean cuan interesados estan en el tema de cómo resolvemos los problemas que tenemos de diabetes infantil en México, y que se pueden corregir si aceptamos una propuesta como ésta.

Artículo 33. Ley General de Educación fracción XVII. Así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de los alimentos que consumen, el suministro será garantizado por el Estado, esa es la propuesta de adición.

De qué sirve, de qué sirve, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que aquí vengamos a desgañitarnos, que es necesario que los niños, las niñas y los adolescentes de este país coman tres veces al día, si no les garantizamos.

De qué sirve que aquí vengamos a decir que queremos evitar la diabetes infantil, si no nos atrevemos a hacer una sola modificación a este dictamen en los términos en que verdaderamente se pudiera resolver el problema.

El pescado es bueno, sin duda, pero revisemos las concesiones, que es otro tema, revisemos las concesiones.

¿A quién se las otorga Conapesca?

¿A quién se las otorga Mario Aguilar?

¿A quién se las otorga el señor Calzada?

¿A quién se las otorgan las autoridades de Sagarpa de este país?

Y vamos a ver que en los permisos están los puros cuates, y no aparecen los que están en el fondo del sufrimiento humano que viven de esta actividad como son los pescadores ribereños.

Suplican permisos para sobrevivencia, no para hacerse ricos. Y este Senado de la República ya no puede hacer oídos sordos, porque en el pecado llevaremos la penitencia.

Los compañeros y compañeras pescadores del norte del país y de todo el país están en una condición infame de vida.

¿Y qué requieren? No piden limosnas, porque les queda claro que la pobreza en México jamás se va a arreglar con caridad.

La pobreza en México la vamos a arreglar dándoles oportunidad de trabajo a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, en especial en este momento, por este tema, a los pescadores ribereños.

Por eso, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, y con esto concluyo, aquí, frente al pueblo, cada uno de nosotros plantea de qué lado está. Si verdaderamente está del lado de los niños, las niñas y los adolescentes, y en consecuencia a favor del pueblo, o vota en contra a sabiendas de que lo que pudo arreglar no tuvo el valor de hacerlo.

Compañeros Senadores, ojalá y estas reformas las voten a favor.

Por su atención, muchas gracias.

Propuestas de modificación



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las reservas presentadas por el Senador Demédicis Hidalgo.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas anteriormente presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Le informo, señor Presidente, que no se admiten a discusión.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 7o. y 33 en los términos del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, se cierra el sistema, pero quiero preguntar si falta algún ciudadano Senador de emitir su voto. Senador Yunes, a favor. ¿Algún ciudadano Senador que falte por emitir su voto?

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que tenemos 78 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 7o. y 33 de la Ley General de Educación, contenida en el proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con el Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Senador Marlon Berlanga Sánchez como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Comuníquese.






Compañeras Senadoras y Senadores, les informo que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias solicitó la devolución de los siguientes dictámenes, a los que se dio primera lectura el 14 de diciembre de 2017: el que contiene proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General, en materia de consulta popular; y el que contiene proyecto de Decreto que adiciona diversas proposiciones al Reglamento del Senado de la República, en materia de consulta popular. La comisión informó que es para replantear la propuesta de cada dictamen. La Mesa Directiva atendió la solicitud, por lo que se devuelven los dictámenes a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.






Las demás proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Silvia Leticia Martínez Elizondo y Laura Guadalupe Herrera Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Secretaría de Gobernación a iniciar los procedimientos sancionadores que se desprenden de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por las expresiones discriminatorias vertidas en días pasados por el presentador Marcos Martínez Soriano. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ a nombre propio y de las Senadoras SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, SILVIA GARZA GALVÁN, SILVIA MARTÍNEZ ELIZONDO y LAURA HERRERA GUAJARDO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL OBJETO DE QUE SE ABOQUEN A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES QUE SE DESPRENDEN DE LA LEY EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN Y LA RELATIVA A TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En meses pasados derivado del inicio de los tiempos electorales, apareció a través de diversos espacios de televisión un promocional de un partido político en el cual aparece un niño huichol, Yuawi López, cantante de la etnia Wixarika, conocido por su origen huichol, mismo que protagoniza el spot.

Sobre ese spot, el comunicador Marcos Martínez Soriano, conductor de una televisora de Coahuila, en la emisión del noticiero de 8 de enero de 2018, por el Canal RCG3, se refirió al niño como “changuito disfrazado de indio”.

Pero la anterior expresión no fue la única, realizó otras cuya intención era degradar a la persona, en este caso un menor de edad, al referirse a él con expresiones como “Una mascotita que traemos los mexicanos, que nos encanta, como no tenemos todos perro o gato, buscamos mascotas y agarramos a los niños Triquis que juegan basquetbol como si fueran los Cavs, con Lebron James. ‘Es mi changuito que tengo de mascota, son niños indios” además de referir a otra niña y expresar de ella que “Tenemos otra niña, también mascota, indita, también de la Huasteca, la niña Jobs” para finalizar con los comentarios y señalar “Uf, nada más nos falta, un buen embajador mexicano, Secretario de Relaciones Exteriores, el changuito disfrazado de indio”.

2.- Sobre lo anterior, la Convención sobre los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en consonancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes coinciden en reconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.

En el presente caso, el menor de edad pertenece, a la comunidad huichol, no es, como sostiene el presentador una persona disfrazada o utilizado de mascota, pues al respecto es preciso hacer la aclaración que él es cantante y voz principal del grupo de rock huichol “Venado Azul” al cual pertenece.

2. Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De ahí, que debe iniciarse el procedimiento de sanciones previsto en la misma ley toda vez que se incumplieron con las disposiciones de la mencionada ley federal al exceder la libertad de expresión prevista en el artículo 6 constitucional.

Si bien es cierto que, el derecho a manifestar ideas, expresar  y difundir opiniones e información no puede ser restringido a través de una censura previa, lo cierto es que dicho derecho no es ilimitado, pues precisamente el dispositivo 6º Constitucional establece como borde del ejercicio de ese derecho el respeto a los derechos de terceros.

Al respecto es necesario aclarar que este derecho no puede ser ejercido de forma tal que ataque y vulnere la dignidad de otras personas como es en el presente caso, la imagen y derechos del menor de edad.

Es de reconocer que la valoración en el presente caso resulta muy compleja, pues ciertos activistas argumentaron que el niño Yuawi López era utilizado como una “mascota” o que el uso y aparición de él en tal spot era violatorio de derechos electorales.

Sin embargo debe aducirse que en el presente caso no se puede decir que la imagen de él es utilizada con el objeto de crear empatía o cierta imagen de “ternura”, pues por el contrario se trata de un niño que en sus ratos libres se dedica a ser la voz principal del grupo musical a cual pertenece, lo que sin duda, contrario a lo que se ha argumentado en otros casos, en la especie, se trata de alguien que se desarrolla de forma profesional artísticamente, y por tanto, se le realizó un pago derivado de sus servicios profesionales artísticos, avalado y por conducto de sus progenitores.

Lo contrario, es decir, evitar que él actúe o realice ciertas labores profesionales y artísticas redunda sin duda en su perjuicio al prohibirle desarrollar un rol que él asume con carácter profesional y que en nada ha interferido con sus derechos inherentes a su edad.

Por tanto, no es dable la utilización del espacio prescrito en un medio de comunicación masiva como es la televisión, para ofender, denigrar trasgredir a las personas, dañando su dignidad, por lo que deben iniciarse los procedimientos en materia de discriminación y por las violaciones a los contenidos presentados en la programación de televisión.

Por lo expuesto y fundado, proponemos la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la  Presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación con el objeto de que inicie el procedimiento de queja que prevé la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación por las conductas que se aluden en el cuerpo de la presente propuesta.

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que inicie el procedimiento de sancionador por violaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de los contenidos que presentan conductas discriminatorias que se refieren en la presente proposición.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Sen. Adriana Dávila Fernández.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el esclarecimiento del caso ocurrido el 23 de enero de 2018, sobre el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México, con prontitud y con estricto respeto a los derechos humanos. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 23 de enero del presente, Marco Antonio de 17 años, estudiante de la Preparatoria Número 8 de la Universidad Nacional Autónoma de Méxioc, fue detenido por policías preventivos del sector Hormiga de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cerca de las instalaciones del metro el Rosario, en la Delegación Azcapotzalco. De acuerdo con la declaración de un amigo, quien acompañaba a Marco Antonio, los uniformados sin motivo alguno, intentaron detener al joven estudiante acusándolo presuntamente por el delito de robo; sin embargo, al sentirse intimidado corrió a las instalaciones del Metrobús, lugar donde lograron detenerlo y someterlo con uso excesivo de la fuerza pública.1

De acuerdo con informaciones recabadas por diversos medios de comunicación, los policías habrían indicado que llevarían a Marco Antonio a la Agencia del Ministerio Público número 40, ubicada en la misma demarcación. Sin embargo, al realizar la búsqueda del estudiante, los padres del mismo se cercioraron que nunca fue presentado ante la autoridad ministerial, y según la versión de los agentes implicados, Marco Antonio habría sido liberado unas cuadras adelante después de ser detenido, en razón de que no existía parte acusadora ni delito que perseguir.

Sin embargo, desde el día de su privación ilegal de su libertad por parte de policías capitalinos, los familiares del estudiante no tuvieron conocimiento de su paradero. Debido a la presión social en las calles y a través de redes sociales, las autoridades realizaron una búsqueda del menor, y para el 28 de enero pasado sus padres lograron tener conocimiento de que había sido detenido por policías municipales de Tlalnepantla, Estado de México. En medio de una conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, daba a conocer que habían recibido una llamada por parte del personal del Juzgado Calificador de aquel municipio mexiquense, quien informó que lo habrían dejado ir “aunque es un menor, y se mostraba perturbado. De acuerdo con versiones y un video difundido, el joven estaba en un puente y, al menos en apariencia, pretendía quitarse la vida”.2 No obstante, hasta esa fecha no existía conocimiento del paradero del joven estudiante.

Ese mismo día, es decir, el pasado 28 de enero, en otra conferencia de prensa el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de las 8:30 de la noche informó que “el estudiante detenido por policías de la Ciudad de México desde hace seis días, se encuentra con vida y fue ya localizado en el Municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México”.3 Sin embargo, las primeras informaciones señalaban que Marco Antonio se encontraba en un estado físico muy deteriorado, y aparentemente perturbado y desorientado, al grado de estar irreconocible.

Durante los días que familiares del estudiante y autoridades intentaban dar con el paradero de Marco Antonio, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales e incluso organismos internacionales, exigían el esclarecimiento de su desaparición, “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, advertía que el caso se trataba de desaparición forzada y la ONU demandaba esclarecer el caso”.4

Después de dar con el paradero del estudiante, fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. Navarro, en donde fue presentado con “alteraciones en su conducta, un discurso desorganizado y un delirium mixto, además de deshidratación y un esguince en el tobillo izquierdo”.5 Los primeros reportes médicos indicaron que Marco Antonio presentaba “alteraciones de ánimo así como de conducta, refiriendo afecto expansivo y lábil, así como cambios en el patrón de comportamiento, sin identificarse errores conductuales graves”.6

Afortunadamente, se logró dar con el paradero del estudiante y ha regresado con vida, situación que para sus padres y la sociedad en general representa un gran logro, en medio de un centenar de casos de desapariciones forzadas, donde el destino de las personas termina siendo desconocido para sus familiares. Empero, el fondo de este caso se centra en el abuso policiaco por parte de elementos la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes una vez más comenten un abuso de poder. Igualmente, los hechos recientes demuestran el desconocimiento de protocolos de actuación por parte de los elementos de la policía capitalina.

De acuerdo al Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de enero del año 2015, por un lado los oficiales que han sido señalados de haber realizado la detención del menor debieron apegarse al procedimiento de detención señalado en el capítulo IV de dicho documento; en segundo lugar respetar y actuar con base en lo señalado en el punto 6.3 del capítulo VI respecto de la cartilla de derechos de las personas detenidas, el cual establece que deben respetar “estrictamente las reglas para la protección de la situación especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las de grupos vulnerables o grupos sociales en condiciones de desventaja, de conformidad con la normatividad aplicable”.

Sin embargo, con base en la evidencia pública se puede observar un excesivo uso de la fuerza por parte de los policías en contra de Marco Antonio, éstos debieron actuar bajo los principios del uso de la fuerza para la detención, los cuales se encuentran señalados en el capítulo V del mismo Protocolo.

Lamentablemente, el caso de Marco Antonio no es el único, de acuerdo con testimonios recabados por algunos medios de comunicación, el lugar donde ocurrió la detención del estudiante se ha convertido en una zona de extorsión para los alumnos que transitan por esa zona. Algunos comerciantes, choferes de microbuses y taxis, han denunciado ante medios de comunicación que los policías se dedican a hacer revisiones a estudiantes, sobre todo a adolescentes, a quienes de manera ilegal les revisan sus pertenencias, bajo el pretexto de hacer revisiones de prevención de delitos; sin embargo, en muchos casos les hurtan sus pertenencias.7

Desafortunadamente, el abuso de autoridad por parte de policías de la Ciudad de México no es reciente, y lo sucedido con Marco Antonio se ha sumado a cientos de casos similares, donde agentes policiacos actúan violando los derechos humanos. De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el abuso por parte de policías figura entre las principales denuncias de los ciudadanos, de 2012 a noviembre de 2016 “de las 5 mil 023 averiguaciones previas que abrieron las autoridades capitalinas basadas en quejas de ciudadanos casi la mitad corresponde a este delito, cuya penalidad va de uno a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa”.8 Según la información periodística, en el periodo referido, al menos 2 mil 322 policías fueron acusados de abuso de autoridad.

Esta mala actuación por parte de los cuerpos policiacos se refleja en los malos niveles de percepción de confianza entre la ciudadanía, lo cual desafortunadamente no se limita únicamente a la policía de la Ciudad de México. Datos recientes de la encuesta “Derechos Sociales y Cohesión Social” realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que depende de la Cámara de Diputados, señalan que en los últimos lugares de “la confianza entre quienes respondieron la encuesta están el sistema judicial con el 17.8 por ciento (frente al 54.6 por ciento del año anterior), los sindicatos que tiene el 14.7 por ciento (frente al 54.6 por ciento del año anterior), la policía con el 14.0 por ciento (frente al 54.6 por ciento del año anterior), y por último están los funcionarios de Gobierno con el 8.3 por ciento.”9

Como puede observarse, el caso de Marco Antonio sólo representa la punta del iceberg de un espiral de violaciones por parte de la policía de la Ciudad de México. Es por ello, que el objetivo del presente Punto de Acuerdo estriba en realizar un atento y respetuoso exhorto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en primer lugar, con la finalidad de que el caso del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores sea esclarecido con prontitud y con estricto apego a los derechos humanos del menor; asimismo, para que conforme a derecho le sean reparados los daños ocasionados por los actos y omisiones de los policías involucrados.

En segundo término, se le exhorta a que tome las medidas necesarias para que todos los elementos de la policía capitalina refuercen su capacitación en materia de derechos humanos, así como en el respeto a los protocolos respectivos en las detenciones. De igual manera, se propone exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Gobierno del Estado de México, para que, en el marco de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes a fin de que se deslinden responsabilidades al Juzgado Calificador de Tlalnepantla, el cual recibió y atendió al joven Marco Antonio Sánchez Flores; de igual forma, debe instruir a reforzar la capacitación de todos los juzgadores en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el principio del interés superior de la niñez.

Es necesario terminar con el abuso de poder por parte de los cuerpos policiacos, se trata de una garantía indispensable en todo Estado democrático de derecho, pues sin la protección mínima de los derechos fundamentales a la población, los ideales democráticos pierden todo sentido.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones:

a) Garantice el esclarecimiento del caso del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores con prontitud y con estricto respeto a los derechos humanos del menor;

b) Cubrir todos los gastos médicos, jurídicos o de cualquier índole que sean consecuencia de los probables daños provocados por los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

c) Tome las medidas necesarias para que todos los elementos de la policía capitalina refuercen su capacitación en el uso de protocolos en detenciones, así como en materia de derechos humanos.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Gobierno del Estado de México, para que en el marco de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes a fin de que se deslinden responsabilidades al Juzgado Calificador de Tlalnepantla, el cual recibió y atendió al joven Marco Antonio Sánchez Flores; de igual forma, debe instruir a reforzar la capacitación de todos los juzgadores en materia de derechos humanos, con especial énfasis en el principio del interés superior de la niñez.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Estudiante de la Prepa 8 fue detenido y golpeado por policías el martes… se encuentra desaparecido”, Proceso, [en línea], consultado 30/01/2018, disponible en:
http://www.proceso.com.mx/520196/estudiante-de-la-prepa-8-fue-detenido-y-golpeado
-por-policias-el-martes-se-encuentra-desaparecido

2 Rosagel, Shaila. “Marco Antonio ya fue localizado. Impresionante transformación, tras su encuentro con policías”, Sin Embargo, [en línea], consultado 30/01/2018, disponible en:
http://www.sinembargo.mx/28-01-2018/3378888

3 Ídem.

4 Roldan, Nayeli. “Marco Antonio durmió en un hospital, luego de 120 horas de vagar herido y desorientado”, Animal Político, [en línea], consultado 30/01/2018, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-encontrado-edomex/

5 Redacción, “Marco Antonio está irreconocible, dicen sus amigos”, El Universal, [en línea], consultado 30/01/2018, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/marco-antonio-esta-irreconocible-dicen-sus-amigos

6 Ídem.

7 Roldan, Nayeli. Op. Cit.

8 Robles, Johana. “Abuso de autoridad, principal denuncia contra elementos”,  El Universal, [en línea], consultado 30/01/2018, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/21/abuso-de-autoridad-
principal-denuncia-contra-elementos

9 “Sindicatos, funcionarios, policías y jueces pierden la confianza del mexicano: Encuesta de Diputados”, Sin Embargo, [en línea], consultado 01/02/2018, disponible en:
http://www.sinembargo.mx/28-01-2018/3377734






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se sugiere la celebración de una sesión solemne para reconocer y homenajear el XX Aniversario del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE SUGIERE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA RECONOCER Y HOMENAJEAR EL XX ANIVERSARIO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Canal del Congreso de la Unión, inició sus primeras transmisiones el 18 de marzo de 1998, como un medio de comunicación de carácter público.

Su funcionamiento, desarrollo, objetivos y filosofía, basado en los emanados del artículo 4° del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra refiere: “El canal deberá informar a la sociedad mexicana bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales”.

Un Canal de Televisión, que como medio público de difusión, además de comunicar el trabajo legislativo, debe coadyuvar día a día, no a crear un mercado, sino a crear una Nación democrática, incluyente, con gran calidad y responsabilidad social, contribuir a ampliar los espacios de debate y difusión de muy variadas ideas y algo muy importante, cubrir las necesidades de la sociedad que no satisface la oferta comercial.

Y es que la comunicación es un elemento central del desarrollo, sin el cual no se puede alcanzar el crecimiento. Porque, reflexionando sobre la relación que existe entre comunicación y desarrollo, expertos aseguran y en particular lo comparto, que el crecimiento entendido como el mejoramiento general de los niveles económicos, políticos, culturales, psíquicos y espirituales de la vida de los individuos o de la población, a través de la satisfacción de sus necesidades básicas, es producto de un conjunto de factores y procesos sociales complejos, dentro de los cuales, el detonador de todos esos elementos es la adquisición de conciencia sobre las realidades o problemas que se tienen que resolver.

En esa dinámica, el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha cumplido cabalmente a reseñar y difundir la actividad legislativa de ambas Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar y analizar la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

Inicialmente comenzó transmisiones sólo a través de televisión por cable y a partir de 2001, por los sistemas de televisión restringida vía satélite. A partir del 5 de agosto de 2015, el Canal de Televisión del Congreso General inició transmisiones en señal abierta en la Ciudad de México y su área metropolitana, por el canal 45.1 de Televisión Digital Terrestre, llegando a más 24 millones de espectadores. Luego, con el Convenio suscrito con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMR), incrementó su audiencia en aproximadamente 8 millones de televidentes más.

Ahora transmite por televisión abierta y en más de 900 señales de cable del país, transitó oportunamente a señal digital terrestre, obtuvo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el título de concesión, renovó su Consejo Ciudadano y cuenta ya con un Defensor de la Audiencia.

En fin, con casi 20 años de vida, el Canal de Televisión del Congreso General, se ha consolidado como un medio de comunicación parlamentaria, ha contribuido eficazmente al fortalecimiento de régimen democrático de nuestro país y a enriquecer la cultura cívica y política de la sociedad mexicana. Asimismo, a fomentar los valores humanos y sociales, nacionales y universales, garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tarea nada sencilla, considerando el trabajo a cubrir y generado por 628 legisladores de ambas Cámaras, sus comisiones, foros y eventos, además de los programas, contenidos, noticieros y demás material del Canal del Congreso de la Unión, que implican un gran esfuerzo.

Un canal de televisión, a la fecha, debidamente consolidado como un modelo exitoso reconocido en todo Latinoamérica, que lleva los debates y temas de interés a los mexicanos y funge cabalmente en su papel como parte de un sistema de contrapesos, transparencia y rendición de cuentas, que como ya se dijo, está a escaso mes de cumplir su XX aniversario.

En el marco de esta celebración, se tienen contempladas diversas actividades, como lo es, una exposición fotográfica, la emisión de un billete conmemorativo de lotería, la publicación de un libro sobre la historia del canal, producciones especiales y evidentemente una ceremonia de reconocimiento, por mencionar algunos.

Eventos a los que me permitiría proponer uno más: La celebración de una sesión solemne por parte del pleno de la honorable Cámara de Senadores, en los términos de la fracción I del artículo 56 del Reglamento del Senado de la República, esto es, la conmemoración de una efeméride.

Sin duda, veinte años de trabajo incansable, la superación de innumerables retos y la consecución de otros tantos en logros y éxitos, no pueden dejarse pasar sin que esta Cámara de Senadores participe activamente de su celebración, razón de la atenta propuesta que ahora se pone a su distinguida consideración.

Para ello, se sugiere también, que la fecha exacta, formato y ceremonial sean las que proponga la Junta de Coordinación Política y acuerde la Mesa Directiva de este honorable Senado de la República.

En mérito de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, celebrará sesión solemne para reconocer y homenajear el XX Aniversario del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

La fecha, formato y ceremonial, será en base a la propuesta de la Junta de Coordinación Política y que apruebe la Mesa Directiva del Senado de la República, en términos del Reglamento y los manuales aplicables.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud   a que, en el marco de la campaña “Febrero, mes de la salud del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y tratamiento de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta marginación. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA “FEBRERO, MES DE LA SALUD DEL HOMBRE”, SE REFUERCEN LAS ACCIONES ENFOCADAS EN LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer de próstata es una enfermedad que se diagnostica comúnmente a partir de los 50 años. De acuerdo con datos del ISSSTE en México mueren 17 hombres diariamente por cáncer de próstata, como consecuencia, en su mayoría, de un diagnóstico tardío.

En ese sentido, el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos son condiciones asociadas a la mortalidad y la diferencia en este acceso, podría explicar la disparidad en la mortalidad por cáncer de próstata observada entre diferentes regiones en el mundo. Bajo esta premisa, investigadores del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) llevaron a cabo un estudio sobre la mortalidad por cáncer de próstata en México de 1980 al 2013, cuyo principal objetivo fue identificar los cambios importantes en las tendencias de mortalidad por cáncer de próstata durante las tres últimas décadas y buscar a nivel poblacional las posibles explicaciones a estos cambios.

Con base en los certificados de muerte albergados en el Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud, la investigación analizó las tasas de muerte a nivel nacional y de los 32 estados, clasificados acorde al Índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010.

De esta manera, los investigadores del CISP encontraron que durante el periodo de estudio se presentaron 114 mil 616 hombres, con una edad promedio de 76.5 años, que murieron a causa de este tumor maligno y el riesgo de muerte fue de 16 decesos por cada 10 mil hombres mayores de 40 años. Así mismo se observó que durante los últimos 13 años, la mortalidad por cáncer de próstata registró un crecimiento anual sostenido del 2.3%. Sin embargo, este comportamiento en la mortalidad fue diferente de acuerdo con el grado de marginación estatal.

En dicho estudio se determinó que, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa fueron los estados que presentaron las tasas de mortalidad a cinco años más altas a lo largo de las tres décadas. Sin embargo, los estados que sufrieron los principales cambios en mortalidad a lo largo del periodo fueron los clasificados como de muy alta y alta marginación.

Al inicio del periodo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca (de muy alta marginación); así como en Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán (con alta marginación) contaban con las tasas de mortalidad más bajas o presentaron una reducción significativa. Sin embargo, el crecimiento en la mortalidad por cáncer de próstata observado durante los últimos años ocurrió principalmente en estos estados.

Una explicación para este comportamiento puede ser el hecho de que un bajo nivel educativo, la poca accesibilidad geográfica a los centros de salud y una proporción mayor de población indígena pueden asociarse con factores culturales o creencias que obstaculicen la aceptación de la atención médica y por tanto el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata, en especial en el grupo de hombres mayores de 65 años.

En contraste, en los estados considerados de muy baja marginación la mortalidad por cáncer de próstata mostró una reducción de 5% anual y esta ocurrió principalmente entre los hombres más jóvenes. Para los investigadores, esto es un signo de cambios culturales en las generaciones más recientes, en las cuales una percepción diferente acerca del cáncer de próstata y la importancia de someterse a exámenes de diagnóstico y tratamientos, contribuye junto con un mayor acceso a los servicios de salud a una reducción en la mortalidad.

Ante este panorama, durante el mes de febrero, el sector salud a nivel federal y estatal realizará una campaña de salud enfocada a promover la detección oportuna de padecimientos que afectan exclusivamente a los varones o que tienen una alta frecuencia entre ellos, como cánceres de próstata y testículo, diabetes e hipertensión.

Por lo que se considera de suma relevancia que, como parte de dicha campaña, se refuercen las acciones enfocadas en la detección de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta marginación, por tratarse de zonas con los mayores incrementos en la tasa de mortalidad por esta enfermedad y que debido a la poca accesibilidad geográfica a los servicios de salud tienen una muy baja probabilidad de un diagnóstico oportuno.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que en el marco de la campaña “Febrero, mes de la salud del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y tratamiento de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta marginación.

Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas en materia de políticas públicas de las MIPYMES. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son de gran importancia para las economías nacionales, por su aportación en el empleo nacional y regional, sin importar si se trata de un país industrializado, o bien, de un país de menor grado de desarrollo. “Las empresas PYMES, representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional puede afirmar que el 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales está conformada por las MIPYMES”.1

La empresa, sin importar su tamaño, puede ostentar una definición universal, que siempre será referida con los mismos componentes necesarios para que pueda constituirse como tal:

“Una unidad económica de producción y decisión que mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo) persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado”.2 Por tanto, cualquier empresa contará con las siguientes características:

• Recursos humanos, de capital, técnicos y financieros.

• Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.

• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar.

• Son una organización social muy importante que forma parte del ambiente económico y social.

• Para sobrevivir debe competir con otras empresas, lo que exige: modernización, racionalización y programación.

• El modelo de desarrollo empresarial reposa sobre las nociones de riesgo, beneficio y mercado.

• Se encuentran influenciadas por todo lo que sucede en el medio ambiente natural, social, económico y político, al mismo tiempo que su actividad repercute en la propia dinámica social.

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas comparten casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría decir que estas son los componentes con las que cuentan las PYMES:

• El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad y por lo general son de carácter familiar.

• Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es empírica.

• Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado internacional.

• Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera causantes menores dependiendo de su ventas y utilidades.

• Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo.

Sin embargo, iniciar y mantener una pequeña o mediana empresa en el país, conlleva una serie de desventajas que ponen en riesgo la inversión de la persona y su patrimonio. Por ejemplo, se mantienen altos costos de operación; sus ganancias no son elevadas; por lo cual, muchas veces se mantienen en el margen de operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado, aunado a esto, hay una falta de apoyo y financiamiento por parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales.

Se debe recordar que las PYMES son relevantes para la economía de cualquier país y México no es la excepción, son más de 4 millones, las cuales generan 72% del empleo y aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB).3 Con las cifras es posible visualizar la importancia que tienen estos tipos de empresas en el mercado mexicano, sustento de su economía, pero también vulnerables ante un entorno inconstante, haciendo que las pequeñas y medianas empresas, no se consoliden apropiadamente y sean vulnerables ante dichos cambios. 

Uno de los insumos primordiales para las empresas, es su capacidad financiera para invertir y crecer; empero, persisten las barreras, por ejemplo, en la encuesta “Global SME Pulse 2017”, 51% afirmó tener dificultades para acceder a los financiamientos necesarios para invertir y hacer crecer el negocio, ya que el flujo de efectivo afecta su capacidad de pagar a los proveedores en tiempo y forma.4

Lo anterior parece relevante, ya que la actual administración federal, en su Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo “México Próspero”, apartado “Acceso al financiamiento”, menciona textualmente que: “Se debe llevar a cabo políticas públicas eficientes tendientes a facilitar el acceso al financiamiento para la creación y la expansión de empresas productivas”.5

Lo dicho en el Plan Nacional de Desarrollo y lo evidenciado por los distintos sectores, propietarios de pequeñas y medianas empresas, tiene resultados contrastantes; por un  lado, uno de los objetivos del Gobierno federal era ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructuras, además de las pequeñas y medianas empresas; por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, más de la mitad de las PYMES tienen dificultades para acceder a algún tipo de financiamiento.

Resultaría viable que por medio de la Banca de Desarrollo se contribuya de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, con la creación de valor y crecimiento en los distintos sectores productivos del país, verbigracia, el campo.

En esta misma tesitura, la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y medianos Empresarios (ALAMPYME), reveló que, durante 2017, 600 mil PYMES quebraron, donde 30 mil negocios fueron en la Ciudad de México, todos ellos por la violencia, desastres naturales y la falta de incentivos.6

Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de ALAMPYME, asegura que, “la falta de apoyos y el incremento de la delincuencia, como pago de derechos de piso y otros esquemas de corrupción, hicieron cerrar los negocios indiscutiblemente y aunado a la crisis económica que estamos padeciendo fue peor”.7

Como se puede prever, el cierre de PYMES representa pérdidas de miles de empleos en todo el país, los cuales son una necesidad para México; en materia económica el Estado debe implementar medidas precautorias y correctivas que permitan el fortalecimiento del mercado y la competitividad para, por un lado, generar empleos y por el otro, mantener los ya generados.

Lo anterior representa para el Estado una obligación, puesto que, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que, “el Estado garantizará que el desarrollo nacional fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, por medio de la competitividad, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”.

Asimismo, por medio del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), impulsando su innovación, competitividad y proyección en los marcos nacionales e internacionales. De manera enunciativa da a conocer sus objetivos:8

1. Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES a través de la Red de Apoyo al Emprendedor.

2. Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de Emprendedores y MIPYMES.

3. Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en Emprendedores y MIPYMES.

4. Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y MIPYMES.

5. Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de Emprendedores y MIPYMES.

6. Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor.

Es así como, por medio del INADEM y la Red de Apoyo al Emprendedor, se ha intentado una estrategia de vinculación a programas de apoyo para emprendedores y MIPYMES de las diferentes instancias de Gobierno y el sector privado.

Sin dejar de hacer énfasis en los problemas que tienen la MIPYMES, donde de cada 10 empresas, 8 alcanzan los 5 años de vida y de las que sobreviven su primer lustro, solamente el 10% logran permanecer operando 10 años, lo que implica que tan solo 2 de cada 100 nuevas PYMES pueden mantenerse en el mercado más de una década.9

Por tal razón, es imprescindible ayudar a que las pequeñas y medianas empresas se consoliden y crezcan, con lo cual, paralelamente se generarán empleos y caminará la economía nacional. Por lo expuesto, se hace la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor, fortalezca la coordinación entre la Federación y las entidades federativas en materia de políticas públicas y promueva el acceso efectivo a financiamiento público dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor:

a) Fortalezca la coordinación entre la Federación y las entidades federativas en materia de políticas públicas para la creación y crecimiento de las  micro, pequeñas y medianas empresas, y

b) Promueva el acceso efectivo a financiamiento público dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Las PYMES en México”, UNAM, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/89/A4.pdf

2 Ídem.

3 “Pymes mexicanas y su estrategia para 2017”, Forbes, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en:
https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-y-su-estrategia-para-2017/

4 Ídem.

5 “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, DOF, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465

6 “Cierran 30 mil Pymes en CDMX”, Reforma, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1282855&urlredirect=
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1282855

7 Ídem.

8 “Instituto Nacional del Emprendedor”, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en:
https://www.inadem.gob.mx/institucional/

9 “Los principales problemas de la PYMES”, México Bursátil, [en línea], consultado el 30 de enero de 2018, disponible en:
http://www.mexicobursatil.com/los-principales-problemas-de-las-pymes/






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez y del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a agilizar la reparación de la Supercarretera Durango-Mazatlán y reconsiderar el incremento del peaje de la misma. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca a dotar a las universidades públicas de los recursos financieros suficientes para el rescate de las universidades estatales públicas, así como para fortalecer y ampliar su proceso de regionalización de la educación superior. Se turna a la Comisión de Educación.

El que suscribe, Senador RAÚL MORÓN OROZCO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción ll, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de Acuerdo de inmediata resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La desigualdad regional en el acceso, el egreso, la equidad y la calidad es una de las características históricas de la educación superior en América Latina, asociada al carácter inicial de elite del servicio universitario y las formas que asume la desigualdad estructural de la región. Sin embargo, tal realidad está cambiando por medio del proceso de regionalización en este nivel educativo.

En México, este proceso de regionalización de la educación superior es el fundamento mismo de la creación de universidades estatales, como parte de un proceso de desconcentración de la universidad superior y ante el crecimiento de la demanda educativa en el último siglo.

El Estado mexicano fue el impulsor principal de este proceso. Nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se cuenta entre las primeras universidades estatales con esta vocación regional, creada en su nueva etapa en 1917; para 1991 las 32 entidades federativas contaban con al menos una universidad estatal.

La regionalización tiene su basamento en el federalismo como raíz filosófica de enfoque liberal que la presenta como contrapeso de poder en la construcción de las sociedades y que ha sido expresada en el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos.

La regionalización no se inició meramente como resultado de la expansión del sistema universitario, sino que ella respondió a demandas de democratización política, de acceso y a concepciones asociadas a la descentralización así como a una expansión de las economías regionales, que comenzaron a reclamar recursos humanos más capacitados, y que se expresó en demandas de empoderamiento de las regiones en casi toda América Latina.

La universidad latinoamericana como matriz cultural e institucional nació como una institución de elite, perviviendo hasta fines del siglo XX como una universidad urbana, de hombres blancos y de estudiantes de altos recursos. Más allá de las reformas de la independencia en el siglo XIX, de algunos esbozos regionales a fines de ese siglo y principios del XX, de los movimientos autonomistas de la Reforma de Córdoba en 1918, recién desde fines de los 60, se ha democratizado con el inicio de la masificación de su cobertura y de su diferenciación institucional. En este contexto, la masificación y diferenciación contribuyó a reducir algunas de las desigualdades tradicionales, entre las cuales también las de carácter espacial que son el centro de nuestro análisis. Esta relativa regionalización permitió que la cobertura universitaria aumentara en la dimensión acontecida.

Si bien esta política de regionalización se ha mantenido hasta nuestros días, su expansión e impulso no marchan al ritmo que la cobertura en educación superior exige.

Contamos con un subsistema de universidades públicas federales, entre las que se cuentan las siguientes:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)

Universidad Autónoma de Chapingo (UACh)

Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México (UnADM)

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

El Colegio de México (COLMEX)

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

En los últimos diez años se han creado alrededor de 140 nuevas instituciones de educación superior: 43 universidades tecnológicas, 34 universidades politécnicas, 23 institutos tecnológicos estatales, 22 institutos tecnológicos federales, 13 universidades públicas estatales, federales o interculturales y 5 centros regionales de formación docente (fuente).

Además, se fundaron las universidades virtuales de los estados de Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, entre otros, y se construyeron 96 campus o extensiones de universidades.

Es de especial relevancia el crecimiento de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM).

Reconocemos que ha habido un avance en los modelos y tipos de regionalización en el país. Sin embargo, el problema de fondo es que la demanda de educación superior ha crecido en dimensiones muy superiores a las capacidades con las que cuentan las Universidades para hacerles frente.

Además, a pesar de que la cobertura ha presentado un aumento notable en los últimos años, su distribución es sumamente desigual.

Finalmente, en la historia de este siglo de regionalización universitaria, ésta ha tenido que enfrentarse a la permanencia de un modelo centralizador de recursos económicos por parte del Estado, lo que ha impedido la masificación de la cobertura universitaria en exacta demanda de las diferentes regiones del país.

Como ya lo mencionamos, la regionalización es una forma de resistencia universitaria ante el poder centralizador de la universidad pública, que viene de la mano con otros problemas que actualmente están asfixiando económicamente a las universidades estatales: la corrupción en la asignación de recursos por parte de los gobiernos federal y estatal, la retención ilegal e ilegítima del pago de salarios, prestaciones, jubilaciones y pensiones.

Nuestro deber como Senadores que representamos a nuestros estados, en mi caso al de Michoacán, es exigir tanto al Gobierno Federal como a nuestros Gobiernos estatales, que se obliguen a profundizar un nuevo modelo de regionalización de las universidades estatales, como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que rescate financiero de nuestras universidades sea el primero paso de una descentralización de los recursos y el comienzo de una regionalización de la educación superior en México.

No sólo podremos enfrentar así la demanda en la cobertura universitaria, que es consecuencia del crecimiento poblacional, como lo reconocen las mismas autoridades nicolaitas.

Los 12 mil espacios anuales que está aportando la UMSNH son insuficientes, pero al mismo tiempo es de las mayores coberturas a nivel nacional.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno Federal y estatal ha sido una sistemática reducción de presupuesto que ha alcanzado el orden de los 391 millones de pesos anuales.

Una amplia regionalización de la educación superior no sólo traería una mayor cobertura, también traería un sistema educativa más diferenciado y complejo, con mayores aperturas de licenciaturas y carreras politécnicas de acuerdo con la vocación productiva de cada región; traería un mayor crecimiento de las especialidades y un aumento en la calidad de vida de las diferentes regiones.

También democratiza la actividad universitaria y acerca la educación superior a lugares del país que antes eran inaccesibles en lo que se refiere a cobertura.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO: El Senado de la República respetuosamente al Gobierno Federal y a los Gobiernos de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca, para que presenten a la brevedad un plan de rescate financiero de las universidades estatales públicas de sus estados para que cumplan con sus fines y obligaciones.

DOS: El Senado de la República exhorte respetuosamente al Gobierno Federal para que genere las condiciones financieras, a fin de que las universidades de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca, elaboren, fortalezcan y amplíen su proceso de  regionalización de la educación superior, con el compromiso de contribuir a superar las desigualdades sociales, económicas y culturales en cada una de sus entidades.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Raul Morón Orozco.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar programas permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

La suscrita, Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE LA ENTIDAD, IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE REHABILITACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país ocupa el lugar número 12 entre las naciones que más productos del campo y del mar exportan a nivel mundial, para el año 2016 comercializamos cerca de 30 mil millones de dólares en productos de agroalimentarios a nivel mundial, lo cual supero el ingreso de divisas al país derivados del turismo o remesas. Siendo el aguacate mexicano uno de los productos agroalimentarios más exitosos que exportamos, por lo que nuestra nación es el principal proveedor de este alimento en el mercado internacional donde la demanda va en aumento.1

Por tanto que el papel del gobierno Federal, es fundamental para lograr posicionarnos a nivel mundial como uno de los principales exportadores de alimentos, gracias a los apoyos brindados a los productores, además de la variedad, sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos; que permiten ofertar a los consumidores nacionales e internacionales desde cerveza de malta, café, tomates frescos, aguacate, tequila y mezcal, chiles, frutas, carne de bovino y azúcar, por mencionar algunos.

Pero uno de los principales pilares para lograr el desarrollo del país, es el fortalecer a nuestros municipios, ya que constituyen el núcleo político-administrativo de nuestros estados y es donde se atienden las necesidades básicas e inmediatas de nuestras familias. Además de tener a su cargo funciones y servicios públicos, como agua potable, alumbrado público, recolección de residuos, mercados y centrales de abastos, entre otros.2

Siendo los mercados públicos, los principales lugares donde nuestra sociedad comercializa lo que produce; además de mostrar el desarrollo de un pueblo, porque más que un simple espacio de compra y venta para el abastecimiento diario, son una síntesis de la cultura, la historia y las relaciones comerciales que mantienen las regiones desde la época prehispánica hasta nuestra época. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), refiere que los mercados públicos son indispensables para establecer un sistema alimentario sostenible, ya que mediante los mercados se vinculan áreas rurales y urbanas alimentando a su población de manera adecuada, garantizando la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos, reduciendo mermas y desperdicios de alimentos. Además de apoyar la economía de nuestras familias y disminuir las pobreza de nuestros hogares.3

Actualmente el estado de Morelos se ha posicionado en los primeros lugares a nivel nacional en producción de nopal, higo, nochebuena, peces de ornato, caña de azúcar, arroz, entre otros productos derivados del campo. Y que inicialmente se comercializan a nivel local, por los mismos productores ya sean mayoristas o pequeños productores en los mercados públicos.

Con base en la Ley de mercados del estado de Morelos, la cual regula el funcionamiento de los Mercados y establece la competencia de este a las Autoridades Municipales y los define como: los edificios y lugares destinados por las Autoridades Municipales para la concurrencia de comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente a artículos comestibles y otros de primera necesidad.

 Asimismo se establece, el supuesto de que a falta de edificios o si estos no son suficientes podrán instalarse puestos o locales permanentes o temporales en los lugares destinados por los Municipios, para que funcionen como mercados y pueda fomentarse la economía local. De igual forma se establece en la Ley, que les corresponde a los Ayuntamientos estudiar la necesidad de construir, reconstruir, ampliar o modificar los Mercados en su jurisdicción, pero las acciones para llevarlas a cabo deben de ser de manera coordinada con el gobierno estatal.

Pese a esta situación, en el estado de Morelos, para el año 2016 el 19.5 % de la población total, presentaba carencias por el acceso a la alimentación; por lo cual es fundamental que establezcan programas permanentes para el establecimiento y rehabilitación de mercados públicos, dentro de los cuales se comercialicen preferentemente alimentos que se produzcan en la comunidad a la que pertenezcan, y con ello se logre impulsar la economía, así como contribuir a garantizar el acceso a una alimentación adecuada y saludable de las familias morelenses. 

En virtud de lo anterior expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Soberanía la resolución de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Morelos, para que en coordinación con los gobiernos municipales de la entidad, implementen programas permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos, con el objetivo de fortalecer la economía, consumo y producción local de alimentos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.

1 https://www.gob.mx/senasica/articulos/acuerdan-abrir-nuevas-rutas-de-exportacion-de-productos
-agroalimentarios-y-potenciar-produccion-de-granos-97637?idiom=es .
Consultado el 3 de febrero de 2018.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 115.

3 http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/416980/.
Consultado el 7 de febrero de 2018.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revisar las bases de licitación de la Ronda 2.4 “Aguas profundas de exploración y explotación de hidrocarburos”, para que los procesos de licitación se lleven con total transparencia y con mayores ofertas para el país. Se turna a la Comisión de Energía.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que explique cuáles son los resultados del programa “Aliados Contigo”. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales un informe sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la Zona Especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.








De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwan por el devastador sismo que sufrió el día 6 de febrero del año en curso. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LOS HABITANTES DE LA ISLA DE TAIWAN POR EL DEVASTADOR SISMO QUE HAN SUFRIDO EL DÍA 6 DE FEBRERO DEL AÑ0 EN CURSO, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La noche del 6 de febrero del año en curso a las 23:50 horas, la isla de Taiwan fue sacudida por un potente sismo de 6.4° grados1.

Este desastre generó que quedaran atrapadas algunas personas, mismas que las brigadas de rescate intentaban rescatar, sin precisarse aún el número de víctimas propiciadas por este fenómeno natural.

En la ciudad de Hualien, al este de Taiwan, varias edificaciones resultaron severamente dañadas, entre las que destaca el Hotel Tongshuai, lugar en que también se tienen reportadas personas atrapadas al interior.

Haber vivido esta experiencia en nuestro país nos permite comprender el momento que viven tanto residentes como turistas en la ciudad de Hualien y en la propia isla de Taiwan por el sismo que los ha sorprendido la noche del 6 de febrero.

Las primeras imágenes que se han recibido por los distintos medios informativos nos permiten observar edificios colapsados y algunos otros con severos daños.

Los momentos posteriores a este trágico desastre son de caos, zozobra, búsqueda, rescate y en muchos de los casos desabasto en alimentos, sobre todo cuando el lugar en donde ocurren estos desastres son islas, como es el caso que nos ocupa y que no necesariamente cuentan con autosuficiencia para abastecerse.

Las horas de angustia, de esfuerzo, así como del enconado y organizado apoyo para retirar escombros y rescatar a quienes se encuentran atrapados serán cruciales en estos primeros momentos.

El H. Congreso de la Unión, debe manifestar su solidaridad y aliento con nuestros hermanos de Taiwan y con todos aquellos que se encontraban en la isla en el momento del sismo.

En razón de lo anterior, presento a esta alta Soberanía para su aprobación de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República expresa su solidaridad y duelo al pueblo de Taiwán, China; por los lamentables acontecimientos acaecidos el pasado 6 de febrero del presente año, en el que se presentó un sismo de 6.4 grados, el cual dejo a su pasó afectaciones en todo el territorio.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2018-02-06/sismo-taiwan-provoca-
varios-danos-y-personas-atrapadas/





De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos de trata de personas en su modalidad de prostitución por parte de Ángeles Ivette “N” y pederastia por parte de José Manuel “N” en contra de una niña de 7 años en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de noviembre de 2017 las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tabasco tuvieron conocimiento de que, en un municipio del centro de este Estado, una menor de siete años de edad, era constantemente abusada sexualmente por parte del C. José Manuel “N”, con el consentimiento de su madre la C. Ángeles Ivette “N” a cambio de dinero, siendo los familiares de la menor quienes hicieron la denuncia, tras la misma se realizaron las investigaciones correspondientes confirmando los hechos y la participación de  la madre y de José Manuel “N”, abriendo carpeta de investigación con número FCTP-47/2017.1

El 7 de diciembre de 2017 el Juez de Control de la Región 9, libró la orden de aprensión en contra de José Manuel “N” por el delito de pederastia.2

Asimismo, el 4 de enero de este año el personal de la Fiscalía de Trata de Personas, solicito la orden de aprensión por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución en contra de Ángeles Ivette “N”, siendo cumplidas el 11 de enero por el personal de la Vice fiscalía de Delitos de Alto Impacto, acto seguido se les formulo la imputación para su vinculación al debido proceso.3

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se presenta en todos los ámbitos tanto público como privado, siendo una grave violación de los derechos humanos de las mismas. Con la finalidad de salvaguardar la igualdad de género y combatir la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en la materia, entre los que destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)4 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)5.

La Convención sobre los Derechos de los Niños6 señala que los gobiernos deben proteger a las niñas y niños de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, se les venda o trafiquen con ellos.

Asimismo, el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía7 sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia.

Dentro del mismo Protocolo se define a la venta de niños y a la prostitución infantil, asimismo señala que los Estados partes deberán de incluir en su legislación penal todo lo relacionado con la venta y explotación sexual de las niñas y niños. También obliga a los gobiernos a criminalizar y castigar las actividades relacionadas con estos delitos. Exige castigos no solamente para quienes ofrecen o entregan niños y niñas para su explotación sexual, obtención de beneficios o trabajos forzados, sino también para todo aquel que acepte a un niño o niña destinado a estas actividades. 8

Dentro del marco jurídico nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4 en su noveno párrafo señala que se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral por lo que se creó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos.

Asimismo, dio lugar a la posterior emisión de leyes homólogas en los estados de la República. Al momento, de las 32 entidades federativas, 27 cuentan con leyes locales de protección de derechos de la infancia y la adolescencia.

La Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco9 en el Artículo 1 señala que el objeto de esta Ley es regular la prevención, combate y sanción del delito de trata de personas, así como medidas de atención y asistencias necesarias para garantizar los derechos de las víctimas.

Asimismo, el Articulo 8, fracción segundo párrafo señala las sanciones que se aplicarán a las personas que hayan cometido este tipo de delito que van de seis a doce años de prisión y a una multa de seiscientos a mil días de salarios mínimos vigentes en la zona.

De igual forma se entenderá como explotación a cualquier forma de explotación sexual, beneficiarse de la prostitución ajena y la, mantener un prostíbulo y la realización de pornografía y el delito de Trata de Personas se agravará en una mitad por cuando sea cometido en contra de menores de dieciocho años de edad o en contra de personas que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 10

La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños es un negocio global que afecta a todas las regiones del planeta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que permanentemente en el mundo entero 2,4 millones de personas son víctimas de la trata de personas y de engaños, quienes se ven obligadas a realizar trabajos en condiciones de explotación (OIT, 2005), cifra de víctimas que se incrementa cada año a través de las fronteras como dentro de los límites nacionales.

La realidad en Latinoamérica acerca del tráfico de personas es preocupante. Sólo en el caso de los niños, la UNICEF reporta que 1.2 millones son sujetos a tráfico anualmente y alrededor de 4 millones sufren diferentes tipos de explotación sexual infantil. Según cifras de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niños, a nivel internacional más de un millón de niñas y niños del mundo son vendidos y el 87 por ciento de estos son explotados sexualmente por medio de pornografía, prostitución, turismo y tráfico infantil.11

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señalo en el 2016, México que es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años., 4.5 de millones de infantes son víctimas de este ilícito y lo más lamentable es que solo el 2% es conocido.

En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial. Los Estados miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 Documento PDF y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.12

En septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra los niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estimaciones sobre el número de personas víctimas de trata en México varían entre 50,000 hasta 500,000 casos. (CNDH, 2013).

El número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual varía de 16,000 a 20,000. Otras cifras indican que los menores sujetos a explotación sexual en México ascienden a 70,000, de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país (CNDH, 2013).

Cada año, alrededor de 21 mil menores de edad son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y 45 de cada 100 son niñas indígenas (UNDOC, 2014).

La Ciudad de México, Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara son algunos de los focos rojos de la explotación sexual comercial infantil (UNDOC, 2014). En el estado de Guerrero (particularmente en los municipios de Ciudad Altamirano, Pueblo de Cruz Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatonoc, Cochoapan el Grande, Atixtlac y Acatepec) se identifica la venta de niños, niñas y adolescentes indígenas para la explotación sexual y el trabajo doméstico.

En el estado de Sinaloa se registró más para el trabajo agrícola (UNDOC, 2014).

Las ciudades del país consideradas como de “alta incidencia de trata de personas” son: Tijuana y Mexicali (Baja California); Nogales (Sonora); Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros(Tamaulipas), Cancún (Quintana Roo), Tapachula (Chiapas), Acapulco (Guerrero), Ciudad de México, Tlaxcala, Puerto Vallarta (Jalisco), Los Cabos (Baja California Sur), Veracruz y Oaxaca (UNDOC, 2014).13

A nivel internacional y nacional, el estado de Tlaxcala es considerado como una de las entidades con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (CNDH, 2013).14

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República condena los actos de Trata de Personas en su modalidad de prostitución que ejercia  Ángeles Ivette “N” y pederastia por parte de José Manuel “N” en contra de la hija de la primera, en contra de la  niña de 7 años en el estado de Tabasco, y se aplique la ley en todos sus términos, de manera pronta y expedita.

Dado en la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 Consúltese en:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/mujer-sometia-su-hija-de-siete-anos-prostitucion. 29 de enero de 2018.

2 Consúltese en:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.am.com.mx%2F2018%2F01%2F28
%2Fmexico%2Fmadre-prostituye-a-su-hija-de-7-anos-426935-426935&h=ATPe1h-2rPY.
30 de enero de 2018.

3  Consulte en: https://regeneracion.mx/mujer-prostituia-a-su-hija-de-7-anos-en-villahermosa/. 30 de enero de 2018.

4 México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. Consúltese
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/10_Cartilla_CEDMyPF.pdf.

5 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Para". Promulgación: 1 de abril de 1996, Publicación: B.O. 9 de abril de 1996.

6 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Articulo 34 y 35.

7 Consúltese en:
https://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf

8 Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. en su Artículo 2 incisos a y b y Artículo 3.

9 Publicada en el SUP. “I” al Periódico Oficial Número 7023 de fecha 26 de diciembre de 2009.

10 La Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco. Artículo 9 fracción V y Artículo 10 fracción I.

11 Consúltese en: http://www.e-consulta.com.mx/opinion/2013-09-23/la-explotacion-sexual-en-mexico. 31 de enero de 2018.

12 Consúltese en: http://www.un.org/es/events/humantrafficking/. 31 de enero 2018.

13 Consúltese en:  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf. 31 de enero de 2018.

14 Al día las cifras hablan. “Día Mundial contra la Trata de Personas”:
http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3560/AD-70.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 31 de enero 2018.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes a fin de determinar y, en su caso, deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y conflicto de interés, por parte del ex-jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el actual encargado de despacho, Rodolfo González Valderrama, en la adquisición, remodelación y operación del inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la delegación Cuauhtémoc, se ha documentado durante la presente administración del partido Morena diversas irregularidades, en este sentido, solo la Auditoría Superior de la Federación ha identificado desde la entrega de recursos públicos sin un trámite administrativo de por medio, hasta la falta de un sistema de control interno que permita cumplir con los objetivos y metas de las participaciones federales.

Por si esto no fuera suficiente, múltiples medios de comunicación han denunciado prácticas antijurídicas como tráfico de influencias, conflicto de interés y desvíos de recursos públicos por el ex-delegado Ricardo Monreal Ávila y el actual encargado de despacho, Rodolfo González Valderrama.

Para tener un panorama general de la situación, basta mencionar la adquisición, remodelación y operación del “Hotel Boutique Casa Prim”, en el que se ha incurrido en las siguientes anomalías:

• A pocos meses de que asumió la jefatura delegacional Ricardo Monreal Ávila, su hijo Ricardo Monreal Pérez en sociedad con una inmobiliaria propiedad del ex-diputado local del estado de Zacatecas del partido Movimiento Ciudadano, César Augusto Deras Almodova, adquirió un inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez por un costo de 8.2 millones de pesos, monto inferior al publicado en páginas de bienes raíces, cuyo costo de la propiedad, ascendía a 16 millones de pesos. Cabe indicar que dicho establecimiento ahora es propiedad del actual encargado de despacho de la Delegación Cuauhtémoc.

• El inmueble en comento, data del año 1915 y por sus características arquitectónicas como su diseño, estructura y fachada, forma parte del catálogo de inmuebles con valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes. Por tal motivo, su conservación es del interés de dicho Instituto, en consecuencia, en el año 2016 envío una solicitud a las autoridades delegaciones en Cuauhtémoc para que verificaran y se suspendieran diversas obras de remodelación, ampliación y  construcción, sin embargo la administración de Ricardo Monreal Ávila nunca suspendió dichos trabajos.

• En el predio señalado, opera el Hotel “Boutique Casa Prim”, esto a pesar de que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, establece que en el sector oriente de la Colonia Juárez, se prohíbe el uso de suelo para la operación de “Hoteles, moteles, hostales, casa de huéspedes y albergues”.1

Asimismo, se prohíbe la apertura de “Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, restaurantes-bar, cantinas y bares”, no obstante el “Hotel Boutique Casa Prim”, cuenta con por lo menos dos bares y un restaurant.

• Existen acusaciones de que existió un uso indebido de atribuciones y conflicto de interés por parte del ex-jefe delegacional, Ricardo Monreal Ávila, con el objeto de beneficiar a su familia para la adquisición y operación del establecimiento localizado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez. Pero no se descarta la colaboración de otros funcionarios de la demarcación, de ahí la relevancia de las investigaciones por parte del Gobierno de la Ciudad de México y la Contraloría General para sancionar conforme a derecho estos ilícitos.

No es la primera ocasión en la que Ricardo Monreal Ávila está involucrado con la comisión de algún ilícito, ejemplo de esta situación, son las denuncias públicas de enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio no corresponde con las percepciones que ha manifestado en su declaración patrimonial, o las acusaciones ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a los candidatos del partido Morena. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía las siguientes propuestas.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, verifique presuntas violaciones al plan de desarrollo urbano y la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México por parte de la Delegación Cuauhtémoc y los propietarios del “Hotel Boutique Casa Prim” al operar este establecimiento en una demarcación donde actualmente está prohibido.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc para que, presente un informe de las acciones desarrolladas y sus resultados, para atender las solicitudes de verificación y suspensión de obras en el predio ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez, al ser considerado como un inmueble con valor artístico por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Tercero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Contraloría General, realice las investigaciones correspondientes y deslinda responsabilidades en la comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones, conflicto de interés y actos de corrupción de diversos servidores públicos de la Delegación Cuauhtémoc para beneficiar a los propietarios del “Hotel Boutique Casa Prim” en su adquisición, remodelación y operación en la demarcación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018

Atentamente.

1 Gobierno de la Ciudad de México. (2008). Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc. 26/01/2018, de Gaceta Oficial de la Ciudad de México Sitio web:
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-CUAUHT%C3%89MOC.pdf





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción en el caso de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 millones de pesos, por parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios de comunicación, han documentado que el estado de Oaxaca presenta una severa crisis en materia de salud, desarrollo social, transporte público e infraestructura carretera y educativa, esto se debe principalmente a los desvíos, actos de corrupción y subejercicios durante la administración del ex- gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Por estos malos manejos, en los últimos meses se han aprehendido y consignado a los ex-titulares de la Secretaría de Vialidad y Transporte, de Finanzas y Salud, sin embargo, aún existen carpetas de investigación en proceso, para deslindar responsabilidades en el tráfico y venta de concesiones de taxis, mototaxis y autobuses, así como por la compra de medicamentos a sobrecosto, de mala calidad y sin un proceso administrativo de por medio.

Un claro ejemplo de estas anomalías, son las acciones emprendidas para determinar posibles desfalcos por mil 200 millones de pesos por el actual coordinador del Partido Morena, Salomón Jara Cruz, cuando fungía como secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.

A decir, de organizaciones de productores, cooperativas pesqueras y acuicultores, durante la gestión de Salomón Jara Cruz fueron nulos los proyectos, programas y apoyos a estas actividades de las cuales viven muchas familias oaxaqueñas y son estratégicas para el crecimiento y desarrollo de la entidad.

Lamentablemente, estas acusaciones de desfalco, malversación de fondos y desvío de recursos públicos forman parte del actuar del actual coordinador del Partido Morena, muestra de ello, son las siguientes consideraciones:

Existen indicios de un presunto desvío de 500 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura cuando Salomón Jara Cruz era su titular, esto se debe a que no se ha entregado la documentación que evidencia que dichos presupuestos fueron devueltos a la federación, es decir, se dieron subejercicios en materias sensibles que debieron traducirse en apoyos a los pequeños y medianos productores.

Los recursos del programa “Almanza para el Campo” también presentan anomalías, por ello, se requirió la devolución de 19 millones de pesos que Salomón Jara Cruz utilizó para fines distintos para los que la Federación los destinó.

Asimismo, existen dudas del manejo y posible “jineteo” de 34 millones de pesos con los que contó este programa diseñado para el apoyo de campesinos y acuicultores del estado de la entidad.1

También ha sido acusado de un desvío de 36 millones de pesos del Fideicomiso de la Alianza para el Campo, que posiblemente fueron utilizados para apoyar al ex-presidente nacional del Partido Morena, Andrés Manuel López Obrador durante el pasado proceso federal.2

En el 2016, el contralor del estado de Oaxaca hizo de conocimiento público que el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, estaba bajo investigación por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por diversas irregularidades encontradas en el destino de más de 9 millones de pesos.

Con anterioridad las y los Senadores del PRI, hemos indicado que Salomón Jara Cruz, no sólo está vinculado con arbitrariedades y anomalías como servidor público, sino que además múltiples medios informativos han documentado que a través de su cargo como coordinador estatal del Partido Morena, busca beneficiarse del actual proceso electoral con la designación de candidaturas a presidencias municipales, diputaciones estatales y diputaciones federales.

Bajo estas directrices, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República considera determinante que Contraloría y Transparencia Gubernamental amplíe las investigaciones y auditorias a los recursos ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura durante la gestión de Gabino Cué Monteagudo, debido al presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 millones de pesos, por parte del entonces titular de la dependencia y actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía las siguientes propuestas.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Oaxaca para que, a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, amplíe las investigaciones y auditorías a los recursos ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura durante la gestión de Gabino Cué Monteagudo, debido al presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 millones de pesos, por parte del entonces titular de la dependencia y actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca para que, presente un informe pormenorizado de los servidores públicos sancionados u objeto a investigación, adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, quienes durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, hayan estado relacionados con actos de corrupción, malversación de fondos y desvíos de recursos públicos como los denunciados contra el entonces titular Salomón Jara Cruz.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Samuel García. (2018). Investigan a coordinador de Morena en Oaxaca por desvío de 1,200 mdp. 29/01/2018, de El Financiero Sitio web:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/investigan-a-coordinador-de-morena-en-
oaxaca-por-desvio-de-200-mdp.html

2 Humberto A. Torres. (2017). Pecados de Salomón Jara. 29/01/2018, de El Imparcial de Oaxaca Sitio web:
http://imparcialoaxaca.mx/opinion/50632/pecados-de-salomon-jara/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instrumentar las acciones y protocolos que garanticen que las detenciones realizadas por los elementos policiacos de la Ciudad de México se lleven a cabo conforme a derecho y con total apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de Marco Antonio Sánchez Flores, que podría constituir un caso de desaparición forzada. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los principales compromisos del Congreso de la Unión, ha sido el de fortalecer el marco institucional y jurídico que salvaguarde el respeto de los derechos humanos, prueba de ello, es la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017.1

En sentido contrario a estos esfuerzos, en días recientes a través de las redes sociales y los principales medios de comunicación, se dio a conocer el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de 17 años de  la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue detenido de forma arbitraria, el martes 23 de enero por elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando tomaba fotos de un grafiti a los alrededores del Metrobús El Rosario.2

Los policías acusaron a Marco Antonio del robo de un celular, lo esposaron y lo subieron a una patrulla, señalando que lo llevarían al Ministerio Público 40 ubicado en Azcapotzalco.

Cuando los padres de Marco Antonio acudieron a dicha agencia, se les informó que los policías lo habían dejado ir, por lo que no se encontraba ahí.3 A partir de entonces pasaron 5 días sin que se tuvieran noticias sobre el joven y sin que las autoridades dieran respuesta sobre su paradero.

Los familiares de Marco Antonio, lo buscaron en distintas agencias del Ministerio Público y posteriormente su padre, denunció la desaparición del joven ante el Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El gobierno de la Ciudad de México, lejos de actuar con oportunidad ante este caso, comenzó la búsqueda de Maraco Antonio, sólo ante la presión ejercida por los medios de comunicación, la sociedad civil  y de la propia Universidad Nacional, de no haber sido por las redes sociales y la viralización de este hecho, la desaparición forzada de Marco Antonio habría pasado desapercibida.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno de la Ciudad de México, se distingue por criminalizar a los jóvenes capitalinos, basta recordar los trágicos hechos ocurridos en la Discoteca New´s Divine  en la que un operativo policiaco, derivó en la lamentable pérdida de más de una decena de vidas.

El 28 de enero, mediante una conferencia de prensa el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel mancera informó que Marco Antonio había sido localizado en el fraccionamiento de Los Álamos, en el municipio de Melchor Ocampo.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, solicitó tanto a la SSP como a la Procuraduría General de Justicia de la capital del país, medidas precautorias para salvaguardar integralmente los derechos humanos del adolescente  agraviado y abrió la queja, calificada como caso de desaparición forzada.4

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala en el artículo 27 que:

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

La Ley en comento, señala que, al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, se le  impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa.

Con la aparición de Marco Antonio, no se pudo esclarecer lo que le sucedió luego de que fue detenido, debido a que presenta síntomas de alteración de la conducta y una incapacidad para expresar un discurso articulado, condición que fue  provocada por lo que vivió durante los 5 días en los que no se tuvo conocimiento de su paradero.

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, su condición “Es por algo externo y no tiene que ver con una situación  previa.”5

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México,  informó que el sistema de videograbación de la patrulla con matrícula MX-805-P1, en la que Marco Antonio Sánchez fue detenido, no funciona, no obstante, no conocemos si esta información sea cierta o las autoridades están tratando de ocultar información valiosa para conocer lo que le ocurrió a Marco Antonio en el interior de dicha patrulla y que quizás tenga que ver con las secuelas psicológicas y físicas que actualmente presenta.

Además, diversos medios de comunicación han dado a conocer que dicha patrulla cuenta con numerosos reportes, en los que se señalan que ésta realiza detenciones de manera sistemática para realizar extorsiones a vendedores ambulantes.6

Actualmente los cuatro policías involucrados en la desaparición forzada de Marco Antonio, han declarada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sin embargo,  cabe señalar que, a dos de ellos no era posible localizarlos, sin que se conozca los motivos de su ausencia, ni el motivo por el que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, no actuaron con oportunidad para ponerlos a disposición de las instancias correspondientes

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos solidarizamos con Marco Antonio Flores Sánchez y su familia, reiteramos nuestro compromiso para dar puntal seguimiento a este caso hasta que se esclarezcan los hechos y se sancionen a los responsables.

Los legisladores del PRI, consideramos que en un régimen democrático como el nuestro, no existe cavidad para este tipo de prácticas que violentan contra los derechos humanos de los capitalinos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, instrumente las acciones y protocolos que garanticen que  las detenciones realizadas por los elementos policíacos de la Ciudad de México, se lleven a cabo conforme a derecho y con total apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de Marco Antonio Sánchez Flores que podría constituir un caso de desaparición forzada.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación por una presunta práctica sistemática de desaparición forzada por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y para que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Tercero. El Senado de la República exhorta  a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que, lleve a cabo una investigación relacionada con las fallas en el sistema de videograbación de la patrulla con matrícula MX-805-P1, en la que Marco Antonio Sánchez fue detenido, a fin de conocer si éstas fueron provocadas de manera premeditada.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 2017,
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017>
Consultado el 1 de febrero de 2018.

2 “Lo que sabemos del caso de Marco Antonio Sánchez Flores”, El Universal,  
<http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lo-que-sabemos-del-caso-de-marco-
antonio-sanchez-flores> Consultado el 1 de febrero de 2018.

3 “Marco Antonio: desde su desaparición hasta su hallazgo”, Milenio, <http://www.milenio.com/policia/marco-antonio-sanchez-flores-desaparecido-policias-cdmx-unam-noticias_0_1111689078.html>
Consultado el 1 de febrero de 2018.

4 “La CDHDF investiga queja sobre el caso de desaparición de joven ciudadano” Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,  Boletín de prensa 14/2018, 28 de enero de 2018,
<http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/01/Boletin142018.pdf>  Consultado el 2 de febrero de 2018.

5 “Marco Antonio no tenía padecimientos previos; su conducta se alteró durante desaparición: CDHDF” Animal Político,
< http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-desaparicion-cdhdf/>
Consultado el 2 de febrero de 2018.

6 “Patrulla que detuvo a Marco Antonio, tiene denuncias de extorsión”






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar los mecanismos de colaboración y coordinación con los municipios de la entidad y el gobierno federal en materia de seguridad pública, ante el crecimiento sistemático de la incidencia delictiva, con la finalidad de restituir el orden y el estado de derecho, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública es un derecho humano fundamental, que permite garantizar la paz y el orden, así como proteger la integridad y patrimonio de la población. Los especialistas en el tema, coinciden en que respetar el Estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social.1

Sin embargo, dada la complejidad y trascendencia del asunto, ello demanda la estrecha coordinación de los tres ámbitos de gobierno, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante lo anterior, a cinco años transcurridos de la actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el número de delitos continúa incrementándose de manera sostenida, en perjuicio de la tranquilidad y seguridad de la población. Basta recordar que desde el inicio de la gestión del presente gobierno estatal, la seguridad pública se planteó como uno de los pilares de la agenda institucional, establecidos en el Programa de Gobierno 2012-20182, para lo cual se instrumentó la estrategia Escudo, a la cual fueron destinados recursos financieros y tecnológicos sin precedente.

Según diferentes medios de comunicación “Guanajuato vive su peor ola de violencia. En 2017 se registraron mil 84 homicidios dolosos. Mil 500 militares llegaron al estado y se desplazaron a 19 bases, en diversos municipios. Ahora, más de ocho mil elementos resguardan la seguridad, faltan por arribar mil 700 soldados más. En el estado gobernado por Miguel Márquez se perdió el control, pues tan sólo en enero los crímenes, 154, casi igualaron la cifra de todo el año 2000, que cerró con 158 asesinatos. Huachicoleo, robo a ferrocarriles, asalto a transeúntes, a comercios. De poco le sirve ser la entidad con más industria automotriz y presumir ser el único estado con cinco armadoras, si lo que destaca es el crimen organizado”.3

En retrospectiva, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se observa un aumento sostenido cada año del número delitos cometidos en lo que va de la presente administración estatal. 

Para poner en su justa dimensión esta problemática, cabe mencionar que durante 2017 el total de delitos cometidos ascendió a 117 mil 857, cifra que representa un incremento de 10.9% con respecto a 2016 y de 46.2% con relación a 2013.4 Ello significa que se cometieron 323 delitos diariamente.

Ahora bien, el total de delitos cometidos en 2017 significó 11 mil 592 y 37 mil 235 más con respecto a 2016 y 2013, respectivamente. Tan sólo en el mes de diciembre pasado, se registraron 9 mil 710 delitos, lo que significa un aumento de 7.3% con relación a igual mes del año inmediato anterior y 31% con respecto a diciembre de 2013.

En este mismo orden de ideas, según el Semáforo Delictivo, en diciembre de 2017 con respecto al mismo mes del año previo, los homicidos se incrementaron 14% y 29% con relación a la media nacional; el robo a negocio aumentó 3% y 14%, mientras que las lesiones lo hicieron en 10% y 4%, respectivamente.5

De manera particular, es preciso mencionar que la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes, aumentó de 11.21 en 2013 a 18.55 al 31 de diciembre del año pasado.

A lo anterior, habría que agregar los delitos cometidos recientemente en varios puntos de la entidad, que falta sumar a la estadística oficial de incidencia delictiva. Por ejemplo, en día pasado fue asesinado a tiros el presidente del comité municipal del PRI en Celaya, Gto., al cual se suman otras ejecuciones ocurridas en diferentes municipios.

Lo anterior revela que la entidad se enfrenta a una crisis de seguridad que vulnera a los guanajuatenses. Esta situación da cuenta del fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad pública implementadas por la actual administración estatal.

El gobernador de la entidad se comprometió a abatir los índices delictivos y hacer de Guanajuato uno de los estados más seguros del país; sin embargo, la realidad es otra, ya que se ha ubicado entre uno de los más inseguros a nivel nacional.

Ante la ola de violencia que se vive en el estado, el mismo gobernador se ha desmarcado argumentando que ha hecho todo lo posible por paliar la violencia que enfrentan los guanajuatenses.

El artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.6

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.7

Con base en la normatividad señalada, es posible concluir que existe una  responsabilidad directa de las autoridades estatales correspondientes sobre la situación de inseguridad que prevalece en distintos los municipios de la entidad. 

En este panorama, resulta urgente reforzar las políticas de seguridad pública, para lo cual se requieren mayores y mejores mecanismos de colaboración y cooperación entre el gobierno estatal con los gobiernos de cada uno de los municipios de la entidad y el gobierno federal, con el objeto de restituir la paz y el Estado de derecho en la entidad, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los guanajuatenses.

Se trata, simple y sencillamente, de garantizar uno de los derechos fundamentales de la población, como es la seguridad pública, aspecto medular para el crecimiento económico y el progreso de la sociedad en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce los mecanismos de colaboración y coordinación con los municipios de la entidad en materia de seguridad pública, ante el crecimiento sistemático de la incidencia delictiva, con la finalidad de restituir el orden y el Estado de derecho, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de la población.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

1 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf

2 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

3 http://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/2018/02/01/1217442

4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/
Cieisp2016_102017.pdf

5 http://guanajuato.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

6http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol
%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

7 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación por un presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya Cortés a través de la Fundación Por más Humanismo, para favorecer a las empresas inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG Diseño y Construcciones. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos meses, diversos medios de comunicación han aportado diversas evidencias que dan cuenta no sólo del presunto enriquecimiento ilicitico de Ricardo Anaya Cortés, sino también de su falta de congruencia política, ya que mientras el abandera una supuesta lucha contra la corrupción, cada vez es más frecuente que salgan a la luz pública nuevos casos de corrupción en los que él ha incurrido.

En una investigación del diario El Universal, se puso de manifiesto que el estilo de vida del precandidato de la coalición “Por México al Frente” no es acorde a los ingresos que percibe tanto por sus actividades partidistas, servicios de consultoría, ingresos de actividades comerciales e ingresos de su cónyuge.

En su declaración tres de tres, Ricardo Anaya manifestó que percibía  219 mil 997 pesos como remuneraciones por su cargo como presidente nacional del PAN; 938 mil por servicios profesionales. Por ambos conceptos tenía un ingreso anual neto de 1 millón 158 mil 333 pesos. A esto habría que agregar la percepción de su cónyuge de 1 millón 503 mil 964 pesos lo que sumaba un total de 2 millones 662 mil 297 pesos.1

No obstante, en la investigación referida, se señala que la familia de Ricardo Anaya vivió en agosto del año 2015, en un exclusivo fraccionamiento de Atlanta, Georgia pagando anualmente por el alquiler de la casa en la que habitaban cerca de 2 millones 560 mil pesos. Además, sus tres hijos asistieron  al High Meadows School, que es una de las escuelas más caras y exclusivas del área, por la que paga alrededor de 995 mil pesos por concepto de colegiatura. De igual forma, se estima que destina cerca de 993 mil por gasto de manutención, lo cual asciende a un total de más de 4 millones 500 mil pesos.2

Además de estos gastos, también hay que señalar los referentes a los más de 120 vuelos redondos en avión de México a Atlanta que Ricardo Anaya realizó desde 2014 hasta 2016  una frecuencia de entre cinco y ocho días. Tan solo en los primeros 10 meses de 2016 realizó 71 viajes redondos por los cuales habría erogado cerca de 7 millones de pesos.3 

Como es evidente, los ingresos que el mismo Ricardo Anaya declaró  percibir en su tres de tres, no son suficientes para cubrir algunos de sus principales gastos, lo cual pone de manifiesto la falta de veracidad de la información que presentó.

En otra investigación se documentó la manera en la que la riqueza de familia política de Ricardo Anaya se incrementó cuando él se desempeñó como secretario particular y coordinador de Desarrollo Social del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón (2003 a 2009).

Durante esta etapa, el suegro del precandidato de la coalición “Por México al Frente” pasó de administrar restaurantes a consolidar un imperio inmobiliario, al incrementar de 4 a 17 empresas y aumentar de seis inmuebles con un valor de casi 22 millones de pesos, a 33 con un valor de alrededor de 308 millones de pesos.

 Cabe señalar, que Ricardo Anaya indicó en su declaración 3 de 3, ser accionistas de dos de las 17 empresas de su suegro, Cintla  y Juni Serra en las que tiene una participación de 50% y 42% respectivamente.4

En días recientes, Proceso documentó la forma en que Ricardo Anaya constituyó y utilizó la “Fundación por más Humanismo AC”, para encubrir un negocio inmobiliario que benefició a empresarios queretanos cercanos al Partido Acción nacional en dicha entidad y a Eduardo de la Guardia Herrera propietario de la empresa DG Diseño y Construcción5, quien junto a Anaya administraban la cuenta bancaria de dicha fundación y quien habría construido un proyecto de naves industriales a una empresa propiedad de Ricardo Anaya.6

Al separarse de la administración del gobernador Francisco Garrido Patrón, Ricardo Anaya contaba con información privilegiada sobre los planes de urbanización que existían en diversas zonas de Querétaro.7  Por ello, bajo el pretexto de construir una sede para el PAN en dicha entidad constituyó la “Fundación por más Humanismo AC”, sin embargo, era una fachada para ocultar un negocio inmobiliario.

Una vez constituida la Fundación, esta recibió en el año 2010, un depósito de  1 millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villareal, dueño de JV Construcciones, con dicho dinero adquirieron un terreno en el que se construyó un edifico, que en el año 2016 vendió en casi 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agragados y Asfaltos.

De acurdo a declaraciones de Julio Sentíes Laborde, quien se desempeñó como Secretario de Dicha Fundación, ésta no tenía autorización de la Secretaría de Hacienda para dar recibos deducibles de los donativos que recibiera.

El terreno adquirido por la Fundación constituida por Anaya, se ubica dentro de las 264 hectáreas en la que en 2005, el gobierno de Garrido Patrón llevo a cabo el cambio de uso de suelo a la solicitud de un grupo de empresarios.

Luego de que recibió el depósito del empresario Abraham Jaik Villareal y de realizar el pago de la propiedad al Corporativo Inmobiliario Génesis por 1 millón 638 mil pesos, la cuenta bancaria de la Fundación se mantuvo inactiva durante el período comprendido entre septiembre de 2011 y abril de 2016, contando con sólo 7 mil 994 pesos. No obstante, a principios de ese mes, recibió una transferencia de 7 millones por el concepto de pago de edificio.8

Una vez que contó con dichos recursos la Fundación realizó distintas transferencias:

• El 21 de abril de 2016, se transfirieron 99 mil pesos a la cuenta de la Notaria 32.

• El 17 de mayo de 2016, transfirió 1 millón 650 mil pesos a Abraham Jaik Villareal, la misma cantidad que él depositó en 2010, para la compra de la propiedad.

• El mismo día se transfirieron 4 millones 909 mil pesos a JV Construcciones.

De los más de 4 millones que recibió  JV Construcciones, la empresa realizó transferencias por 3 millones 350 mil  753 pesos a DG Diseño y Construcciones propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera  y quien ha realizado proyectos inmobiliarios con empresas las empresas Cintla y Juni Sierra.

Los hechos son contundentes y dan cuenta de la manera en la que el precandidato de la coalición “Por México al Frente”, ha utilizado sus cargos para enriquecerse de manera ilícita y evidencian su falso discurso sobre el combate a la corrupción, en virtud de que en su declaración tres de tres ha omitido informar sobre las empresas ligadas a él y sus familia, así como las actividades de la “Fundación por más Humanismo AC”.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que, lleve a cabo una investigación por un presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya Cortés a través de la Fundación por más Humanismo, para favorecer a las empresas inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG Diseño y Construcciones. Asimismo, para que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Declaración Patrimonial de Ricardo Anaya,
< https://35e2b2897aef95fab722-869a5ffed2b76e6ebdfe2bd825b80dfa.ssl.cf1.rackcdn.com/archivos/anaya_
cortes_ricardo_declaracion_patrimonial.pdf>
Consultado el 6 de febrero de 2012.

2 Mantiene Ricardo Anaya a familia fuera de México, El Universal, 3 de noviembre de 2016, p. A12.

3 Anaya en las nubes: viajó 125 veces en 36 meses, Ricardo Alemán, Milenio, 31 de octubre de 2016, < http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/Ricardo_Anaya-PAN-viajes_a_Atlanta_18_839496064.html>
Consultado el 6 de febrero de 2012.

4 “Anaya y familia tienen inmuebles por 308 millones de pesos” El Universal,
< http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/anaya-y-familia-tienen-inmuebles-por-308-mdp>
Consultado el 6 de febrero de 2018.

5 Álvaro Delgado “Sospechosas triangulaciones en una fundación creada por Ricardo Anaya”, Proceso, No.2153, 4 de febrero de 2018.

6 Salvador García Soto, “6 preguntas para Ricardo Anaya”, El Universal,
<http://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/6-preguntas-para-ricardo-anaya>
Consultado el 6 de febrero de 2018.

7 Ibìd.

8 Álvaro Delgado “Sospechosas triangulaciones en una fundación creada por Ricardo Anaya”, Proceso, No.2153, 4 de febrero de 2018.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones  contra el ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el ex-tesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ex-tesorero del gobierno de Quintana roo, Juan Melquiades Vergara, está siendo investigado por la comisión de diversos delitos, entre ellos, lavado de dinero, desvío de recursos públicos y actos de corrupción. Ante estos hechos, diversos medios de comunicación también han señalado al ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien se presume utilizó las empresas del Melquiades Vergara para financiar campañas políticas, refinanciar deudas estatales y pagar favores políticos.1

Para dimensionar la gravedad del asunto, basta indicar que presuntamente por estos conceptos el ex-tesorero del gobierno de Quintana roo, recibió sólo en el año 2015 más de 50 millones 689 mil 970 pesos.

En estos hechos, se ha advertido de la operación de un conjunto de servidores públicos que trabajan a través de una red de por lo menos 17 empresas fantasmas, las cuales emiten facturas apócrifas y realizan transacciones para hacer de esos movimientos financieros libres de gastos de deducibles. 

Una de las compañías involucradas es “México Travel Channel”, la cual también ha estado vinculada con el manejo de presupuestos públicos pocos transparentes y de manera irregular, ejemplo de esta situación, son los contratos millonarios con los gobiernos de Baja California, Quintana Roo y Puebla, de los cuales se desconoce los montos, pagos ejercidos y la comprobación de gastos de dichas campañas publicitarias.

La misma empresa también ha sido denunciada por presunto enriquecimiento ilícito, esto se debe a que se ha documentado que su propietario rápidamente se hizo de una flotilla de aviones, yates, terrenos, casas y edificios, los cuales se han adquirido a través de los trabajos de esta empresa con gobiernos panistas.

Llama la atención que la empresa “México Travel Channel” fue una de las  compañías que más contratos recibió durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, particularmente para supuestamente difundir las atracciones turísticas de la entidad como las cascadas, el valle de las rocas, el mirador de cristal y el museo de relojes y autómatas "Alberto Olvera Hernández" en Zacatlán de las Manzanas.

Asimismo, están los contratos ejercidos por el gobierno de Puebla durante el Tianguis Turístico en el año 20132, y las campañas publicitarias emprendidas cuando el Ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presidió la Conferencia Nacional de Gobernadores, aparentemente por el alto número de contratos llegó a tener oficinas y representaciones en Madrid, Cancún y la Ciudad de México.

Por si esto no fuera suficiente existen acusaciones de conflicto de interés, ya que durante su gestión como tesorero del gobierno de Quintana roo, Juan Melquiades Vergara recibió cuantiosos contratos para difundir los atractivos del estado, no obstante para diversas organizaciones sociales solo se trató de un mecanismo de lavado de dinero y desvío de presupuestos públicos.

A decir de diversos medios de comunicación, Juan Melquiades Vergara por años ha aprovechado sus puestos públicos para supuestamente generar contratos y beneficiar a sus empresas cuando en realidad es un instrumento de lavado de dinero y actos de corrupción, como los señalados con el Presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle.

Bajo estas consideraciones, es necesario que se amplíen las investigaciones para identificar, sancionar y prevenir trasgresiones a las arcas públicas y desvíos de recursos que debieron ser utilizados para apoyos al campo, estrategias de superación de la pobreza y atención a las necesidades más apremiantes de la sociedad.

Bajo estas directrices, se hace necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones desarrolle las acciones pertinentes para determinar el involucramiento del ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas con actividades ilícitas con el ex-tesorero del gobierno de Quintana roo y dueño de empresas relacionadas con el presunto lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado, malversación de fondos y posesión de recursos de procedencia ilícita.

Para el grupo parlamentario del PRI, es elemental que se sancione conforme a derecho estos actos que contravienen nuestro marco jurídico e institucional, pero principalmente, que se investigue con trasparencia, objetividad y hasta sus últimas consecuencias estos ilícitos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía las siguientes propuestas.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones amplíen las investigaciones contra el ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y el ex-tesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita.

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones presente un informe pormenorizado de las personas involucradas, los montos observados y las empresas investigadas propiedad del ex-tesorero del gobierno de Quintana roo, Juan Melquiades Vergara, implicados en la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente.

1 Benito Jiménez y Claudia Salazar. (2018). Ligan a Juan Vergara con Moreno Valle. 06/02/2018, de El Reforma Sitio web:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1315614&md5=
af58f590321e7d682d74ff3baedb383e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&l
cmd5=68020d23974b9f4c501f8bbe13d690ec

2 E- consulta . (2014). México Travel Channel, empresa consentida del régimen. 06/02/2018. Sitio web:
http://www.e-consulta.com.mx/medios-externos/2014-02-24/mexico-travel-channel-
empresa-consentida-del-regimen






Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Radio”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial de la Radio

No olvidemos que la radio sacraliza la voz, por lo que de suyo le confiere un poder a quienes están frente a los micrófonos”
Lidia CamachoDirectora del Colegio de Comunicación,
Universidad del Claustro de Sor Juana, México.

La RADIO es el medio de comunicación masivo por excelencia, pues su cobertura alcanza al 98 por ciento de la población del país, con una historia de más de 70 años.

Siete décadas en las que el sintonizar una frecuencia en los años veinte era una verdadera hazaña sólo conseguible por iniciados a través de pequeños receptores, pero que a la postre se convirtió en sencillo acto cotidiano, casi natural, practicado por millones de personas que acompañan la jornada diaria con la música, las charlas o la información que la radio ofrece.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) destaca a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes.

También, desempeña, un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro.

En mérito de tal relevancia y trascendencia, el 14 de enero de 2013, la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), aprobó la proclamación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del “Día Mundial de la Radio”.

Es una celebración global en que se festeja la radio como medio, como también, para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar a las principales redes y radios comunitarias por igual, a promover a través de las ondas, el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad de género, entre otros valores.

También, una ocasión para reconocer el trabajo de aquellas personas que en cualquier forma, participan para dar existencia a la Radio en nuestro país; a todas aquellas que hace posible que la Radio llegue a prácticamente todos los rincones de la República, llevando información, música y entretenimiento, por citar algunos.

Por ello, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento y felicitación muy especiales a todos aquellos hombres y mujeres que participan y dan vida a la Radio en México.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, sobre el 51 Aniversario del Tratado de Tlatelolco.








De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Nacional del Águila Real”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Nacional del Águila Real

El Águila Real es una de las grandes águilas con una amplia distribución en Norte América y Eurasia. Se distingue por su pico robusto en forma de gancho y por tener plumas en las patas hasta la mitad del tarso, esta ave de presa, posee un peso de seis kg y dos metros de envergadura (o más), fue denominada por nuestros ancestros águila suprema, o águila dorada por su plumaje café obscuro con matices dorados en cuello y hombros1.

Trece de febrero, día conmemorativo al águila real, símbolo que representa patria, historia y respeto, siendo el significado de estos tres elementos, el primero de ellos el escudo que nos distingue ante el mundo, segundo una referencia obligatoria para el pueblo mexicano y el último, el cuidado que en vida se debe ejercitar a este símbolo patrio que se encuentra aún con vida

El Águila Real ha sido utilizada como símbolo de valor y poder debido a su fuerza, tamaño e inaccesibilidad de sus nidos2.

México lo ha tomado como símbolo del escudo nacional, teniendo su origen a partir de la fundación de Tenochtitlán. Así de manera cultural el último tlatoani azteca, hijo de Ahuízotl fue Cuauhtémoc “águila que desciende” (1495-1525). En cuanto se refiere a la mitología griega y romana se convirtió en el símbolo de Zeus/Júpiter, el rey de los dioses.

En cuanto al tema de conservación esta ave tiene una tasa reproductiva muy baja y una elevada mortalidad de pollos durante su desarrollo en el nido, especialmente cuando escasea el alimento. Asimismo, se estima que el 75% de los jóvenes mueren antes de alcanzar la madurez sexual.

Las problemáticas que enfrenta esta especie se relacionan con temas desde la electrocución, envenenamiento directo, cacería ilegal, pérdida de hábitat, incremento de actividades forestales, abandono de zonas de reproducción como resultado de perturbación humana, tráfico ilegal para su venta como mascotas o para cetrería, y envenenamiento por plaguicidas.

Esta ave posee una gran importancia ecológica consiste en guardar un equilibrio dentro de su ecosistema.

Esta especie funge como un indicador del buen estado del ambiente; pues actúa como consumidor superior, representa un elemento de primer orden en las comunidades neárticas mexicanas al regular poblaciones de una gran variedad de pequeños mamíferos.

En 1994 esta ave fue incluida en la lista de especies en riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010), continua en la categoría de amenazada, su población se encuentra en peligro de desaparecer en el corto o mediano plazo si persisten los factores negativos en su viabilidad.

Es por todo lo que representa el águila real para los pobladores mexicanos; que el Partido Verde ha lanzado iniciativas con el objetivo de apoyar a esta especie animal, caso como la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 60 bis 3 a la ley general de vida silvestre la cual tiene por objeto prohibir de manera expresa la importación, exportación y aprovechamiento extractivo del águila real, así como implementar un programa permanente de protección, conservación y recuperación de esta especie.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Senadoras y Senadores

Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/aguila-real-simbolo-y-compromiso

2 http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/aguilaReal.pdf






Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el Tratado de Tlatelolco.

EFEMÉRIDE

14 de Febrero
Firma del Tratado de Tlatelolco

Un día como hoy pero de 1967, tras los estragos de la Guerra Fría con la “Crisis de los Misiles”, se firma un acuerdo multilateral en contra de las armas nucleares.

Dicho acuerdo fue promovido en 1963 por cinco Presidentes latinoamericanos, de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, de Brasil Joao Goulart, de Chile Jorge Alessandri y de Ecuador Carlos Julio Arosemena, a iniciativa del entonces Presidente de México, Adolfo López Mateos.

Tras varias reuniones preliminares y con la aprobación de la ONU, quedo establecido el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latica y el Caribe, o mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, quedando como un acuerdo que establecía la Primera Zona Libre de Armas Nucleares y que además prohibía expresamente, entre sus miembros, el ensayo, uso, fabricación, producción, adquisición, recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o posesión de armas nucleares, además para el cumplimiento dicho Tratado, quedo integrado el Organismo para la proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (OPANAL).

Por tal motivo se ocupa este día para reflexionar la terrible amenaza que entrañan estos instrumentos de destrucción en masa ya que su alcance puede ser incalculable al igual que sus efectos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Cáncer Infantil”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional del Cáncer Infantil
15 de febrero

En Luxemburgo en el año 2001 se declaró el 15 de febrero de cada año como el Día Internacional del Cáncer Infantil.

La conmemoración de este Día tiene como objetivo principal sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de la problemática del cáncer infantil y de la necesidad de que todos los niños en todas partes del mundo puedan acceder al diagnóstico y tratamiento adecuado.

En 98 países, 151 Organizaciones de Ayuda a Niños con Cáncer, miembros de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO), realizan durante todo el mes de febrero, campañas en favor del mejoramiento de las condiciones en sus países. A través de la ICCCPO, en un trabajo estrecho con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), padres de todo el mundo se unen en una causa común: ayudar a los niños con cáncer a acceder al mejor tratamiento posible con las mejores condiciones de soporte.

Desafortunadamente el cáncer es la segunda causa de muerte en los niños de 6 a 12 años, solamente precedida por los accidentes, los cuales en muchas ocasiones tuvieron la posibilidad de evitarse, a diferencia del cáncer infantil que tiene connotaciones causales preponderantemente genéticas hasta ahora fuera de nuestro control.

Por lo que considerando que en general el Cáncer infantil tomado a tiempo tiene altos índices de curación una de las propuestas que tenemos que tener en cuenta desde el mostrador de la farmacia es educar a los padres a una mirada atenta ante los cambios de la salud de su hijo. Se debe tener en cuenta que en muchos casos el cáncer se puede parecer a otra enfermedad: una parasitosis, una anemia por carencias nutricionales, una migraña, una infección, o al dolor atribuido a un golpe o a la etapa de crecimiento.

El cáncer en los niños aunque de evolución más rápida que en el adulto, no se desarrolla de un día para otro, y tiene en la gran mayoría de los casos signos y síntomas que se van presentando en el transcurso de meses o semanas y que muchas veces, han pasado desapercibidos porque se confunden con otras enfermedades, y sobre todo por el temor que significa la sola idea de tener un hijo con cáncer. Pero ante el miedo lo peor es paralizarse. Debemos tomar el control y ocuparnos de la situación.

Para combatir este grave problema es necesario que desde casa tomemos las medidas pertinentes, así como realizar campañas informativas y acciones respecto a uno de los factores de riesgo más letales: la exposición de menores de edad al humo de tabaco, pues solo así se podrán detener o disminuir significativamente los casos de mortalidad infantil por esta enfermedad.

Existen diferentes tipos de cáncer como consecuencia del humo de tabaco, tales como: el de pulmón, vías urinarias, boca, nariz, esófago, laringe, faringe, páncreas, estómago, hígado, cérvix y médula ósea.

En mi estado, Sinaloa, lamentablemente cada año se diagnostican 100 casos de cáncer infantil, por ello es necesario lograr la sensibilización social sobre el cáncer en los menores, por ello una vez más invito a todos los padres de familia hacer de sus hogares espacios 100% libres de humo de tabaco.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial de la Energía”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial de la Energía

La energía ha sido un instrumento vital para la evolución del hombre, pues gracias al descubrimiento de las fuentes de energía, la humanidad en sus orígenes pudo encarar todas adversidades que se le presentaban, para lograr su supervivencia.

Posteriormente, el dominio de las fuentes de energía permitió a la humanidad avanzar en el desarrollo industrial, científico y tecnológico, generando progreso económico, bienestar y comodidades que hoy consideramos básicas para la vida urbana.

Sin embargo, el uso irresponsable y explotación sin medida que hemos dado a las diversas fuentes proveedoras de energías naturales, ha generado con el paso del tiempo un gran impacto negativo en nuestro planeta, que se observa en la degradación de los ecosistemas y en la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

Además, el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, produce contaminantes atmosféricos que ocasionan graves problemas para la salud de las personas, provocando cada año millones de muertes por enfermedades respiratorias.

Es por esto que desde 1949 se tiene registro de la conmemoración del Día Mundial de la Energía, teniendo como objetivo la promoción del uso de fuentes renovables, y la disminución del uso de las energías basadas en combustibles fósiles.

Por estos motivos, conmemorar el Día Mundial de la Energía representa un llamado para crear conciencia y solidarizarnos con estos problemas que nos afecta a todos y de los cuales todos somos responsables.

No es necesario sacrificar nuestras necesidades con el objeto de reducir el consumo energético, sino tomar mejores decisiones y adaptar muchos de nuestros hábitos para controlar nuestro impacto al medio ambiente y evitar el desperdicio o mal uso de la energía.

El territorio de México se puede considerar privilegiado, no sólo por contar una buena cantidad de yacimientos de hidrocarburos de origen fósil, sino también porque su ubicación geográfica, condiciones climáticas y recursos naturales le permiten contar con un gran potencial en materia de energías renovables.

En pleno 2018, el uso de energía alternativa es un tema de vanguardia, que traerá múltiples beneficios para el planeta y para la humanidad. En todo el mundo se están dando pasos importantes para lograr un aprovechamiento más efectivo y sustentable de las fuentes renovables como solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, entre otras.

Actualmente México es uno de los 5 países del mundo con mayor desarrollo de energía geotérmica. Además, hay avances importantes en la generación de energía eólica y fotovoltaica, que cobrarán mayor impulso gracias a los instrumentos de fomentos aprobados con la Reforma Energética.

En el Partido Verde consideramos que ya es tiempo de poner un alto al uso discrecional de las energías dañinas para el medio ambiente, y de aprovechar el enorme potencial que tiene nuestro territorio para la generación de energías renovables.

Por ello, en el marco del Día Mundial de la Energía, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en la construcción de iniciativas y propuestas que garanticen la transición de energías que dañan el entorno natural por energías renovables,  utilizadas de manera responsable y sustentable, para beneficio de todas y todos los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Senadoras y Senadores

Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.






Del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Radio”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del Día Mundial de la Radio, observado el 13 de febrero.

El Día Mundial de la Radio es observado el 13 de febrero de cada año, fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución del 14 de enero de 2013, aprobada en el marco de su 67ª Asamblea General como un homenaje por la creación de la Radio de las Naciones Unidas, ocurrido el 13 de febrero de 1946.

El Día Mundial de la Radio 2018 tiene como lema central: “Radio y Deporte”, con cual se busca fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo a través de la radiodifusión deportiva. Este tema surge bajo la certeza de que las actividades deportivas conectan las celebraciones alrededor del mundo a través de la perspectiva de tres grandes aristas:

• Paz y desarrollo a través de la cobertura deportiva.

• Igualdad de género en la cobertura deportiva.

• Diversidad de la cobertura de los deportes y los juegos tradicionales.

La edición del año 2018 busca que la radio, como medio de información y transformación mediante el entretenimiento, sea parte medular para fomentar la celebración de los deportes tradicionales y los populares, los que nos permiten entrelazar nuestras costumbres, tradiciones y comunidades, así como para combatir graves fenómenos como la discriminación por estereotipos, género, religión, orientación sexual o de cualquier índole.

En un año de grandes eventos deportivos a nivel internacional como los Juegos Olímpicos de Invierno o la Copa Mundial de la FIFA, la fecha que nos convoca adquiere mayor relevancia, debido a la que la radio se mantiene como un medio dinámico y atractivo en la era digital de la cual somos parte, toda vez que ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios inherentes al Siglo XXI, al proponer nuevas formas de interactuar y participar.

En este tenor, el Día Mundial de la Radio 2018 resulta de vital importancia si tenemos en cuenta que de acuerdo con UNICEF, el deporte y los juegos son elementos vitales en la salud, la felicidad y el bienestar de las niñas, niños, jóvenes y población en general. Sobre el particular, precisa que entre otras cuestiones, contribuyen al desarrollo físico y psicosocial; y la formación de los valores fundamentales y las habilidades para la vida, tales como el trabajo, disciplina, trabajo en equipo, imparcialidad y respeto hacia los demás. 

La importancia de la radio en México se demuestra en su amplia cobertura y diversidad de contenidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2016, cuatro de cada diez mexicanos entrevistados escuchan la radio, de ellos, el 66% lo hace a través de un estéreo o grabadora, mientras que 21% utiliza su teléfono celular.

El principal lugar para escuchar la radio es el hogar. El horario de mayor consumo de radio es por la mañana. Hay un 35% de entrevistados que no escuchan la radio los fines de semana.

La radio llega a comunidades remotas y marginadas, desempeña un papel fundamental en situaciones de emergencia y en los esfuerzos de auxilio en casos de desastres.

La radio representa un medio de comunicación de gran relevancia para el desarrollo de las sociedades y para la formación de una ciudadanía responsable, consciente e informada. En consecuencia, nos sumamos a las celebraciones del Día Mundial de la Radio 2018 y a la difusión de su lema central: “Radio y Deporte”. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Radio”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de la Radio
13 de febrero

El 14 de enero de 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 13 de febrero, día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946, como el Día Mundial de la Radio.

Cada año se fija un tema en toro a este día. En 2018 se eligió “Radio y Deporte”, y tiene como objetivo fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo a través de la radiodifusión deportiva, pues se espera un año de grandes eventos deportivos, con la capacidad de unir los corazones y mentes de las personas del mundo.

La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público.

Sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación.

Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos agrupen en «burbujas» informativas formadas únicamente por personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a sus oyentes y responder a sus necesidades, la radio ofrece la diversidad de opiniones y de voces necesaria para enfrentarnos a desafíos que nos afectan a todos.

En toda la región latinoamericana se llevarán a cabo distintos eventos como celebraciones, entrevistas sobre los temas, diálogos con periodistas deportivos de radio, etc.

La idea es que se celebren los deportes tradicionales, que nos conectan con nuestra cultura, los deportes populares, que nos unen con nuestras comunidades y también los relatos alentadores que desafían los estereotipos de género y cubren, por igual, los eventos deportivos de hombres y mujeres. Sin embargo, es triste saber que las mujeres representan solo el 7% de los deportistas que se ven, oyen o leen en los medios de comunicación. Solo el 4% de las historias deportivas se centran principalmente en las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de febrero de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 15 de febrero a las 11:00 horas, en la que recibiremos al Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la presentación del informe correspondiente.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 14:50 horas)

Directorio

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