Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 17 de febrero de 2018
    
    

Última actualización: febrero 2018
Última revisión: febrero 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 39



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Diciembre de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:25 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 67 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del miércoles 13 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponde a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con quince minutos del día doce de diciembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes sesenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del siete de diciembre de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador David Monreal Ávila, el informe de su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado los días 10 al 19 de julio de 2017, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Cambio Climático, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, el informe de su participación en el 23o período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el 13o período de sesiones de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, así como en eventos paralelos, realizados del 6 al 17 de noviembre de 2017, en Bonn, Alemania.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos, su opinión respecto al proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentado el 5 de octubre de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Da Nang, Viet Nam, del 9 al 11 de noviembre de 2017.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron veintiún oficios con los que remite respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Martínez Elizondo, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores Sandra García Guajardo, Andrea García García, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Cordero Arroyo, Luisa María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barron, Layda Sansores San Román, Martha García Gómez, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Mariana Gómez del Campo Gurza, Rosario Guzmán Avilés, Sonia Rocha Acosta, Sonia Mendoza Díaz, Marcela Torres Peimbert, Jesús Santana García, José María Martínez Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez y Angélica Araujo Lara, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 7o de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Ley para la Protección de los Mexicanos Migrantes y sus Familiares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 90 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificándose el texto de las fracciones IV y X, recorriéndose en su orden, respectivamente.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 71 de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 31 de marzo de cada año como el “Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal”.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 348 de la Ley General de Salud.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 10 y la fracción II del artículo 11, ambos de la Ley General para el Control del Tabaco.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley General de Salud.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.- En la discusión intervinieron los Senadores: Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, en contra; y Esteban Albarrán Mendoza del PRI, a favor. La Mesa Directiva informó de las reservas al proyecto de Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastrosde los Senadores: Mario Delgado Carrillo y Juan Carlos Romero Hicks, a los artículos 13, 56 y Tercero Transitorio; Ma. del Pilar Ortega Martínez, al artículo 13; y de las comisiones dictaminadoras, a los artículos 9, 56 y Noveno Transitorio. El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 77 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. El Senador Juan Carlos Romero Hicks, presentó las propuestas de modificación a los artículos 13, 56 y Tercero Transitorio, la reserva al artículo 56 fue aceptada y se dieron por desechadas las reservas a los artículos 13 y Tercero Transitorio. La Mesa Directiva dio cuenta con la propuesta de modificación de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, al artículo 13, la cual no se admitió a discusión. La Senadora Cristina Díaz Salazar, presentó las propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras, a los artículos 9, 56 y Noveno Transitorio, las cuales fueron aceptadas. Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 13 y Tercero Transitorio, en los términos del dictamen, y de los artículos 9, 56 y Noveno Transitorio, con las modificaciones aceptadas, de la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, los cuales fueron aprobados por 88 votos a favor y 3 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Comunicación)

Se recibió del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, oficio por la que informa de la reincorporación de la Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo a sus funciones legislativas.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,fue aprobado por 84 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal, fue aprobado por 86 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, fue aprobado por 80 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 31 de marzo de cada año como el “Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal”, fue aprobado por 75 votos a favor y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 348 de la Ley General de Salud, fue aprobado por 77 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 10 y la fracción II del artículo 11, ambos de la Ley General para el Control del Tabaco, fue aprobado por 78 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley General de Salud, fue aprobado por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con el procedimiento sobre la designación de Magistrados Agrarios.- Quedó de enterado. El Acuerdo propone someter directamente a la consideración de este Pleno la solicitud de ratificación de los nombramientos de la ciudadana Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, en el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Unitario Agrario, recibida el 23 de octubre de 2013, y del ciudadano Jorge Paniagua Alcocer, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, recibido el 18 de abril de 2017. Para el cumplimiento del procedimiento del Acuerdo, con fundamento en el artículo 275 del Reglamento del Senado, se sometió a consideración de la Asamblea el punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de la ciudadana Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca en el cargo de Magistrada Numeraria de Tribunal Unitario Agrario. Sin discusión, por 3 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones, no se aprobó el nombramiento. Se sometió a consideración de la Asamblea el punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos del ciudadano Jorge Paniagua Alcocer en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario. Sin discusión, por 2 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, no se aprobó el nombramiento. Se comunicaron al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los ciudadanos Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca y Jorge Paniagua Alcocer. Los asuntos se dieron por concluidos.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado:

1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de cáncer infantil.

2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con dos proyectos de Decreto que reformaban los artículos 27 y 77 bis 1; y 6° de la Ley General de Salud.

3. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para expedir la Ley Federal de Protección al Maguey.

4. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 19 de la Ley de Vivienda.

Sin discusión, los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes:

• Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República se mantiene atento a que las investigaciones por supuestos actos de corrupción por el caso Odebrecht en la República del Ecuador sean esclarecidas por las autoridades competentes conforme a la legislación de ese país.

2. El que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la posibilidad de cooperar con la República del Ecuador en el campo de ciberseguridad, en el marco del Mecanismo de Consulta en Materias de Interés Mutuo, a fin de enriquecer la agenda bilateral.

 

• Veinte, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar los proyectos, presupuesto y alcances de los programas que desarrolla para resolver el problema de escasez de agua en la Ciudad de México, principalmente en las delegaciones Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa, así como los programas o proyectos que realiza conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua.

2. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a apoyar a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos.

3. Por el que se convoca al titular de la Comisión Nacional del Agua a sostener una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado.

4. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar un programa prioritario de aprovechamiento de la infraestructura y equipo para el tratamiento de aguas residuales urbanas.

5. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a elaborar e implementar un plan de acción emergente para garantizar el acceso al agua a la población.

6. El que exhorta a los ayuntamientos de los municipios pertenecientes a la zona metropolitana de Monterrey, al gobierno del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a establecer planes pluviales a fin de evitar inundaciones en la zona metropolitana del estado.

7. El que exhorta al Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a remitir un informe que exponga cómo funcionan las presas de terracería y cuál es el uso y tratamiento del agua producida y el fluido de retorno que se le da a los campos en donde se practica la fractura hidráulica.

8. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua a realizar una investigación sobre la contaminación del agua potable por fibras, fragmentos y gránulos plásticos microscópicos y sus efectos en la salud humana.

9. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre las observaciones, acciones y sugerencias remitidas a la Comisión Nacional del Agua, derivadas de los resultados de auditoría que practicó en los años 2015 y 2016 sobre los organismos y/o consejos de cuenca.

10. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe sobre los alcances y consecuencias de los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

11. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California a remitir un informe sobre las implicaciones jurídicas que tienen los Decretos 57, 63 y 64 sobre el suministro de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado y saneamiento.

12. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California a realizar una amplia difusión de las implicaciones jurídicas que tendrá para la población el Decreto No. 28, a fin de transparentar la forma en que deberán pagar las empresas por concepto de consumo de agua.

13. El que exhorta al gobierno del estado de Morelos a informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos suscritos en la minuta denominada "Agua por Agua", firmada entre el gobierno del estado de Morelos, la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, a fin de resolver el uso de agua residual de la Planta de Tratamiento de Cuautla.

14. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el estatus del pago de la indemnización correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 metros cuadrados, ubicado junto al Río de los Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda de San Pablo de En Medio, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado "Vaso de Carretas".

15. El que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe sobre la empresa Mekorot National Water Company.

16. El que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad.

17. El que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a realizar los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo humano en dicho estado.

18. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la situación que guarda la adquisición, escrituración y posesión de 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco.

19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar una revisión exhaustiva sobre las condiciones y términos del Tratado Internacional de Aguas de 1944.

20. Por el que se desecha la proposición que requería rechazar el contenido del Acta 323 remitida para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

 

• Tres, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República condena las expresiones discriminatorias realizadas por el Notario Público 32 de San Luis Potosí en contra de la diputada local Rebeca Terán y, en ese marco, exhorta al gobierno de dicho estado a reforzar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres en los sectores público, privado y social.

2. El que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar su estrategia de capacitación y sensibilización dirigida a los servidores públicos de la administración pública estatal en materia de derechos humanos de las mujeres, violencia de género y no discriminación.

3. Por el que se declaran atendidas diversas proposiciones sobre violencia contra las mujeres.

 

• Dos, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a los municipios que no cuentan con institutos de la familia a analizar la viabilidad de su creación o, en su caso, la incorporación de facultades a un organismo existente para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas con perspectiva de familia.

2. El que exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana a informar qué programas han adoptado para erradicar la violencia familiar y asistir a las víctimas de dicha conducta.

 

• Seis, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a brindas a las personas repatriadas a México, en los diversos puntos de tránsito internacional, la atención estipulada en la Ley General de Población y a elaborar un diagnóstico sobre los resultados de la estrategia "Somos Mexicanos", que pueda utilizarse para mejorar la continuidad de la misma.

2. El que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un estudio prospectivo, así como una evaluación de los programas que se llevan a cabo y de los recursos destinados a diferentes instancias de la Administración Pública Federal para la atención de las personas migrantes.

3. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar un diálogo de alto nivel para que, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño, invite a los países faltantes a ratificar la Convención de los Derechos del Niño.

4. El que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la creación de una comisión intersecretarial encargada de coordinar los diferentes esfuerzos y programas para la atención de la población migrante, incluyendo las acciones para la inserción y reinserción de las personas migrantes en retorno.

5. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar los mecanismos y medidas enfocadas a garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, en los términos prevista por nuestra Constitución y demás normatividad aplicable.

6. El que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a los 16 jefes delegacionales y al Procurador General de Justicia, todos de la Ciudad de México, a garantizar a las personas migrantes que ingresan, transitan o permanecen en la Ciudad, el acceso a los actos del estado civil, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho a la procuración e impartición de justicia.

 

• Treinta y cuatro, de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo las acciones necesarias para implementar programas específicos de educación y capacitación para fortalecer la detección de pacientes de alto riesgo cardiovascular por parte los profesionales de la salud y los trabajadores sanitarios no médicos; así como instrumentar campañas informativas entre la población para prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares.

2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas informativas que promuevan la prevención y atención de manera urgente del brote de conjuntivitis que están padeciendo los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

3. El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas informativas para concientizar a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de seguir manteniendo una vida saludable, a fin de prevenir y atender de manera oportuna enfermedades no transmisibles.

4. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud, así como a los organismos pertinentes a diseñar un programa de acción específico que contemple las acciones planteadas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y cuente con presupuesto y reglas de operación específicos.

5. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a intensificar las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

6. El que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas tomando en consideración las recomendaciones internacionales y revocar las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país.

7. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades e infecciones gastrointestinales en el país, principalmente en los niños menores de cinco años.

8. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a prevenir y atender los padecimientos médicos de osteoporosis en la población.

9. El que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la situación de las cesáreas en nuestro país, dadas las notas de la Organización Mundial de la Salud.

10. El que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato a reforzar las acciones de prevención contra el dengue, ante el aumento sostenido de casos registrados en la entidad.

11. El que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas a realizar una campaña de concientización sobre la epilepsia y su tratamiento a la población estatal.

12. El que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para fortalecer las atenciones psicológicas del estrés postraumático en la población debido a los sismos vividos los días 7 y 19 de septiembre, así como para futuros acontecimientos.

13. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones orientadas a brindar seguridad médica a las comunidades indígenas que se encuentran alejadas de las zonas urbanas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas.

14. El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país a fortalecer la instrumentalización de campañas informativas para alertar a los padres de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de edad al consumo de sustancias adictivas.

15. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención y atención de la leucemia infantil, con el objeto de erradicar dicha enfermedad a nivel nacional.

16. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización sobre los riesgos y las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad en edades tempranas y en adolescentes.

17. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a elaborar la norma oficial mexicana correspondiente para realizar el diagnóstico y tratamiento de los diversos cánceres en México.

18. El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas a reforzar las campañas y acciones que concienticen a la población sobre la importancia de la seguridad vial, a fin de reducir el número de muertes asociadas a los accidentes de tránsito.

19. El que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de brindar mayor visibilidad dentro de las campañas que se realicen en el sector salud a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades hematológicas.

20. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención de enfermedades transmitidas por vectores en todas las regiones del territorio nacional.

21. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en los estados a implementar las medidas necesarias para la atencio?n oportuna de la insuficiencia cardiaca.

22. El que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un informe de avances en el cumplimiento del Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, así como de otras acciones para la prevención del suicidio en México.

23. El que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a verificar que la producción de dulces cumpla con las normas sanitarias correspondientes, a fin de garantizar la salud de la población.

24. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a desarrollar programas y acciones conjuntas para promover la salud mental en los centros de trabajo, detectar y atender oportunamente los trastornos mentales, así como para proteger los derechos de los trabajadores que padecen algún trastorno mental.

25. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a impulsar campañas informativas y de concientización sobre la importancia de la prevención del estrés laboral.

26. El que exhorta a la Secretaría de Salud a generar campañas de comunicación sobre la inocuidad y los beneficios de los edulcorantes no calóricos para su uso y consumo humano.

27. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a impulsar campañas informativas y de concientización sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna de las enfermedades respiratorias, ante el incremento de frentes fríos que se ha registrado en fechas recientes y los que se tienen pronosticados en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018.

28. El que exhorta a la Secretaría de Salud a establecer e implementar procedimientos generales y homologados en la prestación de los servicios médicos y, en su caso, desarrollar o actualizar los protocolos técnicos de atención, las guías de práctica clínica y los correspondientes cuadros básicos de medicamentos, en correlación directa con lo que dispone la Norma Oficial Mexicana 048-SSA2-2016, para la Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica del crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata.

29. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención de los principales problemas físicos y mentales.

30. El que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las campañas y acciones institucionales que coadyuven a disminuir la incidencia de padecimientos asociados a desórdenes alimenticios, como la anorexia y bulimia, en virtud del incremento de casos entre los jóvenes mexicanos.

31. El que exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a evaluar la viabilidad de llevar a cabo un estudio para investigar más acerca de la nomofobia en México y las consecuencias que genera.

32. El que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales a elaborar una estrategia que permita actualizar la Norma Técnica de Competencia Laboral, Atención integral a la mujer y a la niña o niño antes, durante y después del nacimiento y publicarla como estándar de competencia, con la cual se facilitará el proceso de certificación de parteras en México.

33. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar un informe de la calidad de los servicios de salud que se otorgan a través de los convenios de colaboración de las instituciones privadas; así? como mostrar las mejoras tanto en cobertura como atención que han obtenido a través de estos convenios.

34. El que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado a realizar las acciones necesarias para la reducción significativa de mortalidad por infarto agudo de miocardio, mediante la obligatoriedad de la atención y la estandarización de la misma en todos sus centros de salud.

Sin discusión, los sesenta y siete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, sobre la presentación de éste y los siguientes tres dictámenes, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. El que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a instrumentar campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar un informe del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó de las rectificaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día.

1. Al proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y de la Ley para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentado el 6 de diciembre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.- La Presidencia ratificó el turno.

2. Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Trata de Personas y se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado el 7 de diciembre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.- La Presidencia ratificó el turno.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 220 Bis y se reforma el artículo 464 de la Ley General de Salud; y deroga la fracción XXII del artículo 213 y reforma el artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se declara el 1o de marzo de cada año como "Día Nacional de la Cocina Yucateca".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, Miguel Romo Medina, Patricio Martínez García, Carlos Romero Deschamps, Marco Antonio Olvera Acevedo, Francisco Yunes Zorrilla, Esteban Albarrán Mendoza, Hilda Flores Escalera, Lucero Saldaña Pérez, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez, César Pedroza Gaitán, Angélica de la Peña Gómez, Martha Palafox Gutiérrez e Isidro Pedraza Chávez, con proyecto de Decreto por el que se recorre el actual Título Sexto "De la difusión e información de las actividades del Congreso" para quedar como Título Séptimo, pasando los actuales artículos 139 a 144 a ser los artículos 144 a 149 y se adiciona el Título Sexto "Del Trabajo Legislativo en conferencia" a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el capítulo VII y el artículo 34 a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 161 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el párrafo tercero de la fracción II del Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Migración, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, de la Ley de Transición Energética, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de Planeación, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal al Deporte Social" que comprende el artículo 205, al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a investigar sobre la importación de muñecas de origen chino, imitaciones de la muñeca mazahua-otomí, artesanía mexicana.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional contra la Corrupción.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de seis personas en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos, ocurrido el 30 de noviembre de 2017; asimismo, exhorta a la Fiscalía General de la entidad a dar celeridad a las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera coordina con su homóloga del estado de Zacatecas, refuerce los programas de apoyo dirigidos a los productores de frijol de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar la situación de los adultos mayores mayas que perdieron la vista por contaminación bacteriana en una clínica de Quintana Roo y que fueron parte del programa "Del Amor Nace la Vista", auspiciada por la cadena de salas cinematográficas Cinépolis.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la probable responsabilidad administrativa del Presidente de la Junta Especial número 45, por emitir laudos de manera discrecional y por posible conflicto de interés.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas que no han armonizado sus respectivas legislaciones estatales con el mandato legal de eliminar el matrimonio infantil, en términos del artículo 45 y su correlativo transitorio segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a atender las observaciones de la Auditoría Superior de dicho estado presentadas en el dictamen de la revisión de la cuenta pública 2016, Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, en donde se detectaron diversas irregularidades en el programa "Bono Preferente".- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de instrumentar guías prácticas clínicas con el objeto de brindar mayor atención médica y tratamiento de las enfermedades raras en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Coordinación de Protección Civil y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones orientadas a prevenir y proteger la vida y salud de la población que en esta temporada decembrina hacen uso de pirotecnia de forma recreativa, especialmente las niñas y niños.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema de Protección Civil y a las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas informativas dirigidas a la población para tomar las medidas preventivas en el uso adecuado de series luminosas y adornos en la decoración de árboles de navidad, a fin de evitar casos de incendios en casa-habitación y en centros de trabajo.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intensificar los trabajos que permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral y a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones pertinentes en relación a la ejecución de la rehabilitación de ambas vías en el estado de Chihuahua.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y citó a la siguiente el miércoles trece de diciembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta. Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de su visita de trabajo con el Presidente de Cantabria y la Presidenta del Parlamento de Cantabria, celebrada en Santander, España, el 12 de julio de 2017.








De la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite su respectivo informes de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.








Y una, de la Comisión de Desarrollo Municipal, con la que remite su respectivo informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.








Del Senador Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite:

Informe de su participación en la Primera Ronda de Negociaciones para modernizar el TLCAN, realizada en Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 16 al 20 de agosto de 2017.



Informe de su participación en la IX Conferencia de Presidentes de Parlamento de la Unión Africana, realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 10 y 11 de agosto de 2017.



De su visita de trabajo a Santander, España, el 12 de julio de 2017.








Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de labores legislativas, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el “Women Political Leaders Global Forum”, realizado los días 28 al 30 de noviembre del año en curso, en Reikiavik, Islandia.








De la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días del 22 al 24 de noviembre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






CONTRALORÍA INTERNA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio de 2017.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos Senadores, y se pondrá a consideración de esta Asamblea en la próxima sesión.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 20 de la Ley Federal de Sanidad Animal.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También, de la Cámara de Diputados, se recibieron los siguientes asuntos:

Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnense a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Así también, la Colegisladora nos remitió oficio con la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Igualmente, la Cámara de Diputados nos remitió oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 28 de la Ley de Asistencia Social.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También recibimos de la Colegisladora, los siguientes asuntos:

Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley General de Educación.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación.








Y oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnense los cuatro asuntos a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, recibimos oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Recibimos, también de la Colegisladora, los siguientes asuntos:

Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y un párrafo cuarto a la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 417 y 444 del Código Civil Federal y el artículo 323 del Código Penal Federal.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnense los cuatro proyectos descritos a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, la Cámara de Diputados nos remitió:

Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de la NOM de residuos sólidos urbanos.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnense los tres asuntos a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Igualmente, la Colegisladora nos remitió las siguientes minutas proyectos de Decreto:

Por el que se reforman los artículos 46 y 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.








Y por el que se reforman los artículos 8o., 13, 20 y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También recibimos los siguientes asuntos:

Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.








Oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnense los dos asuntos a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: La Cámara de Diputados nos remitió un oficio con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Por último, de la Colegisladora recibimos las siguientes minutas proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.








Y por el que se reforman los artículos 111, 113 y 114 de la Ley Agraria.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnense ambos asuntos a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.






Informo a la Asamblea que recibimos una comunicación suscrita por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único. Se concede licencia al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 14 de diciembre del presente año”.

En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se concede licencia al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 14 de diciembre del año en curso. Comuníquese. El Presidente de la Mesa Directiva convocará al Senador suplente.






Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica los artículos 7, 58 y 62 de la Ley General de Turismo, en materia de desperdicio de alimentos en hoteles y restaurantes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES DE LOS ARTÍCULOS 7, 58 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Hilda Esthela Flores Escalera, María Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El día de hoy, a nombre propio y de mis compañeras Senadoras Ivonne Álvarez, Angélica Araujo, Margarita Flores, Rocío Pineda, Hilda Ceballos, Verónica Martínez y Carmen Dorantes, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto que modifica las fracciones de los artículos 7, 58 y 62 de la Ley General de Turismo, en materia de Desperdicio de Alimentos en establecimientos Hoteleros y Restaurantes del país, así como del fomento al turismo responsable.

El combate al hambre es uno de los desafíos más urgentes por atender a nivel global. Es por ello que hace dos años nuestro país, junto con otras 192 naciones, se comprometieron, en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que concretamente en el objetivo número 2 tenía que establecer el poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible para el año 2030.

El derecho a la alimentación, es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 4o. de nuestra Constitución, donde enfatiza “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluido la alimentaciónasí como especificar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

En consecuencia, no sólo estamos obligados a garantizar el derecho a la alimentación en nuestra sociedad, sino también el acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas, para que nuestras familias lleven una vida saludable y activa.

Es importante definir, que las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria, se conoce como “Desperdicio de Alimentos”, lo que se relaciona con el comportamiento de los vendedores minoristas y consumidores.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hasta un tercio de todos los alimentos se estropea o se desperdicia antes de ser consumidos por las personas, lo que representa un exceso en una época en la que el hambre en el mundo parece estar aumentando de nuevo, afectando al 11 por ciento de la población mundial.

Si bien no existen estudios donde se establezcan cifras exactas, se estima que hasta un 40 por ciento de alimentos se desperdicia en restaurantes y centros de hospedaje. Además que hasta un 30 por ciento de alimentos se desperdician en actividades de turismo a nivel nacional o a nivel global.

Yo creo que alguno de ustedes ha visto esas experiencias, donde la comida de gran calidad en restaurantes, sobre todo en bufete, pues se tiene que tirar y eso es algo que tenemos que regular y establecer.

En México se desperdicia el 37 por ciento de los alimentos que se producen, lo cual es más de 10 millones 431 mil toneladas de alimentos al año. Imagínense, con este alimento bien distribuido podríamos a ayudar a poderlo llevar a las personas más necesitadas.

Tanto que los alimentos desperdiciados serían para evitar el hambre que padecen más de 7 millones de mexicanos, pues estas cifras, gracias a los esfuerzos también del gobierno federal y la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la evolución de la población con carencia alimentaria en México del año 2010 al año 2016, disminuyó en un total, en un -7.7 por ciento, pasando de un 25.2 por ciento, en el 2010 a un 17.6 por ciento para el 2016, lo cual representa una mínimo histórico.

Asimismo, para el mes de junio del presente año, la Cruzada Nacional Contra el Hambre había atendido a 5 millones 438 mil 803 personas en pobreza extrema alimentaria, lo que representa un avance del 77.5 por ciento respecto a la meta sexenal.

De igual forma, desde el año 2012, se creó la Comisión Intersecretarial encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual la Secretaría de Turismo es parte, con el objetivo de coordinar y articular las acciones, programas sobre los recursos necesarios entre las 19 dependencias del gobierno federal, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la cruzada, que principalmente es acabar con el hambre, eliminar la desnutrición infantil, aumentar la producción de alimentos y minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.

Destacamos que la Secretaría de Turismo actualmente apoya el programa “Al rescate” que atiende a grupos vulnerables a través de recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles, el cual está operado por el Banco de Alimentos de México.

Desde el 2014, y en el que participan más de 107 restaurantes, aún es muy poca la cifra que están participando, que donan esta comida a los Bancos de Alimentos para hacerla llegar a las familias que la necesitan por medio de instituciones de asistencia en el país.

Este modelo de asistencia social, que desde su puesta en marcha, ya ha beneficiado a casi 4 mil personas en 16 estados de la República, pero aún falta mucho por hacer. Se basó en el implementado Banco de Alimentos de Egipto.

Recientemente tuvimos aquí al Presidente del Banco de Alimentos de Egipto, quien nos dio realmente una gran explicación, pero sobre todo un ejemplo de cómo están logrando combatir el hambre a través del no desperdicio, incluso, ya en sus leyes sancionando a aquellos que desperdician el alimento.

Actualmente el Sector de Turismo se constituye como uno de los pilares para el desarrollo de la economía nacional, gracias al impulso del gobierno federal y al esfuerzo en conjunto con la iniciativa privada y la sociedad.

Con base en el último Informe de Gobierno que rindió el Presidente, se establece que es fundamental transitar hacia un turismo sustentable, a través de la regulación de la actividad turística, de su conservación, así como de la protección de los elementos naturales, culturales y tradicionales que la componen, promoviendo la coordinación intersecretarial para reforzar al turismo como fuente de bienestar social.

Por lo anterior, con la presente iniciativa, planteamos que la Secretaría de Turismo promueva y fomente en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, programas para evitar el desperdicio de alimentos, en establecimientos hoteleros y de restaurantes. Además de establecer como deber de los turistas, la cultura, la educación, la concientización de no desperdiciar, el utilizar de manera responsable los recursos naturales como el agua, energía y alimentos que se consumen durante su actividad turística.

Finalmente, compañeras y compañeros, solicito su apoyo para la presente iniciativa, con el fin de fortalecer los marcos jurídicos nacionales para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y establecer un modelo de consumo responsable en el turismo nacional, lo cual ayudará a garantizar que ninguna familia padezca de hambre en México y juntos logremos ser la generación del hambre cero.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Senadora Lisbeth, se está solicitando suscribir con usted, igual la Senadora Hilaria Domínguez, el Senador Luis Fernández, solicito a Servicios Parlamentarios, tome nota de los Senadores que han manifestado su interés en suscribir la presente iniciativa, solicitándole a la Senadora Lisbeth, me permita hacer lo propio gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente, Senador Octavio Pedroza, Senador por el estado libre y soberano de San Luis Potosí.

Estimados compañeros, compañeras Senadoras, muy buen día.

Me dirijo a esta honorable Asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de nuestra Constitución Política, con el objeto de facultar al Senado de la República para analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde nuestro primer texto constitucional de 1824, las Siete Leyes Constitucionales de 1836, las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843 y el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, en México se implementó el sistema bicameral.

Con relación al tema de presupuesto, estas leyes constitucionales dieron facultades al Congreso de la Unión, el cual estaba integrado por una Cámara de Diputados y otra de Senadores, para fijar los gastos generales y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos.

Sin embargo, fue en la Constitución de 1857 cuando se abandonó el Sistema Bicameral, porque se suprimió a la Cámara de Senadores como órgano legislativo, bajo el argumento de que durante la etapa centralista favoreció a los conservadores en materia política, por lo que a partir de ese entonces, la Cámara de Diputados fue la única que se ocupó del examen y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Fue hasta 1874 cuando se reinstauró el funcionamiento del Senado de la República como parte del Congreso de la Unión, a partir del Decreto del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada para aprobar las reformas para el funcionamiento de las Cámaras, y aunque se planteó que el Congreso General se dividiría en dos Cámaras, sólo se facultó a la Cámara de Diputados para ser la receptora del proyecto de presupuesto emitido por el Ejecutivo, a fin de analizarlo y aprobarlo.

Asimismo, la Constitución de 1917 refrendó los mismos criterios incorporados a la Constitución de 1857 por la reforma de 1874, y autorizó con carácter de exclusividad a la Cámara de Diputados la examinación, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde entonces, la Cámara de Diputados funciona unicameralmente en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que ha generado el deterioro del sistema de equilibrio de poder en el Congreso de la Unión y la disminución del sistema representativo mexicano; y aunque en las últimas décadas se han hecho reformas al artículo 74 constitucional, no se ha restituido la facultad al Senado de la República para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación; es el caso de las reformas de 1977, 1993, 2004 y 2008.

En diciembre de 2009 el Presidente de la República presentó una iniciativa de ley en la cual se proponía, entre otras, que el Ejecutivo Federal pudiera hacer observaciones al proyecto del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, y en dado caso de no tener observaciones lo promulgaría y publicaría.

Sin embargo, dicha propuesta resultó incompleta, pues apuntaba sólo a facultar al Ejecutivo para hacer observaciones presupuestales, dejando de lado el principio de pesos y contrapesos al no tomar en cuenta la participación del Senado.

Estimados legisladores, en los últimos años se han presentado otras iniciativas de ley referentes a restituir al Senado la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero por aspectos meramente políticos no obtuvieron el éxito esperado.

Es el caso de la iniciativa promovida por el ex Senador Silvano Aureoles, presentada en 2009, la iniciativa promovida por el Senador Roberto Gil Zuarth, presentada en 2013 y la iniciativa promovida por el Senador Javier Lozano, presentada en 2016. Estas iniciativas son un precedente importante del impulso del equilibrio de poder entre las Cámaras del Congreso de la Unión, para hacer válida la igualdad de jerarquía constitucional entre las mismas y para que el Presupuesto de Egresos tenga el carácter de ley.

El Presupuesto de Egresos puede considerarse como un acto administrativo de la Cámara de Diputados, ya que en su aprobación sólo interviene exclusivamente esta Cámara.

Según algunos estudiosos, la naturaleza jurídica del PEF es la de ser un acto legislativo en su aspecto formal y la de un acto administrativo en su aspecto material, limitando y poniendo en contradicción nuestro sistema democrático, ya que se impide el proceso deliberativo entre las dos Cámaras para distribuir y destinar con mayor eficiencia los recursos económicos de nuestro país.

Debemos recordar que como Senadores y representantes de las entidades federativas, sabemos de las problemáticas que se suscitan entre la población de nuestros estados y de la necesidad de una designación más justa de los recursos públicos para enfrentar las diversas necesidades sociales.

También debemos recordar que los Senadores somos representantes ciudadanos y nuestra representación no se limita a nuestra entidad federativa, puesto que proponemos iniciativas para expedir nuevas leyes, reformarlas, derogarlas o abrogarlas, a fin de velar por los intereses de México.

De ese modo, es nuestro deber fortalecer el sistema representativo, el cual debe responder a dos principios fundamentales: la defensa de las libertades y el  equilibrio del poder político, por lo que la atribución exclusiva de la aprobación del Presupuesto de Egresos por la Cámara de Diputados se contrapone a este último principio, porque en muchas ocasiones, esta exclusividad, ha sido un instrumento de dominio político que debilita el desarrollo asimétrico entre el sistema representativo y el sistema democrático.

Un sistema democrático se basa en garantizar la igualdad sustantiva entre las personas a través de la implementación de políticas, acciones y legislación para que las necesidades básicas de la población sean satisfechas en el ámbito social, político y económico. Por lo que al darle atribuciones al Senado de la República para la aprobación del Presupuesto de Egresos se daría una mejor distribución del gasto público, las poblaciones de las entidades federativas tendrían mayor representación en el ámbito público al tomar en cuenta sus múltiples necesidades.

Por su parte, el objetivo primordial que persigue el sistema bicameral, reside en que los procesos de aprobación de leyes y/o Decretos exista la mayor discusión de ideas y propuestas, así como la de forjar una legislación sólida que fortalezca al Estado mexicano. Esta práctica deliberativa, legitima las leyes porque se basa en la argumentación incluyente de los representantes ciudadanos que deben llegar a acuerdos que beneficien a sus representados.

Debemos destacar que en México, la forma como se aprueba el Presupuesto de Egresos, es un caso muy particular, debido a que una gran parte de los sistemas políticos democráticos tanto del Continente Americano como en diversos países del Continente Europeo, ambas Cámaras del órgano legislativo votan las leyes, iniciativas y presupuestos de egresos, contrario a la forma en que se maneja en nuestro país. Es el caso de Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay, que tienen sistemas bicamerales y que ambas Cámaras aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación.

A nivel internacional, en varios países de Occidente, la integración del Presupuesto de Egresos no es considerado como un proyecto o un acto administrativo en su aspecto formal o la de un acto administrativo en su aspecto material como pasa en México, sino que tiene el carácter de ley a partir de su deliberación y aprobación en ambas Cámaras.

Por ello, es importante lograr reformas en nuestra Constitución que impulsen el diálogo o deliberación del Presupuesto de Egresos en ambas Cámaras, para que se cumpla con cada fase del proceso legislativo y éste tenga el carácter de ley. De esta forma, pasaría de ser Presupuesto de Egresos de la Federación a Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación y, a su vez, no se hablaría jurídicamente de un proyecto, sino de una iniciativa de ley.

Es así, que no hay argumentos sólidos que eviten jurídicamente y políticamente la posibilidad de restituir la facultad del Senado de la República para aprobar el Presupuesto de Egresos y, por ello, es necesario reformar los artículos 2, 73, 74, 75, 100, 122 y 126 de la Constitución Política.

Al dar la facultad al Senado de la República para la aprobación del PEF, los plazos para su discusión y análisis deben cambiar, es decir, deben ampliarse para dar un tiempo adecuado y lograr mayor eficiencia en su análisis y aprobación.

El tiempo límite que constitucionalmente está previsto para la aprobación tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos, es a más tardar el 15 de noviembre de cada año. Sin embargo, a fin de que el Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para un adecuado ejercicio de análisis y deliberación acerca del gasto público, se propone ampliar el periodo de análisis y aprobación del PEF hasta el 15 de diciembre de cada año, es decir, se contaría con un plazo de más de tres meses para dicho objeto.

Por último, quiero comentarles que, a sabiendas de la trascendencia que reviste el Presupuesto por su contenido político y social es de reconocerse también que el hecho de que ambas Cámaras participen en su deliberación y aprobación, funda un beneficio adicional: el Presupuesto de Egresos adquiere el carácter de ley formal, como la Ley de Ingresos, y por lo tanto, el Ejecutivo queda facultado constitucionalmente para hacer observaciones a ambos, es decir, el veto presidencial.

Por estas razones mencionadas, les pediría a ustedes se sumen a esta iniciativa de ley, para que esta Soberanía recobre una facultad que históricamente le fue quitada sin algún motivo fundado y que lo único que lograríamos con ello es mejorar la distribución del gasto público a favor de todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Y muchas gracias por el tiempo, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Preguntarle al Senador Daniel Gabriel Ávila, si puedo sumarme a su propuesta, que es muy importante porque no es posible que la Cámara de Diputados tenga bajo su control un presupuesto y siga usándolo para moches y para todas esas cosas.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora. ¿Senador Ávila? El Senador Ávila, es anuente. Sírvase Servicios Parlamentarios tomar la suscripción de esta iniciativa, como lo ha solicitado la Senadora Luisa María Calderón.






Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de indicadores de atención a la infancia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 4, que los estados deben asignar el máximo de recursos disponibles para que se realicen los derechos de todos los niños y niñas sin excepción; situación que se ve reflejada en nuestro país a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En opinión de muchos especialistas, cuando se invierte en la infancia como parte del proceso de desarrollo alcanzamos una comprensión más plena de lo que debe de ser la importancia de una política de estas características para el establecimiento de un estado de derecho y de derechos; en contraste, al omitir estas acciones quedamos con una visión limitada de la calidad de vida y la manera como impactan las políticas sectoriales dirigidas, desde luego, a nuestras niñas y a nuestros niños de México, por eso es una grave preocupación que debemos tomar en cuenta en este Senado de la República.

Cuando visualizamos a nuestra infancia desde una perspectiva de desarrollo, tenemos una lógica interconexión entre niñez y edad adulta, así como de los núcleos sociales que van creándose y diferenciándose uno de otro y que al final conforman a la sociedad en su conjunto; en términos de justicia, con una visión clara sobre la manera de cómo el Estado debe cumplirle a nuestra infancia y, sobre todo, si es así, y si así lo hiciéramos, entonces desde luego que podríamos ofrecer mayores perspectivas para su integración productiva con la sociedad.

De acuerdo con la UNICEF, 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años, 1 de cada 10 padecen desnutrición crónica; además el riesgo de morir entre niños indígenas es casi el doble. El gasto per cápita en Desarrollo Humano se triplica para los adolescentes y niños en edad escolar si la comparamos con el gasto asignado a la primera infancia.

La inversión en salud y educación representa 8 de cada 10 pesos invertidos en nuestra infancia y adolescencia, y el objetivo de programas para menores de 0 años a 5 años es el derecho a la supervivencia.

Estas cifras son preocupantes si consideramos que la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país, promueve la armonización legislativa a efecto de garantizarles la protección y el ejercicio universal a todos nuestros niños, desde 0 años hasta la adolescencia.

Deberíamos preguntarnos si bien es cierto, supuestamente, que de 8 de cada 10 pesos son aplicados a nuestra infancia porque no están siendo atendidos nuestros niños, por ejemplo, con enfermedades degenerativas como es el cáncer, la insuficiencia renal en donde hoy es preocupante, y lo digo muy en especial en el caso de Tlaxcala, la insuficiencia renal es un problema grave, estamos en primer lugar a nivel nacional, nuestro estado, y es por eso que debemos preocuparnos porque esos niños que hoy tienen o presentan insuficiencia renal sean atendidos en todos los centros de salud.

En este sentido, señala además que, deben garantizarse al niño condiciones para formarse un juicio propio para expresar su derecho a una libre opinión en todos los asuntos que le afectan en función a su edad.

Si bien en nuestro país hemos tenido importantes avances en materia legislativa para proteger y garantizar los derechos de nuestra infancia y adolescentes, las cifras muestran que una gran parte todavía de esta población no puede ejercerlo, particularmente el sector indígena.

Hoy nuestros niños indígenas están olvidados y es algo que nos debe preocupar.

El Inegi señala que solamente 1 de cada 4 personas indígenas están completamente excluidas del acceso a la educación, a la salud, cifras que es 10 veces más alta que la registrada a nivel general; además, el 28 por ciento de la población de entre 5 a 19 años es analfabeta, en tanto que a nivel nacional ese grupo representa el 9 por ciento.

Esta situación no se ve reflejada sectorialmente cuando son presentadas las cifras oficiales de manera global, ahí no nos damos cuenta realmente quiénes son los que están atendidos y quiénes no. Y nuestros niños indígenas, hoy por hoy, no son atendidos al cien por ciento, como muchos también de nuestros niños que presentan enfermedades y que hoy también están rezagados.

Estas cifras que se realizan a través del Coneval, en la medición de la pobreza, pues no contemplan desde luego a este sector.

En el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social deben contener una serie de parámetros básicos, que son, desde luego: el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo promedio en el hogar; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; a la calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; el grado de cohesión social, y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada.

Como vemos, es necesario fortalecer esos indicadores para tener una visión más clara de la situación en esta instancia en términos del cumplimiento de sus derechos, ya que las cifras generales muestran ahora un alto grado de incumplimiento en muchos aspectos de la vida de este sector.

Esto es imperativo si consideramos que en dos años cumpliremos tres décadas de haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño, en consecuencia debemos actuar sumando esfuerzos para poder llegar en condiciones de rendir las mejores cuentas a nuestras niñas y niños en México.

Quisiera hacer nada más una reflexión sobre el análisis que hace el día de hoy el Coneval y que, si bien es cierto, hace mediaciones de otro tipo, Coneval en este momento no está tomando en cuenta el grado de cumplimiento, sobre todo, de todas estas acciones que se deben tomar en cuenta para que se cumplan los derechos de nuestros niños, y eso es algo fundamental, por eso, desde aquí, hacemos una comunicación, un exhorto y, sobre todo, que revise esta iniciativa para que Coneval pueda dar indicadores para que sepamos que realmente se le está cumpliendo a nuestras niñas y niños en México en cuanto a sus derechos de la infancia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 4 de la Convención sobre los  Derechos del Niño establece en su artículo 4º que "Los Estados parte deben asignar el máximo de recursos disponibles para que se realicen los derechos de todos los niños y niñas, sin excepción"; situación que se ve reflejada en nuestro país a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En opinión de muchos especialistas, cuando se invierte en la infancia como parte del proceso de desarrollo alcanzamos una comprensión más plena de la importancia de una política de estas características para el establecimiento de un Estado de derecho y de derechos; en contraste, al omitir estas acciones quedamos con una visión limitada de la calidad de vida y la manera como impactan las políticas sectoriales dirigidas a este sector.

Cuando visualizamos a nuestra infancia desde una perspectiva de desarrollo, tenemos una lógica interconexión entre niñez y edad adulta, así como de los núcleos sociales que van creándose y diferenciándose uno de otro y que al final conforman a la sociedad en su conjunto; en términos de justicia, con una visión clara sobre la manera en que como Estado cumplimos a nuestra infancia podemos ofrecer mayores perspectivas para su integración productiva con la sociedad.

De acuerdo con UNICEF, 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años, 1 de cada 10, padecen desnutrición crónica; además el riesgo de morir entre niños indígenas es casi el doble de los que no lo son. El Gasto per cápita en Desarrollo Humano se triplica para en adolescentes y niños en edad escolar si la comparamos con el gasto asignado a la primera infancia.

La inversión en salud y educación representa 8 de cada 10 pesos invertidos en nuestra infancia y adolescencia, y el objetivo de programas para menores de 0 a 5 años es el derecho a la supervivencia.

Estas cifras son preocupantes si consideramos que la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país, promueve la armonización legislativa a efecto de garantizar la protección y ejercicio universal de sus derechos.

En este sentido, señala además que deben garantizarse al niño condiciones para formarse un juicio propio para expresar su derecho a una libre opinión en todos los asuntos que le afectan en función de su edad y madurez.

Si bien en nuestro país hemos tenido importantes avances en materia legislativa para proteger y garantizar los derechos de nuestra infancia y adolescentes, las cifras muestran que una parte importante de esta población no puede ejercerlos, particularmente el sector indígena. 

El INEGI señala que 1 de cada 4 personas indígenas están completamente excluidas del acceso a educación, cifra que es 10 veces más alta que la registrada a nivel general. Además, el 28 por ciento de la población de entre 5 a 19 años es analfabeta, en tanto que a nivel nacional ese grupo representa el 9 por ciento.

Esta situación no se ve reflejada sectorialmente cuando son presentadas las cifras oficiales sobre medición de la pobreza, mismas que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social deben contener una serie de parámetros básicos que son:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Como vemos, es necesario fortalecer estos indicadores para tener una visión más clara de la situación de nuestra infancia en términos del cumplimiento de sus derechos, ya que las cifras generales muestran un alto grado de incumplimiento en muchos aspectos de la vida de este sector.

Esto es imperativo si consideramos que en dos años cumpliremos tres décadas de haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño, en consecuencia debemos actuar sumando esfuerzos para  poder llegar en condiciones de rendir las mejores cuentas a nuestras niñas y niños de todo México.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

 


I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que estime conveniente tomando en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo por organismos internacionales y de la sociedad civil, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social,

IX. Indicadores de cumplimiento de derechos de la infancia, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONA la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Desarrollo Social

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que estime conveniente tomando en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo por organismos internacionales y de la sociedad civil, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social,

IX. Indicadores de cumplimiento de derechos de la infancia, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Suscribe.

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 20 de abril de cada año como “Día Nacional del Voceador”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 20 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DEL VOCEADOR”

(Presentada por la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Cristina Díaz Salazar)

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La libertad de prensa es un derecho fundamental que enmarca la máxima figura de derecho a la libertad de expresión. Esta es una prerrogativa que engloba, por un lado la obligación del Estado permitir la libre expresión de ideas sin censura y, por otra parte, el derecho de las personas a informar.

Para materializarlo, es necesario un gran proceso de generación y distribución de información; un largo camino que va desde el periodista que atestigua los hechos hasta el ciudadano receptor de la noticia.

En el último eslabón de la larga cadena de producción informativa se encuentran los voceadores, quienes se entregan, en manos, el papel impreso con las noticias.

La labor de los voceadores ha sido imprescindible para la masificación y distribución de la información, razón que los ha hecho objeto de persecución y castigo.

En México de la Independencia se prohibió que pregonaran en las calles y en lugares públicos.

Sin embargo, los llamados “papeleros” siempre han sido férreos defensores de la libertad de expresión consignando las atrocidades e informando a la gente. Esto les ha dado la imagen de un luchador por las libertades públicas.

No son simple vendedores de periódicos, por el contrario, el riesgo y al responsabilidad que asumen, los hizo ser “el correo ambulante de informaciones y opiniones sobre el que recae la persecución y la censura”.

Durante la Revolución Mexicana, los voceadores se encontraron íntimamente ligados a las publicaciones de la prensa mexicana, asumieron un papel vital a la par de editores y periodistas, y se encargaron de programar y propagar las ideas o noticias a la ciudadanía.

La labor de voceadores, en determinados contextos, ha sido crucial para la consolidación del derecho a la información, y a lo largo de los años, éstos han seguido participando activamente en la distribución de información y de las noticias.

Las nuevas tecnologías, la distribución digital y la era informática han golpeado fuertemente la labor de los voceadores; aunque han perdido ya el monopolio de la distribución, siguen vigentes las arengas que se escuchan en los puestos de periódicos, en los semáforos o en las esquinas que, además, son las más concurridas.

La función de los voceadores no se termina con las redes sociales y los medios electrónicos, por el contrario, esta noble labor debe de reconfigurarse. El papel de las fuentes fidedignas y de la confiabilidad de las agencias serias de noticias, mantiene vigente la labor del voceador quien fiel a la liturgia noticiosa se congrega para cada madrugada, lista para llevar en mano las noticias del día.

El trabajo del voceador no sabe de días de descanso y tampoco se detiene ante las inclemencias del clima, se mantiene firma a la par de acontecer nacional señalando las distintas publicaciones y papeles de circulación.

Aunque conocidos por todos, los voceadores han sido relegados como trabajadores, muchos de ellos no cuentan con seguridad social, acceso a la vivienda o prerrogativas propias de la relación laboral.

Estos son derechos que merecen cualquier trabajador, pero por la propia naturaleza de su profesión, difícilmente se materializan.

Para la defensa de sus derechos, los voceadores se han congregado en distintos gremios y asociaciones, con especial énfasis en los grupos regionales o estatales, mención especial merece la más antigua institución de papeleros, ahora llamada Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A.C.

Pese a los esfuerzos realizados por los grupos papeleros, las voces de la libertad siguen acalladas y relegadas a un segundo plano, es nuestro deber reivindicar esta laboral, la labor del voceador en nuestro país.

Desde 1953, a instancia del Presidente Adolfo Ruiz Cortines se celebra el “Día del Voceador” a nivel nacional; sin embargo, no existe el registro de una fecha específica, por lo que este día es celebrado con disparidad en las diferentes regiones del país.

Es necesario establecer una fecha uniforme decretada formalmente que sirva también como referente para celebrar y reafirmar la vocación de los servicios papeleros.

Por todo lo anterior, la iniciativa que hoy presento ante ustedes pretende declarar el 20 de abril de cada año como “Día Nacional del Voceador”, esto como una medida que reconozca la gran labor que realiza el gremio papelero para favorecer la comunicación y difusión de las ideas en nuestro país.

Asimismo, este día permitirá discutir y analizar condiciones de trabajo de los voceadores a nivel nacional.

Compañeras y compañeros, es nuestro deber generar acciones específicas que favorezcan la seguridad jurídica y social de los papeleros.

Hagamos justicia al rol que han jugado los voceadores en la construcción de nuestra patria, de la nación mexicana.

Honremos los gritos y arengas que dieron voz a la libertad de expresión en México.

Muchas gracias.

Iniciativa

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 20 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DEL VOCEADOR”, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¡EXTRA! ¡EXTRA!

Esta es la voz de miles de voceadores que aún resuenan en las grandes ciudades de nuestro México.

La libertad de prensa es un derecho fundamental que enmarca la máxima figura del derecho a la libertad de expresión. Este es un derecho que engloba dos grandes caras, por un lado la obligación impuesta al estado para evitar la censura y permitir la expresión de ideas, así como, por otra parte, implica también un derecho de la generalidad para acceder a la información que atañe a todos.

Para materializar dicha prerrogativa, es necesario un gran proceso de generación y distribución de la información; este es un largo camino que va desde el periodista que atestigua los hechos hasta el ciudadano receptor de la noticia.

En el último eslabón de la larga cadena de producción informativa se encuentran los voceadores, quienes entregan, en mano, el papel impreso con las noticias.

La labor de los voceadores ha sido imprescindible para la masificación y distribución de la información. A través de sus arengas y gritos se puede tener una impresión prima facie de la noticia.

La presencia de los voceadores en México data desde tiempos virreinales; de acuerdo con distintas fuentes, desde 1541, a través de un impreso se voceó la información de un terremoto en Guatemala.

De igual modo, han sido objeto de persecución, crimen y castigo. En 1823 y 1828 se prohibió su actuación debido a que el pregonar por las calles y lugares públicos podía considerarse como actos de agitación, y posteriormente les fue prohibido gritar las noticias, para sólo atenerse a anunciar los títulos de los periódicos o las publicaciones.

Vocear las noticias y vender los impresos era una tarea de alto riesgo, en el México de la independencia, los castigos de los infractores (distinguidos en razón de género) eran para los hombres: trabajos durante tres meses en los canales que se construían para la comunicación entre ciudades; y para las mujeres: las enviaban al servicio de hospitales y de las presas de la cárcel nacional.1
Los entonces llamados “papeleros” siempre han sido férreos defensores de la libertad de expresión, consignando las atrocidades e informando a la gente. Esto les ha dado “la imagen de un luchador por las libertades públicas”2.

No son simples vendedores de periódicos, por el contrario el riesgo y la responsabilidad que asumen, los hace ser “el correo ambulante de informaciones y opiniones sobre el que recae la persecución y la censura.”3

En tiempos de la Revolución Mexicana, los voceadores se encontraron íntimamente ligados a las publicaciones de la prensa mexicana, asumieron un papel vital a la par de editores y periodistas, y se encargaron de propagar las ideas o noticias a la ciudadanía.

“Los voceadores han caminado por el mismo rumbo que los periodistas, con condiciones similares de represión y censura.”4

La labor del voceador, en determinados contextos, ha sido crucial para la consolidación del derecho a la información y a lo largo de los años, estos han seguido participando activamente en la distribución de información y noticias.

Las nuevas tecnologías, la distribución digital y la era informática han golpeado fuertemente la labor de los voceadores; aunque han perdido ya el monopolio de la distribución, siguen vigentes las arengas que se escuchan en puestos de periódicos, semáforos o esquinas concurridas.

La función de los voceadores no se termina con la entrada de redes sociales y medios electrónicos, por el contrario, esta noble labor debe reconfigurarse. El papel de las fuentes fidedignas y la confiabilidad de agencias serias de noticias, mantiene vigente el la labor del voceador quien fiel a la liturgia noticiosa se congrega cada madrugada, listo para llevar en mano las noticias del día.

El trabajo del voceador no sabe de días de descanso y tampoco se detiene ante las inclemencias del clima, se mantiene firme a la par del acontecer nacional refiriendo las distintas publicaciones y papeles de circulación.

Aunque conocidos por todos, los voceadores han sido relegados como trabajadores, muchos de ellos no cuentan con seguridad social, acceso a la vivienda o prerrogativas propias de la relación laboral.

Estos son derechos a que es acreedor cualquier trabajador, por la propia naturaleza de la profesión, difícilmente se materializan, lo cual redunda en un perjuicio para los voceadores.

Para la defensa de sus derechos, los voceadores se han congregado en distintos gremios y asociaciones, con especial énfasis en los grupos regionales o estatales que los reúnen.

Luego de las asociaciones de obreros, linotipistas, redactores y empleados de periódicos, los papeleros se agremiaron para formar una unión en el Distrito Federal que los arropara y protegiera.

Así nace la más antigua de las instituciones de papeleros, ahora llamada Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A.C. fundada el 15 de enero 1923.

Actualmente, la Unión se encarga de la distribución diaria de publicaciones a más de 7 mil 500 puntos de venta en la Ciudad de México y el área metropolitana; asimismo, se integra por más de 10 mil miembros y tiene la gran virtud de ser un oficio en el que permea ampliamente la equidad de género.5

Desde 1953, a instancia del Presidente Adolfo Ruíz Cortines se celebra el Día del Voceador a nivel nacional, sin embargo, no existe registro oficial de una fecha específica y este día es celebrado con disparidad en las diferentes regiones del país.

Es necesario establecer una fecha uniforme, decretada formalmente, que sirva como referente para celebrar y reafirmar la vocación de servicio de los papeleros.

Por lo anterior, se pretende declarar el 20 de abril de cada año como Día Nacional del Voceador; esto como una medida que reconozca la gran labor que realiza este gremio para favorecer la comunicación y difusión de ideas en nuestro país.

Asimismo, permitirá discutir y analizar las condiciones de trabajo de los voceadores a nivel nacional. Es imperante reivindicar el papel de los voceadores y buscar en específico acciones que favorezcan a la seguridad jurídica y social de su empleo.

Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL VEINTE DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DEL VOCEADOR”.

ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el veinte de abril de cada año, como el “Día Nacional del Voceador”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A.C., Voces de la Libertad, 1º ed., México, 2010, p. 46.

2 Ibídem, p. 29.

3 Ibídem, p. 29.

4 Ibídem, p. 21.

5 Ibídem, p. 16.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora María Elena Barrera Tapia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Honorable Asamblea, en otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Tenemos para primera lectura los siguientes dictámenes:






Uno, de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Título de la Sección V del Capítulo IV y se adiciona el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TÍTULO DE LA SECCIÓN V DEL CAPÍTULO IV Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS”

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de igualdad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EN MATERIA DE IGUALDAD

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)








Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de primera lectura)








Y por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN

(Dictamen de primera lectura)








Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014

(Dictamen de primera lectura)








También tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los subsecuentes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DÉCIMO AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES

(Dictamen de primera lectura)








Y un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de nuevas comisiones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 90 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MODIFICÁNDOSE EL TEXTO DE LAS FRACCIONES IV Y X, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN, RESPECTIVAMENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión.

En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, de manera separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda para adultos mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión.

Se inserta intervención de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designa como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al dictamen, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, de manera separada y continua, al concluir la discusión de los dictámenes.






Tenemos la discusión de tres dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señor Presidente. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Para adicionar un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)








Y para reformar el artículo 119 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)








Y, asimismo, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 35 constitucional, en materia de difusión de consulta popular.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE CONSULTA POPULAR

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión.

En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal, de manera separada y continua.

Tenemos la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de nuevas comisiones.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pregunto si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto. Senadora Iris Vianey, a favor; Senador Patricio Martínez, a favor. Pregunto nuevamente si falta algún Senador por emitir su voto.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificándose el texto de las fracciones IV y X, recorriéndose en su orden, respectivamente. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda para adultos mayores.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pregunto si falta algún ciudadano Senador de emitir su voto. Senadora Rocío Pineda Gochi, a favor; Senador Ernesto Cordero, a favor; Senadora Ana Gabriela Guevara, a favor; Senadora Díaz Lizama, a favor. Nuevamente pregunto si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 71 de la Ley de Vivienda. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designan como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto. Recuerdo a esta Asamblea que para la aprobación de estos nombramientos se debe reunir una mayoría de dos tercios de los Senadores presentes.

Honorable Asamblea, me permito informarles que, respecto al dictamen anteriormente votado, se recibió en esta Mesa Directiva la participación de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, mismo documento que quedará registrado íntegramente en el Diario de los Debates.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pregunto si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto. Senador Ernesto Cordero, a favor; Senador Joel Ayala, a favor; Senador Larios Córdova, a favor; Senador Bartlett Díaz, a favor. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se designa a los ciudadanos Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese. Al concluir la votación nominal de los dictámenes se realizará la toma de protesta de los Consejeros.

Tenemos la votación conjunta de los tres dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal de los 3 dictámenes que proponen desechar los proyectos de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se registraron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud.

El proyecto de Decreto para reformar el artículo 119 de la Ley General de Salud.

Y el proyecto de Decreto para reformar el artículo 35 constitucional.

Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la discusión de diez dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señor Presidente. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre los siguientes proyectos de Decreto:

Para reformar el artículo 26 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Sobre dos reformas al artículo 4o. constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Para adicionar el segundo párrafo del Apartado A del artículo 102 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Para adicionar el artículo 134 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera:

Para adicionar un Apartado C al artículo 102 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Para modificar el título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reformar diversas de sus disposiciones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMAN DIVERSAS DE SUS DISPOSICIONES

(Dictamen a discusión)








Para adicionar el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Tenemos también un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con dos proyectos de reformas constitucionales, en materia ambiental.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








Y tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen a discusión)








Y que reforma diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Están a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar los proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan los proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Por acuerdo de la Mesa Directiva, a fin de esperar la llegada de nuevos dictámenes, pasaremos a otra ronda de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de contenido de facturas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL  CONSUMIDOR

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Señor Presidente, muchas gracias. Compañeras Senadoras y Senadores:

Proponemos, en estos momentos, una adición a un párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y, por lo tanto, queremos hacer algunos comentarios antes de la propuesta, compartiéndoles que la reforma energética modificó artículos importantes como el 25, el 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al mismo tiempo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre del 2013. Como consecuencia de ello el 30 de abril de 2014, el titular del Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el paquete que contenía diversas iniciativas de la legislación secundaria en materia energética.

Dentro de los principales objetivos, es importante destacar los señalados en los numerales 6, 7 y 8 que plantean, entre otras cosas, tres esquemas muy importantes:

1. Contar con un abasto mayor de energéticos a mejores precios.

2. Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y, sobre todo, de mayor confianza de suministro energético.

3. Tener muy presente lo que hoy la ciudadanía exige, que es la transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades que se desarrollan de la industria energética.

Por lo tanto, fueron expedidas un total de nueve leyes y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones a otras doce; dentro de las cuales se contemplaban la liberación de los precios de la gasolina para el año 2018.

Además, a partir del 2015 y con el propósito de poner al día nuestro mercado de gasolinas, México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, con la finalidad de que este mercado reflejara las condiciones internacionales, se adoptó un impuesto por litro, conocido como Impuesto Especial sobre Productos y Servicios Fijo, conocido como IEPS.

Recientemente, es decir, a partir del 30 de noviembre pasado, nuevamente se transformó el modelo para pasar a otro modelo completamente abierto. La Comisión Reguladora de Energía finalizó el cronograma de flexibilización de los mercados de gasolina y diésel y a partir de esa fecha, se vende combustible al libre mercado en su precio.

Esto trae como consecuencia, de que podamos hacer algunas adecuaciones, pensando siempre en beneficio del consumidor.

Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es establecer mecanismos que garanticen la plena información a los consumidores para poder tomar una mejor decisión.

Los hidrocarburos como las gasolinas, son ejemplos perfectos de que tienen diversas imposiciones y que en la vida cotidiana del mexicano, son productos que al adquirirlos vienen impactando en el gasto de nuestras familias.

Además, consideramos que la venta de combustibles, principalmente cuando ésta se efectúa al detalle, persisten vicios que afectan de manera importante o de manera muy drástica el bolsillo de los consumidores y que la normatividad actual no garantiza todos los derechos a los consumidores, pues a pesar de que existen sanciones en contra de los proveedores que violen lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y así también a la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras disposiciones, no se garantizan a cabalidad al menos algunos de los derechos establecidos en el artículo 1 de la propia Ley Federal de Protección al Consumidor y que son precisamente que todo consumidor debe de tener la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con la especificación correcta de la cantidad, las características, la composición, calidad y precio, y hasta los riesgos que el producto representa.

Como número 2, de los derechos de los consumidores que consideramos deben de reflejarse, es el otorgamiento de la información necesaria para que pueda permitir a los consumidores en defensa de sus derechos tomar la decisión que corresponda y acreditar plenamente su defensa cuando exista violación a sus derechos como consumidor en los productos que adquiera.

Es por ello que han sido muchos años en que se ha venido presentando irregularidades por parte de los comerciantes en contra de los consumidores, donde, reitero, se afecta su economía de sus familias, y es por eso que es importante garantizar estos derechos como lo establece la Constitución en el párrafo tercero del artículo 28.

Por todo lo anterior, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, vengo a pedirles su apoyo para esta iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada.

Proponemos a este artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor agregar el siguiente párrafo para quedar como sigue.

“En caso que los bienes o servicios objeto de la relación comercial sean objeto por de impuestos, contribuciones, tasas o cuotas impositivas, deberán de manifestarse claramente y de manera desglosada en la factura, recibo o comprobante al que se refiere el artículo anterior”.

Toda la información correspondiente que le pueda permitir al consumidor conocer no nada más el precio, sino también las características y conocer el desglose de los impuestos que se le están cobrando para con ello tener de manera muy clara lo que está consumiendo, lo que está pagando.

Y que de esta manera, en caso de que se vean afectados sus derechos, pueda tener más elementos, más argumentos, más razones jurídicas para efecto de poder presentar la queja ante la autoridad que corresponda.

Por su atención, consideración y, sobre todo su apoyo, les expreso nuestro agradecimiento.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Sofío Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Aarón López.

El Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Señor Presidente, pedirle a mi amigo Sofío si me permite adherirme a esa sensible propuesta.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senador Sofío, ¿acepta la adhesión de los Senadores?

Con mucho gusto, Senador.

El Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 160 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en materia de órdenes de deportación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El día de hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 160 de la Ley de Amparo. Es una iniciativa que abona al campo de las libertades y al respeto de los derechos humanos de las personas que tienen calidad migratoria en nuestro país.

La migración es un fenómeno con el cual hemos tenido un estrecho contacto en México, no sólo porque muchos mexicanos deciden dejar el país en busca de mejores oportunidades, sino también porque el territorio nacional es la vía principal de tránsito hacia los Estados Unidos, no sólo de mexicanos, sino de muchos extranjeros en calidad de migrantes que cruzan el territorio nacional.

Ante las políticas migratorias de nuestro vecino país del norte, los mexicanos hemos sido críticos y hemos alzado la voz en contra de las múltiples injusticias y las múltiples violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos paisanos migrantes en los Estados Unidos.

No obstante, no reconocemos también, las violaciones que autoridades mexicanas cometen en contra de migrantes en territorio nacional.

El Instituto Nacional de Migración cuenta con facultades específicas para comprobar que los extranjeros que se internen en nuestro país, cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Migración. Dicho órgano puede también llevar a cabo revisiones en todo el país, respecto de personas que no cuenten con ningún documento que acredite su situación migratoria.

En el caso de que el Instituto detecte alguna irregularidad, las personas extranjeras serán presentadas, es decir, llevadas a las llamadas estaciones migratorias en los términos de la Ley de Migración.

Las estaciones migratorias, como ustedes saben, son aquellos complejos en donde el Instituto Nacional de Migración mantiene a las personas durante el tiempo que tarden en resolver su situación.

Tan sólo en 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta de la existencia de 35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales, conocidas como “garitas”. De acuerdo a este organismo, tan sólo en ese año 88 mil 501 migrantes fueron detenidos en estaciones migratorias que inclusive reportan estos órganos internacionales de derechos humanos, un migrante puede permanecer en ellas hasta un año, y esto nos lleva a que en la práctica, en los hechos estamos hablando de una prisión para ellos, aun cuando la situación de migración en México no es un delito.

Para 2017, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, y con base en la información registrada en estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del Instituto Nacional de Migración, los extranjeros presentados entre la autoridad migratoria suman 79 mil 168.

De tal suerte, podemos dar cuenta del alto número de personas que son detenidas en estaciones migratorias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado su preocupación respecto de la utilización de la detención de migrantes de manera generalizada.

Lo anterior, ha sido calificado por dicho organismo como una medida con un enfoque orientado a criminalizar la migración, aun cuando, efectivamente, esto no es un delito dentro de nuestro marco jurídico; y por ello, la recomendación de este órgano internacional va en el sentido de establecer políticas, leyes, protocolos y prácticas migratorias que partan de una presunción de libertad, es decir, del derecho del migrante a permanecer en libertad mientras están pendientes los procedimientos migratorios.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la detención por incumplimiento de las leyes migratorias, nunca debe ser con fines punitivos.

Las medidas privativas de libertad sólo deberán ser utilizadas cuando sea necesario, de manera proporcional y durante el menor tiempo posible.

De igual forma, dicho tribunal ha destacado que toda privación de libertad debe ser excepcional, y que de llegar a darse, debe tener la posibilidad de presentar un recurso legal efectivo.

Asimismo, ha sostenido que los Estados pueden establecer políticas migratorias respecto del ingreso, permanencia o salida de las personas migrantes, siempre que ello sea acorde con las medidas de protección a los derechos humanos de las personas.

La situación real, lo que acontece en nuestro país, es que las personas migrantes pueden permanecer recluidas durante plazos excesivos una vez que se encuentran en las estaciones migratorias. Y al respecto la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre los casos en que las personas permanecieron detenidas cerca de un año hasta que el Instituto ordena su liberación para regularizar su estancia en el país.

En el caso de la Ley de Amparo, esta prevé la posibilidad de interponer este medio de defensa contra actos que impliquen deportación contra los que deberá otorgar una suspensión con el efecto de que estos actos no sean ejecutados, no obstante, a pesar de ser el instrumento para la defensa de los derechos humanos por excelencia en nuestro país, el artículo 160 de la Ley de Amparo tiene un efecto perjudicial contra las personas migrantes, ya que si bien suspende la ejecución de este tipo de actos, genera que la persona permanezca recluida al interior de las estaciones migratorias por todo el tiempo que dura el juicio. En efecto, la libertad queda a disposición del juzgador de amparo pero en donde esté la persona detenida.

En este contexto, también la Comisión Interamericana ha recibido testimonios de migrantes detenidos por más de 60 días, como producto de haber interpuesto un recurso judicial relacionado con su situación migratoria.

En este contexto, ante un escenario en que los migrantes pueden permanecer recluidas todo el tiempo que dure el Juicio de Amparo, la Comisión Interamericana ha referido que dicha indefinición ha llevado a que muchos migrantes prefieran ser deportados y volver a intentar ingresar al territorio mexicano, en lugar de quedarse detenidas de forma indefinida hasta que se resuelvan los recursos interpuestos.

Por ello, es necesario presentar esta reforma y reformar el artículo 160 de la Ley de Amparo para que en los casos de deportación se indique que la orden no deberá ejecutarse o deberá cesar su ejecución y, en lugar de que la persona permanezca recluida, violando con ello los plazos constitucionales, lo anterior, en términos de lo que hoy dispone la propia Ley de Amparo. Entre tanto, entre las medidas de aseguramiento para gozar de su libertad, nada impedirá que el juzgador de amparo fijara aquellas contenidas en la Ley de Migración como custodia de una persona moral o institución vinculada a la protección de los derechos humanos, la obligación de que permanezcan en territorio de la estación migratoria, una garantía económica, establecer un domicilio de residencia o quedar a cargo de un tercero.

Esto en tanto se decide si se le concede o no el amparo contra actos que impliquen la deportación, es decir, otras medidas alternativas que aseguren la permanencia de la persona sin necesidad de que esa sea detenida y permanezca de manera indefinida en un centro migratorio.

La lucha por los derechos humanos no es reciente en nuestro país, aún hay mucho por hacer, pero aspectos como éste hablan también de la calidad de un Estado democrático de derecho. Un país que respeta los derechos de los seres humanos, un país que respeta el principio pro-persona, es un país también que respeta los derechos humanos de los migrantes que con esa calidad se internan en nuestro país, con el afán de tener una mejor opción de vida en su desarrollo.

Es por ello que consideramos importante hacer esta reforma a nuestra Ley de Amparo para poder hacerla congruente con los principios que establece nuestra Constitución.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño de la Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Quiero felicitar a mi compañera, la Senadora Pilar Ortega.

Me parece muy importante la propuesta que nos está haciendo para realmente proteger estos derechos humanos de más de 80 mil personas que vienen a México y que quedan prácticamente presas en estos lugares, y solicitarle si me puedo sumar.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senadora Pilar Ortega, ¿acepta la adhesión de los Senadores?

Está solicitando también, con el mismo propósito, Senador López Brito, Senador Héctor Hermosillo. Servicios Parlamentarios sírvase suscribir la iniciativa de la Senadora Pilar Ortega por los Senadores que están solicitando su adhesión. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad y Coordinación entre Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México, Reglamentaria del párrafo tercero del Apartado B del artículo 122 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAPITALIDAD Y COORDINACIÓN ENTRE PODERES FEDERALES Y LOCALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO TERCERO DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Mario Delgado Carrillo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Como ustedes saben, aquí se aprobó la reforma política de la Ciudad de México y desde el 29 de enero de 2016 entró en plena vigencia la autonomía de la capital de la República, una larguísima lucha de la autonomía de la capital que, pues siempre fue de la mano de la lucha democrática en México.

Nos quedaron pendientes en esta reforma constitucional, en esta reforma del artículo 122, que hoy, su servidor, el Senador Alejandro Encinas y la Senadora Dolores Padierna ponemos a su consideración un par de iniciativas para cumplir con lo que señala la reforma al artículo 122 constitucional; son dos leyes que deben entrar en vigencia cuando inicie la vigencia de la Constitución de la Ciudad de México que tendrá que ser el próximo 17 de septiembre de 2018.

Estas dos leyes son la Ley de Capitalidad y Coordinación entre poderes federales y locales de la Ciudad de México; y la Ley de Coordinación y gobernanza metropolitana del Valle de México.

¿La Ley de Capitalidad de qué se trata?, si tenemos una ciudad autónoma que es a la vez sede de los poderes federales, pues tiene que haber una ley que establezca las reglas de esta convivencia del día a día.

Actualmente, pues hay una coordinación muy estrecha, pero que está al margen de cualquier regulación, pienso, por ejemplo, en alguna manifestación, en el tema de resguardo de edificios e inmuebles de la Federación o de monumentos históricos, o de los hospitales nacionales, o de los institutos de salud, de investigación, o del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las bases de coordinación de convivencia no están en ninguna ley, siempre parten de la buena fe entre el gobierno federal y el gobierno local.

Bueno, tenemos que establecer unas bases de coordinación entre la Federación y la ciudad en esta ley, no debe quedar al arbitrio, a la buena voluntad, porque además, me parece que existiendo un marco jurídico para ello, como lo ordena el artículo 122, podríamos tener una mejor gobernanza de la capital de la República.

Y, también, esto deriva en otras consecuencias, por ejemplo, ser la capital de la República, sin duda que representa un enorme beneficio para quienes aquí vivimos; pero también hay que reconocer, así como hay beneficios por otro lado hay costos, costos que se derivan de que la ciudad tiene que soportar el costo de servicios públicos adicionales, extraordinarios, cuidar las embajadas que se encuentran aquí, el hecho de que los inmuebles de la Federación no cubran el predial, el mantenimiento, por ejemplo, de monumentos, el mantenimiento de otros lugares que son, por ejemplo, patrimonio histórico de la humanidad como Xochimilco o el Centro Histórico.

En otras ciudades capitales se tiene un régimen de capitalidad que básicamente lo que hace es tener un financiamiento compartido de algunos servicios que se otorgan en la capital de la República.

Alivianar, pues, el costo que genera para las finanzas de la ciudad el ser la capital de la República.

Esto es algo que nunca se ha revisado, nunca se ha analizado, porque siempre hemos puesto la atención en la evolución política de la ciudad para que tenga su autonomía política, pero pocas veces hemos discutido el financiamiento; por ejemplo, la ciudad cuando elige por primera vez a su gobernante en 1997, todo el costo administrativo de ser la capital de la República, pues se pasó tal cual, cuando el financiamiento generalmente provenía de la Federación, pues impactó de manera importante a las finanzas de la ciudad, es algo que no se ha discutido, se introduce este concepto de capitalidad, de que pueda haber un fondo, que exista certeza más bien en el fondo de capitalidad desde 2014 existe este fondo, fue creado y es muy incierto cuántos recursos va a tener, se convierte en una batalla política cada año.

Se proponen, por ejemplo, en 2014, no había nada, se dieron 3 mil millones; en el 2015 se produjeron 2000, se aprobaron finalmente 3 mil 500; en el 2017 se puso cero en el Presupuesto de Egresos, sin embargo se lograron 2 mil 500 y así. Es muy incierto y tener esta incertidumbre no ayuda nada a la ciudad porque no puede planear, no puede ver hacia futuro qué puede financiar de los servicios públicos que le hacen falta para ejercer su función de capital con certidumbre.

Entonces, ¿qué proponemos en esta iniciativa? Que haya certidumbre, que haya una fórmula para la determinación de este fondo de capital, que esté relacionado con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad.

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México ha estimado que estos servicios adicionales, por ser capital, tienen un costo aproximado de 12 mil millones de pesos, nada más quisiera mencionarles un dato, la exención de predial de los edificios del gobierno federal en la ciudad asciende a cerca de 3 mil millones.

Entonces, el fondo de capitalidad se propone regularlo en su programación y su presupuestación que sea equivalente al 5 por ciento del presupuesto del año anterior reportado en la cuenta pública y de esta manera la ciudad puede tener certidumbre de esta fuente de financiamiento.

Otra cuestión, que ha sido muy polémica y que por cierto en estos días está el debate sobre algo parecido, es sobre el tema de la seguridad pública, como ustedes saben, durante muchos años, después de 1997, era el Presidente de la República el encargado de autorizar al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador de la Ciudad. Esto cambió con la reforma política de la ciudad, ahora lo elige libremente el Jefe de Gobierno y lo remueve también el Jefe de Gobierno y se le da al Presidente de la República la posibilidad de removerlo sólo por faltas graves.

Actualmente dice la reforma política que el Presidente puede removerlo por faltas graves, entonces, hay que regular esta disposición para que no se vaya a prestar a una situación inconveniente o que tenga, más bien, un fin político.

También se prohíbe expresamente, en esta Ley de Capitalidad, que instituciones castrenses asuman funciones de seguridad pública en la Ciudad de México.

La segunda ley que estamos proponiendo, es la ley de coordinación y gobernanza metropolitana del Valle de México. Una ley que encuentra mucho eco en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, es también una obligación que tenemos de la reforma al artículo 122 constitucional.

¿Qué se propone? Crear, primero, un Consejo de Desarrollo Metropolitano.

¿Quiénes deben de estar? Las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que integran la zona metropolitana del Valle de México, así como la autoridad federal.

¿Quién se encarga de estos asuntos a nivel federal? La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, por parte del gobierno federal.

El Consejo tendría una comisión ejecutiva integrado por los titulares.

¿De qué se encargaría este Consejo? De algo que nunca se ha hecho en este país, a pesar de que la gran mayoría de los mexicanos vivimos en ciudades y en zonas metropolitanas no existe una planeación metropolitana, y si algo le podría ayudar a esta ciudad es una planeación metropolitana de mediano y largo plazo.

El Consejo tendrá como una tarea fundamental establecer un Plan de Desarrollo Metropolitano en donde se establezcan los proyectos de infraestructura, necesidades de ampliación de servicios públicos básicos, políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que promueva la integración del territorio, todo esto para que mejore la calidad de vida de la gente que vive en la Zona Metropolitana.

Un plan que cuente con la colaboración de instituciones como la UNAM, la UAM, el Inegi y, además, que sea sometido a consulta pública y que los congresos locales le den también el aval quienes participen en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto lograría que tengamos mayor eficiencia en la provisión de servicios públicos y que la división política administrativa, territorial que tenemos actualmente, pues no sea un factor de ineficacia porque somos una misma ciudad, somos una misma Zona Metropolitana que a veces no le podemos explicar a la gente que del otro lado de la calle ya es otra demarcación territorial o ya es otro estado cuando la convivencia es plena, absoluta y está cada vez más integrada.

Además, se establecerá un programa metropolitano que especifique las acciones para cumplir con este plan, que no se quede nada más en un buen deseo, sino que haya una estrategia de acciones para irlo desdoblando y ejecutando en los tres órdenes de gobierno que le toca a cada quien.

Y, otra cosa importante, el Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano hay que agradecérselo al Senador Encinas, que no está en este momento, pero en 2006 fue la primera vez que se estableció un Fondo Metropolitano entre la Ciudad y el Estado de México, y que fue un motor fundamental para el desarrollo de infraestructura entre los límites del Estado de México y la ciudad; infraestructura que durante muchos años se había postergado porque eran obras, o que se hacían en la ciudad y beneficiaba principalmente a la población del Estado de México, o al revés, pero total que se pasaban la pelotita de un lado a otro sin que esto pudiera resolverse.

Entonces esta ley le daría base jurídica a la existencia del Fondo Metropolitano del Valle de México, lo cual le daría certidumbre y ayudaría a financiar este plan que estamos proponiendo de largo plazo para esta Zona Metropolitana.

También esta ley establecería las bases para la coordinación metropolitana y la integración de servicios públicos en todo el territorio y las regiones específicas, pensando en ser más eficiente, pensando en tener economías de escala.

También se establece poder integrar comités especializados en los que se atiendan los problemas metropolitanos fundamentales como calidad del aire, transporte y movilidad, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, seguridad pública y tránsito, recolección y disposición de basura, agua y alumbrado metropolitano.

Y, por último, pues vamos a hacer una apuesta un tanto atrevida, es sentar las bases para autoridades metropolitanas.

Tenemos un buen ejemplo, prácticamente el único que existe en el país, la Comisión Ambiental Metropolitana, que se establece desde 1992 entre la Ciudad de México y el Estado de México, es una comisión específicamente para atender el problema de la calidad del aire que ha funcionado muy bien, funcionó muy bien, empezó a tener algunos problemas en 2013 cuando se constituyó de manera distinta, se estableció un convenio entre la Semarnat, la Ciudad de México, el Estado de México y se incluyó a Puebla, Morelos e Hidalgo, y ahí empezó a fallar un poco.

Pero antes del 2013 la CAMe muestra que sí podemos tener instituciones metropolitanas para establecer políticas públicas en conjunto que tengan beneficio para todo el Valle de México.

Aquí se sientan las bases para que por previo acuerdo de los gobiernos, en sus tres órdenes, se establezcan autoridades y acciones de alcance metropolitano.

¿En qué nos conviene tener una política integral? Por supuesto, en primer lugar, en seguridad pública.

El gran éxito, hasta hace algunos años, en materia de seguridad pública de la ciudad, era que tenemos una sola policía en las dieciséis delegaciones.

Pensar tener una policía metropolitana del Valle de México me parece que es una buena idea, por supuesto tendríamos que ajustar varios ordenamientos, pero aquí se sienta la base para una institución metropolitana y políticas metropolitanas.

El Reglamento Metropolitano de Tránsito, que ya tuvimos alguna vez un Reglamento en común con el Estado de México y, desafortunadamente, se echó para atrás hace como cuatro años; pero circulamos en esta misma ciudad, tendría que haber el mismo Reglamento, no que si ya cruzaste una calle estás sujeto a otro Reglamento de Tránsito y Movilidad.

Podríamos pensar, regresando al tema de seguridad pública, que podríamos integrar las cámaras de videovigilancia y tener conexión de todos los C4 para hacer un gran C4 de la Zona Metropolitana.

Por supuesto que el siguiente tema, en importancia, es el tema del transporte, no podemos seguir en el largo plazo pensando que tenemos servicios de transporte de una calidad en la Ciudad y en el Estado de México de otra, que tengan costos distintos, que tengan rutas que no estén integradas, que generen enormes cuellos de botella y, sobre todo, que le quiten muchas horas de su tiempo a la gente.

Tenemos que pensar en una autoridad metropolitana de transporte y que haya una planeación que beneficie a todos los habitantes de esta zona.

El tema del aire, sin duda, que tenemos que insistir en que haya políticas metropolitanas, compartimos el mismo espacio y compartimos también la misma cuenca, por lo tanto, tendría que haber un sistema metropolitano de agua y drenaje.

Esto es básicamente lo que proponen estas dos iniciativas: primero, cómo convive mejor la Capital de la República con los poderes federales, cómo le damos sustento a su condición de capitalidad a través del Fondo de Capitalidad y, segundo, pues esta ley de coordinación y gobernanza metropolitana quedaría una eficiente coordinación y sentaría las bases para una planeación en el mediano y largo plazo de la Zona Metropolitana más importante del país y, sobre todo, que empecemos a pensar distinto y hacia futuro con el establecimiento de bases para instituciones metropolitanas.

Muchas gracias.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN Y GOBERNANZA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT)



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Mario Delgado. Las iniciativas presentadas por el Senador se turnan de la siguiente manera:

La que propone expedir la Ley de Capitalidad y Coordinación entre Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México, se turna a las Comisiones Unidas de la Ciudad de México; y de Estudios Legislativos.

La que expide la Ley de Coordinación y Gobernanza Metropolitana del Valle de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se turnan a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y de Estudios Legislativos.






Pasaremos a la toma de protesta de los consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que acaban de ser designados.

PROTESTA DE LEY

En el salón contiguo a este recinto se encuentran la Consejera Angélica Cuéllar Vázquez, y los Consejeros Michael William Chamberlin Ruiz y José de Jesús Orozco Henríquez, por lo que se solicita a las Senadoras y Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Torres Peimbert, Luz María Beristain Navarrete, Angélica de la Peña Gómez, Hilda Ceballos Llerenas, Jorge Aréchiga Ávila y Sofío Ramírez Hernández, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Señoras Senadoras y señores Senadores, favor de ponerse de pie para llevar a cabo la protesta de ley.

(Todos de pie)

Bienvenidos, señores ciudadanos Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez.

El Pleno del Senado de la República los designó Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señores Consejeros!

Pueden permanecer en el Pleno hasta que lo decidan. Solicito a la comisión designada acompañen a la señora Angélica Cuéllar Vázquez; a los señores Michael William Chamberlin Ruiz y Jesús Orozco Henríquez, cuando deseen retirarse del salón.






Les informo ahora que recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: El dictamen está disponible en sus escaños.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Secretario, dele lectura.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: El dictamen se acompaña del voto particular del Senador Mario Delgado Carrillo, que también está publicado en su escaño.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Se concede el uso de la palabra al Senador José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de las Senadoras y de los Senadores.

A nombre de las comisiones que participamos en el proceso de dictaminación de este dictamen, venimos a presentarle este dictamen que contempla quince modificaciones en su articulado y cinco adiciones a la Ley General de Disciplina Financiera.

Las Senadoras y los Senadores recordarán el interés, la participación y hasta el tiempo que se llevó crear esta nueva ley, hace apenas unos cuantos años.

La urgencia era ordenar las finanzas públicas y en ese ordenamiento poner topes al endeudamiento subnacional, al ordenamiento de las deudas contratadas por estados y por municipios.

Los últimos diez años esta deuda creció de manera acelerada y generó la motivación y el interés tanto del gobierno de la República como del Poder Legislativo Federal para generar condiciones en su manejo, temas de transparencia y, sobre todo, temas de control.
En esta ocasión nos llega la minuta de parte de la Cámara de Diputados, y las modificaciones que se plantean buscan cumplir con tres propósitos.

Por un lado, seguir fortaleciendo las finanzas públicas estatales, locales; también generar mejores condiciones al momento de contratar nuevos empréstitos por parte de estados y de municipios, que sean transparentes y que sean competitivos, y por último, perfeccionar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

Para fortalecer las finanzas públicas locales, estas modificaciones pretenden otorgar mayor certidumbre a las entidades federativas en la elaboración de sus paquetes económicos, y permite incorporar las estimaciones que provienen de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación ya aprobados, para generarles mayor certidumbre y que puedan tener mejores elementos de estimación en función de ingresos más realistas y tratando de disminuir mayores ingresos excedentes, que era un tema fundamental.

En la modificación también se generan las condiciones para que el destino de los ingresos excedentes se establezcan usos diferenciados, según la entidad y su comportamiento y desempeño en materia de endeudamiento.

Y para aquellas entidades que cumplan y que se encuentren en términos de salud financiera, se establece la posibilidad de que en un 5 por ciento de sus excedentes de ingresos, puedan ser destinados en gasto corriente, y esto empezará a funcionar hasta el año de 2019.

En el segundo punto que tiene que ver con mejorar el acceso y el tratamiento en la contratación de financiamientos, se permiten y definen nuevos instrumentos de endeudamiento; también se generan condiciones para agilizar la contratación oportuna de deuda, se permite la instrucción durante seis meses de aquellos financiamientos no registrados en su momento.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se incluyen figuras no contempladas por la ley, tales como son los proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema similar que hoy está ausente en la legislación vigente.

También se precisan los plazos para la presentación de solicitudes de inscripción en algunos casos especiales y se realizan igualmente algunas adecuaciones relativas al sistema de alertas para mejorar su operatividad. Las 15 modificaciones y las 5 adiciones tienen este propósito, este contenido y este objeto.

Reiteramos, la necesidad de que la Ley de Disciplina Financiera permita no sólo el ordenamiento de las finanzas públicas locales, sino claridad, transparencia y salud en materia de endeudamiento.

Estas fueron las razones que motivaron la participación y el análisis de las Senadoras y de los Senadores integrantes de comisión que hoy ponemos a su consideración.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado, para presentar su voto particular.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Uno de los grandes temas de esta Legislatura fue detener los enormes excesos y abusos de la deuda pública de las entidades federativas y municipios que nos hemos ido enterando a lo largo de estos años, ya no nos extraña encontrar en los medios de comunicación algún escándalo del abuso de las finanzas públicas estatales, cada que hay un cambio de gobierno es nada más cuestión de esperar un par de meses para que surja el escándalo de deudas escondidas, deudas ocultas, pago a proveedores no hechos, que de repente el cuadro perfecto de finanzas públicas sanas de un estado se cambia por completo a un estado o municipio en ruinas.

Enfrentamos esa problemática, se hizo una reforma constitucional, aquí en 2015, que fue muy discutida, que iba enfocada a cambiar el artículo 74 constitucional y el 117 para la deuda de los estados, con la idea de tener esta discrecionalidad en las deudas estatales.

Entre otras cosas, dispusimos que el Congreso de la Unión pudiera emitir una ley en materia de endeudamiento de entidades federativas y municipios, hacer este sistema de alertas para registrar la deuda y evaluar la evolución de la misma; establecer, una cosa rarísima, pero así se aprobó, una comisión bicameral que estuviera dándole seguimiento a esta evolución de las deudas de los estados, dar la posibilidad de que la Auditoría Superior pudiera fiscalizar las garantías que el gobierno federal daría deudas a estados, prohibir destinar deuda a gasto corriente, pero al mismo tiempo se flexibilizaron algunos conceptos en deuda pública, por ejemplo, que nos pudiéramos endeudar por un refinanciamiento o por tomar deuda a través de fideicomisos, o de dar garantías por parte del gobierno al endeudamiento.

¿Cuál es el resultado de esto? Estamos a poco más de un año de que tenemos en vigor la Ley de Disciplina Financiera y vemos que no ha habido una armonización por parte de todas las entidades de esta ley, de homologar conceptos. Hay que recordar que deuda pública, la definición era distinta en Tabasco que en Nuevo León, que cualquier otro estado, cada gobernador la acomodaba a su antojo, dependiendo de las necesidades que tuviera, y uno de los objetivos de la reforma constitucional fue esto, fue que no sucediera, que hubiera mayor disciplina financiera y presupuestaria en todas las entidades federativas para que no se convirtieran, las finanzas estatales en un factor de riesgo nacional. Evitar una crisis como la que en algún tiempo tuvo Brasil.

Bueno, estaba yo en el balance, ¿cuál ha sido el resultado? De que ha seguido aumentando el endeudamiento de los estados, hay que reconocerlo, sí, a un menor ritmo, pero ha aumentado en 2 por ciento la deuda en los dos últimos años y pues no paran los escándalos.

Y si nosotros le echamos un ojo al sistema de alerta de las entidades federativas, pues yo creo que nos quedamos muy cortos, porque ahí todo pinta muy bien. Hay 9 estados que están en amarillo y todos los demás están en verde.

Pero basta ver el desempeño financiero de esos estados, y vemos que no tiene nada que ver con el sistema de alertas. El sistema de alertas está siendo incapaz de detectar los malos manejos financieros en las entidades federativas.

Les doy el caso de Chihuahua, donde hicieron una bursatilización de remanentes carreteros, y por ahí hay un análisis de México Evalúa, durante la administración del ex gobernador Duarte, la proporción del gasto en inversión fue bajando, mientras que aumentó el porcentaje de gasto corriente y al mismo tiempo que crecía la deuda, por lo tal, este estado estaba utilizando deuda para financiar gasto corriente.

De acuerdo con los Diputados locales, la mitad de los recursos solicitados en la última, por ejemplo, solicitud de deuda de una bursatilización de 6 mil millones de pesos de remanentes carreteros para pagarse en 22 años.

Según los Diputados locales, dicen que la mitad de esos recursos fueron para inversiones públicas productivas, pero la otra mitad para obligaciones a cargo del gobierno estatal derivados ya de financiamientos previos o de gasto corriente.

Lo mismo en el caso de Veracruz, que ahí hicieron de todo. También la creación de un fideicomiso cuando hubo cuentas por pagar a proveedores de muy alto monto. Mientras que Veracruz, pues, concentra la mayor parte de las observaciones del gasto federalizado.

También nos enteramos de Quintana Roo, que hubo cambio de gobierno.

El último, Nayarit que hace apenas un par de semanas, el Secretario de Finanzas de Nayarit está pidiendo una deuda de 2 mil 700 millones de pesos, pues nada más para salir lo que resta del año.

Entonces, en este contexto, donde no se ha acabado de instrumentar esta ley y donde no tenemos resultados tangibles, viene esta iniciativa, donde prácticamente de lo que se trata es flexibilizar.

Y lo grave del asunto es que ¿qué van a pensar los estados? Pues todo lo acabamos de instrumentar, nos seguimos portando como queremos, hacemos algo de presión en el Congreso y nos empiezan a aflojar la cuerda.

¿Por qué es que manda muy malas señales esta iniciativa?

Se supone que para mantener los balances fiscales y mantener una disciplina financiera, en caso que se tengan ingresos excedentes, estos deben ser utilizados para bajar el nivel de endeudamiento, para mejorar la posición financiera del estado o del municipio.

Aquí lo que se hace es que haya excepciones, que se pueda utilizar una parte de los remanentes para financiar gasto corriente.

Si te portas bien, más; pero si no te portas tan bien, si estás en amarillo, si están en rojo, ese porcentaje disminuye.

Miren, independientemente del porcentaje que sea, sea bajo o sea alto, el mecanismo es muy perverso, porque entonces va a obligar a un manejo distinto de los excedentes y mete incentivos perversos en la presupuestación.

¿Qué van a hacer los gobernadores, presidentes municipales para poder disponer de ingresos excedentes a fin de año? Pues tener una subestimación de los ingresos y los gastos para tener al final un margen de discrecionalidad aunado a un endeudamiento mayor que les va a permitir tener manga ancha.

Entonces, creo que no deberíamos hacer esto, y no deberíamos hacer esto porque no tenemos un balance serio, completo de cuál ha sido el impacto de la Ley de Disciplina Financiera en los estados.

Si tuviéramos un balance y de ahí se concluyera que nos pasamos de estrictos, que sí hay que aflojarles la cuerda, pues habría razones para impulsar esto, pero no lo tenemos, lo vamos a hacer a ciegas y el mensaje, insisto, es muy negativo.

Ahora, hay algunas propuestas que se están haciendo, que sí tienen sentido, que vale la pena apoyar, pero creo que no deberíamos en estos momentos mandar una señalar encontrada, justo cuando viene el año electoral.

Es cierto que las disposiciones que aquí se establecen entrarán en vigor a partir de 2019, pero si ya saben que en 2019 van a cambiar las reglas y que ya pudieron aflojarlas una vez, imagínense el grado de desorden en el que pueden entrar, claro, con cargo al 2019.

Muchas gracias.

Voto particular



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Mario Delgado. Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes oradores: Senadora Dolores Padierna Luna, en contra; Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a favor; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a favor; Senador Héctor Larios Córdova, a favor; Senador Héctor David Flores Ávalos, a favor.

Pregunto a los Senadores si alguien más desea inscribirse para la discusión en lo general.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

En el ocaso del sexenio, podemos decir con toda certeza que las instituciones han sido dañadas recurrentemente desde el propio poder público.

Los gobiernos que deberían mostrar un compromiso efecto a favor de la imparcialidad, la equidad y la transparencia, han ido en sentido contrario.

Por ello preocupa la propuesta de modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios aprobada apenas en abril de 2016, con el objeto de definir los criterios de responsabilidad hacendaria y financiera que permitan un manejo sostenible de las finanzas públicas.

El cambio más preocupante permitiría a los gobiernos estatales y municipales usar de manera discrecional los ingresos excedentes de libre disposición, lo que abre la puerta a la utilización de recursos para favorecer campañas y candidatos.

La Cámara de Diputados modificó esta importante ley, y la minuta que se presenta en este Senado de la República contiene modificaciones muy preocupantes.

En el caso de desastres naturales, las entidades federativas podrán utilizar los recursos de libre disposición para atender las emergencias sin necesidad de presentar el estudio de costo-beneficio que ordena la ley.

Tal vez esta modificación sea atendible, toda vez que flexibiliza el uso de recursos para el caso de las emergencias derivadas de los desastres naturales, pero francamente nos parece que quisieron utilizar a los damnificados de los recientes huracanes y sismos para modificar la ley, no porque les preocupe resolver el problema mayúsculo que atraviesan miles de familias a causa de los sismos, cambiando otros artículos que son los que realmente les interesan a la luz de las elecciones del próximo año y que puedan usar en forma discrecional los remanentes presupuestales a los que la Ley de Disciplina Financiera, que aprobamos el año pasado, puso criterios para su uso.

Se propone, en este dictamen, que las entidades federativas clasificadas en un nivel de endeudamiento sostenible, puedan utilizar los ingresos excedentes de libre disposición de manera discrecional.

En el artículo 14 se establece, que los ingresos excedentes de libre disposición, deberán de ser destinados de la siguiente manera:

Uno. Por lo menos un 50 por ciento a la administración anticipada de la deuda y al pago de otros pasivos.
Dos. A la inversión productiva.

Y tres. A la creación de un fondo para compensar la caída de los ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Esta disposición sólo es aplicable a las entidades federativas clasificadas en un nivel de endeudamiento sostenible, pero no se entiende, no se establece con toda claridad, que las entidades clasificadas con endeudamiento en observación y con endeudamiento elevado, sólo podrán utilizar los excedentes a la disminución de la deuda y a otras obligaciones de pago, no queda claro, no queda explícito y se le quita el candado que habíamos puesto para evitar el sobreendeudamiento y los criterios para el uso de los excedentes presupuestarios que, con esta nueva modificación, las entidades con endeudamiento sostenible podrán utilizar los excedentes incluso, para gasto corriente.

Después del endeudamiento público subnacional, es decir, de todos los estados, que venía aumentado desde 2013 hasta 2016 y en septiembre de 2017 ya empezó a disminuir.

En este mes, el saldo total de la deuda se ubicó en 560 mil millones de pesos, 8.5 mil millones de pesos menos que el registrado al cierre de 2016, como porcentaje del PIB, disminuyó de 3.1 por ciento al 2.9 por ciento de las participaciones del 82 al 78.2 por ciento; es decir, se puede asegurar que la disminución de la deuda ha sido un efecto positivo de la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y municipios que entró en vigor en abril de 2016.

En el Capítulo V de la ley, se establece un Sistema de Alertas para la clasificación de la deuda de las entidades federativas y municipios en tres categorías: endeudamiento sostenible; endeudamiento en observación, y endeudamiento elevado.

De acuerdo con esta clasificación, se establecen techos máximos de financiamiento al que puedan acceder los distintos niveles de gobierno, el Sistema de Alertas en el tercer trimestre de 2017, coloca a los estados de Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora con endeudamiento en observación. El resto de las entidades tienen un endeudamiento sostenible, ninguna entidad tiene endeudamiento elevado.

A las siete entidades que tienen endeudamiento en observación se les permite un techo de endeudamiento hasta de 5 por ciento de los ingresos de libre disposición, mientras que al resto de las entidades con endeudamiento sostenible, se les asigna un techo de endeudamiento de hasta 15 por ciento de los ingresos de libre disposición.

Cabe señalar que los ingresos que transfiere el gobierno federal a las entidades y municipios, es decir, las participaciones y las aportaciones federales aumentaron en 265 mil 451 millones de pesos durante los primeros 4 años de la presente administración.

En todos estos años, las transferencias han sido mayores a lo que había presupuestado la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; es decir, ha habido una subestimación de los ingresos, siempre resultan un mayor presupuesto al que otorga la Cámara de Diputados.

Adicionalmente, la deuda de los gobiernos subnacionales, aumentó en 85 mil 785 millones de pesos, con lo cual en 2016 dispusieron de 351 mil 236 millones de pesos  más que en 2013, lo que significa que aumentaron los ingresos, pero también aumentó  la deuda, y esto no es de acuerdo a la disciplina que deben demostrar todas las entidades.

Pero volviendo al tema de las alertas, es una práctica recurrente que haya una subestimación.

Juan Pardinas, del IMCO, escribió un artículo cuando se aprobó esta modificación en la Cámara de Diputados, que le llama "indisciplina financiera", y da cuenta de cómo los números que aprueba la Cámara de Diputados son unos y los que ejercen los estados y municipios son otros, y habla en este importante artículo que dentro de los rangos siempre debe de haber una diferencia razonable entre lo presupuestado y lo ejercido, pero dice él, sin embargo, Nuevo León contó con una deuda por un monto 10 veces superior a lo establecido en su presupuesto anual; en Sonora fue 3 veces más a lo presupuestado, en otras 5 entidades fue del doble a lo presupuestado, y en el rubro de publicidad oficial hay varios estados que hicieron un salto olímpico de longitud entre lo comprometido y lo gastado.

En 2016, Puebla iba a gastar 693 mil pesos en comunicación social y acabó ejerciendo más de 60 millones; en números absolutos, esta cifra pudiera parecer modesta, no para el grado de pobreza que hay en Puebla, pero también si se compara con los mil millones de pesos que gastó Tamaulipas en ese mismo año, pues sí resulta muy diferente.

Uno de los estados con más problemas de crimen organizado, ejerció en publicidad oficial un monto equivalente al 38 por ciento del gasto en seguridad con el dinero gastado por los estados en publicidad oficial en 2016, se hubieran podido contratar y pagar 9 mil 500 ministerios públicos y va siendo un comparativo muy importante, y él concluye que se ha venido socavando los pilares básicos de nuestra democracia, y yo coincido plenamente con él, por eso estoy reivindicando aquí su artículo.

Se modifican los tiempos para actualizar las alertas con el pretexto de que es muy difícil a actualizarlas trimestralmente.

La modificación que se propone en el dictamen, es que en el caso de los municipios se haga semestralmente y en los entes públicos sea cada año.

El Sistema de Alertas dejará de ser así preventivo, como se buscaba cuando la propusimos el año pasado. La justificación o explicación que se da para esta modificación es simplemente que no pueden y, la verdad, es que no es ninguna justificación, no se demuestra en esta iniciativa, ni siquiera se explica suficientemente por qué esta modificación.

Pero, además, se hace otra modificación muy grave: en el caso de las licitaciones se precisa que los licitantes que perdieran la licitación no podrán tener acceso a conocer los detalles de la empresa ganadora, de cómo se dio el proceso de la licitación de la empresa ganadora.

Definitivamente esta modificación ocasionará falta de transparencia en los procesos licitatorios, lo que puede prestarse a corrupción sin que esté claro qué es realmente lo que se pretende con esto.

Lo que deja deducción, es de que lo que se pretende es hacer poco transparente o nulo transparente los procesos de licitación.

Al contrario, deberíamos nosotros de proponer que todas las licitaciones sean públicas y abiertas al público en todo momento y, con mayor razón, uno de los que compiten en la licitación debe de saber por qué perdió y cuáles fueron las consideraciones que tuvo el ganador, que no tuvo él, para entonces quedar satisfecho con el resultado de la licitación.

Es un franco retroceso el que apenas a un año o unos meses de haber sido aprobada esta ley, importantísima Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ahora se le dé un reverso, y con ello también se le da un reverso a la transparencia que debemos estar respaldando todos, no así en esta iniciativa de ley.

Gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente.

Bien, respeto los comentarios y el análisis que nos presentaba la Senadora; sin  embargo, pues yo creo que no es un retroceso, y ella misma, con los datos que presentaba, pues nos deja claro que ya no solamente logramos frenar el terrible nivel de endeudamiento que venía manejando nuestro país a lo largo de los últimos años, de los cuales, pues tan solo la deuda soberana histórica de un 36 por ciento de puntos del PIB, con el cual lo entregó la administración anterior del Presidente Calderón, llegó a casi 51 puntos del PIB.

Esto de acuerdo a las perspectivas que se tienen para cerrar este año, pues ya empieza a mostrar una incidencia a la baja, donde esperamos podamos cerrar con poco menos de 48 puntos, lo cual, pues si bien sigue siendo un nivel elevado, ya demuestra que empieza a haber más responsabilidad en el manejo y administración de la deuda soberana.

Y esta Ley de Disciplina Financiera que aprobamos en el 2015, pues es una ley que era no solamente muy necesaria, sino que en la coyuntura en la cual nos manejábamos, donde claramente muchos estados en nuestro país, al igual así como teníamos estados que de manera responsable tenían finanzas sanas, habían otros que presentaban no solamente niveles muy riesgosos y preocupantes de endeudamiento, sino que además, fueron resultado de la corrupción y de malos manejos.

Entonces en ese sentido, me parece que esas actualizaciones que se están manejando el día de hoy a esta Ley de Disciplina Financiera, no solamente son oportunas, sino que vienen a corregir, me parece algunos excesos que cometidos, derivado de la coyuntura que manejábamos en ese momento, donde le damos un tratamiento totalmente igualitario a los que se portaban bien, a los estados que estaban en verde, con los que tenían niveles de endeudamiento preocupantes.

Entonces, es por ello que quiero manifestar mi voto a favor de estos cambios que se están presentando, y también platicar lo que me parecen los tres puntos más relevantes de estas modificaciones.

El primero, el que tiene que ver con el refinanciamiento de las deudas de los estados y municipios, particularmente lo que refieren los artículos 23, 26 y 29, y este punto para mí es muy relevante por lo que vivimos en el municipio del Carmen, en mi estado de Campeche, prácticamente desde finales del 2015, donde el alcalde entrante, pues en un esfuerzo por la crisis que atravesaba, de por si el municipio con la disminución de los ingresos derivado de la crisis de los precios del petróleo, además heredó una deuda no solamente muy grande, sino con una tasa totalmente fuera de la realidad, traía una tasa de TIIE más 4, lo cual genera todavía a la fecha, lamentablemente, un enorme costo financiero, porque simple y sencillamente con las reglas que pusimos, pues todo refinanciamiento, aunque sea solamente para mejorar la tasa y hacerla más competitiva, requería de la aprobación del cabildo y del Congreso.

Y quiero decir que con toda mezquindad y con toda maldad, pues mucha gente se ha opuesto durante dos años a que Los Carmelitas paguen menos intereses con una simple refinanciación de su tasa de interés.

Y es por ello que esta flexibilidad pues no genera un problema de transparencia, genera mejores condiciones y competitividad, y va a generar, de una manera mucho más sana, el que estados y municipios, por ejemplo, los entrantes de cualquier administración, pues puedan buscar mejores condiciones de renegociación de tasa.

Por otro lado, también la modificación al artículo 14, me parece también una modificación importante porque estamos reconociendo y diferenciando a los estados bien portados de los estados mal portados.

Por ello, pues en el texto que estamos modificando a los estados de nivel de endeudamiento elevado, que son los estados en rojo, se les mantiene la misma obligación, para que por lo menos el 50 por ciento de sus excedentes tengan que ser destinados a la disminución de sus deudas.

Pero estamos generando incentivos para que los estados que están en amarillo, de nivel de endeudamiento en observación, pues no necesariamente tengan que destinar el 50, sino le estamos poniendo por lo menos un 30, con eso, pues estamos generando incentivos para que aquellos que estén en rojo, pues pasen a amarillo y los que estén en verde, que finalmente tienen un nivel de endeudamiento saludable y oportuno, pues puedan además destinar hasta el 5 por ciento de sus excedentes anuales para gasto corriente.

Me parece que estos incentivos son correctos, estos incentivos son adecuados y estos incentivos me parece que son un reconocimiento para los estados que de manera responsable estén manejando sus finanzas públicas.

Y, por último, el tercero, que esto es resultado también de los muy lamentables sucesos que hemos vivido en muchos estados de nuestro país, no solamente por los sismos, sino también por los desastres naturales que han arrojado huracanes, como en el caso de Baja California Sur, también en este 2017, pues que exista la posibilidad de que los estados puedan contar con la mayor celeridad posible, con los recursos suficientes para poder atender a la población afectada.

En general, creo que estos cambios matizan y generan buenas condiciones, sin en ningún momento comprometer la transparencia que fijamos en la Ley de Disciplina Financiera, que me parece fue un paso muy importante, y ese bajo ninguna circunstancia podemos permitir que sufra un retroceso.

Por ello manifiesto nuestro voto a favor y pues les pido a todos que actuemos también en consecuencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que aprobamos en la actual legislativa, dotó al Estado de nuevas y mejores herramientas para asegurar sus finanzas y que así tuviesen éstas, pues unas finanzas sanas, pero también procura la estabilidad macroeconómica nacional en beneficio de las familias mexicanas.

De ahí la relevancia y pertinencia del dictamen que hoy discutimos, a través del cual se salvaguardan los principios en materia de transparencia, presupuesto y responsabilidad hacendaria bajo reglas y criterios que aseguren una gestión equilibrada de las finanzas públicas en las entidades federativas y municipios, sin que ello implique flexibilizar las reglas en materia de disciplina financiera.

Las reformas propuestas actualizan el marco normativo y aseguran que su aplicación en materia de responsabilidad hacendaria a nivel local sea eficaz.

En este sentido, las principales beneficiarias de las adecuaciones presupuestarías serán las autoridades locales, ya que contarán con disposiciones más claras y precisas.

Otorga también a las entidades federativas un mayor margen de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes.

Por ejemplo, se establece la aportación de recursos para atender las necesidades inmediatas de la población en caso de ocurrencias de desastres naturales, y el uso de un 5 por ciento para gasto corriente, siempre y cuando tengan finanzas públicas sanas.

Adicionalmente, se actualiza el concepto de financiamiento, permitiendo a los gobiernos locales el uso de los recursos utilizados en ejercicios anteriores, en aras de que mejoren su balance presupuestario para futuras operaciones de deuda sin deterioro de sus finanzas.

Se fortalecen las finanzas públicas locales mediante el establecimiento de reglas específicas de contratación de deuda y de disciplina financiera, lo que permitirá evaluar su nivel de endeudamiento, establecer los techos de financiamiento neto, garantizar el desarrollo sostenible de cada entidad y asegurar un mayor crecimiento económico del país.

Se modifican las definiciones de asociaciones público-privadas para incluir a los proyectos de prestación de servicios.

Incorpora los supuestos para considerar aquellos casos en que las entidades federativas aprueben sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para que se consideren los montos previstos en dichos ordenamientos jurídicos.

La minuta que se dictamina, señala que dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del refinanciamiento o restructuración el ente público deberá informar a la legislatura local sobre su celebración y presentar solicitud de inscripción de dicho refinanciamiento o restructuración ante el Registro Público Único.

Un aspecto que se debe destacar, es que se prohíbe que las obligaciones a corto plazo puedan ser objeto de refinanciamiento o de restructurar a plazos mayores a un  año.

Esta restructuración no deberá cambiar el perfil de amortización de la deuda originalmente contratada, con el objeto de evitar que la deuda sea transferida a las siguientes administraciones, mejorando así el acceso a recursos mediante menores costos financieros.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos comprometidos con generar el marco jurídico idóneo para alcanzar unas finanzas públicas viables a corto, mediano y largo plazo, que se refleje en una mejor situación económica y social de la población.

Compañeras y compañeros Senadores, votaremos a favor convencidos de que se trata de una medida responsable, y que los resultados serán un mejor manejo eficiente a los recursos públicos de las entidades y municipios que se reflejen en más y mejores programas dirigidos a beneficiar a sus habitantes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Merodio Reza.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Solamente quisiera abordar dos asuntos:

Uno: Cuando se hizo la reforma, lo que se hizo fue poner una camisa de fuerza, estricta en temas de endeudamiento.

Básicamente el prohibir el endeudamiento o establecer montos máximos de endeudamiento, dependiendo de una clasificación del municipio o del estado con respecto a su nivel de deuda.

O también obligando a que licitaran la deuda y fueran con el que fuera más económica.

O también que el uso de los remanentes o de los ingresos de libre disposición tuvieron un destino cuando el estado o el municipio estaban comprometidos que fueran a amortizar, a reducir el monto de la deuda.

"La burra no era arisca, la hicieron a palos".

Como en este país somos campeones del uso de eufemismos, recientemente un estado dice: hemos hecho nuestra renegociación para lograr mejores condiciones, y el saldo neto de la deuda sube 2 mil millones, no hicieron una renegociación, hicieron un incremento de la deuda, nomás que se oye más bonito.

O muchas veces dice algún municipio, mejoramos nuestras condiciones, liberamos recursos.

¿Qué es lo que hicieron?

Negociaron con un banco para que les financiara un año de plazo de gracia de abono a capital; en realidad encarecieron en contra de sus habitantes el servicio de una deuda previamente adquirida.

O el uso de eufemismos como tener un mayor margen de maniobra, o, voy a pedir un crédito, pero no lo voy a disponer, esto nos va a dar una enorme seguridad al municipio o al estado. Y entonces, este uso de eufemismos genera a veces desconfianza en una liberación de la camisa de fuerza.

Y hay quienes particularmente piensan, si ya habíamos establecido una camisa de fuerza, por qué ahora le quieren aflojar un poquito. Y solamente se afloja, ya lo explicaron aquí tanto los dos oradores que me antecedieron, los dos temas en que se afloja son, para los estados cumplidos, voy a poner un ejemplo concreto, sin mencionar los nombres de los estados, un estado que tiene una población, dos estados que tienen una población semejante, uno está en semáforo rojo, y debe aproximadamente 30 mil millones de pesos.

Y el otro está en semáforo verde, y debe 700 millones de pesos, no debe nada.

Y entonces, dice el estado que no debe nada, ¿por qué si tengo un excedente de ingresos, por qué me quieren obligar a pagar el saldito que tengo de deuda? Es injusto.

Denme chance de invertirlo en inversión productiva o denme chance incluso de destinarlo al gasto corriente.

Es verdaderamente absurdo que no aceptáramos a esta petición, por qué, porque entonces el tener un buen desempeño financiero tiene una sanción, y eso no debemos de aceptar.

Esa es la primera liberación que se hace.

La otra, que explicó incluso con detalles de un municipio el Senador Jorge Luis Lavalle Maury.

Establecimos una camisa de fuerza realmente muy fuerte, para que un municipio, un estado pueda contratar deuda, tiene que estar aprobada por dos terceras partes del congreso local.

Y ahora decimos que puede refinanciarla sin aprobación del Congreso.

Pero, ¿en qué caso?

Solamente en un caso, cuando vas a bajar la tasa no vas a mover el plazo de gracia, no vas a mover el plazo de pago de la deuda, y tampoco vas a mover el monto de financiamiento, en ese caso no necesitas ni pasar por el Congreso ni tampoco ir a una licitación. Eso es muy importante.

Justifica votar en contra de esta reforma el que se afloja el candado, que se afloje la camisa de fuerza en estos dos temas, creo que votar en contra, por esos motivos sería totalmente contradictorio con el objeto de la reforma que votamos a favor de manera unánime.

Ese es el primer tema que quería comentar, y el segundo, son los pendientes.

¿Cuáles son los pendientes?

El primero, la Constitución de la República y la de los estados en todos los casos, establece que solamente se puede contratar deuda cuando sea destinada para inversión productiva, y la verdad de las cosas, que aunque se define ya en todas las leyes qué es inversión productiva, que en términos prácticos no es más que inversión en infraestructura, reconstrucción total de infraestructura, no mantenimiento, alguien dice, es que recarpetee la calle, invertí, no es cierto, no invertiste, le diste mantenimiento.

Equipamiento, y mejora de capacidades solamente eso justifica la inversión, y la verdad que muchas deudas se contratan para temas que no son de inversión, que son de mantenimiento.

Y no es justo que le carguemos el pago de ese mantenimiento a la siguiente generación, porque hasta allá mandamos el pago de la deuda.

Y lo segundo que sucede todos los días, particularmente en los ayuntamientos.

El plazo de pago de una inversión no puede exceder, no debe de exceder la vida útil de esa inversión, un municipio compra patrullas, y en este país, y yo creo que en ninguna parte del mundo, una patrulla no dura más de tres años, de hecho duran menos, y contratan un crédito para pagarse en cinco años, es absurdo, deberíamos de profundizar en la ley en establecer candados para que no se financié por plazos mayores a la vida útil.

Y lo peor, el refinanciamiento, un municipio pide deuda para comprar patrullas por cinco años, se vencen a los cinco años, o antes de vencerse, mejor dicho, y pide refinanciarlos con todo e intereses acumulados que no ha pagado y con plazo de gracia para pagarlos en los siguientes diez años.

Las patrullas que ya no existen, ahora las cargamos a la siguiente generación, esos son los temas pendientes que en mi opinión nos faltan en este tema de financiamiento.

¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo que está pasando a nivel nacional, nos endeudamos de manera absolutamente irresponsable, y digo nos porque todos vamos a pagar la deuda, las decisiones las tomó el actual gobierno, el actual sexenio.

Y entonces llegó el momento que las calificadoras internacionales nos dijeron: "te cambio de calificación a una negativa".

¿Qué significa en la práctica esto? Que nos suben las tasas de interés, que el costo de la deuda se nos va al cielo, no hay opción, hay que bajar el endeudamiento, y entonces se bajó del 50 por ciento del PIB, al 47, 46, y ciertamente mejoró nuestra calificación.

¿A costa de qué? A costa de ser el año récord en los últimos 50 de más baja inversión.

¿Qué va a pasar? Que esta inversión que no hemos hecho este año, que no hicimos el pasado a nivel federal y a nivel de los estados, y que seguramente tampoco haremos el próximo, la vamos a hacer pidiendo prestado, otra vez vuelve exactamente el mismo círculo vicioso, me parece que hay que evitar esto, y esta ley precisamente, los cambios que le falta es el motivo de financiamiento que ciertamente sean solamente para infraestructura nueva, para reconstrucción total de infraestructura o para equipamiento, o refinanciamientos que no cambian el plazo de pago y que nunca excedan la vida útil.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Larios.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hablar a favor del dictamen y a tratar de poner en este debate, en este recinto, una serie de reflexiones que me parece oportuno compartirles.

Primero explicaré por qué a favor del dictamen.

Bueno, indudablemente lo que se ha explicado hasta aquí, marca con claridad el avance que se está teniendo, el perfeccionamiento que se está teniendo en este ejercicio de revisión constante de la norma, en lo que toca hoy con la Ley de Disciplina Financiera.

No cabe duda que con estas medidas se aumenta la capacidad, la autonomía de los estados para responder por sus finanzas, y esto creo que no es un paso menor, el tema de los excedentes como se plantea, en la forma que se plantea, reconoce y estimula la responsabilidad en el manejo del dinero público por parte de los estados, yo creo que ese es un tema que hay que reconocer y que desde luego hay que aplaudir, se permite a los estados que están en una buena condición desde el punto de vista financiero, que avancen en la utilización de este recurso, incluso para gasto corriente, resalto cuando están en una buena condición financiera.

Sin embargo, yo quisiera resaltar algunos conceptos que me parece que no debemos dejar de lado en este tema, y lo digo con absoluta responsabilidad, hay que entrarle, por supuesto, al debate de perfeccionar la Ley de Disciplina Financiera, pero creo que esto nos lleva irremediablemente a reflexionar el tipo de federalismo que estamos construyendo desde este Senado de la República.

Hay expresiones que yo he escuchado aquí por parte de mis compañeros, que son básicamente evitar el sobreendeudamiento, alertas, semáforos, rojo, verde, amarillo, ampliar el margen de los estados, contener el despilfarro, premios y castigos en resumen.

Y hago esta pregunta en este Senado que es al final de cuentas la casa de la República, es la casa del pacto federal, porque hemos venido tomando decisiones que acotan cada vez más el margen de los estados para poder construir una verdadera autonomía y una capacidad propia de resolver los problemas de la ciudadanía que tienen a su cargo.

Como ejemplos creo que se pueden hablar de varios, yo simplemente mencionaría legislación en materia electoral, ya creamos un Instituto Nacional Electoral que sustrae esa competencia de los estados.

Fuimos después por la legislación procesal en materia penal, ya le quitamos a los estados esa capacidad, hicimos recientemente una reforma constitucional que le indica a las legislaturas locales cómo deben elegir a los titulares de los tribunales de justicia de sus estados.

Estamos discutiendo una legislación procesal en materia civil y familiar.

Seguramente hoy o mañana estaremos discutiendo la legislación en materia de seguridad interior, que no es otra cosa sino otra forma en que la Federación entra en la competencia de los estados.

Y déjenme decir esto, decía yo hace un momento con absoluta responsabilidad, no me estoy pronunciando en contra de esas decisiones, lo que estoy haciendo es tratar de llamar la atención de este Senado de la República para que comencemos a reflexionar el tipo de pacto federal que estamos formando, y si esta es la estrategia, entonces reconozcamos que hay ciertos controles centrales que se deben de tener en este país por la problemática, por el tipo de país que tenemos, por el tipo de federalismo que hemos creado en los últimos años.

Finalmente, les diría que indudablemente pienso que el esquema fiscal que hoy en día hace de los estados más que entidades autónomas, centros, completa y absolutamente dependientes del poder federal, es algo que no está permitiendo un crecimiento responsable en las capacidades de los estados para atender los problemas que tienen hoy en día enfrente, y esto tiene que ver con toda clase de problemas, obviamente la problemática social, la problemática de seguridad y la atención de las necesidades más básicas de la población.

Ojalá reflexionemos eso, ya se fue el tiempo en esta ocasión para hacerlo en materia fiscal, en el paquete correspondiente, pero creo que tenemos la puerta abierta durante todo el siguiente año para poder discutirlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Informo a la Asamblea que he solicitado a Servicios Parlamentarios incorpore mi intervención en el Diario de los Debates.

Intervención



En virtud de que se han agotado las intervenciones de la discusión en lo general, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, los artículos 14 y 23.

Los Senadores Francisco Búrquez y Silvia Guadalupe Garza, el artículo 48.

Y la Senadora Silvia Garza Galván, el artículo 48.

¿Hay algún Senador, Senadora, que desea hacer alguna otra reserva?

Senador Mario Delgado.

Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Garza.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para aclarar, la reserva al artículo 14 es del Senador Búrquez y su servidora; y la reserva al artículo 48 es de su servidora.

¿De acuerdo? Gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Muy bien.

Vuelvo a leer las reservas.

Los Senadores Francisco Búrquez y Silvia Guadalupe Garza, el artículo 14. ¿Es correcto, Senadora?

Y la Senadora Silvia Garza Galván, el artículo 48.

Y queda también la reserva del Senador Manuel Cárdenas, a los artículos 14 y 23.

Senador Mario Delgado, ¿nos pudiera hacer llegar los artículos que solicita reservar? ¿Si nos puede anunciar los artículos que desea reservar, por favor?

Los artículos que desea reservar, Senador Mario Delgado.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, por favor.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Artículos 22, 23 y 24, por favor.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Servicios Parlamentarios, tome nota de los artículos que solicita reservar el Senador Mario Delgado.

Quedan reservados los artículos 22, 23 y 24 por el Senador Mario Delgado.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por diez minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y los artículos no reservados.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto. Senador Casillas, ¿ya emitió su voto? Senador Fernández, a favor.

Señor Presidente, se emitieron 64 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Dé lectura la Secretaría a los artículos reservados, por favor.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura a las propuestas de modificación del Senador Cárdenas Fonseca.



Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a las que di lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Flores, me parece muy bien, pero no le dimos el uso de la tribuna al Senador Cárdenas, para presentar su reserva.

No se encuentra, entonces no se admiten a discusión, queda perfectamente ordenado el trámite.

Se concede la palabra a la Senadora Silvia Garza, para referirse al artículo 14 del presente proyecto de Decreto.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

Presentamos esta reserva, compañeras y compañeros Senadores, porque al igual que el gobierno federal, las finanzas públicas de los estados o de casi todos los estados están enfermas.

La deuda de los estados es aproximadamente de 510 mil millones de pesos y la deuda promedio por estado ha crecido muchísimo.

Si hablamos de un estado, y hablaré del mío, de Coahuila, que nos dejaron una deuda el sexenio pasado, de Humberto Moreira, de más de 37 mil millones de pesos, más lo que dejó el ex gobernador Rubén Moreira, más los intereses que hemos pagado, esa deuda casi estará superando los 50 mil millones de pesos.

Es que no podemos darle margen a que tomen absolutamente nada, el 100 por ciento debe de ir a pagarse a deuda.

Hay cosas en la minuta, en este proyecto de disciplina, en este dictamen financiero que son buenos, y por eso mi voto fue a favor, pero presento esta reserva porque no estoy de acuerdo en la propuesta del artículo 14, los ingresos excedentes de los que se recauden por encima de lo presupuestado se destinarán, la ley vigente dice: al menos 50 por ciento al pago de la deuda y lo restante a inversión.

La minuta de Diputados viene, si el estado tiene endeudamiento alto, al menos el 50 por ciento al pago de la deuda y si tiene un endeudamiento moderado al menos el 30 por ciento al pago de la deuda.

La propuesta del Senador Búrquez y su servidora es, si el estado tiene endeudamiento alto sea el 100 por ciento el pago a la deuda y si el estado tiene un endeudamiento moderado, sea 75 por ciento a la deuda.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Garza Galván.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 14 e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 14.

I. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad  competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones conforme a lo siguiente:

a) Cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al Sistema de Alertas, se elimina, cuando menos, quedaría el 100 por ciento.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta   de modificación al artículo 14. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la   mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El artículo 14 se mantiene en los términos del dictamen para su votación nominal.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para referirse a los artículos 22 y 23 y la adición de un artículo 24 al proyecto de Decreto.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Con su venia, señor Presidente.

La reserva es eliminar los párrafos que se agregan a la fracción V del artículo 26.

Y lo que tratan, lo que pretenden estas dos fracciones es dar facilidades en la recontratación de financiamientos o en las reestructuras financieras.

Ya se planteó aquí que resulta muy poco práctico que ante un refinanciamiento de un municipio, de un estado, se tenga que a probar nuevamente por parte de la legislatura local o por parte del cabildo dos terceras partes el nuevo financiamiento.

Sin embargo, el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya señala una excepción a la regla, que es: en caso de que las operaciones de refinanciamiento o reestructura cumplan con que hay una mejora en la tasa de interés, hay un costo menor en el financiamiento total bajo el cálculo de tasa efectiva que establece la Secretaría de Hacienda, cuando no se incrementa el saldo insoluto y cuando no se amplía el plazo, es decir, cuando claramente hay una mejora en ese financiamiento, entonces dice el segundo párrafo del artículo 23, que no requerirán autorización específica de la legislatura local.

Es decir, ya existe esta obligación y la forma en como se está planteando la introducción de estos dos nuevos párrafos a la fracción V del artículo 26, parece innecesario y podría dar, abrir una ventana aquí, me parece que es confuso para que algunas operaciones queden fuera de lo que sí debe haber, que es un proceso competitivo en la contratación de deuda, donde efectivamente pueda aprobarse.

Es decir, la ley dice: por lo menos tiene que haber cinco propuestas, tres en firme donde pueda haber una comparación de cuáles son las mejores condiciones del mercado.

¿Cómo evaluamos cuáles son las mejores condiciones del mercado? Pues que tengamos por lo menos dos ofertas que puedan ser comparables en términos de tasas, de plazos, de comisiones y que efectivamente estemos asegurando que se está contratando en las mejores condiciones del mercado.

Entonces, eliminar esa posibilidad en el artículo 26 al final del mismo, me parece que puede ser peligroso y que por ahí se vaya a meter un incentivo perverso en el que se utilicen los refinanciamientos para tener un mayor endeudamiento porque así lo considera el mercado.

Debemos dejar, creo yo, la excepción que ya se establece en el artículo 23, en el segundo párrafo, las distintas condiciones para que no haya necesidad en un refinanciamiento o en una reestructura, que las dos terceras partes de la legislatura local lo aprueben.

¿Cuándo es esto?

Cuando haya una mejor tasa, cuando el cálculo de la tasa efectiva disminuya, cuando no haya un costo mayor en el crédito, cuando no se amplía el plazo de vencimiento y cuando no se aumenta el saldo insoluto; es decir, que no se está usando un refinanciamiento para tomar más, o que va a tener un costo mayor.

Sólo si se cumplen estas condiciones en una reestructura o refinanciamiento, entonces no habría la autorización de la legislatura local en sus dos terceras partes.

Creo que, y la reserva va en este sentido, que no aprobemos estos dos nuevos párrafos a la fracción V del artículo 26.

No por querer flexibilizar o por facilitar, generemos una vía de escape para el abuso, otra vez, de la deuda de los estados que tanto le ha costado a este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Mario Delgado.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas a los artículos 22, 23 y 24, conforme lo explicó el Senador Mario Delgado Carrillo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Los artículos 22 y 23 se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal. La adición de un artículo 24 queda desechada.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para referirse al artículo 48 del proyecto de Decreto.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

La reserva que vengo a presentar, es la reserva del artículo 48.

El Sistema de Alertas constituye un proceso de control que permite determinar el grado de solvencia que pudiera tener una entidad federativa o un municipio de acuerdo al nivel de endeudamiento que mantiene a una fecha determinada.

Si se permite que la información que envían los estados y municipios, que es utilizada para determinar el Sistema de Alertas, sea de periodos largos, una vez efectuada la emisión de los estados financieros trimestrales, se está promoviendo que la información no sea oportuna para poder controlar el nivel de endeudamiento, así como debilitar la eficiencia de la emisión de la información soporte que permitan monitorear el proceso de endeudamiento.

Es por ello que presenté esta reserva, que promueve que las entidades federativas y municipios presenten esta información en 45 días naturales después del cierre trimestral correspondiente y no como se está redactando el artículo 48, de 60 días, y mucho menos las adecuaciones que mencionan para los municipios de 90 días; y para los entes públicos, distintos a la administración pública centralizada de entidades federativas, el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal de que se trate.

Es importante que las entidades federativas y los municipios inicien a ser eficientes en el proceso de emisión de información de las deudas que mantienen y se haga con oportunidad para que los usuarios de dicha información tengan elementos que no permitan que los entes sigan el camino del endeudamiento desmedido y con ineficiencia de promover finanzas sanas.

Es muy importante que se contrate personal que sepa de estos temas y que sea eficiente y eficaz.

Es cuanto.

Con su permiso, señor Presidente.

Propuesta de modificación



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del artículo 48, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura a la propuesta de modificación presentada por la Senadora Silvia Garza Galván.

Artículo 48. El Sistema de Alertas será publicado en la página oficial de Internet de la Secretaría de manera permanente, debiendo actualizarse trimestralmente, dentro de los 45 días naturales posteriores al término de cada trimestre.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Lo lamento, Senador Pedraza. El artículo 48 se mantiene en los términos del dictamen para su votación nominal.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 14, 22, 23 y 48 en los términos del dictamen.

Sonido en el escaño del Senador Yunes.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo pedirle a usted comprensión y margen, igual a la Asamblea, están sesionando ahorita cerca de cinco comisiones del Senado de la República, de hecho, yo estoy sesionando allá, tuve que venir aquí, si no les da tiempo para que lleguen, seguramente no van a poder estar el número de votos que necesitamos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Atendida su solicitud, Senador Presidente.

Y recordarles que la votación anterior se abrió el sistema electrónico hasta por 10 minutos, y en este momento, por una omisión mía, lo abrí por tres minutos.

Yo creo que es atendible la petición del Presidente Yunes.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Simplemente para comentar y en aras de poder seguir desarrollando la sesión, de tomar una decisión como Asamblea, o llamar a un receso mientras se desahogan las comisiones o en su defecto también saber si las comisiones que están sesionando, solicitaron el permiso de Mesa Directiva para hacerlo de manera simultánea a la sesión de hoy, porque como existe el Acuerdo, no se puede tener sesiones de comisiones durante sesiones del Pleno.

Y de manera responsable, no en una lógica de querer reventar nada, simplemente tomar una decisión que nos permita o estar todos aquí o estar en las comisiones en las que muchos de nosotros también tenemos que participar, y que no nos ganen las prisas.

Es una sugerencia, señor Presidente, para tomar una decisión en un sentido o en otro.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le informo, Senador, que todas las comisiones que están sesionando en este momento solicitaron la autorización correspondiente a la Mesa Directiva, y se les concedió, en atención a que estamos ya en las últimas horas de este periodo ordinario y hay mucho trabajo que hay que desahogar, es que se les concedió una autorización para sesionar.

Yo lo que le sugiero es que, yo creo que el trabajo que están haciendo en comisiones es muy importante, como los asuntos que tenemos que resolver en este momento en el Pleno, hagamos un esfuerzo, abramos el tablero electrónico por 10 minutos y vayamos desahogando las cosas, hay temas muy importantes en la agenda.

La despedida del Senador Mayans, por ejemplo, aquí en el Pleno. Entonces, yo creo que podemos tener un poco de paciencia.

Informe el resultado de la votación, señor Secretario.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Señor Presidente, se emitieron 57 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Lavalle, ¿votó usted? En consecuencia, quedan aprobados los artículos 14, 22, 23 y 48 del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Me solicita el uso de la tribuna nuestro compañero el Senador Fernando Mayans, en virtud de la licencia que le aprobamos a partir del día de mañana, según entiendo. Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans.

INTERVENCIONES

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con el permiso de la Mesa Directiva.

“Al pueblo de México”.

“Al pueblo de Tabasco”.

Compañeras y compañeros Senadores:

Sostenía mi paisano, el Senador en ese entonces don Carlos Pellicer Cámara, dos son los factores que han impedido el auténtico progreso de México: la falta de una verdadera educación cívica y el desencanto en que han caído las masas por causas de la corrupción.

El momento histórico es de combate, estamos acercándonos a una gran transición en la historia humana, para que las mayorías dejen de ser víctimas de la explotación. Nunca he creído que se llegue a la perfección, pero siempre se ha pensado que las cosas no solamente deben, sino que pueden cambiar hondamente para que unos cuantos no sigan viviendo en jardines suspendidos mientras casi todos viven en el sótano.

Hoy he pedido licencia ante el Senado de la República para seguir sirviendo.

Han sido cinco años y medio en los que ustedes y yo, ante acuerdos y desacuerdos como lo fueron las reformas estructurales que tanto les pedí que no aprobaran, son ejemplos de democracia.

La democracia es eso, el poder estar aquí presentes, que podamos tener diferentes ideas y poder ser capaces de defenderlas.

Yo estoy en contra del dedazo, yo estoy en contra de la imposición de los autos que se cometen contra la democracia.

A la democracia hay que festejarla, y hay que respetarla, porque cuando la democracia muere, todos lo hacemos con ella.

Así es que gracias compañeros por diferir, por cada diferencia expresada es un acto valiente y de la democracia bien ejercida es lo que hará a este país una gran  Nación.

Por eso no deben quitar el dedo del renglón, compañeros, compañeras Senadoras, Senadores, están aquí para representar al pueblo, esa siempre ha sido nuestra labor.

Me voy a una interna a seguir un sueño, a buscar que mi estado, Tabasco, se recupere de tantas décadas de olvido; mi estado y su gente es a quienes yo debo todo, y en mi esfuerzo de seguirlos sacando adelante, he decidido contender para la gubernatura de éste.

Hay que cuidar al pueblo de México, que es lo más valioso que tiene nuestro país.

Les dejo cinco pendientes:

El primero es el tribunal de la patria, es una iniciativa de ley para que la corrupción y la impunidad de nuestro país desaparezca y los mexicanos vuelvan a tener confianza en sus servidores públicos y en sus instituciones, ellos merecen un gobierno transparente.

El segundo es el día de los héroes caídos, una propuesta de hacer un día conmemorativo a todos los hombres y mujeres que con valentía y honor han cumplido sus labores y en estos once años de guerra, ellos y sus familiares merecen que no queden en el olvido.

Tercero. El pasaporte embajador-ciudadano.

Aunque el Secretario de Turismo no me pela, sé que ustedes lo harán y verán el potencial que tiene este pasaporte para que los mexicanos puedan conocer su país y entender los beneficios del turismo a cada rincón de México.

Nuestro país es inmensamente rico en atractivos turísticos, no dejemos pasar esta oportunidad.

Cuarto. Lo que llamo coloquialmente que pague Pemex, así como ustedes que votaron a favor de la reforma energética, les pido que por favor también voten a favor de los estados que tanto dieron a nuestro país y hoy nos necesitan.

Y por último, pero más importante, el pueblo de México, por favor, cuídenlo, que es lo más valioso que tiene nuestro país, se los encargo, compañeros.

En verdad, gracias por aguantarme y siempre recuerden que si algún día subí mi tono y me exalté en esta tribuna, fue defendiendo mis principios democráticos y siempre con mi pueblo en mi mente y en mi corazón.

Muchas gracias.

Es un honor haber compartido con ustedes estas etapas.

¡Viva la democracia!

¡Viva México!

¡Viva Tabasco!

Muchas gracias, compañeros.

Un abrazo y felices fiestas decembrinas a todos. Un abrazo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Fernando Mayans.

Veo a varios oradores registrados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Humberto Mayans; después el Senador López Brito; después la Senadora Iris Vianey Mendoza.

Sonido en el escaño del Senador Humberto Mayans.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Con su permiso, señor Presidente.

Es mi obligación y, además, mi deseo, hacer un amplio reconocimiento al trabajo responsable y eficiente que durante cinco años realizó el Senador Fernando Mayans Canabal, mi hermano, en esta Honorable Cámara.

Al mismo tiempo, le deseo suerte en las tareas que ha decidido emprender a partir del día de mañana.

¡Felicidades!, y todo mi respeto, hermano querido.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Humberto Mayans.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Es un gusto porque sé que está cumpliendo con una de sus más sentidas y más grandes aspiraciones de su vida, representar a su estado, Tabasco, y por eso me da gusto mandarte, hermano, un abrazo fraterno, y mi reconocimiento porque como integrante y Secretario de la Comisión de Salud, y como médico, siempre fuiste un luchador, un preocupado porque se le brinde la atención y los servicios como constitucionalmente se mandata en materia de salud, a todo el pueblo de México.

Luchador social, luchador en todos los temas de la vida pública de México, eso habla de tu amor precisamente por nuestra patria.

Te deseo el mejor de los éxitos en la tarea que estás emprendiendo.

Un fuerte abrazo, hermano.

¡Muchas felicidades!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador López Brito.

Tiene la palabra la Senadora Iris Mendoza Mendoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy despedimos emprendiendo un nuevo camino a un gran amigo, a un hombre congruente, inteligente, brillante, pero sobre todo al que personalmente le he aprendido mucho en su forma de ser tan congruente entre el decir y el hacer.

Te deseo, Fernando, querido hermano, lo mejor en este nuevo proyecto, porque el pueblo de Tabasco lo merece, te queremos ver gobernando el estado de Tabasco, como sé que sucederá, te agradecemos todas tus enseñanzas, todo tu cariño a lo largo de estos años, y te deseamos lo mejor, de todo corazón.

El PRD se siente dignamente representado contigo en esta Cámara, y obviamente desde la trinchera en la que estés te seguiremos apoyando y respaldando.

¡Te queremos mucho!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Iris Mendoza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sin duda creo que una de las experiencias más enriquecedoras de este Senado de la República fue haber convivido con dos políticos como son los Mayans, en sus enteras diferencias, aunque Humberto todavía no se va, en su enorme congruencia para demostrar que las trincheras pueden ser diferentes, pero las causas terminan siendo las mismas, la justicia, la libertad en nuestro país y la prosperidad de los pueblos más pobres del sur, en este caso, de Tabasco.

Y sin duda, Fernando, creo que le restará a este Senado uno de los elementos que a veces más se nos olvida de la política, la pasión por defender las cosas, la pasión traducida a veces en exaltación, pero que si está bien conducida es la mejor forma para hacer ver, para visibilizar, para a veces también incomodar, y eso creo que es algo bueno.

Yo a Fernando debo de reconocerle que en sus causas siempre fue derecho y agradecerle también porque en sus manos de cirujano han pasado vidas de chiapanecos que él ha salvado como Senador, pero también antes de haber sido Senador.

Hermano, te vamos a extrañar, te deseamos mucho éxito, yo te despido con algo, parafraseando a alguien que tú admiras mucho, que es Carlos Pellicer, diciéndote que: “en tu persona se exalta todo lo que en la política hay de sangre y de fuego”, que así siga siendo en tu camino y que este encuentre muy pronto un éxito.

¡Felicidades, y mucho éxito en Tabasco!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Aarón Irízar.

El Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Gracias por la oportunidad de expresarle el más alto reconocimiento a mi amigo el Senador Fernando Mayans que como miembro y Secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, siempre puso la mejor actitud para que los temas que tienen que ver con la trascendencia del agua en México, lo hizo de manera siempre positiva.

Y hago votos porque en la encomienda que trae de carácter personal, y de carácter político, pueda tener éxito y le deseo el mejor de los parabienes.

¡Enhorabuena para nuestro amigo que tiene la disposición política de una lucha muy genuina!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Irízar.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo simplemente quiero hacerle también un reconocimiento a nuestro amigo don Fernando Mayans.

El Senador Zoé Robledo se anticipó un poco en los conceptos que yo quería expresar, pero justamente al hablar de Fernando Mayans no podemos dejar de señalar:

Primero. La consistencia con la que siempre actúo en este Senado de la República.

Segundo. La pasión a la que hizo referencia Zoé. Creo que es indiscutible esta característica de Fernando, sabemos que ese siempre ha sido su espíritu, también sabemos que siempre buscaba las mejores soluciones para el desarrollo de Tabasco, quizás con distinta óptica que la mía, pero yo celebro que siempre defendió con vehemencia sus puntos de vista, sus posiciones.

Estoy seguro que, bueno, le quiero desear que le vaya muy bien hoy y siempre. Espero que en su partido lo traten muy bien, y que le vaya muy bien, querido Fernando.

¡Te deseamos el mayor de los éxitos desde el Partido Verde!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Gerardo Flores.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Pozos.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero decirle a Fernando que ha sido muy grato tenerte de compañero. Siempre fuiste solvente con tus argumentos, duro en tus expresiones, pero congruente con tus acciones.

Quiero decirte que me llevo la mejor impresión de ti como ser humano, como político, como Senador, como profesional, y decirte que te llevas mi mano, mi mano amiga.

¡Te queremos mucho, Fernando!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pozos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cota.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: (Desde su escaño) Amigo Fernando Mayans.

Fueron muchos temas los que en el Parlamento, indudablemente por el debate, marcaron diferencias, pero hubo algunos que tuvimos enormes coincidencias, y son las causas de México por las que me correspondió representar en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura, reconocer tu congruencia, pero tu compromiso con los campesinos.

Por ello, Fernando, enhorabuena por tu decisión, y estoy seguro que le vas a seguir sirviendo a México y a lo que a ti tanto te preocupa: a tu idea, a tus ideales y a tus causas.

¡Enhorabuena!

Que te vaya bien, amigo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Cota.

Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para agradecerle al Senador Mayans, a mi amigo Fernando, la convivencia que tuvimos.

Fue uno de los primeros Senadores que conocí, a lo mejor ya no se acuerda él, en la Bodeguita del Medio, y me dio mucho gusto conocerlo.

Fernando, fuimos a comer, fuimos a comer, es un legislador apasionado, con claridad de ideas y compromisos firmes.

Nunca olvidaré sus debates en la reforma energética, y su posición muy clara en favor de México.

Compartimos algo, que hoy nos lo deja como encargo, nuestra motivación.

Vamos a extrañar ese clamor que hiciste, grito: “Por nuestro querido pueblo de México”.

Te deseo que te vaya muy bien, Fernando, y ya sabes dónde te estamos esperando.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Delgado.

Tiene la palabra el Senador Manuel Merino.

El Senador Carlos Manuel Merino Campos: (Desde su escaño) Querido amigo Fernando.

Tengo el privilegio de conocerte desde niños, y hemos compartido y convivido muchas veces por todos estos años.

Un enorme placer haberte encontrado aquí a mi llegada, y mi máximo reconocimiento a todo tu trabajo y a toda tu trayectoria, amigo.

Te deseo lo mejor, el mejor de los éxitos, y que sea para bien de nuestro querido estado.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Merino.

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Compartirles que el Senado, entre otras tareas, responsabilidades y satisfacciones, pues no nada más es servirle a México, al ¡Pueblo de México! Como dice Fernando, sino que también nos da la oportunidad de fortalecer valores de vida, como lo es la amistad, relaciones humanas, más allá de los grupos parlamentarios, y hace cinco años yo conocí a Fernando, como conocí a la gran mayoría de todas y todos ustedes.

Y sabes, Fernando, de mi cariño, de mi aprecio, de nuestra comunicación como hermanos del sur, del sur-sureste, y sabes que siempre hemos reconocido tu trabajo.

La condición humana nos da siempre un derecho legítimo de tener aspiraciones por servirle a México y a nuestros estados.

Yo te deseo lo mejor, más allá de los partidos políticos, porque sé que tu pasión, tu vocación y tu visión de mexicano es servirle a tu tierra.

Aquí tendrás siempre, más allá de esta legislatura, a muchas mujeres y hombres que te queremos y reconocemos tu trabajo.

Va mi corazón, mi Fer. Abrazo.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Sofío Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A mi compañero Fernando Mayans, que cumplimos otro ciclo, primero en la Cámara de Diputados y ahora aquí nuevamente en el Senado, y hoy tiene planteada una meta que es la de encabezar el gobierno del estado de Tabasco.

Ha trabajado duro, es un compañero Senador entusiasta, que con emoción defiende sus posiciones, y yo creo que la gente tiene presente este trabajo: la posición asumida.

Mantiene principios, que eso es lo importante. En este grupo parlamentario del PRD privilegiamos el tener principios y no tener interés, y creo que en ese sentido es una lección que deja para muchos compañeros que tratan de abrazar esta ideología y se resbalan por la superficie del oportunismo.

Creo que por eso nosotros te deseamos, como grupo parlamentario, mi Fernando, éxito. Vas a contar con nuestro respaldo físico en las tareas que nos pongas en este periodo que viene para ganar esa gubernatura.

Los tabasqueños merecen un rumbo nuevo, un gobierno de un hombre que tenga una visión para conducirlo, creo que ese eres tú.

¡Felicidades, mi querido amigo Fernando!, y ahí estaremos presentes.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Isidro Pedraza Chávez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Óscar Román Rosas.

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

No quise desaprovechar esta oportunidad de dirigirme a ti, mi estimado Fernando, no sólo como Senador, sino como persona, un gran médico que eres, y también de esa enjundia y esa pasión que le metes al tema político, a tus discursos.

Seguramente tendrás éxito en tu nuevo proyecto, ya que la pasión que siempre nos manifestaste a todos los Senadores, la vas a imprimir en el próximo proyecto que estás próximo a emprender.

Te deseo lo mejor.

Deveras, como siempre te dije: “paisano”, tu estado y el mío, prácticamente colindan, y yo creo que no era menor aprovechar esta oportunidad para desearte los mejores parabienes en el proyecto que vas a emprender.

¡Muchas felicidades y suerte!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Rosas Gónzalez.

Estimado Senador Mayans:

Se lleva usted el respeto y el cariño de sus compañeras Senadoras y Senadores. Le deseamos mucho éxito en la misión que está usted a punto de emprender.

Y ya que estamos haciendo encargos, pues, ahí le encargo la agenda, los principios y valores del Partido Acción Nacional, que usted se va a comprometer a defender.

¡Que le vaya a usted muy bien!






Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva diversos dictámenes:

Dos, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, que contienen proyectos de Decreto:

Por el que se aprueba el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Y el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Uno, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

Y uno, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de hostigamiento y acoso sexual.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los asuntos referidos se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a la agenda del día los dictámenes descritos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Los dictámenes están disponibles en sus escaños.

PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, SUSCRITO EN PARACAS, ICA, REPÚBLICA DE PERÚ, EL 3 DE JULIO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)








SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, SUSCRITO EN PUERTO VARAS, CHILE, EL 1º DE JULIO DE 2016

(Dictamen de primera lectura)








PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Dictamen de primera lectura)








PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura de los cuatro dictámenes.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de los cuatro dictámenes.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

Quedan de primera lectura.






Hace unos momentos dimos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión en lo general.

Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés de reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por diez minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pregunto si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto. Senador Gerardo Sánchez, a favor; Senador Olvera, a favor; Senadora Barrales, a favor; Senador Mario Delgado, a favor; Senador Fernández, a favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) A ver, señor Presidente, así como usted ha venido insistiendo en que se respetara el quórum, faltaba un minuto para que declaren cerrada la votación, entonces tampoco se vale que la cierren antes de tiempo.

La acaban de poner en ceros, pero faltaba un minuto cuando empezaron a cantar el resultado de la votación. Entonces no se vale que lo cierren antes, faltaba un minuto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No lo cerramos, siguen votando, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) No, pero ella ya está cantando el resultado de la votación.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Continúan todavía votando algunos Senadores.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Por eso, entonces no la cierren.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Llegó la presidenta de su partido, le dio chance de votar, Senador.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Senadora Layda Sansores, a favor. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Quiero saludar, y este Pleno quiere saludar al Senador Martín Sandoval, Senador por el estado Illinois, a quien se le otorgó el "Galardón al Migrante Solidario" por lograr nombrar a Illinois estado santuario y luchar por la defensa de los derechos de nuestros connacionales en Illinois.

¡Sea usted bienvenido, señor Senador, ésta es su casa!






Hace unos momentos dimos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Justicia presento el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objeto principal de armonizar esta ley con los postulados del Sistema Nacional Anticorrupción.

Hago un reconocimiento al Senador Luis Humberto Fernández, que junto con su servidora presentamos una serie de iniciativas con este objetivo.

La reforma constitucional de mayo de 2015, como ustedes saben, estableció en el Sistema Jurídico Mexicano una innovadora regulación normativa mediante el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta política constitucional se fundamentó en el establecimiento de nuevas obligaciones para los poderes públicos en la coordinación de facultades entre diversos órganos del Estado y el establecimiento de un sistema de responsabilidades, procedimientos y sanciones para el servicio público.

De ello se desprende que el Sistema Nacional Anticorrupción se sustente en tres pilares normativos: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, además de otros ordenamientos que confeccionan el sistema.

Por su parte, de acuerdo al artículo 194 de nuestra Constitución, la administración, vigilancia y disciplina de los órganos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal.

Y esto es muy importante señalar que en el diseño del sistema se estableció un Tribunal de Responsabilidades Administrativas que tendrá como responsabilidad sancionar por las faltas graves a los servidores públicos, pero la propia Constitución establece que entratándose de los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación esto le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.

Por su parte, estas atribuciones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponden a una comisión de administración, la cual se integra por el Presidente de la Sala Superior de dicho Tribunal, un Magistrado de esta Sala designado por insaculación y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal.

En este contexto, el dictamen que hoy presento propone delimitar las funciones investigadora, sustanciadora y resolutora de los procedimientos administrativos sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en lo relativo a la regulación que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente con base en sus postulados de legalidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, publicidad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

De este modo, por lo que se refiere a la función de investigación, actualmente la Visitaduría Judicial está facultada para inspeccionar el funcionamiento jurisdiccional de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran.

Sin embargo, con los nuevos postulados constitucionales del propio sistema, por lo que se refiere a la investigación en materia de responsabilidades administrativas, ésta no debe ser una competencia de la propia Visitaduría, pues deben diferenciarse ambos ámbitos, de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución.

Por esta razón el dictamen propone la creación de una Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas con plena autonomía de la Contraloría y con naturaleza de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, por lo que esta Unidad será la autoridad investigadora y tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad de actos u omisiones que resulten en faltas administrativas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se le imputen.

Entre las funciones que llevará a cabo este nuevo órgano auxiliar, será los de llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el requerir informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el ordenar, supervisar o, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren indicios una vez que tenga noticias de los mismos, inspeccionar el funcionamiento administrativo de los órganos jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de funcionarios adscritos a ella o de los indicios señalados por la Visitaduría judicial en ejercicio de sus funciones, imponer medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones en los términos del artículo 97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; solicitar a la autoridad sustanciadora o resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares a que se refiere el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por otra parte, por lo que se refiere a las autoridades sustanciadoras, se prevé el establecimiento de una Secretaría Ejecutiva de Disciplina responsable de iniciar los procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, además también el dictamen prevé a la Contraloría del Poder Judicial de Federación, que actualmente ya está en , como un órgano sustanciador en el ámbito administrativo, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos en contra de servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación.

Por otro lado, en cuanto a la delimitación de las autoridades resolutoras, con excepción de los procedimientos iniciados por funcionarios que presten servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones a los procedimientos sobre responsabilidades administrativas las llevará a cabo el pleno del Consejo de la Judicatura en los casos de faltas graves cometidas por Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que ameriten la destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del sector público.

Por lo que se refiere a la resolución de faltas administrativas graves o cometidas por Magistradas y Magistrados adscritos a la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha agregado un nuevo sistema de responsabilidades y procedimientos siguiendo la lógica normativa anterior que sea la propia Sala Superior el órgano competente para la resolución de dichas faltas.

Del mismo modo se ha agregado a las facultades de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por estas comisiones unidas, la de resolver los medios de impugnación que procedan contra las determinaciones que en materia, que en esta materia emita la Comisión de Administración de dicho tribunal. Esto es la facultad de resolver en apelación y como última instancia en la materia de esta estructura judicial.

Asimismo, este dictamen propone fortalecer el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral para consolidarse como una auténtica institución educativa con la denominación de Escuela Judicial Electoral, esto con la finalidad de generar capacidades para el desarrollo de tareas de investigación, formación, capacitación y actualización en investigación, formación de materiales electorales orientados a temas de derechos político-electorales, ética y principios rectores en la materia.

Es importante señalar, en otro contexto, que también se tomó en cuenta una propuesta legislativa que tiene por objeto incluir como faltas administrativas graves dentro del nuevo régimen de responsabilidades del Poder Judicial al hostigamiento sexual dentro del Poder Judicial de la Federación como una manera para prevenir la impunidad de estas conductas desde una perspectiva de género; cabe mencionar que actualmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas solamente dentro del catálogo de faltas administrativas graves señala a las que tienen un contenido patrimonial de daño al erario público, no así estas conductas que sí se consideran como delitos, pero no como faltas administrativas, y bueno, ahí hay un trabajo que hicimos, incluso a partir de las propuestas que hizo el propio Poder Judicial para que se atacara este problema y hoy se incorpora en este dictamen que está a su consideración.

El alcance de esta propuesta es dotar a la estructura del Poder Judicial de la Federación de mecanismos idóneos que reforzarán el respeto a la dignidad de la persona y prevendrán de mejor manera este tipo de delitos, y bueno, en ese sentido recibimos una opinión sobre esta propuesta para incorporar la misma a este dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género.

Por estos motivos además de armonizar la estructura del Poder Judicial con los postulados constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción, se atiende un fenómeno que creo en donde todavía hace falta mucho por hacer para contravenirlo y para combatirlo.

De tal manera, ponemos a su consideración este importante dictamen que armoniza el Sistema Nacional Anticorrupción que genera una especie de espejo de la forma en que tienen que ser atendidos los procedimientos de faltas administrativas graves y no graves dentro del Poder Judicial con los postulados ya establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y genera este régimen al interior del Poder Judicial de la Federación.

Por lo tanto, a nombre de las comisiones dictaminadoras, solicito a este Pleno aprobar el presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se ha inscrito el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para hablar a favor del mismo.

Adelante, tiene usted el uso de la palabra, Senador Luis Humberto Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, sus señorías.

Respondiendo la pregunta al Senador Isidro, claro que vamos a favor.

De manera muy sucinta, ya que ha sido expuesta con brillantez y detalle este dictamen que se pone a su consideración por la Senadora Pilar, no me queda más que hacer tres breves observaciones para convocarlos a su aprobación.

La primera es que el Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobó en este Senado constituye una de las reformas más importantes que ha tenido el Estado mexicano; el Estado mexicano no fue diseñado para combatir a la corrupción, más bien, fue diseñado sobre la base de la corrupción, recordaremos aquellas anécdotas fundacionales donde se hablaba de los cañonazos de 50 mil pesos, el país no se pacifica a partir de la Constitución, se pacifica a partir de este sistema de prebendas que hoy sigue vivo.

Sin embargo, en este Sistema Nacional Anticorrupción quedan varios pendientes que se tendrán que subsanar en los meses siguientes y en, por no decir, en los años.

Y uno de estos pendientes es el papel en el combate a la corrupción por otros poderes, que, en este caso, es el Poder Judicial.

La legislación previa a lo que ustedes estarán por aprobar, si es su decisión, no faculta al Consejo de la Judicatura o a los órganos del Poder Judicial para perseguir actos de corrupción, pero tampoco para sustanciarlos. Entonces, esta iniciativa resuelve estos problemas, yo creo que con gran eficiencia.

La fortaleza de las instituciones radica en dos cosas, en la competencia de sus servidores públicos, pero también en el marco para poder hacerlo.

Sin duda esta ley a la cual los invito a emitir su voto a favor, ayudará a combatir a la corrupción, pero también será un avance muy significativo para combatir a la corrupción en el Poder Judicial, y también, hay que decirlo, es la primera ley de combate a la corrupción desde que aprobamos el paquete anterior.

Por su atención, muchas gracias.

Y es cuanto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Romo, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, para hablar a nombre de la misma.

El Senador Miguel Romo Medina: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

El dictamen que hoy presentan las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, ante este Honorable Pleno, se construyó sobre dos pilares fundamentales:

El primero, el interés por generar un marco integral en nuestro orden jurídico nacional que favorezca el respeto al debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores instaurados contra funcionarios de carrera judicial y de áreas administrativas en el Poder Judicial de la Federación, lo que permite a su vez una adecuación al Sistema Nacional Anticorrupción.

Y el segundo, la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, externada a través de su Presidente, de velar por el desempeño de excelencia de quienes integran tanto la carrera judicial como quienes auxilian en esa noble tarea y la protección de la dignidad, particularmente la de las mujeres al interior del Poder Judicial de la Federación, reconociendo la trascendencia de tipificar y sancionar conductas ilícitas como el acoso sexual en los órganos que lo integran, dada la exigencia constitucional que tiene el Poder Judicial de velar porque todas y todos los servidores cumplan con los principios constitucionales de excelencia y profesionalismo en el desempeño que moldean en el servicio para impartir justicia.

Así, debe señalarse que la propuesta se inscribe en la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo para realizar adecuaciones que permitan al Poder Judicial de la Federación, dada su relevancia como garante del orden constitucional de leyes y piezas indispensables en el equilibrio democrático de los Poderes del Estado, adaptarse de forma idónea respecto de los procedimientos administrativos, sancionadores de los cuales tiene conocimiento e incorporarlos a este Sistema Nacional de Anticorrupción.

De ahí nos permitimos reflexionar que tanto en la ley como en la práctica la reforma debía diseñarse de manera integral de acuerdo a los principios y parámetros desarrollados por el sistema en los artículos 79, fracción IV, 94 y párrafo cuarto y quinto de la fracción III del artículo 109 de la Constitución federal; y el Artículo Segundo Transitorio de la reforma en materia de anticorrupción.

Es importante considerar que las dos reformas de 2011, a través de las cuales se produjo un significativo avance constitucional en el reconocimiento de derechos humanos y las garantías para su protección, tienen y deben fortalecer una cultura jurídica que pretende lograr y asegurar máxima eficacia de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte, y en esa dinámica se inscribe la presente reforma.

Dentro de este panorama, la reforma considera que los principios inherentes al procedimiento administrativo sancionador que se consagran en esta propuesta tienen fundamento en el principio de legalidad objetiva y los criterios de nivel constitucional y supranacional, como grupos de ideas pétreas inmodificables por la legislación formal que dan vida al concierto de los derechos humanos.

El Senado considera que para garantizar el derecho humano al debido proceso es esencial reorientar el trazo legal que desde hace muchos años tiene el orden orgánico del Poder Judicial para que se garantice a los servidores públicos imputados un enjuiciamiento a la altura del debido proceso democrático y no se permita la impunidad de conductas que atentan contra la administración de la justicia.

En ese contexto, la reforma encuentra anclaje en la intención de separar la facultad de investigación y la facultad de tramitación del proceso administrativo de distintas instancias, lo que es acorde con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y toma en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Con la presente reforma se consolida el camino de respeto al debido proceso en México, preocupación permanente de este Senado de la República.

Estamos convencidos que a través de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establecen mecanismos idóneos y proporcionales que permiten prevenir y desalentar estas conductas negativas que puedan presentarse en el ambiente laboral del Poder Judicial de la Federación, con lo que se beneficia a la administración de la justicia, a la sociedad que exige profesionalismo y que envía un mensaje enérgico y directo al Estado mexicano en defensa principalmente de las mujeres.

Desde esa perspectiva, debo enfatizar que en las comisiones dictaminadoras no hemos cesado en los esfuerzos a partir de la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos, y reconoce que para lograr plena protección de estos y de todos los mexicanos y para todos los mexicanos se exige un empeño constante y vehemente de revisión y creación de leyes que permitan materializar de manera objetiva de estos derechos, y el dictamen que sometemos a su consideración desde la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, es una prueba contundente de ello.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Romo, gracias por su participación.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por diez minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto. Senadora Cristina Díaz, a favor; Senador Ayala, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto.

Señora Presidenta, se han emitido 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.






Hace unos momentos dimos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea que recibimos el texto de la presentación a este dictamen por parte de la Senadora Cristina Díaz Salazar, misma que se integra al Diario de los Debates.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. Por no encontrarse, continuamos.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación sobre este dictamen al artículo 36, misma que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea la acepta, la discusión del articulado será con la modificación incorporada.

Solicito a la Secretaría le dé lectura.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura, señora Presidenta, a las propuestas de modificación al dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la modificación se integre al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, la discusión del dictamen será con la modificación al artículo 36, que fue autorizado por la Asamblea.

Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar a favor del dictamen; la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para hablar a favor del dictamen y la Senadora María Elena Barrera, para hablar a favor.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Barrera Tapia.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El derecho de acceso a la información es un tema que ha tenido la constante participación ciudadana, con esquemas que garantizan la facilidad para obtener datos que permitan la inspección, vigilancia y rendición de cuentas de los gobernantes.

La ciudadanía debe contar con estructuras que brinden un panorama general y dé seguimiento para la comprensión de la historia mediante archivos de trascendencia nacional.

Hoy, con el presente dictamen, estamos cumpliendo, como legisladores, con otro de los compromisos constitucionales, con el avance legislativo para expedir una Ley General de Archivos, entre sus bondades se encuentra la autonomía y la entidad y capacidad operativa de los archivos públicos federales, estatales y municipales entre otros sujetos obligados.

Fortalece también y eleva la jerarquía del trabajo, el archivo en la Federación, en los estados y en los municipios contribuye en la mejoría de la gestión gubernamental en los tres órganos de gobierno y eleva la cultura organizacional y la institucionalidad de la administración pública.

También esto permitirá preservar documentos con valor histórico y enriquecer el patrimonio histórico y cultural del país, se generarán mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno respecto a la soberanía de los estados, la autonomía de los municipios y la división de poderes.

Sin duda, los archivos son base para defender la verdad, proteger los derechos de los ciudadanos, garantizar la seguridad, la transparencia gubernamental y la salvaguarda de la memoria individual y colectiva.

Esta ley permitirá generar una mejor organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno, así como determinar las bases y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en los ámbitos federal, local y municipal, así como cualquier persona física o moral, incluyendo sindicatos que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, serán sujetos obligados, con sistemas de información eficientes que favorezcan la toma de decisiones, coadyuven con la garantía del acceso a la información, fortalezcan la rendición de cuentas y contribuyan a enriquecer la memoria y la historia de nuestro país.

Asimismo, brinda el ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria con fuentes históricas que dejarán el legado de lo sucedido en nuestros días.

Serán los jóvenes del futuro quienes contarán con esta información, con la información adecuada, serán nuestros sucesores los que nos juzgarán.

Por lo anterior, el Partido Verde votará a favor de que existan mecanismos que contribuyan al derecho a la información, a la libertad de ideas y a la construcción real de la historia.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Barrera.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

El día de hoy, este Senado de la República, con la aprobación de la Ley General de Archivos, culminará el proceso legislativo para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado mexicano para tutelar una triada de derechos fundamentales de cualquier régimen que se precie de ser auténticamente democrático. Me refiero a los derechos de acceso a la información, del derecho a la privacidad y del derecho a la memoria y a la verdad.

Las leyes generales mandatadas por la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, precisamente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la de Protección de Datos Personales y la de Archivos, tutelan cada uno de estos derechos y se complementan y equilibran entre sí, dotando a nuestro país de un marco jurídico robusto en estas materias.

Quiero destacar y agradecer las contribuciones de académicos, organizaciones de la sociedad civil y al propio Archivo General de la Nación que enriquecieron y ayudaron a construir este dictamen que el día de hoy se somete a la consideración del Senado.

Esta ley está compuesta por 123 artículos y 17 artículos transitorios que establecen el Sistema Nacional de Archivos y los sistemas locales de archivos, asimismo, regula la organización y atribuciones del Archivo General de la Nación, de los archivos locales y establecen los mecanismos para el desarrollo y profesionalización de la gestión documental a cargo de todos los sujetos obligados del país, y quiero destacar, no solamente se trata de los Poderes Ejecutivos, sino también de los Poderes Legislativos, de los Poderes Judiciales, de los órganos constitucionales autónomos e incluso, partidos políticos y sindicatos exactamente igual que en las Leyes de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública .

Continuando con el proceso de fortalecimiento institucional de aquellos órganos de la administración pública que tienen a su cargo tareas importantes del Estado, se desconcentra y se desectoriza el Archivo General de la Nación, a fin de dotarlo de cierta independencia y autonomía en función de las nuevas atribuciones que le confiere este proyecto, principalmente la rectoría en materia de gestión documental de la administración pública de todo el país.

Quiero destacar, en ese sentido, que por eso hemos dicho constantemente que esta Ley General de Archivos es principalmente una ley que tiene que ver con la administración pública, va a impactar de manera importante los procesos de la administración pública, a fin de garantizar que la información que los sujetos obligados generen, se encuentre disponible y, además, se le trate adecuadamente bajo procedimientos profesionales garantizando, insisto, el derecho de acceso a la información pública porque sin información, pues no hay acceso a la misma, a la vez que se garantiza el derecho a la memoria y a la verdad a través de dejar de perder información valiosa, como hoy día sucede.

Por otro lado, la ley propone la creación del Consejo Nacional de Archivos, presidido por el propio Archivo General de la Nación, el cual será cabeza del Sistema Nacional de Archivos, cuyas principales funciones son: aprobar la normativa y criterios de organización en materia de gestión documental y administración de archivos, formular y emitir recomendaciones a los sujetos obligados y aprobar la política nacional de gestión documental y administración de archivos.

También mandata la creación de los sistemas locales de archivos con la misma organización que el Sistema Nacional concatenando así la normativa, políticas y estrategias en materia de gestión documental y administración de archivos en los tres órdenes de gobierno.

Se incrementan las atribuciones del Archivo General de la Nación, de entre las que destaca la de presidir el Consejo Nacional de Archivos como ya he mencionado.

Se establecen, y eso es muy importante, mecanismos para la profesionalización de la valoración documental a través de la conformación de un grupo interdisciplinario encargado de establecer valores y vigencias documentales, así como los plazos de conservación y disposición documental.

Dicho grupo se integrará por profesionales en la materia y tendrá apoyo de especialistas con el objeto y naturaleza del sujeto obligado garantizando así, como ya mencioné, la profesionalización.

Armoniza los derechos de protección de datos personales y el derecho a la memoria y a la verdad por el establecimiento de un plazo máximo de transferencia de setenta años de documentos con valor histórico que posean datos personales sensibles, esto es, setenta años máximo para que los documentos se trasladen de los archivos de concentración a los archivos históricos.

Se garantiza el derecho a la memoria y a la verdad estableciendo un plazo máximo de 25 años para realizar la transferencia secundaria, eso es lo mismo, igualmente de los archivos de concentración, de los archivos de trámites.

Y, finalmente, en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que los archivos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad no podrán ser reservados.

La propia ley establece el plazo de un año a partir de la publicación de la ley para que entre en vigor. Ese tiempo se decidió, pues en función del tiempo que archivos históricos y locales, y el propio Archivo General de la Nación propusieron a fin de prepararse para poder cumplir plenamente con los objetivos de esta ley.

Por todo lo anterior, les pido el voto a favor de este dictamen.

Con esta ley, insisto, y quiero terminar así, el Senado de la República de verdad le estará dejando a México un Sistema Nacional de Transparencia muy robusto, a fin de que todos los mexicanos puedan gozar plenamente del ejercicio de estos tres derechos fundamentales.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Corresponde el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad es que yo venía muy optimista el día de hoy para aprobar la Ley General de Archivos, con la cual íbamos a cerrar un ciclo de discusión y de debate que nos ha llevado más de dos años en este Senado de la República, en coordinación con especialistas, con académicos, con servidores públicos, y un muy intenso debate entre nosotros, los propios legisladores.

Pero he de confesar que a pesar del optimismo que significa cerrar el ciclo de creación de todo un sistema que busca regular y garantizar derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, como es el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y, uno que es fundamental, el derecho a la memoria y a la verdad, hoy me temo que podemos tener un severo tropezón con la discusión, el debate que se está llevando aquí al lado, en la sala de juntas de la Mesa Directiva, respecto a la Ley de Seguridad Interior.

Una ley que puede tirar por la borda muchos de los avances que hemos logrado en la construcción de este entramado legislativo para garantizar los derechos a los que me he referido, porque en el momento en que se establece en una ley en la que tenemos duda, que tengamos competencias de elaborar porque este Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, que quién sabe qué es eso que no está definido en nuestra Constitución, sino otras competencias para legislar en materia de seguridad nacional, se pretende que en una declaratoria de riesgo a la seguridad interior la autoridad esté obligada a entregar a las Fuerzas Armadas toda la información personal de las personas que la autoridad militar requiera, desde sus expedientes clínicos, sus expedientes personales, o incluso intervenir llamadas telefónicas, acceder a sus archivos electrónicos y a sus sistemas de cómputo, o sus teléfonos celulares.

Yo hago un llamado, aprovechando el uso de la tribuna, para que esta regresión gravísima, que se está debatiendo en la Ley de Seguridad Interior, no prospere y tire por la borda el trabajo que hemos hecho a lo largo de seis años, porque las primeras iniciativas que se presentaron en este Senado de la República, en septiembre de 2012, fueron justamente las iniciativas vinculadas con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Yo espero que no suceda porque hemos avanzado mucho en esta Ley General de Archivos, que ha costado mucho trabajo construir porque se enfrentaron resistencias muy difíciles para romper con la lógica tradicional del manejo de la información pública en el país.

Esa lógica de que la información es un asunto de Estado y que en función de la razón de Estado deberían de manejarse los archivos históricos y, en general, la información pública.

Hoy se ha dado un paso sustantivo en el momento en que el Archivo General de la Nación deja de ser un órgano sectorizado a la Secretaría de Gobernación; es decir, que estaba bajo el mando del Secretario de Gobernación, con lo cual se hacía este uso de la información histórica como parte de los asuntos de la razón del Estado para dotarlo de autonomía técnica y de gestión y convertirlo en un organismo no sectorizado en donde, además, se crea un Sistema Nacional de Archivos encabezado por el Archivo General de la Nación, todas las instituciones públicas que deben participar y un comité técnico que, sin lugar a dudas, va a ser fundamental en la implementación de esta legislación.

Creo que hay que insistir en ello más allá de que, efectivamente, en la Ley General de Archivos, hoy, se actualizan conceptos técnicos, archivísticos, se le da mayor solvencia al manejo de la información partiendo de este principio que ya señalaba Laura Rojas aquí hace un momento, de que para que haya información tiene que haber archivos, y los archivos deben obligar a la autoridad no solamente a preservar, sino a sistematizar y entregar toda la información pública.

Hoy esperemos que no se pierda este enorme avance, porque lo que está en juego, además de la privacidad, el derecho a la privacidad de las personas es un derecho por el que hemos peleado muchas generaciones de mexicanas y mexicanos desde distintos partidos políticos que es el derecho a la memoria y la verdad, que no sea la razón de Estado la que permita el manejo discrecional de la información, sino que se asuma como un derecho de los ciudadanos en la que el Estado está obligado a garantizar su ejercicio plenamente.

Por eso los llamo a votar a favor de esta ley.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Corresponde el turno a la Senadora Angélica Araujo Lara, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Retomando el tema que nos ocupa, esta Ley General de Archivos, quiero hacer patente que con la aprobación de esta ley vamos a garantizar para nuestro país principios y bases en la organización, conservación, disponibilidad, integralidad, localización y difusión de los documentos en posesión de cualquier autoridad, cualquier entidad, órgano u organismo del Estado mexicano.

Entre los beneficios de esta ley, destacamos que aseguran mayores esquemas de transparencia y difusión de los archivos al fomentar un mejor resguardo de la memoria institucional, es decir, a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento legal habrá mayores y mejores condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la verdad, y el derecho a la memoria.

También vamos a fomentar garantizar y promover el uso de las nuevas tecnologías de la información con el objeto de mejorar en las entidades del país, la administración y disposición de los archivos.

Para nuestro grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que la aprobación de esta ley se va a traducir en poner en marcha mayores y mejores mecanismos de colaboración y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, y la incorporación de buenas prácticas nacionales e internacionales en los trabajos de resguardo, manejo, organización y de la conservación de nuestros archivos.

Con la publicación y entrada en vigor, cualquier mexicano, a través del Sistema Nacional de Archivos, tendrá asegurado y garantizado el acceso a los documentos de mayor relevancia histórica, relevancia cultural, social, científica y técnica de nuestra nación, esto significa algo que abona a la consolidación de uno de los derechos más importantes: el derecho al acceso a la información y a la transparencia.

El Archivo General de la Nación, al ser un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozará de plena autonomía técnica y de gestión, con lo que daremos certeza a la disposición documental y archivos privados de interés público.

En reiteradas ocasiones nuestro grupo parlamentario ha hecho público su compromiso de apoyar toda propuesta que busque preservar y conservar la información pública e histórica de nuestro país a fin de preservar la identidad nacional y garantizar el acceso a la información pública.

Los archivos son importantes e indispensables para la información, la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos ineludibles en un régimen democrático como es el nuestro. Por ello, estamos ciertos que con esta Ley General de Archivos contribuiremos a que contemos con gobiernos transparentes a través de mecanismos eficientes en el manejo de los datos y de los archivos.

Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que hoy ponemos a su consideración es producto de un proceso deliberativo, responsable y enriquecido con expertos en la materia, expertos archivistas, historiadores y organizaciones de la sociedad civil.

Escuchamos a todas las voces a través de la organización de diversos foros y consultas, y en todos y cada uno de estos actos se manifestó la relevancia de dotar a nuestro país de un conjunto de normas, instancias, instrumentos y servicios relativos a la administración de archivos, gestión documental y la garantía de métodos de seguridad de nuestra información.

De aquí, amigos legisladores, que con su voto a favor atenderemos una necesidad y una deuda identificada desde hace ya varios años, la cual se relaciona con una gestión eficiente, adecuada, oportuna y transparente de los archivos. Lo cual, lo reitero, fortalece nuestra rendición de cuentas e impulsa el ejercicio ciudadano de un derecho importante, que es el de acceso a la información pública y gubernamental.

Por todo lo anterior, desde nuestro grupo parlamentario del PRI los invitamos y nos sumamos a las voces que se han manifestado a votar a favor de la presente propuesta de ley, y dotar a México de mejores esquemas de organización y administración de sus archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes del Estado mexicano. Asimismo de los órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral y sindicatos que ejerzan cualquier tipo de recursos públicos o realizan actos de autoridad.

Por todo lo anterior, anticipamos nuestro voto a favor, y esperamos por supuesto contar con el voto a favor de todos y cada uno de ustedes, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Angélica Araujo Lara.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias, muy buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La correcta sistematización de la información pública y la coordinación adecuada de las distintas instituciones para su preservación y acceso son condiciones necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder de manera oportuna a la información pública.

En ello radica la trascendencia del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, en virtud de que se establece un marco normativo que establece los principios y bases generales para la organización, administración, preservación homogénea de los archivos en manos de sujetos obligados.

La iniciativa recoge las principales propuestas de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil recabadas en los distintos foros y espacios que organizamos.

La participación y contribución de estos actores fue fundamental para contar con una sólida pieza legislativa.

Esta iniciativa contribuye a consolidar el andamiaje institucional que hemos construido en los últimos años en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Prueba de ello es que toda información contenida en los archivos producidos, obtenidos, adquiridos o en posesión de los sujetos obligados tienen carácter público, y será accesible para cualquier persona.

En concordancia con los avances para garantizar y respetar los derechos humanos, se establece que los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves en esta materia.

La ley busca promover al aprovechamiento de las tecnologías de la información para mejorar la administración de los archivos en posesión de los sujetos obligados.

Cada sujeto obligado deberá contar con un sistema institucional para organizar y homogeneizar la información archivística, el cual será concentrado en el registro nacional.

La inscripción de los sujetos obliga a los propietarios de archivos privados de interés público al registro que será de carácter obligatorio.

De igual forma se considera la creación de un sistema local de archivos por cada entidad federativa, así como al Sistema Nacional de Archivos.

También se establece la obligación de las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de documentos o archivos considerados de interés público, garantizar su conservación, preservación y en especial su acceso.

A fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública, se establece que el Sistema Nacional de Archivos será la instancia encargada de coordinarse con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Uno de los grandes avances de la Ley General de Archivos lo constituye el fortalecimiento institucional del Archivo General de la Nación, el cual será un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.

La ley establece también diversos tipos penales para garantizar el acatamiento de dichas normas a quien incurra en supuestos como la destrucción de documentos considerados patrimonio documental de la nación, el traslado fuera del territorio de este tipo de documentos sin autorización del Archivo General de la Nación, entre otros.

Compañeras y compañeros, con la expedición de la Ley General de Archivos contribuimos a una organización homogénea de la información pública e histórica y establecemos las bases para su preservación y consulta, con ello contribuimos no sólo a fortalecer la identidad nacional, sino también promovemos el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones en la administración pública a través de la generación de información ordenada y sistematizada.

Con la expedición de esta ley robustecemos el andamiaje jurídico para garantizar el derecho al acceso de la información pública de los ciudadanos, lo cual se traducirá en instituciones confiables y transparentes que rindan cuentas de manera efectiva y oportuna a los ciudadanos.

Por ello, los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos ciertos que constituyen un marco legal eficiente para la organización, administración y preservación homogénea de la información pública, histórica de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Carmen Dorantes Martínez.

Corresponde el turno al Senador Zoé Robledo Aburto, del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Solicito su consideración ya que habíamos planteado hacer la presentación del dictamen por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, de esta Ley General de Archivos, que hoy me parece puede ser uno, sino que el único momento de enorme consenso de este fin de periodo de sesiones.

Y déjenme comenzar contándoles una historia de la importancia de los archivos.

Hace un par de años se cumplió el centenario de José Revueltas, y el Senado de la República publicó este libro "José Revueltas: Escritura y Disidencia", y ahí gracias a la liberación, eso sí muy a cuenta gotas de los archivos de lo ocurrido en 1968, somos testigos del acto heroico de Revueltas, porque en este libro están publicadas sus actas ministeriales de ese proceso.

Como recordarán, el 16 de noviembre José Revueltas, que ese mismo año había ganado el Premio de Poesía Javier Villaurrutia, es detenido por el gobierno por los delitos de invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, despojo, homicidio y lesiones, por lo ocurrido el 2 de octubre.

Y vemos el acto heroico de Revueltas que estando en Lecumberri, otro hecho lleno de simbolismo, se declara presidente de los jóvenes, se declara autor intelectual del movimiento buscando que aquellos jóvenes que buscaban cambiar el país fueran liberados y no siguieran siendo perseguidos.

Esa es la importancia de los archivos en una nación como la nuestra en su intento permanente por democratizarse, porque al final de cuentas la verdad, la memoria, la justicia, forman parte todas ellas de una promesa muy simple, la promesa de que la democracia no solamente es una serie de reglas para elegir autoridades y representantes, que los procesos electorales tienen sentido y que ir a votar es caminar con la ilusión de saber que en ese momento, en ese lugar, en esa intimidad que da la urna, con ese crayón tan poderoso que vamos a tener en las manos, algo importante, algo relevante está pasando, sin eso votar sería solamente un acto de rutina, y eso es lo que hace que sea tan importante tener memoria, documentación de la historia de nuestro país.

Porque pensar que México puede tener futuro pasa por pensar que México puede tener memoria, porque los procesos de democratización más importantes en la historia del mundo reciente tuvieron necesariamente no solamente que abrir espacios de participación política a aquellos que antes eran proscritos o a aquellos que antes eran perseguidos, pasó también por abrir otros espacios, abrir cajas, abrir cajones, abrir todos aquellos lugares donde se guardó información importante aunque fuera dolorosa.

En momentos complejos como el que vivimos en México, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. El derecho de conocer nuestra historia nos permite abordar los episodios difíciles, pero también los episodios heroicos, aquellos que nos otorgan identidad y que al final de cuentas nos pueden reconciliar a partir de los valores comunes de vivir en una misma nación.

Nuestro pasado reciente, lejos de ser un río cristalino cuya agua de recuerdos fluye de generación en generación, en realidad es una ciénega de agua muchas veces turbia, muchas veces poco transparente que está estancado un olvido que no necesariamente es lo mejor para nuestro país, por eso es tan importante aprobar esta Ley General de Archivos.

Ya la Senadora Laura Rojas, otra Senadora, la Senadora Angélica, el Senador Encinas, han hablado de los méritos de la ley y de los méritos del proceso de dictaminación.

El Senador Larios, que también fue un participante importante de este proceso, porque en este caso tan importante el texto como tan importante el proceso, tan importante la intención como los avances que se lograron sobre el dictamen original, particularmente sacar de la Secretaría de Gobernación esta idea de que ahí es donde debe de residir y habitar la memoria de los mexicanos.

Estoy convencido que con esta nueva ley, particularmente el Archivo General de la Nación, se puede transformar en esa institución no solamente descentralizada, desectorizada, con autonomía técnica y gestión, sino con el lugar en donde sea el espacio, la guarida de la memoria de la verdad como herramientas para alcanzar la libertad.

Déjenme terminar haciendo dos comentarios. Uno de orden quizá más anecdótico.

Cuando yo fui Presidente del Congreso del estado de Chiapas, el lugar donde estaban los archivos del Congreso del estado, los archivos históricos, se inundó y estuvimos a punto de perder documentos importantísimos, documentos como la declaración del entonces gobernador Emilio Rabasa en donde se cambiaba la sede a la capital chiapaneca de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, o incluso los archivos sobre el proceso de plebiscito, con el cual los chiapanecos decidimos ser mexicanos.

Y entonces, habría un debate hasta filosófico. El hecho de que el documento hubiera desaparecido, desaparecía los efectos que había tenido, que le daban su naturaleza, quedaban sin efecto, entonces, nuestra federalización al Pacto Federal, o la sede de nuestra capital, desde luego que no jurídicamente, pero haber perdido esa memoria hubiera sido perder parte de nuestra identidad.

Por eso la parte presupuestal sigue siendo tan importante, y por eso también será tan importante que nosotros, incluso, después de dejar de ser Senadores, cuidemos, para que esta ley y su implementación sea cuidadosa y nunca haya pretexto para no cumplirla.

Tan importante el INAI como el archivo, tan importantes todas las leyes de transparencia, como la Ley General de Archivos, porque esta es la parte final de ese proceso, que sin duda es, me parece a mí, el que da más lustre a nuestro paso por el Senado de la República.

Ojalá ese archivo pronto esté lleno de declaraciones 3de3, no por obligación, sino por voluntad propia, de que desde la transparencia vendrá la nueva forma de la legitimidad en México.

Por eso, compañeras y compañeros, nuestro voto será a favor.

Y simplemente quiero terminar el día de hoy, porque quizás esta será mi última intervención en tribuna en este periodo legislativo, simplemente hacer una reflexión sobre lo que dijo el Senador Encinas: "Estos sentimientos encontrados", porque el día de hoy pueden ocurrir dos cosas: tener el orgullo de ser los Senadores que le dotaron al país de un nuevo marco regulatorio en materia de archivos, y también los mismos que le dotaron al país del modelo más anacrónico en materia de seguridad y aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Y para hacerlo, pues volvamos a la memoria, a otro tipo de memoria, la memoria literaria, y simplemente quiero citar a Dickens, en el inicio de su novela "Historia de dos Ciudades", cuando decía:

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos".

"La edad de la sabiduría y también la de la locura".

"La época de las creencias y de la incredulidad".

"La era de la luz y la era de las tinieblas".

"La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación".

"Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada".

"Caminábamos hacia el cielo, pero nos extraviamos en el camino opuesto".

No me sorprendería que el día de hoy, en el mismo día que se vote la Ley General de Archivos, se intente votar la Ley de Seguridad Interior.

No me sorprendería que fue el mismo día, ni me sorprendería que fuera en la misma sesión, me sorprendería muchísimo que fueran las mismas personas.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Corresponde el turno al Senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Solamente para tres muy breves comentarios:

Primero. La construcción de este dictamen llevó a resolver varios dilemas, por ejemplo, el dilema del derecho a la memoria y del derecho a la protección de datos de personas, incluso ya fallecidas, y creo que se encontró una muy buena solución.

Imagínense, a cualquiera de nosotros, alguna enfermedad o algún dato particular de nuestro padre estuviera en un archivo, y nosotros no quisiéramos que se hiciera público por alguna razón. Tenemos ese derecho de dato privado de familia.

Entonces, hubo que balancear estos derechos, o sea, no fue fácil el consenso, y la verdad, que las discusiones en alguno de estos temas fueron largas.

También, por ejemplo, los archivos que están abiertos al público en general, pueden ser públicos o pueden ser privados, y había que consensar, no podíamos imponer modalidades sobre los archivos privados que les quitaran el derecho de propiedad que ellos tienen.

Había un artículo que declaraba: "Que todos los archivos presenciales serán propiedad de la nación".

Pues hay tres archivos presidenciales que son de la familia de los ex presidentes, y no se les puede expropiar nada más porque sí.

Entonces hubo que balancear estos derechos y en todos se encontró muy buena solución.

El problema que no se le encontró solución fácil fue de ¿Quién debía depender el Sistema General de Archivos?

Quiero mencionar este tema, porque sí debe de servirnos de enseñanza. Más de dos años, hasta la semana pasada, el gobierno federal no se movió un milímetro de que debería de ser la Secretaría de Gobernación la que encabezara el Sistema Nacional de Archivos, que es una de las tres patas del Sistema de Transparencia: transparencia, el contrapeso que son los datos personales y la existencia de información que son los archivos.

Y apenas la semana pasada, el gobierno federal decidió que pudiera ser el Archivo General de la Nación el titular del Sistema Nacional de Archivos.

La lección es bien importante. Vale la pena esperar.

Hace dos años pudo haberse votado, hace año y medio pudo haberse votado este dictamen, pero decidimos que no podía ser de esa manera.

Concluyo regresando a uno de los debates iniciales, poniendo un ejemplo. En el sexenio del Presidente Fox se abrieron a consulta pública, sin ningún cuidado, más que la conservación de los documentos, los archivos de la Dirección General de Seguridad.

Ahorita Zoé hacía referencia a los archivos del 68, ya aparecieron todos.

Se consultaron, y son muchísimos libros los que están basados en esos documentos.

Hoy día si uno quiere uno de esos documentos, viene absolutamente testado. Todo lo que de alguna manera imaginaria o real se considera acto personal, viene tachado, de tal manera que todos los investigadores dicen: "Es como si hubieran cerrado el archivo".

Por eso era muy importante perseverar y no ceder, hasta que el Archivo General de la Nación quedó como titular del sistema, y digo esto con una reflexión por otros temas, que incluso están en este momento a discusión:

A veces parece que se cae el mundo si no se aprueba un tema en particular, de inmediato, y no.

El mundo se construye a veces con perseverancia y con saber cuál es lo importante, después modificarlo se vuelve imposible.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

Una vez agotada la lista de oradores en lo general, consulto a la Asamblea si alguna Senadora o algún Senador desea reservar algún artículo del dictamen.

Debido a que no hay artículos reservados, antes de pasar a la votación nominal daremos pausa para esperar la llegada de los dictámenes que pueden remitir las comisiones que en este momento están en sesión.

En consecuencia, se declara un receso para reanudar la sesión a las 19:30 horas.

(Receso)






PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (21:23 horas) Se reanuda la sesión.

Les informo que recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos del día de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza su incorporación.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen está disponible en sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

(Dictamen de primera lectura)



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que también se autoriza.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda de primera lectura. Les informo que el dictamen viene acompañado de los siguientes votos particulares, del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Alejandro Encinas Rodríguez; de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y de los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Los votos particulares se publicarán en la Gaceta Parlamentaria conjuntamente con el dictamen.

Pasaremos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Solicito apoyo a Servicios Parlamentarios, por si algunos Senadores están teniendo problemas para emitir su voto. El área del Senador Benjamín Robles Montoya y de los Senadores Rabindranath Salazar, de Zoé Robledo, de Margarita Flores. Parece que esto es un complot, pero ahorita lo resolvemos.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto. Senadora Padierna, a favor; Senador Morón, a favor; Senador Zoé Robledo, a favor; Senadora Rosario, a favor; Senador Juan Fernández, a favor; Senador Mario Delgado, a favor; Senador Cesáreo, a favor; Senador Romero Lainas, a favor; Senadora Layda Sansores, a favor. Algún Senador que falte por emitir su voto, Senador o Senadora.

Señor Presidente, se emitieron 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pueden volver a poner el tablero, si son tan amables. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Esta Mesa Directiva quiere felicitar a todas las Senadoras y Senadores que participaron en este proyecto legislativo de la mayor relevancia para el país.

¡Muchas felicidades, Senadoras y Senadores!






Las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO XIII Y DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 109 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 109 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Este derecho está reglamentado en la Ley General de Salud, cuyas disposiciones son de orden público e interés social.

La sociedad actual, caracterizada por la globalización y el rápido avance de los sistemas informáticos, ofrece nuevas tecnologías y herramientas para el sector Salud, permitiendo aumentar la eficiencia y mejorar la calidad en la prestación de cuidados de la salud, que se traduce en un mayor bienestar para la población.

El avance de las tecnologías aplicadas a la medicina ha influido en el expediente clínico, que se refiere “al conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos,   gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables”.1

Con el avance de las ciencias y la tecnología, ha surgido el expediente clínico electrónico, que se define como el “Conjunto de información almacenada en medios electrónicos centrada en el paciente que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de salud. El sistema por el que se administra un Expediente Clínico Electrónico es un Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud.” 2

En resumen, el expediente clínico electrónico es una fuente de información que amplía el dictamen médico de un experto, conformándose por una descripción de la propedéutica médica aunado a documentos, imágenes, procedimientos, pruebas diversas, análisis e información de estudios practicados al paciente.

Mediante el expediente clínico electrónico se puede brindar información más completa a los médicos y personal de salud, así como habilitar la comunicación al instante entre las diferentes unidades médicas.

La implementación del expediente clínico electrónico representa diversos beneficios, entre ellos:3

• Incremento en la seguridad de los pacientes y reducción del número de eventos médicos adversos.

• Aumento de las acciones preventivas, identificando con oportunidad las necesidades de atención específicas de la población.

• Reducción de costos hospitalarios, aumentando el control de episodios agudos en pacientes con enfermedades crónicas.

• Reducción de costos por tratamientos o estudios innecesarios y/o redundantes.

• Mayor compromiso de la población en el cuidado de su salud a través del acceso a su información médica.

• Acceso rápido y sencillo de información que apoye la investigación y desarrollo en salud.

• Reducción del tiempo de los profesionales de la salud dirigido a actividades administrativas.

• Mayor comodidad y confianza en la institución, ya que los pacientes pueden disponer de sus datos de forma segura, rápida y confidencial.

• Mayor facilidad para la integración de la información del paciente y para dar continuidad a la asistencia médica.

• Mejor calidad en la prestación de servicios de salud.

• Mejor soporte y apoyo para realizar el análisis de la actividad clínica, la epidemiológica, la docencia, la administración de recursos y la investigación.

• Agilizar la concurrencia de los diversos servicios hospitalarios.

Debido a la diversidad y cantidad de sistemas de expediente clínico electrónico en el mercado con diferentes alcances, funcionalidades, requerimientos y beneficios que dependen del tipo de servicio contratado o pactado, la Secretaría de Salud expidió en 2011 el Manual de Expediente Clínico Electrónico, con la finalidad de proporcionar una visión general sobre el tema; habilitar la toma de acciones, delinear los pasos genéricos a seguir en la adquisición e implementación de una herramienta de este tipo, y ofrecer conocimientos que agilicen el proceso de cambio hacia servicios de salud intercomunicados. 4

Adicionalmente, se encuentran vigentes dos Normas Oficiales Mexicanas relativas al expediente clínico:

• NOM-004-SSA3-2012: Tiene por objeto establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico.

• NOM-024-SSA3-2012: Tiene por objeto regular los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, así como establecer los mecanismos para que los Prestadores de Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud registren, intercambien y consoliden información.

De esta manera, la implementación del expediente clínico electrónico puede ser un proceso lento, aunque fructífero, que involucra varias etapas y actividades:

Etapas

Actividades

Definición preliminar

1. Estudio de factibilidad
2. Gestión presupuestal
3. Selección de proveedor

Implementación

4. Infraestructura tecnológica
5. Implantación del software
6. Capacitación

Operación

7. Procesos
8. Soporte
9. Actualización

Fuente: Secretaría de Salud. 2011. Manual del Expediente Clínico Electrónico

Hasta 2011, sumando las instituciones de Seguridad Social, la Secretaría de Salud Federal y estatales, existían casi 45 millones de registros electrónicos de pacientes a nivel nacional. De las 17,716 unidades médicas existentes, 3,841 (21%) contaban con sistemas de expediente clínico electrónico en operación y 7,286 (41%) contaban con sistemas de expediente clínico electrónico en proyecto.5

A pesar de estos avances, en fechas recientes han surgido varias propuestas sobre la necesidad de instrumentar un expediente clínico electrónico universal como una herramienta crucial en la construcción de un sistema de gestión hospitalaria más eficiente y confiable. Esta medida permitiría una mejora inmediata de la atención médica que incrementaría la calidad, evitando la presentación de eventos adversos al contar con los antecedentes, en forma inmediata, de los pacientes solicitantes; disminuirá la incidencia de demandas en contra del personal médico, prestador del servicio. También sería fuente valiosa de información para los investigadores en el campo de la salud.6

Es necesario destacar que el Programa Nacional de Normalización 2017 contempla la modificación de la NOM-004-SSA3-2012 “Del expediente clínico”, a fin de establecer con mayor precisión los criterios que rigen la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico, en su forma documental y señalar las bases generales del expediente electrónico.7

Lo anterior permite apreciar que actualmente se cuenta con bases normativas para implementar el expediente clínico electrónico; sin embargo, aún hace falta impulsar que su aplicación tenga carácter universal, es decir, que se aplique de manera estandarizada y que tenga cobertura nacional. Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto implementar gradualmente el expediente clínico electrónico universal, a fin de lograr su aplicación estandarizada y alcanzar la cobertura nacional.

Cabe destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expidió el 31 de enero de 2017 la Recomendación General 29/2017 “Sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud”.8 Dicho documento se fundamenta en 96 Recomendaciones anteriores, dirigidas a diversas instituciones de salud pública entre 2010 y 2016, manifestando la inobservancia y omisión sistemática en el cumplimiento de las NOMs sobre la integración del expediente clínico.

Por ello, en la Recomendación General 29/2017, la CNDH considera trascendental que el Estado cuente con expedientes clínicos integrales, para lo cual deben unificarse de manera gradual y sistemática los medios electrónicos de almacenamiento de información relacionada con el tema, por lo cual solicita a las instituciones de salud adoptar todas las medidas administrativas, financieras, jurídicas o de cualquier otra índole, para que se procure el debido cumplimiento de la integración de los expedientes clínicos de los usuarios de servicios de salud.

A fin de conocer con mayor exactitud los costos de universalizar el expediente clínico electrónico, se solicitó por medio de oficio con fecha 21 de enero de 2016, dirigido al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el estudio de impacto presupuestario que tendría esta medida, considerando factores como:

• Gasto promedio por paciente en consultas médicas por institución y por entidad federativa.

• Gastos de las instituciones que aplican el expediente clínico electrónico contra las que no lo aplican.

• Costos de los programas de software existentes para la aplicación de un expediente clínico electrónico.

• Costos asociados a la aplicación del expediente clínico electrónico, incluyendo capacitación del personal médico, equipo de cómputo y otros recursos o acciones necesarias.

• Recursos federales erogados de 2010 a la fecha, para impulsar la implementación del expediente clínico electrónico en el Sistema Nacional de Salud.

• Estimación de recursos económicos necesarios para el desarrollo de un software estandarizado de expediente clínico electrónico, con proyección a nivel nacional.

• Costo total estimado para que una clínica nueva inicie la aplicación del expediente clínico electrónico.

La respuesta del CEFP fue recibida el 5 de abril de 2016, precisando que “la iniciativa sólo vendría a ratificar en la Ley General de Salud de forma explícita lo relativo al Expediente Clínico Electrónico, con carácter universal”, y concluye que “su eventual aprobación y entrada en vigor no causaría impacto presupuestario al erario federal”. Se adjunta a la presente iniciativa el oficio del CEFP.

Adicionalmente, la implementación del expediente clínico electrónico con carácter universal generaría ahorros importantes a largo plazo, favoreciendo la eficiencia del sector salud, con implicaciones positivas para las finanzas nacionales, así como para la salud y las finanzas de los pacientes.

Por ejemplo, un caso de cáncer de mama que se detecta en etapa I le cuesta al Instituto Mexicano del Seguro Social 74,522 pesos al año. En cambio, uno que se diagnostica en etapa IV, que es la más avanzada, llega a costarle a la institución 199,274 pesos.9 Lo anterior, sin considerar los gastos solventados por el paciente, que de acuerdo con la aseguradora AXA pueden alcanzar hasta 1 millón 500 mil pesos en fases avanzadas.

Como segundo ejemplo, tenemos el caso de la diabetes mellitus. El tratamiento de esta enfermedad representa el 34% del presupuesto de servicios sociales del país. Asimismo los costos directos e indirectos para el tratamiento de la enfermedad son de 100 y 330 millones de dólares anuales, respectivamente. Cuando el paciente sólo requiere algunos medicamentos, gasta 1,217 pesos mensuales, pero su gasto es mayor si la persona necesita de varios cuidados y medicamentos, pues desembolsa 3,954 pesos al mes.10

Estos ejemplos dan cuenta de la gran importancia que tiene un diagnóstico oportuno y certero, a fin de reducir el costo del tratamiento de enfermedades, tanto para el paciente como para las finanzas públicas. En este sentido, se reitera que la aplicación universal del expediente clínico electrónico generaría importantes ahorros a largo plazo.

Con la presente reforma se espera contribuir de manera importante a reducir las ineficiencias del sector salud, derivadas de un diagnóstico equivocado o incompleto, por no contar con toda la información que puede proporcionar el expediente clínico electrónico. Al otorgarle carácter universal a este instrumento, todas las mexicanas y mexicanos tendrán a la mano todo su historial clínico cuando lo requieran, a fin de que el médico pueda brindarles un tratamiento más efectivo y menos costoso.

Por último, en el régimen transitorio del presente proyecto de decreto se establecen las etapas y plazos para implementar gradualmente el expediente clínico electrónico universal:

• Seis meses, para que la Secretaría de Salud firme los convenios necesarios para el desarrollo de un software estandarizado de expediente clínico electrónico.

• Un año, para que la Secretaría de Salud expida y adecúe los instrumentos normativos, para implementar gradualmente el expediente clínico electrónico universal.

• Tres años, para alcanzar la cobertura nacional del expediente clínico electrónico universal.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 109 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTI?CULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 109 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 109 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos. La Secretaría de Salud implementará gradualmente el expediente clínico electrónico universal, a fin de lograr su aplicación estandarizada y alcanzar la cobertura nacional.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud deberá firmar los convenios a que haya lugar, para el desarrollo de un software estandarizado de expediente clínico electrónico.

Tercero. En un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud deberá expedir y adecuar los instrumentos normativos a que haya lugar, para implementar gradualmente el expediente clínico electrónico universal.

Cuarto. En un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la aplicación del expediente clínico electrónico universal deberá alcanzar la cobertura nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación, 15/10/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012

2 Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud. Diario Oficial de la Federación. 30 de noviembre de 2012.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012

3 Secretaría de Salud. 2011. Manual del Expediente Clínico Electrónico, 1ª edición
http://www.who.int/goe/policies/countries/mex_ehealth.pdf

4 Secretaría de Salud. 2011 (op. cit.)

5 Ing. Juan Lozano González. 2011. Integración del Sector Salud Situación General del Expediente Clínico Electrónico. 4ª. Semana Internacional de Integración del Sector Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/pdf/4rnis-ece-01.pdf

6 Héctor Vázquez Leal, Raúl Martínez Campos, Carlos Blázquez Domínguez, Roberto Castañeda Sheissa. Un expediente clínico electrónico universal para México: características, retos y beneficios. Rev Med UV, Enero - Junio 2011
http://www.medigraphic.com/pdfs/veracruzana/muv-2011/muv111i.pdf

7 DOF: 03/02/2017. Programa Nacional de Normalización 2017. (Continúa en la Cuarta Sección)
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470901&fecha=03/02/2017

8 CNDH. Recomendación General 29/2017. “Sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud”
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_029.pdf

9 Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Velázquez E, Dorantes J, Méndez O, Ávila-Burgos L. El costo de la atención médica del cáncer mamario: el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Salud Publica Mex 2009;51 supl 2:S286-S295.
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v51s2/v51s2a19.pdf

10 PROFECO. El costo de vivir con diabetes. Brújula de compra (Boletín de PROFECO) 10 de septiembre de 2007
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2007/bol47_diabetes.asp






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR para incluir en la instrucción militar la relativa a la materia de protección civil y el servicio a la comunidad; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Servicio Militar Nacional en México, se puede definir coloquialmente como la instrucción militar obligatoria que todo mexicano debe conocer para cumplir cabalmente con su papel de ciudadano, el cual se debe efectuar entre los 18 y 45 años de edad.

Hasta el año de 2003 esta obligación era exclusiva para los ciudadanos varones, pero de esta fecha en adelante se permite con el carácter de opcional que mujeres cumplan con el servicio, con la finalidad de otorgarle un escenario de equidad e igualdad de derechos y obligaciones en materia de género.

El Servicio Militar tiene como antecedente histórico, que a raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y su escalamiento en magnitud, se tuvo la necesidad de incrementar las fuerzas ordinarias del Ejército Mexicano con base en el reclutamiento masivo de civiles, lo cual implicaba el entrenamiento masivo de personal civil, lo que en tiempos de guerra sería muy problemático y poco eficaz. Por esto y con la experiencia que se tenía en la Guardia Nacional en México y en otros países, se instituyó el Servicio Militar Nacional, promulgándose la Ley del Servicio Militar en el año de 1940.

Dicho servicio de las armas tiene fundamento constitucional en lo dispuesto en el artículo 5º y fracción II del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que será obligatorio, en los términos que establezcan las leyes en la materia, el de las armas y por ende, el asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

Así, en base a la referida legislación, el servicio de las armas se debe prestar por un año en el Ejército activo a quienes tengan 18 años de edad, con la salvedad de que la clase exceda del llamado al activo de acuerdo al artículo 15 de la misma Ley del Servicio Nacional, o los casos de excepción también previstos en la misma.

Puede decirse que este servicio nacional, tiene como finalidad contar con reservas para cuando alguna situación del país demande fuerzas superiores a los efectivos, como lo señala dicha ley, de pie de paz.

Sin embargo, no es la única manera de servir a la patria, pues recordemos que las fuerzas armadas tienen entre sus misiones las siguientes:

- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

- Garantizar la seguridad interior;

- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

- En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas.

Esto es, uno de los grandes apoyos de las fuerzas armadas se han mostrado en la ayuda prestada en casos de desastres, como los que hemos presenciado en nuestro país a causa de eventos climatológicos graves, con inundaciones y otros desastres naturales, como los terremotos que han azotado nuestro territorio nacional.

Por ello, el adiestramiento o instrucción de quienes prestan el servicio militar no debe circunscribirse solamente a la disciplina militar y el uso de las armas; pues acorde a la finalidad de las fuerzas armadas, la materia de protección civil es una de las principales formas de servir a la población. De tal suerte, que el servicio nacional militar debiera, por disposición legal, incluir este tipo de instrucción, como lo es, la relativa a la materia de protección civil.

Al respecto, es de destacar que los estragos del cambio en el sistema climático ocurren en todo el mundo con eventos meteorológicos extremos, por lo que se hace necesario además de las medidas de mitigación y adaptación, las relativas a la resiliencia, entendida ésta como la capacidad de un sistema, humano o natural, para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos de las amenazas de manera oportuna y eficiente, manteniendo o restituyendo sus estructuras básicas, funciones e identidad esenciales. (Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR, 2009. Terminología: términos básicos de la reducción del riesgo de desastres.)

Para lograr el objetivo de la susodicha resiliencia, es necesario estar preparados, entre otras tantas, para brindar atención y estar en capacidad de recuperación durante y después de un desastre y restaurar rápidamente los servicios básicos a la población. Aquí, definitivamente la materia de protección civil resulta indispensable y en vía de consecuencia, necesaria para brindar el apoyo necesario a nuestra población, como las fuerzas armadas han estado siempre prontas a realizarlo.

Así pues, la instrucción en materia de protección civil  debe ser un componente indispensable para la instrucción a través del servicio militar, a fin de contar con efectivos y población civil mejor capacitada para hacer frente a los embates de los desastres naturales y no tan naturales.

Por otra parte, es de destacar el apartado relacionado con las acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, como las emprendidas en servicios en favor de la comunidad, en los que también, todos hemos atestiguado la intervención de nuestras fuerzas armadas.

Es este aspecto, el servicio militar debe y claro está, que forma parte importante para el logro del objetivo, por lo que también se propone incorporar a los contenidos de ley para el caso del servicio militar nacional.

La finalidad en este aspecto sería por partida doble. Me refiero adicionalmente a la motivación de los jóvenes a participar del servicio militar, considerándolo antes que el cumplimiento a la instrucción militar, como una oportunidad de servir a los demás.

A este respecto, es de destacar que, de acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el enlistamiento al servicio militar por parte de los jóvenes ha ido decreciendo año con año. Por ello, es necesario renovarlo y darle nuevo auge, lo que se puede lograr a través de la motivación.

Dicho de otra forma, volverlo una oportunidad para canalizar la energía y buena voluntad de los jóvenes de ayudar a los demás, como una característica destacada de los jóvenes de la actualidad, mejor conocidos como millennials. A su vez, una oportunidad para renovar el servicio militar y motivar a hombres y mujeres a prestarlo.

El servicio de las armas, implica un deber y un orgullo patriótico para servir a la Nación, desde la invocada instrucción militar, la reserva de las fuerzas armadas, como en su servicio activo y retribuido por el Estado Mexicano.

En ese tenor, el cumplir con el servicio de armas o Servicio Militar Nacional, más que una obligación, debe ser considerado como una oportunidad de servicio a la patria, la cual atañe directamente a cada ciudadano, en una relación directa y personal, lo que puede ser complementado con la instrucción en materia de protección civil y el servicio a la comunidad, dando una nueva cara y formato al servicio militar nacional.

Así las cosas, se propone incluir estos conceptos, el de la instrucción en materia de protección civil y el servicio a la comunidad, mediante la adición de un párrafo al artículo 3º de la Ley del Servicio Militar.

Es dable destacar, que el invocado artículo 3º, en su texto actual,  hace una remisión a la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, lo correcto es que lo hiciera a la fracción II, como se muestra enseguida:

Ley del Servicio Militar:

ARTICULO 3º.- La Secretaría de la Defensa Nacional prestará toda clase de ayuda a las autoridades educativas de los Estados en que no haya coordinación con la Federación en esta materia, para el cumplimiento de las funciones de instrucción militar a que se refiere la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de intensificar la eficacia de la instrucción, de unificar los sistemas para impartirla y de controlar los resultados.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

Por lo tanto, ya que estamos ante una propuesta de reforma al referido artículo 3º, que se trate de una oportunidad de corrección su texto.

En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR, PARA INCLUIR EN LA INSTRUCCIÓN MILITAR LA RELATIVA A LA MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL SERVICIO A LA COMUNIDAD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3º de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:

ARTICULO 3º.- La Secretaría de la Defensa Nacional prestará toda clase de ayuda a las autoridades educativas de los Estados en que no haya coordinación con la Federación en esta materia, para el cumplimiento de las funciones de instrucción militar a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de intensificar la eficacia de la instrucción, de unificar los sistemas para impartirla y de controlar los resultados.

La instrucción cívico militar incluirá la materia de protección civil y las actividades de servicio a la comunidad.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un lugar de tránsito de migrantes indocumentados, principalmente centroamericanos quienes en su mayoría tienen como destino Estados Unidos de América. El territorio nacional cuenta con 4,301 km de línea fronteriza: en el norte con una superficie de 3,152 km, siendo la más extensa, y en el sur del país donde se comparten dos fronteras, con Guatemala con 956 km, y Belice con 193 km.1´

La falta de oportunidades económicas y sociales con las que cuentan gran parte de las personas provenientes de países Latinoamericanos, es uno de los factores que propician la migración hacia el norte, principalmente hacia Estados Unidos de América. El fenómeno referido incrementa año con año y hace de México un lugar de tránsito para miles de centroamericanos que recorren el territorio nacional de sur a norte en busca de mejores oportunidades para su desarrollo.

En la frontera sur del país, cuatro entidades federativas concentran la internación de migrantes provenientes de Centroamérica, principalmente, aunque también provienen de países sudamericanos y africanos, esas entidades son; Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo; asimismo, los estados de Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas cuentan con un gran flujo de migrantes, debido a que por estas zonas pasa parte de la red ferroviaria que tiene como destino Estados Unidos de América.

No existen cifras oficiales que detallen el volumen del fenómeno migratorio, puesto que la naturaleza de esta práctica, al ser ilegal, resulta difícil contabilizar la cantidad de migrantes que transitan por el país. Sin embargo, varias Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) que se dedican a estudiar la problemática de la migración en el territorio nacional, indican que el promedio anual de centroamericanos indocumentados que ingresan a México es de alrededor de 400 mil, a esto se le suma los 150 mil en promedio de personas indocumentadas de otras regiones.2

El problema de la migración no es un tema reciente, mucho menos los programas de apoyo que se han creado para beneficio de este grupo de personas que salen de su país en busca de una mejor vida, quienes lamentablemente dentro del territorio nacional son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Un ejemplo de dichos programas, es el impulsado en el estado de Baja California, en 1990, llamado “Grupo Beta Tijuana”, el cual tenía como finalidad auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia durante su tránsito por la entidad.3

A partir de los buenos resultados que generó la implementación del programa de apoyo a los migrantes, se conforma en 1994 el “Grupo Beta Nogales”, en Sonora; y en 1995 se conforman dos grupos más: en Tecate, Baja California y en Matamoros, Tamaulipas. En la actualidad se encuentran conformados 22 Grupos Beta, los cuales se concentran en 9 entidades federativas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.4

Es claro el compromiso que adquieren los estados en donde el fenómeno de la migración es una constante; es así que, a partir de la creación de estos grupos de apoyo a los migrantes, la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, consideró en su artículo 71 la creación de los Grupos de Protección al Migrante (Grupos Beta), al establecer que:

Artículo 71.- La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes.

La Ley de Migración en general, y en particular el artículo citado con antelación, confirman la obligación que el Estado mexicano tiene con los migrantes, al garantizarles la protección y defensa de sus derechos humanos, por medio de acciones encaminadas al rescate, salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación, mientras el migrante se encuentre en el territorio nacional.

Con la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011 se elevó a rango constitucional la obligación del Estado mexicano a reconocer los derechos contenidos en Tratados Internacionales y no solo otorgarlos, como anteriormente se disponía. Asimismo, deja atrás el concepto de “garantías individuales”, para que a partir de la reforma se establezcan como “De los Derechos Humanos y sus Garantías”.

La Reforma Constitucional referida marcó una nueva etapa en materia de derechos humanos para el país, y de forma paralela, la Ley de Migración determinó el cambio de paradigma de la política migratoria del Estado, la cual se finco en la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros. Así se establece explícitamente en el artículo 2° de la Ley en comento:

Artículo 2.-…

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

Bajo la misma línea, y en atención a un sector vulnerable, en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento de observancia general en el territorio nacional que para su integración tomó en consideración contribuciones de la sociedad civil y organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con relación a la presente iniciativa, cabe decir que la Ley referida, además de reconocer a este sector un amplio catálogo de derechos, también reconoció las garantías de las niñas, niños o adolescentes migrantes, para brindar una mayor protección y asegurar su integridad.

También se estableció que tratándose de niñas, niños y adolescentes migrantes, el Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal y dependiente de la Secretaria de Gobernación,  en tanto determine la condición migratoria de los infantes, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y, asimismo, el de los estados, brindaran la protección integral de sus derechos de acuerdo al interés superior de la niñez, el cual está reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, cabe decir que México es parte de diversos Tratados Internacionales donde se reconoce como principios, básicos y generales la no discriminación y la igualdad de los migrantes ante la Ley; asimismo, los derechos humanos deben aplicarse a todas las personas “sin distinción de ningún tipo, tales como, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen social o nacional, propiedad, nacimiento u otros status”.5

Aunado a que el bloque constitucional protege y garantiza los derechos humanos de los migrantes, la actual Administración Federal dio a conocer por primera vez en la historia del país, el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, a través del cual se establecen las prioridades nacionales en el tema migratorio, y funge como un instrumento de coordinación interinstitucional y multisectorial entre los tres órdenes de gobierno, que tiene por objetivo articular la política migratoria del Estado mexicano.

El Programa Especial de Migración 2014-2018, es dirigido y coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual fue creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1993, sustituyendo a la Dirección General de Servicios Migratorios; dicho Instituto tiene como facultades fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, a los cuales reconoce como sujetos de derechos. Asimismo, “es el encargado de instrumentar la política migratoria del país, vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación, y presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos”. 6

Es claro que existen los ordenamientos legales, que afirman y garantizan los derechos humanos de los migrantes, que para efectos de la presente iniciativa interesan particularmente los que asisten a los extranjeros. La realidad que viven en su travesía por el territorio nacional, deja entre ver que no es suficiente los cambios realizados a la normatividad, ya que persisten los casos de violación a los derechos humanos de este grupo, y lo más preocupante es que se dan desde las estaciones migratorias que están a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Ejemplo de ello son las series de anomalías que presentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se mostró los resultados evaluativos del INM. La ASF recomendó al Instituto Nacional de Migración atender las fallas graves en registros, sistemas de control y en la falta de protocolos que inhiben su accionar y cumplimiento de sus obligaciones previstas en la Ley de Migración; asimismo, añadió la auditoría que las detenciones en Estaciones Migratorias, es una constante a la violación de los derechos humanos de los migrantes presentados, por lo cual recomendó ampliar y mejorar sus protocolos en respeto de las garantías reconocidas en la Constitución Federal  y Tratados Internacionales.7

Ante la evaluación que realizó la ASF sobre el accionar del INM, durante los años 2014 y 2015, el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), el cual se originó con el objetivo de promover la inclusión de la política migratoria desde los enfoques de desarrollo, derechos humanos y género, que se incluirían en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, conformado por organizaciones ciudadanas que trabajan a favor de los derechos humanos de los migrantes, denunciaron que las condiciones de las estaciones migratorias son preocupantes, entre las que destacan:8

1. Inconsistencias en los registros de información de las visitas de verificaciones migratorias realizadas y programadas;

2. Falta de acceso a información;

3. No se registra el total de quejas presentadas ante su Órgano Interno de Control;

4. Se desconoce si se entregó el total de las quejas que iniciaron ante la CNDH en su contra durante 2014, y

5. Escasa o nula información acerca de los servicios que se ofrecen en estaciones migratorias.

Aunado a estas denuncias, el COMPA mostró su preocupación por la información que dio a conocer la ASF, ya que manifiesta que tanto el INM y las estaciones migratorias están incumpliendo con sus atribuciones legales vertidas en la Ley de Migración. La fracción VII del artículo 20 establece que: “las autoridades competentes deben respetar, proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en el territorio nacional”.

En las estaciones migratorias, según el informe de la ASF, el personal carece de protocolos de actuación, por lo cual no cuentan con los elementos para brindar una atención oportuna y eficaz; aunado a ello, las instalaciones se encuentran en condiciones deplorables, debido al hacinamiento, falta de higiene, la falta de servicios básicos y médicos, todos estos factores son causantes de que no se garanticen los derechos humanos de los migrantes que son presentados en las estaciones correspondientes.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación, muestra la opacidad con la que el Instituto Nacional de Migración opera, reflejando una política migratoria que no cumple con los principios fundamentales en materia de derechos humanos contenidos en el artículo 1°, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con lo establecido en la Ley de Migración, en beneficio de las personas migrantes que transiten en el territorio mexicano.

El Instituto Nacional de Migración cuenta con 59 centros de detención en todo el país, de los cuales 35 son estaciones migratorias ubicadas en 24 entidades federativas, y según la Ley de Migración los extranjeros presentados no deben permanecer por más de 90 días, y en los centros, sólo son estancias previsionales cuyo tiempo máximo de estancia es de 7 días.9

Aunado a estas graves anomalías que encontró la ASF en el accionar del Instituto Nacional de Migración, recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al INM, sobre el caso de 17 jóvenes centroamericanos presentados en la estación migratoria del estado de Puebla, quienes fueron víctimas de violación a la seguridad jurídica, a la privacidad y al interés superior de la niñez, por parte del personal encargado de esta estación, el cual realizó revisiones intrusivas, ilegales y arbitrarias a este grupo de adolescentes.10

La CNDH, realizó las investigaciones pertinentes y llegó a la conclusión de que el personal del INM que labora en la estación migratoria del estado de Puebla, es responsable de la violación a los derechos humanos de los 17 jóvenes migrantes, ya que tienen la obligación de supervisar y garantizar la protección de garantías de los extranjeros que hayan sido presentados en las instalaciones migratorias; asimismo, omitieron su responsabilidad de solicitar el traslado inmediato de los adolescentes al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se les brindara la atención adecuada y se cumpliera con lo establecido en la Constitución Federal sobre el interés superior de la niñez.11

Este es un ejemplo de varios casos de violación de derechos humanos que se han denunciado, donde migrantes extranjeros sufren en su estancia en las estaciones migratorias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entendiendo el alcance del artículo 6° de la Ley de migración, señala que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el marco jurídico, con independencia de su situación migratoria, por lo cual la población migratoria tiene los siguientes derechos:12

• Derecho a la Nacionalidad.

• Derecho al libre tránsito.

• Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

• Derecho a la atención consular.

• Derecho a no ser discriminado,

• Derecho al asilo.

• Derecho al refugio.

• Derecho a la protección de la unidad familiar.

• Derecho a la dignidad humana.

• Derecho a no ser discriminado.

• Derecho a ser alojados en una estación migratoria.

• Derecho a un alojamiento digno.

• Derecho a no ser incomunicado.

• Derecho a in traductor.

• Derecho a no ser detenidos en Albergues.

• Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional.

• Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.

En este sentido, en enero 2017, la CNDH presento su Informe de Actividades 2016, en el cual le dedica todo un capítulo a las personas migrantes, en él se detalló que durante ese año realizó un total de 1,564 visitas a las estaciones migratorias, se atendieron 74, 973 extranjeros que se encontraban en estas instalaciones. Derivado de las visitas la Comisión abrió 484 expedientes de queja realizando 12, 424 gestiones a favor de personas que habrían sufrido violaciones a sus derechos humanos.13 

Aunado a las visitas que realizó la CNDH en las estaciones migratorias, en el Informe de Actividades 2016, se resalta que se le brindó apoyo a 6,725 migrantes, de los cuales se abrieron 2,339 expedientes, 1,120 de queja por violación a sus derechos, 302 de orientaciones de tipo jurídico y médico, 917 que remitieron a otro organismo público, todos estos datos derivaron en 21 conciliaciones y 16 recomendaciones a diversas autoridades,14 lo que deja ver la falta de protocolos por parte de las dependencias federales para salvaguardar los derechos humanos de población migratoria que transita por el territorio nacional.

Por los motivos expuestos, la presente iniciativa tiene como objetivo reformar la fracción V del artículo 107 de la Ley de migración. El artículo vigente establece un catálogo de requisitos que deberán cumplir las estaciones migratorias, por ende, con la modificación se busca fortalecer el bloque constitucional existente en materia de derechos humanos, garantizando al migrante  presentado en las instalaciones del INM, la comunicación con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de salvaguardar la protección a la población migratoria que es retenida en las estaciones.

Como se ha detallado, las condiciones de las estaciones migratorias y el accionar del personal encargado van en contra de los principios y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el presente planteamiento se hace hincapié en que es de suma importancia que la CNDH tenga contacto con el migrante presentado en las instalaciones del INM para que se respete y garantice el compromiso del Estado mexicano de preservar los derechos humanos de cualquier persona, mientras se encuentre en territorio nacional.

Con la presente Iniciativa se pretende subsanar las carencias que presenta el marco normativo en materia de protección a los derechos humanos de los migrantes; aunque se cuenta con los instrumentos legales, la política migratoria de la actual administración está muy lejos de atender al mandato constitucional y a los compromisos que los Tratados Internacionales le confieren.

El garantizar el contacto con la CNDH al migrante extranjero presentado en las estaciones migratorias, debe ser una obligación para el personal del INM, responsabilidad que hoy la Ley de migración no le confiere, pero que a partir de esta Iniciativa se busca establecer formalmente en beneficio de los migrantes.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

ÚNICO.-  Se reforma la fracción V del artículo 107 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 107.- Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

I. a IV. …

V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; asimismo, se le otorgue comunicación inmediata con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

VI. a X. ...

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 107.- Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

I a IV.- …

V.- Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado;

 


VI a X.- …

Artículo 107.- Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

I a IV.- …

V.- Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; asimismo, se le otorgue comunicación inmediata con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

VI a X.- …

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Referencias geográficas y extensión territorial de México. INEGI, [en línea], consultado: 04 de diciembre de 2017, disponible en:
http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/internet/1-geografiademexico/man_refgeog_extterr_vs_enero_30_2088.pdf

2 Hechos y Cifras 2014. OIM, 2014, [en línea], consultado: 04 de diciembre de 2017, disponible en:
http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2/

3 Grupos Beta de Protección a migrantes. Instituto Nacional de Migración, 2016, [en línea], consultado: 04 de diciembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes

4 Ibíd.

5 Asamblea General. Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, Naciones Unidas-Derechos Humanos-Oficina del Alto Comisionado, [en línea], consultado: 07 de diciembre de 2017, disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/HumanRightsOfIndividuals.aspx

6 Instituto Nacional de Migración. Portal de SEGOB, [en línea], consultado: 07 de diciembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/inm/que-hacemos

7 Inconsistencias en el desempeño y gasto del Instituto Nacional de Migración. Comunicado: Colectivo Migraciones para las Américas, [en línea], consultado: 07 de diciembre de 2017, disponible en:
http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/CP-10-03-2016-Inconsistencias-en-el-gasto-del-INM.pdf

8 Ibíd.

9 Modernización de Estaciones Migratorias. Dirección General de Coordinación de Delegaciones, Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012, 2012, [en línea], consultado: 07 de diciembre de 2017, disponible en:
http://www.inm.gob.mx/static/transparencia/rendicion_de_cuentas/Modernizacion_estaciones_migratorias.pdf

10 Manuel Espino Bucio. “CNDH emite recomendación al Instituto Nacional de Migración”, El Universal, 2017, [en línea], consultado: 07 de diciembre de 2017, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cndh-emite-recomendacion-al-instituto-nacional-de-migracion

11 Ibíd.

12 Derechos de la Personas Migrantes. CNDH, 2017, [en línea], consultado: 08 de diciembre de 2017, disponible en:
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes

13 Informe de Actividades 2016. CNDH, 2017, [en línea], consultado: 09 de diciembre de 2017, disponible en:
http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf

14 Ibíd.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 25 Y LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 17 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER PÁRRAFO DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMAS SECUNDARIAS A LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 y 171 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto, en razón de la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40. …

1. y 2. …

3. La Comisión de la Ciudad de México, además de las tareas que conforme a la presente Ley le corresponden, ejercerá las funciones que le atribuye la Ley de Capitalidad y Coordinación de Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México.

4. y 5. …

Artículo 90.

1. …

I. a la XXX. …

2. La Comisión de la Ciudad de México, además de las tareas que conforme a la presente Ley le corresponden, ejercerá las funciones que le atribuye la Ley de Capitalidad y Coordinación de Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 133 Y REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA A RESISTENCIA EN LOS ANTIBIÓTICOS

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 133, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA A RESISTENCIA EN LOS ANTIBIÓTICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La resistencia a los antibióticos a lo largo del mundo se ha incrementado a niveles peligrosos llegando a considerarse una amenaza latente para la salud pública mundial. Constantemente aparecen y se propagan nuevos mecanismos de resistencia que provocan la pérdida de eficacia de los antibióticos, poniendo en peligro la capacidad del ser humano para tratar enfermedades infecciosas como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia o la gonorrea.

Entre las principales causas de la resistencia a los antibióticos se encuentran:

- Epidemiológicas: Relaciones entre poblaciones, nichos ecológicos, etc.

- Biológicas: Naturaleza de los mecanismos de resistencia, posibilidades de expansión de estos mecanismos, presencia de reservorios ambientales de genes de resistencia y posibilidad de generación de mutaciones espontáneas.

- Uso inadecuado de antibióticos: Varios estudios avalan que el consumo total de antibióticos es el elemento fundamental de la selección de la resistencia. Cada vez que se usa un antibiótico se elimina a las bacterias susceptibles (sensibles) y las resistentes se mantienen con vida. En particular se debe tener en cuenta la contribución relativa del modo de empleo (dosis, duración del tratamiento, vía de administración, intervalo entre dosis). El uso de estos medicamentos y su resistencia son causantes de infecciones de la comunidad y del entorno hospitalario.

De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se estima que en los últimos años la resistencia antimicrobiana ha provocado cerca de 23,000 muertes en Estados Unidos y 25,0000 en la Unión Europea. Si la tasa aumenta un 40%, en 2050 el número de muertes anuales en Norteamérica será de 317,000.

La relevancia del tema, hizo que en el año 2015, en el marco de la primera Semana Mundial de Concientización sobre los Antibióticos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) lanzaran una campaña bajo el lema: "Antibióticos: manéjalos con cuidado", que busca preservar las cualidades de estos medicamentos. La campaña advierte que la sobreutilización de los mismos antibióticos conduce al desarrollo de la resistencia. Por esta razón, se hizo un llamado a la población en general, a los tomadores de decisiones, y a los profesionales de salud y del sector agrícola, a seguir las buenas prácticas para prevenir la aparición y diseminación de la resistencia a los antibióticos.

En la 68va Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miembros adoptaron un plan de acción mundial para el combate de la resistencia antimicrobiana respaldado por los órganos deliberantes de la FAO y la OIE. El objetivo de dicho plan consiste en velar por métodos de prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas con medicamentos eficaces, seguros, de calidad garantizada, utilizados de forma responsable y que sean accesibles para la población.

El plan de acción mundial establece cinco objetivos estratégicos:

• Concientizar a la población con respecto a la resistencia a los antimicrobianos;

• Reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación;

• Reducir la incidencia de las infecciones;

• Utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos; y

• Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países, además de aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones.

Resistencia Antimicrobiana en México.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), afirma que la resistencia antimicrobiana en México  tiene un papel protagónico y resulta tan alarmante como otras afecciones como la malaria, tuberculosis, cáncer o VIH - Sida. La red de vigilancia en hospitales estima que hasta 30% de las infecciones que se adquieren en estas instituciones de salud es ocasionada por una bacteria resistente a un antibiótico, lo que impacta no sólo en el paciente, sino en los costos de hospitalización, los cuales incrementan porque se requieren otro tipo de microbacterianos.

En el año 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que se sujeta la venta y dispensación de antibióticos. Este acuerdo establece que únicamente se pueden administrar antibióticos cuando éstos sean prescritos mediante una receta emitida por profesionales de la salud autorizados, el objetivo principal es controlar el uso y abuso de estos medicamentos, así como limitar las consecuencias negativas de una prescripción inadecuada.

Hacia finales del 2016, la Secretaría de Salud se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a establecer un plan estratégico para combatir la resistencia antimicrobiana en el ámbito de la salud humana y animal. Se conformó una comisión de autoridades encargada de dichos trabajos, donde además de la Secretaría de Salud, participaban directamente los titulares de la SAGARPA, SEMARNAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los avances de las investigaciones fueron presentados en junio pasado por el titular de la COFEPRIS durante la Asamblea Mundial de Salud, en la cual se asumió el compromiso de emitir una estrategia propia ante la resistencia antimicrobiana en los siguientes dos meses, así como facilitar e impulsar los lineamientos en otros países.

A más tardar en septiembre de este año, México debería estar presentando su estrategia contra la resistencia antimicrobiana que incluya no sólo la parte de control de venta de medicamentos y su uso responsable, sino todo lo relativo a la supervisión y vigilancia de los antimicrobianos utilizados para la salud animal.

Sin embargo, para realización de esta estrategia aún existen factores que deben tomarse en cuenta para abordar de manera integral el grave problema de salud pública que representa la resistencia antimicrobiana:

• La ausencia de un cuerpo regulatorio que controle eficazmente el uso y la venta de antimicrobianos;

• La prescripción inadecuada y la automedicación con estos medicamentos;

• La poca información disponible sobre resistencia antimicrobiana (incluyendo los reportes errados o poco confiables de identificación y susceptibilidad bacteriana).

• La falta de supervisión del seguimiento de protocolos encaminados a reducir la resistencia antimicrobiana en hospitales

Por lo tanto, esta iniciativa busca la implementación de un programa nacional para el control y atención integral de la resistencia antimicrobiana entre las instituciones de salud nacionales siguiendo las recomendaciones de la OMS y la OPS; así como la capacitación del personal en materia de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, para prevenir y disminuir la propagación de la resistencia antimicrobiana.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único. Se adiciona una Fracción V al artículo 133, y se reforma el artículo 135 de la Ley General de Salud para quedar de la siguiente manera:

TITULO OCTAVO
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes

CAPITULO I
Disposiciones Comunes

Artículo 133.- En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. Implementar y promover un Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Resistencia Antimicrobiana en  las instituciones de salud.

Artículo 134. …

….

Artículo 135.- La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República; así como plan integral de prevención de infecciones intrahospitalarias para evitar la propagación de la resistencia antimicrobiana en las establecimientos del sector salud.

TRANSITORIOS

Primero: Las instituciones públicas de salud contarán con un plazo de ___ días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las disposiciones correspondientes.

Segundo: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CÁNCER

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CÁNCER, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el foro Cáncer, Desafíos en México y América Latina, llevado a cabo en agosto de 2017 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se especificó que, en México, el cáncer es la tercera causa de muerte, tan solo por detrás de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, provocando el fallecimiento de 14 de cada 100 mexicanos.

Tan solo en 2015, el padecimiento cobró la vida de 8.8 millones de personas. El cáncer de mama (20 mil 500 nuevos casos por año), próstata (14 mil), cérvicouterino (13 mil 900), colorectal (8 mil 600) y pulmón (8 mil 500) son los de mayor incidencia entre la población mexicana. Entre la población infantil, el cáncer ocupa la primera, segunda y tercera causa de muerte entre los grupos etarios de 5 a 9 años, 10 a 15 y 1 a 4, respectivamente. Estas cifras dejan muy en claro por qué desde 1990 el cáncer ha sido considerado un problema de salud pública en nuestro país. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, este problema ha ido creciendo de manera alarmante hasta nuestros días. La Sociedad Mexicana de Oncología (SMEO) señala que la incidencia de casos de cáncer en México aumentó 60% entre 1980 y 2017. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, hacia el año 2030, la incidencia de casos de cáncer aumentará a 75% en México.

El cáncer es un padecimiento que se relaciona a múltiples causas. Además de la propensión genética de algunas personas a desarrollar cáncer, existen otros factores que favorecen cuadros clínicos idóneos para la aparición de neoplasias, incluso en aquellas personas cuyo historial genético no tenía antecedentes clínicos; ello, sin discriminar si son niños o adultos, hombres o mujeres, de cualquier condición socioeconómica. De acuerdo con el Director General del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), Abelardo Meneses García, el 30% de los casos de cáncer se debe a malos hábitos y estilos de vida. Parece ser una contradicción que a mayor esperanza de vida, mayor sea el riesgo de enfermar, y mayor sea el riesgo de tener una mala calidad de vida.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran: una mala alimentación de la población a base de una dieta de constitución predominantemente ácida que, además de propiciar cuadros de sobrepeso, obesidad y diabetes, favorece el desarrollo de neoplasias; el aumento en los índices de tabaquismo, alcoholismo y drogas en general; el aumento de prácticas sexuales de alto riesgo que aumentan potencialmente las probabilidades de infecciones como el virus del papiloma humano (VPH); el incremento en el uso de terapias de sustitución hormonal; la prevalencia de condiciones laborales y urbanas que generan cuadros constantes de altos niveles de estrés; el aumento del sedentarismo y la falta de ejercicio; la exposición a altos índices de contaminación no solo del aire, sino de aguas y alimentos debido al mal manejo de sustancias, productos y residuos carcinógenos o a causa de accidentes industriales; la transición demográfica hacia una sociedad con tendencia al envejecimiento; malos hábitos de sueño, etc. Sin duda, los hábitos de vida en nuestras sociedades modernas están llevando cada vez más a prácticas pro-cancerígenas. Alejandro Mohar, coordinador del Registro Nacional de Cáncer, señala que, en nuestro país, fallecen 90 mil personas a causa de diferentes tumores malignos –el doble que en Estados Unidos-, de los cuales, al menos 30 mil podrían evitarse si se corrigieran los diversos factores de riesgo, se hicieran diagnósticos tempranos y se contara con el tratamiento óptimo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el establecimiento de un programa nacional de control de cáncer en aquellos países en donde la carga de esta enfermedad sea significativa, exista una tendencia ascendente de los factores de riesgo de cáncer y sea preciso hacer más eficiente y eficaz el uso de los recursos -por lo general limitados-, tal como es el caso de México. De acuerdo con la OMS, “Un programa nacional de control de cáncer es un programa de salud pública encaminado a reducir la incidencia y la mortalidad de los tumores malignos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer [...] mediante la aplicación sistemática y equitativa de estrategias basadas en datos para la prevención, la detección temprana, el tratamiento y la paliación, haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles”.

A lo largo de este sexenio, la política pública implementada en materia de cáncer ha tenido importantes resultados, como son: la reducción de la mortalidad y los costos de atención en los casos del cáncer de mama; el cambio a un modelo preventivo de seguridad social a partir de mayo 2017; el compromiso de la Secretaría de Salud, a cargo de José Narro Robles, para fortalecer las políticas públicas contra el cáncer; la especificación en la ley del VPH como un asunto con carácter de interés general y la aplicación de la vacuna como medida preventiva para combatir el cáncer cérvico-uterino; una mayor inversión en infraestructura, equipo tecnológico y aumento de cobertura para pruebas de detección de cáncer; la implementación del Expediente Clínico Electrónico y el Registro Nacional de Cáncer; la comunicación digital inter-nosocomial; la entrada en vigor en la Ciudad de México del decreto para establecer campañas permanentes de detección de cáncer de próstata; la atención de pacientes con cáncer en instituciones privadas con póliza del Seguro Popular; una mayor eficiencia del gasto público en la compra de insumos para la salud en 2017 y la mayor inversión de megalicitación histórica de México (50 mil millones de pesos) ese mismo año; entre otros.

Como puede apreciarse, México ha dado grandes pasos en el combate al cáncer. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe una política pública integral, sujeta a una prevención, evaluación y control constantes, que permita la mejor optimización posible de los recursos humanos y materiales para el beneficio de los pacientes y de la salud pública en nuestro país -como bien lo corrobora el perfil oncológico de nuestro país según la OMS-. Nuestro sistema de salud aún adolece por su fragmentación, provocando que los recursos destinados a los programas de prevención y control (infraestructura, personal, equipamiento, tratamientos, etc) se distribuyan desigualmente. La falta de articulación entre los tres niveles de atención de la salud reduce la eficacia y eficiencia en el combate a las neoplasias. Se añade el hecho de que, en nuestro país, hay una carencia muy importante de personal especializado en cáncer (se calcula que la cifra no es mayor a 2 mil en todo el país). En las universidades hace falta preparar a los médicos generales y especialistas de todos los niveles y sectores para que puedan diagnosticar a tiempo muchos de los padecimientos, los cuales, en gran cantidad de casos, suelen ser confundidos con otro tipo de enfermedades cuando apenas se encuentran en las primeras etapas del desarrollo de las neoplasias.

El establecimiento de un Programa Nacional de Cáncer se vuelve aún más imperativo, toda vez que, ante el panorama económico y financiero internacional, la racionalización de los recursos no solo es fundamental y necesaria, sino que se convierte en un problema moral dada la actual coyuntura política, cultural y socioeconómica por la que atraviesa el país. Además, durante los últimos años, el panorama internacional ha obligado al gobierno mexicano a hacer recortes en el presupuesto, afectando con ello la cantidad de recursos destinados a la salud año con año. La prevención y el diagnóstico oportuno, en el largo plazo resultan ser mucho más baratos y con mejores resultados.

Si añadimos que, en comparación con América Latina, que destina en promedio 4.6% del PIB a salud, México sólo destina el 3.3%, con lo anteriormente señalado, se agrava todavía más la situación. Por otra parte, a pesar de los logros administrativos logrados por el IMSS con las megalicitaciones para las compras consolidadas, los gobiernos estatales de varias entidades (Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) al decidir no participar en el proceso -aduciendo principalmente que estos procesos no garantizan un abasto eficiente de los recursos-, han desaprovechado la oportunidad de hacer más solvente el abasto de medicamentos. Se añade a todo esto el problema de la corrupción que tanto ha golpeado al Estado mexicano, incluyendo al sector de la salud.

No obstante lo anterior, en octubre de 2014, el Instituto Nacional de Cancerología (InCan), por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, creó el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México (PIPCCM). Su principal objetivo es integrar el manejo del cáncer en todos los niveles y sectores de atención para el año 2020, así como establecer un órgano, el Consejo Nacional del Cáncer, que trabajará de manera colegiada con todas las instituciones de salud en el país para hacerle frente al problema en cuestión. El PIPCCM pretende establecer las líneas específicas que permitan optimizar la calidad, cantidad, efectividad, eficacia y transparencia de los servicios para pacientes con cáncer, a través de seis ejes: I) Prevención primaria; II) Tamizaje y detección oportuna de cáncer; III) Tratamiento estandarizado; IV) Cuidados paliativos; V) Rehabilitación, y; VI) Investigación y financiamiento. Derivado de esto, el InCan propuso 14 líneas de acción para el control integral del cáncer en México:

1. Continuar con las campañas existentes y diseñar estrategias nuevas para reducir la prevalencia de tabaquismo;

2. Promover la actividad física en la población mexicana;

3. Promover la dieta saludable en la población mexicana;

4. Promover la regulación sanitaria que evite la exposición ambiental y laboral a carcinógenos conocidos;

5. Propiciar altas coberturas de vacunación contra el virus de hepatitis B y el VPH;

6. Establecer un registro con base poblacional y cobertura amplia;

7. Incrementar la detección temprana a través de servicios específicos que garanticen eficiencia y calidad;

8. Mejorar la calidad y oportunidad del tamizaje, diagnóstico y tratamiento integral mediante la formación de recursos humanos y la capacitación continua;

9. Empoderar al médico general o de primer contacto como pieza clave de la detección oportuna del cáncer mediante la identificación de signos de alarma y la referencia oportuna a clínicas de diagnóstico;

10. Definir y cumplir estándares de calidad para el diagnóstico temprano, para la referencia a diagnóstico confirmatorio y para ingreso a tratamiento;

11. Crear un modelo de referencia y contra referencia que permita la atención oportuna del cáncer;

12. Fortalecer la gestión de medicamentos, insumos y equipos médicos de acuerdo a las necesidades prioritarias, así como la elaboración de guías clínicas;

13. Cumplir con los estándares internacionales en tiempos, entre la sospecha, confirmación diagnóstica e inicio de tratamiento;

14. Definir criterios mínimos que permitan a través de equipos de salud multidisciplinarios e intersectoriales, los cuidados paliativos a los pacientes con cáncer.

Es importante reconocer y aprovechar la voluntad manifiesta del Ejecutivo de impulsar el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México –lo cual va en sintonía con las recomendaciones de la OMS y a la par de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile y Colombia en la misma materia- y de trabajar en el combate contra el cáncer para darle mayor y certero impulso a esta política pública, y hacer que los esfuerzos logrados hasta el día de hoy, por parte de todos los sectores involucrados (público, privado y sociedad civil), sean condensados en un Programa Nacional de Control de Cáncer, cuyas directrices generales estén especificadas en la Ley, de modo que dicho programa pueda garantizar y materializar sus objetivos propuestos a favor de la salud de todos los mexicanos. Esto, debe hacerse de manera similar y complementaria a lo logrado con la creación del Registro Nacional de Cáncer.

El Programa Nacional de Control de Cáncer en México deberá:

• Establecer como finalidad general la reducción de la incidencia de la enfermedad y mortalidad causadas por el cáncer, así como mejorar la supervivencia general y la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

• Crear el Consejo Nacional de Cáncer, órgano de carácter multidisciplinario, encargado de coordinar a las demás instituciones y sectores participantes, y de diseñar la política en la materia.

• Establecer un control integral del problema del cáncer para toda la nación, que incluya las fases de prevención, detección temprana, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación.

• Integrar la política pública en materia de cáncer en los tres niveles del sistema de salud tanto en el sector público como el privado.

• Articular el sistema de salud nacional con las universidades, centros de investigación e instituciones de servicios de salud pública y dar seguimiento de los pacientes supervivientes de cáncer en el primer nivel de atención.

• Vincular las actividades de prevención y control del cáncer con otros programas, convenios y alianzas del sector salud con otros sectores del gobierno y participantes de la sociedad civil.

• Impulsar la cooperación con un enfoque intersectorial de los diferentes participantes al interior y exterior del país (ámbito público, privado, sociedad civil, organismos internacionales).

• Involucrar a profesionales de la salud con experiencia en control de enfermedades y aplicación de programas de salud en gran escala, especialistas en cáncer, trabajadores del sector salud, grupos de pacientes, representantes de otros sectores involucrados y líderes gubernamentales y no gubernamentales, para la formulación y aplicación de las estrategias y objetivos generales y específicos.

• La formulación de políticas deberá estar basada en información completa, fiable e integral (datos demográficos, socioeconómicos, cuadros de otras enfermedades y factores de riego, capacidades institucionales y humanas, etc.), para lo cual, deberá estar estrechamente ligada con el Registro Nacional de Cáncer y el Expediente Clínico Electrónico, y otras fuentes de información de calidad.

• La toma de decisiones deberá ser democrática y deberá tomar en cuenta las prioridades que sean viables, aceptables y pertinentes para la sociedad, según los cuadros epidemiológicos de la población y la disponibilidad de los recursos.

• Facilitar y mejorar el acceso a terapias innovadoras, incluyendo los avances más recientes en biogenética, inmunoterapia, biotecnología y nanomedicina.

• Hacer frente a la escasez de los recursos mediante un uso transparente, eficiente y eficaz de los mismos.

• Mantener campañas informativas que recalquen la magnitud del problema nacional y la naturaleza multifacética del programa, así como la importancia de la prevención, detección y tratamiento.

• Crear una plataforma sólida para que el programa pueda ser mantenido y puesto en práctica a largo plazo, por lo que deberá considerar la situación del presente y pensar también en el futuro, en función de los cambios epidemiológicos de la población.

• Los recursos para el programa deberán ser proporcionados por el Estado y podrán ser complementados mediante donación y recaudación especial de fondos.

• Se deberán vincular los recursos disponibles de programas ya existentes que tienen relación con el cáncer (dado su carácter multifactorial) como el caso de control de enfermedades no transmisibles, obesidad y diabetes, tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual, vacunación, gastos catastróficos, entre otros, a modo de optimizar la disponibilidad de insumos, medicamentos, equipo, etc, y asegurar que la distribución de estos sea equitativa.

• Evaluar y monitorear constantemente las políticas implementadas con base a criterios de calidad, eficiencia y eficacia de los resultados y sus efectos en las personas que fueron beneficiadas con el programa, en las distintas fases de control del programa (prevención, detección temprana, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación). Para ello será necesario especificar la autoridad evaluadora, así como los métodos y parámetros de evaluación, los cuales también deberán ser integrales.

• Armonizar y producir la legislación y normatividad adicional o complementaria que sea necesaria.

Dado lo expuesto anteriormente y con fundamento en:

• El Artículo 4o. Constitucionalel cual establece que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la protección de la salud;

• El artículo 158 de la Ley General de Salud (LGS) que establece que la Secretaría de Salud (SSA) y los gobiernos de las entidades federativas realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (ENTS) que las propias autoridades determinen;

• El artículo 159 de la LGS que establece que el ejercicio de la acción de prevención y control de ENTS comprenderá entre sus medidas la detección oportuna de ENTS, evaluación de riesgos para contraerlas, prevención específica y vigilancia, realización de estudios epidemiológicos, difusión de dietas, hábitos alimenticios, medidas higiénicas para el control de padecimientos, y demás medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos;

• El artículo 160 de la LGSque establece que la SSA coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas para investigación, prevención y control de ENT;

• El Capítulo III BIS de la LGS que establece diversas disposiciones para el Registro Nacional de Cáncer.

• El artículo DÉCITMO CUARTO TRANSITORIO del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003 por el cual hacen modificaciones a la LGS, estableciéndose que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, referido en el artículo 77 Bis 29 de la LGS, incluirá entre sus categorías las del diagnóstico y tratamiento del cáncer;

• La ESTRATEGIA 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud del Plan Nacional de Desarrollo, se establece entre sus líneas de acción: garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud; reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión, fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata; privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general; Coordinar actividades con los sectores productivos para el desarrollo de políticas de detección, prevención y fomento sanitario en el ámbito laboral; controlar las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable;

• La ESTRATEGIA 2.5. Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvicouterino, de mama y próstata del PLAN SECTORIAL DE SALUD 2013-2018, se establece en sus líneas de acción: 2.5.1. Establecer acciones de comunicación de riesgos de neoplasias malignas; 2.5.2. Promover la detección temprana de neoplasias malignas; 2.5.3. Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, particularmente cérvico-uterino y de mama; 2.5.4. Elaborar y difundir evaluaciones de desempeño de los programas de tamizaje de cáncer cérvico -uterino y de mama; 2.5.5. Fomentar la revisión rutinaria para detectar factores de riesgo de enfermedad prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias malignas; 2.5.6. Fortalecer la detección temprana y referencia oportuna para el tratamiento adecuado de pacientes oncológicos en menores de 18 años; 2.5.7. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas; 2.5.8. Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia; 2.5.9. Fortalecer las competencias profesionales del personal de salud en la atención integral del paciente oncológico menor de 18 años.

• La META 4.A Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años de los Objetivos del Milenio firmados por la OMS y por México que establece entre las causas de muertes de niños y niñas de 1 a 4 años de edad la aparición de tumores malignos.

• La Meta 5.B. Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva de los Objetivos del Milenio, firmados por la OMS y por México, establece entre sus indicadores para reducir la mortalidad materna cinco aspectos fundamentales para acelerar la reducción de la mortalidad materna, entre ellos, combatir las infecciones de transmisión sexual (its), incluyendo el vih, las infecciones del tracto reproductivo, el cáncer cervico-uterino y otras patologías ginecológicas.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XVI Ter al artículo 3° de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XVI Bis. ...

XVI Ter. El Programa Nacional de Control de Cáncer.

XVII a XVIII. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un Capítulo III Ter al Título Octavo denominado “Del Programa Nacional de Control Cáncer” que comprende del Artículo 161 BIS al Artículo 161 XXX, de la Ley General de Salud:

Título Octavo
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes
Capítulo III Ter
Del Programa Nacional de Control de Cáncer

Artículo 161 Ter. El Programa Nacional de Control de Cáncer tiene como objetivo general la reducción de la incidencia de la enfermedad y mortalidad causadas por el cáncer en la población en México, así como mejorar la supervivencia general y la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, mediante un uso óptimo, eficaz, eficiente y transparente de los recursos humanos y materiales disponibles, destinados a brindar los servicios de salud en la materia.

El programa establecerá las líneas de acción específicas para el control integral del cáncer, con base a estándares de calidad, y deberá contar con una plataforma sólida que permita su puesta en práctica y que garantice su funcionalidad a largo plazo, tomando en cuenta los cambios epidemiológicos de la población en México.

Artículo 161 Ter 2. Se considera al cáncer como un padecimiento cuya causa es provocada por múltiples factores que transforman las células normales en células tumorales. Dichos factores involucran tanto a la propia genética del paciente como a la interacción con agentes externos, los cuales pueden ser físicos, químicos y/o biológicos. El envejecimiento es otro factor importante a considerar en el desarrollo del cáncer.

Artículo 161 Ter 3. El programa referido en el Artículo 161 Ter llevará un control integral del cáncer basándose en seis ejes rectores: I) prevención primaria; II) tamizaje y detección oportuna de cáncer; III) tratamiento estandarizado; IV) cuidados paliativos; V) rehabilitación, y; VI) investigación y financiamiento.

Para ello, será imprescindible integrar los servicios de salud pública y las políticas relacionadas en la materia con todos los niveles del sistema de salud y de gobierno. Asimismo, se vinculará a los sectores público, privado y de la sociedad civil bajo un enfoque de cooperación intersectorial e interinstitucional.

El médico general o de primer contacto fungirá como pieza clave dentro de todo el proceso de control de cáncer para que se lleve a cabo la detección oportuna del padecimiento o de los cuadros de riesgo que puedan favorecer las condiciones para desarrollarlo. El médico general podrá canalizar a las instituciones de oncología o especialidades respectivas cuando así lo considere necesario.

El Programa también deberá vincularse con las universidades, centros de investigación e instituciones de servicios de salud pública, con el fin de dar seguimiento a los pacientes que volvieron a ser canalizados al primer nivel de atención para el control de su tratamiento, y para la retroalimentación de las informaciones con fines de planeación e investigación.

Artículo 161 Ter 4. El Consejo Nacional del Cáncer será el órgano colegiado de carácter multidisciplinario, encargado de formular, diseñar, coordinar y evaluar las políticas para el control integral del cáncer. Será presidido por el Secretario de Salud.

El proceso de la toma de decisiones para la formulación y aplicación de las estrategias, y de los objetivos generales y específicos, deberá involucrar a profesionales de la salud con experiencia en el control de enfermedades, en la aplicación de programas de salud a gran escala, especialistas en cáncer, trabajadores del sector salud, grupos de pacientes, representantes de otros sectores involucrados y líderes gubernamentales y no gubernamentales.

Para la toma de decisiones se deberán considerar las prioridades que sean viables, aceptables y pertinentes para la sociedad, según los cuadros epidemiológicos de la población y la disponibilidad de los recursos.

Artículo 161 Ter 5. Las políticas para el control integral del cáncer deberán:

I) Basarse en información completa, fiable y de calidad, para lo cual serán considerados los datos del Registro Nacional de Cáncer y demás fuentes de información que se consideren pertinentes;

II) Mantener de manera permanente campañas informativas que enfaticen la naturaleza multifactorial del cáncer y la magnitud de este problema a nivel nacional. Las campañas también harán énfasis en la importancia de la prevención y la detección oportuna del padecimiento;

III) Mantener, combinar, complementar y/o innovar las campañas existentes que puedan tener relación con factores de riesgo para desarrollar cáncer; fomentar los buenos hábitos saludables y estilos de vida;

IV) Incrementar, mejorar e innovar constantemente las políticas de detección temprana de cáncer a través de servicios específicos de calidad;

V) Mejorar la calidad de los servicios mediante la capacitación permanente del personal de salud, la elaboración y actualización de guías clínicas, la optimización de los procesos, y el uso eficiente de los recursos disponibles;

VI) Impulsar la vacunación contra aquellos virus que signifiquen factores de riesgo potenciales para el desarrollo de cualquier tipo de cáncer;

VII) Fortalecer la gestión de medicamentos, insumos y equipos médicos de acuerdo a las necesidades prioritarias; facilitar y mejorar el acceso a terapias innovadoras;

VIII) Promover la regulación sanitaria que evite la exposición ambiental y laboral a carcinógenos conocidos;

IX) Definir los criterios mínimos de los cuidados paliativos para los pacientes con cáncer;

Las políticas para el control integral del cáncer serán sometidas a evaluación constante, con base a resultados, de acuerdo a cada uno de los ejes rectores señalados en el Artículo 161 Ter 3, para su posterior consideración a que sean mantenidas, mejoradas, rediseñadas o eliminadas. El órgano responsable de las evaluaciones será el Consejo de Salubridad General.

Para la evaluación de los casos en que fue requerido un tratamiento, será necesario considerar los efectos de dicho tratamiento en la salud del paciente, tomando en cuenta si el paciente presentó mejoras o no, si empeoró, si tuvo complicaciones o incomodidades durante el tratamiento, o si hubo manifestación de efectos secundarios posteriores a este. Se deberán comparar los resultados de cada tratamiento y se dará preferencia a aquellos que sean los mejores tanto para el paciente como para la optimización de los recursos.

Artículo 161 Ter 6. Dado el carácter multifactorial del desarrollo del cáncer, los recursos que se destinen al Programa Nacional de Control de Cáncer cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Salud y de las Entidades de Control Directo, y podrán vincularse y/o complementarse con aquellos recursos de programas ya existentes y que tienen relación directa con los factores de riesgo asociados al cáncer, como es el caso de los programas para el control de enfermedades no transmisibles, obesidad y diabetes, tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual, vacunación, gastos catastróficos, entre otros.

El Consejo Nacional de Cáncer deberá emitir anualmente una propuesta presupuestal, de acuerdo con los tiempos establecidos en la Ley, considerando las prescripciones de este Capítulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Salud llevará a cabo una convocatoria para la discusión sobre la integración del Consejo Nacional de Cáncer y de su respectivo Reglamento.

TERCERO. Una vez finalizado el proceso de discusión referido al artículo SEGUNDO TRANSITORIO y establecidos los plazos acordados emanados de tal disposición, se llevará a cabo el proceso de armonización legal y de la producción de la legislación y normatividad adicional o complementaria que sea necesaria.

CUARTO. Para el ejercicio fiscal siguiente, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida que especifique los recursos destinados al Programa Nacional de Control de Cáncer.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

FUENTES:

Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Programa Sectorial de Salud.
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/index/ps_2013_2018.pdf
Instituto Nacional de Cancerología. Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México.
http://www.cefp.gob.mx/difusion/evento/2015/forocancer/presentaciones/p01.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México.
Informe de Avances 2013.
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/ODM/UNDP-
MX-ODM-InfMex2013.pdf?download

Organización Mundial de la Salud. Perfil Oncológico de Cáncer en México.
http://www.who.int/cancer/country-profiles/mex_es.pdf?ua=1

Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Programas Nacionales de
Control del Cáncer: políticas y pautas para la gestión.
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=18718&Itemid=270
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. El INCan,
encargado de ejecutar el programa integral de prevencion y control de cáncer en México.
https://www.gob.mx/insalud/articulos/el-incan-encargado-de-ejecutar-el-programa-
integral-de-prevencion-y-control-de-cancer-en-mexico?idiom=es

Secretaría de Salud. Comunicado 318. Cáncer, tercera causa de muerte en México.
https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico

Cámara de Diputados. Cada año se registran en México 13 mil 960 casos cáncer cervicouterino: Alpízar Carrillo.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Agosto/14/
3933-Cada-ano-se-registran-en-Mexico-13-mil-960-casos-cancer-cervicouterino-Alpizar-Carrillo

Alianza por la Salud. Cada hora mueren por cáncer hasta 3 personas en México.
http://alianzasalud.org.mx/2017/07/cada-hora-mueren-por-cancer-hasta-3-personas-en-mexico/
Milenio. Cáncer aumentará 75% hacia 2030: OMS.
http://www.milenio.com/salud/cancer-oms-presupuesto_salud-seguro_popular-pib-smeo_0_1016898320.html

Vértigo Político. VPH, responsable de cáncer de cabeza y cuello.
http://www.vertigopolitico.com/articulo/47667/VPH-responsable-de-cancer-de-cabeza-y-cuello
24 hrs. Cáncer cervicouterino: el segundo asesino de las mujeres mexicanas.
http://www.24-horas.mx/cancer-cervicouterino-el-segundo-asesino-de-las-mujeres-mexicanas-infografias/
ABC. La OMS relaciona la obesidad con ocho tipos de cáncer, cuyo vínculo con el sobrepeso no se conocía.
http://www.abc.es/sociedad/abci-relaciona-obesidad-ocho-tipos-cancer-cuyo-
vinculo-sobrepeso-no-conocia-201608251235_noticia.html

Reforma. Vinculan cáncer con la obesidad.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=
1168559&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?Id=1168559&v=2&Fuente=MD
La Jornada. Advierten incremento de cáncer bucal en mujeres que no fuman ni beben alcohol.
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/24/sociedad/034n1soc

Sin Embargo. Opacan los estados compra de fármacos / México alista otros TLC por si EU se sale.
http://www.sinembargo.mx/16-08-2017/3233816

Vértigo Político. VPH, responsable de cáncer de cabeza y cuello.
http://www.vertigopolitico.com/articulo/47667/VPH-responsable-de-cancer-de-cabeza-y-cuello






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El consumo de cualquier droga o estupefacientes es uno de los grandes problemas que enfrentan todos los gobiernos en el mundo, puesto que presupone un gran desafío de salud pública.

El alcohol es una de las sustancias más concurridas por la sociedad, ya que es muy fácil de obtener y  son utilizadas por lo general para socializar entre amigos, celebrar algún evento o simplemente para relajarse, si bien sus efectos varían de persona a persona derivado de la cantidad que se consume, la frecuencia con que se bebe, la edad, el estado de salud y los antecedentes familiares.

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que de acuerdo con el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2014, elaborada por la Organización Mundial para la Salud (OMS) el consumo por persona a nivel global en el año 2010 fue de 6.2 litros de alcohol puro en personas de 15 años en adelante (13.5 gramos por día).1

Asimismo, señala que aproximadamente 16% de los consumidores mayores de 15 años presentaron un consumo de riesgo, ya que se ingieren 60 gramos o más de alcohol (6 tragos estándar) al menos en una ocasión en los últimos 30 años, siendo uno de los cincos principales factores de riesgo para la enfermedad, la discapacidad y la muerte en todo el planeta.

Los episodios de consumo alto de alcohol fueron más frecuentes entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad y los mayores porcentajes de consumo excesivo se presentan en Europa (40%), América (29.3%) y la región del Pacífico Occidental (18.3%).

Este estudio menciona que son las mujeres quienes se abstienen en mayor medida en su consumo durante toda su vida, en promedio beben menos que los hombres y tiene menos episodios de consumo excesivo de alcohol; sin embargo estas diferencias entre sexos se hacen menores en las regiones de América, África y Europa.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, establece que el consumo en nuestro país alguna vez en la vida de la población se ha mantenido estable entre las mediciones de 2011 y 2016. No obstante, aunque en el último año se tuvo una disminución al pasar de 51.4% en 2011 a 49.1% en 2016, la cifras al último mes registraron un aumento de 31.6% a 35.9%.2

El consumo excesivo en el último mes que comprende la encuesta ENCODAT incrementó de 12.3% a 19.8% con relación al año 2011, para hombres pasó de 20.9% a 29.9% y en las mujeres de 4.1% a 10.3%, mientras que respecto al sector de entre los 12 y 17 años aumentó de 4.4% a 8.3%, especialmente de las mujeres pues su consumo creció 3.5 veces al pasar de 2.2% en 2011 a 7.7% en 2016.

Respecto al consumo diario, las cifras se han incrementado tanto en hombres como mujeres, de 0.8% a 2.9% y 5.4 a 8.5%, respectivamente. Solamente el 2.2% reportó dependencia al consumo del alcohol, y la edad de inicio se ha mantenido estable desde 2008 con una media de 17.9 años.

Las entidades que destacan con porcentajes por arriba de la prevalencia nacional para el último año son: Jalisco (63.7%), Colima (57.3%), Nayarit (57.2%), Ciudad de México (53.4%), Aguascalientes (58.8%), Quintana Roo (55.5%) y Nuevo León (30.3%).

El 9.1% de los hombres presentó problemas alguna vez en su vida en la escuela o el trabajo debido a su consumo de alcohol, porcentaje tres veces menor en las mujeres y respecto a los accidentes ocasionados por su ingesta ocurren en mayor medida en hombres que en mujeres.

En este sentido, en el último año, cerca de 700 mil acudieron a tratamiento, mientras que de los usuarios con dependencia lo han hecho 262 mil 053 personas, siendo las mujeres las que menos acuden. De igual forma, el 35.8% de los hombres y el 41.4% de las mujeres de 12 a 17 años considera peligroso el consumo de alcohol, percepción que aumenta respectivamente al compararlos con el grupo de no consumidores.

Los jóvenes se encuentran en constante riesgo debido a que fisiológicamente, se encuentran todavía experimentando cambios en su desarrollo, el cerebro del adolescente se encuentra en un alto nivel de desarrollo y este desarrollo establece las bases para las habilidades de la persona en su vida adulta.3

De acuerdo con especialistas, entre los factores que conllevan al consumo de alcohol en menores de edad se encuentra la familia, los amigos, los medios de comunicación, las normas culturales y la religión, así como las políticas gubernamentales, puesto que se ha comprobado que la promoción de bebidas alcohólicas en los medios publicitarios influye en la decisión de los adolescentes para beber.

Por todo lo anterior, es necesario que la Secretaría de Salud en función de sus atribuciones, continúe fortaleciendo la implementación de estrategias que ayuden a disminuir el número de consumidores de alcohol, especialmente en esta temporada decembrina, que con motivos de las fiestas de Navidad y de Fin de Año, suelen aumentar de manera importante entre la población, lo que induce al incremento del número de accidentes y de pérdida de vidas por esta causa.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud  para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes que son el sector más vulnerable, lo cual atenta contra su salud e integridad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente.

1 https://drive.google.com/file/d/1rMlKaWy34GR51sEnBK2-u2q_BDK9LA0e/view

2 https://drive.google.com/file/d/1rMlKaWy34GR51sEnBK2-u2q_BDK9LA0e/view

3 https://www.saberdealcohol.mx/content/consumo-de-alcohol-en-la-adolescencia






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a coordinar esfuerzos entre las dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como con el gobierno federal, para que se establezcan políticas públicas, acciones y programas que tengan un impacto positivo en la producción, distribución y promoción de la cocina tradicional yucateca. Se turna a la Comisión de Turismo.

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que en México, la Secretaría de Cultura federal, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, creada en 1978 con la finalidad de promocionar, estudiar, conservar, difundir y desarrollar las culturas populares en México, tiene por encomienda impulsar la diversidad cultural y salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial del País1.

Que la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán, tiene entre sus mandatos “la preservación, investigación, fortalecimiento y difusión de los bienes culturales reconocidos como propios por los yucatecos”2, entre ellos, los que conforman el patrimonio inmaterial, particularmente la gastronomía.

Que derivado de lo anterior queda claro que es tarea del Ejecutivo Federal, del Legislativo Federal, del Ejecutivo Estatal y del Legislativo Local impulsar acciones que deriven en beneficio de la sociedad yucateca, protegiendo en todo momento las tradiciones, los usos y las costumbres de la región.

Que corresponde a las autoridades locales promover leyes que le brinden a la cocina yucateca el valor que merece, haciendo especial énfasis en las tradiciones locales y fomentando siempre el mejoramiento en las condiciones laborales de los trabajadores del sector gastronómico del estado.

Que México cuenta con diversas tradiciones llenas de mezclas culturales, entre ellas la gastronomía, que ha sido reconocida mundialmente, tal es el caso de lo aprobado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que agregó a “La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán” a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad3.

Que a raíz de la combinación de las tradiciones mayas y los hábitos españoles, los deleites culinarios de la cocina típica yucateca están hechos de una exquisita mezcla de ingredientes utilizados por los antiguos mayas, que se caracteriza por la inigualable combinación de condimentos y especias.

Que derivado de lo anterior, la cocina yucateca cuenta con platillos de excelente calidad, sabores diversos y tradiciones ancestrales, que deben ser procurados por las autoridades locales y federales.

Que es obligación de las autoridades locales y federales, mediante políticas públicas bien estructuradas y fundamentadas en el marco de la Ley aplicable, potenciar el fomento de las tradiciones yucatecas, priorizando en todo momento el apoyo a los pequeños productores, que conserven las recetas originales de cada región y así continuar con las tradiciones hasta hoy preservadas en la cocina yucateca.

Que el Decreto publicado por el Gobierno del Estado de Yucatán por el que se declara la Gastronomía Yucateca “Patrimonio cultural intangible del estado de Yucatán”4 establece que las secretarías estatales correspondientes deberán promover la gastronomía yucateca a nivel estatal, regional, nacional e internacional.

Que es relevante constituir una Política de Fomento a la Gastronomía Nacional5 orientada a fortalecer y potenciar la oferta gastronómica mexicana, sus productos, platillos, instrumentos, procedimientos, tradiciones y actores involucrados, así como la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana que incluya a campesinos, pequeños productores, empresarios, cocineras tradicionales y prestadores de servicios vinculados a la producción, transformación, comercialización y promoción de productos y servicios.

Que la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional tiene como objetivo potenciar la oferta gastronómica del país como un medio para promover la riqueza natural y cultural de México, fomentar el turismo y generar desarrollo productivo regional6, así como fortalecer la cadena de valor gastronómica de México y promover integralmente la gastronomía mexicana.

Que la gastronomía es un claro ejemplo de un sector estratégico para el país, ya que además de ser un distintivo de México en el mundo, es un importante generador de empleos y desarrollo regional. Su cadena de valor incluye desde las actividades primarias, como la agricultura, ganadería y pesca, pasando por la transformación, hasta los prestadores de servicios de alimentos, como los mercados, las tiendas y los restaurantes. Es además uno de los grandes atractivos turísticos de nuestro país y genera una importante derrama económica, de aproximadamente el 30% del gasto turístico total7.

Que el Gobierno Federal en conjunto con el gobierno local debe de promover acciones que deriven en la creación de nuevos empleos de calidad que mejoren el bienestar económico y social de las familias yucatecas, priorizando las tradiciones locales.

Que la Secretaría de Cultura Federal, en conjunto con la Secretaría de la Cultura y las Artes del estado de Yucatán, está obligada a propiciar los escenarios adecuados a los productores mexicanos para que se fortalezcan los sectores que dinamicen el crecimiento del sector gastronómico en el estado, esto incluye promover la creación de eventos culturales que fomenten la cocina yucateca, la inversión en nuevas tecnologías encaminadas a mejorar la eficiencia de los productores locales, y reforzar las campañas de promoción de los destinos turísticos del estado que impacten significativamente en el mercado gastronómico.

Que “El encuentro de cocineras tradicionales” como un evento para promocionar la cocina de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, es un buen primer paso para dinamizar el sector gastronómico de la península, sin embargo debe considerarse un proyecto integral que se enfoque en la cocina yucateca, no por merecimiento e importancia frente a las demás tradiciones gastronómicas de la región, sino por el impulso que el proyecto en cuestión puede generar en la economía del estado y el bienestar de los ciudadanos.

Que derivado de los bajos niveles de productividad, de la desarticulación de la cadena de valor del sector gastronómico, y de la falta de inversión en desarrollo e innovación, es necesario promover una feria regional gastronómica que dinamice las cadenas productivas del sector a fin de cumplir con lo establecido en las políticas públicas estatales y federales.

Que como un ejemplo de éxito de la propuesta establecida se encuentra la Feria Nacional del Mole, en la Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, celebrada desde hace más de cuarenta años y cuyo único fin es promover y comercializar los productos elaborados en la región.

Es por lo anteriormente expuesto que la cocina tradicional yucateca es una fuente de oportunidad para el desarrollo nacional y regional, por lo que las autoridades locales correspondientes deben de fomentar acciones y programas que tengan un impacto positivo en la producción, distribución, comercialización, transformación y vinculación turística en el sector gastronómico estatal.

De conformidad con lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Yucatán a coordinar esfuerzos entre las dependencias de la administración pública estatal y municipal, así como con el Gobierno Federal, para que se establezcan políticas públicas, acciones y programas, que tengan un impacto positivo en la producción, distribución y promoción de la cocina tradicional yucateca, priorizando en todo momento apoyos a pequeños productores y cuidando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal, para que, en conjunto con el Gobierno del estado de Yucatán, implementen una feria nacional para conmemorar en toda la entidad la riqueza de la cocina yucateca.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/direccion-general-de-culturas-populares-indigenas-y-
urbanas

2 http://www.culturayucatan.com/secciones/ver/departamento-de-patrimonio-cultural

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura,
https://ich.unesco.org/es/listas#2010.

4 Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/files-
content/general/0a8117424ee8755cf95420c5b6f29cea.pdf

5 https://www.gob.mx/productividad/articulos/politica-de-fomento-a-la-gastronomia-nacional-14077?idiom=es

6 Política de Fomento a la Gastronomía Nacional,
http://venacomer.com.mx/sites/default/files/politica_de_fomento_a_la_gastronomia_nacional.pdf

7 Política de Fomento a la Gastronomía Nacional,
https://www.gob.mx/productividad/articulos/politica-de-fomento-a-la-gastronomia-nacional-14077?idiom=es






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a los Órganos Implementadores de las entidades federativas, a remitir un informe sobre las acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sistema de impartición y administración de justicia debe evolucionar a la par del contexto en que se desenvuelve la sociedad y sus diversos sectores. Uno de los retos a los que se ha tenido que enfrentar dicho sistema, gira en torno a la responsabilidad de los menores en la comisión de conductas tipificadas como delito en la legislación penal.

La misma evolución del crimen, el criminal y la criminalidad han acompañado a la sociedad contemporánea, dando como resultado que en los elevados índices de incidencia delictiva se encuentren involucrados menores de edad. Es indubitable que la sociedad en general reprocha cualquier conducta que atente contra su bienestar y que transgreda el orden, así como los valores socialmente protegidos.

Especialistas en la materia, han tratado de abordar el tema en los últimos años a la luz de los derechos humanos consagrados no solo en la Constitución Federal, sino también en los diversos Tratados Internacionales de los que México es parte. Paulatinamente se ha intentado transitar o encontrar un debido equilibrio entre el extremo de un Estado paternalista a un Estado represivo, para comenzar a concebirlo como un Estado garantista.

Al respecto se dice que “el descubrimiento del concepto de niñez y la tutela de los derechos de los menores están animados por una mezcla de vergüenza y necesidad de orden. Por un lado, la vergüenza de saber las condiciones en que los menores eran tratados, particularmente en el ámbito de la represión penal; por otro lado, la necesidad de poner orden en la organización social, de forma que la niñez se pudiera prolongar a través de la escuela, que junto con la familia, era la institución encargada de mantener la separación entre el mundo de los menores y el mundo de los adultos”.1

De este modo, sin aventurarse a abordar las diversas posiciones respecto a la inimputabilidad de los menores de edad, es oportuno decir que en México se ha tenido un avance enorme en la materia. La base actual del sistema integral de justicia para adolescentes se encuentra inserta en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que dicho precepto ha sido modificado en múltiples ocasiones, no obstante, desde la reforma legislativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, se instauró el sistema referido. A partir de ello, las entidades federativas, y el entonces Distrito Federal, se dieron a la tarea de crear el marco jurídico adecuado e instituciones especializadas para operar el sistema de forma local.

Una de las características por las que esta reforma representó un cambio importante   para el sistema de justicia nacional, es que se transitó a una nueva concepción de la infancia y la relación de ésta con la justicia. Se hizo imprescindible la sustitución de los sistemas tutelas que predominaban en el país, para dar paso a un nuevo sistema basado en: el reconocimiento de los menores como sujetos de derechos; la concepción de grupos etarios; los principios del interés superior de la infancia, protección integral y desarrollo progresivo; y el reconocimiento, aunado a los derechos que tienen todas las personas, de derechos especiales por su estatus jurídico singular.

Aun cuando la reforma al artículo 18 constitucional en su momento representó un avance significativo en la materia, fue una realidad que las entidades federativas se apresuraron sin una visión congruente a cumplimentar el desafío que representaba consolidar un sistema de justicia juvenil con perspectiva de derechos humanos. De este modo, se siguieron observando legislaciones locales impregnadas de prácticas tutelares e inquisitorias con una exagerada inclinación al encierro.

Derivado de lo anterior, se dio paso a las reformas de 2008 y 2011 al precepto constitucional, mismas que, “armonizaron el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al sistema de protección de los derechos humanos, con lo que se reafirmó que el proceso penal para adolescentes debía adecuarse a los principios acusatorio y oral, además de los establecidos en el nuevo procedimiento y al control de convencionalidad, que señala como obligación del Estado mexicano garantizar los derechos humanos mediante la verificación de los tratados internacionales ratificados por éste”.2

Sobre esto último, es importante mencionar algunos de los instrumentos internacionales de los que México es parte y que son significativos en la materia. En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, contiene las bases fundamentales que deben ser observadas por los Estados; por ejemplo, el artículo 37 de dicho instrumento dispone que los Estados deben velar por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias  excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

En el mismo sentido, el artículo 40 de la Convención referida exige que cuando se acuse a un niño o niña por la comisión de un delito, deben observarse todas las   garantías del debido proceso legal, de entre las cuales destaca: la presunción de inocencia; a ser informado de la acusación; recibir asesoría jurídica adecuada; tener acceso a una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, entre otras.

De forma complementaria, también vale la pena hacer alusión a la existencia de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, mismas que a grandes rasgos “establecen las normas para la prevención de la delincuencia juvenil e incluso medidas de protección de personas jóvenes quienes han sido abandonadas, descuidadas, abusadas o quienes se encuentran en situaciones marginales – en otros términos, en riesgo social”.3

Por último, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, “tienen en cuenta los diversos marcos nacionales y estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas para la administración de la justicia para jóvenes. Representan un mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley”.4

Tal como se infiere de lo anterior, la voluntad internacional ha expresado su preocupación en la materia, instituyendo de forma consensuada los principios, directrices y reglas básicas que los Estados deben seguir para consolidar plenamente los derechos humanos, sobre todo, los que especialmente les asisten a los menores de edad en conflicto con la legislación penal.

Ahora bien, continuando con las modificaciones que ha sufrido el artículo 18 constitucional, cabe señalar que la reforma de 2015 homologó el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, al referirse que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral; además, facultó en exclusiva al Congreso de Unión para legislar en la materia. Reformó los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 constitucional, homologó el lenguaje utilizado por el constituyente en la reforma de 2008 en materia del Sistema Penal Acusatorio, al referirse a la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito; lo que dejó en claro que este sistema es de naturaleza penal.5

De este modo, el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015, mandató al Congreso de la Unión a que expidiera la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes.

Derivado de lo anterior, el legislativo se dio a la tarea de elaborar la normatividad conducente, siendo el 16 de junio de 2016 cuando se publica en forma la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Al tratarse de una legislación de carácter nacional, quedaron abrogadas: la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y las leyes respectivas de las entidades federativas.

En el ámbito normativo se plasmó una de las grandes preocupaciones y se dio otro paso fundamental, puesto que al observarse diversos entandares internacionales, se atiende en principio a la exigencia generalizada de un sistema de impartición de justicia especializado y acorde al marco de principios y derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

El objetivo primordial de la Ley, es establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana; los principios y derechos en el procedimiento, prisión preventiva o internamiento; derechos de las víctimas; autoridades competentes y auxiliares, mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros aspectos fundamentales.

Sin embargo, es una realidad que el desafío para consolidar el sistema requiere trascender de lo normativo, a fin de que pueda verse materializado en toda la República. A poco más de un año de la entrada en vigor de la Ley en comento, es necesario un diagnostico continuo de la implementación del sistema integral; en este sentido, tomando en consideración que constitucionalmente la Federación y las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo las acciones conducentes para la implementación y consolidación del sistema, es imprescindible que se informe sobre los avances conseguidos hasta el momento.

Por lo anterior, a través de la presente proposición con Punto de Acuerdo, se pretende exhortar al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a los Órganos Implementadores de las entidades federativas, a remitir un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Es importante conocer los avances, o en su caso, los obstáculos relacionados con la implementación y consolidación del sistema integral, puesto que si se identifica a detalle el estatus en cada entidad federativa, será más fácil focalizar las acciones conducentes para dar cumplimento a la reciente Ley. Actualmente México tiene el compromiso de consolidar, en la mayor medida de lo posible, un marco de promoción, protección, respeto y garantía de todos los derechos humanos, por ello, el correcto funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es toral en esta tarea.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a los Órganos Implementadores de las entidades federativas, a remitir un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Vasconcelos Méndez, Rubén. La justicia para adolescentes en México, UNAM-UNICEF, México, 2009, consultado el 11/12/2017 [en línea], disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/Libro_justicia.pdf

2 Álvarez García, Ivonne Liliana. “El nuevo sistema de justicia penal para adolescentes”, en Dfensor, núm. 09, año XIV, septiembre 2016, Revista mensual de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consultada el 11/12/2017 [en línea],
disponible en: http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_09_2016.pdf

3 Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. Preguntas frecuentes, sitio consultado el 11/12/2017 [en línea], disponible en:
http://www.oijj.org/es/preguntas-frecuentes#152476-0

4 Ídem.

5 Álvarez García, Op. Cit.






Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal; al gobierno y al Congreso del estado de Michoacán a atender la crisis financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y terminen con la situación de no pago a los trabajadores que lleva ya más de 40 días. Se turna a la Comisión de Educación.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

La crisis financiera e institucional por la que atraviesa actualmente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo representa también el mayor desafío que enfrenta la Casa de Hidalgo en su época contemporánea, ya que ha llegado a un punto en el que, de manera irresponsable, algunas voces han solicitado que se declare la insolvencia de la Universidad, se despida masivamente a trabajadores profesores e investigadores, se lleve a cabo su cierre para luego recontratarlos en un nuevo esquema.

Lo anterior más bien expresa la absoluta irresponsabilidad e insensibilidad con la que algunas autoridades han actuado ante esta crisis; además, es parte del ataque sistemático a la educación pública en Michoacán, en particular, y en México, en general, que, al menos en este sexenio, ha impulsado su mercantilización y su transformación: de ser un derecho pasa a ser una mercancía. Este tipo de enfoques también ignoran la historia de la misma Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las razones de su creación y el legado vivo que significa para la sociedad esta institución.

Se requiere de esfuerzos, planteamientos, propuestas y un amplio debate que abran las puertas de una solución real, a la altura de la UMSNH, de su historia y de su importancia en la vida de todas y todos los michoacanos.

En primer lugar, se debe reconocer tanto la falta de pago a los trabajadores y del pago de jubilaciones, el cual se encuentra contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en la Declaración de los Derechos Humanos, son apenas el síntoma de una problemática mayor y que tiene que ver en gran medida con la tendencia estructural de los recortes presupuestales a las universidades públicas de todo el país, que se suma a la pésima gestión financiera de autoridades universitarias, y a la discriminación y exclusión sistemática en contra de estudiantes de bajos recursos que, por lo regular, solicitan su acceso a universidades como la nicolaita y que no son una prioridad para los gobiernos tanto estatales como para la Federación, en materia de educación superior. Además, los recortes a la educación en Michoacán no sólo afectan a la educación superior sino también a la media superior (bachillerato), que es el Alma Mater de la UMSNH.

Esta crisis también exige el deslinde de responsabilidades y un diagnóstico que compete tanto a las autoridades estatales como a la Federación, pero también a las autoridades de la UMSNH, a los profesores-investigadores, a los alumnos y a los trabajadores: sin los esfuerzos de todos ellos no se podrán proponer alternativas ni soluciones sólidas y de corto, mediano y largo plazo. La UMSNH necesita de un nuevo pacto social sobre educación pública y superior en Michoacán.

Por lo anterior, las autoridades gubernamentales deben aclarar las razones por las que vienen recortando sistemáticamente los presupuestos a la UMSNH, las consecuencias en esta crisis de estos recortes; las autoridades nicolaitas, las actuales y las últimas administraciones, también deben aclarar y deslindar responsabilidades en lo que se refiere al presupuesto asignado a la Universidad y a su gestión.

La UMSNH espera que sus autoridades y trabajadores, sus profesores, investigadores y estudiantes, sepan honrar su trayectoria, su legado vivo, humanista y científico, para seguir garantizando el derecho humano a la educación superior. Las autoridades tanto estatales como de la Federación deberán contribuir a las soluciones y, en este contexto, son inaceptables las posiciones que exigen el colapso financiero de la UMSNH: deben asumir también su responsabilidad en esta crisis y el daño que los recortes presupuestales de los últimos años han causado a la educación superior en nuestro país y, concretamente, en Michoacán.

La inequidad presupuestaria es muy evidente en el caso de Michoacán: no se trata igual a todas las universidades del país y es posible ver esto en el costo por alumno. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibe 54 mil pesos por alumno, mientras que la UNAM recibe 104 mil y otras universidades 70 mil. Esto porque, pese a que la Universidad Michoacana recibe a alumnos de 26 estados, aproximadamente, no es considerada como una Universidad Regional.

Exigimos un trato equitativo e igualitario para la educación superior en Michoacán.

Tal parece que hay un acuerdo tácito de dejar morir a las universidades estatales y a las instituciones de educación superior que representan lo mejor de nuestra tradición humanística y científica, así como una alternativa de formación profesional y laboral para miles de jóvenes en nuestro país y en nuestro estado.

Por lo tanto, se debe exigir también al Congreso del Estado de Michoacán que aumente o al menos mantenga igual el presupuesto anual para la UMSNH: no debería descender este presupuesto bajo ningún motivo, ya que esto provoca irremediablemente una situación de insolvencia y parálisis como la que se está viviendo. Es necesario indicar las dimensiones del recorte presupuestal, que este año fue del 10%, y enfatizar que nada parece justificarlo, ya que el presupuesto asignado al estado de Michoacán ha sido superior al de años anteriores.

Estamos ante una inminente violación al derecho humano y universal a la educación superior; además de que se están violando otra serie de derechos laborales. Tenemos que recordar que México ha suscrito tratados internacionales que protegen el derecho humano a la educación superior, otorgándoles un rango supra-constitucional y que el mismo control de convencionalidad permite invocar, en caso de su inminente violación, como es posible advertir en estas amenazas y conductas que ponen en riesgo la existencia misma de la UMSNH.

Además, estos convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano contemplan de manera fundamental la protección del derecho universal a la educación. En este aspecto, el Gobierno federal ha incumplido sistemáticamente con el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado para educación e investigación en su compromiso contraído como integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); este porcentaje es excesivamente bajo comparado con el resto de los países que integran este organismo y de la media deseable a nivel mundial. Según la revista Forbes, “la inversión de México equivale a 0.43% del Producto Interno Bruto (PIB). Rumania gasta 0.39% y Chile 0.36%”, que son los más bajos”. Según también Forbes: “El promedio de inversión de los países de la OCDE es de 2.4% del PIB. Israel y Corea son los mayores inversionistas en Investigación y Desarrollo con 4.21% y 4.15% de su PIB, respectivamente. Japón, Finlandia y Suecia completan el top 5 de las naciones que gastan más en este segmento. Las potencias económicas como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, aunque tienen niveles elevados, no rebasan 3% de su PIB”.

Además, México se obliga a cumplir los siguientes convenios:

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se puede leer en su Artículo 13: “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

En la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. UNESCO, en su Artículo 4, se fundamenta de la siguiente manera este derecho, al “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”.

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, en su Artículo 3, se plantea de la siguiente manera: “Igualdad de acceso (…) el acceso a los estudios superiores deberá estar basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad”.

Finalmente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 26, está redactado así: “Toda persona tiene derecho a la educación”.

Tanto el Gobierno Federal como el Gobierno y el Congreso de Michoacán deben actuar de manera inmediata y responsable, lo que quiere decir que deben asumir su compromiso en esta crisis que no sólo es financiera, sino también institucional. Además, el Congreso del Estado de Michoacán no debe aceptar que integrantes de la actual Legislatura amenacen con no asignar recursos a la UMSNH, lo cual viola precisamente el derecho universal a la educación, y cuya conducta es sumamente grave.

Lo anterior se debe dar en un marco de respeto a derechos como la libertad de expresión y el derecho de las y los nicolaitas a manifestar sus ideas sin coerción ni represión por parte del Estado. Es obligación de ambos Gobiernos y del Congreso del Estado de Michoacán proponer vías de solución al conflicto sin amenazar con cerrar la UMSNH o de ponerla en colapso económico, con decisiones que atentan contra su autonomía universitaria, lo que en realidad desataría una crisis mayor.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, al Gobierno y al Congreso del Estado de Michoacán, para que atiendan la crisis financiera de la UMSNH y terminen con la situación de no pago a los trabajadores que lleva ya más de 40 días; así como para que propongan una alternativa a esta crisis que respete el derecho humano y universal a la educación superior en Michoacán, conforme a los tratados internacionales que ha firmado México en la materia, así como los derechos de los trabajadores.

DOS. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que esté al tanto de las probables violaciones a los derechos humanos en esta crisis de la UMSNH, a fin de garantizar el derecho humano y universal a la educación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza y del Senador Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, estatales y federales a revisar la situación en que operan las empresas de seguridad privada. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inseguridad en diversas regiones del país ha provocado la proliferación de empresas privadas de seguridad que ofrecen diversos servicios como lo son los llamados guardias o escoltas como una forma de inhibir delitos como el secuestro, el robo e incluso los homicidios.

La Comisión Nacional de Seguridad informó que hasta el 2016 existían en el país 1,065 empresas de seguridad privada registradas ante la Secretaría de Gobernación las cuales operaban con 71 mil elementos o guardias.

A ello se suman alrededor de 3,069 empresas de seguridad privada con permisos otorgados por los estados del país y que tendrían hasta el pasado 2006 alrededor de 87 mil 583 elementos.

En este contexto es necesario señalar que en el país son frecuentes los casos en que guardias privados de seguridad, también conocidos como “guaruras” se ven involucrados en hechos de violencia, lo mismo actos de prepotencia, de atropellos a ciudadanos, que en desenlaces fatales por el mal manejo de armas por la escasa o nula preparación de quienes las portan.

En el colectivo popular el término “guarura” nada tiene que ver con su origen etimológico que  es un vocablo de origen tarahumara el cual significa jefe, gobernador, miembro del consejo de ancianos.

Arrigo Coen, periodista y lingüista, refiere una anécdota cuando el entonces  Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, recorrió la región tarahumara acompañado de su cuerpo de guardias.

Al darles la bienvenida los jefes (waruras) de la población que visitaban, le dijeron: "Sea usted y los waruras que lo acompañan bienvenidos a nuestro pueblo", sin saber que los acompañantes del mandatario mexicano no eran dignatarios, sino guardaespaldas del personaje.?

De ahí se derivó el uso popular del término “guarura” sinónimo de guardaespaldas,  que desafortunadamente y frecuentemente está relacionado con palabras como prepotencia, abusos, persona armada, que utiliza grandes camionetas o vehículos blindados que no respetan las leyes de tránsito durante su labor de protección a quienes los contratan.

Respecto al marco legal en este tema, la Ley Federal de Seguridad Privada, en su artículo primero refiere que dicha ley “tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad privada, cuando estos se presten en dos o más entidades federativas, en las modalidades previstas en esta ley y su reglamento, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas”.

“Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Los servicios de seguridad privada que se presten sólo dentro del territorio de una entidad federativa, estarán regulados como lo establezcan las leyes locales correspondientes”.

Es decir, de acuerdo a la ley vigente, las empresas que operan en un solo estado están reglamentadas o reguladas por un marco legal estatal y las que tengan operación en más de dos entidades tiene que ser reguladas desde el ámbito federal, es decir desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal y actualmente desde la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, cabe destacar que a partir del 2012 y como consecuencia de las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, despareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y muchas de sus atribuciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La SEGOB a través de la Dirección General de Seguridad Privada está encargada de ejercer las atribuciones que los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables otorgan a la Secretaría, en materia de registro y supervisión a empresas de seguridad privada.

Entre otras “regular los servicios de seguridad privada a cargo de particulares en la República Mexicana, conforme a lo dispuesto por la Ley General, la Ley Federal de Seguridad Privada, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás disposiciones aplicables”.

Asimismo establecer un banco nacional de datos en el que se registren, entre otras, las anomalías, ilícitos e irregularidades en que incurran los prestadores del servicio de seguridad privada.

La misma dirección de la SEGOB deberá “expedir, suspender y cancelar las licencias oficiales individuales de portación de armas de fuego, a los empleados federales a que se refiere la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento”.

Continuando con el marco legal vigente, la Ley Federal de Seguridad Privada añade que “los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles”.

El artículo 2 de la misma ley indica que para los efectos de esta ley, se entenderá por Seguridad Privada a la “actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.

Respecto al  Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en el artículo 8 se añade que La Secretaría –Seguridad Pública- a través de la Dirección General Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, “implementará y mantendrá actualizado un Registro Nacional con la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, su personal, armamento y equipo, mismo que constituirá un sistema de consulta y acopio de información integrado por un banco de datos suministrado por el prestador de servicios y las autoridades competentes de las entidades federativas y los Municipios.

El artículo 9 precisa que “para la debida integración del Registro, la Secretaría, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebrará convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, a fin de que estos últimos remitan la información correspondiente a cada uno de los prestadores de servicios autorizados en su ámbito territorial, misma que podrá ser consultada por las autoridades locales correspondientes.

Entre otros requisitos para estas empresas privadas se incluye la obligación de entregar a la citada Dirección General la relación de quienes se integrarán como personal operativo, para la consulta de antecedentes policiales en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, debiendo acompañar el comprobante de pago de derechos correspondiente, además de señalar el nombre, Registro Federal de Contribuyente y en su caso Clave Única de Registro de Población de cada uno de ellos.

Cabe destacar que el marco legal vigente precisa atribuciones que en teoría debería ser suficiente para tener un control y vigilancia respecto a las más de 4 mil empresas que operan con permisos a nivel federal y estatal en el país y que tiene registrados a un ejército de casi 160 mil guardias de seguridad privada en el país.

De acuerdo a la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Similares de los Servicios de Ramo, el número total de elementos de seguridad privada, entre regulados e informales, duplica a todos los policías de seguridad pública estatales y federales en México.

Lo grave de este tema es que hay miles de escoltas o guardias de seguridad que operan sin tipo de registro, control, capacitación en el manejo no sólo de vehículos, sino incluso de armas, lo cual es muy grave no sólo para la seguridad e integridad de quienes los contratan, sino también para la población en general que pueda llegar a tener un altercado vial o incidente con ellos.

Se calcula que por cada elemento capacitado, regulado, con registro a nivel federal o estatal, existen al menos tres que trabajan sin ningún tipo de registro, es decir una especie de “guaruras” informales.

El reciente caso del ejecutivo de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, quien falleció por un disparo imprudencial de uno de sus escoltas cuando era asaltado en la carretera México-Pirámides, debe llamar a la atención sobre la forma en qué están operando estas empresas, si cumplen o no con el marco legal vigente, si los estados están siendo omisos en la regulación o incluso si se requiere una reforma legal en este tema.

No es caso aislado. En mayo de este 2017 en el  fraccionamiento Puente de Piedra, en la ciudad de Chihuahua, un escolta asesinó a su patrón y después se enfrentó con policías. Finalmente y de acuerdo a versiones de las autoridades de ese estado se suicidó.

A veces como agresores, otras como víctimas incluso de homicidios y secuestros, los guardias de seguridad están expuestos también a la criminalidad. No son escasos los casos en la prensa donde son abatidos por criminales, por lo que es urgente revisar el contexto en que se realiza su actuación y las atribuciones y el cumplimiento de las mismas que tienen los estados y su caso el gobierno federal.

Frente a esta situación, presento a este Honorable Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a todos los gobiernos estatales a establecer o fortalecer el marco legal en materia de empresas de seguridad privada, en especial el de escoltas o guardias que operan en las mismas, garantizando que quienes realicen esta función cuenten con la capacitación y sean aptos en el manejo de armas.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a todos los gobiernos estatales llevar a cabo evaluación y diagnóstico de las empresas de seguridad privada que operan en cada una de esas entidades.

TERCERO: Se exhorta respetuosamente a la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación a remitir a esta soberanía un diagnóstico sobre la situación de las empresas de seguridad privada en el país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Ernesto Gándara Camou.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias a fin de garantizar mejores condiciones de vida a las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y programas encaminados a prevenir y erradicar el suicidio de jóvenes en México, a fin de garantizar su derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud.








De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HÉRNANDEZ LECONA, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta representación la siguiente proposición con punto de Acuerdo mediante la que se EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INCREMENTAR EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS Y A INCORPORAR AL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD LA HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en el artículo 4o, párrafo cuarto, que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Este derecho a su vez, también está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos1; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre2; y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3, los cuales han sido firmados y ratificados por México.

En este sentido, y de conformidad con el artículo primero de la CPEUM, los tratados internacionales y el principio pro persona, el gobierno mexicano está obligado a tutelar y garantizar el acceso a los servicios de salud de los mexicanos, sin importar condición económica, política o social.

Es por tales motivos que la Ley General de Salud en su “Título Tercero, De la Protección Social en Salud”, crea el Sistema de Protección Social en Salud4, disponiendo que “Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social”5.

Este seguro, creado en el año 2001, se trata de un seguro médico, público y voluntario coordinado por la Secretaría de Salud, llamado Seguro Popular de Salud, que se encuentra dirigido a atender las necesidades de servicios médicos de la   población no cubierta por ninguna institución de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, etc.

A 16 años de su creación, el Seguro Popular se ha convertido en uno de los servicios de Salud más importante del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al mes de junio del 2016 el Seguro Popular6 contó con poco menos de 55 millones de afiliados, sólo superado por el IMSS quien reportó poco más de 62 millones de derechohabientes, entre asegurados, pensionados y sus  dependientes (Ver cuadro inferior).  

Derechohabiencia y uso de servicios de salud
(Miles de personas)

Año

Población derechohabiente

Población asegurada

Población con protección social

IMSSa)

ISSSTE

PEMEX

SEDENA  

SEMAR

Estatales

Seguro popular

2010

52,310

11,993

743

1,048

240

1,942

43,519

2011

54,906

12,207

748

806

264

1,954

51,823

2012

57,476

12,450

755

832

279

1,682

52,908

2013

59,512

12,631

764

832

287

1,551

55,638

2014

59,487

12,804

ND

ND

ND

ND

57,300

2015

61,865

12,974

ND

ND

ND

ND

57,106

2016b)

62,161

12,984

ND

ND

ND

ND

54,924

Fuente: Inegi.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc01&s=est&c=22594
Nota: Cifras al mes de diciembre de cada año.
a) Incluye tanto a asegurados y pensionados como a sus familiares dependientes
b)Para el IMSS y el ISSSTE, cifras al mes de julio; y para el Seguro Popular, cifras al mes de junio.
ND. No disponible

De acuerdo con la Ley General de Salud, el Seguro Popular es financiado por el Gobierno Federal, por las entidades federativas y por los usuarios de los servicios7, distribuyendo los recursos a la atención y prestación de servicios contenidos en el “Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) que, para el año 2016, contenía un total de 287 intervenciones; a un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos8 (FPGC); y a un Fondo de Previsión Presupuestal (FPP).

En cuanto a la distribución de los recursos, el 89.0 % de los mismos costean 287 intervenciones del CAUSE y medicamentos asociados; el 8.0 % proviene del FPGC; y el 3.0 % el FPP, conforme se aprecia en el cuadro inferior.

Esquema financiero del Seguro Popular

Destino

Aplicación

Transferencia a Entidades Federativas por persona afiliada: 89.0%

Atención y prestación de servicios de salud contenidos en el CAUSE (287 intervenciones) y medicamentos asociados.

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos: 8.0%

• 3er nivel de atención.
• Prestación de servicios especializados.
• Enfermedades de alto costo (61 intervenciones)

Fondo de Previsión Presupuestal: 3.0%

• Imprevistos en la demanda de servicios: 1.0%
• Necesidades de infraestructura: 2.0%

Fuente: Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016.

Es importante referir que si bien el seguro popular cuenta con un amplio catálogo de enfermedades y procedimientos que atiende, al día de hoy, el catálogo CAUSES no prevé el tratamiento de Hemodiálisis para aquellos pacientes que sufren insuficiencia renal.

Ello se debe a que se trata de una enfermedad catastrófica, en virtud de los efectos económicos devastadores que causa en el patrimonio de las familias de quien la padece y la actual aportación del FPGC del 8% no se suficiente para poder cubrir los costos de la misma.

En este sentido, es importante referir que resulta importante incrementar el porcentaje del FPGC a fin de poder incluir en el catálogo CAUSES el tratamiento de la insuficiencia renal. Esto a fin de poder brindar un servicio de salud que garantice el bienestar de los mexicanos quienes muchas veces no pueden costear el tratamiento en centros privados que en promedio cuesta 250 mil pesos anuales.

Por otro lado, es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que los Estados para generar todas las políticas, estrategias y programas deben garantizar el goce del derecho a la salud, a través de costos accesibles  que puedan ser costeados por toda la población de ahí que en atención al derecho a la protección de la Salud, se establezca la atención y el tratamiento de la insuficiencia renal, misma que se ha convertido en una auténtico problema de salud pública.

De hecho, esta enfermedad es considerada una de las principales causas de hospitalización y demanda en el servicio de urgencias.

De acuerdo con el estudio de Epidemiología de la Insuficiencia Renal en México,9 cada año se registran al menos 40 mil casos nuevos de insuficiencia renal en el país, a la par que se estima que anualmente se incrementa la tasa en un 11%.10

A su vez, México ocupa el primer lugar mundial de personas que padecen esta enfermedad; se estima que existen 1 500 pacientes por cada millón de habitantes11 y entre ocho y nueve millones de mexicanos requieren del tratamiento de hemodiálisis y diálisis para mantenerse estables.12  Es tan grave que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es considerada como la novena causa de muerte en México13 y constantemente el número de muertes por dicha causa va en aumento:

Muertes en México por insuficiencia renal14

Año

Número de muertes

2010

11,950

2011

11,920

2012

11,955

2013

12,073

2014

12,788

2015

13,300

                Fuente: INEGI.

En este sentido es necesario atender el derecho a la salud, y comenzar a redefinir las aportaciones presupuestales del FPGC con el objeto de incorporar en el catálogo CAUSE el diagnóstico, identificación y tratamiento de la insuficiencia renal. Esto con el objeto de atender a una de las enfermedades crónicas que más afectan a México.
Por tales motivos se extiende el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud realice las gestiones y ajustes presupuestales pertinentes, a fin de incrementar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos con la finalidad de garantizar una mayor cobertura de las enfermedades catastróficas.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud realice las gestiones pertinentes a fin de incorporar al Catálogo Universal de Servicios de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar la deficiencia renal crónica.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente

Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen.  Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.

1 Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…

2 Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales…

3 Artículo 12-2 d). La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

4 La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. Segundo párrafo del artículo 77 bis. LGS.
El Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Art. 77 bis 11. LGS.

5 Artículo 77 bis 1. LGS

6 Sus objetivos se pueden resumir en: Disminuir el gasto de bolsillo; reducir el riesgo de empobrecimiento a familias vulnerables; fomentar la atención oportuna de la salud; fortalecer el sistema público de salud, superando la brecha entre derechohabientes con seguridad social y los que no cuentan con seguridad social; y contribuir a superar inequidades y rezagos en la distribución del gasto entre entidades federativas.
http://codigof.mx/fondo-proteccion-contra-gastos-catastroficos/

7 Gobierno Federal: 3.92% anual de la Unidad de Cuenta por cada integrante del Seguro popular, más 1.5 veces de esta cantidad resultante, canalizada a través de FASSP. Entidades, 0.5 veces de la cuota resultante de aplicar el 3.92%. Familias, según condición socioeconómica (Fondo de Reserva Estatal).

8 se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. Art. 77 bis 29 LGS.

9 file:///C:/Users/aleja/Downloads/S1886284510700047_S300_es.pdf

10 http://www.renalis.com.mx/la-insuficiencia-renal-en-mexico/

11 http://www.milenio.com/region/insuficiencia_renal_cronica-mexico-diabetes_mellitus-rinones-por_su_salud-
milenio_0_854914543.html

12 http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_261574425.html

13 http://inegi.gob.mx

14 Esta enfermedad ocupa gran parte del presupuesto de los servicios de esta especialidad con una larga etapa terminal y un inevitable desenlace a pesar de todos los esfuerzos por evitarla y para prevenirla.






De la Senadora María del Rosario Guzmán Aviles, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el máximo logro de aprendizaje, incorporando al estado de Veracruz en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Digital para el Ejercicio 2018. Se turna a la Comisión de Educación.

La que suscribe, Senadora de la República, MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estableció entre otros aspectos, la facultad del Estado a garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

En el artículo 6° Constitucional en su párrafo tercero determina que El Estado garantizará, también, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Por su parte, la Ley General de Educación establece en su artículo 12° la  atribución exclusiva de la autoridad educativa federal, para emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo.

En ese tenor, el Gobierno Federal en el marco de la Reforma Educativa de 2013, ha establecido la incorporación y aprovechamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una de las estrategias, para lograr el objetivo nacional de desarrollar el potencial humano de las y los mexicanos con educación de calidad.

Asimismo, el Artículo 3º Constitucional en su fracción II  establece que El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

Además de ello, uno de los objetivos del Programa de Inclusión Digital (PID), a cargo de la Coordinación General @prende, es reducir las brechas digitales  que existen en la sociedad y contribuir, mediante el uso y aprovechamiento de las nuevas Tecnologías de la Información, a mejorar las condiciones de estudio y aprendizaje de los alumnos basada en 3 grandes pilares:

1) Acceso a la tecnología;

2) Desarrollo de recursos educativos digitales vinculados a los temas curriculares; y

3) la formación de los docentes.

También, el PID tiene el propósito de desarrollar habilidades digitales y de Pensamiento computacional en alumnos y usuarios, necesarios para contribuir  a su inserción efectiva en la sociedad productiva y democrática del siglo XXI, a fin de que sean capaces de promover el pensamiento crítico y creativo en la solución de problemas, trabajar colaborativamente; manejar información para producir conocimiento a partir de la investigación y la evaluación, y comunicar sus ideas en medios digitales.

Considerando que el Estado de Veracruz es el séptimo estado con mayor rezago educativo según el INEGI después de Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Guerrero (clasificándolo con un rezago extremo respecto a los demás estados de la República), resulta incongruente que no figure en el Programa de Inclusión Digital.

Asimismo, según la Secretaría de Educación Pública en su encuesta intercensal de 2015, el Estado de Veracruz ocupa el 1er lugar en población analfabeta, el 2do lugar en población sin primaria terminada; 3er lugar en población sin secundaria terminada; y el 2do lugar en rezago educativo total en términos absolutos.

Llama la atención que pese a la estadística mencionada, el Estado de Veracruz no esté contemplado en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Digital de la Secretaría de Educación, uno de los estados con mayor rezago educativo en el país, con índices de pobreza alarmantes que determina el acceso de los alumnos a la educación de calidad, misma que en Veracruz es escasa en los medios urbanos y rurales.

En vista de la importancia que hoy en día tienen los medios digitales, su utilización y difusión en tiempo real, así como ser un instrumento de trabajo indispensable en cualquier actividad, se considera necesario hacer un llamado a la Secretaría de Educación para que incluya al Estado de Veracruz en el Programa de Inclusión Digital, y se destinen los recursos necesarios en la materia para que los alumnos y alumnas de educación básica de dicho estado gocen de mejores condiciones educativas, que les permitan desarrollarse y competir en el mundo laboral del siglo XXI.

Debido a que la mayoría de las Reglas de Operación que emite el Gobierno Federal para sus diversos programas se publican en el Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre del año anterior al año de ejecución, es apremiante se tomen las medidas necesarias a la brevedad posible para beneficiar a más de 1’600,000 alumnos que potencialmente se pueden beneficiar del Programa de Inclusión Digital a nivel primaria, secundaria y bachillerato. Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que en  términos del Artículo Sexto y Tercero Constitucional, se incluya al Estado de Veracruz en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Digital para el ejercicio 2018.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente

Sen. María del Rosario Guzmán Avilés.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la Ley de Telecomunicaciones respecto a las Radios Comunitarias y la relación que tienen sobre los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR UNA OPINIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS EFECTOS ACTUALES DE LA LEY DE TELECOMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y LA RELACIÓN QUE TIENEN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA PARA SU CONOCIMIENTO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Estamos prácticamente a meses de concluir esta legislatura. Hemos desarrollado propuestas, como todos ustedes lo saben, de las que no hemos recibido respuesta. Personalmente tengo interés en dos temas: lo que podría llamarse como el empoderamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que debería tener un mayor protagonismo en los procesos legislativos ya que hay, decididamente, decisiones legislativas que tienen impactos naturales en el ámbito de la progresividad de los derechos humanos; y el tema de las radios comunitarias que ha sido tema de debate entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el gobierno federal e instancias que son vigilantes de los derechos humanos.

2.- Es por ello que reiteraré una propuesta de punto de acuerdo que suscribí el 4 de noviembre de 2014, en el cual se exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la Ley de Telecomunicaciones respecto a las RADIOS COMUNITARIAS y los derechos humanos.

En ese punto de acuerdo se consideró que “sería muy saludable que esta institución, el Senado de la República,  tuviera la cualidad de escuchar sobre los efectos sociales tienen las legislaciones, es una labor de autoanálisis necesaria que, incluso, requiere ser considerada y mensurada por entornos externos con nivel de análisis, específicamente con el tema nodal de los derechos humanos, que esta soberanía se ha encargado de promover. Por ello esta propuesta se dirige a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga la sensibilidad de aportar un análisis puntual sobre el tema de derechos humanos y radios comunitarias y los efectos de la aprobación que actualmente las regula.

3.- Para argumentar presentó algunos argumentos externos e internos: Éste de La Red Nacional de Radio Pública Latina. “Las sanciones contra estas radios comunitarias, que en su mayoría operan en zonas indígenas rurales, donde se critica las injusticias y el abandono de sus comunidades, también tiene un mensaje muy claro contra las radios comunitarias legalmente establecidas, como Radio Xalli, en San Miguel Xaltepec, Puebla, afirma su director, Hilario Cruz Casimiro:

“Ellos dicen que van contra aquellas que no tienen concesión, que están lucrando, pero el entrelineado cuando dicen es que hablan mal del gobierno, pues desde allí ya se están refiriendo no solamente a las que no tienen una concesión, sino a las que tenemos una concesión”.

Mediante una carta pública, más de 100 organizaciones de derechos humanos, indígenas, radios comunitarias y personalidades pidieron a los legisladores rechazar esta iniciativa, que viola leyes mexicanas e internacionales que garantizan la libertad de expresión y prohíben la incautación de bienes; pero además, está basada en leyes aprobadas hace 35 años por la dictadura chilena de Augusto Pinochet, dice Héctor Camero, representante en México a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC):

La Organización de Radios Comunitarias de Occidente solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones que no se criminalice a las estaciones de radio comunitarias que operan sin concesión a lo largo del país. Del mismo modo, se les solicitó certeza y garantías en cuanto a la solicitud para el otorgamiento de concesiones a estaciones independientes y comunitarias, sobre todo a las radios indígenas. Aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) es clara en los requisitos a cumplir, la autoridad reguladora tarda dos años en dar respuesta favorable, aseguraron los representantes de la organización de Radios Comunitarias. Por último indicaron que han intentado contactar al Instituto, pero no recibieron respuesta alguna, luego de que el pasado 4 de octubre se aprobaran cambios en dicha ley desde la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, con la cual se inhabilitará por 5 años a todos los que hayan brindado un servicio de radiodifusión sin concesión.

4.- Por último presento algo que nosotros conocemos como son las intervenciones de dos senadoras que intentaron anteponer, razonablemente, una Moción suspensiva en la Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 26 de Octubre de 2017 antes de la aprobación de la Ley. Esta es de la Senadora Angélica de la Peña, recordemos: “La presente minuta pretende hacer nugatorios los lineamientos que en materia de defensa de las audiencias emitió el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016.

Segunda consideración. La presente minuta presenta aspectos preocupantes que de aprobarse harían nugatorias las facultades constitucionales del IFT para suspender precautoriamente las transmisiones que vulneren los derechos de las audiencias, particularmente las relativas a las personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes. Ello permitiría dejar en los concesionarios su propia autorregulación, es decir, establecer un esquema donde los concesionarios son juez y parte.

Tercera consideración. Las comisiones dictaminadoras fueron omisas en realizar una interpretación conforme lo mandata la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades, incluyendo al Poder Legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y consagrando como criterios fundamentales la interpretación conforme y el principio pro persona.

Cuarta consideración. Finalmente, las comisiones dictaminadoras fueron omisas al no tomar en consideración que estos lineamientos aún son motivo de un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, uno de esos litigios es la controversia constitucional emitida por el Senador Pablo Escudero, en su calidad de Presidente de este Senado de la República.

El 31 de enero de 2017, como yo decía, el Presidente Pablo Escudero acudió, a motu proprio, ante la Suprema Corte de Justicia para presentar una controversia constitucional en contra de estos lineamientos generales, para los derechos de las audiencias que expidió el IFT, argumentando que el organismo autónomo se extralimitó de sus funciones, de los cuales, además, vulnera la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Cabe señalar, por cierto, que el Senado no solicitó a la Corte una suspensión provisional de estos lineamientos para que dejen de aplicarse en cuanto se resuelva esta controversia en definitiva.

El 31 de enero de 2017 el Presidente de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional solicitando la declaración de invalidez de estos lineamientos. La controversia de estos ocho artículos que presenta el Presidente de la República aún no han sido resueltos, su litis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que estos asuntos que han sido turnados al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien ya las admitió a trámite para estudiar la constitucionalidad de los lineamientos de derechos de las audiencias contenidos en lo que están impugnando.

Para nosotros es muy importante seguir manteniendo lo que hemos definido en la reforma constitucional; es decir, reconocer estos lineamientos y reconocer las facultades del IFT, que hoy se pretenden quitar, para regresarlas a la Secretaría de Gobernación, es un retroceso a la Constitución. Sin embargo, la litis de esta controversia está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que es necesario que esperemos a que se resuelva esta litis de las dos controversias y entonces emprender lo que ha lugar.

Y las palabras de esa sesión de la Senadora Dolores Padierna Luna en la misma   sesión:

“Estamos ante una violación, no solamente del procedimiento parlamentario establecido en el Reglamento, al cual tenemos que ceñirnos en este Senado de la República, sino que estamos en un dictamen que a todas luces revierte la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, que fue la única de todas las reformas estructurales que al menos yo voté porque tenía avances sustantivos.

Con este proyecto dan marcha atrás a esos avances sustantivos, pero también este dictamen forma parte de los preparativos de una elección a modo que están preparando desde el poder.

Este documento es un dictamen para hacer campañas fuera de la ley, fuera de la Constitución.

Quiero dar, al menos, cinco argumentos y pedir su consideración para que se admita una moción suspensiva; regrese al análisis de todas y todos los Senadores y actuemos con la responsabilidad que estos temas ameritan.

Este dictamen elimina la prohibición absoluta del artículo 6o. constitucional, sobre la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, ya que esta ley permite que se presente como información lo que en realidad es propaganda política, dejando a voluntad de los concesionarios aportar elementos que distingan la información noticiosa de la opinión de quien la presente.

Esto deja desprotegidas a las audiencias, sobre todo en programas como de revista matutinas o las emisiones de espectáculos que suelen vender entrevistas a políticos o a supuestos especialistas que recomiendan productos sin que el público, o al público se le aclare de qué se trata, si es un segmento pagado o no.

Esto es particularmente grave en vísperas del proceso electoral y del inicio de las campañas presidenciales del 2018, porque se pretende repetir el fenómeno Fox, o el fenómeno Peña Nieto, donde a los candidatos se les vende como productos en las televisoras y en las estaciones de radio.

Segundo argumento. Se reducen sustancialmente los derechos de las audiencias, ya que el artículo 256 modificado, elimina la obligación de que el servicio público de radiodifusión se dé en condiciones de competencia y de calidad, y de que a través de sus transmisiones brinde los beneficios de cultura preservando la pluralidad, la veracidad de la información.

La mutilación de este artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es particularmente grave para las comunidades originarias, ya que se afecta el principio de pluralidad y no se les considera, ni se les toma en cuenta.

Tercer argumento. Privilegia la autorregulación de los concesionarios y elimina o disminuye todas las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, para determinar la suspensión precautoria de transmisiones de estaciones que violen derechos de las audiencias; se deja a los concesionarios la figura de autorregulación y se elimina el carácter obligatorio de los lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias, que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Este tema aún está pendiente, como bien lo decía la Senadora De la Peña, está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto, esta ley es una presión al Poder Judicial, que espero no admita tampoco presiones de este tipo.

Cuarto argumento. Reduce sustancialmente la protección a las audiencias infantiles, sobre todo en el tema de horarios, contenidos de calidad y de fomento a la no violencia y a la cultura de paz.

Quinto argumento. La figura de los defensores de las audiencias se debilita, por no decir, prácticamente se conculca, porque ya no se mandata a que se ajuste a criterios de independencia y de imparcialidad. Los titulares de las defensorías de audiencias ya no tendrán que presentar su informe ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se vuelven empleados de los concesionarios, y ya no los defensores del público, defensores de las audiencias. Éstos eran avances que tenía el artículo 6o. constitucional, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión”.

5.- De mi intento del 4 de noviembre de 2014 a estas fechas han cambiado las cosas y hay nuevas argumentaciones en pro de las radios comunitarias y nuevas realidades legislativas. Sin embargo, considero que es necesario que esta soberanía considere tener un punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tema tratado. El exhorto fue hecho y tuvo modificaciones acertadas de la Comisión dictaminadora; sin embargo, la apreciación, de la CNDH es importante para seguir razonando este tema hasta que la libertad de expresión libere, por decirlo así, todas las potencialidades que ahora tiene restringidas en cuanto a este tema de las radios comunitarias.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la Ley de Telecomunicación respecto a las Radios Comunitarias y la relación que tienen sobre los derechos humanos,  y remitirla a esta Soberanía para su conocimiento.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De los Senadores Óscar Román Rosas González, Salvador Vega Casillas, José Ascención Orihuela Bárcenas, Jorge Luis Lavalle Maury, Carlos Romero Deschamps, Rabindranath Salazar Solorio, María Verónica Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou, Tereso Medina Ramírez, Silvia Garza Galván, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Fernando Enrique Mayans Canabal, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía a establecer mecanismos más eficaces de verificación y seguimiento sobre el grado de cumplimiento del Porcentaje de Contenido Nacional en la industria de hidrocarburos que se desarrolla en el estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Energía.








De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, implemente las acciones necesarias de vigilancia en la compra-venta de rayos láser. Se turna a la Comisión de Salud.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente se ha dado una proliferación masiva de un artefacto que tiene distintas funciones, una de ellas y posiblemente la más conocida es la aplicación como material de apoyo didáctico, hago referencia al rayo láser, instrumento que hoy en día se utiliza como juguete y por lo tanto, se encuentra al alcance de niños de muy corta edad.

Es en estas fechas más importante que se debe prestar atención al instrumento, ya que son épocas decembrinas, en donde la costumbre es dar regalos a nuestros seres queridos, en especial a los niños, a los cuales por lo regular se les dan juguetes, y es aquí donde surge el problema, ya que por desconocimiento o por error puede llegar a las manos de un infante un producto por demás nocivo para la salud.

El peligro de que un rayo láser produzca daño en una persona va directamente relacionado con la potencia que éste tiene, las lesiones pueden ser en ojos, piel, entre otras. Es precisamente la potencia la cual es sujeta de observación, ya que por lo regular estos artefactos no tienen una etiqueta que indique la energía que poseen o puede ser que los estándares de producción sean tan bajos que la potencia puede llegar a ser mayor a la indicada en la etiqueta.

La FDA (Food And Drug Administration) la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, reconoce 4 clases de peligros en los rayos (I al IV) y se incluyen 3 subclases (IIa, IIIa y IIIb), también existe la clasificación de la IEC (International Electrotechnical Commission) la Comisión Electrotécnica Internacional, que es prácticamente la misma, a continuación la tabla de referencia1:


Clase FDA

Clase IEC

Láser peligro del producto

Ejemplos de productos

I

1, 1M

Considerados como no peligrosos. Peligro aumenta si se ven con ayudas ópticas, como lupas, binoculares o telescopios.

• Impresoras láser
• Reproductores de CD
• Reproductores de DVD

IIa, II

2, 2M

Peligro aumenta cuando se ven directamente durante largos períodos de tiempo. Peligro aumenta si se ven con ayudas ópticas.

• Escáneres de código de barras

IIIa

3R

Dependiendo de la energía y el área del haz, puede ser peligroso cuando se ve directa o al mirar directamente al rayo aunque sea un momento. El riesgo de lesión aumenta cuando se ve con ayudas ópticas.

• Punteros láser

IIIb

3B

Peligro piel inmediata de haz directo y peligro para los ojos inmediatamente cuando se ve directamente.

• Show de luces láser con proyectores
• Láseres industriales
• Láseres de investigación

IV

4

Peligro piel inmediato y peligro para los ojos de la exposición a cualquiera el haz directo o reflejado, también pueden presentar un riesgo de incendio.

• Show de luz láser proyectores
• Láseres industriales
• Láseres de investigación
• Láseres utilizados para realizar la cirugía ocular LASIK

La clase de un láser es un indicador directo del grado de peligrosidad que supone la utilización de un dispositivo de estas características.

Los tres factores que principalmente definen la clase de un láser son:

1. Longitud de onda.

2. Duración / tiempo de exposición.

3. Potencia / energía del haz.

En general, un láser de 5 milivatios (mW) de potencia (comúnmente utilizado como puntero) puede causar un daño irreversible en la visión, si el rayo incide desde menos de 16 metros de distancia y a medida que se aumenta la potencia, también aumenta la distancia para que se produzca daño en el ojo, un ejemplo es un láser de 500 mW puede dejar ciego a una distancia de 160 metros y producir ceguera temporal a 800 metro.

Es vital prestar atención a la utilización de los rayos láser en todas las aplicaciones posibles, desde su uso doméstico hasta el industrial, ya que inclusive el color del láser aumenta las posibilidades de daño, como son los colores azul y violeta, ya que el ojo humano es menos sensible a estos colores, por ello el reflejo de quitar la mirada del rayo llega más tarde propiciando mayor daño, asimismo, el color verde produce mayor daño, debido a que la longitud de las ondas del rayo son más cortas.

Otro dato alarmante es que regularmente el daño de un láser de baja potencia no produce dolor, lo cual hace aún más elevada la probabilidad de generar un daño grave e irreversible sin darse cuenta en realidad del mismo hasta que el problema aparece.

La FDA establece que si se tiene un puntero láser que no está etiquetado o con una etiqueta que no es confiable, debe considerar lo siguiente:

• Si el puntero es pequeño y funciona con pilas de botón, su potencia es probablemente menos de cinco milivatios.

• Si se trata de un puntero del tamaño de un bolígrafo que utiliza baterías AA o AAA, es probable que sea más potente y pueda sobrepasar los cinco milivatios.

• Si se trata de y un láser del tamaño de una linterna y utiliza varias baterías AA o AAA, es probable que su potencia sea mayor a los cinco milivatios.

• Los punteros que vienen con cargadores de baterías probablemente drenan la energía más rápidamente y pueden tener una mayor potencia de la que debieran tener.

• Algunos punteros vienen con una tapa removible que propaga el haz de luz en un patrón visual. Si la tapa es utilizada, un sólo haz de luz es proyectado y puede superar los cinco milivatios.

• Busque palabras clave que los vendedores utilizan para indicar que el puntero tiene una potencia alta sin decir que ésta es mayor que cinco milivatios: potente, brillante, ultra, súper, militar, de grado militar, súper brillante, de gran potencia, ultra brillante, fuerte, explota-globos, quema, ardiente, foco ajustable, batería de litio, alimentada con litio.

• Busque videos o fotos que muestren el láser quemando, derritiendo, explotando globos o que muestren un haz de luz brillante y bien definido.

• Busque comentarios de los consumidores en sitios web que promocionen el brillo y la potencia del producto.

Actualmente, es difícil encontrar una regulación uniforme en este tema, hay países que cuidan estos aspectos debido a que han tenido múltiples antecedentes lo cual ha incentivado la intervención de las autoridades.

Algunas páginas de venta por internet incluso han implementado requisitos más estrictos que permiten al comprador tener certeza del producto que está adquiriendo, como es un etiquetado correcto, que la potencia no exceda los 5 mW, que cumpla con los estándares de calidad, un instructivo de uso, advertencias, entre otros.

El láser crea un rayo poderoso y concentrado de radiación electromagnética que se usa en muchos productos, desde los reproductores de música e impresoras a aparatos para la  cirugía del ojo. La FDA regula los productos electrónicos que emiten radiación, como los rayos laser (incluyendo los juguetes con láser para niños), y establece las normas de seguridad de radiación que los fabricantes deben cumplir.

En el caso de México, no se cuenta con una regulación específica, tampoco hay una vigilancia adecuada, mucho menos información pública al respecto, lo cual deja abierto el mercado para que productos de baja calidad o con una potencia peligrosa, lleguen a las manos equivocadas, ya sea en forma de juguete o como una herramienta de apoyo, aumentando así el riesgo de generar un daño en la salud de las personas.

Aunque no hay datos duros en relación a los casos en que se han presentado daños a la salud por causa de un rayo láser en el país, cuando se trata de la salud, más aun involucrando infantes, es mejor anticiparse a los hechos, sobre todo si ya se tiene detectado un factor de riesgo.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, desarrollen acciones y campañas en esta época navideña, que informen a la población acerca de los peligros que generan en la salud, la luz de los rayos láseres, y prevenir su compra como regalo navideño.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a que lleve a cabo una vigilancia rigurosa en lo que respecta a los establecimientos que tienen en venta productos con rayo láser y que su venta al público represente un riesgo para la salud de la población.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a que realicen los trabajos necesarios para establecer una Norma Oficial Mexicana que regule la compraventa de productos con rayo láser en sus distintas presentaciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.

Suscribe

Sen. Andrea García García.

1 Disponible en: https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment
/LaserProductsandInstruments/default.htm





De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se crea la comisión especial para la atención, seguimiento e investigación de las actividades de la empresa Odebrecht en nuestro país. Se turna a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo; y a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana los restantes resolutivos.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76 fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ODEBRECHT EN NUESTRO PAIS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al comenzar este mes hemos conocido nuevas piezas de una trama corrupta que se extiende por muchos países y que, con excepción de Venezuela y México, ha puesto en marcha a la justicia para develar sus detalles y castigar a los culpables.

El grupo de periodistas agrupados en Quinto Elemento Lab dio a conocer un video en el que Luis Meneses Weyll, quien hasta mediados de este año se desempeñaba como director de la multinacional Odebrecht en México, narra la manera como presuntamente corrompió a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos y miembro del primer círculo de Enrique Peña Nieto, tanto en su gobierno como durante la campaña por la presidencia. La intención de esas relaciones que se remontan al gobierno anterior era, naturalmente, obtener contratos de la petrolera mexicana.

Quinto Elemento Lab presentó la declaración ofrecida por Meneses Weyll ante la Procuraduría General de la República de Brasil, el 16 de diciembre de 2016. En la presentación de la pieza se dice: “Hasta hoy, su testimonio en video había sido secreto”, y se da a conocer mediante el trabajo conjunto de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que agrupa a periodistas de México, Brasil, Perú, Argentina, Panamá, Venezuela y Uruguay.

En el video, Meneses Weyll, quien presta una declaración “premiada” –es decir, a cambio de reducir su condena– confirma la participación de Lozoya Austin en la trama corrupta, algo que el ex funcionario ha negado con indignación. ¿Quién tiene la razón? El asunto se zanjaría fácilmente si la Procuraduría General de la República diera a conocer los resultados de una investigación que dice haber realizado. Todos recordamos que al despedirse de la Procuraduría General de la Republica, el abogado Raúl Cervantes dijo que la investigación estaba concluida.

Dijo el renunciante procurador: “El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”.

Han pasado casi dos meses y la determinación y las instituciones siguen a prueba, porque es la hora que no sabemos nada más. Todo indica que este gobierno ha decidido desmantelar las instituciones de procuración de justicia para, con cálculos electorales, ocultar, echar lodo sobre la corrupción que ya es la marca sexenal.

Sin embargo, una tras otra, las investigaciones periodísticas han seguido dando cuenta de que Emilio Lozoya se reunió con directivos del consorcio brasileño para armar una trama financiera que hiciera posible el depósito de sobornos.

Según la reseña de datos duros presentada por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, de Quinto Elemento Lab, en los testimonios judiciales en poder de la justicia de Brasil, Emilio Lozoya, ya siendo director de Pemex, se reunió con Hilberto Silva, jefe del “departamento de sobornos” de Odebrecht.

En su testimonio judicial, Meneses Weyll menciona a Rodrigo Durán como la persona encargada de asesorar financieramente a los beneficiarios de los recursos ilícitos.

Como se ha difundido ampliamente, el ex directivo de Odebrecht asegura que, a partir de 2012, la empresa constructora brasileña acordó la entrega de seis millones de dólares a cambio de obtener contratos públicos.

Se ha pretendido desestimar las declaraciones de diversos ex gerentes de Odebrecht, con el argumento de que se trata de declaraciones de delincuentes que hablan a cambio de reducciones en sus penas. Se olvida convenientemente que la mera declaración no basta para que los ex directivos presos obtengan beneficios de reducción de condenas. Según el periodista Rodríguez Reyna, Meneses “tuvo que aportar diversos elementos de prueba como los comprobantes de las cuentas en las que depositó las transferencias de dinero que presuntamente entregó a Emilio Lozoya”.

Como parte de su investigación, los periodistas también presentaron documentos de  tales transferencias. Queremos suponer que todos estos elementos forman parte de una investigación que según la Procuraduría General de la Republica está concluida.

Las investigaciones periodísticas han ofrecido detalles de las empresas fantasma y de los paraísos fiscales a donde fueron a dar recursos como los dos millones de dólares (sólo una de las entregas) que según Meneses acordaron entregar a Lozoya a cambio de “gestiones” para que el consorcio obtuviese contratos (Aristegui Noticias, 6 de diciembre de 2017).

Cuatro millones de dólares más habrían servido para que Odebrecht obtuviera la asignación directa de contratos.

En la multicitada declaración del ex director de Odebrecht en nuestro país se asegura que Lozoya Austin sugirió a los brasileños asociarse con una empresa mexicana, Construcciones Industriales Tapia (CiTapia) y que la aceptación de tal sugerencia se tradujo en una veloz asignación de contratos.

Otras investigaciones de prensa han documentado que la empresa mexicana obtuvo múltiples contratos entre 2012 y 2015.

El “complejo esquema para corromper funcionarios”, según lo calificó el ex procurador Raúl Cervantes, se ha convertido, en México, en un rompecabezas que los medios de comunicación han documentado profusamente, sin que del lado oficial haya mayor información a la sociedad.

Entre las piezas de ese “complejo esquema” se encuentran, además de las referidas y sin hacer un recuento exhaustivo, las siguientes:

-Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, el jefe del “departamento de sobornos”, que se encargó del manejo de “propinas” en una decena de países, ha dicho, en declaraciones a la justicia de Brasil, detalló el modus operandi mediante el cual se hicieron llegar 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

-Este personaje habló de un desayuno en la casa de Lozoya en Santa Fe y refirió que una semana después se habrían realizado las transferencias primero de 2 millones y posteriormente de 3 más para que Odebrecht se hiciera de contratos para la ampliación y modernización de la refinería de Tula.

-Las cifras referidas son independientes de 4 millones de dólares que habrían sido entregados cuando Lozoya se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional de la campaña del ahora Presidente de México.

-La PGR informó, en un comunicado de agosto pasado, que las autoridades de Brasil no le habían entregado la información completa, pero en el mismo documento afirma que Odebrecht “se declaró culpable por el pago de 10 millones 500 mil dólares de sobornos a posibles funcionarios de Pemex”. Mientras las investigaciones avanzan en dos decenas de países, y hay detenidos en casi todos, en México seguimos esperando que la PGR, como dijo en su comunicado de agosto pasado, el caso sea “llevado hasta sus últimas consecuencias y directamente contra él o los responsables”.

-Las investigaciones periodísticas han revelado la existencia de una comunicación electrónica en la que se transmite la petició, presuntamente de Emilio Lozoya, de cambiar el esquema para la transferencia de los sobornos.

-En un testimonio escrito, jurado y que forma parte del expediente judicial, Hilberto Silva afirma que en un viaje a México se puso de acuerdo con sus contrapartes nacionales para abrir cuentas en el HSBC de Mónaco, a nombre de Rodrigo Durán, que jugaba el papel de intermediario financiero.

-De acuerdo con la “declaración premiada”, el beneficiario de las cuentan abiertas por Durán fue Emilio Lozoya. Silva dijo: “Rodrigo transfirió las acciones de la offshore de la cuenta en donde fue depositado el dinero. En cualquier momento, Emilio (Lozoya) podía decir esa offshore es mía y esa cuenta es mía, sin en algún momento hubiera un malentendido entre Rodrigo y él”.

-En agosto se había dado a conocer que Braskem, filial de Odebrecht en el ramo petroquímico, depositó 1.5 millones de dólares en una empresa ligada a Lozoya en 2012, justo cuando el ex funcionario tenía un cargo en la campaña del PRI a la presidencia de la República.

-En esas fechas, conviene recordar, Braskem participaba con la mexicana Idesa en la construcción de la planta de Etileno XXI en el estado de Veracruz. Los altos directivos de Odebrecht se reunieron entonces, como consta en fotografías que ahora se esfuman de las páginas oficiales, recibían un trato de invitados de honor.

-Según las revelaciones periodísticas, Braskem realizó transferencias a una firma off shore, de nombre Latin America Asia Capital, vinculada a Lozoya Austin.

-La clave de esas revelaciones está en la declaración que hiciera, ante un grupo de inversionistas, Carlos Fadigas, ahora testigo protegido y en 2012 director de Braskem. En palabras que han sido incluidas en las investigaciones de otros países, Fadigas presumía lo siguiente en 2013: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido del PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”.

-Según otra indagación periodística, a partir de las declaraciones patrimoniales del ex funcionario, Lozoya Austin “abrió y cerró entre siete y nueve cuentas bancarias bajo su nombre cuando fue director de Pemex. Todas estaban en dólares, francos suizos o euros”1

En el caso Odebrecht, como en otros que nos han hecho perder la cuenta de escándalos de corrupción en este sexenio, la actuación de las autoridades mexicanas contrasta con las investigaciones efectuadas en otros países, donde ya se han revelado nombres de los involucrados y donde, en algunos casos, ya hay corruptos en las cárceles.

Aquí la actuación oficial parece dirigida a minimizar, entorpecer o dilatar la aplicación de la ley. En esa línea se inscribe la destitución del fiscal Santiago Nieto Castillo, un funcionario nombrado por el Senado y destituido por un encargado de despacho.

La información publicada en los últimos meses nos coloca frente a una trama digna de un filme sobre mafias internacionales que triangulan fondos mediante una sofisticada ingeniería financiera que pretende no dejar rastro alguno.

Una parte de esa trama era investigada por el fiscal Nieto, a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). El manotazo autoritario de su remoción indica que este gobierno pretende echar tierra sobre investigaciones que le resultan incómodas y, al mismo tiempo, preparar el terreno para garantizar la impunidad no sólo de hecho del pasado reciente, sino con miras a los comicios de 2018.

El Poder Ejecutivo no parece ser ajeno al trato de privilegio que se dio a los directivos de Odebrecht en nuestro país. Cuando fungía como gobernador del Estado de México, en abril de 2010, se reunió con Marcelo Odebrecht en Brasil. La cita se repitió en octubre de 2011 en Toluca, según ha documentado “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”. Un nuevo encuentro con Marcelo Odebrecht tuvo lugar en la víspera de que Peña Nieto asumiera la presidencia, en noviembre de 2012. Ya como Presidente, Peña sostuvo un encuentro con el testigo protegido Fadigas, uno de los operadores de la trama de las “propinas”. Propinas que son, claro, cantidades exorbitantes, pero poca cosa si atendemos a las estimaciones que indican que en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, el gigante brasileño obtuvo contratos por 5 mil millones de pesos.

Sólo después de que el caso se destapó en una corte federal de Nueva York fue que las autoridades mexicanas hablaron de una investigación.

El compromiso de este gobierno con el combate a la corrupción y la impunidad se expresa con toda claridad en el hecho de que estemos en pleno proceso electoral sin Procurador, sin Fiscal General y sin Fiscal Especializado.

Es responsabilidad del Poder Legislativo evitar que se siga haciendo daño a la democracia y que se profundice la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Concedamos que la corrupción no está detrás de cada uno de nuestros problemas. Lo que es indudable es que, como escribió el politólogo Colin Crouch (Posdemocracia, 2004): “… la corrupción constituye un potente indicador de la mala salud de la democracia, porque apunta a una clase política que se ha vuelto cínica, amoral y opaca al escrutinio público”.

-El actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Elías Beltrán, participó en la investigación de este caso, en tanto Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. Su demora en presentar los resultados del caso ha sembrado en la sociedad una sólida duda sobre la existencia de una decisión política para archivar este expediente.

La salud de la República demanda que este caso sea plenamente esclarecido. La Procuraduría General de la República debe informar a la sociedad y actuar en consecuencia si, como se ha afirmado, la investigación está concluida.

A partir de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República constituye la Comisión Especial  para la atención y seguimiento al caso de la empresa Odebrecht, cuya finalidad será llevar a cabo una investigación sobre las actividades y contratos de esta empresa en nuestro país.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República a remitir a esta Soberanía un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones e investigaciones emprendidas por los presuntos sobornos que recibieran funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos, por representantes de la empresa brasileña Odebrecht, que está siendo investigada en dos decenas de países.

TERCERO.- El Senado de la República solicita al Titular de la Auditoría Superior de la Federación a remitir un informe detallado sobre las auditorías relacionadas con Petróleos Mexicanos y Odebrecht, que debe incluir la relación de funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Director de Petróleos Mexicanos a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que han derivado de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el tema de los contratos de la empresa Odebrecht.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Sin Embargo, 8 de diciembre de 2017





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar e impulsar campañas informativas y de concientización sobre la importancia que tiene la prevención de trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, a fin de identificarlos con oportunidad o en su caso, tratarlos de manera integral. Se turna a la Comisión de Salud.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la protección de la salud comprende el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de salud de calidad suficiente. En este orden de ideas, uno de los retos más importantes que tenemos como nación es el relativo a garantizar la cobertura de los servicios de salud en todo el país. 

En contravención a dichas consideraciones, en días recientes en diversos medios de comunicación se dio a conocer que la anorexia y bulimia (trastornos alimenticios por excelencia) se han incrementado 300% en los últimos 20 años en México, precisando que cada año se documentan 20 mil casos nuevos entre adolescentes1.

Para comprender la magnitud del asunto, lo primero que debemos advertir es que en términos generales, los trastornos alimenticios son síndromes de comportamiento que manifiestan diferentes características psicológicas, sociales y culturales. De acuerdo con la Secretaría de Salud, son un grupo de condiciones relacionadas con la distorsión de la imagen corporal de las personas, las cuales van acompañadas de un comportamiento anormal en la forma de comer2.

Igual de importante es señalar que la propia dependencia encargada de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en nuestro país, indica que sus principales factores de riesgo son cuestiones hereditarias, personalidad, abuso físico, muerte de algún familiar y separación de los padres. 

Por otro lado, la Secretaría de Salud indica que la anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que provoca que las personas pierdan más peso de lo que es considerado como saludable para su edad y estatura. Entre sus principales características están el temor a aumentar de peso a causa de una percepción distorsionada y delirante que hace que la persona afectada se vea gorda, incluso cuando se encuentre por debajo de lo recomendado3

Los factores más comunes de este padecimiento son la depresión y la ansiedad, y comienza con una disminución progresiva del peso, tiene como principales consecuencias la presencia de alteraciones en el organismo que da pauta a desnutrición, anemia y pérdida de la calcificación de los huesos, cuestiones que de no ser atendidas pueden causar la muerte.

Por lo que respecta a la bulimia, diversos especialistas coinciden en que se trata de la ingesta descontrolada de grandes cantidades de alimentos durante un periodo breve y quienes enfrentan este tipo de padecimiento, lo compensan con otro tipo de conductas inapropiadas tales como provocarse el vómito a fin de evitar ganar peso con motivo del alto consumo de alimentos.

Como ocurre en los casos de anorexia, las personas que presentan casos de bulimia ponen excesivo énfasis en el peso y la silueta corporal al momento de evaluarse, factores que tienen repercusiones en el autoestima de las personas.

Para ponderar la pertinencia del exhorto formulado, cabe mencionar que con base a la Organización Mundial de la Salud, se estima que en todo el mundo, al menos 1% ciento de los adolescentes y adultos jóvenes sufre anorexia, mientras que 4.1% padece bulimia y de 5 a 13% de este grupo poblacional presenta síndromes parciales de estos trastornos de conducta alimentaria.

En el contexto nacional, conforme al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en nuestro país 2 millones de personas presentan este tipo de trastornos alimenticios, de dicho universo, alrededor del 90% son mujeres y la edad promedio en la que se presentan los síntomas, es a los 17 años de edad.

La pertinencia del presente punto de acuerdo emana de lo dispuesto en el artículo 4, párrafo cuarto, que en su primera porción normativa establece que en México, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, la Ley General de Salud, en su artículo 1º Bis establece a la letra que: Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades

A partir de las consideraciones vertidas, los integrantes del grupo parlamentario del PRI consideramos de la máxima relevancia que la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas, lleve a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo que tiene como propósito continuar avanzando en la materialización del derecho humano a la protección de la salud.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus funciones y en coordinación con las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas, implementen e impulsen campañas informativas y de concientización sobre la importancia que tiene la prevención de trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, a fin de identificarlos con oportunidad o en su caso, tratarlos de manera integral.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/29/1204415

2 https://www.gob.mx/salud/articulos/en-la-adolescencia-se-pueden-desarrollar-trastornos-alimenticios?idiom=es

3 https://www.gob.mx/salud/articulos/29920






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a fortalecer sus medidas de seguridad, acompañamiento y protección a las personas migrantes, debido a que las demarcaciones son consideradas de alta peligrosidad, ya que se han denunciado trasgresiones y violaciones a sus derechos humanos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información del “Anuario de Migración y Remesas México 2017”, la población migrante representa por lo menos del 3.3% de la población mundial es decir 247.7 millones de personas son consideradas como migrantes. Los Estados Unidos, constituye el principal país receptora de migrantes con el 19.1%, le sigue Alemania con 4.9%, Rusia con 4.8%, Arabia Saudita con 4.2% y Reino Unido con 3.5% de la población.

En relación a los migrantes centroamericanos, cada año pasan por nuestro país más de 860 mil personas. Es importante señalar que solo el año pasado, México promovió el regreso a su país de origen de por lo menos 143 mil 226 personas, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador.  

Lamentablemente, entidades como Veracruz y Tabasco se han posicionado como altamente peligrosas para ellos, debido a que durante su tránsito por estas demarcaciones son víctimas de asaltos, vejaciones y violaciones a sus derechos humanos.

Según reportes e informes como el del Movimiento Migrante Mesoamericano, ha documentado que en dichas entidades del país, en los últimos tres años se han recrudecido los secuestros masivos, solo este año se han denunciado por lo menos tres secuestros de este tipo por parte de organizaciones del crimen organizado y bandas delictivas.1

Existen áreas de oportunidad para garantizarles el acceso a la justicia, prueba de ello, es que de acuerdo con el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes” se registraron 5 mil 824 contra migrantes pero solo se reportaron 49 sentencias. Entre los delitos cometidos contra este sector, figuran extorsiones, secuestros, tortura y violaciones sexuales.

A decir de los migrantes, no existen condiciones de confianza y certeza jurídica para denunciar ante las autoridades estatales la comisión de estos actos contrarios a la Ley, ya que existen indicios de la colusión de sus elementos con organizaciones del crimen organizado, o peor aún, las autoridades de seguridad pública local, trabajan para las bandas delictivas.

Los Gobiernos de los estados de Veracruz y Tabasco, han sido poco efectivas para identificar, sancionar y prevenir estas violaciones y transgresiones a las libertades de las personas migrantes, estas omisiones o complicidades ha abonado a este panorama de alta peligrosidad.

Diversos medios de comunicación, han documentado las condiciones en las que viajan los migrantes o a las actividades que son obligados a incorporarse, situación que pone en riesgo su integridad física y vida, entre estos sucesos destacan los siguientes:

• En Villa Hermosa en el estado de Tabasco, el pasado 05 de diciembre de 2017, fue rescatado un grupo de 153 personas, de los cuales 104 eran adultos y 49 menores de edad quienes eran transportados en condiciones infrahumanas en un tractocamión. Las personas rescatadas provenían de países como Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras.2

• Se identificó en la carretera 180 de Veracruz a la altura de Palma Sola un tráiler con al menos 126 migrantes, quienes después de su localización y una revisión media para dar los primeros auxilios, fueron trasladados a la estación migratoria del puerto de Veracruz.

• En la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa en Coatzacoalcos se rescató a 111 migrantes, de ellos, 15 eran niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con los primeros informes de la Policía Federal, los migrantes eran transportados en una caja de tráiler sin ventilación, en completo hacinamiento y en condiciones insalubres.

• En municipios como Córdoba, se ha declarado que el crimen organizado ha adherido de manera forzada a diversos migrantes a actividades relacionadas con la extracción irregular de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos y al robo de productos de los trenes que recorren estados como Tabasco, Veracruz y puebla.

Bajo estas directrices, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario que los gobiernos de los estados de Veracruz y Tabasco, fortalezcan sus medidas de seguridad, acompañamiento y protección a las personas migrantes, debido a que las demarcaciones son consideradas de alta peligrosidad, debido a que se han denunciado trasgresiones y violaciones a sus Derechos Humanos, tales como secuestros masivos, homicidios, secuestros y extorsiones.

Ante el panorama descrito, apremia ampliar las estrategias hasta ahora emprendidas a fin de prevenir y sancionar la violación de los derechos humanos y acrecentar las medidas de política pública enfocadas a la protección de las personas migrantes que transitan por nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, fortalezca sus medidas de seguridad, acompañamiento y protección a las personas migrantes, debido a que las demarcaciones son consideradas de alta peligrosidad, ya que se han denunciado trasgresiones y violaciones a sus Derechos Humanos, tales como secuestros masivos, homicidios, secuestros y extorsiones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente.

1 El Financiero. (2017). Veracruz y Tabasco estados más peligrosos para migrantes; MMM. 11/12/2017. Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/veracruz-y-tabasco-estados-mas-peligrosos-para-migrantes-
mmm.html

2 El Financiero. (2017). Rescatan 153 personas indocumentadas en Tabasco. 11/12/2017.Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rescatan-153-personas-indocumentadas-en-tabasco.html






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a informar sobre las acciones que ha instrumentado para que el partido MORENA cumpla con sus obligaciones de transparencia, a fin de conocer la manera en que Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de dicho instituto político, ha ejercido más de 800 millones de pesos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En noviembre del año 2015, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia nacional de MORENA, durante el año 2016, al partido se le asignó un presupuesto de 406 millones 877 mil pesos, mientras que para este año tiene asignados 400 millones 849 mil 652 pesos, lo que significa que el dirigente ha tenido a su disposición casi 808 millones de pesos, sin que hasta la fecha se conozca la manera en que se han ejercido dichos recursos, en virtud, de que la información no se encuentra disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

Entre las omisiones en materia de transparencia en las que ha incurrido MORENA podemos destacar las siguientes:

• La información con relación a la remuneraciones que el partido ha realizado no se encuentran actualizados, sólo existe información informal que se presentó durante la dirigencia de Martí Batres.

• No es posible conocer quiénes integran el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.

• No ha difundido los montos de los viáticos otorgados.

• El partido no ha transparentado sus procesos de honor y justicia.1

Hace unos meses, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentó los resultados de verificación de Sujetos Obligados, en los que se encuentran los partidos políticos nacionales. El Partido Revolucionario Institucional fue el mejor evaluado con 86.5 puntos de 100 posibles; mientras que MORENA fue el peor evaluado con una puntuación de 8.94 puntos.

Estos resultados no son una sorpresa, sino por el contrario confirman los señalamientos que distintos medios de comunicación realizaron en su momento y que hoy ratifican la falta de compromiso de este MORENA con la transparencia.

MORENA reconoció a través de una solicitud de información que su Comité de Transparencia aún está en proceso de conformación, argumentado que es un instituto político “de reciente creación”. Además, dicho instituto político señaló que su Unidad de Transparencia está conformada únicamente por el titular de la oficina de información pública.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, indicó en el expediente RRA 2464/16 que MORENA no ha elaborado el reglamento para regular la creación y operación de su órgano de transparencia. 

Basta recordar que en diversas ocasiones el partido MORENA ha sido cuestionado por no transparentar las aportaciones de sus militantes, en las que se encuentran los casos de Eva Cadena quien recibió 500 mil pesos para la campaña de López Obrador, sin importarle el origen de los mismos; Delfina Gómez fue señalada por desviar recursos del municipio de Texcoco y de parte del sueldo de los trabajadores para  financiar sus actividades políticas; Rigoberto Salgado, recibió recursos en especie que no reportó y que posteriormente pagó mediante el otorgamiento de obras.

Al recibir financiamiento público para su funcionamiento, los partidos políticos son sujetos obligados a transparentar el uso y destino de los recursos de origen público que reciben.2

Entre las principales obligaciones de los sujetos obligados3 para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran las siguientes:

• Constituir su Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna.

• Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles.

• Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen.

• Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional.

• Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

• Difundir proactivamente información de interés público.

• Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes.

En cuanto a la información específica a la que están obligados los partidos políticos4 nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, destacan las siguientes:

• El padrón de afiliados o militantes, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia.

• Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos.

• Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil.

• Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios.

• Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos.

• Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes.

• Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados.

• El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.

• El acta de la asamblea constitutiva.

• Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión.

• El directorio de sus órganos de direcciones nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales.

• El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos de dirección señalados anteriormente y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica.

• Información sobre cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido.

• Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna.

• Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

• Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones.

• El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores.

• El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto.

• Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

En los próximos días, el dirigente nacional de MORENA presentará su renuncia ha dicho encargo, sin que sepamos la manera en la que ejerció casi 808 millones de pesos, el cual de acuerdo a la evidencia disponible habrían sido utilizados para financiar sus aspiraciones políticas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía sobre las acciones que ha instrumentado para que el partido MORENA cumpla con sus obligaciones de transparencia, a fin de conocer la manera en que Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de dicho instituto político ha ejercido más de 800 millones de pesos.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de diciembre de 2017.

Atentamente.

1 “Morena: `honestidad sin datos`”, Proceso, 9 de diciembre de 2017, p.13.

2 Artículo 23, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3 Artículo 24, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4 Artículo 76, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana jueves 14 de diciembre a las 11:00 horas, en alguna de las sedes oficiales de este Senado de la República. Se les avisará oportunamente si es en la sede de Xicoténcatl o en este salón de plenos.

(Se levantó la sesión a las 21:35 horas)

Directorio

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