Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de mayo de 2018
    
    

Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 31



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Noviembre de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:56) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 75 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 28 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y nueve minutos del día jueves veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes sesenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección y Fomento del Agave Salmiana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

La Presidencia por Acuerdo de la Mesa Directiva, dio paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a los “Dieciséis días de activismo de la No Violencia Contra las Mujeres”.- Intervinieron las Senadores: Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Lorena Cuéllar Cisneros del PT; Luisa María Calderón Hinojosa; y Martha Elena García Gómez del PAN.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Turismo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y por el que se deroga el Artículo Décimo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación".- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el día 22 de marzo de cada año como el “Día Nacional de las personas Migrantes y Refugiadas”.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo II Ter al Título Octavo, llamado “De la prevención, atención y control del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual”, que comprende los artículos 157 Ter 1, 157 Ter 2 y 157 Ter 3 a la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 158 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 6° de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el siete de julio de dos mil diecisiete.- Quedó de primera lectura.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el diez y trece de octubre de dos mil diecisiete.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI. Sin discusión, el dictamen fue aprobado por 78 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de octubre de cada año “Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”.- Intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman 24 ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal.- Para presentar éste y los siguientes cuatro dictámenes de la Comisión de Justicia hizo uso de la palabra la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia. Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor.La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela SenadoraLorena Cuéllar Cisneros,se integraría al Diario de los Debates. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal.- Intervino el Senador David Monreal Ávila del PT, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 160 del Código Penal Federal.- La Presidencia a petición de la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia, retiro el dictamen de su discusión.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90 y el primer párrafo del artículo 97; se deroga el último párrafo del artículo 54 y la fracción II del artículo 84; y se adiciona un último párrafo al artículo 52, todos, del Código Penal Federal.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal, separada y continua, al concluir la discusión de los siguientes dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Intervino el Senador Esteban Albarrán Mendoza del PRI. El asunto se consideró suficientemente discutido. El dictamen se reservó para su votación nominal, separada y continua, al final de los anteriores dictámenes.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decretopor el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de octubre de cada año “Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”,fue aprobado por 80 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decretopor el que se reforman 24 ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales, fue aprobado por 75 votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decretoproyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, fue aprobado por 74 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal, fue aprobado por 72 votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decretopor el que se reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal, fue aprobado por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decretopor el que se reforma el primer párrafo del artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90 y el primer párrafo del artículo 97; se deroga el último párrafo del artículo 54 y la fracción II del artículo 84; y se adiciona un último párrafo al artículo 52, todos, del Código Penal Federal, fue aprobado por 75 votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decretoque reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fue aprobado por 76 votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, catorce dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado:

1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 289 del Código Civil Federal.

2. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal.

3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de cesáreas.

4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar la fracción VIII Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud y el inciso D a la fracción X del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con los proyectos de Decreto para reformar la fracción IV Bis del artículo 3º; y la fracción II del artículo 61 de la Ley General de Salud.

6. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

7. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar una fracción V al artículo 37 del Reglamento del Senado de la República.

8. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

9. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para crear la Medalla de Honor Gilberto Bosques del Senado de la República y adicionar el artículo 56 y un artículo 56 Ter al Reglamento del Senado de la República.

10. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar los artículos 39, 42 Bis, 85, 90, 95 y 103 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

11. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 130, 132 y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

12. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

13. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que expresa su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de Decreto para declarar al año 2013 como el “Año Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República”.

14. De las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para crear la Ley General para evitar el Desperdicio Alimentario.

Sin discusión, los catorce dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes:

• Uno, de la Comisión de Turismo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a analizar la viabilidad de crear una ruta de arte rupestre en Baja California Sur por su alto potencial turístico.

 

• Cinco, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en tiraderos clandestinos.

2. El que exhorta a revisar y, en su caso, modificar las normas oficiales mexicanas a fin de establecer acciones más eficaces en la prevención, combate y control de incendios en pastizales y terrenos forestales y agrícolas.

3. Por el que el Senado de la República reconoce las acciones y realizadas por la Comisión Nacional Forestal para lograr la meta de reforestar un millón de hectáreas con 200 millones de árboles por año.

4. El que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de inspección y aseguramiento para prevenir la venta ilegal de huevos de tortuga marina en el país.

5. El que exhorta a fortalecer las acciones para proteger el área natural protegida Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

 

• Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a cumplir con el objetivo de promover el fortalecimiento, preservación del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.

2. El que exhorta a implementar un programa emergente para la formación técnica de intérpretes y traductores, en las lenguas de los diferentes grupos indígenas que existen en nuestro país, así como implementar sistemas que permitan atender con prontitud y eficacia el servicio que requieran los ministerios públicos y jueces para el desarrollo de los actos de investigación y audiencias orales.

 

• Uno, de la Comisión de Federalismo, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a rendir un informe sobre los recursos destinados a atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal derivados de desastres naturales.

 

• Veintiuno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita un informe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre las razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

2. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el estado de las solicitudes para el otorgamiento de permisos para administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos para el fomento al turismo, transporte de personas, medicamentos y productos básicos en el estado de Chiapas.

3. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer sus mecanismos de mejora regulatoria, a fin de contar con reglas claras y servicios simplificados de trámites vehiculares como alta de placas y baja, cambio del propietario, canje y reposición de la tarjeta de circulación, así como fomentar los beneficios de realizar los trámites vehiculares.

4. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas correspondientes para garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios de las terminales aéreas en nuestro país.

5. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar pronta solución y término a la obra del paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta del Astillero, a la altura del Technology Park, en carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

6. El que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a crear un atlas nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios.

7. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a realizar la adquisición de nuevos autobuses para el sistema de Transporte colectivo TransMetro.

8. El que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a enviar los datos generales del vuelo 726 de la aerolínea Volaris que salió del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con destino a la ciudad de Chihuahua, el pasado 23 de marzo.

9. El que exhorta al gobierno del Estado de México a informar cuál es el monto de la inversión y rendimiento de OHL México y sus subsidiarias pendientes de recuperar con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto Bicentenario.

10. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el impacto que ha tenido la implementación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo con su entrada en vigor a partir del 21 de agosto de 2016.

11. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre los avances en las acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en los Programas Maestros Portuarios, con el objeto de que, ante la libre importación y expendio de petrolíferos, existan las condiciones de infraestructura necesarias para que, en el corto plazo, exista un pleno manejo de dichos elementos de manera segura y adecuada.

12. El que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a intervenir en la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en los puertos del estado de Quintana Roo.

13. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer la anulación de incremento del peaje de las casetas de la Autopista del Sol y a establecer un descuento del 50por ciento como medida para impulsar el turismo y el desarrollo económico en la entidad.

14. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar seguimiento al Compromiso Gubernamental 023, para concluir con la Autopista Tuxpan-Tampico a la brevedad.

15. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Estado de México a atender las demandas de los vecinos de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, a fin de garantizarles el libre tránsito del cual actualmente gozan, a utilizar la Carretera Panamericana en el tramo Toluca-Atlacomulco.

16. El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre los resultados de la auditoría de la Secretaría de la Función Pública, así como los resultados sobre la auditoría integral de los 14.5 kilómetros, señalados en el informe presentado su durante su comparecencia en la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.

17. El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de emergencia, como fue el sismo ocurrido en 19 de septiembre.

18. El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas operadoras en el país.

19. Por el que se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones a efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su estudio “Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: El caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”.

20. El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el avance de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca; y le exhorta a informar cuáles son los esquemas de planeación y las medidas que está implementando para evitar que se repita el trágico escenario del socavón del paso exprés México-Cuernavaca.

21. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a revisar la legalidad, procedencia o improcedencia de la política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico, respecto a la primera pieza de equipaje documentada en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá.

 

• Siete, de la Comisión de Gobernación, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a contribuir a mantener la gobernabilidad democrática, la paz pública y el desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía.

2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar acciones tendientes a fortalecer el orden y la seguridad en la región de la tierra caliente, en coordinación con las autoridades del estado de Guerrero.

3. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a izar la Bandera Nacional como símbolo de unidad.

4. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al congreso del estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso de designación de servidores públicos del propio estado.

5. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a proporcionar el número total de desplazados dentro del territorio nacional.

6. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a suspender la entrega de televisores.

7. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al Instituto Nacional Electoral a intervenir para esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios electorales del estado de Tlaxcala.

 

• Cinco, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 30 de septiembre de 2017 en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas; asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país.

2. Por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos y con los familiares de las personas que perdieron la vida en el trágico tiroteo del 1º de octubre en las Vegas, Nevada; asimismo, desea una pronta recuperación a los heridos.

3. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de los 10 consulados mexicanos instalados en el estado de California, prevea una estrategia de comunicación coordinada que difunda la susceptibilidad de ese estado de la Unión Americana a los incendios forestales, así como las medidas que la población mexicana debe acatar antes, durante y después de esos eventos.

4. Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal a pronunciarse y manifestar el rechazo del pueblo mexicano en contra de la Ley SB4 en Texas, Estados Unidos de América, la cual evita que en ese estado existan ciudades santuario y obliga a las autoridades locales a cumplir con las solicitudes de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas “ICE”.

5. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a detallar y difundir el plan integral que se aplicaría a los jóvenes mexicanos afectados por el fin del programa DACA, así como el presupuesto con el que éste contará. Asimismo, exhorta a seguir fortaleciendo el programa SOMOS MEXICANOS, en apoyo a los connacionales que puedan ser deportados de Estados Unidos.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los textos de lasintervenciones de los Senadores Jorge Toledo Luis y Esteban Albarrán Mendoza, sobre los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, se integrarían al Diario de los Debates. Sin discusión, los cuarenta y dos dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día.

1. Rectificación de turno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, Reglamentaria de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 30 de mayo de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda.- La Presidencia ratificó el turno.

2. Ampliación de turno al proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recibido el 16 de noviembre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.- La Presidencia ratificó el turno.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 67 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que modifica el artículo 260, fracción IV de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Armada Nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Conservación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Armada de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con dos minutos y citó a la siguiente el martes veintiocho de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Fomento Económico, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Y una, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe legislativo y de gestión, correspondiente al primero y segundo años y a los meses de septiembre y octubre del tercer año de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado de enterada. Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Economía, en alcance al recibido el 31 de octubre pasado, por el que comunica una fe de erratas al “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos de América y México”, en el apartado correspondiente a la cuarta ronda de negociación, en lo referente al numeral 10 de comercio transfronterizo de servicios.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha información a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron oficios del Banco de México, con los que remite:

El informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2017, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.








Y el informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, correspondiente al periodo julio de 2016 a junio de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron 17 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los Senadores Promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Compañeras y compañeros Senadores, los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para normar la sesión solemne en agradecimiento del apoyo y solidaridad de la comunidad internacional ante los sismos acontecidos en México en el mes de septiembre del presente año. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Desde luego que nadie podría estar en desacuerdo de hacer una sesión solemne para agradecer toda la ayuda y el apoyo internacional que las familias damnificadas por los sismos hayan recibido.

Aquí el asunto es que no lo han recibido y que yo estoy recorriendo las zonas, viendo a los damnificados y me consta que no hay apoyo a los damnificados.Entonces, primero hay que hacer un informe, a quién se les destinaron esos apoyos para poder hacer una sesión solemne.

Me parece que la sesión solemne, a la cual no me opongo, debería de ir complementada con un informe puntual del destino de las ayudas que México recibió, hacia dónde se canalizaron; porque los cientos de damnificados que yo he visto, ninguno ha recibido tales apoyos. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias por sus comentarios, Senadora Padierna Luna.

Desde luego que la Mesa Directiva estará atenta a esta inquietud por usted expresada y solicitaremos información al respecto.

Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo para normar la sesión solemne, que se realizará el 5 de diciembre próximo, en agradecimiento del apoyo y solidaridad de la comunidad internacional ante los sismos acontecidos en México, en el mes de septiembre del año en curso. Comuníquese.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 73 constitucionales, en materia de feminicidios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FEMINICIDIOS

(Presentada por la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto para reformar artículos de la Constitución, el 19 y el 73 de nuestra Constitución Política, toca temas tan trascendentales como los que estamos viviendo.

La indignación y el descontento social se han hecho presentes desde los acontecimientos de las primeras manifestaciones de violencia que vivimos en contra de las mujeres en los 90’s, sin embargo, recientemente, estas voces de protesta se han hecho escuchar en todo el país, debido a los altos índices de feminicidios a nivel nacional, específicamente aquellos acontecidos en estados donde hay más población, y también de donde soy originaria, del estado de Puebla.

Es imprescindible a impostergable que esos feminicidios se contemplen como delitos graves, para que así el juez determine prisión preventiva oficiosa, a fin de que los presuntos responsables no evadan la justicia, no haya impunidad. Así, ese conteo de feminicidios que se viene realizando tanto por la sociedad civil como por las propias autoridades, que nos dicen que de las organizaciones civiles desde el 2012 a la fecha, tan sólo en el estado de Puebla, se han registrado 324 casos, de los cuales se ha sancionado a una persona por el delito de homicidio, por parte del Poder Judicial del estado de Puebla.

Esta iniciativa encuentra sustento en el artículo 19 constitucional, cuyo texto establece que amerita prisión preventiva oficiosa, entre otros, el delito de homicidio doloso.

La diferencia para el caso del feminicidio, radica en que el sujeto que priva de la vida a las mujeres, por el hecho de su calidad de ser mujeres, el haber nacido mujeres es un motivo para ser asesinadas; mientras que el homicidio doloso se da por diversos motivos, en contra de cualquier persona.

Se puede considerar que el feminicidio puede ser igual o aún más grave y más cruel que el homicidio doloso, toda vez que el primero se funda en la violencia de género, e indirectamente menoscaba los derechos humanos de las mujeres en todo nuestro conjunto.

Por tal motivo, es claro que, si el homicidio doloso está dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, también lo debería estar, por mayoría de razón, el feminicidio.

Reconocer que ha habido esfuerzos gubernamentales en todos los niveles de gobierno, se han hecho muchos esfuerzos, tenemos un marco legal que habla de igualdad, de no violencia, de no discriminación, se ha implementado una política nacional para la igualdad con perspectiva de género.

Ha habido jurisprudencia de la Corte para pedir que todas las investigaciones que tienen que ver con violencia contra las mujeres tengan perspectiva de género, y esto es un gran logro de las luchas de la sociedad civil y también de nosotras al servicio de la política.

En materia de igualdad se ha avanzado, pero todavía tenemos la vía de reconstruir todas las iniquidades, los prejuicios, los estereotipos, y no ha sido suficiente mitigar ni erradicar dicha violencia. En cambio, estas estadísticas y la opinión pública dan constancia de que la violencia ha aumentado y se ha agravado significativamente respecto a años anteriores. Una acción tiene que verse reflejada en esta medida.

En este tenor, es inevitable señalar que para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres en México, es necesario implementar acciones excepcionales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida, como son la imposición de la prisión preventiva oficiosa a los presuntos responsables, así como un mecanismo de excepción en el que la Procuraduría General de la República pueda investigar estas conductas.

En este orden de ideas y a pesar de que cada entidad federativa cuenta con su propia Fiscalía o Procuraduría para la investigación y persecución de los delitos, dichos organismos cuentan con escasa, a veces nula capacitación para actuar en estos delitos contra las mujeres.

La perspectiva de género es importante en la capacitación, en la implementación, en el juicio y sobre todo también en la reparación del daño.

Por lo anterior, se propone un mecanismo de excepción para que esta Fiscalía General de la Republica pueda investigar y perseguir los feminicidios, con la finalidad de garantizar los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia, el conocimiento a la verdad histórica, la reparación integral del daño, entre otros beneficios que las leyes nacionales, las normas y los tratados internacionales nos acogen.

Dicho mecanismo de excepción se sustenta en el principio de subsidiariedad, el cual consiste en que la Federación tiene la posibilidad de atraer los asuntos, que en un principio le correspondían a las entidades federativas.

Vemos que podemos seguir haciendo muchas reformas, ojalá esta reforma se dé en este marco de 16 días de activismo por los derechos humanos y que podamos seguir avanzando como país en dar muestras de que en México hay el interés de tener un estado de derecho y un respeto a la legalidad.

Por las mujeres, por la vida y la integridad de las mujeres, que sea de beneficio para México.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Saldaña Pérez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Dese su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pedirle a la Senadora Lucero Saldaña si me permite sumarme a su iniciativa, además de que tenemos que hacer más cosas, pero si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por supuesto que la Senadora es anuente. En el mismo sentido la Senadora Rocha Acosta, la Senadora Cuéllar Cisneros, el Senador Sánchez, la Senadora Pilar Ortega. Sírvase tomar nota, Servicios Parlamentarios, de los Senadores que han manifestado su interés de suscribir la iniciativa en comento.

Sonido en el escaño del Senador Lavalle Maury.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Para ver si nos permiten también adherirnos a la iniciativa que acaba de presentarse, y el Senador Vega también.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con gusto. Habíamos solicitado ya a Servicios Parlamentarios tomara nota de todos los Senadores que expresaron esa misma intención. Desde luego que es de subrayar el interés del Senador Lavalle Maury, el Senador Larios Córdova, el Senador Neyra Chávez y Vega Casillas en el mismo sentido. Muchas gracias.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de procedimientos quirúrgicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81, 272 BIS, 272 BIS 1 Y 272 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con su venia, señor Presidente. Con el permiso de las Senadoras y Senadores:

La presente iniciativa se funda en la inquietud y la necesidad de actuar en el marco normativo que regula el ejercicio y las actividades profesionales en el campo de la medicina.

Estamos conscientes de los esfuerzos que se han realizado en la presente Legislatura, y en otras, para intentar regular los procesos quirúrgicos, pero se estima que los mismos no han sido efectivos para definir y establecer de manera clara y adecuada las limitaciones de esta rama de la ciencia médica.

Esta necesidad obedece a proteger a las personas sanas que recurran a las técnicas y productos utilizados en cirugías estéticas que quieren ir un poco más allá y deciden realizarse cambios en su cuerpo recurriendo a procedimientos médico-quirúrgicos y que no son de alta especializad y sobre todo para evitar que personas que no cuenten con los conocimientos médicos-quirúrgicos, pericia y ética profesional puedan realizar actos y aplican productos y técnicas relacionados con este tipo de cirugías.

El hecho de no contar con normas que regulen de manera correcta la cirugía estética genera, sin duda, un riesgo para la salud de las personas que estando sanas, recurren a dichas técnicas para mejorar una apariencia física.

Ante esto, la presente iniciativa, al abordar esta disciplina médica, propone regular de manera debida la práctica de la cirugía estética, toda vez que el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, no define a la cirugía plástica y reconstructiva, ni a la cirugía estética, siendo que son actos quirúrgicos que se realizan tanto en una, como en la otra, no son los mismos y sus objetivos y efectos son muy distintos.

Por información generada por la Dirección General de Profesionales, dependiente de la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Salud, se ha podido saber que en México no existe registrada la especialidad de cirugía estética, ya no existen residencias médicas, ni práctica de dichos actos quirúrgicos en instituciones públicas de salud, haciendo énfasis en que la población que recurre a estos procedimientos, son personas sanas que sólo quieren modificar su apariencia mediante el uso de técnicas quirúrgicas con objetivos meramente estéticos o cosméticos.

Ante el aumento y a la amplia demanda que las cirugías estéticas, que hoy vivimos, que tiene actualmente entre las y los mexicanos, es que consideramos necesario reformar la Ley General de Salud en aras de proteger a las personas sanas que se quieren sujetar a dichos procedimientos estéticos en nuestro país.

Sabemos que la cirugía plástica y reconstructiva atiende de manera integral a pacientes enfermos con lesiones congénitas o adquiridas craneofaciales y de mano, deformidades como labio y paladar hendido, a través de procedimientos de microcirugía en la reconstrucción de extremidades, reimplantes, reconstrucción mamaria, secundaria, por supuesto, al cáncer de mama, quemaduras y uso de injertos de éstas y otras lesiones.

Desde su origen la cirugía plástica y reconstructiva se ha enfocado en atender traumas, accidentes o enfermedades que se presentan en el cuerpo humano, en México sólo existe registrada y reconocida la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva, la cual se realiza en las instituciones públicas, debido a que el objetivo de dichas instituciones es la prevención y rehabilitación de patologías, y no la atención de procedimientos voluntarios con fines de belleza o de estética.

La cirugía estética o cosmética se fue desarrollando de manera paralela a la cirugía plástica y reconstructiva, teniendo un cambio de intervención, mucho más limitado y con una clara diversidad de enfoque, ya que sus procedimientos sólo se centran en mejoras de apariencia de las personas, teniendo como característica que se encuentran sanas, en buenas condiciones de salud física y psicológica, no así por lo que hace a la cirugía plástica o reconstructiva, que tiene un objetivo muy diferente como lo es el corregir, aminorar o resolver traumas, accidentes o defectos desde el nacimiento.

Las diferencias se evidencian también en los procedimientos quirúrgicos efectuados, en la cirugía estética o cosmética que se llevan a cabo intervenciones tales como mamoplastía de aumento, pexia mamaria, reducción mamaria, lipoescultura y lipoinjerto, lipectomía, ritidectomía facial, mastopexia, aumento de glúteo y pantorrilla, blefaroplastía, ritidectomía y trasplante capilar, reducción de mejillas, otoplastía, lobuloplastia, queiloplatia, así como lo referente a las intervenciones en la cirugía plástica y reconstructiva que contempla intervenciones para reducir quemaduras, defectos congénitos, cirugía de mano, cirugía de extremidad inferior, microcirugía y cirugía craneofacial.

Hoy en día se requiere que tengamos especialistas en esta materia y que no dejemos en manos de gente que se dice estar preparada y que ha estudiado y que tiene incluso experiencia y pericia en el tema estético y que, sin duda, se pone en riesgo la salud de todos los mexicanos.

Debemos tener médicos preparados que por ello esta iniciativa define los procedimientos quirúrgicos, con la reforma a esta Ley General de Salud en sus artículos 81, 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2 de la Ley General de Salud, todo por el beneficio de nuestros hombres y mujeres mexicanas que de una u otra manera quieren cambiar su apariencia sin que tengan una deformidad, sino más bien por cambiar su apariencia física.

Muchas gracias.

Con su permiso, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Rocha Acosta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Díaz Lizama.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (Desde su escaño) Solamente para preguntarle a la Senadora Sonia Acosta, si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Senadora Martha en el mismo sentido y la Senadora Laura Rojas. Solicito a Servicios Parlamentarios tomar nota de los Senadores que expresen su intención de suscribir la iniciativa presentada por la Senadora Rocha Acosta.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos contra defensores de derechos humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

Con el permiso de la Asamblea.

El 20 de noviembre nos dimos cuenta del precio que pagan quienes luchan por la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

En uno de los cruceros más transitados de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, fue acribillado Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de aquella entidad.

Junto con el ombudsman también perdió la vida su hijo y su esposa quedó gravemente herida al grado que no pudo estar presente en la inhumación del cuerpo.

El asesinato del licenciado De la Toba no sólo es indicativo de una escalada en la violencia extrema que recorre al país, el homicidio es también revelador de una mutación en la funcionalidad de las personas defensoras de derechos humanos como víctimas de delitos de alto impacto.

Aunado a la línea de agresiones con motivo de su activismo, ahora las personas de derechos humanos, defensoras de los derechos, son seleccionadas como víctimas por el carácter emblemático que ostentan.

Al privar de la vida a una persona defensora de los derechos humanos, quienes conciben, preparan y planean desde las sombras el ataque, buscan crear zozobra en la sociedad y menguar la de por sí debilitada confianza en las instituciones.

Lo digo porque es común denominador en Baja California Sur y lo conozco, lo conocí, el licenciado De la Toba era un hombre de bien, sin vínculo alguno fuera del contexto de su trabajo, un hombre correcto, un hombre prudente.

Como Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que soy, fui testigo de la amabilidad bonhomía y apertura de Silvestre de la Toba, pues hace algunos meses celebramos con la institución que presidía un Convenio de Difusión y Protección de los Derechos de las y los Periodistas de Baja California Sur.

Entre los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, existe una razón de identidad jurídica. Más que entre las personas, se trata de la función que realizan, ambas, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos son pilares de una auténtica democracia.

El estado de derecho y la cultura de los derechos humanos no se entienden sin los periodistas y sin los activistas de los derechos humanos.

No es gratuito que en una condición de violencia extrema generalizada los primeros en caer víctimas de la delincuencia y de servidores públicos que los acompañen sean precisamente periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

Por ello, al encontrarse prácticamente la misma situación de riesgo en este crudo entorno social, considero que deben recibir la misma protección por parte de las leyes de la República.

De ahí que me permito proponer, se incluya en el precepto constitucional relativo a los delitos de los que conocen las autoridades federales el caso de las personas defensoras de los derechos humanos.

De aprobarse esta iniciativa, quedarían protegidos por igual los periodistas y las  personas defensoras de los derechos humanos en razón de que afrontan los mismos peligros.

De acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Red TDT, en México han sido asesinadas 106 personas defensoras de estos derechos y 83 han sido víctimas de desaparición forzada.

En reciente rueda de prensa que congregó a los titulares de las 33 comisiones públicas de derechos humanos, supimos que casi una decena de Ombudsman se encuentra bajo amenaza.

Compañeros legisladores, hagamos a un lado las vicisitudes y repercusiones del proceso que se vive en este país, proceso electoral, y aprobemos cuanto antes esta iniciativa.

Brindemos a las personas defensoras de los derechos humanos la protección que merecen por su activismo y con ello aseguremos la viabilidad de nuestra incipiente democracia.

El proyecto de Decreto que propongo, reitero, es a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”.

Y se agrega: “O delitos contra personas defensoras de los derechos humanos”.

En espera de contar con su apoyo para esta reforma, quedo atentamente a sus órdenes.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, felicitar al Senador Blásquez, y pedirle sí me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Claro que sí.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias. Por favor, Servicios Parlamentarios, tomar nota de la intención de la Senadora Beristain Navarrete, de suscribir la iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Luis Sánchez Jiménez, para presentar a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Gubernamental.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL

(Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En la reforma constitucional del año 2007 en materia política, se reformó la Constitución en su artículo 134 en el párrafo octavo para tratar de reformar la comunicación gubernamental. Diez años después, faltamos a ese compromiso, pero en el año 2014 hicimos una nueva reforma y nos dimos un nuevo plazo, que concluía al 30 de abril de aquel año, 2014, y también se faltó a ese compromiso.

La iniciativa que el Partido de la Revolución Democrática, su fracción parlamentaria y algunas Senadoras del PAN, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentamos hoy, es una respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena al Congreso de la Unión a reglamentar ese párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

No es la primera vez que estas dos bancadas presentan una iniciativa en esta materia, y nuestro compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos se ha materializado en propuestas legislativas que datan, al menos, del año 2012; sin embargo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se ha frenado cualquier intento de regular el uso de recursos públicos en materia de comunicación gubernamental, como más de media docena de iniciativas en la materia lo atestiguan.

Ahora, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, al amparo promovido por la Organización “Campaña Global por la Libertad de Expresión Artículo 19”, se obliga al Poder Legislativo a hacer su trabajo y obligación constitucional y a retomar el rumbo en la promulgación de una Ley General de Comunicación Gubernamental, una ley general que obligue a los gobiernos federal de los estados y de los municipios.

Garantizar la libertad de expresión y de opinión de la pluralidad de las voces del país, así como la formación de un espacio desde el que se puedan juzgar libremente las acciones del gobierno, son un fundamento irreemplazable para la supervivencia de cualquier régimen político.

En México, ponemos en riesgo la viabilidad del mismo. Sí, de facto, los servidores públicos pueden disponer de los recursos de los ciudadanos y ciudadanas para la promoción de sus carreras políticas. El recurrente uso de dinero público para el pago de propaganda personalizada implica un doble golpe a las instituciones.

Primero.- Significa la inversión de recursos en áreas cuyo beneficio es nulo para el bienestar de la población; algo especialmente alarmante, sí paralelamente es acompañado de recortes en salud y educación, como la actual administración del Presidente de la República ha hecho.

Segundo.- Porque la disposición de una opaca bolsa de recursos para comunicación, deriva en el establecimiento de reglas informales entre los medios de comunicación, que aplican la autocensura para no perder los ingresos por publicidad pagada por el gobierno.

De esta manera, se lastima la libertad de expresión, así como la posibilidad de disponer de un catálogo variado de fuentes de información, necesario para la toma de decisiones en la esfera pública, pero también se lastima el derecho a la información objetiva a que tiene derecho la ciudadanía.

En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se basa en estándares interamericanos y en experiencias comparadas para dar, entre otras, las siguientes conclusiones:

1.- Los estados deben adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta de comunicación, en cada uno de los niveles de gobierno.

2.- Los avisos oficiales deben incluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.

3.- La publicación estatal nunca debe ser asignada por los estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.

4.- Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberían de evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación o audiencia del medio respectivo.

5.- Es necesaria una adecuada planificación de la pauta, que permita el control público.

6.- Los estados deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre la pauta oficial y garantizar, ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información.

7.- Se deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial.

8.- Los estados deberían establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial.

Estos son criterios que la iniciativa que hoy presentamos algunas y algunos Senadores del PAN y de la fracción parlamentaria del PRD, se propone atender plenamente.

La urgencia de regular el gasto en comunicación gubernamental en todos los niveles resulta de que, en los cuatro primeros años de la administración de Peña Nieto, se han erogado más de 36 mil 261 millones de pesos en materia de publicidad oficial; además, anualmente hay sobre ejercicios en la materia que, entre el 2013 y el 2016, alcanzaron a ser 71.86 por ciento más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

El monto sobre ejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos adicionales en un periodo donde han existido recortes al presupuesto en sectores como salud, desarrollo social y medio ambiente.

Esto sucedió pese a que, para los ejercicios fiscales de 2013, 2014, 2015 y 2016, se habían estipulado que no podrían realizarse ampliaciones o traspasos de recurso de otros conceptos de gasto.

Esta situación se recrea en las entidades y municipios de la Federación, inhibiendo el fortalecimiento de los pesos y contrapesos propios de una democracia.

A raíz de esto, presentamos una Ley General de Comunicación Gubernamental, cuyos objetivos son:

1.- Establecer los principios y procedimientos relativos a uso de cualquier forma de comunicación gubernamental.

2.- Establecer los principios y obligaciones que rige la actuación de los servidores públicos en materia de comunicación gubernamental.

3.- Establecer los criterios que rigen los contenidos de esa comunicación gubernamental.

4.- Establecer los criterios generales para la programación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos destinados al gasto en comunicación gubernamental de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno.

5.- Establecer mecanismos de transparencia para el ejercicio de los recursos públicos presupuestales dirigidos al rubro de comunicación gubernamental, así como todo uso de recursos públicos que tengan como objeto producir cualquier forma de comunicación gubernamental por parte de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno.

6.- Establecer criterios para el uso de los tiempos de Estado y los tiempos fiscales en radio y televisión entre los entes públicos que determina esta ley; y

7.- Establecer un régimen de sanciones aplicables por el incumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en un fallo histórico, se urgiera al Legislativo estipulando, además de los plazos ya caducados, uno más para que el Legislativo cumpla con su obligación de legislar y hacer la ley en esta materia para establecer el marco de actuación de los gobiernos y entes públicos en materia de comunicación.

Compañeras y compañeros, por lo expuesto, presentamos la Ley General de Comunicación Gubernamental, que ponemos a su consideración.

Muchas gracias, señor Presidente.

Hago entrega de firmas de legisladores, de Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional, que acompañan también esta iniciativa.

Muchas gracias por su apoyo.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, quienes asisten con el objetivo de observar y conocer cómo se conduce una sesión del Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica el artículo 444 del Código Civil Federal, en materia de la patria potestad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

A nombre de la Senadora Verónica Martínez y a nombre propio, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto que modifica la fracción III del artículo 444 del Código Civil Federal, referente a la relevancia que debe tener en nuestro sistema jurídico y judicial, el interés superior de los menores.

Hoy nuevamente paso a esta tribuna con el fin de fortalecer este vínculo más importante que debe ser el de padres e hijos, y no obstante la ley, aunque tiene varias obligaciones que deben tener, vemos que en la práctica pues tenemos qué, las y los legisladores, ver formas más enérgicas de que esto se lleve a cabo.

Sin embargo, creo que esto debe de ser un derecho humano y una atención a nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes que deben de nacer de mutuo propio, por ética, por moral, por amor, y no porque lo esté obligando la ley.

Los padres de los menores de edad son a quienes, en el ejercicio de la patria potestad que les asiste deriva de la afiliación que los une, tienen obligaciones alimentarias y de crianza, pues la patria potestad no debe comprenderse como un derecho de los padres, sino como un derecho de las y los hijos, cuyo alcance para ambas partes es mucho más amplio: los padres están obligados a cumplir con una función que les es encomendada en beneficio de los hijos y que, es protectora y formativa, relativa a la crianza y a la educación, que incluso otorga a aquellos la facultad correctiva a la conducta del menor, potestad que es limitada, pues los progenitores para usar legítimamente esta facultad deben usar medios correctivos adecuados que no atenten contra la integridad de los menores; en tanto los hijos deben ser efectivamente cuidados y procurados por sus padres para lograr una formación integral; siendo ésta así porque la institución de la patria potestad parte de la premisa lógica de que, los menores, ante su inacabado desarrollo físico y mental, no pueden cuidarse por sí mismos y necesitan educación, cuidado y protección de sus padres para poder subsistir.

Esto es instruir al niño en su camino para que de adulto no se aparte.

Lo anterior se encuentra expresamente previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24, primer párrafo, establece que, los niños tienen derecho a que se proteja su condición de menores.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19, establece que los niños tienen derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, así también en la Convención de los Derechos del Niño establece la garantía de protección y cuidado que deben tener los menores.

En nuestra sociedad, cada vez es más común ver casos que se sabe del abandono de menores; y que, es el abandono de un menor por parte de alguno o ambos padres que radica en el incumplimiento de las obligaciones de crianza para con sus hijos.

El hecho de que un progenitor haya incumplido con sus obligaciones de crianza más básica para con sus menores hijos, es decir, que los haya dejado en abandono e indefensión, es elemental para acreditar dos de las causales previstas en el artículo 444 del Código Civil Federal para la pérdida de la patria potestad, previstas también en la fracciones III y IV.

En tanto, la fracción III es relativa a la pérdida de la patria potestad por el abandono de los deberes de los padres para con los hijos; la fracción IV se limita a referir que dicha pérdida procede porque cualquiera de los progenitores abandone a los menores, no obstante y, dada la ambigüedad a la referencia de dejar abandonados por más de seis meses a los hijos, en la práctica cotidiana judicial en materia familiar, los jueces, siempre bajo el amparo de preponderar el interés superior del menor, establecen que no basta con indicar y brindar elementos de prueba derivados que lleven a acreditar el abandono, sino que piden acreditar que ese abandono de alguno de los progenitores, comprometió de alguna manera, la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Y es precisamente ahí donde radica el gran obstáculo con el que se topan madres o padres que, no sólo fueron también abandonados por su pareja sentimental, sino que, quedan a cargo completamente de sus hijos, sin el apoyo moral ni económico, sino los dejan a la deriva, los dejan solos y a su suerte.

Eso es algo que no podemos soslayar y tenemos que ser más enérgicos con la ley, con la procuración de justicia, con el sistema aprobatorio también.

Tendríamos que probar la complejidad de acreditar esa facultad y el interés superior del menor, únicamente en su interpretación de que los niños convivan con ambos  padres.

Esto representa un problema a considerar en nuestra sociedad, pues, cuántos padres y madres irresponsables no han dejado a sus menores a lo mejor al cargo de familiares; pero, en cualquier momento y en cualquier forma es algo que nos debe preocupar y ocupar porque es la niñez de México.

No queda duda que, lo anterior implica en la mayoría de los casos, de forma negativa y el desarrollo psicosocial y emocional de los niños, niñas y adolescentes, ya que no sólo no conocen al progenitor que los abandonó, sino que, por decisión de un Juez Familiar que no contempló el escenario completo, ahora están obligados a convivir y recibir visitas de quien los abandonó y, no hizo más que demostrar el total desprecio a sus deberes morales de crianza.

Con esto se pretende reformar el artículo 444, “la patria potestad se pierde por  resolución judicial” en la fracción III, es la reforma, cuando los padres tengan costumbres depravadas, malos tratamientos o abandono de sus deberes hacía con los menores.

Por interés superior del menor y por el fortalecimiento a la familia, muchas gracias por esta iniciativa.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) ¿Sí me permite adherirme a su propuesta, la Senadora?

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Hernández Lecona, y comprendo que hay diversos Senadores que están solicitando el uso de la voz, supongo que es con el mismo propósito. Senadora Calderón Hinojosa, Senador Larios Córdova. Por favor, Servicios Parlamentarios, tomar nota de los Senadores que han solicitado suscribir la iniciativa presentada por la Senadora Hernández Lecona. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, para presentar a nombre propio y del Senador Ricardo Urzúa Rivera, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en materia de difusión de transmisión de acciones y partes sociales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Presentada por el Senador Héctor Larios Córdova, a nombre propio y del Senador Ricardo Urzúa Rivera)

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Vicepresidente.

La iniciativa que presentamos el Senador Ricardo Urzúa y un servidor, reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles tratando de darle, no tratando, sino dándole seguimiento al único compromiso que nos falta de cumplir del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, GAFI.

GAFI es una asociación internacional que se fundó en 1990, y estableció 40 lineamientos de los países, para que pudieran competirse con eficacia el blanqueo de capitales.

México tiene pendiente éste, y se refiere a la transparencia de las sociedades mercantiles, particularmente de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada.

Todas estas sociedades tienen la obligación de llevar un libro de accionistas, como son anónimas las sociedades, las acciones pueden transitar de una persona a la otra.

Lo importante es cuando existe un beneficiario o un accionista de control, el beneficiario es el único que recibe los remanentes de una sociedad o el accionista de control. Tiene que aparecer en el libro, solamente los libros están en posesión de la sociedad.

Lo que propone esta reforma es modificar los artículos 70 y 124 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que cuando exista un nuevo accionista de control, se inscriba en el portal electrónico de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía está obligada a guardar la reserva de los nombres, la hoja de sociedad anónima, pero puedan intercambiarse entre autoridades, de esta manera se evite lo que sucede muchísimo, por ejemplo, en obra pública, que las sociedades cambian de accionista de control, y cuando han cometido actos delictuosos, quienes aparecen como accionistas, pues a lo mejor son personas que ni siquiera están enteradas que son titulares de acciones de esa sociedad.

Y entonces tiene importancia esta iniciativa para que México sea más eficaz en el combate al blanqueo de capitales, al lavado de dinero, y esta es una iniciativa que en ese sentido pues reditúa beneficios a la sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los que suscriben, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Y RICARDO URZÚA RIVERA, Senadores de la República e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En abril de 1990 el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (en adelante, GAFI), (como organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete), emitió cuarenta recomendaciones con la finalidad de proporcionar un esquema de medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fijando un modelo internacional que los países deberían implementar por medio de acciones adaptadas a circunstancias particulares.

Nuestro país forma parte del GAFI y ha sido evaluado en diversas ocasiones destacando, entre diversos resultados, el aplicable a la recomendación veinticuatro, la cual señala que los países deberán tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas morales para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, asegurando que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre su control y el beneficiario final, entendiendo a este último como aquella persona física que obtiene los beneficios o ejerce el control sobre la persona moral.

El GAFI recomienda que como parte del proceso para asegurar la existencia de una transparencia adecuada sobre las personas morales, en específico las de naturaleza mercantil, los países deben contar con Registros Públicos con información actualizada, incluyendo las de sus accionistas, generando espacios de cooperación internacional para acceder a dicha información, identificando finalmente al beneficiario final.

Como beneficiario final se entiende a aquella persona física real que obtiene los beneficios de la sociedad o la persona que ejerce el control sobre una sociedad.

México cumple con cada uno de los criterios con excepción de la identificación del beneficiario final, ya que no existe disposición legal alguna que regule la obligación por parte de las personas morales de informar a las autoridades tal situación, limitándose a integrar un registro de accionistas que no necesariamente se inscribe en el Registro Público de Comercio.

Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación veinticuatro del GAFI, se propone una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, que considera la obligación de inscribir la trasmisión de acciones y partes sociales.

En este caso, las sociedades deberán asentar en sus libros corporativos el cambio de su estructura la inscripción en sus libros de los cambios de estructura accionaria identificando el beneficiario final.

Dicha difusión, deberá por medio de un aviso en el sistema electrónico, el cual deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, sistema a cargo de la Secretaría de Economía en observancia al artículo 50 Bis del Código de Comercio, transparentando las transmisiones correspondientes.

Esta obligación no significaría costos para las empresas ya que dicho Sistema es gratuito y está disponible en línea las 24 horas del día.
Es importante señalar, que en esta modificación se salvaguarda la naturaleza jurídica de la sociedad anónima.

Únicamente se busca la aportación de recursos con la finalidad de llevar a cabo el objeto social, dichas aportaciones se realizan a través de títulos nominativos denominados acciones, permitiendo que las mismas cumplan con una función económica que el propio documento está destinado a realizar, ya que agilizan la circulación de los derechos que en ellos se incorpora, así como la legitimación de la titularidad del documento al momento de llevar a cabo la libre y fácil circulación sin restricción alguna.

Al contrario, la sociedad de responsabilidad limitada tiene como eje principal su constitución en relación a la calidad de los miembros que la conforman. Los socios deciden agruparse en atención a la calidad que cada uno de ellos representa, lo anterior, con la finalidad de alcanzar un fin específico que estará determinado en el objeto social.

Por tanto, en el caso de la sociedad anónima, el aviso del registro que se lleve a cabo en el Registro de Acciones correspondiente conserva el nombre del accionista, domicilio y nacionalidad con carácter confidencial, no obstante dicha información se podrá compartir entre autoridades.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

Artículo único.- Se ADICIONAN un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo tercero del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue:

Artículo 73.-...

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

Artículo 129.-...

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Suscriben

Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Ricardo Urzúa Rivera.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Larios Córdova. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.






Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de protección de derechos humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 NUMERAL 2, INCISO C), 79 NUMERAL 1, 83 NUMERAL 1 Y 84 NUMERAL 1, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL LIBRO TERCERO; Y SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

De verdad que esta no es una propuesta menor, sabemos que la violencia contra las mujeres es una de las más grandes pandemias que afectan hoy en día a nuestra sociedad, y ésta se expresa de diversas formas dependiendo del contexto.

Sin embargo, creo que hay rasgos comunes que permiten caracterizarla como un fenómeno universal que representa una clara manifestación de la discriminación de la situación de desigualdad y de las relaciones abusivas de poder de los hombres sobre las mujeres.

Quizás, y hago una acotación, la presencia aquí afuera de 45 istmeñas, paisanas del Istmo de Tehuantepec, que se han visto afectadas por los sismos, y una falta de atención, es un ejemplo adicional de ello.

Pero regreso al propósito fundamental de mi presencia en la tribuna.

Y me quiero referir a lo que la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos señala, y creo que lo señala muy claro cuando dice que “cuando una mujer se convirtió en la reproductora de la progenie, su trabajo fue confinado a satisfacer solamente las necesidades básicas de los demás, pero que con el establecimiento de la familia se depositó también en ellas las tareas domésticas y de cuidado, sin ninguna retribución, sin ninguna retribución”.

Por ello, es que venimos aquí a reiterar que esta situación ha colocado a la mujer en un estado de su alternancia con respecto a los varones de la familia, es decir, primero su padre y luego su esposo.

Y eso, creo que todos estamos de acuerdo en corregirlo con mayor celeridad, porque tan arraigado está hoy en día este concepto, en el ideario colectivo que el propio sociólogo Roberto Castro Pérez señala que la violencia simbólica contra las mujeres es el nivel de violencia en el que existe la cooperación también inconsciente de las propias mujeres, pues a lo largo de la historia ellas mismas comenzaron a manifestar que “el importante” era el hombre, pues las estructuras simbólicas están también, hay que reconocerlo, reiteradamente arraigadas a través de siglos de acondicionamiento, es decir, lo que tenemos que combatir es que las mujeres, algunas, todavía cooperan voluntariamente, aunque inconscientemente, con su propia dominación.

Y aquí, entonces, la necesidad de adoptar medidas urgentes, medidas urgentes que, entre otros aspectos, nos permitan visibilizar la discriminación directa, pero también la indirecta, tanto de mujeres como de niñas, en el ámbito público, como en el privado, y que se establezcan y se arraigue el concepto de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que se promuevan entonces acciones afirmativas para acelerar este ritmo hacia la igualdad, que es lo que todos deseamos.

Por eso, la iniciativa que hoy vengo a presentar muestra una serie de medidas que buscan tomar en consideración que por un lado las y los legisladores tenemos la responsabilidad de generar normas, sin tomar en cuenta los roles, las capacidades y responsabilidades socialmente determinadas para hombres y mujeres, ya que son éstos los que propician las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad.

Y por otro lado, tenemos la obligación de reconocer que estas diferencias implican desventajas jurídicas, es decir, las leyes, los reglamentos que se aplican, sí tienen un impacto diferenciado entre hombres o en mujeres.

Y ejemplo de ello es la discriminación de las mujeres a través de la lengua, ya que esta es el reflejo mismo de los valores, del propio pensamiento y de la sociedad que la crea y que también la utiliza.

Nada de lo que decimos, compañeras y compañeros, nada de lo que decimos en cada momento de nuestra vida es neutro, todas las palabras tienen una lectura de género.

Y así, la lengua no sólo refleja que también se transmite y se refuerza los estereotipos o los roles considerados adecuados para hombres y mujeres en una sociedad, lo que consienten y lo que consiente, pero además perpetúa la discriminación y, sobre todo, la violencia hacia las mujeres.

También quiero decir que la desvalorización de la mujer en el lenguaje es la que en el inconsciente colectivo se suma a muchas formas que contribuyen a reforzar esa desigualdad que hay que combatir, y en el peor de los casos, a justificar la violencia ejercida hacia las mujeres.

Por lo que el hecho de que un instrumento para la defensa de los derechos político-electorales de las personas, en su propia denominación invoca la igualdad, pues hará, así pensamos algunos, que en el corto y en el mediano plazo las mujeres y los hombres nos estaremos acostumbrando al hecho de que, efectivamente, somos iguales ante la ley.

Le he de solicitar, señor Presidente, que para mayor ilustración de mis compañeras y compañeros, dado que este es un tema importante, me obsequie el que la iniciativa que hoy presento se integre totalmente en el Diario de los Debates.

Y, por supuesto, esperemos participar en las comisiones hacia las que se envíe esta iniciativa para seguir discutiendo este importante tema.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Robles Montoya, desde luego que su solicitud es cabalmente atendida. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Reconocer el esfuerzo del Senador Benjamín Robles, por trabajar y atender a esta solicitud de que nos involucremos todos, y pedirle, si me acepta sumarme a su propuesta.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Robles. En el mismo sentido don Víctor Hermosillo. Solicito a Servicios Parlamentarios recojan las firmas de los Senadores que así lo han solicitado. La Senadora Lorena Cuéllar, en el mismo sentido. Gracias, Senador Robles Montoya.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos ahora dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

Tres, de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, que contienen proyectos de Decreto:

Por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12, CON UNA FRACCIÓN XI; Y 19, CON UNA FRACCIÓN VIII A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la minuta que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite legislativo dado a la minuta referida.

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA MINUTA” se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los argumentos y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de octubre del 2016, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 12 y una fracción VIII al artículo 19 de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

2. El 14 de diciembre de 2016, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Iniciativa referida en el numeral que antecede, siendo remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos Constitucionales, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-1472, expediente número 3951.

3. Con fecha 02 de febrero de 2017, en sesión plenaria del Senado de la República, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio con el que se remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su estudio y resolución.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En las consideraciones expuestas por la Colegisladora se alude a la prevalencia del principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado mexicano, como se establece en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Expone, que niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que ese principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Al citar la Convención sobre los Derechos del Niño -artículos 3, 4, 24 y 27-, asegura que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, entre las que encontramos: el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

En este contexto, al ser ratificados por nuestro país, asevera, dichos instrumentos internacionales obligan a México a proteger a la niñez y la adolescencia contra toda forma perjudicial para su bienestar.

Explica que la situación económica nacional ha cambiado durante los últimos cuarenta años, lo que ha traído consigo transformaciones en los roles donde las mujeres tienen una mayor presencia, más activa, en el campo laboral, lo que a su vez incidió en la estructura y la dinámica de las familias y sus necesidades.

Se señala que en particular, niñas y niños cuyos padres trabajan, quienes al no  poder atenderlos durante el horario laboral, requirieron de un lugar para su cuidado y atención.

Actualmente, se asegura, un gran número de padres y madres de familia cuentan con prestaciones laborales o sociales, entre las que se encuentra la de guarderías o estancias infantiles, donde las niñas y niños reciben cuidados mientras ellos laboran.

Se asevera que la visión que se tiene acerca del cuidado y desarrollo infantil dio un giro, y que con la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil -lo que ocurrió en octubre de 2011-, se plasmaron los principios básicos que deben regir tanto las actividades de cuidado infantil como la seguridad en los Centros de Asistencia.

De manera particular, alega, diversos artículos de la Ley vigente contemplan lo relativo a la protección de menores, a los mecanismos de participación de los diferentes entes encargados de la supervisión de los Centros de Asistencia y, para que exista un debido desarrollo infantil, entre los artículos citados se encuentran 11, 12, 14, 32, 50, 52, 53, 59, 61 y 64.

Asimismo, retoma los objetivos y estrategias del “Plan Nacional de Desarrollo-Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018”, en el que se destacan:

Objetivo 1. Propiciar la creación de la RED Nacional de ACDII a fin de fomentar la coparticipación de todos los sectores involucrados.

Impulsar la coparticipación de los sectores involucrados, es relevante para garantizar el interés superior del niño, a través de la difusión en conferencias, foros y trípticos sobre la importancia de los derechos fundamentales de las niñas y los niños, así como fomentar la igualdad de oportunidades de todos los sectores de la población, promoviendo los servicios a grupos vulnerables, niños con alguna discapacidad y garantizando el acceso a los Centros de Atención.

Estrategia 1.3. Fomentar la creación de Modelos de Desarrollo Comunitario para la consolidación de los C4.

Objetivo 2. Propiciar la homogeneización de normas de protección civil, así como trámites de instalación y operación de los servicios de ACDII.

La salvaguarda de las niñas y los niños en los Centros de Atención es indispensable para asegurar la integridad física y la vida de los infantes, impulsando la capacitación, supervisión, la calidad de los espacios y la aplicación de las normas en materia de protección civil.

Objetivo 3. Favorecer la generalización de prácticas de salud, educativas y alimentarias de éxito que propicien la mejora en la ACDII.

Impulsar la mejora de los servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, es el pilar para lograr, que el Cuidado y Desarrollo Infantil vayan de la mano y con ello garantizar a las niñas y a los niños que asistan a los Centros de Atención, desarrollen su potencial físico cognitivo y social; así como garantizar sus derechos fundamentales, creando niños felices y potencializando adultos sanos.

Por ello, se afirma, es necesaria la reforma planteada a los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que con su aprobación se enriquecería el marco normativo en la materia.

Por lo anterior, se propone la siguiente enmienda legislativa:

• Adicionar las fracciones XI al artículo 12, y VIII al artículo 19, ambos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Legislación vigente

Propuesta de modificación

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

 

 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 12, con una fracción XI, y 19 con una fracción VIII de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Capítulo II
De los Sujetos de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

Artículo 12 (...)

 

I a IX (...)

X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.

X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños, y

 

(Sin Correlativo)

XI. Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su educación y atención.

 

 

Capítulo III
De la Política Nacional en materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil

 

Artículo 19.- La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá tener al menos los siguientes objetivos:

Artículo 19 (...)

 

I a V (...)

VI. Fomentar la equidad de género, y

VI. Fomentar la equidad de género;

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de conformidad con las prioridades que defina el Consejo, y de los requerimientos y características de los modelos de atención.

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de conformidad con las prioridades que defina el Consejo, y de los requerimientos y características de los modelos de atención, y

 

(Sin Correlativo)

VIII. Implementar mecanismos de participación de padres de familia y de quienes ejercen la tutela de niñas y niños, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de Atención.

 

Transitorios

 

 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos -de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República-, son competentes para emitir el dictamen correspondiente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora cuando afirma que la Constitución establece la prevalencia del interés superior de la niñez, en el artículo 4º Constitucional, a la par que otorga a ascendientes, tutores y custodios la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios básicos.

Así, los párrafos noveno, décimo y décimo primero, disponen:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Igualmente, cuando refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente los artículos 3 y 4, donde se estipula que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (numeral 1); el que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán  todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas (numeral 2); así como el que los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.

También concuerdan, cuando se retoma la necesaria participación de padres, madres o tutores en lo concerniente a la calidad de los servicios que prestan las llamadas guarderías o estancias infantiles, en virtud de ser los lugares seleccionados por aquellos para cuidar y atender a sus hijas e hijos, mientras desempeñan una labor remunerada, y por tratarse de una prestación a la que tienen derecho como trabajadores.

TERCERA. Notoriamente, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, vigente, dispone fehacientemente que la rectoría de los servicios que prestan las genéricamente llamadas guarderías recaiga en el Estado; esto, en el artículo 14.

Enseguida, en los artículos 18 y 19, se estipula que la política en la materia sea determinada por el Consejo Nacional de Prestación de Servicios que se integra por diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley General de Prestación de Servicios.

Entre otros objetivos de la política nacional, se encuentran los de definir criterios estandarizados de calidad y seguridad, así como el de contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil (artículo 19)

En tanto que en el artículo 20 se señala que en el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de la política en la materia se han de atender principios tales como el interés superior de la niñez y la participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen.

El Consejo Nacional -la instancia normativa, de consulta y coordinación, a través de la cual se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia (artículo 24 de la Ley)-, tendrá como atribuciones, entre     otras:

• Promover los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad entre la sociedad civil y las diferentes dependencias y entidades que integran el Consejo (Artículo 31, fracción III)

• Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos (Artículo 31, fracción VIII)

• Promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados (Artículo 31, fracción IX)

• Promover la participación de las familias, la sociedad civil y niñas y niños en la observación y acompañamiento de la política nacional y de los servicios (Artículo 31, fracción XI)

Acerca de la participación de los sectores social y privado, el artículo 59 dispone que a través de las políticas públicas relacionadas con la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se fomentará la participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de esta Ley y de conformidad con la política nacional en la materia.

Sobre las tareas de vigilancia, en el artículo 63 se establece que sea el Consejo en coordinación con los tres órdenes de gobierno quienes ejecuten el programa respectivo:

Artículo 63. El Consejo, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y, en su caso, los municipios, implementarán el Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento, el cual tendrá los siguientes objetivos:

I. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil (…)

Acerca de participación de padres o tutores en la denuncia de irregularidades y riesgos, se determina que:

Artículo 64. La madre, el padre, tutor o la persona que tenga la responsabilidad de cuidado y crianza, podrá solicitar la intervención de la autoridad correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a la normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los Centros de Atención.

Acerca de la evaluación de la política nacional:

Artículo 65. La evaluación de la Política Nacional de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil estará a cargo del Consejo. Dicha evaluación permitirá conocer el grado de cumplimiento de los principios, objetivos, criterios, lineamientos y directrices a seguir por las dependencias y entidades en la materia, así como medir el impacto de la prestación de los servicios en niñas y niños.

Artículo 66. El Consejo llevará a cabo la evaluación a través de uno o varios organismos independientes que podrán ser instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

CUARTA. En consecuencia, y como derivado de la Ley General, el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018 plantea que la función principal de los Centros de Atención (CA) Infantil, es prestar servicios de cuidado a las niñas y niños, cuyos padres no pueden atenderlos por motivos laborales, sin dejar de lado que sean prestados con calidad y profesionalismo bajo medidas de seguridad e higiene necesarias para el buen desarrollo físico, psíquico y emocional de las niñas y niños, por lo cual el presente programa contiene las disposiciones indispensables para ello, acordes a las disposiciones legales aplicables y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo que el Programa establecerá los objetivos, las estrategias y líneas de acción mínimas para que se implementen acciones y medidas que garanticen el buen funcionamiento de los CA Infantil y, en consecuencia, se brinden bajo un esquema de servicios de calidad.

El citado Programa al detallar los modelos de atención vigentes en nuestro país, enlista los siguientes:

• Guarderías; del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

• Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI); del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

• Centros de Desarrollo Integral Infantil (CENDI); de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

• Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

• Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

• Centros de Asistencia Infantil Comunitarios; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Por cuanto a los servicios que brindan los centros de atención el subcapítulo I.4 -del Capítulo I, Diagnóstico-, alude a ello:

I.4 Servicios.

Los CA, son el lugar donde los padres de familia dejan a sus hijos mientras van a trabajar; por lo tanto estos centros deben brindar seguridad física, psíquica y emocional a las niñas y niños, así como contribuir en su desarrollo, brindando a los padres la certidumbre de que recibirán formación en valores, educación y cuidado de su integridad física, lo cual debe ser prioritario, por ello es fundamental proporcionar los servicios adecuados en ambiente sano y ético.

De manera particular, al referirse a la salud y la alimentación (I.4.1) se anota que son principios básicos de todo niño para desarrollarse en los primeros años de su vida, por ello la importancia de estos servicios en los CA, dado que su impacto determinará el comportamiento e integración social los años posteriores de la vida de las niñas y niños. Lo anterior destacando la colaboración de los padres de familia, entendiéndolos a ellos como el eje rector para la formación de un infante.

Tocante la esfera educativa en los centros de atención, se asienta en predicho Programa que:

Al existir un elemento educativo en los modelos, es posible el establecimiento de una política coordinada de educación inicial en los CA. Además, el hecho de que se encuentre directamente relacionada con los trabajos y normativas de la SEP permite identificar a esta como líder natural, por su vocación e influencia en el tema, pues a través de la Subsecretaría de Educación Básica se han diseñado e implementado programas de educación básica e inicial.

Al respecto se cita el artículo 65 de la Ley General de Educación donde se estipulan los derechos de las personas que ejercen la patria potestad o la tutela:

• Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución.

• Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

• Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Reiterando, además, que la participación social en el desarrollo integral de los niños es fundamental porque favorece la construcción de bases sólidas para el desarrollo de una sociedad democrática; quienes participan en ella toman decisiones y desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

De ese modo, el subsecuente apartado prevé lo correspondiente a la participación de padres de familia y tutores, precisando la existencia de comités de padres de familia en educación inicial:

I.4.3 Participación de los padres de familia.

La mayoría de los modelos de atención cuenta con instrumentos de participación,     como:

• Convenios con organizaciones de la sociedad civil.

• Recorridos sistemáticos de los padres de familia para verificar las instalaciones, especialmente para verificar las medidas de seguridad.

• Comités comunitarios conformados por personas que actúan de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica.

• Visitas mensuales para verificar instalaciones y la operación del servicio con ayuda de una guía establecida de manera previa.

• Consejos escolares de participación social.

• Participación en la elaboración del plan de mejora educativa.

A la par, se expone, en algunos programas se incorpora a los padres de familia, haciéndolos copartícipes en la formación de sus hijos a través de talleres, escuelas para padres, manuales de crianza, manuales para madres y padres, platicas informativas sobre los servicios de los Centros, pláticas de educación, cuidado infantil, alimentación, salud, integración infantil, etcétera, y círculos de lectura.

Entre los objetivos señalados en el Programa, figura el de propiciar la creación de una red nacional que fomente la coparticipación de los sectores involucrados:

Objetivos.

1. Propiciar la creación de la Red Nacional de ACDII a fin de fomentar la coparticipación de todos los sectores involucrados.

La creación de la Red Nacional de ACDII, está dirigida a establecer de manera directa líneas de comunicación entre los sectores participantes -público, social y privado-, a fin de garantizar el interés superior del niño; así como fomentar la coparticipación de estos para la ampliación de la cobertura.

Siendo una de sus estrategias y líneas de acción, fomentar la creación de modelos comunitarios que involucren a los padres de familia en las actividades de los centros de atención:

Estrategia 3. Fomentar la creación de Modelos de Desarrollo Comunitario para la consolidación de los CA.

Línea de acción 1: Involucrar a los padres de familia en las actividades que se lleven a cabo dentro de los CA.

Línea de acción 2. Fomentar la creación de proyectos culturales y productivos en favor de la mejora del cuidado infantil en los CA.

(…)

Línea de acción 4: Propiciar la vinculación entre asociaciones civiles, CA y la  comunidad a fin de colaborar en la prestación de servicios especializados a niñas y   niños

En otros de los objetivos, el tercero, se define que en los programas de los centros de atención se debe incluir la participación activa y constante de los padres o tutores, siendo una de las líneas de acción la de fomentar la creación de comités de padres de familia a fin de mejorar los servicios:

Objetivo 3. Favorecer la generalización de prácticas de salud, educativas y alimentarias de éxito que propicien la mejora en la ACDII.

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos, la niñez en su primera etapa requiere de cuidados específicos y fomento de hábitos alimenticios y de higiene, que los CA deben considerar como prioritarios en sus programas. La ACDII requiere de un servicio de calidad donde se procure la salud, alimentación, desarrollos afectivo y cognitivo, así como el desenvolvimiento social, por ello es indispensable establecer mecanismos que permitan mejorar los servicios a favor de las niñas y niños de los CA.

Toda vez que, la primera instancia donde las niñas y niños adquieren los hábitos y cuidados es la familia, los programas de los CA deben incluir la participación activa y constante de los padres o tutores, para lo cual es necesario que se cuente con personal debidamente formado y capacitado para realizar acciones conjuntas.

(…)

Estrategia 2. Impulsar la inclusión de enfoques pedagógicos en los CA adecuados al rango de 43 días a 4 años incumplidos.

Línea de acción 1: Impulsar la aplicación de técnicas que fomenten el desarrollo físico y cognitivo en los niños dentro de los CA.

Línea de acción 2: Implementar experiencias o modelos técnico pedagógicos que hayan demostrado resultados exitosos.

Línea de acción 3: Fomentar la creación de comités de padres de familia a fin de mejorar los servicios que brindan los CA.

QUINTA. Específicamente, en materia de educación, la participación de padres o tutores cobra mayor relevancia por el hecho de que en julio de 2016 el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobernador del Estado de Baja California Sur, firmaron el primer convenio de colaboración para acreditar el programa de estudios de las estancias infantiles, que por equivalente tiene aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP)1.

Dicho convenio tiene por objeto establecer las acciones, compromisos y responsabilidades para validar que las guarderías del IMSS en la entidad otorguen el documento que acredite los estudios de educación preescolar que reciben los niños, facilitando su acceso al segundo año de nivel inicial y asegurando el derecho constitucional a la educación2.

En los primeros días de diciembre pasado se anunció que ya eran ocho estados los que estaban adscritos al mismo (Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Morelos y Tlaxcala)3

Al incorporar a Tlaxcala, el titular del IMSS aseveró que este programa de alcance nacional forma parte de la agenda de inclusión (…) y se implementará en 1,376 guarderías del Seguro Social, en favor de más de 204 mil niños y miles de madres trabajadoras4.

Igualmente habría adelantado que sería para el primer semestre de 2017 cuando las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país completen la autorización de validez oficial para impartir educación preescolar5, y los niños puedan permanecer en ellas cuatro años.

Para febrero del presente año, declaró que con Sinaloa, ya son 14 las entidades en las que se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Certificación del Primer Año de Educación Prescolar en guarderías del Instituto6.

Con Oaxaca, y las quince guarderías del IMSS en el estado, incorporadas al programa, sumaban ya 19 entidades en abril del 20177.

SEXTA. Como se observa, del marco jurídico vigente se desprende una política y un programa nacionales que favorecen la participación de padres y tutores, no obstante la enmienda que se analiza busca proyectar dicha intervención, ampliando su horizonte, a los terrenos de la confección primaria de los servicios que se prestan en los centros de atención a efecto de mejorarlos sobre la base del monitoreo y evaluación8 de los beneficiarios de los mismos.

Lo anterior, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a las autoridades  competentes, como la rectoría de los servicios establecida en el artículo 14 de la Ley que nos ocupa.

En tal virtud, si bien las disposiciones vigentes prevén ya el que los centros de atención lleven a cabo actividades diversas como dar información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños (fracción X del artículo 12); o las atribuciones del Consejo Nacional de prestación de Servicios para promover la participación de las familias, la sociedad civil y niñas y niños en la observancia de la política nacional y de los servicios, o la de promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios (artículo 31), también es cierto que no se alude a las vías para concretar dicha participación -ni siquiera como objetivo de la Política Nacional en la materia (artículo 19)-, por lo que resulta oportuno dejarlo establecido como lo propone la Colegisladora.

De ese modo, consideran estas Comisiones Unidas, se precisa, se aclara y se establece el que se implanten mecanismos de participación desde la ley misma, a efecto de no dejarlo al arbitrio de un programa.

En palabras de la Colegisladora, se enriquecería el marco normativo en la materia

En razón de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, sin objeción alguna respecto a la Minuta analizada, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adicionan los artículos 12, con una fracción XI, y 19, con una fracción VIII, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 12 (...)

I a IX (...)

X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños, y

XI. Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su educación y atención.

Artículo 19 (...)

I a V (...)

VI. Fomentar la equidad de género;

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de conformidad con las prioridades que defina el Consejo, y de los requerimientos y características de los modelos de atención; y

VIII. Implementar mecanismos de participación de padres de familia y de quienes ejercen la tutela de niñas y niños, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de Atención.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

1 Ver: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201607/120

2 Ibídem.

3 Ver: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201612/224

4 Ver: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201611/225

5 Ver: http://www.sistemamichoacano.tv/noticias/22-nacional/12669-guarderias-
del-imss-tendran-validez-oficial-para-preescolar-en-2017

6 Ver: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201702/048

7 Ver: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201704/103

8 Por añadidura, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil —a mediados de mayo último—, se habría abordado el tema relativo al Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento, sin precisarse los resultados 
Ver: http://www.gob.mx/difnacional/articulos/preside-titular-de-dif-sesion-del-consejo-
nacional-de-prestacion-de-servicios-para-la-atencion-cuidado-y-desarrollo-integral-infantil-107794.






Por el que se adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la minuta que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite legislativo dado a la minuta referida.

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA MINUTA” se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los argumentos y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de agosto de 2016, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. El 15 de diciembre de 2016, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Iniciativa referida en el numeral que antecede, siendo remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos Constitucionales, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-1602, expediente número 3344.

3. Con fecha 02 de febrero de 2017, en sesión plenaria del Senado de la República, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio con el que se remite la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su estudio y resolución.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Colegisladora señala que el artículo 4º constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Expone que la deserción escolar es uno de los principales problemas actuales, por lo  cual se comparte la intención de la iniciativa de configurar un mecanismo eficiente para la identificación, denuncia y la atención de los casos que se registren a fin de a fin de garantizar el derecho a la educación previsto en el artículo 3º Constitucional.

Asegura, que si bien la Ley General vigente ya contiene disposiciones en torno a implementar medidas para prevenir la deserción escolar sea cual sea su origen, no cuenta con herramientas eficaces para erradicarla a fondo.

Afirma que la adición propone un mecanismo eficaz que permite identificar y atender los casos de asistencia regular, abandono y deserción escolar; que establece una coordinación más clara entre autoridades educativas y las procuradurías de protección, ampliando lo que el artículo 121 ya determina.

Explica que la propuesta es congruente con las atribuciones de la Procuraduría de Protección tal y como se estipula en el artículo 122 de la Ley General.

Asevera que es oportuna la modificación propuesta con la finalidad de identificar, denunciar y atender los casos de abandono o deserción escolar ya que permite que se tomen las medidas y procedimientos necesarios y pertinentes por parte de las procuradurías de protección correspondientes, y, en su caso, de las autoridades jurisdiccionales en atención a lo notificado por las autoridades   educativas, con la intención de restituir el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Menciona que con la finalidad de ajustar el texto a los conceptos que se disponen en la normativa educativa, y en específico a la distribución de competencias que realiza la Ley General de Educación para la Prestación de Servicios Educativos se efectuaron ajustes al mismo.

Por lo anterior, se propone la siguiente enmienda legislativa:

• Adicionar la fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Legislación vigente

Propuesta de modificación

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Capítulo Décimo Primero
Del Derecho a la Educación

 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

Artículo 57. ...

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo 103 de esta Ley.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I a XIX (…)

l. a XIX. ...

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, y

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación;

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional, y

 

 

(Sin Correlativo)

XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos.

 

 

(Sin Correlativo)

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

 

(Sin Correlativo)

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la normatividad en la materia.

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

Transitorios

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Segundo. Los instrumentos normativos que derivan del presente Decreto, así como los que integran el Sistema Nacional de Protección Integral deberán adecuarse a la presente reforma.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos -de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República-, son competentes para emitir el dictamen correspondiente de la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDA. La asistencia irregular, el abandono o la deserción escolar revisten múltiples aristas, causas multifactoriales ligadas indisolublemente a la condición socioeconómica de los núcleos familiares donde están insertos niñas, niños y adolescentes.

Situación que da pie a la vulneración absoluta de derechos o en el mejor de los casos en el goce limitado de los mismos.
En palabras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): en México existen factores sociales, económicos y de dispersión geográfica que representan un reto a los esfuerzos por garantizar el derecho a la educación, y suponen dificultades, sobre todo para la población que sufre pobreza y marginación, pero también para quienes se hallan en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes, los indígenas, así como los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad. Estos grupos presentan un riesgo mayor de abandonar la escuela1.

En términos numéricos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) precisa2 que en 2015 de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal [2015], la población de tres a 17 años asciende a 33 064 767 personas que representan 84.3% del total de niñas, niños y adolescentes. Este grupo de población está en edad escolar por lo que demandan atención en el Sistema Educativo Nacional (…)

De ese modo, abunda el INEGI: con base en los datos de la Encuesta Intercensal se tiene que uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes no asiste a la escuela. Los mayores porcentajes se registran en las edades de 3 a 5 años, con 49.3% y en los adolescentes de 12 a 17 años, con 36%, situación que aumenta su vulnerabilidad a la marginación.

Asimismo: del total de adolescentes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela, solo 56.0% completó su educación básica que incluye la secundaria terminada, 41.0% no concluyó sus estudios básicos y 2.8% no completaron ningún año escolar.

A la luz de las problemáticas sociales que registra el México actual, resulta ineludible ligar la condición de estar fuera de la escuela con la persistencia nociva, en muchos aspectos, del trabajo infantil, como derivación de los factores sociales, económica y geográfica a los que alude el UNICEF.

Así, en contraste, de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2015, 8.4% (2 475 989) de los niños, niñas y adolescentes realizan alguna actividad económica; de ellos, 69.8% (1 728 240) son niños y 30.2% (747 749) son niñas. El 14.0% tiene de 5 a 11 años; 21.8% son adolescentes de 12 a 14 años; mientras que la mayor proporción se presenta en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años con un 64.2 por ciento3.

Igualmente, se señala que de la población infantil que trabaja, 89.6% (2 217 648) realiza actividades económicas no permitidas. De estos, 40% no tienen la edad mínima para trabajar y 60% realizan actividades que resultan peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y que afecta el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral4.

Al observar los motivos que los llevan a trabajar: 23.5% declaró que trabaja para pagar la escuela y/o sus propios gastos; otro 23.5% dijo que lo hacía por gusto o solo por ayudar. Uno de cada 10 manifestó que el hogar necesita su aportación económica. Mientras que para 16.8% el hogar necesita de su trabajo. En lo que respecta a la persona para quien trabajan, seis de cada 10 (59.2%) lo hacen para un familiar y 3.8% trabajan solos o por su cuenta5.
Finalmente, por lo que toca a la asistencia escolar, se tiene el siguiente panorama:

La asistencia escolar, además de ser un derecho fundamental, es un factor importante que contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil. De los niños, niñas y adolescentes que trabajan, 37% (915 309) no asisten a la escuela, ante un 4.3% (1 165 034) de infantes que no están ocupados realizando alguna actividad económica.

La razón de no asistencia escolar en dos de cada 10 (24.9%) niños, niñas y adolescentes ocupados, es el trabajo6.

TERCERA. Por otra parte, en el documento Niñas y Niños Fuera de la Escuela (UNICEF, 2016), se expone un panorama similar que refuerza la visión anterior. En él se señala, en cuanto al diagnóstico:

Con base en la estadística oficial recabada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Formato 911 y las pro­yecciones de población realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), durante el ciclo escolar 2013-2014, la tasa de no asistencia por edad específica de NNA de entre 3 y 17 años fue 11.5%. Esto representa 3, 890, 941 NNA. La cifra incluye a quienes no asistieron a la escuela independientemente del nivel que les correspondía por edad normativa. Dicha tasa aumenta a 18% cuando se trata de la tasa neta (6, 085, 279 NNA). Lo anterior significa que hubo más de dos millones de NNA que asistieron a la escuela en una edad diferente de la normativa (se incluyen quienes entraron antes o después a los niveles de primaria, secundaria o media superior).

En todas las dimensiones [rangos de edad] presentadas en este estudio, los resultados muestran que los grupos que menos ven cumplido su derecho a la educación son los siguientes: 1) niños y niñas con alguna discapacidad; 2) quienes residen en ámbitos rurales; 3) la población de origen indígena; 4) los niños que trabajan, y 5) quienes habitan en hogares de bajo nivel de ingreso. Asimismo, se observa una relación más estrecha entre la condición de asistir a la escuela y al­guna de las siguientes características: el jefe de familia es analfabeto; tiene baja escolaridad; es hablante de alguna lengua indígena; el hogar es de tipo familiar ampliado y/o el hogar tiene jefatura femenina.

En el caso de la educación media superior:

En el caso de los factores de riesgo, la repetición de grados, los resultados deficientes en las asignaturas, el ingreso tardío, el ausentismo y la extraedad (estudiantes con edad superior a la recomendada para el año escolar que cursan, causada generalmente por la repetición de grados escolares), son los principales factores para determinar la permanencia de los NNA en la escuela. La SEP ha identificado tres tipos de factores asociados al abandono escolar en la educación media superior: económicos, personales y escolares. Estos últimos pueden prevenirse, en mayor medida, desde los centros escolares. Vale la pena tomar en cuenta que las estrategias y programas que se planteen para combatir el abandono escolar tendrán mayor efectividad si cuentan con el apoyo de toda la comunidad escolar

CUARTA. Cabe destacar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé en su actual artículo 57, el que las autoridades competentes han de velar por la consecución del ejercicio pleno del derecho a la educación:

(…)

(…)

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación;

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación;

(…)

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo;

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;

(…)

IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes;

XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional.

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por tanto, asumir la creación de mecanismos de denuncia en torno a casos de asistencia irregular, abandono o deserción, por parte de autoridades educativas, para notificarlas a las procuradurías de protección pareciera pasar por alto las responsabilidades básicas establecidas principalmente en las fracciones II, V, VI, VII, IX, XVI y XXI, así como el cuarto párrafo del artículo 57, que mandata a dichas autoridades escolares a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En todo caso, la intervención de las procuradurías, de acuerdo con el artículo 123, en el seguimiento del procedimiento de la protección y restitución de derechos, se vuelca a acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos (fracción V) para después darle el seguimiento necesario.

Así lo observa también, el UNICEF en el documento anteriormente citado (Niñas y Niños Fuera de la Escuela, 2016), donde se presume que en cuanto al papel que juegan las procuradurías como entes coordinadores y de seguimiento de las medidas de protección especial, y de restitución de derechos:

Una nueva institución llamada Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes se encargará de coordinar y dar seguimiento a estas medidas de protección especial, además de que representará, protegerá y defenderá legalmente a niños, niñas y adolescentes.

En la práctica, la Procuraduría de Protección interconectará y coordinará a las instituciones del Estado que, desde su área de especialización, sean las adecuadas para ejecutar las medidas de protección (como las instituciones de asistencia social, de salud, justicia, educación, protección social, cultura, deporte, entre otras) y dará seguimiento a su trabajo para asegurarse de que actúen de manera oportuna y articulada.

Su responsabilidad terminará cuando todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados.

QUINTA. No obstante ello, a juicio de estas Comisiones dictaminadoras, la intención de la Colegisladora al remitir la enmienda, es la de ir más allá de los supuestos establecidos en el vigente artículo 57; es decir, considerar causas distintas a las derivadas de la acción administrativo-presupuestal por parte de las instituciones involucradas para dar paso a un protección integral que identifique e inhiba conductas irregulares que vulneren el ejercicio pleno del derecho a la educación.

En ese tenor, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º Constitucionales, en relación con el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño el cual señala que los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular […] adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, las Comisiones Dictaminadoras valoran que la enmienda, como lo considera la Colegisladora, permitirá identificar y atender los casos de asistencia irregular, abandono y deserción escolar; así como a establecer una coordinación más clara entre autoridades educativas y procuradurías reforzando lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 121 de la Ley General que nos ocupa, a la par que es congruente con las atribuciones que se le confieren el artículo 122.

Así mismo, esta enmienda refuerza lo establecido en el artículo 12 de la LGDNNA, que establece que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niñas y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, esto con la finalidad de que se instrumente y determine la protección y restitución de sus derechos de conformidad con la ley.

En razón de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, sin objeción alguna respecto a la minuta analizada, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 57 (…)

(…)

(…)

I a XIX (…)

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación;

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional, y

XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos.

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la normatividad en la materia.

(…)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los instrumentos normativos que derivan del presente Decreto, así como los que integran el Sistema Nacional de Protección Integral deberán adecuarse a la presente reforma.

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

1 Ver: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). México, 2016. Niñas y Niños fuera de la escuela.

2 Ver: INEGI. Estadísticas “A propósito del Día del Niño (30 de abril) 27 de abril de 2017.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.






Y por el que se declara el día 27 de abril de cada año como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 27 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de Decreto por el que se declara el día 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.

Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 166, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente

METODOLOGÍA

Las Comisiones Unidas responsables del análisis y dictamen de la minuta que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo dado a la minuta referida.

II. En el apartado titulado “Contenido de la Minuta” se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “Consideraciones”, las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los argumentos y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 29 de junio de 2016, los Diputados Sylvana Beltrones Sánchez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Lía Limón García, Ariadna Montiel Reyes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Angélica Reyes Ávila, Norma Edith Martínez Guzmán y Jesús Valencia Guzmán, pertenecientes a diversos grupos parlamentarios, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el día 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la iniciativa a la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 27 de abril de 2017, fue aprobado en sentido positivo, por el Pleno de la Cámara de Diputados, el Dictamen de la iniciativa referida, siendo remitido el expediente CD-LXIII-II-2P-213 con la minuta proyecto de Decreto, a la Cámara de Senadores para sus efectos Constitucionales, mediante el oficio D.G.P.L. 63-II-4-2215, expediente 3233.

4. Con fecha 5 de junio de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores determinó turnar el expediente referido -mediante oficio número DGPL-2R2A.-77-, a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura, para su estudio y resolución.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En el apartado “consideraciones” la Colegisladora asevera que la cultura de prevención es importante para evitar accidentes que provoquen quemaduras en niñas, niños y adolescentes. Que es indispensable realizar acciones y campañas de difusión  con la finalidad de que los menores se puedan desenvolver en un entorno seguro  salvaguardando el interés superior de la niñez.

Que es positivo establecer el día nacional de prevención porque permitirá desarrollar acciones para atender esta problemática, reflexionar acerca de las medidas necesarias, y sensibilizar a la sociedad, a efecto de que trabaje conjuntamente con el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Educativo Nacional.

Que en materia de difusión, el Estado mexicano debe alertar sobre los daños que causan los accidentes sobre la calidad de vida de la niñez afectada.

Al establecer un día nacional de prevención, se aduce, se generará una cultura de prevención de quemaduras en niñas, niños y adolescentes a fin de lograr la reducción de tales eventos.

Por ello, la Minuta tiene por objeto declarar el 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.

Artículo Segundo. Los entes del Sistema Nacional de Salud y las instituciones del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias y programas institucionales, en conjunto con el sector privado y social, realizaran en este día actividades y labores de difusión con enfoque de prevención del riesgo de quemaduras en niñas, niños y adolescentes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para su implementación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, son competentes -de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 166, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República-, para emitir el dictamen correspondiente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.

SEGUNDA. Las Comisiones Dictaminadoras concuerdan con la Colegisladora cuando asevera -retomando la exposición de motivos de las y los iniciantes-, que la cultura de la prevención es de suma importancia para evitar accidentes que provoquen quemaduras en niñas, niños y adolescentes. Por ello, aducen es menester llevar a cabo acciones y campañas de difusión a efecto de crear un entorno seguro donde puedan desenvolverse.

Asimismo, cuando se asegura que el establecer un día nacional que aluda a la prevención permitirá desarrollar acciones al respecto, reflexionar acerca de las medidas que se requiere implementar, sensibilizar a la sociedad y garantizar una mejor calidad de vida para la niñez y la adolescencia, a la vez que se presta mayor atención a quienes han sufrido los efectos de este tipo de accidentes.

TERCERA. Efectivamente, la vigente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 50 -dentro del Capítulo Noveno, Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social-, que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Por lo que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán para promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes (fracción III, artículo 50)

Más aún, en el segundo párrafo del artículo citado se estipula que los tres órdenes de gobierno, de manera concurrente, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.

CUARTA. Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) plantea en el artículo 24 el que los Estados Partes aseguren el derecho a la salud, aplicando entre otras medidas aquellas que se orienten a reducir la mortalidad infantil; también, para que todos los sectores de la sociedad conozcan las medidas de prevención de accidentes:

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

(…)

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

El mismo Comité de los Derechos del Niños (CRC) habría expuesto en las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México (de junio de 2015) -en un caso señero por las consecuencias derivadas-, su preocupación por la falta de acceso efectivo a la justicia en el caso de la Guardería ABC, ello en el párrafo 21:

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

21 (…)

En ese sentido, es preocupación del Comité:

(a) El alto número de desapariciones de niñas y niños, especialmente de niñas mayores de 10 años;

(b) El hecho que el Estado parte no ha garantizado aún un acceso efectivo a la justicia para las familias de algunas niños y niñas que han sido víctimas, ya sea por accidentes o por violencia, como lo han sido los casos de las niñas y los niños víctimas del incendio en la guardería ABC del estado de Sonora, o el caso del niño José Luis Tlehuatle del estado de Puebla;

(c) Los reportes sobre un alto número de feminicidios de mujeres y niñas, la falta de datos oficiales desagregados y la prevalente impunidad sobre este asunto

QUINTA. Concretamente, en 2016, la Secretaría de Salud federal -a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA)-, publicó el denominado Modelo para la Prevención de Quemaduras en Grupos Vulnerables1 en México.

Se trata, a decir de la propia dependencia de un modelo específico donde participaron distintas instituciones2 y profesionales que enriquecieron con sus comentarios y sugerencias este documento en el marco del Grupo de Trabajo para la Prevención de Quemaduras en Grupos Vulnerables.

El documento3 señala, que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 definió seis objetivos; tres de ellos son abordados en alguna medida por el Programa de Acción Específico: Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2013-2018 y tienen que ver con “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida”, “asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud” y “avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud”.

Así, se anota en el documento, el Programa de Acción Específico: Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2013-2018, es un Programa de reciente creación y constituye la respuesta de la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, al compromiso del Gobierno Federal por contribuir a disminuir las muertes y daños a la salud causados por los accidentes. Para ello, el Programa de Acción Específico planteó en su segundo objetivo “Proponer un modelo integral para la prevención de las principales lesiones accidentales en distintos grupos vulnerables, basado en evidencia”. Con el propósito de dar cumplimiento a este objetivo, se trabajó en la integración de seis Modelos Específicos de Prevención para los cinco principales tipos de lesiones accidentales: asfixias, caídas, ahogamientos, quemaduras y envenenamientos e intoxicaciones4.

En ese tenor, el Modelo Integral para la Prevención de Accidentes tiene como base un enfoque de salud pública que toma como referencia la evidencia nacional e internacional de las acciones que han mostrado ser efectivas en materia de prevención y control de los cinco principales tipos de lesiones accidentales, entre ellas, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud5.

Ya en la parte introductoria6 del modelo específico de prevención se puntualiza que las quemaduras son un importante problema de salud pública en México. Un número inaceptablemente alto de personas fallece todos los años por esta causa y otros más sobreviven con secuelas que afectan su imagen y funcionamiento corporal, así como su participación en la sociedad. Gran parte de los lesionados por esta causa demandan atención médica especializada desde la etapa aguda hasta la rehabilitación de sus secuelas.

Seguidamente, las definen7 como:

1.1.3 Definición de quemaduras

De acuerdo con la OMS, una quemadura se define como una lesión de la piel o de otros tejidos corporales causada por el calor, o debido a la radiación, radioactividad, electricidad, fricción o contacto con químicos (4). Para los fines del presente modelo se tomarán en cuenta sólo las quemaduras que ocurren cuando algunas o todas las células de la piel o de otros tejidos son destruidos por la inhalación de gases, vapores, líquidos calientes o emanaciones nocivas procedentes de la combustión incompleta; así como por contacto con líquidos calientes (escaldaduras), sólidos calientes (quemaduras por contacto) o por el contacto directo con fuego

Incluso las clasifica8 de acuerdo al daño causado:

(…) las quemaduras se pueden clasificar de acuerdo al grado y la profundidad de la lesión en primer grado, cuando la lesión afecta la epidermis resultando en una respuesta inflamatoria simple; segundo grado, cuando el daño de la piel se extiende por debajo de la epidermis dentro de la dermis sin destruir todos los elementos de la piel. Éstas a su vez se pueden clasificar en superficiales y profundas dependiendo si duran menos o más de tres semanas en sanar, respectivamente. Las quemaduras de tercer grado son aquéllas donde existe daño a todos los elementos de la piel, incluyendo epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y los folículos pilosos. Estas lesiones no pueden regenerarse sin un injerto

Con el fin de registrar la magnitud que alcanzan este tipo de accidentes, las cifras9 sobre el asunto muestran un panorama por lo menos preocupante:

1.2.2 La epidemiología de las quemaduras en grupos vulnerables en México Mortalidad

De 2000 a 2013 fallecieron un total de 9,073 personas, de las cuales el 69.9% fueron hombres. La cifra anual de defunciones por quemaduras disminuyó de 721 durante 2000 a 528 en 2013, lo que representa un decremento del 26.8% en el periodo. Sin embargo, la tendencia durante este periodo no ha sido estable, ya que presenta un pico en 2005, desciende para 2006 mostrando un nuevo incremento hasta 2009, año a partir del cual la tasa de mortalidad por quemaduras presenta una disminución.

De las personas que fallecieron durante 2013 a consecuencia de quemaduras, el 27.3% fueron mujeres. Por grupo de edad, el 10.2% entraron en la categoría de 0 a 9 años, el 5.9% de 10 a 19 años y el 32.8% fueron personas adultas mayores. Con esto, las quemaduras en 2013 se ubicaron en el lugar 32 dentro de las principales causas de muerte en menores de cinco años con 0.4 defunciones por cada cien mil, en el lugar 22 en menores de 5 a 9 años con 0.1 muertes y en el lugar 25 en adolescentes con 0.1 muertes por cada cien mil. En las personas adultas mayores de 60 a 69 años las quemaduras se ubicaron en el lugar 49, y en los del grupo de 70 años y más en el 51, con una tasa de mortalidad de 0.9 y 2.1 defunciones por cada cien mil habitantes, respectivamente.

De igual manera, se ubica el lugar de ocurrencia10, siendo que la mayoría de las quemaduras se dieron en la vivienda con el 79% en [el caso de] niños y niñas, el 59.7% en adolescentes y el 54.2% en personas adultas mayores. Un dato importante es el alto número de quemaduras en las que se desconoce el lugar de ocurrencia: el 31.6% en personas adultas mayores, el 24.7% en adolescentes y el 16.3% en las niñas y los niños.

Apuntemos que el Modelo emplaza los objetivos y las metas11 que se persiguen:

2.2.1 Objetivos y metas

Contribuir a la prevención y el control de las defunciones, lesiones no fatales y discapacidades por quemaduras accidentales en grupos vulnerables. Para 2018, la tendencia estimada en el número de fallecimientos por quemaduras disminuirá un 20% y el número de quemados no fatales se reducirá en un 20%.

Por último, al describir12 el Modelo, se asienta que está compuesto de varias estrategias transversales para la prevenir las diversas causalidades que propician los accidentes:

2.2.2 Descripción del modelo

El modelo se compone de diferentes estrategias transversales cuya implementación se traduciría en la prevención de distintas causas de lesiones accidentales. Entre ellas se encuentra el diagnóstico y la mejora de los diferentes sistemas de información estadística y epidemiológica, la revisión y mejora de marcos normativos, la conducción de inspecciones de seguridad, comunicación social, promoción y educación para la salud y estrategias para mejorar la primera respuesta.

En términos numéricos, y como colofón al presente dictamen, de acuerdo con el Boletín13 Epidemiológico, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 2016 se registraron 48 mil 733 casos; en tanto que para el presente año se calcula que la cifra rondara los 45 mil.

En conclusión, acorde con el objetivo del proyecto de decreto y del Modelo de prevención previamente descrito, y dado que el entramado institucional ha dispuesto los instrumentos de coordinación y/colaboración, instaurar un día especial dedicado a la prevención de lesiones, incapacidades o muertes por quemaduras, contribuiría a visibilizar esta problemática, a sensibilizar a la sociedad de la necesidad de atenderla y con ello se contribuiría fehacientemente a la salud pública.

En razón de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, sin objeción alguna respecto a la Minuta en comento, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”.

Artículo Segundo. Los entes del Sistema Nacional de Salud y las instituciones del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias y programas institucionales, en conjunto con el sector privado y social, realizaran en este día actividades y labores de difusión con enfoque de prevención del riesgo de quemaduras en niñas, niños y adolescentes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para su implementación.

COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

1 1.1.4 Definición de grupos vulnerables. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados define la vulnerabilidad como la “persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia”. Así, el concepto de vulnerabilidad puede ser caracterizado a través de tres coordenadas: el riesgo de estar expuesto a una situación de crisis (exposición); el riesgo de no tener los recursos necesarios para enfrentar esta situación (capacidad); y, finalmente, el riesgo de ser sujeto de serias consecuencias. Durante la infancia, por ejemplo, la población infantil está expuesta a diferentes tipos de riesgos. Esta exposición no es necesariamente voluntaria pues depende de las características del contexto en el que viven y se desenvuelven. Las personas adultas mayores presentan una disminución en la percepción visual y auditiva, así como la modificación del sistema de equilibrio, pérdida de la fuerza corporal, disminución de la velocidad ambulatoria y de los reflejos. De igual manera por sus características físico-biológicas presentan consecuencias mayores que las observadas en población adulta joven (Modelo para la Prevención de Quemaduras en Grupos Vulnerables en México. 2016, pp. 19-20)

2 En este Grupo participaron representantes de las siguientes instituciones: Organización Panamericana de la Salud, Cruz Roja Mexicana, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa Nacional, SEDESOL, INAPAM, INEGI, IMJUVE, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Dirección de Promoción de la Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Protección Civil, Seguro Popular del DF, Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, Sistema DIF-Jalisco, Responsable del Programa de Accidentes del Distrito Federal, Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Hospital Pediátrico Tacubaya de los Servicios de Salud del Distrito Federal, Protección Civil del Distrito Federal, Fundación Michou  y Mau I. A. P., Fire Service Plus de México (Modelo para la Prevención de Quemaduras en Grupos Vulnerables en México. 2016; página 7)

3 Ibídem, pagina 9.

4 Ibídem, pagina 9.

5 Ibídem, pagina 9.

6 Ibídem página 11.

7 Ibídem página 13.

8 Ibídem página 15.

9 Ibídem página 23.

10 Ibídem, página 33

11 Ibídem, página 49.

12 Ibídem, página 50.

13 SSA; Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; semana 22, 2017; Número 22; volumen 34; Semana 22; del 28 de mayo al 3 de junio del 2017; página 55; ver
http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia
-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica






Asimismo, tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)








Y por el que se reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)








También tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN XIX Y 81, FRACCIONES XVIII Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Compañeras y compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, se modificó el orden de prelación de la discusión de dictámenes e iniciaremos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, ADOPTADO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK, EL 7 DE JULIO DE 2017

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Estimados colegas:

Vengo a esta tribuna a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, por el que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 2017.

Aún antes de la creación de la ONU, pero mucho más a partir de ésta, la comunidad internacional ha desarrollado un andamiaje jurídico para regular el uso de las armas, de acuerdo a principios humanitarios. Así, en 1899 fueron prohibidas las balas que se expanden dentro del cuerpo humano.

En 1907 las armas envenenadas también fueron proscritas, y en 1925 los gases asfixiantes, venenosos y las armas bacteriológicas igualmente se prohibieron.

Después, la Carta de las Naciones Unidas estableció como tarea del Consejo de Seguridad, promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos.

Además, la primera resolución de la Asamblea General de esta organización, tuvo como objetivo el eliminar las armas atómicas y las demás armas de destrucción masiva.

Poco después de la crisis de los misiles de Cuba, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y el Tratado de Proliferación Nuclear entraron en vigor, le siguieron el Tratado de los Misiles Antibalísticos y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, entre otros.

Mucho más recientemente se adoptó el Tratado sobre el Comercio de Armas. Sin embargo, a pesar de que otras armas de destrucción masiva están prohibidas en el derecho internacional desde hace décadas, y del conocimiento sobre el terrible impacto humanitario y al medio ambiental de las armas nucleares, y no obstante la obligación que los países poseedores tienen bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuyo artículo 6 establece que cada parte del Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas al cese de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana, así como sobre el desarme nuclear y sobre un Tratado de Desarme General y Completo, bajo estricto y eficaz control internacional, el desarme nuclear no ha sido posible.

Además, si bien los principales países poseedores no se han hecho de más armas, sí las están actualizando y modernizando.

A esto hay que aunar la falta de regulación de material fisionable, que ha incrementado el número de países nuclearmente capaces y el abierto desafío de Corea del Norte, al hacerse de armas y mostrar su poderío nuclear.

Las tensiones entre países poseedores está creciendo, y el contexto geopolítico actual ha sido descrito por el Secretario General de la ONU, António Guterres, como una compleja red que interconecta nuevos y viejos conflictos que han generado graves violaciones al derecho internacional y humanitario y a los derechos humanos y que han forzado a millones de personas a huir de sus hogares.

Siguiendo a Guterres, el mundo está agobiado por tensiones internacionales y conflictos regionales.

Es en este contexto en el que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares fue aprobado por una mayoría de 122 países, más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Pero es este mismo escenario el que da pie a las voces que afirman que hoy menos que nunca es un buen momento para deshacerse de las armas nucleares, porque les atribuyen ser la base de la seguridad internacional. Sin embargo, muchos también han develado lo que en palabras del Papa Francisco es una falsa sensación de seguridad.

Abro comillas: "La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en la amenaza de la mutua destrucción o de la total aniquilación, o en el simple mantenimiento del balance de poder. La paz debe ser construida sobre la justicia; sobre el desarrollo humano integral; sobre el respeto a los derechos humanos; sobre la protección de la creación; sobre la participación de todos en la vida pública; sobre la confianza entre los pueblos; sobre el acceso a la educación y a la salud; sobre el diálogo y la solidaridad". Cierro comillas.

Y es que, ¿cómo el mundo puede ser realmente un lugar seguro, con la existencia de más de 17 mil cabezas nucleares que pueden ser detonadas, incluso por accidente? Éste es sentido común, y la conciencia del inconmensurable poder de destrucción de estas armas, fue lo que animó a todos los que incansablemente trabajaron por la adopción del Tratado, sociedad civil, iglesias, organismos internacionales y los Estados, entre los cuales México sobresalió, tomando plena congruencia con nuestra tradición diplomática, el liderazgo.

Es justo reconocer los esfuerzos de la Cancillería mexicana en este tema. Primero como impulsor y anfitrión de una de las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, que generaron una mayor sensibilización sobre la amenaza nuclear, y luego como decididos promotores del instrumento internacional.

De manera particular quiero reconocer el trabajo del Embajador Jorge Lomónaco, quien es un reconocido artífice del Tratado.

El Senado mexicano también fue parte de este esfuerzo. En 2014, 83 Senadores y Senadoras de todos los grupos parlamentarios firmamos el Exhorto Parlamentario Global para la Prohibición de las Armas Nucleares, organizado por AICAN, la organización que en breve recibirá el Premio Nobel de la Paz, precisamente por sus esfuerzos en este campo.

Además, varios de nosotros durante los últimos cinco años hemos aprovechado foros, como la Unión Interparlamentaria y la Organización Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme, para impulsar esta agenda.

Ahora nuevamente les pido su compromiso con esta causa, votando a favor de este dictamen, a fin de contribuir a la pronta entrada en vigor del Tratado, la cual requiere al menos 50 ratificaciones, y continuando nuestros esfuerzos, en todos los foros de diplomacia parlamentaria en los que participamos, para promover la importancia de este instrumento, así como su ratificación y su universalización.

De ratificarse el Tratado el día de hoy, seremos el cuarto país en el mundo en hacerlo, después de Guyana, la Santa Sede y Tailandia.

De esta manera, aportaremos también a la consolidación del liderazgo de México en este ámbito.

Desde el punto de vista jurídico, el Tratado complementa y apoya los objetivos de no proliferación y desarme del TNP, y llena un vacío en el derecho internacional, gracias a la prohibición expresa de su uso y amenaza de su uso sin admisión de reservas.

El instrumento da cuenta de que las consecuencias catastróficas de las armas nucleares trascienden las fronteras nacionales, de sus efectos para la supervivencia de la humanidad misma y hacia el medio ambiente, el desarrollo, la economía, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones presentes y futuras, además, reconoce al desarme nuclear como un bien público, en tanto que sirve a intereses de la seguridad nacional y colectiva.

El Tratado establece la prohibición expresa de desarrollar, probar, producir, manufacturar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares y/o artefactos explosivos nucleares.

Prohíbe también la transferencia directa o indirecta de estas armas o artefactos, la amenaza de uso, la asistencia, el alentar cualquier actividad de este tipo y el permitir la instalación y el despliegue de armas nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control.

También presenta un camino con miras a la eliminación total de las armas nucleares, ya que señala que los Estados Partes están obligados a cumplir con la conversión irreversible de las instalaciones alguna vez contempladas para este fin.

Finalmente, un aspecto importante es que obliga a proveer asistencia integral a las personas afectadas por los ataques o pruebas nucleares que contemple cuestiones de género, médicas, de rehabilitación, psicológicas, sociales, económicas.

Asimismo, los Estados deberán adoptar medidas para resarcir el daño ambiental provocado por este tipo de pruebas.

Compañeros, hace apenas unos años la prohibición de las armas nucleares era un  sueño de muchos y la obsesión de unos cuantos que parecía inalcanzable, hoy es una realidad y quizá el único tributo digno para las víctimas de los ataques en Hiroshima y Nagasaki.

La comunidad internacional comprometida con el desarme nuclear, hoy puede estar más orgullosa de haber creado una nueva norma internacional que es la mayor contribución en décadas para que las armas nucleares no sean usadas de nuevo bajo ninguna circunstancia y para alcanzar la aspiración de un mundo realmente seguro.

Los invito nuevamente a votar a favor de este dictamen y a seguir contribuyendo a los esfuerzos por la paz.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Defensa Nacional.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, que estamos poniendo el día de hoy a consideración de este Pleno, ratifica el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, firmado por el Ejecutivo Federal en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado 7 de julio de este año.

De ratificar este instrumento internacional, México estaría reafirmando su compromiso y lucha asumida a lo largo de toda su historia sobre la no proliferación, posesión o utilización de armas de destrucción masiva.

Nuestro país ha sido un importante referente por la postura en su política exterior a favor de un mundo libre de armas nucleares, como ejemplo de ello se puede citar el Premio Nobel de la Paz, que recibiera en 1982 Alfonso García Robles, Embajador emérito de México, quien presidió las negociaciones del Tratado de Tlatelolco de 1964 a 1967.

Y en efecto, es de digno reconocimiento y orgullo el que México fuera el principal promotor del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, también conocido como el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y El Caribe.

México también forma parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, instrumento que ha cumplido un papel central en la política internacional de no proliferación de armamento nuclear en los cinco continentes del mundo.

Este Tratado, a nuestra consideración, logró frenar la carrera armamentista con armas nucleares que se vislumbraba tras las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, y que significaron el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

Cuando el Tratado entró en vigor en el año de 1970, los dos países de mayor potencial nuclear, Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia, contaban con 23 mil y 11 mil 700 cabezas nucleares, respectivamente, cantidad que Estados Unidos mantuvo relativamente igual hasta 1986, en contraposición a la Unión Soviética que las aumentó dramáticamente en una cantidad de alrededor de 40 mil cabezas nucleares.

Pero afortunadamente y a partir de ese año, y hasta el día de hoy, se ha dado una reducción importante, así es que hoy Estados Unidos y Rusia cuentan solamente con 4 mil 480 y 4 mil 300 cabezas nucleares, respectivamente.

Los países del Reino Unido, Francia y China, que históricamente han sido considerados también como potencias nucleares, han seguido su política de mantener armas de esta naturaleza, política a la que desgraciadamente se sumaron otros países como Israel, India, Pakistán, y muy recientemente Corea del Norte, que en los últimos años ha mantenido una actividad preocupante a nivel internacional.

No son pocos los países que como México se esfuerzan por alentar la solución de los conflictos por la vía diplomática, el diálogo civilizado entre iguales, la comunidad mundial es consciente de los muchos problemas que aún faltan por resolver: la pobreza y el hambre como temas principales a resolver, por lo que es necesario eliminar cualquier fuente que tenga el potencial de agravar los problemas que aquejan a las sociedades y poner en riesgo los logros ya alcanzados.

El uso deliberado o accidental de armas nucleares no sólo traería como consecuencias humanitarias y ambientales irreversibles a nivel regional y a nivel  mundial. De ahí la importancia de seguir trabajando por conseguir un desarme nuclear total, sobre todo en aquellos países que preservan y alientan estas armas de destrucción masiva.

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares enfatiza en su preámbulo que: cualquier uso de armas nucleares sería contrario a las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, por lo que reconoce que una prohibición jurídicamente vinculante de las armas nucleares constituye una contribución importante para el logro y el mantenimiento de un mundo libre de armas nucleares, incluida la eliminación irreversible, verificable y transparente de estas armas nucleares.

Este nuevo Tratado es la reafirmación de México en su compromiso por el uso no bélico del conocimiento nuclear, mensaje que cobrará fuerza a medida que se vayan sumando otros países y que se espera pueda permear en aquellos países que aún mantienen su postura de armamento nuclear y que no han estado de acuerdo desde un inicio con este Tratado.

Tengo la seguridad de que el voto que hagamos por parte de este Pleno a favor de este instrumento jurídico, de este Tratado internacional, no solamente es un voto a favor de un dictamen más, es un voto a favor de la paz en el mundo.

Muchas gracias por su atención.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Fernando Torres Graciano.

Está a discusión el anterior dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hago uso de la tribuna para hablar a favor del presente dictamen, toda vez que recordamos, claro, aunque muchos de nosotros no hayamos nacido en esa terrible fecha cuando el estallido de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945, algunos de aquí sí, eh. Algunos de aquí sí estarían muy jóvenes, esos sucesos marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, lo cual incidió en el espíritu de la Carta, como ya lo dijo mi compañera y amiga Laura Rojas, incidió en la Carta de las Naciones Unidas que vela por preservar la paz y la seguridad internacional por encima de cualquier interés individual.

México, en congruencia con su vocación pacifista y con esa vocación no nuclear, heredada de las cicatrices de su historia, ha mantenido un firme compromiso con los propósitos y los principios de esta Carta de la ONU, apegándose al derecho internacional siempre, y cuyas directrices han influenciado su política exterior, en especial, en materia de desarme.

Con la suscripción el 14 de febrero de 1967, del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y a raíz de lo que podemos recordar que era la crisis de los misiles en Cuba y en El Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, México fue pionero en impulsar este tipo de política internacional a través de este gran Tratado, con una gran convocatoria, haciendo firme la vocación de la no nuclearización de la América Latina.

Esto le trajo hasta 1982, como ya también aquí se dijo, el Premio, vamos a decir, a Alfonso García Robles, el Canciller de ese entonces, un gran Embajador que siempre estipuló que la parte nuclear o la nuclearización es una amenaza para el futuro de la humanidad, esto le valió el Premio Nobel al distinguido Canciller.

En ese contexto, México ha favorecido todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las naciones, prueba de esto está, por ejemplo, aquí en el Senado de la República, que los distintos foros a los cuales pertenecemos, que son muchos, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria Internacional, la UIP, hay una mesa permanente de discusión de las armas nucleares, de la erradicación de las mismas, de la regularización de las mismas.

También en otros foros que tenemos, tanto en Asia, como en Europa, igualmente es un tema recurrente, el que a pesar de que algunos países siguen manteniendo esa tradición de nuclearizar no sólo sus arsenales de armas, sino también su, vamos a decir, su fuente de energía, como es el caso de Francia, que la mayoría de su energía proviene de la fuerza nuclear.

Ahora sí, en pleno siglo XXI, nueve naciones, como ya lo dije: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte, concentran el armamento nuclear global, cuyo gasto oscila en 1.6 billones de dólares al año.

Asimismo, no participaron en la articulación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares al que aquí ya se hizo referencia.

Esto fue aprobado, como ustedes saben, por la ONU, el 7 de julio del año en curso, y seguramente por razones estratégicas y por así convenir a sus intereses, ni siquiera participaron en el debate.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, el ICAN en inglés, es una organización de la sociedad civil, a la que pertenecen organismos de 101 países, que ha sido, por supuesto, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y ésta busca generar una nueva conciencia mundial ante la coyuntura actual, para buscar erradicar, vamos a decir, la proliferación de este tipo de armas.

Este Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, especialmente se caracteriza por lo siguiente: por ejemplo, fue aprobado por 122 países en julio pasado, es el primer Acuerdo contra las Armas Nucleares Multilateral y legalmente vinculante en 20 años. Y esto es muy importante, la vinculación en una situación de este tipo, porque siempre debates van, debates vienen; cartas de intención, declaraciones, pero no se había hecho vinculante. Y ahora, a partir de ahora, de este julio pasado sí es, y esto ya marca un hito en la historia reciente.

También prohibir completamente el desarrollo, almacenamiento, transparencia o la amenaza del uso de armas nucleares, esto es muy importante, obligar a los Estados a resarcir los daños a las víctimas de ataques o pruebas nucleares, que es algo inédito. Sí, es decir, el resarcimiento al daño a terceros.

Monitorear constantemente sus alcances para su aplicación de manera eficaz y por complementar la arquitectura legal del desarme.

La novedad del instrumento es que no sólo suma las voluntades de los Estados, sino las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, que es una tendencia ya mundial, sobre todo en los temas no sólo nacionales, sino internacionales también, y en distintos planos, en la parte local, en la parte regional y por supuesto, como ya lo dije, en la internacional.

Esto, con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el TPAN, México reafirma inequívocamente su política exterior en favor del desarme.

Nosotros ya tenemos una tradición, la vamos a seguir refrendando sea como sea, en el tiempo que sea, así México se mantendrá incólume ante esta problemática mundial.

Esto también concuerda con el Objetivo 16, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es el de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, del que se deriva el concepto de paz sostenible.

Este concepto es muy importante, hoy por hoy ya está presente en todos los discursos de los trabajadores de la ONU, así como de todos los que trabajamos en materia de evaluación y seguimiento de política exterior.

Este paradigma promueve la prevención de conflictos y la garantía de alcanzar la paz, mediante el desarrollo humano.

El Estado mexicano asume con ahínco su responsabilidad, compañeras y compañeros, en la creación de nuevos horizontes hacia la paz, de ahí que se promueva el sistema multilateral y redoble esfuerzos en todos los foros internacionales, en aras de hacer del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares una realidad.

¡Todos, compañeras y compañeros, todos y todas contra las armas nucleares!

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco.

El Senadora Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hace 72 años los Estados Unidos perpetraron uno de los más horrendos crímenes de guerra en contra de la humanidad, haciendo explotar dos bombas nucleares sobre poblaciones civiles japonesas, desencadenando el terror de una permanente amenaza de holocausto que marcó toda la política internacional hasta nuestros días.

Este crimen de guerra contra la humanidad inició también una siniestra cascada de pruebas nucleares y la proliferación de la industria nuclear, cínicamente autodenominada "Átomos para la Paz".

Las consecuencias de esta locura de los países poderosos, afectan directamente a la salud humana y a toda la vida en el planeta que, de no poner un alto, amenazan también con repetirse, como en 1945 o hasta con peores consecuencias.

Las víctimas y las familias, las generaciones siguientes de Hiroshima y Nagasaki siguen padeciendo los efectos del ataque nuclear de los Estados Unidos, en 1945.

Si bien los planes para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos forman parte de las atribuciones soberanas de cada Estado, la comunidad internacional ha acordado, desde los años 70's del siglo pasado, que las armas nucleares no debían proliferar, estableciendo un régimen internacional muy peculiar en el que se prohíbe desarrollar este tipo de armamento y se establece un régimen de inspecciones internacionales en caso de sospecha.

Adoptado el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, más conocido como TNP, en 1968, este fue ratificado por casi todos los Estados del planeta.

Es de notar que no son parte de este Tratado la India, quien detonó por primera vez un arma nuclear en 1974; Israel y Pakistán, quienes la detonaron oficialmente en 1998, pese a existir sospechas de haber procedido ensayos de forma secreta mucho antes.

Tanto India como Pakistán y Corea del Norte han reconocido oficialmente poseer armas nucleares.

Con relación a los estados que sí son parte, en el año 2003, Corea del Norte optó por renunciar al TNP, y anunció tener arsenal nuclear en 2006, país que actualmente amenaza e incluso ha intentado utilizarlo, como todos lo hemos presenciado a través de las noticias recientes.

En los últimos años, el aumento significativo de ojivas nucleares en Estados Unidos y Rusia, seguidos por China, ha replanteado el tema de la no proliferación. Estos tres países destinan programas cada vez más costosos para reforzar sus programas.

Cito: El punto de inflexión llegó en 2014, cuando el gobierno austriaco tras organizar la Tercera Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, se comprometió a: "Identificar y promover medidas efectivas para cubrir el vacío legal para la prohibición y eliminación de armas nucleares".

Con ello, Austria metió el dedo en la llaga, señaló el defecto de base del Tratado de No Proliferación, ya que legalmente no prohíbe la posesión de armas nucleares por parte del P5.

Un año después, la denominada promesa austriaca fue asumida por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Derivado de lo anterior, se emite el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el viernes 7 de julio de 2017, en la ciudad de Nueva York, el cual consta en total de 20 artículos negociados entre 129 Estados que participaron en su elaboración, entre los que se encuentra México; aprobado con el voto a favor de 122 países; el rechazo de un Estado y la abstención de otro.

Con este acto es clara la victoria diplomática de Naciones Unidas con la que reafirma la férrea voluntad de gran parte de la comunidad internacional de terminar con armas de exterminio de este alcance y que lejos de contribuir a un mundo más seguro, como rezan sus promotores, han contribuido a la situación de convulsión que lo azota desde varios decenios.

El acuerdo refleja la preocupación de la comunidad internacional por las catastróficas consecuencias humanitarias que traería el empleo de las armas nucleares y reconoce, por tanto, la necesidad de eliminarlas.

En ese sentido, prohíbe su desarrollo, prueba, producción, adquisición, posesión, almacenamiento y transferencia, así como la amenaza de su uso.

También recoge la obligación de asistir a las víctimas y de atender los daños ambientales derivados de los ensayos con armas nucleares.

El Tratado cuenta, además, con espacios para que se incorporen al mismo los países poseedores de los letales artefactos, los únicos de exterminio en masa sobre los cuales no existía una conexión para prohibirlos.

El Tratado se abrió a la firma el 20 se septiembre y entrará en vigor cuando lo ratifiquen 50 Estados.

Por tal motivo y en cumplimiento a la facultad que este Senado tiene en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, aprueban la celebración del citado Tratado, y sus integrantes los invitamos, compañeras y compañeros Senadores, Senadoras, a emitir su voto a favor del dictamen de la presente.

Con esto, México debe reafirmar su voluntad de abrir paso a una nueva era de la política internacional multilateral y a un pacifismo activo que puede enfrentar las amenazas de dos posibles catástrofes que se ciernen, como la "Espada de Damocles", sobre los seres humanos que habitamos este planeta.

La amenaza de una guerra nuclear, hoy activada por los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte, y el desastre ambiental.

La seguridad de los seres humanos debe ser lo primero y no una absurda carrera armamentista que hoy regresa como una pesadilla.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Morón.

Está solicitando el uso de la voz la Senadora Marcela Guerra, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Es simple y sencillamente que cometí una omisión, toda vez que sí necesitamos, y creo yo, que después de la ronda que amerita este importante tema, el de poder guardar un minuto de silencio por la muerte de la señora ex Canciller Rosario Green.

Una académica, política, diplomática que trajo muchas cosas hacia México, cosas positivas, por lo cual yo considero importante que en este Senado de la República le otorguemos un minuto de silencio y/o un minuto de aplausos.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, con gusto será atendida su solicitud.

Le solicito respetuosamente me permita terminar con el trámite procesal de los oradores registrados. Al término de los oradores y antes de abrir la votación, con mucho gusto se obsequia su solicitud.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Corresponde el uso de la voz al Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Con su permiso, señor Presidente.

Las armas nucleares son las más peligrosas de la tierra, sólo una puede destruir una ciudad entera, además de potencialmente matar a millones de personas y poner en peligro tanto al medio ambiente como a la vida de las generaciones futuras, ya que sus efectos a largo plazo resultan devastadores. Únicamente su mera existencia ya supone un riesgo muy alto.

Aunque las armas nucleares sólo se han utilizado dos veces en la guerra, en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en la actualidad aún quedan, al parecer, aproximadamente 26 mil, y hasta la fecha se han llevado a cabo más de dos mil ensayos nucleares.

El desarme es la mejor opción para protegernos de tales peligros, no obstante alcanzar este objetivo ha sido un reto muy difícil.

Desde su fundación, las Naciones Unidas han perseguido la eliminación de este tipo de armas.

En su primera resolución, 1946, la Asamblea General estableció una comisión para tratar, entre otros, los problemas derivados del descubrimiento de la energía atómica.

La comisión debería considerar la formulación de medidas prácticas destinadas a favorecer, entre otras cosas, el control de la energía atómica en la medida necesaria para asegurar su empleo sólo con fines pacíficos.

La resolución también decidió que la comisión tenía que presentar propuestas para la eliminación de los armamentos nacionales, de las armas atómicas y todas las demás armas de gran potencia aplicables, ahora o en el futuro, a la destrucción en masa.

Desde entonces se han creado varios tratados multilaterales con el propósito de evitar la proliferación de armas nucleares y los ensayos, a la vez que fomentan el desarme nuclear.

Entre ellos destacan el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el Tratado por el que se Prohíben los Ensayos de Armas Nucleares en la Atmósfera, en el Espacio Ultraterrestre y Debajo del Agua, conocido también como Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que se firmó en 1996, pero que todavía no ha entrado en vigor.

Algunos tratados y acuerdos bilaterales y plurilaterales pretenden reducir y eliminar ciertas categorías de armas nucleares, así como evitar la proliferación de las mismas y de sus sistemas vectores.

Sin embargo, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio 2017, constituye un acuerdo histórico que prohíbe las armas nucleares.

La resolución fue aprobada por consenso, con 122 votos a favor, el voto en contra de los Países Bajos y la abstención de Singapur.

El texto acordado por 129 países, se negociaron el instrumento que indica que el Tratado cubre la amplia gama de armas nucleares y actividades de ese tipo, prohíbe el desarrollo, las pruebas, producción, adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares.

Las negociaciones que empezaron en marzo estuvieron a cargo de la conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir esas armas y alcanzar su eventual eliminación total, convocada por la Asamblea General.

El Tratado se abriría a la firma a partir del 20 de septiembre de 2017, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y entrará en vigor 90 días después de que los 50 países lo ratifiquen.

No obstante, numerosos países no participaron en las negociaciones de ese Tratado, entre ellos los nueve con capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel.

El Tratado se encuentra a nuestra consideración, entre otros aspectos reconoce los imperativos éticos del desarme nuclear y la urgencia de lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, que es un bien público de primer orden sirviendo tanto a los intereses nacionales como a colectivos de seguridad.

Por consiguiente, la adopción de este Tratado representa un punto de ruptura del status quo, el establecimiento del régimen de no proliferación y la promoción del desarme.

Por ello, para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la participación de México en un nuevo régimen internacional, que prohíbe las armas nucleares, constituye una obligación ineludible y un acto de congruencia con la posición y las aportaciones históricas que nuestra diplomacia ha realizado en el proceso de construcción de un mundo libre de la amenaza nuclear.

En este contexto, adquiere una relevancia especial, lo que ha señalado Amnistía Internacional.

Este histórico Tratado nos acerca un paso más a un mundo libre de los horrores de las armas nucleares, las más destructivas e indiscriminadas jamás creadas.

Todos los Estados deben respaldar plenamente este antídoto frente a las cínicas políticas de riesgo que entraña en el desarrollo, el almacenamiento o el uso de armas nucleares.

La aprobación de este Tratado en las Naciones Unidas demuestra que la mayoría de los Estados consideran que la prohibición mundial de las armas nucleares es la mejor opción para proteger al mundo de sus efectos catastróficos, y muestra una vez más una iniciativa firme, dirigida por la sociedad civil que puede inspirar un verdadero cambio.

Celebremos que México sea parte de los Estados que reitera su compromiso ineludible contra el uso de armas nucleares, y reiteramos con satisfacción nuestra aprobación a la adhesión de nuestro país a este importante e histórico instrumento internacional.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Cesáreo Guzmán.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Pues sinceramente lamento la indiferencia y la ausencia de muchos compañeros Senadores y Senadoras al momento en que estamos discutiendo la ratificación de uno de los Tratados más importantes que este Senado va a resolver a lo largo de las dos legislaturas, el Tratado sobre la Prohibición, definitiva, de las Armas Nucleares, que viene a reforzar uno de los aspectos más importantes de la política exterior de nuestro país y que da continuidad a un instrumento internacional promovido por el gobierno mexicano, suscrito aquí en nuestro país, me refiero al Tratado de Tlatelolco que estableció la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, y que buscan revertir una de las mayores amenazas que hay hoy para la humanidad.

No es un asunto del pasado, no es un asunto histórico el hecho de recordar a qué nivel de barbarie puede llegar la condición humana cuando se lanzaron en 1945 las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, aquel "Little Boy" y el "Fat Man", que hoy parecen juguetes frente al poder destructivo que tienen las armas de destrucción masiva.

Yo por eso creo que es de suma importancia que aprobemos por unanimidad este Tratado, que busca eliminar de manera expresa el desarrollo, la producción, la manufactura, la adquisición o poseer o almacenar armas nucleares o artefactos nucleares explosivos, que busca prohibir la transferencia directa e indirecta de estas armas o artefactos, así como las amenazas que éstas representan y busca eliminar totalmente las armas nucleares, ya que señala que los Estados Parte de estos 129 Estados que suscribieron el Tratado, en la Organización de Naciones Unidas, están obligados a cumplir con la conversión irreversible de las instalaciones que alguna vez fueron contempladas para este fin.

Yo felicito el trabajo que se ha desarrollado tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, como por las distintas Comisiones de Relaciones Exteriores, y espero que le demos la importancia que merece la ratificación de un Tratado de esta naturaleza por el Senado de la República.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas.

Esta Mesa Directiva informa a esta Soberanía que recibimos el texto de la participación de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, mismo que será integrado al Diario de los Debates. La Senadora hace entrega del texto, Senadora, gracias.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, quienes asisten con el propósito de fortalecer su formación cívica y su cultura política.

¡Reciban la más cordial bienvenida al Senado de la República!

Se inserta intervención de la Senadora Grabriela Cuevas Barron.

La Senadora Grabriela Cuevas Barron: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: ¿Falta algún Senador por emitir su voto? Senador Gamboa, a favor; Senador Cordero, a favor; Senadora Adriana Dávila, a favor; Senadora Andrea García, a favor; Senador Lozano, a favor; Senador Raúl Pozos, a favor; Senador Miguel Ángel Chico, a favor; Senador Mario Delgado, a favor. Repito nuevamente, ¿falta algún Senador por emitir su voto?

Señor Presidente, conforme al registro en el sistempa electrónico, se da a conocer que tenemos 78 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 2017. Remítase al Ejecutivo Federal.

Solicito a Servicios Parlamentarios sea registrado el voto en pro del Senador Francisco Búrquez.






MINUTO DE SILENCIO

Compañeras y compañeros Senadores: Como es de su conocimiento, el pasado sábado 25 ocurrió el lamentable deceso de la ex canciller Rosario Green Macías.

La señora Rosario Green fue integrante de esta Asamblea en la LVII, LX y LXI Legislaturas.

Le correspondió el honor de ser la primera mujer titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue también Embajadora de México, en Argentina.

A propósito del deceso de la señora Rosario Green, y atendiendo la propuesta de la Senadora Marcela Guerra Castillo, solicito respetuosamente a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de la señora Green Macías.

Solicito a todas las Senadoras y Senadores ponerse de pie para cumplir con el minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, sírvanse tomar asiento.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

 

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de Decreto, que declara el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional Para la Prevención Del Suicidio”.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de abril de 2017, los Senadores Jorge Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional Para la Prevención Del Suicidio”.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Las Proponentes tienen como objetivo declarar el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional Para la Prevención Del Suicidio”.

Con el objetivo de concientizar a la población y a los grupos más vulnerables sobre las enfermedades mentales y toda aquel padecimiento o situación que puede llevar al suicidio.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Dicha Organización señala en este caso que el suicidio, es el acto de quitarse deliberadamente la vida propia y los factores más importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse son:

1. Las enfermedades mentales;

2. Los trastornos por consumo de alcohol;

3. El abuso de sustancias;

4. La violencia, entre los que toman importancia el bullying escolar;

5. Las sensaciones de pérdida;

6. Diversos entornos culturales, sociales, biológicos, ambientales y económicos, desempleo o problemas financieros.

B. Las personas que con frecuencia tratan de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar, cometen intento de suicidio en busca de alivio a sentimientos de vergüenza, culpabilidad, rechazo, soledad, pérdidas familiares, por señalar los más comunes.

De acuerdo con la OMS, hay 20 millones de intentos de suicidio al año y 1 de cada 20 personas que intentan suicidarse lo logra, dicha tendencia se agudiza en la juventud sin importar el grado de desarrollo económico del país, lo anterior equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 100 mil personas en el mundo, o bien una muerte por suicidio cada 40 segundos.

En los últimos 45 años, la tasa aumentó en 60%, el suicidio está entre las 3 principales causas de muerte, en personas de 15 a 44 años de edad, y es la segunda causa de muerte entre jóvenes que tienen entre 10 a 24 años de edad.

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen tres tipos de riesgos que vulneran la vida de jóvenes y adolescentes:

1. La violencia es una causa importante de mortalidad. Se calcula que todos los días mueren 180 adolescentes como consecuencia de la violencia interpersonal. Aproximadamente una de cada tres defunciones de varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos en la Región de las Américas de la OMS se debe a la violencia;

2. Las lesiones involuntarias son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los adolescentes. En 2012, unos 120, 000 adolescentes murieron como resultado de accidentes de tránsito. Los jóvenes conductores necesitan asesoramiento sobre seguridad vial y al mismo tiempo se debe aplicar con rigor las leyes y reglamentos que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas;

3. La salud mental juega un papel importante en relación a los índices de suicidio, la depresión, es la principal causa de morbilidad entre los adolescentes.

Los datos estadísticos de la OMS manifiestan que:

• Se calcula que en 2015 murieron 1,3 millones de adolescentes, en su mayoría por causas prevenibles o tratables;

• Las lesiones por accidentes de tránsito fueron la principal causa de mortalidad en 2012, con 330 adolescentes muertos al día;

• Otras de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, el suicidio, las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal;

• La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados.

D. De acuerdo con la misma Organización, el suicidio hace referencia a “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intensión de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento verdadero móvil”. En pocas palabras, es una acción deliberada por la que un individuo decide quitarse la vida.

A nivel internacional el suicidio es la segunda causa de muerte en la población menor de 30 años. En Estados Unidos y Europa el suicidio es considerado un problema de salud pública, no solamente por los gastos que genera su atención, sino también por los daños psicológicos colaterales que genera entre los familiares y amigos.

E. Una persona con intenciones suicidas muestra casi siempre el mismo patrón de comportamiento: 1) la ideación suicida; 2) elaboración de un plan; 3) la obtención de medios para consumarlo; y 4) una nota suicida. El hecho de que una persona suicida muestre muchas señales o haga del conocimiento a terceros de sus intenciones, abre una ventana de oportunidad para mejorar las políticas de prevención.

Los trastornos mentales relacionados con la depresión, bipolaridad, ansiedad o la esquizofrenia, así como los problemas familiares, bajos ingresos económicos o el consumo del alcohol o drogas, se encuentran muy relacionados con las conductas suicidas.

El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, son los principales métodos utilizados por los suicidas, aunque también el disparo con arma de fuego o el envenenamiento son recurrentes.

F. En México, el suicidio se encuentra como décimo quinta causa de muerte. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que del año 2000 al 2014, la tasa de suicidios de elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.

Tan sólo en el año 2014 se registraron un total de 6,337. A pesar de que los anteriores datos parecieran que son altos, lo cierto es que nuestro país registra una de las tasas más bajas de suicidio, con un promedio de 5 por cada 100 mil habitantes, en comparación con el promedio mundial que es de 11.4. Sin embargo podemos ver que va en aumento, es por ello que se deben tomar medidas urgentes.

Un dato importante es que el 75 por ciento de las muertes por suicidio está directamente asociado con el padecimiento de un trastorno mental, principalmente con la depresión.

El techo más alto se encuentra entre la adolescencia y la juventud, con el 40.2 por ciento del total nacional de suicidios, al alcanzar una tasa promedio de 7.9 por cada 100 mil personas en ese segmento de edad. De cada 10 suicidios, 8 son cometidos por el sexo masculino, lo que equivale a 2,493 suicidios.

• El mayor porcentaje de personas que cometieron suicidio (32.4 por ciento), contaba con estudios de secundaria;

• 47.8 por ciento eran casados o vivían en unión libre;

• 41.2 por ciento solteros;

• 32.3 por ciento estaba desempleado

G. como bien lo menciona la Iniciativa q se dictamina en Mayo de 2013 la sexagésima sexta Asamblea Mundial de Salud, adoptó el primer plan de Acción en Salud Mental de la OMS, en el cual se contempla la prevención del suicidio, pretendiendo reducir la tasa en los países miembros en un 10% para el año 2020. Es por ello que una de las primeras acciones de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, fue adoptar el 10 de septiembre de cada año como Dia Internacional para la Prevención del Suicidio.

Por ende acorde a las acciones y estrategias y plasmarlas y hacerlas en un rol nacional es que esta comisión codictaminadora está de acuerdo en plantear el 10 de Septiembre de cada año el Día NACIONAL para la Prevención del Suicidio.

Por todo lo anteriormente expresado, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional Para la Prevención Del Suicidio”.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes.

Con el permiso de la Presidencia y también pedir su autorización para hacer una breve exposición de los nueve dictámenes que presentaremos en esta Asamblea el día de hoy.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Proceda usted, Senador.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas Gracias.

En primer lugar, desde luego, nos referimos a esta propuesta de Decreto, mediante el cual se establece el día 10 de septiembre de cada año como “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”.

Es importante compartir con ustedes que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 20 millones de intentos de suicidio al año y uno de cada 20 personas que intentan suicidarse lo logran.

Dicha tendencia se está agudizando, lamentablemente, en la juventud, sin importar el grado de desarrollo económico del país.

Lo anterior equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 100 mil personas en el mundo, o bien, una muerte por suicidio cada 40 segundos.

En los últimos 45 años la tasa aumentó el 60 por ciento; el suicidio está entre las tres principales causas de muerte en personas de los 15 años a los 43 años de edad y es la segunda causa de muerte entre jóvenes que tienen entre 10 y 24 años de edad.

De acuerdo a la OMS, existen tres tipos de riesgo que vulneran la vida de jóvenes ya adolescentes: uno, la violencia, que es una causa importante de mortalidad; segundo, las lesiones involuntarias, que son unas de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los jóvenes y; tercero, problemas de salud mental, entre ellos, la depresión, que juegan un papel importante en relación a los índices de suicidio. La depresión, desde luego, la principal causa de morbilidad e inductora del suicidio entre los adolescentes.

Por eso es que consideramos importante esta propuesta.

En segundo lugar, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de dos iniciativas con proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de higiene de manos, que propone garantizar el funcionamiento de un sistema estandarizado, basado en la excelencia de la higiene de manos como acción indispensable de los profesionales de salud al realizar cualquier actividad en la atención médica, a fin de reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud y con ello la morbimortalidad y sus repercusiones económicas de este tipo, de padecimientos totalmente prevenibles y considerados como un problema de salud público.

La propuesta es una modificación a los artículos 27 y 133, adicionando un párrafo a la fracción II del artículo 27 y una fracción XIV al artículo 134 de La Ley General de Salud, en materia de higiene de manos.

El tercer dictamen es de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, es para declarar la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”.

Esto, en consideración a que la donación de sangre es un procedimiento médico, por el cual una persona, un voluntario no remunerado económicamente, se le realiza la extracción de sangre, que luego se inyecta o se aplica mediante una transfusión a un paciente que la ocupa y se utiliza para elaborar medicamentos, fraccionando el componente total de sangre.

Dado que la sangre humana es una sustancia que a la fecha sigue sin poder sintetizarse, entonces es necesario la extracción de una persona.

En reconocimiento a los miles y miles de donantes voluntarios y por el importante papel que cubren ante esta necesidad, es que se está pidiendo declarar esta segunda semana de junio, como “Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre”.

El cuarto dictamen es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el primer sábado del mes de junio “Día Nacional del Glaucoma”.

El glaucoma constituye un grupo de afecciones oculares que pueden dañar el nervio óptico; este nervio es el que envía las imágenes que vemos, hacia el cerebro. Con frecuencia el daño al nervio óptico es causado por un aumento en la presión intraocular y a esto, desde luego, es lo que deriva en la enfermedad conocida como glaucoma.

El glaucoma, lo más lamentable es que puede ser y es uno de los principales motivos de causa de ceguera, cuando no es tratado, y sólo una mitad de los tres millones, por ejemplo, a nivel de América del Norte, que se estima tiene glaucoma, son conscientes de esta condición.

Por lo tanto, consideramos de importancia, como tema de salud pública, el considerar este primer sábado del mes de junio, como “Día Nacional del Glaucoma”.

Quinto dictamen, es el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, en materia de adicciones.

Desde luego que es muy importante el introducir dentro de la Ley General de Salud, el tema, que es, precisamente, el de las adicciones, para reforzar todos los programas en esta materia.

La adición es agregar, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones que regula la presente ley y la Ley General para el Control del Tabaco.

El sexto dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 5 de abril de cada año como “Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón”, considerando que éste es uno de los cánceres de las neoplasias malignas que tienen una incidencia mayor en la población mexicana.

El tabaquismo es el factor de riesgo que por sí sólo provoca un mayor número de casos de cáncer de pulmón. Y a nivel mundial causa aproximadamente un 22 por ciento de las muertes por cáncer, y un 71 por ciento de las muertes por cáncer de pulmón.

El cáncer pulmonar es una enfermedad multifactorial, ya que coincide en varios estudios e investigaciones, que el tabaquismo representa el mayor riesgo para su origen.

Desde luego, es importante considerar y reflexionar en el tema de esta neoplasia maligna, su gran incidencia en la población en México, y consideramos también de importancia el aprobar un día nacional en contra de esta enfermedad.

El siguiente dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto de dos iniciativas por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de VIH/Sida; la reforma es a los artículos 157 Ter 1, 157 Ter 2, 157 Ter 3 de la Ley General de Salud, precisamente para incorporar un capítulo que con ello fortalecen todas las acciones y programas para la prevención y atención y control del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual.

En este dictamen, señor Presidente, estamos proponiendo una muy breve modificación, en términos por razones de técnica legislativa, y es cambiar en el artículo 157 Ter 1, y en el primer transitorio, las siglas ITS, por lo que es el nombre completo del término, es decir, Infecciones de Transmisión Sexual. Al ser una recomendación en materia de técnica legislativa, creemos conveniente el hacer esta modificación en este dictamen y se lo presento aquí.

El octavo y penúltimo dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos es en materia de reforma, es una adición al segundo párrafo del artículo 158 de la Ley General de Salud en materia de diabetes.

En esto, el agregado, la adición es, al 158. “En caso de realizar actividades referentes a la diabetes, se deberá de considerar los diversos tipos de la enfermedad”. Para establecer las medidas que se determinen, en términos del artículo 159 de la ley, para considerar los diferentes tipos de diabetes, es decir, la tipo I, la tipo II y la diabetes gestacional.

El noveno dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, es una modificación a la fracción III del artículo 6 de la Ley General de Salud en materia de geriatría, donde se agrega la palabra, el concepto “adultos mayores” al artículo 6, que tiene como objetivo colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, se agrega aquí: “adultos mayores desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y en lo social”.

Les pido, compañeras y compañeros, su apoyo a estas propuestas de Decreto, que todas ellas van encaminadas a un objetivo común, el mejorar la prevención y la atención a las diferentes patologías que hemos estado presentando, y lograr con ello un mejor beneficio para la salud de las y los mexicanos.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ADOLFO ROMERO LAINAS

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Se agradece la intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del presente dictamen.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Este dictamen por el que se decreta el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, que estamos por votar, es una de las acciones que desde hace algún tiempo he buscado promover para prevenir este lamentable problema de salud pública que aqueja a nuestro país, y particularmente, a mi estado, Campeche.

Y celebro que la Comisión de Salud lo esté dictaminando a favor, y los invito a todos a que nos sumemos al respaldo de este dictamen, porque tener un “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, haría que las y los mexicanos que se encuentran en una situación tan difícil, encuentren alternativas, se informen y sepan que sus problemas tienen solución.

La Organización Mundial de la Salud señala que entre los principales factores de riesgo de suicidio están asociados la depresión, el consumo de alcohol, la drogadicción y elementos de la vida diaria, como problemas económicos, familiares, laborales, entre cualquier otro.

La misma OMS reconoce que una proporción importante de las personas que cometen suicidio muere sin haber consultado a un profesional en salud mental, es decir, no buscó información o ayuda ante estas problemáticas, y en esto es en lo que directamente estamos coadyuvando al decretar un “Día Nacional de Prevención del Suicidio”, que se difunda la información, que se hable del tema y que se tomen medidas por parte de los gobiernos que se transformen en políticas públicas.

El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo, en promedio, cada 40 segundo se suicida una persona, lo cual supone unas 800 mil personas al año; y por cada persona que consuma el suicidio, otras 20 lo intentan.

Si bien México figura entre los países con baja prevalencia de intentos o suicidios consumados, el incremento del fenómeno es significativo en los últimos 20 años, pasando de 2 mil 600 muertes por esta causa en 1994, a casi 5 mil en 2012.

Entre las cifras más recientes que presenta el Inegi se encuentran las siguientes:

Del año 2000 al 2014 la tasa de suicidios se elevó del 3.5 a 5.2 por cada cien mil habitantes.

El 80 por ciento de los suicidios fueron consumados por hombres y el 20 por ciento por mujeres.

Campeche, Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán son las entidades que presentan la mayor tasa de suicidios por cada cien mil habitantes.

En México 40.2 por ciento de los suicidios se trata de jóvenes, además, de 15 a 29 años.

Tan sólo en este grupo de edad la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada cien mil habitantes.

En mayo de 2013, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer plan de acción en salud mental de la OMS, en el cual se contempla la prevención del suicidio pretendiendo reducir la tasa en los países miembros en un 10 por ciento para el año 2020.

Una de las consecuencias, de hecho, de esta adopción, fue la designación, por parte de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio del 10 de septiembre de cada año como el “Día Internacional para la Prevención del Suicidio”.

Por tanto, adoptar un día nacional para prevenir el suicidio en México nos permitirá establecer campañas de comunicación que ayuden directamente a las personas que son propensas al suicidio y que tal vez no lo saben, como ya se señalaba, la multifactoriedad de este fenómeno impide que con facilidad las personas identifiquen que tienen este problema.

De aprobarse este Decreto, durante la conmemoración de este día, cada año el gobierno federal y los gobiernos estatales presentarán informes y/o programas que nos ayuden a prevenir.

Una de las principales motivaciones que me llevaron a promover esta propuesta es la preocupación por la presencia de este fenómeno en mi estado, cuya problemática ha sido en años pasados denominada como epidemia y al día de hoy no se ejercen acciones necesarias que resuelvan sus causas.

Como ya se señaló, en Campeche, a partir del 2012 se ha presentado un incremento alarmante de suicidios, pues se duplicó la tasa nacional con 9.5 personas que se suicidan por cada cien mil habitantes.

De tal suerte que es relevante que unamos esfuerzos y que la sociedad civil, junto con las autoridades, atendamos de mejor manera esta problemática, pues hasta ahora las acciones implementadas han estado destinadas a la atención de crisis y de intentos de suicidio, más no de lograr un diagnóstico global del fenómeno que nos brinde resultados puntuales sobre las cuales debamos trabajar como sociedad para revertir estas lamentables cifras.

Con este Decreto contribuiremos significativamente con lo que está en nuestras manos para prevenir las muestras autoinfringidas que el día de mañana puede ser alguna o alguno de nuestros seres queridos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Jorge Lavalle Maury.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores.

¡Al Pueblo de México!

Me voy a permitir hablar de tres temas de salud: sobre el suicidio, higiene de manos, que fue una iniciativa que presenté ante esta Soberanía, y el tema del VIH/Sida, que también tuve la oportunidad de presentarlo en esta Soberanía.

Como son diversos temas en salud, me voy a permitir, a consideración del Presidente de la Mesa, conceda el tiempo para hablar sobre los tres temas.

Hablando del “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, el 10 de septiembre de cada año, el dictamen a nuestra consideración es un avance significativo para atender seriamente un problema que afecta, principalmente, al sector de los jóvenes, como lo es el suicidio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se sabe que las personas tienden al suicidio por falta de fortaleza para afrontar situaciones estresantes en la vida, ya sea problemas financieros, rupturas amorosas o hasta enfermedades crónicas o falta de oportunidades de trabajo, de ir a la escuela, de universidad.

Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2013, se puede advertir que cada 24 horas se suicidan 16 jóvenes en el país, por lo que se señala que en las últimas tres décadas la tasa de suicidios se cuadruplicó al pasar de 2 por cada cien mil habitantes a 7.6.

El último estudio del Inegi de 2016, señala que son los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad los más propensos al suicidio a nivel nacional.

A Tabasco, mi querida tierra, se le ubica en el octavo lugar con mayor incidencia entre esta población, Guanajuato, Chihuahua, Campeche, Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas le preceden.

De esta forma, mi estado Tabasco, cerró el año 2016 con 106 suicidios; mientras que en el año 2015 se registraron 123 casos; y en lo que va del 17, suman ya 25 lamentables casos.

La depresión, el desempleo, la economía y las cuestiones sentimentales se señalan como las principales causas.

El incremento de estas cifras exige construir una verdadera estrategia nacional que articule acciones para prevenir y atender los trastornos de salud mental, incluido el suicidio.

Para tal efecto, no hay que perder de vista las diversas orientaciones y actividades que se han recomendado realizar en años anteriores en programas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, con el objeto de mejorar y ampliar la atención de los trastorno mentales, neurológicos y por abuso de sustancias, así como para trabajar en aspectos que, efectivamente, son grandes desafíos a los que hoy hay que darle prioridad para resolver.

Tales como la atención a grupos vulnerables, los trastornos mentales en la niñez y adolescencia, el alcoholismo y otras adicciones, así como las diversas modalidades de violencia, todo ello obliga a que en un marco de acción y estrategia integral se impulsen verdaderos planes de promoción de la salud mental y en prevención y atención no sólo del suicidio, sino en general de todo tipo de trastorno mental.

En su momento, este Senado de la República aprobó sendos exhortos a la Secretaría de Salud para constituir el Observatorio Nacional del Suicidio y considerar la creación del Observatorio Nacional de Salud Mental como un mecanismo interdisciplinario para mejorar, por un lado, el conocimiento del suicidio, evaluación al impacto de las políticas públicas implementadas a nivel nacional y elaborar estrategias; y por el otro, a contribuir en todo el país al mejoramiento de los servicios de atención de los trastornos mentales y sus comportamientos.

Por su parte, la Colegisladora consideró una reforma legal para crear este Observatorio de la Salud Mental como una instancia de la sociedad civil con participación de profesionistas de las ciencias médicas, investigadores multidisciplinarios, para proponer acciones y coadyuvar con el Consejo Nacional de Salud Mental.

Sin duda, estos son temas y pendientes que no se deben postergar en su análisis y discusión para hacer frente a estos problemas de salud mental y prevenir el suicidio, mucho menos ahora, que como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, muchos mexicanos atraviesan por una situación que pudiera estar afectando su salud mental por la pérdida de sus seres queridos, de su patrimonio o bien, de su empleo.

Por esta razón, es oportuno hacer un llamado a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que no sólo se fortalezcan las acciones que en conjunto se realizan con el gobierno de la Ciudad de México en el marco de la estrategia “Estoy Contigo” para atender los casos de personas que aún presentan ansiedad y depresión generada por esta catástrofe que todos padecimos; sino además, para que se implementen en todos los estados afectados en los que miles de niños, mujeres y adultos mayores que se encuentran aún en situación de desastre y de afectación emocional requieren de atención psicológica y psiquiátrica.

Compañeras y compañeros Senadores, ante esta problemática de salud pública que refleja un incremento considerable del suicidio en jóvenes, respaldamos este dictamen para que se declare el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, y se tomen las acciones necesarias y correctas para poder luchar con este terrible mal que puede acabar con nuestra juventud.

Asimismo, sí, el dictamen que las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos de esta Cámara Alta proponen su consideración, que es de la mayor relevancia y de especial atención para la salud de las personas.

Lo es así, porque se incluyen en la Ley General de Salud las disposiciones que promueven higiene de manos como una medida indispensable a la atención médica a través de la implementación de un programa estandarizado y las acciones de organización y evaluación para su aseguramiento.

Con estas medidas se hace frente, de manera proactiva, a las infecciones asociadas a la atención a la salud, que son aquellas que contrae el paciente durante su tratamiento en un hospital, y que dicho paciente no tenía, ni estaba incubando en el momento de su ingreso.

Estas infecciones representan el principal evento adverso en la atención médica, generan alta morbilidad y mortalidad, así mismo implican una afectación social y financiera importante para las instituciones de salud.

En México se calcula que se producen anualmente 450 mil casos de infección nosocomiales, término reconocido en la normatividad vigente, causante de 32 defunciones por cada cien mil habitantes.

A nivel hospitalario constituyen el principal evento adverso, entre el 5 y el 10 por ciento de los pacientes hospitalizados en los países de ingresos altos, adquieren una o más de estas infecciones; mientras que en los países de ingresos bajos y medios, el riesgo de contraerlas es hasta 20 veces más alto.

El promedio del costo de los casos sin infección es de 35 mil 168 dólares, con un promedio de 4.4 días de estancia hospitalaria.

Mientras que para los casos con infecciones, es de 191 mil 872 dólares, y 19.7 días de estancia hospitalaria.

En países desarrollados, son múltiples las evidencias científicas que muestran el gran impacto que generan las infecciones intrahospitalarias.

En México son pocos los estudios que evalúan este aspecto. Sin embargo, se ha calculado que 450 mil casos de infecciones intrahospitalarias causan 32 muertes por cada 100 mil habitantes por año.

Una revisión realizada en instituciones de salud de la Secretaría, también del propio IMSS e ISSSTE, mostró una prevalencia general del 21 por ciento, mientras que el costo por cada caso de infección está calculado entre 4 mil 200 a 8 mil 990 dólares.

Como se sabe, la vigilancia epidemiológica de estas infecciones en nuestro país están a cargo de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, que en 2009 registró 37 mil 258 casos de infecciones intrahospitalarias, lo que implicó un gasto aproximado de 160 millones de dólares, que representaron el 2 por ciento del presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud, y el 96 por ciento del rubro asignado para gastos de operación en unidades médicas.

En este mismo sentido, el informe de dicha Red Hospitalaria de Vigencias Epidemiológica de 2014, y publicado en el 16, sobre las 388 unidades adscritas, de las cuales el 93 por ciento, o sea, 361, hizo al menos una captura al año notificando 59 mil 699 casos de infecciones intrahospitalarias.

Considerando que para cubrir los gastos generados ante un caso de estas infecciones, los hospitales en México se ven obligados a utilizar los recursos que habían sido asignados para otros fines. El mayor porcentaje del gasto es solventado por los propios pacientes, lamentablemente, principalmente para la adquisición de tratamientos, consultas de especialistas, estudios y procedimientos.

Aunque existen múltiples acciones para prevenir las infecciones, la más sencilla y de mayor impacto, señores, es la higiene de manos, por lo que es preponderante crear políticas públicas, que aseguren una práctica permanente por parte de los trabajadores de la salud, pacientes, familiares y visitantes.

En 2009, la OMS difundió la Guía de Aplicación de las Estrategias Multimodal para la Mejora de la Higiene de Manos, la cual presenta un modelo clave para la aplicación de las estrategias conocidas como los “cinco momentos de higiene de manos”, que comprenden, entre otros elementos:

1.- La higiene de manos reduce las infecciones asociadas a la atención de la salud hasta en un 40 por ciento.

La implementación de un programa estandarizado de higiene de manos, como sucede en países como la Argentina, Israel, Holanda, Austria y Taiwán.

La mejor experiencia ha sido el obtenido en Australia, donde el punto de partida fue con su legislación, ya que la obligatoriedad permitió dar resultados en menor tiempo con cambios sostenidos.

En general, con este dictamen se establece legalmente que la medida básica indispensable para evitar las enfermedades transmisibles es la higiene de manos, la cual deberá implementarse en todos los establecimientos médicos hospitalarios mediante un programa multimodal estandarizado y evaluado, dirigido a todo el personal del sector salud, que incluya prácticas de indicadores y será implementado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y evaluado por el Sistema Nacional de Vigilancia.

Por estas razones, compañeras y compañeros Senadores, que me he permitido señalar y pido su respaldo a este dictamen en favor de la salud del pueblo de México.

Y para ir concluyendo, voy a hablar sobre el dictamen con proyecto de Decreto en donde se adiciona un Capítulo II Ter al Título Octavo, llamado “De la prevención, atención y control del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual”.

Y con especial entusiasmo me permito apoyar este dictamen que se enmarca, definitivamente, en la protección de derechos humanos, particularmente en el de la salud de las personas, lo hago, porque desde el 2008 estuve insistiendo en que se aprobara esta valiosa propuesta de modificaciones para prevenir y atender el VIH/Sida mediante el establecimiento en la ley de un programa específico.

Sabemos que en años recientes el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSIDA, ha recomendado al mundo conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el VIH/Sida, sin embargo, las estadísticas no apremian a redoblar estos esfuerzos.

Tan sólo en 2015, en América Latina y El Caribe, 2 millones de personas vivían con el VIH, y se registraron aproximadamente 100 mil nuevas infecciones en la región.

En el caso de México, según datos recientes del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, Censida, de la Secretaría de Salud, los estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados en 2016, tasa por cien mil habitantes son: Campeche, 22.1; Guerrero, 9.8; Morelos, 7.9, Colima y Tlaxcala con 7.7.

Las entidades federativas con más incidencia son: Campeche, 17.4; Yucatán, 13.7; Quintana Roo, 7.8; Tabasco, 7.6 y Oaxaca, 6.7.

En agosto del 2014, la OMS realizó una consulta a expertos acerca de las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH, por lo que se establecieron metas mundiales relevantes que deberán alcanzarse a más tardar en el año 2030.

También se trazaron metas intermedias para el 2020, a efecto de que el 70 por ciento de la población clave tenga acceso a una gama completa de servicios, incluidos los condones.

Se determinó de esta consulta de la OMS que la adopción de medidas eficaces para hacer frente a las infecciones de transmisión sexual ayudarán a alcanzar, entre otros objetivos, el de reducir la transmisión del VIH, a fin de fomentar la salud y el bienestar de los jóvenes.

En la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión Sexual, 2016-2021, también la OMS se estableció que: “la prevención integral funciona mejor que cuando existe una combinación estratégica de enfoque comportamentales, biomédicos y estructurales, que incluye la comprensión de esas infecciones y los métodos primarios de prevención, como los condones, y un énfasis en las personas más afectadas y más vulnerables a ellas, en especial, los adolescentes.

Compañeras y compañeros Senadores, en razón de que se tiene que seguir avanzando sobre este conjunto de políticas, el dictamen, de manera acertada, adiciona a la Ley General de Salud un Capítulo II Ter al Título Octavo llamado “De la prevención, atención y control del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual”.

De manera que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General tendrán a su cargo un programa para la prevención, atención y control del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual y lo ejecutará en coordinación con    dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Para la formulación del programa se escuchará la opinión y propuestas de organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, cuya labor está orientada a la prevención, atención y control del VIH/Sida y enfermedades de transmisión sexual, a fin de impulsar el apoyo y participación en el desarrollo de estas acciones.

Dicho programa comprenderá, entre otras estrategias, la de prevenir su transmisión y control de la epidemia del Sida, prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual, prestar servicios de atención integral, de calidad, a las personas con VIH, fortalecer las acciones de promoción de la salud sexual, impulsar políticas para la disminución del estigma, discriminación, violaciones a derechos humanos, homofobia en poblaciones clave, y fortalecer la coparticipación multisectorial, social y ciudadana en la formación de políticas en VIH/Sida.

De prevención sexual se desarrollarán e impulsarán prioritariamente acciones permanentes de prevención para el uso adecuado y constante del condón.

Les recuerdo, es condón; preservativo es lo que preserva los alimentos, hay que llamarle por su nombre.

Para tal efecto, la Secretaría implementará los mecanismos adecuados de coordinación con el objeto de que por conducto de los sectores social y privado se brinde el acceso a condones, lubricantes, prueba de detección, educación sexual en la comunidad lésbico-gay, mujeres y hombres trabajadores del sexo comercial y sus clientes, privados de la libertad, población móvil indígena.

En los establecimientos en los que se expendan o suministren, oigan esto, o preste la atención a esto, compañeros Senadores, en los establecimientos en los que se expendan o suministren al público bebidas alcohólicas, los particulares deberán instalar, para su funcionamiento, máquinas expendedoras de condones.

Que no les gane el alcohol a nuestros jóvenes, todo lugar que venda o expenda bebida alcohólica tendrá que tener una máquina de condones.

Y también, de manera precisa en el dictamen, se establece que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Salud para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Asimismo, la Secretaría de Salud, con la participación que corresponda al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida, realizará las adecuaciones al programa de prevención y atención vigente que estamos elevando a rango de ley.

Por todo ello, pido su apoyo a este dictamen que tendrá un impacto positivo en la lucha contra esta grave enfermedad, sin dejar de considerar que tenemos que seguir buscando estrategias para cumplir las metas de esa visión global y compartida, de cero nuevas infecciones por VIH, cero nuevas infecciones por VIH/Sida, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el Sida.

Por su atención y apoyo, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Fernando Enrique Mayans.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente, Senador Adolfo Romero Lainas, Senador por el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Vengo a dar mi posicionamiento a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de  Salud; y de Estudios Legislativos, del proyecto de Decreto por el que se declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del  Suicidio”.

Esta iniciativa fue propuesta y suscrita por los Senadores Jorge Luis Lavalle, de Campeche; y el Senador Roberto Albores, de Chiapas.

Como sabemos, el suicidio es el acto de quitarse la vida, independientemente de la geografía, la cultura, la etnia, la religión y posición socioeconómica.

Según informes de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800 mil personas se suicidan cada año a nivel mundial, además, es la segunda causa principal de defunción entre las edades de 15 a 29 años de edad.

El 78 por ciento de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos, las causas comunes de los suicidios son trastornos mentales asociados a la depresión, el desempleo, la falta de recursos, la violencia física o sexual, la desintegración familiar, el consumo de sustancias nocivas para la salud como el alcohol y las drogas.

En México, la Secretaría de Salud reporta que las principales causas de muerte son los homicidios, los accidentes viales y los suicidios. Este último, en 2013, ocupó el tercer lugar con 5 mil 889; de los cuales, 4 mil 810 fueron causados por hombres y mil 75 por mujeres.

En el caso específico del estado de Yucatán, de donde soy oriundo, de donde es oriunda también la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, también la Senadora Angélica Araujo Lara, el Senador Emilio Gamboa Patrón; se reporta que el 2016 fue el año en que hubo más suicidios, porque se contabilizaron 220 suicidios, superando los 190 registrados en 2015, ubicando al estado dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional, de esta problemática.

Llama mucho la atención que Yucatán, siendo uno de los estados más seguros del país, haya más suicidios entre jóvenes yucatecos.

El sector, donde se nota un aumento en los suicidios, es el de los jóvenes, por causa de crisis disciplinarias, humillación pública, amenazas de separación de noviazgo, divorcios y el consumo de alcohol y drogas.

Todo lo anterior refleja la urgencia de seguir trabajando para evitar el suicidio, dar capacitación para tratar problemas mentales, recibir atención psiquiátrica oportuna, ayudar al manejo de crisis, contar con doctores y enfermeras de primer nivel, generar un programa o plan estratégico para la prevención del suicidio, generar campañas que promuevan y sensibilicen a la comunidad, no sólo en conductas suicidas, sino en la salud mental en general.

Por las razones antes expuestas, mi voto será a favor de este dictamen, que establece el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, a fin de concientizar a todos los mexicanos sobre el problema tan grave que tenemos en esta materia, y generar acciones coordinadas entre gobierno y sociedad para prevenir eficazmente el suicidio en México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Bachillerato SABES, plantel El Carrizal Grande, del municipio de Irapuato, Guanajuato, invitados por el señor Senador Gerardo Sánchez García.

El Senado de la República les da y les agradece la visita a este recinto legislativo, que es propiedad y casa de los mexicanos.

¡Sean todos cordialmente bienvenidos, jóvenes!

Esta Presidencia da la cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Ateneo de Tlalnepantla, invitados por el Senador Ricardo Barroso Agramont, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean cordialmente bienvenido, jóvenes!

Agotada la discusión del dictamen, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pregunto si falta algún ciudadano Senador de emitir su voto. Senador Ruffo, Senadora Diva, Senador Ricardo, Senador Gándara, a favor.

Pregunto nuevamente si existe algún Senador por emitir su voto. Senador Albores, a favor; Senador Torres Corzo, a favor; Senador Raúl García, a favor; Senadora Cristina Díaz, a favor; Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a favor; Senador Gerardo Sánchez, a favor; Senador Félix, a favor.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema, se emitieron 81 votos a favor y cero en contra.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Compañeras Senadoras y Senadores, recibimos de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo que da cumplimiento a la Base Quinta del Acuerdo por el que se emite la Convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Solicito a la Secretaria dé lectura al Acuerdo recibido.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a la Comisión de Justicia copia del presente Acuerdo.

La Junta de Coordinación Política cumplirá con la remisión de los expedientes correspondientes de los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.

Compañeros Senadores: Les informo que la Mesa Directiva retiró de su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General, debido a que las fechas de reuniones de las comisiones se refieren a fechas del año 2016, y se entregó con firmas de Senadores que ya no las integran. El dictamen se devolverá a las comisiones para su adecuada elaboración.






Daremos cuenta ahora de las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se homologó el turno a los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, presentado el 7 de febrero de 2012.

Por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, deroga la fracción II del artículo 223 del Código Penal Federal y se reforma el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 13 de noviembre de 2012.

Por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, presentado el 23 de noviembre pasado.

Los tres proyectos de Decreto se turnan en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

Asimismo, se amplió el turno a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida el 8 de diciembre de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y se rectificó el turno a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, recibida el 24 de octubre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Secretaria.

Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.






Las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 48 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propiedad es un derecho real por excelencia, y generalmente la doctrina lo identifica como una potestad jurídica sobre una cosa; es decir, en esencia consiste en la inmediatez de la cosa con su titular en el derecho al sometimiento directo de la misma.

Más allá de las acepciones que sostienen diversos autores, es un hecho que la propiedad se ha convertido en un elemento fundamental que debe regularse de acuerdo a la organización y contexto de cada Estado. En México, la propiedad encuentra su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la misma se desprende una distinción entre la propiedad pública, social y privada.

Verbigracia, la pública hace referencia a la propiedad y dominio directo que la nación se reserva sobre determinados bienes; la social se refiere a que la nación originalmente transmite a las comunidades y ejidos para constituir la propiedad comunal; y la privada, en esencia se trata de la transmisión del dominio de tierras y aguas que la Nación hace a los particulares.

El artículo 27 de la Constitución Federal es producto de las aspiraciones de carácter social provenientes del movimiento revolucionario del siglo pasado, las cuales quedaron asentadas en la Carta Magna donde se estableció que la Nación es la propietaria originaria de las tierras y aguas, y le otorga el derecho exclusivo de trasmitir el dominio de las tierras y aguas a los particulares.

Es oportuno adentrarse en primer lugar a la propiedad privada, un derecho que se halla supeditado a la Ley fundamental, puesto que el artículo 27 constitucional establece en su primer párrafo que:

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”

En este sentido, se dice también que la Nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, señalando además de forma explícita, que hay bienes que corresponden al dominio público y que no pueden ser apropiados por particulares puesto que son inalienables e imprescriptibles.

Derivado de lo anterior, la propiedad se infiere como derecho público subjetivo, es decir, como un derecho humano por estar contenido en la Carta Magna e implica que es oponible al Estado. Sin embargo, también es importante analizar a la propiedad como un derecho civil subjetivo, mismo que de conformidad con el Código Civil Federal implica el goce y disposición de una cosa con las limitaciones y modalidades que fija la ley.

La propiedad a que se refiere el precepto constitucional citado con antelación, en términos generales tiene una función social, la cual “tiende al aprovechamiento de la cosa por el titular del derecho real, considerando el destino del bien y sin afectación a la colectividad; con acciones tendientes a la cooperación coordinada y mutua de los elementos de la sociedad para alcanzar los fines de la vida humana. Así, el elemento subjetivo de esa función social se refiere al propietario del inmueble y reprime el abuso del ejercicio de las prerrogativas derivadas del derecho de propiedad, y el elemento objetivo tiene que ver con el uso o aprovechamiento de la cosa, de acuerdo con su naturaleza material y jurídica”.1

Ahora bien, de entre las formas de propiedad, la social se coliga principalmente a la materia agraria. Para efectos de la presente exposición es importante analizar la naturaleza del ejido, uno de los emblemas de la revolución mexicana para el reconocimiento de los derechos colectivos. La Constitución vigente en la fracción VII del artículo 27 es la base del ejido, puesto que a la letra refiere que:

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

Aunado al reconocimiento constitucional de la propiedad comunal y ejidal de tierras, cabe destacar que de las veinte reformas que a la fecha ha sufrido el precepto en comento, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 resulta ser una de las más trascendentes, puesto que se dio en un contexto de descontento y movimientos campesinos. En particular, se dice que la reforma propició un proceso de privatización del ejido, mismo que al reglamentarse a través de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992 y de observancia general en toda la República, facultó a los ejidatarios y comuneros a concluir con el régimen social de posesión, dando pie a la posibilidad de convertirlo en propiedad privada.

De acuerdo con el Glosario de términos jurídico-agrarios, elaborado por la Procuraduría Agraria, el ejido “tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio”.2

De tal suerte, la ley agraria vigente a los núcleos de población ejidales o ejidos los dota de personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, establece que son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o que han adquirido por cualquier otro título.

Los ejidos operan conforme a su reglamento interno, el cual debe estar inscrito en el Registro Agrario Nacional. Los ejidatarios son los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. La ley reglamentaria dispone además, que corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, así como otros derechos contenidos en el reglamento interno del ejido de que se trate y los demás que legalmente les correspondan.

En este punto, cabe destacar que las tierras ejidales son aquellas que fueron dotadas al núcleo de población ejidal, y la Ley las clasifica o divide en:

I. Tierras para el asentamiento humano: de conformidad con el artículo 63 de la Ley Agraria, se trata del área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del  ejido, compuesta por los terrenos que se ubican en la zona de urbanización y fundo  legal.

II. Tierras de uso común: de acuerdo al artículo 73 de la Ley Agraria, constituyen el sustento económico de la vida en comunidad de ejido y se conforman por aquellas tierras que no han sido reservadas para el asentamiento del núcleo de población, ni que sean tierras parceladas.

III. Tierras parceladas: únicamente los ejidatarios tienen el derecho de aprovechar, usar y usufructuar sus parcelas.

Sobre la última clasificación, relacionada íntimamente con el objeto de la presente iniciativa, es importante apuntar que los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas, de acuerdo a la Ley, se acreditan con los certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios. Ostentando tal calidad, el ejidatario puede aprovechar su parcela de forma directa, o bien, conceder a sus homólogos o terceros el uso o usufructo. La enajenación de sus derechos parcelarios requiere de todo un procedimiento para su validez, puesto que se trata de tierras que comúnmente aseguran la subsistencia del ejidatario y su familia y fortalecen la unidad del núcleo poblacional.

Sin embargo, a diferencia de las tierras del asentamiento humano y las de uso común, que por regla general la propiedad de las mismas es inalienable, imprescriptible e inembargable, en el caso de las tierras parceladas si se contempla la figura de la prescripción para la adquisición de derechos parcelarios.

Es oportuno apuntar que la prescripción es una figura inserta en el sistema legal mexicano, puesto que el Código Civil Federal que rige los asuntos de ese orden, pero que también funge como norma supletoria en otras materias, refiere en su artículo 1135 textualmente que:

Artículo 1135.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.

Derivado de lo anterior, la legislación civil no omite hacer una distinción fundamental: la adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa.

La prescripción positiva, conocida también por sus orígenes en el derecho romano como usucapión, del latín usucapio, -onis-, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española se trata de la “adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley”.3

La prescripción adquisitiva, como se ha comentado, es una figura contemplada en la materia agraria, y puede intentarse sobre tierras formalmente parceladas. El artículo 48 de la Ley Agraria lo regula de la siguiente forma:

Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.

El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente.

La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución definitiva.

Del precepto citado se desprende que para la procedencia de la prescripción positiva en materia agraria se prevén requisitos de carácter subjetivo y objetivo. Los subjetivos son: que se posean tierras ejidales; en concepto de titular de derechos de ejidatario; de forma pacífica, continua y pública, y por un tiempo de cinco años, si la posesión es de buena fe, o diez años si es de mala fe. Por otro lado, el requisito de carácter objetivo se refiere a la cualidad que deben cubrir las tierras objeto de la prescripción, y esto es que no se trate de tierras destinadas al asentamiento humano ni de bosques o selvas, atendiendo en estos casos a la protección especial que advierte el artículo 27 constitucional sobre los bienes del ejido.

En primer lugar, la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario es esencial para que opere la prescripción positiva, situación que implica que adquiera y disfrute en ese concepto los derechos de esa índole. La posesión pacifica implica que no medie violencia en la adquisición; la continuidad consiste en que el poseedor realice actos constantes de uso, goce y aprovechamiento durante el tiempo que se exige para la prescripción (cinco o diez años); y la publicidad implica que la posesión se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos.

La prescripción agraria, como puede observarse, admite tanto la buena como la mala fe. Asimismo, a diferencia de la prescripción civil, que tiene por objeto tanto bienes muebles como inmuebles, la agraria solo se refiere a los últimos, a tierras.

Si bien la Ley Agraria contempla diversas hipótesis para reglamentar todo lo concerniente a la materia, es preciso mencionar que la legislación civil federal se aplica de manera supletoria en lo no previsto por dicha ley.

Cuando la Ley Agraria no llega a ser clara o explícita en algunos supuestos, es oportuno recurrir a las disposiciones o reglas generales que enmarca el Código Civil. Uno de esos casos es la prescripción entre cónyuges, la cual de conformidad con el artículo 1167 del Código Civil Federal no opera durante el matrimonio; sin embargo, la Ley Agraria es más abierta el decir que la prescripción puede operar a favor de cualquier persona, es decir, no hace distinción o limitación alguna.

Sobre esta diferencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo mediante tesis jurisprudencial (administrativa) respecto al artículo 48 de la Ley Agraria, que “aun cuando el artículo 2o. de la Ley de Amparo prevé la supletoriedad de la legislación civil Federal a la materia agraria y no obstante que los artículos 177 y 1167 del Código Civil Federal prohíben la prescripción entre consortes, dicha limitante no opera tratándose de los matrimonios en que uno de los cónyuges es ejidatario que posee una parcela, en tanto que no se cumple con el requisito de supletoriedad relativa a que las normas no deben contravenir el ordenamiento legal a suplir sino que deben ser congruentes con sus principios o bases que rigen específicamente la institución de que se trate […]”.4

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en síntesis, sostuvo que al examinar el artículo 48 de la Ley Agraria, el ordenamiento no circunscribe la calidad de la persona que puede invocar la prescripción, pues se establece que será “cualquier persona”, es decir, el poseedor puede ser una persona ajena al ejido o núcleo de población, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

De este modo la Segunda Sala concluyó que con mayor razón, el cónyuge del ejidatario, no tiene impedimento para adquirir por prescripción los derechos parcelarios de su consorte, siempre que cumpla con los requisitos legales correspondientes y con la condición relativa a que ese derecho pueda ejercerlo una vez que exista abandono, ausencia o fallezca el cónyuge ejidatario, de modo que el plazo para la actualización de dicha figura, empezará a partir de que este último ya no esté.5

Tal como se infiere del criterio jurisprudencial, en materia agraria hay la posibilidad de que la prescripción opere entre cónyuges, una hipótesis que sin duda alguna es el preámbulo para dar certeza a las familias que dependen de esas tierras parceladas. De igual forma se constata que la naturaleza del ejido requiere que los derechos de uso y disfrute de las tierras parcelarias cumplan con los fines a que se refiere la Ley.

Aun cuando la legislación civil federal explícitamente por regla general contempla la limitante por la que no puede operar la prescripción entre consortes, es una realidad que la legislación agraria, y en particular, la prescripción adquisitiva contenida en la misma, opera de una forma distinta, pues atiende a intereses diversos encaminados a conservar la titularidad de los derechos ejidatarios entre los miembros del núcleo.

El aprovechamiento, uso y usufructo de las parcelas son aspectos fundamentales que sostienen a las familias que forman parte de la población ejidal, en este caso, es congruente que la o el cónyuge pueda intentar la prescripción cuando el otro que tiene la calidad de ejidatario lo abandone, se ausente o fallezca, puesto que si cumple con los requisitos legales y sigue trabajando la tierra, sería injusto que la rigidez de la prohibición que opera en materia civil le impidiera que opere la prescripción.

Derivado de lo anterior, a través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se propone reformar el artículo 48 de la Ley Agraria, a fin de establecer con claridad que la prescripción si opera entre cónyuges, es decir, será posible intentar la prescripción cuando el cónyuge que tiene la calidad de ejidatario se ausente o fallezca. En esa tesitura, la o el cónyuge que ha trabajado las tierras podrá verse favorecido con la posibilidad de adquirir la titularidad de los derechos parcelarios que tenía el otro.

Aunado a que la propuesta pretende alinear la legislación vigente con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro de los aspectos que motiva la presente es que la problemática afecta comúnmente a las mujeres, no obstante, ahora por ley podrán tener la posibilidad de adquirir por prescripción los derechos parcelarios de su consorte, y con ello, podrá beneficiarse de los mismos.

Los núcleos de población ejidales y comunales son parte fundamental de uno de los sectores más significativos para el país. El campo mexicano se ha posicionado a nivel internacional como uno de los más productivos, y se ostenta como un factor determinante para la económica nacional. De esta manera, a lo largo de la historia de México, su importancia ha hecho exigible que su regulación vaya acorde a las necesidades de las personas que lo sostienen.

Dotar de certeza jurídica a los ejidatarios y sus familias, tendrá efectos positivos en la regularización de sus derechos, fortaleciendo además la dinámica del trabajo y aprovechamiento de las tierras que les corresponden por derecho.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 48 DE LA LEY AGRARIA

ÚNICO.- Se MODIFICA el primer párrafo del artículo 48 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El mismo supuesto opera entre cónyuges o concubinos una vez que se ausente o fallezca quien cuente con la calidad de ejidatario.

TRANSITORIO

ÚNICO El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.

 


Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El mismo supuesto opera entre cónyuges o concubinos una vez que se ausente o fallezca quien cuente con la calidad de ejidatario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Tesis: I.3o.A.7 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro24, Tomo IV, Noviembre de 2015, p. 3434.

2 Procuraduría Agraria. “Glosario de términos jurídico-agrarios”, México, 2009, consultado el 10/11/2017 [en línea], disponible en:
https://www.pa.gob.mx/pa/conoce/publicaciones/Glosario%202009/GLOSARIO
%20DE%20T%C3%89RMINOS%20JUR%C3%8DDICO-AGRARIOS%202009.pdf

3 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 23ª edición, consultado el 01/11/2017 [en línea], búsqueda de la palabra `usucapión´ disponible en:
http://dle.rae.es/?id=bBvIkbD

4 Tesis: 2a./J. 194/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 38, Tomo I, Enero de 2017, p. 637.

5 Ídem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI)

Las que suscriben, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA y LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, Senadoras de la LXIII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Cámara de Senadores al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para vivir en sociedad, de forma ordenada y organizada, sin duda es necesario contar con un sistema judicial y de impartición de justicia, que resulte eficiente y eficaz, siempre cumpliendo con principios básicos que, aseguren un irrestricto respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima, como del inculpado; máxime, si se considera que, en los procesos penales, se juegan la libertad y dignidad de las personas.

Dos de los principios rectores del proceso penal oral, son la igualdad entre las partes y, la reparación del daño causado por la comisión de un delito; siendo el primero de ellos, elemental para la salvaguarda del debido proceso y, el segundo para el resarcimiento de las afectaciones directas o indirectas que una o varias personas pudieron haber sufrido.

Dichos principios se encuentran consagrados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 11 y 109 fracción XXIV, estando previstos literalmente como:

“Artículo 11.- Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen.”

“Artículo 109.– En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

XXIV.- A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código;

(…).”

Así las cosas, resulta evidente que, mientras el principio de igualdad debe protegerse y, aplicarse para ambas partes, el principio de garantía de la reparación del daño, por lógica judicial y procesal, solo se establece como un derecho de la víctima u ofendido. En esta misma tesitura, el mismo ordenamiento tiene en consideración diversos artículos aplicables para el caso de acuerdos reparatorios que, pueden celebrarse entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo objetivo primordial, es la extinción de la acción penal y, sobre todo, el saneamiento, en la medida en que resulte posible de acuerdo con el caso de concreto, de resarcir la afectación resentida.

Cabe recordar que, dichos acuerdos reparatorio no son aplicables para todos los casos de comisión de delitos sancionados por nuestra legislación, sino para aquellos delitos que: 1) se persiguen por querella o que admiten el perdón de la víctima u ofendido; 2) son culposos; o, 3) son patrimoniales cometidos sin violencia. Debido a que, se trata de una solución alterna y forma de terminación anticipada del proceso en materia penal, actualmente sí se tiene previsto que, no resulten procedentes cuando el imputado previamente haya celebrado otros respecto de la comisión de los mismos delitos que se le imputan, tratándose de delitos de violencia familiar, ni cuando el imputado haya incumplido algún otro celebrado en proceso diverso, a menos de que haya sido declarado formalmente absuelto.

Así las cosas, si bien es cierto que, en los artículos 188 y 189 del ordenamiento ya mencionado, se refiere que, tanto el Ministerio Público como los Jueces de Control, tienen la oportunidad de exhortar a las partes a que suscriban un acuerdo reparatorio y, se considera que, los acuerdos reparatorios procederán desde que se presente la denuncia o querella, hasta antes de que se decrete el auto de apertura de juicio; y, después de haber dictado el auto de vinculación a proceso, expresamente se establece que será a petición de las partes, la solicitud de suspender el proceso para que puedan concretar un acuerdo de este estilo.

Por tanto, de la lectura de ambos preceptos legales, se comprende que, además de la invitación por parte de la autoridad de investigación y judicial, serán las partes quienes lo soliciten. No obstante, resulta ambigua la redacción respecto de la nomenclatura “a petición de las partes”, toda vez que no es claro si basta con que una sola de ellas lo solicite para que proceda o, si es estrictamente necesario que ambas lo pidan para que pueda concederse; más aún, en la consideración de que el derecho a la petición de los acuerdos reparatorios, expresamente en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 109 y, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, única y exclusivamente, están previstos y enlistados, como un derecho de la víctima u ofendido, no así del inculpado. Por tal motivo, en la aplicación diaria de estos numerales y criterios legales, ha resultado cotidiano que, si es el inculpado quien, en etapa de investigación o, ya contando con auto de vinculación a proceso, solicita formalmente a la autoridad la procedencia de un acuerdo reparatorio que pueda ser materia de conciliación y mediación con la víctima u ofendido, simplemente es negado por no estar expresa, clara y certeramente previsto como un derecho que también le asiste.

Por lo anterior y, a contrario sensu, la solicitud de acuerdos reparatorios, no se comprende ni en el numeral 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en el relativo apartado B del artículo 20 de la Carta Magna, ni considera como un derecho que también le asista al imputado, sin que resulte necesario el consenso previo con la víctima.

En materia internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula en su artículo 25, numeral 1 lo siguiente:

ARTÍCULO 25.- Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

De esta manera, se establece que toda persona, sin importar si se encuentra imputado o si es el afectado, tendrá derecho a un proceso judicial pronto y expedito ante la autoridad judicial. De forma que, esta Convención, ratificada por nuestro país, busca la simplificación de procesos, llevándonos entonces a buscar medios alternativos que satisfagan a las partes.
De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre manifiesta de manera similar que las personas deberán disponer de un procedimiento sencillo y breve.

ARTÍCULO XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la presente proposición de iniciativa.

A saber:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

(…).

B.  De los derechos de toda persona imputada: 

(…)

IV. A solicitar directa y unilateralmente, acuerdos reparatorios, a efecto de reparar el daño causado por la comisión del delito, sin perjuicio de que dichas autoridades exhorten a las partes y, lo soliciten de oficio.

Quedando la numeración de manera subsecuente.

TRANSITORIO:

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Desde la perspectiva del Ministerio Público, este trabajo se relaciona con la iniciativa que he presentado para modificar el artículo 113 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en materia de acuerdos reparatorios, y representa economía en tiempo y recursos que le permitirá priorizar tareas en la persecución penal y combatir el rezago. Al imputado le evitará los efectos nocivos inherentes a un proceso penal y lo eximirá de la eventual imposición de una pena privativa o restrictiva de la libertad en la sentencia definitiva, permitirá a su vez, que su situación sea resuelta a la brevedad, ya que podría solicitarla una vez iniciado el auto de vinculación a proceso. A la víctima, la imposición de este mecanismo procesal le significará la satisfacción de variados intereses a través de las condiciones que deba cumplir el imputado durante la suspensión.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde 1977 México adoptó un sistema electoral mixto en el que se contempla el nombramiento de legisladores mediante la obtención de la mayoría relativa de votos y por representación proporcional. Esta medida surgió para brindarle pluralidad al Congreso y representación política a los partidos políticos minoritarios.

Lo anterior surgió como necesidad ante la hegemonía de un solo partido y la demanda social por incluir y fortalecer opciones políticas que garantizaran la representación de distintas expresiones que para entonces se manifestaban de diversos modos excepto por la vía institucional y/o electoral.

Si bien el sistema de asignación de curules y escaños mantiene una pluralidad en el Congreso y ha contribuido a la consolidación del pluripartidismo en México, existe también por parte de la sociedad una desaprobación de esta disposición principalmente en dos sentidos a saber: i) señalan que el número de senadores y diputados debería reducirse y particularmente, eliminar la figura de legisladores por la vía plurinominal y con ello reducir el número de integrantes de ambas cámaras del Congreso. Con lo anterior, se dice que habría un ahorro significativo al erario; ii) un déficit en la representación política y social de parte de estos legisladores, toda vez que a pesar de su postulación, en ocasiones de manera alternada entre una cámara y otra, estos no mantienen representación social alguna. 

Sobre la primera de las insatisfacciones ciudadanas se podría aducir que en efecto, resulta deseable eficientar y reducir los costos de las instituciones, sin embargo esto no puede hacerse en detrimento de la pluralidad y la representación políticas. En efecto, hoy México cuenta con un pluripartidismo consolidado, que ha eliminado la añeja instalación de las mayorías aplastantes en las Cámaras, dando paso a la necesidad de alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas respetando las diferencias entre estas.

Por otro lado, en efecto podría señalarse que los legisladores que son nombrados como tales por la vía plurinominal mantienen una representación de índole mayormente partidista que social, toda vez que el diseño de esta disposición se hizo con miras a otorgar representatividad a dichos institutos. Sin embargo, los fenómenos sociales y políticos que se observan hoy en nuestra realidad, apuntan a que resulta necesario aumentar la representación social y ciudadana, antes que la partidista.

El momento para el cual fueron establecidos los criterios de representación política en el último tercio del siglo pasado, ya no prevalecen en nuestro país. Hoy en día el pluripartidismo y el respeto de las minorías se encuentra consolidado y sin duda con miras a mejorar en el desarrollo democrático de nuestro país, debe conservarse y fomentarse desde las leyes y las instituciones bajo esquemas modernos que correspondan a las necesidades de la ciudadanía.

El modelo de representación minoritaria actual tal y como funciona ya no cumple enteramente la intención para la cual fue creado, lo cual  molesta a los ciudadanos y provoca que estos no se sientan realmente representados. Hoy en día, las listas nacionales se integran bajo criterios partidistas. Los perfiles que son incluidos en los primeros lugares de estas, no en todas las ocasiones se encuentran del todo vinculados a la representación social y política que la ciudadanía desearía.

De suerte que resulta del todo deseable realizar una renovación en el sistema de representación política nacional, donde predomine la representación social y disminuya la partidista, sin detrimento la representación minoritaria. Por el contrario, es importante que las minorías que se encuentren en el congreso de la unión cuenten con por lo menos una mínima intención de voto. 

Lo que se propone con esta iniciativa es modificar la Constitución a fin de que las listas regionales que integran los partidos políticos para que les sean asignados diputados federales por la vía de la representación proporcional, se conformen una vez consolidados los resultados de mayoría relativa. Con ello se buscaría que las listas se compongan por los “mejores perdedores” de la circunscripción y no por designaciones directas de los partidos políticos.

Es decir, el número uno de la lista regional de determinado partido político sería aquél candidato que hizo campaña y caminó su distrito pero que perdió por el menor número o porcentaje de votos con respecto al primer lugar de su distrito y así en orden sucesivo, los partidos integrarían sus listas en medida de que se amplíe la distancia con respecto al candidato triunfante en cada distrito. Asimismo, se prevé no modificar el sistema de asignación ni los límites de representatividad a fin de mantener las proporciones vigentes en la Cámara de Diputados, con lo cual no se afecta la composición que actualmente se prevé para dicha Cámara.

Atendiendo a la real necesidad de disminuir el número de diputados, se propone reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400, quedado electos 400 de ellos por el principio de mayoría relativa y 100 más por el de representación proporcional de acuerdo al criterio anteriormente señalado.

Por su parte en la Cámara de Senadores, se eliminarían 32 senadores que al día de hoy se asignan por lista nacional. Lo anterior reduce la Cámara alta de 128 a 96 senadores, quedando: 64 senadores electos por mayoría relativa; y 32 por el principio de primera minoría.  

Con esta propuesta se eliminan 134 legisladores que sin duda coadyuva a reducir el gasto de recursos públicos y a eficientar el trabajo en el Congreso de la Unión. De igual manera se reforma significativamente la representatividad en el Congreso en virtud de que los legisladores electos cuentan con una representación predominantemente social antes que partidista, haciendo el proceso de integración de las listas nacionales de manera transparente y de cara a la ciudadanía y a los resultados electorales, lo cual sin duda fomentará también la competitividad electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 Diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. …

Para la elección de los 100 Diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 Diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I…

II…

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de Diputados de la lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal.

Las listas regionales serán integradas una vez conocida la votación nacional emitida y la asignación se realizará entre los segundos lugares con mayor número de votos recibidos en su distrito. La asignación se realizará en el orden creciente de la diferencia de votos con el primer lugar.

La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 250 Diputados por ambos principios.

V.…

VI…

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMETARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIANOS; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

Es lo que se denomina el “derecho a la justicia”, que comprende, de acuerdo a la Primera Sala de Justicia de la Nación, el derecho de acción que permite al gobernado acudir a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa, y, en su caso, se ejecute la decisión.

Para hacer efectivo este derecho, el artículo 8 de la Ley de Amparo señala que: “el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa”.

La finalidad es lograr que en los asuntos que involucren a estas personas (menores e incapaces), se privilegie la tutela y protección de sus derechos, permitiendo que los medios de defensa puedan ser promovidos por un tercero distinto a sus legítimos representantes.

Sin embargo, es claro que no implica que los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad y la tutela queden relegados, por lo que cualquier persona, incluyendo a padres, tutores y demás figuras jurídicas que impliquen la representación de un menor o incapaz, puedan interponer defensa de los intereses de estos grupos de personas.

Ello, como una interpretación viable y en sentido contrario, a que la tutela de los intereses de las personas menores de edad e incapaces, no deba estar supeditada a los intereses de sus progenitores o representantes.

Esto es, si bien es cierto que la impartición de justicia sobre asuntos que involucren a menores de edad o incapaces, no deberá estar sujeta a la voluntad de quienes lo representen, tampoco quiere decir que se les deba excluir,  cuando no encuentren un impedimento o conflicto de interés que se los inhiba, para que puedan interponer en mecanismo de defensa en favor de sus representados.

Situación que se sugiere aclarar en la actual redacción del artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la finalidad de su actual redacción fue inclusiva y garantista, nunca exclusiva a menos de causa justificada.

En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito.

Lo anterior, sin menoscabo de que los padres, tutores y demás representantes legales de los menores de edad e incapaces, puedan interponer los mecanismos de defensa que resulten procedentes en beneficio de los intereses de sus representados.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Organismo especializado de las Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, OMT, el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. Dicho organismo destaca que la contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las rentas que éste ofrezca.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en 2016, México alcanzó el octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales, con lo cual ha avanzado 7 posiciones en el ranking de turismo internacional de la OMT, desde 2013. Así mismo, cifras de la Cuenta Satélite de Turismo, arroja que el Producto Interno Bruto Turístico tuvo una participación estimada del 8.7% en la economía nacional.

El 5º Informe de Labores 2016-2017, destaca una derrama económica de 19 mil 650 millones de dólares, es decir, 10.8% más a lo alcanzado en 2015. Además se observó que el hospedaje de turistas nacionales registro 55 millones 557 mil 723 personas, lo que equivalió a 5.2% más que en 2015 y para el preliminar de junio de 2017, el incremento se observó en 6.7%.

Por su parte la actividad hotelera tuvo un crecimiento acumulado de 13.5%, con respecto al 2012, al registrar la ocupación de un total de 749 mil 960 habitaciones.

México ha escalado 22 posiciones en el Índice de Reporte de Competitividad Viaje y Turismo y con su crecimiento en este sector económico, se han simplificado y digitalizado trámites con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas al mismo.

En los últimos 15 años, la oferta hotelera del país ha crecido anualmente un 3.8% en número de cuartos y 4.5% en número de hoteles, con 20 mil hoteles.

En muchas ciudades de la República, los hoteles ofrecen la transportación del turista, aeropuerto-hotel-aeropuerto, con la finalidad de otorgar comodidad, seguridad, confianza y tranquilidad a los huéspedes. Dicho servicio es considerado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, como un servicio de transporte privado.

Para que los hoteles puedan brindar el servicio anterior y puedan ingresar a un espacio dentro de la jurisdicción federal de los aeropuertos, recoger a los huéspedes y tener a los choferes con un letrero para que identifiquen el hotel, se deben cumplir con los siguientes:

1. Contrato anual con el administrador del Aeropuerto;

2. Cuota mensual por 12 meses;

3. Contar con seguros vigentes de responsabilidad civil y seguro del viajero;

4. Tarjeta de Identificación Aeroportuaria, entre otros.

Además de lo anterior, se debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares:

ARTÍCULO 7o.- Los permisos para el servicio de autotransporte federal de pasajeros se otorgarán a todo aquel que cumpla con lo siguiente:

I. Presentar solicitud en el formato que para tal efecto expida la secretaría;

II. Presentar el documento que ampara la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y, en su caso, modificación;

III. Presentar acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en caso de que el solicitante sea persona física;

IV. (Se deroga)

V. Acreditar con poder otorgado ante fedatario público, la representación legal del promovente;

VI. (Se deroga)

VII. Acreditar la propiedad o legal posesión del vehículo con factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos;

VIII. Presentar póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o fondo de garantía vigente;

IX. Póliza del seguro de viajero o en su caso, la constancia del fondo de garantía en los términos del reglamento respectivo;

X. Declaración de características del vehículo;

XI. Horarios mínimos;

XII. Acreditar que dispone de terminales en los puntos de origen y destino de la ruta solicitada. En caso de contar con permiso para operar terminales, bastará con señalar los datos de identificación del mismo;

XIII. Descripción de la ruta solicitada en cuya conformación deberán considerarse los tramos o ramales que se conecten o formen parte de la misma, y

XIV. Presentar el certificado de baja emisión de contaminantes.



Aunado a lo anterior, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece:

Artículo 40.- No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes casos:

I. Vehículos de menos de 9 pasajeros; y

II. …

...

Dicho precepto tiene su origen en 1993, donde el tipo de camioneta utilizada para el servicio, era estilo “Suburban”, hoy las camionetas utilizadas han evolucionado, de acuerdo al incremento del turismo, como anteriormente ya se demostró con cifras. Dichas camionetas pueden ir desde los 9 hasta los 16 pasajeros.

La importancia de lo anterior surge a partir de que el uso de camionetas cuyo cupo es mayor a 9 pasajeros, se cataloga como “transportista” y no se exime su permiso el permiso conforme al artículo 40 señalado.

La reforma propuesta consiste en elevar dicha cifra de 9 a 16 pasajeros, con lo cual se estaría acorde con los mecanismos y medidas que se han tomado, con la finalidad de facilitar el turismo e incentivar la actividad económica en nuestro país.

Además beneficiaría la logística reduciendo los viajes y por ende, el costo beneficio de utilizar estas camionetas, sin dejar de lado que reduce cualquier probabilidad de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y con el objetivo de fomentar el turismo en México y su desarrollo económico, es que se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma la fracción I del Artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 40. No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes casos:

I. Vehículos de menos de 16 pasajeros; y

II. …

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El combate al lavado de dinero es una de las directrices esenciales para atacar la estructura financiera de los grupos de la delincuencia organizada y, con ello garantizar la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.

Una de las herramientas técnicas de mayor eficacia en este combate lo es la facultad asignada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para expedir una lista de personas bloqueadas, derivado de la naturaleza de los actos, operaciones y servicios relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en nuestro país, en términos de lo mandatado por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Dicha facultad que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerce por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, consiste en ordenar a las entidades financieras la suspensión “de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas”, en términos de la Disposición 72º de la Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de abril de 2014.

Aunado a ello, es importante destacar que el marco regulatorio internacional en materia de combate al lavado de dinero, conducta tipificada en nuestro país bajo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contenido en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal, basado en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (en adelante “Recomendaciones GAFI”), publicadas en 2012, señalan expresamente en su numeral 4, lo siguiente:

“4. Decomiso y medidas provisionales

Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes , (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente.

Estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas.

Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales.”1

Aunado a lo anterior, es importante mencionar la nota número 4 de la Nota Interpretativa 6 “SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS RELACIONADAS AL TERRORISMO Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” de las propias Recomendaciones GAFI, enfatiza expresamente la obligación de los Estados parte de diversos instrumentos internacionales, todos ratificados por el Estado mexicano, respecto a congelar, incautar y decomisar activos relacionados con el combate a la delincuencia transnacional, en los términos siguientes:

“Sobre la base de los requisitos definidos, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988 (la Convención de Viena) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, 2000 (la Convención de Palermo), las cuales contienen obligaciones sobre el congelamiento, incautación y decomiso en el contexto de la lucha contra la delincuencia transnacional. Además, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 1999 (el Convenio de la Financiación del Terrorismo) contiene obligaciones sobre el congelamiento, incautación y decomiso y en el contexto del enfrentamiento al financiamiento del terrorismo. Esas obligaciones existen por separado y aparte de las obligaciones plasmadas en la Recomendación 6 y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al financiamiento del terrorismo.”2

En este tenor de ideas, es un imperativo del Estado mexicano contar con la facultad legal de congelar, incautar y decomisar los activos como una herramienta indispensable en el combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo cometidos por la delincuencia organizada.

No obstante lo anterior, el pasado 4 de octubre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1214/2016, promovido por la empresa Soluciones y Estrategias Wirken, en su carácter de quejosa, que la facultad asignada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública relativa a la inclusión de clientes y usuarios de entidades financieras en una lista de personas bloqueadas, contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es inconstitucional, en los términos siguientes:

“El asunto tuvo origen en el acuerdo que dictó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para incluir a la empresa quejosa en la Lista de Personas Bloqueadas.

Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala resolvió a favor el amparo en revisión 1214/2016, asignado a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La decisión derivo en la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que se suspendiera a la quejosa, de manera inmediata, la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con ésta o a través de ella.

Ello le imposibilitó a la firma tanto la apertura de nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como para que se le impidiera la disposición de los recursos que contuvieran.

De igual manera, se ordenó que fuesen las dos instituciones financieras en que se encontraban registradas las respectivas cuentas bancarias, las que deberían comunicar por escrito al cliente o usuario que fue introducido en la Lista de Personas Bloqueadas.

La quejosa se enteró de la maniobra de Hacienda cuando no pudo acceder por Internet a las referidas cuentas.

De inmediato acudió a las instituciones bancarias a preguntar la causa de ese bloqueo, según informó Notimex.

Tras conocer los detalles, Soluciones y Estrategias Wirken promovió juicio de amparo en el que la juez de Distrito que conoció del asunto determinó que el referido artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito no vulneraba la garantía de audiencia.

No obstante, sí se concedió el amparo a la firma demandante, únicamente para que supiera que estaba incluida en la lista de personas bloqueadas y se le otorgara la garantía de audiencia.

La quejosa promovió recurso de revisión en el que sustentó los agravios y la Primera Sala resolvió que sí resulta inconstitucional la medida aplicada por Hacienda.”3

La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación consideró que el señalado artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es violatorio del derecho humano a la presunción de inocencia de los imputados de un delito, así como, del debido proceso, en su vertiente de no garantizar el derecho de audiencia a los afectados de dicha medida, en concreto, la inclusión en la lista de personas bloqueadas, cuyos efectos son la suspensión de todo tipo de actos, operaciones o servicios por parte de las entidades financieras sobre los clientes o usuarios incluidos en dicha lista.

Es importante destacar que la Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de abril de 2014, ya regulaba en su Capítulo XV denominado “Lista de personas bloqueadas”, lo relativo al derecho de audiencia al cliente o usuario incluido en la citada lista, así como, la fundamentación y motivación de la sanción a aplicar, particularmente en la disposición 73º, en los siguientes términos:

CAPITULO XV
LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS

70ª.- La Secretaría pondrá a disposición de las Entidades, a través de la Comisión, la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones.

Las Entidades deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista de las Personas Bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas Operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar. Dichos mecanismos deberán estar previstos en el documento a que se refiere la 64ª de estas Disposiciones.

71ª.- La Secretaría podrá introducir en la Lista de Personas Bloqueadas a las personas, bajo los siguientes parámetros:

I. Aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas, y 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales;

II. Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretaría en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia Secretaría;

III. Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos en el Código Penal Federal;

IV. Aquellas que se encuentren en proceso o estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal;

V. Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal, y

VI. Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal o los relacionados con éstos.

72ª.- En caso de que la Entidad identifique que dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, se encuentra el nombre de alguno de sus Clientes o Usuarios, deberá tomar las siguientes medidas:

I. Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, Operación o servicio relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas, y

II. Remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en términos de la de las presentes Disposiciones en el que, en la columna de descripción de la Operación se deberá insertar la leyenda "Lista de Personas Bloqueadas".

Las Entidades que en términos de la presente Disposición hayan suspendido los actos, Operaciones o servicios con sus Clientes o Usuarios, de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha situación por escrito, en el que se deberá informar a dichos Clientes y Usuarios que podrán acudir ante la autoridad competente para efectos de la 73ª de las presentes Disposiciones.

73ª.- Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría conforme a lo siguiente:

I. Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la Disposición 72ª anterior, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso.

II. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma. (énfasis añadido)

74ª.- La Secretaría deberá eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas, a las personas que:

I. Las autoridades extranjeras, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades mexicanas competentes eliminen de las listas a que se refieren las fracciones I, II y III o se considere que no se encuentra dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones V y VI, de la disposición 71ª;

II. El juez penal dicte sentencia absolutoria o que la persona haya compurgado su condena en el supuesto de la fracción IV de la disposición 71ª;

III. Cuando así se resuelva de conformidad con el procedimiento a que se refiere la 73ª de las presentes Disposiciones, y

IV. Cuando así lo determine la autoridad judicial o administrativa competente.

Para los casos, en que se elimine el nombre de alguna de las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, las Entidades deberán reanudar inmediatamente la realización de los actos, Operaciones o servicios con los Clientes o Usuarios de que se trate.

75ª.- La Secretaría autorizará a la Entidad, sin perjuicio de lo establecido en el presente capítulo, el acceso a determinados recursos, derechos o bienes, así como actos, Operaciones y servicios, para efectos del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, en términos de la resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, así como para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con alguna Entidad.

Por tal motivo, se propone elevar a rango de ley, el contenido de las citadas Disposiciones de carácter general a efecto de garantizar el debido proceso, en su vertiente del derecho de audiencia, para los clientes o usuarios de las entidades financieras cuyas operaciones, actos o servicios, sean suspendidos con motivo de su inclusión en dicha lista, señalando con claridad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que la suspensión de las operaciones, actos o servicios, sólo se dará, previo juicio ante la Unidad de Inteligencia Financiera y agotados los recursos legales ante las instancias jurisdiccionales competentes, siempre respetando el debido proceso, particularmente, el derecho de audiencia de los afectados.

Por tal motivo, la presente iniciativa plantea atender los elementos esenciales del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando a la vez subsistente la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar la suspensión de actividades, operaciones y servicios de los clientes o usuarios incluidos en la lista de personas bloqueadas, garantizándoles a los mismos el debido proceso, en la vertiente del derecho de audiencia y la fundamentación y motivación que resuelva imponer la medida de congelamiento de la cuenta bancaria correspondiente, en los siguientes términos:

Texto vigente

Iniciativa

Ley de Instituciones de Crédito
Artículo 115. (…)
(…)
Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas

Ley de Instituciones de Crédito
Artículo 115. (…)
(…)
Las instituciones de crédito serán informadas sobre el inicio del procedimiento de suspensión de la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les notifique mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La suspensión únicamente será aplicada, una vez que la resolución que la funde y motive haya causado estado, al no admitir recurso legal alguno en su contra.

Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo siguiente:

I. Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que le sean notificado el inicio del procedimiento de suspensión, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, deberá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso,

II. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante recurso de revisión ante el titular de la Servicio de Administración Tributaria, siendo optativo agotar dicho recurso, cuyo promoción se realizará en los términos de lo señalado artículo 110 de la presente Ley.

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueada

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

ÚNICO.- Se modifica el artículo 115 de la Ley de las Instituciones de Crédito, en los siguientes términos:

Artículo 115. (…)

(…)

Las instituciones de crédito serán informadas sobre el inicio del procedimiento de suspensión de la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les notifique mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La suspensión únicamente será aplicada, una vez que la resolución que la funde y motive haya causado estado, al no admitir recurso legal alguno en su contra.

Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo siguiente:

I. Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que le sean notificado el inicio del procedimiento de suspensión, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, deberá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso,

II. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma.

Dicha resolución podrá ser impugnada mediante recurso de revisión ante el titular de la Servicio de Administración Tributaria, siendo optativo agotar dicho recurso, cuyo promoción se realizará en los términos de lo señalado artículo 110 de la presente Ley.

(…)

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN, LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI, FEBRERO 2012,
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf

2 Ibidem.

3 “La SCJN considera inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias por parte de Hacienda”, 4 de octubre de 2017, Revista Proceso,
http://www.proceso.com.mx/506237/la-scjn-considera-inconstitucional-bloqueo-cuentas-bancarias-parte-hacienda






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI)

Las que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA y LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, Senadoras de la LXIII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Cámara de Senadores al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro sistema de impartición de justicia existe para dar orden a la sociedad, de manera que ésta viva en armonía con los individuos que se desarrollan en ella. Contamos con este sistema, porque resulta necesario vivir bajo principios básicos de convivencia.

En el cumplimiento de los derechos humanos de todos, no podemos solamente hablar de víctimas, también es necesario hacerlo sobre los imputados, ya que en ningún momento se puede renunciar a los derechos fundamentales que cada ser humano posee.

Desde la perspectiva de la teoría de la pena, la imposición de la misma y la razón que justifica al estado para su imposición se encuentra en los fines que se buscan con ésta. Es así como se han desarrollado varias teorías que buscan explicar el fin de la pena como retribución del mal causado, como forma de prevenir nuevos delitos y como mecanismo de reintegración a la sociedad por parte del delincuente. En la práctica esta pena se traduce en la privación de libertad, esto es, en la reclusión del delincuente en un recinto penitenciario, que es sabido muy pocas veces cumple con la exitosa reinserción.

En este contexto cabe preguntarse si existen otros mecanismos de reacción frente al delito y aquí aparece la noción de reparación. Este tema ha sido ampliamente desarrollado en Alemania, especialmente el cómo crear un concepto jurídico penal de reparación, cómo introducirlo en el sistema penal y cómo justificarlo desde los fines y funciones de la pena.

Así, la reparación aparece como una forma de reaccionar frente al delito, más justa, humanitaria y eficiente, que respeta los derechos e intereses de las partes. La víctima se beneficia, ya que juega un rol principal en el cual serán tomados en cuenta sus verdaderos intereses, el imputado va a tener que responder ante la víctima por el ilícito que cometió, lo que le hace tomar conciencia del daño que ha provocado y puede ser un efectivo mecanismo de resocialización, ya que no tendrá que ir a la cárcel. La sociedad también se beneficia, porque los problemas se resuelven sin la necesidad de enfrentar un juicio, sino que, por un método más pacífico, creando ilimitadas posibilidades de solución político-criminalmente eficientes, dejando la represión penal sólo para aquellos delitos que atendiendo a su gravedad y bienes jurídicos comprometidos la justifiquen.

Actualmente contamos con dos principios rectores del proceso penal oral, como lo es la igualdad y la reparación del daño causado por la comisión de un delito, siendo el principio de la igualdad, un elemento importante para el debido proceso, brindando credibilidad y sustancia a los procesos penales, a su vez, el principio de reparación del daño es de tal importancia, que da forma y razón de ser al derecho penal en lo que se refiere a la armonía de un proceso, toda vez que pretende resarcir el daño causado.

Los principios mencionados se encuentran consagrados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 11 y 109 fracción XXIV, estando previstos literalmente como:

“Artículo 11.- Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen.”

“Artículo 109.- En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

XXIV.- A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código;

(…).”

Otro principio fundamental es la voluntariedad de la participación de las partes en el proceso penal. Es básico para llevar a cabo la mediación. Sin embargo, se ha señalado que la participación voluntaria, en particular respecto del imputado, no es posible en la mediación penal, porque la ley no prevé la posibilidad de que el imputado tenga el derecho a solicitar un acuerdo reparatorio.

En el proceso penal, sin embargo, puede solicitarse el acuerdo reparatorio por parte del afectado, y pueden también las autoridades procurar la mediación. Sin embargo, se debe seguir el procedimiento hasta el punto en el que procesalmente sea posible presentar esta solicitud. Esta medida implica un gasto económico al seguirse un proceso que bien pudiera finalizar con acuerdos reparatorios que conlleven a la reparación de los daños.

Muchos de los programas de mediación penal que se han implementado en diversos países del mundo, operan en contacto directo con las agencias de justicia formal (policía, fiscalía y tribunales) y dependen de estas agencias, ya sea para la derivación de causas, como para el financiamiento de los casos. Por ello, se ha llegado a afirmar que el tipo de voluntariedad que se requiere, especialmente respecto de la participación del imputado que es respecto de quien esta voluntariedad se ve más afectada, es una “voluntad relativa”. Es decir, que lo importante es que el imputado tenga efectivamente una opción: sea de ir a juicio o de ir a un proceso de mediación, y que esta opción no se vea afectada por presiones ilegítimas sobre el imputado con el fin de obtener su participación en el proceso de mediación.

En materia internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula en su artículo 25, numeral 1 lo siguiente:

ARTÍCULO 25.- Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

De esta manera, se establece que toda persona, sin importar si se encuentra imputado o si es el afectado, tendrá derecho a un proceso judicial pronto y expedito ante la autoridad judicial. De forma que, esta Convención, ratificada por nuestro país, busca la simplificación de procesos, llevándonos entonces a buscar medios alternativos que satisfagan a las partes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la presente proposición de iniciativa, que modifica el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
A saber:

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 113. - El imputado tendrá los siguientes derechos: 

(…) 

XIX. A solicitar unilateralmente, acuerdos reparatorios a efecto de que, a la víctima u ofendido, se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Ministerio Público u Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que dichas autoridades lo soliciten.

XX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.  

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con esta iniciativa, procuraremos economía procesal y recursos materiales y humanos que, actualmente son innecesariamente usados. Lograremos darles prioridad a delitos de impacto en nuestra sociedad y podremos combatir el rezago que actualmente impera en los juzgados.

Compañeros legisladores, este proyecto que está relacionado con la iniciativa que he presentado para modificar el artículo 20 de nuestra Constitución, es de vital importancia, toda vez que dará la oportunidad a los imputados, de solventar sus malas decisiones, y a los afectados la reparación de los daños causados. Con esta iniciativa, le estamos dando al sistema judicial, un verdadero respiro que le permitirá concentrar sus esfuerzos en delitos que laceran a la sociedad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

(Presentada por los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Angélica del Rosario Araujo Lara)

Los suscritos, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO y ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, Senadores de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A mediados del siglo pasado comenzó el proceso de modernización en nuestro país, lo que trajo consigo un crecimiento estructural y poblacional en las zonas urbanas de forma desmedida. Lo que implicaba el establecimiento de un proyecto de organización territorial que distribuyera de forma adecuada el uso de suelo, sin embargo, no se llevó a cabo. En consecuencia, las zonas urbanas quedaron al margen de obtener un desarrollo económico sostenido.

El crecimiento de las zonas urbanas es continuo y progresivo como se percibe en los datos históricos que demuestran que en el año de 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, mientras que en el año de 2010 ya se tenían 384, lo que representa el 71.6% de la población del país1, tal crecimiento es proporcional a la disminución de territorio disponible para la edificación de casas habitación, lo que determina el aumento en el precio de la vivienda y ello dificulta el acceso a una vivienda digna y con buena ubicación, siendo éste el principal factor que impulsa el asentamiento en zonas de riesgo.

La mala distribución territorial y principalmente la densidad demográfica en las urbes aqueja a diversas ciudades de nuestro país, lo que se puede reflejar en el exceso de habitantes en una zona territorial que no es proporcional al número de personas que la habitan.

Debido a que en México existe multiplicidad de riesgos que pueden ocasionar un desastre natural, diversos asentamientos humanos son susceptibles a convertirse en zonas de riesgo, lo anterior aunado a la variedad de climas y geografía de nuestro territorio, como lo demuestran las cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en las que se indican que 87.7 millones de habitantes en el país, residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de lo que cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% en zonas rurales.

Para poder aminorar el efecto de los fenómenos naturales en las zonas de riesgo, es necesario contar con acciones preventivas como el aumento de inversión en medidas estructurales, la elaboración de atlas de riesgo y una mayor difusión en materia de protección civil.

A pesar de que la federación tiene responsabilidad en la elaboración de programas, planes y acciones preventivas contra desastres naturales, los estados y municipios son los principales responsables de ejercer dichas acciones preventivas, sobre todo éste último, como se encuentra establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece la facultad de los municipios para dirigir las políticas de uso de suelo, los permisos de construcción en sus jurisdicciones territoriales y la elaboración de sus planes de desarrollo urbano.

Aunado a lo anterior, el artículo 86 de la Ley General de Protección Civil establece que el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, la insuficiencia de medidas de planeación, prevención y mitigación a nivel de las regiones o zonas vulnerables se ve reflejada en la casi inexistente vinculación entre la información proporcionada por los atlas de riesgo y la toma de decisiones en temas como la concesión de permisos sobre uso de suelo, la provisión de infraestructura y la construcción de vivienda.

Lo anterior se agrava debido a que no existen obligaciones claras acerca de la actualización de los atlas de riesgos por parte de las autoridades locales. Por ello, en tanto la actualización de los atlas de riesgo no sea considerada como un insumo indispensable para la gestión del desarrollo urbano, la población asentada en zonas irregulares continuará asumiendo los costos de una política de desarrollo urbano incompleta.

Ante este panorama, se determinó que resulta imprescindible que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), como rectora del territorio nacional y de los asentamientos humanos, realice acciones que disminuyan el riesgo de la población localizada en zonas de riesgo y evite el asentamiento de hogares en zonas susceptibles a fenómenos naturales y en las que sus moradores o su patrimonio pueden sufrir algún daño.

Por lo cual se plantearon estrategias y líneas de acción que tienen como propósito garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. Entre las que destaca el impulso a la creación y actualización de reglamentos de construcción acordes con los diferentes peligros y riesgos de los asentamientos humanos, así como la incorporación de la gestión integral del riesgo en la planeación y programación del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

Ante ello, el municipio en muchas ocasiones no cuenta con las capacidades técnicas y financieras necesarias para vincular los instrumentos de gestión de riesgos con los reglamentos de construcción, lo cual trae consigo diversas consecuencias, como la pérdida de vidas humanas y económicas.

Lo anterior se puede ver reflejado en las cifras que demuestran que entre los años de 1980 y 1990 se registraron pérdidas de 700 millones de dólares por desastres naturales, mientras que entre los años del 2000 y 2014 la cantidad se elevó a 2,147 millones de dólares en pérdidas, además de tener un promedio de 186 decesos por la misma causa2.

En el mismo sentido, el Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México3, indica que una inadecuada planeación urbana/territorial y de uso de suelo contribuye en gran medida a la vulnerabilidad de la población de México. Situación que es considerada como el reto más apremiante de política pública para la reducción de riesgos de desastre.

La rápida y continua urbanización de las áreas metropolitanas ha aumentado los asentamientos informales en áreas propensas a riesgos, como las riberas de ríos o laderas inestables. El estudio de referencia coincide en que las autoridades de protección civil  enfrentan un reto de déficit de gobernanza, ya que las políticas de uso de suelo son parte de las atribuciones municipales y se diseñan con muy poca vinculación con la información sobre riesgos.

Por ejemplo, en el caso de los cauces de los ríos y sus alrededores que se encuentran bajo la autoridad de la CONAGUA, mientras que el uso de suelo y la planeación urbana son responsabilidad de los municipios, esto ha generado un vacío entre ambos marcos legales e institucionales. En algunos casos, ninguna de las dos partes toma la iniciativa para evitar o expulsar asentamientos irregulares en zonas de riesgo.

Por consiguiente, los asentamientos ilegales en áreas propensas a inundaciones tienden a reaparecer en el mismo lugar incluso después de desastres importantes, como la inundación de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana ocasionada por el huracán Alex en el año 2010.

Dicho diagnóstico también menciona el tema de los códigos de construcción y el reforzamiento sísmico de estructuras como dos áreas adicionales de la política de prevención de riesgos de desastre con mayor posibilidad de mejora.

Al respecto, los códigos de construcción se definen a nivel municipal; sin embargo, como se ha mencionado, muchos municipios no cuentan con suficientes recursos para elaborarlos, lo que implica que la construcción en muchas áreas con riesgo sísmico no esté regulada. Ejemplo de ello radica en la situación de algunos municipios que han adoptado el código sísmico de la Ciudad de México, que con frecuencia no es adecuado para sus condiciones del suelo y otras variables que determinan el nivel de riesgo sísmico respectivo.

Aunado a lo anterior, en los municipios que cuentan con códigos de construcción, las disposiciones sobre la mitigación de riesgos se centran frecuentemente en los riesgos por terremoto, y no se prestan suficiente atención a las medidas adecuadas para contrarrestar inundaciones, huracanes y tsunamis con base en el nivel local de riesgo.

En ese sentido, resulta fundamental invertir más en la prevención de riesgos de desastre después de un análisis minucioso de costos, beneficios y eficacia. Al respecto, la OCDE menciona que una medida práctica para facilitar esto podría ser el establecimiento de un registro de 4 a 6 códigos de construcción específicos a nivel federal que los municipios puedan elegir y adaptar con base en su exposición al riesgo, en especial para terremotos, inundaciones y tsunamis.

En Estados Unidos de América, por ejemplo, los estados reciben la facultad de legislar su propio Código de Edificaciones, aunque el Poder Federal vigila el cumplimiento y puede anular dicha facultad legislativa sólo en los casos en los que los códigos no protejan la salud pública, la seguridad y el bienestar social. Por su parte, los Congresos Locales legislan con varios grados de aplicación de responsabilidad y con mecanismos de modernización, tomando en cuenta el contexto geográfico de cada estado.

Por todo lo anterior, se pretende reformar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de que la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emita un catálogo de códigos de construcción específicos a nivel federal que tomen en cuenta todos los tipos de riesgo que se presentan en el territorio nacional reflejados en los Atlas de riesgo nacional, estatales y municipales, con el propósito de que los municipios puedan elegir y adaptar en su planeación territorial, reglamentos y demás ordenamientos de su competencia, los códigos más adecuados con base en su exposición a los riesgos  específicos que se presentan en su territorio.

Ello no representa una invasión de atribuciones entre los órdenes de gobierno, pues los municipios seguirán a cargo de sus atribuciones constitucionales, relativas al otorgamiento de licencias y permisos para construcciones, siendo solamente una medida que pretende proporcionar una herramienta para que los municipios actualicen sus códigos de construcción e incorporen con mayor facilidad la prevención de riesgos en los asentamientos humanos.

De esta forma se estaría vinculando el ordenamiento territorial y el uso de suelo con la reducción de riesgos como una de las medidas para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante los desastres naturales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXXII al artículo 8 pasando la anterior a ser XXXIII, y se reforman las fracciones III, XVI y XXI del artículo 11 y el artículo 66  de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para quedar como sigue:

Artículo 8. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría, las atribuciones siguientes:

I. … a XXXI.

XXXII. Expedir un catálogo nacional de códigos de construcción vinculados a los atlas de riesgo nacional, estatales y municipales, que sirva de directriz para que los municipios incorporen la gestión integral del riesgo en la programación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, a través de la actualización de sus reglamentos de construcción considerando los peligros y riesgos inherentes a sus condiciones geográficas y meteorológicas específicas. 

XXXIII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. … a II. …

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven, tomando en cuenta el catálogo nacional de códigos de construcción.

IV. … a XV. …

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano, de zonas metropolitanas y conurbaciones y los atlas municipales de riesgo, en el marco de los derechos humanos;

XVII. … a XX. …

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano, así como de las zonas que se encuentran bajo algún tipo de riesgo con base en los diversos instrumentos de detección de riesgos.

XXII. … a XXV. …

Artículo 66. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo conforme a los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial y los atlas de riesgo, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a Usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de prevención de riesgo que identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de las disposiciones de esta Ley, la Ley General de Protección Civil y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.

1 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23233/PROGRAMA_Nacional_
de_Desarrollo_Urbano_2014-2018.pdf

2 http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/318-INFOGRAFADESASTRESENMXICO-
IMPACTOSOCIALYECONMICO.PDF

3 http://www.oecd.org/gov/risk/Mexico-proteccion-civil-resumen-ejecutivo.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, 169, y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La suplantación y robo de identidad es un problema que afecta gravemente el patrimonio de millones de familias y empresas. Este delito va en aumento día con día, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocer que al primer semestre de 2017 las reclamaciones por posible robo de identidad ascendieron a 39 mil 758, cifra que representa un aumento de 22%, respecto de lo reportado en el mismo periodo del año anterior.1

Por lo anterior, resulta necesario modificar el marco normativo penal con el fin de tipificar este delito en el ámbito fiscal y financiero, a efecto de otorgar a los ciudadanos certeza jurídica respecto a la imposición de sanciones a aquellos individuos que lo cometan. En este tenor, con el fin de fortalecer las funciones relacionadas con la persecución penal, las cuales resultan un factor fundamental a considerar en la creación de normas, es primordial la inclusión de nuevos tipos penales que no dejen espacio a la impunidad de conductas gravemente lesivas para el Estado mexicano y su sector financiero, como lo es la suplantación de identidad. Este fenómeno antisocial se ha incrementado en nuestro país en los últimos años, en donde, conforme a la información estadística publicada por CONDUSEF en su portal oficial2, es viable establecer el aumento y evolución de hechos posiblemente constitutivos de “robo de identidad”, siendo así que en el año 2011 fueron presentadas 34,419 reclamaciones por hechos relacionados a la suplantación de identidad, y en 2016 se presentaron 53,227 reclamaciones, periodo en el que se incrementaron los eventos y en el que se aprecian fluctuaciones que llegaron a aumentos del 40 % durante el primer semestre del año 2015, en comparación con el mismo periodo del 2014.

Las mecánicas delictivas empleadas para el robo de identidad son diversas, desde la apertura de cuentas bancarias con identidades falsas o suplantadas; la autorización de créditos a personas existentes que no lo solicitaron o bien a personas ficticias; los depósitos bancarios no identificables o que los usuarios desconocen; todas ellas colocan en una posición riesgosa a la entidad financiera, al usuarios del sistema y a las instancias gubernamentales.

En relación con las diversas modalidades delictivas identificadas respecto al robo de identidad, es posible establecer que dentro del periodo comprendido del mes de enero a diciembre del año 2015, han aumentado considerablemente respecto al mismo periodo del 2014, en particular modalidades como la apertura de créditos personales y de nómina, en los que en 2014 se presentaron reclamación de 1,547 eventos, y en 2015 se elevó la cifra a 2,281 eventos. Por cuanto hace a créditos de auto y créditos simples, en 2014 se presentaron 293 reclamaciones, las que en 2015 se elevaron a 485. Asimismo, es posible establecer, mediante un análisis cuantitativo, que se trata de un problema con repercusiones graves dentro de nuestro sistema financiero. Se trata de eventos que acontecen a lo largo de todo el territorio nacional, y si bien es posible identificar los Estados con mayor incidencia como lo son la Ciudad de México, en donde en el primer semestre del año 2016 se registraron 1,152 acciones de defensa de usuarios de servicios bancarios, seguida de Jalisco con 408, Guerrero con 171 y el Estado de México con 1623, lo cierto es que las cifras muestran una constante alza a nivel nacional en los eventos de esta naturaleza y que son reclamados por los usuarios de servicios bancarios.

Si bien en la materia han habido ya avances en los esfuerzos de colaboraciones institucionales a nivel federal ante los incrementos de robo de identidad, tal y como consta en las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, suscritas el 18 de febrero del 2016 por la PRODECON, CNBV, CONDUSEF, INAI, SAT e INE, o en la recomendación general emitida por CONDUSEF a la Asociación Mexicana de Bancos (ABM) de fecha 5 de octubre de 20154, al día de hoy dicha figura no se encuentra expresamente sancionada ni por la legislación financiera aplicable, ni por la fiscal. Ello ocasiona ausencia de tipicidad y su consecuente falta de sanción, permitiendo con ello que éstas conductas lesivas causen estragos en sectores estratégicos del sistema financiero y económico mexicano sin consecuencia jurídica alguna. Es de mencionar que respecto a la información obtenida del Buró de Entidades Financieras, en su Informe de Desempeño de las Entidades Financieras5 de 2016, los montos reclamados alcanzaron la cifra de 406 millones de pesos, lo que impacta substancialmente en uno de los sectores prioritarios para el Estado como lo es el sistema financiero.

Finalmente, se reitera que la relevancia y magnitud de los cambios que el Estado mexicano enfrenta en cuanto a su sistema de procuración e impartición de justicia, cambios de gran calado que impactan de manera directa, entre otros, al sector financiero, buscan consolidar un sector ágil, eficaz y eficiente, respetuoso de los derechos humanos y que garantice la reparación del daño a los usuarios del sistema financiero, así como la protección de los bienes y derechos del Estado mexicano, por lo que resulta indispensable la reforma que se propone.

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LEY DEL MARCADO DE VALORES, LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, Y LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS:

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Artículo Primero.- Se adicionan los artículos 112 Sextus y 112 Septimus de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 112 Sextus.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien valiéndose de cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético, sonoro, audiovisual o de cualquier otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de una autoridad financiera o de alguna de sus áreas o de alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, o de un servidor público, directivo, consejero, empleado, funcionario, o dependiente de éstas, en los términos establecidos por el artículo 116 Bis 1 de la presente Ley.

Artículo 112 Septimus.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice u obtenga, por sí o a través de interpósita persona, cualquier servicio o producto financiero proporcionado por alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 3 de esta Ley o por una autoridad financiera o alguna de sus áreas, bajo una identidad falsa o suplantada.

La mismas penas se impondrán a quién para realizar alguna de las conductas a que se refiere el párrafo anterior, otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de identidad.

LEY DEL MERCADO DE VALORES

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos 383 Ter y 383 Quáter de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 383 Ter.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien valiéndose de cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético, sonoro, audiovisual o de cualquier otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de una sociedad anónima bursátil, sociedad anónima promotora de inversión, sociedad anónima promotora de inversión bursátil, casa de bolsa de valores, asesor de inversión, sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con valores, institución para el depósito de valores, contraparte central de valores, proveedor de precios o institución calificadora de valores, o de un directivo, consejero, empleado, funcionario, o dependiente de éstas.

Artículo 383 Quáter.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice u obtenga por sí o a través de interpósita persona cualquier servicio o producto financiero proporcionado por una sociedad anónima bursátil, sociedad anónima promotora de inversión, sociedad anónima promotora de inversión bursátil, casa de bolsa de valores, asesor de inversión, sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con valores, institución para el depósito de valores, contraparte central de valores, proveedor de precios o institución calificadora de valores, bajo una identidad falsa o suplantada.

La mismas penas se impondrán a quién para realizar alguna de las conductas a que se refiere el párrafo anterior, otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de identidad.

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

Artículo Tercero.- Se adicionan los artículos 98 Bis y 98 Ter de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 98 Bis.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien valiéndose de cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético, sonoro, audiovisual o de cualquier otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un Almacén General de Depósito, Centro Cambiario, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Transmisor de Dinero o Casa de Cambio o de un directivo, consejero, empleado, funcionario, o dependiente de éstas, en los términos establecidos por el artículo 97 Bis 1 de la presente Ley.

Artículo 98 Ter.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice u obtenga por sí o a través de interpósita persona cualquier servicio o producto financiero proporcionado por un Almacén General de Depósito, Centro Cambiario, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Transmisor de Dinero o Casa de Cambio, bajo una identidad falsa o suplantada.

La mismas penas se impondrán a quién para realizar alguna de las conductas a que se refiere el párrafo anterior, otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de identidad.

LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS

Artículo Cuarto.- Se adicionan los artículos 160 Bis y 160 Ter de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar como sigue:

Artículo 160 Bis.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien valiéndose de cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético, sonoro, audiovisual o de cualquier otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un Grupo Financiero, Sociedad Controladora, Sociedad Controladora Filial o Subcontroladora o de un directivo, consejero, empleado, funcionario, o dependiente de éstas.

Artículo 160 Ter.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a trescientas mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice u obtenga por sí o a través de interpósita persona cualquier servicio o producto financiero proporcionado por los Grupos Financieros, Sociedad Controladora, Sociedad Controladora Filial o Subcontroladora, bajo una identidad falsa o suplantada.

La mismas penas se impondrán a quién para realizar alguna de las conductas a que se refiere el párrafo anterior, otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de identidad.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.

1 Consultado el 21 de noviembre de 2017 en:
https://www.gob.mx/condusef/prensa/aumentan-23-las-reclamaciones-al-sistema-financiero

2 Consultado el 25 de enero de 2017 en:
http://www.gob.mx/condusef/acciones-y-programas/robo-de-identidad?idiom=es

3 Consultado el 25 de enero de 2017 en:
http://www.gob.mx/condusef/prensa/aumentan-40-reclamaciones-imputable-a-posible-
robo-de-identidad-en-primer-semestre-de-2015

4 Consultado el 25 de enero de 2017 en:
http://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-emite-recomendaciones-a-abm-ante
-incremento-de-robo-de-identidad

5 Consultado el 25 de enero de 2017 en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/148225/DESEMPE_O_DE_LAS_
ENTIDADES_FINANCIERAS_1ER_SEM_2016_.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA  ELÉCTRICA

(Presentada por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, JORGE TOLEDO LUIS, senador integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MATERIA DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático es un fenómeno que se presenta como un desafío para la humanidad, pues amenaza a todos los seres del planeta Tierra, a la producción de alimentos, el aumento del nivel del mar, la desaparición de los polos y el hábitat natural.

Este fenómeno tiene un origen antropogénico, es decir, por los procesos y resultados de la actividad humana, tales como la emisión de contaminantes a la atmósfera por quema de combustibles fósiles y la deforestación.

Estas actividades generan gases con efecto invernadero, pues con su actuación como cristales provocan que se retenga el calor del sol e impide que salga de la atmósfera terrestre.

Debido a la actividad humana se ha aumentado el número de los siguientes gases: 1) CO2; 2) metano; 3) óxido nitroso y 4) gases fluorados. No obstante, el más peligroso hasta el momento es el primero de la lista; solo este gas es el responsable del 63% del calentamiento global y su concentración supera actualmente el 40% más que al inicio de la industrialización.

Entre las principales actividades que provocan el aumento de las emisiones de estos gases se encuentran: 1) combustión de carbón, petróleo y gas; 2) la deforestación, lo que inhibe la absorción de CO2; 3) el aumento de la ganadería, al incrementar el número de bovinos, grandes aportadores  de metano en la etapa digestiva; 4) el desarrollo de fertilizantes con base en nitrógeno.

El aumento en las emisiones también se da por: 1) La combustión de carbón, petróleo y gas; 2) tala de selvas tropicales, (pérdida del carbono almacenado por los árboles); 3) Desarrollo de la ganadería, (las vacas y ovejas producen gran cantidad de metano durante la digestión), 4) fertilizantes con nitrógeno, (producen emisiones de óxido nitroso); 5) Gases fluorados, (causan un potente efecto de calentamiento).

Actualmente hay datos que muestran el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2); según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 1990, las emisiones mundiales CO2 han aumentado en cerca de 50%.

Entre 2000 y 2010, el incremento de estas emisiones fue mayor que en las tres décadas anteriores. De continuar emitiendo la cantidad actual de contaminantes, es posible que a finales de este siglo la temperatura mundial se incremente por arriba de los 1,5 o C.

Hasta donde sabemos, la generación y utilización de energía constituye la principal causa del cambio climático, representando, de acuerdo con la ONU, cerca del 60% del total de las emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial.

En México, de acuerdo con el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015, el autotransporte es el sector que más participa en la emisión de GEI, con 26.2% del total, seguido de la generación de energía eléctrica, con 19%. Las emisiones por parte del sector residencial y comercial ascendieron al 3.9%.1

Como resultado, los efectos del cambio climático ya están presentes en todo el mundo, mostrándose como:

• El aumento en la temperatura del aire y los océanos, así como el derretimiento de los glaciares y el aumento en el nivel del mar.

• Fenómenos meteorológicos más extremos, frecuentes y duraderos.

• Desertificación en áreas cada vez más extensas y temporadas de sequías más duraderas.

• Cambios en los patrones de las precipitaciones y el aumento de olas de calor.

• Impactos negativos en las cosechas y la producción de alimentos, así como una menor disponibilidad de recursos de agua dulce.

• Cambios significativos en las propiedades físicas y químicas de los océanos.

• Peces, invertebrados y fitoplancton han cambiado su distribución y abundancia hacia los polos o hacia aguas más profundas y más frías.

Por su posición geográfica, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, somos un país bioceánico que cuenta con cerca de 11 mil 200 kilómetros de litorales; 17 de las 32 entidades federativas son costeras.

De acuerdo con especialistas, el 98 % de mexicanos se encuentra en situación de riesgo por inundaciones, tormentas, granizadas y huracanes. El reporte Global Climate Risk Index 2017, del centro de investigación alemán Germanwatch, coloca a México en el lugar número 52 de riesgo climático entre más de 190 países.2

Los estragos, productos del cambio climático, se han presentado de diversas formas. En muchas regiones del país está aumentando la desertificación por el desecamiento de ríos y de los mantos freáticos, causando la muerte de miles de especies animales y vegetales, y afectando las actividades ganaderas y agropecuarias.

Las temperaturas han aumentado de forma extrema en los últimos años. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó en su boletín anual la advertencia de un "aumento peligroso de la temperatura global". El año pasado, conforme sus datos, la concentración atmosférica de CO2 alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando de nuevo la barrera de los 400, que se rebasó por primera vez en 2015, el año en el que se firmó el Acuerdo de París.3

En algunos lugares las lluvias, tormentas tropicales y huracanes son más intensos y se presentan fuera de temporada, lo mismo que las temporadas de calor.

Asimismo, se ha acelerado la pérdida de bosques por las sequías y los incendios forestales asociados a las altas temperaturas, así como el derretimiento de los glaciares más importantes de México, como los de los volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl y el Pico de Orizaba.

La emisión de contaminantes a la atmósfera también afecta a la población mundial al ser causa de diversas enfermedades, particularmente las de tipo respiratorio, cardiovasculares y el cáncer.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente.

Se estima en 2012 perdieron la vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables; casi una cuarta parte del total mundial de muertes.4

Del informe Ambientes saludables y prevención de enfermedades: Hacia una estimación de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente, se desprende, tras el análisis de más de 100 categorías de enfermedades y traumatismos, que la gran mayoría de muertes vinculadas al medio ambiente se deben a enfermedades cardiovasculares, como los accidentes cerebrales y la cardiopatía isquémica.

• Accidentes cerebrovasculares - 2,5 millones de muertes anuales

• Cardiopatía isquémica - 2,3 millones de muertes anuales

• Traumatismos involuntarios (por ejemplo, muertes por accidente de tránsito) - 1,7 millones de muertes anuales

• Cánceres - 1,7 millones de muertes anuales

• Neumopatías crónicas - 1,4 millones de muertes anuales

• Enfermedades diarreicas - 846 000 muertes anuales

• Infecciones respiratorias - 567 000 muertes anuales

• Afecciones neonatales - 270 000 muertes anuales

• Paludismo - 259 000 muertes anuales

• Traumatismos intencionados (por ejemplo, suicidios) - 246 000 muertes anuales.5

Conforme a los datos de la OMS, en México mueren al año 9 mil 300 personas a causa de la contaminación del aire, de las cuales 4 mil acontecen en la Ciudad de México.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) registra una cifra aún más elevada, con 20 mil muertes al año en el país.

De acuerdo con el reporte Environmental Outlook to 2050: The consequences of inaction, de la OCDE, de no tomarse medidas necesarias para disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, la contaminación del aire se convertirá en la principal causa ambiental de muerte prematura.6 

Por todas estas razones, resulta imprescindible implementar las acciones necesarias para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Siendo un fenómeno global, requiere de la cooperación de todo el mundo, ya que las acciones de un solo país no son suficientes para enfrentar el problema.

Conscientes de ello, los representantes de 195 naciones del mundo firmaron en diciembre de 2015 el Acuerdo de París, un documento histórico para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para disminuir las emisiones de CO2 y crear sociedades y economías resilientes y sostenibles.

Los países firmantes se comprometieron a descarbonizar sus economías en los próximos años y aumentar el grado de resiliencia de sus sociedades al cambio climático, además tienen la obligación de emprender acciones de mitigación para alcanzar los objetivos del acuerdo. Contiene tres metas interrelacionadas entre sí:

• Limitar el aumento de la temperatura media por debajo de los 2o C por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5o C.

• Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

• Aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia sociedades resilientes y economías bajas en carbono.

México depositó ante la ONU la ratificación del Acuerdo de París el 21 de septiembre de 2016, el cual entró en vigor el 4 de noviembre del mismo año, mucho tiempo antes de lo previsto.

Aunque nuestro país no forma parte del grupo de países con mayores índices de emisiones de contaminantes a la atmósfera, asumió compromisos ambiciosos ante la ONU, estableciendo metas de mitigación y la disminución en 22% de GEI y 51% de emisiones de CO2 para 2030.7

México también asumió los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El objetivo 13 de dicho documento insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, mientras que el objetivo 7 busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

Para cumplir estos objetivos y reducir la emisión de contaminantes, es fundamental invertir y ampliar en infraestructura para la elaboración de energías sostenibles, no contaminantes, incluidas las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética.

En este sentido, México cuenta con importantes mecanismos institucionales y normativos que buscan impulsar la generación de energías sustentables y amigables con el medio ambiente, tales como la energía solar, hidráulica, eólica, entre otras.

Por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático establece como uno de sus objetivos, en su artículo primero, fracción VII, promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

La Ley de Transición Energética, en vigor desde el 24 de diciembre de 2015, tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones de contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.8 Con esta Ley, México busca transitar hacia una economía con utilización de energías limpias y renovables.

Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tiene entre sus objetivos el aprovechamiento sustentable, preservación y restauración de los recursos naturales, así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y cielo.

Para incentivar la generación y consumo de energías limpias, la aplicación de estímulos fiscales resulta fundamental. La Ley General de Cambio Climático establece en su artículo 93 lo siguiente:

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; así como promover prácticas de eficiencia energética.

II. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética; y desarrollo de energías renovables y tecnologías de bajas emisiones en carbono;

III. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones.

La presente iniciativa adiciona un inciso a este artículo para que quede establecida, de manera clara y expedita, que los particulares puedan desarrollar e implementar tecnologías limpias, como la solar y eólica y sean sujetos prioritarios de recibir los apoyos fiscales que se establecen en la Ley de Ingresos de cada año.

Por su parte, en la Ley de Transición Energética se define lo que es el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase), y en su artículo 35 y 36 establecen:

Artículo 35. El PRONASE es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la Ley de Planeación, establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que permitan alcanzar las Metas en materia de Eficiencia Energética establecidas en términos de esta Ley. Será un programa especial en los términos de la Ley de Planeación.

El orden de importancia de las acciones a desarrollar estará en función de la rentabilidad social de las mismas.

Artículo 36. El PRONASE incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia en materia de Eficiencia Energética que permitan:

I….XII y;

La presente iniciativa busca, mediante la adición de un inciso XIII al artículo 36 de esta Ley, el establecer en el PRONASE que se generen las condiciones que promuevan que los particulares puedan desarrollar e implementar proyectos de energía solar y eólica, para su consumo doméstico.

Finalmente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece, en su artículo 22 Bis:

ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I…VI;

De manera similar a la Ley General de Cambio Climático, se propone que quede establecida, de manera clara y expedita, que los particulares puedan desarrollar e implementar tecnologías limpias, como la solar y eólica y sean sujetos prioritarios de recibir los apoyos fiscales que se establecen en la Ley de Ingresos de cada año.

En resumen, la presente iniciativa busca el fomento para que los particulares puedan instalar en sus hogares paneles solares, mediante el establecimiento de incentivos fiscales, con lo cual se busca ampliar la generación de energías limpias.

Pero también es necesario facilitar el acceso universal a dichas energías, ya que actualmente la implementación de este tipo de tecnologías tiene un costo demasiado elevado en comparación con la energía convencional.

Es necesario mencionar que la instalación de paneles solares representa una inversión considerable para la mayoría de las familias mexicanas, quienes tienen que buscar recursos necesarios para poder tener acceso  estas tecnologías.

El costo de los paneles solares es muy variado, pero se mantiene por arriba de los 20 mil pesos por panel, además de una serie de aditamentos que también se requieren para aprovecharlos al máximo; a eso se agrega que para una vivienda no es suficiente la instalación de un panel, sino se requieren más, en función del tamaño de la vivienda y de la cantidad de aparatos eléctricos que sean utilizados.

Por esta razón, resulta necesaria la participación del Gobierno para impulsar la instalación de este tipo de tecnologías limpias, para beneficiar, por una parte, la economía de las familias mediante el aprovechamiento de un recurso natural, y, por la otra, se reducirá la emisión de contaminantes.

Podemos considerar a las energías renovables como un factor fundamental para alcanzar la seguridad energética y la sustentabilidad ambiental.

Nuestro país es sumamente rico en lo que se refiere a la irradiación solar que recibimos, situación que es necesario aprovechar para fomentar estas tecnologías; los estudios señalan que tenemos un potencial promedio de entre 5 y 6 Kwh por metro cuadrado al día en el 90% de nuestro territorio, por lo que es necesario impulsarlo y fomentarlo.

A pesar de esto, en nuestro país, excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, las fuentes renovables aportan un escaso 8% de la matriz eléctrica. Según estadísticas oficiales, en diciembre de 2016, la hidroelectricidad tuvo una capacidad instalada de 12 mil 92 megavatios, la geotermia de 873, la eólica, 699, y la solar fotovoltaica, apenas 6.

Por otra parte, otro factor para fomentar la aplicación de estas tecnologías son los propósitos establecidos en la Reforma Energética, mediante la creación de cadenas de valor en torno a las energías renovables.

Nuestro país presenta un gran atraso en el aprovechamiento de este tipo de recursos, pues, a nivel internacional, tenemos que mencionar el caso exitoso de Alemania, país en donde la energía solar aporta prácticamente la mitad de la demanda eléctrica, con una producción entre 23 y 24 GW al día.

Después de Alemania, destacan casos como España, Japón, Italia, Estados Unidos y República Checa, con una producción considerable, pero sin alcanzar los niveles de Alemania, que los supera ampliamente.

La energía sostenible es una oportunidad para transformar nuestro entorno, la economía y el planeta. Sí es posible asegurar un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo económico y social. Sin embargo, debemos impulsar más las acciones en el ámbito local, directamente con la población.

El objetivo de la presente iniciativa es incentivar la utilización de energías renovables, como las provenientes del sol y el aire. Para ello, es esencial que la Comisión Reguladora de Energía fije una tarifa especial, en donde, aplicando una tarifa inferior inmediata a los consumidores de energía eléctrica, se incentive la utilización de este tipo de energías verdes.

La actual distribución de tarifas en el área residencial se divide en siete clasificaciones. Ante ello, el espíritu de la ley es el colocar al consumidor en la inmediata, con un margen mayor de límite. Así, el rango de entrar a una categoría de alto consumo disminuirá, provocando que lo pagando se mantenga en un precio inferior. 

Con esas consideraciones, propongo esta iniciativa, con las siguientes características:

Ley de la Industria Eléctrica

Iniciativa

Artículo. 139:

La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

 

 

 


 

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.

Artículo. 139:

[…]

 

 

 

 

En observancia a la utilización y fomento de energías renovables, tales como la solar y la eólica, la CRE determinará una tarifa especial, denominada “tarifa verde”, para colocar al consumidor en la tarifa inferior inmediata, independiente de la metodología que se haya utilizado para establecerla.

[...]

Es urgente legislar para mejor utilizar nuestros recursos naturales, pero, por sobre todo, es urgente que los beneficios lleguen realmente a los domicilios mexicanos que invierten para producir energía, por lo que someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MATERIA DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES.

Único: Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 139 de la LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, para quedar como sigue:

Artículo 139:

[…]

En observancia a la utilización y fomento de energías renovables, tales como la solar y la eólica, la CRE determinará una tarifa especial, denominada “tarifa verde”, para colocar al consumidor en la tarifa inferior inmediata, independiente de la metodología que se haya utilizado para establecerla.

[...]

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2015_bur_mexico_low_resolution.pdf
(Consultado 7 de
noviembre de 2017)

2 Sónke Kreft, David Eckstein, Inga Melchior, Global Climate Risk Index2017, Germanwatch, [en línea], disponible en:
https://germanwatch.org/en/download/16411.pdf

3 https://elpais.com/elpais/2017/10/30/ciencia/1509359304_347557.html
(Consultado el 06-Noviembre-2017).

4 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/es/
(Consultado el 06-noviembre-2017)

5 http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/prevdisexecsumsp.pdf?ua=1
(Consultado 6 de
noviembre de 2017)

6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD environmental Outlook to 2050: The consequences of inaction, [en línea], disponible en
http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49846090.pdf

7 Semarnat, El histórico Acuerdo de París entra en vigor este 4 de noviembre. México forma parte de este movimiento global, [En línea], disponible en
http://www.gob.mx/semarnat/prensa/el-historico-acuerdo-de-paris-entra-en-vigor
-este-4-de-noviembre-mexico-forma-parte-de-este-movimiento-global

8 Ley de Transición Energética, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, [en línea], disponible en
https://www.gob.mx/conuee/articulos/ley-de-transicion-energetica






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL SALUD

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 159 DE LA LEY GENERAL SALUD

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Chiapas a establecer las adecuaciones en sus legislaciones para prohibir el matrimonio infantil, a fin de garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los tratados internacionales que México ha firmado en la materia. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar evaluaciones sobre la eficiencia de los convenios de colaboración celebrados entre las instituciones del sector público y privado a fin de brindar servicios de mayor calidad en el país. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, sancionar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, en lo concerniente al ejercicio presupuestal destinado para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se estableció como prioridad la construcción de un nuevo aeropuerto internacional que atendiera la demanda de usuarios que ha superado a las operaciones que puede brindar el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Es así que el 22 de septiembre de 2014 se aprobó el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), dicho proyecto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de  2015.

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es la mayor obra pública que se ha realizado en los últimos años en el país; asimismo, los recursos públicos que están siendo destinados para esta edificación, representan una de las mayores inversiones en la historia moderna de México.

La inversión inicial que se le asignó a este proyecto ascendió a la cantidad de 169 mil millones de pesos; el 58 por ciento del monto será de origen público y el 42 por ciento del sector privado. Los ingresos públicos se compondrán de ingresos fiscales multianuales, inversión y excedentes.1

De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), el proyecto consta de tres etapas; la primera abarca el periodo 2015-2020, donde se iniciaran las obras hidráulicas, infraestructura aeroportuaria y la licitación del proyecto; la segunda etapa iniciará en 2020, en ésta fase se construirán 3 pistas de operaciones simultaneas; la tercera etapa aún no se ha dado a conocer, pero se contempla la construcción de una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas, con un centro de convenciones para beneficio de los trabajadores del NAICM.2

La importancia social que puede generar esta obra no es cuestionable, lo que se cuestiona es la transparencia con la que se ejerce el presupuesto asignado para la realización del NAICM, el proyecto ha estado carente de transparencia del ejercicio presupuestario gubernamental, así lo hace constar la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la observación que realizó al monto de 88 contratos en las Cuentas Públicas de 2014, 2015 y 2016 en dichos años las irregularidades encontradas ascienden a 234 millones de pesos.3

En esta misma revisión de las Cuentas Públicas antes citadas, la ASF informó que se han promovido 17 recomendaciones, 14 solicitudes de aclaración, 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 8 pliegos de observación, donde se detalla que la irregularidad más importante es la concerniente a la comprobación de pagos por 85 millones de pesos para la construcción de la barda perimetral del NAICM, la cual se encuentra construida en su totalidad pero no se ha comprobado el ejercicio presupuestal; asimismo.4

Asimismo, se encontraron anomalías por pagos indebidos por 39 millones de pesos de servicios no ejecutados, igualmente, una incorrecta integración de precios unitarios ya que la ASF detectó duplicidades por 49 millones de pesos; pagos improcedentes por ajustes de costos por la cantidad de 42 millones de pesos; 31 millones de pesos integrados erróneamente para un contrato que no se contemplaba en el proyecto, así como otros conceptos que en total suman 72 millones de pesos.5

La ASF cuenta con una investigación completa sobre el ejercicio del presupuesto asignado al NAICM y ha manifestado que existe un mal uso de este recurso, también, ha recomendado identificar los montos destinados a este proyecto, mediante un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de que se disponga de la información sobre el costo total de la obra, ya que desde su inicio se ha ido modificando su valor año con año, sin que se tenga conocimiento de estas modificaciones, pero esta recomendación no fue atendida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

Al inicio de la construcción del NAICM, el Gobierno Federal se comprometió a que sería la obra pública más transparente en el ejercicio de su presupuesto, pero la realidad refleja que la construcción de este proyecto no es ajena de la constante corrupción que describe a la actual administración. Por ende es una responsabilidad legislativa y administrativa velar porque se privilegie la transparencia y la rendición de cuentas en todo ejercicio que se realice con dinero público.

Pero la realidad es que la construcción del NAICM ha estado rodeado de sospechas y malos manejos en sus recursos, por citar algún ejemplo, en agosto pasado del año en curso la Secretaria de la Función Pública abrió una carpeta de investigación para adjudicar obligaciones y sancionar posibles hechos de corrupción a las empresas constructoras de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aldesa y Epcor, mismas que están relacionadas con la construcción del paso exprés de Cuernavaca, la cual fue una construcción de mala calidad y donde también se investigan posibles desvíos de recursos.

Aunado a las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el mal manejo en el ejercicio de los recursos destinados a la construcción del NAICM, en 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizó recomendaciones a diferentes autoridades relacionadas con el proyecto del nuevo aeropuerto para evitar hechos de corrupción en la realización de esta mega obra.

Por lo cual en su análisis del Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, recomendó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) fortalecer la gobernanza de proyecto para evitar hechos de corrupción, y permitir que se tomen decisiones correctas y facilitar la rendición de cuentas; asimismo, recomienda revisar el gobierno corporativo del GACM, la cual es la entidad ejecutora de la obra, para que esta fortalezca su estructura y este a la altura y complejidad que requiere esta construcción; además exhorto a realizar un mapeo de riesgos de corrupción y establecer criterios de adjudicación para que más competidores entren  en la competencia de las licitaciones, y así garantizar que se otorguen los contratos a las empresas mas adecuadas para el proyecto y resulten en el ahorro de los recursos.6

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se comprometió a atender estas recomendaciones hechas por la OCDE que garantizarían el buen ejercicio de los recursos que resultarían en la construcción de una de las obras aeroportuarias más importantes del mundo y la más importante de la historia de México. Pero nuevamente solo quedo en la firma de un acuerdo que está lejos de cumplirse y así lo demuestran las anomalías detectadas por la ASF.

La corrupción es uno de los detonantes de los problemas nacionales, las anomalías detectadas por la ASF en relación al ejercicio de los recursos que fueron destinados para la construcción, dejan entre ver que estas malas prácticas son una constante de los funcionarios de la actual administración, por citar un ejemplo, el caso del ex Director de PEMEX Emilio Lozoya, acusado de presuntamente aceptar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

México necesita de autoridades capaces de hacer velar la Ley, para lograr aspirar hacer un país democrático por ende esta proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo, exhortar a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones pertinentes sobre la malversación de recursos detectada por la ASF en la construcción del NAICM y si es preciso sancionar a los funcionarios que hayan cometido alguna falta administrativa.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el  siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a realizar las investigaciones pertinentes, y en su caso, sancione las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, en lo concerniente al ejercicio presupuestal destinado para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Costos y Financiamiento, gob.mx, [en línea], consultado 10 de noviembre de 2017, disponible en: http://www.aeropuerto.gob.mx/costo-financiamiento.php

2 Milenio Digital. “Las etapas de construcción del nuevo aeropuerto”, Milenio, 2014, [en línea], consultado: 10 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.milenio.com/politica/las_etapas_de_construccionnuevo_aeropuerto-AICM_0_366563628.html

3 Zedryk Raziel. “Halla ASF anomalías por 234 mdp en NAICM”, Reforma, 2017, [en línea], consultado: 16 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1225354&utm_
source=Tw&utm_medium=@Reforma&utm_campaign=pxtwitter&hootPostID
=a2f6b059e48016e92c6e50304dd6b4c9

4 Ibíd.

5 Ibíd.

6 OCDE. “Primer informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: Hacia una ejecución efectiva”, 2016, [en línea], consultado: 17 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.oecd.org/governance/ethics/avances-desarrollo-nuevo-aeropuerto-mexico.pdf






Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos para emitir la declaratoria de Zona Económica Especial para el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El término “violencia contra la mujer” se entiende como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.1

La violencia contra la mujer abarca tres actos principales, pero no se limita a ellos2:

• La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.

• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Actualmente, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Las siguientes cifras dan cuenta de esta problemática a nivel global:3

• Entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad experimentaron violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja.

• En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

• En torno a 2000, casi 1 de cada 3 mujeres de entre 20 y 24 años de edad se habían casado antes de cumplir los 18 años. En 2015, esa tasa superaba en muy poco 1 de cada 4.

• Desde el año 2000, la práctica tradicional nociva de la mutilación femenina ha disminuido en un 24%; no obstante, la prevalencia sigue siendo elevada en algunos países.

• En los países que aún permite esta práctica, 1 de cada 3 niñas entre los 15 y los 19 años habían sufrido ablación en 2015, en comparación con casi 1 de cada 2 niñas alrededor de 2000.

• El promedio de tiempo dedicado a los cuidados asistenciales y el trabajo doméstico no remunerados supera con creces el triple para las mujeres que para los hombres.

• A nivel mundial, la participación de las mujeres en los órganos legislativos únicos o en los parlamentos nacionales alcanzó el 23.4% en 2017, solo un 10% más que en 2000.

• Las mujeres todavía están insuficientemente representadas en puestos directivos. En la mayoría de los países, entre 2009 y 2015 menos de un tercio de los puestos directivos superiores e intermedios estaban ocupados por mujeres.

• En 2012, el 52% de las mujeres de entre 15 y 49 años que estaban casadas o vivían en pareja tomaban sus propias decisiones en materia de relaciones sexuales consentidas, usaban anticonceptivos y acudían a los servicios de salud.

Estas cifras revelan que la violencia contra las mujeres va más allá de las agresiones físicas o sexuales, ya que también se expresa en forma de costumbres arraigadas que contribuyen a conservar la brecha de género en ámbitos como la educación, el trabajo y la participación política.

Es importante destacar que una de cada tres mujeres del mundo sufre violencia durante su vida, a menudo a manos de una persona conocida, querida y/o en la que confía. Por ello, resulta necesario impulsar medidas para una mayor inclusión, liderazgo y protección de las mujeres en todos los ámbitos.4

Las Naciones Unidas aprobaron, en 1993, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que convoca a los Estados miembros a condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla.5

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la cual es la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Las tareas principales de ONU Mujeres son:6

• Brindar apoyo a los organismos intergubernamentales, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la formulación de políticas, normas y estándares de alcance mundial.

• Colaborar con los Estados Miembros en la implementación de estos estándares mediante asistencia técnica y económica adecuada para los países que lo soliciten, y entablar alianzas eficaces con la sociedad civil.

• Dirigir y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la igualdad de género, además de promover la rendición de cuentas, lo que incluye mediante la continua supervisión de los avances en todo el sistema.

Además, se reconoce que el aspecto financiero es un factor determinante para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas; por lo que resulta necesario un financiamiento sólido de las iniciativas destinadas a erradicar esta violencia. Recientemente la Unión Europa y las Naciones Unidas lanzaron la Iniciativa Spotlight que, con una provisión de 500 millones de euros, busca sacar a la luz la violencia contra la mujer.7

Otra iniciativa que contribuye a poner al descubierto este estigma es ÚNETE, que busca poner fin a la violencia contra la Mujer, iniciativa que fue lanzada en 2008 por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que ha sido respaldada por su sucesor, António Guterres.

ÚNETE hace un llamado a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las y los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y a todo el sistema de Naciones Unidas a sumar fuerzas con el fin de afrontar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas, con base en cinco acciones:8

1. La adopción y aplicación de leyes nacionales para abordar y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos.

2. La adopción y aplicación de planes nacionales de acción multisectoriales que enfaticen la prevención y que estén dotados de los recursos necesarios.

3. El establecimiento de sistemas de recopilación y análisis de datos sobre la prevalencia de las distintas formas de violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

4. El desarrollo de campañas nacionales y/o locales y el compromiso de una amplia variedad de actores de la sociedad civil en la prevención de la violencia y la asistencia de las mujeres y las niñas que han sufrido maltrato.

5. Las iniciativas sistemáticas para abordar la violencia sexual en situaciones de conflicto y para proteger a las mujeres y las niñas contra la violación como táctica de guerra, así como la plena aplicación de leyes y políticas conexas.

Asimismo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Objetivo 5 es “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Para tal efecto, se plantean las siguientes metas:9

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

A fin de impulsar con mayor fuerza la eliminación de la violencia contra las mujeres, desde el año de 1981, militantes y activistas a favor del derecho de la mujer, observaban el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia que sufre la mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo  de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana.10

En este contexto, a partir de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de cada año, para reconocer que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales que deben ser promovidos y protegidos.11

La campaña de este año se celebra bajo el tema: «Que nadie se quede atrás: pongamos fin a la violencia contras las mujeres y las niñas». Este año, la iniciativa ÚNETE es la responsable de la campaña que consistirá en 16 días de activismo contra la violencia de género, teniendo por objetivo sensibilizar y movilizar en todo el mundo, para lograr un cambio. Los 16 días inician el 25 de noviembre y concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Como en años anteriores, ÚNETE invita a “pintar el mundo de naranja”, usando este color como símbolo de un futuro más brillante y sin violencia de género.12

En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), da cuenta de la situación actual de la problemática de la violencia contra la mujer, a través de las siguientes cifras:13

• En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de otras personas.

• 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.

• Entre octubre de 2010 y octubre de 2011, aproximadamente 9.8 millones de mujeres de 15 años y más, fueron agredidas física, sexual o emocionalmente por su actual o anterior pareja, esposo o novio, lo que representa el 24.7% de las mujeres que tienen o tuvieron al menos una relación de pareja.

• 32% de las mujeres han padecido violencia sexual en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a la pareja.

• De octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta parte de las mujeres de 15 y 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual, tales como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja.

• Entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, el 10% de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte.

• En promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015), fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001-2006 el promedio era de 3.5.

• El estado de México es la entidad donde ocurrió el mayor número de homicidios de mujeres. En 2015 se registraron 406 casos y representan el 17% de los homicidios a nivel nacional.

• De 1990 a 2015, los suicidios de mujeres aumentaron 4.6 veces; el mayor aumento se observa entre 2006-2012.

A fin de enfrentar esta problemática, el gobierno mexicano ha tomado acciones continuas y diversas. En 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objeto general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de vínculos entre autoridades.14

En 2006, se publicó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.15

En 2007, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.16

En 2008 se publicó el Reglamento de la Ley antes mencionada, ordenando la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.17 La CONAVIM se encarga de:18

• Diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.

• Formular las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

• Elaborar y dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del Gobierno de la República en materia de promoción de la igualdad y combate a la discriminación contra las mujeres y niñas.

• Fungir como la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, mediante la cual se impulsa un clima laboral en el que prevalezcan los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En la presente administración, las acciones en materia de erradicación de la violencia contra la mujer están coordinadas dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, el cual plantea cinco objetivos, con sus respectivos indicadores:19

Objetivos

Indicadores

Objetivo 1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres

1.1 Índice de avance en la armonización legislativa a nivel nacional.
1.2 Porcentaje de mujeres casadas o unidas, víctimas de violencia por parte de su pareja que acuden a pedir ayuda a las instituciones públicas.

Objetivo 2. Garantizar la aplicación del Modelo de Prevención Integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres

2.1 Escuelas con personas capacitadas para intervenir ante situaciones y quejas de violencia de género en el ámbito educativo.
2.2 Documentos normativos que regulan el proceso educativo y el proceso institucional del sector educativo que tienen perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
2.3 Porcentaje de egresos hospitalarios totales femeninos por causas directamente relacionadas a la violencia.

Objetivo 3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia.

3.1 Índice de atención a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género por servicios seleccionados en las Entidades Federativas.
3.2 Índice de poder de decisión de las mujeres.

Objetivo 4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción

4.1 Porcentaje de órdenes/medidas de protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia de género.

Objetivo 5. Fortalecer la Coordinación Institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

5.1 Centros de Justicia para las Mujeres creados o fortalecidos en las entidades federativas.
5.2 Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más.

Objetivos e indicadores del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018

Se observa que los objetivos e indicadores del Programa no se enfocan únicamente en los aspectos de violencia física y sexual, sino que también abarcan otros ámbitos en los que existe una marcada brecha de género, como son el acceso a educación, a la salud y a la justicia.

Con estos antecedentes, podemos afirmar que México cuenta con el andamiaje jurídico e institucional adecuado para hacer frente a la problemática de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la erradicación de esta problemática es un problema complejo, que abarca diversos ámbitos, por lo cual las acciones deben ser continuas y coordinadas.

Por estas razones, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, consideramos oportuno solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que informe acerca de los avances en los indicadores del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.

Esta información permitirá al Senado de la República contar con los fundamentos para evaluar si las acciones en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, están siguiendo un rumbo adecuado, acorde con el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible y con los instrumentos internacionales en esta materia, o si por el contrario, se requieren cambios en la legislación y políticas públicas nacionales.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a enviar al Senado de la República un informe detallado sobre los avances más recientes en los indicadores del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen.- Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (1993) Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

2 Ídem

3 Naciones Unidas. (s.f.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5. Recuperado en noviembre de 2017,
de:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

4 ONU Mujeres. Invertir y movilizar para poner fin a la violencia contra las mujeres. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women

5 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993 (op. cit.)

6 ONU Mujeres (s.f) Acerca de ONU Mujeres. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women

7 Naciones Unidas (2017) Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/index.shtml

8 ONU-Mujeres. (s.f.) Campaña ÚNETE poner fin a la violencia contra las mujeres. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite

9 Naciones Unidas. (s.f.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

10 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, 2017 (op. cit.)

11 Naciones Unidas (2000) 54/134 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134

12 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, 2017 (op. cit.)

13 INEGI (2016) Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 25 de noviembre. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf

14 Cámara de Diputados. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres Recuperado en noviembre de 2017, de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_040615.pdf

15 Diario Oficial de la Federación. Ley General para la igualdad entre Hombres y Mujeres. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4926719&fecha=02/08/2

16 Cámara de Diputados. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf

17 Cámara de Diputados. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGAMVLV.pdf

18 CONAVI (s.f.) ¿Qué hacemos? Recuperado en noviembre de 2017, de: https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos

19 Diario Oficial de la Federación (2014). PROGRAMA Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.Recueprado en noviembre de 2017, de:
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014






De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares. Se turna a la Comisión de Salud.

La que suscribe, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos entre los que se incluyen la cardiopatía coronaria, las arteriopatías periféricas, cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas y las trombosis venenosas profunda y embolias pulmonares1.

Las causas más importantes de cardiopatía y accidentes vasculares cerebrales son de una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo del alcohol. Los efectos pueden manifestarse en las personas con hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlidemia y sobrepeso u obesidad.

La OMS indica que las enfermedades cardiovasculares son la causa fundamental de muerte en todo el orbe, por lo que cada año mueren más personas por este padecimiento que por cualquier otra razón.

Las enfermedades no transmisibles -principalmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer-, son la principal causa de defunción en las mujeres de edad avanzada, con independencia del nivel de desarrollo económico del país en el que viven. Estos padecimientos son responsables del 46 por ciento de este sector de la población a nivel global, en tanto que al cáncer se le atribuye un 14 por ciento (los más mortíferos son el cáncer de pulmón, de mama, de colon y de estómago)2.

Se calcula que tan solo en el 2012 se registraron 17.5 millones de defunciones, lo que representa un 31 por ciento de todas las muertes en el mundo. De estas, 7.4 millones pertenecen a la cardiopatía coronaria y 6.7 millones a los accidentes vasculares cerebrales3.

Más de tres cuartas partes de estos decesos por las enfermedades cardiovasculares se producen en los países de ingresos bajos y medios: más del 80 por ciento de las defunciones por esta causa se producen en esos países y afectan casi por igual a hombres y mujeres.

Se estiman que para el 2030, casi 23.6 millones de personas fallecerán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte4.

Tres de cada cuatro personas padecen una enfermedad no transmisible en las Américas, unas 4.45 millones de personas mueren al año por causa de alguna de ellas y, de esa cifra, 1.5 millones mueren antes de los 70 años. Las enfermedades cardiovasculares provocan 1.9 millones de muertes al año; el cáncer, 1.1 millones; la diabetes, 260 mil; y las enfermedades respiratorias crónicas, 240 mil defunciones.

Todas ellas comparten factores de riesgo como la obesidad, la inactividad física, el tabaquismo y la dieta no saludable, entre otros5.

México no es ajeno a esta grave problemática, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, 250 mil personan fallecen anualmente como consecuencia de alguna forma de enfermedad cardiovascular.

Este grupo de enfermedades constituye un problema de salud pública, pues las enfermedades del corazón representan la primera causa de muerte al año, con cerca de 70 mil defunciones por este motivo y 26 mil por enfermedades cerebrovasculares6.

La Fundación Mídete, indica que las enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo lugar a nivel nacional como las primeras causas de muerte con una prevalencia de 71 mil 072 defunciones, después de la diabetes con un total de 80 mil 788 fallecimientos7.

Diversos especialistas de la Unidad de Cardiología del Hospital General de México, precisan que por cada 10 muertes femeninas relacionadas a enfermedades cardiovasculares hay una por cáncer de mama8.

Es decir, cada 11 minutos fallece una mujer por cuestiones cardiacas, situación específica cuyos estudios han logrado desplomar mitos sobre la mortalidad femenina colocando a la enfermedad como la primera causa de muerte a una escala   internacional.

En promedio, la propensión de un varón de sufrir un infarto se encuentra entre los 45 y 55 años, mientras que en la mujer el promedio de edad se localiza entre los 55 y los 65 años, es decir, daños después, esto tiene una explicación científica clara, los estrógenos que presenta la mujer se encargan de blindar a los vasos sanguíneos hasta la llegada de la menopausia o climaterio.

Cabe destacar que, la enfermedad cardiovascular ya no afecta sólo a los hombres. Anteriormente, las mujeres típicamente recibían tratamiento menos intensivo y se realizaban menos estudios. Por consiguiente, cuando muchas mujeres son diagnosticadas generalmente se encuentran en un estado más avanzado del padecimiento y su pronóstico es peor.

La OMS indica que estas enfermedades pueden ser prevenidas o tratadas manteniendo un estilo de vida saludable, por lo que recomiendan medidas como las siguientes: Reducir los principales factores de riesgo y sus determinantes sociales y económicos por medio de programas comunitarios encaminados a fomentar la prevención integrada de las enfermedades no transmisibles y elaborar normas relativas a la atención y al tratamiento costo-eficaz de los casos de enfermedad cardiovascular.

Es fundamental reducir la incidencia de hipertensión, a través de intervenciones dirigidas a toda la población que hagan disminuir los factores de riesgo comportamentales, en particular, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad y el consumo elevado de sal.

Resulta necesario adoptar de frente a la detección temprana y el manejo de la hipertensión con un enfoque que tenga en cuenta todos los factores de riesgo, y prevenir los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones.

En este panorama, es apremiante que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares, en especial atención a las mujeres, con el objeto de erradicarlas en todo el país, ya que impacta negativamente en su bienestar, calidad de vida y economía familiar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/es/

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/

4 http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/

5 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=
7252%3A2012-world-heart-day-cardiovascular-diseases-cause-1-9-million-deaths-
year-americas&catid=1443%3Aweb-bulletins&Itemid=135&lang=es

6 https://www.insp.mx/images/stories/INSP/Docs/cts/cts_sep.pdf

7 http://oment.uanl.mx/wp-content/uploads/2016/11/FMidete_Asumiendo-Control-Diabetes-2016.pdf

8 http://elmedicointeractivo.com/mueren-mas-mujeres-por-enfermedades-
cardiovasculares-que-por-cancer-de-mama/






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar operativos en el estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de evitar accidentes y se brinden condiciones óptimas de seguridad al interior de las minas de este estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila de Zaragoza, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A REALIZAR OPERATIVOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES Y SE BRINDEN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS MINAS DE ESTE ESTADO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado de Coahuila de Zaragoza es un referente económico en materia de producción minera, de acuerdo con datos del último Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, Coahuila participó con el 3.10% de la producción minera nacional. La producción e infraestructura minero-metalúrgica del Estado es fundamental para que México ocupe los primeros lugares en producción minera. 1
La misión, visión y objetivos del sector laboral en México deben ser más integrales, a fin de incrementar la productividad de este sector y así mismo vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. Ante esta preocupación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con datos del Quinto Informe de Labores, ha venido implementando la vigilancia y promoción del cumplimiento de la normatividad laboral.2

Coaligado con lo anterior, durante el pasado mes de octubre en los Municipios de Ocampo y Progreso sucedieron en el interior de minas, explosiones y derrumbes que resultaron en hechos que lamentar. Por ello,  resulta fundamental que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice  visitas de inspección a efecto de verificar los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en las Licencias Ambientales Únicas, expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

De esta manera, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en pleno cumplimiento del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, debe fortalecer los operativos especiales de inspección en estos centros de trabajo que están catalogados como de alto grado de peligrosidad o siniestralidad, con el objetivo primordial de que se cumpla la normatividad en seguridad, salud y condiciones generales de trabajo, de quienes operan en estos centros laborales.

Es  fundamental la participación de ambas dependencias para evitar que en los  centros mineros del Estado de Coahuila sucedan  accidentes que lamentar.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que fortalezca los Operativos Especiales en los diferentes Distritos Mineros del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de prevenir un mayor número de accidentes al interior de las minas y en sus  alrededores.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus facultades, entregue a esta Soberanía un informe del estado que guardan las minas ya inspeccionadas a fin de mantener un orden y coordinación para dar pleno cumplimiento de la normatividad en seguridad, salud y condiciones generales de trabajo.

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que realice visitas de inspección a efecto de verificar los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en las Licencias Ambientales Únicas, expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las instalaciones mineras del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Panorama Minero del Estado de Coahuila, Secretaria de Economía, Servicio Geológico Mexicano (Consultado en línea)
http://www.sgm.gob.mx/pdfs/COAHUILA.pdf

2 Quinto Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2016-2017 (Consultado en línea)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253628/Quinto_Informe_de_Labores_STPS_2016-2017.pdf






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre el costo-beneficio que ha significado para la administración actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e iniciativas encaminadas a la promoción e inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación ha tenido que evolucionar a la par de los diversos avances de la humanidad. Uno de los cambios más radicales se ha experimentado debido a la acelerada evolución tecnológica que permea en todo el mundo, avances que a su vez se han traducido en herramientas útiles para el aprendizaje.

Cabe decir que la educación, más allá de tratarse de un proceso que incentiva el aprendizaje de diversos conocimientos, en la actualidad es vista desde otras perspectivas, de entre las cuales destaca su carácter de derecho humano. En 1948, aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas, se concretó en el artículo 26 de dicho documento por primera vez la educación como derecho humano:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

De esta forma, el artículo citado dispone que la educación debe regirse por principios como la disponibilidad (que la educación sea gratuita y obligatoria), accesibilidad (que se elimine toda forma de discriminación para el acceso a la educación), aceptabilidad (educación de calidad) y adaptabilidad (que se adecue a cada alumno).

Derivado de la Declaración, a la postre surgieron diversos acuerdo internacionales, los cuales retomaron el derecho a la educación como guía y base de la acciones que deben tomar los Estados Partes. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) en términos generales reproduce lo que establece la Declaración de 1948, no obstante, abunda en las características que la educación debe cumplir. Asimismo, la Convención de Derechos del Niño (1990), con el mismo ímpetu que los anteriores, dispone una protección especial a las niñas y niños, dando un enfoque al derecho a la educación atendiendo al principio del interés superior de la niñez.

Con base en los diversos documentos que plasmaron la voluntad internacional de reconocer a la educación como derecho humano, se promovió la iniciativa Educación para Todos (EPT), compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. A partir de la iniciativa referida, se dio paso a la celebración del Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000) a fin de sentar las bases para lograr el derecho a la educación para todos para el 2015.

Pese a los diversos progresos que se detectaron en la consecución de los objetivos fijados, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), observo que “demasiados países siguieron lejos de alcanzarlos al 2015. Los logros en educación, por otra parte, no son los mismos en todos los países y se notaron grandes diferencias no solo entre países, sino también dentro de un mismo país. De hecho, las desigualdades al interior de los países son muy importantes ya que perjudican en mayor grado a los más pobres, a las poblaciones rurales y a las minorías étnicas, siendo este un asunto crítico en la región”.1

Ahora bien, la comunidad internacional posteriormente fijó un programa ambicioso, deseable y universal: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el ámbito de la educación, específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, dispone que se debe “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

Pese a todo lo anterior, los objetivos que se erigen como principios no se ven materializados en algunos países, de entre los cuales, México tiene muchos retos y tareas pendientes en materia de educación. Aun cuando la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3° todo lo concerniente a la educación, a su garantía, respeto y protección como derecho humano, las cifras proporcionan una realidad contrastante.

Verbigracia, los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (OCDE), que “tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber”,2 dieron cuenta que México en la evaluación 2015:3

• En ciencias, los estudiantes mexicanos obtuvieron 416 puntos, puntaje promedio que sitúa a México por debajo del promedio de la OCDE (493 puntos) y a un nivel similar al de Colombia, Costa Rica, Georgia, Montenegro, Qatar y Tailandia.

• En lectura, los estudiantes mexicanos obtuvieron 423 puntos, dicho rendimiento está por debajo del promedio de 493 puntos de la OCDE y sitúa a México a un nivel similar al de Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago, y Turquía.

• En matemáticas, los estudiantes de México obtuvieron 408 puntos en matemáticas, por debajo del promedio OCDE de 490 puntos y sitúa al país al lado del desempeño promedio de Albania y Georgia. Los jóvenes mexicanos de 15 años obtienen una diferencia de alrededor de 80 puntos por debajo de Portugal y España, y entre 10 y 15 puntos por debajo de los estudiantes de Chile y Uruguay, pero se sitúan por encima de Brasil, Colombia, la República Dominicana y Perú.

Tal como se constata de los anteriores resultados, México prácticamente no aprobó ni un solo examen. Es lamentable que el consuelo y justificación pese a los resultados se centre, según el Secretario de Educación, en que “México está por encima del promedio de América Latina”.4 Resultados como los arrojados por la prueba en comento, no solo urgen a la necesidad de implementar nuevas estrategias en la materia, sino que además, ponen en duda las acciones implementadas y los recursos aplicados, los cuales poco reflejan mejoras a la educación.

Una de las cuestiones por las que la Administración Federal actual ha apostado en los últimos años, es a la aplicación de herramientas tecnológicas en la educación. Desde que Enrique Pena Nieto era candidato a la presidencia, prometió que todos los alumnos de quinto y sexto grado de primaria tendrían una computadora con internet.

La Secretaría de Educación Pública implementa desde el año 2014 el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), el cual “busca fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos personales, promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las TICs (tecnologías de la información y de la comunicación)  en el proceso enseñanza-aprendizaje”.

Según datos oficiales, en el ciclo escolar 2013-2014, el programa Mi Compu.MX entregó 240 mil equipos a alumnos y a autoridades educativas, beneficiando a 220,420 alumnos de quinto y sexto año en primarias públicas. En el año escolar 2014-2015, se entregaron 709,824 tabletas, en 20,542 aulas y 16,740 escuelas de cinco estados de la República: Sonora, Colima, Tabasco, Estado de México y Puebla, y en el Distrito Federal; además de la instalación para la solución de aula que consiste en 16,740 servidores, 16,740 switch, 16,740 equipos de soporte de energía, 20,542 ruteadores, 20,542 proyectores inalámbricos y 20,542 pizarrones.5

De acuerdo al “Reporte Estudiantes, Computadoras y Aprendizaje: Haciendo la Conexión”, presentado por la OCDE, incluso los países (como México) que han hecho fuertes inversiones en TICs para el sector educativo no han visto ninguna mejora evidente en el rendimiento de los estudiantes en los resultados de la prueba PISA en lectura, matemáticas o ciencias. Cabe decir que dicho informe funge como un llamado de atención para moderar las expectativas respecto del efecto que las inversiones en tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) pueden tener sobre el desempeño educativo.

Posterior al reporte de la OCDE, “el secretario de Educación, Aurelio Nuño, reconoció que el uso de estas tecnologías no tiene un impacto en mejorar la calidad de la educación. El funcionario dijo que se haría una evaluación del programa, para replantearlo.6

Fue así que se replanteó el tema y la SEP dejó en el pasado el Programa de Alfabetización e Inclusión Digital (PIAD), para impulsar una nueva estrategia denominada “@prende 2.0”. Se trata de un programa que tiene por objetivo “promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional de manera transversal al currículum de acuerdo al contexto y nivel de desempeño que permitan la inserción efectiva de las niñas y los niños en México en la sociedad productiva y democrática del siglo XXI”.7

Este nuevo programa tiene objetivos ambiciosos desde su arranque en 2017, no obstante, es una realidad que se trata de una estrategia que atiende al rotundo fracaso de las acciones aprendidas con anterioridad. Los recursos que se han destinado en años pasados no reflejan un avance en materia educativa, y desvirtúan con justificación los objetivos planteados antes y después de la reforma educativa. Es importante decir que incluso los especialistas en la materia consideran que en el país se ha fallado en la implementación de la tecnología en la educación. Durante el foro de educación y tecnología Bett Latin America, señalaron que la principal falla es creer que entregar equipos lo es todo para mejorar. En el mismo foro se hicieron diversos señalamientos, de entre los cuales vale la pena citar los siguientes:8

• “La tecnología es una herramienta que potencializa el aprendizaje, no es lo más importante, pero bien usada ayuda mucho a la educación".

• “La tecnología por sí misma no hace nada, debe de haber un guía para los estudiantes, que es el docente, hasta que eso no suceda no veremos un cambio real en la apropiación tecnológica".

• "La tecnología nunca reemplazará a un docente".

• "A pesar de las condiciones en las que se encuentran, los maestros hacen que las cosas sucedan y sé que hay mucho potencial en cada estudiante del País".

En este sentido, tal y como se aseveró al principio, la tecnología ha alcanzado al ámbito de la educación y se ha convertido en una herramienta de cambio para el aprendizaje. No obstante, en México, la aplicación de estas herramientas no se ha logrado traducir en mejores indiciadores sobre educación.

El fracaso de las estrategias mal ejecutadas por Gobierno Federal ya se había advertido, no solo por los especialistas, sino también por diversas experiencias en otros países. Lo peor del caso es que ya se destinó una enorme cantidad de recursos económicos a ese fracaso, y ahora solo se pretende subsanar de forma tardía.

El Estado está obligado a garantizar la anhelada educación de calidad; sin embargo, las últimas administraciones no han planteado estrategias congruentes que signifiquen un avance en la materia. Es lamentable la forma en que se aplicaron los recursos, sobre todo porque la educación en México no muestra en igual magnitud el progreso que tanto se ha deseado.

La utilización de la tecnología tiene enormes beneficios en diversos ámbitos del desarrollo humano y social, no obstante, una mala planeación sobre su aplicación puede raer en consecuencias poco favorables como las experimentadas por el país. El gasto ya está hecho, y las deficiencias en materia educativa siguen latentes.

En esta tesitura, por lo expuesto, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se pretende exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en ámbito de sus atribuciones, rinda un informe detallado a esta Soberanía sobre el costo-beneficio que ha significado para la administración actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e iniciativas encaminadas a la promoción e inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Se busca que la Secretaría en comento revise las causas por las cuales no han dado resultados positivos las acciones emprendidas, para que a partir de ello, replantee una estrategia congruente que no solo busque cubrir el fracaso, sino que se enfoque en incluir y promover con eficacia y eficiencia la tecnología a la educación.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en ámbito de sus atribuciones, rinda un informe detallado a esta Soberanía sobre el costo-beneficio que ha significado para la administración actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e iniciativas encaminadas a la promoción e inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “Educación para Todos (EPT) y el Post 2015”, consultado el 16/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.unesco.org/new/es/santiago/previous-international-agenda/efa-post-2015/

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (OCDE). “Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA)”, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.htm

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (OCDE). “Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) ISA 2017-Resultados”, Nota País, México, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en:
https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf

4 Reina, Elena. “México reprueba todos los exámenes de PISA”, El País, 6 de diciembre de 2016, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en:
https://elpais.com/internacional/2016/12/06/mexico/1481045534_791430.html

5 México Digital. Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD), 26 de noviembre de 2014, consultado el 17/11/2017, disponible en:
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/programa-de-inclusion-y-alfabetizacion-digital-piad

6 Daen, Arturo. “La ASF le pone tache al gobierno por su gasto de 2,300 mdp en tabletas para alumnos de primaria”, Animal Político, 16 de febrero de 2017, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/02/tabletas-auditoria-2015/

7 Coordinación General @prende.mx. “Objetivo”, 2016, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.aprende.edu.mx/Sites/page/Programa/Objetivo.html

8 González, Isabella. “Falla en México tecnología en educación”, Reforma, 19 de octubre de 2017, consultado el 17/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1237859&v=2






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a informar sobre la investigación relativa al número de expediente I0-006-2016, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos por el gobierno mexicano. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Económico.








De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al gobierno del estado y a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, realizar las investigaciones correspondientes y sancionar a los policías de la Unidad de Restablecimiento de Orden Público por el abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública contra dos jóvenes estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 7 de noviembre de 2017. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar acciones para reducir al mínimo las concentraciones de plomo en productos de uso común. Se turna a la Comisión de Salud.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La presencia de plomo en productos de uso cotidiano en México no es ajena, a lo largo del tiempo se ha comprobado la presencia de este metal tóxico en diversos productos sujetos a contacto e ingesta del ser humano, que van desde pinturas, esmaltes, utensilios de cocina, hasta dulces, por mencionar algunos de los más comunes que se encuentran al alcance de personas de todas las edades, resaltando la atención en la niñez mexicana y en mujeres embarazadas.

El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza de la Tierra. Por su toxicidad, es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los 10 elementos químicos de mayor preocupación y si bien cualquier individuo expuesto a este metal puede presentar daños en su salud, son las mujeres embarazadas y los menores, quienes particularmente son vulnerables.

De acuerdo con datos de la OMS en relación al plomo:

• El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas con efectos especialmente dañinos en menores de corta edad.

• El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración de plomo en sangre.

El plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre durante el embarazo y se convierte en una fuente de exposición para el feto.

• La exposición al plomo en la primera infancia puede provocar una reducción de la capacidad cognitiva, dislexia, trastorno por déficit de atención y conducta antisocial.

• No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.

La intoxicación por plomo es totalmente prevenible.

Es precisamente la población de corta edad y las mujeres embarazadas el sector que más preocupa, debido a la vulnerabilidad que presentan ante la exposición al metal, las consecuencias pueden ser graves y permanentes, afectando particularmente al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso en los infantes. La razón por la cual en niños es más grave la exposición, es porque llegan a absorber una cantidad de plomo entre 4 y 5 veces mayor que los adultos.

La OMS estima que la exposición al plomo causa cada año unos 600,000 casos nuevos de discapacidad intelectual entre la infancia.

En las embarazadas, la exposición al plomo en altas concentraciones puede causar aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, así como provocar malformaciones leves en el feto.

También causa daños en adultos, entre ellos el riesgo de hipertensión arterial y lesiones renales.

Los medios de exposición son diversos, la inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que contienen este metal; la ingestión de polvo, agua o alimentos contaminados (por ejemplo, agua canalizada a través de tuberías de plomo o alimentos envasados en recipientes con esmalte de plomo o soldados con este metal). Otra posible fuente de exposición al plomo es el uso de determinados productos cosméticos y medicamentos tradicionales.

En México, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realizó un estudio publicado en la revista Enviromental Research en 2016, el artículollamado “Lead in candy consumed and blood lead levels of childen living in Mexico City1(El plomo en dulces y los niveles de plomo en la sangre de los niños que viven en la Ciudad de México),indicó un dato alarmante, se reportaron concentraciones de plomo por encima de las permisibles por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) en dulces mexicanos.

El objetivo del proyecto fue evaluar si existe una asociación entre el consumo de caramelos y los niveles de plomo en la sangre de los niños, cabe señalar que la cantidad permisible por la FDA corresponde a 0.1 partes por millón (ppm)2.

El estudio, explicó que los efectos del plomo en la salud no son visibles de manera inmediata, pero genera consecuencias graves y permanentes ya que afecta el neurodesarrollo de los niños:

“El plomo se parece mucho al calcio, entonces el cuerpo humano expuesto a este metal tóxico muchas veces sustituye las funciones del calcio: puede depositarse en los huesos y vivir ahí por 20 o 30 años. En momentos de remodelación ósea, el plomo depositado en los huesos sale al torrente sanguíneo y circula por la sangre; en mujeres embarazadas, al cruzar la barrera placentaria y poner en riesgo el feto”, explicó.

El Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria (IHME) ha estimado que en 2015 la exposición al plomo causó 494,550 muertes debido a sus efectos a largo plazo en la salud, y que la mayor carga correspondió a los países de ingresos bajos y medianos. El Instituto estimó asimismo que la exposición al plomo fue responsable del 12.4% de la carga mundial de discapacidad del desarrollo intelectual idiopático3, del 2.5% de la carga mundial de cardiopatía isquémica, y del 2.4% de la carga mundial de accidentes cerebrovasculares.

La OMS estima que la exposición al plomo provoca 143,000 muertes cada año y es responsable del 0,6% de la carga de morbilidad mundial.

Son pocos los estudios realizados en México, uno de ellos nos indica que no existen cifras que permitan estimar las concentraciones de plomo para la población en la Ciudad de México; sin embargo, datos emanados del programa de vigilancia epidemiológica del binomio madre-hijo, llevado a cabo en nueve hospitales de dicha ciudad, permitieron calcular que, para 1993, 48% de las madres y 44% de los niños (según determinaciones en sangre de cordón umbilical) incluidos en este programa tenían concentraciones de plomo sanguíneo superiores a los 10 µg/dL [límite de seguridad establecido por el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC)], lo cual implica que un número considerable de niños en el Distrito Federal viven con el riesgo de sufrir los efectos tóxicos del plomo.4

La OMS ha incluido el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, los niños y las mujeres en edad fecunda.

Otro factor importante en cuanto a la exposición de plomo es la pintura, cuyo término engloba barnices, lacas, tintes, esmaltes, productos de vidriado, imprimaciones y otros revestimientos. La problemática derivada de las pinturas con plomo inicia en medida que esta se deteriora, ya que suele fragmentarse y desprender lascas y polvo que contaminan el entorno y se expone al ser humano.

En muchos países la pintura con plomo sigue siendo una fuente de exposición, por lo cual la OMS se ha asociado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para crear la Alianza Mundial para Eliminar el Uso de Plomo en la Pintura.

Resultado de lo anterior, se instauró la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, del 22-28 de octubre del presente año con el tema: “Prohibir la pintura con plomo”.

Los objetivos de la semana de campaña, la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura son:

• Concienciar sobre las intoxicaciones por plomo.

• Destacar los esfuerzos de los países y los asociados por prevenir las intoxicaciones infantiles por plomo.

• Alentar la adopción de nuevas medidas para eliminar el uso del plomo en la pintura.

En México, existen alrededor de 9 Normas Oficiales que regulan el contenido de plomo en diversos productos, en específico, NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo. Su existencia, sin embargo, no garantiza la eliminación real del problema, para ello se debe de hacer efectiva toda la legislación existente en cuanto a los límites de plomo en los productos de uso y consumo humano, verificar que se cumplan y sancionar debidamente las omisiones.

Sin duda una situación grave la que se presenta, como se aprecia, diferentes estudios señalan concentraciones de plomo indeseables en productos de consumo cotidiano, pero no existe un registro ligado a los niveles de plomo en sangre que presenta la población.

Asimismo, organismos internacionales se encuentran realizando labores para reducir los niveles de presencia de este tóxico metal, lo que manifiesta que no es un problema único de México, la problemática es global, por ello, es momento de crear conciencia y actuar, los daños a la salud son muchos y claramente dejan secuela en la vida de las personas, sin dejar a un lado los problemas ambientales, esto a su vez, genera un costo al país más elevado que erradicar la problemática.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que realice una estrategia de medición de las concentraciones de plomo en la sangre en la población, particularmente en menores de 0 a 5 años de edad y mujeres embarazadas, que son más vulnerables, a fin de contar con cifras actualizadas para poder tomar las medidas pertinentes. En el caso de contar con una estrategia de medición para detectar a la población vulnerable, se informe a esta Soberanía.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, establezca líneas de acción y supervisen que las diversas empresas cuyos productos de uso y/o consumo humano, respeten los máximos permitidos de presencia de plomo en sus productos y se vigile el correcto manejo de residuos que generan.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Andrea García García.

1 Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26974363

2 Supporting Document for Recommended Maximum Level for Lead in Candy Likely To Be Consumed Frequently by Small       Children.
Disponible en: https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Metals/ucm172050.htm

3 Idiopático: dicho de una enfermedad, de causa desconocida.

4 Panorama epidemiológico de las intoxicaciones en México, disponible en:
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2005/mim052c.pdf






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del mecanismo implementado para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que detone en acciones efectivas a fin de contrarrestar el alto número de solicitudes recibidas en esa instancia internacional por los ciudadanos mexicanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A EFECTO DE REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DEL MECANISMO IMPLEMENTADO PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS QUE DETONE EN ACCIONES EFECTIVAS A FIN DE CONTRARRESTAR EL ALTO NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN ESA INSTANCIA INTERNACIONAL POR LOS CIUDADANOS MEXICANOS; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A lo largo de la historia, uno de los más sentidos reclamos de la sociedad es el mejoramiento del sistema de justicia sin embargo, hoy en día dicho reclamo nunca había sido tan necesario, miles de ciudadanos alzan la voz con mucho mayor fuerza hacia las ineficientes autoridades en exigencia de justicia pues en la inmensa mayoría de los casos, la impunidad sale a flote.

La impunidad debe ser entendida y atendida como un fenómeno multidimensional y multicausal; ésta surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizado por el INEGI, la impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana.

Dicha encuesta arroja las siguientes cifras por demás alarmantes:

• “En nuestro país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor a 92.8% desde 2013, de acuerdo con la ENVIPE.

• Los mexicanos no denuncian por pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades.

• Del total de delitos consumados, solamente en 4.4% de los casos se da una sentencia”.1

A estas cifras se deben correlacionar las más recientes cifras de impunidad que colocan a nuestro país con un porcentaje total de entre 96 y 97.5% de impunidad total sobre los delitos que se cometieron en el mismo año 2016 en todo el territorio nacional.

En el índice Global de Impunidad (IGI) 2017 realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), México se colocó como el cuarto país del mundo más impune y primero de América Latina y El Caribe.

“El análisis ubica a México en el cuarto sitio mundial entre los países más impunes, con 69.21 puntos, sólo por debajo de Filipinas (75.6), India (70.94) y Camerún (69.39).

Otros países de América Latina ocupan la mayoría del top 10 de la lista, con Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua, que van en fila detrás de México”. 2

Resulta evidente que, la crisis imperante de corrupción e impunidad que se vive en el país, con las consecuentes acciones de injusticia, enriquecimientos ilícitos y violencia desde el gobierno, son las marcas que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dejado tras de sí desde que era gobernador del Estado de México y ahora como Presidente de la República.

Revisando las cifras que se integran en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 20163 nos damos cuenta de que durante el año pasado el país que reportó el mayor número de peticiones a trámite fue México, reportando un total de 847 comunicaciones en tan sólo 12 meses.4

Si hacemos un análisis comparativo con los otros países de la región y tasando el número de peticiones recibidas en la CIDH por cada 100,000 habitantes obtenemos resultados alarmantes, pues mientras México registró 0.66 peticiones al año por cada 100,000 habitantes, Brasil registró tan sólo el 0.063 y Argentina reportó el 0.37, en números tasados sólo Colombia -con todo y conflicto armado latente- logró superar a México con una tasa de 1.06 peticiones por cada 100,000 habitantes.

Estas cifras nos arrojan un panorama desolador para nuestro país, pues no sólo nos coloca como el principal usuario del Sistema Interamericano en un país donde aparentemente o cuando menos no oficialmente no existe un conflicto armado declarado, sino que además evidencia, que el sistema de justicia en México es completamente disfuncional, pues centenares de personas optaron el año pasado por acudir al Sistema Internacional de protección de los derechos humanos ante la ineficacia sistemática del actual esquema de procuración e impartición de justicia.

La presentación abrumadora de peticiones tan sólo el año pasado ante la CIDH, nos da cuenta también de la grave crisis que atravesamos en esta materia en particular y que hemos denunciado desde hace años sin que ello hubiese servido para modificar de fondo una fallida estrategia de seguridad que ha demostrado no sólo ser disfuncional, sino que mes con mes sigue demostrando que genera más violencia que la pretende combatir.

Uno de tantos casos que se han llevado a esta Corte es el de las “Mujeres de Atenco” quiénes, este jueves 16 de noviembre pidieron a esta Corte que investigara la cadena de mando detrás de los abusos ocurridos durante los disturbios de 2006 en el Estado de México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era gobernador pues, fueron cometidos innumerables delitos hacia hombres y mujeres que trastocaron el límite de los derechos humanos sin que, a la fecha hayan obtenido justicia por parte de las autoridades y del sistema de justicia de México por lo que, tomaron la decisión de convertirse en una estadística más de los caos llevados a esta instancia internacional con la esperanza de que, más allá de su frontera sí sean escuchadas.

Por otra parte, en el informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expone los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, en casos que han sido investigados y sancionados en el sistema de justicia civil, así como los que permanecen sin castigo, y obtiene como resultado en esta investigación que tan sólo el 3.02% de los casos en donde pesa una denuncia contra las fuerzas castrenses se ha logrado obtener una sentencia condenatoria, en números duros se expone que de 505 denuncias en tan sólo 16 se ha logrado asegurar un acceso a la justicia efectivo.

En su Informe Anual 2016, la CIDH destacó que se “constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. La CIDH señaló que el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”. 5  

En este sentido, destaca que para nadie resulta extraño darse cuenta de que nuestro sistema de justicia es disfuncional y que sirve a otros intereses ajenos a aquellos consagrados como pilares de procuración e impartición de justicia, que nuestro sistema de justicia ahora está literalmente “expulsando” los casos a nivel internacional pues se sabe o se presume con cierta certeza que ante instancias como la PGR o las Fiscalías estatales será prácticamente imposible alcanzar la tan anhelada justicia para las millones de personas que son víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos.

¿Pero qué podemos esperar de un sistema judicial en donde a quien investiga a los poderosos se le destituye?, ¿Qué podemos esperar de un sistema de justicia como el nuestro, en donde los partidos políticos siguen manteniendo un pacto de impunidad de todas sus fechorías? ¿Qué podemos esperar de un sistema de procuración de justicia que sigue sirviendo más a intereses políticos que a intereses colectivos y ciudadanos?

Resulta imperante que el Estado Mexicano implemente acciones que cesen las diversas violaciones a los derechos humanos de nuestros ciudadanos tales como los elevados números de desapariciones, de homicidios sin una debida investigación, las denuncias de tortura, la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestas por razones de discriminación histórica o por sus actividades como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Por el que el Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado del mecanismo implementado para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que detone en acciones efectivas a fin de contrarrestar el alto número de solicitudes recibidas en esa instancia internacional por los ciudadanos mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-global-de-impunidad-de-mexico-2016-via-udlap/

2 http://www.animalpolitico.com/2017/08/mexico-cuarto-lugar-paises-mayor-impunidad/

3 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/indice.asp

4 http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html

5 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/indice.asp






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al asesinato del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, ciudadano Silvestre de la Toba Camacho. Se turna a la Comisión de Justicia.








De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de México, a los municipios y a la Conferencia Nacional de Gobernadores a emprender acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas residuales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

La que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la contaminación de ríos y lagunas es una problemática que se debe atender de forma urgente porque los principales afluentes se encuentran inmersos literalmente por aguas residuales e industriales.

De acuerdo al Primer Informe Contraloría Social, realizado al Programa de Tratamiento de Aguas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 70 por ciento de los lagos, lagunas, ríos, y otros cuerpos de agua en México tienen algún grado de contaminación.

En este sentido la contaminación del agua puede representar epidemias y enfermedades crónicas, afirma Citlalli Aidee Becerril Tinoco, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) adscrita al Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos (CENTROMET).

La especialista destacó que en México la contaminación del agua es un problema grave ya que en el país hay 260 sitios clasificados como fuertemente contaminados, más otros tantos que son considerados como contaminados.

Dichos sitios altamente contaminados se localizan principalmente dentro de las cuencas hidrológico-administrativas Aguas del Valle de México, Balsas, Lerma-Santiago-Pacífico, Pacífico-Sur y Península de Baja California.

Asimismo el “Atlas del Agua 2016” elaborado por la Conagua advierte que de los 51 ríos principales que hay en México, en 35 de ellos, es decir el 60 por ciento, que abarcan nueve regiones hidrológicas se encuentran “fuertemente contaminados”.

Entre los destacan el Río Balsas, Río Santiago, Rio Pánuco, Rio Grijalva-Usumacinta, Río Turbio, Río Papaloapan, Río Coatzacoalcos y Río Tonalá, los cuales en su conjunto reúnen 87 por ciento del agua superficial del país.

El informe de la Conagua expone que dichos afluentes están contaminados con materiales como mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno, cloroformo e incluso compuestos como cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el DEHP.

Además se expone que la Región Hidrológica del Valle de México, que comprende cuatro estados, el 36 por ciento del agua que existe en la zona está fuertemente contaminada.

Dicho diagnóstico agrega que las principales fuentes de contaminación de los ríos son las aguas residuales municipales y las aguas residuales provenientes de las actividades productivas, principalmente de la industria y la minería.

De acuerdo al Programa Nacional Hídrico 2013-2018, del volumen total de agua tratada, que asciende a 3 mil 146 millones de metros cúbicos, sólo se rehúsa el 33 por ciento, del cual el 7.8 por ciento se intercambia por aguas de primer uso, recuperando caudales para usos prioritarios como el público urbano.

Se indica que la reutilización de agua residual municipal tratada se ha incrementado en los últimos años, generalmente en la agricultura, la industria y en los servicios municipales y principalmente para el riego de áreas verdes urbanas. Sin embargo, reconoce que sólo se reutiliza una tercera parte de las aguas negras tratadas.

 La organización ambientalista Greenpeace destaca que la contaminación de los cuerpos de agua en México afecta directamente a las comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes porque provoca daños a su salud y sus fuentes de alimentos.

Además representa un alto costo para la sociedad en su conjunto: entre más agua sea contaminada en los afluentes, más costoso será potabilizarla, llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las comunidades y en el medio ambiente que fueron afectados.

Greenpeace añade que existen tres fuentes principales de contaminación de los recursos hídricos: las aguas municipales los lixiviados de los basureros (líquidos que se producen por la descomposición de la basura y que se filtran al suelo contaminando los acuíferos); y las aguas resultantes de las actividades productivas, principalmente la industria, agricultura y actividad minera.

En este sentido, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º y párrafo sexto indica que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

“El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Adicionalmente el párrafo quinto añade que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

El artículo 4º de la Ley de Aguas Nacionales expone que “la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de “la Comisión” Nacional del Agua.

Para ello el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación y acciones de gobierno con estados, municipios, lo mismo acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad.

El artículo 6º de dicha ley añade que “compete al Ejecutivo Federa reglamentar por cuenca hidrológica y acuífero, el control de la extracción así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente alumbradas, y las superficiales, en los términos del Título Quinto de la presente Ley; y expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas reglamentadas que requieren un manejo específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica o cuando se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales en áreas determinadas en acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones hidrológicas.

Adicionalmente el artículo 7º incluye que la Conagua vigilará “el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales”.

Por su ´parte el artículo 14 Bis de la misma ley señala que la atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) son formular denuncias y aplicar sanciones que sean de su competencia; sustanciar y resolver los procedimientos y recursos administrativos de su competencia, en los términos de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables; y solicitar ante “la Comisión” o el Organismo de Cuenca que corresponda conforme a lo dispuesto en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley, conforme a sus respectivas competencias, la cancelación de los permisos de descarga.

El artículo 96 Bis de la misma ley añade que “las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar y compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño”.

Para ello la Conagua con apoyo del Organismo de Cuenca competente, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por extracciones o descargas de agua, en los términos de esta Ley y sus reglamentos.

A su vez el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aguas Naciones, indica que “corresponde al Municipio o, en su caso, al Distrito Federal, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las condiciones particulares de descarga que les determine "La Comisión".

Ante esta situación que prevalece en el país, donde un gran porcentaje de los ríos, lagos, lagunas y cuerpos de agua se encuentran afectados por la contaminación, lo mismo por descargas del drenaje de ciudades, municipios y pueblos, que de la ganadería, industrias y minería, propongo el presente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los municipios de las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan valer y tomen medidas más estrictas para el cumplimiento del artículo 115 de la Constitución y el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, que los obliga al tratamiento de aguas residuales que se descargan sobre cuerpos receptores propiedad de la nación.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a que tomen medidas preventivas más contundentes para evitar la contaminación de cuencas hidrológicas que son fuentes para el uso humano y de vital importancia para la nación. Y también para que, en su caso, finquen responsabilidades sobre personas y empresas que viertan contaminantes sobre estas fuentes.

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a que realice acuerdos de cooperación para asegurar la sustentabilidad del uso de los recursos hídricos del país y para que se evite su contaminación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas a informar sobre el número de elementos policiales y ministeriales capacitados y el nivel de avance, según el estado de fuerza para la adecuada implementación del nuevo sistema penal acusatorio. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE INFORMEN SOBRE EL NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES Y MINISTERIALES CAPACITADOS Y EL NIVEL DE AVANCE SEGÚN EL ESTADO DE FUERZA PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

 De acuerdo a cifras estimadas por el diario “El Universal”, el mes de octubre del presente año fue el mes que tuvo el mayor índice de homicidios dolosos, con 2 mil 371 carpetas de investigación en todo el país, lo que la coloca en la cifra más alta desde el mes de enero del año de 1997. Antes de ello, el mes de mayo había tenido más registros con 2 mil 238 carpetas, lo que hacía que dicho mes se colocara como el mes más violento superando al año 2011, donde se iniciaron 22 mil 855 investigaciones. Asimismo, se menciona que en los primero diez meses del año 2017, se abrieron un total de 20 mil 878 expedientes; en el 2016, 20 mil 547; en el año 2015, 15 mil 909; 2014, 15 mil 520, en el año 2013, 18 mil 106 y en el 2012, 21 mil 459. Dentro de las entidades federativas con un mayor número de homicidios se colocan en los primeros lugares Baja California, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.

Sin duda alguna se viven tiempos con un gran incremento de violencia, robos, secuestros, extorsiones y homicidios son tan solo algunos de los delitos con los que vivimos día a día e incluso llegan a ser algo cotidiano. Tan solo en el último fin de semana, dieron la noticia del homicidio de un profesor de secundaria a disparos por la espalda; en Xalapa, Veracruz el día domingo se encontraron  once bolsas de plástico negras de basura con restos humanos; en un asalto, con la intención de robar la bicicleta del Director de Izzi, lo asesinaron en fuego cruzado; en un partido en el estadio de Sonora se sucinto una balacera; en diversos estados se realizaron varias ejecuciones: en Zacatecas 3, en Baja California 18, en Acapulco 3 y en Nayarit 18.  Asimismo, “El Universal”  hace referencia a cifras emitidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al aumento de delitos solo en este año, donde se informa lo siguiente: lesiones, aumentó en 14 por ciento; robo de vehículo, aumentó en 27 por ciento;  robo a negocio, aumentó en 35 por ciento; extorciones, aumentó en 16 por ciento; secuestro, aumentó 9 por ciento; homicidios, 23 por ciento y robo a transporte 99 por ciento.

La reforma constitucionalidad llevada a cabo en el año 2008, generada con diversos cambios que aspira a una integralidad de un nuevo sistema de justicia en nuestro país, basándose en un sistema de principios rectores, principalmente en el respeto a los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado  y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal.

El nuevo sistema de justicia se basa:

• En un sistema acusatorio-adversarial donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes; y

• En que los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.

Después de ocho años para implementar dicho sistema y  dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que sentó las bases para el establecer un nuevo modelo para impartir justicia en el país, en junio de 2016 comenzó a operar en todo el país dicho sistema oral.

Es preciso señalar que, bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal puede dar inicio de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella y, con detención del imputado en flagrancia, es decir cuando se está cometiendo el delito. Asimismo, dentro del proceso existen tres etapas y cada una es supervisada por un Juez distinto: Investigación, Etapa Intermedia y el Juicio Oral.

Dentro de la investigación, el Ministerio Público (MP) y la Policía podrán determinar la probable existencia de un delito. En esta misma etapa de averiguación interviene el Juez de Control, quien es el encargado de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación de la persona imputada en el delito que se está indagando. Mientras se lleva a cabo el juicio, el mismo Juez puede imponer medidas cautelares al imputado.

En la etapa intermedia, si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el Juez. En ésta debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado.

Sin embargo, actualmente existe una serie de quejas que relacionan el aumento en la inseguridad en toda la República con el funcionamiento del Sistema Penal, ya que de acuerdo al periódico “El Universal”, los números de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario recabaron cifras de ingresos y egresos de las 13 prisiones de la Ciudad de México, haciendo notar que desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal el 16 de junio del 2016 se contabilizo una población de 39 mil 223 presos y para el jueves 2 de agosto del 2017 se reportaron un total de 28 mil 957 reos, es decir, el 26 por ciento de los internos quedaron libres.

Asimismo, las estadísticas contemplan que al concluir el año se llegará a la cantidad de 27 mil 304 personas dentro de las cárceles de la capital.

En el año 2014 se contabilizaba un ingreso diario de 55 personas y para el 2017 solo se contempla un ingreso de 10 personas a los centros penitenciarios, es decir, una caída de 81.82 por ciento.

A nivel federal y de acuerdo al Centro de  Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) en su informe “Sistema Penitenciario” publicado en abril del año 2016; el total de presos registrados a lo largo del país en el año 2015 antes de la entrada en vigor del nuevo sistema penal, fue un total de 255 mil 138. Y para el informe presentado en abril del 2017 titulado: “Los centros Penitenciarios en México ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen?” se informó que existía un total de 236 mil 886 internos. Por lo tanto,  en el tiempo que lleva de vigencia el nuevo sistema penal, se calcula se han liberado un total de 18 mil 252 personas.

Por lo tanto, dentro de las principales fallas a las que hacen mención, catedráticos, especialistas y críticos se encuentran, desde el control de detención, con los policías que incumplen en la lectura de los derechos del detenido, aunado a ello, el reporte homologado del primer respondiente, en los casos que la ley lo señalan, la falta de oralidad por parte de la mayoría de los ministerios públicos quienes entorpecen el sistema al tener elaborada una guía “machote”. Para el caso judicial, se llega a dar el favoritismo al ministerio público; el mal manejo del ministerio público para llamar datos de prueba y medios de prueba en la hora de ejecución de audiencia, así como la falta de conocimiento en la forma de encuadrar el delito al imputado con la conducta antijurídica.

Es importante señalar que en muchos casos en evidente la falta de conocimiento tanto de personas como de los elementos policiacos, ya que los mismos elementos son capaces de levantar denuncias, por lo que ya no es necesario el traslado del ministerio público al lugar de los hechos, entre otros elementos que se podrían seguir enunciando.

Por lo anterior, es importante que todos los elementos que intervienen en la detención y en consecuencia en todo el sistema penal, cuenten con la debida capacitación para poder hacer frente a un sistema que pretende mejorar las condiciones penales pero que debido a la falta de capacitación, está siendo contraproducente.

CONSIDERANDOS

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los Senadores.

II.- Que con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Artículo 3; todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

III.- Que con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

IV.- Que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo noveno La  seguridad  pública  es  una función  a  cargo  de  la  Federación,  las  entidades  federativas  y  los Municipios,  que  comprende  la  prevención  de  los  delitos;  la  investigación  y  persecución  para  hacerla efectiva,  así  como  la  sanción  de  las  infracciones  administrativas,  en  los  términos  de  la  ley,  en  las respectivas  competencias  que  esta  Constitución  señala.  La  actuación  de  las  instituciones  de  seguridad pública  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, remita un informe a esta Soberanía sobre las acciones de capacitación de los elementos y los resultados que ha obtenido para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de forma que se conozca específicamente el número de elementos policiales capacitados y el avance conforme al estado de fuerza.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que remitan un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre las acciones de capacitación y los resultados obtenidos para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de forma que se conozca específicamente el número de elementos policiales y ministeriales que han sido capacitados en dicho sistema así como el nivel de avance conforme al estado de fuerza estatal y la plantilla laboral de los ministerios públicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en términos del artículo 2o., segundo párrafo de su Reglamento Interior, realice la fiscalización de los recursos asignados a los Fideicomisos FONDEN, FONADEN, así como todas las asignaciones presupuestarias para la atención de desastres naturales. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76 fracción IX; y 276, numerales 1, 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RESPETUOSAMENTE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2º, SEGUNDO PÁRRAFO  DE SU REGLAMENTO INTERIOR, REALICE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS FIDEICOMISOS FONDEN, FONADEN  ASÍ COMO TODAS LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El país ha sufrido diversas afectaciones derivado de fenómenos naturales, como la tormenta tropical “Lidia” en Baja California Sur, el sismo del 7 de septiembre, el huracán “Katia” en Veracruz, huracán Max en Guerrero, Oaxaca y Michoacán; y el sismo del 19 de septiembre que afecto en la Ciudad de México y otras Entidades ocasionando daños en viviendas e infraestructura.

Para solventar los costos se cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) el cual depende de la Secretaría de Gobernación y es operado por la SHCP, a través de un fideicomiso, que para el ejercicio presupuestal 2017 la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto de Egresos de la Federación $6,035,987,256 recursos que se asignan a las Entidades afectadas a través de la declaración de desastre.

Que en publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de septiembre de 20171 se modificaron los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastre Naturales.

Privilegiando el principio de inmediatez las Entidades Federativas pueden solicitar los recursos con carácter de Apoyos Parciales Inmediatos, manifestándolo en la propia instalación del Comité de Evaluación de Daños lo que permitió que para las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año, al 20 de octubre se destinaron $6,844,289,946 en Apoyos Parciales Inmediatos distribuidos en diferentes Entidades afectadas como se señala a continuación: 2

ENTIDADES FEDERATIVAS

MONTOS

Chiapas

$1,677,793,196

Oaxaca

$2,450,078,851

Morelos

$688,539,789

Ciudad de México

$669,162,380

Puebla

$570,036,138

Guerrero

$312,019,364

Tlaxcala

$71,105,656

Veracruz

$21,102,958

TOTAL

$6,844,389,939

Asimismo para que las entidades contaran con mayores recursos para hacer frente a los desastres naturales el 27 de abril de 2016, se publicó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objetivo  de que los Presupuestos de Egresos de las Entidades federativas debieran prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, el monto establecido deberá ser como mínimo  el 10 por ciento de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la construcción de la infraestructura de la Entidad Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios actualizados conforme INPC.

Derivado de la fecha de la aprobación de la ley, los fondos para atención de desastres para el 2017 se estableció del 2.5% según lo previsto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De la revisión de diversos presupuestos de Egresos Estatales se observa que no asignaron los recursos señalados en la norma y otras entidades asignaron cantidades menores para el ejercicio presupuestal 2017 señalando las siguientes:

Fondos para atender daños por desastres naturales

Entidad

Monto

Ciudad de México

$9,549,548,695.34 3

Estado de México

Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos
$222,000,000.00 4

Puebla

$7,954,588.38 5 (Se cuenta también con ayudas por $49,751,687.00)

Morelos

$15,200,0006

Tlaxcala

$21,020,2007

Oaxaca 

$3,000,000.008
Adicionalmente en un anuncio oficial se informó que se buscarían recursos distribuidos de la siguiente forma:
• Mil mdp, en deuda pública.
• Mil 400 mdp del seguro catastrófico estatal.
• 2 mil millones de pesos del Fonden.
• 4 mil mdp del seguro catastrófico federal.9  

Veracruz

No tiene10

Que conforme a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, honradez y rendición de cuentas, orientándose al cumplimiento de los objetivos y metas para los que fueron creados los diversos fideicomisos para la atención de emergencias y desastres naturales, y de conformidad a los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, la prioridad es la atención de manera oportuna, ágil y eficiente de los daños ocasionados por los fenómenos naturales, es urgente que se establezca una auditoria en tiempo real. 

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2018, fue aprobado el siguiente presupuesto:

PPEF

PEF

Mill $

%

Provisiones Salariales y Económicas

107,189

156,463

49,274

46.0

Previsiones salariales

9,750

9,750

0

0.0

Provisiones económicas

97,439

146,713

49,274

50.6

FONDEN

6,644

24,644

18,000

270.9

FOPREDEN

267

436

169

63.3

Fondo de reconstrucción

0

2,500

2,500

ns

Proyectos de desarrollo regional

100

17,953

17,853

ns

Fondo regional

2,935

2,935

0

0.0

Fondo metropolitano

3,269

3,269

0

0.0

Fondo de capitalidad

1,250

2,500

1,250

100.0

Subsidio a tarifas eléctricas

50,179

50,179

0

0.0

Otras provisiones

32,795

42,297

9,502

29.0

De igual forma en el presupuesto 2018 aprobado por la Cámara de Diputados encontramos  que después de los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectaron un sin número de estados de nuestro país, y con el ánimo de coadyuvar en la reconstrucción, se aprobó incluir 18,000 millones de pesos adicionales del Fondo de Desastres Naturales, los cuales serán destinados para la reconstrucción de la infraestructura pública en dichas entidades y que para las familias reparen o reconstruyan sus viviendas, así como reactivar la economía en estos estados.

Se creó, con 2,500 millones de pesos, el Fondo para la Reconstrucción (Fonrec), “que permite a las entidades federativas potenciar los recursos para acelerar la atención de los desastres naturales y cumplir con la aportación que se requiere para el Fondo de Desastres Naturales, pudiéndose potenciar hasta por un monto mayor a 10,000 millones de pesos”.

Dijo que también incluyen 170 millones de pesos para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, con el objetivo de desarrollar proyectos de prevención.

Para la Ciudad de México, que fue una de las entidades más afectadas, se aprobó el incremento del Fondo de Capitalidad por 1,250 millones de pesos adicionales para reparar infraestructura vial e hidráulica afectada por el sismo.11

Es urgente que la Auditoría Superior de la Federación, con las facultades establecidas en el artículo 2º párrafo segundo del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación fiscalice los Fideicomisos que manejan estos recursos tan sensibles,  todos los recursos que se apliquen a los desastres naturales deberán establecer una auditoria en tiempo real, la inconformidad de la población ya se manifestó el pasado domingo 19 de noviembre en la que miles de damnificados marcharon exigiendo que con recursos públicos sean reconstruidos los edificios afectados y puedan tener una vivienda digna, otra de las exigencias es que no se les convierta en deudores.

La reconstrucción debiera diseñarse para mejorar las condiciones de vida y de seguridad a partir de diagnósticos técnicos integrales y no con burocracias y desdén.

Debiera ser un conjunto de medidas que permitan dar certidumbre de habitabilidad o no a las familias,  garantizar la seguridad jurídica a sus habitantes, para regularizar las propiedades de los damnificados y evitar la especulación con el uso de suelo. El trato hacia las personas afectadas debiera ser de enorme sensibilidad.

Se exige transparencia en el uso de los recursos, destinarlos como prioridad ante la tragedia, renunciar a otros conceptos de gasto para dar prioridad a la emergencia. Pero nada de esto se observa en las acciones de los gobiernos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a que en términos del artículo 2º segundo párrafo  de su Reglamento interior realice la fiscalización de los recursos asignados a los fideicomisos FONDEN, FONADEN  así como todas asignaciones presupuestarias para la atención de desastres naturales.

SEGUNDO. El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a que se realice la revisión a los gobiernos que ejecutan el presupuesto para la atención a desastres naturales, para determinar si la etapa del procedimiento de ejecución de recursos en la que se encuentran dichos gobiernos obedece a los principios de inmediatez, eficacia, eficiencia y transparencia como lo establecen los lineamientos de operación específicos del fondo de desastres naturales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498757&fecha=27/09/2017

2 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

3 Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Finanzas. Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México. Tercer trimestre 2017 Disponible en:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fonaden/docs/TERCER_TRIMESTRE_2017.pdf

4 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. Artículo 24. Disponible en:
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx
/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/presupuesto-egresos-2017.pdf

5 Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017. Artículo 100.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=12702&Itemid=485

6 Morelos, Poder Ejecutivo. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017. Anexo7. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Disponible en:
http://morelos.gob.mx/?q=Ley-de-Ingresos-y-Presupuesto-de-Egresos-2017

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Artículo 24, prevención para atención de desastres. Disponible en:
http://finanzastlax.gob.mx/2016/paquete_economico_2017/PRESUPUESTO%20DE
%20EGRESOS%202017.pdf

8 Por concepto de ayudas sociales, según el artículo 44 del DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 disponible en:
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/manuales/presupuestales/2017/DECRETO_DE_
PRESUPUESTO_2017.pdf

9 Ignacio, Luis. Van por 8 mil mdp para reconstrucción de viviendas en Oaxaca. En NVI Noticias 4 de octubre de 2017. Disponible en:
http://www.nvinoticias.com/nota/72211/van-por-8-mil-mdp-para-reconstruccion-de-viviendas-en-oaxaca .

10 LEY NÚMERO 7 DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. Anexo V Disponible en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2016/08/Gac2016-522-Viernes-30-TOMO-I-Ext-1.pdf

11 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aprueban-en-general-presupuesto-
para-el-2018-20171109-0122.html






Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política a colocar en el Patio del Federalismo de la sede del Senado de la República, una placa conmemorativa con la frase “1867, Año de la Restauración de la República” alusiva a los importantes hechos que ese año resultaron determinantes para el futuro de la nación. Se turna a la Junta de Coordinación Política.








Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a mejorar la conectividad en los principales ejes carreteros del país. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Guerra Castillo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reafirma la amistad y el compromiso entre Estados Unidos de América y México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Los suscritos, Senadores VICTOR HERMOSILLO y CELADA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y MARCELA GUERRA CASTILLO, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

El pasado 15 de noviembre el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó por aclamación la Resolución 336 para refirmar el fuerte compromiso en la relación binacional con México. Ahí se destaca los cercanos valores compartidos entre los ciudadanos de ambos países.

Los legisladores estadounidenses destacan los beneficios mutuos principalmente en materia económica y en seguridad. De la misma forma celebran el apoyo de México en las Naciones Unidas durante las cerradas votaciones sobre Siria, Corea del Norte y Ucrania.

Mexico y Estados Unidos son promotores de valores en común como la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ambas naciones son socios y aliados en materia comercial, de seguridad y política.

En Estados Unidos hay 35 millones de mexicanos, la mayor población fuera de México y en nuestro país vive más de 1 millón de estadounidenses, el número más grande fuera de Estados Unidos.

Desde la integración en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el comercio se triplicó para alcanzar 3000 millones de dólares diarios y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido seis veces. Hoy de cada 100 dólares que Estados Unidos importa de productos no petroleros, 13 proceden de México, el doble que en 1993.

México es el segundo proveedor de Estados Unidos, superado sólo por China. Nuestro país le vende a Estados Unidos más que Alemania y Japón juntos o que el resto de Latinoamérica en su conjunto. Actualmente, once de cada cien dólares que Canadá y Estados Unidos gastan en el extranjero son para adquirir productos hechos en México y somos el primer destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas, y el segundo mercado para otros 20 estados.

Aproximadamente seis millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México y cada minuto se comercia cerca de un millón de dólares. La frontera de 3,140 km. que une a México y Estados Unidos es la más transitada del mundo; un millón de personas y trescientos mil vehículos cruzan diariamente.

En octubre de 2014 el Council on Foreign Relations, el think tank más importante en Estados Unidos en materia de Política Exterior, dio a conocer un estudio encabezado por el general retirado David Petraeus, exdirector de la CIA y por Robert Zoellick, ex subsecretario de Estado y exdirector del Banco Mundial, en donde recalcan que: “El siglo XXI puede bien ser la centuria de Norteamérica en vez de la china, pero será necesario que Canadá, Estados Unidos y México, profundicen su integración. Si los tres países norteamericanos hacen eso, tienen el potencial de delinear los asuntos mundiales en las generaciones a venir”.

Estados Unidos y México han implementado mecanismos de diálogo como:

• Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) para promover el crecimiento económico vinculando a los actores económicos de la región.

• Foro Bilateral sobre Educación Superior Innovación e Investigación (FOBESII) que junto con el plan Proyecta 100 mil intentan ampliar el intercambio educativo entre ambos países.

• Consejo Mexicano Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC) que busca apoyar y fortalecer a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas

• Frontera Siglo XXI que busca mejorar las condiciones de seguridad y de infraestructura en la frontera común, para agilizar el tránsito de personas y de comercio.

Nuestras sociedades se unen con el deporte. Hace unos días se realizó un partido de temporada regular de la NFL en el estadio Azteca con un contrato para partidos que se extenderá hasta 2021, con la posibilidad de que una franquicia juegue en territorio mexicano. Sucede lo mismo con la MLB con partidos regulares en México y con la posibilidad de radicar un equipo aquí; junto con Canadá, nuestros países están cabildeando la candidatura para el mundial 2026, lo que revela la integración social de las naciones a partir del deporte.

En la cultura, donde en las últimas ediciones de los Oscar o los Globos de Oro, los mexicanos han sido reconocidos en mejor dirección, actuación, fotografía con figuras, como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezky, Rodrigo Prieto y Gael García, dejando ver a todos los valores compartidos en áreas más profundas.

En el último año la relación entre Estados Unidos y México ha sido tensa y por momentos crítica, sin duda entendemos que es debido a circunstancias particulares y que son pasajeras, porque los vínculos construidos a lo largo de décadas comenzando por la seguridad y el comercio pero llegando a la cercanía cultural, social y de valores, nos hacen amigos, socios y aliados inseparables.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Honorable Cámara de Senadores refrenda el compromiso y la amistad con los Estados Unidos de América, como socio y aliado de México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Suscriben

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Guerra Castillo.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre la forma, plazos y procedimientos mediante los cuales el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, da cumplimiento a la obligación de transparentar la información que genera, en los términos del artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76 fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DOCTOR JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES, TENGA A BIEN REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA FORMA, PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL COMITÉ NORMATIVO NACIONAL DE CONSEJOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CONOCIDO COMO CONACEM, COMO ORGANO AUXILIAR DE DICHA SECRETARÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DA CUMPLIMIENTO CABAL A LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENTAR Y PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE GENERA, OBTIENE, ADQUIERE,TRANSFORMA, TIENE EN POSESIÓN UOBRA EN SU PODER, POR SER SUJETO OBLIGADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La actual Ley General de Salud fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, dicha ley regula una variedad muy extensa de rubros que van desde derechos subjetivos de pacientes, el Sistema Nacional de Salud, competencias de autoridades aplicadores de estas normas, prestación y prestadores de los servicios de salud, atención médica, salud aplicada a prevenir y atender diversos trastornos mentales y físicos, protección social en salud, recursos humanos para los servicios de salud, investigación para la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y accidentes, derechos de enfermos en situación terminal, programas contra adicciones, control sanitario de productos y servicios, ejercicio especializado de la cirugía, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, perdida de la vida, hasta sanidad internacional.

Sin duda, uno de los rubros más importantes que regula dicha legislación es el que se encuentra integrado al Capítulo I del Título Cuarto denominado de los Recursos Humanos para los Servicios de Salud, ya que en dicho capítulo se incluye el ejercicio de las profesiones, actividades técnicas y auxiliares de las especialidades para la salud.

Mediante el Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2,272 Bis 3 de la Ley General de Salud que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de 2011, se establece que los diplomas de especialidades médicas solo podrán ser emitidos por las instituciones de educación superior y de salud reconocidas ante las autoridades correspondientes, en donde se entrenaran a los médicos en procedimientos médicos-quirúrgicos de la especialidad correspondiente.

También se crea la figura del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) como organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar y certificar-recertificar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben de tener los médicos especialistas en Medicina, dicho comité está integrado por miembros de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía.

De igual manera, se facultó a CONACEM para emitir su opinión a la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para expedir las cédulas de médicos especialistas, sin duda las funciones que realiza dicho organismo son importantísimas, toda vez que derivado de sus decisiones y opiniones, se encuentra en juego la posibilidad de que un médico especialista pueda o no obtener su certificación, recertificación y sobre todo, su cédula profesional para el ejercicio de una especialidad médica.

La emisión de dichos actos por parte de CONACEM, deben de ser transparentados, toda vez que además que el materializar sus facultades puede influir positiva o negativamente en el ejercicio profesional de una especialidad médica y sobre todo, por que reciben recursos económicos públicos y de los particulares, ya que las certificaciones y recertificaciones tienen un costo que va de los trece mil a los diecisiete mil pesos1.

Diversos particulares han externado a la suscrita, que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) realiza sus funciones en total opacidad, hermetismo y hasta de manera arbitraria, toda vez que cuando han solicitado de manera directa información sobre el estado en que se encuentra la opinión que debe remitir a las autoridades educativas o para solicitar audiencia para tratar algún tema relacionado con certificaciones o recertificaciones con el Presidente de dicho comité o con personal técnico del organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, no les han dado respuesta de manera debida, incluso se tiene conocimiento de solicitudes de audiencia formuladas al Presidente del CONACEM que jamás han recibido respuesta.

Considera la suscrita, que resulta desafortunado que a una asociación civil, como lo es el CONACEM, cuente con atribuciones tan trascendentales para la formación profesional de un médico, ya que si dicho comité no tiene la voluntad de certificar o recertificar a un egresado de una especialidad médica, este no podrá ejercerla, como es el caso de los cirujanos plásticos y reconstructivos, que si no cuentan con dicha certificación, no podrán realizar actos quirúrgicos de especialidad.

De igual manera, se estima que el CONACEM no cumple a cabalidad con las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regulan el derecho humano de acceso a la información y que implica que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, como lo es el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los respectivos Consejos, es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establecen  en dichas legislaciones, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, tiene el carácter de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo más importante es garantizarle a la población, cuando sus integrantes requieran ser atendidos por un especialista, que este último cuenta con los conocimientos, las destrezas y aptitudes necesarias para su ejercicio y, al mismo tiempo, reconocerle al médico especialista sus capacidades profesionales.

Por ello, el CONACEM debería de acatar con sumo apego a la ley, el hacer accesible y publicitar sus actividades sustantivas como son la asignación de la declaratoria de Idoneidad y del reconocimiento de consejos de especialidades médicas para la certificación y recertificación de especialidades médicas; la supervisión para que los consejos cumplan con la normatividad establecida para la expedición de certificados de especialidad y de la recertificación; la atención de inconformidades presentadas por los consejos y los médicos especialistas, y para emitir la opinión a que se refiere el quinto párrafo del artículo 81, para que los autoridades educativas puedan expedir la cédula de médico especialista, situación que afecta la transparencia y la rendición de cuentas.

El término "transparencia" es utilizado para caracterizar la accesibilidad a toda la información vinculada, que concierne e interese a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso a un solo individuo que debería traducirse en la preocupación por dar a conocer praxis, abrir archivos, apuntes y acuerdos, así como todo tipo de información relacionada con el ejercicio de facultades contenidas en la ley, por ello, la transparencia tiene como objetivo principal el  establecer una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, y se opone al concepto de corrupción u opacidad.

Por ello, en México contamos con un Sistema Nacional de Transparencia, cuyo propósito es fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano promoviendo el comportamiento responsable de los servidores públicos, de la aplicación de la ética pública que adquiere dimensiones relevantes al construir una cultura de servicio público, que permite que el servidor público tenga conocimiento y disposición para actuar de una manera que permita el escrutinio público, los lineamientos éticos aplicados en la administración pública pone en juego todo un conjunto de valores para ofrecer servicios de calidad a la comunidad.

El servidor público es aquella persona que presta sus servicios al Estado o a la Administración Pública Federal o Local que desempeña una función de servicio, por lo que es necesario exigirle el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el respeto a los derechos e intereses de los gobernados. Los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, pueden ejercer responsabilidad política, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal.

La transparencia es el resultado de una forma de gobernar, de administrar y de gestionar al Estado, de lo cual se deduce que este concepto es un valor de la democracia y tiene que ver con el desempeño de la comunidad política o del servicio público, de sus representantes, así como también de toda autoridad quienes tienen que aclarar sus acciones para fortalecer al gobierno.

La transparencia se ha vuelto necesaria para el ejercicio de un buen gobierno en el cual exista disposición y clasificación adecuada, actualización, calidad, claridad y utilidad de la información que se encuentra sujeta a la vigilancia y al escrutinio de la sociedad en su conjunto.

Si bien es cierto que la transparencia es un derecho ciudadano, democrático por excelencia, no es una condición natural de los entes gubernamentales, por ello, es algo que se tiene que elaborar, construir, implementar a largo plazo y que debe atender a diversos objetivos en relación a las instituciones, organismos, asociaciones, sindicatos, institutos políticos, entre otros.

En días pasados, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió el criterio por el que considera que la Secretaría de Salud Federal si bien no interviene directamente en el proceso para emitir la llamada “declaratoria de idoneidad” de los médicos especialistas, sí puede tener información, toda vez que la dependencia debe vigilar que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas cumpla las normas que lo rigen y verificar que se cumplan los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud, por lo tanto, le corresponde a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de dicha secretaría de Estado, conducir la política nacional para elevar la calidad de los servicios de atención médica, así como para la capacitación y actualización de los recursos humanos en salud2.

En ese sentido, dicha Unidad Administrativa está en posibilidad de conocer información relativa al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas.

Con la aplicación cabal de la transparencia, los ciudadanos y el gobierno salen beneficiados, ya que al hacer pública la información, se promueve un mecanismo de rendición de cuentas con lo que es posible determinar los errores, prevenirlos, corregirlos, y evitar los abusos en el ejercicio del poder público.

Por lo anterior, es que someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Federal, Doctor José Ramón Narro Robles, para que en un plazo no mayor a 30 días, tenga a bien remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre la forma, plazos y procedimientos mediante los cuales el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, (CONACEM), como organo auxiliar de dicha secretaría y en términos del Artículo 81 de la Ley General de Salud, emite certificados de su respectiva especialidad médica asi como los grados académicos en areás de la ciencia médica y de la salud que le sean afines o se relacionen con dicha especialidad, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la obligación de transparentar y permitir el acceso a la información que se genera, obtiene, adquiere, transforma y tiene en su poder, por ser sujeto obligado en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, y para que la información sea la correcta, debera incluirse en el informe solicitado, todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos que el organismo auxiliar de dicha dependencia pública recibe de manera directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones, así como cuantas opiniones y en qué términos las ha emitido, a que se refiere el Párrafo Quinto del Artículo 81 de la Ley General de Salud, desde el año del 2011 hasta la presente fecha.

Dado en el Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

1 Información obtenida el 13 de octubre de 2017, de la página oficial de la página electrónica del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C., que se puede consultar en el siguiente link:
http://www.cmcper.org.mx/site4/index.php/examenes/examen-de-certificacion-2017

2 El criterio emitido por el Pleno de INAI fue publicado en el Diario Electrónico “El Pulso Laboral”, en su sección de Seguridad Social y Salud, que se puede consultar en el siguiente link:
http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/10142/salud-debera
-ubicar-informacion-sobre-certificados-de-especialidades-medicas






De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer sus estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la población infantil, a fin de garantizar un entorno para hacer asequible el pleno desarrollo de las niñas y niños de nuestro país. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La suscrita, HILDA CEBALLOS LLERENAS, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 20 de noviembre se celebró el Día Universal del Niño, espacio dedicado a todas las niñas y niños del mundo con el objetivo de recordar a la ciudadanía que este sector poblacional es el más vulnerable, por lo que es vital propiciar las condiciones que les permitan tener garantizados derechos fundamentales como son el acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación y protección, entre otros1

La fecha coincide con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (instrumento con el que tuvieron carácter vinculatorio dichas disposiciones).

En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras cuestiones se reconoce que las niñas y niños deben crecer en el seno familiar, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión para que sea posible el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Asimismo, establece que es necesario que estén plenamente preparados bajo los principios de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad2.

En el propio instrumento jurídico se establece que debido a la madurez física y mental, las niñas y niños necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Por otro lado, en su artículo 3, numeral 2 la Convención en comento dispone que: Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo contribuir a fortalecer las estrategias, planes y programas de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la población infantil. Lo anterior, en observancia con el orden jurídico nacional y los tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano, y por supuesto, como respuesta al complejo panorama que continúan enfrentando miles de niñas y niños dentro del territorio nacional.

A pesar de que en la presente administración se han realizado notables esfuerzos como es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la realidad impone desafíos mayúsculos ante los cuales no podemos ser omisos.

Las niñas, niños y adolescentes de México todavía enfrentan escenarios de exclusión, pobreza y desigualdad, circunstancias que debilitan los vínculos familiares, sociales e institucionales, lo que a su vez deriva en fenómenos como deserción escolar, consumo de drogas y en escenarios extremos, la comisión de delitos y decesos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al maltrato infantil como: El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil3.

En este tenor, existe amplio consenso en que constituye un fenómeno injustificable, complejo y multifacético que debe ser atendido de manera oportuna, responsable y coordinada por los tres órdenes de gobierno. No se limita a abusos físicos, sino que también se refiere a omisiones de cuidado, maltrato emocional, abuso sexual, explotación sexual, y en general a cualquier conducta que ponga en peligro, vulnere o lacere la tranquilidad, bienestar y óptimo desarrollo de la niñez.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía4, en México hay tres niñas y niños por cada 10 habitantes; del total de hogares con personas de 0 a 17 años de edad, 7.6% presenta una situación de inseguridad alimentaria severa; la tasa de suicidios en niños de 10 a 17 años es de 4.3 por cada 100 mil, mientras que en niñas de esa misma edad es de 3.2; y cuatro de cada 10 personas de 12 a 17 años de 47 ciudades de México, son víctimas de delito o maltrato. 

De acuerdo con UNICEF México5, en nuestro país seis de cada 10 niños de 1 a 14 años de edad han experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por integrantes de su hogar. Por otro lado, indica que al 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años de edad sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos.

La propia agencia del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas refiere que a nivel mundial cada 7 minutos un adolescente es víctima de homicidio en un acto violento. Además, precisa que, entre 2011 y 2015, fueron asesinados diariamente en promedio 3 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.

Para erradicar el maltrato infantil, es indispensable que, entre otras cuestiones, las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen que nuestra niñez conozca sus derechos y sean escuchadas sus preocupaciones; y que junto a sus familiares y testigos, sean protegidos de quienes busquen dañarlos.

Bajo este contexto, es imperativo concentrar esfuerzos para garantizar a la población infantil de nuestro país mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social, todo en un marco de absoluto respeto a su dignidad. Por ello, los legisladores del PRI reprobamos y rechazamos categóricamente cualquier tipo de conducta que vulnere o ponga en peligro el bienestar de las niñas y niños de México.

La pertinencia del presente asunto emana del interés superior de la niñez reconocido en el artículo 4º de la Constitución Federal, plasmado en ordenamientos jurídicos como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se dotó de facultades y obligaciones en la materia a los tres órdenes de gobierno.

Al efecto, uno de los grandes logros de la Ley en comento es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de este sector, mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas dirigidas a este fin.

En este orden de ideas, mediante el exhorto formulado se busca prevenir, combatir e inhibir conductas contrarias al interés superior de la niñez, tales como el maltrato infantil, que como ya se ha mencionado, puede ser concebido como cualquier abuso o desatención que puede derivar en afectaciones físicas, psicológicas y en casos extremos, decesos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones y en observancia al interés superior de la niñez, fortalezcan sus estrategias, planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la población infantil, a fin de garantizar un entorno adecuado para hacer asequible el pleno desarrollo de las niñas y niños de nuestro país. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Hilda Ceballos Llerenas.

1 https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-nino

2 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3%B1o2017_Nal.pdf

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las investigaciones necesarias a las construcciones que están llevando a cabo en playa “Delfines”, con la finalidad de evitar un daño ambiental y social. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente diversos medios de comunicación y diversas asociaciones como la de “Amigos del Manglar” han denunciado que en las inmediaciones de la “Playa Delfines” en Cancún, Quintana Roo, se realiza la construcción del hotel Grand Solaris Cancún y con ello algunos cercos, los cuales ponen en peligro la sustentabilidad de la localidad, ya que se conoce que en la zona de construcción anidan tortugas, incluso en diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que se han encontrado varias tortugas muertas, ya que la zona de anidación estaba cercada por el hotel, además en manifestaciones, diversos ciudadanos han señalado que la construcción invade la zona de dunas y temen que lo que actualmente es una playa pública, con el distintivo “Blue Flag” se convierta en una playa más donde ante la construcción de un hotel les impidan el acceso a ella.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, la ubicación del proyecto del hotel Gran Solaris Cancún, comprende un predio de más de 18 mil metros cuadrados en la Super Manzana 00B, Manzana 53, Lote 52-01, a un costado de “El Mirador”.

Ante el descontento de los ciudadanos y de las anomalías que ellos mismos han denunciado, siendo la última ocasión en la manifestación del pasado 12 de noviembre, es necesario que las autoridades según sus competencias intervengan y tomen las medidas cautelares necesarias, así como sancionar a quien corresponda si es que alguien lo amerita.

El tema que nos ocupa nos obliga a expresar que se debe entender por turismo sustentable según la fracción XIX del artículo 3 de la Ley General de Turismo, mismo que a la letra dice:

“XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.”

De tal manera que no se está cumpliendo en propiciar un turismo sustentable, en el mismo orden de ideas, en el marco de la pasada COP de biodiversidad celebrada en Cancún, Cozumel junto con otros destinos fue nombrado parte de la Biósfera del Caribe Mexicano, por lo que se convirtió en un lugar en el que se tiene que cuidar la sustentabilidad.

Estamos frente a una situación de gran preocupación y por ende se tienen que tomar las acciones necesarias para evitar un escocido y un daño a los ciudadanos quintanarroenses.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita un informe detallado de las inspecciones realizadas al hotel Gran Solaris Cancún en playa delfines Cancún, Quintana Roo y en el caso de que por acción u omisión se haya presentado una violación se sancione conforme a derecho.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar y hacer efectivas las políticas públicas integrales contra la violencia, con la finalidad de reducir la tasa de homicidios dolosos en el país. Se turna a la Comisión Seguridad Pública.

La suscrita, Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y HACER EFECTIVAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA TASA DE HOMICIDIOS DOLOSOS EN EL PAÍS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, señala la prevención de los homicidios dolosos como una de las prioridades de la estrategia del Estado mexicano en la materia, al tenor de lo siguiente:

 “e. La estrategia se focalizará a la atención de los delitos que más impactan a la sociedad y a la economía.

La acción concurrente de la Federación y las Entidades Federativas para reducir la violencia, específicamente la relacionada con homicidios dolosos, secuestros y extorsiones, requiere la definición clara de prioridades y compromisos para atender las ciudades, carreteras y zonas de mayor incidencia y con mayores niveles de violencia.

Reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de los mexicanos implica además reducir la incidencia de delitos del orden común como son el robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículos, principalmente aquellos cometidos con violencia, por lo que requieren de la atención prioritaria de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, con el decidido apoyo de las instituciones federales.

Es decisivo atacar las finanzas de las estructuras delictivas, ya que con ello se restringe su capacidad de operación. La prevención e investigación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita se desarrollará en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, promoviendo el intercambio de información entre instancias nacionales e internacionales con competencia en la materia y reforzando el área especializada de la Policía Federal.

Asimismo, para debilitar las estructuras económicas de los grupos delictivos se dará especial atención a la prevención e investigación de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal", estas acciones se realizarán a través de esquemas de cooperación entre instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y de autoridades administrativas como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Es necesario incrementar el uso de herramientas tecnológicas para atender con mayor efectividad el fenómeno emergente y creciente de los delitos cibernéticos que conllevan un alto impacto a la sociedad (extorsión, trata de personas, pornografía de menores) y a la economía (fraude electrónico, robo de identidad y delitos contra derechos de autor).”1

En este tenor de ideas, con la finalidad de medir la tasa de homicidios dolosos en el país, el referido Programa Nacional establece un indicador específico para medir la incidencia de ese tipo de delitos en territorio nacional, bajo las siguientes consideraciones:

FICHA DE INDICADOR

Elemento

Características

Indicador:

2.1 Tasa de homicidios dolosos registrados por cada 100,000 habitantes.

Objetivo nacional:

2. Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población.

Descripción general:

Mide el número de homicidios dolosos registrados en el país en relación con el total de la población nacional.
Unidad de medida: Número de averiguaciones previas por homicidio doloso registradas

Observaciones:

El dato de homicidios es reportado por el SESNSP a partir de la información proporcionada por las procuradurías de justicia o fiscalías de las entidades federativas.
La población del país se obtiene de los datos anuales publicados por CONAPO.
Número de homicidios dolosos entre la población total por 100,000.
TH=Tasa de homicidios dolosos
H=Núm. de homicidios dolosos registrados
Pt=Población total del país.


http://www.dof.gob.mx/imagenes_diarios/2014/04/30/VES/sg4a14_Cimg_210114.png

Periodicidad:

Anual
La línea base y la meta 2018 son cifras relativas al total anual; la medición se hace conforme a los registros mensuales, que permiten realizar las comparaciones pertinentes en cada momento.

Fuente:

SESNSP

Referencias adicionales:

SESNSP
CONAPO

Línea base 2013

Meta 2018

15.3 por cada 100,000 habitantes

12.8 por cada 100,000 habitantes

Fuente: Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-20182

Como se advierte del indicador anterior, la meta propuesta por el Programa Nacional para el año 2018, es reducir la tasa de homicidios a 12.8 por cada 100,000 habitantes, a través de la estrategia y acciones propuestas por el mismo Programa Nacional.

No obstante lo anterior,  de acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “en octubre pasado se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta de que se tenga registro en el País”3, es decir, son 2 mil 358 homicidios más a la tasa planteada como meta mensual para 2018.

En este tenor de ideas destaca, de acuerdo a la citada información oficial, que “los 2 mil 372 casos de homicidio doloso en octubre pasado representan un incremento del 27.4% en comparación con el mismo mes de 2016”.4

Asimismo, resulta relevante destacar los siguientes datos por entidad federativa relativos a la tasa de homicidios dolosos por estado de enero a octubre de 2017, al tenor de lo siguiente:

Entidad Federativa

Tasa de Homicidios Dolosos

Aguascalientes

70

Baja California

1,733

Baja California Sur

409

Campeche

59

Chiapas

408

Chihuahua

1,288

Coahuila

196

Colima

564

Ciudad de México

905

Durango

183

Guanajuato

907

Guerrero

2,364

Hidalgo

171

Jalisco

1,093

México

1,684

Michoacán

1,018

Morelos

514

Nayarit

165

Nuevo León

559

Oaxaca

774

Puebla

752

Querétaro

149

Quintana Roo

287

San Luis Potosí

391

Sinaloa

1,156

Sonora

567

Tabasco

312

Tamaulipas

635

Tlaxcala

97

Veracruz

1,382

Yucatán

1,522

Zacatecas

485

Fuente: Incidencia Nacional del Fuero Común, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017.5

Como se puede advertir, dichos datos reflejan un acumulado de 20,878 homicidios dolosos a nivel nacional (enero-octubre de 2017), cifra por demás preocupante que refleja la violencia que impera en varias entidades federativas del país.

Aunado a ello, en fechas recientes, se han presentado un par de casos de homicidios dolosos con alta relevancia nacional debido al perfil de las víctimas de dichos delitos. El primero de ellos es el de Silvestre de la Toca Camacho, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, quien fue asesinado el pasado 20 de noviembre en la ciudad de La Paz, al tenor de los siguientes hechos:

“El ombudsman fue blanco de un atentado a las 19 horas del pasado 20 de noviembre en la ciudad de La Paz. Toca Camacho y su hijo Fernando de la Toba Lucero perdieron la vida, mientras que su hija y esposa fueron heridas de gravedad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó el crimen en un comunicado”6.

Otro de los casos relevantes, es el asesinato de Santana Cruz Bahena. alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, presumiblemente asesinado por un grupo de la delincuencia organizada vinculado con la extracción y comercialización ilícita de combustibles, actividad popularmente denominado “huachicol”, al tenor de lo siguiente:

“Autoridades de Veracruz informaron este lunes sobre el asesinato del alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena.

 “De acuerdo a los primeros informes, se tiene conocimiento de que los hechos tuvieron lugar la tarde de este día en la zona centro de este municipio, cuando un grupo de personas presumiblemente lesionaron con armas de fuego al hoy occiso”, indicó la Fiscalía estatal, en un comunicado.

De acuerdo con los primeros indicios, en los hechos presuntamente participó un grupo delictivo vinculado con el tráfico de combustible.

“De igual manera, se investigará a las autoridades municipales y a elementos policiacos locales, por la probable omisión ante el conocimiento del crimen”, agregó la Fiscalía.

De acuerdo con el diario Reforma, el político del partido Nueva Alianza tenía previsto realizar una cabalgata con jinetes de la zona este lunes, pero personas con armas lo sacaron de su casa y lo mataron.”7

Derivado de estos hechos, es urgente hacer un puntual llamado a las autoridades competentes del orden estatal en materia de seguridad pública para que, en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al Consejo Nacional de Seguridad Pública, es importante que dicho órgano implemente y haga efectivas las políticas públicas integrales para reducir la tasa de homicidios dolosos en el país, al tenor de lo siguiente:

“Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública; (:..)”

En consecuencia, el presente exhorto se dirige a los Gobiernos de las entidades federativas con la finalidad para que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se implementen y hagan efectivas las políticas públicas referidas.

Por lo tanto, someto a consideración de este Honorable Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÙNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los a los Gobiernos de las Entidades Federativas, para implementar y hacer efectivas las políticas públicas integrales contra la violencia con la finalidad de reducir la tasa de homicidios dolosos en el país.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014

2 Ibidem.

3http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1261966&
v=6&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1261966&v=6

4 Ibidem.

5 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_102017.pdf

6 Ibidem.

7 http://www.animalpolitico.com/2017/11/veracruz-hidalgotitlan-acalde-asesinato/






De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Alejandro Encinas Rodríguez y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Baja California Sur a atender urgentemente la crisis de inseguridad y violencia que padecen los sudcalifornianos. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los que suscriben, Senadores FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Soberanía, el presente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. La seguridad personal y patrimonial son dos razones básicas, entre otras, que explican la existencia del Estado moderno que para legitimarse debe garantizar a los ciudadanos estos derechos elementales para la viabilidad y posterior desarrollo de la sociedad.

Segunda. El Estado de Baja California Sur llegó a su máximo histórico, en el mes de octubre, en materia de homicidios dolosos, al registrar casi 51 muertes por cada 100 mil habitantes, ocupando con esto uno de los tres primeros lugares a nivel nacional. Además, en el mismo mes de octubre se registró el máximo histórico de 135 crímenes de alto de impacto, con mayor incidencia en las ciudades de La Paz y Los Cabos. Con ello tenemos que la entidad padece esta tendencia creciente en los últimos tres años.

Tercera. De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en mes de enero 2017 hubo un incremento de 685 por ciento en el número muertes atribuidas a la delincuencia organizada, con respecto al mismo mes del año anterior. No obstante lo dicho, en el Estado sólo hay, entre corporaciones Estatal y municipales, cerca de 2,000 elementos; pero lo más grave de éstas cifras, es que las áreas encargadas de la procuración e impartición de justicia de todos los órdenes de gobierno han mostrado desatención e incompetencia para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. Y pareciera que ante las altas cifras registradas no es clara y eficaz la actuación de las autoridades en esta materia, por ningún lado.

Cuarta. El pasado 20 de noviembre, se registró en la ciudad de La Paz, un crimen lamentable porque refleja la descomposición social que actualmente priva en esta entidad, otrora ejemplo de paz y tranquilidad en el país. En este hecho criminal perdieron la vida el Presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, Silvestre De la Toba y su hijo, en un ataque perpetrado en una de las avenidas más transitadas de la capital mientras su esposa e hija resultaron lesionadas. Esta crisis de seguridad galopante, hace obligatorio que el Senado se pronuncie para exigir a las autoridades federales y estatales que brinden respuestas inmediatas a esta situación que ya no podemos permitir que pone en riesgo la economía estatal y de manera particular la actividad turística.

Quinta. Este hecho, representa un agravio a la sociedad sudcaliforniana y muestra la vulnerabilidad de las instituciones y de la población en general porque los tres órdenes de gobierno hasta hoy, han aplicado una estrategia fallida en materia de seguridad  pública misma que ha tenido pésimos resultados, por lo que resulta impostergable tomar medidas que resuelvan de fondo este grave problema que hoy aqueja a la entidad.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal de Baja California Sur, CARLOS MENDOZA DAVIS, a que de forma inmediata se aplique un Plan Extraordinario que garantice la paz, la tranquilidad y la seguridad pública de los sudcalifornianos y que al mismo tiempo proteja la principal actividad económica del Estado que es la turística.

Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Suscriben

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional en Tlalpan a agilizar y concluir las inspecciones estructurales y de protección civil a los espacios culturales, educativos y deportivos de la delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así prevenir nuevos casos como los acontecidos en el “Deportivo Tiempo Nuevo” en los que una menor de edad perdió la vida y otros infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una puerta metálica. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios de medios de comunicación dieron a conocer el deceso de una menor de edad en las instalaciones del deportivo “Tiempo Nuevo” en la calle Oaxaca y Jesús Lecuona en la colonia Miguel Hidalgo de la delegación Tlalpan. De acuerdo con las primeras indagaciones, la niña de 12 años falleció por las múltiples lesiones que le provocó la caída de una puerta de metálica de por lo menos 12 metros de altura.1

Este hecho pudo derivarse de una serie de irregularidades, debido a que esta parte del Centro de Artes y Oficios se remodeló este año y se inauguró apenas el pasado 13 de septiembre de 2018, cinco días antes del sismo del pasado 19 de septiembre.

A decir de un comunicado de la Delegación, su titular Claudia Sheinbaum Pardo,  aseguró que en los trabajo de remodelación se gastaron por lo menos 10 millones de pesos con el objeto de “mejorar la infraestructura y dignificar los servicios”, además dio a conocer que en estas instalaciones se brindarían talleres de artes escénicas, plásticas y marciales, asimismo, oficios como fotografía, serigrafía, música, tejido, bordado, danza, entre otros.2

A decir de diversas organizaciones vecinales, el director de obras de la delegación “es   un corrupto, ya que tiene la fama de quedarse con el dinero de la delegación”,3  asimismo, acusan que hubo anomalías en el proceso de licitación del proyecto y que su edificación se dio entre faltas a los cronogramas de obras y se utilizaron materiales de mala calidad.

Ante estas denuncias, es necesaria la intervención de la Contraloría General de la Ciudad de México para que, realice una auditoría integral a los recursos ejercidos para la construcción del Centro de Artes y Oficios por la presunta utilización de materiales de dudosa calidad y constatar que se hayan utilizado conforme a lo planeado y para los fines que fueron aprobados.

Otra anomalía, es que no se han concluido conforme a los tiempos comprometidos las revisiones estructurales de los edificios, comercios y casas habitación que resultaron dañadas por los sismos, y los dictámenes finales de seguridad no se han entregado con la rapidez esperada para acceder a los programas enfocados a la reconstrucción, por tal situación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cuenta con al menos 30 expedientes sobre edificios a demoler por falta de dictamen estructural definitivo.  

Llama la atención, que a decir de los familiares de los lesionados, el Centro de Artes y Oficios de la Delegación Tlalpan, carece de un Programa Interno de Protección Civil, además acusaron que las personas que reciben algún tipo de formación y sus familiares, no han recibido o realizado ninguna capacitación o llevado a cabo un simulacro de protección civil, que en una contingencia salvaguarde su protección y vida.

La muerte de una menor, es muestra de que las autoridades delegacionales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no han tomado las medidas necesarias de protección civil para salvaguardar la seguridad de ciudadanía en espacios públicos, en este caso de la Delegación Tlalpan.

Apremia que de manera coordinada, se agilicen las visitas de verificación a las condiciones estructurales de seguridad a los espacios culturales, educativos y deportivos, con el objeto de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que realizan diversas actividades, desde deporte, baile o alguna capacitación académica.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que no es la primera ocasión en la que se consuman anomalías relativas a garantizar la integridad de las personas, muestra de ello, es la opacidad con la que se ha conducido las autoridades delegaciones en relación a los permisos de construcción, proceso de edificación y validación de las condiciones estructurales de seguridad del Colegio Enrique Rébsamen.

Otra muestra de poca trasparencia y nulo compromiso para esclarecer los lamentables hechos acontecidos en el Colegio Enrique Rébsamen por la delegada de Tlalpan del Partido Morena, es la “clasificación de restringida en su modalidad de reservada” con lo que se ha negado a proporcionar los expedientes de dichos sucesos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional en Tlalpan para que, de manera coordinada agilicen y concluyan de acuerdo con los cronogramas establecidos, las inspecciones estructurales y de protección civil a los espacios culturales, educativos y deportivos de la Delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así prevenir nuevos casos como los acontecidos en el “Deportivo Tiempo Nuevo” en los que una menor de edad perdió la vida y otros infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una puerta metálica.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 Raúl Llanos Samaniego y Rocío González. (2017). Fallece menor en Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo. 21/11/2017, de La Jornada Sitio web:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/15/fallece-menor-en-centro-de-artes-y-
oficios-tiempo-nuevo-4220.html

2 Delegación Tlalpan. (2017). Reinaugura Tlalpan Centro de Artes y Oficios con actividades gratuitas. 21/11/2017, de Sitio web:
http://www.tlalpan.gob.mx/noticias/1209201701.php

3 Lilian Hernández. (2017). Acusan a funcionario de muerte de niña de 12 años en Tlalpan. 21/11/2017, de Excélsior Sitio web:
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/19/1202284






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar dando seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, y emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los casos en que se determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y personas damnificadas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es un país repleto de contrastes, por un lado su población se ha mostrado fuerte ante las adversidades, aunque por otro lado, el Estado no se ha conducido a la altura de las circunstancias con el ímpetu de velar por el bienestar de toda la población. Como ejemplo de lo anterior, puede tomarse todo lo acontecido a raíz de los sismos ocurridos en septiembre del año en curso, los cuales no solo implicaron fuertes consecuencias inmediatas para la población, sino que además han derivado en secuelas colaterales que a todas luces violentaron los derechos humanos de miles de víctimas y personas damnificadas.

Aun cuando la solidaridad, esfuerzo y compromiso de muchos mexicanos han jugado un papel fundamental en el proceso de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, es lamentable que otros abusaran de la contingencia, perpetrando actos violatorios de derechos humanos en un contexto ya de por sí vulnerable.

Penosamente el Estado mexicano no se ha caracterizado por promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en la materia. Tan solo el Informe sobre la Situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), da cuenta que “continúan siendo de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestas por razones de discriminación histórica o por sus actividades como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”.1

Asimismo, la CIDH concluye que la actual crisis de graves violaciones a derechos humanos es en parte consecuencia de la impunidad que persiste, por tanto, el reto del Estado mexicano es “cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una justicia pronta y efectiva”.2

En este sentido, el acceso a la justicia se ha convertido en una simple aspiración, puesto que quienes acuden para que se les administre e imparta bajo los principios y estándares establecidos, desisten ante la indiferencia de las instituciones y autoridades facultadas por la ley para hacerlo.

No bastando con la crisis de derechos humanos por la que el país está atravesando, y en consonancia con las diversas recomendaciones que, incluso organismos internacionales le han hecho al Estado mexicano, es indignante que las acciones no sean acordes a la coyuntura, la cual ha sido desafiante para gran parte de la población de las diversas entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre del presente año.

Como se ha sostenido en las presentes consideraciones, el embate de la naturaleza no se limita a las consecuencias inmediatas, pues aunado a ello se encuentran múltiples daños colaterales, de entre los cuales lamentablemente se hallan las violaciones a los derechos humanos. La presentación de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el principal medio para visualizar el panorama.

De acuerdo al Informe de las acciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,3 del 19 de septiembre al 6 de octubre de 2017, el concentrado de quejas recibidas por la CNDH con motivo del sismo ascendió a 119. De entre los motivos de las quejas destacan: 39 relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 34 solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21 quejas de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centro de trabajo y carecen de dictamen; 13 quejas relacionadas con prestación de servicios públicos, entre otras.

El 13 de octubre del presente año, mediante un comunicado de prensa, el Ombudsman nacional dio cuenta que la CNDH tenia registro de 130 quejas recibidas como consecuencia del sismo, y al respecto aseveró que los desastres naturales “evidenciaron la necesidad de consolidar esquemas que garanticen, en mejor forma, que las medidas que se han tomado para hacer frente a fenómenos naturales como los antes referidos, tengan desde sus primeros momentos una perspectiva de derechos humanos, con el fin de propiciar que las acciones que se emprendan para prevenir, contrarrestar y remediar sus efectos, asuman como premisa básica e irrenunciable el reconocimiento y respeto de la dignidad humana”.4

En otro rubro, la CNDH ya había hecho un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que la atención a las víctimas y personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, se realizaran bajo una perspectiva de derechos humanos;5 sin embargo, las irregularidades se siguieron dando constituyendo presuntas violaciones a derechos humanos.

Verbigracia, la retención de víveres en diversos puntos de las entidades federativas afectadas puede verse como una afectación grave a los derechos humanos; las irregularidades en la construcción de diversos inmuebles han puesto en peligro la vida de miles de personas; el manejo opaco de los recursos puede derivar en múltiples afectaciones, pues para la recuperación y reconstrucción requiere indudablemente de un ejercicio eficaz y eficiente, de lo contrario, se estaría afectando la esfera de bienestar y derechos de las víctimas.

Las investigaciones por los sismos siguen su curso, y es una necesidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como organismo público autónomo del Estado mexicano, persiga cabalmente el cumplimiento de su misión, es decir, la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los Tratados Internacionales y las Leyes.

En este sentido, el papel de la CNDH debe encaminarse a incentivar el cumplimento de lo mandatado en el artículo 1° de la Carta Magna, mismo que en su tercer párrafo refiere que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Por lo anterior, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se pretende exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que continúe dando seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, y emita las recomendaciones conducentes en los casos en que se determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y personas damnificadas.

En esta tesitura, es oportuno aclarar que no se demerita en forma alguna la actuación que la CNDH ha desempeñado hasta el momento, no obstante, es fundamental que su trabajo siga enfocado en formular las recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Ante la adversidad, las autoridades e instituciones deben trabajar en conjunto para fortalecer y consolidar el marco protector de derechos humanos; el esfuerzo requiere de acciones puntuales, compromiso y diligencia proporcionales al contexto por el que México atraviesa.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que en el ámbito de sus funciones, continúe dando seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, y emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los casos en que se determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y personas damnificadas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Situación de los derechos humanos en México”, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 44/15, Organización de los estados Americanos, 15 de diciembre de 2015, consultado el 21/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf

2 Ídem.

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Informe de las acciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 19 de septiembre al 6 de octubre de 2017”, 7 de octubre de 2017, consultado el 21/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_049.pdf

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Investiga la CNDH que omisión, negligencia, corrupción y falta de aplicación de la ley cobraron vidas y afectaron seguridad y patrimonio de las personas como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre”, Comunicado de Prensa DGC/336/17, Ciudad de México, 13 de octubre de 2017, consultado el 21/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_336.pdf

5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Llama CNDH a las autoridades a brindar atención a víctimas y personas damnificadas con perspectiva de derechos humanos”, Comunicado de Prensa DGC/316/17, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017, consultado el 21/11/2017 [en línea], disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_316.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la coordinación con los municipios y el gobierno federal en materia de seguridad, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva en la entidad, con el objeto de restituir el orden y la tranquilidad en todo el territorio estatal, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los habitantes. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública es un derecho fundamental, que permite garantizar la paz y el orden, así como la integridad y seguridad de la población; asimismo, es una condición elemental para sentar bases sólidas para el crecimiento económico y el progreso de la sociedad.

Los especialistas coinciden en que respetar el Estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social.1

Ello demanda la estrecha coordinación de los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pese a lo anterior, a un quinquenio de la actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el número de delitos continúa incrementándose de forma sistemática, en perjuicio de los habitantes.

Esta situación resulta preocupante, sobre todo, si consideramos que la seguridad pública se planteó como uno de los pilares de la agenda institucional, lo cual quedó de manifiesto en el Programa de Gobierno 2012-20182, estrategia para la cual se ha desplegado una cantidad de recursos financieros y tecnológicos sin precedente.

En efecto, desde el inicio de su gestión, el gobierno estatal se comprometió a abatir los índices delictivos y hacer de Guanajuato uno de los estados más seguros a nivel nacional. Pero, la realidad es distinta: actualmente se encuentra entre las entidades más inseguras del país.

Para poner en su justa dimensión esta grave problemática, cabe señalar que de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se observa un aumento sostenido del número delitos cometidos en lo que va del presente gobierno estatal. 

Basta mencionar que durante el periodo enero-octubre de 2017 el total de delitos cometidos ascendió a 98,384, cifra que representa un incremento de 10.8% con respecto al mismo lapso de 2016 y de 50% con relación a igual lapso de 2013.3

Tan sólo en el mes de octubre pasado, se registraron 10,769 delitos, lo que significa un alza de 17.7% con relación a igual mes del año pasado y 61% con respecto al inicio del gobierno.

De acuerdo con diversos medios periodísticos, durante octubre Guanajuato fue la entidad más violenta del país, con 325 homicidios.4 Cabe destacar que del total de homicidios cometidos en todo el territorio estatal, 119 fueron dolosos. De esta manera, la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes pasó de 13.60 en 2012 a 16.39 al cierre de 2016 y alcanzó 15.35% tan solo durante los primeros 10 meses del año en curso.

Por otro lado, mientras que el robo de vehículos con violencia registró tasas de 8.36%, 12.07% y 10.23%, respectivamente, sólo por mencionar algunos ejemplos de delitos que continúan creciendo en la entidad.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, con respecto al mismo mes del año pasado, los homicidos se incrementaron 14% y 28% con relación a la media nacional.5

No obstante, a ello hay que sumar los cometidos en días pasados en varios puntos de la entidad, lo que revela un incremento de este tipo de delitos en los últimos años, los cuales engrosarán la estadística delictiva oficial correspondiente al mes de octubre y para el cierre del año.6

Es indudable, que el aumento de la inseguridad en el ámbito estatal, revela el fracaso de la estrategia en materia de seguridad pública implementada desde el inicio de la actual administración. El gobernador Miguel Márquez Márquez ha sido omiso en garantizar este derecho elemental de la población.

El artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.7

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.8

Existe, entonces, una responsabilidad directa de las autoridades correspondientes sobre la situación de inseguridad que prevalece en la mayoría de los municipios de la entidad. 

En esta tesitura, resulta prioritario implementar políticas transversales en materia de seguridad pública, para lo cual es indispensable fortalecer las medidas de colaboración y cooperación entre el gobierno estatal con cada uno de los municipios de la entidad y el Gobierno Federal, con el propósito de restituir la paz y el Estado de Derecho en la entidad, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los guanajuatenses, factores medulares para el crecimiento económico y el progreso de la sociedad en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la coordinación con los municipios y el Gobierno Federal en materia de seguridad, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva en la entidad, con el objeto de restituir el orden y la tranquilidad en todo el territorio estatal, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los habitantes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf

2 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20
comun/Cieisp2016_102017.pdf

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Guanajuato-el-mas-violento-del-pais-
durante-octubre-20171121-0037.html

5 http://guanajuato.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

6 http://www.proceso.com.mx/505215/martes-rojo-en-guanajuato-ejecutan-a-nueve-personas-cjng-anuncia-
limpia

7http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3
n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

8 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a fortalecer las acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Santiago Cruz Bahena, alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, ocurrido el 20 de noviembre de 2017. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 20 de noviembre de 2017, se dio a conocer el homicidio de Santiago Cruz Bahena, Alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, quien tomaría protesta de Ley el próximo 1º de enero de 2018 por un periodo de cuatro años. Con base a información vertida en diversos medios de comunicación, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de su domicilio ubicado en la colonia centro del municipio1.  

En consecuencia, la Fiscalía Regional de la Zona Sur-Coatzacoalcos, inició la investigación correspondiente, señalando que el ilícito podría haber sido ejecutado por un grupo delictivo relacionado con el tráfico de combustible robado.

En otra línea de investigación, las autoridades ministeriales manifestaron que se investigaría a las autoridades municipales y elementos policiacos locales, por la probable responsabilidad por omisión. Además de la gravedad intrínseca de la conducta, cabe destacar que el Edil asesinado era reconocido como un hombre trabajador y honesto que había desempeñado distintos oficios y encargos, entre ellos, delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. 

Ante este escenario, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestra enérgica condena de los hechos ocurridos y al mismo tiempo, exigimos su esclarecimiento expedito y transparente. De la misma manera, dejamos constancia de nuestra solidaridad con el dolor e indignación de los familiares, amistades y equipo de colaboradores de la víctima.

Es importante poner en relieve que no se trata de un acontecimiento aislado, por lo que es necesario robustecer y ampliar las medidas y acciones que permitan la prevención, atención y sanción de conductas de esta naturaleza. Es urgente que en el estado de Veracruz se reformule su política criminal, a fin de evitar nuevos casos de homicidios, feminicidios, tortura, abusos de autoridad y violación a los derechos humanos en la entidad.

Para ponderar la gravedad del caso y el descontento colectivo, basta referir que de acuerdo con información de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en la percepción de la población respecto de la situación actual sobre la inseguridad pública en la entidad federativa, se percibió un aumento del 5.7% de 2015 al 2016, lo cual nos coloca en la necesidad de impulsar acciones conducentes, efectivas e integrales.

El homicidio que motiva el presente punto de acuerdo, deja de manifiesto que las autoridades estatales se han visto rebasadas y han sido incapaces de cumplir una función esencial a cargo de los tres órdenes de gobierno, como es la seguridad pública, lo que a su vez tiene repercusiones de diversa índole para la población de la entidad y por supuesto, para la familia de la víctima.

En este orden de ideas, cabe destacar que el clima de inseguridad, intranquilidad y miedo, constituye una preocupación latente y permanente en todo el estado debido a que cada vez son más los casos de homicidios dolosos con arma de fuego, así como con distintas agravantes en detrimento de la tranquilidad, seguridad y certeza de la población de la entidad.

Bajo este contexto, es fundamental que las autoridades encargadas de las tareas de administración y procuración de justicia  en el estado de Veracruz, lleven a cabo las investigaciones correspondientes, a fin de que los hechos sean totalmente esclarecidos, en virtud de que se trata de un acontecimiento ante el cual no podemos ser indiferentes y que no se limita al ámbito del derecho penal, sino que más bien, trasciende a la sociedad en su conjunto y las instituciones.

El exhorto formulado encuentra su sustento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Federal, que a la letra dispone: La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, (…). La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

En concordancia al precepto constitucional, la primera porción normativa del artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz2, señala que la seguridad pública se realizará a través de la Secretaría de Seguridad, las corporaciones policiales y fuerzas de seguridad estatales, así como los órganos auxiliares de la función de seguridad pública, de la Procuraduría General, y demás autoridades competentes en la materia.

A partir de las consideraciones expresadas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI condenamos los hechos ocurridos y hacemos el respetuoso pero enérgico llamado a que el homicidio sea esclarecido con la mayor celeridad posible, a fin de garantizar el acceso a la administración y procuración de justicia. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Santiago Cruz Bahena, Alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, ocurrido el 20 de noviembre de 2017; asimismo  se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, dé celeridad a las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-en-veracruz-edil-electo-de-hidalgotitlan

2 http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEYSESEGP250517.pdf






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones de difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención a quejas y denuncias del “Programa Paisano”, con motivo del periodo vacacional de invierno 2017. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El movimiento migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos de América (EUA) y el mundo, no es un fenómeno reciente, este ha sido un proceso dinámico que a través de los años ha incrementado su flujo. La historia de la migración ha estado relacionada principalmente a los problemas socioeconómicos de México, generando que la población de las diversas regiones del país emigren en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida.

Las diferentes crisis que enfrenta México, aunado a las desigualdades sociales y económicas en las zonas rurales de las entidades federativas, han generado que el incremento del movimiento migratorio de mexicanos a los EUA y diversas partes del mundo haya presentado un crecimiento considerable a través de los años, siendo el vecino país del norte el primer lugar de destino para los mexicanos. Tan solo en el año 2015 en dicha nación residían 11.6 millones de mexicanos, cifra que representa al 27% del total de migrantes en aquel país.1

Las condiciones de inseguridad que presenta México, además de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que regresan cada año al país en la temporada invernal, impulsó a que diversas organizaciones de carácter social, empresarial, religiosas y políticas, conformadas por mexicanos en territorio estadounidense, presentaran una propuesta al gobierno mexicano para brindar  ayuda jurídica necesaria y garantizar su integridad dentro del territorio nacional a su regreso durante esta temporada.

Derivado de lo anterior, en 1989 el Gobierno Federal mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación,2 implementó diversas acciones para profesionalizar a los servidores públicos establecidos en la frontera con EUA, en los puertos marítimos y aeropuertos internacionales, este acuerdo sería denominado como “Programa Paisano”, estrategia que se encuentra vigente hasta la actualidad y tiene como finalidad proteger la integridad física de los migrantes mexicanos que regresan a territorio nacional en las diferentes temporadas del año, atender las quejas y denuncias por agravios a sus derechos humanos, además de informar y difundir el cumplimiento de las diferentes obligaciones y derechos de estas personas.

El “Programa Paisano”, es un programa implementado de manera permanente en México en coordinación con los gobiernos estatales y municipales que conforman el territorio nacional, además integra a la ciudadanía para que de manera conjunta coadyuven a salvaguardar la seguridad y los derechos de los mexicanos que viven en el exterior y visitan a sus familiares en las diferentes temporadas del año, siendo en los periodos vacacionales de semana santa, otoño e invierno cuando se incrementan los esfuerzos por medio de diferentes operativos especiales, debido a que es en esas fechas cuando más connacionales ingresan a México, pero a pesar de esto, no se ha cumplido con el objetivo principal de garantizar la seguridad necesaria a estas personas.

Posteriormente mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de octubre de 1993, se creó el Instituto Nacional de Migración como órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación, el cual se ha encargado de la planeación, control, supervisión y evaluación de los servicios relacionados con la migración, además de brindar apoyo legal a los migrantes por medio de programas sociales.3

Con el incremento de la inseguridad en el país, los migrantes han optado por no visitar sus lugares de origen, ya que no tienen la confianza suficiente de regresar a México para reunirse con sus familiares en su localidad o establecer su residencia nuevamente cuando son repatriados de los Estados Unidos de América.

Tal es el caso de una familia del estado de Zacatecas, la cual fue víctima de la inseguridad pues fue despojada de sus pertenencias por tres sujetos a mano armada cuando transitaban por la carretera a Bermejillo, del estado de Durango, los delincuentes los llevaron a un lugar desconocido para poder realizar el acto, situación que fue denunciada a la Procuraduría General de Durango, pero no recibieron resultados claros sobre este caso, y tampoco fueron apoyados por parte de la Secretaría del Zacatecano Migrante.4 Lamentablemente se trata de uno de los tantos casos que se dan durante el regreso de los connacionales al país, lo cual podría demostrar las deficiencias que persisten en los programas implementados hasta el momento.

Es preciso señalar que de acuerdo a los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en cuanto se refiere a la emigración internacional desde el año 2008, el saldo neto migratorio decreció, ya que en este periodo tuvo una disminución de 43.5%, pasando de una cifra de 64.1 a 36.2 por cada 10,000 habitantes, y en el 2015 cerró con un registro de 22.3 personas por cada 10,000 personas.5

A pesar de que en los últimos años los indicadores de emigración internacional han tenido una disminución, contradicen a la situación que viven las diferentes entidades federativas, ya que cada vez más personas de sus localidades, se ven forzadas a abandonar sus lugares de origen en busca de nuevas y mejores oportunidades de empleo en otro país para garantizarle a su familia una mejor calidad de vida.

Asimismo, de acuerdo con datos estadísticos del Anuario de migración y remesas México 2017, elaborado y publicado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el país cuenta con 4 entidades federativas que registran un alto flujo de actividad migratoria, dichas entidades son: Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Nayarit.6

En el mismo informe, se muestra que debido a la migración internacional, la pérdida de población en el bienio comprendido por los años 2014 y 2015, fue más intensa en entidades que tienen tradicionalmente tasas migratorias elevadas por cada 10,000 habitantes, las cuales son: Michoacán con (-136.1%), Zacatecas (-115.8%), Guanajuato con (-108%), Durango con (-108.8%), Baja California con (-75.5%), Tamaulipas con (-72.9%) y Aguascalientes con (-60.4%), las cuales en conjunto representan a nivel nacional un saldo migratorio en torno a (-43.1%).7

En otro de los apartados del informe en comento, se hace referencia a los principales cambios en la migración internacional, los cuales se relacionan principalmente con la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo para mejorar su calidad de vida, a las condiciones sociales y políticas, así como al incremento de la violencia e inseguridad en sus localidades y los desastres naturales de sus regiones.

De acuerdo con los datos sociodemográficos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), uno de los principales motivos de migración de mexicanos a EUA, se debe a la falta de empleo y las diferentes crisis económicas en México; en el año 2008 el motivo del 14% de los connacionales que regresaron a territorio nacional fue para reunirse con sus familiares en la temporada de invierno, mientras que en 2015 esta cifra tuvo un incremento de un 10.4% cerrando con un registro de 24.4%.8

Debido a la poca credibilidad ante la ciudadanía por parte de las diferentes instituciones gubernamentales derivada de la corrupción e impunidad en México, los migrantes que sufren de inseguridad y violaciones a sus derechos humanos no se sienten con la certeza y confianza de denunciar estos delitos ante las instituciones correspondientes, ya que los servidores públicos que laboran en ellas no atienen adecuadamente estas quejas y denuncias, dejando a la deriva la investigación y persecución de los delitos, y provocando que los registros estadísticos no sean precisos.

La implementación de acciones que refuercen los programas para la protección de migrantes por parte de estas instituciones sigue representando un gran desafío, que mientras no se atienda, seguirá permitiendo que la delincuencia continúe violentando a los connacionales en su regreso al país.

El reporte de estadística del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C., menciona que en el año 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó en uno de sus informes especiales, que en el país durante ese mismo año fueron secuestrados cerca de 20,000 migrantes que transitaron por el territorio nacional, los cuales abandonaron sus regiones de origen en busca de una mejor calidad de vida; además la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), reportó en su “Informe de Migración por México” que 1,768 personas de una cifra total de 30,321 personas, recibieron algún tipo de atención en los diferentes albergues de esta organización. También señaló que habían sido víctimas de alguna violación, entre los delitos que se tienen registrados: el (66.5%) pertenece a robos, (25.7%) a extorsión, (2.6%) lesiones y (1.4%) secuestros.9

Uno de los datos más alarmantes, es que un 45.7% de estos delitos están relacionados con el crimen organizado, (12.8%) a particulares y un (41.5%) a las mismas autoridades, lo cual demuestra que los programas de seguridad en el país para los migrantes no han cumplido con los objetivos establecidos por el actual gobierno.10 Estos porcentajes señalan que en el país las estrategias de seguridad son deficientes, ya que permiten que los criminales se muevan y operen libremente, e incluso evidencian que las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de los mexicanos, se ven involucrados en acciones reprobables que lastiman diariamente a la sociedad.

Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno de la República se comprometió a generar las estrategias adecuadas a través de las instituciones encargadas de seguridad en México, con la finalidad de garantizar la integridad física de los migrantes que regresan a territorio nacional a visitar a sus familiares, además de buscar generar las condiciones adecuadas que garanticen nuevas y mejores condiciones de vida a través de los diversos programas del Instituto Nacional de Migración, pero a lo largo de estos 5 años de gobierno, no han logrado cumplir con los objetivos establecidos, ya que los migrantes siguen sufriendo de abusos a sus derechos humanos y siguen siendo victimas de diversos delitos perpetrados por parte del crimen organizado en las diferentes vías de comunicación del país.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Gobernación para que por medio del Instituto Nacional de Migración, fortalezca las acciones de difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento de obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención a quejas y denuncias del “Programa Paisano”, con motivo del periodo vacacional de invierno 2017, con la finalidad de que los connacionales tengan una estancia agradable y segura en compañía de sus familiares durante el periodo vacacional de inverno 2017.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración, fortalezca las acciones de difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como el cumplimiento de obligaciones y capacitación a servidores públicos en la atención a quejas y denuncias del “Programa Paisano”, con motivo del periodo vacacional de invierno 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. “Estadísticas INEDIM.”, [en línea] consultado el 30 de octubre de 2017, disponible en:
https://www.estudiosdemigracion.org/2017/04/13/estadisticas-2/

2 DOF. “ACUERDO por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales, en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país.” [en línea] consultado el 17 de noviembre de 2017, disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4810715&fecha=06/04/1989

3 DOF. “DECRETO por el que se crea el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 19/10/1993” [en línea], consultado el 30 de octubre de 2017, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4794257&fecha=19/10/1993

4 Reyna, Francely. “Asaltan a familia migrante“, NTR Zacatecas, [en línea], consultado el 16 de noviembre de 2017, di sponible en:
http://ntrzacatecas.com/2016/12/19/asaltan-a-familia-migrante/

5 “Información de migración internacional con datos de la ENOE 2015.”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), [en línea], consultado el 27 de octubre de 2017, disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_01_02.pdf

6 Comisión Nacional de Población (CONAPO). “Anuario de Migración y Remesas México 2017.”, [en línea] consultado el 13 de noviembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf P.142

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Opcít. 3

8 Ibíd. P. 5

9 Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. “Estadísticas INEDIM.”, [en línea] consultado el 30 de octubre de 2017, disponible en:
https://www.estudiosdemigracion.org/2017/04/13/estadisticas-2/

10 Ibíd.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del Deporte a ser garantes del derecho fundamental de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales como parte constitutiva de la calidad de vida. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE SER LOS GARANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES COMO PARTE CONSTITUTIVA DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO COMPLETO DE LA PERSONALIDAD EN LOS ÁMBITOS DE LA VIDA COMUNITARIA, DE LA VIDA SOCIAL, DEPORTIVA, COMUNITARIA Y CULTURAL DEL PAÍS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El hombre no es sólo homo sapiens y homo faber (el hombre que piensa y el hombre que trabaja) es también homo ludens (el hombre que juega): fiestas, danzas, juegos y música han sido siempre una parte importante de la vida de los pueblos, de hecho son actitudes y comportamientos absolutamente culturales. El juego es un rasgo cultural que han compartido todos los pueblos del mundo; En Mesoamérica destaca su variedad y es un elemento común en todas sus épocas.

Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México, constituyen uno de los bagajes culturales más antiguos de nuestro país; estos datan de al menos 3000 años de antigüedad. A lo largo del territorio Nacional se asientan múltiples evidencias; etnográficas, arqueológicas, históricas y orales. Algunas de las más importantes como las encontradas en las culturas de occidente, otras de gran relevancia en el mural de Tepantitla, en Teotihuacán, estado de México, en donde se observa a por lo menos ocho disciplinas deportivas, así como un sin fin de figurillas, estelas, códices y por supuesto las más de 1500 canchas de juego de pelota registradas en más de 250 zonas arqueológicas.

Actualmente los juegos autóctonos y tradicionales se desarrollan en diversos ámbitos: el indígena, rural, escolar y urbano, manteniéndose principalmente entre los grupos originarios del país, sin embargo el efecto combinado de la mundialización y la uniformización de la rica diversidad del patrimonio del mundo, ha propiciado la desaparición y la práctica de estas actividades.

Ante este panorama se constituye la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, A.C. (FMJDAT), en el año de 1997 con el fin de difundir, planificar, unificar, organizar y fomentar el génesis deportivo del país, así como reconocer, entre otros objetivos la vida lúdica del México antiguo.

La organización forma parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, está registrada en el sistema del  Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) y afiliada a la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME).

Con 20 años de creación, la organización cuenta con un registro de más de 200 actividades, clasificadas en: juegos, deportes y juegos de destreza mental y tiene veintidós asociaciones afiliadas en el país: (Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Guerrero, Oaxaca,  Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Zacatecas).

De estos estados trabaja con las siguientes comunidades indígenas: Rarámuris, Tzoziles, Tenek, Chontales, Mayas, Totonacas, Nahuas, Chichimecas y Mixtecos )

La FMJDAT, cuenta con 12 eventos anuales, campeonatos estatales por especialidad y el “Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales” evento que forma parte del SINADE (Sistema Nacional del Deporte), para atender lo señalado en la “Ley de estímulo y fomento del deporte, y en el programa de educación física y deporte 1995-2000”

Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, están incluidos en la Ley General del Deporte en el capítulo I, artículo 4º, inciso VII que a la lera dice: “Fomentar la difusión de los deportes autóctonos y tradicionales que promuevan la identidad nacional”…Publicada en el diario oficial de la Federación junio del 2000; como un programa prioritario de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes incorporados a los programas de los Institutos del Deporte Estatal.

La FMJDAT fue Premio Nacional de Deportes 2002,  y ha trabajado para que el juego y el deporte en México sean reconocidos como patrimonio cultural deportivo del país. (Artículo 88 último párrafo de la Nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, 2013).

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural deportivo del país y la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, del Distrito Federal o Municipales.

Así mismo los aspectos aquí destacados tienen respaldo internacional, uno de sus instrumentos principales es la “Carta Internacional de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales” promulgada por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien recomienda a los gobiernos…  “apoyar una política de conservación y valorización de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos que forman parte del patrimonio cultural de las regiones y los países, entre otras iniciativas” en la que quedó explícito que la mayor parte de los juegos y deportes tradicionales ya se han perdido y que los que subsisten corren el peligro inminente de extinción por lo que se deberá garantizar el derecho a practicar actividades físicas, deportes y juegos autóctonos y tradicionales como componente esencial de la calidad de vida y el pleno desarrollo de la personalidad, tanto en el sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social y se habrá de consolidar y ampliar la función que los juegos y deportes tradicionales pueden desempeñar en el ejercicio de este derecho fundamental.

Los juegos y deportes tradicionales forman parte del patrimonio mundial de la cultura y el deporte. Las investigaciones sobre dichos juegos y deportes, así como su preservación y promoción, deberán constituir el eje central de una política estatal y nacional de la cultura y el deporte.

Es necesario: Garantizar el derecho fundamental al ejercicio de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales como parte constitutiva de la calidad de vida y el desarrollo completo de la personalidad en los ámbitos de la vida comunitaria, de la vida social, deportiva, comunitaria y cultural del país. Garantizar todos los medios, recursos e infraestructura necesarios para la investigación, promoción y difusión de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de los pueblos originarios, ya que contribuyen a una vida de entendimiento mutuo y comportamiento pacífico entre los diferentes grupos sociales, las comunidades y las naciones. Consolidar los programas, acciones u otros planes de desarrollo de patrimonio lúdico de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales y ofrecer a todos los seres humanos la posibilidad de practicarlos, en particular a las comunidades, los jóvenes, los discapacitados y los grupos desfavorecidos de la sociedad. Promover medidas de protección a los juegos y deportes tradicionales con sus propias reglas, valores y originalidad. Promover el sentido moral, el espíritu de “juego limpio” y los valores interculturales de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales ya que podrían constituir un instrumento eficaz para la promoción de la tolerancia, el entendimiento mutuo, el respeto y la paz en una sociedad culturalmente diversa. Los juegos y deportes tradicionales deberán presentarse y reforzar los  festivales y las festividades que se celebren en los pueblos originarios  con amplia publicidad, a fin de sensibilizar al público a sus valores e importancia que representa en la dimensión sociocultural. Con miras a su promoción, los juegos y deportes autóctonos y tradicionales deberían introducirse en la labor de las escuelas, comunidades, instituciones y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Los medios de comunicación de masas deberían presentar y promover los juegos y deportes tradicionales de manera adecuada, habida cuenta de su importancia y de los valores que representan.  Los juegos y deportes tradicionales deberán figurar en una o enciclopedia del patrimonio lúdico de los pueblos originarios. Su inclusión en tal lista o enciclopedia supondrá que se preste la debida atención a los siguientes aspectos: su papel particular en la identidad cultural de las poblaciones interesadas, la existencia de reglas claramente definidas en los juegos, y su función en el fomento de la consolidación regional y local. Se deberán respaldar las medidas encaminadas a conservar los juegos y deportes tradicionales e indígenas en vías de desaparición y a restablecer para las generaciones futuras los que ya se han perdido, mediante su presentación en museos. Reconocer a los grupos, organizaciones y comunidades originarias que salvaguardan el patrimonio lúdico de los pueblos originarios y  sistematizar la información y experiencia de incorporación curricular en el sistema educativo. Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México, deben ser incorporados y reconocidos dentro de las políticas públicas de protección y desarrollo de patrimonio del país; son expresiones de identidad cultural de los pueblos originarios herencia de profunda raíz y memoria de nuestra identidad histórica.

Los juegos y deportes tradicionales deberán presentarse y reforzar los  festivales y las festividades que se celebren en los pueblos originarios  con amplia publicidad, a fin de sensibilizar al público a sus valores e importancia que representa en la dimensión sociocultural. Con miras a su promoción, los juegos y deportes autóctonos y tradicionales deberían introducirse en la labor de las escuelas, comunidades, instituciones y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Los medios de comunicación de masas deberían presentar y promover los juegos y deportes tradicionales de manera adecuada, habida cuenta de su importancia y de los valores que representan.  Los juegos y deportes tradicionales deberán figurar en una o enciclopedia del patrimonio lúdico de los pueblos originarios. Su inclusión en tal lista o enciclopedia supondrá que se preste la debida atención a los siguientes aspectos: su papel particular en la identidad cultural de las poblaciones interesadas, la existencia de reglas claramente definidas en los juegos, y su función en el fomento de la consolidación regional y local. Se deberán respaldar las medidas encaminadas a conservar los juegos y deportes tradicionales e indígenas en vías de desaparición y a restablecer para las generaciones futuras los que ya se han perdido, mediante su presentación en museos. Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México, deben ser incorporados y reconocidos dentro de las políticas públicas de protección y desarrollo de patrimonio del país; son expresiones de identidad cultural de los pueblos originarios herencia de profunda raíz y memoria de nuestra identidad histórica

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del Deporte, ser los garantes del derecho fundamental de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales como parte constitutiva de la calidad de vida y el desarrollo completo de la personalidad en los ámbitos de la vida comunitaria, de la vida social, deportiva, comunitaria y cultural del país. Garantizar todos los medios, recursos e infraestructura necesarios para la investigación, promoción y difusión de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de los Pueblos Originarios, ya que contribuyen a una vida de entendimiento mutuo y comportamiento pacífico entre los diferentes grupos sociales, las comunidades y las naciones. Consolidar los programas, acciones u otros planes de desarrollo de patrimonio lúdico de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales y ofrecer a todos los seres humanos la posibilidad de practicarlos, en particular a las comunidades, los jóvenes, los discapacitados y los grupos desfavorecidos de la sociedad. Promover medidas de protección a los juegos y deportes tradicionales con sus propias reglas, valores y originalidad. promover el sentido moral, el espíritu de “juego limpio” y los valores interculturales de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales ya que podrían constituir un instrumento eficaz para la promoción de la tolerancia, el entendimiento mutuo, el respeto y la paz en una sociedad culturalmente diversa y reconocer a los grupos, organizaciones y comunidades originarias que salvaguardan el patrimonio lúdico de los Pueblos Originarios y sistematizar la información y experiencia de incorporación curricular en el sistema educativo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a sumarse a las declaraciones de la Relatora Especial de la ONU sobre la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DE ASUNTOS INDÍGENAS FEDERALES Y ESTATALES A ATENDER EL NUEVO LLAMADO INTERNACIONAL, DE PARTE DE LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, VICTORIA TAULI-CORPUZ, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Ya es una constante los reiterativos llamados de organismos internacionales respecto a la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Informe anual, tras informe anual de temas relacionados con derechos humanos arrojan cifras rojas o francas evaluaciones negativas. Hemos asumido esa catástrofe humanitaria. Continuamente se elaboran acciones legislativas a través de las diversas comisiones de este Senado, especialmente de la de Derechos humanos que ha desarrollado una titánica labor en pro de su cumplimiento y que ha visto, casi con impotencia, la expansión de la violación a los derechos humanos a todo lo largo del territorio nacional.

Los llamados continúan, en esta ocasión de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las  Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz.

Esta soberanía conoce la labor de Los Relatores Especiales que forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos.

En este sentido y a través de ella, la ONU urgió a México a terminar con un “serio patrón” de abusos de derechos humanos de los pueblos indígenas. “El gobierno mexicano,  declaró, se debe “adoptar medidas decisivas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos”. Durante su reciente visita a México, la relatora se encontró con más de 200 personas de 23 diferentes grupos indígenas – la mitad de las cuales eran mujeres – provenientes de 18 estados de México. Sobre los megaproyectos que se imponen en las comunidades, advirtió que los pueblos indígenas no están siendo apropiadamente consultados, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida. Ella misma reconoce y elogia el apoyo de México para impulsar la agenda indígena en los foros internacionales, incluido el apoyo a mi mandato”; sin embargo señala que “este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México. El Gobierno mexicano debería adoptar medidas decisivas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas”.

Transcribo: “Esto podría generar las condiciones necesarias para un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas en que pudieran tratarse todas estas cuestiones pendientes y proporcionaría una oportunidad para establecer la confianza y crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.” Acusó que “A medida que integrantes de pueblos indígenas iban compartiendo conmigo sus problemas y sus historias, reconoció un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos”, apuntó la experta de la ONU.

Denunció que los pueblos indígenas no están siendo apropiadamente consultados, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida.” La Relatora Especial dijo que tiene la intención de enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores una lista de los casos que se me presentaron, para lo cual cuento con el consentimiento de las personas involucradas.

La Relatora Especial utilizó su visita, del 8 al 17 de noviembre, para examinar la implementación de las recomendaciones realizadas su predecesor el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas. Ni las recomendaciones del Dr. Stavenhagen ni la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas han sido completamente implementadas, apuntó. Su declaración expresa preocupaciones en un amplio rango de problemáticas entre las que se incluyen: tierras y territorios, autonomía, auto-determinación y participación política, auto-adscripción, violencia, impunidad y acceso a la justicia. Por otro lado la Relatora Especial agradeció al gobierno por haberla invitado a llevar a cabo la visita y saludó a México por su rol protagónico en la adopción de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, dijo que lamentaba mencionar que el nivel de diálogo e interacción sustantiva en algunas de las reuniones que mantuvo con autoridades gubernamentales fue, en ocasiones, limitado.

Esta nota recorre el mundo, aunque el mundo ya no se sorprenda de la cotidianeidad que viven los indígenas mexicanos en esta era mundial de expansión de la discriminación en todos los temas conocidos.

2.- Se expresa sinceramente la desesperación y la angustia de lo que sucede en el país. Este mes de octubre se llegó a un nivel histórico de la violencia en México. Desgraciadamente las notas al respecto son asunto ya de nuestra horrenda “normalidad”. Y mucho de esa violencia se concentra en la comunidad indígenas que ahora, aparte de todo, es la más olvidada de las consecuencias sísmicas, la pobreza y los procedimientos gubernamentales que los tienen en último lugar de las prioridades.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- El Senado de la República acuerda sumarse a las Declaraciones de la Relatora Especial de la ONU Victoria Tauli-Corpuz, sobre la Violación Sistemática de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México.

DOS.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación, a las dependencias gubernamentales de asuntos indígenas federales y estatales, en especial a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a atender el nuevo llamado internacional, de parte de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, respecto a que el gobierno mexicano debe adoptar medidas decisivas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos” y romper con “Serio Patrón” de abusos de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de  Oaxaca al cumplimiento inmediato y puntual a todas las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a las violaciones a los derechos humanos de 559 infantes y adolescentes por condiciones inadecuadas y falta de recursos en casas y comedores del niño indígena de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE OAXACA AL CUMPLIMIENTO INMEDIATO Y PUNTUAL A TODAS LAS RECOMENDACIONES QUE EMITIÓ LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE 559 INFANTES Y ADOLESCENTES POR CONDICIONES INADECUADAS Y FALTA DE RECURSOS EN CASAS Y COMEDORES DEL NIÑO INDÍGENA DE OAXACA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Una vez más venimos a solicitar  a esta soberanía unirse y fomentar participación de gobiernos para aliviar la problemática que se observa en las Casas Y Comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en Oaxaca. A lo largo de esta legislatura hemos realizado acciones legislativas que visibilizan la situación indígena, tan perseguida, tan obstruida, tan olvidada. Hemos de reconocer que los gobiernos, federal y los gobiernos locales se han visto superados por los índices de violencia. La crisis de gobernabilidad aumenta. Por ello se pretende que nos sumemos a esta recomendación de la Comisión Nacional de los derechos humanos que se cita de acuerdo a su comunicado de prensa del pasado 20 de noviembre del año en curso. Comunicado de Prensa DGC/384/17.

2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos fundamentales de 559 niñas, niños y adolescentes en Casas y Comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el estado de Oaxaca, consistentes en violencia física y psicológica, instalaciones deterioradas, falta de atención médica y alimentación de mala calidad, atribuibles a personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Servicios de Salud de Oaxaca y DIF-Oaxaca, por lo cual dirigió la Recomendación 52/2017 al Gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, y a la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado. Tras concluir su investigación, este Organismo Nacional determinó violaciones a los derechos al desarrollo integral de la niñez, a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental y social de las niñas, niños y adolescentes, al disfrute del más alto nivel de salud, así como inobservancia del principio del interés superior de la niñez. La CNDH documentó hechos de violencia física y psicológica como forma de castigo en agravio de los infantes, imputables a personal del IEEPO, así como omisiones a las obligaciones de adoptar medidas de protección en favor de las víctimas y la ausencia de protocolos de atención y prevención de la violencia escolar. Confirmó que 9 de las 41 casas visitadas no cumplen con las condiciones de habitabilidad adecuada para albergar personas, ya que presentan deterioros, humedades, filtraciones y daños estructurales que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los menores de edad que ahí pernoctan; de las valoraciones médicas practicadas a los ocupantes de 10 casas y 2 comedores, se observaron diversas afectaciones a la salud y datos clínicos de desnutrición infantil. La CNDH recibió la queja de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Oaxaca por el deterioro de la infraestructura y falta de recursos en las Casas del Niño Indígena. Este Organismo Nacional inició el expediente CNDH/2/2012/8451/Q, en el que se requirieron informes a las autoridades, se realizaron diversas diligencias y trabajos de campo y se recabaron testimonios. Se visitaron 10 de los 21 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena en el Estado de Oaxaca (CCDI), 41 Casas y 6 Comedores del Niño Indígena, donde se observaron las instalaciones, equipamiento y seguridad con que cuentan. Se entrevistó al personal encargado de esas instalaciones, se obtuvieron 1,059 encuestas, se realizaron 14 entrevistas grupales a 393 niñas, niños y adolescentes, en relación con el trato que reciben y sobre las condiciones de vida en las casas, así como valoraciones médicas y psicológicas, obteniendo 5,225 fotografías de esas visitas. Por todo ello, la CNDH solicita a la CDI otorgar prioridad y gestionar el presupuesto ante las autoridades hacendarias para lograr la rehabilitación, el mantenimiento y el mejoramiento de esas Casas y Comedores; generar estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la atención a las niñas, niños y adolescentes, para el efectivo cumplimiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en la entidad; revisar las reglas de Operación de ese Programa, para incluirle supervisión integral, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de esas instalaciones. Reforzar la capacitación y concientización de jefes y ecónomos de esas Casas y Comedores; desarrollar e impartir pláticas, cursos y talleres a las niñas, niños y jóvenes, así como a sus representantes o familiares, sobre la cultura de la no violencia y la denuncia; diseñar estrategias que permitan la intercomunicación, retroalimentación y participación efectiva de los infantes, sin distinción de género o estereotipos, en su propia lengua y en español, sobre sus derechos y deberes, así como las actividades y programas. Además, impulsar y reforzar la atención y otorgamiento permanente de servicios de salud; diseñar y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados un plan integral de alimentación y rehabilitación de las Casas y Comedores; colaborar con la CNDH en la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la CDI contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos; designar un funcionario de alto nivel como enlace con la CNDH para dar seguimiento a la Recomendación. Al Gobierno de Oaxaca se le pide que el personal del IEEPO adopte medidas de protección, en observancia del principio del interés superior de la niñez; se revisen perfiles y requisitos para la selección de personal responsable de las Casas y Comedores y se formulen mecanismos eficaces para su evaluación y capacitación; elaborar protocolos para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en los centros educativos, las Casas y Comedores, se les dé la debida publicidad y se otorgue capacitación sobre su cumplimiento. También, colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno de Oaxaca contra los servidores públicos involucrados; instruir la participación efectiva y directa del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca en los asuntos de las Casas y Comedores del Niño Indígena

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- El Senado de la República exhorta al Instituto Estatal de Educación pública de Oaxaca, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a los servicios de salud de Oaxaca y Dif-Oaxaca, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno de Oaxaca y al Gobierno de Oaxaca al cumplimiento inmediato y puntual a todas las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a la violaciones a los derechos humanos de 559 infantes y adolescentes por condiciones inadecuadas y falta de recursos en casas y comedores del Niño Indígena de Oaxaca descrito en el documento:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/2017/rec_2017_052.pdf; asimismo remitir a esta soberanía los procesos institucionales que se lleven a cabo respoecto a esta recomendación.

2.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias a fin de lograr la rehabilitación, el mantenimiento y el mejoramiento de las casas y comedores indígenas del programa de apoyo a la educación indígena, en el estado de Oaxaca, mencionadas en el documento citado en el punto primero.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República externa su congratulación con motivo de la reelección del Excelentísimo señor Xi Jinping como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China, como parte de los resultados del reciente XIX congreso nacional de su partido. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXTERNA SU MÁS SINCERA  CONGRATULACIÓN CON MOTIVO DE LA REELECCIÓN DEL EXCMO. SEÑOR XI JINPING COMO SECRETARIO GENERAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA  DE CHINA (PCCH) COMO PARTE DE LOS RESULTADOS DEL RECIENTE XIX CONGRESO NACIONAL DE SU PARTIDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Reciba mi más sincera congratulación con motivo de su reelección como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista  de China (PCCH) como parte de los resultados del reciente XIX Congreso Nacional de su Partido, además de felicitarle porque su pensamiento ha sido inscrito en el Documento constitutivo del PCCH, al tiempo que como acertadamente lo señalara en la apertura de los trabajos del Congreso, destaca la llegada de “una nueva era” para el socialismo en China. Reconozco su invaluable labor al frente de la República Popular China, por los logros al haber alcanzado que 60 millones de personas hayan salido de la pobreza en estos cinco años pasados, como muestra de la acertada conducción en la vida social, política y económica de China.

Reciba igualmente, mi felicitación por la elección de los miembros del Buró Político del Comité Central, así como de su Comité Permanente, a quienes deseamos pleno éxito en  sus encargos, así como mis saludos con la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República externa su más sincera congratulación con motivo de la reelección del Excmo. Señor Xi Jinping como Secretario General del Comite Central del Partido Comunista  de China (PCCH) como parte de los resultados del reciente XIX Congreso Nacional de su Partido.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Pierna Luna.






Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integran al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de las Personas sin Hogar”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial de las Personas sin Hogar

“Primavera en el hogar. No hay nada y sin embargo hay de todo.”
Masaoka Shiki (1867-1902)
Poeta y periodista japonés.

El día de hoy se conmemora el “Día Mundial de las Personas sin Hogar”, 28 de noviembre, pues lamentablemente, según cifras de la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU), en el mundo hay más de cien millones de personas “sin hogar”, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 70 seres humanos no cuenta con el cobijo de una vivienda.

Son muchos los términos para este caso: Persona sin hogar, sin techo, indigente, o persona en situación de calle. Lo cierto es que se trata de personas que carecen de un lugar permanente para residir y se ven obligadas a vivir a la intemperie, ya sea en la calle, en los portales de las fincas o temporalmente en albergues.

Se considera el nivel máximo de exclusión y marginación que puede existir en una sociedad moderna.

Las causas pueden ser muy variadas. Algunos autores las sintetizan o relacionan con el rompimiento de lazos familiares, personales, laborales y sociales, incluso, de adicciones y enfermedades o trastornos físicos y mentales.

También es cierto que las personas en situación de calle requieren de una atención muy especial, del apoyo que, de inicio, rompa con la indiferencia que sufre este sector de la población, además de canalizarlo a las instancias, instituciones y organizaciones que trabajen en programas que puedan brindarles apoyo para salir adelante y superar una de las situaciones de vida más deprimentes y lastimosas en las que se puede situar una persona.

Sin duda, uno de los anhelos de todas las personas, a veces hasta sin meditarlo, es contar con una familia y un hogar que sirva de refugio y sede de la misma.

Por ello, en el marco de este día 28 de noviembre, “Día Mundial de las Personas sin Hogar”, una día propicio para reflexionar sobre la importante de sacar de la invisibilidad social a las personas en este tipo de desgracia, de finalizar la indiferencia que más les victimiza, para en su lugar, impulsar los programas que en realidad puedan aportarles para su reinserción, para la recuperación de su autoestima, su salud, al sector laboral y en base a ello, dejen de ser parte de las estadísticas “sin hogar”, de los números “sin techo”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Nacional de las Personas Sordas”.

EFEMÉRIDE

Día Nacional de las Personas Sordas

28 de noviembre

El 28 de noviembre de cada año se conmemora el Día del Sordo en México, celebración que tiene como principal intención la de concientizar a la población en general sobre los problemas de las personas que viven con esta discapacidad y reflexionar en torno a las leyes, normas sociales y costumbres, y cómo podrían modificarse para incluirlos de forma más justa a la sociedad.

Esta conmemoración nace a raíz de un acto histórico realizado por Benito Juárez quien en 1865, envió un emisario a Río de Janeiro para contactar a Eduard Huet un maestro francés con sordera, fundador de la primera escuela pública para sordos en Brasil. Más tarde, el maestro Huet llegaría a México para arrancar un programa de educación pública similar en nuestro país.

 Fue así como para el año 1867 un 28 de noviembre se fundó la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México por decreto del mismo Juárez, con esta acción se marca un importante paso en el camino de la inclusión de todas las personas con esta discapacidad en México.

A 150 años de esta acción y de los importantes cambios que se han generado en la atención de la diversidad en la actualidad, aún existen muchos retos por cumplir.

Existe gran necesidad de intérpretes en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

En México existen aproximadamente 40 intérpretes certificados en LSM y la mayoría se encuentran en la Ciudad de México.

 La mayoría de las escuelas que ofertan la licenciatura en Educación Especial tiene la opción de formar a sus estudiantes en este sistema alternativo de comunicación por lo que hay un buen número de profesionales que podrían aspirar a esta certificación, habría que generar las condiciones para que sea posible ya que es un derecho que las personas sordas cuenten con servicios médicos, legales y educativos en su lengua nativa.

En este día, los invito a concientizar la importancia de la inclusión de las personas que día a día lidian con cualquier discapacidad, las pequeñas acciones son las que generan los grandes cambios, sobre todo aquellas que van orientadas a modificar   las formas de ver y entender la realidad. Avancemos hacia una mejor cultura de  inclusión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 28 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, sobre el fallecimiento de Fidel Alejandro Castro Ruz.

EFEMÉRIDE

Sobre el fallecimiento de Fidel Alejandro Castro Ruz

Este 25 de noviembre de 2017, se cumplió un año de la partida física del revolucionario y Estadista cubano Fidel Alejandro Castro Ruz, líder indiscutible de la Revolución cubana de 1959, que transformó la vida de la República de Cuba, al lograr derrotar al imperio de los Estados Unidos de América y sentar las bases para una nueva forma de vida de la población de su patria, iniciando por la importante tarea de que la población toda fuera alfabetizada, mejorando así las condiciones y los niveles de educación; la reorganización del sector de la salud, para garantizar el acceso universal a la misma, siendo pilar del desarrollo humano en Cuba; rediseñó el sistema de educación para ser accesible universalmente y aumentar la inversión en las personas (capital humano) entre otros logros fundamentales de la Revolución cubana que encabezó.

Pero la calidad humana y el sentido profundamente social y solidario de Fidel, llevó a que Cuba -hasta nuestros días,- brinde al mundo la prestación de servicios médicos, excelente acción que constituye un importante activo humanitario, con la prestación de asistencia médica cubana a muchos países necesitados, entre ellos y recientemente, en México, con motivo de los sismos del pasado mes de septiembre del año en curso, con el invaluable apoyo de la Brigada Médica Internacional Henry Reeve, la que este año recibiera el premio Dr. LEE JONG-WOOK de Salud Pública por parte de la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, en reconocimiento a su labor de medicina asistencial en emergencias a más de 3,5 millones de personas en 21 países afectados por desastres y epidemias, desde su creación en septiembre de 2005.

Pero quizá el mayor logro de Fidel y que, en este su primer Aniversario Luctuoso es menester recordar, es su profunda noción de emancipación de los pueblos partiendo de la unidad  como bien supremo y como el más legítimo anhelo de los pueblos del mundo, lo que conlleva a la preservación de la paz y la seguridad internacional, de ahí que fuera Fidel un incansable promotor esencial de este inalienable derecho, y como en el propio Senado mexicano hemos reconocido, fue un importante impulsor de la creación de organismos internacionales cuyos principios se basan en esa noción, tales como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Comunidad del Caribe (CARICOM), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Asociación de Estados del Caribe (AEC)  por mencionar unos ejemplos.

Así, la idea de la unidad de los pueblos como principio de paz en el mundo, quedó plasmada cuando Fidel, en su breve artículo “Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos” (14 de febrero de 2016)  escribiera: “…La paz ha sido el sueño dorado de la humanidad y anhelo de los pueblos en cada momento de la historia. Miles de armas nucleares penden sobre las cabezas de la humanidad….Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos, cualesquiera que sean sus religiones o país de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su juventud.”

En este Primer Aniversario Luctuoso de Fidel Castro, su pensamiento y legado es cada vez más vigente. Fidel siempre presente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

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Sen. Dolores Padierna Luna.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Nacional de la Conservación”.

EFEMÉRIDE

“Día Nacional de la Conservación”
27 de noviembre

México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de plantas y animales1. Nuestro país representar apenas el 1% de la superficie terrestre y en ella resguarda al 10% de la diversidad biológica del mundo2. Esta inmensa diversidad de especies, sumada a una enorme diversidad de ecosistemas, la quinta en el mundo, es resultado de las características geográficas, la variedad de climas y la compleja topografía de México3.De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México, en cuanto al número de especies, ocupa a nivel mundial el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas vasculares y anfibios y el octavo en aves4. La mayoría de estas especies son endémicas de nuestro país5.

La riqueza natural de nuestro país nos coloca en un lugar privilegiado. Sin embargo, las interacción entre los diferentes ecosistemas y las actividades antropogénicas, como la agricultura, la ganadería, la urbanización, la cacería ilegal y el tráfico ilegal de vida silvestres, han ocasionado la modificación, fragmentación y pérdida de los sistemas biológicos naturales, teniendo un alto costo en términos de biodiversidad. Para salvaguardar esta inmensa biodiversidad, nuestro país cuenta con un sistema de 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que representa una superficie total de 908,395.20 km2, es decir 91 millones de hectáreas protegidas, de las cuales 21 millones son terrestres y de aguas continentales y 70 millones son marinas6. En total la superficie protegida por ANP representa el 10.6% del territorio nacional continental y 22.05% de la superficie marina del país. Complementaria a este esquema de conservación, las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) suman un total 407, 664.56 hectáreas distribuidas en distintos sitios que conservan ecosistemas tan diversos como bosques, selvas, manglares y desiertos7.

Con el objetivo de acercar a la sociedad en general a la naturaleza, estrechando su relación con la premisa de que sumar cada pequeño esfuerzo puede lograr grandes cambios de impacto positivo en el medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instituyó en el año 2001 el 27 de noviembre como el Día Nacional de la Conservación8.

Este día fue elegido para conmemorar la designación del primer Parque Nacional del país, El Desierto de los Leones en el año 19179. Durante este día diversas dependencias e instancia educativas realizan eventos como exposiciones y talleres, hasta actividades como limpiar ecosistemas específicos o emprender campañas para su cuidado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de noviembre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 ¿Qué es un país mega diverso? CONABIO. Consultado en línea el 27/11/2017:
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

2 Sarukhán, et al. 2012. Capital natural de México. Acciones estratégicas para su valoración, preservación y recuperación. CONABIO, México.

3 Meiners Ochoa. M., y L. Hernández López. 2007. Únicamente en México...especies endémicas y plantas de Jalisco. CONABIO. Biodiversitas 71:10-15.

4 ¿Qué es un país mega diverso? CONABIO. Consultado en línea el 27/1/2017:
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html.

5 Especies endémicas. Biodiversidad Mexicana. CONABIO. Consultado en línea el 27/11/2017:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html. 

6 CONABIO. 2017. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Áreas protegidas en México. Consultado en línea el 27/11/2017. Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enmexico.html. 

7 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2016. Prontuario Estadístico y Geográfico de las Áreas naturales Protegidas de México. Consultado en línea:
http://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/prontuario-estadistico-y-geografico
-de-las-areas-naturales-protegidas-de-mexico?idiom=es

8 UV. 2009. Semana Nacional de la Conservación 2009. Consultado en línea:
http://www.sivu.edu.mx/portal/boletines/Boletin1[1].pdf?m=1

9 El Siglo de Torreón.2012.  2001: Se celebra el primer Día Nacional de la Conservación. Consultado en línea:
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/812056.2001-se-celebra-el-primer-dia-nacional-de-la-conservacion.html






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 30 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:51 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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