Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de mayo de 2018
    
    

Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 27



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Noviembre de 2017

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PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

APERTURA

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 83 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Se abre la sesión del jueves 16 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las doce horas con cuarenta y dos minutos del día martes catorce de noviembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes noventa y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, su informe de actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Pesca y Acuacultura, su informe de actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, su informe de actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Protección Civil, su informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Marco Antonio Blázquez Salinas, el informe de su participación en el Foro "Investing in the Future: People, Planet, Prosperity", celebrado los días 2 y 3 de junio de 2015, en París, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, comunicación en relación con el desarrollo de la reunión de la Comisión de Educación del 31 de octubre pasado, en la que recibió la comparecencia del Secretario de Educación Pública.- Quedó de enterado. Se publicó en la Gaceta y se integró al Diario de los Debates.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero de 2014, hecho en la Ciudad de México el veintinueve junio de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en Madrid el veinte de abril de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza sobre Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el Informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período julio-septiembre de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, su Informe sobre el uso del endeudamiento al primer trimestre de 2017.- Se remitió a la Comisión de Energía.

(Comunicaciones de gobiernos y parlamentos extranjeros)

Se recibieron comunicaciones de la República de Singaur y del Senado de Filipinas, por las que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.- Quedaron de enterado.La Presidencia instruyó emitir comunicaciones de agradecimiento, en su caso.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron dos oficios con los que remite respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión  Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

(Toma de protesta)

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Celestino Cesáreo Guzmán como Senador de la República.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.- La Mesa Directiva informó que para el trámite de éste y los siguientes seis dictámenes sobre instrumentos internacionales, se acordó realizar una discusión de forma continua de cada uno y posteriormente pasar a las votaciones nominales, también de forma continua, para       cada dictamen. Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Intervinieron los Senadores: Raúl Morón Orozco, quien se refirió a los Acuerdos entre el gobierno de México y los gobiernos de Brasil y Haití; y Luisa María Calderón Hinojosa. El dictamen se reservó para su votación nominal al concluir la discusión de todos losinstrumentos internacionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.-Intervino el Senador Félix Arturo González Canto del PRI. El dictamen se reservó para su  votación nominal al concluir la discusión de todos losinstrumentos internacionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince.- Intervino la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. El dictamen se reservó para su votación nominal al concluir la discusión de todos losinstrumentos internacionales.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva, en atención a la petición del Senador Teófilo Torres Corzo, solicitó un minuto de silencio por las víctimas de los sismos ocurridos en Irán e Irak.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el siete de mayo de dos mil quince.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal al concluir la discusión de todos losinstrumentos internacionales.

 

La Presidencia emitió un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en torno a los sismos ocurridos en Irán e Irak y en Costa Rica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- Intervino la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. El dictamen se reservó para su votación nominal al concluir la discusión de todos losinstrumentos internacionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal al concluir la discusión de todos losinstrumentos internacionales.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Cultura, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de diciembre de dos mil quince.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal al final de los dictámenes anteriores.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, fue aprobado por 92 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince, fue aprobado por 89 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince, fue aprobado por 88 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el siete de mayo de dos mil quince, fue aprobado por 89 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, fue aprobado por 89 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, fue aprobado por 89 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el once de diciembre de dos mil quince, fue aprobado por 92 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, por las comisiones. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes:

1) De la Comisión de la Ciudad de México, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la información sobre los inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

 

2) De la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con punto de Acuerdo    que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus    municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al    Pacto de política alimentaria urbana de Milán.

 

3) De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado y uso racional del agua.

Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con punto de Acuerdo que exhorta a los legisladores de los congresos locales a sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México.-  Intervinieron los Senadores: Lisbeth Hernández Lecona del PRI; Luisa  María Calderón Hinojosa; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; e Isidro Pedraza Chávez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 198 expedientes de servicio de personal naval, para ratificación de diversos grados.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a la Comisión de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 153 expedientes de servicio de personal militar, para ratificación de diversos grados.- La Mesa Directiva informó de su recepción y turno        directo a la Comisión de Defensa Nacional.

 

La Presidencia informó que la Junta de Coordinación Política solicitó a la Mesa Directiva, que la votación del Acuerdo sobre la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se difiera para la próxima sesión.

(Excitativa)

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa sobre la iniciativa ciudadana que reforma las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional.- La Presidencia emitióexcitativa a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se turnaron diversos asuntos publicados en la Gaceta del 9 de noviembre de 2017:

(Proposiciones)

Del Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en términos de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento y de los títulos de concesión de las aerolíneas de transporte de pasajeros, dé cumplimiento a lo establecido en los mismos y analice la cancelación de rutas de aviación tomando en cuenta un análisis de impacto jurídico, económico y de alternativas de transporte para resolver su autorización.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a hacer públicos los criterios de selección de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de 15 estados de la República.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística "Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a agilizar el cumplimiento de las metas establecidas en el "Programa Escuelas al Cien", en los planteles escolares que ya cuentan con suficiencia de recursos para el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de fiscales del llamado caso "Paradise Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos recursos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a coordinar, verificar y dar seguimiento a las acciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación en su segundo informe parcial de la revisión de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a flexibilizar y agilizar los trámites necesarios para que las entidades afectadas por los desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la reconstrucción nacional.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para impulsar la loable finalidad del denominado "Buen Fin" en su edición 2017, como un proyecto para incentivar la economía de nuestro país, principalmente en las zonas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre en centro y sur del territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la Secretaría de la Función Pública a informar las razones que ponen al descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados para operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-Toluca.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a remitir un informe sobre el aseguramiento de las cajas de seguridad, realizado en Cancún Quintana Roo a la empresa "First National Security" y en el caso de no haber motivos para seguir resguardando su contenido, procedan a la devolución.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a sus órganos registrales a impulsar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales en nuestro país, particularmente en aquellas de mayor marginación.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de los funcionarios involucrados en el desvío de recursos por pagos y concesiones irregulares de PEMEX a la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a implementar diversas medidas para la operación y fiscalización de los recursos y acciones de apoyo destinados a la población afectada por los sismos de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar oportunamente los establecimientos mercantiles que participarán en el "Buen Fin 2017", que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, a efecto de verificar que no se realicen prácticas abusivas ni publicidad engañosa que vulnere el derecho de los consumidores.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de brindar mayor visibilidad dentro de las campañas que se realicen en el sector salud a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades hematológicas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a replantear su estrategia en materia de seguridad pública ante el incremento de la incidencia delictiva en diferentes municipios de la entidad, con el objeto de restituir el orden y la paz, así como salvaguardar la tranquilidad e integridad de los habitantes.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocer, para que elabore una estrategia que permita actualizar la norma técnica de competencia laboral, atención integral a la mujer y a la niña o niño antes, durante y después del nacimiento, y publicarla como estándar de competencia, con la cual se facilitará el proceso de certificación de parteras en México.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral al gobierno de Nuevo León, a fin de fiscalizar los recursos transferidos por el gobierno del estado para los centros de desarrollo infantil operados por personas vinculadas al Partido del Trabajo, debido a presuntas irregularidades como lavado de dinero y desvío de recursos públicos, y en su caso deslinde las responsabilidades conducentes.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a realizar una revisión integral de la declaración patrimonial y de los ingresos y egresos del gobernador Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, ante las diversas denuncias de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos económicos, humanos y de infraestructura para beneficio personal en la construcción de un inmueble en el ejido Pablillo del municipio de Galeana.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a realizar una auditoría a los contratos otorgados a la empresa Constructora Makro, en virtud de una probable asignación irregular de obras.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar de manera urgente acciones orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad, con el objeto de garantizar de manera efectiva el respeto a sus derechos humanos.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a realizar una auditoría al manejo y aplicación de los fondos y recursos del "Proyecto Ecovía".- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

(Efemérides)

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Francisco Xavier Mina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Cartero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Neumonía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Libro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Libro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Urbanista Mexicano".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Se turnaron los siguientes asuntos publicados en la Gaceta del 14 de noviembre:

(Iniciativas)

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 15 y una fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que modifica el párrafo segundo del artículo 4o. y se adicionan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 105 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el artículo 172 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que la Magistrada Aralí Soto Fregoso se excuse de conocer y participar en el asunto relativo a la validez de la elección a gobernador de Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe en el que detalle el estado que guardan las denuncias interpuestas por la Secretaría de la Función Pública contra los servidores y ex servidores públicos acusados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas comisiones del Senado de la República a abocarse al estudio y, en su caso, modificación del artículo 131, párrafo segundo, inciso a) de la Ley Federal de Telecomunicaciones, decretado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de agosto de 2017.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a que sus órganos de control inicien los procedimientos correspondientes por el desvío de recursos públicos, relacionados con los rubros de pago de fondo de pensiones y/o la retención de impuesto sobre la renta derivado de salarios de los trabajadores realizadas por las antecesoras administraciones.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en la población.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una investigación exhaustiva respecto a los vínculos del ex gobernador Humberto Moreira y el actual gobernador Rubén Moreira con el crimen organizado.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la Declaratoria de Zona Económica Especial para el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación de los casos de corrupción relativos a la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de reasignaciones de permisos para la pesca en la localidad de Sabancuy, municipio del Carmen, estado de Campeche.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República ejerce la facultad establecida en el artículo 105, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobadas el 26 de octubre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación de los casos de corrupción relacionados con "La Estafa Maestra" y las ramificaciones que pudieron tener durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana los resolutivos primero a tercero; y a la Junta de Coordinación Política el cuarto de ellos.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contenidas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al titular del Ejecutivo Federal a generar las acciones necesarias a fin de promover la adopción de niños mexicanos.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que solicita la creación de una comisión especial para la investigación de la adquisición y uso de software para intervenir comunicaciones, en particular del denominado "Pegasus".- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, en coordinación con el gobierno del estado de Campeche, implementar una estrategia y acciones que posicionen a dicho estado como una de las entidades federativas con mayor legado histórico, potencial cultural y arqueológico del país, a fin de fomentar inversiones e incrementar el flujo de turistas tanto nacionales como internacionales.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades federativas a que, en el proceso de diagnóstico de la diabetes mellitus y condiciones médicas asociadas, se realicen las pruebas oftalmológicas necesarias para detectar complicaciones que lleven a los pacientes a una ceguera progresiva.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre la autorización concedida para realizar una oferta pública de adquisición relacionada con la empresa OHL México, los criterios para determinar el precio de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar y resolver la situación que prevalece en torno a los puentes peatonales.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la realización de revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad privada a diecisiete adolescentes centroamericanos en la estación migratoria de Puebla, al constituir una violación a los derechos de la infancia en el contexto de la migración internacional.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República iniciar acción penal en contra de quien resulte responsable de la probable comisión de delitos electorales durante la campaña electoral a gobernador del estado de México en 2017, relacionados con la intervención de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) y diversas autoridades del estado de México.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar la cobertura del oficio circular No. SSPEDR.600/126/2017 al año fiscal 2018, a fin de que las autoridades estatales y municipales que cuenten con Declaratoria de Desastre Natural por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre, puedan ejercer los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para la reconstrucción y/o rehabilitación de viviendas y la infraestructura social básica dañada por los fenómenos naturales, así como abrir la posibilidad de atender los edificios públicos dañados.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de un ejemplar de la Phocoena Sinus, conocida como "vaquita marina", producto de las actividades de rescate del Proyecto Vaquita CPR.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe del estado que guardan las investigaciones en contra de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), relacionadas con la probable comisión del delito de lavado de dinero en México.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Universidad Nacional Autónoma de México a investigar presumibles actos de acoso sexual en contra de estudiantes de la máxima casa de estudios.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria al Diputado Freddy Guevara Cortez, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, al representar un hecho que vulnera el estado de derecho, la división de poderes y el respeto a los derechos civiles y políticos en la hermana república sudamericana.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente la detención de la niña mexicana con discapacidad Rosa María Hernández por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América y exhorta a las autoridades competentes a velar en pro de sus derechos bajo el principio del interés superior de la niñez.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y a la Conferencia Nacional de Procuradores a informar respecto del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto mediante el cual se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales y remitan los informes a los que se refiere dicha disposición normativa.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a la prevención y atención oportuna de enfermedades respiratorias por la temporada invernal.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a agilizar la aprobación de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, con la finalidad de que se proporcione atención inmediata a los damnificados, así como la reconstrucción y rehabilitación de los bienes inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar las campañas y acciones que concienticen a la población sobre la importancia de la seguridad vial, a fin de reducir el número de muertes asociadas a los accidentes de tránsito, que ocupan la primera causa de fallecimiento en jóvenes entre los 15 y 29 años del país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo el rediseño y fortalecimiento de sus estrategias en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia, ante el incremento exponencial de los delitos del fuero común que se ha registrado durante 2017 en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Delegación Iztapalapa a informar sobre el avance en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación que señalan diversas irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que representan un presunto daño al erario público por más de 100 millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Delegación Benito Juárez, al Instituto de Verificación Administrativa, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial a iniciar las acciones que conforme a derecho procedan en contra de los desarrollos inmobiliarios que violan el uso de suelo y la normatividad aplicable en materia de construcción en la Delegación Benito Juárez.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde explique cuáles son las características, alcances y los resultados del Programa "Manos a la Escuela".- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Tolerancia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Libro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el cuadragésimo tercer aniversario de la aprobación Constitucional de la Igualdad Jurídica de la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con seis minutos y citó a la siguiente el jueves dieciséis de noviembre a las once horas.

 

Fin de sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

Una, del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades al año 2017.








Una, del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, con la que remite el informe de la participación de la Delegación del Congreso Mexicano en la 137ava. Asamblea de la Unión Interparlamentaria, realizada en San Petersburgo, Rusia, del 14 al 18 de octubre de 2017.








Una, del Senador Luis Sánchez Jiménez, Coordinador del grupo parlamentario del PRD, por la que informa que el Senador Celestino Cesáreo Guzmán manifiesta su deseo de incorporarse a ese grupo parlamentario, a partir del 14 de noviembre de 2017.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: La Asamblea ha quedado enterada. Por lo que respecta a la incorporación del Senador Cesáreo Guzmán al grupo parlamentario del PRD, comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron doce oficios con los que se remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: También, de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Asimismo, la Colegisladora nos remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.






Compañeros Senadores, nuestro siguiente asunto es la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Marina, que ratifican 198 grados navales. Los dictámenes están publicados en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea a qué se refiere cada dictamen.

RATIFICACIÓN DE GRADOS NAVALES

(Dictámenes a discusión)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tenemos los siguientes dictámenes:

Por el que se ratifica 1 nombramiento del Almirante.








Por el que se ratifican 14 nombramientos de Vicealmirante.








Por el que se ratifican 42 nombramientos de Contralmirante.








Y por el que se ratifican 141 nombramientos de Capitán de Navío.



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión de los cuatro dictámenes se realice de manera conjunta.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión de los cuatro dictámenes se realice en forma conjunta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, para presentar los dictámenes.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros Senadores. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la palabra en esta tribuna, con la finalidad de referirme al tema del personal de la Armada de México, a quienes el Ejecutivo Federal les ha otorgado el ascenso de acuerdo con las facultades que le otorga nuestra Carta Magna.

Y ahora nos corresponde a nosotros, a este Senado, ratificar los nombramientos de conformidad a nuestras facultades en el Senado de la República.

El acto de otorgarles una nueva jerarquía en el instituto armado, es de un alto significado para el personal naval, toda vez que recoge la esencia misma de la profesión militar y representa un reconocimiento a su trayectoria en el servicio de las armas y que han alcanzado por sus propios méritos los grados de Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y Capitán de Navío, respectivamente.

Alcanzar los más altos grados dentro de las Fuerzas Armadas, implica un compromiso personal y un alto sentido de responsabilidad compartida con nuestro país y con los mexicanos, cuyo objetivo fundamental es el servir a los intereses de las instituciones del Estado y a la sociedad.

El personal de la Armada de México tiene siempre como prioridad, aún sobre sus intereses propios y de cada uno de ellos, salvaguardar la integridad y velar por la seguridad de la Nación, en ese caso de la Marina, en la mar. Favoreciendo además, de manera decidida, el fortalecimiento de la seguridad del país, mediante el ejercicio de funciones del Estado en las zonas marítimas mexicanas.

En este sentido, la trayectoria personal del personal naval, que esta soberanía considera ratificar en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, se encuentra orientada al análisis de la experiencia profesional y al aporte que a través de cada una de sus labores que han desempeñado han demostrado por qué el día de hoy habremos de poner en la mesa sus ascensos de acuerdo a la propuesta de nuestro Presidente.

Resaltamos el significado que lleva el otorgamiento de su nueva jerarquía y su ratificación, el esfuerzo, su tenacidad, su compromiso y entrega al pueblo mexicano.

Y en este momento, quiero expresar un amplio reconocimiento por todas las labores que más allá de su actividad específica le han servido a México en los pasados desastres naturales, todo mi reconocimiento y el reconocimiento de la Comisión de Marina para todos aquellos que han estado al pendiente de la integridad en México.

Sabemos que no es fácil la tarea de los marinos mexicanos, en las tareas de vigilancia en las zonas marítimas mexicanas, que motiva el alejamiento físico de su familia, pero también sabemos del esfuerzo y la dedicación que es recompensado con el ascenso y el cariño de su familia que espera ansiosa su arribo a puerto y, por supuesto, el afecto de la sociedad.

Por todo lo expresado, compañeros Senadores y Senadoras, los exhorto a que votemos favorablemente los dictámenes que hoy se someten a su consideración, como una manera de reconocer al personal de la Armada de México, que tienen como única misión servir a México y a los mexicanos.

Muchas gracias.

Es cuanto.

Intervención



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Barroso Agramont.

Están a discusión los cuatro dictámenes.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la votación de los cuatro dictámenes se realice en un solo acto.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la votación de los cuatro dictámenes en un solo acto.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que la votación nominal de los cuatro dictámenes se realizará una vez concluida la discusión de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional. Se reservan para su votación nominal.

Honorable Asamblea, recibimos doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, que ratifican 153 grados militares.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a los asuntos de hoy los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

Los dictámenes están a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.






Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea a qué se refieren.

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

(Dictámenes a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Tenemos los siguientes dictámenes:

Por el que se ratifican 8 nombramientos de General de División.








Por el que se ratifica un nombramiento de General de División Piloto Aviador.








Por el que se ratifican 17 nombramientos de General de Brigada de Arma.








Por el que se ratifica un nombramiento de General de Ala Piloto Aviador.








Por el que se ratifican 3 nombramientos de General de Brigada de Servicio.








Por el que se ratifican 24 nombramientos de General Brigadier de Arma.








Por el que se ratifican 5 nombramientos de General de Grupo Piloto Aviador.








Por el que se ratifican 4 nombramientos de General Brigadier de Servicio.








Por el que se ratifican 53 nombramientos de Coronel de Arma.








Por el que se ratifican 7 nombramientos de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador.








Por el que se ratifican 24 nombramientos de Coronel de Servicio del Ejército.








Y por el que se ratifican 6 nombramientos de Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea.



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que la discusión de los 12 dictámenes se realice de manera conjunta.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión de los 12 dictámenes se realice en forma conjunta.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, para presentar los dictámenes.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

Venimos a presentar a nombre de la Comisión de Defensa Nacional un total de 12 dictámenes como ya dio cuenta el Secretario de esta Mesa Directiva, que son para ratificar grados militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conferidos por el Ejecutivo Federal y que corresponden a diferentes ascensos a General y a Coronel en los términos que ya se le dio lectura por parte de la Secretaría.

Simplemente es importante señalar que las citadas ratificaciones son resultado de un proceso de valoración que se lleva al interior de la propia Secretaria y que posteriormente, en conjunto con la Comisión de Defensa Nacional se hizo la revisión y el análisis de la propuesta que mandó el Ejecutivo Federal.

Para hacer esta propuesta de ascensos, la Secretaría al interior, lleva todo un proceso considerando y tomando mucho en cuenta la hoja de servicio de cada uno de los elementos, de cada uno de los militares, su capacitación técnica, su participación en la vida pública de México y en actos de circunstancias especiales para el país como fue el caso del pasado 19 de septiembre, en su apoyo invaluable que tuvieron las Fuerzas Armadas en el apoyo y atención durante el sismo a las víctimas del mismo.

Por eso es importante otorgar estos referidos reconocimientos a estos elementos militares en virtud de los servicios que han brindado a la nación y por eso tenemos la confianza de que estos militares que estamos por ratificar a un grado superior por este Pleno, habrán de mantener su espíritu de servicio, así como su lealtad y honorabilidad al servicio de la patria, para que con sus actos contribuyan a que la sociedad mexicana alcance una convivencia pacífica que permita un desarrollo armónico tanto en lo social como en lo económico de nuestra sociedad mexicana.

En este orden de ideas debemos reconocer que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son una institución en la que la sociedad ha depositado su confianza para mantener el orden jurídico establecido por nuestra Constitución y conforme a ella defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

Como es de todos conocidos, nuestro país se basa en una forma de gobierno republicano, representativo y democrático, siendo sus leyes donde se encuentra la garantía de hacer que prevalezca el estado de derecho y propiciar el ambiente adecuado para que el desarrollo integral de los ciudadanos y la libertad se pueda ejercer a plenitud en nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, es que creemos que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos contribuyen a que México se mantenga como un país de leyes y como un país con un orden constitucional que se defiende por todas sus instituciones, por eso es que venimos a solicitar a esta Honorable Asamblea su voto a favor de estos 12 dictámenes para que con ello podamos contribuir de forma positiva en la formación y permanencia de los recursos humanos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para que éstos continúen desempeñándose con el honor y la vocación de servicio hacia el país y seguir haciendo de esta institución una institución en la que los ciudadanos, en la que los mexicanos confían y le tienen un enorme respeto.

Creemos que estos dictámenes que habremos de aprobar con estos ascensos seguirán motivando ese espíritu de servicio en todos los integrantes y elementos de las Fuerzas Armadas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Y ojalá podamos dar este respaldo a estos dictámenes porque bien merecen la pena, nuestras Fuerzas Armadas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Torres Graciano.

Están los dictámenes a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que la votación de los 12 dictámenes se realice en un solo acto.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la votación de los 12 dictámenes en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Se reservan para su votación nominal después de la votación de los dictámenes de la Comisión de Marina que están pendientes.

Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los cuatro dictámenes de la Comisión de Marina, que ratifican 198 grados navales.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? Senador Morón, a favor; Senadora Ivonne Álvarez, a favor. Pregunto nuevamente, ¿falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se declaran aprobados los cuatro dictámenes que ratifican 198 grados navales. Comuníquense.

Pasamos a la votación nominal de los 12 dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional. Ábrase ahora el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto? Senadora Ivonne Álvarez, a favor; Senadora Ana Lilia, a favor; Senador Fernando Mayans, a favor. ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Senadora Presidenta, se emitieron 80 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, se declaran aprobados los doce dictámenes que ratifican 153 grados militares. Comuníquense.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, invitados por el Senador Patricio Martínez García. Agradecemos a mis paisanos de Chihuahua su visita a este Senado de la República.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, en materia del precio en ediciones de universidades públicas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, querida Presidenta. Buenas tardes, estimadas Senadoras, estimados Senadores.

El pasado 12 de noviembre, conmemoramos el “Día Nacional del Libro”, el cual, fue instituido en 1979, para celebrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más representativas de la historia de nuestro país.

Por ello, este día es momento para reflexionar sobre la importancia del libro. Alguna vez, Jorge Luis Borges dijo que todas las herramientas humanas eran una extensión de nuestro cuerpo, el microscopio y el telescopio son extensiones de la vista, el teléfono, de la voz; pero el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.

Sin duda alguna, el libro es uno de los instrumentos más importantes para la transmisión de la cultura.

La historia de las civilizaciones es investigar a través de la escritura y su memoria está inscrita en los libros.

En el ámbito educativo, el libro tiene una función formativa relevante, desarrolla las habilidades de aprendizaje, incrementa el vocabulario y mejora las capacidades cognitivas.

Además, en los Estados democráticos y sociales de derecho, hemos entendido que el acceso a la educación no es un privilegio, sino un derecho.

Existe una predisposición a que actualmente no se lee o se lee muy poco, pero me gustaría compartirles algunas buenas noticias.

La Encuesta Nacional sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura de 2015, indicó que 8 de cada 10 jóvenes les gusta leer, además leen más por gusto que por obligación.

De acuerdo a la entonces Conaculta, en 2015, la lectura era la cuarta actividad que más se realizaba en el tiempo libre de las mexicanas y los mexicanos; una actividad por debajo de ver televisión, practicar deporte y escuchar música.

Por eso, en México existe la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que articula a las instituciones de la Federación y los estados para lograr una política pública adecuada para hacer de México un país lector.

Una de estas medidas es el precio único del libro, cada editor o comercializadora de libros fija el precio de venta final para cada producto editorial, y sólo puede disminuir para compras del gobierno o si han pasado 18 meses.

Esta medida busca garantizar el acceso igualitario al libro, de tal manera que cualquier persona pueda adquirir el mismo título en todo el país, bajo las mismas condiciones de compra. Debemos seguir sumando esfuerzos.

El Inegi en su módulo de lectura de este año, indicó que en promedio se leen 3.8 libros por persona al año, lamentablemente esta cifra está por debajo de otros países de la región como Argentina o Chile.

En 2015, la industria editorial mexicana facturó 10 mil 288 millones de pesos, de los cuales, el 11.5 por ciento fue para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Sin embargo, desde el 2013 ha habido una disminución en la producción, registro y venta de libros; muestra de ello, es que en el 2013 se produjeron 102.1 millones de ejemplares, pero en 2014, bajó a 97.1 millones y en 2015 subió un poco más a 98.6 millones de ejemplares.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, la adquisición de libros tiene mayor relación con el nivel socioeconómico que con la formación académica, mientras que una persona con un ingreso de más de 16 mil 600 pesos tiene en promedio 168.5 libros, alguien con formación universitaria tiene en promedio 118 libros en su hogar.

Compañeros y compañeras, para favorecer a la industria y promover la adquisición de libros entre la población, propongo ante ustedes una reforma al artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

En primer lugar, esta modificación busca bajar el lapso en el que pueda ofrecerse un libro a un precio inferior al precio único.

Así, se pasaría de 18 a 12 meses, tiene un beneficio para la industria, así como para las creadoras y los creadores, ya que las personas con menores ingresos podrán adquirir títulos novedosos con mayor facilidad en menos tiempo.

Como indiqué anteriormente, la adquisición de libros tiene un fuerte vínculo con los ingresos, más que con el nivel educativo.

En segundo lugar, esta iniciativa faculta a las entidades paraestatales y universidades públicas con autonomía, a aplicar descuentos inferiores al precio único, cuando se trate de obras editadas y comercializadas por sí mismas, y cuando estos descuentos tengan por objeto apoyar la investigación y las labores docentes.

Esto se apoya en que las entidades paraestatales y las universidades, no buscan lucrar con sus obras editoriales, y pese a que en muchas ocasiones las ediciones son gratuitas o se encuentran disponibles vía electrónica, las ventas que se reportan son para formar parte de su patrimonio y apoyar en sus labores.

Compañeras y compañeros Senadores, les invito a reflexionar en torno a esta iniciativa para evitar que la cultura sea un privilegio.

Una democracia igualitaria y representativa que se arraigue a la idea republicana, debe acotar las diferencias entre todas las personas para que tengan la posibilidad de ejercer sus derechos de forma plena.

Por su atención, estimadas compañeras y compañeros, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Flores Ávalos.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Para preguntarle a la Senadora Hilda Flores, si me permite adherirme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Flores, ¿autoriza usted la adhesión? El Senador López Brito, la Senadora Calderón, el Senador Morón, es para el mismo tema.¿Autoriza usted?

Le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios levante, por favor, el registro de quienes se están adhiriendo a la iniciativa de la Senadora Hilda Flores. El Senador Sánchez, para el mismo propósito. El Senador Robles Montoya, la Senadora Dolores Padierna y el Senador Octavio Pedroza.






Tiene la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Protección Civil, en materia de transparencia de donativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.

Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores:

Comparezco ante este Pleno para presentar y poner a su consideración iniciativa con proyecto de Decreto a través de la cual se reforma el artículo 7 fracción V, y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 62 de la Ley General de Protección Civil, en materia de transparencia de donativos nacionales e internacionales, bajo los siguientes considerandos:

Uno de los señalamientos que más frecuentemente se hacen al Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, es, primero, pues la falta de agilidad en su aplicación en el momento de la emergencia.

Y, en segundo lugar, la falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos desde su aplicación o en los casos en que hay donativos nacionales o internacionales para integrarse a este fondo.

Hay también señalamientos de falta de transparencia en el manejo de estos recursos.

En lo que va del año se han presentado una serie de fenómenos naturales que han ocasionado un gran número de afectaciones en diversas partes del mundo, las cuales se traducen en desafortunadas pérdidas humanas y económicas que son difíciles de superar, y lamentablemente nuestro país, México, no ha sido la excepción.

Por mencionar algunos ejemplos, lo sucedido del pasado 7 de septiembre de este año, donde cerca de la medianoche se vivieron momentos de angustia a causa de un sismo que afectó diversos estados de nuestro país, principalmente las entidades de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

El sismo de magnitud 8.2 dejó pérdidas humanas, daños materiales y la suspensión de clases en las escuelas en las zonas afectadas. Asimismo, el lamentable sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1 grados, que afectó los estados de Puebla, Morelos y la Ciudad de México ocasionando el colapsos de muchos edificios y la lamentable pérdida de vidas humanas.

Ante esta situación el pueblo mexicano una vez más se unió para apoyar a todos los damnificados y a las víctimas de este terrible desastre, además de rescatar a los que se encontraban en los escombros demostrando la alta calidad humana que se tiene para hacer reactivos ante situaciones de esta magnitud en nuestro México.

De la misma manera, muchos países mostraron su solidaridad, no sólo económica, sino también enviando a sus equipos de rescate, destacando la participación de equipos de Chile, Colombia, España, Israel y Japón, entre otros, quienes se sumaron a las tareas de búsqueda de supervivientes.

Desafortunadamente tras este sismo salieron a la luz evidencias de problemas existentes en la organización, en la vinculación entre las autoridades, la sociedad civil, medios de comunicación, pues existió mucha información errónea que era compartida constantemente o información valiosa que no era difundida.

Pero un problema que ha estado latente desde hace años, mismo que diversas organizaciones ciudadanas han denunciado, es el hecho de que existen alrededor de más de 4 mil edificios ilegales tan sólo en la Ciudad de México, los cuales fueron construidos con los beneficios de la Norma 26, que favorece a viviendas de interés social, negocio con el cual se han generado más de 200 mil millones de pesos para los desarrolladores de vivienda, lo cual demuestra la presencia de situaciones de corrupción en la aprobación de los permisos, por mencionar sólo alguno de estos ejemplos.

Lo anterior, muestra la gran vulnerabilidad en la cual habitan muchos mexicanos que actualmente se quedaron sin hogar y que por su parte, descubrieron la importancia de contar con un seguro contra desastres naturales, y por otra parte, situaciones de rapiña con la que muchas constructoras trabajan y ponen en riesgo la vida de las personas con tal de ahorrarse unos cuantos centavos.

Tal como se ha mencionado anteriormente, a nivel internacional, se han desplegado grandes apoyos económicos, los cuales han sembrado la duda entre la población general, pues la transparencia en el ejercicio de la administración de los mismos no se ha establecido a plenitud y con transparencia.

Diversas empresas han realizado donativos importantes, la relación es muy larga, también de gobiernos y, sin embargo, al momento no se cuenta con la cifra exacta de los apoyos recibidos, aunque se estima que sobrepasan los 40 millones de dólares, pues como se indica previamente, muchos fueron realizados a través de organizaciones de la sociedad civil, quienes son las responsables de su ejecución, por lo que han surgido muchas inquietudes sobre la forma en que se aplican los recursos.

Entre las principales razones por las cuales, el tema de transparencia sigue estando en duda, radica la forma en la que cada uno de los donativos que se han recibido, deberán de rendir cuentas de su aplicación.

En lo que respecta a los recursos que el gobierno federal debe de transparentar, se encuentran los apoyos destinados a través del Fondo de Desastres Naturales, Fonden.

El Fonden es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órganos de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzcan un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

Me voy a los resolutivos, a la propuesta de este proyecto de Decreto tomando en cuenta que la sociedad actual demanda mayor transparencia, y es urgente que el gobierno federal recupere la credibilidad del pueblo mexicano y que las instituciones tanto sociales como privadas, se sumen a estos esfuerzos a fin de mostrar el gran sentido común que se debe tener para responder a situaciones tan lamentables como lo han sido estos sismos, razón por la cual, es necesario que la Secretaría de Hacienda elabore los indicadores necesarios y la plataforma adecuada para informar a la sociedad de los apoyos y corroborar que éstos se han ejercido de acuerdo a las necesidades y prioridades de nuestro país y, desde luego, con una administración honesta.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 7 fracción V, de la Ley General de Protección Civil para quedar de la siguiente manera, y se agrega en la fracción V:

“Disponer la utilización, transparencia y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia”.

Artículo Segundo. Se adiciona el segundo, tercero y cuarto párrafo al artículo 62 de la Ley General de Protección Civil, para quedar de la siguiente manera:

Se adiciona: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá indicadores de transparencia en la recaudación y uso de los donativos tanto nacionales como internacionales recibidos para hacer frente a las situaciones de emergencia y desastres. Asimismo, de manera conjunta con las entidades federativas en situación de emergencia y desastre, coordinará la integración de los comités de Testigos Sociales que darán seguimiento y vigilancia a la recaudación de los recursos, garantizando su confiabilidad y aplicación.

Los testigos sociales tendrán como funciones: fortalecer la transparencia, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público federal, conforme a la disposiciones aplicables en cada una de las contingencias presentadas. Para la integración del comité de testigos sociales, es necesario que cada entidad establezcan los requisitos que debe cumplir cada uno y sobre todo, comunicar los tiempos y condiciones en los que se llevará a cabo sus funciones.

Los testigos sociales emitirán informes sobre el testimonio correspondiente a la dependencia o entidad federal de que se trate en los periodos de tiempo establecidos y con los indicadores previamente signados, lo anterior con la finalidad de contar con datos objetivos sobre las acciones de recaudación, ejecución, calidad y transparencia de recursos”.
Es cuanto, señora Presidenta, y muchas gracias por su atención.

Espero que en las comisiones a las que se le dé turno a esta iniciativa encuentre un buen eco, todo sea por la transparencia y el manejo de los recursos con una administración eficiente y honesta que apoye los casos o las regiones que son o que están bajo problemas de desastres naturales, y que las hemos visto este año.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador López Brito. Senador, autoriza la adhesión de la Senadora Calderón, y lo está pidiendo también la Senadora Mariana Gómez del Campo, la Senadora Sylvia Martínez, Senador Flores, Senador Santana, Senador Hermosillo. Le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios tome nota de quienes se han adherido a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos en materia de pesca artesanal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 191-B DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

A lo largo de mis recorridos por el estado de Oaxaca me he encontrado con innumerables casos de microempresas y pequeños emprendedores que han visto frustrados sus sueños por la insensible letra de la ley que a rajatabla se aplica sin tener la mínima consideración por los que menos tienen.

Y es en ese sentido, compañeras y compañeros, que la presente propuesta forma parte de un paquete de varias iniciativas que pescadores oaxaqueños me han pedido que presente como su voz en este Senado de la República.

Miren ustedes, la pesca, junto con la agricultura, como todos sabemos, es la actividad más económica más antigua que tiene el ser humano. Inició como una forma de subsistencia y ha evolucionado en varias aristas, como la pesca comercial a gran escala.

La pesca, además de proporcionar alimento es una fuente de ingresos, es para miles de comunidades, su identidad cultural tradicional.

La pesca sostenible en pequeña escala constituye, también hay que decirlo, el Objetivo 3 de las metas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, en cuanto a la seguridad alimentaria y reducción de pobreza, pues dicha actividad local contribuye a la alimentación de una zona humana en específico, y genera equilibrio en el ecosistema.

La pesca, por su parte, en menor escala, compañeras y compañeros, como todos sabemos, casi de autoconsumo en gran parte de nuestro país está en alerta máxima, casi en crisis, pues entre los decretos de veda, aunado a la falta de mantenimiento de las embarcaciones han subido en un evidente abandono esta actividad milenaria.

Si se suma a ello, el alto costo del biodiésel y los derechos que deben de erogar los pequeños pescadores aun cuando sus embarcaciones no corresponden a las dimensiones de arqueo bruto como lo que, si se dedican a la pesca comercial, pues ponen en riesgo la desaparición de estas pequeñas empresas ribereñas y artesanales imposibilitando también de paso su crecimiento económico.

La pesca ribereña, permítanme insistir y ahondar, por pesca ribereña entendemos que es la actividad de extracción de recursos acuáticos ejecutada con embarcaciones menores que no cuentan con maquinaria de cubierta accionada con fuerza electromotriz para el auxilio de las operaciones de pesca. Mientras que la pesca artesanal se realiza en ríos y lagos o en zonas costeras, con o sin embarcación, utilizando técnicas sencillas sin la ayuda del desarrollo tecnológico.

Y es en este contexto, señora Presidenta, compañeras y compañeros que la presente iniciativa pretende mejorar las condiciones de empleo de los pescadores y también de los pequeños propietarios de mar al permitir que la pesca ribereña y artesanal se inscriban en el apartado de excepciones al pago de permisos y registros de libretas de mar junto a la denominada pesca doméstica.

Lo anterior, compañeras y compañeros, toda vez que en la práctica mexicana las actividades de pesca ribereña y artesanal son una realidad pero que no están conceptualizadas en la ley correspondiente.

Bajo esa idea y considerando que el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos excepciona de pago a diversas figuras; la pesca ribereña y la artesanal no puede ubicarse en el rubro denominado pesca de consumo doméstico, toda vez que, como ya se ha explicado, como lo he explicado, líneas arriba, se entiende por dicha actividad, la que se efectúa individualmente con redes y líneas manuales, mientras, que las actividades ribereña y artesanal requieren específicamente otras modalidades ya citadas.

Por lo tanto con la presente iniciativa a la par de dotar justicia a la actividad de miles de pescadores en nuestro país, permitirá también la creación de empleo formal, el crecimiento de microempresas que permitan la pesca sostenible y el cuidado del ecosistema aplicando el código de conducta responsable.

Esto a manera de síntesis pero si la señora Presidenta me obsequiara el que pudiese insertarse en el Diario de los Debates, la iniciativa en su conjunto que he presentado espero contar con el apoyo no solamente de las comisiones a quienes vaya esta iniciativa, si con Pleno en conjunto de este Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Morón.

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Preguntar al Senador Benjamín Robles, si me permitiera firmar la iniciativa que acaba de presentar. Aparte, felicitarlo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Robles, sí acepta. Igualmente el Senador Rabindranath Salazar, se suma.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al tenor de lo siguiente:

Para el Jurista Luigi Ferrajoli, uno de los aspectos de la crisis de la democracia constitucional la encontramos en la dependencia cada vez más creciente de la política a la economía y de la agresión de la esfera pública en favor de los intereses privados, que se traduce en los variados conflictos de intereses y en la relación cada vez más estrecha entre política y dinero; lo que da vida a una suerte de estado paralelo dedicado a la apropiación privada de la cosa pública, que se contrapone con los más elementales valores de la democracia y el estado de derecho.

Por tanto resulta preocupante que cada vez más haya evidencias de la corrupción y las donaciones no reguladas de dinero a las campañas políticas están ejerciendo una influencia indebida socavando la imparcialidad del proceso electoral de 2018.

En caso de los presuntos sobornos Odebrecht, al ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que generó la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, nos debe alertar para prevenir conductas encaminadas a editar cualquier tipo de transferencias o triangulaciones financieras a las campañas electorales.

La investigación al respecto dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala cómo la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en las Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

El dinero que se transfirió a la empresa ligada a Lozoya salió de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el llamado departamento de sobornos, y a través del cual se financiaron campañas políticas en todo el continente. Fernando Migliaccio, quien ocupaba la posición dos veces en el citado departamento de sobornos, confesó ante las autoridades brasileñas que Odebrecht financió elecciones en El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Panamá. Otros delatores han sumado a la lista de financiamiento electoral a Colombia y Perú.

Eduardo Cunha, Presidente de Odebrecht Ambiental, en su acuerdo de delación aseguró que el acercamiento en campañas se daba en todos los países donde la constructora tenía presencia. Odebrecht actuaba en un sinnúmero de países, estados y ciudades a través de diversos negocios, con diversos ejecutivos, los cuales por estar más cerca de los agentes políticos, representaban a Odebrecht en las relaciones político-estratégicas locales e identificando candidatos y campañas de interés del grupo, dijo en relación a lo que MCCI tiene copia. Sin citar a ningún país en concreto, declaró a las autoridades: “Odebrecht apoyaba elecciones de candidatos de diferentes partidos y sus ejecutivos siempre se relacionaban con agentes públicos y políticos”. Las donaciones se distorsionaron y pasaron a ser vistas por la empresa como una forma de participación en el proceso electoral, como forma de promover candidatos cuyas plataformas se acercaban a nuestros intereses en el sector de construcción y como forma de “protección”, especialmente en los negocios de inversión.

Por tanto la iniciativa que ponemos a consideración de esta Soberanía propone sancionar la utilización de aquellos recursos económicos encaminados a favorecer a algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley; sin embargo, el dictamen no sanciona lo medular en estas conductas y que ya se han observado en los pasados procesos electorales como lo es establecer estructuras paralelas de financiamiento.

El tema no es asunto menor, ya que si se comprueba que realmente Odebrecht entregó dinero a Lozoya o a cualquier otro servidor público y fue utilizado para financiar la campaña presidencial, estaríamos en presencia de delitos electorales, pues atendiendo a su definición un delito es todo acto u omisión contrario a la ley previsto y sancionado penalmente por la misma, por lo tanto los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral.

Los delitos electorales son un instrumento que se incorpora al sistema electoral mexicano para sancionar las conductas más graves que afecten la legalidad de las elecciones y las garantías universales del voto, aunque a la fecha los resultados exhibidos denotan una mínima efectividad, las elecciones en México han presentado en el nuevo siglo retrocesos graves, que se manifiestan con reiteradas denuncias por compra, coacción y usos de recursos públicos y privados para el proselitismo electoral sin ser sancionadas de acuerdo a las leyes vigentes.

Los delitos electorales están directamente vinculados a las prácticas electorales y, en consecuencia, tutelan el derecho individual y colectivo de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, asi mismo, tienen una doble función: la tutela del proceso electoral en general y la tutelas de las garantías políticas de los ciudadanos.

Los delitos electorales están tipificados dependiendo del sujeto que comete la conducta ilícita, clasificándolos a partir de considerar si tienen o no una calidad específica y por ello se considera a los siguientes sujetos: particulares, funcionarios electorales partidistas, candidatos, organizaciones de actos de campaña, ministros de culto religioso, servidores públicos, Diputados y Senadores electos.

Por lo anterior, tenemos entonces que el presente derecho penal electoral conoce de todas aquellas conductas que dañan gravemente las elecciones para los cuales tiene reservado el ius puniendi, como instrumento de sanción y al mismo tiempo de exhibición de agresiones.

Entonces, si un ilícito penal está concebido con base a la conducta realizada, en ese sentido podríamos hablar de tres tipos de conductas que configuran delitos electorales: contra la libertad del sufragio, contra la certeza de los resultados y contra la equidad de la contienda electoral.

En el primer caso, las conductas que atentan contra la libertad del sufragio, están orientadas hacia dos acciones, las que dañan la libertad ciudadana para emitir voto, o influyen en su decisión, como puede ser la compra y la coacción del voto mismo, y las que atentan contra la organización y los procedimientos electorales o impiden el desarrollo normal de la jornada electoral, por otro lado, las conductas que atentan contra la certeza de los resultados son aquellos que dañan directamente las reglas esenciales de competencia de una elección, por ejemplo: las que complican la introducción indebida o la sustracción de boletas, las que dañan alteración, sustitución o destrucción de documentos electorales oficiales, las que suponen alteración de resultados electorales. En tercer lugar, tenemos a los delitos que atentan contra la equidad de la contienda, entendida como la conducta ilícita que vulnera el equilibrio de la igualdad de oportunidades, el obtener y utilizar fondos provenientes de actividades ilícitas, el uso ilegal de servicios públicos con programas sociales y asistenciales, y el desvío de recursos públicos para fines de proselitismo político y ayudas de campañas electorales. No es difícil reconocer que la manipulación del voto es uno de los delitos más frecuentes y suele falsificarse a partir de las modalidades de compra y coacción.

La reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014, mandató la expedición de tres leyes generales entre las que se encuentra la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que incluye los tipos penales, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizaciones de campaña y ministros de culto religioso pueden cometer delitos electorales, y la tipificación de las conductas que constituyen este tipo de delitos, están contenidas en la Ley General de Materia de Delitos Electorales y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.

Por tanto, proponemos reformar el segundo párrafo del artículo 15 para sancionar a quien participe en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales antes o durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas de partidos y candidatos.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue.

Artículo 15. Se impondrá de 1,000 a 5,000 días multas y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine o reciba aportaciones de dinero en especie a favor de precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más a quien participe en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales, antes o durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas de partidos políticos, precandidatos, candidatos, partidos políticos, coaliciones, agrupación política o candidatos independientes.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente, aprovechando la tribuna solicito, de ser procedente, la ampliación de turno de la presente iniciativa a la Comisión de Justicia.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Celestino. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Mesa Directiva da más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de las licenciaturas en Derecho en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nova Spania, de Morelia, Michoacán, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

Asimismo, a un grupo de estudiantes de diversas universidades de la República Mexicana, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UVM, el ICEL, invitados por el Senador Francisco Salvador López Brito.

¡Sean ustedes bienvenidos!






JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores: Les solicito me permitan ubicar la situación del trámite que iniciamos el pasado jueves 9 sobre el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.



Durante dicha sesión, recibimos de la Junta de Coordinación Política un acuerdo que, conforme al artículo 275 del Reglamento del Senado, pusimos de inmediato a su consideración. Para la discusión del asunto formamos una lista de nueve oradores que se inscribieron en el debate.

Agotado el registro de oradores se anunciaron dos reservas: una, de los Senadores Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y José María Martínez; y otra, del Senador Manuel Cárdenas. Las dos reservas referidas a la Base Segunda, numeral 6, y a la Base Tercera, numeral 6 de la convocatoria, con una modificación en el considerando vinculado a su respectiva propuesta.

De las anteriores reservas, les notifico que la de los Senadores Lavalle, Vega y Martínez, queda retirada, ya que sus consideraciones se encuentran contenidas en la reserva del Senador Cárdenas.

Continuando con la explicación del trámite de este asunto, recordarán que a solicitud de los Senadores Alejandro Encinas, Miguel Barbosa, Fidel Demédicis, Raúl Morón, Zoé Robledo y Rabindranath Salazar, someteríamos a su consideración el Acuerdo en votación nominal.

Cubierto el tiempo asignado para la votación, conforme a lo expuesto en el tablero electrónico, fue manifiesto que no existió el quórum reglamentario y se levantó la sesión. Es importante informarles que el Acuerdo en sus términos propone que el inicio de inscripciones de candidatos sea desde el 13 de este mes y hasta el día 17. Debido al retraso en el despacho del asunto, ese plazo ya no puede aplicarse y requiere una adecuada actualización para la congruente ejecución de los plazos que contempla la convocatoria.

En consecuencia, recibimos de la Junta de Coordinación Política una propuesta de modificación en las Bases Cuarta y Quinta, por lo que respecta al plazo que ya se les explicó y a la fecha en la que se deben enviar los expedientes de los candidatos registrados a la Comisión de Justicia. De resultar aprobadas, quedarán incorporadas al texto de las Bases no reservadas y se pondrá a su consideración el Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación que ya se les explicó e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura a las propuestas.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señor Secretario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Se admiten a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ya. Gracias, Senador. Sí se admiten a discusión.

¿Hay oradores registrados? Senador Bartlett, en contra. Se cierra el registro de oradores.

Adelante, Senador.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Barbosa, ¿a favor?

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) No. En contra.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Lo registro, Senador Barbosa.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos a insistir en que votaremos en contra de todo el proyecto que han presentado y, pues necesariamente repetiremos algunos de los argumentos, más otros.

En primer lugar, recordamos que en los considerandos Quinto, Sexto, se habla de que se recibió un escrito de Santiago Nieto Castillo, mediante el cual solicita que se pronuncie respecto a su remoción, que no se pronuncie sobre su remoción, porque renuncia al cargo.

Hemos señalado que, haya renunciado o no el señor Fiscal, que ya platicamos cómo fue esa renuncia a base de una presión inmoral e ilegal del gobierno de la República, que lo obligó a firmar so pena de cárcel y destrucción de personalidad, etcétera, eso es gravísimo, gravísimo.

No puede el Senado de la República hacerse como que no sabe cómo fue que se presentó esa solicitud del Fiscal, de que ya no se hiciera un esfuerzo o se aplicara la Constitución para evitar su remoción.

Hemos señalado, aquí en este Senado, que no es posible que se interprete que el Senado ya no tiene facultad para analizar cómo se dio esa destitución, formalmente cómo fue la destitución. Es una facultad constitucional del Senado que no se pudo aplicar en los diez días, pero que no periclita.

Hemos presentado aquí, a la Mesa Directiva, una explicación fundada, de que una facultad constitucional del Senado no puede ser desoída, ni periclitada.

Le pedí al señor Presidente que nos presente por escrito su posición para poder tener una idea de algo que nosotros consideramos que no es posible que esto periclite, sino que el Senado tiene que cumplir con su responsabilidad.

El proceso fue inconstitucional, el proceso fue ilegal, y el proceso, además, tomando en consideración la carta, fue un acto delincuencial del gobierno de la República.

Aquí está en estos considerandos, por tanto, nos suponemos a que se le dé este tratamiento en la propia convocatoria.

Volvemos a insistir en el tema principal. Esta convocatoria es una burla, ya lo dijimos, es una burla, porque después de hacer todo un teatro que se va a hacer, y yo reconozco que la presidenta de la Comisión de Justicia va a aplicar los principios que mandó a la Junta de Coordinación de Parlamento Abierto, bueno, los va a aplicar, y con esas aperturas y esa posibilidad de participación que hemos mencionado de Parlamento Abierto, ¿verdad?, luego se manda la lista a la Junta de Coordinación Política, y ahí se decide quién es el seleccionado.

Se manda al Pleno, ¿verdad?, el seleccionado por la Junta de Coordinación Política, y ahí se vota otra vez en secreto, que es el arma secreta para establecer el secreto del mercado de votos en este Senado, y todos lo sabemos, y lo saben los medios de comunicación y lo sabe la opinión pública nacional.

Cómo es posible que se considere serio esa trampa de hacer una gran discusión, que supongamos que se hace, y estaremos presentes, y luego sea una gente y sus aliados, tres gentes van a decir quién es el Fiscal, en un acuerdo entre grupos, como ha sido siempre.

Nuevamente vamos a tener un Fiscal que convenga al poder y que reciba beneplácitos, regalos y canonjías a las otras fuerzas que van a estar ahí aprobándolo. Esa es la verdad.

Entonces, no podemos, no podemos aceptar nadie, y nadie debería de aceptarlo, que 128 Senadores, como decíamos en la ocasión anterior, 128 Senadores no van a opinar porque tres gentes van a decidir en la Junta de Coordinación Política, que ya están de acuerdo ahorita, tres gentes van a decidir quién es el Fiscal encargado, ni más ni menos, que de cuidar y sancionar los delitos electorales en las elecciones que están ya en curso.

Esto es una burla, y lo tiene que saber la opinión pública. Van a elegir, ahora sí, a un Fiscal que no les represente problemas, como el señor Fiscal que sacaron, y que amenazaron y atormentaron para que mandara una carta, pues, va a ser igual.

No les gustó ese, que no lo podemos dejar archivado y olvidado, y entonces van a hacer uno que sí les guste.

Señores, es una farsa, una farsa indigna que el PRI, el PAN y el PRD, en la Junta de Coordinación Política, ¡Ah, se me olvidaba! y con el Verde que ahí estará presente votando con ellos, se me estaba olvidando el PRD ¡Hombre!, digo, el Verde.

El PRD va a estar, el PRD va a estar en esa votación de tres, y todos los demás no van a saber ni porqué. Es una burla.

No es aceptable, tiene que llegarse a un momento en que se rompa ese arreglo mafioso entre tres para definir quién va a revisar los delitos electorales.

Y decía yo, que ya el fraude electoral ya está en curso, corriendo a un Fiscal que no les gustó, y poniendo, entre tres, que en realidad es uno el poder, poniendo a un Fiscal que les satisfaga y que no investigue lo que no quieran que investigue.

Odebrecht que fue parte de la explosión, la indignación contra el Fiscal que han corrido, Odebrecht no lo pueden ocultar, cometen un error o aquí el PRI, cometen un error en creer que con ese golpe al Fiscal, con esa amenaza al Fiscal, con esa destrucción de un Fiscal que no les gustó Odebrecht se va a olvidar, no se va a olvidar porque están acusados a nivel internacional, no pueden escapar los resultados de ese dinero que recibió Lozoya y que se fue a la campaña del PRI. Eso va a salir a la luz, porque está a nivel global, está instalado en Estados Unidos y está en muchos países.

De manera que es un acto fallido para proteger una elección en donde no haya delitos electorales.

Finalmente, finalmente esta modificación de las fechas, señor Presidente, va a dejar en una situación ridícula todo el procedimiento, ya quedó en unos cuantos días todo ese proceso de recibir candidaturas, de analizar a los candidatos, se tiene que hacer en fast track y termina siendo una farsa imposible de manejar.

Y quiero señalar que la culpa es del gobierno, es el gobierno que no piensa, ¿verdad?, porque ya no piensan como gobierno en relación con el Estado mexicano y no se dieron cuenta que al estar corriendo a un Fiscal ya no se daba cuenta de nombrar al siguiente.

Pero no importa, al final de cuentas se van a poner de acuerdo quién va a ser y van a votar tres, para que todos los demás, todos los demás Senadores no tengan ninguna participación, entreguen su voto de manera vergonzosa para crear un Senado de la República que está al servicio del poder presidencial.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Bartlett.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Pues en esta sesión, donde se retoma la discusión de la convocatoria para elegir al Fiscal FEPADE, ya hay muchos otros elementos qué mencionar.

Por ejemplo, primero recordar que la oposición del grupo parlamentario del PT-Morena, al proyecto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tiene que ver con dos condiciones:

Uno, nuestra propuesta de que sea una elección para mujeres; y la segunda, de que la convocatoria contenga elementos de Parlamento Abierto, donde se forme un Comité Ciudadano que le dé seguimiento a todo el procesamiento que haga la Comisión de Justicia y a la definición que lleve a cabo la Junta de Coordinación Política.

Esos son los dos elementos de nuestra oposición al proyecto de la Junta de Coordinación Política.

Pero hay otras cosas ya, nosotros vemos a cuatro grupos parlamentarios, puestos de acuerdo para que se emita una convocatoria que ya lleve dedicatorias especiales, lo que está en curso es un acuerdo de nombres, no es un acuerdo de contenidos de la convocatoria, es un acuerdo para definir nombres, al PRI no le alcanza para definir, ni al Fiscal FEPADE, ni al Fiscal General, requiere del PAN, y aquí requiere de otros dos grupos parlamentarios.

Eso está en curso, lo demás, lo demás son formalismos, que no nos digan que no tienen acuerdo en una base, la eliminación de una base, propuesta por alguien, por un Senador muy respetable que ha sido quien propone aquí cosas cuando el PRI no quiere dar la cara.

Lo otro es, señoras y señores, que no se trata de reparto, se trata de que se están poniendo de acuerdo en dos nombres, en el Fiscal General y en el Fiscal FEPADE, porque se necesitan para ello, y les quiero decir que los tiempos podríamos hasta incluirlos, antes que termine el año, Fiscal FEPADE, y empezando el siguiente, Fiscal General, en un acuerdo de dos partidos políticos que reflejan sus condiciones acá en el Senado de la República.

Eso es lo que hay, acaso pensamos que dos grupos parlamentarios que dicen oponerse, piensan que se va a impedir que la mayoría del PRI y las penetraciones que tienen grupos parlamentarios van a impedir que se modifique esa cláusula.

Por favor, es el acuerdo de nombres, no es el acuerdo sobre bases de la convocatoria, así es que con esa posición, para que quede perfectamente claro lo que pensamos, de lo que estamos convencidos en el grupo parlamentario PT-Morena, es porque así lo planteemos.

Lo otro, le recordamos que los coordinadores parlamentarios, que por cierto, cuando el PRI y el Verde tenían mayoría en la Junta de Coordinación Política, se los digo a los coordinadores, hoy la incorporación de un nuevo Senador al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, provoca que ya haya por lo menos un empate, con lo cual, los acuerdos de la Jucopo, podrían tener otro sentido.

De acuerdo, señores coordinadores, para que se den cuenta que estamos pendientes, que todo es un procesamiento anuente para llegar a un acuerdo de nombres para Fiscalía General y Fiscal FEPADE.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Barbosa.

Se registra para posicionar en contra el Senador David Monreal Ávila, recibimos su posicionamiento y será integrado al Diario de los Debates.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan ambas propuestas.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas presentadas por la Junta de Coordinación Política. Quienes estén porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aceptan, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobadas las modificaciones a las Bases Cuarta y Quinta, quedan incorporadas al Acuerdo para su votación.
Concluida la votación de las Bases de la convocatoria no reservadas, procederemos a reservar la reserva.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del Acuerdo, excepto las Bases Segunda y Tercera, en sus respectivos numerales 6.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta algún ciudadano Senador o Senadora de emitir su voto. Senadora Ivonne Álvarez, a favor; Senador Búrquez, en contra; Senador Gerardo Sánchez, a favor. Pregunto nuevamente si falta algún Senador o Senadora de emitir su voto.

Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo en lo general y las Bases no reservadas.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Señor Presidente, sólo una precisión.

Con el voto del Senador Búrquez en contra, son 15 votos en contra.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias. Aprobado el Acuerdo en lo general y las Bases no reservadas.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab, del estado de Yucatán, invitados por la Senadora Angélica Araujo Lara y por el Senador Emilio Gamboa.

¡El Senado de la República les da la bienvenida!

Como les informé, tenemos la reserva del Senador Manuel Cárdenas Fonseca a las Bases Segunda y Tercera, en su respectivo numeral 6.

Les recuerdo también que se acompaña de una propuesta de modificación al considerando Décimo Primero.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca para presentar sus propuestas de modificación al numeral 6 de las Bases Segunda y Tercera.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores:

Con muchos tropiezos pero México avanza por aproximaciones sucesivas a vivir en el cumplimiento de la ley.

La judicialización de muchos actos se incrementan por no cumplir ex ante lo que establece la ley, lo que impone la ley.

En ese camino no comparto, pero respeto a quienes buscan tergiversar lo que es claro y diáfano en nuestro derecho positivo, y claro que los combato, con respeto, por los caminos que la propia ley me permite.

Esta semana, compañeros, mexicanos, ha sido y será destacadamente observable por la sociedad, de que estando convencidos de que conducirnos con orden y respeto y bajo el imperio de la ley, nos debemos enterar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso especial énfasis en razón de la reciente sesión en la que rindieron protesta cuatro Jueces de Distrito, en la que el presidente de la Suprema Corte de Justicia les recordó a los protestantes de ley, tener especial cuidado en no violar los derechos inherentes a las personas.

Por otra parte, también el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de la omisión legislativa que dejaba al llamado derecho parlamentario en lo que para un servidor es la impunidad, y eso cambiará absolutamente, sugiero que en positivo, la materia de amparo y los vicios arraigados en el Poder Legislativo.

Efectivamente, en razón de cumplir lo que la ley establece, me reconozco como Senador sin militancia partidista y sin grupo parlamentario.

La ley que nos rige, y bajo la cual fuimos votados, no reconoce la figura conocida, hasta hoy, como Senador independiente, para efecto de esta legislatura.

Sí la reconoce para la que será votada el año que entra.

Sirva, pues, esta ocasión para que todos aquí tengamos presente lo que establecen los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 25 y 31 del Reglamento del Senado, de tal suerte que se deje de estar violando estas disposiciones legales y sigan en la conformación de grupos parlamentarios contrarios a lo que establecen estas disposiciones.

Grato, muy grato recordar inclusive a mis maestros de primaria que ponían especial énfasis en aquella materia que se llamaba "lectura y comprensión".

No es suficiente la lectura, hay que también tener comprensión.

Y efectivamente, lo aplicable a exigir a quienes y para quienes se postule o sean postulados al cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, es lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que sería ilegal expedir una convocatoria que requiera requisitos distintos a los establecidos en el artículo mencionado, que en su parte correspondiente establece:

"Artículo 18.- Cito: Para ser Subprocurador o Visitador General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

II. Tener cuando menos 30 años cumplidos el día de la designación.

III. Contar con título profesional de licenciado en derecho con ejercicio profesional de cinco años.

IV. Gozar de buena reputación, y

V. No haber sido condenado por delito doloso".

Termina la cita.

Adicionalmente, compañeros, el establecer prohibiciones que la ley no contempla también es violatorio del numeral referido, y no nada más estaría violando el precepto ya comentado, sino también se estaría violentando la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo que establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Es por ello, que en congruencia con mi intervención del jueves pasado, presenté reserva con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, y se presenta propuesta de modificación a la fracción XI de los considerandos en su párrafo tercero, a través de la cual se suprimen los inciso 6, y de la Base Segunda en su inciso 6 así como el mismo inciso 6 de la Base Tercera, y en ella se modifica la numeración de los incisos del 7 al 11, quedando del 6 al 10 para quedar como está contemplado en la reserva que tuvo la debida publicación de ley.

Compañeros Senadores, cumplamos con la ley. Podemos estar en desacuerdo, pero siempre he dicho que siempre son tiempos políticos para cumplir con la ley.

Y cuando rendí protesta, dije que cumpliría y haría cumplir la ley, observémosla, y no la atropellemos.

Presentémonos ante los mexicanos como respetuosos de la ley, no violemos los derechos inherentes a las personas, expidamos convocatorias respetando los derechos inherentes a las personas, y no yendo más allá adicionando cuestiones que no contempla la ley o imprimiéndole prohibiciones que tampoco contempla la ley.

Llegará el proceso legislativo correspondiente para lograr los acuerdos en función del requerimiento de que quienes sean elegibles o aptos o se consideren que no tienen ningún inconveniente en términos de su elegibilidad, tendremos que llegar a acuerdos, por una sencilla razón, se necesita mayoría calificada.

Será ahí, respetando en términos de la ley la convocatoria, respetándonos y reconociéndonos respetuosos de la ley cuando podremos ejercer nuestro voto, pero no podemos conculcar a nadie y a ninguno el derecho que la ley le otorga.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Cárdenas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación presentadas por el Senador Cárdenas e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Propuesta de modificación de los considerandos, las Bases Segunda y Tercera del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca.



Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señor Secretario.

Muy bien, tengo varios oradores en contra y a favor.

Doy lista de los Senadores que se han registrado para discutir estas modificaciones:

Tengo registrados al Senador Luis Sánchez, al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, a la Senadora Dolores Padierna Luna, a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a la Senadora Verónica Martínez Espinoza, al Senador Zoé Robledo Aburto, al Senador Roberto Gil Zuarth, al Senador Héctor David Flores Ávalos, al Senador Carlos Alberto Puente Salas, al Senador Miguel Barbosa Huerta y al Senador Manuel Bartlett Díaz.

¿Correcto?

Empezaré e intercalaré a los oradores de acuerdo a su postura, empezando con oradores en contra de las reservas presentadas por el Senador Cárdenas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Una semana después estamos aquí discutiendo lo que pudo haber sido el jueves pasado. Qué bueno que al fin llegamos a esta fecha.

Quiero, para efectos de que se tenga conocimiento, no solamente en este recinto, sino más allá a quienes nos ven en los medios, en el Canal del Congreso, cómo ha sido este proceso.

Esta convocatoria tiene fundamento en el Artículo Décimo Octavo Transitorio de esa reforma constitucional en materia política, que fue publicada el 10 de febrero de 2014, que es la que modifica el artículo 102, eso es lo que tenemos como fundamento para emitir esta convocatoria, porque no tenemos todavía la discusión, la modificación del artículo 102 para ir a concretar la Fiscalía General de la República.

Y es por eso que también se viene a argumentar aquí que la base de los requisitos para esta convocatoria, debe ser como lo es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Bien, esas son las bases jurídicas que le dan vida a esta convocatoria.

Pero yo quiero decirles algo, la propuesta de este numeral 6, de la Base Segunda de esta convocatoria, fue una propuesta que expuse ante las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, además de otras diversas propuestas que hice, todas encaminadas a darle claridad, a darle inclusión, a permitir que esta convocatoria tuviese elementos que permitiera la participación de hombres o mujeres interesados, pero también de organismos como son universidades, institutos, asociaciones civiles, esto que es la sociedad organizada que puede hacer una propuesta directamente, inscribir una propuesta con el aval de una institución de cualquiera de estos tipos.

Y esta parte, es más, déjenme decirles, todas y cada una de mis propuestas fueron aceptadas, excepto por el PT, que al final por supuesto votó en contra.

Y cuando yo mencioné, en el numeral 6 mi propuesta, y se las voy a leer para dejarlo en claro, dice el numeral 6: "No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político, ni haber sido candidata o candidato a cargo de elección popular en los seis años anteriores a la designación".

Todos estuvieron de acuerdo en esto, absolutamente todos, y esto se votó y todos votaron a favor, excepto el PT, que votó en contra de la convocatoria.

¿Qué sucedió de esa reunión de la Junta de Coordinación, hacia la discusión en el Pleno? Es lo que nos tienen que venir a aclarar, que no lo aclara de ninguna manera el proponente de esta modificación a la convocatoria.

Pero yo quiero preguntarles, si en verdad están dispuestos a respetar y hacer respetar la ley.

Miren ustedes. La Ley Orgánica de la PGR, donde estamos tomando estos requisitos que se leyeron hace un rato aquí, que por supuesto no trae estos, data del 29 de mayo de 2009, esa Ley Orgánica de la PGR, es de aquél entonces.

Pero déjenme decirles, nosotros el 5 de octubre de 2017, hace apenas mes y medio, aprobamos otra convocatoria, aquella para ocupar el cargo de Magistrados Electorales Locales, ésta se deriva, cierto, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la LGIPE, que es más reciente, y que establece con toda precisión justamente lo que acá estamos discutiendo, que no sean dirigentes, que no hayan sido dirigentes, que no hayan sido representantes, ni tampoco hayan sido postulados a cargo de elección popular por ningún partido político.

Ésta, la LGIPE es la ley de la materia, y es justamente porque esos Magistrados Electorales no deben, no pueden tener un conflicto de interés, no puede ser gente de un partido político. Lo que se pretende aquí, quitando este candado que impide que alguien que haya sido dirigente, representante o candidato de partido político durante los últimos seis años pueda ser el próximo Fiscal, es justamente eso, que no tenga un conflicto de interés. Pero para aquellos que dicen que hay que respetar y hacer respetar la ley, aquí les digo lo siguiente:

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿ésa no cuenta? Ésa la aprobamos aquí, y está publicada el 18 de julio de 2016. Y establece con toda precisión, con absoluta precisión, qué es el conflicto de interés, y quiero leerlo para conocimiento o recordatorio de todas y todos ustedes.

El artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su numeral 6, dice: "Conflicto de interés". Y lo define de la siguiente manera: "La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios".

Y luego su fracción XXV dice lo siguiente, la definición de servidor público: "Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal, local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Y además el artículo 46 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas dice lo siguiente: "Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses, los servidores públicos que deban de presentar la declaración patrimonial en términos de esta misma ley".

Y yo le pregunto al proponente, al Senador Cárdenas le hago la pregunta: ¿Quien ocupe la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, es o no un funcionario público federal? Aquí está la ley.

¿Debe o no cumplir con este requisito de conflicto de interés?

¿A quién se le ocurre?

¿Alguien estará pensando que este numeral 6 de la Base Segunda, le estorba porque tiene una propuesta a la Fiscalía?

¿Alguien estará pensando o algunos estarán pensando que podríamos estar eligiendo aquí a alguien que haya sido dirigente, representante o candidato de partido político para ir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales?

¿En verdad que lo están pensando?

¿En verdad que esto es serio?

No me parece. Por eso no hay justificación ninguna.

Esto que dicen que nos van a venir a impugnar la convocatoria y nos la van a tirar, señores, la convocatoria que se emitió para el pasado proceso para elegir al Fiscal donde elegimos a Santiago Nieto, traía una parte de este numeral 6, traía la parte de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección, nacional, estatal o municipal. No hubo impugnación, nadie la impugnó.

Ahora sí, ahora sí será impugnada, ¿no? Seamos serios. Y yo sí creo que en un proceso con este numeral 6, podríamos hacer un buen proceso para elegir a un Fiscal, no más componendas, porque sí estoy claro, que el pasado fue un acuerdo, que el pasado Fiscal fue un acuerdo de las fracciones, y no me vengan a decir aquí que: "Ah, se están poniendo de acuerdo las fracciones". Por eso fue que se votó, incluso no en cédula, sino en tablero abierto, porque había un acuerdo de las fracciones justamente.

Ahora que si se viene a reclamar el derecho de seguir proponiendo, eso es otra cosa, eso es distinto. Pero estoy seguro que con este numeral podríamos tener un excelente ejercicio para ir a llevar a la Fiscalía General de la República a alguien que no represente los intereses de nosotros como partidos, sino los intereses de la sociedad.

Vamos respetando la ley, ya nos está llamando al orden la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo omisos que hemos sido, por la falta de voluntad, y aquí hay que decirlo, del Presidente de la República, porque este Senado funciona con lo que el Presidente de la República decide, sólo lo que él dice es lo que aquí se legisla, sólo lo que él está de acuerdo aquí se legisla, y de eso es justamente de lo que debemos aprender con esto que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos pongamos a trabajar y lo hagamos bien, y respetemos realmente la ley.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas. ¿Con qué objeto, Senador?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Para alusiones personales, desde aquí, desde el escaño.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Nuevamente saludo con afecto y respeto al Coordinador Parlamentario del PRD, por varias razones, porque aun cuando en el tránsito de la existencia de los grupos parlamentarios, aquí pudieran haber sido permisivos de violaciones, llegó el momento en que dijeron: "Hay que cumplir la ley". Y asumieron a cabalidad la ley y el Reglamento, y ya no permitieron que se siguieran dando "cachirules", como vulgarmente se dice, y ese es un buen principio para empezar a cumplir la ley.

Y en el caso particular, el que se haya legislado y estén en otras leyes disposiciones que violaron el precepto legal vigente, lo que está sucediendo es que ahí se estaría generando una antinomia propiamente en lo que se refiere a lo que en él planteaba la reforma anticorrupción y, bueno, en su momento deberán de ser combatidas cuando así lo considere alguien que haya sentido que se atropella su derecho legítimo.

Hay muchas disposiciones que se han aprobado y que son contrarias al texto constitucional y a los tratados que son parte de nuestro derecho vigente, y no porque en otras ocasiones se haya violado la ley o se haya sido omiso de su observancia, ahora lo tenemos que seguir haciendo, esa ha sido mi convocatoria, tenemos que tener un nuevo punto de partida, y celebro todas las demás coincidencias que el coordinador del PRD refirió respecto de las cosas que yo planteé en tribuna.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor, la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Quisiera hablar a favor de lo que las opiniones de diversas voces de las organizaciones ciudadanas han vertido, a las cuales también este Senado se debe y que nadie ha tomado en cuenta, y hoy como colofón de un lamentable y doloroso episodio en nuestra frágil democracia, la Junta de Coordinación Política, y hace unos momentos el Senado de la República, ha decidido de manera mayoritaria, sin el voto del PT-Morena, el emitir una convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sin que en ella se incluya la participación de la sociedad civil.

Después de llegar a un acuerdo, por demás indignante, mediante el cual validaron de manera implícita la remoción ilegítima del ex Fiscal de la FEPADE, ahora se han puesto de acuerdo para emitir una convocatoria que pretende ser de mero trámite, es decir, una convocatoria que busca, en efecto, llenar el cargo que dejó vacante Santiago Nieto, pero que sin embargo no busca en ninguna forma el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la legitimidad de esa misma institución, sino están buscando una convocatoria que les permita nombrar un Fiscal incondicional del régimen.

La Junta de Coordinación Política del Senado aprobó la semana antepasada un Acuerdo para permitir la convocatoria para elegir al nuevo Fiscal Electoral, palabras más, palabras menos, artículos más, artículos menos, en pleno proceso electoral cuyo mandato concluirá en unos meses más, es decir, si el proceso de selección propuesto por estos partidos mayoritarios en la Cámara sigue su curso, se estaría nombrando a un Fiscal o una Fiscal literalmente para que llegue a tramitar las eventuales denuncias que se deriven del proceso electoral que está en marcha, mismas que no llegará a concluir, pues su nombramiento tiene como fecha de caducidad el 30 de noviembre de 2018.

Aunado a lo anterior, es decir, a lo limitado del periodo para el cual se busca a un nuevo o una nueva Fiscal, se deben de sumar las inconsistencias y las ausencias contenidas en este mismo Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues en este proceso se omite por completo la participación, acompañamiento y observancia de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de cualquier otra instancia ajena a los intereses partidistas y a los intereses de los propios partícipes del actual proceso electoral.

La ausencia de mecanismos de supervisión ciudadana no es una casualidad en esta convocatoria.

Los partidos mayoritarios en el Senado saben perfectamente que un proceso abierto, transparente y de cara a la ciudadanía merece un procesamiento en tiempos y en calidad que necesita mayor dedicación, y saben también que a esta convocatoria sólo acudirán las y los interesados que previamente hubiesen tenido algún acercamiento con estos mismos institutos políticos, pues resulta evidente que académicos o académicas, que ningún especialista en materia electoral y ninguna persona con una probidad y una trayectoria qué cuidar, se prestarían a participar en este proceso y en una convocatoria bajo las condiciones de opacidad y de acuerdos políticos cupulares, bajo los cuales se está formulando esta convocatoria.

Una convocatoria que no convoca en realidad a las personas que este país necesita, que no convoca a las y los profesionales independientes y comprometidos que la FEPADE requiere, pero sobre todo una convocatoria que de nueva cuenta evidencia el talante de corrupción y de complicidad que le sigue haciendo tanto daño al sistema político electoral de nuestro país; una convocatoria que sólo convocará a aquellos y aquellas que estén interesados en formar parte de la simulación democrática para rellenar un lugar que hoy está revestido de ilegitimidad y de ilegalidad, no es digna de nuestro país ni del Senado de la República.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para hablar en contra.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, sus señorías.

México vive hoy la peor crisis institucional de su historia moderna, las instituciones del país tienen el nivel más bajo de credibilidad y el Presidente está en el sótano de la aceptación ciudadana, pero sobre todo hay una fe compartida en que el país no va por el rumbo adecuado.

Hay una gran desconfianza de la sociedad hacia las instituciones y esto se muestra con claridad, por lo que es necesario tomar medidas para fortalecer a las instituciones.

Por eso llama la atención con gran sospecha e infortunio esta reserva del PRI, de que el nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para abrir la puerta a ex candidatos o autoridades electas.

Frente a la crisis institucional, el Estado se encuentra desarticulado, no hay fiscales que persigan el delito, y cuando lo persiguen lo hacen de manera facciosa para atender intereses, las causas de esta catástrofe son dos las más prominentes: La primera, los altos índices de corrupción potenciados por órganos de control con designaciones realizadas de manera parcial, bajo criterios partidistas sin salvaguardar al Estado.

La segunda, es una situación delicada con un gobierno confundido que ha renunciado a tener una conducción imparcial del proceso electoral.

Estaremos de acuerdo que el mayor lastre de México es la incapacidad del gobierno para garantizar el estado de derecho pleno, y debido a estas deficiencias en el modelo de procuración de justicia que hoy estamos profundizando.

Estamos a tiempo de corregir el camino y construir un proceso adecuado que permita el debate abierto sobre el perfil idóneo del Fiscal Electoral, que habrá de sancionar la violación de la ley en el siguiente proceso.

Por lo tanto, es fundamental incrementar la legitimidad de los órganos conductores y calificadores de la elección, y esto sólo se logrará con un Fiscal neutro, objetivo y responsable.

Esta reserva del PRI no abona a esto. Es una regresión en todo, porque ya fue aplicada sin que hubiera problema.

No es sensato, ni de buen consejo tener un Fiscal militante, no podemos tener un Fiscal militante.

El objetivo de las salvaguardas sobre el cargo, es poner distancia entre los partidos y el Fiscal, lo que daría una señal de objetividad e incrementaría su credibilidad.

¿Gana la objetividad al hacer un Fiscal de Delitos Electorales a un ex candidato, ex dirigente o legislador de un partido?

¿Qué se adelanta?

¿Qué se mejora?

¿Por qué apostar por la cercanía de los partidos?

¿Por qué apostar por un mayor involucramiento? Cuando lo que debemos de avanzar es hacia la independencia del Fiscal.

No podemos obviar el hecho de que el Fiscal anterior salió en un proceso irregular, por decir lo menos, y porque está íntimamente su salida vinculada a la investigación del caso Odebrecht y la campaña presidencial.

¿Qué se gana apostándole a la duda y a la vulnerabilidad?

Este tipo de reservas sólo dan señales de que hay un tapado, un retrato hablado, la voluntad del Presidente y de un Fiscal que será Fiscal sin interés público ni conciencia.

El problema, el problema en gran parte, es que el Presidente no reconoce la posibilidad de que hay mexicanas y mexicanos que pueden servir al país y que no estén en sus cercanías y en su cortesanía, que hay mexicanos que pueden querer a este país y trabajar por él, que no estén entre sus incondicionales.

La redacción actual no daña, fortalece, porque además estamos hablando de una limitación de seis años. Esto significa, los únicos destinatarios serían quienes estamos en este salón o Diputados de la anterior legislatura o dirigentes muy recientes. En este contexto, la objetividad es muy poco probable.

Compañeras y compañeros, el dilema es, cómo construir una salida, una posibilidad de mejora, las definiciones que le den estabilidad al sistema y certidumbre a los ciudadanos.

Es conveniente plantear los mínimos de una ruta de reconciliación y fortalecimiento a las instituciones, y el mínimo es que no tengamos un Fiscal militante.

Es momento de apostar por una designación transparente, hacer una designación opaca y arbitraria que privilegie una decisión facciosa basada en intereses de grupo y con un Fiscal militante, sería de gran desprestigio para el Senado y peligro para la impartición de la justicia electoral en México.

Es momento de ser claros y contundentes todos los partidos, PRI, PAN, PRD, si van a optar por una designación de un Fiscal sobre un perfil, o si se va a hacer una negociación como la que se intuye en este momento sobre nombres.

Si no cumplimos estos elementos mínimos, lo único que haremos es profundizar estas contradicciones y debilitar al Estado.

En este momento podemos tomar medidas adecuadas aún oportunas para fortalecer la institucionalidad.

Esta reserva no lo es, no a un Fiscal militante.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Perdón.

Un momento, Senadora Pilar Ortega.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Para ofrecer una inmensa disculpa.

En mi intervención se dijo que era a favor, pero en realidad yo estoy en contra, evidentemente, mi argumentación así lo fue, en fin.

Por algún motivo, tal vez fue equivocación mía.

Que se me anote en contra, por favor.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Además de quedar registrada su intervención, que ha expresado en este momento, desde luego que la forma en donde usted hará manifiesta su posición, es en la propia votación, Senadora.

En uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Simplemente para expresar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nuestra postura en contra de esta reserva, reserva que además contradice los precedentes que este Senado ha tenido para emitir convocatoria en estas dos Fiscalías que establece la reforma política electoral de 2014, en la que se crea la Fiscalía General de la República como el órgano que encarna la autonomía del Ministerio Público.

Una reforma deseada por muchísimo tiempo.

Una reforma que era necesaria para que el órgano de investigación técnica de los delitos, realmente actuara de esa forma, sin apego a la influencia de algún poder y sin influencia política.

Me permito señalar que, incluso, en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2014, señalaba respecto a esta importante reforma que justamente el objeto de la misma era que la Fiscalía que encarnaba al Ministerio Público autónomo deba ser un órgano de investigación técnica, y que en este sentido no tuviera la influencia de los poderes, que no tuviera la influencia de ninguna fracción política.

En ese sentido, esto es algo de lo que tenemos que llevar a la Ley Orgánica de la Fiscalía en su momento, y digo en su momento porque como ustedes saben hay pendientes de dictaminar, reformas que tienen que ver con estas disposiciones del artículo 102 y de sus transitorios.

Es un gran pendiente que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados al que nos hemos prometido y el cual no hemos atendido.

Hoy México demanda una nueva construcción, un nuevo modelo de procuración de justicia que se apegue a las necesidades de un país que demanda justicia y que demanda seguridad.

Los modelos ahí están, las iniciativas ahí están, lo único que falta es la voluntad política para que podamos sentarnos a definir este pendiente tan grave que tenemos en México.

Por ello considero que, justamente esta naturaleza que debe tener la Fiscalía, la deben compartir las Fiscalías Especializadas, y en este caso estamos hablando de una Fiscalía que estará responsable de perseguir los delitos electorales.

Y entonces, al no haber todavía un marco jurídico que la regule, porque como bien lo señalan y lo han señalado las convocatorias previas que ha emitido este Senado para elegir Fiscal de Delitos Electorales y para elegir Fiscal Anticorrupción, se ha señalado que de manera supletoria se aplicará el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, al no tener todavía este marco, y que de manera complementaria a estas disposiciones aplicadas por el Senado en forma supletoria, también se establecen estas disposiciones para efecto de que quienes participen en este proceso no tengan una vinculación partidista, no tengan un antecedente de dirigencia o encargo partidista y no tengan tampoco, como se propone en esta convocatoria que está ya aprobada en lo general, tampoco tengan un antecedente de haber sido candidatos o candidatas de elección popular en los últimos seis años.

Esto cumple perfectamente con el test de proporcionalidad que toda disposición normativa debe tener, y en este caso, me refiero a la medida legislativa que está adoptando este Senado de la República.

Se habla aquí de la violación de derechos fundamentales para participar a los políticos, pero hay un bien, hay un bien tutelado por la reforma constitucional, que es justamente la justicia electoral.

Y en este sentido, esta disposición que se está estableciendo en la convocatoria cumple con este test de proporcionalidad y, por lo tanto, no debe de considerarse como inconstitucional, al contrario, es una norma que estará garantizando que quienes participen en este proceso de selección lo hagan, lo hagan con la conciencia que debe de tener este órgano legislativo de que no tienen estas vinculaciones que en su momento pudieran ser nocivas, terriblemente nocivas para su desempeño como órgano persecutor de delitos electorales.

Por lo tanto consideramos que esta disposición de la convocatoria debe prevalecer en la misma, a efecto de garantizar que quienes acudan a este Senado solicitando participar en este proceso para convertirse en el Fiscal de Delitos Electorales cumpla a cabalidad con los requisitos fijados por nuestra convocatoria, pero sobre todo, cumplan con este espíritu de la reforma constitucional que le otorga autonomía al Ministerio Público y que tiene entre sus motivaciones más importantes el alejar al Ministerio Público en su función persecutora e investigadora, de la influencia de los poderes, de la influencia de la política.

Esto es lo que se persigue con esta disposición establecida por la Junta de Coordinación Política, que lamentable que hoy estemos ante un escenario en donde lo que ya se había acordado de manera coordinada por todas las fuerzas políticas, se le está dando marcha atrás, aun cuando tenemos precedentes en este sentido, y lamentablemente hoy estamos siendo testigos de esta circunstancia.

Coincido con quienes me han antecedido en la palabra, en el sentido de que no podemos permitir que quien esté a cargo de la persecución de los delitos electorales sea un militante o sea alguien que tiene un interés político definido, con alguna fuerza política, cualquiera que ésta sea, esto demeritaría la función de este órgano que debe caracterizarse por ser un funcionario o funcionaria imparcial y por ello estamos esperando que el Senado de la República, este Pleno del Senado vote en contra de esta reserva que sería un mal síntoma en el desarrollo de este proceso, de cualquier manera estaremos muy pendientes en el proceso de valoración, de recepción de documentos, de comparecencias, de lo que debe prevalecer para que hoy tengamos, de verdad un Fiscal, un Fiscal a la altura de lo que hoy demanda nuestro país y nuestra democracia.

Es importante también señalar, como lo hemos hecho en otros momentos, que también es hora de que la Mesa Directiva asuma su responsabilidad, su responsabilidad porque al momento de existir una vacante, tenemos un reglamento que claramente señala que en las designaciones que realiza el Senado de la República, serán las comisiones correspondientes las que llevarán el proceso y no la Junta de Coordinación Política.

En ese sentido yo creo que hay un gran pendiente que debe atenderse y que también tenemos que entrar a una reforma que haga y que clarifique estas cuestiones, pues no podemos seguir dejando de lado que las comisiones que tienen justamente la misión de revisar los temas específicos de la vida del Senado estén marginadas en el momento de llevar a cabo estos procedimientos, limitándonos la función a solamente una de sus partes.

Por ello, bueno, pues esperamos finalmente que prevalezca realmente el ánimo por construir un proceso digno en donde efectivamente se pueda continuar con una resolución a favor de una Fiscalía Especializada en la persecución de Delitos Electorales que, efectivamente, sea eficaz, pero sobre todo, tenga la legitimidad necesaria para llevar a cabo esta tarea en un momento tan complicado para el país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Pilar Ortega Martínez.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hemos escuchado discursos que se asemejan a simples anécdotas del pasado, otras donde la imaginación se da vuelo con narrativas fantasiosas y sin fundamento del futuro, lo que hoy vamos a votar es real, un hecho cierto que dará certidumbre a todos los actores políticos sobre las reglas del juego en la materia.

Lo que hoy estamos votando es la mejor garantía a las demandas de la sociedad, y es la mejor decisión para el fortalecimiento de la procuración de justicia, porque a través de ello no tenemos duda que estarán debidamente tutelados los bienes y derechos que la sociedad exige que estén debidamente protegidos.

Los invito a reflexionar sobre esta decisión tan importante en la vida democrática del país, y la mejor manera es con su voto a favor.

La principal atribución que tenemos los Senadores, es crear las normas jurídicas que nos rigen, por tanto, somos los principales actores que debemos poner el ejemplo cumpliendo cabalmente con lo que está previsto en las leyes que nosotros mismos aprobamos.

Y hoy la Corte ha tenido que intervenir en algunos estados de la República, que han convocado a acceder a algunos cargos excediendo los requisitos legales, no seremos nosotros los que haremos con ello un mal ejemplo para las demás entidades de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Martínez Espinoza.

Toca el turno del uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente.

Mientras estamos hablando sobre esta reserva, ya hay en las redes sociales, y por parte de las organizaciones de la sociedad civil, un hashtag sobre lo que estamos a punto de hacer, se llama #FiscalMilitante.

O sea, hemos pasado del Fiscal carnal ahora al Fiscal militante.

Y el Senador del PRI que presentó la reserva se dice preocupado por la ley, se dice preocupado por cumplir la ley, hace una defensa al cumplimiento de la ley por el Senado de la República.

Yo lo invitaría a él a que lea el artículo 102 de la Constitución, sobre las competencias del Ministerio Público y de las Fiscalías Especializadas, donde dice: "la ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos".

Concentrémonos en una palabra, "objetividad".

Si vamos a la Real Academia de la Lengua Española, objetividad u objetivo es alguien desinteresado, desapasionado.

¿Cómo va a lograr usted, o ustedes quienes pueden votar a favor de esto, que alguien que ha sido candidato, que ha sido militante no tenga pasión? Pues entonces no era político.

No puede pensarse en un Fiscal militante, sería verdaderamente hacer de la FEPADE el secuestrador declarado del proceso electoral y a todos los electores sus secuestrados.

Y mire, me encontré en mi escaño esta mañana un artículo de un medio que se llama didáctica.com, en donde el autor habla de lo siguiente, habla sobre la sentencia de ayer de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice: "de cualquier forma estamos en un callejón sin salida, si se ponen límites a la irresponsabilidad legislativa, estaríamos abriendo la puerta a la judicialización de muchos procesos, si por el contrario, se mantiene el status quo nos estaríamos resignando a la irresponsabilidad legislativa y a ser rehenes de los intereses de los partidos políticos. Habrá quien crea que sería "peor el remedio que la enfermedad".

En un país en donde más que separación de poderes tenemos cotos de poderes, ya sabemos qué esperar".

Dice él: "rehenes de los partidos políticos", a lo que nos quiere condenar, a la FEPADE, a que la FEPADE sea rehén de los partidos políticos.

Por cierto, al autor de este artículo le quiero nada más hacer una pequeña corrección, Zaldívar va con Z, igual que Zoé, con Z se escribe Zaldívar.

En ese sentido, hoy quien viene a decir que tenemos que cumplir la ley, olvida quizá, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía controversia constitucional o juicios de amparo, tres veces le ha dado la razón a otro poder. Tres veces le ha corregido la plana al Senado de la República con cosas que usted votó.

Entonces no venga a hablar de responsabilidad y de preocupación del cumplimiento de la ley.

Ser parte de esta trama, ser parte de esa farsa, para todos, quienes la vayan a apoyar, será una mancha más, entregarle la persecución de los delitos electorales a un militante, es tanto como darle un cerillo a un piromaniaco; es tanto como darle la Iglesia a Lutero, es poner al lobo al frente del rebaño de las ovejas; es darle acceso a Javier Duarte a los recursos del pueblo de Veracruz, eso ya lo hicieron, perdón, eso no. Es, de verdad, una aberración.

Me congratulo de verdad que el Senador proponente de esto no forme parte de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, porque si fuera así no me sorprendería que viniera a proponer a Victoriano Huerta para ese galardón. Así de grave es lo que está ocurriendo.

El Senador del PRI que vino a hacer uso de la palabra para presentar esta reserva, está llevándonos nuevamente a un callejón sin salida.

Hablaron de gradualismos, de aproximaciones sucesivas, es la manera más tramposa de hablar en medio de una crisis institucional como la que vivimos.

Quien propone esto y quien lo vaya a apoyar, lo que está haciendo es un retroceso institucional, no un gradualismo de aproximaciones sucesivas, sino retrocesos con aberraciones, como la que estamos viendo.

Y miren, hay veces que hasta los que somos de lento aprendizaje algo terminamos por aprender, y yo he aprendido a desconfiar de la voz y de la verdad de quien está proponiendo esta reserva, por una razón, porque lo mismo hizo con 3de3, esta reserva la propuso el mismo Senador que propuso en su momento la modificación al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Usted mató "3de3" y hoy quiere matar a la FEPADE.

Dénos, por favor, la oportunidad de desconfiar de usted cuando viene con una bandera de militante y un enorme y apasionado discurso priísta, a proponer algo que los priístas están a punto de apoyar.

No a la Fiscalía militante, no a la trampa, no al acuerdo, no a la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas. ¿Con qué objeto, Senador?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Para alusiones personales y rectificación de hechos.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se le concede el uso de la voz desde su escaño.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame un segundo, Senador Cárdenas.

Fue una clara alusión al hablar del proponente.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) En este esquema, como podemos ver, se refirió al autor de la reserva, pero merece poca importancia contestarle porque no sabe distinguir quiénes son militantes del PRI y quiénes no lo somos.

Sería bueno que, primero, dejara de configurar grupos parlamentarios hechizos; sin embargo, adicionalmente quisiera felicitarlo por reconocerse de lento aprendizaje, debería de ir más rápido.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Sostiene su solicitud de uso de la voz, Senador.

No hay diálogos, debo de recordarlo.

Sonido en el escaño del Senador Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Era para hacer una observación respecto al criterio de las alusiones porque me queda claro que se sintió aludido cuando le dije: "Senador del PRI", se puso el saco de inmediato.

Y, efectivamente, yo he aprendido lento a desconfiar de los Senadores de la República porque pensaba que todos eran honorables.

Esa tarde, esa noche, esa madrugada de junio, cuando el mismo Senador mató 3de3 con esa reserva que apoyó el PRI, me hizo desconfiar de un Senador de la República, cosa de la cual nunca quisiera haber estado en esa condición.

Hay quienes aprenden rápido.

¡Vaya que ha aprendido rápido! A convertirse en el Senador más priísta de este Pleno.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Corresponde el uso de la tribuna al Senador Héctor David Flores Ávalos, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, el motivo de mi intervención ahora es para hablar en contra de esta reserva y voy a tratar de hacerlo con una serie de argumentos que tratarán de poner en claro, primero, cuál es la postura y la opinión de un servidor sobre este tema y, segundo, desde luego mucho más importante, por qué considero que se sostiene la constitucionalidad y el rigor jurídico en la convocatoria y, por lo tanto, creería yo que el principal argumento de la reserva no es de atenderse.

Por principio de cuentas, hay que decir que a este Senado de la República, desde luego, y conocido por todos, le corresponde hacer este nombramiento con base en los principios constitucionales. Son, precisamente, los principios constitucionales del servicio público los que detallan cuáles son las características que deben de tener, primeramente, quienes se dedican a esta función y, segundo, cuáles son las conductas o los criterios que deben de atender en el desempeño de su función.

Dice el artículo 109 en su fracción III que estos principios rectores del servicio público deben ser la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia.

Posteriormente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas que fue aprobada por el Congreso de la Unión, y en la cual se dio un amplio debate por parte de este Senado de la República, amplía estos requisitos y los eleva a 11. Señala igualmente la imparcialidad como uno de ellos.

Si bien es cierto que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no establece lo que se señala en el apartado sexto de esta convocatoria, y que ha sido juzgado por algunos como un requisito que podría afectar de inconstitucionalidad a la propia convocatoria, la realidad es que este Senado de la República puede perfectamente darle interpretación a varios conceptos jurídicos indeterminados que están desde el texto constitucional, hasta el texto de la propia ley orgánica.

Yo preguntaría, viene señalado en la propia convocatoria, ¿qué se entiende por buena reputación?, si está establecido en la convocatoria literalmente, textualmente, gozar de buena reputación.

¿Qué se entiende por gozar de buena reputación? Precisamente, es un concepto jurídico indeterminado.

¿Qué se entiende por imparcialidad que señala la Constitución?, pregunto, ¿no puede este Senado de la República establecer parámetros objetivos para valorar el contenido de ese concepto?

Creo que eso es lo que se está haciendo, a través de incluir en este apartado sexto de la convocatoria, el requisito de que quien aspire a esta posición no sea o haya sido servidor público de elección popular o candidato a un puesto de elección popular.

Pienso que eso es lo que se está tratando de poner sobre la mesa.

De manera que, compañeras y compañeros, mi postura es, evidentemente, en contra de esto porque pienso que hay, además, razones políticas de fondo para abonar al contenido de la integración de estos conceptos, tanto el de buena reputación como el imparcialidad, y generar con eso o tratar de generar con eso un acercamiento a las expectativas de la sociedad en el caso de los nombramientos, sobre todo en este tipo de nombramientos que son de alta sensibilidad para toda la sociedad mexicana.

Muchas gracias, señor Presidente.

Y gracias a todos por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Hace uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional para hablar a favor.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

Acabo de escuchar que el requisito de la no militancia es una interpretación extensiva de la restricción o del requisito de la buena reputación; es decir, todo aquél que ha militado en un partido u ostenta un cargo de elección popular tiene por definición una mala reputación, tan es así, que hay que precisarle el concepto, en una regla específica que los excluya de la posibilidad de competir, y eso es lo que justamente tenemos que empezar a reflexionar y en un momento llegaré a esta discusión.

Pero hay algo peor, las crisis de las instituciones empiezan cuando los integrantes de los órganos del Estado no tienen una disposición a cumplir la ley o por lo menos a leerla.

El Acuerdo parlamentario, que envió la Junta de Coordinación Política, fundamenta los requisitos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solo que hay un pequeño problema, en 2016 modificamos la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República e incorporamos la figura específica de las fiscalías especializadas e incorporamos un artículo específico para las fiscalías especializadas, el artículo 10 Quáter en 2016; dos años después del primer nombramiento, en consecuencia, tenemos que atender hacia esa regla específica que nosotros pusimos en la ley a propósito de la construcción de la Fiscalía Anticorrupción, pero en realidad se trata de la configuración de las fiscalías especializadas, entre ellas, la de delitos electorales.

El acuerdo está mal, porque funda los requisitos en el  artículo 18 y no en el 10 Quáter. Es decir, no puede decir la convocatoria que son 30 años porque la ley dice que son 35.

No puede decir la convocatoria que se requieren 5 años de antigüedad en la ostentación de un título profesional, porque la ley desde 2016 dice que son 10. Es decir, no solamente están incorporando requisitos no previstos en ley, sino que además están de un plumazo borrando lo que nosotros mismos legislamos en esa reforma de la Ley Orgánica de la PGR. Y eso es donde está justamente el problema.

Se ha dicho también aquí que es falso que no haya ley, y que en consecuencia el Senado de la República puede integrar el órgano, puede definir cuáles son los requisitos objetivos del cargo. Eso no es cierto.

Hay ley orgánica, la de la PGR, hasta en tanto transitemos a la Fiscalía General de la Nación, y eso sólo puede suceder cuando aprobemos la Ley Reglamentaria de la Fiscalía.

Mientras tanto, la PGR subsiste y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, como mandata el transitorio, se regula por la Ley Orgánica de la PGR, entre otras cosas en la parte relativa a los requisitos objetivos.

Pero no solamente implica eso, es absolutamente falso que estemos en un proceso de transición que faculta al Senado de la República a una suerte de libre configuración de los requisitos de la fiscalía de delitos electorales, porque la única transición que hay, es que de aquí a 2018, el nombramiento del Fiscal, de los Fiscales Especializados, recae en el Senado, el Ejecutivo mantiene la faculta de remoción, pero el Senado adquiere por transitorio constitucional una facultad de objetar. Es absolutamente falso que no tengamos norma aplicable, la norma aplicable, insisto, es la Ley Orgánica de la PGR.

El acuerdo, insisto, está mal porque no se da cuenta, no advierte el hecho de que nuestras reglas ya cambiaron.

Y también hay que recordar que en la reforma 2016 discutimos, precisamente, la incorporación de requisitos de no militancia partidaria y de no cargos de elección popular, cuando configuramos esas cosas que se llaman fiscalías especializadas, por cierto ya tiene un artículo específico la Ley Orgánica de la PGR, y decidimos no incorporarlas, ¿por qué? Porque advertimos, en esa discusión, que la Constitución lo prohíbe en razón de que la Corte ha dicho en varias ocasiones que no son requisitos proporcionales, por más indebido, malo y deshonroso que sea militar en un partido político no puede excluir el acceso en condiciones de igualdad a cualquier cargo de elección popular o de cargos de Estado.

Y aquí viene una razón de constitucionalidad que, por cierto, ha pasado desapercibida en esta discusión.

Miren ustedes, al menos en el artículo 73, fracción XI de nuestra Constitución establece una reserva de ley, es decir, los requisitos de un cargo público sólo pueden estar previstos en la ley, lo dice cuando la Constitución establece que es competencia del Congreso de la Unión crear empleos públicos de la Federación, eso implica la reserva de ley; la creación de un órgano implica definir no solamente sus facultades, sino los requisitos de acceso a ese cargo público.

Pero no solamente eso, el artículo 123, apartado B, fracción XIII dice también que el Ministerio Público, por cierto, eso es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se regula por su propia ley, ¿cuál? La ley de la PGR, no otra, hasta en tanto haya ley de la fiscalía general.

Pero no solamente eso, lo que está planteando aquí es absolutamente inconvencional, contrario a la Constitución, dice, por lo menos dos tratados internacionales, que es derecho de toda persona a acceder en condiciones de igualdad los cargos públicos y, por supuesto, la Convención Americana de Derechos Humanos especifica en qué condiciones la ley puede restringir la posibilidad de acceso, y lo dice muy claramente, y cito a continuación:

La ley sólo podrá establecer limitaciones al derecho de acceso, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena en proceso penal, además de la residencia.

Por muy deshonroso, insisto que sea militar en un partido político es inconvencional establecer este requisito.

Ojalá que este Senador repare en la violación flagrante a la ley, ya no solamente por lo que implica en términos de razones de constitucionalidad y de convencionalidad, sino porque está citando un artículo mal, no es el 10, es el 10, es de aplicación estricta, no se pueden derivar más requisitos de acceso a un cargo en función de un principio y un principio derivan interpretaciones.

Y de lo que estamos hablando aquí, es que cualquier persona tenga la posibilidad de competir en ese proceso, eso no implica que el Senado, el colegiado, por mayoría calificada, nombre a una persona que no garantice los principios de imparcialidad y objetividad.

A mí me parece que en fondo de esta discusión, en realidad lo que hay es la intención de viciar el procedimiento de nombramiento del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales para que lleguemos al proceso electoral sin titular en esa institución.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Roberto Gil.

Sonido en el escaño del Senador Héctor Flores, ¿con qué objeto?

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Simplemente para alusiones, en la primera parte de la intervención del Senador Gil, en donde refirió lo que acababa yo de mencionar y precisarlo.

En ningún momento de mi intervención hablé, desde luego, que el requisito de buena reputación tuviese que ver con la militancia.

Lo que señalé con toda puntualidad, es que se trata de un concepto jurídico indeterminado, igual que el de imparcialidad y que este Senado de la República está en amplitud de facultades para determinar con criterios objetivos, lo que entiende por imparcialidad, como también debería de hacerlo con lo que entiende por buena reputación.

Habiendo sido ése el sentido de mi intervención, simplemente quisiera precisarlo porque es prácticamente el objeto de lo que dije.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ya hizo usted uso de la palabra.

Aclararía que no fue usted aludido personalmente, pero por rectificación de hechos se la admitimos.

Gracias Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Hemos escuchado muchas razones legales para convencernos de que en la convocatoria no debería haberse incluido, o en el proyecto, una restricción para militantes partidarios o que han sido dirigentes partidarios.

Pero quiero recordarle a todos ustedes que lo que el Senado califica se llama "idoneidad", también se llama idoneidad, la naturaleza del cargo y la naturaleza del cargo de Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales requiere imparcialidad por sobre todas las cosas.

Así que el Senado creo que está faltando ya, se han perdido muchas de las reglas, las formalidades que aquí cuidamos. Vemos a un gobierno desesperado, a un gobierno que quiere arrebatar en el 2018, eso es lo que estamos viendo. Y cuando quiere aparecer, cuando se quiere eliminar la restricción de que no haya sido militante, dirigente, candidato, de lo que estamos hablando es que ya hay candidato designado, ya hay Fiscal designado, ya saben quién va a ser, y es un acuerdo de cuatro grupos parlamentarios, de cuatro grupos parlamentarios que está en curso, y no solamente el del Fiscal de la FEPADE, sino del Fiscal General.

En esas condiciones, bien podemos ver que cuando se desencadene todo el procesamiento de la designación del Fiscal General, pudiera haber un Senador con licencia y podríamos ver cómo se acumulen en cargos donde tiene que haber imparcialidad, profesionales, muy profesionales, de verdad, gente conocedora, pero vinculada a partidos políticos, vinculada a circunstancias que afecten esa objetividad y esa imparcialidad necesaria en un proceso electoral.

Si la remoción de Santiago Nieto abonó a la ilegitimidad del proceso de 2018, la designación de un fiscal carnal o de un Fiscal militante va a destrozar este proceso.

Hay que preguntarle a José Antonio Meade Kuribreña, qué opina de que el Fiscal de la FEPADE sea un Fiscal que haya sido candidato, representante en alguna circunstancia. Hay que preguntarle si la orientación del Presidente Peña y de Miguel Ángel Osorio Chong es conveniente para el proceso electoral de 2018.

De verdad, que haya República, que haya condiciones en las que todos admitan resultados.

Desde luego, veo a un gobierno apresurado, a un gobierno desesperado que ya no tiene límites. Que el Senado no se vuelva eso, que el Senado siga siendo el lugar donde podamos parar la arbitrariedad del poder público.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Antes de darle la palabra al Senador Manuel Bartlett, quisiera saludar con mucho afecto a la Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, quien fue la primera Presidenta de la Mesa Directiva para el ejercicio de un año. Y fue la primera Presidenta de la Junta de Coordinación Política a partir de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

¡Sea usted bienvenida, Senadora!

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente.

Estaba yo buscando una serie de definiciones, las vamos a ir precisando más adelante, pero esto no se refiere a nadie, y si alguien se siente ofendido, pues lo voy a sentir mucho, pero en realidad.

¿Cuál es la definición de palero o palera? Palero o palera, es una persona que, en ciertos espectáculos se mezcla entre el público fingiendo ser parte de él para apoyar a los actores. Persona que, en combinación con un vendedor ambulante, finge ser un cliente para animar a otros a comprar.

También preguntaba yo, y andaba buscando en el diccionario para ser preciso en los argumentos, quien vende su voto, ¿qué es?, y quien vende su voto en el anonimato, que vende su voluntad, ¿qué es?, dejo estas definiciones para que nos sirvan en el análisis preciso con las palabras adecuadas, palero o palera.

Entro ya en el tema, señor Presidente, y ya que estamos en un ejercicio un poco ditirámbico y leguleyesco para quienes se prepararon a venir a apoyar lo que acordaron en sus relaciones ocultas, tampoco me refiero a nadie.

¿Qué es lo que están quitando? Después de haber votado en lo general la convocatoria, porque ésa es una vieja treta, vamos a votar en lo general la convocatoria  o la ley, o la reforma, y luego vamos a permitir que se discuta en lo particular alguna cosa.

Pero el voto en lo general ya define claramente quiénes están a favor de una simulación, de una descarada manipulación para que sean tres los que elijan al fiscal que va a tener que cuidar que no haya delitos electorales. Es gravísimo, pero ya lo votaron en lo general.

Quienes ya lo votaron en lo general ya aceptaron, y eso es importante, quienes ya votaron y tenemos la lista en lo general, ya votaron por la farsa, ya votaron porque sea toda una cuestión, que por cierto la Presidenta de la Comisión de Justicia tiene nuevamente nuestro reconocimiento por su inteligencia y su lealtad a los principios, aquí votó en contra de este añadido o de esta exclusión.

Lo que están quitando pues pudieran no quitarlo, si es tan descarado todo el proceso podrían no quitarlo, si al fin aquí el coordinador del PRI, del PAN y el del PRD ya votaron en lo general todo.

Yo me acuerdo muy bien, porque estuvimos en esa comisión, en esa reunión, y dice el Senador Sánchez que todos votaron a favor de lo que usted añadió; no, nosotros votamos en contra de todo, pero usted votó en lo general el todo, y al votar en lo general está usted de acuerdo, señor Senador, está usted de acuerdo en que sean tres los que decidan, porque a este Senador no lo van a dejar para nada, nada más como decían por ahí algún compañero que se oye muy chistoso y no lo voy a decir en la tribuna, pero es un asunto de dos.

Y es una vergüenza que se sumen en un proceso tan delicado el PAN y el PRI que aprobaron en todo, salvo distinguidísimos panistas que aquí están y que yo felicito que votaron en contra de lo que ya aprobo su partido en lo general, hubo panistas que votaron en contra de lo general, pudieron aprobarlo así y no exhibirse como se están exhibiendo, con todos los leguleyos que aquí pasan con una gran voz a decir la reforma fulana, el artículo tal, mire usted, yo me lo sé mucho, porque yo soy un gran abogado, y esto es fantástico y todo, qué rápido, y cállense porque aquí la sabiduría legal está al servicio de la mentira, de la hipocresía y del acuerdo que han tomado el Partido Acción Nacional y el PRI. Esa es la verdad.

Señor coordinador, estuvimos juntos en algo, espero que en algún momento volvamos a estar, pero en este caso ya se pusieron de acuerdo.

Y entonces vemos algo interesante, no solamente son la mayoría que maltrata el coordinador del PRI, la maltrata la mayoría panista y le quiere quitar facultades, pero también la otra minoría de luchadores, ¿o qué son estos? Son calderonistas que ya tienen su candidato del PRI-AN, ya lo tienen, entonces se sumaron los dos grupos en este caso, los calderonistas y los mayoritarios. ¡Qué bárbaro! Pero eso se va a cobrar.

Y no valen los argumentos, esto si es elemental, clarísimo, la opinión pública la entiende con toda la sabiduría del abogado excelso; no, la opinión pública sabe, ¿sabe aquién quieren poner? Van a poner a un achichincle de Peña Nieto con el apoyo del PAN, ¿qué pasó?, ¿por qué?, ¿por qué apoyan?, si vamos en candidatos distintos, en procesos diferentes o ya no, habrá acuerdos allá, todo lo que aquí se quita, es absolutamente necesario, ahí reconozco a ese Senador que puso cosas aquí, pero ya se las quitaron, no se puede elegir a un Fiscal que va a juzgar al poder con un empleado, un simulador que esté a favor del poder, no se puede, la opinión pública lo va a saber, lo vamos a ver cuando aparezcan los candidatos y en la Junta de Coordinación Política voten juntos, esta vez sí, voten juntos y digan: este es el hombre, que no está impedido por el artículo 28 y 32 de la ley de la justicia cuando antes de que se reformara pero después que la reformaron porque ya no queda reformada. Esas son puras pamplinas!

Eso es que prepararon aquí a algunos abogados excelsos para que llegaran al final, salieran con unos argumentos legaloides y falsos, van a querer poner a un empleado, no quito la palabra, a un empleado, con eso basta, de Peña Nieto, eso es lo que van a hacer, porque todo el proceso, y por eso les digo cuando votan en lo general aceptan que todo eso que la Comisión de Justicia que no dudo va a hacer, porque tiene una Presidenta digna, escoja los idóneos y luego se encierran, ni siquiera van a la Junta de Coordinación, se ven en otro lado y deciden: éste es, éste es el que no va a encontrar ningún delito electoral en la próxima elección, éste es el que Peña Nieto ha dicho que debe ser el que le garantiza que no se meta con Odebrecht, que no se meta con los fraudes, que no se meta con nada, que sea, eso sí, muy leguleyo seguramente, muy arregladito, muy bien vestidito, pero va a ser un empleado. ¡Qué vergüenza!

Y todavía vienen y le quitan todo lo que parecería que podía evitar el partidarismo, la parcialidad, ¡qué desvergüenza, caray!, o sea, puede ser que ya escogieron, decía mi compañero Miguel Barbosa, ya lo escogieron, pero no les va a valer, van a perder la elección.

Cada paso que dan es sumirse más en el pantano de la ignominia, el desprestigio, aquí en este Senado están dándole vueltas para que escoja el coordinador del PRI y sus adláteres que estarán ese día listos para decir, y lo más probable es que ya lo decidieron a escondidas. No, señores, no se gana así, van a perder, va a perder el PRI por la corrupción que lo agobia.

Va a perder el PRI porque ya no les importa el estado de derecho.

Va a perder el PRI porque está desesperado.

Va a perder el PRI en tercer lugar, ¿pero el PAN qué? Si se suma pues va también, los rebeldes valientes y los de la mayoría ahí van a ir juntos, ya se pusieron de acuerdo ahorita. ¡Qué cosas vemos! Pero no les va a servir, ya perdieron.

Porque el pueblo de México sabe que aquí se fabrican todas las trampas; entregaron el petróleo a los extranjeros, la electricidad, todas las reformas estructurales, sí, las entregaron y lo saben, lo sabe el pueblo, van a perder, pero no hagan el ridículo, no se exhiban tan feo.

¿Por qué quitan esto?, por qué quitan esto si lo iban a violar, si lo iban a hacer como quisieran, ya escogieron a uno.

No sean tan descarados es una vergüenza, este Senado está siendo arrastrado a la ignominia, a la falsedad, a la desvergüenza.

Señor Presidente, me debe usted un estudio en donde demuestre usted, si es que van a hacer, que el Senado ya no puede intervenir en el proceso de expulsión fascistoide del Fiscal anterior.

Lo espero todavía, señor Presidente.

Usted es un hombre inteligente y nos va a presentar un gran estudio en donde va a tener que reconocer que el Senado no pierde sus facultades, por más que aquí se hagan marrullerías, no pierde sus facultades. Es una vergüenza.

El Fiscal para vigilar el fraude electoral, ese Fiscal, ese, pues va a ser de la pandilla. ¡Qué vergüenza! De nada les va a servir, van a perder la elección los dos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Presidente, pido la palabra.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez, ¿con qué objeto?

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Por alusiones, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Fue usted aludido?

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Con nombre y apellido.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Desde aquí, señor Presidente.

Muchas gracias.

Primeramente, a mí me da mucho gusto que venga el Senador Bartlett aquí a defender ahora a estar a favor de lo que votó allá en la Junta de Coordinación Política en contra, porque votó allá en contra de esta convocatoria de la que yo participé y propuse este numeral 6, allí votó en contra.

Me da gusto, pues, que se haga de esa manera. Pero yo también soy igual que el Senador Zoé Robledo, quizás de ese lento aprendizaje, porque lo primero que hago es confiar en la gente, y yo confié en este Senador, y tuvimos acuerdos y los traicionó y por eso no puedo volver a confiar más en él y no podría hacer otro acuerdo más para ir juntos en algo que le compete aquí al Senado desgraciadamente.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Luis Sánchez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Lozano Alarcón, para hablar a favor.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo estoy antes que el Senador Lozano.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sí, Senador Hermosillo, estamos alternando posiciones a favor y en contra. Está usted listado.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Estoy listado antes de Lozano. Respete.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Si me escucha usted, se enterará de cuál es el orden de los oradores.

Va a hablar el Senador Javier Lozano Alarcón, a favor; después el Senador Juan Carlos Romero Hicks, en contra; después usted, en contra; después el Senador Carlos Puente, a favor; la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, en contra y el Senador José María Tapia Franco, a favor, y con eso cerramos la lista de oradores.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Hermosillo, adelante.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) No, Presidente, el Senador Lozano se acaba de inscribir y le dio señas desde aquí a usted para que lo pusiera seguido.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aquí está, Senador Hermosillo, aquí está.

Gracias.

Senador Lozano Alarcón, por favor. Adelante.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, señor Presidente.

Miren, a mí también me dio ahorita por revisar el diccionario algunas definiciones que me llamaban la atención.

Me encontré una: hipócrita. Que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene.

Otra: amnésico. Que padece amnesia.

Amnesia. Pérdida o debilidad notable de la memoria.

Y dicho lo anterior, paso a volver a ubicar el tema que nos ocupa. Este es un tema de legalidad, no de argumentos leguleyos como se ha dicho, este es un tema estrictamente de legalidad.

Y vergüenza les debería de dar, que en la más alta tribuna, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, con tal ligereza y frivolidad se puede hacer a un lado el principio de legalidad.

Pueden no querer a una persona como Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, a una persona que haya sido militante, dirigente de partido, representante popular, candidato. Perfecto, se vale.

Pero, ¿saben qué hay que hacer? No hay que darle el voto cuando venga como aspirante al Senado de la República.

¿Saben qué hay que hacer? Entonces cambiar las leyes para poner otros requisitos que los que hoy establece. Eso es lo que hay que hacer.

Pero mientras la ley diga lo que dice, como de manera brillante nos expuso Roberto Gil hace un momento. ¡Envidiosos!

Mientras la ley diga lo que dice, les tengo malas noticias, la tenemos que cumplir, y es entonces que resulta inconstitucional imponer en una convocatoria más requisitos de los que establece la ley.

Vamos, mis alumnos de primer año en teoría del derecho, en la Libre de Derecho, lo saben. Es una vergüenza que aquí haya Senadores, o que ignoran esto o que simplemente no les importa incumplirlo.

Son requisitos de manera limitativa no enunciativa.

No es a ver qué otra se nos ocurre. Actuar así es arbitrario.

Lo más vergonzoso, es que se hace solamente por el aplauso fácil de la tribuna, por quedar bien con las organizaciones de la sociedad civil, por tener un hashtag nuevo, y miren que soy twittero, pero no cedan tan fácilmente a ese canto de las sirenas.

Hablan de precedentes. Sí, efectivamente, hay precedentes en los que se han impuesto más requisitos aquí que los que establece la ley. No repitan la misma estupidez.

Luego se habla también de voluntad política, como si este asunto se pudiera simplemente resolver por voluntad política.

Una cosa es hacer política, una cosa es negociar, pero toda negociación y acuerdo político tiene como piso y como techo el cumplimiento estricto de la ley.

Y si nosotros aquí protestamos como Senadores de la República: "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan", tenemos, entonces, que predicar con el ejemplo y hacerlo estrictamente.

¡Vergüenza, eh! Vergüenza les debería de dar ser Senadores de la República y no conocer la ley, o conocerla y no entenderla; o conocerla y entenderla y no cumplirla. Cualquiera de las tres es una vergüenza.

No se puede emitir, esto es una barbaridad, una convocatoria sólo para mujeres. Otra vez el aplauso fácil, otra vez queriendo quedar bien con ese sector de la sociedad.

Es absolutamente discriminatorio, ilegal e inconstitucional, pero qué bien salen así en los periódicos y en los medios y les hacen entrevistas, y quedan de maravilla. ¡Es una hipocresía, hombre!

No se pueden imponer más requisitos, ya lo dije, que los que la ley dispone. Eso es inconstitucional y el hecho de que en el pasado, insisto, se haya cometido un error de esa naturaleza, reiterarlo es tanto como hacer una suerte de jurisprudencia de la estupidez.

Y no es un asunto, como decía, de voluntad política. La voluntad política no alcanza para violar la ley. No puede ser meramente voluntad política.

Si de por sí los Senadores, los políticos, los legisladores tenemos mala fama, a veces por buenas razones, a veces no tan buenas. No le demos más elementos a la sociedad mexicana, no tratemos simplemente de agradarles al oído cuando sabemos que se está cometiendo una ilegalidad.

No exhiban su ignorancia de esta manera. De verás, es penoso que actúen de esa manera.

Yo los invito a que aprobemos esta reserva por una razón, por un estricto apego a la legalidad y por un sentido de seriedad y de responsabilidad.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks. Declina el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Yo estoy en contra de la reserva. Cuando le conviene al sistema acepta los lineamientos, cuando no le conviene, los rechaza.

Me recuerda a la elección de Paloma Merodio a su puesto en el Inegi, lo demás es pura habladuría.

El partido en el poder no tiene respeto a la ciudadanía y con sus aliados y colegiados, a los que sólo les interesa seguir en el presupuesto de una manera u otra, logra tener mayoría, ya sea simple o calificada.

En el aspecto electoral, buscarán tener su control en instituciones como Sedesol y funcionarias a su modo para ganar las elecciones, como le hicieron en el Estado de México.

Esta es la razón por la que corrieron a Santiago Nieto de la FEPADE, porque les estorbaba y ahora quieren poner a alguien que sea manejable. A Santiago Nieto son capaces de meterlo a la cárcel, habiendo tanto pillo en la calle, ya les faltaba a instituciones y estados y están muertos de risa de la ley.

La retórica y las pomposas presentaciones a favor de esta reserva me preocupan porque se alejan de la situación real nacional, que no creía en nadie y a la que no debemos de presentarle funcionarios que tengan posibilidad de ser cuestionados.

Por eso estoy en contra de la reserva.

De la nueva votación en la reserva, van a poner un Fiscal Electoral, dependiente del sistema, después no nos quejemos de las elecciones con funcionarios parciales, que atropellan, en primer lugar, a los ciudadanos en su voluntad y evitan a los candidatos de la oposición a llegar al poder, desilusionando así la incipiente democracia que tenemos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para poder alternar oradores en contra y a favor, Senadora, dado que declinó el Senador Juan Carlos Romero Hicks, si usted quiere hacer uso de la palabra o tengo también registrado en contra al Senador Alejandro Encinas, si quiere hacer uso de la tribuna, Senador Alejandro Encinas, adelante.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que se sigue distorsionando el debate que nos ha traído a este nivel de transición dentro del Senado, que tiene, efectivamente, su origen en la remoción indebida y arbitraria del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, cuyo objetivo fundamental es buscar tapar un profundo acto de corrupción como se ha acreditado en juzgados de otros países.

Y aquí en las intervenciones de mis compañeros, nada ha planteado violar la ley. Por supuesto que conocemos con detalle la ley y somos los primeros quienes debemos cumplirla y justamente en el compromiso de cumplir plenamente con la ley, deberíamos de apegarnos a la legislación que en materia de transparencia, de rendición de cuentas, y en otras las leyes hemos venido estableciendo a lo largo de esta legislatura, el de eliminar el conflicto de interés en la ocupación de cargos públicos, ya sea en órganos autónomos o en este caso, con esta Fiscalía Especializada.

No lo pongo en duda, aunque sobrarían los ejemplos, la honorabilidad de quienes hayan ocupado un cargo de representación popular o militen en algún partido político, eso no está a debate, lo que está a debate es que independientemente de la honorabilidad de estas personas, hay un conflicto de interés porque forman parte o han formado parte de un proyecto político y partidario, del cual difícilmente podrán desprenderse y que no da garantía ni certeza de que este desempeño con independencia y parcialidad se cumpla dentro de la Fiscalía.

Y sí, sí tenemos competencias legales para ampliar los requisitos de una ley que ha sido superada por el marco legislativo vigente en el sentido de establecer como un principio básico el que quien contienda por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no tenga un conflicto de interés en momentos donde se encuentran profundamente demeritadas y desacreditadas las autoridades electorales en todos sus órdenes en este país.

Bueno, lamentablemente el debate, lo único que se está dando, lo único que refleja es que ya hay candidato, y que ese candidato ya ha sido militante o representante popular de alguno de los partidos que conformarán la mayoría calificada.

Yo creo que si es así, mejor que se plantee de manera abierta y no se quiera, de manera subrepticia, al igual que se hizo la destitución del Fiscal Especial, va a ser un nombramiento que simule un proceso democrático apegado a derecho, cuando en realidad lo que se busca es crear una Fiscalía a modo, una Fiscalía de consigna para que no sólo siga encubriendo los delitos que ya iniciada su investigación, sino los que están por cometer en el proceso electoral.

Creo que es por ello que estamos plenamente en contra de esta disposición.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes.

Compañeras y compañeros, Senadores de la República:

En este momento en la discusión del asunto que nos mantiene en esta sesión, quiero hacer un reconocimiento a los argumentos expuestos de una manera clara, impecable, por su promovente, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, por el Senador Roberto Gil, por la Senadora Verónica Martínez y también en su participación al Senador Lozano; Senadores de la República serios, preparados, pero también Senadores responsables, de distintas fuerzas políticas, pero aquí el debate, ese tenía que ser, el técnico-jurídico, un debate legal y cómo debemos de decidir y cómo debe de actuar este Senado de la República.

Pero tenemos que aceptar la realidad, la realidad es que ya estamos en el 2018, ya todo lo que escuchamos y es para tratar de tener un rédito, un beneficio en materia político-electoral. Y afortunadamente, como dicen: "cuando las comadres se pelean, salen las verdades".

Ya vimos entre los mismos que se han unido y se han aliado a alizar a este Senado.

Hoy, hoy se reconocen las traiciones, pero aquí en esta tribuna han venido a señalar una serie de mentiras que no podemos permitir ni dejarlas pasar.

Se habla de un Fiscal a modo, que se quiere un Fiscal a modo, no es cierto, los que perdieron un Fiscal a modo son ustedes, aquellos que le pagaban y lo tenían en la nómina y no lo declararon cuando lo hicimos un Fiscal para la Atención de los Delitos Electorales.

Aquí nadie está nervioso, aquí los únicos nerviosos son aquellos que se creían y se sentían ganadores, pero qué creen, la realidad les está dando los buenos días, y se dan cuenta que la tercera, ojalá y ya sea sido la vencida, pero tampoco, tampoco lo van a lograr.

Hoy, es un buen deseo para México, hoy, hoy ustedes son los que reafirman el mandar al diablo a las instituciones y estar en contra de la legalidad.

Hoy que piden para hablarle a la grada, engañando a la sociedad mexicana, que este Senado violente la ley, nosotros estamos a favor de cuidar y fortalecer las instituciones de nuestro país, pero qué bueno, qué bueno que se mantengan así, son congruentes con su líder. Ustedes quieren ir en contra de la ley, quieren ir en contra de que muchas ciudadanas y ciudadanos tengan ese derecho, que lo tienen por ley, a participar, como ya lo dijo el Senador Javier Lozano: "no lo consideran, vótenlo, exprésenlo y díganlo, pero no vayan en contra de la ley".

Sé que así se han acostumbrado muchos, que aquí ya les dijeron que sufren de hipocresía, de amnesia, que luego los traiciona el subconsciente en algunos discursos hablando de que han iniciado algunos fraudes electorales.

Pero hoy, hoy vemos una intentona más de un frente amplio, ampliado, de paralizar al Congreso, de paralizar al país, y un ejemplo y prueba de ello es lo que están haciendo en la Asamblea de la Ciudad de México, que ya la paralizaron, y no nos debería de extrañar ni sorprender si es lo mismo que hicieron con Reforma, no saben hacer otra cosa más que atravesarse, paralizar al país y violentar a las instituciones.

Hoy quieren y pretenden que para que una institución tenga legitimidad tenga que violar la ley, tristemente no se puede.

Nosotros estamos a favor de la legalidad, estamos a favor de cumplir la ley, y además, recordemos, para el nombramiento y la designación de cada uno de los cargos, si verdaderamente queremos llegar a hacerlo con responsabilidad, vamos a tener que construir una mayoría, una mayoría calificada, y una mayoría, que a los que nos señalan reiteradamente, aunque en muchas también nos excluyen como grupo parlamentario, no tenemos la mayoría, tenemos minoría.

Si ustedes no han hecho lo contrario es porque no han querido, y es también un acto de simulación, ahí están los votos, para llegar a esa mayoría calificada la vamos a tener que construir, como todos, con una forma seria de trabajo y, sobre todo, de forma responsable.

Nuestro grupo parlamentario viene a manifestar la disposición de trabajar a favor de México, de separar las agendas de la agenda político-electoral y cumplir con nuestra responsabilidad. Votamos, cumplir y hacer cumplir la ley, no eludamos la responsabilidad que tenemos hoy como Senadores de la República hasta el último día, aun cuando estemos en proceso de campaña.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Puente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Quiero expresar mi inconformidad porque en el proyecto de convocatoria no se establecieron los elementos mínimos para garantizar la apertura total, como lo dice la ley, del procedimiento a la participación de la sociedad, ni la determinación de elementos objetivos para el análisis del perfil de candidatos que hubieran, seguramente, querido participar, pero que hoy se le cierra las puertas, precisamente, por un acomodo a modo.

En la convocatoria elaborada por la Jucopo para la elección del Titular de la Fiscalía Especializada se estableció, en su Base Sexta: "que en el proceso de evaluación las comisiones pedirían opinión a la comisión de selección", señalada en el artículo 18, fracción I de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como de su profesionalismo, probidad, prestigio e idoneidad para el ejercicio del cargo de cada una de las personas inscritas, mismo que, desde luego, no cumplió dicha comisión.

Asimismo, la comisión determinó constituir un comité ciudadano que diera acompañamiento a todo el proceso de auscultación y análisis de los candidatos y sus perfiles, desde luego, pues tampoco se cumplió.

El actual proyecto de convocatoria no contempla el acompañamiento ciudadano en ninguna de sus etapas.

Conforme al proyecto de convocatoria, una vez realizado el análisis, la Comisión de Justicia debería emitir un dictamen con un listado de los candidatos que cumplían con los requisitos y en su consideración reunían las condiciones de ilegibilidad para su cargo, pero, desde luego, tampoco esto fue así.

Lo anterior significa una contradicción técnica jurídica, los requisitos o condiciones de ilegibilidad son aquellas circunstancias que debe acreditar a una persona conforme a la ley u otras disposiciones para poder ocupar su cargo, sin que eso implique que su perfil sea el más idóneo para realizar las funciones del propio cargo.

Siendo así, la comisión debería haber realizado una verificación del cumplimiento de los requisitos de la ley y de lo dispuesto por la convocatoria conforme a los documentos entregados por cada candidato, y resultando positiva la verificación de cada caso, debería declarar que la persona es elegible.

Pero ello no significa que la comisión emita valoración alguna respecto de la idoneidad de una sola persona para ocupar el cargo. Valoración subjetiva que parte de las cualidades particulares de cada candidato.

La valoración de la idoneidad respecto de cada candidato no puede condicionar la determinación que finalmente adopte el Pleno, pero sí lo orienta en la detección del candidato más apropiado, no es aquí el caso porque el candidato ya está, es una persona que ha participado en la política que, desde luego, tiene un sesgo político, que a la hora de verificar las acusaciones que se tengan por delitos electorales tendrá, desde luego, ese sesgo político porque proviene de un partido político.

Es por ello que estamos en contra de este nombramiento.

Esta determinación lleva la elección del titular de la FEPADE al terreno de la discrecionalidad política por encima de apreciación objetiva y verificable de la idoneidad de los candidatos para ocupar este cargo, que debería de ser un procedimiento, y lo pone ahora como un procedimiento opas, que merma la autonomía e independencia de quien resulte electo, pues privilegia la negociación conforme a intereses y la componenda partidista y justificable ante el escrutinio social.

Nosotros estamos tranquilos porque la ciudadanía sabe por qué estamos aquí, por qué estamos aquí votando en contra.

Lo sabe porque una tras otra han venido robándose las elecciones, y hoy es una de las artimañas para tratarlo de hacer; sin embargo, hoy la sociedad está organizada, está decidida a dar la batalla en la calle, está decidida a luchar porque su voto sea realmente valorado.

Y es por eso que mi voto será en contra.

No estamos a favor de todo lo que se ha llevado a cabo y que de ninguna manera ha sido fuera de la ley.

Estamos en contra porque, desde luego, aquí hay un conflicto de interés, un conflicto de interés para poner una persona a modo y tratar de que todo lo que se haga, como es el seguir utilizando los recursos de diferentes programas para la compra de votos, utilizar recursos y todo lo que han hecho, tarjetas, en fin, quede escondido.

¡Qué vergüenza que esto esté sucediendo en el Pleno del Senado de la República!

Mi voto por eso será en contra.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.

Tiene el uso de la tribuna el Senador José María Tapia.

El Senador José María Tapia Franco: Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva.

No hace mucho tiempo me subí a esta tribuna con el mismo propósito, defender y hacer que se defienda la Constitución y las leyes de México.

Pero creo que no, no hay criterios, ni siquiera ganas, ni intenciones de hacerlo ni de leerlas.

Dicen que quien no conoce su pasado y no aprende de él, está dispuesto a cometer los mismos errores siempre.

Haciendo un análisis y un recuento de todo lo que ha pasado en este Senado con la Fiscalía, yo quisiera recordarles algunas voces que han estado por aquí en esta misma tribuna.

Que el 19 de noviembre de 2014 se firmó una convocatoria para elegir a un Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y que al hacer un análisis comparativo y jurídico entre una y otra, no hay gran diferencia más que la que se está proponiendo, que es limitativa y violatoria de las garantías constitucionales de cualquier ciudadana o ciudadano.

Al nosotros entablar o establecer nuevos requisitos para ser elegible para algún cargo, como bien lo dijeron, y muy bien dicho, los Senadores que me antecedieron, como el Senador Lozano, el Senador Puente, es violatorio de sus garantías constitucionales, y vuelvo a lo mismo, cualquier ciudadano con un principio jurídico o con conocimientos primarios de derecho, podría acudir simplemente a un juzgado de distrito y revocar la convocatoria, simplemente sería vergonzoso para el Senado de la República.

El establecimiento de mayores restricciones a las que la ley nos ordena, estaríamos sobre reglamentando y sobrelegislando, coincido con los Senadores que me antecedieron, que si no estamos de acuerdo en los requisitos que marca la ley, propongamos una reforma, debatámosla, argumentémosla, pero mientras, respetemos lo que dice la Constitución, las leyes orgánicas y los reglamentos de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Hay voces también que dicen "que está poco publicitada, que no hay espacios para la sociedad civil ni para que intervengan en ella ciudadanos o ciudadanas", vuelvo a lo mismo, léanla, porque en el proemio de la convocatoria establece a las  universidades públicas y privadas, institutos, asociaciones civiles, Organizaciones No Gubernamentales, así como a las ciudadanas y ciudadanos que deseen participar, a inscribirse.

Si eso no es involucrar a la sociedad civil organizada ni a la ciudadanía, no entiendo qué es lo que se pretende.

Igualmente, hay voces que dicen que es la Junta de Coordinación Política la que va a tomar el Acuerdo. De ninguna manera, en ninguna parte de las dos convocatorias, la del 2014 y la del 2017, lo leo, pero sí hay una diferencia, grande, los coordinadores de los grupos parlamentarios, en ese momento firmaron todos, y se votó por mayoría absoluta al Fiscal o al ex Fiscal Santiago Nieto, porque en ese momento ese ex Fiscal no contemplaba las otras fracciones, lo que se supo ya después que cobraba en algún grupo parlamentario como asesor del mismo.

Es por ello que yo y mi grupo parlamentario estaremos a favor de esta reserva, porque nosotros sí estamos seguros que protestamos hacer guardar y guardar la Constitución y cumplir las leyes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, disculpe que lo interrumpa. El Senador Zoé Robledo, me parece que quiere hacerle una pregunta.

¿La acepta?

El Senador José María Tapia Franco: Creo que ya está bastantemente argumentado y discutido, Senador.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

¿Con qué objeto, Senador?

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para hechos, para rectificación de hechos.

Era para hacerle una pregunta al orador, misma que no aceptó; me llama la atención cuando alguien argumenta y está seguro de su argumentación, pues que no acepte una pregunta.

Y era una pregunta muy simple.

Si los Senadores que han hecho uso de la palabra, del PRI, del PAN, incluso en el caso del Partido Verde, sabían que esta redacción era tan aberrante, cito: "vergonzosa, ilegal, inconstitucional", pues, por qué no se lo dijeron a sus coordinadores; por qué no le dijeron al coordinador del PRI, por qué el Senador del Verde, si estaba tan avergonzado, por qué firmó el Acuerdo.

Por qué no se lo dijeron a todos quienes aprobaron en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establecía la restricción de la no militancia, no tuvieron la oportunidad de hacerlo o están equivocados, están equivocados el coordinador del PRI y del Verde a la hora de hacer esto.

La reserva va en contra del Acuerdo que firmaron sus coordinadores.

Entonces, la pregunta es, ¿si los calificativos de: "aberrante, vergonzoso, ilegal e inconstitucional", es para ellos o para quién?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Compañeros Senadores, la propuesta del Senador Manuel Cárdenas, que aceptamos para su discusión, plantea que se elimine el numeral 6 de la Base Segunda y de la Base Tercera, que son las únicas porciones de las bases que se mantuvieron reservadas. Todo lo anterior y posterior de la convocatoria ya quedó aprobado.

Una vez que concluyamos su discusión vamos a consultar a la Asamblea si acepta la propuesta, es decir, si aprueba eliminar el numeral 6 de la Base Segunda y de la Base Tercera.

En caso de que manifiesten por la aprobación, el párrafo correspondiente quedará suprimido y con ello habremos concluido el trámite de la reserva, ya no habrá propuesta posterior que votar, porque su efecto es eliminar un párrafo, no modificar las Bases Segunda y Tercera en su texto que ya ha quedado aprobado por el Pleno.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para anunciar que los integrantes del grupo parlamentario PT-Morena presentaremos un escrito dirigido a usted para dar las razones, un documento para dar las razones de por qué nuestro voto en contra.

Así es que se lo anuncio para que se incluya en el Diario de los Debates, y consten estas reflexiones.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así lo haremos Senador Barbosa.

Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de suprimir el numeral 6 en las Bases Segunda y Tercera de la convocatoria.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta algún Senador o Senadora de emitir su voto.

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 64 votos en pro, 33 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada la propuesta del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, por la que se elimina el numeral 6 de la Base Segunda y el numeral 6 de la Base Tercera.

La propuesta de modificación al considerando Décimo Primero se integrará al expediente en la convocatoria.

Queda aprobada la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Publíquese en el portal electrónico del Senado, en la Gaceta Parlamentaria y en el micrositio de la Comisión de Justicia. Comuníquese.






Compañeras Senadoras y Senadores, los integrantes de la Junta de Coordinación Política remitieron un Acuerdo por el que se modifica la fecha de la comparecencia el Secretario de Gobernación, con motivo del Análisis del Quinto Informe de Gobierno. El documento está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la fecha de la comparecencia del Secretario de Gobernación con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno, para realizarse el miércoles 22 de noviembre, a las 12:00 horas.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría con ellos.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.

Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 9 de octubre de cada año “Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DE LAS COSTAS Y MARES MEXICANOS”

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman 24 ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 24 ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, SUSTITUCIÓN DEL NOMBRE DE DISTRITO FEDERAL Y DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LAS FACULTADES CONCURRENTES PARA LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






EXCITATIVA

Compañeras Senadoras y Senadores, a solicitud de nuestra compañera, la Senadora Ana Gabriela Guevara, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. constitucional, presentado el 17 de noviembre de 2016.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así? como en los artículos 214 numeral 2, y 216 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, le solicito respetuosamente que, en pleno uso de sus facultades, formule excitativa a las COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE EDUCACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, de esta Cámara, para que dictaminen acerca de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- El 17 de noviembre de 2016, su servidora, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presente? ante el Pleno de esta Cámara, una iIniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la que propuse que dentro de la educación que imparte el Estado se tome en cuenta la enseñanza filosófica de la ética.

Dicha Iniciativa tiene el propósito de asegurar la promoción de los derechos humanos, mediante los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que explícitamente mandata La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 1º. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Dicho lo anterior, esta propuesta pretende introducir en el sistema escolarizado la formación ética, con esas cualidades, como el factor catalizador que forme las condiciones epistemológicas adecuadas para la comprensión cabal de los derechos humanos en todo su espectro de actuación. Siendo los derechos humanos, un concepto, ya activo y rector en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es innegablemente una conquista ética de la humanidad. Paso por paso, valor por valor, cada movimiento en favor de la justicia, de la transparencia, de la búsqueda y de la manifestación de la verdad, de la pretensión del equilibrio social, está marcado por una voluntad ética.

II.- Ese mismo día, la Mesa Directiva turno? dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, para su estudio y dictamen.

III.- Y a un año de haberse presentado, está no ha sido dictaminada, motivo por el cual presento ante esta Soberanía las siguientes:

CONSIDERACIONES

La multicitada iniciativa considera que así como el concepto de derechos humanos emergió en el texto constitucional mexicano después de una inmensa energía social invertida en ello, es viable, que en la educación que actualmente imparte el Estado se haga con una formación ética donde se incluyan las estrategias filosóficas que impulsan y promueven este pensamiento. La formación filosófica tiene como núcleo la pregunta y una pregunta, impulsarla o tenerla, ubicarla en el campo académico, usarla como materia prima de cualquier asignatura, es ya una experiencia de conocimiento, es la experiencia ideal para generar conocimiento y es irrebatiblemente una experiencia filosófica porque busca algo; busca saber a través de generar una de las hazañas humanas por excelencia: la necesidad de saber después de instalar en su conciencia una duda que requiere ser despejada.

No podemos se ajenos o dejar de mencionar que dado el inmenso caudal informativo a libre disposición, esa irrefrenable la circulación de ideas y de información de todas las calidades, se puede observar que las generaciones presentes están desarrollando hábitos y experiencias de conocimiento fuera de las escuelas. Y la escuela está quedando atrás en varios aspectos. La oferta de entretenimiento, sus contenidos y mensajes, están marcando pautas de conducta, de entendimiento, de relación social, de lectura, de escritura, de creatividad, de placer, de reactividad ante diversos eventos vitales, de cultura total de forma mucho más rápida que lo puede hacer la experiencia escolar sobre todo en generaciones jóvenes. La escuela día a día lucha por alcanzar ese ritmo vertiginoso y se adapta muchas veces con renuencia y torpeza. Por ello, el introducir esta añeja experiencia de enseñar con recursos filosóficos, nutridos con técnicas y recursos pedagógicos contemporáneas, la ética, los derechos humanos, resultaría una práctica revolucionaria ya que desarrollaría aún más las facultades de observación, de discriminar cognitivamente, de organización, de análisis, de obturar experiencias, de racionalizar el tiempo cultural propio, de sistematizar los umbrales no sistemáticos o fronterizos.

Si bien el sistema educativo continúa ligeramente atado al pasado, la educación actual se mueve de manera acelerada y los jóvenes nacen inmersos en esta vorágine, donde requieren de competencias diferentes para hacer frente a su realidad.

En la iniciativa se hace mención a lo que el gobierno hasta el día de hoy ha realizado para introducir al currículo impactos académicos en favor de los derechos humanos, la ética; se observa en los libros de texto gratuito. Sin embargo, en los niveles de secundaria y preparatoria el seguimiento se continúa reforzando y complejizando. Por ello, para argumentar en favor de enfatizar el peso de la ética y de la enseñanza de los derechos humanos en sistema escolarizado se propone revisar elementos de trinchera, aquellos elementos que están en el frente educativo, ya como un producto sometido a un proceso de selección de decisión que seguramente brotó de un auto cuestionamiento ético de ¿qué enseñar y cómo enseñar? De parte del gobierno en turno.

Por lo anteriormente expuesto se considera transcendental que el Estado mexicano incluya en sus leyes y en sus programas de educación, formas de reflexión filosófica que permita que las personas tomen conciencia de sí mismas y de su entorno para que actúen en forma responsable.

La iniciativa presentada considera que esta actividad al ser muy variada, es difícil encontrar características en común, que no sean terriblemente vagas, entre todas las tradiciones filosóficas desde los inicios de esta actividad hasta el presente. Por eso mismo es tan difícil entender adecuadamente lo que la filosofía es sin haberla practicado. Pero es justamente a causa de esta variedad de ambiciones, metodologías y temáticas, que la filosofía parece merecer un lugar aún más importante del que actualmente posee en la educación. Para entenderlo, podemos ejemplificarlo con algunas de las preguntas que la filosofía intenta responder: ¿Cómo deberíamos vivir? Si no tenemos libre albedrío, ¿podemos ser responsable de nuestras acciones? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia? ¿Qué y cómo podemos saber? ¿Es la creencia en Dios razonable? ¿Y es razonable creer en milagros sobre la base del testimonio de otros? ¿Qué son el arte y la belleza y qué relevancia tienen en la vida humana? A menudo se dice que la filosofía se preocupa de preguntas fundamentales cuyas respuestas nos ayudan a comprender qué somos y el mundo en el que vivimos. Los ejemplos ofrecidos parecen sugerirlo y en un sentido eso es correcto, aunque no solo se preocupa de tales preguntas.

Por supuesto que nadie puede cuestionar todo continuamente, pero las preguntas están allí para ser respondidas. Y la filosofía se encarga de considerarlas, porque ante todo es una actividad y no un cuerpo de conocimientos. La sociedad democrática parece requerir el acceso universal a la educación, pero la sociedad parece también tener el derecho de esperar algo a cambio por la inversión que realiza. Entonces uno podría pensar que la educación debe estar al servicio de la economía y que la filosofía no puede contribuir a la economía. Pero esto último sería un error.

Por último, he de destacar que dentro del contenido de la iniciativa se señala como en los últimos años se ha dado un ascenso de las conductas de la dispersión, la de discriminación, de la exclusión social en el mundo, de la radicalización, de la xenofobia. Creemos y tenemos fe, -palabra muy trabajada por la historia de la filosofía-, que la educación desde la ética hacia los derechos humanos es una fórmula de defensa de la convivencia civilizada.

Señor Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta se de? el trámite correspondiente a la siguiente:

EXCITATIVA

Único.- Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara, a fin de que presenten el dictamen relativo al Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que les fue turnada el 17 de noviembre de 2016.

Dado en el Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






Daremos cuenta de las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se amplió el turno a los siguientes asuntos:

Al Tratado entre México y los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía.

Y al Tratado entre México y Cuba sobre la delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.






Las demás iniciativas y proposiciones se turnarán a comisiones. Los turnos de los asuntos de publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

La que suscribe, Senadora LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia de energía que implicó una modificación a los textos de los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, con la cual se abrió la participación de la iniciativa privada en dicho sector.

En el texto del artículo 25 se introdujeron nuevas figuras jurídicas a nuestro sistémica de derecho como lo son las empresas productivas del Estado (EPE). Por su parte el texto del numeral 28 nos habla de órganos reguladores coordinados en materia energética.

Derivadas de la mencionada reforma constitucional surgió un paquete de leyes secundarias que incluyeron las leyes de Petróleos  Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las cuales tiene por objeto la organizacio?n, administracio?n, funcionamiento, operacio?n, control, evaluacio?n y rendicio?n de cuentas de dichas empresas productivas del Estado.

Ahora bien, en el desarrollo de la reforma, entre muchas otras inconsistencias falto regular el papel y la participación del Congreso de la Unión en lo que se  denominada "función de control" que debe ejercer a las actividades del Poder Ejecutivo, por ejemplo, comparecencias y el nombramiento de los funcionarios que actuarán en los diferentes consejos de administración de las nuevas Empresas Productivas del Estado.

Es por ello, que la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto la armonización legislativa del texto del numeral 93 de nuestra Carta Magna para otorgar a las cámaras que integran el Congreso de la Unión la facultad para poder citar a comparecer a los integrantes de los diferentes consejos de administración de las nuevas empresas productivas del Estado, así como a los integrantes de los consejos de administración de las empres productivas subsidiarias que se hayan creado a partir de la implementación del Reforma en materia de energía.

Cabe señalar que la "...función de control del Poder Legislativo es toda actividad parlamentaria orientada a influir, comprobar, inspeccionar, verificar, analizar, registrar, revisar o examinar la activad del Ejecutivo, a través de la utilización de instrumentos regulados jurídicamente sin traer aparejada, en caso de que el resultado del control sea negativo, forzosamente una sanción."1

Partiendo del concepto anterior, el Senado de la República realiza la función de control a través del análisis de la política exterior, aprobación de tratados internacionales, comparecencias, solicitudes de información, comisiones de investigación, preguntas parlamentarias, interpelaciones y nombramientos de cargos.

Por lo anterior, consideramos indispensable establecer la obligación de que los integrantes de los diferentes Consejos de Administración, ya sean consejos independientes o funcionarios públicos, comparezcan ante los representantes populares ya que dichos consejos son los órganos responsables del cumplimiento de metas y objetivos de dichas empresas.

Por otra parte, en la reforma constitucional de 2013, también se crearon los "órganos  reguladores coordinados en materia de energía" que al tenor son: Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de DECRETO QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en los términos siguientes:

Artículo único: Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93 ...

Cualquiera de las Cámaras podrán convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, de las empresas productivas del Estado y empresas productivas subsidiarias, así? como a los titulares de los o?rganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

...

...

...

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. Layda Sansores San Román.

1 GARITA Alonso, Arturo & et all. La Función Legislativa del Senado de la República. Ed. Mesa Directiva. México, agosto 2015, p. 133





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE FEBRERO DE 2014

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 20 DE JULIO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL INTERNACIONALISTA”

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 20 DE JULIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL INTERNACIONALISTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las relaciones internacionales han sido definidas como una rama de las ciencias  sociales que se caracterizan por realizar el estudio y el análisis de la realidad internacional, a través de métodos teórico-metodológicos que dan como resultado la observación de la arena internacional y su interpretación desde enfoques políticos, económicos, jurídicos, sociales y culturales. Aquel que ejerce como internacionalista es entonces, un individuo con capacidad de razonamiento continuo, siguiendo la evolución histórica nacional e internacional, capaz de tomar decisiones en pro de una nación o del mundo entero.

En México, como nación con responsabilidad global que se involucra dentro de la escena internacional, disponemos de Centros Educativos, tanto públicos como privados, que realizan e imparten cursos sobre las Relaciones Internacionales como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colegio de México (COLMEX); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tanto en su campus de Ciudad Universitaria como en diversas Facultades de Estudios Superiores que derivan de la misma Universidad; el Instituto Tecnológico de Monterrey;    la Universidad Iberoamericana; la Universidad La Salle; el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre muchos otros, que instruyen a una cantidad inmensa de personas que día con día con día realizan investigaciones o ejercen actividades vinculadas a las Relaciones Internacionales y a la relación de México con el exterior.

En este sentido, establecer un día del internacionalista a nivel nacional, sería otorgarle un reconocimiento a todas aquellas personas que ejercen su vocación por el bien de la patria, al ser estos mismos intérpretes de la situación internacional, y guías para nuestro país, en un mundo globalizado.

El Senado de la República tiene una posición peculiar dentro de las Relaciones Internacionales que no puede ser ignorada, delimitada en primera instancia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Artículo 76, que determina las facultades de la Cámara de Senadores, como “analizar la Política Exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal […], aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos,[…] [y] ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga […] del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; [y] de los empleados superiores del ramo de Relaciones”.

Si bien es cierto que el Ejecutivo Federal es aquel que determina las pautas para la conducción política exterior, la Cámara de Senadores debe velar también por el cumplimiento de los principios normativos que guían nuestra relación con los actores de la comunidad internacional, establecidos en el artículo 89, fracción X constitucional: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Establecer el Día Nacional del Internacionalista, sería reconocer igualmente a las instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República, a sus trabajadores, y a su labor para posicionar a México como una potencia global, que brinda diversos beneficios económicos, políticos y comerciales al mundo entero.

Ahora bien, dentro de esta iniciativa se insta a crear este “Día Nacional del Internacionalista” el día 20 de julio de cada año, para hacer memoria, a Don Gilberto Bosques Saldívar, un diplomático ejemplar, que demostró la vocación de México como un país de brazos abiertos que es sensible ante la situación endeble de ciertas naciones y grupos sociales vulnerables.

Este personaje célebre fue Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de París, Bayona y Marsella, y contaba con la misión de informar a nuestra nación la situación en Francia y en el Continente Europeo y defender a los mexicanos que se encontraban en ese país que trabajaba en conjunto con el régimen nazi. Sin embargo, ejerciendo dicho cargo, el Don Gilberto Bosques arriesgó su vida para rescatar y proteger no sólo a mexicanos, sino también a más de 40 mil refugiados de distintos orígenes, brindándoles refugio en los castillos de Reynarde y Montgrand en Marsella, para después facilitarles la residencia y la nacionalidad mexicana.

Tal es la importancia de Don Gilberto Bosques dentro de nuestra historia diplomática y en la historia del mundo, que el Centro de Estudios Internacionales que asesora al Senado de la República a cumplir con sus facultades en materia de política exterior, tiene el nombre de tan distinguido diplomático. 

Establecer el 20 de julio como “Dia Nacional del Internacionalista” mostraría el profundo agradecimiento de nuestro país a la labor de Gilberto Bosques durante los regímenes totalitaristas que dominaron Europa, así como la de otros muchos diplomáticos y reiteraría nuestra posición de salvaguardar los principios de política exterior que rigen nuestra posición y nuestras acciones dentro de las relaciones internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se declara el 20 de julio de cada año como el Día Nacional del Internacionalista.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón del Senado de la República, 16 de noviembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 254 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 254 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los inhalantes son substancias legales de uso industrial; sin embargo, el mal uso y el consumo directo de estos, producen adicción y daños a la salud de los seres humanos. El mayor de los problemas es cuando niñas, niños y adolescentes son los principales consumidores, derivado de situaciones multifactoriales como la marginación social y económica.

“Los inhalantes son un grupo de sustancias volátiles que normalmente se encuentran en estado líquido o sólido, pero se evaporan rápidamente al estar en  contacto con el aire a temperatura ambiente.  Al volatizarse, pueden ser inhaladas de forma voluntaria e involuntaria por medio de la aspiración de la nariz”.1 

Como ya se mencionó anteriormente, las sustancias inhalantes pueden ser encontradas de forma legal, en productos como: tíner, pegamentos, barnices, gasolinas, acetona, aerosoles, aire comprimido, entre otros; sin embargo, en el círculo científico se han clasificado de acuerdo con su forma, los efectos farmacológicos que producen y su composición química; para fines prácticos del presente documento se tomará la clasificación que retoma la Academia Mexicana de Ciencias, quien etiqueta a los inhalantes en cuatro grupos, de acuerdo con la forma y el producto que las contiene:2

1) Disolventes volátiles: sustancias que contienen hidrocarburos halógenos.

2) Gases: Óxido nitroso y gas butano.

3) Aerosoles: Latas de pintura en espray.

4) Nitritos de alquilo volátil: Limpiadores de video o material de cuero.

A continuación se presenta una relación de la anterior clasificación para mayor entendimiento:


Inhalables

Definición

Tipos de productos

Composición química

Solventes

Son sustancias que contienen hidrocarburos con un halógeno (flúor, cloro, bromo o yodo) ya sean aromáticos o alifáticos. Los inhalables que más se usan en abuso son los de este grupo.

•Combustibles (gasolinas).
• Pegamento.
• Cementos especiales.
• Removedor de barniz de uñas.
• Removedor de pintura (tíner).
• Líquido corrector.
• Desmanchadores.

• Heptanos y octanos.
• Tolueno, acetato de etilo, acetona, varias cetonas.
• Tricloroetileno, tetracloroetileno
• Acetona, acetato de etilo.
• Tolueno, cloruro de metilo, acetona, acetato de etilo • Destilados del petróleo, ésteres, acetona.
• Tricloroestileno, tricloroetano.
• Xileno, destilados del petróleo, cloro hidrocarburos.

  Aerosoles

Presente en latas de pintura en espray, para el cabello, para cocinar, desodorantes, etcétera.

• Aerosol de pintura.
• Aerosol para el cabello.
• Desodorantes, odorizantes del aire.
• Aerosol analgésico y para el asma.
• Limpiadores de computadora.

• Butano, propano, flurocarbonos, tolueno, hidrocarburos.
• Butano, propano, clorofluorocarbonos (cfc)
• Butano, propano.
• Dimetil e?ter, hidrofluorocarbonos.

Gases

Como los anestésicos, el óxido nitroso o gas de la risa, gas butano para encendedores o extinguidores.

• Gas o líquido e encendedor.
• Extinguidor de fuego.
• Anestésicos.

• Butano, isopropano.
• O?xido nitroso, halotano, enfluorano, cloruro de etilo.

Nitritos

Nitritos de alquilo volátiles.

• Tratamientos de angina de pecho y de intoxicación por cianuro “poppers”.

• Nitrito de amilo, nitrito isobutilo, butilo.

Fuente: Academia Mexicana de Ciencias

El problema del consumo de inhalables va en aumento, convirtiéndose en una situación de riesgo para la salud nacional; solo en la Ciudad de México, adolescentes de entre 12 y 19 años durante 2009 constataron que los inhalables son la segunda droga más consumida, solo por debajo de la mariguana. La prevalencia indica que entre los años 1989 hasta 1997, eran los inhalables el primer lugar de consumo de drogas, a partir de 1998, la mariguana acaparó el consumo; sin embargo, los solventes no han dejado de ocupar el segundo lugar. Cabe mencionar que por género, los inhalables ocupan el primer lugar de consumo en mujeres y el segundo en hombres.3

En esta misma tesitura, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, arroja una serie de resultados que deben ser tomados en consideración para el mejoramiento de mecanismos de prevención en el consumo de drogas; por ejemplo, 10.3% de la población entre 12 y 65 años ha consumido alguna droga durante su vida; el 2.9% lo hizo en el último año; asimismo, el 0.6% presenta dependencia al consumo de drogas (546 mil); en la población adolescente (12-17 años) el 5.3% ha consumido mariguana, 1.1% cocaína y 1.3% inhalables alguna vez.4

El uso de las drogas es un fenómeno social estrechamente asociado con la prevalencia creciente de factores como la violencia y la desintegración familiar. Datos del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), señalan que en los últimos años, 9 de cada 10 personas detenidas eran consumidores de sustancias adictivas, por lo que habría una relación entre consumo y la comisión de delitos, esto marca los parámetros para poder dimensionar el consumo de drogas en México.5

El consumo de inhalantes es percibido como un problema no prioritario para el Estado mexicano; sin embargo, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el 47% de los encuestados refirió haber usado el tíner como droga; el 25.1% consumió activo; 16.4% pegamento; 5% esprays y 5.1% otros disolventes.6

Asimismo, el estudio en comento da cuenta que principalmente los jóvenes son quienes consumen inhalantes, extracto social que principalmente padece de marginación social y económica. “En México, 27% de los menores que vivían en zonas desfavorecidas económicamente reportaron consumir algún inhalante, y 22% lo hacía de manera diaria”.7

Cabe mencionar, que la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría refiere que, si bien el mayor porcentaje de consumo se observa en clases sociales marginadas, se ha observado que las escuelas ubicadas en zonas de clase media se muestran con tasas similares de consumo, con niveles de servicios diferentes y distintas características de ingresos y empleo de sus habitantes.

Otros estudios como el realizado por el Sistema de Reporte de Información de Drogas (SRID 2013), evaluaron 847 casos de usuarios de sustancias (706 hombres y 141 mujeres), el 85.1% han consumido mariguana alguna vez en su vida, mientras que el porcentaje para los inhalantes fue de 37.3%, y 35.4% para la cocaína. Es preciso especificar que el 40% de los encuestados tenían entre 15 y 19 años, seguido por personas de 30 o más años con el 20%; mientras que el 83.3% del total de los usuarios son hombres. En cuanto a la ocupación, la mayoría de los casos indicaron ser empleados o comerciantes (42.2%), mientras que un 23.3% refirió ser estudiante.8

Consumir inhalantes representa un riesgo grave para la salud humana, ya que con tan sólo hacerlo una sola vez se puede producir sofocación e incluso la muerte por falla cardiaca. La Academia Mexicana de Ciencias, en su estudio científico sobre los inhalantes, señala los diversos daños a la salud que puede representar consumir sustancias volátiles, como enseguida se menciona:9

• Daño en el sistema nervioso: El consumo crónico n-hexano (encontrado en pegamentos y combustibles) produce neuropatías periféricas. Las neuropatías son daños al nervio; sus síntomas son: parálisis transitoria del nervio craneal, entumecimiento, dolor por problemas musculares y pérdida de visión.

• Daño en el sistema respiratorio: Dado que las sustancias volátiles se consumen por la vía aérea, uno de los principales daños ocurren en el sistema respiratorio, debido al contacto directo de la sustancia con sus tejidos, afectando al sistema de olfato e irritando el tejido pulmonar. También pueden ocurrir accidentes por asfixia o una disminución en la entrada de oxígeno (hipoxia), tos, silbidos, dificultad para respirar, hemorragia nasal, pérdida de olfato y neumonía.

• Daño en el corazón: Una de las causas de la muerte súbita por inhalación es el efecto que producen los inhalables en el corazón. Inicialmente, sensibilizan el corazón ante la adrenalina y noradrenalina, por lo que la respuesta fisiológica de alerta ante un peligro o sobresalto que normalmente se presenta en un individuo normal, bajo los efectos de inhalables estará exacerbada, manifestándose como palpitaciones, falta de aliento y desmayo. Si además se suma la combinación de arritmias con un incremento en la función cardiaca y una pobre oxigenación, resulta potencialmente fatal.

• Daño renal y hepático: Los desórdenes renales están específicamente asociados con el consumo crónico de tolueno, que puede causar acidosis tubular, cálculo urinario, glomerulonefritis y falla renal.

• Daños en la sangre: La hemoglobina es una molécula encargada de trasportar el oxígeno en la sangre. El uso de los nitritos de alquilo están asociados con metahemoglobinemia, enfermedad en la que la hemoglobina es incapaz de liberar oxígeno de manera efectiva en los tejidos corporales.

• Daño durante el embarazo: El uso durante el embarazo de inhalantes incrementa el riesgo de parto prematuro o aborto espontáneo, y los recién nacidos pueden presentar bajo peso y talla al nacer, retraso en el desarrollo y reducción en la densidad neuronal.

En esta misma tesitura, para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignaron $1,273,337,046 pesos, para la prevención y atención contra las adicciones, presupuesto que se encuentra dentro de las acciones para la prevenir el delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos. Si se engloban todas las acciones del ramo, tiene un presupuesto de $139,152,759,843 pesos,10 lo anterior pone sobre la mesa la necesidad imperiosa de hacer más eficientes los recursos, mejorando las estrategias de prevención, haciéndolas más efectivas a un menor costo.

Asimismo, es importante señalar que la atención en materia de adicciones se ha centralizado en el consumo de drogas ilegales; sin embargo, el uso erróneo de productos químicos lícitos con efectos psicotrópicos, como los inhalables, también contribuyen a la alta tasa de adicción en México. De este modo, el consumo de estas sustancias en edades tempranas, genera daños neurobiológicos más severos y también son puerta de inicio hacia el uso y dependencias de otras drogas ilícitas.

En esta misma tesitura, es importante recordar que la posesión de inhalantes es legal, además, de bajo costo y no son considerados drogas de abuso en comparación con las ilegales (cocaína, mariguana, anfetaminas, etcétera). Su variedad y accesibilidad no tienen ningún tipo de control, al ser productos comercializados legalmente que pueden ser distribuidos en tiendas de autoservicio y ferreterías.
Sin embargo, los inhalantes representan un riesgo para la población, siendo únicamente el Estado quien está obligado a velar por el derecho a la protección de la salud y de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las personas que se encuentren en territorio nacional, tal y como lo estipula el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante señalar que este problema, no es exclusivo de México, lo inhalables se encuentran entre las sustancias comúnmente utilizadas por los estudiantes en gran parte de América Latina, después del alcohol, el tabaco, la mariguana y los farmacéuticos, y en más de un país es la primera droga que se usa. Según un estudio de drogas y salud pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la mayor prevalencia en el uso de inhalables se registra en Brasil (14,4%), seguido de Jamaica (13,9%), Trinidad y Tobago (13,3%) y Guyana (10,4%).11 Reconociendo que deberían ser los esfuerzos internacionales los que prevalezcan para empezar acciones conjuntas y coordinadas, de intercambio de información y experiencias, las que ayuden en la prevención del consumo de inhalables.

Los datos anteriormente mostrados, evidencian la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas. México no puede seguir con la política de seguridad tomada en 2006 para el combate a las drogas, la aplicación de una estrategia de guerra, militarización y acciones violentas desde el Estado, las cuales han producido resultados negativos y daños colaterales inadmisibles.

Es evidente que las acciones frontales, emprendidas en el sexenio 2006-2012 y retomadas por la actual administración, además de la utilización de grandes cantidades de recursos, financieros, humanos, legales e institucionales, no han logrado los resultados esperados para la disminución del consumo de estupefacientes; ni el desmantelamiento de los grupos del narcotráfico. Por otro lado, dichas acciones militares, no han tomado en cuenta el consumo de sustancias, que pese a ser legales en el mercado, representan un problema de salud pública en el tema de adicciones, como lo son los inhalantes.

Asimismo, en la normatividad mexicana, la Ley General de Salud, en su artículo 254, menciona que es competencia de la Secretaría de Salud y de los gobiernos locales, evitar y prevenir el consumo de sustancias que produzcan efectos psicotrópicos, para ello hace mención de manera general sobre determinar y ejercer medios de control en el expendio de sustancias inhalantes para prevenir su consumo por menores de edad e incapaces.

El artículo anteriormente referido a la letra dice:

“La Secretari?a de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos a?mbitos de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos psicotro?picos en las personas, se ajustara?n a lo siguiente:

I. Determinara?n y ejercera?n medios de control en el expendio de substancias inhalantes, para prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces;

II. Establecera?n sistemas de vigilancia en los establecimientos destinados al expendio y uso de dichas substancias, para evitar el empleo indebido de las mismas;

III. Brindara?n la atencio?n me?dica que se requiera, a las personas que realicen o hayan realizado el consumo de inhalantes, y

IV. Promovera?n y llevara?n a cabo campan?as permanentes de informacio?n y orientacio?n al pu?blico, para la prevencio?n de dan?os a la salud provocados por el consumo de substancias inhalantes.

A los establecimientos que vendan o utilicen substancias inhalantes con efectos psicotro?picos que no se ajusten al control que disponga la autoridad sanitaria, asi? como a los responsables de los mismos, se les aplicara?n las sanciones administrativas que correspondan en los te?rminos de esta Ley”.

Hay un intereses particular, por evitar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no se vean inmiscuidos en el contacto de drogas o inhalantes, por ello es preciso que los medios de control sean claros y concisos, a fin de fomentar las acciones coordinadas entre las autoridades federales y gobiernos locales. También se estaría cumpliendo con los propósitos de la “Convención Única sobre Estupefacientes” de 1961 y del “Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas” de 1971, sobre el establecimiento de medidas de control con el fin de asegurar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, e impedir su desviación hacia canales ilícitos, lo cual incluye disposiciones generales sobre tráfico y consumo de drogas.

Son por estas razones que se propone la presente iniciativa con proyecto de decreto por el se reforma la fracción primera, del artículo 254 de la Ley General de Salud, con el fin de señalar de manera especifica y detallada los medios de control para el expendio de substancias inhalantes. Se pretende prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces; así también, promover la coordinación de la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas, teniendo siempre presente que los inhalantes no son ilegales, sino sustancias necesarias para ciertas actividades industriales, pero que lamentablemente se hallan susceptibles de ser desviados y usados de manera errónea para consumo humano, derivando en daños a la salud individual y colectiva.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 254 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción primera, del artículo 254 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 254.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo siguiente:

I.- Ejercerán medios de control en el expendio de substancias inhalantes, para prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces, considerando:

a) Verificar la mayoría de edad mediante identificación oficial vigente, para la compra-venta de inhalantes;

b) Emitir las normas necesarias para reforzar la interacción con la industria productora y comercial de productos con psicoactivos volátiles para su adecuado etiquetado;

c) Promover el cumplimiento de la Ley y la aplicación de sanciones por la venta de sustancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos;

d) Coordinarse con el sector educativo para evitar el uso de material didáctico que contenga sustancias tóxicas;

e) Realizar material educativo y campañas informativas sobre los efectos nocivos a la salud por el consumo de sustancias inhalantes;

f) Establecer mecanismos de denuncia sobre desvío de volúmenes de sustancias inhalantes en su elaboración, importación, transportación, venta y deshecho;

g) Y demás que determinen las autoridades competentes.

II. a IV. …

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo que no exceda los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades responsables deberán expedir los reglamentos y demás disposiciones aplicables que darán cabal cumplimiento al Decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Arti?culo 254.- La Secretari?a de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos a?mbitos de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos psicotro?picos en las personas, se ajustara?n a lo siguiente:

I. Determinara?n y ejercera?n medios de control en el expendio de substancias inhalantes, para prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces;

Artículo 254.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo siguiente:

I.- Ejercerán medios de control en el expendio de substancias inhalantes, para prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces, considerando:

a) Verificar la mayoría de edad mediante identificación oficial vigente, para la compra-venta de inhalantes;
b) Emitir las normas necesarias para reforzar la interacción con la industria productora y comercial de productos con psicoactivos volátiles para su adecuado etiquetado;
c) Promover el cumplimiento de la Ley y la aplicación de sanciones por la venta de sustancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos;
d) Coordinarse con el sector educativo para la sustitución del material didáctico que contenga substancias tóxicas;
e) Realizar material educativo y campañas informativas sobre los efectos nocivos a la salud por el consumo de sustancias inhalantes;
f) Establecer mecanismos de denuncia sobre desvío de volúmenes de sustancias inhalantes en su elaboración, importación, transportación, venta y deshecho;
g) Y demás que determinen las autoridades competentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Gallegos-Cari, Andrea, “Inhalables y otras aspiraciones”, Academia Mexicana de Ciencias, [en línea], consultado el 8 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/65_1/PDF/Inhalantes.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alchol y Tabaco 2016-2017”, Secretaría de Salud, [en línea], consultado el 8 de noviembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf

5 Caiuby, Beatriz. “Midiendo el uso de drogas ilegales en México: Reflexiones sobre las Encuestas Nacionales de Adicciones y una encuesta independiente”, CIDE, [en línea], consultado el 10 de noviembre de 2017, disponible en:
http://ppd.cide.edu/documents/302668/0/Midiendo%20el%20uso%20I%2019FEB2015.pdf

6 “Encuesta Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes 2014”, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, [en línea], consultado el 8 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf

7 ídem.

8 “Informe individual sobre consumo de drogas”, instituto Nacional de Psiquiatría, [en línea], consultado el 8 de noviembre de 2017, disponible en:
http://201.161.17.101/media/Documentos/EPIDEMIOLOGIA/01.08%20SRID/Rep_57.pdf

9 Op. Cit. Academia Mexicana de Ciencias

10 “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”, Cámara de Diputados, [en línea], consultado el 10 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf

11 “Programa de Drogas en Las Américas: Estudios”, Organización de los Estados Americanos, [en línea], consultado el 10 de noviembre de 2017. Disponible en:
http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ESP.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido así de manera internacional de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, además de muchos otros instrumentos internacionales.

Es la principal forma en la que los seres humanos adquirimos una alfabetización y una serie de conocimientos que a su vez incida de manera positiva en alcanzar una vida plena, con desarrollo económico, social y cultural a nivel personal y colectivo.

En virtud de estos alcances, lograr los mejores y mayores objetivos en materia educativa constituyen uno de los principales ejes rectores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, aprobada la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre de 2015, la cual incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

El Objetivo 4 de la Agenda 2030 está basado en este importante derecho humano y tiene el objetivo de lograr el disfrute pleno del derecho a la educación, como “catalizador para lograr un desarrollo sostenible”, conforme al siguiente texto.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Como derecho humano fundamental, se encuentra consagrado en el artículo 3 ero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual, cabe destacar algunos distintivos característicos, como los siguientes:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

De lo anterior, como se lee, se puede colegir válidamente que la educación obligatoria y gratuita a impartir por parte del Estado es la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Luego, en la fracción V del invocado 3º Constitucional, sigue diciendo que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, entre ellas, la educación superior.

Configuración mínima en la que dicho dispositivo constitucional no específica o establece que dicha educación superior deba ser promovida de manera gratuita.

Esta situación, obedece a que existe una gran diferencia entre la educación obligatoria (educación básica y media superior) y la superior, que de acuerdo a la interpretación constitucional de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace consistir en las siguientes:

• El contenido del derecho a la educación superior no está centrado en la formación de la autonomía personal (esto es, en la distribución de un bien básico), sino en la materialización de un plan de vida libremente elegido, por lo que este tipo de educación tiene como finalidad la provisión de herramientas necesarias para concretarlo.

• La educación superior está conectada estrechamente con la obtención de determinados objetivos colectivos, tales como el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, el fomento de la cultura y de actividades económicas.

• Este tipo de educación se vincula más con la materialización de un plan de vida que con la provisión de las condiciones necesarias para su elección, se justifica, prima facie, que la educación superior no sea obligatoria (porque depende de la libre elección individual); ni universal (porque requiere la posesión de ciertas capacidades intelectuales y formación previa para conseguir los fines de producción y transmisión del conocimiento).

No obstante, y así lo reconoce la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro país tiene el ineludible compromiso de extender paulatinamente la gratuidad en el derecho a la educación superior, de acuerdo a lo siguiente:

1.- El principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional, que implica el ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2.- A los diversos compromisos internacionales, como…

El artículo 13, número 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 13

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

El artículo 13, número 3, inciso c), del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador".

Artículo 13 Derecho a la educación

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:

c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

Estos compromisos nacionales e internacionales deben encaminar a nuestro país a extender paulatinamente la gratuidad en el derecho a la educación superior, adicionalmente, a la libertad de enseñanza y libre discusión de las ideas, así como a la consecución de diversos objetivos colectivos vinculados al desarrollo de la Nación (Jurisprudencia número 2015298 publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 20 de octubre de 2017).

Por ello, en el marco de estos compromisos, mas que internacionales, compromisos nacionales y para el bien de los mexicanos, es que se propone incoporarlo expresamente al texto de nuestra legislación nacional, específicamente en el artículo 3º de la Ley General de Educación, como una obligación de Estado de promover paulatina y progresivamente el derecho a la educación superior gratuita.

En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3o DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR LA IMPLEMENTACIÓN PAULATINA Y PROGRESIVA DE LA GRATUIDAD EN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN NUESTRO PAÍS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 3o de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

El Estado deberá tomar las medidas necesarias para implementar progresivamente la gratuidad al derecho de la educación pública superior.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sresiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

(Presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT)

Los suscritos, Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, DAVID MONREAL ÁVILA, CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS y ZOÉ ROBLEDO ABURTO con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Prevención en el combate contra la corrupción

La reparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua es la definición de prevención. En tal sentido, nos encontramos en un contexto histórico en el cual aún estamos a tiempo de reparar y disponer en el ámbito público de forma tal que nos permita actuar en el marco de los acontecimientos internacionales relacionados con la Contratación Pública, mismos que han devenido en revelaciones de conductas desplegadas por funcionarios públicos y particulares alrededor del mundo que bajo la consideración de algunos tribunales han resultado conductas típicas, en otras aun presunciones de delito.

En relación a lo anterior, es menester recordar el dinamismo del Derecho y su necesidad de constante adecuación, por lo que, tal como lo recoge en sus objetivos la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, alcanzar una máxima economía y eficiencia, promover la rectitud y la equidad a todos los proveedores y contratistas, así como dotar de transparencia a los procedimientos previstos1 en la contratación pública, debe ser una constante en cualquier administración.

Por otra parte, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre Contratación Pública, recoge dentro de sus consideraciones un punto toral en los procesos de asignación de contratos, el “conflicto de intereses”, tan notado en el contexto mexicano. Esta situación se  entiende como cualquier situación en la que los funcionarios de la entidad que adjudica tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera presumir que se compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de asignación o contratación.

Los elementos y características mencionadas deben cimentarse en una base de transparencia hasta el punto en el cual las relaciones entre el licitador o contratista y los funcionarios públicos encargados del procedimiento de adjudicación o de ejecución contractual deban constar por escrito y las conversaciones orales deba estar a disposición de quienes ostenten un interés legítimo en su difusión2, permitiendo de tal forma, maximizar las posibilidades de disuasión de cualquier intensión en contravenir el interés general.

En México, la reforma energética debería privilegiar el interés general por encima de cualquier interés, casos como el de Sierra Oil ponen en entredicho esa finalidad, privatizando los beneficios y activos de todos.

Agentes serios y solventes deberán ser los únicos autorizados para participar en actividades del ramo de los hidrocarburos, con ello, no solo se garantizará un beneficio económico a corto plazo, sino se tendrá certeza sobre la idoneidad del beneficiario de una porción de una industria vital para el desarrollo del país. Cuando una empresa de participación estatal desempeña una función principal en el sector petrolero de un país, es importante que las dependencias regulatorias nacionales extiendan los esfuerzos de transparencia hacia las responsabilidades y actividades de estas compañías también.3

Políticas, directrices y lineamientos anticorrupción, declaraciones éticas y cuestionarios de conflicto de intereses, son algunas de las medidas que han mostrado ser un gran auxiliar en materia de prevención, así mismo, capacitación constante y monitoreo del personal en sus actividades diarias, son elementos a incorporar en una estructura que busca prevenir y que desea sanearse.

Programas “Compliance”: herramienta Anticorrupción

La experiencia internacional ha demostrado la necesidad de enfrentar el grave problema de la corrupción desde una perspectiva integral. La parte punitiva es fundamental, quien comete un acto de corrupción o una conducta ilícita debe ser castigado en términos de las leyes respectivas, sin embargo, debemos también reforzar el esquema preventivo para una mayor eficacia en la lucha anticorrupción.

Una perspectiva integral de lucha contra la corrupción debe incluir forzosamente herramientas de prevención, con una visión de doble vía: sector público y privado. A este respecto, la experiencia internacional señala que es fundamental una regeneración de la gestión de los recursos públicos, con la formación e independencia de las personas encargadas de la adjudicación contractual del gobierno, pero también fomentando las medidas de autorregulación que incrementen los controles internos en las propias empresas poniendo obstáculos a posibles conductas ilícitas.

Esta posibilidad se encuentra refrendada por la OCDE y expresamente autorizada en los países anglosajones que se muestran favorables a considerar los programas de cumplimiento normativo (Compliance), los códigos internos de comportamiento ético y la adopción de pactos de integridad en las compras públicas4.     

De acuerdo con Jaime Rodríguez-Arana, la estrategia de Compliance parte de la autorregulación y busca evitar el incumplimiento de normas y de las obligaciones que caracterizan la posición jurídica de quien contrata con la Administración Pública. 

Por ejemplo, en Estados Unidos desde 2008 es menester para contratar con la Administración Pública contar con un programa de cumplimiento anti-corrupción5. Tal exigencia es imprescindible para los contratos cuya cuantía supere los cinco millones de dólares.

Esta experiencia debe ser incorporada en el sistema jurídico mexicanos, sobre todo, en las áreas más sensibles y lucrativas de la contratación pública. En este sentido, se propone incorporar un esquema de requerimientos y programas de cumplimiento anticorrupción en el sector de la exploración y extracción de hidrocarburos. Por la importancia estratégica del sector, sin menoscabo de ampliar este esquema para toda la contratación pública en general.

Esta industria nacional que se encuentra en proceso de privatización es particularmente vulnerable a los actos de corrupción, incumplimiento de normatividad y conductas ilícitas. Concentrar los esfuerzos de lucha anticorrupción, una vez que se hayan presentado dichas conductas en esta industria es poco eficiente, muy ineficaz y puede resultar altamente cotoso para el país.

Sector hidrocarburos vulnerable ante la corrupción

Nuestro país inició un proceso intenso de privatización de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos desde la reforma constitucional de diciembre de 2013.

En el nuevo régimen el Estado Mexicano ejerce las actividades de exploración y extracción por medio de asignaciones y contratos. En el segundo modelo las empresas y compañías del mundo llevan a cabo dichas actividades a cambio de una contraprestación. Los contratos se asignan por medio de licitación pública. En este ámbito, por ser la licitación un acto fundamental previo a la contratación, previo a que se comprometan cierto negocios públicos a largo plazo con un particular, se considera fundamental aumentar los nivel de  previo -ex ante- para la prevención de actos de corrupción, incumplimiento de la normatividad, y otras conductas ilícitas a que pueden tener lugar en el proceso de licitación, la adjudicación de los contratos y la ejecución de los mismos.

Hasta la fecha se han publicado 9 procesos de licitación para explorar y extraer hidrocarburos en nuestro país. Dos de estos procesos siguen en marcha y siete se han completado.

En términos de recursos de hidrocarburos, en las 9 licitaciones que se han emitido, se han ofrecido 12,051 Millones de barriles de petróleo crudo equivalente de los recursos prospectivos del país. Con los precios actuales de la mezcla mexicana, estos recursos equivaldrían a más de 600 mil millones de dólares. En términos territoriales, los campos ofertados alcanzan los 137,569 kilómetros cuadrados, equivalentes a la extensión combinada de los Estados de México, Jalisco y Yucatán. De este tamaño es la importancia de cuidar las contrataciones y la ejecución de los contratos en estas actividades.

Características del Cumplimiento Anti-corrupción en el sector Hidrocarburos

El área de cumplimiento en todo momento deberá ser independiente para garantizar su imparcialidad y facilidad de actuación, así mismo, toda la información deberá ser siempre pública; sirve para reforzar lo dicho, las “Recomendaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos” realizado por el Natural Resource Governance Institute, el cual refiere que una deficiencia importante en la práctica global es que muy pocos países -incluso aquéllos que han hecho lo posible por divulgar grandes cantidades de datos- han llevado a cabo una administración para integrar la información sobre los diversos elementos de regulación en el sector. La abrumadora mayoría de información sobre la administración del petróleo se presenta en diversos sitios de dependencias, a menudo utilizando diferentes estándares de datos, y sin un esfuerzo por  de integrar la información para el público. En consecuencia, los ciudadanos no tienen más opción que navegar en diversas dependencias gubernamentales y sistemas para recopilar una imagen integral de la forma en la que se está administrando y regulando un proyecto de extracción.6

Se desprende también la impetuosa necesidad en la cual no solo las áreas especializadas en hidrocarburos complementen su estructura con un régimen sólido de cumplimiento, si no, se deberá dotar a otra la estructura gubernamental de políticas estrictas de que incluyan o si las incluyen, empoderen a los encargados de las mismas en aras de reforzar la integridad y solidez de la información, así como la transparencia como inhibidor de posibles conductas corruptoras y delictivas.

Por otro lado, el informe mencionado en párrafos anteriores, también hace referencia a las oportunidades para nuestro país con el objetivo de mejorar la transparencia de la administración petrolera, sin embargo, dichas recomendaciones aplicarían de forma efectiva no solo para el rubro petrolero, ya que los principales puntos se centran en: 

Los participantes en el sistema – es decir, los políticos y funcionarios gubernamentales senior responsables de administrar el sistema, así como las compañías y contratistas que se beneficien de ello;

Información que se integre en todas las diferentes dependencias gubernamentales en forma tal que los ciudadanos puedan encontrarla y acceder a ella fácilmente, independientemente de cómo esté estructurado el propio gobierno, o de hecho de un nivel de entendimiento por parte del ciudadano de dicha estructura, entre otros.

Encontramos casos de éxito en relación con la transparencia de organismos regulatorios tales como Dirección de Petróleo de Noruega y la ANH de Colombia, acciones que no solo han demostrado su interés en hacer pública su información, sino también, han demostrado el compromiso con el cumplimiento de los estándares legales que deben acompañar en todo momento a la función administradora.

Aunado a lo anterior, Noruega se ha beneficiado por una adecuada disposición de los incentivos en la contratación y transparencia petrolera, de modo tal que cuando el ingreso del petróleo excedió lo que se necesitaba para reforzar el modelo de estado de bienestar noruego, el resto fue colocado en un fondo para el futuro empleo. De este modo Noruega evitó ser golpeada por la forma más extrema de la maldición del petróleo7.

La propuesta busca establecer un modelo de autorregulación regulada en materia de cumplimiento anticorrupción de los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo es prevenir riesgos en relación a los participantes de las actividades, así como garantizar su estricto apego a las leyes y normas que rigen al ramo. Es decir, se propone adicionar diversas disposiciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

De conformidad con lo expuesto en la presente iniciativa, las principales características de la propuesta son las siguientes:

1. La obligación de establecer Programas de Cumplimiento Anticorrupción y requerimientos en la materia, para que las empresas puedan participar en las licitaciones petroleras y mantener los contratos adjudicados.

El objetivo de estos Programas y requerimientos de cumplimiento anticorrupción es fungir como un mecanismo de autorregulación para prevenir y detectar de manera anticipada conductas ilícitas, incumplimiento de las normas, actos y potenciales riesgos de corrupción y conflictos de interés por parte de los participantes en el sector hidrocarburos. Deberán incluir:

Un mapa de riesgo, sobre las áreas con mayor exposición al incumplimiento de normas, conductas ilícitas y riesgos de corrupción y conflicto de  interés.

Medidas para contrarrestar los riesgos de corrupción, conflicto de interés e incumplimiento de la normatividad.

Mecanismos para que los empleados y personas vinculadas con las compañías comuniquen a la Autoridad los hechos  de corrupción, conflictos de interés o incumplimiento de normas.

Acceso completo, por parte del Comité, a la información relativa al Programa de Cumplimiento Anticorrupción;

Emisión de Códigos de ética y conducta;

Programación de Auditorías y Revisiones externas sobre el cumplimiento; y

Evaluación periódica.

2. Se crea el Comité de Cumplimiento Anticorrupción para el sector hidrocarburos. 

a. Se integrará por cinco miembros designados por el Senado

b. Se encargará de establecer los lineamientos sobre los Programas y requerimientos de cumplimiento anticorrupción que los licitantes, contratistas y asignatarios deberán cumplir para participar en el sector hidrocarburos. 

c. Evaluar periódicamente la adecuada implementación de los Programas y requerimientos de cumplimiento anticorrupción.

3. Las empresas que no cuenten con un Programa de Cumplimiento Anticorrupción y los requerimientos respectivos NO PODRÁN PARTICAR EN LAS LICITACIÓNES PETROLERAS.

4. La omisión de las obligaciones del Programa de Cumplimiento Anticorrupción, SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS.

5. PEMEX deberá establecer un Programa de Cumplimiento Anticorrupción en los términos que establezca el Comité de Cumplimiento Anticorrupción.

6. Las empresas que ya tienen contratos asignados deberán establecer Programas de Cumplimiento Anticorrupción y acatar los requerimientos en la materia en los términos que establezca el Comité de Cumplimiento Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS EN MATERIA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO ANTI-CORRUPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE  EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 4; 9; 13; 15; 19; 20; 23; 24; y 26; y se ADICIONAN los artículos 6-BIS; 31-BIS; y 31-TER a la LEY DE HIDROCARBUROS, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por:

I. a la VIII. …

VIII-BIS. Comité de Cumplimiento Anticorrupción: es el Comité cuyo objetivo es establecer y evaluar los niveles de cumplimiento y riesgo de los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo a los servidores públicos responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los responsables de adjudicar las Asignaciones y Contratos y el diseño técnico de los mismos.

VIII-TER. Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento: Documentos mediante los cuales los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, hacen constar la existencia de políticas de cumplimiento corporativo dentro de sus entidades, mismas que deberán contener entre otros aspectos, declaraciones éticas de sus funcionarios, declaraciones de buenas prácticas y anticorrupción, así como la periodicidad de los procesos de evaluación internos relacionados con el cumplimiento de dichas disposiciones, entre otros.

VIII-CUARTER. Conflicto de intereses: Cualquier situación en la que los miembros del personal de quien adjudica, o del contratista o asignatario que actúe en nombre del poder público, que participe en un procedimiento de asignación o contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera presumir que se compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de asignación o contratación.

IX. a la XL. …

Artículo 6-BIS.- Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado titulares de asignaciones deberán implementar y mantener un Programa de Cumplimiento Anticorrupción en términos de lo dispuesto en el artículo 31 TER de la presente Ley.

Artículo 9.- …

Las contratistas deberán acreditar, previo a la adjudicación de los contratos, contar con un Programa de Cumplimiento Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 31-TER de la presente Ley.

Artículo 13.- En los casos de Asignaciones que migren a Contratos para la Exploración y Extracción, Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado podrán celebrar alianzas o asociaciones con Personas Morales.

Para las alianzas o asociaciones a que se refiere este artículo, la selección del socio de Petróleos Mexicanos o de la empresa productiva del Estado de que se trate, se realizará mediante licitación que represente las mejores condiciones de selección y que más convenga a la Nación, observando las mejores prácticas en materia de transparencia, así como la acreditación de los Programas de Cumplimiento Anticorrupción. Dicha licitación se llevará a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y conforme a los lineamientos técnicos y las condiciones económicas relativas a los términos fiscales que al efecto establezcan la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.

Artículo 15.-

En todo caso, las cesiones de derechos estarán condicionadas a la acreditación ante el Comité de Cumplimiento Anticorrupción, por parte del o los cesionarios, del Programa de Cumplimiento Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 31-TER de la presente Ley.

Artículo 19.- Los Contratos para la Exploración y Extracción deberán contar, al menos, con cláusulas sobre:

IX. Las obligaciones de transparencia que posibiliten el fácil acceso a la información derivada de los contratos, incluyendo la divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos que se prevean en el propio contrato, así como las derivadas del Programa de Cumplimiento Anticorrupción;

  

Artículo 20.- El Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá rescindir administrativamente los Contratos para la Exploración y Extracción y recuperar el Área Contractual únicamente cuando se presente alguna de las siguientes causas graves:

I. a la VII. …

VIII. Incumpla las obligaciones relativas al Programa de Cumplimiento Anticorrupción.

Artículo 23.- La adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción se llevará a cabo mediante licitación que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las bases de licitación preverán que el Contrato para la Exploración y Extracción se podrá formalizar con Petróleos Mexicanos, otras empresas productivas del Estado y Personas Morales, ya sea de manera individual, en consorcio, o asociación en participación, en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.



El proceso de licitación abarcará los actos y las etapas que se establezcan en los lineamientos y las disposiciones que para tal efecto emitan la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, respectivamente. Los interesados en presentar propuestas deberán cumplir con los criterios de precalificación respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución, de experiencia y de cumplimiento anticorrupción, en los términos señalados en los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Energía y el Comité de Cumplimiento Anticorrupción, respectivamente.

Artículo 24.- Las bases del procedimiento de licitación y adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción, que se pongan a disposición de los interesados, deberán:

I. a la III. …

IV.- Incluir los requerimientos en materia de cumplimento anticorrupción, entre los que se deberá establecer la obligación de contar con un Programa de Cumplimiento Anticorrupción y los demás que al efecto establezca el Comité de Cumplimiento Anticorrupción.

Artículo 26.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos se abstendrá de considerar propuestas o celebrar Contratos para la Exploración y Extracción con quienes:

I.  a la III. …

V. No acrediten, a consideración del Comité de Cumplimiento Anticorrupción, el Programa y los requerimientos en la materia.

VI. …

Artículo 29.-

En cualquier caso la contratista deberá cumplir con el Programa y los requerimientos de cumplimiento anticorrupción en términos de lo dispuesto en el artículo 31 TER de esta Ley.

Artículo 31-BIS.- Respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción, corresponde al Comité de Cumplimiento Anticorrupción:

I. Emitir los lineamientos sobre los Programas de Cumplimiento Anticorrupción que deberán presentar los licitantes del Contrato;

II. Emitir los lineamientos sobre las Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento y demás requerimientos en materia de cumplimiento anticorrupción;

III. Calificar el adecuado establecimiento del Programa y los requerimientos en materia de cumplimiento anticorrupción para efecto de la precalificación en la licitación de los contratos, así como las relativas a los asignatarios;

IV. Evaluar periódicamente el acatamiento e implementación del Programa y los requerimientos en materia de cumplimiento anticorrupción de los asignatarios y contratistas; y

V. Las demás que deriven de la finalidad del Comité. 

Artículo 31-TER. El Programa de Cumplimiento Anticorrupción es un mecanismo de autorregulación de los agentes que participan en el sector que tiene por objeto prevenir y detectar de manera anticipada conductas ilícitas, incumplimiento de las normas, actos y potenciales riesgos de corrupción y conflictos de interés. Deberá contemplar por lo menos:

I. La presentación de un mapa de riesgo, sobre las áreas con mayor exposición al incumplimiento de normas, conductas ilícitas y riesgos de corrupción y conflicto de interés. Asimismo, las medidas para contrarrestar los riesgos;

II. Las Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento en términos de los lineamientos que al efecto emita el Comité de Cumplimiento Anticorrupción.

III. Mecanismos para que los empleados y personas vinculadas con la compañía comuniquen a la Autoridad la presunta existencia de hechos que consideran ilícitos, incumplimiento de normas, actos y potenciales riesgos de corrupción y conflictos de interés.

IV. El acceso completo, por parte del Comité de la materia, a la información relativa al Programa de Cumplimiento Anticorrupción;

V. Emisión de Códigos de ética y conducta;

VI. Programación de Auditorías y Revisiones externas sobre el cumplimiento;          y

VII. Su evaluación periódica.

31- CUARTER. El Comité de Cumplimiento Anticorrupción se integrará por 5 personas de reconocida experiencia en el sector y buena reputación,  designadas por el Senado de la República, por medio de un proceso de selección que garantice los principios de parlamento abierto, así como objetividad e imparcialidad de sus integrantes.

El Comité contará con los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, la Cámara de Diputados preverá una partida específica para el efecto.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 1, fracción II; 26, primer, segundo y tercer párrafo; 27; 37, apartado B, fracción XI; 46 y se ADICIONAN los artículos 1, fracción IV; 3, fracciones XXV, XXVI y XXVII, 28, fracción VIII y último párrafo; 31, fracción IV de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer:

I. El régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivados de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las Contraprestaciones que se establecerán en los Contratos;

II. Las disposiciones sobre la administración y supervisión de los aspectos financieros, de cumplimiento anticorrupción y análisis de riesgo de los Contratos, y

III. Las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos a que se refiere el presente ordenamiento.

IV. Los parámetros relacionados con la máxima economía y eficiencia en la contratación y asignación de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, serán aplicables, en singular o plural, las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, así como las siguientes:

XXV. Comité de Cumplimiento Anticorrupción: es el Comité cuyo objetivo es establecer y evaluar los niveles de cumplimiento y riesgo de los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo a los servidores públicos responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los responsables de adjudicar las Asignaciones y Contratos,  y el diseño técnico de los mismos.

XXVI. Políticas, directrices y lineamientos de Cumplimiento: Documentos mediante los cuales los participantes en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las Asignaciones y

Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, hacen constar la existencia de políticas de cumplimiento corporativo dentro de sus entidades, mismas que deberán contener entre otros aspectos, declaraciones éticas de sus funcionarios, declaraciones de buenas prácticas y anticorrupción, así como la periodicidad de los procesos de evaluación internos relacionados con el cumplimiento de dichas disposiciones.

XXVII. Conflicto de intereses: Cualquier situación en la que los miembros del personal de quien adjudica, o del contratista o asignatario que actúe en nombre del poder público, que participe en un procedimiento de asignación o contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera presumir que se compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de asignación o contratación.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CONTRATOS

Artículo 26.- La Secretaría determinará las condiciones económicas relativas a los términos fiscales contenidos en esta Ley que deberán incluirse en las bases de la licitación para la adjudicación de los Contratos, sin menoscabo de requisitos en materia de Cumplimiento Anticorrupción y Riegos que al efecto establezca el Comité de la materia.

Las variables de adjudicación de los Contratos serán preponderantemente de naturaleza económica, conforme a las previsiones de esta Ley, atendiendo siempre a maximizar los ingresos del Estado para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Considerando las circunstancias particulares de cada Contrato, la Secretaría establecerá los valores mínimos que serán aceptables para el Estado para cualquiera de las variables de adjudicación.

Las variables de adjudicación estarán asociadas al monto o porcentaje de recursos que reciba el Estado, el nivel de cumplimiento y riesgo, así como, en su caso, al monto que el Contratista comprometa como inversión.

Artículo 27.- El Comercializador entregará al Fondo Mexicano del Petróleo todos los ingresos derivados de la venta de la Producción Contractual que de acuerdo con cada Contrato corresponda al Estado, una vez descontado el pago por los servicios de aquél, de conformidad con lo establecido en el contrato que formalice con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en términos del artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos.

Artículo 28.- Sin perjuicio de las obligaciones que se establezcan en otras disposiciones jurídicas, los Contratos contendrán, entre otras, las siguientes obligaciones a cargo de los Contratistas:

VIII. Desarrollar su actividad en estricto apego a las políticas, políticas, directrices y lineamientos de cumplimiento anticorrupción, y ética declaradas, así como respetar el orden jurídico nacional.

Los terceros mencionados en el párrafo que antecede, de igual manera deberán ser evaluados por el Comité de Cumplimiento Anticorrupción y entregar la documentación necesaria a la Secretaría.

Artículo 31.- Las bases de licitación de los Contratos y los Contratos deberán prever que éstos sólo podrán ser formalizados con empresas productivas del Estado o Personas Morales que cumplan con:

IV. Los niveles de cumplimiento anticorrupción y riesgo una vez evaluados por la Secretaría.

Artículo 37.- Los Contratos preverán que el Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

B. Corresponde a la Secretaría:

XI. Dar aviso al Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Comité de Cumplimiento Anticorrupción respecto de las irregularidades que detecte en la ejecución del Contrato a efecto de que se hagan valer los derechos que correspondan al Estado conforme al mismo, o se apliquen las penas o sanciones que se prevean en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales o penales que resulten aplicables.

Artículo 46.- Las Asignaciones sólo podrán otorgarse a empresas productivas del Estado cuyo objeto sea exclusivamente la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que cumplan con las evaluaciones del Comité de Cumplimiento Anticorrupción, así como que no tributen en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Senado de República iniciará el proceso de designación de los miembros del Comité de Cumplimiento Anticorrupción en los 15 días siguientes a la publicación del presente Decreto.

TERCERO. Integrado el Comité se emitirán los lineamientos respectivos dentro de los 60 días siguientes.

CUARTO. PEMEX y las contratistas que a la entrada en vigor ostenten contratos de exploración y extracción de hidrocarburos deberán establecer el Programa y los requerimientos de cumplimiento anticorrupción en los 60 días siguientes a la fecha en que se publiquen los lineamientos respectivos.

QUINTO. En las licitaciones que se encuentren en curso a la entrada en vigor de este Decreto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá efectuar las adecuaciones correspondientes para los efectos de este Decreto en las bases y demás documentos relativos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. David Moreal Ávila.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.- Sen. Zoé Robledo Aburto.

1 “Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/procurem/ml-procurement/2011-
Model-Law-on-Public-Procurement-s.pdf

2 Arana Muñoz, Jaime Rodríguez-, “COMPLIANCE Y SELF-CLEANING EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVII, Número 268, Mayo-Agosto 2017, p. 795

3 “Mejores prácticas internacionales para la transparencia en la administración de contratos”
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/international-best-practices-
contract-management-spanish.pdf

4 Ibídem

5 Cfr. Sechechter, R. y Turner, S. “New Challenges in Government Contractors Compliance, 2012, pp.7 y ss”. Op. cit. Rodríguez-Arana, Jaime. Compliance and self-cleaning en la contratación pública. Revista de la Facultad de Derecho de México. Tomo LXVII, Número 268, Mayo-Agosto 2017, p. 794

6 Ibídem

7 Ryggvik, Helge.”La experiencia petrolera de Noruega”,
http://www.handelskampanjen.no/files/documents/La_Experiencia_Petrolera_de_Noruega.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE INCENTIVOS DESTINADOS A LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La naturaleza de las relaciones fiscales en México debe guardar los principios de equidad y proporcionalidad, es decir cada persona debe contribuir en función de sus ingresos y posibilidades para el sostenimiento de la Hacienda Pública, el principio en comento se encuentra expresado en el Artículo 31 Constitucional en su fracción IV que a la letra dice:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.1

Estos principios se explican a detalle de acuerdo a lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la manera siguiente:

Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos.

El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.2

En este sentido es necesario construir que la proporcionalidad y la equidad establecen una justa medida para la contribución tributaria de modo que cada persona de acuerdo a sus utilidades, es decir al cálculo razonable de ingresos y deducciones, aporte lo justo a la Hacienda Pública.

El concepto de deducción tiene dos factores para considerar a un egreso como tal, por una parte, todas aquellas erogaciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad productiva y por la otra específicamente destinadas a las personas físicas, como las erogaciones destinadas a la protección de la salud, el uso de transporte escolar obligatorio, los donativos para las causas de la sociedad civil, entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, actualmente se consideran los siguientes rubros como deducciones personales3:

• Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios para el contribuyente o sus relativos, siempre que dichos relativos no hayan obtenido ingresos en el mismo año fiscal superior a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada a un año.

• Honorarios médicos, dentales o de enfermería, análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivado de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente, expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las instituciones públicas conforme a dicha Ley.

• Gastos Funerarios siempre que no exceda una UMA elevada al año.

• Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social

• Intereses reales devengados y efectivamente pagados durante 2016 por créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación, contratados con el sistema financiero, INFONAVIT o FOVISSSTE, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión.

• Donativos no onerosos ni remunerativos (que no se otorguen como pago o a cambio de servicios recibidos), cuando se den a instituciones autorizadas para recibir donativos.

• Aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las efectuadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso cumplan con los requisitos de permanencia para los planes de retiro.

• Transporte escolar obligatorio siempre que esté incluido en la colegiatura.

• El importe de los estímulos fiscales por depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, así como la adquisición de acciones de sociedades de inversión.

• El importe de estímulo fiscal por colegiaturas.

Ahora bien antes de fijar el interés de la Iniciativa es prudente revisar cada uno de los rubros y observar a detalle que este tipo de estímulos favorecen a un sector de la población con ingresos mayores a cuatro salarios mínimos mensuales, puesto que son aquellas personas cuyos ingresos se encuentran por encima de la línea de bienestar fijada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, la cual se desglosa de la siguiente forma, para el mes de septiembre del presente:

• Canasta Básica Rural (Alimentaria y Complementaria): 1,888,87 Pesos

• Canasta Básica Urbana (Alimentaria y Complementaria): 1,485,23 Pesos

Ahora bien, los rubros que considera como ponderables la Canasta Complementaria, es decir los requerimientos mínimos para el bienestar que requiere erogar una persona en un lapso de 30 días son:

Conceptos Canasta No Alimentaria

Urbana

Rural

Transporte público

$220.93

$137.81

Limpieza y cuidados de la casa

$77.24

$70.44

Cuidados personales

$138.73

$88.37

Educación, cultura y recreación

$288.08

$110.31

Comunicaciones y servicios para vehículos

$54.22

$14.42

Vivienda y servicios de conservación

$188.52

$107.92

Prendas de vestir, calzado y accesorios

$181.15

$118.25

Cristalería, blancos y utensilios domésticos

$21.06

$16.21

Cuidados de la salud

$189.14

$129.82

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda

$24.07

$14.28

Artículos de esparcimiento

$5.54

$1.93

Otros gastos

$25.70

$14.90

Es puntual para la iniciativa reiterar el monto que calcula CONEVAL para el cuidado de la salud en 30 días, menos de doscientos pesos, lo cual debería proveer lo necesario para que una persona pueda conservar mensualmente su salud.

La Iniciativa se sustenta en la siguiente premisa:

Las personas con discapacidad requieren mayores erogaciones para la conservación de su salud y su línea de ingresos en su amplia mayoría se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo descrita por CONEVAL, así es necesario construir un incentivo fiscal que les permita deducir a efectos del Impuesto sobre la Renta, otros artículos que requieren para la conservación de su salud, tales como medicamentos, artículos de aseo personal desechables, material de curación, entre otros. Cuyo costo por unidad supera los doscientos pesos mensuales.

De acuerdo con el Anexo Estadístico de CONEVAL el 49.4% de las personas con discapacidad en México, 4.1 millones, viven en pobreza, de las cuales alrededor de un millón viven en pobreza extrema.

Aunque solo el 12% no cuenta con cobertura de servicios de salud, es necesario puntualizar que los anteriores bienes de consumo necesarios para la conservación de la salud no están disponibles en los cuadros de atención básica del Sistema Nacional de Salud, por lo que en la gran mayoría de los casos deben ser erogados por la propia persona o sus familias.

El 55.8% de las personas con discapacidad en México tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, es decir no tienen ingresos superiores a los $1,888.73 Pesos que enmarca CONEVAL.

Es puntual señalar que quizá la mayoría de las personas con discapacidad no se encuentren insertos en la economía formal contributiva, por lo que el beneficio fiscal sería innecesario, esta hipótesis es falsa, pues si miramos de nuevo la anterior cifra el 54.2% de la población se encuentra por encima de dicha línea del bienestar, que suma alrededor de 3.9 millones de personas aproximadamente si tienen ingresos mayores y podrían verse beneficiadas con este incentivo fiscal.

Más aún, de acuerdo con el diagnostico presente en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD)4, las personas con discapacidad presentan los siguientes datos de índole económica:

• La ENIGH-2012 identifica que hay una presencia más alta de hogares con personas con discapacidad en los primeros deciles, es decir, en los hogares con menos ingresos y, a la inversa, tienen una presencia menor en los hogares con mayores ingresos.

De acuerdo con la ENIGH-2012, […] los ingresos por trabajo son más bajos en los hogares con personas con discapacidad que sin ellas y se puede observar tanto en los primeros deciles como en los últimos. Los hogares con personas con discapacidad reportan menos ingresos por trabajo que aquellos sin discapacidad en todos los deciles.

• El Censo 2010 reporta que entre la población con discapacidad, el 27.9% no tiene estudios, 45.4% terminó al menos un año de primaria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno de superior; el 86.6% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación básica.

• La tasa de participación económica de la población con discapacidad es 29.9%, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de personas, contra 53.7% de las personas sin discapacidad. Esto evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral.

• El Censo 2010 reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

• En términos de su posición en el trabajo, el Censo 2010 muestra que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 39 son empleados u obreros, 38 trabajan por cuenta propia, 6 son jornaleros o peones, 6 ayudantes, 5 trabajan para la familia sin pago y 3 son patrones o empleadores, y el resto no especificó su posición en el trabajo. Destaca que hay más trabajadores con discapacidad que se auto emplean, y menos como empleados u obreros, lo que puede estar relacionado con las dificultades que enfrentan para su inclusión laboral, obligándolos a realizar actividades por cuenta propia.

• El Censo 2010 reporta que 14% de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9% de uno a menos de 2 SMM; 16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 y más SMM. Sólo 7% de las personas con discapacidad reciben más de 5 SMM y aproximadamente 44% ganan al mes menos de $3,448 pesos o de $3,268 pesos, dependiendo de la zona geográfica.

Es entonces de acuerdo a lo anterior que de la población con discapacidad que actualmente se encuentra ocupada el 38% labora por cuenta propia, pero que existen múltiples hogares en México donde se concentran personas con discapacidad al interior de las familias principalmente en dos grupos poblacionales los adultos mayores y niñas, niños y adolescentes, por lo que son dependientes económicos y sus proveedores del hogar quizá sean contribuyentes que podrían verse beneficiados y con ello mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Porque, en suma, este es precisamente el interés de la Iniciativa: Construir un Incentivo fiscal a través de las deducciones personales que mejore la vida de las personas con discapacidad y sus familias al hacer deducible los diversos artículos necesarios para la conservación de su salud.

A la luz del artículo 151 fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta se lee:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley.* Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo.

En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien, de discapacidad, la deducción a que se refiere el párrafo anterior sólo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal.

Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberá contener el comprobante fiscal digital por Internet.

(*) De la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad5 se refiere a lo siguiente:

Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá? ser utilizada en el diseñó de políticas públicas.

El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.

Aunque la Clasificación Nacional de Discapacidades aún no ha sido publicada por las autoridades responsables, esto no debe ser un impedimento para determinar los requerimientos permanentes que requieren las personas con discapacidad para conservar su salud, basta que un profesional del Sector Salud autorizado emita una declaratoria bajo protesta de decir verdad de los elementos que la persona requerirá de forma permanente y que puede ser validado año con año, a efecto de determinar cambios.

De modo que cumpla con lo ya establecido en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 151 fracción I quinto párrafo, de tal forma que se aplique en justa medida a favor de millones de personas con discapacidad que podrían verse beneficiadas con dicho Incentivo Fiscal.

Considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad6 señala con puntualidad en su artículo 4º señala que:

Artículo 4 Obligaciones Generales.

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

De igual forma se señala en el artículo 25 que se dispondrán de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud, en este sentido es fundamental reconocer que si bien la Convención señala la asequibilidad, este principio no debe circunscribirse solamente a una medida de precios bajos, sino reinterpretarlo de forma que al ser deducible para efectos del Impuesto sobre la Renta, los insumos descritos con anterioridad se conjuntan dentro de la asequibilidad puesto que reducen la carga tributaria en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias, de modo que citando nuevamente a la Convención se lee:

Artículo 25 Salud.

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;

De igual forma es puntual reconocer las necesidades de personas con discapacidad visual, auditiva o movilidad reducida que requieren animales de asistencia, como una forma para su vida independiente de acuerdo al artículo 20 de la Convención, actualmente no existe un solo programa gubernamental que promueva e incentive la adquisición de animales de asistencia, principalmente perros, por ello la Iniciativa recoje esas inquietudes buscando la deducibilidad de los servicios veterinarios para estos animales.

Actualmente se discute en nuestro país la probidad de tasar mediante el IVA el alimento para animales, es necesario reconocer que los animales de asistencia no son mascotas, por lo que su adquisición no es derivada de una posición suntuaria, sino es un elemento necesario para la vida independiente de miles de personas con los tipos de discapacidad antes descrita, así de igual forma se promueve que el alimento para animales de asistencia sea deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta.

Así la Iniciativa pretende situar una acción afirmativa de índole fiscal que permita a las personas con discapacidad conservar de mejor forma su salud, ya que al deducir impuestos a través de los insumos que utilizan para este fin y reducir su carga tributaria también contribuyen a un menor costo en el Sector Salud, puesto que las intervenciones hospitalarias derivadas de un mal manejo de la salud preventiva son de un alto costo para el erario.

Finalmente es necesario que la política fiscal se reoriente no solo en las clases medias altas que con frecuencia utilizan los servicios de la medicina privada, las colegiaturas escolares y otros beneficios que se concentran en las deducciones personales, es fundamental que el Estado también tenga incentivos que se reflejen en las necesidades de los sectores populares, donde los efectos de la discapacidad se resienten más por la precariedad económica, así la Iniciativa pretende reformar el artículo 151 en su fracción primera de forma que se consolide un incentivo fiscal destinado a las personas con discapacidad, como acción afirmativa.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Iniciativa

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo.

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

 

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.


Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra, mantenimiento, reparación o alquiler de aparatos y ayudas técnicas, para el establecimiento, o rehabilitación del paciente; los medicamentos, artículos de aseo personal desechables, materiales de curación y otros insumos destinados a la conservación de la salud, así como la manutención alimentaria y servicios veterinarios para animales de asistencia, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley, donde se establecerán claramente los insumos, aparatos, ayudas técnicas, medicamentos, materiales de curación y animales de asistencia, que requiera la persona con discapacidad para conservar su salud y vivir de forma independiente, de modo que puedan efectuarse con exactitud las deducciones correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforma el artículo 151 en su fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional  legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del  contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra, mantenimiento, reparación o alquiler de aparatos y ayudas técnicas, para el establecimiento, o rehabilitación del paciente; los medicamentos, artículos de aseo personal desechables, materiales de curación y otros insumos destinados a la conservación de la salud, así como la manutención alimentaria y servicios veterinarios para animales de asistencia, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley, donde se establecerán claramente los insumos, aparatos, ayudas técnicas, medicamentos, materiales de curación y animales de asistencia, que requiera la persona con discapacidad para conservar su salud y vivir de forma independiente, de modo que puedan efectuarse con exactitud las deducciones correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo.

TRANSITORIO:

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 05-02-1917, reformado DOF: 29-01-2016.

2 Proporcionalidad y Equidad Tributarias establecidas en el Artículo 31, Fracción IV, Constitucional, Suprema Corte de Justicia de la Nación 1995, disponible en
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/389/389728.pdf

3 Deducciones personales, Servicio de Administración Tributaria, disponible en:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaracion_anual/Paginas/deducciones_personales_2016.aspx

4 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las con Discapacidad (2014 – 2018), DOF: 30-04-2014, consultado: 10-01-2016, disponible en:
http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20

5 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf

6 Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 03-05-2008 disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I) DEL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, JORGE TOLEDO LUIS, Senador de la república, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I) DEL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, establece la vivienda como derecho mínimo de las personas:

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.1

Por su parte, el artículo 11, numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966) reconoce el “derecho de toda persona a una vivienda adecuada.”2

De la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23)3, se establecen sus características: 1) garantizarse a todas las personas; 2) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; 3) requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, 4) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda y tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho.

Así, el nivel de vida adecuado es parte de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y están íntimamente relacionados con el cumplimiento de las necesidades básicas que los seres humanos tenemos para vivir y desarrollarnos dignamente.4

En nuestro país, a partir de 1983 se reformó el artículo 4º Constitucional, estableciendo el derecho a la vivienda como fundamental dentro del marco de las garantías individuales (derechos fundamentales), disponiendo que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”5

La Ley de Vivienda señala en su artículo 7º que la programación del sector público en materia de vivienda se establecerá en el Programa Nacional de Vivienda, el cual será formulado a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y será aprobado mediante un Decreto del presidente de la república.6

Las dependencias y/o entidades que participan en la ejecución del Programa Nacional de Vivienda son:

a) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

b) Comisión Nacional de Vivienda;

c) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra;

d) Fideicomiso del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

e) Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores;

f) Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado;

g) Sociedad Hipotecaria Federal; y

h) Organismos de vivienda estatales y municipales.

En el ámbito judicial mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios de los contenidos y alcances que este derecho involucra.

En la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, el alto tribunal retoma los criterios de la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23) y los establece como elementos básicos del derecho a una vivienda digna.

Además, en la tesis aislada 1a. CCV/2015 (10a.) DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS la Corte establece que los criterios de la Observación General sólo establece el estándar mínimo de infraestructura básica, pero ello no implica que el derecho se agote en la infraestructura. Dentro del derecho está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, que tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos.7

En 2010, México contaba con 28.7 millones de viviendas, de las cuales 22.4 millones eran urbanas y 6.3 millones rurales. El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 fue elaborado en apego a las prioridades de la política de vivienda, con la idea de alcanzar los 3 objetivos dispuestos en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 1) incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, 2) consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentable que faciliten la movilidad y calidad de vida de sus habitantes y, 3) fomentar el acceso a la vivienda a través de soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.8

Una de las situaciones coyunturales actuales es la del denominado bono demográfico, el cual representa una oportunidad para generar condiciones de desarrollo. En la actualidad el 64.8% de nuestra población se encuentra en edades productivas, es decir, entre 15 y 64 años, razón por la cual se debe potenciar la productividad y generar los mecanismos necesarios para fomentar la generación de vivienda digna ordenada.

Si bien es cierto que en el norte del país, la propiedad privada de la tierra es la característica principal, en las zonas centro, sur y sureste de México, la propiedad social es la que priva mayoritariamente.

El ejido representa una figura jurídica que ha acompañado de manera importante la historia de nuestro país. Lo podemos definir como una porción de tierra de uso público, que puede ser propiedad del Estado o del Municipio y que ha representado parte importante en el desarrollo agropecuario de nuestra nación.

Según el IX censo ejidal 2009, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 31 mil 514 ejidos y comunidades con una superficie de 105.9 millones de hectáreas, lo que representa el 51% de las 196 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional.

El territorio ejidal representa el equivalente a todo el territorio de Venezuela,  1.3 veces el de Chile,  1.5 el de Francia,  dos veces el de España,  10 veces el de Corea del Sur y a 47 el de El Salvador.

La magnitud de estas cifras nos da una muestra de la importancia que el ejido representa para nuestro país y el potencial de desarrollo que puede llegar a tener.

El origen del ejido se remonta a la época prehispánica, pero fue en el siglo XX, al triunfo de la Revolución mexicana, cuando mediante la expropiación de tierras que excedieran los límites de la pequeña propiedad, se crearan superficies territoriales que eran dados a grupos de personas y familias para su explotación y usufructo.

La Ley Agraria de 1915 abolió el sistema de latifundios, a través de la Reforma agraria que se consolidó hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1934.

Los ejidos poseen personalidad jurídica y representación propia frente a las autoridades municipales, estatales y federales. El cambio de mayor relevancia que ha tenido a través del tiempo se llevó a cabo en 1992, con las reformas al artículo 27 Constitucional, que conformaron el marco para la publicación de la actual Ley Agraria, en la que se conjugan los intereses de los ejidatarios y se produce un proceso de liberalización de la propiedad social.

Sin embargo, consideramos necesario fortalecer a los ejidatarios y a los ejidos dotándolos de herramientas legales que les permitan ser sujetos de crédito en aras de poder construir, remodelar, reparar o ampliar casas habitación y de subsidios, para que puedan realizar el mejor uso posible a su propiedad ejidal.

Parte importante del territorio nacional lo ocupa la propiedad comunal, esa forma de posesión que también tiene su origen en la época prehispánica y perduró en la Colonial, a pesar de todos los esfuerzos de encomenderos y autoridades virreinales por eliminarla.

La propiedad comunal persistió, incluso contra las leyes de reforma que pretendieron abolirlas, para meter las tierras en el mercado de consumo.

 Con la triunfo de la Revolución de 1910, los bienes comunales volvieron por sus fueros y fueron reconocidos por los gobiernos federales, principales en las comunidades indígenas, quienes mantuvieron esta forma de posesión.

Si bien en ninguna ley se establece que los ejidos, los ejidatarios o los comuneros no puedan ser sujetos de crédito para construcción de vivienda, también es cierto que el destinar algún crédito para la construcción de vivienda en un territorio ejidal o comunal, no está considerada dentro del marco jurídico vigente.

Por eso hemos considerado presentar esta iniciativa, para modificar esta laguna legal que permitirá al gobierno federal cumplir con lo establecido en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, para promover la generación de una oferta óptima de créditos y subsidios en acciones de vivienda, a través de las dependencias y/o entidades que participan en su concreción.

Producto de la ejecución del Plan Nacional de Vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda ha tendido a diversificar la oferta de opciones crediticias para todos los sectores de la población demandantes de una solución habitacional, con especial énfasis en el sector rural.

Una de las entidades que participan es el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), que está encargado de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores al servicio del Estado.

Para este año 2017, el Fovissste está invirtiendo a nivel nacional 37 mil 560 millones de pesos, con los que se espera financiar 112 mil 366 créditos inmobiliarios para los trabajadores del Estado.

Una situación a la que se enfrentan trabajadores del Estado, que a la vez son propietarios de algún terreno ejidal o comunal, es la dificultad para adquirir un crédito y poder construir en propiedad ejidal o comunal. Esta realidad se debe, entre otros factores, a la naturaleza jurídica de los ejidos y comunidades agrarias, y a la falta de certeza en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La presente iniciativa tiene como objetivo principal dotar de esa certeza jurídica necesaria, con objeto de que los trabajadores al servicio del Estado, que a la vez sean ejidatarios o comuneros en nuestro país, puedan ser sujetos de crédito por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Con esta modificación se pretende incentivar la obtención de créditos por parte de la clase trabajadora del Estado, lo que coadyuvará a la generación de mayores  viviendas.

Para lograr esto se pretende modificar el artículo 169, fracción I, para quedar como  sigue:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Iniciativa

Artículo 169.- Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines :

 


a) …
b) …
c) …

Artículo 169.- Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto. El importe de estos créditos podrá aplicarse en propiedad privada, ejidal o comunal de acuerdo con los lineamientos que emita el Instituto para los siguientes fines:

a) …
b) …
c) …

Con la adición propuesta se determina que los créditos que otorga el Fovissste, bien pueden destinarse a la construcción o adquisición de vivienda ejidal o comunal, en acuerdo a las disposiciones y lineamientos que para tal efecto emita el instituto.

Además, en un artículo transitorio se mandata al Instituto a emitir estos lineamientos durante los siguientes 60 días a la entrada en vigor del presente Decreto.

Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto:

Único: Se modifica la fracción I) del artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:

Artículo 169.- Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto. El importe de estos créditos podrá aplicarse en propiedad privada, ejidal o comunal, de acuerdo con los lineamientos que emita el Instituto para los siguientes fines

a) …

b) …

c) …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

Segundo: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contará con 60 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir los lineamientos correspondientes al presente Decreto.

Dado en el salón de Pleno del Senado de la República, el 16 noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf (Consultado el 12- octubre-2017)

2 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (Consultado el 12- octubre-2017)

3 www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/CG4_sp.doc (Consultado el 12- octubre-2017)

4 Derechos económicos sociales y culturales, documento publicado por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, publicado por la Secretaría de Gobernación.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100176/017_DESC.pdf  (Consultado el 12-octubre-

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 Ley de Vivienda. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf

7 goo.gl/u9JybL (Consultado el 12- octubre-2017)

8 Programa Nacional de Vivienda.
http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/transparencia/rendicion_cuentas/
Programa%20Nacional%20de%20Vivienda,%202014-2018.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por las Senadoras y los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar Cisneros)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL SORDO”

(Presentada por los Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables)

Los suscritos, Senadores, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DEL SORDO”, de conformidad a lo siguiente:

INTRODUCCIÓN

La presente iniciativa representa un esfuerzo que favorece la inclusión de la comunidad sorda a la dinámica social en sus diversas dimensiones, y su fundamentación legal se sostiene en los diversos ordenamientos legales, tales como Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Las personas sordas pueden realizar todo tipo de trabajos intelectuales, manuales, etc. y pueden desarrollarse con los demás de una manera fluida y sin impedimentos. Pero para ello es necesaria una concientización de la sociedad a este problema que sufren miles de personas.

Es muy importante que inculquemos en las próximas generaciones de ciudadanos la visión de que no todos son iguales y que hay que ayudar a los que tienen alguna dificultad física o de otra índole.

“El derecho de las personas sordas es igual a cualquier individuo que quiere participar en la vida pública y política, recibir educación de calidad, tener empleo digno y accesibilidad en cuanto a servicios de interpretación de Lengua de Señas, servicios médicos, etc.” (Dr. René González Puerto).

Con esta iniciativa se busca que mediante la concientización de las personas se logre un acceso pleno al ejercicio de los Derechos Humanos que como sujetos tienen las personas con discapacidad auditiva en México, mismo que les permita su empoderamiento social en la comunidad de la cual forman parte.

ANTECEDENTES

Cada año, la última semana de septiembre, las comunidades sordas del mundo organizan la semana internacional de las personas sordas. Esta celebración data de 1958 y fue propiciada por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) que eligió esta fecha para conmemorar el primer Congreso Mundial de la WFD que tuvo lugar en septiembre de 19511.

Es un día en el que se reivindican derechos para las personas que sufren sordera para poder vivir como los demás, así como poder trabajar y hacer una vida con las mismas oportunidades que todos los individuos de su entorno.

El principal objetivo de este día es el de llamar la atención a la sociedad en general, los políticos, las autoridades pertinentes, los medios de comunicación, etc. para conseguir que las personas sordas puedan convivir con el resto de personas con dignidad y en ningún caso se encuentren desplazadas por este motivo. Además, cada año se exigen más derechos para poder participar en los procesos de selección tanto de los puestos de trabajo en el estado como en las empresas.

En México, se celebra el 28 de noviembre, fecha que se ha tomado como referencia para hacer conciencia sobre las personas con esta discapacidad. Esta fecha es emblemática, debido a que: “La educación de las personas sordas en México data del siglo XIX, en la época del presidente Benito Juárez, en 1861 emitió una disposición legal para establecer una escuela de sordomudos, pero por cuestiones políticas el proyecto no se llevó a cabo.

En febrero de 1861, Benito Juárez (1806-1872) decreta que se establezca en la capital de la república una escuela para sordo-mudos. El 28 de noviembre de 1867 se publica el decreto en el que Benito Juárez determina fundar la Escuela Nacional de Sordomudos que funcionaría también como Escuela Normal de Profesores.

CONSIDERACIONES

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”2

El reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas auditivas al recordar los acuerdos firmados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Sordas, firmado por México en el 2006”, por lo tanto, la comunidad “demanda el seguimiento y cumplimiento de todos los acuerdos de esta Convención que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo del 2008”.

En nuestro país, para atender el tema de la inclusión, se crea el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. Elaborado conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y publicado en el DOF el 30 de abril de 2014, el cual establece dentro de sus objetivos lo siguiente:

Objetivo 1.- Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública.

Objetivo 2.- Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada.

Objetivo 3.- Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

Objetivo 4.- Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.

Objetivo 5.- Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad.

Objetivo 6.- Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad”3.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2 fracción VI, define a la persona sorda como aquella que tiene alguna deficiencia del sentido auditivo que le limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral4 y reconoce tres grupos de sordos: los sordos señantes, los hablantes y los semilingües.

La audición es uno de los sentidos más importantes, sin ella el sujeto no podría adquirir un lenguaje oral, dificultándose la comunicación con su medio. Desde el punto de vista biológico, el órgano de la audición es el encargado de transformar las ondas de la energía sonora recibidas del exterior, en energía bioeléctrica, posteriormente el cerebro procesa la información y hace posible su comprensión. Por esta razón, si este proceso no se lleva de manera normal, se produce una alteración en la audición.

Las personas sordas no son enfermas, no necesitan ninguna droga o tratamiento para curarse; las personas sordas usan un idioma diferente, con el que pueden aprender, compartir, actuar y expresarse libremente, el daño en la audición no afecta el desarrollo intelectual de los sordos.

La sordera afecta la comunicación de las personas, a unas más que a otras dependiendo de sí nació sordo o perdió la audición después de haber aprendido a hablar y de sí tiene algún resto auditivo. Cuando una persona nace sorda o pierde la audición a una edad muy temprana, es difícil que aprenda a hablar pues no puede escuchar los sonidos del idioma oral; sin embargo, si desea intentarlo, se le debe enseñar con un proceso largo y costoso.

Cuando una persona pierde la audición, siendo un niño, ya ha tenido experiencia auditiva y puede conservar la lengua que había adquirido. Cuando una persona escucho un poco, se beneficia del uso de audífonos y con esto, más una buena terapia, es posible que pueda aprender la lengua oral.

Cuando las personas mayores, por la edad o por enfermedad se quedan sordas, tienen problemas para entender lo que se les habla, pero no para hablar pues, ellos han hablado toda su vida y conocen perfectamente su lengua.

Las personas sordas no pueden escuchar, pero pueden ver. Por esto, el idioma que usan para comunicarse es la lengua de señas, una combinación de movimientos manuales, gestos, expresiones faciales, corporales y espaciales que integran su lengua.

El lenguaje materno de la comunidad sorda en México es la LSM (Lengua de Señas Mexicana) y su segunda lengua es el español; es fundamental el aprendizaje de la primera para incorporar aprendizajes asociados a la lectura y la escritura. Por este motivo su lengua materna es muy importante para la persona con discapacidad auditiva, misma que se caracteriza por ser visual gestual como la lengua de señas y no la auditiva verbal como el lenguaje oral.

Algunas personas sordas no pueden hablar por teléfono convencional, pero lo pueden hacer por un teléfono de texto; no escuchan radio, pero pueden saber las noticias a través del periódico; no escuchan la televisión, pero pueden acceder a la información si se cuenta con el servicio de interpretación en la pantalla o ven los mensajes escritos en la misma.

Para la mayoría de los sordos no es fácil aprender a hablar, para la mayoría de los oyentes es fácil aprender Lengua de Señas, solo falta voluntad y esfuerzo para lograrlo.

En cuanto a la estadística de este problema, más del 5% de la población mundial padece pérdida de audición. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, de los 119.9 millones de personas que habitan la república mexicana, 6% (7.2 millones) tienen discapacidad, de las cuales el 33.5% (2.4 millones) su problema es auditivo (CONAPO-INEGI, 2014 como se citó en Compartir Signos).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que entre uno y dos por cada mil de los recién nacidos llegan al mundo siendo sordos profundos o severos, de acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, existen un total de 498 mil 640 personas con discapacidad auditiva, siendo 273 mil 216 hombres y 225 mil 424 mujeres.

Según el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (CNREE-MEC, 1988), la hipoacusia se define como toda disminución de la agudeza auditiva. Pero el término es relativo, ya que el concepto de normalidad puede variar por factores como la edad, ecológicos y otros; por lo que se aplicará siempre teniendo en cuenta estas situaciones, pero si es necesario un término físico y preciso se puede considerar toda aquella disminución de la agudeza auditiva que sobrepase los 27 Decibeles (dB) en las frecuencias centrales del audiograma tonal.

Considerando que en el contexto educativo de las personas con discapacidad auditiva (necesidad social), se busa una educación para alumnos sordos desde un enfoque sociocultural, que represente la mejor alternativa para asegurar una educación de calidad para las personas sordas. En este contexto, una educación para la diversidad incluye el derecho de la niñez con sordera a hablar su lengua materna y a recibir una educación bilingüe para favorecer la adquisición de una segunda lengua. En el caso de los sordos, la lengua de señas permite la comunicación como la lengua oral para alumnos oyentes, y es un medio accesible que facilita el aprendizaje y brinda identidad lingüística.

En el campo Laboral, todas las personas requieren desempeñar una función en la sociedad que les permita una remuneración; sin embargo, aunque resulta lógico entender que no todas las actividades laborales pueden resultar adecuadas a su circunstancia, pero también, no todas las personas resultan competentes para desarrollar cualquier tipo de trabajo. El fomento del empleo de las personas no es sólo una exigencia de justicia para quienes padecen esa discapacidad, sino también es una necesidad para que la sociedad pueda aprovechar el capital creativo de un amplio conjunto de sus miembros, que puede, quiere y sabe trabajar.

La realidad de jóvenes con discapacidad auditiva presenta carencias formativas y de cualificación, que, unido a las dificultades propias de acceso a la información, nos demandan una atención dirigida a la orientación y formación profesional compatible con su discapacidad y ajustada a la realidad de la oferta laboral que posibilite a estos jóvenes su acceso a un trabajo. Debido a la falta de contacto con el mundo laboral, los jóvenes sordos requieren una formación teórico-práctica que les facilite la adquisición de habilidades sociales, habilidades laborales y técnicas de búsqueda de empleo para permitirles enfrentarse al mundo laboral sin dificultades.

Teniendo en cuenta la existencia de barreras para la contratación de personas sordas, motivada en muchas ocasiones por el desconocimientos del empresariado en general acerca de las capacidades y aptitudes de estas personas, y también a que la administración no ha dotado de mecanismos suficientes para la integración en el mercado laboral ordinario; es de vital importancia formar un equipo de trabajo, el cual, a través de la intermediación laboral entre la empresa y el joven sordo, capacite a la persona con discapacidad auditiva para desarrollar las funciones en el puesto del trabajo de una empresa ordinaria.

Cada vez hay más personas con discapacidad auditiva, problema que va en crecimiento, cada persona con discapacidad auditiva o sorda solicita el apoyo educativo inclusivo y accesibilidad como la interpretación para tener las mismas oportunidades como oyentes y estar en igualdad de oportunidades para ingresar a la preparatoria y la universidad, se les dificulta para conseguirlo porque todas los sordos necesitan más herramientas para una correcta forma de aprender y para que logren cambiar su forma de vivir y tener una mejor calidad de la vida para ellos y sus beneficiarios.

Un día nacional es la fecha de mayor significado que una nación simbólicamente adopta y por medio de la cual promueve la unidad de todos sus ciudadanos. Algunas recuerdan fechas de tal trascendencia que además de ser de importantes para las naciones en cuestión lo son también para la Humanidad entera.

En este caso, se trata de un día de carácter reivindicativo donde las comunidades sordas, las personas sordas de las distintas regiones y países visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda.

Por lo expuesto con anterioridad ha surgido la necesidad de crear un día oficial que reconozca y represente a la comunidad sorda, por considerar que son un eslabón que promueve una inclusión mucho más significativa a la dinámica social en la actualidad, garantizando con ello el que puedan ejercer sus derechos y obligaciones dentro de lo establecido en los marcos legales y de convivencia de hoy en día, creando el Día Nacional del Sordo.

Con base en estas consideraciones, vengo a proponer ante esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de noviembre de cada año como Día Nacional del Sordo.

TRANSITORIOS

Primero. La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública serán los responsables de organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana e institucional para la conmemoración relacionada con esta efeméride nacional.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Pleno del Senado de la República, el 14 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Hector Larios Córdova.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Silvia Leticia Martínez Elizondo.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 http://www.cnse.es/psordas.php?id_seccion=8

2 http://www.who.int/topics/disabilities/es/

3 https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo
-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras y los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar Cisneros)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por las Senadoras y los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Héctor Larios Córdova, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar Cisneros)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por las Senadoras y los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar Cisneros)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer los programas de conservación y protección de las principales especies en peligro de extinción, así como las campañas de concientización para que se informe a la población sobre la importancia de salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Debido a factores derivados de la actividad humana y la intensificación del cambio climático, en la actualidad el mundo experimenta una nueva ola de extinciones. La alarmante pérdida de especies en diversas regiones ha motivado a que diferentes actores como los organismos internacionales, investigadores, las sociedades y los Estados implementen diversas acciones, ante la urgente necesidad de proteger a las especies y contribuir a mantener un planeta rico en biodiversidad.

Las especies en peligro de extinción son aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

Si bien estudios científicos detallan que las extinciones han sido una constante en la historia desde hace miles de años, es incuestionable que la actividad humana, con la realización de diversas actividades productivas, ha sido también un factor determinante que ha contribuido a intensificar la extinción de diversas especies en el mundo.

En el caso de las aves, por ejemplo, antes de que la actividad humana impactara en los ecosistemas, una especie de aves se extinguía cada cien años, mientras que en la actualidad, este fenómeno ocurre cada uno o cuatro años.

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas estiman que en las pasadas cuatro décadas, el planeta ha perdido el 50% de sus animales y plantas salvajes y en algunas áreas la cifra es mayor a causa del cambio climático, pérdida de hábitat, explotación exacerbada, caza o tráfico ilegal.

Además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que una parte significativa de cada familia animal está amenazada: un 33% de los corales, un 25% de los mamíferos, un 13% de las aves y un 41% de los anfibios.1

Para la región de América Latina y el Caribe, las cifras también son preocupantes ya que un 12% de 13 835 especies están en peligro de extinción. Con base en Lista Roja de la UICN, en América del Sur, de las 14 060 especies evaluadas bajo los criterios de la Listas, 4.445 se encuentran como especies en peligro de extinción, cifra que representa el 32% de las especies evaluadas, mientras que el número de las más críticamente amenazadas asciende a 665.2

México es un país rico en variedad de especies debido a factores favorables como su ubicación geográfica y la diversidad de climas que concentra. En conjunto, concentra el 70% de la biodiversidad, a pesar de contar únicamente con 1.3% de la superficie terrestre del planeta. Además, ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la diversidad de plantas, anfibios y reptiles.3

Hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de las extinciones en el país respondían a factores como la cacería de las especies o la introducción de especies invasoras; sin embargo, en décadas recientes las principales causas se deben a la destrucción o modificación de los ambientes naturales. 

En este sentido, la norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 tiene por objeto identificar las poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo, por medio de la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

Actualmente, la norma incluye en su listado a 2,606 especies, de las cuales  49 son especies extintas, 475 están en peligro de extinción, 896 están amenazadas y 1185 son sujetas a protección especial. Entre las especies que se encuentran en peligro de extinción en el país son el loro cabeza amarilla, totoaba, mono saraguato, guacamaya verde, guacamaya roja, jaguar y el mono araña.4

A nivel federal, se han llevado a cabo diversas acciones con la finalidad de proteger a las especies. Entre ellas, destaca la implementación del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (PROCER), el cual tiene como objetivo contribuir a la conservación de las especies en riesgo y su hábitat, promoviendo la colaboración y participación de instituciones de educación superior y otros.

No obstante, es indispensable el fortalecimiento de las acciones, ya que la extinción de las especies debe convertirse en una preocupación colectiva. Es necesario, por ello, que instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas lleven a cabo el fortalecimiento de los programas de conservación y protección de las principales especies en peligro de extinción.

Las campañas de concientización son instrumentos útiles para que se informe sobre la importancia de salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat. Se requiere que la población esté consciente sobre la importancia de preservar su herencia al informarse y actuar para proteger a los animales y plantas en vías de extinción, así como crear conciencia sobre los beneficios que nos trae su conservación.

Por citar un ejemplo, las especies de anfibios desempeñan funciones importantes en los ecosistemas ya que transfieren nutrientes de medios acuáticos a terrestres y controlan las plagas de insectos, su desaparición tendría consecuencias severas ya que provocaría un incremento en las poblaciones de insectos transmisores de enfermedades como la malaria, dengue y fiebre amarilla.

El rescate de la biodiversidad se ha convertido en una necesidad para todos. Por ello necesitamos promover la conciencia ambiental y la cultura de la preservación y cuidado de nuestro entorno. Éstas son herramientas sociales fundamentales que nos permiten tomar conciencia sobre la importancia del medio ambiente y promueven en la ciudadanía el desarrollo de valores como el respeto de otras formas de vida y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que actualmente enfrentamos.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan los programas de conservación y protección de las principales especies en peligro de extinción, así como las campañas de concientización para que se informe a la población sobre la importancia de salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 ONU, La ONU celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, en línea [Disponible en:]
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36885#.WeoLz1uCyM8

2 UICN, Lista Roja de UICN, en línea [Disponible en:]
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/pol%C3
%ADticas-de-biodiversidad/lista-roja-de-uicn

3 SEMARNAT, Biodiversidad, en línea [Disponible en:]
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/
yelmedioambiente/3_biodiversidad_v08.pdf

4 PROFEPA, Especies en categoría de riesgo, en línea [Disponible en:]
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx.wap/especies_en_categoria_de_riesgo.html






Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores un estudio sobre la viabilidad de instaurar un consejo con integración ciudadana en el orden federal que dé seguimiento a las políticas públicas de manera transexenal para la planeación estratégica. Se turna al Instituto Belisario Domínguez.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, respecto al fenómeno de violencia llamado “Bullying”, y asumir que esta variable de violencia sistemática que se da principalmente entre escolares no ha logrado inhibirse. Se turna a la Comisión de Educación.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE ELSENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: A CONSIDERAR EL ESTUDIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA 2016, REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO RESPECTO AL FENÓMENO DE VIOLENCIA LLAMADO BULLYING Y ASUMIR QUE ESTA VARIABLE DE VIOLENCIA SISTEMÁTICA QUE SE DA PRINCIPALEMENTE ENTRE ESCOLARES NO HA LOGRADO INHIBIRSE; A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UNA POSTURA, UNA PROPUESTA GENERAL Y OBSERVACIONES AL RESPECTO PARA QUE JUNTOS, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, ORIENTEN SUS ESTRATEGIAS HACIA ACCIONES MÁS EFECTIVAS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-Esta soberanía ha emitido y realizado una multitud de acciones legislativas respecto a la proliferación del bullying en los centros escolares. Por todas las comisiones donde el tema es pertinente se han generado posturas y legislaciones, llamados reiterativos a las instituciones escolares. Sin embargo debemos considerar que todo ha sido un fracaso y que nuestras instituciones no han sido lo suficientemente contundentes para aminorar, al menos, esta conducta social. Y esto lo reiteramos por el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, que registró las opiniones de más de 5 mil 500 estudiantes mexicanos de segundo año de secundaria con respecto a temas como los problemas globales más importantes, la confianza en los partidos políticos y sus relaciones con los demás, entre otros asuntos.

Este estudio define que las escuelas en México son más hostiles que en otros países del mundo, ya que la frecuencia con que aparece el bullying es significativamente superior, como parte de un ambiente general en donde todavía existen vacíos importantes en cuanto a la convivencia pacífica entre ciudadanos.

Andrés Sánchez Moguel, del Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación, lamentó que 63 por ciento de los estudiantes encuestados admitió que algún compañero le había puesto un sobrenombre ofensivo, cuando el promedio en los 24 países que formaron parte del estudio fue de 55 por ciento.

De igual forma, 64 por ciento de los alumnos consultados dijo que alguno de sus compañeros dijo cosas de ellos para hacer reír a los demás, contra 56 por ciento en promedio en el resto de las naciones estudiadas de América Latina, Europa y Asia.

Otro aspecto que en México ocurre con más frecuencia es que un estudiante rompa las pertenencias de otro a propósito: dicha actitud afectó a 28 por ciento de los jóvenes, mientras el promedio fue de 20 por ciento.

En este mismo sentido, 20 por ciento de los alumnos de segundo de secundaria dijo haber sido atacado físicamente por un compañero, mientras la media de esta agresión en el resto del informe es de 16 por ciento.

El estudio comprende una evaluación a gran escala orientada a identificar qué tan preparados están los adolescentes y jóvenes que cursan el segundo año de secundaria (que equivale al octavo grado internacional de estudios) para el ejercicio pleno de su ciudadanía en el contexto actual. Sus resultados son relevantes para México porque permiten detectar la situación de la formación cívica y ciudadana en comparación con otros países, y a su vez ayudan a la promoción de comportamientos y ambientes democráticos y de legalidad en los diferentes contextos en que se desenvuelven los futuros ciudadanos.

El primer ciclo de esta evaluación se realizó en 2009 con el interés de valorar los conocimientos en torno a cuatro contenidos relacionados con la educación cívica: § Sociedad y sistemas cívicos. § Principios cívicos. § Participación cívica. § Identidades cívicas.

Ahora, en el segundo ciclo de evaluación llevado a cabo en 2016, se retoman contenidos de tres áreas relevantes: § Sostenibilidad ambiental. § Interacciones sociales en la escuela. § Uso de las redes sociales en la participación cívica.

La información pormenorizada se encuentra en :
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/A/311/P2A311.pdf

2.- En primera instancia, esta información es altamente lesiva para los trabajos institucionales que el gobierno federal, los gobiernos locales, delegacionales y municipales han desarrollado pues muestra que la ejecución de programas, los empeños institucionales son fallidos, no logran alterar una conducta que se reproduce flagrantemente. Por legislaciones no paramos pero el desempeño ejecutivo en todos los niveles no logra frenar esta escalada de cultura negativa. Es un dilema a conjurar y que debemos confrontar  Por lo pronto solo nos resta emitir exhortos recurrentes; sin embargo es necesario que las autoridades ejecutivas nos digan sus apreciaciones reales, porqué nada ha resultado al respecto. Necesitamos abrir una vía de comunicación que esté libre de evasivas, de los formatos que eludan el problema que va creciendo y emitir una alerta roja en los parlamentos nacional y locales hasta que manifieste una condición de que ha sido sometido a los parámetros de gobernabilidad.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública: a considerar el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo respecto al fenómeno de violencia llamado “Bullying” y asumir que esta variable de violencia sistemática que se da principalemente entre escolares no ha logrado inhibirse; a remitir a esta Soberanía una postura, una propuesta general y observaciones al respecto para que juntos, Legislativo y Ejecutivo orienten sus estrategias hacia acciones más efectivas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la privación de la libertad de Arturo Campos Herrera. Se turna a la Comisión de Justicia.








Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una pronta y profunda investigación para encontrar las causas y posibles soluciones sobre la desviación del cauce del río que ha secado “La Golondrina”, cascada principal de las Cascadas de “Agua Azul” en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DESVIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO QUE HA SECADO “LA GOLONDRINA”, CASCADA PRINCIPAL DE LAS CASCADAS DE AGUA AZUL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El turismo es una actividad económica muy dinámica, que en el país, genera divisas y empleos de los que dependen millones de personas.

En este contexto, el estado de Chiapas, es una de las entidades en donde, por desgracia, la pobreza y la marginación siguen estando presentes de manera preponderante, y donde para salir de dichas condiciones, es indispensable impulsar la inversión y el crecimiento económico. Para el logro de ese fin, el turismo sustentable es sin duda, una herramienta que se debe aprovechar.

Chiapas cuenta, según cifras oficial de la Secretaría de Turismo del estado, con una afluencia turística anual de más de 5.6 millones de visitantes, que dejan una derrama económica superior a los 18 mil millones de pesos. Entre los tipos de turismo destacan el de Naturaleza y Aventura, que constituyen el 84 por ciento del total. 

Como es conocido, Chiapas es un paraíso natural que cuenta con Áreas Naturales Protegidas (ANP) que constituyen una parte central del patrimonio de todos los mexicanos –y de la humanidad-, que debe ser aprovechado, pero siempre de manera sustentable.

De las 182 ANP que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra actualmente, y que están divididas en Nueve Regiones en el país, una de las más emblemáticas son las Cascadas de Agua Azul, localizadas en el municipio de Tumbalá, en la Sierra de Chiapas, a 133 kilómetros de San Cristóbal de las Casas y a 64 kilómetros de Palenque.

Allí se abre paso el río Agua Azul, vertiente del río Tulijá, que a su vez desemboca en el río Usumacinta. Desde 1980 esta zona fue declarada como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre.1 En junio de 2000 fue recategorizada para quedar con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul, con una extensión de 2,580 hectáreas.2

Esta ANP cuenta con diversas especies de flora y fauna silvestre, que por sus características, se encuentran en peligro de extinción, como es el caso del mono saraguato, tucán piquiverde, serpiente coralillo y orquídeas, entre otras.3

Desde mayo de 2017, el ANP Cascadas de Agua Azul cuenta con un Plan de Manejo que promueve acciones de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión adecuada de la diversidad biológica ubicada en esta zona, que es primordial para la conservación del patrimonio natural de los chiapanecos y de todos los mexicanos.4

Por desgracia, habitantes de esa región han dado cuenta durante las últimas semanas, de cambios en la corriente del río que nutre las cascadas. En particular, la cascada principal denominada ‘La Golondrina’, prácticamente se ha secado durante el pasado fin de semana.

Fuentes periodísticas dan cuenta de testimonios como Alberto López Urbina, presidente de la Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, que administra la zona, quien dijo que “El nivel del agua comenzó a bajar a partir del terremoto del 7 de septiembre pasado, pero fue hasta hace tres días que bajó unos dos metros y dejó de correr el agua como antes”5.

Esta anormalidad que pone en peligro a este polo de atracción turística y el sustento de las familias que de él dependen, no se había presentado nunca en todos los años que lleva en funcionamiento este centro.

Aunque los testimonios apuntan a causas naturales que han desviado el cauce del río, en especial después del gran sismo del 7 de septiembre pasado y sus réplicas, que causó severos daños y pérdidas materiales y humanas en Chiapas, resulta necesario, urgente e indispensable que la Semarnat, a través de la Conanp y la Conagua, realicen un profundo trabajo de investigación de la mano de especialistas en la materia, para determinar todas las causas de esta desviación de las corrientes que han secado la cascada principal, y aún más importante, para presentar lo antes posible, soluciones viables que permitan que este invaluable atractivo turístico reconocido a nivel mundial, las cascadas de Agua Azul, sigan existiendo en todo su esplendor para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.

Por las razones antes expuestas, presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), realicen en conjunto una pronta y profunda investigación para encontrar las causas, y posibles soluciones, de la desviación del cauce del río que ha secado “La Golondrina”, cascada principal de las Cascadas de Agua Azul en el estado de Chiapas.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 DOF 29/04/1980. Decreto por el que por causa de interés público se establece zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como Cascada de Azua Azul, localizada en el Municipio de Tumbalá, Chis.
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/130_decreto.pdf

2 DOF 07/06/2000. ACUERDO que tiene por objeto dotar con una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de áreas naturales protegidas emitidas por el Ejecutivo Federal
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_recategorizacion/130_reca.pdf

3 DOF 22/05/2017 Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Zona de Protección Forestal y refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como Cascadas de Agua azul
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/130_DOF.pdf

4 Idem.

5 En total incertidumbre cooperativas de Agua Azul. Cuarto Poder de Chiapas. 13 de noviembre de 2017
http://www.cuartopoder.mx/en-total-incertidumbre-cooperativas-de-agua-azul-224092.html






De la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país la diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad con 98 mil 521 casos al año, sólo detrás de las enfermedades del corazón (128 mil 731)1.

Dicha cifra se torna más grave al ver que a pesar de las múltiples acciones realizadas en la actual administración en materia de prevención, diagnóstico oportuno y atención, los casos se han incrementado en los últimos años. Mientras que en 2012 la cifra fue de 85 mil 055, en 2013 llegó a 89 mil 469 y para 2014 de 94 mil 029.  

Sobre el particular, una cuestión que llama la atención es que en fechas recientes en diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que en México se tiene registrado un incremento en el número de casos de diabetes entre adolescentes, situación que hace necesario el establecimiento e impulso de acciones encaminadas a erradicar con el panorama advertido. 

Bajo esta tesitura, lo primero que debemos advertir es que la Organización Mundial de la Salud (OMS)2, señala que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Igual de importante es señalar que su principal efecto es el aumento del azúcar en la sangre y que hay diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2 y diabetes gestacional.   

La diabetes de tipo 1, se caracterizada por la ausencia de síntesis de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Todavía se desconoce que la causa y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Entre sus principales síntomas están: excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio (los cuales pueden aparecer de forma súbita).

La diabetes de tipo 2, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física y constituye la mayoría de los casos mundiales; hasta hace poco sólo se observaba en los adultos, pero en la actualidad también se manifiesta en menores de edad. Debido a que sus síntomas pueden ser similares a los de diabetes tipo 1 (con frecuencia menos intensos), su diagnóstico suele ser después de varios años de evolución, cuando han aparecido complicaciones.   

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se presenta por primera vez durante el embarazo. Las mujeres en este supuesto corren mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo y el parto, por otro lado, tanto ellas como sus hijos son más susceptibles de padecer diabetes tipo 2 en el futuro.    

Por lo que respecta a la problemática que motiva el presente punto de acuerdo, en principio debemos destacar que el INEGI indica que en nuestro país hay 30.6 millones de jóvenes (25.7% de la población total); y por otro lado, señala que uno de los problemas de salud crónico-degenerativos con presencia en este sector poblacional es la insuficiencia renal crónica (17% del total de egresos hospitalarios por esta afección a nivel nacional), padecimiento del que la diabetes mellitus es una de sus principales causas3.

Para dimensionar la presencia e impacto de la diabetes en México, es oportuno referir que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016)4, 9.4% de la población mexicana padecen diabetes y cada vez, resulta más común conocer de casos en jóvenes.

Asimismo, observamos que cada hora se diagnostican 38 casos nuevos y cada dos horas fallecen cinco personas a causa de esta enfermedad, en relación a sus causas, indica que el 95% de los casos de diabetes se encuentran asociados a los malos hábitos de alimentación y estilos de vida poco saludables, precisando que la obesidad aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. Lo anterior se agrava al considerar que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos.

En el mismo sentido, Unicef México5 señala que en nuestro país uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad, hace énfasis en que para los escolares, la prevalencia combinada ascendió al 26% para ambos sexos (4.1 millones de escolares). Precisa que son los malos hábitos en la alimentación, los que terminan por desembocar en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta.  

En la propia ENSANUT MC 2016 se muestra que en los adolescentes de entre 12 y 19 años de edad, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 36.3%, 1.4 más que la mostrada en 2012 (34.9%). La prevalencia de actividad física suficiente pasó de 56.7% a 60.5% de 2012 a 2016; mientras que la proporción de jóvenes con un tiempo frente a la pantalla pasó de 27.1% a 21.4% de 2006 a 2016.   

En contraste, en la ENSANUT MC 2016 observamos que gran proporción este sector poblacional consumen cotidianamente grupos no recomendables, más del 80% consume bebidas no lácteas endulzadas; casi el 60% botanas, dulces y postres; 50% cereales dulces; 33.3% bebidas lácteas endulzadas; y alrededor del 20% carnes procesadas y comida rápida y antojitos mexicanos.  

Bajo esta tesitura, considero de vital importancia que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, impulse campañas de concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos. De esta manera, contribuimos a garantizar el derecho al acceso a la salud reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el marco de sus atribuciones y en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, impulse campañas de concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.

1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México a acatar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los órganos garantes de los derechos humanos a nivel nacional y local, sobre los centros penitenciarios de la entidad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a abrir una experiencia favorable a la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE ELSENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ABRIR UNA EXPERIENCIA FAVORABLE A LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMITIR UNA NOTA, UNA OBSERVACIÓN, UNA POSTURA, RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018. PRÓXIMO A ENTRAR A SU ETAPA PARLAMENTARIA Y REMITIRLA A ESTA SOBERANÍA PARA SU TRATAMIENTO LEGISLATIVO. bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La primera semana de noviembre del presente, la Asamblea Legislativa avaló por unanimidad el dictamen de nombramiento de Nashieli Ramírez como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Fundadora de la organización Ririki Intervención Social y exconsejera en atención a la niñez de la CDHDF.

Es considerada una de las defensoras más respetadas y eficaces dentro de la sociedad civil organizada de la última década. Entre las propuestas de Ramírez está la creación de una Visitaduría que se encargue de dar seguimiento al estado de las víctimas del sismo. Busca también, reivindicar la perspectiva de género, así como salvaguardar los derechos de grupos vulnerables.

2.-Después de una titularidad de la antecesora que dejó muchas críticas por su gestión, corresponde a este nuevo ciclo abrir un proceso en donde los derechos humanos y la comisión  estatal tienen el objetivo de fortalecer esas instituciones hasta que adquieran el poder de sanción que el cumplimiento de los derechos humanos en la ciudad requiere. La ciudad de México ha manifestado experiencias de alta calidad en la observación y en la conjunción de energías para desarrollar aspectos teóricos y de observación inéditos como lo fue el Diagnóstico de los Derechos Humanos y después el Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal, en el cual participaron organismos no gubernamentales e instituciones de varios entornos, incluido el gubernamental. Sin embargo en años recientes se sintió un adormecimiento en este sentido.

La Asamblea Legislativa, que ha manifestado una construcción de mayorías por acuerdos de las diversas fuerzas tiene ahora, en días venideros, el encargo legal de aprobar el Presupuesto de Egresos capitalino. El último año del actual sexenio gubernamental entra en su fase final.

La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México tiene ahora la oportunidad de abrir sus trabajos en una experiencia inédita de observación de los procesos de los derechos humanos en la ciudad. Los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, deben conservar una atención continua y constante sobre todo aquello que ataña, determine o influya sobre la actividad de los derechos humanos. Por ello es nuestra propuesta que el monitoreo de los derechos humanos  tiene que recaer, y recae, claro está, en el presupuesto del Distrito Federal que apruebe la Asamblea Legislativa: salud, equidad de géneros, infancia, información, prácticamente todos los derechos humanos, en su fase de promoción, defensa, estudio, ejecución tienen correspondencia con el monto presupuestal asignado por la representación popular capitalina. La progresividad de los procesos que deben consolidarse, desarrollarse o inaugurarse tienen que ver con el impulso presupuestal asignado. Es interés de esta soberanía estar al tanto de este peso institucional de fin de sexenio de gobierno y comienzo de un periodo de renovación de la institución de derechos humanos capitalina.

En algunas plataformas de opinión se menciona que el presupuesto debe poseer una perspectiva de derechos humanos. Y eso es una orientación precisa que aún no ha dado muestra de materialización en los presupuestos locales. Por ello, urge una atención al circuito de origen, los presupuestos y su aprobación por la correlación de fuerzas de los grupos parlamentarios, en este caso, de la ciudad de México.   

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para abrir una experiencia favorable a la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México, a emitir una nota, una observación, una postura, respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018, próximo a entrar a su etapa parlamentaria y remitirla a esta Soberanía para su tratamiento legislativo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la República a implementar una estrategia nacional para el combate del mercado ilegal de medicamentos. Se turna a la Comisión de Salud.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe sobre el avance del cumplimiento de las 14 recomendaciones elaboradas por el grupo de trabajo conformado para investigar la situación de violencia en contra de las mujeres en ese, como parte del proceso de Solicitud de Alerta por Violencia de Género en Baja California, en virtud del incremento del aumento de violencia feminicida en la entidad. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante el incremento de feminicidios en el Estado de Baja California, en enero de 2015 la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

La AVGM, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.1

Conforme a la legislación aplicable, se conformó un Grupo de Trabajo para atender dicha solicitud, la cual concluyó que no había elementos suficientes para emitir la Declaratoria, no obstante, esto no significaba  que el gobierno de Baja California no tuviera pendientes en la instrumentación de acciones institucionales para erradicar la violencia en contra de las mujeres.  

Al respecto el  dictamen del Grupo de Trabajo,  señaló en mayo de 2016, catorce recomendaciones, que el gobierno estatal se comprometió a cumplir y que a saber son las siguientes:

1. La creación de un Banco Estatal de Datos.

2. Elaborar, publicar y difundir en medios oficiales y de otra índole, el  Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

3. Impulsar la aprobación de la Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California.

4. Dotar al Inmujer de la estructura que requiere para el desarrollo de sus actividades: presupuesto y recursos humanos.

5. Articulación entre agencias del Ministerio Público que atienden a mujeres víctimas de delitos, así como la creación de agencias especializadas para atender los delitos de feminicidios, desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, el rediseño de agencias especializadas en la investigación de los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas y la violencia familiar.

6. Garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familias mediante albergues, refugios y la  creación de un Refugio Estatal; así como la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.

7. Elaboración, publicación y difusión de Protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad de las personas; feminicidio; y casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.

8. Capacitación en materia de órdenes de protección a los servidores públicos encargados de su emisión e implementación en todos los órdenes de gobierno; elaboración, publicación, y difusión de protocolos que incluyan un análisis de riesgo con perspectiva de derechos humanos de las mujeres.

9. Publicación del Modelo de atención a la violencia contra las mujeres, y evidencia de las gestiones realizadas para su implementación, monitoreo y evaluación.

10. Instrumentar un programa de capacitación continua de la NOM-046 para personal médico, de enfermería y cualquier otro en contacto directo con las usuarias.

11. Realizar programas de capacitación permanente  a personal operativo de la Policía Municipal y Estatal en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad y desarrollo de un programa de contención para el personal mencionado con la asesoría de especialistas.

12. Impartir de manera continua capacitación especializada en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres, con enfoque de género, interculturalidad  dirigida a todas las autoridades de impartición de justicia.

13. Diseño de campañas con perspectiva de género, evidencias de difusión, la medición del impacto focalizadas a los grupos en situación de vulnerabilidad, con un enfoque de derechos humanos e interculturalidad.

14. Creación de programas de reeducación a hombres generadores de violencia con enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad y acercamiento de la población a estas temáticas.2

A pesar de que el gobierno de Baja California se comprometió a acatar dichos compromisos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad ha denunciado que no se ha cumplido con la puesta en marcha del Centro de Justicia para la Mujer, que tendría que estar en funcionamiento desde el pasado 30 de junio.3

Asimismo, desde el año 2015 los asesinatos violentos de mujeres han venido en aumento, mientras ese año se presentaron 107 casos; en 2016 ascendió a 123.4 

De acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, desde enero de 2017 hasta la fecha se han documentado 120 asesinatos de mujeres en Tijuana, de los cuales 13 son considerados como feminicidios.5

Para los legisladores del PRI resulta preocupante el incremento de asesinatos de mujeres en el Estado de Baja California. Consideramos que es apremiante que el gobierno de la entidad refuerce las acciones institucionales para prevenir y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres y dar cumplimiento puntual a las recomendaciones señaladas por el Grupo de Trabajo conformado para investigar la situación de violencia en contra de las mujeres en el Estado de Baja California.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de Baja California para que, presente un informe pormenorizado sobre el avance del cumplimiento de las 14 recomendaciones elaboradas por el Grupo de Trabajo conformado para investigar la situación de violencia en contra de las mujeres en el Estado de Baja California, como parte del proceso de Solicitud de Alerta por Violencia de Género en BC, en virtud del incremento del aumento de violencia feminicida en la entidad.

1 “¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres?” Secretaría de Gobernación, <
https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739> Consultado el 13 de noviembre de 2017.
2 “Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Baja California”, CONAVIM,
<http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/302/1/images/infbajacal.pdf>  Consult5ado el 13 de noviembre de 2017.
3 “Registra avance Centro de justicia para la Mujer en BC”, Frontera.Info, <
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/31052017/1220395-Registra-avance-Centro-de-Justicia-para-la-Mujer-en-BC.html> Consultado el 13 de noviembre de 2017.
4 “Promueven sanciones a autoridades que no cumplan con la seguridad de género”, La Jornada, <
http://jornadabc.mx/tijuana/31-08-2017/promueven-sanciones-autoridades-que-no-cumplan-con-la-seguridad-de-genero> Consultado el 13 de noviembre de 2017.
5 “Resurge exigencia de alerta de género en BC; 120 mujeres ultimadas desde enero”, La Jornada, <
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/06/estados/030n2est> Consultado el 13 de noviembre de 2017.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 “¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres?” Secretaría de Gobernación,
< https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739>
Consultado el 13 de noviembre de 2017.

2 “Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Baja California”, CONAVIM,
<http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/302/1/images/infbajacal.pdf> 
Consult5ado el 13 de noviembre de 2017.

3 “Registra avance Centro de justicia para la Mujer en BC”, Frontera.Info,
< http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/31052017/1220395-
Registra-avance-Centro-de-Justicia-para-la-Mujer-en-BC.html> Consultado el 13 de noviembre de 2017.

4 “Promueven sanciones a autoridades que no cumplan con la seguridad de género”, La Jornada,
<http://jornadabc.mx/tijuana/31-08-2017/promueven-sanciones-autoridades-que-
no-cumplan-con-la-seguridad-de-genero> Consultado el 13 de noviembre de 2017.

5 “Resurge exigencia de alerta de género en BC; 120 mujeres ultimadas desde enero”, La Jornada,
< http://www.jornada.unam.mx/2017/11/06/estados/030n2est> Consultado el 13 de noviembre de 2017.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con  punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de Gobernación a considerar las acciones necesarias para mejorar la atención del infarto agudo de miocardio, con el objetivo de disminuir la mortalidad en toda población mexicana. Se turna a la Comisión de Salud.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo para emitir una convocatoria a entidades, instituciones, especialistas y estudiosos en la materia, y a representantes ciudadanos para elaborar una Teoría General de los Derechos Humanos en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE EMITIR UNA CONVOCATORIA A ENTIDADES, INSTITUCIONES, ESPECIALISTAS Y ESTUDIOSOS EN LA MATERIA Y A REPRESENTANTES CIUDADANOS A PARA ELABORAR UNA TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO (TGDHM) CON EL FIN DE RESARCIR ESE VACÍO CONCEPTUAL. UNA TGDHM IMPULSARÍA UNA ACTUACIÓN DEL ESTADO PARA DAR LOS PASOS NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO Y GOBIERNOS MISMOS SEAN GARANTES Y PRACTICANTES PLENOS DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE TODO EN LOS PROCESOS JURÍDICOS. EL PROPIO SENADO ACUERDA SER LA SEDE DE LOS TRABAJOS ENCAMINADOS PARA ESTE OBJETIVO.

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATALES, A LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REUNIR LAS CONDICIONES PARA ELABORAR UNA TEORÍA  GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO, A CONFORMAR UN CONSEJO REDACTOR DEL TGDHM; Y A SER ÓRGANOS, A SU VEZ, CONVOCANTES DE INSTITUCIONES, UNIVERSIDADES, ESTUDIOSOS Y CIUDADANOS PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO REDACTOR DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MÉXICO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El Senado de la República tuvo a bien presentar una Colección de libros llamados: “Politeia, Constitución y Democracia”, compuesta por los tomos “Derechos Humanos: realidades y desafíos” y “El título X de la Constitución española de 1978”, ahí, los expertos invitados, Carolina León Bastos, profesora investigadora de la Universidad Anáhuac del Norte; Edgar Corzo Sosa, Quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alejandro Wong Meraz, profesor investigador de la Universidad del Estado de México, emitieron una apreciación muy importante: En México hace falta crear una teoría general de derechos humanos. Dicha teoría general, a consideración de los convocados, debe basarse en ocho puntos: la noción conceptual; dimensión subjetiva y objetiva; naturaleza jurídica; titularidad; regulación constitucional; desarrollo normativo mediante la ley; tutela jurisdiccional y no jurisdiccional, y una armonización internacional”.  Añadieron que “se ha constatado en diferentes latitudes, y a través del tiempo, una constante violación de derechos fundamentales; y el problema no deriva de los diferentes tratados que buscan salvaguardarlos, sino de los mecanismos que cada Estado maneja en particular, para el cumplimiento y eficacia de los derechos humanos, porque no siempre son efectivos. También lamentaron que el ensanchamiento de los espacios económicos y sociales no ha sido acompañado de una singular amplitud de los espacios políticos. Detallaron que en México, uno por ciento de la población tiene la tercera parte de la riqueza, nueve por ciento tiene otra tercera parte y 90 por ciento la última parte. Abundaron en que las pérdidas de espacios, en el marco del Estado, no se deben a una incompatibilidad física y mecánica –entre una realidad económica mundial y una realidad política geográficamente limitada- sino a una incompatibilidad entre los criterios definidores que dan sentido a la vida económica y los que definen la organización política y estatal. Estas declaraciones, por cierto, altamente críticas de las políticas estatales vigentes, tocaron un punto clave que es necesario subsanar y no convertir una falta en una falla. El tema de crear una teoría general de derechos humanos mexicana.

Obviamente en el mundo ya existe una teoría general de derechos humanos, pero sus derivas tienen la experiencia del sustrato histórico en que esos países viven el respeto a los derechos humanos, su estructuración legislativa y sus prácticas ejecutivas. Hay importantes aportaciones de pensadores en derechos humanos que han desarrollado monumentales trabajos; sin embargo, la observación de los expertos es prioritaria y pertinente: se requiere una teorización mexicana que derive en una metodología y estrategia a desarrollar, que se oriente a la definición de una práctica específica para nuestra cruda y catastrófica realidad, que describa la situación de los derechos humanos en México, que perciba el nivel de desarrollo legislativo y la materialización de las acciones en el campo jurídico.

2. Citemos aquí una parte del capítulo noveno del libro: La reforma constitucional sobre derechos humanos: Una guía conceptual, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, sito en http://corteidh.or.cr/tablas/r33063.pdf “el desafío, -(el que impone el cambio constitucional del artículo primero respecto a centrar la perspectiva en los derechos humanos)-, no proviene solamente de la necesidad de incorporar nuevos elementos al bagaje cultural de los usuarios del derecho, sino que se materializa en la necesidad de pensar y operar bajo técnicas y prácticas distintas a las que se utilizaban. En este sentido, se impone la necesidad de aprender a desaprender lo que hasta ahora se conocía. No se trata de una fórmula retórica sino de un imperativo práctico. Baste, para ejemplificar, con dos casos concretos. Uno, relacionado con la teoría de las jerarquías normativas y otro, vinculado con las técnicas de interpretación. Tradicionalmente, en las escuelas de Derecho en México se enseñaba la teoría de la validez normativa desarrollada por Hans Kelsen. No es éste el lugar para reconstruir los presupuestos teóricos y las notas características de esa teoría, pero sí para recordar sus coordenadas generales con la finalidad de mostrar lo que se debe desaprender para operar en el nuevo contexto normativo. Según la teoría kelseniana, la validez de las normas dependía de un sistema vertical, ordenado gradualmente y presidido por la Constitución. A partir de ese esquema la validez de las normas inferiores a la norma constitucional dependía de un criterio material y otro formal. Materialmente las normas inferiores eran válidas si su contenido se ajustaba al de la norma suprema y, formalmente, si habían sido creadas por una autoridad facultada para emitirlas. No parece exagerado sostener que ese esquema de la validez normativa se ha enseñado durante décadas a todas las generaciones de abogados en México. Pues bien, como se ha insistido aquí, a raíz de la reforma a los artículos 1º y 105 constitucionales ese esquema de validez ha sido modificado de manera relevante. Aunque la validez de las normas sigue dependiendo formalmente de que hayan sido creadas por una fuente autorizada, el aspecto sustantivo ya no se resuelve en automático con el criterio de jerarquía. En los casos de conflictos normativos ya no es suficiente con identificar cuál es la norma que se encuentra en el grado superior de la pirámide de validez, sino que se debe identificar cuál es la norma que, por su contenido, ofrece mayor protección a los derechos. Este cambio no es menor y afecta de manera profunda el quehacer jurídico.

Otro argumento descansa en otro texto publicado gracias a los esfuerzos editoriales del Instituto Belisario Domínguez. El texto:  “Las reformas estructurales vistas a través de los derechos humanos”, de Mara Gómez Pérez y Carolina Espinosa Luna, nos dice: “El enfoque de Derechos Humanos es una perspectiva de análisis del actuar público que permite someter a juicio el cumplimiento del fin último de todo Estado de Derecho: el bienestar de su población. Los seres humanos hemos constituido sociedades organizadas a través de Estados y hemos aceptado someternos al control público, a cambio de obtener seguridad jurídica y bienestar social. En ese sentido, el respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos constituye un elemento básico de toda construcción estatal, y es también el parámetro que permite determinar el grado de complimiento de una estructura gubernamental, del fin último para el que fue constituida, así como su grado de legitimidad. Se ha insistido sobre la importancia de que las acciones gubernamentales que busquen el desarrollo de un Estado respeten los derechos fundamentales de la población e influyan positivamente en toda la construcción social, y tomen como valor de referencia la dignidad de las personas. Las reformas estructurales vistas a través de los Derechos Humanos. Para ejemplificar esta perspectiva de análisis, tomamos como punto de partida cinco de las reformas estructurales impulsadas a partir del 2012 por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, las cuales fueron promovidas con la intención manifiesta de transformar al país, elevar la productividad, fortalecer y ampliar los derechos, y afianzar el régimen democrático y las libertades. De acuerdo con sus impulsores, éstos fueron los objetivos que se pretendieron lograr al emprender todas y cada una de estas reformas estructurales. En relación con la Reforma Energética, que abarcó un conjunto de 21 iniciativas en las que se aprobaron 9 leyes nuevas y 12 reformas legales, analizamos las implicaciones jurídicas y en materia de Derechos Humanos de las nuevas servidumbres legales establecidas en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica, y observamos la omisión de la reforma de integrar al orden jurídico nacional, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En materia de justicia, analizamos a detalle las figuras jurídicas del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa introducidas a nuestro texto constitucional desde junio del 2008, y ampliamente utilizadas por las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, tanto de la Administración Pública Federal anterior como de la actual. Ello, con la intención de comprender su mecanismo de operación y su incidencia en el funcionamiento cotidiano de la justicia penal, así como sus efectos sobre tres cuestiones básicas: la impunidad, la efectividad de la persecución de los delitos y la violación de derechos fundamentales en el país. A este respecto, en este trabajo se examinó la jurisprudencia internacional que establece las normas básicas sobre la prisión preventiva, y asimismo, se hizo referencia a todas las recomendaciones que numerosos organismos internacionales han formulado a nuestro país en relación con la figura del arraigo. En materia hacendaria, se analizó el impacto del presupuesto de egresos en las políticas sociales, con objeto de apreciar el grado de cumplimiento del principio de progresividad. Para ello, se comparó el Presupuesto de Egresos actual con el proyecto de Presupuesto de Egresos del año próximo, específicamente en lo que corresponde a la ministración de fondos para los programas sociales que el Coneval ha calificado como fuertemente prioritarios, de lo cual se obtuvieron conclusiones interesantes. En síntesis, que el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, no parece cumplir con el principio de progresividad en materia de gasto social, con todo lo que ello implica. En materia educativa, la reforma estructural se analizó desde la perspectiva de dos de los Derechos Humanos en pugna, esto es: los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, y el interés superior de la niñez. Ello se hizo con la finalidad de poner de manifiesto que no siempre es fácil elegir la protección de un derecho frente a la desprotección de otro, y asimismo, para evidenciar que pese a que el más alto tribunal de nuestro país se pronuncie en última instancia y defina con determinación cuál de estos derechos debe prevalecer, ello no implica que se resuelva toda la problemática suscitada. Así de difíciles son las decisiones públicas en materia de Derechos Humanos, y así de importantes. Por último, se analizó aquí la Reforma Político-Electoral en lo que corresponde específicamente a la paridad de género, lo que permitió advertir que sí existe un aumento, no suficiente pero sí consistente, en cuanto a la participación de las mujeres en los órganos legislativos federales. Esperamos con lo anterior, haber contribuido a visibilizar la importancia de la protección y respeto a los Derechos Humanos en toda construcción estatal y en cualquier actuar de las autoridades públicas, y a promover que siempre que se quieran llevar a cabo grandes transformaciones del Estado o simplemente diseñar nuevas políticas públicas en cualquier área del gobierno, antes que cualquier otra cosa, se tome en consideración el respeto a los Derechos Humanos de la población”. Contundente y nutritivo para la hora de pensar una teoría general mexicana de los derechos humanos.

3.- Es cierto que desarrollar un documento de esa dimensión requiere una amplia y abierta participación, un concurso de energías diversas y complementarias. Esbozar una teoría general de los derechos humanos en estos tiempos implica ya un enorme esfuerzo social y colectivo que reúna procesos históricos, perspectivas de escuelas y visiones, historia misma del concepto y una descripción cabal de la realidad donde parte de esta teoría podría activar sus observaciones dados los principios de progresividad.

Por ello nuestra propuesta, una vez más, es que el Senado puede ser el factor convocante y detonador, un dispositivo de propuesta democrática para que esta observación se pueda subsanar: comprometernos a que el año que entra, el resto de la legislatura se convoque a entidades, estudiosos, instituciones de derechos humanos, academias, a desarrollar una propuesta para una teoría general de derechos humanos mexicana. Esto ya ha sido expuesto como una necesidad por expertos. El principio de progresividad lo exige. Y por ello es viable comprometernos a ese trabajo convocante. A su vez también debemos darnos la oportunidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita una postura al respecto y sea también convocada a la elaboración de la propuesta.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- El Senado de la República acuerda emitir una convocatoria a entidades, instituciones, especialistas y estudiosos en la materia y a representantes ciudadanos a para elaborar una Teoría General de los Derechos Humanos méxico (TGDHM) con el fin de resarcir ese vacío conceptual. Una TGDHM impulsaría una actuación del Estado para dar los pasos necesarios para que el Estado y gobiernos mismos sean garantes y practicantes plenos de los derechos humanos sobre todo en los procesos jurídicos. El propio Senado acuerda ser la sede de los trabajos encaminados para este objetivo.

DOS.- El Senado de la República exhorta al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reunir las condiciones para elaborar una Teoría General de los Derechos Humanos México, a conformar un consejo redactor del TGDHM; y a ser órganos, a su vez, convocantes de instituciones, universidades, estudiosos y ciudadanos para formar parte del consejo redactor de la Teoría General de los Derechos Humanos México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

Sen. Ana Gabiela Guevara Espinoza.






De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita un incremento extraordinario al salario mínimo del 15 por ciento para la clase trabajadora. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los responsables de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son elementos fundamentales para avanzar en la consolidación del proceso  democrático, el Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones y los servidores públicos.

La fiscalización ofrece elementos de gran utilidad para promover la gobernanza, es decir, conformar gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y  orientados por principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las diversas entidades oficiales.

La fracción VI del artículo 74 de nuestra Constitución Política, establece que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la  Auditoría Superior de la Federación. Señala que si derivado del examen que realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, se determinarán las responsabilidades  de acuerdo con la Ley. 

El artículo 79 plantea que la Auditoría Superior tendrá entre sus atribuciones “Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley”.

El artículo 134 señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Por último, cabe acotar que el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, menciona que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan.1

Lamentablemente, la opacidad en el manejo de los recursos públicos se ha convertido en una práctica sistemática durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez, ya que han sido reiteradas las denuncias de presuntas irregularidades en uso de dichos recursos.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, incluidos en la Cuenta Pública 2016,  de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el estado de Guanajuato se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional por el monto observado en cuanto a gasto federalizado programable con 7.1% del total, el cual asciende a 5 mil 651 millones de pesos observados a estados y municipios en la segunda etapa de la fiscalización2.

De esta manera, el monto observado al estado fue de 402.7 millones de pesos, cifra que representa 8.2% de la muestra auditada. De igual manera, ocupa la primera posición en cuanto a los montos de subejercicio –menos gasto del presupuesto– por 380.7 millones de pesos.

Por su parte, el monto observado en la primera y segunda etapa del gasto federalizado asciende a poco más de un mil millones de pesos, monto que significa 9.1% del total auditado y se registró un subejercicio de 981 millones.

Respecto a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar en los fondos y programas auditados en la primera y segunda etapa de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, para los cuales se concluyó el total de sus auditorías programadas, cabe destacar los siguientes aspectos para el estado de Guanajuato:

En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), el monto pendiente de solventar de las observaciones entre 2012-2016 fue de 41.7 millones de pesos, mientras que el monto observado por la Cuenta Pública 2016 en la segunda etapa es de 173.6 millones de pesos.

En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el monto pendiente de solventar es de 748.5 millones de pesos en el periodo señalado.

En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el importe pendiente de solventar es del orden de los 913.4 millones de pesos entre 2012-2016.

En el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), el monto pendiente de solventar derivado del Pliego de Observaciones entre 2013-2016, asciende a 38 millones de pesos.

En el Fondo para Fortalecer la Seguridad Pública (FORTASEG), el importe pendiente de solventar es de 13.1 millones de pesos entre el periodo 2012-2016.

En Prospera Programa de Inclusión Social, las observaciones pendientes de solventar, derivadas de la Cuenta Pública 2016, primera etapa, ascienden a 126.1 millones de pesos. 

En general, las observaciones con impacto económico pendientes de solventar durante el periodo 2011-2016, arrojan un importe de 3,518.5 millones de pesos

Esta situación resulta grave ya que revela la ineficacia de la estrategia planteada desde el inicio de la administración estatal en materia de transparencia de los recursos públicos.

Cabe recordar que el Programa de Gobierno 2012-2018 planteó el desarrollo de una Agenda ciudadana para el Eje transversal de Buen Gobierno, donde uno de los grandes pendientes es la calidad y efectividad de los servicios gubernamentales en donde, entre otras cuestiones, expresa la necesidad de implementar verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos los niveles y áreas de Gobierno.3

Propone el proyecto Gobierno honesto y transparente, a efecto de asegurar la integridad y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad.

El artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que son sujetos de fiscalización: I. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; II. Los ayuntamientos; III. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; y IV. Los organismos autónomos.

Asimismo, señala que la función de fiscalización también comprende los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura jurídica.4  

Ante este panorama, es indispensable que los responsables de las presuntas irregularidades sean sancionados conforme a derecho, los recursos deben implementarse con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, tal como lo establece nuestro marco normativo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTOS DE ACUERDO

Único. El Senado de la República solicita a la  Auditoría Superior de la Federación, informe a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los responsables de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

2http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_Especiales/GASTO%20
FEDERALIZADO_RESULTADOS%20DE%20LA%20FISCALIZACI%C3%93
N_CUENTA%20P%C3%9ABLICA%202016_a.pdf

3 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

4 http://imug.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Ley-de-Fiscalizaci%
C3%B3n-Superior-del-Estado-de-Guanajuato.pdf






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN,   con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que procure establecer coordinación con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de analizar la aplicación de esquemas de apoyo especial para la población vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado que decida acceder a créditos para la reconstrucción de su vivienda o para adquirir una nueva, así como para la reparación de inmuebles con el propósito de brindar tasas y condiciones preferentes para evitar el endeudamiento de los damnificados. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, PROCURE ESTABLECER COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE ANALIZAR LA APLICACIÓN DE ESQUEMAS DE APOYO ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE TRAS EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE PASADO QUE DECIDA ACCEDER A CRÉDITOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA O PARA ADQUIRIR UNA NUEVA, ASÍ COMO PARA LA REPARACIÓN DE INMUEBLES CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR TASAS Y CONDICIONES PREFERENTES PARA EVITAR EL ENDEUDAMIENTO DE LOS DAMNIFICADOS, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 26 de septiembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, puso en marcha plan para la reconstrucción, recuperación y transformación  de la Capital del País tras los sismos que la sacudieron el pasado 7 de septiembre.

Dicho plan se integra principalmente en tres puntos:

1. La Plataforma CDMX,

En esta plataforma participaran las dependencias del gobierno capitalino y sociedad civil; albergará datos oficiales para el seguimiento, control y coordinación de acciones de apoyo en respuesta a urgencias sociales sobre inmuebles, personas, apoyos y negocios

2. La conformación de un Paquete Inicial de Respuesta a Emergencias Sociales y Económicas,

Este paquete abarca la entrega de apoyos de renta para vivienda temporal que sonta de 3 mil pesos por cierto tiempo y;

3. La creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en una capital más resiliente.

En esta comisión se atenderán las urgencias de la población con el objetivo de dar efectivas respuestas para enfrentar las adversidades. A través de los centros de atención integral para la reconstrucción de la Ciudad, se llevará a cabo el proceso de recopilación de necesidades  y requerimientos de la gente.

 El objetivo principal del plan se centra en los siguientes puntos:

Se atenderán 10 mil inmuebles catalogados en color verde;

Entre mil 200 y mil 300 en color amarillo y;

500 en color rojo

Brindará gobierno capitalino 3 mil pesos en apoyo para renta por 3 meses y 8 mil pesos para reparaciones de inmuebles;

Habrá liberación de créditos de vivienda y uso de recursos del Fondo de Contingencias de la CDMX y,

Se pone a disposición una cuenta bancaria para donaciones las cuales se destinarán a labores de construcción.

En ese sentido, de acuerdo con el Programa de Vivienda para los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, establece que el enganche, las comisiones y el capital que correrá por el Gobierno de la Ciudad de México, no obstante, los damnificados tendrán que pagar los intereses de 9 por ciento anual a 20 años.

Cabe mencionar que, dicho programa podrá ser utilizado por personas cuyas viviendas quedaron inhabitables o con daños estructurales a causa del sismo. El crédito será de hasta 2 millones de pesos para adquirir una vivienda nueva o para reconstruir.

Asimismo, también se pueden adquirir créditos superiores  a dicha cantidad, aunque ara el importe excedente se aplicará una amortización tradicional incluyendo el pago a capital, intereses y un enganche de 20 por ciento. Para obtener el crédito, los damnificados deberán acreditar que su vivienda resultó afectada, comprobar ingresos y aprobar el análisis de crédito en el Buró.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos  que no constituyen iniciativas de Ley o Decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, procure establecer coordinación con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de analizar la aplicación de esquemas de apoyo especial para la población vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado que decida acceder a créditos para la reconstrucción de su vivienda o para adquirir una nueva, así como para la reparación de inmuebles con el propósito de brindar tasas y condiciones preferentes para evitar el endeudamiento de los damnificados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para que el Senado de la República sea depositario de las máscaras mortuorias de los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. Se turna a la Junta de Coordinación Política.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a establecer medidas y estrategias encaminadas a prevenir, atender, combatir y sancionar el robo a negocio en la entidad, ante el incremento exponencial de este ilícito en diversas zonas del estado, con énfasis en la capital. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia, inseguridad e incremento constante de la incidencia delictiva en el estado de Morelos ha generado múltiples afectaciones a la esfera jurídica de la población, a través de repercusiones en distintos ámbitos como son el económico, social, educativo, turístico y laboral, por mencionar algunos.

En relación a la última cuestión, a principios de noviembre del año en curso, diversos medios de comunicación dieron a conocer que los asaltos a comercios en Cuernavaca se encuentran al alza. Ante ello, los comerciantes han expresado que tienen miedo de abrir sus negocios y que resulta más costoso presentar las denuncias1.

En el mismo tenor, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, mencionó que: “Muchas veces la gente ya no denuncia, además del burocratismo, tienen miedo, porque en las dependencias encuentran indiferencia, no hay prontitud, es pérdida de tiempo y la misma autoridad provoca la falta de denuncia; no le da confianza a la gente para ir a interponer una denuncia por robo”.

Otro aspecto a destacar es que los comerciantes de la zona centro han denunciado la opacidad e ineficacia de las autoridades municipales y los cuerpos policiacos de la entidad, quienes no han tenido la capacidad de inhibir la comisión de este tipo de conductas que además de sus efectos intrínsecos, en ocasiones están acompañadas por agresiones, golpes, amenazas e incluso, homicidios.

Igual de importante es señalar que desde el mes de septiembre del año en curso se registran aumentos exponenciales en los asaltos a negocios y comercios, por lo que los comerciantes en pequeño están a la deriva debido a que no son tomadas en cuenta sus demandas, por lo que han tomado medidas como no abrir sus negocios los fines de semana, o si tienen rejas, únicamente abrir su cortina principal2.

Es importante precisar que dicha situación no es reciente ni aislada, prueba de ello es que en octubre de 2016 los locatarios del Centro de Cuernavaca ya habían denunciado el incremento de la incidencia delictiva y la carencia de servicios básicos como son los de alumbrado, recolección de basura y señalización3. En consecuencia, realizaron distintas marchas donde exigían a las autoridades estatales y municipales la implementación de acciones encaminadas a solucionar las problemáticas referidas, situación que claramente vemos no han sido cumplidas.

En el caso en comento, los comerciantes afectados manifestaron que el aumento de inseguridad en el centro de la capital morelense hizo prácticamente intransitable la zona, lo cual tuvo consecuencias de diversa índole que a un año de distancia siguen sin solución a causa de los conflictos que persisten entre las autoridades municipales y estatales, que lejos de preocuparse por combatir los robos a negocios, se enfocan en demeritarse recíprocamente. 

Por si esto no fuera suficiente, en octubre de 2016 la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (ACCH), señaló que los asaltos son comunes y a plena luz del día4, situación que se mantiene como parte de la cotidianidad en la actualidad. Como podemos observar, se trata de una problemática que a pesar de estar plenamente identificada, no es resuelta por cuestiones ajenas a las funciones de seguridad pública que la Constitución Federal les confiere, tanto a las autoridades municipales como las estatales.

En este tenor, cabe mencionar que la seguridad pública es concebida como una de las bases del Estado de Derecho, por eso resulta de gran trascendencia la prontitud en la resolución de los problemas en dicha materia. La inseguridad es un tema que afecta a la sociedad en general y su combate es uno de los principales asuntos que cualquier Estado debe asumir como prioridad por el bien de la población.

La situación de inseguridad que motiva el presente punto de acuerdo tiene múltiples consecuencias, entre las que destacan aspectos como incertidumbre jurídica, pérdida en la competitividad y disminución en la derrama económica, o bien, la apertura en la brecha de desigualdad, violaciones a derechos humanos, desincentivo a la iniciativa privada y al turismo.

Aunque las cuestiones en materia de seguridad pública implican el esfuerzo constante y coordinado de los tres órdenes de gobierno (no son exclusivas de una entidad o municipio), se encuentra ampliamente documentado que en estados como Morelos, la comisión de delitos forma parte de un fenómeno que se ha mantenido vigente en los años, meses y semanas recientes.

Bajo esta tesitura, es imperativo que conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, el gobierno de Morelos implemente las acciones, planes y estrategias suficientes para prevenir, combatir e inhibir la inseguridad que trasgrede la tranquilidad, paz, bienestar y patrimonio de los comerciantes de Morelos, y especialmente a los de la zona centro del estado. El objetivo radica en brindar certeza jurídica, tranquilidad, bienestar y estabilidad a la población morelense y particularmente a quienes han sido afectados por el incremento exponencial del robo a negocio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos para que en el ámbito de sus funciones constitucionales y legales, a través de las instancias de seguridad pública, establezca medidas y estrategias encaminadas a prevenir, atender, combatir y sancionar el robo a negocio en la entidad, ante el incremento exponencial de este ilícito en diversas zonas del estado, con énfasis en la capital. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 https://www.debate.com.mx/mexico/Asaltos-al-alza-en-negocios-de-Cuernavaca-
durante-octubre-20171105-0134.html

2 https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-quejas-de-comerciantes-del-centro

3 http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102842

4 http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102842






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar las causas de la disminución del cauce de la Biosfera “Cascadas de Agua Azul” y a realizar las acciones tendientes a la restauración del mismo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE INVESTIGUE LAS CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DEL CAUCE DE LA BIOSFERA “CASCADAS DE AGUA AZUL” Y A REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA RESTAURACIÓN DEL MISMO, PARA CON ELLO EVITAR AFECTACIONES EN EL ECOSISTEMA, EN LA ECONOMÍA Y VIDA DE LOS HABITANTES conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

 La Reserva especial de la Biosfera “Cascadas de Agua Azul” se decretó como Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, por el entonces Presidente José López Portillo, el 26 de abril del año de 1980.

Esta área comprende 2 mil 580 hectáreas. Su ubicación geográfica es al norte con el Estado de Chiapas, en el municipio de Tumbalá, a 64 kilómetros de Palenque. Por dicha zona pasa el Río Agua Azul, es vertiente del Río Tulijá y que a su vez desemboca en el Río Otulún, Shumuljá y Tulijá, lo anterior da como resultado la formación de cañones con acantilados verticales que forman cascadas blanquiazules, color característico.

Respecto a la flora que se genera, es una selva perennifolia, con especies como el guapaque, barí, chicozapote y el ramón. La fauna principal es la boa constrictor, bejuquillo, oso hormiguero, mono aullador, mono araña, el ocelote, el jaguar, tapir, la guacamaya roja, el tucán pico de canoa, el ratón tlacuache y diversas especies de murciélagos.

Las principales actividades turísticas son: nadar en el Río Tulijá, acampar a las orillas del Río, observar aves, rafting, etc.

Lamentablemente, el viernes 10 de noviembre del presente año, pobladores del centro turístico de Agua Azul, se percataron que el río había tenido una reducción drástica en la corriente. Autoridades (Protección Civil estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) revisaron la zona con la finalidad de llegar al origen del problema. Lo anterior dio como resultado la evidente reducción del cauce, por lo que se mantendrá permanente vigilancia en el río con el fin de prevenir algún riesgo. Dentro de algunas versiones que circulan entre los pobladores son: que comunidades de río arriba habían desviado el cauce; otra hace referencia a la formación de un río subterráneo por el cual se pudo haber filtrado el agua; otras indican que es culpa de una compañía, particularmente Femsa, quien se había expandido en el Estado y tenía grandes consumos de agua.

Sin embargo, existen datos que indican que la disminución en el río fue causada por le temblor del 7 de septiembre. De acuerdo a información del diario “La Jornada”, Alberto López Urbina, Presidente de la Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, el nivel de agua comenzó a bajar después del terremoto del 7 de septiembre, pero hace tres días bajo drásticamente dos metros.
Esta situación resulta preocupante, ya sea por causas naturales o causas humanas el resultado es igualmente trágico. Afecta tanto al ecosistema como a la economía local, ya que al año se recibe aproximadamente a 200 mil turistas y de ese río se abastecen 2 mil 400 pobladores. Tan solo el año pasado, tal es el caso de los Ríos Tliapa y Tlacuapa que nacen en los municipios de Chocamán y Calcahualco en Veracruz que disminuyeron su cauce en un 50 por ciento ya que en el subsuelo se formaron dos grandes socavones. Asimismo el Río Atoyac, el cual cruza por 8 municipios en Veracruz desapareció por la formación de un socavón.

Por lo anterior es importante que se investiguen las causas que dieron origen a la disminución del cauce y en el caso de que dichas causas fueran humanas, se investigue y sancione a los responsables, asimismo se debe hacer las labores necesarias para que se restituya el cauce y con ello evitar afectaciones ecológicas y económicas que dañen a los habitantes de la zona.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto menciona que: Toda  persona  tiene  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su  desarrollo  y  bienestar.  El  Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

 III.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras atribuciones: Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal; Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;

IV.- Que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: Programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, impacto ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento ecológico y auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables; así como establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto; Recibir, atender e investigar las denuncias en las materias competencia de la Procuraduría y, en su caso, realizar en términos de la normatividad aplicable, las diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones motivo de denuncia, o bien, canalizar dichas denuncias ante las autoridades que resulten competentes;

V.- Que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: Fomentar y desarrollar actividades tendentes a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras especies que por sus características la Comisión determine como prioritarias para la conservación; Formular, promover, ejecutar y evaluar proyectos para la conservación, recuperación de especies y poblaciones consideradas como prioritarias, con la participación, en su caso, de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados, así como de otras unidades administrativas de la Secretaría, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipios;

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se investiguen las causas de la disminución del cauce de la Biosfera “Cascadas de Agua Azul” y, en caso de tratarse de un fenómeno causado por explotación del acuífero se sancione a los responsables; así mismo a realizar las acciones tendientes a la restauración, en la medida de lo posible, del cauce para con ello evitar afectaciones en el ecosistema, en la economía y vida de los habitantes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la medición del Sistema de Alertas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, durante los últimos años, el deterioro en las finanzas públicas se ha dado de forma sistemática a nivel nacional, en las entidades federativas, así como en los municipios. El creciente endeudamiento compromete la estabilidad de las finanzas públicas en el futuro cercano y alerta a las entidades responsables sobre su capacidad de controlar dicha deuda, para no caer en un verdadero riesgo de bancarrota.

En el año 2001, el promedio de deuda de entidades federativas y municipios respecto a participaciones federales era cerca del 50%; a principios del 2016, el nivel superó el 80%, con un monto de más de 530 mil millones de pesos, equivalente a cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB).1

Sin embargo, para hacer frente a la creciente tendencia de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, se anunciaron por parte de la actual administración una serie de acciones que buscaran una solución al endeudamiento, capitalizándose en la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, en conjunto con reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobadas el 17 de marzo del 2016 y posteriormente promulgadas por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del mismo año.

Con lo anteriormente mencionado, se busca incentivar un manejo responsable de los recursos financieros de los gobiernos subnacionales, que fomenten la estabilidad de las finanzas públicas locales, para que también sean sostenibles y se fortalezca la rendición de cuentas y la transparencia a través de cinco mecanismos:2

1. Reglas de disciplina hacendaria y financiera: Son reglas que establecen los principios que deberán seguir los gobiernos subnacionales para el manejo de la hacienda pública de manera responsable.

2. Sistemas de Alertas: Es el sistema que alerta cualquier riesgo ante los endeudamientos de las entidades federativas y los municipios, sentando las bases para cumplir con convenios de responsabilidad hacendaria.

3. Contratación de deuda y obligaciones: Garantiza que se contrate deuda al menor costo financiero y de la manera trasparente con fines que tengan beneficios.

4. Deuda Estatal Garantizada: El Gobierno de la República dará su aval crediticio con el propósito de que los estados y municipios accedan a un financiamiento más barato.

5. Registro Público Único: El registro sirve para inscribir y trasparentar los financiamientos y obligaciones.

De los principales componentes que se mencionaron, el Sistema de Alertas es una de las disposiciones que se incluyen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Dentro de dicha Ley se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) deberá evaluar a las Entidades Federativas, Municipios, Organismos Públicos Descentralizados, Empresas Productivas del Estado, etcétera, que tengan financiamiento y obligaciones inscritas dentro del Registro Púbico Único.
Le Ley también considera tres indicadores para la evaluación del nivel de endeudamiento del Ente Público local:3

• Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones como proporción de sus Ingresos de Libre Disposición, vinculado con la sostenibilidad de la deuda del Ente Público. Dentro de la medición del saldo de aquellos créditos contratados en el Ente Público, emisiones bursátiles, deuda en el cual el Ente Público otorga su respaldo mediante una fuerte de pago propio. Obligaciones derivadas de Asociaciones Público-Privadas (contabilizando únicamente la parte de inversión), y cualquier otra obligación que implique pagos financieros programados. Por su parte, los Ingresos de Libre Disposición incluyen los ingresos locales más las Participaciones Federales; específicamente en el caso de las Entidades Federativas, se restarán aquellas Participaciones Federales otorgadas a los Municipios;

• Indicador 2: Servicios de la Deuda y Obligaciones como proporción de sus Ingresos de Libre Disposición, vinculado con la capacidad de pago. En la medición del servicio se contabiliza las amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros derivados de los Financiamientos y Obligaciones incluidos en el indicador anterior, exceptuando aquellas amortizaciones realizadas de manera anticipada; e

• Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas como proporción de sus Ingresos Totales, indicador vinculado con la capacidad financiera del Ente Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses. En este indicador se contabilizan los adeudos que tiene el Ente Público con proveedores de bienes y servicios, contratistas por obras públicas y Financiamiento que deben ser liquidados en un plazo menor a 12 meses. Los Ingresos Totales se definen como los Ingresos de Libre Disposición más las Trasferencias Federales Etiquetadas.

En esta misma tesitura, la información proporcionada por el Municipio y la contenida en el Registro Público Único, es necesaria para que la SHCP realice la medición de cada uno de estos indicadores y así determine si el Municipio se encuentra en un rango bajo, medio o alto de endeudamiento.

Es importante mencionar que, en el Reglamento del Sistema de Alertas se establece que la primera evaluación de los Municipios se deberá publicar a más tardar el último día hábil de octubre de 2017 con información del 2do. Trimestre de 2017.

Asimismo, el Reglamento en su Capitulo I “De la Entrega de Información”, artículo 30, señala que la información que se utilice para realizar la medición de los indicadores del Sistema de Alertas para el caso de los municipios, se deberá entregar a la SHCP a más tardar el último día hábil de mayo de cada ejercicio fiscal y en caso de que la Secretaría no reciba la información en los términos previstos para realizar el cálculo de lo indicadores, podrá solicitar que el Ente Público de que se trate entregue de forma directa la información necesaria, a través de los medios que para tal efecto determine la misma.4

En caso de que los Entes Públicos, no entreguen oportunamente la información a que se refiere el artículo 30 del Reglamento, para llevar a cabo la medición del Sistema de Alertas, no serán evaluados, por lo que no se actualizará la medición vigente en el Sistema de Alertas; si esta situación se presenta por más de dos evaluaciones consecutivas, no se realizará la medición del nivel de endeudamiento del Ente Público, y por tanto el Techo de Financiamiento Neto para el siguiente ejercicio fiscal corresponderá al de un nivel de endeudamiento elevado.

Tal es el caso de los municipios del estado de Zacatecas, que en la primera publicación del Sistema de Alertas que dio a conocer la SHCP el 31 de octubre del presente año, ningún municipio entregó la información requerida para ser evaluados.

Lo anterior tiene como consecuencia que los municipios correspondientes a Zacatecas, no cuenten con un rango en la clasificación de los niveles de endeudamiento del Sistema de Alertas, los cuales son:

• Endeudamiento Sostenible;

• Endeudamiento en Observación, o

• Endeudamiento Elevado.

Si estos municipios vuelven a incumplir con la obligación de entregar la información solicitada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un lado entorpecerán las evaluaciones necesarias para detectar un mal uso del financiamiento público, por otro lado, se verán sometidos a mayores restricciones con respecto a los posibles destinos de sus excedentes o contrato de más deuda.

Por estas razones, es importante dar un freno al crecimiento de la deuda en los gobiernos subnacionales; sin embargo, si existe opacidad no se podrá llegar a la disciplina financiera que promueva el sano desarrollo de las finanzas públicas, ni se tendrán las herramientas para poner límites al crecimiento del gasto de nómina. Se debe reconocer que un sistema de alertas es imprescindible para medir los riesgos que se presentan en las finanzas públicas locales; asimismo, obtener información para tomar decisiones acertadas en la contratación de financiamiento más barato, a través de un proceso competitivo y transparente.

Siendo así, se hace la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los 58 Municipios del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a proporcionar información valida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer la medición del Sistema de Alertas, que evalúa el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos locales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los 58 Municipios del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a proporcionar información valida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la medición del Sistema de Alertas, el cual evalúa el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos locales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Análisis e Implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, CEFP Cámara de Diputados, [en línea], consultado el 13 de noviembre de 2017, disponible en:
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/eecefp0012016.pdf

2 Ídem.

3 “Sistema de Alertas”, SHCP, [en línea], consultado el 13 de noviembre de 2017, disponible en:
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_
FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2017/Municipio/2T/Metodolog%
C3%ADa%20de%20medición%20del%20SdeA.pdf

4 “Reglamento del Sistema de Alertas”, DOF, [en línea], consultado el 13 de noviembre de 2017, disponible en:
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_
FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Reglamento%20del%20Sistema%
20de%20Alertas.pdf






De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno federal un informe de cuáles son las áreas geográficas que implican un riesgo para las mujeres en sus diferentes modalidades y tipos, de acuerdo a la información que posee el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación por presunto uso de recursos públicos con fines electorales por parte de la jefa delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores generales, quienes se promueven abiertamente en la demarcación y fuera de ella, para contender en el próximo proceso electoral por el Partido Morena. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios de comunicación, han dado a conocer que en la Delegación Tlalpan se está ejerciendo recursos económicos y humanos con presuntos fines electorales para beneficiar a la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores generales, quienes desde hace unos meses emprendieron una estrategia de promoción con actos públicos y recorridos por la demarcación y otras delegaciones para promocionarse como candidatos por el partido Morena.

También se ha documentado prácticas antijurídicas con recursos públicos, para favorecer políticamente a personas cercanas a la delegada, con el objeto de mantener el control político, para ello, en las últimas semanas se han colocado lonas y entregado publicidad con promoción personal de servidores públicos de la delegación.

A decir de diversas agrupaciones vecinales, las aspiraciones políticas de Claudia Sheinbaum Pardo han limitado la atención adecuada y oportuna de las necesidades de las familias que resultaron dañadas a consecuencia de los sismos, del pasado mes de septiembre y es que se ha dado a conocer la ausencia de la delegada y su presencia en eventos de otras demarcaciones para promocionarse, lo que ha generado una falta de colaboración de las autoridades delegacionales con las de la Jefatura de Gobierno para agilizar las inspecciones a edificios, casas habitación y comercios, así como la entrega adecuada de los dictámenes de seguridad.1

Sin embargo, el desvío de recursos públicos con fines electorales, representa un ilícito contemplado en nuestro marco jurídico, en este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 11 establece que se impondrá una sanción económica y prisión de dos a nueve años al servidor público que “destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo de un precandidato o partido político”.

También, indica que es un delito solicitar a sus subordinados apoyo por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato o partido político, situación que deber ser investigada en la Delegación Talpan por la comisión de estas anomalías.

No es la primera ocasión en la que la delegada Claudia Sheinbaum Pardo, es vincula con el desarrollo de algún ilícito, muestra de ello, son las negligencias en las recomendaciones de construcción y operación del colegio Enrique Rébsamen, ya que con anterioridad se habían identificado fallas en la construcción y seguridad estructural del inmueble, ante las que la titular fue omisa, de haberlas dado a conocer se hubieran emprendido las medidas de seguridad necesarias, para resguardar la protección de los alumnos.

Diferentes vecinos de las colonias Guadalupe, Santa Úrsula Xitla y Huipulco han solicitado su destitución, ya que durante su gestión se ha permitido la edificación de diversos edificios que no cumplen con la normatividad de construcción, situación que ha sido permitida y solapada por las autoridades delegacionales.

Otra anomalía es la proliferación del comercio irregular y el conflicto de interés del Director General de Servicios Urbanos en la entrega de permisos de venta, quien a través de familiares ha logrado obtener la mayoría de este tipo de comercios entre la Prolongación de Miramontes y María Auxiliadora, dicho servidor público es cercano a la Jefa Delegacional por lo que existen indicios de su colaboración, conocimiento y aprobación de estas irregularidades.

Debido a los resultados alcanzados durante su gestión, el 41.9% de los habitantes de la Delegación Tlalpan “desaprueban totalmente” la forma en que está desarrollando su trabajo, Claudia Sheinbaum Pardo, además, el 26.7% lo considera como malo ya que los problemas no han sido atendidos, por el contrario, han proliferado los casos de corrupción, malversación de fondos y desvío de recursos públicos, esto según los resultados de una encuesta de un medio informativo2.

Ante este contexto, es determinante que el Instituto Nacional Electoral desarrolle las investigaciones necesarias para identificar, sancionar y prevenir que en la Delegación Tlalpan y en la Ciudad de México, se realicen gastos de recursos públicos con fines electorales para beneficiar en este caso a la Jefa Delegacional y otros servidores públicos como directores generales de la demarcación que han hecho de conocimiento público su interés de ser candidato en el próximo proceso electoral por el partido Morena.

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que se atiendan a la brevedad estas denuncias, para asegurar condiciones democráticas, equitativas y adecuadas en los procesos electorales, a fin de prevenir que recursos económicos aprobados para el mejoramiento de espacios públicos, construcción de infraestructura social o adquisición de luminarias, entre otros, sean empleados para fines distintos a los que fueron aprobados.

De comprobarse estas anomalías, se deben aplicar las sanciones administrativas y penales correspondientes ya que vulneran los principios electorales de nuestro régimen democrático, debido a que hacen mal uso de los recursos y generan transgresiones a las arcas públicas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el marco de sus atribuciones realice una investigación por presunto uso de recursos públicos con fines electorales por parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores generales, quienes se promueven abiertamente en la demarcación y fuera de ella, para contender en el próximo proceso electoral por el partido Morena.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 Eugenia Jiménez. (2017). Derechos Humanos de CdMx investiga 39 quejas tras sismo. 13/11/2017, de Milenio.com Sitio web:
http://www.milenio.com/df/sismo_19_de_septiembre-cdmx-quejas_cdhdf-
nashieli_ramirez-milenio-noticias_0_1063693774.html

2 El Universal. (2017). Reprueban tlalpense gestión de Sheinbaum. 13/11/2017. Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reprueban-tlalpenses-gestion-de-sheinbaum






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a analizar la viabilidad de crear un fondo sectorial destinado a otorgar financiamiento para la realización de investigaciones y la formación de recursos humanos en el sector de las geociencias, enfocados en el análisis y evaluación de los fenómenos naturales para la elaboración de estrategias de prevención de riesgos y resiliencia. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A QUE ANALICEN LA VIABILIDAD DE CREAR UN FONDO SECTORIAL DESTINADO A OTORGAR FINANCIAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR DE LAS GEOCIENCIAS ENFOCADOS EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FENÓMENOS NATURALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El territorio nacional está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad de peligros generados tanto por fenómenos naturales como por la actividad humana. Las características geográficas y topográficas del país generan una gran exposición a diversos peligros naturales de gravedad y de relativa frecuencia, como terremotos, tormentas tropicales, ciclones e inundaciones.

De ahí la importancia de la inversión en investigaciones geocientíficas enfocadas en los fenómenos naturales que afectan nuestro país, con el propósito de generar mejores instrumentos de gestión de riesgos y resiliencia ante los desastres naturales, sustentados en las geociencias.

Las geociencias estudian fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en nuestro planeta y el espacio exterior, cuya magnitud afecta a la Tierra y a los seres vivos. Éstas incluyen la geografía, geología, sismología, vulcanología, climatología, oceanografía, por mencionar algunas.

Dentro de la oferta académica en geociencias en el país encontramos diversas vertientes tales como, la carrera de Geociencias y la licenciatura de Ciencias de la Tierra impartidas en la UNAM; la Ingeniería en Geociencias, impartida en el Instituto Tecnológico Superior Venustiano Carranza en Puebla, el Instituto Tecnológico de Fresnillo en Zacatecas, la Universidad Autónoma de Chihuahua; la Ingeniería Geológica Ambiental impartida en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la carrera de Geología Marina impartida en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por mencionar algunas carreras afines.

Desafortunadamente estas disciplinas no se encuentran entre las carreras con mayor demanda, ello en parte, por la falta de inversión y por ende de ofertas laborales en estas áreas del conocimiento, que recientemente han cobrado importancia dada la condición tan vulnerable de nuestro país ante distintos tipos de fenómenos naturales que, como efecto del cambio climático, cada vez se presentan con mayor frecuencia y con mayor intensidad.

Por ello la comunidad científica coincide en que resulta fundamental no solamente una mayor inversión en investigaciones geocientíficas, sino también promover entre los estudiantes la elección de estos campos del conocimiento, en los que se conjuga la investigación interdisciplinaria, estudios de casos y de campo, y el uso de técnicas geofísicas para el análisis de temas en el ámbito social y cultural que permitan mitigar riesgos ante fenómenos como: erupciones volcánicas, sismos, deslaves, inundaciones, etc.

Al respecto, una alternativa para alcanzar dichos objetivos, se puede encontrar en instrumentos como los Fondos Sectoriales, que son fideicomisos que las Dependencias y Entidades conjuntamente con el CONACYT constituyen con el objeto de destinar recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente.

La constitución de un fondo sectorial destinado al financiamiento de investigaciones y la formación de recursos humanos en el sector de las geociencias, enfocados en el análisis y evaluación de los fenómenos naturales, fortalecería las acciones que en materia de protección se han implementado en el rubro de prevención de riesgos y en cuestión de resiliencia ante fenómenos naturales.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación Nacional de  Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que analicen la viabilidad de crear un fondo sectorial destinado a otorgar financiamiento para la realización de investigaciones y la formación de recursos humanos en el sector de las geociencias enfocados en el análisis y evaluación de los fenómenos naturales para la elaboración de estrategias de prevención de riesgos y resiliencia.

Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.






Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a recomendar al gobierno del estado de Baja California a dejar sin efecto el Decreto que exime a diversas empresas del pago por consumo de agua. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES, RECOMIENDEN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE SU TITULAR, DEJE SIN EFECTOS EL DECRETO QUE EXIME A DIVERSAS EMPRESAS DEL PAGO POR CONSUMO DE AGUA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un decreto inconsistente.

Con fecha 23 de junio del año en curso el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California expidió y mandó publicar en el Periódico Oficial el Decreto Número 28. El punto medular establece lo siguiente:

"Se exime parcialmente del pago de los derechos por consumo de agua potable para uso comercial, industrial, gubernamental y otros no doméstico, que señala el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2017, para efectos de que por cada metro cúbico consumido tengan una tarifa por la cantidad de 19.55 pesos a quienes construyan plantas de tratamiento para sus aguas residuales generadas en el Estado, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable para el total del agua…”

Para expedir el Decreto, se explica en el Periódico Oficial, se tomó en cuenta el objetivo de “…asegurar, dotar y mantener las fuentes de abastecimiento, los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en cantidad y calidad adecuadas en nuestro estado, conservando el cuidado del medio ambiente. " también se consideró que “… el agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida, ya que sin este sería imposible la existencia de todo ser vivo, por lo que su cuidado y protección corresponde a toda la sociedad, por lo que su disponibilidad depende en gran medida del óptimo uso que se le dé, por lo cual es necesario exista una planeación adecuada para su empleo y una cultura de respeto para no desperdiciar ni contaminarla, a fin de lograr un desarrollo sustentable en beneficio de la población, en apego al marco jurídico que lo regula. "

En el Decreto se reconoce, bajo la consideración Número 9, " que conforme a lo previsto en las leyes mexicanas, toda agua residual generada de usos domésticos, comerciales e industriales, previo a su descarga deberán cumplir con la calidad necesaria conforme a lo requerido por las normas oficiales en la materia y en su caso procurar el reúso de las mismas. "

Las razones anteriores desde luego son válidas pero condujeron a un Decreto que no guarda relación con las mismas, es decir, incongruente.

De la política ambiental nacional.

La población de Baja California resulta partícipe, por ser un Estado integrante de la Federación, de las libertades, derechos y prerrogativas de que gozan las y los mexicanos. De conformidad con el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo de Baja California goza del derecho a un medio ambiente sano. Con base en lo anterior, el H. Congreso de la Unión expidió, entre otras, la Ley General de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales que tiene por objeto, entre otros, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.1

De la lectura integral del ordenamiento que regula los deberes de las autoridades y las obligaciones de la ciudadanía en relación con el medio ambiente, así como de la Ley General de Aguas Nacionales es claro que las entidades federativas al explotar las aguas subterráneas y superficiales para darles los usos autorizados por la ley, es decir domésticos, industriales, etc., han de observar los lineamientos de la política nacional ambiental así como hídrica.

Por tratarse de un recurso que requiere de una enorme infraestructura y administración compleja, la extracción, explotación y consumo así como el tratamiento de las aguas se lleva a cabo en función del pago de derechos. Los conceptos de pago han de estar alineados tanto con los usos como con los destinatarios inmediatos y directos a fin de que las contribuciones resulten racionales, con equidad y alineadas con las políticas nacionales ambiental e hídrica.

No es la primera vez que una persona moral de derecho público recurre a las exenciones como incentivos para mejorar el medio ambiente en general y fomentar la instalación de plantas de tratamiento de aguas en particular. A los pocos años de su creación, la Comisión Nacional del Agua optó por esa modalidad. En efecto, la CONAGUA emitió sendos acuerdos, para el ámbito municipal, a través de los cuales se condonaba el adeudo que los ayuntamientos tuvieran con ese órgano desconcentrado. Sin embargo, se referían a los derechos causados por no tratar las aguas y descargarlas a cielo abierto o bien en alguna corriente de agua natural o artificial. Los ayuntamientos que introdujeran algún sistema de limpia del agua que iban desde lagunas de oxidación hasta plantas de tratamiento se hacían acreedores al beneficio. Como se puede observar, el incentivo consistente en la exención del pago de derechos estaba alineado con la política ambiental ya que se refería a los derechos en que incurren por no tratar las aguas pero nunca por la extracción o consumo del vital líquido. Cabe mencionar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con la facultad de hacer recomendaciones a diversas personas morales de derecho público precisamente para que se mantengan dentro de los lineamientos y parámetros de la política ambiental nacional. Por ello, de conformidad con el artículo 5°, fracción XVIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente procede la presente proposición.

El artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017 establece para cada uno de los Municipios el Derecho por Recepción y Tratamiento de Aguas Residuales.

Sobre el reúso del agua.

El Decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo de Baja California presenta, desde nuestro punto de vista, dos inconsistencias: a) Por una parte, como ya se dijo, no se encuentra alineado ya que en lugar de eximir total o parcialmente del pago de derechos por descargar aguas no tratadas al sistema de alcantarillado, otorgue el beneficio de la exención directamente al consumo del agua, y b) Por otro lado, si bien es cierto condiciona el otorgamiento de la exención a la instalación de plantas de tratamiento, incurre en la paradoja de provocar más daños ambientales de los que se pretende evitar.

En efecto, han transcurrido casi 30 años desde que entró en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En más de un cuarto de siglo, la tecnología y la cultura se han transformado para dar paso a la convicción de que no basta el tratamiento si no va acompañado, en un solo esquema, del reúso del agua. En todo el territorio nacional se multiplicaron las plantas de tratamiento de aguas pero la mayoría de ellas pronto dejaron de estar en funcionamiento. La parálisis se debe a que se usaron métodos tradicionales, ya en desuso en los países donde se originó la tecnología, que se traduce en un desmesurado consumo de energía eléctrica que hace inviable la operación de las plantas pues los municipios y los particulares carecen de los recursos para sostener los pagos mes con mes. Además, las plantas que se limitan el tratamiento producen lodos y sedimentos en los que se concentra la contaminación y que al disponer de ellos, muchas veces de manera clandestina, no hacen más que pasar el problema a terceros. Es por ello que a efecto de que el Decreto expedido en Baja California resulte acorde con las disposiciones de orden público contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como los lineamientos de la política ambiental nacional, se hace necesario que se clarifique que las plantas serán además de tratamiento de reúso del agua. Sólo así podremos estar seguros de que los incentivos de carácter económico contribuirán de manera eficaz a la mejora permanente del medio ambiente en Baja California.

La nueva visión en el tratamiento de las aguas se caracteriza por una perspectiva integral en la que tanto el agua como los subproductos derivados de su tratamiento son todos aprovechables. Cuando la planta se diseñan para el tratamiento y el reúso se generan fertilizantes y compostas así como gas que permite la generación de energía eléctrica haciendo de la planta una entidad autosuficiente y, en ocasiones con el auxilio de paneles solares, generadora de excedentes que pueden aliviar la carga en este caso de las empresas a las que va dirigido el Decreto.

Las plantas de tratamiento sin disponer el reúso del agua se limitan a la aplicación de tecnologías convencionales que no fueron diseñadas para ser sustentables, ya que sólo recuperan agua pero gastan energía, químicos y máquinas desde su larga conducción, operación y mantenimiento. Se trata de una concepción tecnológica que concentra lodos y transfiere contaminantes. Es necesario establecer en el decreto que las plantas serán de reúso pues con ello se obliga a las empresas a acudir a tecnología que busca recuperar todo, es decir, el agua y los desechos que se convierten en nutrientes para riego, así como energía.

Con el propósito de encausar las acciones tendientes al uso racional del agua, bajo una visión holística, y debidamente alineado con las disposiciones legales así como los planes y programas en la materia, se eleva a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta, con toda atención, a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua para que, en ejercicio de sus facultades, recomienden al Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su titular, deje sin efectos el Decreto que exime a diversas empresas del pago por consumo de agua y, en su lugar, se expida uno nuevo acorde con las políticas nacionales ambiental e hídrica.

En la sede del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Véase el artículo 1° en las fracciones III y IV.





De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el Programa Nacional de Normalización 2018, con la finalidad de que inicie el proceso de actualización en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE INCLUYA A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA2-2011 PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2018, CON LA FINALIDAD DE QUE INICIE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA NORMALIZACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la protección de la salud, es uno de los objetivos prioritarios del Senado de la República. Estamos convencidos de que, la prevención es el principal instrumento para garantizar a la población mexicana, la satisfacción y acceso a este derecho fundamental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos1 y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos2. En América Latina, el Cáncer de Mama (CaMa) es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, con 43,208 defunciones y una tasa de mortalidad promedio de 13 en la región, que varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones, por cada 100,000 mujeres, en Uruguay3.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan sólo en el año 2012 fallecieron alrededor de 37 mil mujeres por tumores malignos en México, entre los cuales se encuentra con mayor incidencia los cánceres de mama, cuello uterino y ovario ocasionando en conjunto el 30.9% de todas las defunciones por cáncer en mujeres, 14 mujeres mexicanas mueren diariamente víctimas del Cáncer de Mama, ni la diabetes, ni la hipertensión, ni siquiera el VIH cobran más vidas femeninas.

La política pública en materia de CaMa para el Gobierno Federal se encuentra plenamente respaldada en la estadística del Sistema Nacional, ya que por primera vez en la historia de nuestro país el Cáncer de Mama, ha superado la mortalidad del Cáncer Cérvico Uterino.

En años recientes se han implementado estrategias específicas de atención, destacando su mención en el Plan Nacional de Desarrollo como un padecimiento en el que se deben focalizar recursos y acciones, así como su pertinencia en el Plan Sectorial de Salud, lo que llevó a la Secretaría de Salud a definir un Programa de Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer4.

Al respecto de la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama marcó un antes y después en la calidad de atención de las mujeres que padecen este mal, ya que se incluyeron conceptos como el tratamiento integral, la necesidad de que las unidades médicas con atención oncológica cuenten con personal calificado para brindar la atención psicológica y acompañamiento emocional de las pacientes que asegure la prevalencia en el tratamiento, con el objetivo es disminuir y facilitar la toma de decisiones salvaguardando la salud de las mujeres.

De acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización vigente las Normas Oficiales Mexicanas éstas deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, lo cual en el caso de la NOM-041-SSA2-2011 fue publicada el 9 de junio de 2011, por lo que el supuesto para su proceso de actualización ha sido cumplimentado.

Por otro lado, corresponde a la Secretaría de Salud, de acuerdo con el mismo ordenamiento, contribuir con la integración del Programa Nacional de Normalización con el listado de Normas que sean de su competencia y por su parte es la Secretaría de Economía la encargada de integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente.

Así mismo, la propia Ley General de Salud establece en su artículo 13 como competencias de la Secretaría de Salud, dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento; por lo que la importancia de la revisión de las NOM reside en que los lineamientos para la prestación de los servicios de salud se incluyan los tratamientos y técnicas más innovadores de conformidad con los hallazgos epidemiológicos desarrollados por los expertos y el Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, los expertos médicos han desarrollado desde el año 1994 el Consenso Nacional sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, mejor conocido como Consenso de Colima, que ha servido como referencia para oncólogos y otros médicos de especialidades afines, éste documento ha sido actualizado de manera bianual que tiene como finalidad actualizar los conocimientos y procedimientos a partir de investigaciones y trabajo de campo de distintas subespecialidades que tratan cáncer de mama. Las conclusiones del Consenso forman parte, además, de las guías de varias instituciones oncológicas nacionales y de la documentación en la cual se basa la Norma Oficial Mexicana vigente.

En enero de 2017 se llevó a cabo la revisión del Consenso donde fueron convocados cerca de 100 médicos reconocidos a nivel nacional de todas las instituciones y especialidades relacionadas con esta enfermedad, quienes en grupos de trabajo analizaron la información actualizada de cada área con objeto de presentarla al pleno para su aprobación. Esta vez se agregó el tema del impacto negativo derivado del retraso en el diagnóstico y el inicio del tratamiento, con hincapié en la responsabilidad que como sistema de salud se tiene en esta problemática.

En esta última versión del Consenso se puede identificar claramente en la necesidad de establecer como parte del tratamiento de las pacientes de cáncer de mama que en caso de ser sometidas a una mastectomía deben ser informadas de la posibilidad de reconstrucción mamaria, así como del momento adecuado y la técnica de reconstrucción que deben ser discutidos con la paciente y el cirujano plástico reconstructor, quien debe ser parte del equipo multidisciplinario.

Los especialistas reconocen en este documento que las ventajas de la reconstrucción son:

a) Gran beneficio psicológico.

b) Un procedimiento quirúrgico menos.

c) Menor formación de fibrosis y retracción cicatricial.

De la misma manera se incluye en la actualización 2017, el equipo médico que debe ser el encargado de la reconstrucción, las técnicas de reconstrucción recomendadas, método de elección de técnicas de reconstrucción, la información mínima disponible para la paciente, indicaciones y contraindicaciones de cada técnica.

Es un hecho que las aproximaciones y técnicas médicas han evolucionado desde la publicación de la norma actual, por lo que en términos legales y de atención médica, consideramos relevante que la Secretaría de Salud solicite la inserción de la NOM-041-SSA2-2011 en el Programa Nacional de Normalización del año 2018 para que se cumplan los requisitos jurídicos y la normatividad enfocada a la primera causa de muerte en mujeres mexicanas continúe siendo un instrumento de política pública innovador y de gran utilidad para el Sistema Nacional de Salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con la salud integral y bienestar de las mujeres mexicanas, por ello más allá del “Mes de sensibilización del cáncer de mama” exhortamos a consolidar una normatividad de vanguardia que permita acceder a las mejores y más innovadoras técnicas en pro de la salud de todas las mexicanas.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud a comenzar el proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama y solicite a la Secretaría de Economía su inclusión en el Programa Nacional de Normalización 2018.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Economía a incluir a la Norma Oficial  Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama en el Programa Nacional de Normalización 2018.

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que en el marco del proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama en el Programa Nacional de Normalización 2018 se contemple un apartado sobre la Reconstrucción Mamaria dentro del capítulo de la Cirugía como método terapéutico para el tratamiento de cáncer de mama.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen.- Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS.
http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html

2 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS.
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/

3 Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría de Salud.
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf

4 Dicho programa contempla las acciones referentes a la prevención y control de cáncer de mama y el cáncer cuello uterino.
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Chiapas a investigar a fondo la causa de la disminución del caudal de las Cascadas de Agua Azul y se tomen las medidas necesarias para resarcir el daño. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  RECURSOS NATURALES Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE INVESTIGUEN A FONDO LA CAUSA DE LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DE LAS CASCADAS DE AGUA AZUL EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESARCIR EL DAÑO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estado de Chiapas es uno de los destinos con mayor número de Áreas Naturales Protegidas en el país, 46 para ser precisos, y el estado con mayor porcentaje de territorio protegido, por lo que año con año atrae a millones de turistas. Uno de los destinos emblemáticos e imperdibles es la región conocida como las Cascadas de Agua Azul, un conjunto de rápidos, caídas y remansos de un intenso color azul turquesa.

Estas cascadas formadas por los afluentes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, fueron declaradas Reserva Natural de la Biosfera en 1980, consolidándose como el Área de Protección de Flora y Fauna más antigua en el estado.  Su majestuosidad e importancia, no solo para el país, sino para el planeta, se debe a que en su entorno habitan una gran variedad de especies naturales, flora y fauna, así como animales endémicos y en peligro de extinción.

Aun considerando que Chiapas tiene el mayor nivel de recursos hídricos renovables per cápita en el país, el pasado fin de semana las noticias sobre la sequía y disminución del caudal de las cascadas de Agua Azul fueron noticia relevante para todo el país.

Según pobladores e integrantes de la Sociedad Cooperativa de las Cascadas de Agua Azul, el nivel del agua comenzó a bajar a partir del sismo del 7 de septiembre pasado, sin embargo, hace 4 días, el viernes 10 de noviembre, se percataron que las rocas comenzaron a salir a flote, por lo que hasta ahora el reporte que se tiene es la disminución del caudal de por lo menos 60 centímetros.

Tras una primera exploración, las autoridades consideraron que es un fenómeno natural que el sismo de magnitud 8.2 del pasado 7 de septiembre agudizó tras provocar una fractura en rocas que forman parte del área de las cascadas, donde se estaría filtrando el agua hacia el subsuelo1. Así mismo, las fracturas ocasionaron que el agua fluya con más intensidad hacia el margen contrario del centro turístico,2 una región desconocida que no se encuentra conectado con las principales cascadas.

Aun cuando lo sucedido en la región fue detonado por el sismo, también es un hecho que los asentamientos humanos en las orillas de los ríos principales y la instalación de plantas industriales se suman a la constante deforestación, que reduce la captación pluvial y la cantidad de agua que se filtra al subsuelo, agudizando la reducción de los caudales.

La preocupación va más allá de lo ecológico. Al igual que otros estados en el sur y sureste de nuestro país, Chiapas vive del turismo. Tan solo para considerar su magnitud, se tiene registro que en los aeropuertos del estado se han movilizado casi cinco millones de pasajeros en los últimos 4 años. Chiapas recibe aproximadamente 1 millón 122 mil 383 turistas al año.

En noviembre de 2016, el secretario de Turismo Estatal declaró que la derrama económica turística obtuvo 17,400 millones de pesos, por lo que se esperó un cierre de aproximadamente 18 millones para ese año. Este sector ha crecido a una tasa anual de 12%, además es una industria que genera 55,000 empleos directos, casi 7% del PIB local, por lo que, de no lograr mitigar y resarcir el daño, a poco más de 30 días del periodo vacacional de diciembre corremos el riesgo de transformar una crisis ecológica en una económica para la entidad.

De esta manera, ante la urgencia de una explicación concreta e integral, se considera urgente una inspección e investigación minuciosa sobre cada uno de estos factores.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Gobierno del Estado de Chiapas para que de manera conjunta y coordinada, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen a fondo la causa de la disminución del caudal de las Cascadas de Agua Azul y se tomen las medidas necesarias para resarcir el daño.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Chiapas a realizar las asignaciones presupuestales necesarias a las dependencias correspondientes que están teniendo a bien hacer las investigaciones correspondientes en las más de 2 mil 500 hectáreas que abarca el área natural de las Cascadas de Agua Azul. Así como considerar las reasignaciones presupuestales necesarias para la reversión del daño y el reencauzamiento del río.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Chiapas a comprometerse no atentar contra los Derechos Humanos de las comunidades y poblaciones locales durante el desarrollo de las investigaciones.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Chiapas para que en el ámbito de sus respectivas competencias rindan un informe relacionado con las investigaciones y acciones relacionadas con los puntos anteriores de este acuerdo, relativas a la disminución del caudal de las Cascadas de Agua Azul.

QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre del 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.

1 Protección Civil del estado de Chiapas, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional del Agua.

2 El 85% del flujo de agua ahora se dirige hacia el margen contrario. 






Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder y exhorta al Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional a brindar mayor transparencia a la asignación de dicho estímulo. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE COMPROMETE A CEDER Y EXHORTA AL COMITÉ INTERISTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL Y A BRINDAR MAYOR TRANSPARENCIA A LA ASIGNACIÓN DEL ESTIMULO FISCAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley Federal de Cinematografía define a la producción cinematográfica nacional como una “actividad de interés social… por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Por lo tanto, el Estado fomentará su desarrollo para cumplir su función de fortalecer la composición pluricultural de la nación mexicana…”1

De la anterior definición se desprende, no solo el carácter social que se encuentra inmerso en la industria fílmica; sino que existe una obligación hacia los órganos del Estado para fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica.

Para el caso concreto del Congreso, esta obligación debe traducirse en la generación de instrumentos legislativos que permitan fomentar a la industria del cine; sobre todo considerando que la importancia de dicha rama económica no solo tiene impacto en la vida cultura e identidad nacional, sino que trasciende en la vida económica. La industria en cuestión representa el 15% del PIB de la cultura (este último representa el 2.8% del PIB nacional), y puede mencionarse que si consideramos únicamente el año 2013 dicha industria generó 2 mil 630 espacios laborales.

Reconociendo su importancia el Poder Legislativo determinó la creación de un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine “cuyo objeto será el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores comercializadores y exhibidores de películas nacionales.”2

Por su parte en la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinó la creación de un estímulo fiscal a los contribuyentes que aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales3. Dicha norma contempla la creación de un Comité Interinstitucional, formado por un representante de la Secretaría de Cultura, del IMCINE y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual autoriza el otorgamiento del estímulo fiscal.

El procedimiento previsto por el “Acuerdo por el que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional”; considera dos etapas de decisión para la autorización del estímulo:

Evaluación no vinculante del IMCINE, que determina si el proyecto cumple con los méritos artísticos, culturales y cinematográficos;

Autorización del Comité Interinstitucional.

Dado que la evaluación técnica a cargo del Instituto Mexicano de Cinematografía no tiene efectos vinculantes en la autorización dada por el Comité Interinstitucional, el procedimiento posibilita potencialmente la valoración arbitraria de proyectos, generando incertidumbre respecto a los proyectos no seleccionados.

Considerando que la transparencia y la rendición de cuentas son presupuestos jurídico-políticos fundamentales en un Estado de Derecho, se debe generar mayor certeza jurídica respecto a la asignación de dicho estímulo fiscal, para continuar fomentando el desarrollo de la industria cinematográfica.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Comité Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión de Producción y Distribución Cinematográfica Nacional a modificar el “Acuerdo por el que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional”, con la finalidad de hacer la opinión técnica del Instituto Mexicano de Cinematografía vinculante al momento de determinar los sujetos del estímulo fiscal.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Comité Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión de Producción y Distribución Cinematográfica Nacional a modificar el “Acuerdo por el que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional”, con la finalidad de en dicho ordenamiento sea incluida la figura de “testigo social”, con los alcances que dicha figura cuenta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de que estos participen en las sesiones del Comité, donde se determine los beneficiarios del estímulo; logrando así dar transparencia en las resoluciones emitidas por dicho órgano colegiado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.

1 Artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía

2 Artículo 33 de la Ley Federal de Cinematografía

3 Artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar un informe donde detalle el calendario de finalización de la obra, la ejecución de contratos y sus modificaciones, los ajustes a los costos del proyecto y se replantee el estudio de costo-beneficio del Tren Interurbano México-Toluca. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a solicitar de manera inmediata la información financiera de gastos y aportaciones hechas a las operaciones de aspirantes a candidatos independientes en el proceso electoral federal y locales 2017-2018. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde exponga cuáles y cuántas son las medidas implementadas en materia de seguridad durante su administración. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar los programas en materia educativa en el nivel básico a fin de garantizar una educación de calidad. Se turna a la Comisión de Educación.








Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico

“Para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella,
sino incorporarla a uno mismo”
Allan Watts (1915-1973) Filósofo británico.

Con fecha 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 60/5, proclamó el tercer domingo de noviembre de cada año como “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico”, en homenaje de las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.

Desde entonces, esta conmemoración se ha convertido en un elemento de referencia importante de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tránsito, al ofrecer una oportunidad de reflexión y apuntar la atención a la devastación causada por los mismos, reconocer el sufrimiento de las víctimas y la labor de los servicios de apoyo y rescate.

Es un día que evoca a la tristeza y a la prevención, pues mientras miles de personas buscan consuelo y lloran a los seres queridos que han perdido la vida en este tipo de accidentes, también nos recuerda la necesidad de crear conciencia sobre las catastróficas consecuencias de los accidentes viales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.3 millones de personas mueren anualmente en el mundo por accidentes de tránsito.

La situación en nuestro país no es menor, al encontrarnos entre los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Según las estadísticas del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), se estima que la cifra supera las 20 mil muertes al año, pero por motivos de la posibilidad al sub registro, la suma podría en mucho ascender a esta cantidad.

Instituciones de salud, prevención y vialidad afirman que 90 por ciento de los accidentes se pueden prevenir, con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de riesgos; en los que, es cierto que no podemos aislarnos de todo los que es peligroso en nuestras vidas, pero lo importante es aprender a convivir con estos factores y poder controlarlos para evitar accidentes.

En esa dinámica, México ha implementado diversas estrategias para salvar la vida de miles de mexicanos, en las que se sumó a la iniciativa de las Naciones Unidas conocida como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, con el objetivo es estabilizar y reducir la mortalidad en México por los accidentes de tráfico y reducir la tasa de accidentes cuando menos en un 50% y salvar la vida de más de 10,000 mexicanos anualmente.

La sociedad civil también se suma a estos esfuerzos, por ejemplo, la campaña “los muertos del futuro”, en alusión a las muertes que ocurrirán con motivo de los accidentes viales a futuro, refiriéndose específicamente a los 16 mil que podrían ocurrir el año entrante. Una campaña implementada para llamar la atención sobre la seguridad vial en nuestro país.

Adicionalmente, la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del marco de la Agenda 2030, aprobados en septiembre de 2015 en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de los estados miembros de Naciones Unidas (ONU), deberá constituir una coyuntura ideal para reforzar el trabajo que México ha realizado en el tema de la seguridad vial.

Se han hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que el número de accidentes en las carreteras federales se han reducido en un 28% en los últimos tres años.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer y abatir la mortalidad y discapacidad que ocasionan los percances de tránsito en territorio nacional, que se han constituido como la cuarta causa de muerte, pero la causa número uno de pérdida de años saludables, al tratarse de la principal en la que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes que tienen una oportunidad o expectativa de vida muy importante.

Sin duda, este día 19 de noviembre, tercer domingo del mes, es propicia la ocasión para reflexionar sobre este mal que acaba con la vida de miles de mexicanos cada año; reconocer a las víctimas de la siniestralidad vial y a la difícil situación que sus familias enfrentan con las consecuencias de estos sucesos, pero sobretodo, aplicarnos colectivamente para evitar al máximo estas incidencias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Tolerancia”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional para la Tolerancia
16 de noviembre

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

Las Naciones Unidas han lanzado la campaña JUNTOS para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo. Tiene por objetivo reducir las percepciones y las actitudes negativas hacia los refugiados y los migrantes, además de fortalecer el contrato social entre los países y comunidades de acogida, y los refugiados y migrantes.

En esta campaña recomienda 5 puntos importantes para luchar contra la intolerancia:

1.- Luchar contra la intolerancia exige un marco legal. Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías, independientemente de que se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos.

2.- Luchar contra la intolerancia exige educación. Las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y los prejuicios individuales. La intolerancia nace a menudo de la ignorancia y del miedo: miedo a lo desconocido, al otro, a culturas, naciones o religiones distintas. La intolerancia también surge de un sentido exagerado del valor de lo propio y de un orgullo personal, religioso o nacional, exacerbado.

3.- Luchar contra la intolerancia requiere acceder a la información. La intolerancia es especialmente peligrosa cuando individuos o grupos de individuos la usan con fines políticos o territoriales. Identifican un objetivo y desarrollan argumentos falaces, manipulan los hechos y las estadísticas y mienten a la opinión pública con desinformación y prejuicios información y la libertad de prensa.

4.- Luchar contra la intolerancia requiere una toma de conciencia individual. La intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias individuales de todos sus miembros. La intolerancia religiosa, los estereotipos, los insultos y las bromas raciales son ejemplos de intolerancia que se viven en lo cotidiano.

5.- Luchar contra la intolerancia exige soluciones locales. Los problemas que nos afectan son cada vez más globales pero las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Todos formamos parte de la solución y tenemos una enorme fuerza a la hora de enfrentarnos a la intolerancia.

La no-violencia puede ser una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear un movimiento, demostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia o desacreditar la propaganda fomentada por el odio. Aprovechemos este día para fomentar la solidaridad en nuestro entorno.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional para la Tolerancia”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional para la Tolerancia

“Cuando hablamos del derecho a la vida, o al desarrollo, a disentir o a la diversidad, estamos hablando de la tolerancia. La tolerancia promovida, protegida y venerada asegurará la libertad. Sin ella, no podemos asegurarnos de ninguna. En las palabras de un hombre sabio: "la fe produce respeto, y el fanatismo provoca el odio.”
Kofi Annan

En el año de 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, donde quedaron sentados los principios del significado más amplio de la palabra.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia, ha fomentado el respeto, la aceptación y el aprecio a la diversidad de las culturas de cada país. De tal modo que la tolerancia debe ser una actitud activa para el reconocimiento de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los demás. 1

En consecuencia, la tolerancia sustenta los Derechos Humanos, el pluralismo cultural, la democracia y el Estado de Derecho; aceptando que los seres humanos tienen derecho a vivir en paz ejerciendo su diversidad cultural, su libertad de expresión y sus valores.

Del mismo modo, las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Estos trabajos han dado fruto en diversos instrumentos que fomentan dicho valor entre las naciones, entre ellos destacan:2

• Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundadas en la religión o en las creencias.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

• Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de la UNESCO.

• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

A su vez, la tolerancia es fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030, sobre todo es importante para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 “Reducir la desigualdad en y entre los países” y 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”.3

Y para ello, la ONU señala los distintos ejes para luchar contra la intolerancia, a través de mecanismos como son la educación, información, soluciones locales y un marco legal que respalde los Derechos Humanos.4

Estas acciones, son promovidas por las Naciones Unidas desde 1997, cada 16 de noviembre, fecha en la que se estableció el Día Internacional para la Tolerancia, con el objetivo de invitar a los Estados miembros a que fomenten esta efeméride con actividades adecuadas dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general.5

Una acción derivada de esta conmemoración, es la campaña “JUNTOS. Respeto, seguridad y dignidad para todos”, que desde 2016 destaca las contribuciones positivas hechas por los refugiados y los migrantes, fortaleciendo el contrato social entre los países y comunidades de acogida.6

Dado que México es un país en que el tema migratorio está intrínseco en contextos de movilidad, tanto regulares como irregulares; el programa de Atención a Migrantes, coordinado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), resulta prioritario debido a la política antinmigrante que impulsa la administración actual de los Estados Unidos de America7.

Es por esto que ante la expectativa del retorno masivo de migrantes, es importante destacar el trabajo de la CNDH al fomentar la campaña “Soy Migrante Retorno”, para promover la diversidad e inclusión de los migrantes en la sociedad.

Está campaña está diseñada para apoyar a grupos de voluntarios, autoridades locales, empresas, asociaciones, grupos y cualquier persona bienintencionada a quien le preocupe el discurso público hostil contra los migrantes.8

De esta forma, se han promovido leyes y normas que respaldan los valores indispensables de las personas, sin importar su origen, religión, orientación sexual o ideología política.

En el marco de la conmemoración de esta efeméride, es importante destacar entre las acciones del Estado de México. La Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México, promueve, respeta y protege los derechos humanos de los migrantes, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;  con un trato respetuoso, oportuno y de calidad.9

En este sentido, es importante que los programas de Desarrollo Social, contemplen acciones incluyentes que fomenten valores para la convivencia y la unión entre la comunidad o para los sectores que estén destinados estos programas.

Dentro de las políticas que se promueven en el Estado de México, se ha tomado en cuenta la importancia de incluir valores de tolerancia y respeto, sobre todo dentro de las políticas públicas que impliquen el fomento del desarrollo personal, social y escolar.

Como representante del Estado de México, puedo destacar el trabajo que se ha hecho a través del Programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica, el cual ha fomentado la convivencia en ambientes libres de violencia, en planteles de educación básica y media superior del Sistema Educativo Estatal.10

Lo anterior, gracias a políticas y estrategias que promueven la convivencia, la prevención, detección y tratamiento de problemas sociales, al ser uno de ellos la violencia dentro de los centros educativos.

A través de esto, se busca impulsar una mejor formación de los estudiantes en un ambiente de valores, derechos humanos y diversidad cultural, con el propósito de lograr que las comunidades escolares sean un núcleo estratégico que consolide una cultura de paz para garantizar el bienestar social.11

De igual manera se han implementado programas que concientizan a la disminución del uso de la violencia, reiterando la importancia de difundir entre el sector estudiantil una convivencia sana para sus relaciones familiares y sociales. Uno de estos programas ha sido programa de “Canje de Juguetes Bélicos”.

El programa antes mencionado tiene como propósito que los niños de educación básica intercambien por un juguete didáctico sus armas de juguete; con esto se pretende que los niños y sus familias tengan conciencia de que este tipo de juguetes fomentan la violencia. Un ejemplo destacado de este programa fue Toluca, donde se implementaron las jornadas “Reconstruyendo y Educando en una Capital con Valor”.

Aparte de recolectar más de 600 juguetes bélicos, en las jornadas se les reconocieron a los niños con distintivos y actividades que promovían valores como el respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad, lealtad, solidaridad y generosidad.

A pesar de los diversos avances, aún queda mucho por hacer para lograr que la tolerancia se integre efectivamente en todos los ámbitos de la vida pública; lo cual implica un esfuerzo coordinado del sector público, privado y sociedad civil.

Por ello, seguiremos trabajando para que se promuevan actividades que fomenten relaciones sociales saludables a partir de la educación cívica y ética; para lo que debemos de tener la responsabilidad de crear leyes que incluyan valores como la tolerancia, el respeto, la equidad y la igualdad, para disminuir el uso de la violencia, la discriminación y la marginación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 UNESCO (1995) Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2 Ídem

3 Naciones Unidas (s.f.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

4 Naciones Unidas (s.f.)Día Internacional para la Tolerancia. 16 de noviembre. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/toleranceday/index.shtml

5 Naciones Unidas (1997) Resolución 51/95. Seguimiento del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/51/95

6 Naciones Unidas (s.f.) Refugiados y migrantes. JUNTOS. Recuperado en noviembre de 2017, de:
https://refugeesmigrants.un.org/es/together

7 CNDH (s.f.) Contexto de la Migracón en México. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://www.cndh.org.mx/Migrantes

8 Naciones Unidas. (s.f.) I Am A Migrant. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://iamamigrant.org/about

9 Gobierno del Estado de México (2015) Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig220.pdf

10 Gobierno del Estado de México (s.f.) Programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica. Recuperado en noviembre de 2017, de:
http://bullying.edomex.gob.mx/mision_vision_objetivo

11 Idem.






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional para la Tolerancia”.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia

El 16 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Tolerancia con el objetivo de fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos1.

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz2.

En México, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación considera que es discriminación cualquier forma de intolerancia relacionada con la homofobia, misoginia, xenofobia, segregación racial, antisemitismo, y otras formas de distinción, exclusión, restricción o preferencia racial.

En ese sentido, el 28 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Modelo Educativo para la Educación Obligatoria: Educar para la libertad y la creatividad” en el que se enfatiza la inclusión y la equidad, es decir, que el sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes. Mediante el reconocimiento de su contexto social y cultural, la educación debe ofrecer las bases para que independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el desarrollo de sus potencialidades3.

De esa manera, el Modelo Educativo de Educación Obligatoria, desde temprana edad, busca fomentar una visión transversal de equidad e inclusión, en el cual se prioriza la formación de valores cimentado en el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la democracia y la justicia, es decir, incluye una visión de respeto a lo diverso, la no discriminación, el aprecio por la dignidad humana y el impulso a las actividades que promuevan la solidaridad4.

En el Día Internacional para la Tolerancia reitero mi firme convicción de que la tolerancia es un valor y una virtud que consiste en reconocer y practicar en todos los ámbitos de nuestras vidas el respeto a la pluralidad y a la diversidad, es decir, en vivir responsablemente en una democracia y en un Estado de Derecho.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.un.org/es/events/toleranceday/

2 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488338&fecha=28/06/2017

4 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 288.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial sin Alcohol”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial Sin Alcohol
15 de noviembre

Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, un día que estableció la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre los perjuicios del consumo de alcohol y para fomentar la responsabilidad a la hora de su ingesta.

El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades. Afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras, y sus efectos están determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos de consumo y, en raras ocasiones, la calidad del alcohol. En 2012, unos 3,3 millones de defunciones, o sea el 5,9% del total mundial, fueron atribuibles al consumo de alcohol.

El consumo nocivo de alcohol también puede perjudicar a otras personas, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y económica considerable para el conjunto de la sociedad.

Además es causal en más de 200 enfermedades y trastornos. Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito.

Tanto en el plano individual como en el social, se han identificado diversos factores que influyen en los niveles y hábitos de consumo de alcohol, así como en la magnitud de los problemas relacionados con el alcohol en las comunidades.

Los factores ambientales incluyen el desarrollo económico, la cultura y la disponibilidad de alcohol, así como la globalidad y los niveles de aplicación y cumplimiento de las políticas pertinentes. Para un nivel o hábito de consumo dado las vulnerabilidades de una sociedad podrían tener efectos diferenciales similares a los producidos en diferentes sociedades.

Si bien no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables converjan en una persona, más probable será que esa persona desarrolle problemas relacionados con el alcohol como consecuencia del consumo de alcohol.

Es importante que en el marco de este día, principalmente los jóvenes hagan conciencia de las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, pues la mayoría de los accidentes de tránsitos están asociados a ello.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional del Aire Puro”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional del Aire Puro

Es evidente para cualquier mexicano el cambio que ha sufrido el País derivado de la contaminación ambiental; los múltiples daños que se causan al ambiente se ven reflejados en diferentes sectores ambientales, sin embargo la contaminación del aire es a simple vista un fenómeno preocupante para los ciudadanos, ya que se refleja en una gran cortina de humo que ocasiona graves efectos a la salud de la población.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2012 murieron 7 millones de personas como consecuencia de la contaminación atmosférica. En México, el Instituto Nacional de Salud Pública, reporta que mueren 20 mil personas al año por la misma razón. Los contaminantes atmosféricos pueden contribuir al desarrollo de enfermedades pulmonares y del corazón e incluso pueden causar cáncer de pulmón.

A partir del año de 1977, se conmemora el día internacional del aire puro, cada tercer jueves del mes de noviembre; la fecha de celebración no está verificada, se atribuye a la Organización Mundial de la Salud (OMS)1.

El mensaje que difunde la celebración de este día, es el de recordar los daños que se han causado a la pureza de este recurso natural, pues la industrialización, el creciente aumento de vehículos y los demás gases que son evaporados por los diversos productos químicos, usados en la vida cotidiana de las personas, han sido pieza clave para la desaparición de un aire puro.

La contaminación al aire es más propicio en grandes ciudades, derivado de las necesidades propias de movilidad e infraestructura, por ello se hace necesarios el establecimiento de políticas públicas que permitan disminuir los contaminantes.

Por ello, el Gobierno Federal creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis con la participación de los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En ella se trabaja para el mejoramiento de la calidad de aire, el combate al cambio climático, la gestión integral de recursos hídricos y la conservación y restauración de la biodiversidad.

Esta comisión se creó para enfrentar la problemática de la calidad del aire y otros temas ambientales en la zona centro de México. Tan sólo en la Ciudad de México y el Estado de México habitan casi 25 millones de personas es decir el 21% de la población total de nuestro país, con más de 12.2 millones de vehículos registrados2, lo cual ha ocasionado conjuntamente con las industrias que se encuentran en operación dentro de esta zona, elevados índices de contaminación del aire por ozono y partículas suspendidas.

Con el trabajo coordinado entre la federación y los Gobiernos de las entidades federativas, se ha logrado disminuir el número de contaminante al aire que se generan. Sin embargo, también ha sido el trabajo de la ciudadanía que ha permitido mejor calidad del aire.

En décadas pasadas el cuidado ambiental era un tema ignorado, pues su cuidado no era implementado de manera coercitiva, no fue hasta que los daños ambientales eran eminentemente notorios. Pero en la actualidad, estamos trabajando de manera coordinada, gobiernos y ciudadanía para mejorar nuestro ambiente.

Por lo anterior expuesto y celebración de este día, en el Partido Verde, trabajamos en la fomentación de conciencia para el cuidado a todos los recursos naturales con los que cuenta México; de esta forma nos sumamos a los esfuerzos del cuidado de la purificación del aire, con la finalidad de tener una nación sana y natural.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/efemerides-y-decretos-anp-de-noviembre?idiom=es

2 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ y
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultados.jsp?w=26&Backidhecho=98&Backconstem=
96&constembd=028&tm=%27Backidhecho:2,Backconstem:2,constembd:3%27






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional para la Tolerancia”.

EFEMÉRIDE

16 de noviembre
 “Día Internacional de la Tolerancia”

Uno de los valores más importante hoy en día, es la Tolerancia, se trata de aceptas las ideas opuestas o diferentes a las nuestras, se trata del respeto hacia nuestros semejantes.

Es por eso, que resulta tan importante que se inculque este valor, de fortalecerse podría ayudar en la conservación de la paz y erradicar los grupos extremistas que atacan de forma constante a toda la población a nivel mundial.

La Organización de la Naciones Unidas muestra su preocupación y es por eso que hay declarado el día 16 de noviembre de cada año, como “Día Internacional de la Tolerancia”, con la finalidad de que los Estados Miembro de las Naciones Unidad realicen actividades inculcando la tolerancia, ya sea en los Centro de Enseñanza, como al público en general.1

Pero su compromiso no termina ahí, además ha creado el Premio UNESCO-Madanjeet Singh, es un premio que tiene como finalidad la promoción de la tolerancia y de la no violencia.

“El premio UNESCO-Madanjeet Singh recompensa una actividad científica, artística, cultural o de comunicación que ayuda a promover este espíritu. Creado gracias a la generosa donación del artista y diplomático indio, el Embajador de Buena Voluntad Madanjeet Singh, se entrega cada dos años en el Día Internacional de la Tolerancia, el 16 de noviembre, y premia una institución o individuo que haya contribuido significativamente a combatir la intolerancia.”2

Es por ello, que celebramos el día de tolerancia, por un mundo mejor y llena de paz.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.un.org/es/events/toleranceday/background.shtml

2 http://www.un.org/es/events/toleranceday/prize.shtml






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional para la Tolerancia”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional para la Tolerancia

La suscrita, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 276, numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presento para la programación de las Efemérides la concerniente al “Día Internacional para la Tolerancia” que se celebra hoy 16 de noviembre.

Las amenazas que afronta en la actualidad nuestro mundo como la guerra, el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, la depuración étnica, la discriminación de las minorías y los migrantes, y otros muchos abusos contra los seres humanos.

Así como, la propia globalización, pese a crear vínculos de unión entre las distintas partes del mundo, también puede fomentar el miedo y la introversión. Y a medida que aumentan las terribles amenazas que ponen en peligro la vida del planeta, crecen también las posibilidades de que surjan tensiones que generen intolerancia.

Sabemos cómo conjurar esas amenazas, nuestras mejores armas son la diversidad cultural, la labor en pro del desarrollo sostenible y la educación para la tolerancia y la paz, que no hay mejor salvaguardia que una sociedad civil vigorosa y atenta a los derechos humanos y unos medios informativos libres y responsables.

Así el 12 de diciembre de 1996 se aprobó la resolución 51/95 de la Asamblea General que marca la observancia del Día Internacional para la Tolerancia. La resolución se probó tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993 (resolución 48/126), por iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO.

La tolerancia no implica la aceptación de la brutalidad como actitud de nacionalismo ni se puede utilizar como excusa para hacer caso omiso de los abusos contra los derechos humanos con un pretexto religioso. Por el contrario, la tolerancia es el respeto por la diversidad mediante el reconocimiento de nuestras características humanas.

Así mismo, reconocemos que los agentes fundamentales del cambio son los Estados que firman los pactos y convenciones internacionales. Las políticas que se aplican son responsabilidad suya, aunque la comunidad internacional tiene el arduo deber de ayudarles en su tarea.

La necesidad de la tolerancia es cada vez más urgente y exige iniciativas que vayan mucho más allá de la aceptación y propicien el entendimiento mutuo. No cabe duda de que los derechos humanos y las libertades universales dependen de mecanismos jurídicos, pero éstos sólo se respetarán si nos toleramos unos a otros en el sentido más amplio de la palabra.

Algunas de las actitudes colectivas que se busca combatir con el Día Internacional para la Tolerancia son:

El racismo, o la creencia de que algunas razas o personas son superiores a otras, valoración que, por lo general, se hace con arreglo a los criterios “científicos” de la raza supuestamente superior.

El etnocentrismo, o aspiración de un grupo étnico a crear una identidad nacional única y a acabar con el idioma y la cultura de los demás grupos étnicos.

El nacionalismo extremo, o la creencia de que una nación es superior y tiene más derechos que las demás, fenómeno a menudo asociado con el de la xenofobia, esto es, el hecho de sentir temor y aversión por los extranjeros, unidos al sentimiento de que estos “forasteros” son culpables de los problemas económicos de la sociedad, como el desempleo.

La hostilidad religiosa, que da poder o favorece a las personas cuyo credo está oficialmente considerado como la única interpretación auténtica de la verdad religiosa o espiritual.

Así, la tolerancia es el respeto de los derechos y las libertades de los demás.

Es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre las personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y a entenderlos.

La tolerancia es el reconocimiento de la diversidad cultural. Es estar abierto a otras formas de pensar y a otras concepciones, apertura derivada del interés y la curiosidad, así como el negarse a rechazar lo desconocido.

Es el reconocimiento de que ninguna cultura, nación o religión tiene el monopolio del conocimiento o de la verdad. La tolerancia es una forma de la libertad: estar libres de prejuicios, estar libres de dogmas. La persona tolerante es dueña de sus opiniones y de su conducta.

Es una actitud positiva hacia los demás, exenta a todo aire de superioridad.

En esta fecha tenemos la ocasión de recordar a los líderes de los Estados sus compromisos y obligaciones. Sin embargo, todos debemos considerar elemental el imperativo de la tolerancia en nuestra vida diaria hacia los demás.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional para la Tolerancia”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del Día Internacional para la Tolerancia, observado el 16 de noviembre.

“Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
-Benito Juárez García-

Como ocurre desde 1997, el 16 de noviembre celebramos el Día Internacional para la Tolerancia, el cual fue instituido a por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996. El establecimiento de esta fecha se remonta a 1995, Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, espacio en el cual los Estados miembro de la UNESCO aprobaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Seguimiento del Año.  

En el marco de esta conmemoración se busca fortalecer la tolerancia por medio del fomento de la comprensión recíproca entre las culturas y los pueblos. Lo anterior, conforme a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como respuesta a la prevalencia de radicalismos violentos y extremismos que derivan en conflictos en el mundo caracterizados por un menosprecio a la vida humana.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha convocado a los Estados partes a fomentar, desarrollar e incentivar acciones y políticas públicas encaminadas a generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los grupos e individuos de la sociedad. En consecuencia, este día es propicio para redoblar esfuerzos en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente que garantice el pleno desarrollo de la población.

En términos del artículo 1º numeral, 1.1 de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos, este valor se fomenta a través del conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En síntesis, puede ser concebida como la armonía en la diferencia, es decir, no sólo es un deber moral, sino que también representa una exigencia política y jurídica, además de constituir la virtud que hace posible la paz.

En el caso de nuestro país, la fecha adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que México posee una composición pluricultural que originalmente se encuentra sustentada en sus pueblos indígenas, mismos que en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En México existe la pluralidad de ideas y la diversidad cultural, con el respeto a las instituciones, derechos, libertades e igualdades reconocidas en el orden jurídico nacional. No obstante, todavía persisten fenómenos como la discriminación que tanto lacera parte de la población, especialmente a los grupos más vulnerables.

Para comprender la gravedad del caso, cabe mencionar que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, cuatro de cada diez personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales; y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida.

En el mismo sentido, el estudio en comento indica que una tercera parte de la población opina que los derechos de las personas migrantes centroamericanas no se respetan nada; y que cuatro de cada diez personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su tono de piel.

Aunado a lo anterior, señala que no tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo, son las condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas. Asimismo, advierte que una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación.

A partir de las consideraciones vertidas y en el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hacemos el llamado a fomentar y asumir una cultura del respeto, inclusión y tolerancia, valores esenciales e imprescindibles para que el régimen democrático mexicano pueda consolidarse, el Estado de Derecho sea cumplido y los derechos humanos sean respetados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 16 de noviembre de 2017.

Atentamente.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión el próximo miércoles 22 de noviembre a las 11:00 horas.

En dicha sesión contaremos con la comparecencia del Secretario de Gobernación, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno. Así también, ese día realizaremos una sesión solemne para recibir al Presidente de la República Eslovaca.

(Se levantó la sesión a las 15:54 horas)

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