Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 17 de febrero de 2018
    
    

Última actualización: febrero 2018
Última revisión: febrero 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 25



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 09 de Noviembre de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 67 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del jueves 9 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y un minutos del día martes siete de noviembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes sesenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Mesa Directiva, comunicación por la que informa que se ha designado a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo para formar parte del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.- Quedó de enterado. Se comunicó al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.

 

Se recibieron de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Desarrollo Rural, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Para la Igualdad de Género, su Programa Anual de Trabajo 2017-2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, su Informe Anual de Trabajo del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, el Informe de su participación en la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el Informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se celebró los días 5 y 6 de octubre de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, oficio por el que solicita se rectifique y homologue el turno de las diversas iniciativas en materia de Fiscalía General de la República y de reformas al Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Acuerdo con la Convocatoria por la que se establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2016.- Se remitió a la Comisión de Vivienda.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2017 de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos.

(Respuestas a acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

(Comunicaciones de congresos extranjeros)

Se recibieron comunicaciones del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, por la que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.- Quedaron de enterado. La Presidencia instruyó emitir comunicación de agradecimiento, en su caso.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina; de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 322 Bis y un segundo párrafo al artículo 328 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, los expedientes de los siguientes proyectos de decreto, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:

• El que adicionaba el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

• El que adicionaba un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

• El que reformaba el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda.

• El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

• El que reformaba el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

• El que reformaba el artículo 71 y adicionaba el artículo 7o de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió tres acuerdos que corresponden a las ternas que el Titular del Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Cámara el pasado 31 de agosto para la elección de dos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los acuerdos son para comunicar al Ejecutivo Federal el cumplimiento del plazo marcado por el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, sin que el Senado hubiese resuelto, con lo que se actualizó el supuesto previsto por la norma.- La Mesa Directiva notificará al Titular del Poder Ejecutivo Federal del contenido de los tres acuerdos.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de esta Cámara para el mes de noviembre de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara durante el mes de septiembre de 2017.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se devuelven a comisiones dictámenes que se encuentran suspendidos en su trámite ante el Pleno de la Asamblea.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez y María del Pilar Ortega Martínez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de los Senadores Francisco Salvador López Brito, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo y se adicionan los artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, David Monreal Ávila, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas Romero, Rosa Adriana Díaz Lizama y Mariana Gómez del Campo Gurza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
ADOLFO ROMERO LAINAS

(Proposición)

La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva dio paso a las presentación de la proposición con punto de acuerdo de los Grupos Parlamentarios, por el que se requiere a la Cancillería de México que, a nombre del Senado mexicano, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre de 2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena.- Para presentar el punto de acuerdo hizo uso de la tribuna la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN. Considerado de urgente resolución. En la discusión, intervinieron los Senadores: Marcela Guerra Castillo del PRI; Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó propuesta de modificación; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Benjamín Robles Montoya del PT; y Dolores Padierna Luna del PT. La Asamblea autorizó integrar la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña Gómez. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica, con la modificación aceptada.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el siete de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Vivienda”.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda. Sin discusión, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, se integraría al Diario de los Debates; e informó que la votación nominal del dictamen se realizaría al concluir la siguiente discusión.

 

Se puso a discusión un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En la discusión, intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PT, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador David Monreal Ávila, se integraría al Diario de los Debates.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el siete de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Vivienda”, fue aprobado por 88 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017.

2. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guardan las investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

3. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el grado de cumplimiento y las acciones que ha realizado para atender las recomendaciones que le han sido formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia y hace un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección de los derechos humanos de esta población en la región.

5. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a la verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general.

6. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, con el fin de erradicar cualquier violación a sus derechos humanos.

7. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean publicados y actualizados con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia Secretaría.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a producir y difundir material audiovisual, bibliográfico y de consulta virtual referente a la historia de los pueblos indígenas de Nayarit y a su papel en la conformación del Nayarit actual, en el marco del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo:

1. El que exhorta al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la entidad.

2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas y acciones necesarias para prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal.

3. El que exhorta al Gobierno Federal a actualizar la norma oficial mexicana NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo:

1. El que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al Programa Pueblos Mágicos.

2. El que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece.

3. El que exhorta a la Secretaría de Turismo del estado Zacatecas, así como a los órganos municipales de turismo de la entidad a continuar trabajando de manera coordinada en la planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad, tomando como base el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", emitido por el Poder Judicial de la Federación.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Cultura, con puntos de acuerdo:

1. El que exhorta a las autoridades de la Secretaría de Cultura a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los espacios de intercambio cultural entre México y Cuba; y exhorta a impulsar la instalación de la Casa Cuba en territorio mexicano, como un centro cultural para fomentar el intercambio cultural en materias de literatura, artes escénicas, música, el audiovisual, artes plásticas, artesanías y todas las expresiones culturales, así como la colaboración para la protección del patrimonio cultural material e inmaterial de ambas naciones.

2. El que exhorta al ayuntamiento de Guadalajara a considerar las disposiciones de la legislación vigente en materia de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, en los proyectos de desarrollo que lleva a cabo tanto en el Jardín Botánico como en el Parque Morelos, ambos de la Ciudad de Guadalajara.

3. Por el que se solicita a las autoridades de la Secretaría de Cultura concretar la donación por parte de la Asociación Franco Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia, del conjunto arquitectónico conocido como Pórtico de Recreación y Aljibe, de carácter privado, localizado en el Panteón Francés de San Joaquín Cacalco, en la Calzada Legaria No. 449, en Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, en la ciudad de México.

4. Por el que se convoca a una reunión de trabajo a la Secretaria de Cultura con los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República, con la finalidad de conocer los objetivos alcanzados y la metodología de integración del Quinto Informe de Gobierno; y se solicita presentar un informe por escrito sobre los daños a monumentos históricos y arqueológicos, así como las medidas de mitigación y remediación propuestos, con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados; asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, recursos para financiar restauración y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble del país, afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Gerardo Sánchez García, Presidente de la Comisión de Cultura, se integraría al Diario de los Debates.Sin discusión, los veinte dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día.

1. Ampliación y rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de adopción, presentado el 31 de octubre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de  Estudios Legislativos.

2. Rectificación de turno al proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado el 15 de diciembre de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Presidencia ratificó los turnos.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.- La lista de los asuntos se publicó en la Gaceta.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona y del Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 139 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de la Ciudad de México a atender la problemática de las escuelas que permanecen sin clases a consecuencia de los sismos del 7 y el 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita al ciudadano Alberto Elías Beltrán, suplente del Procurador General de la República, a una reunión de trabajo ante la Comisión de Justicia a efecto de que presente los documentos y explique las razones que lo llevaron a determinar la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Francisco Salvador López Brito, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo a dulces con alto contenido de plomo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio y expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno somalí.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población sobre el uso responsable del sistema de emergencia 911 en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para transparentar el ejercicio de los donativos recibidos como apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar los posibles daños ambientales y a la salud de las personas de la zona metropolitana del Valle de México, por la comercialización de la gasolina que no cumple los requerimientos de la Norma Mexicana NOM-016-CRE-201.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal acelere la entrega de los fondos federales a la Ciudad de México para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de las Ciudades.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

 

Del Senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a la Secretaría de Cultura a convocar a los artistas plásticos y coleccionistas a donar obras de arte para realizar una subasta de arte público para destinar los ingresos obtenidos a la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la brevedad a la Cámara de Senadores la Enmienda de Kigali, parte integrante del Protocolo de Montreal.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar un programa emergente que proteja los derechos de los consumidores; asimismo, a supervisar los establecimientos mercantiles que participarán en la séptima edición del Buen Fin 2017, a efecto de inhibir prácticas desleales o abusivas en contra de los consumidores.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos nacionales y locales a que, de manera incluyente, integren a candidatas y candidatos indígenas en las postulaciones de cargos a elección popular en el proceso electoral 2017-2018.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las actuales rondas de renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se negocie la eliminación del arancel al plátano mexicano.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar gestiones de apoyo a la declaración de un Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que se lleve a cabo del 2021 al 2030 con la finalidad de fortalecer los conocimientos suficientes para garantizar la salud de los océanos y los recursos marinos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la anulación del gobernador en el estado de Zulia, en la República Bolivariana de Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente convocada, al constituir un acto que desconoce la voluntad popular expresada en las urnas, vulnera el estado de derecho y agrava la crisis política y social que atraviesa la hermana república sudamericana.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al sector salud del gobierno de la República a considerar la elaboración de un informe respecto a la atención que requiere un infante derechohabiente que súbitamente enferma y que requiere atención expedita y eficiente tanto de la institución médica como en la familiar.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República convoca a una reunión ante las Comisiones de Justicia y Gobernación al ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, a efecto de que explique a detalle sobre la remoción del Fiscal Especial para la Atención de los Delitos Electorales.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con el gobierno de Campeche, fortalezca las políticas públicas encaminadas a prevenir la tala inmoderada con la finalidad de conservar la biodiversidad en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las carpetas de investigación en torno al presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la que se encuentra sujeto el líder del PT-Aguascalientes, Héctor Quiroz García.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la promoción de la cultura emprendedora en la educación media superior y educación superior, con el objetivo de potenciar el desarrollo regional.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne los recursos necesarios para la conservación y fortalecimiento del sector apícola en el país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones e irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en el nombramiento del Director de Obras y Desarrollo Urbano.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a emprender las investigaciones y acciones necesarias para esclarecer las denuncias públicas sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos económicos y humanos con fines electorales por parte del gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a realizar una investigación objetiva, transparente y expedita en relación al asesinato del neurocirujano David Casanova López.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el sector agrícola en el estado de Nayarit.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a remitir un informe donde exponga cuáles son las medidas y acciones que ha implementado para reducir la fabricación, importación, venta y uso de pinturas con plomo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Deporte de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos destinados a la infraestructura para deporte y cultura en los 43 municipios de Tamaulipas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Teocuitatlan de Corona en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocuitatlan de Corona en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Teocuitatlan de Corona en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Teuchitlan en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teuchitlan en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Teuchitlan en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Tomatlan en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tomatlan en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Tomatlan en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Tonaya en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tonaya en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Tonaya en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Unión de San Antonio en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Unión de San Antonio en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Unión de San Antonio en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Valle de Juárez en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Valle de Juárez en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Villa Guerrero en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Villa Guerrero en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Villa Guerrero en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Villa Purificación en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Villa Purificación en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Villa Purificación en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Zapoltitic en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Zapoltitic en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de Zapoltitic en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial de la Diabetes 2017 a conmemorarse el 14 de noviembre, cuyo tema central es: "Mujeres y Diabetes", fortalezca sus medidas en materia de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral de este padecimiento, con énfasis en la atención a las mujeres.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Puebla a emitir las disposiciones reglamentarias de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla, así como constituir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al atentado terrorista ocurrido el 31 de octubre en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, que dejó como saldo a 8 personas muertas y una docena de heridos. Asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno estadounidense, así como con los familiares de las víctimas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el trágico incidente ocurrido en la localidad de Sutherland Springs en Texas, Estados Unidos, que cobró la vida de al menos 26 personas y dejó una veintena de heridos; asimismo, extiende sus condolencias al pueblo y gobierno estadounidense y a los familiares de las víctimas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Ferrocarrilero.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 72 aniversario de que México forma parte de Organización de Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día del Urbanista Mexicano y el Día Internacional del Urbanismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Urbanista.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 143 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y citó a la siguiente el jueves nueve de noviembre a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió una comunicación de la Comisión de Salud, con la que remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en la Ciudad de México, el 14 de septiembre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Bruselas, el 26 de junio de 1999.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite el documento denominado “Diagnóstico de la Participación Equilibrada de Mujeres y Hombres en los cargos de Elección Popular en México: Principales Resultados de los Procedimientos Electorales 2015 y 2016 para Elección de Presidencias Municipales”.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a la Comisión de Gobernación. Adicionalmente, se instruye a la Secretaría Parlamentaria su publicación en el portal electrónico del Senado para conocimiento de los servidores públicos.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron diez oficios de diversas dependencias con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Me permito informar a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de próstata.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Colegisladora nos remite también una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Por último, la Cámara de Diputados nos remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción XX; se adiciona el Capítulo Vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.






Compañeras y compañeros Senadores, los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la República Eslovaca. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobado el Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la República Eslovaca, el próximo 22 de noviembre del año en curso. Comuníquese.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 constitucional, en materia de autonomía hacendaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV Y EL QUINTO PÁRRAFO DEL INCISO C) DE LA MISMA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Acudo a esta máxima tribuna para presentar el proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del inciso c) de la misma fracción del artículo 115 de nuestra Ley Fundamental, el cual tiene como propósito medular garantizar que los gobiernos municipales cuenten con plena autonomía para administrar su hacienda y que los recursos sean ejercidos bajo el principio de sostenibilidad financiera.

La disponibilidad de los recursos financieros y su manejo responsable, eficaz, eficiente y transparente, representan aspectos fundamentales que invariablemente determinan la capacidad de los gobiernos municipales, para incidir de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos, desde la mejora en la cobertura y calidad de los servicios básicos, hasta la implementación de políticas públicas que impacten en el desarrollo local.

Como sabemos, los principales ingresos que intervienen en la administración financiera municipal se clasifican en dos grandes rubros según su origen:

El primero corresponde a los ingresos propios que van desde impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y contribuciones de mejora.

Y el segundo, que son los transferidos por la Federación o el Estado en el marco de un acuerdo de coordinación fiscal.

En ese contexto, es claro que la calidad del desempeño y gestión de los gobiernos municipales y su impacto en el bienestar de la ciudadanía, se encuentran en función de la autonomía financiera.

El fortalecer la viabilidad financiera de los gobiernos locales constituye la base para sustentar una verdadera autonomía en el ámbito político y en la gestión administrativa.

Gracias a esta autonomía, el municipio posee la capacidad para contar con recursos suficientes derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el libre manejo de su patrimonio y la libre disposición de su hacienda.

No es posible hablar de autonomía local si un municipio es dependiente en gran medida de las transferencias intergubernamentales para llevar a cabo sus funciones, o incluso para financiar necesidades básicas de operación.

La trascendencia y pertinencia de la autonomía financiera, que aquí proponemos, radica en que no se puede comprender ni la autonomía política, ni la autonomía administrativa, si el municipio no cuenta con mecanismos que le permitan el ejercicio pleno de la administración de sus recursos y, por ende, el acceso a más recursos directamente de las dependencias cuando sus finanzas tienen un manejo apegado a los indicadores de transparencia y de rendición de cuentas.

La base de la autonomía local está no sólo en disponer de atribuciones, sino en contar con los recursos financieros adecuados para hacerlas efectivas y transparentes.

De igual manera, es imperativo que los recursos constitutivos de la hacienda municipal sean ejercidos bajo el principio de sostenibilidad financiera, es decir, mantener un financiamiento estable y de largo plazo, que le permita cumplir con sus atribuciones y objetivos centrales con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.

Compañeros y compañeras Senadoras, esta reforma a nuestra Constitución Política coadyuvará a dar mayor autonomía a los municipios del país para poder administrar sus recursos públicos con base en los principios de legalidad, de transparencia, de control, de rendición de cuentas y de sostenibilidad financiera principalmente.

Estimulará y fortalecerá también a los municipios para que a mejores prácticas de políticas públicas puedan tener más acceso a gestionar recursos por su desempeño de excelencia.

Es la hora de dar a los municipios más mecanismos de coordinación fiscal, que les permita corresponder a las demandas ciudadanas.

Contribuirá, también, a consolidar al municipio en una institución fundamental con finanzas públicas sanas, para fortalecer el desarrollo regional y, con ello, mejorar la economía de las familias mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Senadora ANABEL ACOSTA ISLAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV Y EL QUINTO PÁRRAFO DEL INCISO C) DE LA MISMA FRACCIÓN, DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y principales reformas del Municipio

El municipio mexicano tiene su antecedente en la cultura mexica, de manera particular, en la figura del calpulli, el cual además de caracterizar el territorio, tenía su propio gobierno por lo que se consideraba una organización política que desempeñaba funciones sociales, económicas y militares. Además consistía en una comunidad agraria con autonomía y autosuficiencia alimentaria y financiera.1

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), señala que la fundación del primer ayuntamiento fue instalado en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, a partir de dicha fecha los pueblos tenían derecho a reunirse y la organización llamada cabildo se dedicaba a examinar y resolver asuntos comunes y designaban a las autoridades.2

Los primeros ayuntamientos mexicanos se ocuparon preferentemente de dictar las normas para el trazo de las poblaciones y a emitir ordenanzas para regular la vecindad forzosa de los españoles.

Como lo señala Vallarta (1994), después de la consumación de la conquista, el municipio de la Nueva España se consolidó como la unidad básica de gobierno, tanto en las regiones indígenas como en las nuevas poblaciones de españoles quienes hicieron del municipio un baluarte y forma originaria de organización política.3

Los ayuntamientos funcionaron, con escasas excepciones, bajo el régimen de cabildo cerrado, es decir, sin audiencias públicas y en las que sólo participaban sus miembros y en algunos casos los oficiales reales.

La Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, en España y el 30 de septiembre del mismo año en la Nueva España, marcó el inicio de la evolución jurídica y política del municipio integrado por el llamado alcalde, los regidores y síndico; sin embargo, era considerado como un ente geográfico y de dominio público, que se utilizó para acceder a un sistema fuertemente centralizado.4

En 1836 se promulgaron las siete leyes constitucionales las cuales dieron las bases de funcionamiento del nuevo régimen centralista, a través de las cuales se dividió el territorio de la República en departamentos, éstos en distritos, a la vez organizados en partidos.5

Es importante destacar, que el artículo 109 de la Constitución liberal de 1857, todavía vigente en ese tiempo, estipulaba que la base de la división territorial y de la organización política de los estados era el municipio, pero durante el Porfiriato los cabildos desaparecieron de la escena pública y la Carta Magna, antes de que terminara el siglo XIX, no pasaba de ser una formula vacía de contenido.

Durante el Porfiriato el municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana. En este periodo se dieron proyectos que sujetarían la actividad de los municipios. En 1897, se publicó la Ley General de Ingresos Municipales, en la cual se establecieron los siguientes puntos: Rentas propias, impuestos  municipales, impuestos federales, subvenciones del gobierno federal, e ingresos extraordinarios .

La Revolución Mexicana experimentó una profunda simpatía por el logro de una plena libertad municipal, en respuesta a las difíciles circunstancias por las que atravesaban los Ayuntamientos. Casi no hubo programa ni plan revolucionarios que no le diesen al Municipio, directa o indirectamente, la debida importancia. A causa de ello, cuando se aprobó la Constitución de 1917, se hizo referencia al Municipio en muy distintas y numerosas disposiciones, regulación que ha venido ampliándose a lo largo de sus años de vigencia.6

La Constitución de 1917 determinó que el municipio sería la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, representada por un Ayuntamiento de elección popular directa, con personalidad jurídica y administrando con libertad su hacienda y que sus recursos económicos serían los recaudados por los tributos aprobados por las Legislaturas Locales, establecido en el artículo 115.

De acuerdo con Carmona (2006) después de la Revolución Mexicana se han realizado diversas modificaciones al artículo 115 constitucional que han fortalecido al municipio mexicano, mismas que delinean los principios y actividades que les son propios pero para que puedan funcionar en la práctica requiere de las garantías correspondientes.7

Las principales reformas en el ámbito municipal fueron las siguientes:

• El 17 de octubre de 1953, se estableció la ciudadanía plena para las mujeres, que a partir de entonces tuvieron el derecho activo en las elecciones federales, estatales y municipales.

• El 6 de febrero de 1976, se adicionaron las fracciones IV y V, con el objeto de que el municipio estuviese en posibilidades de efectuar las actividades en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y conurbación, a través de acciones concertadas con la Federación.

• El 6 de diciembre de 1977, se introdujo el sistema de minoría en la elección de legislaturas locales, así como del principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de los municipios cuya población fuese -cuando menos de trescientos mil habitantes o más-.

• El 3 de febrero de 1983, se reformuló de manera integral el artículo 115 constitucional, al establecer garantías para la suspensión y desaparición de ayuntamientos, así como en la revocación de munícipes; dejó clara la autonomía jurídica de los ayuntamientos, consagró, la llamada -esfera económica mínima- de los municipios, haciendo una enumeración de sus ingresos y se normaron las relaciones laborales de éstos con sus trabajadores.

• El 17 de marzo de 1987, se consagró de manera exclusiva el artículo 115 para regular los asuntos municipales.

• El 23 de diciembre de 1999, se reconoció el municipio como ámbito de gobierno; se hicieron precisiones a la autonomía jurídica y leyes estatales sobre cuestiones municipales; modificaciones en los servicios públicos, los ingresos municipales, el desarrollo urbano, la ecología y la planeación regional.

Después de esta última reforma al artículo 115 constitucional, es posible destacar las siguientes características del Municipio mexicano: Se inserta en un esquema republicano, representativo y popular; es la base de la división territorial de los estados; es la base de la organización política de los estados; es la organización administrativa de los estados; y es implícitamente autónomo.8

Trascendencia del Municipio mexicano

El artículo 115 constitucional establece las bases para avanzar en la autonomía política, financiera y de gestión administrativa. Como parte de un todo estatal, los municipios tienen garantizada su autonomía conforme a la Ley Fundamental y otras leyes secundarias, las que les otorgan la posibilidad de aumentar su capacidad   para gestionar y llevar a cabo las obras que demanda la comunidad para su desarrollo.

El robustecimiento del marco jurídico observado durante las últimas décadas en el país, ha contribuido para transformar al Municipio en una institución medular e imprescindible para el desarrollo político, social y económico. De allí la trascendencia de los 2, 457 municipios rurales y urbanos que integran el territorio nacional.9

El Municipio se caracteriza como una persona jurídica de derecho público, compuesta  por un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad al estar sentado permanentemente en un territorio dado, con un gobierno autónomo propio y sometido a un orden jurídico especifico, con el fin de mantener el orden público, prestar los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas requeridas por la comunidad.10

El Municipio nace como una necesidad de descentralizar la administración pública, de tal manera que esta pueda ejercer sus atribuciones de una forma más eficaz en beneficio de sus habitantes. El Municipio se ha creado para manejar los intereses colectivos de la población, por lo que esta debe participar en la administración, debido a que el municipio no es una especie de poder soberano dentro de un estado, sino que es una institución descentralizada de los servicios públicos.11

El Municipio libre, constituye una comunidad natural y espontánea, que nace de la imprescindible necesidad de organizarse política, jurídica y administrativamente; es la cédula social, política y económica, en donde la ciudadanía ejerce la diversidad de derechos y libertades que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.12

El municipio mexicano, es una de nuestras instituciones más venerables, ha despertado siempre un interés, tanto porque los asuntos que le conciernen llegan muy de cerca al ciudadano, como porque de la solución a sus problemas depende el sano funcionamiento del sistema político en general.13

Las anteriores aseveraciones permiten concluir la relevancia que han tenido y siguen teniendo los municipios en la división política de los estados que, con su amplia diversidad étnica y riqueza cultural, recrean y tratan de innovar formas democráticas de gestión y convivencia, así mejorar la gobernabilidad, siempre en busca del mejoramiento del bienestar de los habitantes.

Marco jurídico municipal en materia financiera

Los municipios mexicanos cuentan con un amplio y complejo marco jurídico, el cual se ha transformado para devolverles atribuciones que los reconocen como una institución fundamental en el desarrollo político, social y económico del país.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable las bases fundamentales de los gobiernos locales. De manera particular, en materia de hacienda municipal, la fracción IV plantea a la letra lo siguiente:

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley (…)”.14

En este mismo sentido, existen diversas leyes que regulan los recursos de los municipios, como la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios; las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras.

Autonomía en la administración de la hacienda municipal

Pese al robustecimiento del marco jurídico del municipio efectuado durante las últimas décadas en nuestro país, hay un tema pendiente que es necesario examinar, el cual es motivo de reflexión de esta Iniciativa: la plena autonomía para administrar su hacienda.

Etimológicamente, por el vocablo “autonomía” se entiende la potestad que tienen ciertos entes para dotarse a sí mismo de normas propias, de ahí que la autonomía a nivel municipal está íntimamente vinculada al poder político y a la participación ciudadana.

En este sentido, se considera como la facultad básica para regular todos los actos en la esfera de las atribuciones y competencias del municipio.

Si bien el artículo 115 constitucional establece, entre otras cuestiones fundamentales, las bases de la autonomía financiera municipal, resulta indispensable hacer algunas acotaciones al respecto.

Autores como Quintana (2008), señalan que la autonomía financiera se define como “la capacidad del municipio para contar con recursos suficientes derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el libre manejo de su patrimonio y la libre disposición de su hacienda”.15

Es un tema de la mayor relevancia ya que sin autonomía financiera no se puede comprender ni la autonomía política, ni la autonomía administrativa, si el municipio no cuenta con plena libertad de decidir el origen y destino de sus recursos económicos.

En otras palabras, la autonomía financiera de los gobiernos locales constituye la base para sustentar una verdadera autonomía en ámbito político y en el de la gestión administrativa.

Es preciso recordar que los principales ingresos que intervienen en la administración financiera municipal se pueden clasificar en dos grandes rubros según su origen: los ingresos propios (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora) y los transferidos por la Federación o el estado en el marco de un acuerdo de coordinación fiscal.

Resulta indudable que no es posible hablar de autonomía local si un Municipio es dependiente en gran medida de las transferencias intergubernamentales con el objeto de llevar a cabo sus funciones competenciales, o incluso para financiar sus necesidades básicas de operación.

Por estas razones, la autonomía financiera municipal constituye un tema central en la agenda del federalismo en México (Bojórquez y Peña, 2012).16

En efecto, como atinadamente señalan estos autores, la disponibilidad de los recursos financieros y su correcto manejo son dos aspectos que invariablemente determinan la capacidad de los gobiernos municipales para incidir directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, desde la mejora en la cobertura y calidad de los servicios básicos que por ley está obligado a prestar (agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, seguridad, entre otros) hasta la implementación de políticas más complejas destinadas a atender otros asuntos públicos que no necesariamente forman parte de su jurisdicción, pero que impactan directamente en el desarrollo local.

Es claro, entonces, que la calidad del desempeño y gestión de los gobiernos municipales, y su impacto en el bienestar de su ciudadanía, se encuentra en función de la autonomía financiera.

Las estadísticas disponibles sobre los ingresos totales de los municipios, revela una caída de la relación ingresos propios/ingresos netos durante el periodo 1994-2015, al pasar de 36.6% a 20.8%, respectivamente, alcanzando su nivel más bajo en el año de 1996 al llegar a 12.9%.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, los ingresos netos aumentaron de 17,597.6 millones de pesos en 1997 a 384,087 millones en 2015, mientras que los ingresos propios lo hicieron de 6,445.8 a 79,882 millones, en cada año.

Ingresos netos y propios de los municipios, 1994-2015
(Millones de pesos y %)

Año

Ingresos
netos

Ingresos propios

Ing. propios/Ing. netos (%)

1994

 17,597.6

6,445.8

36.6

1995

19,428.3

17,934.1

36.1

1996

26,175.4

8,110.7

12.9

1997

33,412.8

9,898.6

29.6

1998

49,398.3

13,114.4

26.5

1999

68,029.8

15,728.3

23.1

2000

82,140.5

17,931.6

21.8

2005

162,135.0

36,734.9

22.7

2006

186,774.9

42,714.3

22.9

2007

198,583.3

47,604.2

24.0

2008

250,944.6

53,925.2

21.5

2009

264,137.2

53,655.3

20.3

2010

276,743.7

56,375.0

20.4

2011

308,000.5

59,773.0

19.4

2012

307,050.0

66,222,4

21.6

2013

330,971.9

69,694.2

21.2

2014

368,468.6

74,119.2

20.1

2015

384,086.9

79,882.0

20.8

Fuente: Presidencia de la República, Primero y 5to. Informe de Gobierno, 2012-2013 y 2016- 2017, respectivamente. Anexo estadístico.

Si bien se observa un incremento nominal en los dos tipos de ingresos, lo cierto es que actualmente sólo una quinta parte de los ingresos totales son generados al interior de los Municipios, lo que permite concluir el peso específico que tienen las transferencias federales en el total de los ingresos municipales, situación que pone en entredicho una efectiva autonomía en la administración de su hacienda.

Autores como Cabrero (2001) plantean que a partir de 1994, la crisis de 1995 y muy posiblemente también debido a la expansión del rubro de transferencias federales vía ramo 26, que posteriormente pasó al ramos 33, inhibieron el esfuerzo fiscal local.17

En síntesis, pese a que constitucionalmente se han fortalecido las atribuciones de los Municipios, la autonomía para administrar su hacienda continúa siendo un aspecto neurálgico e insuficiente para cubrir la mayor presión sobre el gasto corriente pero, sobre todo, para subvenir a las necesidades ciudadanas.

Ante este panorama, se requiere redistribuir las principales fuentes de ingresos de los Estados y Municipios, así como establecer mecanismos de coordinación y procedimientos de participación en la recaudación federal mucho más precisos (Carmona, 2006).18

De igual manera, es necesario garantizar que los recursos constitutivos de la hacienda municipal, sean ejercidos directamente por los ayuntamiento, o bien, por quienes ellos autorice, bajo el principio de sostenibilidad financiera.

Éste constituye un término complejo e innovador que es necesario incorporar en el análisis de las finanzas públicas. Pese a que no existe una definición precisa al respecto, en términos generales, por sostenibilidad se entiende como la característica de un proceso o estado que puede mantenerse indefinidamente, la clave para la sostenibilidad de cualquier proceso o estado es balance, proporción o equilibro.

Bajo esta premisa, es posible definir a la sostenibilidad financiera como la habilidad para mantener un financiamiento estable y de largo plazo. En el contexto de la presente Iniciativa, se entiende como la capacidad de los Municipios para asegurar capacidad financiera estable en el largo plazo, que le permita cumplir con sus atribuciones y objetivos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.

En este contexto, la presente Iniciativa propone reformar el primer párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del inciso c) de la misma fracción, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano con el objetivo de que los gobiernos municipales cuenten con plena autonomía para administrar su hacienda y que los recursos serán ejercidos bajo el principio de sostenibilidad financiera.

El siguiente cuadro comparativo ofrece una visión más clara del objeto de la iniciativa de reforma legal al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Texto actual:

Propuesta:

Artículo.- 115…

I a III. …

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a). …

b). …

c)…

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

Artículo.- 115…

I a III. …

IV. Los Municipios contarán con plena autonomía para administrar su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, y en todo caso:

a). …

b). …

c). …

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley, bajo el principio de sostenibilidad financiera;

Esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coadyuvará a dar mayor autonomía a los municipios del país para poder administrar sus recursos públicos con base en los principios de legalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y sostenibilidad financiera.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante este H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del inciso c) de la misma fracción, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo.- 115.

I a III.

IV. Los Municipios contarán con plena autonomía para administrar su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, y en todo caso:

a). …

b). …

c). …

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley, bajo el principio de sostenibilidad financiera;

Transitorio:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 9 de noviembre de 2017.

Atentamente

Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Gutiérrez, Sánchez Miriam (2010). “Evolución Jurídica del Municipio en México”. Servicios de Investigación y Análisis, Cámara de Diputados del H. Congreso De La Unión, CRVIII-20-10, 3 (Consultado en la siguiente página web:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRVIII-20-10.pdf).

2http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia01_historia_del_municipio_mexicano.pdf

3 Vallarta P. José Guillermo, “El municipio en la redifinición del sistema federal mexicano”, Guadalajara, Instituto de Investigaciones Sociales, 1994, pág. 550 (Consultado en el siguiente link:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/348/22.pdf)

4 Vallarta, P. José Guillermo (Op. Cit.) p. 14

5 Gutiérrez, Sánchez Miriam (Op. Cit).

6 Sobre el Municipio en la Constitución de 1917, consultar entre otros: Tena Ramírez, Felipe, “Derecho constitucional mexicano”, México, 26ª. ed., Porrúa, 1992, pp.143 y ss.; Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, “Derecho constitucional mexicano y comparado”, México, Porrúa, 2001, pp. 975 (Consultado en el siguiente link:
http://www.cedem.unach.mx/pdf/09Salvador.pdf).

7 Valencia, Carmona Salvador. (2006). el Municipio en México, 1er. Simposio Internacional de Derecho Administrativo y Municipal Conferencia. Suplemento: SCLC/Estudios jurídicos y políticos, No. 4, julio-diciembre, UNACH, 3-5 (Consultado en el siguiente link:
http://www.cedem.unach.mx/pdf/09Salvador.pdf).

8 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5616/7317

9 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T

10 Fernández Ruiz, Jorge, Cisneros Farías, Germán y Otero Salas, Filiberto (Coordinadores). (2016). “El municipio, la ciudad y el urbanismo. En Régimen jurídico del urbanismo”. Memoria del Primer Congreso de Derecho Administrativo Mexicano (199). Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

11 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/hernandez_r_ja/capitulo4.pdf

12 http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/contenido/pdf/comisiones07-10.pdf

13 Valencia, Carmona Salvador. (2001). La Reforma de 1999 al Artículo 115 Constitucional. Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Número 4, 267.

14 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

15 Quintana, Carlos (2008). “Derecho municipal”. 9ª ed. México, Porrúa, 413 pp.

16 http://www.inafed.gob.mx/work/siha_2015/5/au_fin-mun_kikin.pdf

17 http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/21746/1/17-049-2002-0175.pdf

18 http://www.cedem.unach.mx/pdf/09Salvador.pdf

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Acosta Islas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Mesa Directiva del Senado de la República da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por el Senador Fernando Herrera Ávila.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Asimismo, el Senado de la República se congratula en recibir a un grupo de estudiantes del sexto grado de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, invitados por la Senadora Cristina Díaz Salazar.

¡Bienvenidos al Senado!






Corresponde el uso de la palabra a la Senadora Sylvia Martínez Elizondo, para presentar a nombre de diversas Senadoras y Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman distintos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de contenidos audiovisuales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre de los Senadores Sandra Luz García Guajardo, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Rosa Adriana Díaz Lizama, María del Rosario Guzmán Avilés, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez)

La Senadora Sylvia Martínez Elizondo: Con su venia, señor Presidente. Estimadas Senadoras, estimados Senadores:

Someto a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relacionados con dos temas: La autoridad investigadora adscrita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la supervisión de los contenidos audiovisuales.

Esta proporción está suscrita, además de la que habla, de un grupo plural de 17 Senadoras y Senadores de diversas fracciones parlamentarias, lo mismo que independientes, Sandra Luz García Guajardo, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Rosa Adriana Díaz Lizama, María del Rosario Guzmán Avilés, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez, Layda Sansores San Román y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, lo cual me da mucho aliento y seguridad para pensar que será aprobada en este periodo.

En fechas recientes hemos asistido a situaciones que dejan en entredicho la operación del órgano regulador, por lo que resulta necesario regresar a los orígenes de la regulación constitucional con el propósito de rescatar algunas de las finalidades que motivaron, a efecto de hacer prevalecer un marco de actuación institucional que le asegure al Ifetel la capacidad jurídica suficiente para ejercer las atribuciones constitucionalmente asignadas.

Cabe recordar que el 11 de junio del 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución aplicables a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, que generaron un cambio normativo, altamente significativo, en la regulación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información y, de igual manera, transformaron los parámetros regulatorios en materia de competencia económica en los sectores ya señalados, al introducir, por ejemplo, una nueva figura, la de preponderancia con la finalidad de establecer regulaciones específicas a los agentes económicos que tuvieran una concentración del mercado superior al 50 por ciento.

No obstante, la reforma legal consecuente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de ese año, disminuyó de manera sustancial los alcances normativos y algunos de los principios constitucionales, como es el caso de la necesaria fortaleza que debe de identificar la actuación de la autoridad investigadora adscrita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la facultad de dicho órgano regulador para promover el cumplimiento óptimo de los derechos de las audiencias. Aspectos normativos que constituyen el núcleo esencial de las reformas que plantea la presente iniciativa.

La reforma constitucional transformó la naturaleza jurídica del regulador que pasó de ser un simple órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a un organismo público de autonomía constitucional, al que se le otorgaron un conjunto de atribuciones para fortalecer su operación, en beneficio de las audiencias de radiodifusión y de los usuarios de telecomunicaciones.

A ese respecto, no debe pasar desapercibido que la reforma al texto constitucional, como lo establece en particular el artículo 28, tuvo por finalidad que pudiera asegurarse el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, es decir, que la razón de ser de la citada reforma, más allá de los alcances regulatorios en materia de competencia económica, se centraron en garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, en beneficio de las audiencias y los usuarios de contenidos audiovisuales de radiodifusión como de servicios de telecomunicaciones.

Es por ello que corresponde a esta Soberanía corregir el camino trazado en la legislatura secundaria, que permitió que el Ejecutivo Federal mantuviera cierta intervención en una atribución que corresponde originalmente al Ifetel, pues no corresponde a la Secretaría de Gobernación supervisar los contenidos audiovisuales que se transmiten a través de los servicios de radiodifusión.

No debemos olvidar que durante las discusiones y foros que ambas cámaras legislativas llevaron a cabo, previo a la aprobación de la reforma constitucional, la transformación de la naturaleza jurídica del órgano regulador no generó posición alguna, sino un amplio consenso social que fortaleció la idea de arrancar al Ejecutivo Federal la atribución de otorgar concesiones en materia de comunicaciones y radiodifusión, que habían sido por años una de las particularidades de un insano comportamiento del viejo régimen.

Fue por ello que se transformó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para otorgarle al nuevo regulador independencia funcional, un desempeño profesional e imparcialidad en sus decisiones, características que sólo podían lograrse al dotar al Ifetel de autonomía constitucional.

El paso importante en los derechos de las audiencias será que corrijamos el camino trazado en la legislación secundaria, que permitió que el Ejecutivo Federal mantenga cierta intervención en una atribución que corresponde originalmente al Instituto, pues no corresponde a la Secretaría de Gobernación supervisar los contenidos audiovisuales que se transmiten a través de los servicios de radiodifusión. Ahora se los estaremos otorgando al Ifetel, como fue, insisto, el espíritu de la reforma constitucional.

Requerimos y exigimos que el Ifetel autónomo, que pueda verificar el ejercicio de los concesionarios de la radio y la televisión para que los contenidos respeten los derechos humanos bajo principio de igualdad y no discriminación.

Además, y muy importante para los concesionarios, que respeten el interés superior de la niñez, el derecho a la protección de la salud y una alimentación nutritiva y de calidad, y sobre todo el derecho a tener información plural y oportuna.

Atentos a lo anterior, solicito a usted señor Presidente, que tratándose de temas vinculados a la radiodifusión, esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, porque es la instancia legislativa correspondiente para su dictaminación y, en su caso, a la Comisión de Estudios Legislativos, como habitualmente se realiza.

Compañeras y compañeros, esta es una lucha obligatoria, no de legisladores contra legisladores, ni siquiera de un grupo parlamentario contra otro grupo parlamentario, es una lucha de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres de México contra un sistema que degrada la vida pública, que empobrece y debilita a México, que está en la raíz de todos los males que pesan sobre la patria.

¿Qué armas para esta lucha? Las únicas irresistibles, las ideas, los valores del alma, ni tenemos otras, ni hay mejores.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Sylvia Martínez Elizondo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención prioritaria a zonas de desastre.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29, 30 Y 31 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa busca dotar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de facultades para que de manera extraordinaria pueda incluir temporalmente dentro de las zonas de atención prioritaria, a las zonas que sean declaradas como zonas de desastre y emergencia en caso de alguna contingencia derivada de una catástrofe natural.

La Ley General de Protección Civil establece como declaratoria de emergencia al acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación reconoce que un área geográfica determinada se encuentra ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio de manera inmediata a la población, cuya seguridad e integridad está en riesgo.

Por otra parte, define como declaratoria de desastre natural al acto mediante el cual se da la presencia de un agente natural perturbador severo en un espacio geográfico, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales.

Estas dos definiciones son la base bajo la cual se operan los recursos del Fondo de Desastres Naturales a efecto de mitigar entre la población los efectos y los daños de este tipo de fenómenos naturales.

El informe Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2016, presentado por la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, ha señalado que para cada año los desastres naturales llevan 24 millones de personas a la pobreza, siendo nuestro país en promedio el 1.5 por ciento de esta cifra, es decir, alrededor de 360 mil personas al año caen en pobreza a causa de esta situación.

Esta cifra puede crecer, si consideramos que el Atlas Nacional de Desastres tiene identificadas más de 700 mil zonas de riesgo en todo el país, lo que significa que hay familias en peligro permanente por fenómenos meteorológicos, deslaves o temblores, como los últimos acontecimientos que tuvimos hace unos meses.

En nuestro país tenemos un sistema de prevención basado en la coordinación de los tres niveles de gobierno para atender los desastres naturales, pero es necesario trabajar en materia de prevención y, sobre todo, en los posibles imprevistos que pueden darse y que pueden llevar a situación de vulnerabilidad a las personas por efectos de fenómenos naturales imprevistos como son los temblores.

Tal es el caso de los recientes sismos del 7 y del 19 de septiembre, donde las cifras oficiales reportan un poco más de 400 personas fallecidas, así como de 140 mil edificaciones dañadas y de la pérdida de casi 50 mil inmuebles, la mayoría viviendas.

La pobreza es un problema multidimensional que comprende varios aspectos, uno de ellos es la vivienda, en teoría el no contar con un lugar adecuado para habitar es una de las características que distingue a las personas en situación de pobreza, además de la falta de infraestructura social que también se ve fuertemente afectada ante un desastre natural.

Cada vez que ocurre un desastre en algún punto de nuestro país, lo primero que se ve y que se percibe es la problemática que se tiene para acceder y reestablecer los servicios básicos como el agua o la electricidad.

De acuerdo con la ONU, entre 2000 y 2005 el impacto de los desastres sobre el desarrollo humano era equivalente a una pérdida de progreso promedio de dos años y el efecto sobre la pobreza era equivalente al aumento de 1.5 a 3.7 por ciento.

Como vemos, los efectos de los desastres naturales erosionan el patrimonio de las familias llevándolos a la pobreza, además sabemos que las personas en situación de pobreza tienen capacidad limitada para acumular activos y, en consecuencia, para amortizar las pérdidas, daños o efectos ocasionados por un desastre.

Con esta propuesta, buscamos que se apoye de manera inmediata a la población al establecer que toda zona de desastre o emergencia forme parte de las llamadas Zonas de Atención Prioritaria.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, una Zona de Atención Prioritaria, es un área o región de carácter predominante rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

La determinación de estas áreas se lleva a cabo por determinación de criterios definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Con esta información, el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece que la Secretaría de Desarrollo Social determinará anualmente las Zonas de Atención Prioritarias, a efecto de focalizar las acciones más urgentes para la población con marcados rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Esta reforma se orienta también hacia la parte sustancial en donde el Ejecutivo Federal revisa anualmente las Zonas de Atención Prioritaria y que, para ello, lo haga de manera extraordinaria tomando como referente la declaratoria que hiciera la Secretaría de Gobernación.

Como vemos, es de clara utilidad e interés público la propuesta que se pone a consideración, dada la coyuntura que atraviesa nuestro país en la materia.

Debemos atender de manera inmediata a la población que se encuentra, en estos momentos, en situación de vulnerabilidad a causa de los desastres naturales, no podemos dejarlos a expectativa de los donativos, debemos asumir nuestra responsabilidad como estado garante de sus derechos sociales y más considerando que estos pueden estar siendo vulnerados por algún acontecimiento ajeno a su voluntad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Si me permitiera la Senadora Cuéllar suscribirme.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿Senadora Cuéllar?

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿En el mismo sentido, Senadora Beristain?

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Felicitarla, porque es una iniciativa importantísima por el tema de los apoyos para el campo, que son muy inequitativos, felicitar a Lorena y pedirle si me permite suscribirla junta con ella.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Senadora Cuéllar ha sido anuente. Servicios Parlamentarios sírvanse tomar nota de las manifestaciones de solicitud de adhesión a esta iniciativa.

Me permito informar a la Asamblea que la iniciativa de la Senadora Sylvia Martínez Elizondo, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia, da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste, Campus Saltillo, Coahuila, invitados por el Senador Tereso Medina Ramírez.

Asimismo, a los alumnos de la Facultad de Administración Fiscal de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón, invitados por la Senadora Hilda Flores Escalera.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en materia de manifestación de impacto regulatorio de instrumentos internacionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69-H DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

(Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Usted ya dio cuenta del tema que me trae a tribuna.

En efecto, compañeras y compañeros, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

La Ley sobre la Celebración de Tratados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, contempla en su artículo 1o., la existencia de dos tipos de compromisos internacionales: los Tratados Internacionales y los Acuerdos Interinstitucionales.

Los tratados internacionales, se definen como “todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular”. Esa es la definición de los tratados internacionales. En nuestro sistema jurídico, los tratados requieren la aprobación del Senado y estar de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertirse en Ley Suprema de toda la Unión.

Por su parte, los Acuerdos Interinstitucionales son definidos como aquellos “convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal, y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que deriven o no de un tratado previamente aprobado.

En teoría, la diferencia sustancial entre unos y otros radica, por un lado, en el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales, mismos que deben circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben y, por otro lado, en que a diferencia de los tratados, los Acuerdos Interinstitucionales no son sometidos a la consideración del Senado y, por ende, tampoco son publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, pese a que en la práctica, este tipo de acuerdos, al igual que los tratados, derivan en obligaciones y responsabilidades concretas para el Estado mexicano en su conjunto, en los términos de las más elementales disposiciones del derecho internacional vigente. Ahora bien, otra característica que comparten tanto los tratados como los Acuerdos Interinstitucionales es su influencia y repercusión en el marco normativo y administrativo del país.

Los tratados, después de ser aprobados por el Senado y ratificados por el Ejecutivo, se convierten en Ley Suprema de toda la Unión y las disposiciones de derecho internacional adquieren una jerarquía mayor a la legislación federal, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos.

Por su parte, los Acuerdos Interinstitucionales son una figura jurídica cada vez más utilizada por el gobierno federal, las entidades federativas y las dependencias y los organismos descentralizados de los distintos niveles de gobierno. Desde el año 1992 y hasta la fecha, escúchenlo ustedes, han sido suscritos más de mil 500 Acuerdos Interinstitucionales, a través de los cuales se han adquirido compromisos de las más diversas materias, entre otras, comerciales, financieras, educativas, tecnológicas, energéticas, de seguridad pública, de seguridad nacional, de derechos humanos, de medio ambiente y un largo etcétera.

Como consecuencia, hoy es posible afirmar que existen, por mucho, más Acuerdos Interinstitucionales que tratados vigentes para nuestro país. Por ello, el objeto de la presente iniciativa es obligar a que exista una manifestación de impacto regulatorio en materia internacional a la celebración de estos Acuerdos Interinstitucionales.

Esto significa que debe haber un estudio de los efectos de los compromisos internacionales suscritos por las dependencias del Ejecutivo a nivel federal, local y municipal, a efecto de no vulnerar la armonía que debe prevalecer entre el derecho interno y el derecho internacional; y garantizar que la entidad que busca adquirir un compromiso con un sujeto de derecho extranjero estará apegada a la legalidad y se encontrará en plenas condiciones para cumplir a cabalidad con su responsabilidad.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa, es insistir en la necesidad de modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para eliminar la disposición que establece que no se requerirá elaborar manifestación de impacto regulatorio en el caso de tratados, y agregar que dicha manifestación será obligatoria no sólo en el caso de tratados, sino también de manera previa a la suscripción de los denominados “acuerdos interinstitucionales”.

Lo anterior, no sólo contribuirá a garantizar el equilibrio y la congruencia entre el derecho interno y el derecho internacional, sino que también fortalecerá las facultades de control sobre la conducta externa de un número creciente de actores a nivel estatal y nacional.

Compañeras y compañeros, por todo lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la siguiente: iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Y quedaría de la manera siguiente:

Artículo 69-H.

En el caso de Tratados Internacionales o de Acuerdos Interinstitucionales que suscriban dependencias u organismos descentralizados de la administración pública federal, también se requerirá elaborar la manifestación de impacto regulatorio.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o., 72 Y 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

“La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata”, -Mahatma Gandhi-.

El tema del suicidio en nuestro país es un grave problema de salud pública que requiere profunda atención por el lamentable incremento de decesos producidos por esta causa.

La Organización Mundial de la Salud ha considerado que las enfermedades mentales producidas principalmente por la depresión, violencia, trastornos de la ingesta de alcohol, abuso de sustancias, así como aspectos emocionales como sensaciones de pérdida, son factores que pueden constituir en riesgos de suicidio y señala la propia Organización Mundial de la Salud que existen estrategias eficaces para prevenirlo.

El suicidio debe ser considerado como una cuestión de salud pública y de conformidad a lo que la propia Organización Mundial de la Salud señala, nuestro país debe conducir a través de la Secretaría de Salud, políticas de prevención y tratamiento adecuado, y además a través de los tres órdenes de gobierno en una clara y eficaz articulación para poder reducir las tasas de suicidio, que se han ido incrementando en diversos estados de la República Mexicana.

En mi estado, amigas y amigos Senadores, en Durango, sólo en lo que va de este año llevamos 122 suicidios, en donde existe un alto índice de estos producidos por menores de edad, siendo una niña de 9 años la víctima más pequeña que este año perdiera la vida por este hecho, esto ocurrió en febrero de este año, pero el viernes pasado, estando yo en Durango, nos enteramos de algo que conmocionó a la sociedad completa, verdaderamente generó una situación tan difícil, tan dolorosa, que los duranguenses estuvimos muy atentos. Una mamá, una señora, una mujer duerme a su niño, y pues se acerca, ella es de un municipio conurbado a Durango capital, pues le amarra una soga al cuello y, bueno, pues muere su hijo, y posteriormente ella también toma otra soga y se suicida. Realmente nos conmocionó en Durango.

Estos padecimientos pueden ser atendidos, y con un adecuado manejo y vigilancia médica, se pueden prevenir estos suicidios.

El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo cuyo rango de edad fluctúa entre 15 y 29 años y cerca de 800 mil personas fallecen por esta causa, de acuerdo con la información que nos brinda la Organización Mundial de la Salud en su portal electrónico.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Salud propone tres cosas muy básicas, pero trascendentales:

La primera es adicionar una fracción VI Bis en el artículo 3o.

También propone modificar el tercer párrafo del artículo 72, y propone, además, adicionar en el artículo 73 otra fracción VI bis.

En en concreto lo que propone esta iniciativa es adicionar como materia de salubridad la prevención, la detención, la orientación, y atención oportuna de trastornos y riesgos suicidas.

También que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial, prevención, detención y atención oportuna de trastornos y riesgos suicidas con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios.

Y también la promoción de programas de atención que consideren detención y prevención de riesgos suicidas.

He presentado ya otros puntos de Acuerdo, han presentado varios Senadores por sus estados, provocando, generando y exhortando a la Secretaría, a las entidades federativas y a los propios municipios, esta articulación de esfuerzos, esta suma de voluntades, pero creo que ya es momento de ir más allá, que sea la propia Ley General de Salud que considere estas modificaciones.

Hoy día no podemos seguir cada año incrementando los números de suicidios, en Durango estamos verdaderamente consternados, como nunca en la historia hemos tenido casos verdaderamente lamentables, y yo creo que también en otros estados, como en el mío, nos duele y lastima.

Cada vida, cada ser humano que se quita la vida, nos tiene que lastimar a todos y a todas, es una gran oportunidad, ojalá podamos pronto modificar esta ley.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senadora Yolanda de la Torre Valdez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 60 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de abuso de autoridad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

México es mundialmente conocido en sus películas por sus personajes de machos que enamoraban a sus mujeres que aún con esa imagen de macho mexicano la respetaban y consentían en todo momento, esa imagen es la que se ha reflejado en su arte y su cultura alrededor de la historia, pero esas bellas historias actualmente distan mucho de la realidad.

Las mujeres de nuestro país hemos sufrido la violencia a nuestro género en todas las formas posibles y a todas las escalas, esto, por el simple hecho de ser mujeres. Desde ser víctimas de agresiones físicas y sexuales en nuestros propios hogares y por nuestras parejas, hasta poner en riesgo la integridad y en muchas ocasiones causando la muerte, siendo discriminadas en todos los rangos de la sociedad y en lo profesional, generando un desbalance en las oportunidades aun cuando tengamos la capacidad y los medios para sobresalir como cualquier hombre.

Desafortunadamente, la crisis de violencia a nuestro género en México ha alcanzado niveles tan elevados que se ha llegado a declarar en varias ocasiones alertas de género, tal como fue lo acontecido en 1993 en Ciudad Juárez o en Veracruz, donde se presentaron casos de mujeres de todas las edades desaparecidas, torturadas y asesinadas, es así que en las últimas décadas se han desencadenado una serie de delitos de género, incrementándose en cantidad y en crueldad en todo el territorio nacional.

Por ello, ante la extrema necesidad de legislar sobre la crisis humanitaria en contra de las mujeres de este país, fue creada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento entrando en vigor en el año 2007. Dichos instrumentos normativos tienen como objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia y el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución.

Lo anterior se encuentra contenido en el artículo 1º de la mencionada ley; asimismo, se encuentran contenidos diferentes conceptos de violencia en contra de las mujeres como son en el ámbito laboral y docente, en la comunidad institucional y feminizada, a su vez, esta ley establece mecanismos de acción inmediata hacia cualquier manifestación de violencia en contra de las mujeres, que van desde órdenes de protección, hasta la declaratoria de alertas de violencia de género ordenando acciones concretas para detener la violencia presentada.

La presente ley, a través de su reglamento, obliga a la Federación por medio de la Secretaría de Gobernación a formular, conducir y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mismo que se encuentra dentro de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo, instruido por la actual administración federal, y que incluye, entre todas las políticas expuestas un catálogo de estrategias y/o líneas de acción de las instituciones participantes en la ejecución del plan denominado “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018”.

Ahora bien, teniendo una ley tan completa en conjunto con su reglamento de obligatoriedad general que ordena una coordinación institucional que pocas leyes prevén, con tantos mecanismos de defensa y de pronto accionar, ¿por qué no se ha detenido la creciente violencia a las mujeres?

Encontramos casos como el de un juez federal que no valor a la vulnerabilidad de una chica adolescente de 17 años de edad, que en un auto con cuatro sujetos fue atacada sexualmente, o el de una niña que su papá dejó en un transporte público para ir a la escuela y que fue violada y brutalmente asesinada, o también el de una chica que se desempeñaba como sobrecargo de una aerolínea, que fue víctima de acoso y de un intento de violación por parte de un capitán de la misma empresa y que la reacción de la empresa fue cubrir al agresor y poner en duda la salud mental de la chica, tachándola literalmente de loca o esquizofrénica.

¿De qué nos sirve contar con un cuerpo de leyes e instituciones si no actúan en nuestro favor?

El artículo 1o. constitucional en su reforma del 10 de junio de 2011, adicionó un par de párrafos que establecen los lineamientos para que el Sistema Jurídico Mexicano se rija por el principio pro persona, y para que todos los niveles de gobierno, sin excepción, cumplan con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por esta Carta Magna.

En este tenor, las autoridades deben responder y manejarse con base en la Constitución y la ley en comento, respetando y haciendo valer el referido principio pro persona, que obliga a buscar y preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona y en este caso ante cualquier indicio de violencia hacia la mujer, para así ponderar la perspectiva de género favoreciendo en todo momento los derechos humanos, la seguridad jurídica y física de las mujeres.

Por otra parte, en todos los cuerpos normativos enunciados y dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, no se contempla ningún mecanismo sancionador en contra de los servidores públicos que incumplan con lo establecido en la ley, el reglamento o el programa mencionado.

Como consecuencia de lo anterior, se propone que se reforme la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y así crear el artículo 60 bis, donde se obligue a los estados, la Ciudad de México y los municipios a endurecer las sanciones a los servidores públicos que por defecto o exceso en su actuar, o peor aún, su inactuación, se genere o incremente el agravio en contra de mujeres que manifiesten presencia o indicios de violencia en contra suya.

Se estima pertinente que los servidores públicos que caigan en los supuestos jurídicos que enuncia el artículo 60 bis, puedan ser susceptibles de sanciones penales, y de esta forma, robustecer la protección de los derechos fundamentales de las mujeres establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Imponer sanciones penales a los servidores públicos que en materia de violencia de género entorpezcan, no coadyuven o que simplemente no cumplan con el actuar que la ley les exija, contribuirá a que la impartición de justicia para las mujeres sea llevada a cabo de manera pronta y expedita contando en todo momento con el apoyo y colaboración de las instancias encargadas de combatir los actos de violencia de género y se proteja más a la mujer cuando sea víctima de un agravio o un delito.

Senadoras y Senadores, es importante que esta iniciativa se tramite y llegue al marco de la ley lo antes posible.

Como representante de la ciudadanía nos corresponde velar porque las leyes en nuestro país mantengan siempre garantes los derechos de los mexicanos, y más aún cuando se trata de violencia en contra de las mujeres.

Es de reconocer todos los esfuerzos que este Senado ha hecho por frenar y erradicar esta problemática, pero no será suficiente hasta que los agresores tengan su justo castigo. Las mujeres de México requieren ser protegidas con toda la fuerza de la ley.
Seamos parte de esta evolución jurídica y demos un paso adelante en la protección de los derechos de las víctimas de delitos por razón de género, es nuestra obligación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Rosario Guzmán Avilés.

Sonido en el escaño de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, sólo para felicitar a la proponente.

Creo que el tema de violencia de género es un tema que nos ha rebasado, no sólo a nivel nacional, ¿verdad?, en nuestros estados estamos padeciendo este tipo de violencia y creo que es el momento justo para la presentación de esta iniciativa.

Y preguntarle si me permite suscribirla.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Guzmán Avilés, ¿acepta la suscripción a su iniciativa de la Senadora Díaz Lizama?

La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: (Desde su escaño) Con gusto, señor Presidente.

Muchas gracias.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) En el mismo sentido, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Igualmente, la Senadora Luisa María Calderón. Servicios Parlamentarios sírvanse tomar nota de la solicitud de las Senadoras. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Corresponde el uso de la palabra, desde su escaño, a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 constitucional, en materia de seguridad jurídica para personal policiaco.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Le agradezco, señor Presidente.

En el 2008, se hicieron modificaciones al Apartado B del artículo 123 de la Constitución, y desde entonces se impide la reinstalación de policías, peritos o agentes del Ministerio Público.

Esto nos parece que es un trato discriminatorio e injusto y que es un asunto de trascendencia nacional, en virtud de que aborda actos de justicia y de equidad al proponer que los integrantes que demuestren su inocencia puedan acceder a la reinstalación, siempre y cuando no hayan recibido una sanción por delito doloso o grave.

El espíritu original del artículo 123 constitucional fue, precisamente, proteger los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, pero esta reforma que estableció la prohibición de la reinstalación o restitución de los miembros de instituciones policiacas, peritos y agentes del Ministerio Público bajo una leyenda que dice: “Sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio”.

Cualquiera que sea el resultado del juicio, medio de defensa que se hubiera promovido, contraviene los tratados internacionales de que México es Parte, y que en lugar de armonizar los derechos humanos de estos servidores públicos, los estigmatiza. Esto es una aberración, es una violación flagrante a sus derechos humanos que el Estado mexicano tiene la obligación y el deber de proteger y tutelar.

Además hemos visto que los despidos, tanto en procuradurías como en el sector de seguridad, nos tocó los tiempos de Genaro García Luna, donde como vendettas políticas eliminaba a quienes no estaban de acuerdo con él, y al despedirlos los dejaba en la indefensión, pagaban cárcel, salían totalmente absueltos, ya que los testigos que usaba eran falsos. Un Pitufo que tenía el poder de omnipresencia, y finalmente obtenían su libertad, pero no su reinstalación y mucho menos sus derechos adquiridos.

Entonces, nosotros creemos hoy, el reciente caso de Santiago Nieto, la procuraduría, pues el señor encargado de despacho determina, sin motivar, su remoción y los dejamos en la indefensión.

Creo que el Estado mexicano además invierte una importante cantidad de recursos para capacitarlos, y esto es muy significativo, considerar su reincorporación, no sólo por el derecho que tienen los propios servidores públicos, sino también en beneficio de la sociedad.

Gracias.

Iniciativa

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 del reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de la Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII, APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MEDIANTE EL CUAL SE IMPIDE LA REINSTALACIÓN DE POLICÍAS, PERITOS O AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, de conformidad con lo siguiente:

Planteamiento legal que pretende modificar el trato “discriminatorio e injusto” del que son objeto estos servidores públicos ya que “no es justo que el Artículo 21 Constitucional le encargue al Ministerio Público y a los policías una labor tan delicada como la investigación del delito y en la misma Constitución, el 123, Apartado B, Fracción XIII, se determine en no confiar en ellos, a diferencia de otros servidores públicos a quienes si es posible reinstalar en sus actividades.

En la actualidad si estos servidores públicos demuestran que fueron injustamente cesados o removidos, lo único que procede es la liquidación, comparado con otras constituciones del mundo, la Constitución de nuestro país tiene un trato discriminatorio hacia las y los operadores del sistema de justicia penal, por lo que esta iniciativa de reforma del artículo 123 de la Constitución es un asunto de trascendencia nacional, en virtud de que aborda un acto de justicia y equidad, al proponer que las y los integrantes que demuestren su inocencia puedan acceder a la reinstalación, siempre y cuando no hayan recibido una sanción por delito doloso o grave. 

El espíritu original del legislativo del Artículo 123 fue garantizar a las y los trabajadores el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos, pero la reforma al apartado B del 18 de junio del 2008, estableció la prohibición de reinstalación o restitución a los miembros de instituciones policiales, peritos y agentes del ministerio público bajo la leyenda “sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido”, en contravención a los Tratados Internacionales de que México es parte, ya que en lugar de armonizar los Derechos Humanos de éstos servidores públicos los estigmatiza, violando flagrantemente sus Derechos Humanos que el Estado Mexicano tiene el deber de proteger y tutelar

El Estado Mexicano invierte una importante cantidad de recursos públicos en su capital humano, por lo que es importante considerar la reincorporación, bajo las atenciones de la modificación propuesta, representa un beneficio y una oportunidad, no solo para las y los propios servidores públicos, sino para la Instituciones y la sociedad, basados en que el conocimiento y la capacitación en ellos invertidos son invaluables.

La presente propuesta de iniciativa de reforma al Artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto que policías, peritos y ministerios públicos cuenten con mayor certidumbre y mejores condiciones para desempeñar sus labores. 

Iniciativa

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

• El 8 de marzo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional por la que se reformaron y adicionaron diversos artículos a la Ley Suprema entre los que destaca el tercer párrafo a la fracción XIII del apartado B del artículo 123.

La adición en comentó consistió en:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a XXXI. ...

B. ...

I. a XII. ...

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

...

Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.

XIII. Bis y XIV. ...

• El 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre las que se efectuó la relativa a la fracción XIII del artículo123 y que consistió en:

Artículo 123. ...

...

Apartado A...

Apartado B...

I. a XII. ...

XIII. ...

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

...

...

Las reformas señaladas parten de una premisa común, existe desconfianza social e institucional en el actuar cotidiano de los cuerpos policiales, ministeriales y periciales para garantizar investigaciones de hechos delictivos apegados al principio de legalidad Constitucional, con estándares de efectividad que disminuyan los índices de impunidad en materia penal, que otorguen a las víctimas resoluciones sostenidas en verdades procesales y con ellas provean su acceso a la justicia y a la verdad.

Derivado de esta ausencia de credibilidad, las reformas Constitucionales apuntadas fueron una de las vías por las que el Estado mexicano en sus diversos órdenes de Gobierno y en distintos escenarios de espacio, tiempo y circunstancias buscaron reaccionar para revertir esta concepción social negativa respecto a la Seguridad Pública  y la procuración de justicia en nuestro país.

II. Planteamiento del problema

La situación social y política que dio origen a las reformas de la fracción XIII del Apartado B, del artículo 123 Constitucional tienen el mismo origen y podría decirse en cierto sentido que son complementarias, sin embargo, es importante hacer algunas precisiones en lo individual para que en el momento oportuno sea visible un problema de violación a derechos humanos oculto tras la aceptación generalizada de sanción a servidores públicos con una imagen desgastada y desprestigiada como infortunadamente han sido las policías, los agentes del ministerio público y los peritos en México.

• Reforma constitucional de 1999

Así pues, la reforma del año 1999 contenía como problemática que “... La sociedad mexicana ha constatado, sin embargo, la actuación de malos elementos de los cuerpos de seguridad pública quienes han propiciado la impunidad o han participado en la comisión de ilícitos. La credibilidad y la confianza en estas instituciones encargadas de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, se ha visto perjudicada y deteriorada en perjuicio de quienes cumplen con su deber y observan una conducta íntegra en el desempeño de sus funciones. No son pocos los casos en que elementos de los cuerpos de seguridad pública han ofrendado su vida en el cumplimiento de su deber...”

No obstante, su pretensión consistía en que “...los miembros de las instituciones de seguridad pública e instituciones policiales, de los municipios, entidades federativas y Gobierno Federal, puedan ser removidos libremente de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que en ningún caso proceda reinstalación o restitución de la plaza, cargo o comisión, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa utilizado para combatir el acto. En su caso, propone, sólo procedería la indemnización...”

Y por otra parte reconocía la ausencia de sistemas de carrera en lo relativo a la selección, ingreso, formación, capacitación, profesionalización, desarrollo, actualización, promoción, reconocimiento y separación de los servidores públicos por lo que apreciaba la necesidad de impulsar un servicio civil de carrera en todas las áreas del servicio público, a fin de instaurar o perfeccionar las ausencias referidas.

Una interpretación literal y armónica permite sostener como hecho que en 1999 se buscó:

1. La posibilidad de remoción de elementos policiales de todos los niveles, y por ello su utilizó la frase “podrán ser removidos”

2. La hipótesis normativa exigía para la posibilidad de la remoción, una valoración previa del asunto a partir del cual se resolviera que el elemento en cuestión, al momento de su remoción no cumplía con los requisitos de permanencia señalados en la ley aplicable.

3. Si el elemento de la institución policial interponía algún juicio o medio de defensa para suspender la remoción y ésta le era otorgada o bien ganaba el juicio o medio de defensa, no sería reinstalado o restituido sino únicamente indemnizado.

Ahora bien, como puede apreciarse, el texto reformado no contempló figuras como la suspensión temporal sino exclusivamente la remoción (lo que es en sí una sanción grave para el servidor público sobre todo si se considera que no sería reinstalado o reincorporado a su plaza, cargo o comisión) y esto es importante porque si bien va en consecuencia con la pretensión de expulsar de las instituciones policiales a los elementos que en su actuar pudiesen haber participado en la comisión de ilícitos, no existe la misma paridad con el texto aprobado en donde la remoción no era literalmente aplicable a la comisión de ilícitos como incorporaba la Iniciativa en sus consideraciones sino propiamente por no cumplir con requisitos de permanencia establecidos en la ley al momento de su remoción y que evidentemente podían traducirse en cuestiones del orden administrativo y no ilícitas pues estas conductas de presentarse, escaparían a la competencia de las leyes propias a la Institución policial para ser del conocimiento de las autoridades de procuración de justicia en materia penal, es decir, de una investigación delictiva.

Lo anterior pone de manifiesto que en su momento existió asimetría entre lo buscado por la reforma y lo establecido en el texto reformado de la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 Constitucional generando así un primer exceso en el establecimiento de la sanción a una conducta que debía contemplarse en el ámbito de lo administrativo, no así en la esfera de la investigación penal y debido a que la Constitución no puede ser inconstitucional luego entonces comenzó a aplicarse este criterio de remoción por cuestiones administrativas con la delicada consecuencia de remover de su encargo a quienes sin haber cometido conducta ilícita alguna o falta administrativa en el desempeño de sus labores sustanciales carecían de algún requisito administrativo y con ello se desvirtuó la finalidad objetiva de la reforma; peor aún, en ninguno de sus apartados se abordó la existencia de un procedimiento previo para determinar la ausencia de los requisitos de permanencia por lo que podía bastar, como de hecho ocurrió, con que el titular de la institución así lo considerara para proceder a la remoción del elemento policial, de esta forma y sin la posibilidad de reinstalación, cualquier juicio promovido aún ganado adolecería de un elemento fundamental, la reparación del daño por la afectación a la dignidad, imagen, honorabilidad y fama pública de quien fuese objeto de una arbitrariedad demostrada mediante el juicio o recurso correspondiente.

Con los argumentos esgrimidos ha quedado patente que la presunción de inocencia se volvió un régimen de excepción a los elementos policiales (cuando el artículo 20 Constitucional no hace distingo alguno) cambiando la obligación del Estado a desahogar procedimientos ajustados a la legalidad por la atribución de desarrollar uno de naturaleza inquisitiva en detrimento de la seguridad pública.

• Reforma Constitucional de 2008

En otro sentido, la reforma del año 2008 realizó las siguientes modificaciones a la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 Constitucional:

I. El párrafo en cuestión (tercero de la reforma de 1999) pasó a ser el segundo en el año 2008.

II. Incorporó como sujetos de remoción a los agentes del Ministerio Público y los peritos de la Federación, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los Estados y los Municipios.

III. Introdujo dos hipótesis, la primera consistente en separación del cargo por no cumplir con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o la remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

IV. Especificó que sólo la autoridad jurisdiccional podrá resolver si la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, este último concepto también fue incorporado para señalar el sentido de un posible error procesal o de investigación en la “acusación” del servidor público.

V. Aumentó la gravedad de la terminación del servicio pues en tanto la reforma de 1999 establecía que no podría ser reinstalado o restituido en la plaza, cargo o comisión (no así en otra dentro de la misma institución o servicio); en 2008 cambió a la imposibilidad del servidor público a ser reincorporado al servicio, es decir, no podría volver a ser incorporado en ningún espacio aunque fuese distinto al ocupado al momento de la suspensión o remoción y en algunos casos se extendió a ningún espacio en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, es decir, quedaría inhabilitado de por vida para trabajar en esas ámbitos.

Las consideraciones para las modificaciones aludidas fueron “...que aún y cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación, y lograra obtener una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedimiento que propicien la reposición del procedimiento como por una resolución de fondo, el Estado podrá no reinstalarlo. En cambio, en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización.

Se ha considerado importante incluir a los agentes del ministerio público y peritos en ésta previsión constitucional, en la medida que son elementos fundamentales en el proceso de procuración de justicia e investigación y se requiere mantener su desempeño en los principios de profesionalismo, la ética y eficiencia plena en sus ámbitos laborales.

La confiabilidad de los dictámenes periciales constituye un elemento trascendental para las resoluciones del órgano jurisdiccional en su ámbito de competencia, y en su caso, le permite a la autoridad ministerial perfeccionar la integración de las carpetas de investigación para una mejor persecución de delitos, en tanto que a la persona imputada le otorga mayores mecanismos de defensa ante una posible imputación infundada.

Como medida de combate a la corrupción en las instituciones policiales y de procuración de justicia, la reforma es contundente al señalar que elementos que han incurrido en incumplimiento o falta grave prevista en sus ordenamientos disciplinarios o laborales, no podrán ser restituidos en sus cargos por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requiere en el sistema de seguridad pública e impartición de justicia, que es pieza fundamental en el espíritu de la reforma.

Como podrá observarse, esta reforma propicia un sano equilibrio entre, por un lado, la necesidad de mantener un servicio de carrera, necesario para motivar al personal a tener una expectativa de profesionalización y crecimiento y, por el otro, el imperativo de contar con mecanismos eficientes de depuración de los elementos que se apartan de los principios de ética y ensucian y dañan a las instituciones...”

• Reforma Constitucional de 2011

El 10 de junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, entre otros, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificación conocida como “Reforma en materia de derechos humanos”.

Desde su entrada en vigor, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (bloque de Constitucionalidad).

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (control de convencionalidad). Comprometiéndose también el Estado mexicano a armonizar sus leyes a los tratados internacionales como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Dichos derechos están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en:

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Revisión constitucional

Es bien sabido que la norma Constitucional es la fuente dogmática por excelencia de todo sistema jurídico, en México esto no es la excepción, por ello es de enorme trascendencia que aquella contenga en todo momento las disposiciones jurídicas que la legitimen como Ley Suprema y por esta razón deben observarse dos criterios, el interno conforme al cual las disposiciones Constitucionales no pueden ser contradictorias entre sí y segundo, el exterior por medio del cual la norma originaria es acorde con las disposiciones a que está obligado el Estado mexicano como integrante de la comunidad internacional.

A partir de los antecedentes y el argumento contenido en el párrafo anterior, es posible afirmar que la estructura actual del segundo párrafo, de la fracción XIII del Apartado B, del artículo 123 Constitucional presenta la siguiente problemática:

1. Desconoce a los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios como sujetos del derecho humano al debido proceso en la separación del cargo y/o remoción del servicio pues aún y cuando en la vía jurisdiccional el servidor público resultase víctima de una terminación injustificada esta no puede ser revertida generando así que cualquier error procesal sea inmodificable y consentido por la misma Constitución como mecanismo de prejuzgamiento en contra del servidor público que se trate, con efectos de sentencia firme y por lo tanto hace inútil que este impugne jurisdiccionalmente ya que la indemnización que obtuviese como “reparación del daño” no cambiaría en absoluto la afectación a su imagen pública, dignidad y continuidad laboral que serían un perjuicio de imposible reparación con las consabidas repercusiones en el ámbito social de quienes son “marcados” como servidores públicos ineficientes o corruptos pese a que hayan demostrado errores procesales, arbitrariedades e incluso persecuciones políticas como motivación a su separación del cargo o terminación del servicio.

No pasa desapercibido que pudiera considerarse esta medida como parte de las leyes propias a las que están sujetos los servidores públicos en comento sin embargo, cuando la terminación del servicio es resuelta jurisdiccionalmente como injustificada, no solo se afecta el régimen laboral de estas personas sino, además, en su calidad de personas se violenta el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad que se reivindican parcialmente con la indemnización económica y principalmente con la reincorporación al servicio de quien fue injustamente separado de él, privándolo de su fuente de ingresos para cubrir las necesidades propias y de su familia y así dar cumplimiento al mandato Constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que en este apartado consisten en el debido proceso y el reconocimiento a la honra y dignidad humana.

Misma disposición constitucional viola el artículo 5 de nuestra Carta Magna que dispone:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. ( lo negrito es propio).

Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en:

Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Artículo 7

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

I) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

II) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Y de la Declaración Universal de Derechos Humanos en:

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. En relación estrecha con las violaciones a derechos humanos señaladas, también está la vulneración al principio de presunción de inocencia contemplada en el artículo 20 Constitucional, ya que la separación del cargo o la terminación del servicio así determinadas en el procedimiento administrativo correspondiente son prueba preconstituida de responsabilidad o “culpabilidad” pues si bien puede demostrarse en juicio o medio de impugnación que esas resoluciones son contrarias a la verdad procesal y en consecuencia ilegales o viciadas, por sus efectos son materialmente inmodificables y por lo tanto el tratamiento de “corrupto, inconfiable, ineficaz, ineficiente e incluso de delincuente” permanece como el antecede directo de la suspensión o terminación del servicio de los servidores públicos.

3. Si las reglas Constitucionales, convencionales y de protección a los derechos humanos establecen que en todos los procesos administrativos o jurisdiccionales debe observarse el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos en el bloque de constitucionalidad y que modifiquen tales resoluciones contrarias a la Ley para el respeto a la honra y el reconocimiento de la dignidad de quien se ve afectado por ellas; con cualquier disposición o norma jurídica, incluso Constitucional como lo es en este asunto, que establezca restricciones a estos derechos o los haga nugatorios se está incorporando un régimen de excepción similar al seguido en materia de delincuencia organizada pero en contra de Ministerios Públicos, peritos y policías, lo que es además discriminatorio porque corresponde al Estado obligación de desarrollar procesos administrativos o jurisdiccionales apegados al principio de legalidad por el que sus instituciones sean quienes demuestren con procedimientos ágiles, efectivos, transparentes y técnicos, la responsabilidad de un imputado y no que de ellos se consienta deliberadamente una sanción injustificada evitando que quien ha sido exculpado pueda reincorporarse al servicio activo como ocurre con otros servidores públicos no vinculados a la seguridad pública o procuración de justicia ante la obtención de una sentencia favorable respecto a la responsabilidad de se les imputa.

4. Irresponsabilidad de los servidores públicos que instruyen el procedimiento administrativo sancionador porque saben en forma anticipada que aun y cuando su determinación de suspensión del cargo o remoción del servicio sea resuelta por una autoridad jurisdiccional como injustificada, eso no modificará en forma alguna la sanción impuesta, dicho de forma coloquial, si ya saben que su resolución será inmodificable sin importar que hayan violentado los derechos del servidor público sancionado, luego entonces no hay ninguna razón por la que estén obligados a respetar tales principios procesales, todo esto propiciado por la redacción actual de la norma Constitucional. En consecuencia de lo anterior, también puede decirse que los encargados de desahogar el procedimiento administrativo sancionador deben ser sujetos de responsabilidad administrativa cuando la autoridad jurisdiccional determine que la causa de injustificación de la suspensión o remoción sea la inobservancia de los principios del debido proceso y/o presunción de inocencia y que hasta ahora permanecen en la impunidad.

5. Menoscabo patrimonial del Estado en un doble aspecto:

• Porque se invierten millones de pesos del presupuesto Federal y estatal en la preparación, capacitación y adiestramiento de Ministerios Públicos, peritos y policías que al ser removidos injustificadamente y sin la posibilidad de reincorporarse al servicio, los recursos que el Estado mexicano utilizó en ese servidor público no generan un beneficio para la sociedad y si por el contrario se transforma en una pérdida.

• Porque al pagar la indemnización señalada en la Constitución sin que existiere razón para suspender o remover al servidor público se transforma en una deuda indebida del Estado que es solventada con recursos de los contribuyentes.

En otro sentido debe decirse que los mecanismos de evaluación y control de confianza para Ministerios Públicos, peritos y policías han sido el foco de atención y de escrutinio social pero no debe perderse de vista que estos son generalmente requisitos de ingreso y/o permanencia en el servicio por lo que su no aprobación generan la suspensión del cargo de acuerdo al propio texto de del Apartado B fracción XIII del artículo 123 Constitucional pero existen muchas otras hipótesis que actualizan la segunda sanción contemplada por el artículo en cita, esto es, la remoción del servicio por responsabilidad administrativa y que no se desprende de “reprobar” las evaluaciones de control de confianza sino de una queja interpuesta por un particular o bien una denuncia realizada por el superior jerárquico del servidor público, estas causales sí están vinculadas con las funciones operativas de los servidores públicos por el inadecuado ejercicio de ellas o la ilegalidad en su actuar, ejemplo de ello son detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, desapego a los protocolos y/o manuales de operación, todas ellas y otras, justificantes de la remoción del servicio cuando han sido debidamente acreditadas, no obstante, debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan Ministerios Públicos, peritos y policías, es recurrente que las personas o los profesionistas del ejercicio jurídico establezcan como estrategia el iniciar este tipo de procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que intervienen en los casos concretos sin sustento probatorio alguno pero que sirven a mandos superiores para presionar o coaccionar Ministerios Públicos, peritos o policías bajo la amenaza de perder sus empleos o bien como herramienta de “limpieza” respecto de aquellos elementos que no le son afines a sus intereses.

Con los argumentos de hecho y jurídicos vertidos, ha quedado expuesto un problema Constitucional multifactorial, con antecedentes cimentados en la seguridad pública de los mexicanos y el ejercicio adecuado del servicio público en los ámbitos de procuración de justicia y policial; no obstante la respuesta jurídica aportada por el Legislador desde el año 1999 no dio los resultados esperados al no estar apegada a las normas protectoras de derechos fundamentales de acuerdo al bloque de constitucionalidad y le está costando a los contribuyentes enormes cantidades de dinero que pudieron ocuparse en la materialización de los objetivos estratégicos en materia de seguridad y justicia pero que fueron utilizados en pagar indemnizaciones derivadas de sanciones injustificadas y sin consecuencias para quienes instruyeron e instruyen y determinan tales resoluciones sin el mínimo de cuidado procesal, sin el menor cuidado a la observancia de los principios de legalidad, honradez, eficacia y eficiencia al que también están obligados y que por sujetar al Estado a pagos indebidos debieran ser sujetos de sanciones idénticas a las que imponen bajo las circunstancias expuestas.

En este escenario, se requiere que la actividad legislativa nuevamente intervenga a fin de mitigar los efectos negativos de la aplicación indiscriminada de una disposición Constitucional creada para beneficio de los habitantes del país y que se ha manifestado en irregularidades, abusos y arbitrariedades.

III. Propuesta legislativa

No debe pensarse que la desproporción de una sanción es negar la necesidad de la misma, antes bien, cuando un servidor público traiciona la confianza ciudadana y en consecuencia la de su país, debe someterse a las consecuencias jurídicas de su actuar indebido, abusivo, omisivo o ilícito y son las Instituciones del Estado y los mecanismos jurídicos preexistentes quienes determinen la responsabilidad de aquel así como la naturaleza y grado de la pena.

No obstante, la legalidad de aquella depende de un desarrollo procesal apegado a los principios y valores Constitucionales que legitiman el derecho de punir del Estado mexicano y que en los años recientes mediante el principio de progresividad y el bloque de constitucionalidad han transitado a un modelo más amplio de protección a los de derechos humanos de los que no puede excluirse a los servidores públicos inmersos en la procuración de justicia y seguridad pública quienes por el ejercicio de sus funciones pueden ser “héroes o villanos” pero que en su condición de humanos es indebido implementarles un esquema sancionador de excepción que tolere resoluciones injustificadas y alejadas de la nueva realidad jurídico procesal que se impulsa en nuestro país, de ahí que la necesidad de la pena y su imposición sean la consecuencia de una verdad procesal a su vez derivada de etapas o actos transparentes, respetuosos del ejercicio de defensa adecuada y de la imputación sólida y acreditada con medios probatorios que tras ser controvertidos resultaron en una sola pieza de convicción suficiente para justificar la separación del cargo o la remoción del servicio de cualquier servidor público en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno y que en caso contrario se permita al inocente seguir gozando de la seguridad, tranquilidad y estabilidad laboral cuya separación o remoción indebida pudo provenir de hechos, circunstancias o acusaciones reales pero no acreditadas con las reglas al efecto existentes y de eso, la responsabilidad debe ser asumida por quienes con displicencia, desconocimiento o complicidad desahogan procedimientos inadecuados que concluyen en resoluciones injustificadas; esto quiere decir que la presente Iniciativa no está en desacuerdo con la sanción e incluso con una de naturaleza ejemplar a quienes teniendo la obligación legal y Constitucional de proteger la integridad de las y los mexicanos, aprovechan su posición de garantes de la seguridad para obtener beneficios personales vinculando su trabajo con la actividad delincuencial, burlándose así de la confianza depositada en su integridad personal y de servidores públicos, en suma, traicionando al Estado mexicano, a sus instituciones y a su pueblo, pero tampoco se puede sostener que el principio de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y no discriminación son derechos fundamentales de excepción cuando se trata de sancionar Ministerios Públicos, peritos o policías.

Es prioritario para el Estado mexicano robustecer las capacidades institucionales de procuración de justicia y seguridad pública, no así de la aplicación de sanciones indiscriminadas y unilaterales de imposible modificación en sus efectos y que de continuar imponiéndose perjudicarían profundamente la materialización de los objetivos en estas materias y desperdiciarían los recursos invertidos en la profesionalización y capacitación de servidores públicos que estarían constantemente bajo la “amenaza” de perder sus empleos sin justificación alguna, es así que el texto actual del segundo párrafo, de la fracción XIII, del Apartado B, del artículo 123 Constitucional es incompatible con los avances alcanzados en la creación de un modelo de procuración de justicia y seguridad pública que disminuya los índices de delincuencia con base en el respeto a los derechos humanos, que responda a las exigencias del proceso penal acusatorio, que forme y profesionalice a los servidores públicos, que potencialice los recursos invertidos por el Gobierno de México en alcanzar esos objetivos y, que al mismo tiempo imponga sanciones proporcionales y con el rigor necesario para punir a quienes con su conducta demeriten la confianza de los mexicanos y traicionen los principios y valores Constitucionales que nos han jurado proteger.

Por otra parte, que le den a esos mismos servidores públicos la certeza jurídica de que sus derechos fundamentales no serán vulnerados y que ante la existencia de sanciones injustificadas en su contra, así resueltas por la autoridad competente, les permitan regresar al ejercicio pleno de sus atribuciones y funciones para el bienestar de los mexicanos y el único ordenamiento jurídico capaz de garantizar lo anterior, es la Constitución General de la República.

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, considero existe viabilidad material, jurídica y Constitucional en su contenido y, consecuentemente, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de

Decreto:

Único. Se reforma el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 123. (...)

(...)

A. (...)

B. (...)

I. a XII. (...)

XIII. (...)

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, y serán removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. La remoción y sus efectos subsistirán hasta en tanto la autoridad jurisdiccional resuelva el juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Si la remoción resultare injustificada, el Estado deberá proceder a la reincorporación al servicio y estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. En caso contrario, la remoción será permanente y surtirá sus efectos en los tres niveles de gobierno con independencia de aquel en que se haya determinado.

(...)

(...)

XIII. Bis a XV. (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de noviembre de 2017.

Sen. Layda Sansores San Román.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Honorable Asamblea, en otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura. Solicito a la Secretaría, respetuosamente, dé cuenta con ellos.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

Uno, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3o., 143, 145 Y 191 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)








Seis, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, que contienen los siguientes proyectos de Decreto por los que se aprueban:

El Acuerdo entre México y Jamaica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 18 de mayo de 2016.

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y JAMAICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 18 DE MAYO DE 2016

(Dictamen de primera lectura)








El Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre México y Brasil, hecho en la Ciudad de México, el 26 de mayo de 2015.

ACUERDO DE COOPERACIÓN Y DE FACILITACIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 26 DE MAYO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)








El Acuerdo entre México y Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto Sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 13 de marzo de 2015.

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 13 DE MARZO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)








El Acuerdo entre México y Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el 7 de mayo de 2015.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, HECHO EN CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO, EL 7 DE MAYO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)








El Acuerdo entre México y Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 29 de febrero de 2016.

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 29 DE FEBRERO DE 2016

(Dictamen de primera lectura)








Y el Acuerdo entre México y Bolivia sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 27 de noviembre de 2015.

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA SOBRE COOPERACIÓN, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Dictamen de primera lectura)








Y tenemos también un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Cultura, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre México y Colombia sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir el robo y/o hurto, la introducción, extracción y el tráfico ilícito de bienes culturales, firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 11 de diciembre de 2015.

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROHIBIR E IMPEDIR EL ROBO Y/O HURTO, LA INTRODUCCIÓN, LA EXTRACCIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE BIENES CULTURALES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Hace unos momentos se dio la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de concepto de figuras asociativas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3o., 143, 145 Y 191 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva y a todos los que están presentes.

Hago uso de esta tribuna para ratificar ante esta Soberanía, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, el dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., fracción XIX Bis, 143, 145 y 191, fracción III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de figuras asociativas, proveniente de la Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes consideraciones:

Primero, agradecer muy puntualmente a los integrantes de las comisiones en mención, y particularmente a sus presidentes, al Senador Fidel Demédicis, al Senador Miguel Romo, por las facilidades para que esta minuta transitara en un tiempo en las consideraciones del proceso legislativo y estar en condiciones de poderla trasladar a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen.

Las Comisiones Unidas que suscriben realizamos diversos trabajos a efecto de analizar el contenido de la minuta en mención, con el propósito de discutir y elaborar el presente dictamen que tiene como origen la iniciativa promovida por el Diputado Francisco Javier Santillán Oceguera.

A 100 años del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es importante destacar una de las grandes conquistas del Constituyente del 17, como es el artículo 27, destinado al ordenamiento social y territorial del campo mexicano y la tenencia de la tierra.

En ese orden de ideas, resulta fundamental establecer la coincidencia con el dictamen objeto de estudio, toda vez que fue en este artículo en el que se estableció hace 100 años a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar el bienestar a la población campesina y realizar acciones tendientes a elevar su calidad de vida.

84 años después, el 7 de diciembre de 2001, fue aprobada, después de una larga lucha, una de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional con la expedición de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable. A partir de entonces y 17 años después de este importante logro nos encontramos aquí impulsando a los pequeños productores del agro mexicano; por ello el evento y la acción parlamentaria es histórica, y el precedente debe quedar debidamente registrado.

En ese sentido, la iniciativa, hoy minuta, objeto sometida a consideración de todos nosotros, tiene el noble propósito de dar mayor certeza a los pequeños productores para la obtención de los apoyos gubernamentales que les permitan alcanzar un mayor bienestar para sus familias. Lo anterior se pretende lograr con la aplicación eficiente de dichos recursos beneficiando a un mayor número de productores y familias del sector social del campo mexicano.

Se busca, en esencia, a través del desarrollo reglamentario de las figuras asociativas, que se le reconozca a diversas organizaciones sociales de carácter nacional organizadas por producto o por rama de producción, para que las mismas cuenten con la fuerza de ley para defender y apoyar con eficacia a sus miembros en lo económico y en lo social, pero rindiendo cuentas sobre su quehacer y el manejo de los recursos a su cargo.

Al mismo tiempo, se busca combatir de forma puntual la baja productividad y competitividad que suele ser factor común de pérdida de oportunidades para los pequeños productores y sus organizaciones, a través de la rendición de cuentas y el fortalecimiento democrático de las mismas, es decir, con el propósito de que las mismas asuman su responsabilidad en la conducción y ejecución de las acciones para su desarrollo en beneficio de los pequeños productores, se busca ampliar el alcance de las figuras asociativas como vehículo para el fortalecimiento y defensa de sus propios intereses.

En razón de ello, estas Comisiones Unidas estimaron que las modificaciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que se plantean, son procedentes, fortalecerían las facultades del Estado para determinar a través de la normatividad correspondiente, los elementos sustantivos de constitución, autorización, registro, operación y fiscalización de las organizaciones de productores, éstas, genéricas y especializadas por productos o ramas de producción. Es decir, con las modificaciones puestas a su consideración se permitirá a los productores, a través de estas organizaciones apegadas a las disposiciones de la citada ley, hacerse cargo de las funciones de apoyo pleno, defensa y representación de sus agremiados, siendo así que con propósitos institucionales y sociales concurrentes y complementarios será factible eliminar la innecesaria, abultada y costosa burocratización.

En síntesis, compañeras y compañeros Senadores, se busca reducir la carga del Estado, facultado de manera ordenada, a las organizaciones sociales de productores, con especial énfasis en los pequeños productores de todo el país.
Es en esa base, a esas consideraciones, que someto en nombre de las comisiones en mención a esta Honorable Asamblea el presente proyecto de Decreto.

El Artículo Único.- Se reforman los artículos 143, primer párrafo y 145; se adiciona una fracción XIX Bis al artículo 3o. y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 3o.-…

XIX Bis. Figuras asociativas: los ejidos, comunidades y las organizaciones y asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, pequeñas unidades de producción y, en su caso, las ramas de producción que se constituyan o estén constituidas, de conformidad con las leyes vigentes y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 143. El gobierno federal, mediante mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación, y la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, debiendo las organizaciones que, en su caso, se integren conforme a lo anterior, ser representativas, transparentes y rendir cuentas, con el objeto de procurar la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los sectores de la población más débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de:

Artículo 145. Se reconocen como formas legales de organización económica y social, las reguladas por esta ley, por la Ley Agraria, por la Ley de Organizaciones Ganaderas y por la Ley de Asociaciones Agrícolas, así como las que se regulan en las leyes federales y de las entidades federativas vigentes, cualquiera que sea su materia.

Artículo 191. …

III…

Para efectos de lo anterior, en las Reglas de Operación de los programas de Sagarpa que integran el Programa Especial Concurrente, destinados a la producción de alimentos, se establecerán los apoyos que se asignarán para impulsar preferentemente a los pequeños productores, con el objeto de fomentar el equilibrio entre las regiones y la competitividad del sector.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esto, como lo expresé oportunamente, es un momento histórico, en el Centenario de la Constitución y de la creación de un artículo, el 27, que no sólo le da a la Nación la obligatoriedad de pensar por los que representa en el tema de la tierra y del agua nacional.

Por ello, este momento histórico es para las organizaciones sociales que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país.

Por ello, a los 21 compañeros Senadoras y Senadores de las tres comisiones que hemos aprobado este dictamen, nuestra gratitud y reconocimiento.

Y a ustedes, nuestro agradecimiento por la confianza en su voto.

Gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Humberto Cota Jiménez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, para presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, vengo a presentar este dictamen aprobado en conjunto con las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería, mediante el cual se avala la minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforman los artículos 3o., 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Como ustedes saben, el desarrollo rural sustentable tiene como propósito generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, a través de fomentar y apoyar a las organizaciones de productores y las actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por ello, el fortalecimiento de la economía de los pequeños productores rurales es, sin duda, una contribución al mejoramiento del bienestar y a la reducción de la pobreza de México.

No obstante, se da una problemática en los sectores rurales, ya que los pequeños productores sufren de desigualdad, derivada de una debilidad institucional en las organizaciones sociales a las que pertenecen, siendo éstas susceptibles a la corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas, generando así, que no se aprovechen de manera eficiente los recursos destinados para este rubro.

En ese contexto se presenta este proyecto de reforma, con la finalidad de dar certeza jurídica a las distintas organizaciones sociales, en específico las que integran a los pequeños productores y para que los apoyos emanados del Estado puedan llegar a este sector actualmente desprotegido.,

Así, en el presente dictamen planteamos una serie de modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de que el Estado como ente obligado de garantizar un bienestar para el sector campesino, marcando desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca las pautas y los mecanismos pertinentes para lograr una verdadera competitividad en los pequeños productores dentro del mercado.

Se comienza por definir de manera precisa lo que son las Figuras Asociativas al artículo 3o., de este ordenamiento ya referido, con el objeto de incluir y reconocer a distintas asociaciones, como lo son los ejidos comunales y las organizaciones y asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores, todos obviamente del medio rural, así como a las pequeñas unidades de producción, y en su caso las ramas de producción que se constituyan o estén constituidas, de conformidad a las leyes vigentes y las demás disposiciones aplicables.

Asimismo se hace la modificación para que en el artículo 143 se precise que las organizaciones de productores y demás agentes del sector rural deben ser representativas, transparentes y rendir cuentas, con lo cual se pretende que dichas organizaciones con la fuerza de la ley puedan defender y apoyar con eficacia a sus miembros en lo económico y en lo social, que rindan cuentas sobre su quehacer y el manejo de los recursos a su cargo.

Las anteriores modificaciones legales, sin duda, contribuirán a mejorar el sector social de nuestro campo productivo, al otorgar mayor certeza jurídica a los pequeños productores para la obtención de los apoyos gubernamentales, por lo que solicito a mis compañeras y compañeros legisladores, el voto a favor de esta propuesta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Romo Medina. Está a discusión.

Informo a esta Soberanía que para este efecto se han registrado los siguientes Senadores: La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para hablar a favor; el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro; la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; el Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, a favor; la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro; el Senador Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor el Senador Toledo se registra, para hablar a favor.

En virtud de que todos los oradores registrados lo han hecho para hablar a favor del dictamen, después de tres turnos consultaré a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido, como lo establece nuestro ordenamiento.

Si es en ese sentido, si la Asamblea es anuente para considerarlo suficientemente discutido, someteremos el dictamen a votación.

En uso de la voz la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente.

Vengo a hablar a favor de este dictamen que en verdad es significativo para los pequeños productores.

En nuestra Constitución Política, tenemos consagrado como un derecho humano el derecho a la alimentación y esto significa que todo mundo debería acceder a una alimentación nutricional, y paradójicamente el 70 por ciento de quienes producen nuestros alimentos están abajo de la línea de pobreza.

Por eso este dictamen es sumamente importante para proveerles de los instrumentos suficientes, no para llevarles la comida a su casa, no para ser asistencialistas con ellos, sino para que puedan arraigarse en su tierra, para que puedan producir lo suficiente y para que tengan ingresos dignos.

Hoy que estamos a poquitos años de cumplir la obligación de la meta de los objetivos de desarrollo sostenibles Número 2 Hambre Cero, y el hambre cero tiene que ver directamente con los pequeños productores que están ahí con su tierra, que tienen una parcela ejidal o que tienen un pedazo de la comunidad, si son comunidades indígenas y que se han ido quedando atrás, porque los ejidos y las comunidades no han sido hasta hoy sujetos de créditos y de posibilidad de desarrollo.

Así que es muy importante este dictamen, porque además no obliga a poner "albarda sobre aparejo", ya están organizados, ya conocen a sus autoridades, ya están organizados para otro tipo de decisiones. Ellos mismos tienen ya la costumbre de cuando cambian autoridades y de cuando se ayudan entre ellos para mejorar sus condiciones.

Sin embargo, cuando ellos intentan mejorar su producción, se encuentran en una relación absolutamente asimétrica.

Hay pequeños productores que tienen una pequeña parcela y que cuando quieren acceder a producir mejor no hay agua, porque el cupo de la cuenca está agotado. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, que alguien que tiene una concesión de agua en la ciudad de Morelia, que tiene un cupo, una cuenca, que es Morelia-Queréndaro, ya no hay cupo porque alguien lo tiene y lo está utilizando en los aguacates de Uruapan.

Está bien que los grandes productores tengan derecho al desarrollo, pero también tenemos que promover el desarrollo equilibrado, disminuir las simetrías y que hoy están organizados y hay que pensar en que puedan tener acceso a un cupo de agua, que haya más eficiencia de los grandes para que los pequeños puedan acceder, se encuentran con que no pueden llevar su producción a un centro de acopio.

Así es que hoy podrán acreditarse como una asociación y generar recursos para comprar una camioneta, para tener un centro de acopio pequeño, se encuentran con que no tienen un camino saca-cosechas y que no pueden sacar ni siquiera su producción y tienen que esperar a que un intermediario pase por ahí y les recoja la producción o lo que le dé la gana, o que cuando logran llegar a un mercado de abastos o a un centro grande, a una gran superficie, les mermen porque no es una producción uniforme, porque no está bonita, porque pues se les malluga, así es que esta es una grande oportunidad.

Nos quedan un montón de leyes que tenemos que hacer para que el acceso a la alimentación sea segura, cierta y que les dé un ingreso digno a los pequeños productores, tenemos por ahí la posibilidad de que el Estado les compre su producción, si están asociados, si pueden mejorarla, si pueden tener acceso al agua, pueda haber una logística de compra, de alimentos a los muy pequeños productores para la alimentación a la que está obligada el Estado, podemos hacer modificaciones para que haya quien compre la comida fea, que en los supermercados no rechacen los productos que hacen los pequeños productores.

En fin, me parece que este dictamen permite que los que ya están organizados se les acredite, se les ayude en esta asociación para que cada vez sea menos asimétrico el esfuerzo que tienen que hacer para que su producto sea comprado, para que tenga un mercado obligado, por ejemplo, podemos hacer que los productos frescos entren en la canasta básica y que ahí en lo local, el ayuntamiento pueda comprarles o las escuelas puedan tener acceso a esa producción y que los muy pequeños productores no sigan viviendo en la miseria.

Es absurdo que quien produce nuestros alimentos viva en la pobreza, así es que felicito este trabajo de las comisiones y, por supuesto que nos sumamos a este dictamen en este país que quiere cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible de Hambre Cero para el año 2030.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

Corresponde el uso de la tribuna al Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Una de las prioridades de la actual administración federal es precisamente la de impulsar que los pequeños productores se incorporen a la economía de manera competitiva, a través de diversos programas de apoyos y el otorgamiento de créditos.

Como ejemplo, podemos mencionar que de 2014 a junio de 2017, se otorgó financiamiento a más de 330 mil pequeños productores por un monto de poco más de 29 mil millones de pesos.

En concordancia con esta política que busca impulsar el desarrollo económico de los pequeños productores agrícolas y un desarrollo rural sustentable, el día de hoy se somete a nuestra consideración, este dictamen que abona, precisamente, al fortalecimiento del campo mexicano.

La importancia del presente dictamen radica principalmente en que se establecen las bases para otorgar certeza jurídica a los pequeños productores agrícolas en la conformación de asociaciones para la defensa y promoción de sus intereses.

Para ello, se definen en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable las Figuras Asociativas, con lo cual se reconocen las distintas formas en que los pequeños productores agrícolas podrán organizarse.

Uno de los grandes avances de las reformas propuestas en este Decreto, como muy bien lo señaló nuestro amigo el Senador Manuel Cota, es que se establece que cualquiera de estas Figuras Asociativas deben ser representativas, transparentes y rendir cuentas.

Con ello, se crean los mecanismos institucionales para inhibir los actos de corrupción en las organizaciones conformadas por los pequeños productores y que éstas respondan a los intereses de sus integrantes.

Otro de los grandes avances de las reformas propuestas es que se establecen con claridad los procedimientos mediante los cuales los pequeños productores podrán acceder a los apoyos del gobierno.

Compañeras y compañeros Senadores:

Desde esta tribuna hacemos un reconocimiento al respaldo y apoyo que el Presidente Enrique Peña Nieto ha dado al campo mexicano.

En el caso de Guerrero, mi estado, se estarán concretando en los próximo meses apoyos por más de 15 millones de pesos para apoyo a pequeños productores.

Con esto reafirmamos nuestro compromiso con los pequeños productores; con esto expresamos nuestra voluntad para seguir impulsando acciones que coadyuven al crecimiento y al desarrollo del campo.

Estamos ciertos que las modificaciones propuestas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable permitirán mejorar las condiciones de los pequeños productores y les posibilitará organizarse de tal manera que puedan incorporarse de manera competitiva al sector productivo.

En razón de estos argumentos, en mi grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen, porque con ello contribuiremos a otorgar certeza jurídica a los pequeños productores en la conformación de sus organizaciones.

Asimismo, garantizaremos que éstas respondan a los intereses de sus miembros y que rindan cuentas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Albarrán Mendoza.

Hace uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Muchas gracias.

Senadoras y Senadores:

Efectivamente, hoy es motivo de celebración, aquí el Presidente de la Comisión de Agricultura, de la cual formo parte, ha hecho una exposición muy sucinta de las participaciones y del interés de todos los integrantes de esta comisión, de festejar el que finalmente a 100 años se dé este momento histórico, que por fin los campesinos tengan la oportunidad que por 100 años han luchado contra la corrupción, contra la impunidad, contra la herramienta electoral; contra delegados que llegan a los estados que muchas veces no tienen el perfil de conocer el campo, y de saber a lo que van, simplemente son o amistades, o figuras decorativas, o gente del momento que tiene la oportunidad de ocupar estos cargos.

Con esta ley se pretende, también, no solamente dar mayor certeza a los pequeños productores para la obtención de los apoyos gubernamentales que les permitan alcanzar un mayor bienestar para sus familias.

Lo anterior también pretende lograr con una aplicación eficiente de los recursos beneficiando a un mayor número de productores y familias del sector social del campo, ellos durante años han luchado en contra de las reglas de operación que no les permiten incorporarse sustancialmente a los programas: primero, porque tienen una serie de requisitos; luego, porque los tiempos no les ajustan; también porque ahora en la tecnología electrónica la mayor parte de los campesinos minifundistas no tienen las posibilidades de estas herramientas para hacer sus solicitudes correctas en tiempo y forma.

Por eso es que con la fuerza de la ley defenderemos y apoyaremos la eficacia de sus miembros en lo económico y en lo social; también rindiendo cuentas sobre su quehacer, el manejo de los recursos, y yo diría que aquí nos faltó también, y la comercialización de los productos.

Al mismo tiempo, se busca combatir de forma puntual la baja productividad y competitividad que suelen ser un factor común de pérdida de oportunidades para los pequeños productores y sus organizaciones.

Si recordamos, el Presidente de la República decretó al inicio de su gestión, de este mandato, la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a la que esperamos que con esta ley los campesinos de la República Mexicana de verdad se puedan incorporar a esta ley; es decir, que las mismas organizaciones asuman su responsabilidad en la conducción y ejecución de las acciones para su propio desarrollo.

En el campo siempre se da la mayor democracia porque los comisariados ejidales son electos democráticamente, desde ahí parte la democracia en nuestro país; pero no, así a veces ya para llegar a otros niveles es cuando ellos están en completa indefensión.

Con esto creo que se fortalecerían las facultades del Estado para determinar, a través de la normatividad correspondiente, los elementos sustantivos de constitución, autorización, registro, operación y fiscalización de las organizaciones de productores para que las oportunidades de verdad no se presten ya a más manipulación.

Es decir, con las modificaciones puestas a su consideración, permitiría a los productores, a través de estas organizaciones apegadas a las disposiciones de esta ley, hacerse cargo de las funciones de apoyo pleno, de defensa y representación de sus agremiados, siendo así que con propósitos institucionales y sociales, concurrentes y complementarios hagan factible eliminar la innecesaria, abultada y costosa burocratización, desregular la normatividad para la integración de sus proyectos.

En síntesis, compañeros legisladores, se busca reducir la carga al Estado, facultado de manera ordenada a las organizaciones sociales de productores con especial énfasis en los pequeños productores de todo el estado.

Creo que el gobierno federal, mediante mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la organización económica y social de los productores y los demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, debiendo las organizaciones, que en su caso se integren con forme a lo anterior, ser representativas, transparentes, rendir cuentas con el objetivo de procurar la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo, para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes de desarrollo rural sustentable.

Para efecto de lo anterior, en las reglas de operación de los programas de Sagarpa que integran el Programa Especial Concurrente, destinados a la producción de alimento, se establecerán los apoyos que se asignarán para impulsar preferentemente a los pequeños productores con el objeto de fomentar el equilibrio entre las regiones y la competitividad del sector y ahora sí podremos decir con orgullo que no tenemos miedo a que no tengamos Tratado de Libre Comercio porque los campesinos de nuestro país podrán ser competitivos para buscar otros mercados en el exterior, y no solamente depender de aquellos que nos han subyugado durante toda la vida.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Martha Palafox.

Esta Mesa Directiva expresa la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de Derecho y de Relaciones Internacionales, de la Universidad del Valle de México de la ciudad de San Luis Potosí, invitados por la Senadora Sonia Mendoza Díaz.
De la misma manera, nos congratulados en el Senado de la República por la presencia de un grupo de estudiantes del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, invitados por la Senadora Hilda Flores Escalera.

Asimismo, a un grupo de ciudadanos del estado de Baja California, invitados por la Senadora Adriana Dávila Fernández.

¡Todos ustedes sean bienvenidos al Senado de la República!

Honorable Asamblea: Al inicio de la discusión se informó de los oradores inscritos en la discusión de este dictamen, todos ellos para hablar en pro del proyecto.

Una vez que se ha cumplido el supuesto previsto en la fracción VIII del artículo 199 del Reglamento del Senado, me voy a permitir consultar a la Asamblea, si se autoriza que continúe la lista de oradores hasta agotar a todos los inscritos o considera la Asamblea que está suficientemente discutido.

Solicito a la Secretaría haga la consulta en votación económica.

La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que continúen las intervenciones de todos los inscritos para hablar sobre este dictamen. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza continuar con la discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, señor Presidente.

Aprecio y agradezco a mis compañeras y compañeros Senadores que hayamos votado a favor de que continúen los oradores.

Porque pienso y creo firmemente que esta reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable viene a fortalecer a los campesinos mexicanos, pequeños productores; aquellos que se dedican a las labores del café, cafetaleros que son los pobres de los pobres, más olvidados de este país; a los maiceros, que en su inmensa mayoría de mexicanos, sobre todo del altiplano, Jalisco y Sinaloa que tienen una cosecha récord de 5 millones de toneladas de maíz blanco que consumimos.

Pero, el altiplano es la zona más pobre de los pobres, y en las zonas donde habitan mis hermanos los indígenas, que a veces ni les alcanza para su autoconsumo humano.

Para los frijoleros, así como a los arroceros, los horgueros, los trigueros o los productores de hortaliza o en las zonas como en la mía, de mi amado Nayarit, donde los mangueros o los piñeros estamos organizados para exportar sandía o arroz o estamos organizados para exportar yaca, y no podemos por el solo hecho de que nos falta el paquete tecnológico, primero para producir y después para darle el valor agregado, tener la infraestructura y poder ser competitivo en el mercado nacional y en el mercado internacional y poder tener derecho a tener una mejor modo de vida como lo hacen la mayoría de los mexicanos.

Queridos compañeros y compañeras Senadores; Honorable Asamblea:

Estas reformas que hoy vienen a esta alta tribuna de la patria para reformar el artículo 143, primer párrafo y 145, que se adiciona una fracción al artículo 3o., y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, significa perder que los apoyos del gobierno federal a las organizaciones se sujeten a que éstas cumplan con las disposiciones reglamentarias que dice la Sagarpa, precisar que los apoyos se otorguen a las organizaciones de productores o productos o por ramas de producción, que se constituyen y operen con apego a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable bajo las convocatorias de autorización, registro, regularización y expedición de reglas de operación de Sagarpa.

En el programa especial concurrente, que hoy, en estos momentos se discute en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, nosotros queremos que vaya ahí, incluido este gran presupuesto, que venga a beneficiar, como dice el BRICS, Figuras Asociativas.

A los ejidos y a las comunidades, a las organizaciones y asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal, comunitario de productores del medio rural.

Pequeñas unidades de producción, y en su caso las ramas de producción, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes en un ARID, en una asociación, en una cooperativa o en su caso en una SPR para que los productores mexicanos puedan tener el recurso necesario y poder organizar y producir más y de mayor calidad, y desde luego, que resuelvan su carestía de vida que tanto requieren.

Para los 32 mil ejidos y comunidades, para nosotros los productores mexicanos que somos 25 millones entre hombres y mujeres ejidatarios, comuneros y productores o pequeños propietarios o posesionarios que nos dirigimos y nos dedicamos a producir la tierra, esta gran reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es un gran avance, porque permite, que a estos ejidos y comunidades desde lo más recóndito donde habitan nuestros hermanos indígenas, hasta lo más central en donde están organizadas asociaciones o ramas de producción, habrán de tener un recurso que les permita ante el Tratado de Libre Comercio o ante cualquier convenio o tratado que México tenga con nuestros hermanos países, no sólo ser autosuficientes alimentariamente y autónomamente el pueblo mexicano.

Sino ser competitivos y poder estar en condiciones de mejorar la calidad y la productividad y la competitividad en el mercado internacional, que permita a las y los productores mexicanos resolver su condición de vida económica y social.

Por eso, bienvenidos, estamos muy contentos los productores mexicanos con esta reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable porque nos capitaliza, nos inyecta ánimos, somos miles de productores en el territorio nacional que aquí con esta reforma nos permite ser competitivos y poder accesar a los recursos, que la justicia social llegue a los productores mexicanos.
Esto es lo que ocupábamos, que nos dejaran organizarnos, que nos permitieran producir y que nos dieran centavos, no importa que sean transparentes, eso queremos.

Queremos dinero, queremos organizarnos, queremos producir, y queremos que nos transparenten los recursos para que sea honesto, para que sepan que los campesinos ejercemos cada tres años nuestra democracia eligiendo a nuestros órganos de representación, y que también estamos acostumbrados a que nos auditen para que la transparencia se dé desde el ejido mismo, y hasta el nivel superior, de aquí en adelante todas y todos funcionarios hagan lo propio, para que este país avance.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Domínguez Arvizu.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos de China, invitados por el Senador Tereso Medina Ramírez. El Senado de la República expresa su beneplácito por su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Honorable Asamblea, corresponde el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

Sin duda, el dictamen en discusión es un buen esfuerzo, y es una buena iniciativa, tratándose del campo, el que ha sido abandonado las últimas décadas y en la que se ha generado una terrible desigualdad.

Por un lado, se ha logrado ser competitivo en algunos sistemas-productos. Hoy da cuenta de ello la propia discusión que se mantiene en el Tratado de Libre Comercio, motivo para celebrar esta iniciativa.

Sin embargo, me parece que habrá de acompañarle a este nuevo marco regulatorio que el día de hoy se aprobará de voluntad política, para que no quede sólo en letra muerta, como muchas otras buenas voluntades.

Por eso celebro y felicito a los compañeros Senadores por esta iniciativa. En verdad, necesaria para poder equilibrar, para poder incorporar, para poder ayudar a los sectores marginados y a los pequeños productores de nuestro país.

El Estado tiene la obligación de garantizar que nuestro campo sea competitivo, que dé bienestar a las personas que habitan en las zonas rurales de nuestro país, elevar su calidad de vida, realizar acciones para disminuir la desigualdad y marginación en la que viven los productores.

A partir de la participación ciudadana y la consolidación del derecho a la libre asociación, se puede democratizar los procesos de toma de decisión, empoderando al productor y encaminarlo en nuestra legislación para fortalecer la transparencia y consolidar la cultura de rendición de cuentas.

No tengo duda que la reforma realizada a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vendrá a fortalecer las acciones de autorización, registro, operación, fiscalización de las organizaciones de productores, genéricas, y ahora de las especializadas por producto o rama de producción.

Se está dando un paso importante en la defensa y en la representación de los pequeños productores, eliminando grandes burocracias que se hacen innecesarias y sólo fomentan la poca representatividad, nula transparencia y no abonan a la competitividad del campo mexicano a nivel internacional. Por eso hay que celebrar esta iniciativa.

Dentro de este mismo análisis se observa una fragilidad institucional de las organizaciones agrícolas, las cuales yacen susceptibles a la corrupción y opacidad.

Recordemos que la política pública debe recaer en particulares y responder a problemas concretos en tiempos específicos, siendo esta reforma un claro ejemplo de una respuesta oportuna, concreta y significativa para los pequeños productores.

Coincido con lo expuesto por las comisiones dictaminadoras en señalar los principios elementales de esta reforma:

En primer lugar, se logra la representatividad con transparencia y obligación para rendir cuentas.

Segundo, el principio de generalidad al incorporar el término de Figuras Asociativas en el sentido de que aplicará a cualquier ejido, comunidad, organización o asociación de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural.

Los núcleos de productores agrícolas, históricamente, han vivido marginados debido a las deplorables condiciones de pobreza y desigualdad social.

En algunas ocasiones, estos factores incentivan abusos por parte de los dirigentes de las organizaciones sociales a las que pertenecen, y con ello se agrava aún más la situación de vulnerabilidad.

Las modificaciones planteadas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, además de ofrecer certeza jurídica a los pequeños productores, son congruentes y acordes al contexto, toda vez que en un marco de consolidación de la transparencia y de la rendición de cuentas puede significar un paso hacia la erradicación de la corrupción generada en el sector, la que ha dañado, tanto en su productividad como en su competitividad.

Asimismo, es una realidad que los recursos destinados al apoyo de productores del medio rural, por su importancia, deben de ser gestionados con total transparencia, pues su correcta aplicación se verá reflejada en una mejor calidad de vida y oportunidad para las familias que dependen directamente del campo.

El Estado en general tiene una enorme deuda con los pequeños productores del país. El apoyo no debe limitarse únicamente al ámbito económico, puesto que la correcta aplicación de los recursos debe impulsar efectivamente, un equilibrio armónico en aras de elevar la productividad del campo, pero sobre todo de mejorar las condiciones de vida de todos aquellos que entregan su vida al desarrollo de dicho sector.

Por lo anteriormente expuesto, mi voto es a favor del presente dictamen, toda vez que este Poder Legislativo también debe hacer lo propio para otorgar certeza, esta certeza que tanto necesitan los pequeños productores del país.

No está demás hacer hincapié en que el campo es y seguirá siendo una de las actividades económicas más importantes para nuestro país.

Aún queda mucho por hacer. Los esfuerzos deben provenir de cada una de las autoridades de la materia para lograr un verdadero crecimiento sostenible, que beneficie a todos por igual.

Felicidades a los integrantes de las comisiones dictaminadoras, es una buena iniciativa y ojalá sea la puerta para buscar este equilibrio y beneficio común en este sector tan lastimado, el del campo mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila.

Corresponde el uso de la voz al Senador Jorge Toledo Luis, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Toledo Luis: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeros Senadores:

Por supuesto para sumarme a este importante dictamen, reconocer la labor de las comisiones dictaminadoras, y se ha dicho mucho de la valía de este dictamen.

Yo quiero solamente agregar que en muchas ocasiones lo que trastoca el no tener un orden, no tener transparencia, no democratizar esos esquemas, es a los pueblos indígenas, y desde esa perspectiva quisiera plantearlo.

Quienes se dedican a esta labores de pequeños productores rurales son la comunidades indígenas de nuestro país, y este dictamen, esta ley les va a dar la posibilidad de poder acceder con transparencia, poder acceder con responsabilidad a los recursos. Los pueblos indígenas son pueblos, son personas que lo que más hacen, lo que más realizan es trabajar y trabajar con honestidad y con transparencia, y le va a dar mucho orden a lo que a veces en mi estado sucede, en muchas ocasiones gente sin rostro, gente que no da la cara o a veces incluso organizaciones que solamente usan a los pueblos indígenas, que solamente movilizan bajo engaños a los pueblos indígenas, son quienes son beneficiarios.

La ruta de la transparencia que este dictamen marca me parece que es muy importante y la ruta de la democratización de los dirigentes me parece fundamental, porque entonces ya no se va a dar un caso, ya no se van a dar los casos en que de repente alguien se le ocurre solamente realiza movimientos al aire.

Me parece fundamental que podamos votar y podamos apoyar este dictamen, repito, reconozco a quienes trabajaron en este proceso, sé que en México estamos aspirando a tener mejores condiciones y más empleo, ee repente los esquemas que estamos planteando para poder impulsar el Tratado de Libre Comercio, los tratados internacionales son fundamentales pero a veces olvidamos voltear a los pequeños productores, de darle orden, darle ruta, darle certeza jurídica y nos quedamos en pensar en cómo desarrollamos más sin darle, insisto, la fortaleza que necesitan nuestros productores, y esta reforma, sin duda, se lo da en diferentes ámbitos.

Por consiguiente, por supuesto que respaldaré este dictamen y estoy seguro de que será un respaldo unánime porque estamos convencidos de que el trabajo que realizaron las comisiones es fundamental.

Por consiguiente, les agradezco mucho todo el trabajo que han hecho por los pequeños productores, pero los pueblos indígenas de Oaxaca también.

Gracias.

Intervención



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Jorge Toledo Luis.

Cierra la lista de oradores el Senador Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar también en pro del dictamen.

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor Presidente.

Quisiera, en primer lugar, reconocer el trabajo de los compañeros y compañeras Diputados de la Colegisladora que han impulsado esta importante iniciativa y sumarme, al igual que lo han hecho todos mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, a las virtudes de esta reforma que es de enorme trascendencia para la vida institucional y, por supuesto, para el fortalecimiento de los pequeños productores del país.

Esta es una lucha, que se venía dando desde hace mucho tiempo en cada ciclo agrícola y veíamos cómo los pequeños productores tenían que andar regateando, tenían que andar buscando cómo comercializar sus productos, cómo buscar consolidar las cadenas productivas y cómo darles un valor agregado a los productos del sector primario, por eso coincido plenamente con el Senador Monreal, cuando dice que ahora se requiere de voluntad política para apoyar a los pequeños productores del país.

No solamente se requiere voluntad política, hoy, también, de aprobarse esta iniciativa hay un mandato de ley que obliga al Estado a salvaguardar los intereses de los pequeños productores, y por eso nuestro más amplio reconocimiento a todos las legisladoras y legisladores que han coincido con esta iniciativa.

Una de las directrices más importantes de las actuaciones del Estado mexicano, es la protección de los derechos sociales, en especial el énfasis en lo relativo a los grupos poblaciones considerados como vulnerables, entre ellos los campesinos mexicanos.

En este tenor, anticipo que en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., fracción XIX Bis, 143, 145 y 191, fracción III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cambios que emanan de una deuda histórica que tenemos con el campo mexicano.

La reforma, como ya lo han comentado mis compañeras y compañeros, busca brindar certeza a los pequeños productores, facilitar el acceso a apoyos económicos gubernamentales a través de mecanismos transparentes y facilitar la comprensión y aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Se incorpora el concepto de Figuras Asociativas a fin de que el mismo sea aplicado en toda la ley, quedando claro que comprende a los ejidos, comunidades y las organizaciones, así como asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario y demás aplicables.

Con las modificaciones referidas, los pequeños productores y sus familias podrán aplicar de mejor manera los beneficios gubernamentales que reciben, lo que se traduce en mayor bienestar de miles de familias del sector social del campo de nuestro país.

Al incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la entrega de apoyos gubernamentales, damos un paso importante en la generación de mejores empleos y mayor participación de los productores de México en el desarrollo nacional.

De esta manera, se fortaleza a las organizaciones de productores y las actividades agropecuarias y forestales, con lo cual se podrá hacer uso óptimo de la tierra mediante obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

El objetivo es claro, terminar con las marcadas brechas de desigualdad y marginación que vulnera a los pequeños productores agrícolas, lo anterior con organizaciones nacionales, representativas, democráticas, transparentes, que rindan cuentas del manejo de recursos públicos, no podemos permitir que los pequeños productores queden al margen de los buenos resultados que hemos logrado en los últimos años.

Hoy, como todos lo sabemos, el sector primario del país crece al doble de la economía nacional, baste señalar que en el primer semestre de 2017 las actividades primarias crecieron 6.5 por ciento anual, con lo que se alcanzan tres trimestres consecutivos con alzas mayores al 6 por ciento.

Compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del PRI está convencido que el campo mexicano es uno de los pilares en el que se sustenta la fortaleza y el progreso de nuestro país. Por eso es indispensable que desde el Senado de la República actualicemos nuestra legislación para continuar con el desarrollo del sector primario.

La trascendencia de los pequeños productores para el desarrollo y fortalecimiento del campo mexicano es incuestionable, por ello es de gran importancia que cuenten con un marco normativo que les brinde certeza jurídica para acceder a los apoyos gubernamentales.

Es de igual importancia que las Figuras Asociativas para la defensa de sus intereses sean representativas y rindan cuentas, las Figuras Asociativas juegan un papel relevante, generan mayor valor agregado, tienden acceso a mejores precios en la compra de insumos, facilitan el acceso al crédito y, por supuesto, que consolidan las compras, válgame la expresión, consolidadas para reposicionarlas en el mercado nacional e internacional.

Por ello, reitero nuestro voto a favor del presente dictamen, porque con ello contribuiremos a que los pequeños productores puedan organizarse y acceder a apoyos gubernamentales que se traduzcan en mejores condiciones para sus familias, que demos un paso importantísimo a la planeación de los ciclos agrícolas, y sobre todo que esto nos de mayores dividendos a los pequeños productores y a todas sus familias.

Creo que ésta es la oportunidad histórica de fortalecer al sector primario para que no solamente crezca al 6 por ciento, sino que se redimensione como un sector mucho más importante en la contribución del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Gerardo Sánchez García.

Sonido en el escaño del Senador Ismael Hernández.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me permite un breve comentario en torno a esta minuta que hoy estamos discutiendo y que habremos de aprobar, por favor.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Desde su escaño, tiene el uso de la palabra, suplicándole hacerlo de manera breve.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Deseo comentar que la aprobación a estas modificaciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sin duda que vienen a darle a la Confederación Nacional Campesina, a todos los ejidatarios y comuneros un gran mensaje y un gran aliento, porque estamos creando políticas públicas que le van a permitir, sin duda, amigas y amigos Senadores, una gran respuesta para que los ejidos y las comunidades con una visión económica y con un impacto social, pero sobre todo organizándose para que sus productos tengan, y ellos se adueñen de la cadena de valor de todos sus productos y que efectivamente ya con esta nueva modificación y esta nueva ley habremos de tener que en cada Figura Asociativa económica, va a ser una respuesta del Estado mexicano para con los campesinos del sector social.

Qué bueno que hoy ellos habrán de poder tener en esta Figura Asociativa que habrá de irse trasladando, porque deberemos de saberlo los mexicanos.

En este sexenio la balanza comercial agropecuaria es positiva por primera ocasión en la historia de México, pero lo estamos haciendo, sobre todo, mucho con el sector privado del campo.

Pues ahora, esta respuesta de estas Figuras Asociativas, le van a permitir a ejidatarios y a comuneros, convertirse en medianos y pequeños empresarios para que ellos vayan directo a la exportación, a los anaqueles, a la mesa de los hogares de México y que no sean los intermediarios los que se queden con las grandes utilidades de la producción del campo.

Enhorabuena amigas y amigos Senadoras y Senadores, ésta es una respuesta que el campo y el sector social, en el caso de la CNC reconocemos, la voluntad política de todos los partidos y sobre todo también el reconocimiento al apoyo en el presupuesto federal que ha determinado el Presidente Enrique Peña Nieto en favor también de todos los sectores del campo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Ismael Hernández Deras.

Sonido en el escaño de la Senadora Rosario Guzmán, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: (Desde su escaño) Para comentar, como parte de la comisión, sobre el dictamen también, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se le concede el uso de la voz, desde su escaño, atendiendo también a la súplica de ser sintética y breve.

La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: (Desde su escaño) Comentar que la modificación a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en estos artículos, los artículos 3o., 143, 145 y 191 relativos a las Figuras Asociativas que serán representadas en esta ley, resulta fundamental para dar sustento a la participación de las mismas en las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para así tener mayor participación en el uso de los recursos federales.

Fomentar la transparencia en el uso de los recursos y favorecer en especial a los pequeños productores de nuestro país.

Los pequeños productores agrícolas, pecuarios y pesqueros son los más necesitados e históricamente han sido olvidados, con reglas de operación rigurosas, burocráticas en su cumplimiento y en ocasiones excluyentes con las pequeñas asociaciones, o que no estaban en la ley particular, de la cual se desprendía el instrumento normativo para el fomento al desarrollo rural.

Pero con esta modificación se podrán incluir a todas las organizaciones rurales por rama de producción, fomentando el equilibrio entre las regiones y la competitividad del sector rural, garantizando el acceso a los apoyos de la Sagarpa, sin distinción alguna.

Asimismo, con este dictamen se permitirá la rendición de cuentas de las organizaciones sociales par que ya no haya líderes ricos y agremiados, pobres, que pasan un moche para seguir dentro de la organización. Así pues, esta reforma protege a los más necesitados y procura el bienestar de las familias del campo.

Recordemos que los más de 50 millones de pobres del país se encuentran en el medio rural y que su modo de subsistencia es a través de la agricultura y la ganadería de traspatio, o con bajos índices de productividad, que en muchas ocasiones se dificulta por la falta de acceso a los apoyos federales.

Por lo anterior, pido a todos los compañeros y compañeras Senadores y Senadoras, sirvan votar a favor de este dictamen, que en mucho ayudará a los mexicanos más necesitados de este país que día a día proveen de alimento a nuestras familias y que tienen en el medio rural su medio de subsistencia.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Guzmán Avilés.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis, ¿con qué objeto, Senador?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para hacer comentarios, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Le suplico, atendiendo a su solicitud, que haga uso de la voz desde su escaño, también reiterando nuestra súplica de la brevedad, Senador, en virtud de que ya había sido sometido a la Asamblea la decisión de si estaba suficientemente discutido. La Asamblea determinó que se ampliara el turno de oradores de quiénes estaban registrados.

Pero, por supuesto, Senador Demédicis, tiene usted el uso de la voz.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Muchas gracias por su consideración, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Cuando discutimos este asunto en la Comisión de Desarrollo Rural, presentado por el compañero Manuel Cota, por supuesto que a partir del análisis y del impacto que podía tener el sector más vulnerable de la economía, que es el de los pequeños productores, lo aprobamos con mucho gusto y con la emoción de que aquí en el Pleno del Senado de la República alcanzaría la unanimidad en la votación.

Es importantísimo que se considere en la parte presupuestal, que los programas en sus reglas de operación que integran el programa especial concurrente, se establezcan y se asignen de manera muy clara, no solo preferentemente, sino que se asignen de manera muy clara, qué recursos económicos irán asignados de manera especial para los pequeños productores del país, con el objeto de fomentar el equilibrio entre las regiones y la competitividad del sector.

Todos sabemos, porque hemos analizado el presupuesto de 2018 y estamos preocupados, porque los recortes son verdaderamente dramáticos, y esta reforma está planteando la posibilidad de que haya incluso una reasignación presupuestal para atender las necesidades de donde están los más pobres.

La oradora que me antecedió en el uso de la palabra, hace una mención particular de que en el sector rural es donde están los más pobres de México, y tiene razón, y qué bueno que esta reforma planteada por el compañero Humberto Cota, busca generar equilibrios, atendiendo a los pequeños productores de este país, que son los más olvidados.

Los invitamos a que voten todos a favor, para demostrarle o para mandarle un mensaje a nuestros compañeros, pequeños productores que el Senado de la República está con ellos en la parte que a nosotros nos corresponde.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Fidel Demédicis.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador Priego, a favor. Señor Presidente, se emitieron 82 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Compañeras Senadoras y Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se expide la convocatoria para la designación del Fiscal Especializado para la Atención en materia de Delitos Electorales. El documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del señor Presidente, doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el Acuerdo.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a los Senadores Manuel Bartlett Díaz, para hablar en contra; a la Senadora Layda Sansores San Román, para hablar en contra; al Senador Miguel Barbosa Huerta, para hablar en contra. Tomo nota del Senador Encinas, el Senador Manuel Cárdenas.

Le pido a Apoyo Parlamentario tome nota de los Senadores que quieren registrarse para participar en este debate.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

La fracción PT-Morena, presentó a la Junta de Coordinación Política de este Senado, una convocatoria frente a la que presentó más tarde la mayoría, el PRI y que fue aprobada por el Verde, PRD y PAN.

Nosotros en esa sesión, sostuvimos nuestra convocatoria porque consideramos que la convocatoria que presenta esa mayoría no hace, sino reiterar el mismo mecanismo que nos lleva a una decisión preparada, negociada con autoridades, magistrados, fiscales, que están condicionados a acuerdos entre los grupos que participan en ellos, acuerdos y reparto de candidaturas y posiciones.

Esto se sabe perfectamente bien, no solamente en el Senado, sino se sabe en la opinión pública, y lo conocen los medios de comunicación que sesionan y trabajan aquí con nosotros.

Los procedimientos que se han seguido han prostituido, clarísimamente, la selección de quienes debieran de ser absolutamente independientes y dar garantías al país para la existencia de un sistema de justicia, que le dé seguridad a los ciudadanos de México, y no es así.

Y esta convocatoria que han presentado como mayoría es exactamente lo mismo, un planteamiento oscuro, falto de transparencia para que al final de cuentas se resuelva en contubernios, en contra de los intereses de los ciudadanos mexicanos.

Hay que subrayar claramente, que el fraude electoral se construye, que el fraude electoral no sólo se da el día de las elecciones; no, el fraude electoral se construye pieza por pieza. Por ejemplo, ya tenemos a las instituciones principales, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en manos de un partido, en manos del poder, al que se asocian los demás que comparten los beneficios del poder, algunas migajas, otros partes importantes.

El inicio del fraude electoral del 88 ya se dio, el fraude que están fraguando y preparando con todas sus piezas para la elección en curso, ya se dio con el despido inconstitucional del fiscal encargado de la vigilancia de los delitos electorales, el fiscal Nieto, ahí empezó el fraude, ahí se empezaron a preparar las piezas para tener un fiscal a modo, no les gustó Nieto y, no solamente no lo destituyeron, sino que lo presionaron, lo obligaron a firmar una carta, que tenemos los datos de cómo fue, como el peor de los regímenes fascistas.

Nieto firmó una carta aquí cuando vieron que no era fácil sacarlo en un fast track en un solo día, lo obligaron a firmar una carta, que no vale nada, sino que demuestra la actitud fascista del gobierno y sus aliados. Ahí empieza ya el fraude electoral.

Nosotros consideramos que es necesario, que era necesario acabar con este sistema de contubernio y de arreglos entre fuerzas políticas y el gobierno, y el poder, que se ha venido dando, pero no pudo pasar, leí nuestra convocatoria en la Junta de Coordinación Política, defendí su posición, hablé de la necesidad de romper ya con esa estructura de fraude en los nombramientos, que permiten tener a un Instituto Electoral y a tribunales totalmente manejados por el poder. No lo aceptaron.

Propusimos además, y esto para que lo escuchen las Senadoras de todos los partidos, propusimos además que fuera un proceso reservado a una mujer, a las mujeres, alegaron que esto inconstitucional, es falso, eso está ya aprobado en el artículo 1o. constitucional, y ha sido avalado por el Tribunal Electoral de este país.

Alegaron que no era cierto, que era discriminatorio, falso, pero fundamentalmente plantean una estructura que está destinada a la manipulación.

Propusimos una presencia ciudadana activa para que acompañara todo el proceso, no está en esta convocatoria, no está, no obstante que ya se ha utilizado, se utilizó para el fiscal anticorrupción, que todavía no se termina, no hay ninguna participación que vaya a ser aprobada por este Pleno.

Se le deja a la Comisión de Justicia definir todo el proceso, a su antojo.

Si bien presentaron aquí una opinión de la presidenta, muy respetable de la Comisión de Justicia sobre el Parlamento Abierto, no está aprobado en este documento que está presentando a votación.

O sea, ustedes van a votar por un proceso en donde no hay participación, no hay participación social, negando lo que ya había sido un avance.

No hay en el texto nada que indique que haya algún acompañamiento de la sociedad civil que tanto se ha señalado, formalmente establecido aquí en este Pleno.

El mecanismo, repito, es un mecanismo tramposo.

La Comisión de Justicia va a recibir los nombramientos que le enviará la Jucopo y van hacer una serie de presentaciones, y ahí se va a decidir un grupo o una lista de candidatos que considere la comisión idóneos.

Bueno, ahí no hay ninguna participación.

Nosotros exigimos que este proceso que están proponiendo sea transparente, no está en la convocatoria, que sea transparente, que sea a la luz pública, que salga en el Canal del Congreso, no está autorizado en esta convocatoria, porque se requiere, precisamente, romper esa estructura mafiosa que permite que se arreglen los que la sostienen.

Como han sido así, y lo sabemos todos, durante años.

Por eso digo, el primer fraude, el primer paso del fraude electoral del 18, fue el correr a Nieto de mala manera bajo presiones y amenazas.

Es un círculo vicioso. La Jucopo manda las candidaturas, las analiza la comisión y luego se las manda a la Jucopo, no al Pleno ¡Eh! a la Jucopo.

La Junta de Coordinación Política ya tiene una mayoría muy holgada en torno al PRI, en torno al PRI.

Entonces, la Jucopo va a decidir, va a decidir quién va a ser el candidato que se someta a este Pleno, eso es lo que quieren que ustedes aprueben.

Es decir, 128 Senadoras y Senadores no van a participar en la selección ¡Eh! se va a hacer allá en la comisión, sin ninguna participación social, ninguna, porque no está aquí garantizada.

Dicen que "le tenemos mucha confianza a la comisión, en donde se verán otra vez las mayorías agrupadas en torno de los intereses del poder" y luego, finalmente, cuando seleccionen, allá en la comisión un grupo de idóneos, la Jucopo va a decidir ¿Quién? La Jucopo, la Junta de Coordinación Política decidirá quienes son.

Ya sabemos quiénes son. Son el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, y nosotros que estamos y manifestamos estar en contra.

Entonces, esos mismos que aprobaron esta convocatoria, y que ustedes van a votar, son los que van a decidir quién va a ser el fiscal para vigilar el fraude electoral, o sea, un pequeño núcleo, que ya sabemos quiénes son y cómo operan, porque los hemos visto operar durante cinco años.

Esta no una convocatoria para una elección transparente, digna de un fiscal, o una mujer que propusimos nosotros, una fiscal, que sea verdaderamente independiente, que responda a los intereses de la democracia, que responda a los ciudadanos mexicanos.

¡No! lo van a elegir en la Jucopo.

Si prestaran atención, sabrían qué es lo que van a votar o no quieren saberlo. Van a votar una convocatoria amañada, una convocatoria para elegir a un fiscal que sí les guste, pero si no les gusta, tampoco va a pasar nada, porque el Senado, con esta fuerza, impide que haga su función de revisar el procedimiento, que por cierto ya pedimos a la Mesa Directiva, que el proceso de revisión de la destitución inconstitucional del fiscal anterior ¿verdad? se analice y se continúe, porque es una obligación constitucional hacerlo.

Ya se lo pedimos al Presidente, y si considera el Presidente de la Jucopo que no es válida, que lo conteste por escrito, y que nos argumenten con la Constitución en la mano. ¡Eh! porque nosotros consideramos que el procedimiento está trunco, y el actual fiscal, este hechizo que pusieron ahí, no tiene ninguna validez, ni en su nombramiento, ni en su destitución.

Eso se lo pediría yo con todo respeto al señor Presidente para que nos contesten esta insistencia de que el proceso constitucional de revisión de ese despido no se detenga y se realice. O sea, es muy sencillo, con todo lo que leyeron aquí.

Quienes van a decidir, si ustedes lo votan, van a ser los que ya sabemos quiénes son. Uno más dos, y se acabó, que es lo que hemos señalado permanentemente, que estos mecanismos son falsos, son los que permiten truncar todos los nombramientos, son los que crean instituciones electorales que no funcionan, que no ven cuando se pasan de la inversión, que no se dan cuenta de nada, que son ciegos y sordos a los reclamos del país.

Empieza, les repito, empieza el fraude electoral del 2018, ese que ya estamos ahorita viviendo, con la destitución inconstitucional, con un Senado ciego que no la ve, que no hace nada y, pues yo les diría, pensando que sí son muy atentos ustedes, que van a votar conforme a su criterio, que van a ser independientes los Senadores de la República, los 128 ¿verdad? que piensen bien que están entregando su responsabilidad con esta convocatoria a cinco gentes, por no decir a una, o por no decir a tres.

Le van a entregar a los 128 el nombramiento del fiscal, éste que va a perseguir los delitos electorales, si es que no lo corren ¿verdad? le van a dar los 128 Senadores el poder a tres gentes. ¡Eh! que en realidad sigue siendo nada más una: el poder, la oligarquía nacional, la antidemocracia y el fraude electoral.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Manuel Bartlett.

Quiero hacer una súplica a mis compañeros que van a hacer uso de la tribuna, a que se ajusten a cinco minutos por orador.

En este momento tengo registrados a siete compañeros que pidieron el uso de la palabra, todos van en contra del Acuerdo.

Para no aplicar el artículo 90, donde tendríamos que pedir uno por grupo parlamentario, les suplicaría que por favor respetaran el tiempo asignado para este debate, por cinco minutos. Gracias.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Convocatoria para elegir un nuevo Fiscal de la FEPADE.

Anuncio de una mala película reciclada, con ponencias, pasarelas, sesudas preguntas de los Senadores, para que al final, un puñado de iluminados de la Jucopo, sin el coordinador PT-Morena, escogerán sólo uno, que será votado en el Pleno. O sea: "la bebes o la derramas".

PT-Morena presentó otra convocatoria, pretendemos que sea mujer la Fiscal de la FEPADE.

La convocatoria, sin embargo, que quede claro, no exime al Senado, y ya lo dijo muy bien el Senador Bartlett, de actuar conforme lo que establece la Constitución.

Debe analizar el procedimiento de remoción y determinar si el encargado de despacho estaba facultado, si respetó la legalidad, el debido proceso, independientemente que Santiago Nieto acepte o no su restitución.

Sólo entregó esta hojita, así, escueta.

¡Ya lo removí, nada más para que sepan! Y no la motiva.

Es grave, porque el ex Fiscal de la FEPADE, investigaba el caso Odebrecht, que es un escándalo a nivel internacional, donde todo indica que Peña Nieto recibió sobornos antes, durante y después de su campaña.

El Senado, al eludir su responsabilidad, aumentó su descrédito.

Este Senado no representa al Estado mexicano, ha sido convertido en el burdel más caro de México.

Se prostituyen los principios, hay excepciones honrosas, pero aquí se practica trueque de favores, trata de conciencias, y no se puede llamar Senado a una institución que no es contrapeso del poder, y donde la política se deshonra.

Caso Santiago Nieto, evidenció lo que aquí sucede. Un mago, ausente hoy, es el amo, él es todo: Presidente de la Jucopo, de la Mesa Directiva, coordinador de todas las fracciones, a excepción PT-Morena, y cuando le descubren el truco se saca otra carta de la manga y sorprende, todo bajo control, conoce su oficio, y él está aquí para eso, para cuidar a su jefe, y cumple.

Ni hablar, los priístas, lástima de experiencia, están convertidos en estatuas, sin voz y sin alma, la disciplina, no se despeinan ni se ensucian las manos, hacen bien, para eso tienen a los verdes y a un turquesa encendido que viene a chapotear en las aguas podridas tratando de defender lo indefendible.

Los de la azuamarela simulan ser oposición, tomamos todos la tribuna, en un hecho sin precedente y se impidió que en fast track se avalara la remoción del Fiscal.

¡Qué gran momento!

Una luz efímera iluminó el Senado, pero antes de tres días nos arrollaron de nuevo las tinieblas, volvieron a lo suyo, a lo que es su costumbre, a hundirse en el barro putrefacto con tal de negociar prebendas, la estrategia del PAN-PRD es muy clara, anudar la traba para subirle el valor y cobrar más caro.

Hubo una vez, hace muchos años, un PAN crítico, implacable ante los abusos autoritarios del poder, era una oposición real, la lucha de Luis H. Álvarez por la democracia y la del Senador Conchello en este Senado, para defender el petróleo, son emblemáticas.

¿Por qué, digan, decidieron dejar de caminar erguidos y arrastrarse en la tierra?

El coordinador celeste pretextó que su fracción le exigía votar como fuera y que ellos no pueden estar peleados con el poder, su jefe ya estaba nerviosito y quería encuentro en Los Pinos, pacto de paz y de pasadita acordar el reparto del botín de fiscales y magistrados, y sabe Dios qué más, ya lo verán.

El de la camiseta amarela declaró que no se rajaba, y se rajó, que porque la carta de renuncia de Santiago Nieto los dejaba sin materia.

¡Falso! Por el contrario, estamos obligados más a investigar, dicen que cuando hay algo tan ilógico y tan absurdo, hay injusticia.

¡Pretextos!, a él le pagaron por adelantado, su vicepresidencia es chafa, no está contemplada en la Ley Orgánica, artículo 62, y en política, las facturas se pagan y ni modo, tuvo que dar su abonito.

PT-Morena hay varios independientes, se mantuvieron firmes.

Con López Obrador los principios no se negocian, cuando luchamos por una causa, es hasta donde llegue y ustedes luchan hasta donde les lleguen, y les llegaron, les llegaron al precio, creo que deben haber recibido una generosa calaverita. ¡Felicidades!

Díganme, ¿qué diferencia hay entre los panistas que pactaron con el PRI abiertamente a cambio de la Presidencia de la Mesa Directiva, y los panistas que en lo oscurito fueron a entregar su honra a cambio de la dote? Son del mismo barro, así que ni se quejen.

Y si hay que elegir entre inconvenientes, preferible, descarados que hipócritas.

El ex Fiscal Cervantes declaró que los expedientes estaban concluidos y la PGR debió entregarlos de inmediato al Poder Judicial.

Don corrupto ocultó sus encuentros con míster corrupto, como le llaman a Odebrecht, hasta que fue público, entonces Peña aceptó que sí, que se vieron tres veces: "Sí, estuvimos solitos a puerta cerrada, la luz apagada, pero les juro por ésta que no pasó nada".

¡Mmm! Nos menosprecia. México, cree que es un pueblo de estúpidos.

Quien salga ungido como Fiscal no servirá, no tendrá credibilidad, pero quieren circo para escoger a otro Virgilio con caireles.

Urge modificar el artículo 102 constitucional que permita un nuevo diseño institucional de la PGR, con autonomía, un fiscal que cumpla no sólo con requisitos, sino con determinados perfiles. Habrá que cancelar en ese artículo 102 la injerencia del Presidente en la destitución de los fiscales, ¿qué Senado decente vota una ley para encadenarse?, ¿es una aberración?

Soplan nuevos vientos y esperamos que el Senado recupere su estatura moral, que se haga uso de la fortaleza institucional con que fue investido, que no sucumba a las coyunturas ni a las conveniencias políticas.

PT-Morena seguirá en resistencia, con la obsesión de darle dignidad al Senado y de volverle su orgullo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias por sus comentarios, Senadora Layda Sansores.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, yo entiendo la necesidad y que es inevitable emitir una convocatoria para que el Senado de la República pueda nombrar al nuevo Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales, y entiendo también que los plazos están muy limitados, incluso, esta convocatoria que apenas nos han dado a conocer, nos lleva hasta último día de sesiones de este periodo, teniendo la salvaguarda del día 15, vamos al día 14 de diciembre con la salvaguarda para el día 15 de diciembre, se está tratando de ajustar a las normas básicas para poder cumplir con esta disposición que obliga al Senado a hacer el nombramiento.

Sin embargo, creo que la convocatoria no atiende el problema de fondo, lo que tenemos es que llegar al consenso más amplio y posible para elegir a un Fiscal que venga a sustituir al que indebida e ilegalmente fue removido de su encargo, y las formas y prácticas, como están establecidas en la convocatoria, no van a garantizar ni la construcción del consenso dentro del Senado y mucho menos construirán legitimidad de quien quede al frente de la Fiscalía en el conjunto de la sociedad, y en eso coincido con lo que aquí se ha planteado, en el sentido de que esta convocatoria debió haber abierto o debe abrir el espacio a instituciones académicas, las instituciones de educación superior, a la sociedad civil, para participar en todo el proceso de selección de la persona que pueda cumplir con un perfil que garantice un funcionamiento transparente y con certeza en el ejercicio de la función del Fiscal.

Más aún, en estos momentos, donde tenemos a una autoridad electoral profundamente cuestionada, y no me refiero solamente al Instituto Nacional Electoral, que en muchos casos ha abdicado de sus responsabilidades, que ha dado plena libertad a los órganos públicos locales electorales para actuar indebidamente en los procesos locales, a ese Tribunal Federal Electoral que actúa bajo consigna, incluso, incurriendo en contradicciones con el propio Instituto Nacional Electoral, y ahora en esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que se pretende dar carpetazo a una investigación respecto a un profundo acto de corrupción que ha sido ya acreditado a nivel internacional.

Por eso yo creo que esta convocatoria debe abrirse y debe haber participación de la sociedad civil. Y también deben abrirse los mecanismos a partir de los cuales no solamente se debate la propuesta de quien vaya a ser remitido aquí al Pleno del Senado, sino también que la votación, al igual que fue en la elección del anterior Fiscal, de Santiago Nieto, sea abierta, independientemente de que haya una disposición reglamentaria que obliga a la votación en cédula, llegando al acuerdo, como lo hicimos la vez anterior, esta votación debería ser abierta para dar certeza a la sociedad, no solamente en el sentido del voto de cada uno o cada una de las Senadoras, sino del alineamiento de los grupos en el nombramiento. Esos son los aspectos mínimos que deberían de cumplirse.

Pero, finalmente, creo que esto no cierra tampoco el asunto de fondo que queda pendiente, que es que el encargado de despacho de la Procuraduría venga a rendir cuentas, a fundar y a motivar cuáles fueron las causas que llevaron a iniciar este proceso de remoción, que no se apegó a las disposiciones internas de la Procuraduría, que no convocó al Comité de Ética de la propia dependencia, que no le otorgó el derecho de audiencia al Fiscal removido, y que se limitó a enviar un oficio al Senado de la República, como si ésta fuera una oficialía de partes.

Yo creo que ése es un asunto que también tiene que resolver este Pleno. El encargado de despacho de la Procuraduría tiene que venir al Senado a rendir cuentas.

Primero, respecto a si cumple los requisitos para cumplir con el encargo que se ha encomendado.

Y segundo, para fundar y motivar todo el procedimiento que llevó a esta crisis que va a profundizar todavía más el fracaso del sistema electoral en nuestro país.

Yo por eso insisto, señor Presidente, en lo que hemos planteado ya en sesiones anteriores, respecto a que se convoque al encargado de despacho. Y también, hay que señalarlo de una vez, que el Ejecutivo envíe su propuesta de sustituto del Procurador General de la República, porque es evidente la intención de dejar a un encargado de despacho ad perpetuam, hasta después del proceso electoral, y justamente de encargado de despacho al Subprocurador de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Internacionales, que vaya la casualidad y la coincidencia, es justamente quien estaba haciendo el seguimiento de las investigaciones de la autoridad judicial del Brasil sobre el caso Odebrecht, y evidentemente iba con la consigna de dar carpetazo a este proceso que tarde o temprano, por más que busque el gobierno mexicano esconderlo debajo del tapete, será del conocimiento de la opinión pública a nivel internacional.

Yo por esos motivos votaré en contra de la convocatoria.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Encinas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

¿Desde su escaño, Senadora?

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Calderón, por favor.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Lo haré desde mi escaño. Gracias, señor Presidente.

Sólo quiero dejar en claro mi voto en particular. Me abstendré en esta votación. Me parece que el fondo de nuestra discusión tiene que ver con la soberanía del Senado.

Si el encargado de despacho de la PGR no tiene la facultad para venir a comparecer a este Senado, mucho menos tiene la facultad para destituir a alguien que nosotros elegimos con dos tercios de la votación.

De tal manera que me parece que el fondo de la discusión debía haber sido si había o no facultad del encargado de despacho para despedir a quien nosotros elegimos con dos tercios, y que no tiene facultad ni siquiera de venir a comparecer frente a nosotros.

No era el fondo si la votación era abierta o cerrada, me parece que eso es secundario. Lo que este Senado debió haber defendido es, sus facultades, y si hay alguna controversia entre lo que pasó con el Ejecutivo o el encargado de despacho designado por el Ejecutivo y las facultades, y competencias de este Senado, no debimos haber aceptado que esto se diera por hecho y que entrara a discusión el nombramiento de ningún otro Fiscal de Delitos Electorales.

De tal manera, señor Presidente, que creo que tenemos que defender a este Senado, sus facultades y que no se entrometa en las facultades del Senado un encargado de despacho que no tiene ni siquiera la facultad de venir a comparecer frente al Senado.

Por estas razones me abstendré de votar, porque creo que primero teníamos que haber defendido las facultades del Senado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas Fonseca.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Quisiera razonar, si no todas las observaciones que pudiéramos encontrar en este documento que nos acaban de someter a nuestra consideración, y que por tanto, apenas estamos conociendo, del por qué voy en contra del mismo. No sin antes señalar que no comparto muchas de las cosas que plantea el PT, otras sí.

No comparto que sigan diciendo que la remoción de quien estaba desempeñando el encargo no fue debidamente motivada.

El documento que nos hizo llegar está debidamente fundado, y en aras del tiempo no le pido a la Presidencia que le diga a la Secretaría que le dé lectura. Pero me refiero y dice, cuando le comunica al Senador Presidente, dice: "Con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo Décimo Octavo Transitorio". Que fue el que este Senado aprobó, ahí está fundado.
Y después lo motiva cuando dice: "Lo anterior, por violentar la estricta reserva sobre investigaciones en curso, en contravención a lo ordenado por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales".

Entonces, vengamos aquí a la tribuna a decir la verdad completa.

Tampoco comparto el que se quiera razonar este documento en que tiene que ser una mujer. Yo respeto mucho a las mujeres, y creo que todos nosotros también, y el documento que nos presentan no las discrimina. Antes por el contrario, la deja abierta porque reconoce que hay mujeres que pueden tener las capacidades y los conocimientos para poder ser postuladas, y en un eventual momento, nombradas.

Sí comparto con el PT el que se debe de atender lo referente al artículo 102 A constitucional, que de origen, el haberse quedado esta situación entrampada por disputas partidistas, es lo que tiene al país sin que algunos encargos estén siendo desempeñados por titulares de los mismos y estén siendo en la aplicación de la ley, por encargados del despacho.

Y aquí se discute, y yo aplaudo, como lo planteaba la Senadora del PAN, la Senadora nos decía claramente.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Ya no soy del PAN.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Perdón, ofrezco una disculpa, ex Senadora del PAN, tiene usted toda la razón. Le ofrezco la más sincera disculpa y espero la  acepte.

Que el Senado ha rehuido a asumir la responsabilidad a plenitud, y es cierto, en gran medida lo ha hecho. Pero una parte nodal de lo que plantea este documento, es que lo hace tan excluyente y tan limitativo, que en un sistema de partidos, los propios partidos se vuelven nugatorios de participar en un verdadero debate y se asume no tener militantes dignos, propios, capaces, presentables, al decir que quien militó en determinados años no podrá ser propuesto, y aparte, absurdamente, le ponen seis años, pues le hubieran puesto veinte, le hubieran puesto uno.

La parte de los valores, de los principios, de la ética, no se borran en seis años, de ahí que no hay ninguna razón seria y fundada para establecer esa antigüedad de no tener "militancia".

Si por un lado ustedes plantean que los institutos políticos, y en eso estaría yo de acuerdo, deben de ser y son organismos de interés público, pues también debemos de tener en cuenta que, efectivamente, por esa misma razón, los partidos políticos pueden y deben de tener distintos proyectos de nación.

Pero algo en lo que todos transversalmente deberían de coincidir es, en respetar el imperio de la ley, y todos los partidos deberían de tener orgullo de tener militantes a cabalidad para ser propuestos al desempeño de un encargo como éste o como otros, porque si no, entonces se están avergonzando de sus propios militantes, porque si no, entonces están reconociendo que ustedes mismos no tienen un abogado en su militancia partidista que venga a establecer y a defender la capacidad que puede tener uno u otro.

Y déjenme decirles.

El artículo 18 de la Ley Orgánica, que aquí plantean en los considerandos, no limita la militancia; y la fracción XI, cuando se refiere al artículo 23 del Reglamento, es tan amplia y tan absurda que no convoca a los partidos políticos, por un lado, pero por otro lado pudiera ser que sí, en una amplia interpretación cuando dice: "Y demás organismos interesados". Y no es un asunto de semántica, porque un documento que plantea esto tiene plena vinculación legal.

Pero además, más adelante dice, por encima de lo que la ley acota, que se considera pertinente, cito: "que quienes aspiran a dicha responsabilidad satisfagan los siguientes requisitos". Ya sálganse de estos absurdos, se considera pertinente, sí pero no; no pero sí. ¡No!, no pueden ser tan laxos documentos como éstos.

Y ahí piden poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de licenciatura en derecho expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello.

¿Y dónde quedó el conocimiento y la experiencia? Puedes tener el título, pero no tienes la experiencia.

Y entonces caen en contradicciones otra vez respecto de lo que argumentaban en ocasión del anterior debate y la ley no lo prohíbe.

Y entonces, cuando ya entran al tema de la convocatoria, bajo esos considerandos, ratifican a quienes se convoca, ¿cuántas serán de membrete? ¿Cuántas?

Como vulgarmente dicen, de estos organismos no gubernamentales, no son más que dos o tres personas y mucho dinero para hacer ruido mediático, y muchas otras son de membrete, si las convocáramos a que nos presentaran su filiación, así como muchos partidos políticos batallan para tener el número mínimo de militantes y mantener el registro, éstos no tendrían derecho a examen y les decimos que son representantes de la sociedad. ¡Mienten!, son organismos de membrete. A mí no me representan, y yo sí formo parte de la sociedad. Pero vuelven a decir: "y demás organismos". Lato sensu.

Pero más adelante plantean y dicen que las personas interesadas deberán cubrir los siguientes requisitos, y en el número 3 vuelven a hablar de título profesional con antigüedad, pero no hablan de cédula profesional.

¡Ah!, pero luego, en la fracción III, cuando hablan de que quienes vengan y se presenten, tienen que presentar cédula profesional, se sugiere, sí o no, sálganse del sí, pero no del no pero sí. Anímense a ponerlo.

Y para un cargo de este tipo tiene que haber el conocimiento y la experiencia, como en muchos otros.

Entonces, para qué le piden cédula profesional si en los requisitos no está condicionado, pero aparte, en distintos debates se ha discutido que si esos organismos de la sociedad, que dicen representar a la sociedad, y si yo no quiero sentirme afiliado a uno de ellos, porque sé quiénes son las manos que mecen la cuna y me considero profesionalmente apto y éticamente, absolutamente abierto a que me revisen, esa sí sería independencia.

¿Qué tengo que hacer para ser propuesto, si reúno todos los requisitos de conocimiento, experiencia y soy un hombre de perfecta fama pública para ser propuesto por qué organismo?

¿Y qué organismo, de quiénes que mecen la cuna de ese organismo?

Concluyo, los partidos deberían de sentirse dignos, porque los tienen y al negarles a esos militantes la posibilidad de participar, se están negando a ustedes mismos como sistema serio de partidos, y la sociedad tiene profesionales que pueden venir por sí mismos a reclamar su legítimo derecho y no estar condicionados a ser propuestos por un organismo patito, como se dice vulgarmente, o que se llame a la sociedad cuando sólo hay intereses económicos y de cualquier otro tipo en alguno de ellos.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cárdenas  Fonseca.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

La última ocasión que se trató este tema, señalamos con mucha puntualidad que era necesario que el Senado de la República se lavara la cara cuando habláramos de la designación, del nombramiento de quién sería el próximo titular de la FEPADE.

Y en aquella ocasión les decía que les iba a hacer una propuesta concreta, y que la propuesta concreta consistía en que se abriera la convocatoria a todos aquellos profesionales del derecho que se sintieran con merecimientos para participar y ocupar el cargo del Fiscal en Delitos Electorales.

Que los órganos del Senado recepcionaran, pero que el análisis, la revisión y la designación de quienes eran los que cumplían con los merecimientos fuera a cargo de un órgano ciudadano, y que una vez que el órgano ciudadano determinara quiénes eran, se insaculara, y que en la insaculación saliera una terna, y que esa terna fuera la que se sometiera a consideración del Pleno del Senado de la República, para que no hubiese dados cargados.

Analizamos con mucha puntualidad esta convocatoria y se sigue estrictamente un procedimiento ordinario que recibe la Junta Política y de Gobierno, se turna a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia revisa quienes son los idóneos y luego manda diez a la Junta Política, ahí, en la Junta Política, se ponen de acuerdo y determinan quién va a ser el candidato o quien va a ser el próximo Fiscal, más bien, de la FEPADE.

¿Por qué no estamos de acuerdo con esta convocatoria?

Porque cuando menos, cuando menos siete integrantes de la Comisión de Justicia tienen conflicto de intereses, tienen conflicto de intereses y debieran de excusarse de participar en el análisis, discusión y de determinar quiénes son elegibles.

¿Por qué tienen conflicto de intereses?

Pues por una razón muy simple, porque les interesa que el próximo Fiscal no investigue a fondo los sobornos que ya iniciaba la investigación Santiago Nieto.

¿A quién le interesa que no se llegue al fondo de este asunto?

Pues digámoslo con todas sus letras, no le interesa que se llegue al fondo de este asunto al ciudadano Presidente de la República; no le interesa que se llegue al fondo de este asunto al señor Lozoya; no le interesa que se llegue al fondo de este asunto al consejo de Pemex; no le interesa que se llegue al fondo de este asunto al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México.
Por eso todos los que son del PRI, en la Junta, o del Verde Ecologista de México, debieran de excusarse de participar en la revisión de quiénes son elegibles.

Sí, este procedimiento sigue.

El que se determine estará viciado de origen y pesarán sobre él todas las dudas habidas y por haber porque no va a ser capaz de continuar con una investigación qu el pueblo de México está exigiendo que se concluya, se llegue hasta las últimas consecuencias, y si es necesario, enjuiciar al Presidente de la República, que se enjuicie.

Habría que ver qué pasó con el ex Presidente de Perú, ¿en dónde anda? Pues donde debe de estar un delincuente, en la cárcel.

Habría que revisar a todos los que han tenido que ver con esta empresa Odebrecht, y es larga la lista de que en otros países sí se hace justicia.

Por eso, cuando revisamos esta convocatoria y vemos cuál es el destino que tiene y cómo va a ser nombrado el nuevo Fiscal de Delitos Electorales, pues está claro que no hay la intención que el Senado de la República se lave la cara, y menos, lo más grave, y menos hay la intención de quienes se vieron involucrados, están involucrados en este escándalo, se les sancione con todo el peso de la ley.

Hay dudas y hay que aclararlas.

Las dudas son, que una empresa extranjera contribuyó para que el actual Presidente de México fuera Presidente, contribuyó con recursos económicos.

Que se aclare, el país tiene ese derecho.

Hoy, dice el señor Lozoya que él no determina, que determina el Consejo de Administración de Pemex.

Compañeros, no le hagamos al cuento, una sola decisión en Pemex no se toma si no es consultada con el ciudadano Presidente de la República.

Y claro, y claro que el ciudadano Presidente sabía de qué se trataba el asunto, instruyó a Lozoya y todo se hizo con conocimiento.

Y la destitución de Santiago Nieto, por supuesto que fue ordenada desde Los Pinos, sólo un ingenuo pensaría lo contrario.

¿Por qué fue ordenada desde Los Pinos? Pues por todo lo que implica.

No podemos nosotros ser tapadera de nadie, el pueblo está cansado de la impunidad.

Y los Senadores de la República, que se presten a este juego perverso, la historia no los absolverá y serán señalados como cómplices de la corrupción, como cómplices de la impunidad, como traidores al pueblo, y el juicio de la historia será implacable con ellos.

Por estas razones, mi voto será en contra de esta convocatoria.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Demédicis.

Tiene el uso de lapalabra el Senador José María Tapia, para hablar a favor.

El Senador José María Tapia Franco: Gracias, señor Presidente, con su permiso, y a la Mesa Directiva.

Creo que, y veo que pocos se dieron a la tarea de leer el proyecto del Acuerdo, porque muchos señalamientos de los que he escuchado aquí, en la propia convocatoria, son muy explícitos.

Y, quisiera referir solamente a tres, que he escuchado esta tarde.

Primero, uno en el que hablaban de que la convocatoria tendría que ser dirigida solamente por cuestiones de género, a las mujeres, cuestión que constitucionalmente lo hace violatorio a cualquier garantía ciudadana y discriminatorio, como lo marca el propio artículo 1o. de la Constitución, en su párrafo quinto.

Así como diversas tesis jurisprudenciales y diversas acciones en varios juicios que han emitido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el propio Tribunal Electoral, como aquí se dijo.

La Constitución prohíbe discriminar por razón de género, así como menoscabar sus derechos y libertades.

Si nosotros adoptáramos el principio de inducir que esta convocatoria solamente se diera por cuestiones de género a una mujer, cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos del género masculino, con una simple solicitud de amparo ante cualquier juzgado de distrito en materia administrativa, obtendría una suspensión y, en su caso, nos ordenarían como Senado revocar la convocatoria, cuestión que sería aún más vergonzoso de que no nos pongamos de acuerdo.

Segundo, escuché también con mucha atención la creación de un comité ciudadano y transparencia que en coordinación con la Comisión de Justicia encaminara la evaluación de los posibles aspirantes.

También creo que la creación de un comité o un órgano de esta naturaleza sería ajeno a sus responsabilidades y no entendería las responsabilidades públicas del deber que tenemos como Senadores sin una decisión de Estado, lo que afectaría gravemente el trabajo de cada uno de nosotros por lo que fuimos electos, y estaríamos traslapando la responsabilidad de todos los que votáramos tanto en el Pleno como en la propia comisión.

Tercero, hablaron de poca transparencia y publicidad de la convocatoria, cuestión que también estoy en contra, porque al ser una convocatoria en la que en su primera base, marca que tanto las universidades públicas, institutos o institutos de investigaciones, organizaciones o asociaciones civiles podrán inscribir a los ciudadanos o ciudadanas que cumplan los requisitos, está abierta en lo general, así como a las personas que ellas mismas deseen inscribirse, no necesariamente avalados por ninguna de estas instituciones.

Pero más allá de eso, al ser una convocatoria que es pública y transparente, y que se dictaminará en la Comisión de Justicia, no a la propuesta o al candidato, como aquí se dijo, sino solamente se dictaminará que cumpla con los requisitos y que son elegibles para que se pueda turnar al siguiente proceso.

Aún aunado a esto, la Comisión de Justicia se adoptará los lineamientos del parlamento abierto, con lo cual estará la publicidad y transparencia necesaria para garantizar la correcta evaluación de cada uno de los aspirantes, y garantizar sus derechos de elegibilidad de cada uno de ellos al ser evaluados, pero no obstante de eso, también se plantea que en dicha evaluación, se inviten a los especialistas que pudieran tener bajo, dos preguntas, direccionadas a algún miembro de la comisión para garantizar su derecho a ser escuchados.

Pero lo más grave de todo, que he escuchado aquí, es, evitar la responsabilidad que como Senado tenemos: garantizar que se cumpla y hacer cumplir la Constitución, y la Constitución nos mandata que ante la ausencia definitiva de un Fiscal para la Atención de Delitos Electorales se iniciará de inmediato un proceso público para convocar a una nueva integración de dicha Fiscalía.

Y aquí estamos siguiendo con el tema del pasado, y siguiendo con el tema de que quieren que se direccione porque si es mujer y que se hable con la transparencia innecesaria a los ciudadanos, yo me preguntaría si en este hecho de ser mujer no existirían las mismas razones que existieron en su momento para nombrar al ex Fiscal Santiago Nieto, y que tengan alguna propuesta que trabaje en el grupo parlamentario del que fue objeto ese comentario.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Tapia Franco.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente, por tu generosidad.

Bueno, lo primero que yo diría que el documento que hoy vamos a debatir, más bien, que estamos queriendo debatir, tiene un acuerdo que no está contenido en ninguna cláusula, no debatir.

Cuatro grupos parlamentarios decidieron no debatir.

Y han decidido iniciar el tránsito hasta llegar al nombramiento del Fiscal FEPADE a través de evitar cualquier debate.

Así es que con la misma fiereza que caminamos los primeros días, después de la remoción de Santiago Nieto, ahora debemos de caminar para poder generar a un Fiscal FEPADE que sea autónomo y que sea independiente.

Eso es lo que teníamos que hacer, ese debía ser el acuerdo, y no un acuerdo de no debatir, que aquí no está escrito en ninguna cláusula, y que evidentemente se dio entre cuatro grupos parlamentarios.

Lo otro es, estamos hablando de un nombramiento en el cual la hoy Procuraduría General de la República aún, y después será la Fiscalía General de la República, es un nombramiento, es una decisión que se toma en colaboración de poderes, no forma parte de la Procuraduría ni después la Fiscalía, del esquema de la Administración Pública Federal, no, no forma parte.

Y por eso requiere la colaboración de poderes, cuando sea Fiscalía General, habrá, habrá en ese momento un órgano constitucional autónomo.

Pero miren, el régimen de nombramientos en las Cámaras no satisface a la sociedad, y eso lo hemos platicado con cada uno de los 128 Senadores, lo hemos platicado afuera del Senado, no hay confianza en las designaciones y en el régimen que la propia Constitución establece para hacer esos nombramientos.

¿Quién puede negar eso?

¿Hay confianza en los nombramientos que salen desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados o desde cualquier otro órgano con competencia para ello?

No lo hay, por eso la convocatoria, que hoy estamos polemizando, debió haber sido otra.

Otra que incluyera procedimientos de apertura completa a la sociedad, de apertura completa.

A ver, que la Comisión de Justicia tenga un acuerdo, un proyecto de acuerdo, más no una resolución, un proyecto de acuerdo, no garantiza que el procedimiento de parlamento abierto se respete.

¿Por qué estar en contra de la participación de la sociedad?

¿Por qué estar en contra para que prevalezcan los acuerdos entre los grupos parlamentarios, perfectamente válidos, perfectamente legítimos, pero que no satisfacen a la opinión pública? Y ustedes lo saben, señores Senadores, no satisface.

Por eso planteamos un modelo diferente, por eso planteamos un modelo en el cual hubiera una titular de la FEPADE, y por eso planteamos que hubiera un procedimiento en el cual hubiera un comité de seguimiento ciudadano.

Por eso planteamos que ese comité de seguimiento ciudadano, junto con la Comisión de Justicia, hiciera el análisis de quien se registrara como aspirante, por eso lo planteamos.

Por eso dijimos: "Que una vez que se recibieran todas las solicitudes, todas, hubiera la definición de los diez perfiles más altos, y que de entre los perfiles más altos, hubiera una insaculación de tres nombres que formara una terna.

No hay, en el Reglamento del Senado, ninguna disposición de la cual se desprenda que el Artículo Décimo Octavo Transitorio de la reforma política, cuando dice: "Nombrará el Senado, por dos tercios", no hay ninguna disposición para que el procedimiento que se asuma sea el que la Junta de Coordinación Política elija un nombre.

No es un nombramiento que los 128 Senadores en el Pleno resuelven por una propuesta de la Junta de Coordinación Política.

En ese caso, estamos resolviendo acá, que sea la Junta de Coordinación Política la que haga el nombramiento, y que sólo los 128 Senadores puedan ratificar el nombramiento hecho por la Junta de Coordinación Política.

Yo sí tengo confianza en el Senado, yo sí, pero quisiera que pudiéramos compartir la opinión que la gente tiene del régimen de nombramientos que llevamos a cabo. No hay confianza.

Y pudimos, en esta convocatoria, haber incluido todos los procedimientos de Parlamento Abierto, todos, todos. A ver, no los que nosotros hubiéramos propuesto, los que se hubieran debatido, porque repito, aquí hay un acuerdo que no está contenido en ninguna cláusula, no habrá debate, eso es lo que yo observo.

Me pronuncio por el respeto al trato entre nosotros, sí, pero también quisiera compartir con todas y todos que debiéramos haber respondido con una mucho mejor convocatoria, porque es el arranque de lo que va a venir en el siguiente tiempo del Senado, el asunto de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada y la Fiscalía General de la República, en eso nos comprometimos, a una verdadera transformación, a una reforma del artículo 102 para cambiar el procedimiento que está contenido en ese artículo cuando hay ausencia, como ahorita, de un Fiscal, no Fiscal, hoy es Procurador, después será Fiscal General.

El siguiente acuerdo que yo observo mayoritario, será el de aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República, con eso hacer la transformación de Procuraduría a Fiscalía, y tomar un acuerdo y poner en marcha el procedimiento que el artículo 102 prevé.

Diez nombres desde el Senado, enviados al Ejecutivo, una terna formada por el Ejecutivo de entre los diez nombres, y una votación de dos tercios. Esa es la lógica y ese es el acuerdo.

Pero el acuerdo que hoy no se incluyó es: "No hay debate".

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Solicito la palabra para hechos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Para rectificación de hechos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente, y agradeciéndole su flexibilidad.

Se nos animó un Senador a subir a la tribuna, uno, porque el otro independiente vino aquí ¿verdad? vino aquí a decir que iba a votar en contra, pero alegó todo a favor. Simulación absoluta, el independiente.

Pero se animó un recién llegado, ¡qué bueno, lo felicito por valiente! Ya lo felicitó ruidosamente Emilio Gamboa.

Dice el señor Senador Tapia: "No han leído la convocatoria".

Dice: "Se ve que no han leído la convocatoria".

Señor Senador, usted como es un recién llegado, y lo felicito y lo recibimos con los brazos abiertos, nunca las han leído. Se lo debió haber dicho a quién usted suple, nunca, nunca lo han leído.

Lo que sucede siempre, es así, votan por consigna.

En las reformas estructurales que le dieron marcha atrás a la historia de este país, entreguista, etc, nunca lo leyeron, ni saben qué dijeron.

Así es que señor Senador Tapia, hizo usted bien en subir, muy bien, pero le hubieran dicho que aquí nadie lee, se vota por consigna.

Dice usted, muy sólidamente, "que la propuesta que hicimos nosotros, de que fuera una convocatoria exclusivamente para mujeres, para mujeres, es inconstitucional".

¡No, señor Senador!

Mire usted. La presentación que hemos hecho de que esta convocatoria fuera sólo para mujeres, está fundada.

Aquí está la campeona de las mujeres, Diva, pero sabes qué Diva, dicen, muchas veces se repite: "Que las principales enemigas de las mujeres, son las mujeres".

Aquí tenemos una presencia de mujeres importantísimas que deberían decir: "Sí estamos de acuerdo en que sea exclusivamente para mujeres".

Pero está fundada, señor Senador, mire usted, está fundada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en el artículo 1o., párrafo quinto de la Constitución; en el artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Está fundada en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la directiva 2043 del Consejo de la Unión Europea.

En los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, contenidos en los expedientes SUBJDC-2013 y acumulados y dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral Judicial de la Federación.

La ignorancia en materia de derechos humanos, en la Jucopo, que repitieron lo que les dijo aquí nuestro nobel Senador, y la ignorancia es brutal, no es en contra de la Constitución, se llama, se llama, señor Senador, que festejo su presencia aquí, y lo recibo con los brazos abiertos, porque usted es el único valiente, salvo el independiente, ya mejor se callaron. ¡Bravo! Nada más que no es cierto lo que usted dice. Sí está fundado. ¡Eh! está fundado.

Luego dice usted: "Que sí hay participación civil, que no la leímos", y menciona usted asuntos de transparencia, etcétera, que no se concretan. Y menciona usted el tema del parlamento abierto que tiene una serie de elementos para la participación social.

Sí, nada más que esto no está en la convocatoria, no la leyó usted tampoco, no la leyó usted, Senador, mi querido amigo, se lo dijeron ahí, dígale que se lo digan bien, preciso, no está.

Sabe usted que esto es un documento que presentó la presidenta de la Comisión de Justicia, del PAN, a quien respeto muchísimo, es una Senadora dignísima, inteligente, ella presentó un documento sobre el parlamento abierto, eso no está aquí, la convocatoria es abierta, la convocatoria dice que va a establecer la comisión toda una serie de principios, ya la presidenta mandó un documento sobre el parlamento abierto, que es una costumbre que ya se está usando, pero no está ahí  ¿eh?, a no ser que le metan una página ahorita, no está ahí, no lo van a votar, porque se dice que había que tenerle absoluta confianza a la comisión, y entonces por eso dije yo desde el principio que aquí se va a votar una carta blanca a la Jucopo, sí, a tres gentes. No está ahí.

Yo creo que la Senadora luchará, la Senadora presidenta, del PAN, va a luchar para que esto se haga, pero no está en el manejo técnico y, además, fíjese usted, el parlamento abierto, que es una costumbre democrática que se está imponiendo en Europa y en América, el parlamento abierto tendría que ir a todas las fases del proceso, no nada más que haya gentes designadas por directores de la facultad de derecho, algunos nos los va a mandar como acostumbra Narro, algún director por ahí que tenga ya preparado el famoso ex rector Narro, que luego les aporta material humano.

No, tendría que estar la participación civil en todos los aspectos del proceso y no nada más en la comisión, porque la comisión va a escoger diez, pero quien va a escoger va a ser la Jucopo. Que le platiquen a usted cómo opera la Jucopo, son tres que van a sustituir al criterio de todos los Senadores y Senadoras, así va a ser, tres, entonces, no le informaron bien.

El parlamento abierto es una sugerencia inteligente de la presidenta de la comisión, espero que lo logren, pero en todo el proceso ¡eh! Tendría que acompañar en la Jucopo también y hacer valer sus investigaciones y participaciones que llegaron a ver, y también en el Pleno.

Dijo usted en su último alegato: "que queremos evitar que se cumpla la responsabilidad del Senado de la República", porque leyó usted ahí "inmediatamente se iniciará a través de todos estos mecanismos la designación del siguiente Fiscal para Delitos Electorales".

Sí, nosotros no queremos evitar esa responsabilidad, inclusive le estamos pidiendo al Presidente y a la Presidenta de la Jucopo que conteste nuestro escrito de que no se puede considerar como finiquitada la responsabilidad constitucional que tenemos de analizar el despido de este Procurador hechizo que tenemos ahí, ¡no!

No, no queremos evitar, tenemos que cumplir.

Lo que hay que cumplir, señor Senador, con todo cariño, respeto y afecto por su llegada aquí, por su valentía al ser el único que salé, ya lo felicitaron ahí.

No se trata nada más de cumplir, se trata de cumplir democráticamente.

Se trata de cumplir rompiendo la mafia que nombra a los funcionarios.

Se trata de evitar que los tribunales, que el INE y todos estén designados por este acuerdo de unos cuantos, porque no tenemos justicia y tenemos tribunales que no ven nada, y tenemos un INE que no se da cuenta de cuando se supera el nivel de inversión, eso es lo que tiene.

Claro que hay que cumplirlo, pero bien, no con una actitud mafiosa que le entregan ustedes, todos los que aquí están, si lo aprueban, todos van a decir: "sí, nosotros votamos para que tres gentes decidan por nosotros", esas tres gentes se van a poner de acuerdo como siempre, así es.

Muchas gracias por haberme atendido, señor Senador.

¡Lo felicito a usted!

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño que ocupa el Senador Tapia, junto al Senador Romo.

El Senador José María Tapia Franco: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente. Por alusiones personales, quisiera se me diera el uso de la palabra para decirle algo al Senador Bartlett.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador.

El Senador José María Tapia Franco: (Desde su escaño) Gracias.

Con todo respeto, señor Senador, igualmente le agradezco su bienvenida y la capacidad de recibir con los brazos abiertos a los nuevos integrantes del Senado.

Simplemente quisiera yo manifestarle que en mi grupo parlamentario no soy el único que tiene la valentía para defender el presente dictamen, sino habemos muchos más que me otorgaron la oportunidad para defenderlo en voz de todos.

En segundo lugar, señor Senador, con todo respeto, yo lo que le diría es, aquí está la ley, cumplámosla, cumplámosla todos, cumplámosla lo que nos mandata la Constitución al Senado, a todos, no nada más a la alusión que usted hace, y también dejemos que el debate sea debate y no una cerrazón con la que se pretende ganar un espacio más como el que fue ganado con el anterior Fiscal, desde el grupo parlamentario que usted encabezaba con anterioridad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Tapia.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La convocatoria que estamos debatiendo, ¿con esta convocatoria concluye la crisis de procuración de justicia que tenemos en el país? Por supuesto que no.

¿Con esta convocatoria resolvemos el grave atropello que sufrió el depuesto Fiscal Santiago Nieto? Tampoco, ex Fiscal.

¿Con esto resolvemos el transitorio que da pase automático de Procurador a Fiscal? Tampoco.

Ni tampoco estamos resolviendo ahora el compromiso que se tiene de discutir para modificar el artículo 102 constitucional y dar una arquitectura distinta a lo que pretendemos como Fiscalía General de la República.

Por supuesto que con esta convocatoria no queda saldada la deuda del encargado de despacho, tiene que venir el encargado de despacho, tiene que venir y nos tiene que explicar, pero además, tampoco con esta convocatoria estamos resolviendo que ese encargado de despacho no esté o no se conserve en la ilegalidad, porque hoy sus actos son ilegales, él está como encargado de despacho, pero solamente puede ser encargado de despacho si cubre un momento transitorio de ausencia del titular, y la renuncia de Raúl Cervantes es definitiva, y entonces tendríamos que estar nombrando ya a un Procurador General de la República, pero entiendo, no puede ser nombrado porque está el transitorio que lo llevaría automáticamente a ser Fiscal y que es la misma discusión que llevamos ya muchos meses.

Entonces, no tenemos la eliminación del transitorio para el pase automático, no tenemos la discusión del artículo 102 constitucional. Y apenas estamos tratando de reponer el espacio vacío de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Yo, con toda camaradería, no puedo aceptar señalamientos que se vienen hacer aquí.

Yo les pregunto. Este bloque opositor que se formó espontáneamente, porque así fue, espontáneamente, cuando estaba yo aquí interviniendo, que tomaron una decisión de venir a acompañarme, ¿ese bloque opositor pudo haber parado eso? ¿Esa infamia, incluso? ¡Sí! Yo creo que sí, pudo haberla parado.

Por supuesto que el objetivo de destituir a Santiago Nieto, no podemos negarlo, es, entre otras cosas, apoderarse del espacio por parte del partido gobernante. Por supuesto que es también ocultar una investigación que se estaba haciendo sobre el financiamiento a la campaña política del PRI, de la empresa Odebrecht. ¡Claro!, a mí no me cabe la menor duda.

Pero no fuimos capaces, este bloque opositor, de concretar esa acción, y la culpa no la tiene el PRD, eso lo puedo sostener aquí, mirándole a la cara a todas y todos ustedes, no la tuvimos nosotros.

Nuestra fracción parlamentaria acordó que aceptábamos que fuera, por supuesto, como era nuestra propuesta de todo el bloque, que el encargado de despacho fuera a la Comisión de Justicia y que ahí lo recibiríamos y ahí le cuestionaríamos, y ahí revisaríamos si tiene facultades o no, si tuvo esas facultades o no para destituir al Fiscal.

Nosotros sí queríamos enfrentarlo, nosotros sí queríamos cuestionarlo. Pero también acordamos, como fracción, que en el caso de no lograr una votación abierta en el tablero, estábamos dispuestos a mostrar el sentido de nuestro voto, así, ante las cámaras. Daríamos transparencia a esa votación, abriendo la cédula para que todo mundo conociera el sentido de las y los ocho integrantes de la fracción parlamentaria del PRD.

Pero había una necesidad en ese momento de conservar ese bloque, no sólo para esa acción, sino para las que probablemente después vendrían. Y una de las fracciones dijo: "Todo o nada".

No podemos aceptar que se vote secretamente. No podemos permitirlo. Y tanto el Senador Fernando Herrera, Coordinador del PAN, como yo, fuimos solidarios en esa postura y dijimos: "Vamos, nos aguantamos, nos sostenemos". Y nos sostuvimos hasta el último momento, y el acuerdo fue que si dejábamos concluir la sesión del martes de la semana pasada, dejábamos vencer esa sesión, toda la carga la tendría el PRI, porque habrían consumado su fechoría, palabras más, palabras menos.

Y nos quedamos en el salón reservado en el quinto piso, en el restaurante del quinto piso, hasta dos, tres minutos antes de que concluyera esta sesión.

Por eso yo no puedo permitir que vengan y digan que hubo un acuerdo del PRD con el PRI, para que se mataran los tiempos. Y puedo demostrarlo, porque estoy pidiendo incluso, estoy pidiendo la grabación, porque seguramente ahí hay cámaras en el restaurante, y que nos digan en qué momento entramos, porque tuvimos ahí dos reuniones, una en la mañana, otra en la tarde, en qué momento entramos en una, en qué momento salimos, y en la otra, para demostrar que no estoy mintiendo.

Pero eso podríamos decir que ya es pasado y queda para el anecdotario. A esta convocatoria que fue una propuesta de la Presidencia de la Jucopo, a ésta le metimos algunos elementos que creemos, consideramos nosotros, le permite hacer más transparente el proceso, y por supuesto, evitar esto que todos queremos evitar, que es el conflicto de interés en el nombramiento del próximo Fiscal o la próxima Fiscal.

El que se establezca en las bases que quien aspire no puede desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional, estatal, distrital o municipal de algún partido político, ni haber sido candidata o candidato a cargo de elección popular en los seis años anteriores, nos posibilita, compañeras y compañeros, a que quien esté ahí al frente no tenga el conflicto de interés, no haya sido representante, dirigente o candidato, candidata de partido político alguno.

Y estamos pidiéndole a las universidades, a los institutos de investigación, estamos pidiendo a la sociedad organizada, a las asociaciones civiles que propongan, y está específicamente aquí que tienen la posibilidad de proponer, de hacer propuestas, también, en lo individual, la persona podrá solicitar su participación.

Escuché hace un rato la intervención del Senador Cárdenas, donde reclama justamente esta cláusula. Y yo les digo y le pregunto: ¿Pues qué no vimos aquí todo el tema de conflicto de interés en el tema de anticorrupción? Imagínense que llevemos a alguien a la Fiscalía, que de cualquier partido fue candidato hace tres años. ¿Pues apoco va a perder la querencia? ¿Pues a poco después de tres años ahora sí va a ser imparcial en su trabajo? ¡No! Por supuesto que no.

Y tenemos los argumentos, porque nosotros mismos los construimos en el tema de evitar el conflicto de interés, y siempre, en cada proceso aquí en el Senado, debiera, como creo que se hace, supongo que se hace, exigir que se demuestre que no hay interés, o que no tiene un conflicto de interés.

Ojalá y la próxima Fiscalía sea encabezada por una mujer. A mí me simpatiza por supuesto esa idea, esa posibilidad, ojalá se haga. Ojalá podamos procesar todo esto y llevar a alguien en los que a lo mejor no confiemos tanto en nosotros, pero sí la sociedad, pero sí los que están allá afuera reclamando que ya le paremos a todo esto. Ojalá y podamos hacer eso.

Compañeras y compañeros, los tiempos están muy cortos, debemos tener Fiscalía ya con toma de protesta el 14 de diciembre, porque el 15 de diciembre inician las precampañas, y no pueden iniciar las precampañas sin un Fiscal. Con esto no resolvemos la crisis de procuración de justicia, apenas estaríamos viendo resolver y solventar este enorme hueco que hay en la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Sonido en el escaño del Senador Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente, y muchas gracias por su flexibilidad.

Yo no quisiera entrar en dimes y diretes, alegatos de segunda, pero miren ustedes.

Se llama bloque opositor al acuerdo que hicimos juntos PAN, PRD y nosotros, con un tema muy claro, pero jamás dijimos, y eso lo tengo que reconocer, que íbamos todos a casarnos con una idea, cada quien tiene sus intereses, partidistas, legítimos, de manera que era una reunión que estaba basada en el acuerdo de hasta dónde llegábamos, inclusive allá, en el quinto piso, como dice bien aquí el Senador, dice que en el quinto piso, sí, en el quinto piso nos reunimos varias veces, que es la cafetería, que es el restaurant, para platicar sobre esto.

Y decíamos, es muy importante, sería muy importante que lográramos mantener ese propósito común, porque venía, después de éste, que aquí se reconoce, de este golpe anticonstitucional del Fiscal que fue toda una urdimbre del propio Peña Nieto, de Cervantes y toda esta manera de comportarse sin ninguna dignidad ni respeto a nada.

De manera que no le llamemos bloque opositor, vamos a decir que nos pusimos de acuerdo y tuvimos un buen resultado, fíjense, tuvimos un buen resultado, porque logramos que no, y ese es un punto de los tres, logramos que no sacaran aquí, en este Senado, el asunto del despido inconstitucional en un solo día, el lunes siguiente, vámonos ya, un fast track, que si se discutía que llegara uno y discutieran 50, 60 preguntas y a votar en secreto.

Sí se logró, la opinión pública estuvo toda la semana pendiente, todas las semanas estuvieron pendientes de eso que se logró exhibir, exhibir el golpe anticonstitucional, era para favorecer la construcción de un Fiscal que le sirva mejor, porque Nieto no les gustaba.

Sí se logró, los tres lo logramos, los tres grupos, muy bien, ya sabe la opinión pública porque trascendió que Peña Nieto dio un golpe anticonstitucional, un golpe de Estado, pero como no salía, recuerden ustedes, como no salía aquí se atoró, el fast track en un día, vámonos ya, como no salía, entonces agarraron al Fiscal, que es importante, lo agarraron, yo sé quién, no voy a decir lo agarraron, lo amenazaron con cárcel, con destruir su personalidad, con acabar con su vida, el poder, y lo obligaron a firmar esa carta. Esa carta no vale nada, es un acto fascista, se los dije y lo podemos demostrar, si alguien quiere venir del Estado mexicano, del gobierno, venir a negarlo, pues yo les voy a decir dónde fue, cómo fue y quién fue.

Entonces sí se logró, fue positivo, se logró, pero llegó hasta cierto momento ya.

Dice mi colega, que yo, y eso lo dijo también enn una conferencia de prensa, que yo fui el culpable de que se pasara el término, porque yo dije que hay que hacer, que cumplan, que paguen su golpe, el precio político, su golpe, que yo fui, que estuvimos esperando los tres a que se venciera el término, eso no es cierto, y no quiero seguir con se chisme, no es cierto, porque el acuerdo que tomaron, quien dice esto, es público, antes de que terminara, antes de que terminara ese día, ese martes, antes de que el Presidente Cordero cerrara la sesión y convocara hasta el martes, quiero reconocer que Cordero dijo y si me llaman, y si hay una llamada en la Junta de Coordinación pues abriremos el debate, eso si lo añadió y muy bien, lo reconozco.

Pero fíjense que antes de que terminara, no estábamos en el piso quinto, no antes de que terminara esa sesión, antes, ya había llegado a un acuerdo, sí, un acuerdo de convocar, está en los periódicos, está en los periódicos, pactó usted, señor Senador, no estuvo esperando ahí hasta sus últimas consecuencias, si o no que le dije a usted, porque a usted me refiero, lo que le dije a usted es que no aceptáramos el voto secreto y usted sabía por qué y todos lo sabemos, dice ahorita que vamos a votar y enseñamos cómo votamos y los demás, ¿de qué sirve eso?

Esas son pamplinas, señor Senador.

El voto secreto que estaban imponiendo era para la corrupción que existe en este Senado, para que los que venden su voto no se exhibieran, y eso lo sabe todo México, y lo saben la prensa, los medios y lo conocemos todos, por eso era indispensable no aceptar el voto secreto.

Bueno, así es la verdad, ya estaba pactado antes de que el señor Presidente cerrara y añadiera eso, que le reconozco, si llegan a citar la Junta de Coordinación, pues convocaré.

Pero no es así, vamos a pasar ya a otro periodo, no hay tal bloque, yo quisiera que nos pudiéramos poner de acuerdo en algunas cosas, como sucede en la política, para que podamos ser oposición, ser oposición al partido en el gobierno, ser oposición, todos, de verdad, ser oposición y no permitir ninguna componenda, porque entonces vamos a traicionar cada quien a su electorado.

Ya prepararon el inicio del fraude electoral del próximo año, ya lo prepararon, vamos a ponernos de acuerdo, además aquí, me sorprendió mucho, y me pareció fantástica la posición de la Senadora Calderón, a quien también mucho respeto.

No, vamos a ser oposición compañeros, vamos a ser oposición, de verdad, no lleguemos a acuerdos, vamos a ser oposición de verdad, y podemos estar de acuerdo muchas veces, ¡eh!, ¡claro que sí!, pero no pactando con quienes somos los opositores, porque entonces dejamos de ser opositores.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett.

Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Por alusiones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Por alusiones personales, tiene el uso de la palabra, Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: El mote de bloque opositor no lo di yo, lo dieron los medios de comunicación. Cuando vean a tres fuerzas opositoras juntas, nos dicen, somos el bloque opositor, pero ahora, creo que faltaba poquito para decir ese affaire que tuvimos esos días, pues ya no existe.

Lamento, en verdad, créanme, lamento mucho esta situación, porque yo, insisto, como he insistido siempre, porque fui un promotor de la reunificación de las izquierdas, más de un esfuerzo por reunificar a las izquierdas, y está por escrito todo lo que se hizo para tratar de que las izquierdas no se separaran o se reunificaran, pero creo que hay otros intereses que impiden que esto sea.

Sí, yo no quiero caer en vergonzosas discusiones, no son pamplinas, porque de ese quinto piso salimos dándonos la mano, fraternos, después de haber acordado una estrategia, que es la que les relaté, que se pierda este día y el PRI pagará las consecuencias de sus actos.

Y sí, los medios dieron a conocer un acuerdo que tuvimos en esa reunión informal con la Presidenta de la Jucopo, dijimos: "Si no logramos nada de aquí al viernes, la próxima semana, esta semana, tenemos que lanzar la convocatoria", y si no cómo, pues era lógico, es un acuerdo vergonzante, pues no.

¿O qué, lo otro era no sacaremos la convocatoria y dejamos ahí la Fiscalía vacía? Esa era otra posibilidad.

Digo, no me extraña de algunos, de esa izquierda, que intenten boicotear todo, ¿verdad? no me extraña, pero de nosotros no, porque nosotros, el PRD tiene una responsabilidad.

Y vamos a ir con esta convocatoria, y vamos a hacer todo para que no sea un acuerdo, aunque reconozco también que hay diferencias en esa izquierda. Unos dicen "acuerdos vergonzantes" y otros dicen "acuerdos válidos entre fracciones parlamentarias", pero vamos a hacer todo para que no sea un acuerdo para llevar a alguien con un interés hacia una de las partes o con preferencia a una de las partes.

Nosotros vamos a estar firmes ahí para que la próxima Fiscalía esté representada por una persona que garantice la confianza de las y los ciudadanos.

Insisto en esto, mi fracción parlamentaria, las y los ocho que integramos esta fracción, dijimos que daríamos a conocer el sentido de nuestro voto, y aquí se dice que algunos habían vendido ya su voto, por eso yo decía, mostrémoslo cada quien para ver quién, en todo caso, se vendió o no se vendió.

Yo no tengo hoy cómo decir eso o cómo asegurar que alguien vendió su voto, ¿verdad? Pero si hay pruebas, pues vengan y díganlas.

Por lo pronto, nosotros, los ocho del PRD, estamos firmes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Luis Sánchez.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Sólo para efectos de alusiones personales, desde aquí, de mi escaño, en atención al planteamiento y haberme mencionado el Senador Luis Sánchez.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Yo saludo con mucho aprecio y respeto y reconocimiento al Senador Luis Sánchez, y lo que yo planteaba es que sí, efectivamente, como él lo dice, si nos vamos a la Base Tercera, pudiéramos pensar en el numeral 1, en el inciso 1, que cualquier persona por sí misma puede inscribirse.

Si lo leemos, dice: "carta firmada por la persona en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, coma, coma, y, coma, de haber sido propuesto".

Pero lo que yo planteaba es que esto no es congruente con lo que se señala en las consideraciones, porque en la consideración décimo primera no se plantea así; en la consideración décimo primera solamente se refiere a que convoca a organismos, etcétera.

De ahí que si interpretáramos la razón de la consideración para luego, partiendo de ella, llegar a la base, es lo que yo planteaba que había que, en todo caso, corregir y hacer congruente la consideración con la base.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cárdenas.

No habiendo más oradores, informo a la Asamblea que los Senadores Manuel Cárdenas, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y José María Martínez, han reservado la Base Segunda, numeral 6; y la Base Tercera, numeral 6 de la convocatoria.

También debo informales que he recibido solicitud firmada por el Senador Alejandro Encinas, el Senador Miguel Barbosa, el Senador Fidel Demédicis, el Senador Raúl Morón, el Senador Zoé Robledo y el Senador Rabindranath Salazar, para realizar votación nominal en el tablero electrónico.

Por lo cual, sugiero y pido a la Secretaría dé las instrucciones para abrir el tablero electrónico de votación para votar el Acuerdo, salvo la Base Segunda, numeral 6; y la Base Tercera, numeral 6 de la convocatoria. Ábrase el tablero electrónico hasta por cinco minutos.



De acuerdo a lo que establece el Reglamento, tengo que preguntar, una vez que termina la votación en el tablero, si algún Senador no emitió su voto, que lo haga de viva voz. ¿Hay algún Senador en la sala que no emitió su voto?

Senador Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más quiero que quede constancia, que el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista estábamos, aquí se demuestra una vez más que no tenemos mayoría, y que los señores que tienen mayoría no quieren que siga el procedimiento sobre la FEPADE.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: De acuerdo a la votación en el tablero electrónico, y de no reunirse el quórum reglamentario, se levanta la sesión.






Las demás proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y del estado de Michoacán a otorgar recursos extraordinarios a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, a fin de que solvente las necesidades de operación, sueldos y salarios y prestaciones que se requieren para concluir el presente año. Se turna a la Comisión de Educación el primer resolutivo; y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Al menos desde al año 2012, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha padecido sistemáticos recortes presupuestales que han atentado contra su viabilidad como institución de educación superior y contra el derecho a la educación de las y los michoacanos y de estudiantes de otros estados. Los recortes al presupuesto de la UMSNH se estiman que crecieron hasta en 3 mil 500 millones de pesos. Tan sólo en el año 2016 se estima que fueron alrededor de 500 millones; para 2017 fue de cercea de 391 millones de pesos.

2. Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un presupuesto para este año de 35 mil millones de pesos y el Instituto Politécnico Nacional con 16 mil millones, el de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que atiende a 55 mil alumnos, será tan sólo de 2 mil 555 millones.

3. La UMSNH se mantiene en paro de brazos caídos desde el pasado 31 de octubre, el cual iniciaron gremios sindicales y la comunidad universitaria en protesta por el incumplimiento del pago total de la segunda quincena de octubre. Se vive una situación crítica que necesita de que tanto el Gobierno de Michoacán como el Gobierno Federal asumen sus responsabilidades y compromisos con la educación superior en Michoacán para ofrecer alternativas viables y urgentes para atender de fondo las causas estructurales de esta crisis.

4. Es fundamental que las autoridades estatales y federales asuma una posición clara y sustantiva en defensa de la educación pública, en particular en defensa de la UMSNH, que hoy se ve en peligro de continuar con normalidad sus actividades académicas y reafirmar su compromiso con la sociedad mexicana. La UMSNH desde hace varios años vive una situación de déficit presupuestal, producto de múltiples factores, que han generado una serie de movimientos por parte de docentes y trabajadores administrativos, poniendo en riesgo ciclos escolares y aprendizajes de los estudiantes.

5. Derivado de esta situación, a principios del presente año, el Rector de la Universidad anunció un acuerdo de austeridad, para generar diversos ahorros en la administración universitaria sin menoscabo de la academia.

6. Consideramos el pronunciamiento público del actual rector, Dr. Medardo Serna González: “Es importante considerar que la UMSNH pese a la crisis financiera que ha vivido, ha tenido grandes logros, destacándose por la calidad académica reconocida, gracias a la acreditación y reacreditación de todos los programas educativos de Licenciatura que han sido evaluados externamente, la consolidación de los cuerpos académicos, el liderazgo nacional de los Estudios de Posgrado y la pertinencia del Bachillerato. Estos logros académicos, entre otros, la siguen ubicando como una de las mejores Universidades Públicas del país con reconocida responsabilidad social. Con base en un modelo de organización más eficiente aprobado por el Honorable Consejo Universitario, se han creado 7 carreras de Licenciatura, un programa de Técnico Superior Universitario y 6 Nodos de Educación a Distancia, lo que nos ha permitido contribuir responsablemente a la ampliación de la cobertura de educación superior del Estado de Michoacán. También se han fortalecido la Extensión Universitaria con la creación y operación del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios y del Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios para acompañar, de manera más organizada, a dos de los sectores sociales más importantes de nuestra entidad. Adicionalmente, se ha mantenido el apoyo solidario a los albergues estudiantiles a fin de que alumnos de escasos recursos puedan formarse en la Casa de Hidalgo, en beneficio de la sociedad. Ha llegado, por tanto, con una gran fortaleza académica y un significativo compromiso social al Centenario de la fundación de la Universidad, sabeedores de ser una gran comunidad con proyecto a futuro y plena consciencia de nuestras capacidades, valores y obligaciones”. Considerando lo anterior, las autoridades universitarias han venido realizando, desde el inicio de este año, un trabajo intenso de gestión de recursos ante las autoridades federales a fin de poder incrementar el presupuesto destinado a la Universidad y contar con recursos que permitieran concluir con éxito el presente año, no obstante lo anterior, no fue se ha obtenido respuesta favorable, lo que provocó la situación que se vive actualmente, “que no se tengan recursos para pago de nómina de lo que resta del año, aguinaldos y prestaciones”.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- Se Exhorta al Gobierno federal y del estado de Michoacán, para que otorguen recursos extraordinarios a la UMSNH, a fin de que solvente las necesidades de operación, sueldos y salarios y prestaciones que se requieren para concluir el presente año, con el objeto de lograr la estabilidad operativa que no ponga en riesgo la consecución académica del presente semestre.

DOS.- Asimismo para que realicen gestiones ante la Cámara de Diputados federal y local, respectivamente, a fin de que se dote de recursos que permitan enfrentar la crisis financiera que vive la UMSNH desde hace varios años, para que esté en condiciones de seguir siendo una de las mejores Universidades del País y seguir aportando al campo de la ciencia, la tecnología y la cultura, en favor del desarrollo del estado y del País.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 9 de noviembre de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.






Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de otorgar recursos extraordinarios para la generación de empleo en el estado de Tabasco. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de otorgar recursos extraordinarios para cubrir los requerimientos financieros de pago de diversas universidades públicas estatales. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Educación el segundo de ellos.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar recursos adicionales a las universidades públicas estatales que se encuentren en déficit financiero. Se turna a la Cámara de Diputados.








De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, las previsiones necesarias para reducir las afectaciones económicas en el caso de término del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el segundo de ellos.



(Intervención de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez)








De los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Isaías González Cuevas, Hilda Esthela Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano y Luis Armando Melgar Bravo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, considere otorgar a la Secretaría de Turismo un presupuesto mayor al otorgado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, con el fin de impulsar el crecimiento de la actividad turística del país. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Isaías González Cuevas, Hilda Esthela Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano y Luis Armando Melgar Bravo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se etiqueten recursos suficientes para el programa de la Secretaría de Turismo denominado Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos y con ello contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las localidades incluidas en el mismo. Se turna a la Cámara de Diputados.








CITA

Se cita a la siguiente sesión el día 14 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:27 horas)

Directorio

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