Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 16 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 10



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Octubre de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

APERTURA

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (13:49 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se encuentran en este momento 110 Senadores, señor Presidente.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se abre la sesión del jueves 5 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE

PRESIDE EL SENADOR
CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes tres de octubre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Ernesto Ruffo Appel, el informe de su participación en el ciclo de conferencias "Building a Competitive U.S.-Mexico-Border", celebradas en Washington, D.C., los días 16 y 17 de junio de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jesús Casillas Romero, el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la integración del PARLATINO, celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 10 de octubre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Gobernación, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, su informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, su informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, su informe de actividades Legislativas y Gestión Social, del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la primera y segunda rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México".- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los informes de labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores.- La Presidencia comunicó que dichos Informes se distribuyeron entre las senadoras y los senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, correspondientes a diversos programas presupuestarios.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2017; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2017.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones de gobiernos, embajadas, congresos extranjeros y organismos parlamentarios internacionales)

Se recibieron comunicaciones del Gobierno del Estado de Kuwait, del Principado de Andorra, del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, de la Asamblea Nacional de Corea, de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, del Parlamento Nacional de la República de Serbia, del Parlamento de Singapur, del Senado de la República Checa, del Senado de España y de la Embajada de Eslovaquia en México, por las que expresan sus respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.- Quedaron de enterado.La Presidencia instruyó emitir comunicaciones de agradecimiento a las respectivas representaciones diplomáticas, en su caso.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron tres oficios con los que remite respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la sustitución de legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara para el mes de octubre de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara al mes de agosto de 2017.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Pronunciamiento)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, para presentar un pronunciamiento por el que expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de América, por los lamentables hechos sucedidos el 1 de octubre en Las Vegas, Nevada.- Intervinieron las Senadoras: Dolores Padierna Luna del PT; y Angélica de la Peña Gómez del PRD.

(Iniciativas)

El Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el "Día Nacional del Rescatista".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de control, fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención y reconstrucción frente a desastres naturales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social y 45 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre de dos mil catorce.-Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, quien se refirió a éste y al siguiente dictamen; Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien se refirió a éste y al siguiente dictamen; y Patricio Martínez García, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Intervinieron los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. La Asamblea autorizó realizar la votación nominal de los seis dictámenes, de forma separada, al final de la discusión.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.- Intervino el Senador Félix Arturo González Canto del PRI.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el diecisiete de diciembre de dos mil trece.- Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, quien se refirió a éste y los siguientes tres dictámenes; y Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien se refirió a éste y los siguientes tres dictámenes. Intervinieron los Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, en contra; y Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Isidro Pedraza Chávez, se integraría al Diario de los Debates.

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

El Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre de dos mil catorce, fue aprobado por 97 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince, fue aprobado por 95 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el diecisiete de diciembre de dos mil trece, fue aprobado por 89 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, fue aprobado por 99 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis, fue aprobado por 93 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, fue aprobado por 88 votos a favor y 12 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo que propone la designación del Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.-Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores:Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Raúl AarónPozos Lanz, por la Comisión de Comunicaciones y Transportes; y Héctor David Flores Ávalos, por la Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión intervinieron los Senadores: Sylvia Leticia Martínez Elizondo del PAN, en contra; Benjamín Robles Montoya del PT, para razonar voto; Isidro Pedraza Chávez del PRD, en contra; Dolores Padierna Luna del PT, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; y Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

Continuaron en la discusión los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PRD, en contra; y David Monreal Ávila del PT, para razonar voto. En votación económica, se aprobó el dictamen que refiere la idoneidad de los candidatos. En términos de lo que disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, se realizó votación por cédula para elegir a quien ocupará el cargo de Presidente de Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el desarrollo del escrutinio por parte de los Secretarios de la Mesa Directiva, la Sen. Marcela Torres Peimbert solicitó verificar el conteo de los votos. El Presidente de la Mesa Directiva realizó las acciones para la comprobación del procedimiento de votación. Concluida la revisión, confirmo la transparencia y validez de la elección, así como del escrutinio correspondiente. La Secretaría informó el resultado de la votación con los siguientes datos: se recibieron un total de 112 votos, 81 a favor del C. Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, 27 a favor de la C. María Elena Estavillo Flores y 4 nulos. Se designó al ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar como Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran las preguntas parlamentarias que se formulan al Presidente de la República, en el contexto del Quinto Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia informó de los asuntos que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de este día.

1. La ampliación de turno al proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado el 5 de junio de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos.

2. El retiro del proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 119 Bis 9 y 119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado el 14 de febrero de 2017.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios con motivo del análisis del V Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen las normas para el análisis del V Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Excitativas)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, presentado el 27 de octubre de 2015.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Armando Ríos Piter, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 27 de octubre de 2015.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Armando Ríos Piter, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de junio de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de marzo de 2017.- La Mesa Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

La Presidencia dio turno a la proposición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados especializados en materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

La Presidencia dio turno a la proposición de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer mensualmente a diversos Secretarios de Estado para que rindan cuentas de las labores de atención a damnificados y reconstrucción por los sismos que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país los pasados días 7 y 19 de septiembre.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.- La lista de los asuntos se publicó en la Gaceta.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno, a diversos asuntos publicados en la Gaceta del 28 de septiembre de 2017:

(Iniciativas)

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; de la Familia y Desarrollo Humano; y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que por el que se adiciona el Capítulo II Bis denominado "Del juicio de sucesión tramitado ante notario", al Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación del auto de vinculación a proceso en el proceso penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo respecto a la nueva autorización otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure y/o refinancie la deuda pública del estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a generar un programa que reciba denuncias ciudadanas referentes a la indebida utilización de los víveres destinados para las personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores Fernando Mayans Canabal y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cumplir en tiempo y forma con la evaluación y notificación correspondiente del proyecto Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco, registrado ante el Instituto Nacional del Emprendedor.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de la Paz.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo para emitir un Decreto de emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a coordinarse en la atención a la población morelense afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla a destinar los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera transparente, oportuna, responsable y eficaz para la atención de las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a los municipios del territorio nacional y las delegaciones de la Ciudad de México a trabajar en la elaboración o, en su caso, actualización de los atlas de riesgos y en la creación de una aplicación para dispositivos móviles de alertas de desastres naturales.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a retomar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para comenzar la reforma del sistema judicial y de las instituciones de procuración de justicia en contra de la impunidad y la injusticia.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre las acciones que haya desarrollado en materia de cambio climático y derechos humanos, en seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H. Knox.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enviar al Senado y transparentar a los ciudadanos el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al proceso de licitación de placas realizada por el gobierno de Yucatán para el reemplacamiento vehicular 2017 y a la Procuraduría General de la República a investigar probables delitos cometidos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Gobernación y al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe de los daños causados a las instalaciones educativas de dicha Ciudad y de las pérdidas de vidas humanas sufridas como resultado del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre del presente año.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las afectaciones provocadas por diversos fenómenos naturales en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Salud y a las entidades correspondientes a realizar las adecuaciones pertinentes para asegurar el diseño de la política pública transexenal para la prevención del embarazo adolescente, así como para que se fortalezcan las estrategias de comunicación y distribución de insumos de salud en materia de prevención del embarazo adolescente.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para fortalecer las atenciones psicológicas del estrés postraumático en la población, debido a los sismos vividos los pasados 7 y 19 de septiembre, así como para futuros acontecimientos; principalmente en grupos como embarazadas, niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y aquellas personas con necesidades especiales de atención médica de la población en las zonas afectadas, así como del personal que interviene en la respuesta.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con todas las familias afectadas por los terremotos sucedidos los días 7 y el 19 de septiembre de 2017, los cuales afectaron a los estados de Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz y a la Ciudad de México, ocasionando la muerte de muchas personas e innumerables pérdidas materiales.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a extender una invitación al Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H Knox, para que realice una visita de trabajo a México en una fecha mutuamente acordada.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos económicos para programas de prevención, adecuado control y tratamiento del cáncer de próstata de México dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Raúl Gracia Guzmán, Silvia Guadalupe Garza Galván y Luz María Beristain Navarrete, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe sobre los alcances y consecuencias de los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales que fueron publicados el 30 de agosto del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 una partida presupuestal para poder continuar con los trabajos relacionados con la construcción de la presa Santa María en el estado de Sinaloa, así como para que funcionen de manera eficaz los Consejos de Cuenca.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Acceso a la Información.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Marítimo Mundial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la no Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el nacimiento de Guadalupe Victoria, insurgente y primer Presidente de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Corazón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de José María Morelos y Pavón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos publicados en la Gaceta del 3 de octubre:

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo VIII Bis con el artículo 220 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorre la numeración del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el día 19 de septiembre como día de descanso obligatorio y establecerlo como el "Día Nacional del Rescatista, el Brigadista Voluntario y la Protección Civil".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción I de artículo 424 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades federativas para que se catalogue la insuficiencia cardíaca como un grave problema de salud pública.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y fincar las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos por hechos de corrupción, en la asignación de contratos y convenios celebrados entre dependencias de Estado y universidades estatales para la ejecución de diversos servicios.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura amplíe la información sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer su metodología; si tales estimaciones provienen de bases y procedimientos estadísticos aprobados por el INEGI para la elaboración de indicadores de gestión, o si son estimaciones aproximadas.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de las Personas de Edad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del estado de Zacatecas, realice los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo humano en el estado.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a realizar una investigación en relación al edificio número 168, en la calle Bolívar esquina con Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, derivado de los hechos acontecidos el 19 de septiembre y las labores de rescate de los días posteriores.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de la no Violencia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar distintos puntos referentes al bloque 30 de la cuarta convocatoria de la Ronda 2.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder los tiempos oficiales que le corresponden en la radio y televisión a fin de que se utilicen para comunicar a la población sobre temas de protección civil; y exhorta a diversas autoridades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 a proceder de la misma forma.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre          el pago de indemnización correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 m2, ubicado junto al Río de los Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda San Pablo de Enmedio, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado "Vaso de Carretas".- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al seguimiento de los trabajos de recuperación del Parque Nacional Lagunas de Montebello.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los Registros Públicos de la Propiedad, a los Registros Civiles y a los Notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca a ampliar sus módulos de atención y brinden asesoría para una pronta recuperación de documentos como actas de nacimiento, credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas que los extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su agradecimiento a los pueblos y gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Reino de España, República Argentina, República de Colombia, República de Chile, República de El Salvador, República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República Federal de Alemania, República Popular China, así como a la Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con al pueblo mexicano tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones de pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso del Huracán María, afectados por el paso del Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Economía a remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y tercera rondas de negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos a transparentar el apoyo que la sociedad civil ha otorgado a la ciudadanía afectada por los desastres ocurridos por los sismos que han afectado a la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar y actualizar el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer aquellas disposiciones en donde señalan los parámetros de reforzamiento en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más riguroso en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan sufrir los habitantes de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido el pasado 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a los acontecimientos en Cataluña, España.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo Estatal del gobierno de Guerrero a atender los daños provocados en el Hospital General de Chilapa de Álvarez por los sismos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de emergencia, como fue el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su saturación.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a los acontecimientos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer sus estrategias, políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Coordinación General de Protección Civil del gobierno del Estado de México a que, con el acompañamiento de la Coordinación Nacional de Protección Civil, instale el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, con cobertura total en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la fiscalización de los recursos destinados a la reconstrucción y atención a damnificados del mes de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas, tomando en consideración las recomendaciones internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo a realizar una campaña de información y brindar la asesoría necesaria a la población afectada por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores.- Turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones por parte de la Delegación Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa que permitieron la ampliación irregular de las instalaciones del Colegio Rébsamen, las cuales resultaron colapsadas durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos ejercidos por el gobierno estatal en materia de adquisición de seguros por daños materiales causados por fenómenos naturales, a fin de esclarecer diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los montos, el proceso de contratación y la empresa proveedora.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos ejercidos durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, para la adquisición, instalación, monitoreo y mantenimiento de sensores, bocinas y antenas del sistema de alerta sísmica en la entidad, por presuntas irregularidades.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y agradece la solidaridad de los países y organismos internacionales que enviaron ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de septiembre del presente año.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a remitir un informe sobre el motivo por el cual al día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños provocados por los recientes desastres naturales, así como fortalecer las acciones coordinadas de protección civil para hacer frente a las situaciones de emergencia.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Protección Civil el segundo de ellos.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil "UDIF" y la Unidad de Servicios Infantiles "USI" en Colima, Colima.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial el segundo de ellos.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 2018, recursos suficientes para la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer cérvico uterino, de ovario y de mama.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del Doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, pionero en la investigación del tifo y la brucelosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre los hechos del 2 de octubre de 1968.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Animales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Animales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Animales.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Arquitecto.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el natalicio de Don José María Morelos y Pavón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lilia Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la conmemoración del 2 de octubre de 1968.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y un minutos y citó a la siguiente el jueves cinco de octubre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada el acta.






Compañeras y compañeros Senadores, a partir de la ratificación del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, este día tomaremos las protestas de ley correspondientes.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los ciudadanos Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo y Octavio Francisco Pastrana Pastrana, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Jorge Luis Lavalle Maury, Jorge Aréchiga Ávila, Salvador Vega Casillas, María Verónica Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou, Óscar Román Rosas González y Tereso Medina Ramírez, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Ruego a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

La Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadanos Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo y Octavio Francisco Pastrana Pastrana, les solicito dar un paso al frente.

Les informo que en la sesión pasada el Senado los nombró como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, respectivamente.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y desempeñar legal y patrióticamente los cargos que se les han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo y Octavio Francisco Pastrana Pastrana: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señor Luis de la Calle y Octavio Pastrana!

A nombre del Senado de la República les deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores Consejeros cuando deseen retirarse del salón.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En la oportunidad de este asunto del cual se está tomando protesta de los Consejeros Independientes de Pemex y de la CFE, en la misma sesión, la cual no concluyó por falta de quórum, en los términos que todos conocemos, faltan tres dictámenes, dos que se refieren al Órgano Regulador de Energía y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Ambas designaciones se regulan de acuerdo a la ley específica, la ley de la materia de cada uno de estos órganos, pero como son nombramientos que el Senado de la República tiene que ratificar, bueno, se vota entre tres ternas, una terna por cada cargo.

Aquí se dijo que “como el Senado al 30 de septiembre no había alcanzado procesar en su Pleno la votación de dicho dictamen, de dichas ternas, ya era facultad del Ejecutivo”.

Le he entregado hoy en su oficina, señor Presidente, una opinión de los Senadores y las Senadoras del grupo parlamentario del PT-Morena, donde de manera muy clara acreditamos que el plazo que el Senado tiene para resolver vence el 20 de octubre, porque los días son días hábiles.

Entonces, para que no se creé la condición de que hasta el 20 de octubre el Senado pueda comunicar que no se procesó su designación y esto nos lleve a la interpretación de que ya el Ejecutivo tiene que designar, dentro de los integrantes de la terna, que puede ser una posibilidad o alguna intención ahí. Bueno, para que no ocurra esto es por lo que presentamos esta opinión y pedimos que la Mesa Directiva lo analice.

Hay conocedores del procedimiento, pero perfectamente claro que son días hábiles y que la ley aplicable es el Reglamento del Senado y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de manera supletoria.

Le pido atienda, por favor, este planteamiento que hicimos las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PT-Morena.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias. En el mismo sentido.

No puede haber vencido el plazo del nombramiento del titular de una dependencia, cuyo cargo vence hasta diciembre de 2017. Cómo puede estar vencido un nombramiento sin ni siquiera el tiempo al frente del cargo para el que fue electo se venció, primero.

Es una gran farsa que se hizo y al menos yo no me quiero sumar a eso.

Y segundo, hay otro, como bien decía el Senador Barbosa, que se mide en días hábiles, no pueden tomarse sábados y domingos, para que muy forzadamente digan “ya se venció el plazo, ya no nombramos”.

Y por último, haría la reflexión: ¿Por qué vamos a abdicar a una facultad que tenemos como Senadoras y Senadores? ¿Cuál es el problema? Hay una mayoría, ya se sabe, no pasa nada si se cumple con el Reglamento del Senado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Padierna.

Les informo que lo que establece la ley correspondiente habla de 30 días improrrogables, no habla de días hábiles, con mucho gusto recibiremos sus consideraciones y las discutiremos en la Mesa Directiva.

Debo decirles que la Mesa Directiva, el martes 3 de octubre, suscribió tres Acuerdos que corresponden a las ternas que el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Cámara el pasado 30 de agosto para la elección de dos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Los Acuerdos son para comunicar al Ejecutivo Federal el cumplimiento del plazo marcado por el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, sin que el Senado hubiese resuelto, con lo que se actualiza el supuesto ahí previsto, pero les ofrezco recibir su documento, Senador Barbosa, revisarlo con atención y que la Mesa Directiva se vuelva a reunir para discutir este tema.

Por favor, sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Yo estoy seguro, señor Presidente, que así va a ser, tengo mucha confianza en la conducción que ustedes hacen de los procedimientos acá en el Senado de la República.

Yo estoy seguro que así va a ser. Solamente le doy la referencia, efectivamente, las leyes específicas de estos órganos reguladores establecen que son 30 días, no me es nuevo decirlo, por favor, son 30 días, distinto a la anterior ley que ahí sí hablaba de 30 días naturales, ahí dice 30 días.

Entonces, la interpretación es si son hábiles o si son naturales, y cuándo empieza el plazo para contarlos, para nosotros en el razonamiento es 5 de septiembre, que es cuando se dio cuenta a las comisiones de estas ternas que envió el Ejecutivo, y vence hasta el 20 de octubre. Ahí están las leyes, que no se preocupe Servicios Parlamentarios porque ahí no se va a resolver, yo estoy perfectamente claro que lo van a hacer debidamente.

Y la consecuencia de que el Ejecutivo nombre antes de que el plazo del Senado venza el término para haberlo hecho, es que el nombramiento va a estar afectado para todos los actos que ellos hagan de nulidad, es un nombramiento que va a provenir de parte del Ejecutivo de manera ilegal y todo lo que hagan va a ser nulo, ese es el procedimiento, entonces, revísenlo, yo estoy seguro que vamos a llegar a un buen entendimiento jurídico.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa Huerta. Le ofrezco que serán atendidas sus consideraciones con mucha responsabilidad y precisión en la reunión de la Mesa Directiva.






Se recibieron las siguientes comunicaciones.

COMUNICACIONES

Una, de la Comisión para la Igualdad de Género, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, de la Comisión Jurisdiccional, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Y una, del Senador Jesús Priego Calva, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.








Y una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.



La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en el Diálogo de Líderes de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, así como en un Foro de Negocios, que se celebró en la ciudad de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en el marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); así como de su viaje a la ciudad de Hangzhou para visitar las oficinas de la compañía china Alibaba, la cuarta empresa de tecnología más importante del mundo, del 2 al 6 de septiembre del 2017.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron doce oficios con los que remite respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Protección Civil, en materia de cooperación en casos de desastre.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Es innegable poder soslayar todo el tema que nos ha traído en este mes de septiembre de los desastres naturales, a todos nos ha llegado esta penosa situación y que nos ha dolido en el alma, en el corazón, lo que ha estado pasando en nuestros estados, yo particularmente les voy a hablar del estado de Morelos, donde miles de familias se han visto afectadas por estos desastres naturales que han dejado sin casa, sin vivienda, sin familia, sin trabajo, y que hoy más que nunca requerimos de una conciencia humana, social, pero también de carácter legislativa.

En nuestro país estos desastres naturales y sucesos que nos tienen latente y nos tienen lastimados y nos desespera, nos desalienta, pero que tenemos que tener un control y una medida a efectos de que estos cambios que hoy hemos vivido de clima, que hemos enfrentado una variedad de fenómenos naturales que amenaza la integridad de su población, como estos fenómenos geológicos, erupciones de volcanes, sismos, lo que ha pasado en las últimas semanas, así como en nuestras leyes de protección civil que necesitamos seguir reforzando.

Como la ley de 2012 se han mejorado las medidas de preparación tanto de instituciones como de operaciones para el manejo de eventos perturbadores, esto en asociación con actores tanto a nivel federal como estatal y municipal; sin embargo, aún se puede hacer más para evitar estas pérdidas futuras.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reconoció que México se ha beneficiado de una mejor coordinación para la preparación y respuesta ante emergencias; de una colaboración efectiva con la comunidad científica y la creación de sistemas de alerta temprana, la creación de fondos que forman parte de una infraestructura financiera innovadora de clase mundial.

Sin embargo, manifestó que México debe hacer más para reducir los daños de desastres futuros así como para colocar a la prevención al mismo nivel que la respuesta ante emergencias y avanzar hacia una gestión integrada de riesgos, señalando que se deben impulsar cambios en todos los niveles de gobierno, aprovechando las oportunidades que brinda la Ley General de Protección Civil de 2012. Lo anterior requiere de la implementación de medidas para reducción de riesgo de desastre, tales como la regulación para el suelo, planes de desarrollo urbano e inversión e infraestructura de mitigación.

No obstante ello, se considera que también debe existir una coordinación efectiva entre sociedad y gobierno, tanto en materia de prevención, como en atención al momento de atender una emergencia o desastre provocado por algún fenómeno perturbador de la naturaleza o del hombre.

Este 19 de septiembre, se reportó un sismo con magnitud de 7.1 grados, el cual fue sentido fuertemente en el centro del país, ocasionando graves y muy lamentables afectaciones en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Morelos; desde la pérdida de vidas humanas hasta desastres de viviendas, escuelas, centros de salud, negocios y vías de comunicación en diversos poblados, daños que siguen contabilizándose para iniciar una reconstrucción de cada entidad federativa.

A pesar de lo anterior, después de este sismo se hizo evidente la valentía, la solidaridad, la entereza del pueblo mexicano, cuyos ciudadanos se comenzaron a movilizar para brindar apoyo en las actividades de rescate, recolecta y repartición de víveres, movilización de escombros, etcétera, pero también se evidenciaron fallas en la organización y vinculación entre las autoridades, la sociedad civil, así como medios de comunicación, las cuales se manifestaron en la desinformación, en los actos de rapiña, la precaria cultura de prevención y la incapacidad de reacción, así como el oportunismo político, según lo señalado por diversos medios de comunicación. Yo qué les puedo decir, evidente prueba lo que sucedió en el estado de Morelos.

Es por ello que se propone esta iniciativa, para que dentro de las atribuciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se contemplen la promoción e instrumentación de mecanismos y acciones de carácter permanente entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, para que en caso de emergencia o desastre puedan reaccionar de forma organizada e informada, es decir, para evitar la mala administración de los víveres, la falta de identificación de las necesidades en las zonas afectadas, la desconfianza de la sociedad civil en el gobierno, por lo que se deberá fomentar una participación activa antes, durante y después del siniestro.

Es así como se propone esta reforma al artículo 19, que establecería en una fracción  XIX. “Promover y, en su caso, instrumentar mecanismos permanentes de cooperación entre los tres niveles de gobierno, organizaciones internacionales, institutos académicos, sector privado, grupos de voluntarios y sociedad civil, para que estos se encuentren debidamente informados y capacitados al momento de  participar en la atención de los efectos derivados de los fenómenos naturales y humanos”.

Esta sería la presente iniciativa, la cual me gustaría que pudiesen acompañar, porque es básicamente un tema que tiene que ver con organización de método y con ser más eficientes, tanto en los recursos humanos como materiales.

Por su atención, muchas gracias.

Y que la fe y la solidaridad sigan moviendo a México.

Gracias.



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, en materia de tarifas de estímulo de energéticos agropecuarios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE ENERGÍA PARA EL CAMPO

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con su permiso, señora Presidenta.

Muy buenos días, amigas y amigos Senadores.

Comparezco ante esta Asamblea para proponer reformas al artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, con el objetivo de que los beneficiarios de los programas de precios y tarifas de estímulos a los energéticos en materia agropecuaria, cuenten con mayor información sobre el uso, comprobación y las devoluciones fiscales correspondientes de los mismos, al tenor de los siguientes considerandos:

El sector agropecuario comprende las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, y tiene un gran impacto en nuestra economía, ya que es el pilar de la seguridad y de la soberanía alimentaria de nuestro país, razón por la cual se han realizado diversos esfuerzos para garantizar mejores condiciones para su desarrollo, crecimiento y estabilidad; entre las cuales destacan, el otorgar estímulos fiscales para la adquisición de combustibles, trátese de gasolina, diésel o biocombustibles, mismos que constituyen insumos básicos e indispensables para las operaciones del sector agropecuario. Estos apoyos son otorgados a través de la Sagarpa o a través de Semarnat.

Cabe destacar que, desde el año 1990, en México se han venido otorgando estímulos fiscales a la actividad agropecuaria y el impacto que ha detonado este apoyo a esta actividad ha sido muy significativo.

Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico social, especialmente ante una situación de desventaja o desigualdad.

Algunos estímulos fiscales carecen de relevancia impositiva, debido a que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos del tributo, razón por la cual no trascienden a la contribución, ya que no miden ni gradúan la capacidad contributiva; mientras que por otra parte, existen estímulos que sí tienen relevancia impositiva, y esto es cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar a los contribuyentes.

Cuando imaginamos a los productores, sobre todo a aquellos pequeños productores que reciben estos tipos de apoyo, resulta complejo ante la falta de claridad e información, considerar que tienen los conocimientos de todos los procesos, que en obvio de tiempo no menciono, y mucho menos realizan las acciones necesarias para la obtención de estos recursos. De ahí lo delicado del tema, que muchas veces no logran, a pesar de que tienen estos beneficios, incluirlos en los costos de sus operaciones.

Asimismo, en la Ley de Energía para el Campo se encuentra establecido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional; pero no acredita ninguna responsabilidad a las Secretarías otorgantes, es decir, Sagarpa y Semarnat, para brindar toda la información básica correspondiente a los procesos relacionados con temas fiscales, razón por la cual algunos productores al referirse a esta ley, desconocen la posibilidad de efectuar estos procesos para la comprobación y devolución de los impuestos, situación que genera inconformidades, injusticias y confusión.

Derivado de lo antes expuesto, la presente iniciativa propone modificar el artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo con el único objetivo de especificar que las dependencias otorgantes de los precios y tarifas de estímulo serán las responsables de brindar toda la información básica correspondiente sobre los mecanismos, los procedimientos de los apoyos a cada uno de los beneficiarios, con lo cual estos programas de energéticos agropecuarios tendrán los conocimientos indispensables, me refiero pues, a los productores para hacer el uso correcto de los mismos y sobre todo, identificar que existe la posibilidad de la comprobación y devolución de los impuestos correspondientes, lo cual permitirá generar una mejor estabilidad en su actividad productiva.

Es importante también considerar el enriquecer esta iniciativa exhortando al Ejecutivo Federal a invertir en fuentes alternativas de energía limpia como la solar, la eólica y la hidráulica, para con ello, beneficiar en los costos y, desde luego, con los consiguientes ahorros de energía para todo el agro mexicano.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, para agregar un último párrafo:

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales serán las responsables de informar a los beneficiarios de los precios y tarifas de estímulo, sobre la posibilidad de acreditación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y con ello, obtener mayores beneficios a los estímulos fiscales”.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rosas González.

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para pedirle al Senador López Brito, si me permite adherirme a la iniciativa que hoy acaba de presentar.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Concedido por el Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 constitucional, en materia de eliminación de la vagancia como causal de supresión de derechos políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Los derechos ciudadanos son producto de un largo y complejo proceso histórico, por tanto, resultan fundamentales para la consolidación de un estado democrático de derecho, que se apegue al contexto social, político y económico del país.

Hablar del ciudadano, inmediatamente conlleva a tratar temas como nacionalidad y ciudadanía, siendo la primera un vínculo jurídico que tenemos con el Estado y la segunda una cualidad o estatus de inclusión y pertenencia que conlleva al reconocimiento de diversos derechos y deberes, los cuales nos facultan para tomar parte de la vida pública.

En nuestro país ambos conceptos se relacionan íntimamente, puesto que la Constitución vigente, en primer lugar, establece que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización, posteriormente el texto constitucional apunta en su Capítulo IV los ciudadanos mexicanos, del Título Primero, que para ser ciudadano de la República es requisito ser mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir.

Una vez que se tiene la calidad de ciudadano, la Carta Magna otorga diversos derechos de, entre los cuales destaca, votar y ser votado, el de asociación, de petición, el de iniciar leyes y votar en consultas populares. De igual forma se imponen algunas obligaciones que en general se traduce en compromisos con la sociedad y el país.

De lo anterior, se infiere que ser ciudadano va más allá de una calidad o estatus, pues también implica ser sujeto de derechos y obligaciones. Para el caso de los derechos o prerrogativas del ciudadano, la Constitución Federal no omite prever casos en los que se puede ser suspendido.

El artículo 38, objeto de la presente iniciativa, enmarca la hipótesis por las cuales le podrían ser suspendidos los derechos a un ciudadano. Sin embargo, de entre las seis fracciones que contiene, hay una que resulta obsoleta, ambigua e incluso violatoria de derechos humanos, se trata de la fracción IV, la que dispone que le podrán ser suspendidos los derechos al ciudadano por vagancia o ebriedad habitual, declarada en los términos que prevenga la ley.

Como puede notarse, la redacción de esta fracción obedece a un contexto distinto a lo que se vive en la actualidad.

Cabe destacar que el artículo 38 vigente, ha perdurado intacto desde su promulgación en la Constitución de 1917, lo que implica que su elaboración obedecía a que la vagancia o ebriedad justificada, la suspensión de los derechos.

La vagancia significaba que la persona carecía de un modo honesto de vivir, situación que contravenía a uno de los requisitos de la ciudadanía.

Por su parte, la ebriedad frecuente se traducía en la suspensión de derechos, debido a la incapacidad del individuo para conducirse por padecer de una grave adicción.

En algún pasaje de la historia, la vagancia llegó a ser tipificada en nuestro Código Penal Federal y fue hasta 1991 cuando se derogó dicha disposición.

Es oportuno decir que, en la actualidad, la llamada vagancia es en gran parte, es producto de las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión social que lamentablemente imperan en el país, las cuales evidentemente dejan en estado de vulnerabilidad el desarrollo de las personas. No es una casualidad encontrar personas viviendo en las calles, sin empleo ni recursos, más bien es una de las tantas consecuencias de un estado que ha fallado en garantizar los derechos sociales al trabajo, a la educación y a la cultura.

Tan sólo en la Ciudad de México, resultados preliminares de un censo realizado en el presente año, arrojan que 4 mil 354 personas viven en situación de calle, mientras que en el resto del país no hay datos certeros, debido a que no existe voluntad de las autoridades para dimensionar la magnitud de este problema.

Por otro lado, la ebriedad como tal, no puede ni debe ser considerada un argumento para suspender los derechos del ciudadano, puesto que actualmente el uso nocivo del alcohol es considerado un problema de salud pública, que contribuye a las disparidades sanitarias entre los países y, a nivel personal, a la pobreza y al aislamiento social.

Cabe decir que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones en México, aproximadamente un 6.2 por ciento de la población total tiende a tener dependencias al consumo del alcohol.

De hacerse efectiva la absurda fracción IV del artículo 38 constitucional a todas estas personas les serían suspendidas injustamente sus derechos ciudadanos.

La Constitución y los tratados internacionales son claros al prohibir de forma contundente la discriminación, incluida la motivada por la condición social, económica o por condiciones de salud.

Por lo anterior, tomando en consideración que la mal llamada vagancia hoy en día es una condición económico social y que la ebriedad frecuente, o mejor dicho el alcoholismo es una condición de salud, no es posible permitir que el texto constitucional conserve disposiciones discriminatorias y mucho menos que éstas sean motivo para suspender los derechos de un ciudadano.

Es inadmisible que se sancione a quienes de por sí son víctimas de la incapacidad de un estado apático, que poco se ha preocupado por erradicar, efectivamente, las deplorables condiciones de pobreza y marginación social.

Suspender los derechos y prerrogativas no puede sostenerse con una causal que a todas luces discrimina y que, por ende, atenta contra la dignidad de las personas.

La discriminación no tiene cabida en un marco de consolidación de los derechos humanos ni en una Constitución de corte garantistas. Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa es derogar la fracción IV del artículo 38 constitucional, a fin de perfeccionar y adecuar el texto de la Carta Magna, acorde al principio de no discriminación.

Disposiciones de este tipo deben pasar a la historia en aras de adecuar el marco jurídico a las condiciones que rige la dinámica social y económica de la actualidad.

Reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que a todo ciudadano de la República le asisten debe ser una tarea que respete y garantice los principios democráticos y la legalidad.

Es aceptable que por su naturaleza exista la posibilidad de limitarlos de forma justa en ciertos casos, siempre y cuando no se violenten los derechos fundamentales.

La efectiva protección a las personas no sólo se logra a través de los cambios normativos, es una realidad que el Estado está obligado a realizar toda clase de acciones para materializar los derechos humanos, pues de lo contrario, persistirán las condiciones de desigualdad y marginación social que incentivan disposiciones discriminatorias como la confusa, ambigua e insensata fracción que se propone derogar.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La consolidación de un Estado Democrático de Derecho debe apegarse al contexto social, político y económico del país, es decir, resulta oportuno que se actualice o depure todo aquello que representa un obstáculo para ello. Los derechos de los ciudadanos son fundamentales en esta tarea y deben estar a la vanguardia; sin embargo, es indispensable no omitir que son producto de un largo proceso histórico.

Hablar del ciudadano, de sus derechos y obligaciones, inmediatamente conlleva a relfexionar respecto del concepto de ciudadanía, el cual ha sido ampliamente discutido y que incluso, se vincula para su ejercicio con el concepto de nacionalidad. En primer lugar, cabe citar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, nacionalidad es el “vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización”.1 Por otro lado, el diccionario en comento refiere que ciudadanía es la “cualidad y derecho de ciudadano o el conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación”.2

Bajo esa tesitura, se dice que “sin perjuicio de estar relacionados, ciudadanía y nacionalidad son condiciones diversas. La nacionalidad se refiere a la pertenencia de una persona a un determinado país, bien por haber nacido en él (ius soli) o de padres nacionales (ius sanguinis) o bien por haber adquirido la nacionalidad con posterioridad de acuerdo a las respectivas leyes de nacionalización o naturalización. Hay nacionales que no son ciudadanos. Por ejemplo, los menores que no han alcanzado la edad de ciudadanía son nacionales del país, pero no son ciudadanos en sentido técnico del derecho electoral”.3

Derivado de la relación anterior, es posible admitir un concepto moderno de ciudadanía a la par de la aparición del Estado-nación. Es indubitable que el ciudadano tiene un papel primordial, puesto que al ser considerado un miembro activo del Estado, le han sido reconocidos una serie de derechos de diversa índole, no obstante, cabe aclarar su ejercicio se encuentra supeditado a las leyes.

Como se ha sostenido, la ciudadanía es producto de un largo proceso histórico, y bajo esa idea, Thomas Marshall propone una división de la ciudadanía en tres partes o elementos:4

• Civil: se compone de los derechos necesarios para la libertad individual (libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia).

• Político: entiende el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros.

• Social: abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes de la sociedad.

Delimitando el tema de forma clara, Ángel Sermeño apunta que “la ciudadanía es ciertamente, un reconocido estatus de inclusión y pertenencia que apela a la existencia de una estructura de derechos universales. Pero también es un proceso histórico, resultado de una diversidad de prácticas y/o dinámicas que a su vez han seguido su propio patrón, por llamarle de alguna manera, de interpretación nacional particular”.5

En este sentido, sin demeritar la significación que tuvo la ciudadanía desde los griegos y romanos, así como en los posteriores pasajes de la historia, es una realidad que la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1789, es un antecedente sustancial, pues postuló un nuevo concepto de ciudadanía y de Estado; asimismo, funge como una de las bases para entender a la ciudadanía contemporánea a la par de conceptos como la participación, los derechos, deberes y la pertenencia a una comunidad para tomar parte en la vida pública.

Por otro lado, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de 1966 desarrolla, además de los referidos derechos, también las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El Pacto en comento establece en su artículo 25 que:

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

A) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

B) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

C) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Por lo expuesto, se entiende que aunado al reconocimiento de los derechos humanos inherentes a todas las personas, los derechos de los ciudadanos también deben ser respetados y garantizados, no obstante, por su naturaleza cabe la posibilidad de limitarlos de forma justa en ciertos casos, siempre y cuando no se violenten derechos fundamentales.

Suspender, o en casos extremos, privar de los derechos ciudadanos a una persona, son acciones que por sus efectos deben llevarse a cabo respetando en todo momento el principio de legalidad, los derechos humanos y bajo argumentos congruentes. La suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos es una figura contemplada en México.

Con la información vertida, en primer lugar es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece en su Título Primero, Capitulo II, De los Mexicanos, que la nacionalidad se adquiere por dos vías: nacimiento o naturalización. Esta condición conlleva una serie de obligaciones pero también otorga diversos derechos a todos los mexicanos.

Lo anterior se relaciona íntimamente con lo regulado en el Capítulo IV, De los Ciudadanos Mexicanos, contenido en el mismo Título Primero, puesto que refiere en el artículo 34 que:

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Del precepto citado es lógico inferir que: la nacionalidad mexicana es indispensable para ser ciudadano; la cual se adquiere con la mayoría de edad (dieciocho años cumplidos), situación que implica que la persona tiene plena capacidad de goce y ejercicio, por ende, puede ser sujeto de diversas obligaciones; además, el modo honesto de vivir como requisito para ser ciudadano mexicano, pese a parecer una expresión subjetiva, la jurisprudencia 18/2001 señala que “se refiere al comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil del pueblo, por el acatamiento de deberes que imponen la condición de ser mexicano; en síntesis, quiere decir buen mexicano, y es un presupuesto para gozar de las prerrogativas inherentes a su calidad de ciudadano”.6

El artículo 35 constitucional establece una serie de derechos que le asisten al ciudadano mexicano, desde el derecho a votar y ser votado, de asociación, el de petición, a iniciar leyes, votar en consultas populares, entre otros. De la misma forma, en el artículo posterior, se enlistan diversas obligaciones del ciudadano que en general se traducen en compromisos con la sociedad y el país.

Como se ha sostenido, ser ciudadano va más allá de una calidad o estatus, pues también implica ser sujeto de derechos y obligaciones. Para el caso de los derechos o prerrogativas del ciudadano, el texto constitucional prevé que estos pueden ser suspendidos, de conformidad con el artículo 38 por la siguientes causas:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Este precepto enlista las hipótesis por las cuales a una persona le pueden ser suspendidos sus derechos como ciudadano, de las cuales cuatro están relacionadas propiamente con la materia penal y una con el incumplimiento a los derechos que la Constitución impone. La hipótesis restante, identificada en la fracción IV (Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes), llama la atención por su redacción e inaplicabilidad en la actualidad.

Si bien se dice que “la suspensión de los derechos políticos y de los derechos civiles adquiere el carácter de una sanción, de una pena propiamente dicha en unos casos; y, en otros, como una mera consecuencia de la pena de prisión de la que es accesoria”,7 lo contemplado en la fracción IV del artículo 38 no debe permanecer en el texto constitucional como una causal de suspensión de derechos de los ciudadanos, en razón a lo siguiente:

• La redacción del artículo 38 ha perdurado intacta desde la promulgación de la Constitución en 1917, situación que implica que su elaboración obedecía a un contexto social determinado, el cual a la luz del paso de los años es diverso al actual.

• En su momento, la vagancia o ebriedad consuetudinaria justificaban la suspensión de derechos porque, la primera causal significaba que la persona carecía de un modo honesto de vivir (cuestión que contravenía al requisito de la ciudadanía instituido en el artículo 34 constitucional), y la segunda, implicaba la suspensión de derechos debido a la incapacidad del individuo para conducirse por padecer una grave adicción.

• A manera de antecedente, es importante señalar que el Código Penal Federal (en su momento denominado “Código Penal para el Distrito Federal y territorios federales en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal”) regulaba en el Titulo Decimocuarto, Delitos contra la economía pública, un Capitulo II denominado “Vagos y malvivientes”. Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1991 fueron derogados los artículos 255 y 256, que tipificaban la “vagancia” y la “malvivencia”.

• La llamada “vagancia” es el resultado de las condiciones de desigualdad, situación económica y exclusión social que lamentablemente imperan en el país. No es una casualidad encontrar personas viviendo en las calles sin empleo ni recursos, más bien es una de las tantas consecuencias de un Estado que ha fallado en garantizar los derechos sociales al trabajo, a la educación y a la cultura.

• Por su parte, la ebriedad como tal, no puede ni debe ser considerada un argumento para suspender los derechos del ciudadano, ya que a diferencia del contexto social de 1917, actualmente el uso nocivo del alcohol es considerado un problema de salud pública, que contribuye a las disparidades sanitarias entre los países y, a nivel personal, a la pobreza y al aislamiento social.8 Es por lo anterior, que resulta anticuado e injusto que una condición de salud, producto de múltiples factores, suspenda los derechos del ciudadano.

Como puede constatarse, existen múltiples razones por las cuales resulta inadecuado mantener la hipótesis en comento. Hoy en día, disposiciones de este tipo deben pasar a la historia, puesto que un texto constitucional de corte garantista no debe contener prácticas consideradas hoy en día como discriminatorias, y por ende, violatorias de derechos humanos.

La mal llamada vagancia, más allá de aludir a la “acción de vagar o a la pereza y falta de ganas de hacer algo”,9 hoy en día se puede calificar como una condición económico-social producto de la desigualdad y la pobreza, situaciones que evidentemente dejan en estado de vulnerabilidad el desarrollo de las personas. Por su parte, la ebriedad consuetudinaria, actualmente identificada como alcoholismo, es una “enfermedad ocasionada por el abuso de bebidas alcohólicas, que puede ser aguda, como la embriaguez, o crónica”.10

La Constitución Federal en el último párrafo del artículo 1°, dispone que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”; por lo anterior, en atención a que las situaciones que expone la actual fracción IV del artículo 38 constitucional (vagancia o ebriedad consuetudinaria) son discriminatorias, debe derogarse para no violentar en forma alguna la dignidad y los derechos humanos.

La suspensión de los derechos ciudadanos tiene grandes repercusiones, por tanto, de la misma magnitud deben ser las causales que así lo ameriten. Suspender el libre ejercicio de los derechos y prerrogativas que el texto constitucional y demás leyes otorgan, no puede sostenerse con una causal que discrimina por una condición social o de salud; es decir, no es permisible una disposición que contravenga a la propia Carta Magna y a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Verbigracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido citado con antelación, en su artículo 26 dispone que la ley debe prohibir toda discriminación por motivos de posición económica o cualquier otra condición social. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos erige como principio fundamental en su artículo 1°, que los Estados Partes están obligados a respetar los derechos “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.


De forma específica en el artículo 23.2, la Convención citada señala sobre los derechos políticos de todos ciudadanos, que “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. Es decir, únicamente podrían limitarse los derechos políticos de los ciudadanos por los aspectos señalados con antelación, dejando claro que la condición social o de salud no amerita la suspensión de esas prerrogativas.

La discriminación no tiene cabida en un marco de consolidación de los derechos humanos, por tanto, el objeto de la presenta iniciativa es derogar la fracción IV del artículo 38 Constitucional a fin de perfeccionarla y adecuarla al principio de no discriminación.

Reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que a todo ciudadano de la República le asisten debe ser una tarea que respete y garantice los principios democráticos. La efectiva protección a las personas no sólo se logra a través de los cambios normativos, es una realidad que el Estado está obligado a realizar toda clase de acciones para materializar los derechos humanos, pues de lo contrario, persistirán las condiciones de desigualdad y marginación social que incentivan disposiciones discriminatorias como la confusa, ambigua e insensata fracción que se propone derogar.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO.- Se DEROGA la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. a III. …

IV. (Se deroga)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. a III. …

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. a III. …

IV. (Se deroga)

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de León, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

Es motivo de agrado para el Senado de la República contar con su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos!

1 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `nacionalidad´, consulta disponible en: http://dle.rae.es/?id=QBsHcL7

2 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `ciudadanía´, consulta disponible en: http://dle.rae.es/?id=9NbSsL7

3 Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Diccionario Electoral”, Tomo I (A-K), Serie Elecciones y Democracia, p. 149, consultado el 18/09/2017 [en línea], disponible en: https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1440/diccionario-electoral_tomo-i.pdf

4 Marshall, Thomas H. y Bottomore, Tom. “Ciudadanía y clase social”, trad. de Josefa Linares de la Puerta, Alianza Editorial, 1998, pp. 22-23.

5 Sermeño, Ángel. “Ciudadanía y Teoría Democrática”, en Metapolítica, núm., 33, vol. 8, México, enero-febrero de 2004.

6 Véase la Tesis jurisprudencial 18/2001, en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 22 y 23.

7 Nieto González, José Francisco. “La suspensión de los derechos políticos y los derechos civiles en las resoluciones judiciales penales”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Numero 25, 2008, p. 147.

8 Organización Mundial de la Salud (OMS). “¿Constituye el uso nocivo del alcohol un problema de salud pública?”, febrero de 2011, consultado el 18/09/2017 [en línea], disponible en:
http://www.who.int/features/qa/66/es/

9 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `vagancia´, consulta disponible en: http://dle.rae.es/?id=bFnvV5O

10 Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea], búsqueda de la palabra `alcoholismo´, consulta disponible en: http://dle.rae.es/?id=1eFfesR






Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en materia de aportaciones al Fondo de Desastres.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

En esta circunstancia de crisis en la que hemos estado atravesando en nuestro país pudiéramos decir que “muerto el niño se trata de tapar el pozo”, y hoy hay un conjunto y una lluvia de iniciativas que tratan de compensar y tratar de obtener recursos para reparar los daños que en nuestro país hemos sufrido, y esto evidencia que hay solamente un oportunismo y una falta de planeación en el ejercicio público federal.

Por eso, aunque tenemos normadas en las leyes cosas, los alcances de la responsabilidad a veces es necesario tener que estar insistiendo en que la ley está para que se cumpla y no para que se viole y sea una letra muerta.

Para el grupo parlamentario del PRD, en mi caso, tengo la oportunidad de presentar esta iniciativa que pretende modificar el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ustedes saben que ha sido un punto, un talón de Aquiles lo que hemos vivido en el ejercicio de los gobiernos de los estados, pero, finalmente, se estableció una ley que pretende poner orden.

La presente iniciativa forma parte de una agenda que hay que impulsar para fortalecer y reformar el actual andamiaje institucional de prevención y atención en casos de desastres naturales, y no restringirse sólo a la protección civil y a mecanismos sólo de corto plazo. Es necesario que los tres órdenes de gobierno establezcan las salvaguardas presupuestales para garantizar la protección de la vida de nuestra población frente a fenómenos naturales que no controlamos.

El Poder Legislativo no puede ser reactivo a un fenómeno que es cíclico y cada vez más poderoso de la fuerza de la naturaleza, nuestro deber es generar condiciones y viabilidad financiera para garantizar la seguridad de nuestra población después de la destrucción de los huracanes y los sismos registrados en el mes de septiembre, estamos obligados a revisar todo el marco jurídico que regula las instituciones del Estado mexicano y la participación ciudadana desde la prevención hasta la reconstrucción, a fin de dotar de mejores instrumentos y coordinación entre los niveles de gobierno con los ciudadanos.

El contenido de la iniciativa busca incrementar el monto destinado de los gobiernos estatales para la prevención y atención de desastres, que de acuerdo a la indisciplina financiera de las entidades federativas y municipios se ubica en el 10 por ciento de su presupuesto para constituirse hasta el año de 2020.

Pero hay un ejemplo que hoy podemos decir salva una conducta que la excepción hace que volteemos los ojos y veamos cómo fue oportuno que en el Distrito Federal se pudiera contar con un fondo de catástrofes que el gobierno del D.F. estableció y que es la única entidad que lo tiene y que ese va a permitir resolverle sin esperar a que se activen los mecanismos federales, la llegada de recursos para los pobladores de la Ciudad de México.

El artículo 9 establece que “el Presupuesto de Egresos de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales”.

Sin embargo, el Transitorio Quinto establece que “el porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de la aportación del fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019, y a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el citado artículo.

En el Congreso de la Unión, en las últimas semanas, se han manifestado cómo poder entregar recursos a las entidades para garantizar la reconstrucción y reactivación económica de las diversas entidades que padecieron estos fenómenos.

Sin embargo, también es la oportunidad para rediseñar las finanzas públicas para mejorar la participación de las entidades federativas y la fiscalización de la sociedad. Para dimensionar, cómo mejorando la transparencia de las finanzas estatales se puede mejorar la confianza del gobierno.

Javier Duarte, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 52 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por el desvió un total del presupuesto de 45 mil millones de pesos.

Hoy el Presidente de la República ha hablado que inicialmente el costo de empezar con los trabajos de reconstrucción es de 38 mil millones de pesos. Quiere decir que había un excedente ahí para poder entender esta circunstancia.

De los 17 gobernadores que tienen denuncias penales por desvío de recursos públicos hay un monto arriba de 260 mil millones de pesos que ocupan esta parte de desvío de recursos y de corrupción que ha afectado a nuestro país.

Tendríamos que decir que los 25 desastres más costosos ocurridos entre el año 2000 y 2015 en México han ocasionado pérdidas por 248 mil millones de pesos, cantidad que representa el 64.34 por ciento del costo total que han dejado todas las catástrofes de este periodo. En ese lapso han ocurrido 6 mil 174 catástrofes naturales, humanas y epidemiológicas, en México, con pérdidas por 411 mil millones de pesos; además, los desastres más costosos han dejado un saldo de 27 millones 653 mil 768 personas damnificadas.

Hay un marco jurídico como el que estábamos señalando y requerimos, por ello, actualizar a partir del artículo 9 esta circunstancia que se requiere de dotar recursos a los ciudadanos para enfrentar ese tema.

Es un tema que se aleja de la demagogia, que se aleja del oportunismo y que busca con responsabilidad que podamos prever las circunstancias de emergencia en el país.

La emergencia total que vivimos fue prevista dentro de la discusión de la Ley de Disciplina Financiera, donde además de poner orden a la contratación de deuda estableció la obligación a los estados para generar ahorros en caso de desastres naturales.

Hoy vivimos las consecuencias de no cumplir con la ley, y estamos en la obligación de establecer previsiones para futuros desastres.

Esta tragedia y la situación de vulnerabilidad para quienes viven en circunstancias de pobreza, que son miles de familias, ante la pérdida de su patrimonio y de sus seres queridos, nos debe obligar a no sólo cumplir con lo que establece el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera, sino incrementar los recursos y concentrar los esfuerzos a los actores políticos gubernamentales y a la sociedad civil en la administración inmediata y ordenada de dichos recursos.

Lo que sabemos es que dichas aportaciones no se han realizado y deben formar parte de esta nueva cultura de prevención frente a los desafíos de la naturaleza.

Por ejemplo, quiero citar una cifra, el total de los recursos para las entidades federativas en el año 2017 fue de 1.8 billones de pesos, si se hubiera asignado el 5 por ciento de ese presupuesto, tendríamos en los fondos de desastres de entidades federativas 92 mil 424 millones de pesos, sin caer en la demagogia, habría para iniciar la reconstrucción.

Si se destinara el 8.5 por ciento habría 157 mil 121 millones de pesos, como ahora si se propusiera el 10 por ciento habría 184 mil 848 millones de pesos, solamente con el 10 por ciento de esto y lo que propone esta iniciativa es que destinemos el 12.5 por ciento para que podamos obtener 231 mil 060 millones de pesos.

Esto es posible porque se ha demostrado en la práctica que hay un pillaje en las entidades federativas que es superior a lo que aquí estamos señalando. Por eso, hoy solamente los recursos del Fonden tendrían en 2017, 6 mil millones de pesos.

Compañeros, llamo a que reflexionen sobre esta circunstancia de prevención y a que en esta iniciativa nos alejamos del oportunismo, de la demagogia y entrar en una situación irresponsable de planeación y de prevención de recursos para atender los desastres naturales.

Por su poca atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






En otra ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. constitucional, en materia de repatriación de migrantes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.

“La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor”, Ban Ki-Moon.

Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea:

Las iniciativas que hoy propongo a su consideración tienen como finalidad proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero, y que el Estado mexicano oriente sus políticas públicas a la repatriación de éstos.

Para ello consideramos necesario plantear un principio, una reforma constitucional que reconoce dicha circunstancia al tiempo que la ley determine los mecanismos para orientar las políticas públicas con dicha visión para fomentar los derechos de los mexicanos en el extranjero, así como atender y facilitar su retorno al territorio nacional.

Como sabemos, en materia migratoria México es un referente a nivel mundial, dado que comprende una multiplicidad de factores y perspectivas de la migración, es país de origen, tránsito y destino para miles de migrantes todos los años.

De acuerdo con estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, hay alrededor de 12 millones de mexicanos que residen en el extranjero.

En este sentido, dadas las dimensiones de este fenómeno social, resulta indispensable fortalecer el marco jurídico que nos permita garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Si bien es cierto, existen diversos programas de asistencia y apoyo a los mexicanos residentes en el extranjero, no obstante, como legisladores de la República, tenemos la importante tarea de hacer de la protección de los derechos de los migrantes una verdadera política de Estado, una política en donde converjan todos los sectores gubernamentales y no depender de políticas itinerantes y disímbolas entre los diferentes niveles de gobierno, esa es la pretensión fundamental de la iniciativa.

México, como país respetuoso de las decisiones de los países democráticos, debe estar preparado para enfrentarse a cualquier cambio que pueda haber en aquellos países en donde las comunidades mexicanas puedan verse afectadas por diferencia en las políticas que decidan tomar sus gobiernos.

Es por ello que esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, propone lo siguiente:

Primero. Reconocer constitucionalmente a todas las personas su derecho a decidir de manera libre y responsable el cambio de su residencia fuera del territorio nacional.

Segundo. Establecer la obligación que tiene el Estado de proteger y promover los derechos de toda persona mexicana residente en el extranjero.

Tercero. Facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley que tenga por objeto proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero, así como facilitar su retorno a territorio nacional.

Y, finalmente.

Cuarto. Propongo la creación de un consejo que coordine a las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno, ONG´s y sector empresarial, para crear juntos programas con políticas públicas integrales, no sólo para proteger y ayudar a los mexicanos que se encuentran en el exterior, sino también a los que pretenden regresar a territorio mexicano logrando una integración exitosa dentro de la sociedad mexicana.

Compañeros legisladores:

No olvidemos que tenemos un compromiso pendiente con los migrantes. Con la reforma propuesta y expedición de una ley, estaremos generando un marco de referencia jurídica que atienda decididamente el retorno de nuestros connacionales que viven en el exterior.

Les solicito que acompañen esta iniciativa, y que juntos podamos deliberar la importancia que en ella radica para reconocer, que aún estando fuera del territorio nacional, los connacionales son sujetos de derecho y, por tanto, de la protección total del Estado mexicano.

Honremos a todos aquellos mexicanos que por diversos motivos se han visto obligados a abandonar nuestro país, y que no obstante ello, han trascendido fuera de nuestras fronteras.

Finalmente, solicito a la Mesa Directiva que las dos iniciativas: Una, en materia de derecho constitucional sea turnada, respectivamente.

Pero que la reglamentaria, pongo a consideración de la Presidencia de la Mesa, sea turnada a la Comisión de Gobernación, conforme a lo que corresponde.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RIOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y MARIA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista De México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MIGRANTES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 y 15 de septiembre de 2006, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki- moon describió la migración de la siguiente manera:

La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor.1

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración se define como el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos.2

Es por ello, que a nivel mundial los países han alcanzado acuerdos para proteger a las personas que por uno u otro motivo han tenido que salir de sus países de origen para trasladarse a otro, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, el cual tiene por objeto fomentar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, estableciendo que los migrantes no son solamente trabajadores, son también seres humanos.3

La misma Convención no crea nuevos derechos para los migrantes, sino que busca garantizar el trato igualitario y las mismas condiciones laborales para migrantes y nacionales, lo que implica notablemente:

- Prevenir condiciones de vida y de trato inhumanas, físico y sexual y trato degradante;

- Garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, de expresión y de religión;

- Garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos;

- Asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que los migrantes estén sujetos a los debidos procedimientos, que tengan acceso a intérpretes, y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión;

- Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales;

- Asegurar que los migrantes tengan derecho a participar en sindicatos.

La Convención también sostiene que los migrantes deben tener derecho a mantener contacto con su país de origen, lo que implica:

- Asegurar que los migrantes puedan regresar a su país de origen si así lo desean, permitirles efectuar visitas ocasionales e incitarlos a mantener lazos culturales;

- Garantizar la participación política de los migrantes en el país de origen;

- Asegurar el derecho de los migrantes a transferir sus ingresos a su país de origen.

La Convención a su vez establece que documentados o indocumentados, todos los migrantes tienen derecho a un grado mínimo de protección.

En México, la migración es un término familiar. Desde su concepción como Nación, nuestro país ha sido un punto de emigración e inmigración para personas de todos los rincones del mundo.

Según las estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)4, en su última estadística del año 2015 había alrededor de 12 millones de mexicanos residiendo en el extranjero. De ellos, se encuentran 11,885,667 en el continente americano, siendo los Estados Unidos el país que alberga la mayor cantidad de mexicanos fuera de México. En segundo lugar, residen 106,124 mexicanos en el continente europeo. En tercer lugar, en el continente asiático residen 12,496 mexicanos. En cuarto lugar, en Oceanía residen 3,966 mexicanos. Y finalmente, en el continente africano residen 1,028 mexicanos.

De estos mexicanos, el perfil ocupacional de ellos es el siguiente: 30% son profesionistas; 27% son estudiantes; 14% son amas de casa; 11% son empleados (oficio); 3% son misioneros; y un 15% se dedican a otras ocupaciones de diversa índole.

En ese sentido, es necesario hacer énfasis en la migración mexicana al país que ha sido históricamente el punto de destino de los mexicanos que toman la decisión de emigrar por diversos motivos: los Estados Unidos de América.

Según el mismo IME, se estima que en los Estados Unidos residen alrededor de 11,714,500 de mexicanos, así como 23,685,500 de descendientes de mexicanos que han nacido en aquel país y, por ende, son ciudadanos de ese país de manera automática dado la política de nacionalidad por ius soli (nacionalidad por nacimiento en el país) que rige en los Estados Unidos. Esto significa que muchos ciudadanos estadounidenses podrían obtener la nacionalidad mexicana si la solicitan.

El libro “Migración de mexicanos a los Estados Unidos de América” de Horacio Mercado Vargas y Marisol Palmerín Cerna hace una síntesis de la migración mexicana a los Estados Unidos como a continuación se describe:

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, tiene su origen en el siglo pasado, en el expansionismo americano, cuando a México le es arrebatado de gran parte de su territorio, lo que había iniciado desde el año de 1837, con la secesión de Texas. Tras una guerra con EUA, México perdió su territorio al norte del río Bravo, comprendían entre otros: Texas, Nuevo México la Alta California.

La migración de mexicanos al país del norte se intensificó a fines del siglo XIX e inicios de siglo XX, cuando el régimen porfirista entraba en crisis debido a que el sector agrícola mostraba poco dinamismo generando escasa producción de alimentos, por lo que era imposible ocupar la fuerza del trabajo en proporción a su crecimiento. Cabe señalar que durante los años de 1877-1911, el proceso de desarrollo del país, se vinculó de forma importante con el exterior, impulsado por las inversiones extranjeras, en la explotación minera y en la construcción de una infraestructura ferrocarrilera.

La migración de mexicanos, hacia el vecino país del norte, aumenta como consecuencia de que son despojados de sus tierras. En efecto, en este contexto encontramos una fuerte oleada de migrantes mexicanos, que ya buscaban en los Estados Unidos de Norteamérica una oportunidad de trabajo. Dos factores encontramos aquí: el que les obliga a dejar su nación y la demanda de mano de obra en la nación vecina.

Lo anterior se reflejó en la expansión de ambos lados de la frontera, eso entre los años 1880–1890, cuando terratenientes norteamericanos desplazaban contratistas al norte de México, en busca de campesinos y obreros, y ya para 1911, agentes reclutadores eran enviados por empresas de ferrocarriles y minas norteamericanas a conseguir obreros mexicanos, que estuvieran dispuestos a cruzar la frontera para trabajar en la expansión industrial norteamericana, así como también los dueños de grandes siembras de algodón de Texas, trataban a toda costa de atraer mano de obra mexicana; los dueños de las plantaciones de azúcar de remolacha, reclutaban cada vez mayor número de trabajadores de campo y de las grandes ciudades del medio oeste de los Estados Unidos, hacían esfuerzos para atraer obreros mexicanos como mano de obra barata.

Para principios del siglo XX, los trabajadores mexicanos constituían una fuerza laboral fundamental en los ferrocarriles norteamericanos. Sin embargo la mayor parte de ellos ocupaba los peores trabajos y más humildes. La mano de obra jugó un papel importante en la minería, la industria maderera y otras de extracción. Las minas de cobre y las fundiciones de Arizona, empleaban gran número de mexicanos pagándoles el salario más bajo que al obrero norteamericano. Los trabajadores mexicanos trabajaron en las minas de carbón de piedra de Colorado y de Nuevo México, desempeñaban los trabajos más peligrosos, más sucios y los peor pagados.

La migración hacia Estados Unidos aumentó durante la Revolución Maderista (1910-1911) por el clima de tensión que vivía México, pero la toma de Cd. Juárez, Chih., (10 de mayo de 1911) fue el golpe decisivo que determinó el triunfo de la Revolución, derrocando así un régimen que había durado más de treinta años. La migración disminuyó durante el período constitucional del Presidente Madero (1912-1913), quien resultó elegido popularmente el 6 de noviembre de 1911 y cuyo mandato debía durar hasta el 30 de noviembre de 1916, pero su asesinato causó severas corrientes migratorias que iban en ascenso a medida que se fortalecía el movimiento revolucionario, para disminuir en 1917, fecha en que Carranza tomó el poder y se promulgó una nueva Constitución.

Aunque la migración es un proceso anterior, tan sólo se calcula que entre 1900 y 1910 más de un millón de mexicanos ingresaron al vecino país. Sobre todo en busca de trabajo, pero también en busca de refugio por la destrucción y el exterminio provocados por la Revolución Mexicana.

Otro motivo de la migración fue: la demanda Estadounidense de trabajadores mexicanos durante la Primera Guerra Mundial, cuando miles de connacionales fueron a laborar a sus campos y a sus fábricas, remplazando a los trabajadores norteamericanos enrolados por la guerra, que dejaban gran cantidad de vacantes en el mercado de trabajo. Los agricultores estadounidenses, pidieron a su gobierno un programa de contrataciones a corto plazo y así ingresaron 70,000.00 trabajadores mexicanos, a este programa se le llamo: Programa de Trabajadores Temporales o Primer Programa Bracero. En los años que van de 1917 a 1921, también, fueron requeridos obreros para que trabajaran en la reparación y mantenimiento del sistema ferroviario y muchas otras actividades más.

En materia de protección a los trabajadores migrantes en Estados Unidos, se puede decirse sin lugar a dudas, que nunca en la historia de más de 100 años, del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos, un Presidente mexicano le concedió tanta prioridad, más allá de la Administración Pública, a la protección de mexicanos en el extranjero, como la que le dio el Presidente Álvaro Obregón, al inicio de la década de los veinte. Si bien es cierto, se trataba de una política para responder a una crisis, también representó una decisión que brilló, y que estuvo en congruencia entre los principios que inspiraron la Revolución de 1910, y la decisión política y administrativa del Gobierno de México, de entonces.

Las constantes quejas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, por los atropellos a sus derechos laborales por parte de los patrones estadounidenses, motivo al gobierno mexicano, en 1920, a expedir un modelo de Contrato que contenía las Garantías que otorga el Artículo 123, de nuestra Constitución Mexicana. En el cual se exigía, a los rancheros empleadores norteamericanos, que el trabajador tuviera derecho de llevar con él a su familia durante el tiempo de su contrato. No se permitía la salida de ningún trabajador hacía Estados Unidos, sin un contrato escrito, firmado por un oficial de Migración, en el que se especificara el salario que recibiría, horario y lugar de destino.

En 1924, por acuerdo del congreso norteamericano, se funda la “Border Patrol”. La que marca un hecho de suma importancia para los trabajadores mexicanos, de ahí en adelante su calidad migratoria cambia drásticamente y se convierten en prófugos de la ley, obligándolo a vivir escondidos, para no ser deportado a su país de origen.

En el año de 1928, encontramos una serie de rasgos de tipo racista, ya que a los mexicanos se les trataba como seres inferiores, laboral y culturalmente. En 1929, se instrumenta otro control de trabajadores inmigrantes mexicanos: se les niega la visa, a todos aquellos que no probaron tener un empleo seguro en los Estados Unidos. Se les advirtió que los que eran expulsados del país por no tener documentos, se les consideraría como criminales si intentaban introducirse de nuevo al país.

La Revolución Cristera (1926-1929), fue otra causa de emigración mexicana hacia el vecino país. Se calcula que para 1930, un millón y medio de mexicanos vivía al norte de la frontera.

Independientemente, de las controversias que hay en lo relativo a la importancia de la migración laboral mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica, el hecho es que esa corriente migratoria, nunca se ha interrumpido y eso revela que indudablemente existe una relación de este país y los empleadores norteamericanos, puesto que ha persistido a lo largo de la historia.

Para muchos, el panorama no era tan negativo en México, ya que la situación en el campo cambió, gracias al gobierno de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, primero cuando fue gobernador de esa entidad (1928-1932) y, después cuando fue Presidente de la República (1942-1940), llevando al agrarismo a su máxima expresión.

Una vez entrada la Segunda Guerra Mundial, se incrementó de nuevo la emigración mexicana a Estados Unidos, demandándose una vez más la mano de obra de los mexicanos, ello debido a la necesidad de incrementar la producción, sobre todo por el hecho de que los norteamericanos, tenían buen parte de su fuerza productiva propia en la guerra, para lo cual se diseñó el Programa Bracero, buscando sustituir esa mano de obra norteamericana que se encontraba ocupada.

De tal manera que Programa Bracero inició en 1942, creó miles de contratos para las agroindustrias estadounidenses. Este programa se mantuvo con ciertas dificultades hasta el 31 de diciembre de 1964, cuando la administración del Presidente Kennedy, lo hizo concluir definitivamente. Al finalizar este no volvió a haber más acuerdos similares entre ambos países.

Posteriormente, la entrada de braceros mexicanos tuvo lugar bajo la protección de la Ley Pública 414, y desde entonces no ha vuelto a contratarse mano de obra mexicana legalmente en los Estados Unidos.

Pero ambos gobiernos, sabían que la clausura de los convenios no suponía el fin de la migración, de tal forma que el proceso siguió el mismo comportamiento, pero de manera más intensa.

Así, se inicia un periodo de la migración indocumentada, que abarcó los siguientes  22 años (1964-1986), y a los braceros mexicanos se les cambió el nombre por el de ilegales.

Es evidente que, se trata de una migración acelerada, como consecuencia de las crisis económicas, que a lo largo de varias décadas ha tenido que atravesar México. Indudablemente que, al no encontrar expectativas favorables, muchos mexicanos de toda la Geografía Nacional, tanto de áreas rurales como urbanas, salen de sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades, hacia el vecino país del norte.

Cabe señalar que, a esos mexicanos no les interesa la forma como puedan llegar al vecino país del norte, por lo que en muchas ocasiones se exponen a perder la vida, ya sea en desierto, en el río Bravo o a manos de polleros y norteamericanos.

A partir de 1965, prácticamente desapareció de las agendas de discusiones bilaterales, el tema de los trabajadores migratorios. Después de ese año técnicamente ya no hubo braceros, como trabajadores contratados legalmente para labores temporales en los Estados Unidos. Aunque, bajó considerablemente la emigración legal hacia aquel país, después de terminarse los convenios de braceros, el número de trabajadores mexicanos que lo hacía sin documentos, empezó nuevamente a crecer

Es así como la emigración mexicana hacia los Estados Unidos se ha convertido en la más importante que ha tenido nuestro país hasta la fecha, siendo considerada la población mexicana y México-americana de las minorías más grandes que tiene aquel país.

Los migrantes son parte fundamental de México, simbolizan la perseverancia por crear un ambiente más favorable para sus familias y para su comunidad. Además, las comunidades migrantes mexicanas se han convertido en parte fundamentales en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Chicago, entre muchas otras.

La comunidad mexicana ha creado desde su llegada organizaciones con el fin de defender los derechos de los ciudadanos México-americanos, como lo es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos que se fundó en el año 1929 en el suroeste de los Estados Unidos. Igualmente, nacieron figuras como lo fue César Chávez, quien se le conoce como el Martin Luther King latino por haber sido el símbolo de la lucha por los derechos civiles de los México-americanos y quien fue uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) en 1973.

Considerando lo anterior, el día miércoles 16 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el cual tiene por objeto promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior.

No obstante lo anterior, debemos hacer de la protección de los derechos de los migrantes una verdadera política de Estado, en donde todos los sectores gubernamentales se integren y se sumen a esta.
México, como país respetuoso de las decisiones de los países democráticos, debe estar preparado para enfrentarse a cualquier cambio que pueda haber en aquellos países en donde las comunidades mexicanas pueden verse afectadas por diferencias en las políticas que decidan tomar sus gobiernos.

Es por ello que la presente iniciativa propone, por un lado, reconocer constitucionalmente a todas las personas su derecho a decidir de manera libre y responsable el cambio de su residencia fuera del territorio nacional, reconociendo de esta manera el derecho de todo mexicano a emigrar.

En segundo lugar, se propone establecer constitucionalmente la obligación que tiene el Estado de proteger y promover los derechos de toda persona mexicana residente en el extranjero.

En tercer lugar, igualmente se propone establecer constitucionalmente que el Gobierno de México tendrá como una de sus prioridades el hacer el retorno de los mexicanos en el extranjero a territorio nacional una política de Estado.

Y con el fin de reforzar lo anterior, se propone que el Congreso de la Unión tendrá la obligación de expedir una ley que tenga por objeto proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero así como para facilitar su retorno a territorio nacional.

Es importante mencionar que países como España, Italia o Perú, los cuales cuentan con importantes comunidades de connacionales en el exterior, han establecido el retorno de sus ciudadanos como una política de Estado.

Ejemplo de ello es que España establece en su artículo 42 de su Constitución lo siguiente:

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

A su vez, Italia establece en el artículo 35 de su Constitución que:

La República protegerá el trabajo en todas sus formas y aplicaciones. Cuidará la formación y la promoción profesional de los trabajadores. Promoverá y favorecerá los acuerdos y las organizaciones internacionales encaminadas a consolidar y regular los derechos del trabajo. Reconoce la libertad de emigración, salvando las obligaciones establecidas por la ley en pro del interés general y defenderá a los trabajadores italianos en el extranjero.

De igual manera el Gobierno de Perú, con el fin de facilitar la reinserción económica y social de los peruanos que, ante la situación de crisis económica internacional y el endurecimiento de las políticas migratorias en los países de destino, hayan decidido o se hayan visto forzados a retornar al país, expidió la llamada Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, a la cual podrán acceder los peruanos que hayan vivido por lo menos 3 años en el extranjero (2 años si retorna forzado debido a su condición migratoria).

En ese tenor, con la reforma propuesta y la expedición de una ley para facilitar el retorno de nuestros connacionales que viven en el exterior, honraremos a todos aquellos mexicanos que por diversos motivos se han visto obligados a abandonar nuestro país, y que han trascendido fuera de nuestras fronteras.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito a someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4º.

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna así como a establecer su residencia de manera libre y responsable dentro o fuera del territorio nacional. El Estado protegerá y promoverá los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero, así como de orientar sus políticas a la repatriación de éstos. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Con base en la facultad dispuesta en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley que tenga por objeto proteger y promover los derechos de las personas mexicanas residentes en el extranjero así como para facilitar su retorno a territorio nacional, a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 4º Constitucional.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 http://www.un.org/es/events/pastevents/migration/sg-speech.html

2 http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf

4 http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR Y RETORNO

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Daremos turno a las dos iniciativas presentadas por la Senadora Díaz.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: (Desde su escaño) Señor Presidente, para pedirle a la Senadora Cristina, si me permite que me sume a su iniciativa.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias, señor Senador.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien. Daremos turno a las dos iniciativas presentadas por la Senadora Díaz.
El proyecto de reforma constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Le solicito turne a la Comisión de Derechos Humanos, la iniciativa presentada por la Senadora Díaz, si es tan amable.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿El proyecto de reforma constitucional, Senadora?

¿Lo podríamos turnar para opinión de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, para opinión, si es tan amable.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien. Se le concede turno, para opinión, también a la Comisión de Derechos Humanos, en el caso del proyecto de reforma constitucional.

El proyecto de Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley sobre la Celebración de Tratados, en materia de seguimiento a tratados de límites y aguas.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

Me permite un momento, Senador Blásquez

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Adelante, señor Presidente.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, también de la ley reglamentaria.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se obsequia también turno para opinión a la Comisión de Derechos Humanos, en el segundo caso del proyecto de Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno.






Adelante, Senador Blásquez

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de los compañeros Senadores.

México está perdiendo, paso a paso, gramo a gramo, su soberanía por un puñado de dólares, incluso “Pagando con Cuerpo” (pongo esto entre comillas), estamos cediendo uno de nuestros principales recursos naturales, me refiero a la insensata actuación de la representación mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

En 1944, nuestro país y el vecino del norte suscribieron un tratado con el objeto de distribuir las aguas de los ríos que tenemos con ellos en cuencas compartidas. El tratado se ocupa, básicamente, de las aguas superficiales y subterráneas.

Se hace el reparto estableciendo lo que corresponde a cada nación, también se regulan los casos de sequías, así como de casos excepcionales.

Como en cualquier otro país o región del mundo que pretende regular aguas compartidas, el criterio fundamental es la equidad y el respeto mutuo.

Sin embargo, consistentemente la representación mexicana de la CILA, se ha encargado de romper la equidad y fracturar la soberanía nacional.

El Comisionado de la Sección Mexicana remitió a la sede de Relaciones Exteriores el Acta 323 relativa a las aguas del río Colorado. Esta acta consintió la venta de aguas que corresponden a las y los mexicanos, incluso con cifras: 32 millones de dólares en infraestructura a cambio de agua.

La enajenación quedó disfrazada en esta minuta, bajo el rótulo de “Programa de sustitución de infraestructura”.

Por incurrir en excesos, en primer lugar, el Comisionado de la Sección Mexicana de la CILA ha de ser separado de su cargo y sometido a las consecuencias jurídicas relacionadas.

En cuanto a este Senado, a lo que concierne a nosotros, es importante recordar que la facultad de suscribir tratados y, en su caso, modificarlos, corresponde al Presidente de la República con la aprobación de esta Cámara.

La venta de agua a los Estados Unidos a cambio de obras hidráulicas en nuestro suelo, nunca fue pactada en el Acuerdo de 1944, y así como conocemos a los vulgares ladrones de combustible, como “huachicoleros”, tendríamos que decirle al comisionado de la CILA: “aguachicolero”, porque se roba, porque obsequia oficiosamente el agua que es de los mexicanos.

De ahí que este comisionado haya invadido en la esfera de competencia que corresponde, tanto al titular del Ejecutivo Federal como a esta Cámara.

Por ello presento ante ustedes una iniciativa cuyo propósito es actualizar la Ley sobre la Celebración de Tratados.

El primer paso consiste, precisamente, en que la Cámara de Senadores conozca y apruebe los acuerdos a que se llegue en la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Qué caso tiene que el Senado apruebe un tratado de distribución de aguas, y un funcionario menor de Relaciones Exteriores, a través de una minuta, de manera unilateral, puede modificar el tratado en perjuicio de nuestro país y de nuestros ciudadanos.

En los últimos años, por fortuna, ambos Poderes: El Ejecutivo y el Legislativo han podido unir esfuerzos, prueba de ello es el Grupo Plural de Senadoras y Senadores en torno de la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Hoy, en un escenario internacional adverso, es importante rescatar, conservar y fortalecer los principios normativos de nuestra política exterior.

La concesión, que sobrepasando al tratado, hizo el comisionado, priva a miles de productores, a miles de ciudadanos de este recurso hídrico. Ellos son habitantes, tanto del Valle de Mexicali, en Baja California, como de San Luis Río Colorado, Sonora.

Se afecta su derecho a la salud y al desarrollo, pues pone en riesgo el agua destinada al consumo humano, así como para el riego.

En defensa de la soberanía nacional y en particular, para proteger a los habitantes del Valle de Mexicali y del norte de Sonora, propongo, como se puede apreciar en el proyecto de Decreto, que Relaciones Exteriores, antes de ratificar el contenido de las Actas de la CILA, la remita para su estudio, análisis y aprobación al Senado.

Previo dictamen de las comisiones correspondientes, habremos de verificar que no haya afectaciones sustanciales al tratado y, consecuentemente, a la soberanía nacional.

Al aprobar el Acta 323 y ratificarla en Relaciones Exteriores, nunca se consultó a los productores y habitantes del Valle de Mexicali ni a los de San Luis Río Colorado, hay que evitar estos despojos y estas injusticias.

Por ello, compañeros, planteo a este Senado que se haga del conocimiento de los posibles afectados sobre los acuerdos para tomar en cuenta su opinión, la consulta, propongo, se debe realizar a través de los Senadores, de las Senadoras, de los estados fronterizos involucrados y que están en contacto con la sociedad organizada.

Con el propósito de modernizar nuestra Ley sobre la Celebración de Tratados, de reconocer las nuevas realidades geopolíticas en el ámbito de las relaciones internacionales y, principalmente, ampliar nuestra vida democrática estableciendo la consulta a las comunidades interesadas, me permito poner a su consideración esta iniciativa que está a disposición de ustedes en Servicios Parlamentarios.

Es la cuenta, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS, EN MATERIA DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y DE LAS AGUAS QUE CORRESPONDEN A MEXICO EN LA CUENCA DEL RIO COLORADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Agua y tratados internacionales.

México comparte con los Estados Unidos de América una de las fronteras más dinámicas del mundo. La línea divisoria se extiende por más de 3,000 km y en algunos tramos son los caudales de los ríos los que delimitan los territorios. Las aguas son relevantes para el Derecho Internacional cuando hacen las veces de fronteras y también cuando se trata de cuencas que corren a ambos lados de la división territorial. Desde los inicios de la civilización, las aguas han sido motivo de disputas pero principalmente de toda una cultura de consenso a fin de que las comunidades a lo largo de los cauces puedan aprovechar el recurso hídrico. La interacción de las poblaciones de las riberas a lo largo de los años y aún de los siglos ha alumbrado un derecho consuetudinario que ha sido el modelo para las modernas legislaciones de aguas alrededor del planeta. Las reglas derivadas de la costumbre inveterada han permitido la integración de organismos y tribunales integrados con representantes de las propias comunidades que utilizan el agua. La característica distintiva de los tribunales de agua es que fundan todas sus resoluciones con base en criterios de equidad. El Tribunal de las Aguas de Valencia, en España, es fiel ejemplo de la justicia del caso concreto.

Es por ello que los tratados iniciales entre México y los Estados Unidos de América evolucionaron rápidamente pasando de convenciones internacionales únicamente sobre límites para convertirse en auténticos tratados de límites y aguas. La necesidad de equidad en el aprovechamiento del agua pronto se hizo presente, al igual que ha sucedido en otros puntos del mundo, y así surgió una instancia con representación de ambos países para resolver las disputas y construir acuerdos en torno a la problemática de las cuencas binacionales. Por convención suscrita en Washington entre México y el vecino país del norte el 1° de marzo de 1889 surgió la Comisión Internacional de Límites. El “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México” celebrado firmado el 3 de febrero de 1944 recoge y prorroga indefinidamente a la instancia anterior pero amplía su objeto bajo la nueva denominación de la actual Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Este organismo binacional cuenta con una Sección Mexicana y una Sección Estadounidense, cada una de ellas dirigidas por un Comisionado Ingeniero que es designado por el Presidente de su respectivo país. Hoy día las oficinas centrales de la Sección Mexicana están en Ciudad Juárez, Chihuahua y las de la Sección Estadounidense en El Paso, Texas. En el estado de Baja California la Sección Mexicana cuenta con sendas oficinas en Tijuana y Mexicali que son espejo de las estadounidenses que se ubican en San Diego, California y Yuma, Arizona. Desde hace casi 120 años la Comisión vigila y aplica los tratados y convenciones sobre límites y aguas a lo largo de la frontera norte del país. En este orden de ideas, las áreas de jurisdicción de la Comisión Internacional de Límites y Aguas son los límites territoriales, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la calidad del agua, el saneamiento y proyectos de cruce internacional. Por ello, los acuerdos tomados en ejecución del Tratado han de ser motivo de especial revisión.

Fortalecimiento de la soberanía.

Todos los tratados han de cumplirse. A ello obedece el principio de Derecho Internacional " pacta sunt servanda " Sin embargo, los convenios internacionales son de muy diversos objetos. Abundan los de cooperación, de carácter multi o bilateral. También los hay con la mayoría de los países que desarrollamos comercio, con el objeto de evitar la doble tributación, en el ámbito fiscal. Sin embargo, un tratado que tenga por objeto aguas internacionales, se traduce en una cuestión que tiene que ver de manera inmediata y directa con la soberanía nacional. Por este aspecto, el Tratado de Límites y Aguas de 1944, celebrado entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América debe ser puntualmente cumplido. La instancia de aplicación del Tratado antes mencionado ha de ser, en consecuencia, por las repercusiones en la soberanía nacional, motivo de especial seguimiento. El mecanismo debe ir más allá de la revisión en la Secretaría de Relaciones Exteriores de las actas que remita el Comisionado de la Sección Mexicana. El mecanismo de seguimiento de la ejecución del Tratado de Límites y Aguas de 1944 debe extenderse a la Cámara de Senadores.

Por otra parte, el agua es un recurso vital, imprescindible para los pueblos. Si dentro de los límites de un mismo país, las cuencas se caracterizan, como lo hemos visto a lo largo de la Historia, por contar con organismos y hasta tribunales cuya virtud principal es la equidad, con mayor razón cuando la distribución de las aguas pasa por la construcción de consenso entre Estados libres y soberanos. Cualquier decisión que rompa la equidad binacional, no sólo despierta un sentimiento de vulneración a la soberanía, sino que afecta directamente el desarrollo de la nación menos favorecida. En el caso, existe una circunstancia adicional, y es que el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora es una zona semidesértica que requiere aún con mayor intensidad de los volúmenes de agua adecuados que desde las Montañas Rocallosas la naturaleza ha enviado al Mar de Cortés.

Prueba de la necesidad de la vigilancia, supervisión y enmienda por parte del Senado de la República es que en no pocas ocasiones, la Sección Mexicana cede ante las intenciones desbordadas del vecino país del Norte por hacer uso de volúmenes de agua más allá de lo que la equidad aconseja. De entrada, podemos hacer referencia a dos casos. Nos referimos a la fricción entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América con motivo de un supuesto incumplimiento por parte de México acerca de la distribución de agua en el 2002 y al Acta 323. En el Acta 323 se materializó un acuerdo que además de adverso para la parte mexicana sobrepasa lo acordado en el Tratado de Límites y Aguas de 1944. Adelante se explicará en detalle las razones por las que el Acta 323 excede y, en consecuencia, implica modificaciones al Tratado. Sin embargo, es pertinente tener presente también que el germen del exceso del Acta 323 se contiene ya en el Acta 319. El contenido de las dos no fue consultado con los miles de productores y habitantes del Valle de Mexicali, Baja California y de San Luis Río Colorado, Sonora a quienes habrían de afectar en su vida cotidiana.

El Acta 323 establece diversos puntos que afectan al pueblo de México en general y a los habitantes del Valle de Mexicali y de San Luis Río Colorado en particular: Se autoriza la venta de agua a organismos operadores de los Estados Unidos. La venta se disfraza como “programa de sustitución de infraestructura” Corresponde a los gobiernos federal y de Baja California aportar los recursos para solventar la modernización de las instalaciones en el lado mexicano y no a cambio de agua. La entrega de agua por infraestructura, es decir, la venta de agua resulta violatoria del Tratado de Aguas de 1944, pues desnaturaliza la esencia del Acuerdo que consiste en la justa distribución de las aguas. En realidad, pactar la venta de agua es una alteración del Tratado. Cualquier modificación a los Tratados es competencia exclusiva para su aprobación del Senado de la República. La venta de agua excede de las facultades del Comisionado, por lo cual debe ser removido de su cargo. La venta de agua implica desde luego un recorte que deteriora la de por sí precaria situación de los productores del Valle de Mexicali. Es importante recordar que a pesar de contar con un decreto presidencial, todavía hay en el Valle de Mexicali productores que cuentan con 1,500 hectáreas que nunca han recibido dotación alguna de agua.

Los agricultores y residentes de la región de Baja California y Sonora consideran que el Acta 323 lesiona sus intereses en cuanto a la disponibilidad del agua. En particular manifiestan su rechazo a lo dispuesto en el Acta 319 en lo referente a los criterios para la reducción de agua a México, de acuerdo a la tercera condición de entrega, que es la reducción de volúmenes, debido a la presencia de una sequía extraordinaria o un serio daño en la infraestructura del sistema hidrológico del Río Colorado, lo cual, no ha ocurrido. En su lugar se ha establecido el criterio de la variación del nivel del agua en el Lago Mead, de Presa Hoover, lo cual viola totalmente lo establecido en la esencia del Tratado de Aguas Internacionales que es la forma en se hace la derivación del agua a México. Cabe mencionar que el volumen extraído del vaso de esta presa ha llegado a niveles críticos, originados por una excesiva extracción de agua, concepto distinto a lo originado por una causa natural.

Cabe mencionar que el Acta 323 suscrita en Ciudad Juárez, Chihuahua el 21 de septiembre del año en curso, se refiere a la ampliación de las medidas de cooperación y adopción de un plan binacional de contingencia ante la escasez de agua en la cuenca del Río Colorado. Destaca entre las resoluciones, la marcaba como número ocho, que a la letra dice "Las inversiones en proyectos, así como los intercambios de aguas correspondientes, se llevarán a cabo de manera consistente con las estipulaciones de esta acta, particularmente la Sección IX. " Y en dicha sección se establece lo siguiente:

"Los Estados Unidos contribuirá con un monto total de $31.5millones de dólares a México, a través de la Comisión, para desarrollar proyectos de conservación en México. Toda el agua generada conservada con esta inversión, será asignada a México con excepción de los siguientes volúmenes: 86 Millones de metros Mm cúbicos (70,000 acres pies de agua), para cumplir con el compromiso de Estados Unidos de agua para beneficio del medio ambiente en particular del tramo limítrofe y del Delta del Río Colorado establecido en la sección octava, 62 Mm cúbicos (50,000 acres pies de agua) para el sistema en beneficio de todos los usuarios y 135 Mm3 (109,100 acres pies de agua) para su uso en los Estados Unidos en consideración de las inversiones referidas. "

Las actas 319 y 323 son claros ejemplos de la necesidad de dar participación a la Cámara de Senadores, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el proceso de revisión de los pre acuerdos que el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas envía regularmente a la superioridad. Lo anterior con el objeto de que las y los senadores, de manera seria y grave así como con responsabilidad, se cercioren de que se cumplen los principios normativos de nuestra política exterior, en particular la defensa de la soberanía.

Observancia de nuestros principios normativos de política exterior.

En la Comisión Internacional de Límites y Aguas entran en juego dos factores para la estabilidad del Estado Mexicano. Por un lado, la defensa de la soberanía nacional a través de la justa y equitativa distribución de las aguas materia del Tratado de Límites y Aguas de 1944 celebrado por nuestra Nación con el vecino país del Norte. Por otro, la viabilidad económica y ambiental y, con ello, la estabilidad social en la zona del Valle de Mexicali, Baja California cuyos habitantes requieren del vital líquido para sobrevivir, que resulta necesario en primer término para el consumo humano y en segundo para la producción agrícola. En tratándose de la distribución de aguas existe una propensión, por el carácter vital del líquido, a que los usuarios, en este caso las partes internacionales, traten de obtener el mayor provecho que, de no atenderse bajo criterios de justicia y equidad, se transforma en una ventaja indebida.

El Acta 323, no obstante, va más allá de la mera cuantificación de los volúmenes de agua que corresponde a una y otra nación. Al introducir la venta de agua, disfrazada de la programación de infraestructura, en realidad está pactando cláusulas nuevas en el acuerdo internacional. Como es bien sabido, la negociación, construcción de acuerdos y aprobación de los tratados internacionales es facultad exclusiva del presidente de los Estados Unidos Mexicanos con aprobación del Senado.

En este orden de ideas, salta a la vista la necesidad de que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión despliegue un mecanismo de seguimiento de la observancia del Tratado de Límites y Aguas de 1944 en general, y además de aprobación en aquellos puntos que tengan que ver con la soberanía nacional. La presente iniciativa tiene, en este contexto, por finalidad asegurar la observancia de los principios normativos de nuestra política exterior dando participación a la Cámara de Senadores en el proceso de ratificación de las actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Para tal efecto, se plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores comparta la información y remita de inmediato las actas que permitan llevar a cabo consultas con la sociedad organizada, es decir, con las asociaciones de productores, asociaciones civiles, organizaciones sociales e instituciones empresariales de interés público así como instituciones de educación superior, para una mayor definición del interés nacional.

En caso de ser necesario, se podría llevar a cabo una reunión entre las Comisiones pertinentes del Senado y el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando por votación en el Pleno, por mayoría simple, el Senado considere que algún punto de las Actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas resulta lesivo a la soberanía nacional o implica ir más allá de lo pactado en el Tratado, su opinión será vinculante para la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual quedará sujeta a abstenerse de emitir la ratificación.

Con el ánimo de avanzar en la modernización en torno a la observancia de los principios normativos de la política exterior mexicana, a fin de asegurar la vigencia de la soberanía nacional y con la intención de impulsar mecanismos de consultas con la sociedad organizada que amplíen nuestra vida democrática, se eleva a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 A LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS.

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 12. La Secretaría de Relaciones Exteriores enviará oportunamente para su aprobación a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión las Actas que a su vez remita el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas para su ratificación.

Artículo 13. El Senado, a través de las y los senadores de los Estados fronterizos que tengan relación con los puntos acordados en las actas, llevará a cabo consultas con los habitantes de dichas entidades a través de la sociedad organizada. Asimismo, publicarán en sus páginas de Internet las actas correspondientes y recibirán por vía digital las observaciones de cualquier ciudadano.

Tanto el Senado como la Secretaría de Relaciones Exteriores deberán tomar en cuenta los pronunciamientos en las consultas realizadas con la sociedad organizada y las enviadas por ciudadanos al portal de Internet respecto de los acuerdos que la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas remita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, asimismo, expresar las razones por las cuales son de acogerse o no dichos pronunciamientos.

Transitorios.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Blásquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.






Les informo que está inscrito en el Orden del Día, para su primera lectura, un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y 191 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de cuerpo de policía militar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110, 112 Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, con punto de Acuerdo que propone a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Sonido en el escaño del Senador Raúl Morón.

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Señor Presidente, estaba enlistado para plantear una iniciativa sobre el tema de adultos mayores, desde el martes, entiendo que ahora estaba también enlistado, nada más poner a su consideración la posibilidad de presentarla.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le propongo algo, Senador Morón, y le pido una disculpa, porque, efectivamente, estaba usted listado, nos permite continuar con la votación de esta importante integración del Consejo Consultivo, e inmediatamente después usted presenta su iniciativa, o si usted prefiere que sea el primero que presente en la siguiente sesión, como usted me diga.

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) En la siguiente sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Dé lectura la Secretaría al dictamen.

DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

La Senadora María Cristiana Díaz Salazar: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El presente dictamen hace referencia a la elección de los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Víctimas, que dispone que por única ocasión, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva, corresponde al Senado de la República elegir, por las dos terceras partes de los presentes, en sesión ordinaria, a sus integrantes.

No omito manifestar que el día 7 de abril del presente año, se remitió a este Senado de la República una primera propuesta por parte del Comisionado Ejecutivo de la CEAV, respecto a la integración de la Asamblea Consultiva; sin embargo, toda vez que en este procedimiento no se observó el principio de máxima publicidad ni una integración regional de todos los estados de la República, en esta Asamblea acordamos exhortar al Comisionado Ejecutivo a la reposición del procedimiento y expedir una nueva convocatoria.

Esta nueva propuesta de aspirantes a integrar la Asamblea Consultiva, a juicio de las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, primero, garantizar la perspectiva de género.

Segundo.- El enfoque diferencial y especializado.

Y tercero.- En atención a criterios de regionalización que representan a todas las víctimas del país.

Debo destacar que la Asamblea Consultiva servirá como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva, su integración es referente de un avance importante para la participación ciudadana en materia de víctimas, tal como lo establecen los artículos 84 Ter y 84 Octies de la Ley General de Víctimas. La Asamblea Consultiva será un órgano de consulta y vinculación de la CEAV con las víctimas y la sociedad.

Es relevante señalar que esta integración es fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, toda vez que cuatro de sus miembros integrarán también la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva, lo cual tiene implicaciones relevantes para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones de ese órgano colegiado.

Los integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su encargo cuatro años y podrán ser ratificados por un periodo igual en los términos que dispone la ley.

Finalmente, quiero reconocer que las nueve propuestas que se presentan ante esta Soberanía, se han distinguido, primero, por su amplia experiencia; segundo, por conocimientos aprobados en la materia y, por tanto, los Senadores consideramos que resultan idóneas para brindar aportes representativos de las víctimas y así cumplir sus funciones dentro de la Asamblea Consultiva.

Por lo tanto, solicito su apoyo al presente dictamen en los términos de lo siguiente:

Acuerdo

Único.- En atención a lo dispuesto por el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Víctimas, publicado el 3 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República elige como integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las siguientes personas:

Carlos Alberto Cruz Santiago, Liz Ivett Sánchez Reyna, Luis Enrique González Araiza, Irma Leticia Hidalgo Rea, Juan Manuel Estrada Juárez, Norma Librada Ledezma Ortega, Guillermo Osorno Covarrubias, Juan Pablo Girault Ruiz y Laura Adriana Bautista Hernández.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Presidenta Cristina Díaz.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta.

Como están ustedes informadas e informados, el proceso se restituyó, a propuesta de las tres comisiones, para que la Comisión de Atención a Víctimas reiniciara una nueva convocatoria que garantizara la participación de distintas organizaciones, reflejando la pluralidad en el país.

Como lo acaba de mencionar la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz, la Comisión de Atención a Víctimas publicó en diarios de circulación nacional, garantizó que esta convocatoria estuviera en todos los estados de la República, para que, finalmente, quienes se inscribieran para formar parte de esta Asamblea Ciudadana, que por primera y por única ocasión, las nueve propuestas son enviadas a este Senado de la República por la Comisión de Atención a Víctimas, y que hoy estamos concluyendo este proceso a partir de la presentación de un listado de nueve organizaciones, de nueve personalidades que, desde el punto de vista, la inquietud reflejada por las comisiones, está siendo atendida. Eso es muy importante.

La segunda cuestión que es importante también señalar, es que ciertamente, las nueve propuestas reflejan pluralidad, es muy importante la atención que tomó para que ninguna de esas tres personalidades estuvieran involucradas en la exigibilidad como víctimas y pudieran tener algún conflicto con la CEAV, en la exigencia de reparación del daño, sobre todo, las organizaciones que representan a víctimas.

Eso es muy importante, que la CEAV haya cuidado, y nos parece y estuvo pertinente desde el punto de vista de las comisiones, haber cuidado esa preocupación.

La tercer cuestión que es importante señalar, es que, ciertamente, las nueve personalidades son cada una de ellas en sus expertises, también reflejan la diversidad de las materias que tienen que ser atendidas desde la Comisión de Atención a Víctimas.

Creo que es importante destacar que encontraremos una presencia muy importante de mujeres que representan a sus organizaciones, de nueve, cinco son mujeres, todas con una gran trayectoria y por supuesto, reflejando, insisto, esta pluralidad y también en la diversidad de las materias que seguramente van a permitir que se garantice lo que la propia ley señala, respecto de las características de esta Asamblea Ciudadana.

La Asamblea Ciudadana es un ente importantísimo, a partir de las reformas que impulsamos a la Ley General de Víctimas, que tiene un papel relevante de acompañamiento de la CEAV, como expresión de las víctimas, como expresión de quienes son también víctimas de violaciones a los derechos humanos, no solamente víctimas del delito, y que van a fortalecer, porque ése fue el cometido de las reformas de la Ley General de Víctimas, van a fortalecer los trabajos de la CEAV, representando como organizaciones de la sociedad civil, también la voz de estas organizaciones.

Pero además, como también aquí se señaló en la presentación formal del dictamen por parte de la Senadora Díaz, cuatro de estas nueve personalidades tienen que formar parte de la Junta de Gobierno.

Recordemos que la Junta de Gobierno es una nueva figura acorde a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que hoy forma parte de la Comisión de Atención a Víctimas, con una característica muy importante, que es necesario destacar aquí.

En primer lugar, la Junta de Gobierno no va a involucrarse en las decisiones que tengan que ver con la reparación, en cualquiera de sus modalidades, el del daño para víctimas de delitos o víctimas de violaciones a los derechos humanos.

De tal manera que no va a haber una intromisión, por parte, principalísimamente porque ésa fue una preocupación manifestada por las organizaciones, por parte de funcionarias o funcionarios, cuatro de ellos que forman parte de esta Junta de Gobierno. Es muy importante destacarlo.

Sin embargo, la Junta de Gobierno, además de tener a estas cuatro personalidades de diversas Secretarías, también tiene una quinta presencia, que es quien está al frente de la CEAV, y además cuatro más que tienen que surgir, precisamente, de este órgano, de esta Asamblea Ciudadana, cuyo dictamen hoy estamos presentando ante ustedes. De estas nueve personalidades, cuatro tendrán que salir, tendrán que ser electas entre ellos y ellas, para que formen parte de la Junta de Gobierno.

De tal manera que con este proceso que hoy estamos poniendo a su consideración, que ratifica la propuesta que es enviada por la Comisión de Atención a Víctimas, cerraríamos los pendientes, derivados de la implementación de las nuevas reformas de la Ley General de Víctimas, que tienen que trabajar para lograr cumplir el objeto de la creación de esta ley.

Esta ley, como ustedes saben, surge de un gran movimiento, un gran movimiento de organizaciones de la sociedad civil, de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, que finalmente logran su concreción como ley, justamente, cuando nosotros iniciamos en 2012-2013, este Senado de la República.

Pero las perfecciones que hicimos a la propia ley, con las reformas de hace pocos meses, también toman en consideración la experiencia de la aplicación de esta nueva ley, que quiero, finalmente, expresarlo, para terminar mi intervención, también constituye una novedad para nuestro país.

No teníamos, en el espectro del marco jurídico de nuestro país, una ley con estas características, de tal manera que el proceso de reforma de la propia ley deriva, precisamente, de la implementación de la propia experiencia que se tiene en la implementación de esta nueva ley novedosa en el marco jurídico de nuestro país, y que ahora, hoy, en este momento, con esta votación que tendremos de parte de ustedes, para apoyar, para aprobar este dictamen que estamos poniendo a su consideración las distintas comisiones, entre ellas, la Comisión de Derechos Humanos, que me honro en presidir, terminaremos una primera fase importante de lo que tiene que ser la garantía de la implementación de esas reformas.

Con esta nueva figura de la Asamblea Ciudadana, que es importante esté integrada con estas características, nos parece que es conducente a las comisiones aceptar la propuesta que viene en la CEAV, en sus términos, para que pueda seguir su funcionamiento.

Lo que hago con mi intervención, como pueden observar, simplemente es hacer alguna complementación a la intervención formal de presentación del dictamen que acaba de hacer nuestra compañera Presidenta de la Comisión de Gobernación, que junto con la Comisión de Justicia, que preside la Senadora Pilar Ortega, hemos seguido dando curso a esta importante materia para nuestro país, que por desgracia ha tenido que legislar para atender, tanto a víctimas de delitos en su exigencia de reparación integral del daño que han sufrido, como a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Muchas gracias a ustedes por su atención.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senadora De la Peña.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras Senadoras y señores Senadores:

La Ley General de Víctimas fue reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de enero de 2017, con el propósito de establecer las obligaciones, tanto de la Federación, como de las entidades federativas, en materia de los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos.

Dicha reforma incorpora una Asamblea Consultiva, materializada a través de la participación activa de nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, en las decisiones que tomará el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El artículo 84 Ter de la Ley General de Víctimas señala que: "la Comisión Ejecutiva contará con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como en una Asamblea Consultiva como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y con la sociedad.

De acuerdo con el artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas, la Asamblea Consultiva será un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva, y estará integrada por nueve representantes, en los términos que señalé anteriormente.

Éstos serán electos por la Junta de Gobierno y su cargo tendrá carácter honorífico, a su vez, establece la obligación de la comisión de emitir convocatoria pública que atienda cuando menos a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas, desempeño destacado en actividades profesionales de servicio público, sociedad civil o académicas, así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados en materias afines a la ley general.

Esto, atendiendo a criterios de representación regional, rotativa, de cuando menos una institución, organización, colectivo por grupo o región.

Sin embargo, en términos del Artículo Décimo Quinto Transitorio, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero de 2017, se estableció que por única ocasión, y ya lo señalaron quienes me antecedieron en la palabra, para la primera designación de los miembros de la Asamblea Consultiva a que se refiere el artículo 84 Octies de la citada ley, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas enviará las propuestas de integrantes al Senado de la República, el cual los elegirá por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en sesión ordinaria.

Es decir, una decisión que corresponde a la Comisión Nacional de Víctimas, por única ocasión, de manera excepcional, tal y como lo señala el transitorio, hoy será puesto a consideración del Senado de la República, a partir de la propuesta enviada por la propia comisión.

En este tenor, el pasado 25 de septiembre de 2017, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, remitió a la Mesa Directiva del Senado de la República nueve propuestas de aspirantes a integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Estas postulaciones, de acuerdo con estas consideraciones esgrimidas por el comisionado, eran idóneas, tomando en consideración su experiencia en materia de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas, así como por su experiencia laboral y de conocimientos especializados afines a la Ley General de Víctimas.

Posteriormente, las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, a partir de las sesiones que realizamos en las mismas comisiones, nos dimos a la tarea de revisar esta propuesta que congrega a una participación ciudadana que atiende a estos criterios de regionalización, de diversificación y tras un análisis de las mismas, las comisiones hemos concluido que los aspirantes remitidos por la propia comisión, cumplen con los requisitos que el artículo 84 Octies de la Ley General de Víctimas exige, lo que implica que no existe impedimento legal para que sean propuestos al Senado de la República, para ejercer dicho encargo.

Otro aspecto importante en esta conformación, es que se atendió también a criterios de perspectiva de género.

Es tal que hoy estamos ya en el final del procedimiento de esta decisión importante, dado que, como ya lo hemos señalado, cuatro de estos integrantes formarán parte de la Junta de Gobierno y también fortalecerán la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para dar seguimiento a la labor, tan importante, que esta Comisión Nacional de Víctimas ejerce en favor de las víctimas.

Era un tema que estaba pendiente y que finalmente se resolviera.

En consecuencia, esta propuesta está en sus manos y se somete ante ustedes la elección de los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega.

Está a discusión. Esta Presidencia recibe el posicionamiento del Senador David Monreal Ávila, sobre este asunto, y se integrará al Diario de los Debates.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, quien desea hacer uso de la palabra desde su escaño.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Queremos precisar que nosotros nos vamos a abstener como una protesta, no contra las personas que se están proponiendo, algunas de las cuales reconocemos que tienen una gran calidad moral, un compromiso con la causa, sino por los procesos desaseados que se dan en este Senado y que se coleccionan aquí como trofeos.

Llámese la elección de los integrantes de esta Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; llámense Ministros; llámense Consejeros Independientes de Pemex; lo vivido para elegir al Comisionado Presidente de IFT.

Este Senado no tiene precedente, aquí exhibimos que también sabemos de urnas embarazadas, de operación tamal y de todos los malabares que se exhibieron la ocasión pasada.

Nosotros creemos que estos procesos deben de ser ya modificados, si queremos darle transparencia, credibilidad y donde debe de ser la participación mucho más amplia, y que cuando se llega a determinados niveles de preparación, de idoneidad, bueno, a lo mejor cabe la insaculación, no, éstos se han convertido por lo general, en repartos de botín, en fichas partidistas contra lo cual nos hemos opuesto sistemáticamente.

Es por ello, que en esta ocasión, por respeto a valiosas personas que están propuestas, nos vamos a abstener, pero nuestra posición permanente es en contra, y una protesta contra los órganos de gobierno de este Senado, no es contra las personas, sino cómo se manipulan aquí, incluso un puñado define prácticamente por la mayor parte de los Senadores, que solamente saben seguir la línea.

Esa es nuestra posición.

Gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Sansores.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para dar su posicionamiento a favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señora Presidenta.

Muy buenas tardes a todas y a todos.

Primero quiero decir que este trabajo tiene bastante tiempo y que además se cubrió con toda la necesidad de que teníamos que contar con esta Asamblea Consultiva de la CEAV.

¿Ustedes sabe cuántas organizaciones pidieron su ingreso y cómo escrupulosamente se fue revisando cada una de estas organizaciones?

Pero además vimos cómo estas organizaciones tuvieron un acompañamiento, o sea, no eran organizaciones de la sociedad civil sueltas sino gente que ha padecido desaparición forzada, feminicidio, violencia en contra de las mujeres, secuestro, bueno, una serie de organizaciones que han sido víctimas las que la conforman, y que esto dio lugar a seleccionar 9 de 46 organizaciones.

A mí me parece que poco a poco hemos ido construyendo, no solamente la mejora a la Ley General de Víctimas, sino esta Asamblea que va a tener opinión, que va a poder coadyuvar, que va a poder investigar la problemática en los diferentes aspectos que tiene que ver con las víctimas; pero además tiene un ingrediente muy interesante, el tema paritario en el que hay la participación también de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias.

Yo por eso felicito mucho a las comisiones participantes por el trabajo que hicieron de manera tan comedida, tan profesional para alcanzar esta Asamblea Consultiva que es fundamental para la buena marcha de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El dictamen lo dice y expresa cada uno de los pasos que se desarrollaron, y cómo de manera conjunta las Comisiones de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Gobernación y de Justicia pudieron participar activamente para poder tener un dictamen al nivel de la necesidad que tiene este país para la atención a víctimas.

Por eso el voto de mi grupo parlamentario será a favor.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para expresar su posición a favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

El dictamen que hoy se somete a consideración de este Pleno, es el resultado de un proceso de trabajo, de evaluación y de selección, en el que participaron y se interesaron diversas organizaciones de la sociedad civil, académicas, académicos, investigadores, activistas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones conformadas por víctimas quienes se postularon para ser considerados como parte de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que, sin lugar a dudas, le dota de un carácter de legitimidad especial al presente dictamen.

Cuando discutimos la reforma integral a la Ley General de Víctimas, uno de los aspectos novedosos y que generó una discusión importante fue, precisamente, el que la integración de esta Asamblea Consultiva como órgano integrado en su totalidad por personas de la sociedad civil, ajenas a la administración pública y al ejercicio, ya que por propia naturaleza administrativa de la CEAV, la constitución de esta asamblea representaba un reto en términos legales. Sin embargo, encontramos la forma legal para poderla integrar en la ley y para poder establecer una asamblea ciudadana y civil con la cual la persona titular de la CEAV tuviera que consultar, informar, cuestionar, diseñar y planear las políticas y programas de atención para las miles de víctimas que se registran diariamente en nuestro país.

De acuerdo al Inegi y a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, durante el 2016 hubo 24.2 millones de víctimas del delito mayores de 18 años en todo el país.

Si a esta cifra le sumamos el registro de las personas que presuntamente sufrieron  una violación a sus derechos humanos, registro que, por cierto, no está consolidado a nivel nacional entre todos los organismos estatales o del sistema Ombudsman, tan  sólo en su informe de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que tan sólo en ese año se habían recibido, atendido y orientado a más de 32 mil personas, quienes se quejaban y dolían de la actuación irregular de alguna instancia  o alguna gente del Estado, por lo que si hacemos una proyección a nivel nacional, el universo de presuntas víctimas y de víctimas reconocidas aumentaría considerablemente.

La creación de la CEAV y el funcionamiento del esquema anterior que se encontraba en la ley, no permitió que estas miles de víctimas fueran atendidas adecuadamente.

Aún al día de hoy hay muchos procesos burocráticos y de registros administrativos que se convierten en verdaderos actos de revictimización al interior de esta instancia.

Sin embargo, con el nuevo marco normativo que hemos aprobado recientemente, en donde se inserta, precisamente, la Asamblea Consultiva que hoy votamos, se abre un nuevo espectro de posibilidades para mejorar la atención y las medidas de intervención para todas las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en México.

Las funciones de la Asamblea Consultiva son: fungir como un órgano de opinión y asesoría de las acciones de políticas públicas, programas, proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva y bajo esa premisa la persona titular de la CEAV, así como la Junta de Gobierno deberán tomar en cuenta la experiencia, opiniones y propuestas que emanen de esta figura ciudadana novedosa, pues por primera vez se faculta a un grupo netamente ciudadano para que pueda incluir la visión y la experiencia en la atención a víctimas, precisamente una instancia especializada para ello.

Yo votaré, votaremos muchos, a favor de este dictamen.

También porque las personas e instituciones que han sido seleccionadas, son representativas del Movimiento Nacional de Víctimas, del espectro de defensa de los derechos humanos y de la academia especializada en la defensa y protección de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas.

Tenemos confianza de que las personas que participarán en esta Asamblea Consultiva realizarán una tarea profesional y comprometida, velando en todo momento por la mejor protección, garantía y respeto de los derechos de las víctimas.

Hoy damos un paso importante en la consolidación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, hoy recuperamos de manera simbólica, pero significativa, a la CEAV, y abrimos un nuevo capítulo en donde la sociedad civil y las víctimas tendrán un papel fundamental en el diseño e implementación de las políticas públicas especializadas para su atención.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Compañeras y compañeros.

Con su venia, señora Presidenta.

Es importante que a este tema le pongamos toda la atención debida, ojalá y me ponga atención el ciudadano Presidente de este Senado, que está en la chorcha igual que otros compañeros.

Tratándose de un tema tan trascendental es verdaderamente inaceptable, primero, que haya ausencia de tantos Senadores; segundo, que los que están, no pongan atención a un debate que tiene trascendencia nacional, pero sobre todo, tiene trascendencia en un asunto que tiene que ver con las personas que son víctimas de diferentes atropellos tanto del gobierno federal, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales y sus dependencias.

Lamento mucho que hayan compañeras y compañeros que se justifiquen en el tema del procedimiento para designar, es una justificación, con mucho respeto, que no se puede aceptar si no se revisa quiénes integran y se les da el beneficio de la duda sobre todo por el curriculum que tienen.

Aquí hemos estado insistiendo en que no podemos votar a favor de un comisionado independiente porque lo tocó el Presidente de la República, se justifica porque esas personas no garantizan la independencia como individuos y tampoco garantizan que van a mantener la autonomía del órgano al cual pertenecen.

Pero no es el caso, hemos revisado con atención el curriculum de cada uno de ellos, ¿cómo rechazar a un compañero que trabaja desde hace 17 años en acompañamiento a jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad en el estado? Quién mejor para que al integrar este órgano consultivo de la Comisión Ejecutiva podrá poner el dedo en la llaga en situaciones que lastimen a este tipo de personas que están en riesgo de vulnerabilidad.

Cómo rechazar a una compañera que se ha destacado en actividades de acompañamiento a mujeres en situación de violencia y trata de personas.

Es absurdo que alguien pretenda por el prurito de que el procedimiento, o por el prurito de que no quedó mi candidato, rechazar a alguien que se ha preocupado, por lo que no nos preocupamos muchos en este Senado de la República, de atender a las verdaderas víctimas de tragedias que ocurren todos los días en el territorio nacional.

Cómo rechazar a una persona, a una compañera que forma parte de una amplia y reconocida red nacional de familiares de víctimas de desaparición de personas. No nos hemos venido aquí a desgarrar las vestiduras para hablar de las desapariciones forzadas y ahorita que se cuela una persona a una cuestión tan importante como este que vamos a votar ahorita.

Entonces, dice: "me voy a abstener", "me salgo del Pleno".

Compañeros: Enfrenten su responsabilidad.

El pueblo de México requiere un órgano independiente y hoy se los podemos dar.

El pueblo de México requiere personas con reconocida capacidad profesional y con reconocida autoridad moral para integrar este órgano, y hoy se lo podemos dar.

¿Qué, no pudieron entrar todos? Pues es imposible.

Pero las credenciales que presentan todos los que están aquí, son 100 por ciento aceptables.

Cómo rechazar al Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, por su defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes victimizados. ¿Cómo?, vengan a argumentar aquí, ¿por qué rechazan?

No rechacen en automático, los que van a rechazar, cómo rechazar a la fundadora de justicia para nuestras hijas en el 2002, galardonada con diversos premios nacionales e internacionales por su destacada trayectoria como defensora de los derechos de las víctimas del feminicidio, trata de personas y otros hechos victimizantes en un estado tan golpeado por los feminicidios, como en Chihuahua.

Los que van a rechazar vengan a argumentar cuando menos, porque no están de acuerdo con estos compañeros y estas compañeras.

¿Cómo rechazar a un defensor al derecho de la libertad de expresión y la protección de periodistas en riesgo?

¿No hemos aquí alzado la voz hasta lo más alto para decir que en este país han asesinado más personas que en países como Irak que está en guerra?

Que México es uno de los países donde más periodistas se han asesinado en el mundo, y ahora que se cuela un compañero que se caracteriza por defender a los periodistas, aquí más de uno va a votar en contra, y pone en riesgo la posibilidad de que por dos tercios no salga lo que le puede garantizar al pueblo de México, que las víctimas sean atendidas de manera pronta y expedita.

Cómo rechazar a alguien que se ha destacado en la defensa jurídica, apoyo psicológico a víctimas de homicidio, secuestro, violación y extorsión. No entiendo, sinceramente no entiendo en los comentarios que he escuchado ahí en "radio pasillo", sus argumentos para rechazar no los entiendo. Eso se llama irresponsabilidad frente a un tema que es toral para el desarrollo de este país, y no sólo serán sancionados por las víctimas, también serán sancionados todos aquellos que van a rechazar esto, por la historia, porque la historia no los va a absolver a los que voten esto en contra.

Cómo rechazar a una consultora y perita en impacto psicosocial de víctimas de violencia sexual, comunitaria, familiar y feminicidio, que ha sido acompañante de víctimas de violencia comunitaria y sexual en comunidades indígenas en Oaxaca y en toda la Península de Yucatán.

Compañeros, compañeras Senadoras y Senadores, les hago un fraterno llamado a su espíritu patriota, les hago un fraterno llamado a su espíritu solidario con las víctimas; les hago un fraterno llamado para que atendiendo el curriculum de quienes van a integrar esta asamblea consultiva, votemos por unanimidad estos nombramientos, y el que no lo haga, el juicio histórico será implacable con ellos.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Demedicis Hidalgo.

Se inserta intervención del Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, pasaremos a votar, de manera económica, el dictamen por el que se propone a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Posteriormente realizaremos votación por cédula para la elección de sus integrantes.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta. Registramos el voto del Senador Barbosa Huerta en abstención.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, aprobado el dictamen.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Para cumplir con lo que disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, realizaremos votación por cédula para elegir a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Les pido su atención para conocer las acciones que acordó la Mesa Directiva para ejecutar la votación por cédula, con el único objetivo de procurar condiciones de orden que garanticen su adecuado desarrollo.

Se les distribuirán papeletas en un sobre rotulado. Cada papeleta tiene la firma de los Secretarios de la Mesa Directiva que actúan en esta sesión.

Es importante que acudan a depositar su voto, una vez que escuchen su nombre al realizar el pase de lista.

Si por alguna razón no cuentan con su sobre al momento de ser nombrados, les pido acudir a esta Presidencia para que aquí se les entregue personalmente.

Una vez que se extraigan los votos de la urna y se inicie su escrutinio no se recibirá ningún otro voto.

Contaremos con una grabación fija de todo el proceso de la votación.

Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las Senadoras y los Senadores.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sólo para ver qué dispone usted.

¿Si le entrego mi boleta al Senador Demédicis Hidalgo, que es de absoluta confianza, o me manda usted a algún Secretario para que se la entregue?

Cuestiones de movilidad, usted entiende.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece que el Senador Demédicis es de absoluta confianza.

Entonces, todos entendemos que el Senador Demédicis depositará el voto del propio Senador y el voto del Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Por aquello de los videos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Es correcto, Senador. Que quede claro.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Yo creo que se debe seguir perfectamente el Reglamento, para que no sucedan cosas como la vez pasada.

Ahí nada más deben estar Senadores, no debe de estar ningún otro que no sea del Senado para evitar suspicacias y que cuenten dos Senadores, como debe ser.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador. Me permito informarle, Senador, que la vez pasada no pasó más que una votación honesta, transparente y limpia.

Me permito leerle el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Los Secretarios de la Cámara, con el apoyo de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, asisten al Presidente de la Cámara en los actos relacionados con la conducción de las sesiones ordinarias del Pleno y tendrán las siguientes atribuciones", dispone de varias atribuciones, y una de ellas es "Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando así lo disponga el Presidente de la Mesa Directiva".

De manera que si el personal de Servicios Parlamentarios ha auxiliado en todas las votaciones de esta Legislatura a esta Mesa Directiva, se hace en estricto apego a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

¿Ya estamos listos?

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Yo digo, para evitar este tipo de problemas, porque quedan dudas.

Acuérdense que en este país se hace trampa hasta en la "Reina de la Primavera" de un kínder.

Entonces, aquí en el Senado debemos de ser muy cuidadosos. Sigan gritando, no hay problema.

Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos una responsabilidad muy grande, y que pase cada quien a poner su voto, salvo en el caso del Senador Barbosa Huerta, que tiene situación de impedimento.

Aquí también muchos mandan su voto con alguien. Así es que hay que cumplir con el Reglamento.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Y aquí siempre cumplimos con el Reglamento, Senador.

El Senador José María Martínez Martinez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador José María Martínez Martínez.

El Senador José María Martínez Martínez: (Desde su escaño) Señor Presidente, muchas gracias.

La verdad es que ya no se puede permitir este nivel de suspicacia con la que se conducen algunos de mis compañeros, y lo digo con absoluto respeto, puesto que la Mesa Directiva, al margen de las diferencias que se pueden tener en los grupos parlamentarios, representan la institución, y como tal me parece que debemos enaltecer la confianza, porque es la conducción de una de las instituciones más importantes del Senado y, en particular, del doctor Garita y de la gente de Servicios Parlamentarios, han contribuido a darle certidumbre a las mesas directivas, independientemente del partido que las presida o las encabece.

Por tanto, más allá de un voto de confianza, debe ser un ¡hasta aquí! No se puede dejar ya de lado que alguien pretenda estar metiendo suspicacia en torno a la institución que representamos en el Senado de la República.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Martínez Martínez.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez, por favor.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Sólo para pedirles, por favor, que se desocupen los pasillos porque no nos permiten llegar a tiempo cuando nos llaman ustedes, sí, por favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

En atención a la petición de la Senadora Martínez, le pediría al personal de resguardo que desaloje los pasillos centrales y laterales de este Senado para poder llegar con prontitud a la urna.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Romo.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Con el interés de ratificar, de apoyar lo expresado por el Senador Martínez Martínez.

El grupo parlamentario del PRI lo afirmó en la sesión del martes. Hoy nuevamente hace esa misma expresión de ratificación en la plena confianza, en la absoluta confiabilidad de la Mesa Directiva de este Senado de la República.

Qué bueno que ha imperado, finalmente, la legalidad que prevalece en este cuerpo colegiado legislativo, y no solamente para cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva, sino también, incluyo al personal de Servicios Parlamentarios que auxilian a esta mesa, personas profesionales de muchos años y de muchas legislaturas que se han conducido en ese mismo sentido.

Por eso nos congratulamos y debemos de tener justamente esa ratificación, hoy como Senado de la República, frente a la ciudadanía.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias.

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras y señores Senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, ¿me permite un momento?

Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros, en la sesión pasada hubo un señalamiento, en efecto, sin embargo, asistimos los coordinadores de las fracciones parlamentarias a ser testigos de la revisión del video para constatar que los votos que se depositaban en la urna fuesen los mismos que se cantaron al final del cómputo, y así fue.

Encontramos en el video 110 votos. Había dos espacios en el video, donde no cubría la cámara la urna, pero fue aclarado posteriormente con un voto de otro compañero, y después conocimos que el Senador Demédicis depositó su voto y el voto del Senador Barbosa, y ahí fueron los 112 votos.

Entonces, creo que no hay lugar a dudas.

Me parece que además el procedimiento que establece hoy, señor Presidente, pues va a facilitar que esto pueda ser de la mejor manera.

Entonces, vamos adelante.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Proceda la Secretaría pasar lista de asistencia de las señoras y los señores Senadores, a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

Le solicito al personal de la Secretaría Administrativa despejar el área donde está colocada la urna, a los asistentes que no son Senadores les solicito colocarse en los pasillos laterales y no obstruir la vista y el desplazamiento de los Senadores para verificar el correcto desarrollo de la votación.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Solicito a las señoras Senadoras y señores Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, doy cuenta con el resultado de la votación.

Hay un universo de 87 votos.

El ciudadano Carlos Alberto Cruz Santiago: 75 votos en pro, 11 abstenciones y 1 en contra.

La ciudadana Liz Ivett Sánchez Reyna: 76 votos en pro, 10 abstenciones y 1 en contra.

El ciudadano Luis Enrique González Araiza: 75 votos en pro, 11 abstenciones y 1 en contra.

La ciudadana Irma Leticia Hidalgo Rea: 76 votos en pro, 10 abstenciones y 1 en contra.

El ciudadano Juan Manuel Estrada Juárez: 60 votos en pro, 23 abstenciones y 4 en contra.

La ciudadana Norma Librada Ledezma Ortega: 75 votos en pro,11 abstenciones y 1 en contra.

El ciudadano Guillermo Osorno Covarrubias: 76 votos en pro,10 abstenciones y 1 en contra.

El ciudadano José Pablo Girault Ruiz: 75 votos en pro, 11 abstenciones y 1 en contra.

Y la ciudadana Laura Adriana Bautista Hernández: 75 votos en pro,11 abstenciones y 1 en contra.

Señor Presidente, todos reunieron dos terceras partes.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señor Secretario. Conforme al resultado de la votación, se designan integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las siguientes ciudadanas y ciudadanos: Carlos Alberto Cruz Santiago, Liz Ivett Sánchez Reyna, Luis Enrique González Araiza, Irma Leticia Hidalgo Rea, Juan Manuel Estrada Juárez, Norma Librada Ledezma Ortega, Guillermo Osorno Covarrubias, José Pablo Girault Ruiz y Laura Adriana Bautista Hernández. Comuníquese. La protesta correspondiente se realizará en sesión posterior.






Compañeros senadores, la Junta de Coordinación Política nos ha remitido un Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México. El documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy cuenta, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el Acuerdo.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México. Publíquese en dos diarios de circulación nacional, en la Gaceta Parlamentaria y en la página Web del Senado, así como en el micrositio de la Comisión de Justicia.






Compañeras Senadoras y Senadores, les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para incorporar una Secretaria a la Mesa Directiva.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, como Secretaria de la Mesa Directiva, a quien le tomaremos protesta en sesión posterior.










Daremos cuenta de las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Les informo que se amplió el turno a los siguientes asuntos:

A la minuta proyecto de Decreto que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado el 6 de septiembre de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos; y al punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, presentado el 26 de septiembre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Derechos Humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.






Hago ahora de su conocimiento la rectificación de turno al proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentada este día, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos; con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Asimismo, damos turno directo a la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, presentado por los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE VOTACIÓN POR CÉDULA

(Presentada por las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PT)

Los suscritos, SENADORAS y SENADORES integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE VOTACIÓN POR CÉDULA de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De entre los procedimientos que desarrolla el Senado de la República, el nombramiento de personas reviste capital importancia. Se trata de la definición de quienes serán titulares de entes que desempeñan funciones esenciales del Estado.

Desde dependencias relevantes del gobierno federal, como la Procuraduría General de la República, hasta las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores en distintas actividades económicas fundamentales; pasando por las distintas representaciones diplomáticas de México ante la comunidad internacional; por tribunales federales y estatales de diversa naturaleza; hasta los organismos a los que la constitución reconoce autonomía, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, son instituciones cuyo diseño se cimienta en una expectativa de eficiencia e independencia.

Para favorecer el cumplimiento de esa expectativa, es medular que en el nombramiento de sus titulares, los procedimientos parlamentarios que se realicen en el Senado garanticen absoluta certeza, para que confieran legitimidad a las personas que habrán de ejercer encargos tan estratégicos, al desarrollarse de la forma transparente y abierta.

Parte esencial de dichos procedimientos, es la votación por la que el pleno aprueba o ratifica un nombramiento, emite una objeción o elige de una lista o terna a quienes considera idóneos para desempeñar cada encargo, conforme a las disposiciones constitucionales o legales que determinan, en cada caso, el método de elección o designación.

Al respecto, el Reglamento del Senado de la República establece dos tipos de votación, según sea la forma del nombramiento:

a) Nominal, para la aprobación o ratificación de nombramientos, sea por mayoría absoluta o calificada, conforme dispone el artículo 243, mediante el uso del tablero electrónico, según ordena el artículo 150, y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 97, fracción I, y
b) Por cédula, para el caso de elección de la persona idónea de entre quienes conforman una terna o lista, conforme dispone el artículo 97, fracción III, y siguiendo el procedimiento que ordena el artículo 101.

En ambos casos, el nivel de certeza que resulta de la votación es riguroso. En la votación nominal, la identificación plena que realiza el legislador al emitir su voto, mediante el sistema de reconocimiento dactilar instalado en su curul o, en su defecto, mediante el sufragio de viva voz y colocándose de pie, son garantía del nivel deseado de certidumbre. Por su parte, en la votación cedular, la transparencia de la urna, el depósito personal que cada senador hace de su boleta y el conteo de los votos de frente al Pleno, confieren también la garantía que se busca.

Sin embargo, en el último caso, el de la votación por cédula, la etapa procedimental que antecede al depósito del voto en la urna ofrece la oportunidad de fortalecer el grado de certidumbre, mediante la modificación que proponemos en la presente iniciativa.

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo, actualmente, el artículo 101 de nuestro Reglamento incluye diversas etapas para el procedimiento de votación cedular. Siendo la primera de éstas, la distribución de las papeletas entre las senadoras y los senadores presentes en el Pleno, labor que realiza el personal de servicios parlamentarios. Y es esta, precisamente, la etapa procedimental que puede favorecer alguna confusión, pues las papeletas son entregadas a los legisladores en un orden diverso a aquél en que son llamados por la Secretaría y éstos suelen acudir a depositarlas en la urna en un orden también distinto, dado que la ubicación de sus lugares no corresponde a orden alfabético alguno.

Aclaramos que no encontramos en esa etapa procedimental razón alguna para regatear certeza al procedimiento de votación cedular; pero creemos que favorecer mayor orden en la emisión y depósito de los sufragios redundará en el fortalecimiento de tal garantía en el resultado de esas votaciones.

Así nuestra propuesta pretende únicamente reordenar y clarificar el procedimiento, para perfeccionarlo.

CUADRO COMPARATIVO

Texto Vigente

Propuesta de Reforma

Artículo 101

1. La votación por cédula se realiza conforme al siguiente procedimiento:

I. La Mesa ordena que se distribuyan a los senadores las papeletas a través de las cuales expresarán el sentido de su voto;

 

II. Se coloca, en lugar visible frente a la Mesa, una urna transparente para depositar las papeletas;


III.
Cada senador, al ser nombrado por la Secretaría, deposita en la urna su voto;

 

 

 

 

 

 

 

IV. Concluido lo anterior, dos secretarios extraen las cédulas de la urna y realizan el cómputo de los votos; y

V. La Secretaría informa el resultado al Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, hace la declaratoria formal y ordena el trámite que procede.

Artículo 101

1. La votación por cédula se realiza conforme al siguiente procedimiento:

I. Se colocan, en lugar visible frente a la Mesa, una urna transparente para depositar los votos y una mampara para preservar la secrecía del sufragio al ser emitido;

II. El Presidente ordena a la Secretaría llamar por su nombre a cada senadora o senador, en orden alfabético, conforme al primer apellido;

III. Cada senadora o senador, al ser nombrado, acude ante la Secretaría para recibir la papeleta a través de la cual expresará el sentido de su voto, sufraga en forma escrita al interior de la mampara e inmediatamente la deposita en la urna.
En el caso particular de senadoras o senadores que por una condición física o médica encuentren dificultades para acudir ante la Secretaría, ésta dispondrá el envío de la papeleta hasta su lugar y, una vez que emitan el sufragio, su depósito en la urna por medio del personal de servicios parlamentarios;

IV. Concluido lo anterior, dos secretarios extraen las cédulas de la urna y realizan el cómputo de los votos; y

V. La Secretaría informa el resultado al Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, hace la declaratoria formal y ordena el trámite que procede.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 101

1. La votación por cédula se realiza conforme al siguiente procedimiento:

I. Se colocan, en lugar visible frente a la Mesa, una urna transparente para depositar los votos y una mampara para preservar la secrecía del sufragio al ser emitido;

II. El Presidente ordena a la Secretaría llamar por su nombre a cada senadora o senador, en orden alfabético, conforme al primer apellido;

III. Cada senadora o senador, al ser nombrado, acude ante la Secretaría para recibir la papeleta a través de la cual expresará el sentido de su voto, sufraga en forma escrita al interior de la mampara e inmediatamente la deposita en la urna.

En el caso particular de senadoras o senadores que por una condición física o médica encuentren dificultades para acudir ante la Secretaría, ésta dispondrá el envío de la papeleta hasta su lugar y, una vez que emitan el sufragio, su depósito en la urna por medio del personal de servicios parlamentarios;

IV. Concluido lo anterior, dos secretarios extraen las cédulas de la urna y realizan el cómputo de los votos; y

V. La Secretaría informa el resultado al Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, hace la declaratoria formal y ordena el trámite que procede.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Suscriben.






EXCITATIVAS

A partir de la solicitud del Senador Raúl Morón Orozco, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, a fin de que presenten el dictamen que corresponde al proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Protección Civil, presentado el 20 de marzo de 2014.








Asimismo, a petición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, se remite a la Cámara de Diputados su solicitud sobre el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.








Y otra, en relación con el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional.








Las proposiciones referidas a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Marco Antonio Olvera Acevedo y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el Presupuesto 2018 al campo mexicano y al sector agrario. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados a que, en función de sus facultades, contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turna a la Cámara de Diputados.



Sonido en el escaño del Senador Rosas.

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Debido a la importancia de los acontecimientos relacionados con los sismos registrados y los recursos económicos entregados por parte del gobierno federal, presenté un punto de Acuerdo que se encuentra en la lista que está a su alcance, en el cual el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Economía y la Profeco, instrumente un programa regional emergente de fijación, verificación y control de precios en las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año, con vigencia hasta el 31 de enero de 2018, así como también de utilizar y realizar los esfuerzos institucionales a su alcance para generar acuerdos con las distintas cámaras, organizaciones y asociaciones de comercio en aras de mantener los precios de los bienes de consumo general, canasta básica y materiales de insumo para la construcción en los niveles ofertados hasta el 19 de septiembre de 2017.

Le exhorto, por favor, que las comisiones que reciban este punto de Acuerdo lo analicen y lo puedan resolver lo más pronto posible.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Estoy seguro que así lo harán, Senador.






Las demás iniciativas y proposiciones se turnarán a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El desempleo alude a la falta de trabajo, en una acepción en la que las personas que forman parte de la población activa, quieren trabajar, buscan empleo y no lo consiguen, esto es, se carece de trabajo remunerado pese a la voluntad de contar con uno. En un sentido mas amplio, también se refiere a la falta de oportunidades de empleo. Sin duda, un flagelo que incide en la pobreza y la desigualdad social.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo mundial aumentó de 170 millones en 2007 a 204 millones en 2015, de los cuales más de 75 millones son mujeres y hombres jóvenes. Cerca de 2,200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares y se necesitarán 470 millones de empleos a nivel mundial para las personas que se incorporarán al mercado laboral entre 2016 y 2030.

Por lo que respecta a los jóvenes, de acuerdo con el director de este organismo internacional, Guy Ryder, el empleo juvenil se encuentra en una crisis mundial caracterizada por niveles de desempleo sin precedentes, empleos de baja calidad y mal remunerados, en la que 2 de cada 5 jóvenes en edad de trabajar, o están desempleados o tienen empleo insuficiente para escapar de la pobreza.

Información proporcionada en febrero de 2016, al dar a conocer la “Iniciativa mundial sobre trabajo decente para los jóvenes” en la sede de Naciones Unidas (ONU), durante el Foro Mundial de la Juventud que se celebra cada dos años.

Indicó que se trata de una ambiciosa iniciativa a través de una “alianza entre gobiernos, el sistema de la ONU, empresas, instituciones académicas, organizaciones juveniles y otros grupos a fin de intensificar la acción para crear nuevas oportunidades y posibilidades de empleo de calidad en la economía mundial y apoyar a los jóvenes a desarrollar las competencias que necesitan para competir en el mercado laboral”.

Por lo que respecta a nuestro país, la tasa de desempleo durante 2016 fue del 4.1%, mientras que para mayo de este año 2017 disminuyó a 3.5%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En cuanto a los jóvenes, la tasa de desempleo entre los jóvenes mexicanos (15 a 24 años) aumentó durante 2016 y se situó en 8.4%, duplicando el promedio nacional de desocupación (4.1%) de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el propio INEGI. Para el mes de febrero de este año disminuía a 6.5%.

Avances que ubicaron a nuestro país entre las más bajas de los países que integran la OCDE, específicamente en la posición número cinco. Sin duda, resultado de un buen trabajo realizado de manera coordinada entre gobierno y sociedad civil en nuestro país, pero que no debe hacernos “echar campanas al vuelo”, en mérito que la desaceleración económica mundial se constituye en un factor de amenaza que se debe tomar muy en cuenta y prevenir declives.

Además, pese la disminución lograda del año anterior al actual, en México cerca de la cuarta parte de las personas de 15 a 29 años de edad, alrededor de 7 millones de jóvenes, está sin ocupación laboral o sus ingresos son muy insuficientes para salir de la carencia severa.

Es necesario fortalecer y ampliar los programas y acciones necesarias para mejorar la situación del empleo juvenil, que como bien señala la OIT, puede convertirse en una situación más que crítica.

De acuerdo con las conclusiones para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “es necesario ofrecer a los jóvenes mejores oportunidades para un empleo decente, dotar a los jóvenes de las aptitudes que se ajusten a las demandas del mercado de trabajo, acceso a la protección social, igualdad de oportunidades sin distinción de género ni su nivel socioeconómico”.

Sobre este respecto, los ODS, en septiembre de 2015, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobaron la que se denominó Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concretas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Objetivos y metas en las que, para el caso que me permito poner a su consideración a través del presente documento, el Objetivo número 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, encaminado a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, en cuyas metas se destacan las siguientes:

• Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

• Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

ODS y metas que a pesar de que no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios, como es el caso de nuestro país.

Por ello, al tenor del compromiso y responsabilidad ante la comunidad internacional, pero sobre todo para con nuestros jóvenes, es necesario avanzar puntualmente hacia el logro de dichos objetivos, como lo señala la propia ONU y los contenidos de la “Iniciativa mundial sobre trabajo decente para los jóvenes”, a través del crecimiento del empleo, la inclusión social y la protección de los derechos de los trabajadores a fin de garantizar que los jóvenes reciban un trato equitativo, la transición de la economía informal a la informal y el apoyo a la iniciativa empresarial de los jóvenes.

El organismo público descentralizado Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) es la dependencia del gobierno federal que crea, diseña, implementa y evalúa políticas públicas orientadas al beneficio de los jóvenes mexicanos, entra las que destacan atribuciones relacionadas con el tema abordado en el presente documento, como lo es el diseño, implementación y ejecución, con perspectiva de transversalidad, de programas para su desarrollo económico y productivo a través de la incorporación laboral y de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo.

Sin embargo, como ya se dijo, es necesario fortalecer y ampliar las atribuciones encaminadas al logro de estos apremiantes objetivos.

La inclusión laboral debe ir más allá de la obtención de una ocupación de trabajo, pues por ejemplo, la informalidad no es la solución esperada, atentos a que 6 de cada 10 de los jóvenes ocupados lo hacen en este sector, de acuerdo a cifras del INEGI.

Otra situación es la de los empleos mal pagados o en situación de inequidad por razones de edad, que además de implicar una forma de discriminación merman las posibilidades de desarrollo de los jóvenes, como también cuando adquieren trabajos ajenos a sus competencias y habilidades, lo que puede derivar bajos niveles de productividad y desactualización, hasta abandonar el trabajo o encaminar a los jóvenes a la informalidad.

La capacitación para el trabajo y la compatibilidad de estudios y trabajo son otras cuestiones elementales que debemos buscar en los programas dirigidos al desarrollo económico y productivo de los jóvenes. De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el número de jóvenes desempleados contrasta con que existe gran número de empleadores que no encuentran personal con las habilidades requeridas, al grado de que algunos llegan al 40% de vacantes sin cubrir.

Por ello, la intención en la propuesta es insertar estas acciones y metas como atribuciones del IMJUVE: Transición de la informalidad a la formalidad, compatibilidad entre estudio y trabajo, capacitación, equidad laboral y trabajo acorde a competencias.

Por otra parte, es de destacar que el trabajo personal subordinado y el autoempleo no son las únicas formas de inclusión laboral. El emprendedurismo y la iniciativa empresarial de los jóvenes son opciones viables, no solo de generar empleo para sí mismos, sino para crear oferta.

Aunque estos conceptos puedan parecer sinónimos, cabe decir que en estricto no lo son, pues mientras que ambos coinciden en la idea, el proyecto y la motivación, la iniciativa empresarial está basada estrictamente en la oportunidad de negocio, mientras que el emprendedurismo implica innovación y puede abarcar otros fines, como la beneficencia social, más lo cierto es que en cualquiera de los casos existe la generación de empleos.

Opciones que también, considero, deben estar contempladas en las referidas atribuciones del IMJUVE, específicamente en el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La propuesta en concreto, estaría en la modificación de la fracción XII del invocado artículo 4o, al tratarse de aquel que se refiere al desarrollo económico y productivo de los jóvenes, como atribución del IMJUVE para el desarrollo de programas.

Lo anterior, al tenor de la respetuosa sugerencia contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PARA FORTALECER SUS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS SOBRE INCLUSIÓN LABORAL, AUTOEMPLEO, EMPRENDEDURISMO Y LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LOS JÓVENES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a la XI. (…)

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes.

En su desarrollo económico y productivo:

a). A través de la incorporación laboral, preferentemente acorde a sus competencias, de manera equitativa y respetuosa de sus derechos laborales;

b). Del fomento a la transición de la economía informal a la formal, la capacitación y la compatibilidad entre trabajo y estudio; y

c). De la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo, el emprendedurismo y la iniciativa empresarial, donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral.

En su desarrollo social:

d). A través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo; y

e). La organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana.

Y en general, en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. a la XVI. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES K) AL ARTÍCULO 22 Y XVII AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES K) AL ARTÍCULO 22, Y XVII AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa busca establecer dentro de los objetivos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la realización de estudios y proyectos de investigación sobre enfermedades derivadas del cambio climático; además añade a sus atribuciones llevar a cabo investigación científica y tecnológica sobre riesgos sanitarios y en materia de prevención de enfermedades que deriven de los efectos del cambio climático.

Esta propuesta de reforma también busca integrar como atribución de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático establecer políticas y programas orientados al sector salud a efecto de prevenir e investigar enfermedades derivadas de los efectos por el cambio climático.

El cambio climático está definido en nuestra legislación como la variación del clima atribuido a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad natural del clima.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que se trata de uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, que ya ejerce una presión importante en la agenda de los países, pues son pautas cambiantes que amenazan desde la producción de alimentos, hasta factores de tipo social y cultural, teniendo efectos catastróficos y consecuencias sin precedentes a nivel mundial; situación a la que cada día será más difícil y costoso hacer frente para adaptarse a los efectos en el futuro.

Un claro ejemplo lo estamos viviendo en los últimos meses en el centro del país, pues los fenómenos meteorológicos nos hacen afirmar la manera como el cambio climático nos está afectando, incluso la UNAM ha señalado la necesidad de adaptar nuestro sistema de drenaje pues cada vez estaremos ante fenómenos más intensos.

Algunos especialistas señalan entre algunos de los efectos más visibles del cambio climático los siguientes:

1. Reducción en la calidad y cantidad de recursos hídricos

2. Aumento en las inundaciones

3. Disminución en el rendimiento de los cultivos

4. Días más calurosos y más olas de calor

5. Menos días frescos y más mosquitos

6. Decremento en la calidad del aire debido a la temperatura

7. Afectaciones a la salud

Este último punto es fundamental, y es al que quiero referirme en esta propuesta, pues aunque todos hemos visto el aumento en las afectaciones de las vias respiratorias, hay efectos más graves que ya se viven en algunas localidades de nuestro país a causa de la falta de agua, de alimentos y de vivienda.

Hay investigadores que ya señalan como efectos directos de estos problemas los accidentes cerebrovasculares, la diarrea, los padecimientos gastrointestinales, el asma y la neumonía.

Esta idea fortalece con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que el cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, tales como el aire limpio, el agua potable, alimentos y la vivienda segura.

Dicha Organismo prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250 mil defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Además, estima que el coste de los daños directos para la salud será de entre 2000 y 4000 millones de dólares de aquí a 2030. 

La infraestructura sanitaria será fundamental para prepararse y responder ante estos cambios, por ello, es necesario centrar nuestra atención en ellos. Las mejoras en el transporte y la selección en materia alimentaria y uso de la energía se traduce en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación atmosférica.

Como vemos, aunque las consecuencia del cambio climático están centradas en la desestabilización del clima y con ello la aparición de eventos externos, estos tiene también serios efectos en la salud.

Además de la propagación de enfermedades como el zika, transmitida por un mosquito, los efectos insalubres asociados a las olas de calor están llamando la atención de muchos gobiernos.

Un estudio Sociedad Americana de Nefrología, demuestra que las patologías relacionadas con los riñones serán el principal problema de salud derivado de los efectos del cambio climático, pudiendo incluso llegar a convertirse en la primera gran epidemia derivada de este problema.

Esto porque al dispararse las olas de calor aumenta la deshidratación y el estrés, desencadenando problemas de salud por soportar temperaturas extremas durante largos periodos. Esto conlleva sequías y una drástica disminución de la calidad del agua.

Hay una investigación presentada el año pasado en el XIII Congreso Centroamericano y del Caribe de Nefrología e Hipertensión Arterial, así como en el V Congreso Nacional de Nefrología, en Nicaragua que muestra como las altas temperaturas de la zona costera en El Salvador, causadas por el efecto meteorológico del “niño”, combinadas con las insalubres condiciones laborales, pueden ser causa de la epidemia de enfermedad renal que cada año afecta a las comunidades de la zona.

En síntesis, a los fuertes problemas que tenemos en materia de insuficiencia renal, ahora debemos contemplar los factores asociados al cambio climático, que como vemos serán más drásticos en las poblaciones rurales y en sectores vulnerables.

Recientemente asumimos ante la ONU el compromiso con la Agenda 2030,  situación que nos da la oportunidad  de  replantear estrategias para la construcción de ciudades sustentables, mejores esquemas de producción y consumo, con ecosistemas protegidos y menos degradados.

Son diecisiete objetivos, uno de los cuales se refiere a “tomar acción urgente para combatir el cambio climático y sus impactos”, y en donde es fundamental tener como eje una visón de sustentabilidad ante problemas considerados ambientales, pero que tienen severos impactos en nuestra salud.

Es necesario replantear nuestra visión de Estado, las acciones que hoy ejerzamos para nuestra salud apegadas a los principios de sustentabilidad marcarán la diferencia para las siguientes generaciones, y sobre todo, para la salud de todos nosotros.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 15. El INECC tiene por objeto:

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico;

 

II. a Vi. (…)

Artículo 22. El INECC tendrá? las atribuciones siguientes:

I. Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas:

a) hasta j) (…)

 

 

II. hasta XXIX. (…)

Artículo 47. La Comisión ejercerá? las atribuciones siguientes:
I. a XVI. (…)

XVII. Emitir su reglamento interno, y

 

 

XVIII. Las demás que le confiera la presente ley, sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas que de ella deriven.

Artículo 15. El INECC tiene por objeto:

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, enfermedades derivadas del mismo, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico;

II. a Vi. (…)

Artículo 22. El INECC tendrá? las atribuciones siguientes:

I. Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas:

a) hasta j) (…)

k) Riesgos sanitarios y prevención de enfermedades que deriven de los efectos del cambio climático.

I. hasta XXIX. (…)

Artículo 47. La Comisión ejercerá? las atribuciones siguientes:
I. a XVI. (…)

XVII. Establecer políticas y programas de acción para el sector salud orientados a prevenir e investigar enfermedades derivadas de los efectos por el cambio climático.

XVIII. Emitir su reglamento interno, y

XIX. Las demás que le confiera la presente ley, sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas que de ella deriven.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción i del artículo 15; y se ADICIONAN las fracciones k) al artículo 22, recorriéndose las subsecuentes, y XVII, al artículo 47, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General De Cambio Climático, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Cambio Climático

Artículo 15. El INECC tiene por objeto:

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, enfermedades derivadas del mismo, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico;

II. a Vi. (…)

Artículo 22. El INECC tendrá? las atribuciones siguientes:

I. Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas:

a) hasta j) (…)

k) Riesgos sanitarios y prevención de enfermedades que deriven de los efectos del cambio climático.

I. hasta XXIX. (…)

Artículo 47. La Comisión ejercerá? las atribuciones siguientes:

I. a XVI. (…)

XVII. Establecer políticas y programas de acción para el sector salud orientados a prevenir e investigar enfermedades derivadas de los efectos por el cambio climático.

XVIII. Emitir su reglamento interno, y

XIX. Las demás que le confiera la presente ley, sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas que de ella deriven.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 120 A LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 120 A LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La normatividad en materia de planeación urbana, zonificación, construcción y edificación es de vital importancia. Constituye una forma en la que los gobiernos pueden impulsar y preservar la armonía urbana y las regulaciones de las estructuras de los asentamientos humanos, a efecto de lograr su funcionalidad y seguridad.

Por lo que respecta a las normas de edificación y estructurales, el objetivo primordial es atender normas de construcción necesarias para cerciorarse que un inmueble es seguro de habitar, sin dejar de lado que deberá estar de acuerdo con los planes y programas de desarrollo urbano.

Con motivo del conocido "terremoto del 85", el más mortífero hasta ahora en la historia de México, las regulaciones de construcción se hicieron más estrictas, basadas en la seguridad estructural, el uso de materiales de mejor calidad, más apropiados y el conocimiento de la importancia de la resistencia sísmica.

Y es que es por demás sabido que nuestro país es una zona sísmica en la que siempre han existido temblores, pero que a raíz de 1985, se vio en la necesidad de implementar una reforzada cultura de la prevención, la protección civil y estar a la vanguardia en estudios de sismología, en la que los reglamentos de construcción y su estricto cumplimiento pasan a ser una parte fundamental.

A la fecha, la regulación de construcciones en la Ciudad de México es considerada de las mejores del mundo, sin embargo, ello no basta, pues evidentemente es necesario que ésta se cumpla. Lamentablemente el terremoto del 19 de septiembre de 2017, dejó al descubierto ciertas deficiencias e irregularidades, en las que algunas edificaciones no cumplían con los estándares apropiados.

Ejemplo de ello parece haber sido el caso del Colegio Enrique Rébsamen, un plantel privado de educaciòn preescolar, primaria y secundaria ubicado en la esquina de las calles Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, en Coapa.

La escuela tenía tres plantas y una parte de sus instalaciones colapsó con motivo del temblor, con un saldo trágico de 21 personas fallecidas: 19 niños y 6 adultos.

Otro presunto caso, es el de un edificio residencial de departamentos ubicado en la colonia Portales Norte, famoso porque su construcción concluyó el año pasado y comenzó a ser habitado hace unos meses. Ahora es un lugar en el que murieron dos habitantes del inmueble.

Uno más, fue la edificación de nueve pisos y un helipuerto en la colonia Hipódromo, que según se dio a conocer, causó graves daños a los edificios habitacionales aledaños y con ello, que varias familias tuvieran que abandonar sus hogares ante el riesgo de desplome.

Las autoridades de la Ciudad de México informan que se han abierto al menos cuarenta carpetas de investigación por edificios colapsados con la finalidad de averiguar si su construcción contaba con algún vicio y se apartaron de las normas técnicas aplicables.

En estos y todos aquellos casos similares, es necesario esclarecer si en los  deterioros o colapsos de los inmuebles, influyó la existencia de irregularidades que los hicieron vulnerables e incapaces de resistir los sismos ocurridos en el mes de septiembre pasado.

De ser así, la desgracia pudo haber sido mayor y entonces debemos considerar estos eventos como una llamada de atención, que cabe decir, nos recuerda la necesidad de fortalecer las medidas para conseguir el cabal cumplimiento de las normas técnicas de construcción a fin de disminuir riesgos mortales.

Para ello, la autoridad participa de un papel sobresaliente que debe desempeñar de manera eficaz, tanto por sus funcionarios, como en su acepción de entidad gubernamental y por tanto, responder por sus acciones, omisiones y sus derivaciones.

Las causas por las que la autoridad pueda no satisfacer las exigencias en esta asignatura suelen ser muy variadas, ya desde la escasa verificación, la falta de voluntad o de capacidad, la negligencia, corrupción, disfunción burocrática e incluso, que generalmente la revisión de las construcciones queda en manos de ingenieros y arquitectos contratados por los propios desarrolladores inmobiliarios.

Nuevamente me permito invocar el caso del Colegio Rébsamen, en el que la autoridad delegacional de Tlalpan denunció que tras el terremoto del 7 de septiembre, sus instalaciones fueron revisadas por un inspector que "avaló" la supuesta seguridad de la estructura, lo que evidencia una grave irregularidad en esta labor de inspección.

No obstante, esto no excluye de responsabilidad a la entidad pública a la que pertenece.

Al respecto, cabe destacar que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala:

"Artículo 108. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que cause daños o efectos negativos al ordenamiento territorial, Asentamientos Humanos o al Desarrollo Urbano, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable."

"Artículo 109. La violación a esta Ley, a las leyes estatales en la materia y a los planes o programas a que se refiere este ordenamiento, por parte de cualquier servidor público, dará origen a la responsabilidad y sanciones, en los términos que establece la legislación en la materia."

Esto es, responsabilidad civil, penal y administrativa para las personas y funcionarios involucrados en alguna violación a las normas en esta materia, con sus implicaciones sobre reparación del daño, sanciones económicas y penas privativas de la libertad. Sin embargo, se olvida de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, mediante la cual los entes públicos deberán responder de un actuar irregular que cause daños y perjuicios, en los términos del último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes."

Situación que debería incluirse, no para aumentar culpables, sino para los siguientes objetivos principales:

• Garantizar la indemnización y reparación del daño a los afectados; e

• Incidir de manera positiva para que las entidades gubernamentales se ocupen y preocupen en el cumplimiento de la normatividad y de que sus funcionarios también así lo hagan.

Lo anterior, atentos a que las acciones u omisiones con consecuencias negativas podrían impactar económicamente a las dependencias públicas, y éstas a su vez, repetir contra sus servidores públicos.

Es indispensable además, evitar la posibilidad de que las personas afectadas puedan quedar en indefensión y sin la reparación de sus daños, ante la indiferencia de quienes debieran responder de primera mano y que en su lugar, suelen "desaparecer".

Mas sin embargo, lo principal es que este tipo de disposiciones propicien el cuidado y atingencia de las autoridades, que de no hacerlo, habrían de constituirse en destinatarias de acciones indemnizatorias.

Por ello, la propuesta consistiría en incorporar al texto de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la obligación patrimonial del Estado para el resarcimiento de los daños causados por actividades irregulares en materia de edificación, asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y sus relacionadas en materia de protección civil y prevención de riesgos.

Un nuevo artículo que comprendería como hipótesis irrefutables de responsabilidad patrimonial, aquellas que los sismos recientes dejaron en descubierto, que han demostrado su fatalidad y causado el enojo social.

• Permitir obras sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos necesarios, o que contando con éstos, se aparten de lo aprobado legalmente;

• La expedición de dichas autorizaciones en contravención a la normatividad aplicable;

• La inobservancia de las normas y especificaciones técnicas en materia de edificación, construcción y seguridad estructural; y

• Permitir la habitabilidad y funcionamiento de edificaciones que por sus condiciones de inseguridad constituyan un riesgo para sus ocupantes, entre otras.
Acciones y omisiones que abarcarían, incluso, la falta de verificación y supervisión. Además de cualquier consentimiento indebido que redunde en inseguridad para la ciudadanía, como es el caso de los asentamientos en zonas de alto riesgo.

De esta manera, la adición sugerida complementaría el esquema de responsabilidades de la legislación que ahora nos ocupa: Los particulares, los servidores públicos y el Estado.

En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 120 A LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, PARA INCLUIR EN SUS DISPOSICIONES LEGALES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN ESTA MATERIA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 120 a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 120. Habrá lugar a la responsabilidad patrimonial en términos de la legislación federal y locales aplicables, por los daños y perjuicios ocasionados por actos y omisiones de las autoridades que:

I. Propicien o permitan la ocupación por asentamientos humanos en zonas de alto riesgo;

II. Expidan permisos, autorizaciones o licencias que contravengan a las normas jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano, las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos, o en contravención a las normas y especificaciones técnicas en materia de edificación, construcción y seguridad estructural;

III. Propicien o permitan la ejecución de obras o acciones urbanísticas sin los permisos, autorizaciones o licencias necesarias, o que aun teniéndolos, se aparten de lo autorizado en desacato a las disposiciones a que hace referencia la fracción anterior;

IV. Emitan las constancias necesarias para la habitabilidad y funcionamiento de edificaciones que por sus condiciones de inseguridad constituyan un riesgo para sus ocupantes; y

V. En general, representen una actividad irregular en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, construcción, edificación y sus correlacionadas sobre protección civil y prevención de riesgos.

Lo anterior, sin menoscabo de las responsabilidades aplicables a los servidores públicos involucrados y el derecho del Estado a repetir en su contra.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial de la Federación".

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arvizu, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y María del Rocío Pineda Gochi y los Senadores Roberto Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos de América por el trágico tiroteo sucedido el 1º de octubre en Las Vegas, Nevada, el cual ha dejado un saldo hasta el momento de 58 personas muertas y 515 heridas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 1º de octubre, alrededor de las veintidós horas, se registró un tiroteo contra los asistentes a un festival de música que se llevaba a cabo en Las Vegas Millage, un recinto al aire libre ubicado en el Centro Mandalay Bay, que ha dejado más de 50 personas muertas y decenas de heridos.

Las primeras investigaciones indican que un hombre identificado como Stephen Paddock, de 64 años, comenzó a disparar desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay.1

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dijo que no había encontrado relación entre Paddock y organizaciones extremistas.

Líderes de América Latina y de otras partes del mundo se han solidarizado con Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto condenó el tiroteo en Las Vegas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

En un comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México lamentó los hechos e informó que se instruyó al Consulado de México en Las Vegas estar alerta al desarrollo de investigaciones para identificar a connacionales mexicanos que hubieran resultado afectados  y brindarles protección y asistencia consular. Se pusieron a disposición de la población los números telefónicos del Consulado y del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en ambos países.

Independientemente de los fines que persiga, todo acto de violencia, intolerancia y extremismo debe ser condenado. Estos hechos son inhumanos y atentan contra los principios sobre los que se sustenta nuestra civilización.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI rechazamos y condenamos enérgicamente el tiroteo, así como todas sus expresiones de violencia en cualquier parte del mundo. De la misma forma, extendemos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, al pueblo y Gobierno estadounidense por los lamentables acontecimientos.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, y con los familiares de las personas que perdieron la vida en el trágico tiroteo acontecido el 1º de octubre en Las Vegas, Nevada; asimismo, desea una pronta recuperación a los heridos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41466731





Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de Área Natural Protegida en la Reserva de la Biósfera Desierto Semiárido de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita comparecer a diversos funcionarios del sector cultura para que informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el programa de emergencia establecido ante los desastres provocados por los recientes terremotos en Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Cultura.








De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial del Hábitat”. Se turna a la Comisión de Vivienda.








De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de Puebla, así como investigar con perspectiva de género el feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, y se repare el daño en forma integral a la familia de la víctima. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y hace votos para que contribuya con la paz en la hermana república sudamericana. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE CESE AL FUEGO BILATERAL NACIONAL Y TEMPORAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL, Y HACE VOTOS PARA QUE CONTRIBUYA CON LA PAZ EN LA HERMANA REPÚBLICA SUDAMERICANA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El segundo movimiento guerrillero más importante en Colombia, conocido como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas de Colombia se encontraban en negociaciones de paz desde febrero de este año, con la intención de finalizar más de 53 años de conflicto, que han generado 220 mil muertos y una cantidad importante de desplazados.

El ELN fue creado el 4 de julio de 1964, inspirado por la Revolución cubana, y marcado de igual forma por la religión católica. El comandante Nicolás Rodríguez Bautista, mejor conocido como “Gabino”, afirmó que este grupo guerrillero tiene como fin “luchar al lado de los oprimidos y explotados de Colombia, para seguir enfrentando los retos de las oligarquías". Se considera que este grupo está compuesto por más de 2 mil combatientes y ha sido declarado como “grupo terrorista” tanto por los Estados Unidos de América como por la Unión Europea.

El día 29 de septiembre del 2017 a las 15:00 horas, por primera vez en la historia del ELN, el comandante Nicolás Rodríguez Bautista, dio la orden del cese al fuego a los frentes rurales y urbanos de su grupo guerrillero, siguiendo el Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal firmado el cuatro de septiembre.

Las características de dicho acuerdo han sido establecidas en la Página Oficial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, el cual se caracteriza por los siguientes puntos:

1. El cese al fuego estará vigente entre el 01 de octubre de 2017 y el 12 de enero del 2018. Se ha pactado también la suspensión de hostilidades durante la vigencia del cese al fuego.

2. Compromiso de suspender cualquier secuestro contra ciudadanos nacionales o extranjeros.

3. Suspender todo atentado contra la infraestructura del país, incluido naturalmente los oleoductos.

4. Suspensión de enrolamiento de menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el Derecho Internacional Humanitario.

5. Abstención de instalar artefactos antipersonales que de cualquier manera puedan poner en peligro la integridad de la población civil.

Por su parte, el Gobierno ha adquirido los siguientes compromisos a ser implementados durante la vigencia del cese al fuego:

1. Se fortalecerá el llamado sistema de alertas tempranas para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados.

2. El Gobierno adelantará un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos.

3. El Gobierno velará en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social.

4. Simultáneamente con el inicio del cese al fuego y de hostilidades que comienza, como se ha dicho, el próximo primero de octubre, el Gobierno pondrá en marcha dentro del marco de la mesa que funciona en Quito las audiencias que con la sociedad civil están previstas y constituyen el primer paso para el desarrollo del punto número uno de la agenda que sobre participación prevé el temario de las negociaciones de paz convenido en marzo del 2016.

Cabe señalar que dicho cese al fuego, que será vigilado por la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, finalizará en enero del 2018 con la posibilidad de ampliarla si ambas partes lo acuerdan.

El acuerdo ha sido reconocido y aclamado por los gobiernos de Alemania, Italia, Países Bajos Suecia y Suiza, grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación a la mesa de conversaciones (por sus siglas en inglés, GPAAC), quienes a su vez invitaron a las partes a respetar estrictamente los términos del acuerdo de cese al fuego, para continuar con el diálogo de paz por el bien de la población colombiana.  

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho  de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, firmado el cuatro de septiembre del año en curso en la ciudad de Quito, Ecuador, y hace votos para que dicho instrumento contribuya al restablecimiento de la paz y la concordia en la hermana república sudamericana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe de las causas que han impedido cumplir con la cobertura anunciada en el mes de enero del presente año, respecto de la ampliación del Programa de Abasto Social de Leche en 300 municipios del país. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger los derechos de mujeres trabajadoras afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación integral por presuntas omisiones en la construcción de la Línea 12, que derivaron en daños estructurales en distintas estaciones, luego del sismo del pasado 19 de septiembre. Se turna a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Luego del terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017, el Director General del Sistema de Transporte Colectivo, activó de manera inmediata los protocolos de seguridad a fin de verificar y evaluar la infraestructura y funcionamiento de las instalaciones. Ese mismo día se logró restablecer la operación del 95% de las estaciones de las 12 Líneas del Sistema.1

La Línea Dorada y la Línea A, fueron las que resultaron más afectadas. Esta última operó con normalidad desde la mañana del 20 de septiembre; mientras que en la Línea 12 se detectaron distintas fallas que ponían en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios, motivo por el que fue necesario cerrar seis estaciones: Tezonco, Olivos Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac.2

Entre los principales daños que se detectaron en la Línea 12, destacan los siguientes:

• Se presentó el descarrilamiento de un vagón.

• Se detectó una falla estructural en una columna, que debilita su funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad, esto a la altura del tramo Nopalera-Olivos.

• Se detectó una trabe colocada entre las Estaciones Zapotitlán y Nopalera, en las curvas 11 y 12, la cual presentó un desplazamiento en el cabezal de apoyo, fracturando el encamisado del tope sísmico.3

Lo que resulta más grave de los daños detectados en la columna de Zapotitlán y Nopalera, es el hecho de que se identificaron vicios ocultos en la construcción de dicha columna. En este sentido, las trecientas columnas que soportan la parte elevada de la Línea 12, podrían encontrarse en la misma situación y no cumplirían con las especificaciones señaladas en el proyecto original, situación que representa un riesgo en la seguridad de los usuarios.4

Ante esta situación el STC, inició como medida preventiva una revisión de las 300 columnas del viaducto elevado de la Línea 12, mediante un sondeo del acero de refuerzo con equipos de ultrasonido.

Cabe recordar, que el Informe  de la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del metro de la Asamblea Legislativa, señaló que:

las modificaciones a la ingeniería básica, al trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a elevadas, así como a las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello origino? las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio.”

A pesar de esto, no se revisó que dichas columnas cumplieran con las especificaciones requeridas. Esta no es la primera ocasión que la Línea 12 deja de funcionar por irregularidades en su construcción, cabe recordar que  a unos meses de su inauguración, en mazo de 2014, 11 de sus 20 estaciones dejaron de prestar servicio por más de 20 meses.

De igual forma, hace unos cuantos meses se dio a conocer que las vías en la curva 37 de la Línea 12, se sustituirán por el desgaste ondulatorio que presentan en dicho punto, esto a pesar de haber sido cambiadas en el año 2015. 

La curva se encuentra ubicada entre las estaciones Mexicaltzingo y Atlalilco y fue sustituida en junio de 2015, no obstante, se utilizó un material que no es el adecuado, motivo por el que se presentó nuevamente el desgaste ondulatorio.

Aunque los trabajos no representaron una suspensión del servicio, porque los trabajos de mantenimiento se llevaron  a cabo durante la noche, lo que es un hecho es que, de nueva cuenta se presentaron irregularidades en las reparaciones de la Línea 12, lo cual constituye un daño al erario y un uso ineficiente de los recursos públicos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta preocupante que sigan surgiendo más hechos de corrupción relacionados con la construcción de la Línea 12, no sólo porque representan un desfalco a las finanzas públicas, sino también porque ponen en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios de este medio de trasporte.

Consideramos apremiante que se lleven a cabo una investigación a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a quienes por acción u omisión avalaron dichas irregularidades en la construcción de las columnas que sostienen el viaducto elevado de la Línea 12.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a través de la Auditoría Superior local, lleve a cabo una investigación integral por presuntos vicios ocultos en la construcción de las columnas que sostienen el viaducto elevado de la Línea 12, que derivaron en daños estructurales en distintas estaciones luego del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Asimismo, para que, en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Sistema de Transporte Colectivo para que informe a esta Soberanía sobre los resultados del análisis de las 300 columnas que sostienen el viaducto elevado de la Línea 12 por presuntos vicios ocultos en su construcción. Asimismo, para que informe los procesos penales y administrativos que ha promovido ante las autoridades correspondientes por dichas irregularidades.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 “El STC pone en marcha acciones desde el día del sismo”, Sistema de Transporte Colectivo, 21 de septiembre de 2017, <http://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-stc-pone-en-marcha-acciones-desde-el-dia-del-sismo>,Consultado el 2 de octubre de 2017.

2 Ibíd.

3 Ibìd.

4 Ibíd.






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del grupo parlamentario del PAN de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL  SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CHIAPAS, ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA, MORELOS Y OAXACA A FIN DE QUE EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS AFECTADAS POR LOS SISMOS DE LOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE Y EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SE DESTINEN DE MANERA PRIORITARIA RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 7 de septiembre de 2017, un sismo con magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijiapan, Chiapas y ocurrido a las 23:49:18 horas, fue sentido en el sur y centro del país1. A partir de este, los Estados de Oaxaca y Chiapas fueron las entidades del país más afectadas por los estragos del mismo, la Secretaría de Protección Civil de cada entidad reportó daños a 80 mil 508 viviendas en el caso de Chiapas, 58 mil 168 con daños parciales y 22 mil 340 con daño total. En Oaxaca, 283 municipios ingresaron a la declaratoria de desastre, en virtud de que 55 mil viviendas, resultaron con daños parciales y totales2.

Doce días después, el 19 de septiembre, día en que además se conmemoró el trigésimo segundo aniversario del terremoto de 1985 ocurrido en la Ciudad de México, un sismo de magnitud 7.1 ocurrido a las 13:14:40 horas (tiempo del Centro de México), con epicentro a 12 km al suroeste de Axochiapan, Morelos3, en el límite con el Estado de Puebla provocó múltiples daños materiales y de acuerdo con las últimas cifras actualizadas por el coordinador nacional de protección civil, 361 pérdidas humanas (220 en la Ciudad de México, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una persona en Oaxaca) y siendo la Ciudad de México, Puebla y Morelos las entidades más afectadas por este sismo.

Una nota periodística del 27 de septiembre del diario “El país”4 señaló: “La tragedia ha golpeado la Ciudad de México de manera desigual. El número de mujeres muertas por el terremoto casi duplica el de hombres. De los 198 fallecidos en la capital, solo 71 son varones, mientras que 127 son mujeres, según las últimas cifras que ha aportado el Gobierno de la Ciudad”. “Entre los edificios colapsados había un gran número de viviendas y eran mujeres las que principalmente estaban en casa a las 13.14…”

La nota establece que  "Toda la información es preliminar y esto puede hacer cambiar las cifras, pero por el momento la combinación de la hora con la segregación de la mujer y los roles de género puede explicar la diferencia en el número de muertos. [...] De las 183 defunciones que se contabilizaron hace unos días, el 52,8% ocurrieron en casas habitacionales y esto determina en buena medida la sobre mortalidad femenina", señala Patricio Solís, investigador del centro de estudios Sociológicos del Colegio de México.

Finalmente, hace hincapié que los datos relacionados con la discriminación a la que están sujetas las mujeres en México avalan esta tesis, pues “el 95% de las empleadas domésticas son mujeres. Y también son ellas las que más tiempo dedican al cuidado del hogar, de sus hijas e hijos, familiares personas adultas mayores y enfermas. Menciona que del total de horas que se destinan a estas tareas, los hombres contribuyen con un 22.8%, mientras que las mujeres el 77.2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)5, las vulnerabilidades de mujeres, niñas, niños y hombres varían según sus edades y los estratos económicos-sociales de los que provengan, y todo esto va dando forma a la manera en que enfrentan y viven los desastres y a su capacidad de recuperación. Señala que, en los países en los que se tolera la discriminación de género, las mujeres y las niñas ocupan un lugar de especial vulnerabilidad ante los peligros naturales. Esto se ve reflejado no sólo en el porcentaje de mujeres y niñas que mueren, mucho más alto en estos países que en otros, sino también en la incidencia de la violencia de género  en la que se incluyen la violación, la trata de personas y la violencia doméstica, que aumenta de forma exponencial durante y después de los desastres. En la mayoría de los casos, los desastres acarrean para mujeres y niñas una carga adicional, puesto que es sobre ellas sobre las que recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados, agua y alimentos para los hogares, entre otros).

La siguiente información es muestra de lo anterior:

Según los datos de 141 países afectados por desastres entre 1981 y 2002, los desastres tienen un impacto negativo mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres que sobre la de los hombres.

Las mujeres, los niños y las niñas son 14 veces más propensos que los hombres a morir durante un desastre.

La mayoría de las víctimas atrapadas en Nueva Orleans después del huracán Katrina fueron mujeres afroamericanas y sus hijos, el grupo demográfico más pobre de la zona.

Las probabilidades de que una mujer sea víctima de la violencia doméstica o sexual aumentan después de un desastre; muchas mujeres evitan albergarse en refugios por miedo a ser violadas.

Aunado a lo anterior, cabe puntualizar que México ha suscrito diversos tratados y convenciones internacionales a los que debe dar cumplimiento, una de ellas, es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)6. Esta convención, establece en su artículo 4º “la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida por la presente Convención…estas medidas cesarán cuando hayan alcanzado los objetivos de oportunidad y trato”.

Derivado de lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general no. 5 (séptimo período de sesiones, 1988) denominada “medidas especiales temporales”, insta a los Estados Partes a hacer mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial entre otros. Más aún en su recomendación general no.25 (30º período de sesiones, 2004) sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, referente a medidas especiales de carácter temporal, puntualiza que las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores… y en este caso insta a los Estados a eliminar la discriminación múltiple contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene.

En armonía con lo anterior, nuestro marco jurídico nacional, en específico la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGPIMYH), contempla las medidas de acción afirmativa, “como el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”7.

Por otro lado, el pasado 29 de septiembre el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), llamó a las autoridades mexicanas a colocar en el centro de las prioridades a la población de niñas, niños y adolescentes afectada por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, particularmente en lo referente a salud física y emocional, educación y vivienda. El representante del UNICEF en México Christian Skoog expuso "Los siete millones de niños que viven en las zonas más afectadas de Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, especialmente los más vulnerables debido a la pérdida de sus hogares y escuelas, deben estar al centro de las discusiones presupuestarias que enfrenta el país.”8. Es menester señalar que México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en 2014 fue traducida en una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en este sentido el Estado mexicano se ha comprometido a tomar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar los derechos de la infancia.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)9, que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que crea al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con sus obligación de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, tomando en cuenta el interés superior de la niñez y el derecho de prioridad para la atención de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la LGDNNA, retoma lo dispuesto por la LGPIMYH e incluye los derechos a la no discriminación y de igualdad sustantiva e incorpora la obligación del Estado mexicano de incorporar acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

Algunos estudios10, establecen variables que deben tomarse en consideración para incorporar la perspectiva de género, entre ellos destacan: A. Condiciones pre-existentes de vulnerabilidad en el área geográfica seleccionada (Exposición a amenazas, Condiciones sociales, Condiciones de género, Análisis de género de datos socio-demográficos desagregados por sexo, roles de género, división sexual del trabajo, violencia, etc.); B. Efectos directos del evento en el área geográfica seleccionada (Efectos en personas, Efectos en la infraestructura, Efectos en la comunidad); C. Impacto del desastre sobre la vida de las mujeres y las niñas ( Mortalidad; Salud; Medios de Vida; Sobre carga laboral; Violencia Física, psicológica, sexual,  institucional, etc., Intercambio de roles, Migración); D. Experiencias de las mujeres en los albergues comunitarios y familiares (División sexual del trabajo; Acceso a los recursos, Toma de decisiones, Uso del espacio, Violencia); E. Participación de las mujeres y las niñas en la gestión de riesgo y respuesta a las emergencias (Mitigación, Alerta temprana, Preparación, Asistencia humanitaria /respuesta, Recuperación y apoyo a los medios de subsistencia, Representación en comités locales, Empoderamiento).

Compañeras y Compañeros:

Retomando lo anterior, es la importancia que ante los sismos ocurridos en el mes de septiembre, así como ante cualquier otro desastre natural, resulta necesaria la integración de la perspectiva de género en cualquier política pública o plan de acción que el Gobierno Mexicano realice para la atención de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país, en virtud de que lo anterior, implica reconocer las desigualdades de género y las diferentes necesidades entre mujeres hombres. Asimismo, y bajo el derecho de prioridad y tomando en cuenta el interés superior de la niñez ante cualquier situación que involucre a niñas, niños y adolescentes, es importante que los recursos presupuestales asignados a la atención de la emergencia prioricen la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los Gobiernos de los Entidades Federativas de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca a fin de que en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismo de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los Estados de Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y de la Ciudad de México, para que a través del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Sistemas Locales respectivamente, se diseñen e implementen acciones afirmativas tendientes a eliminar obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes, que fueron afectados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil a incorporar la perspectiva de género en la atención de las mujeres, las niñas y las adolescentes que fueron afectadas por los sismos de los días 7 y 19 septiembre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 Reporte Especial, Sismo de Tehuantepec. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM.

2 http: 1 /www. proteccioncivil.oaxaca. gob. mx/ slide/afectaciones-septiem bre-2017

3 Reporte del Servicio Simológico Nacional, disponible en: http://www.ssn.unam.mx/ .

4 El País, 2017 “El número de mujeres muertas por el terremoto en la capital mexicana casi duplica el de hombres” [consultado el 29 de septiembre de 2017] Disponible en:
https://elpais.com/internacional/2017/09/27/mexico/1506468279_176624.html .

5 PNUD, 2003. “Género y Desastres”. Disponible en:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/Reduccion-Genero.pdf?download

6 Aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, ratificada por México el 23 de marzo de 1981, entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981.

7 Artículo 5º de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

8 El Diario de Coahuila, “Pide Unicef México priorizar el presupuesto de la población infantil por sismos”http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/sismo/2017/9/29/pide-unicef-mexico-priorizar-presupuesto-poblacion-infantil-afectada-sismos-680492.html

9 Artículos 1º, 2º, 6º y17 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

10 Casares, R. 2013 “Mujeres y Niñas en Contextos de Desastres”, Tres Estudios de Caso sobre Vulnerabilidades y Capacidades en la República Dominicana. OXFAM/Plan por ser Niña.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a presentar un reporte respecto a la información total que deben acumular, actualizar y resguardar con el apoyo de los sistemas de las tecnologías de información existentes y ante el anuncio de la caída del sistema de esa dependencia. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR UN INFORME DETALLADO RESPETANDO FACULTADES Y RESPONSABILIDADES SEÑALADAS EN LAS LEYES QUE RIGEN LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA INFORMACIÓN TOTAL QUE DEBEN ACUMULAR, ACTUALIZAR Y RESGUARDAR CON EL APOYO DE LOS SISTEMAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES Y ANTE EL ANUNCIO DE LA CAIDA DEL SISTEMA DE ESA DEPENDENCIA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Dentro del recuento de daños que el sismo provocó se ha informado que el sistema de información geográfica, que registra los usos de suelo y la tramitología que se ha realizado en los predios en la Ciudad de México, así como el registro de directores responsables de obra con que cuenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), se cayeron de la página de Internet de la dependencia, Precisamente cuando urge esa información para conocer el expediente, el historial y la responsabilidad de cada uno de los inmuebles colapsados. Esto ha despertado naturales suspicacias entre afectados pues cualquier persona familiarizada superficialmente se sabe que cualquier información, sobre todo la información que necesita seguridad, presencia histórica y resguardo, cuenta con respaldos de diversa categoría, incluso contra situaciones catastróficas. El sistema de información geográfica permite observar un mapa con todos los datos catastrales y de uso de suelo de la Ciudad de México, desde los metros cuadrados de superficie, la clave catastral y el uso de suelo conforme a los distintos programas delegacional (POA).

2. Cualquiera que haya tenido la experiencia de la tramitología que se debe agotar en la SEDUVI, sabe que es posible descargar los certificados de uso de suelo que se emiten cuando el propietario del inmueble hace algún trámite. Gracias a la movilización ciudadana y a las redes sociales, se conformó el colectivo La Verdad Histórica 19-S. Sus integrantes se dieron a la tarea de realizar un inventario con datos e imágenes de los inmuebles colapsados para identificar el estado en que se encontraban esas edificaciones. Se avisa que se dañó la base de datos donde se encontraba el listado de los directores responsables de obras, en la que aparece quién se encuentra sancionado, fotografía y teléfono de los encargados de verificar la seguridad en los inmuebles construidos. Este grupo declaró que el argumento que ha ofrecido la dependencia capitalina es que se afectó el inmueble que alberga sus oficinas en Sullivan e Insurgentes, y señaló que habría que investigar la rehabilitación de ese edificio, que resultó dañado con los sismos de 1985 y que en menos de siete años incrementó considerablemente su renta. Se dice que la renta que pactaron en 2010 era de alrededor de 700 mil pesos y ahora es de un millón 700 mil, aumentó casi 20 por ciento anual. Por su lado SEDUVI confirmó que el edificio sufrió afectaciones, con lo que se presentaron problemas técnicos relacionados con la falta de suministro eléctrico, ruptura de fibra óptica y fallas en los equipos de servidores que resguardan los distintos servicios y programas que ofrece, así como el Sistema de Información Geográfica, denominado SIGC-DMX, que es una estrategia normativa de datos de usos de suelo de la capital del país.

3. El día 2 de octubre del presente, se difundió que el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles en voz de Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador del CMIC, adujo que La supuesta caída del sistema que aduce la SEDUVI, confirma la ola de corrupción existente en la dependencia de una parte de los inscritos como Directores Responsables de Obra y corresponsables. Ante ello el Presidente del CMIC, exigió la renuncia del titular de la dependencia  de la SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez, Gutiérrez y del Director General del Instituto para la Seguridad de Construcciones en el Distrito Federal Renato Berrón Ruiz para que sean investigados y se deslinden responsabilidades. El Presidente de CMIC señaló que la anunciada caída del sistema por parte de SEDUVI es una forma de ganar tiempo para tapar los hoyos de la corrupción que existe donde se han privilegiado el compadrazgo y tal vez los negocios oscuros”, destacó Hernández del Ángel, de acuerdo con un comunicado. Desde mayo de 2016 Florencio Hernández del Ángel y miembros del CMIC pusieron la voz de alerta sobre el riesgo que existía en las construcciones realizadas entre 2011 y 2015 por las acciones de corrupción en la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En esta red de corrupción estarían los titulares de las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Édgar Oswaldo Tungüí Rodríguez y Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, así como Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal. El Presidente de CMIC añade que “Con lo sucedido el viernes se pone en duda todo el sistema de construcciones en la Ciudad de México porque curiosamente de toda la información de la secretaría, presuntamente se cayó o tiraron a propósito únicamente la que hoy podría poner a la vista una probable colusión de las autoridades en la responsabilidad por la caída de uno o varios edificios”. Esto no sólo pone en duda el tema de los DRO’s y/o corresponsables en diseño y seguridad estructural, sino que lo más grave es que pone en peligro a la ciudadanía, la cual en este momento desconoce oficialmente quiénes son los DRO’s que firmaron la responsabilidad por los edificios que habitan”. El dirigente del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles advirtió que por lo escuchado y leído en las noticias, se han encontrado innumerables fallas y actos de probable corrupción, como ha sido la construcción de edificios con más niveles de los permitidos y al haber estar irregularidades, “alguien dejó pasarlas y tiene responsabilidades”.

4. En nuestras investigaciones en red hemos hallado que el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México (ICNIAM) acusó, en 2016, a la Secretaría de Desarrollo Urbano de haberse negado a otorgar el resello de vigencia del carnet de identidad a sus agremiados y ha bloqueado el trámite. Al respecto entonces  presidente de dicho organismo, Mauricio Clemente Buitrón, pidió la atención del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, debido al "daño moral y económico" que por esta situación enfrentan 220 de sus agremiados. El obstáculo, veto y bloqueo que enfrentan ha perjudicado en las obras a su cargo, acusó  el presidente que, luego de acudir con el titular de la Unidad Departamental de Responsables de Obra y Apoyos Fiscales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Alfonso Salomón Ramos Jiménez, señaló que con esa acción solo se impide al organismo ejercer su derecho sin tener algún fundamento legal. Buitrón Monroy detalló el año pasado que para realizar su labor tanto los directores responsables de obra (DRO), como los corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico, en Instalaciones y en Seguridad Estructural necesitan tener vigente el carnet de identificación para desarrollar su labor. No obstante esa secretaría "fomenta el abuso y el desorden con el rechazo, sin fundamente legal, de las cartas que nos acreditan como miembros vigentes y activos que emite a sus peritos el ICNIAM, conforme al Reglamento de Construcciones capitalino". Resaltó que esta situación solo se da con los peritos de obras del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, a pesar de que está legalmente constituido y autorizado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Esto se pone como presunto antecedente de morosidad y rasgo de carácter en SEDUVI. En otra información encontramos que las irregularidades en torno al colapso de Residencial San José, en la delegación Benito Juárez, se siguen acumulando. Al uso de información falsa y la aprobación, por parte de un alto funcionario de la delegación, de la habitabilidad –pese a numerosas inconsistencias– del edificio que colapsó en Emiliano Zapata 56, ahora se suma la participación de directores responsables de obra: un ingeniero arquitecto sin licencias y un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México. La constructora Canada Building Systems de México, empresa responsable del edificio en la colonia Portales, contrató en mayo de 2016 al ingeniero arquitecto Juan Duay Huerta como Director Responsable de Obra (DRO), pese a que su registro ante la Seduvi había vencido el 7 de diciembre de 2015. A pesar de que la construcción del inmueble comenzó el 5 de diciembre de 2014, fue hasta el 16 de mayo de 2016 que se determinó que el edificio cumplía con todos los requerimientos y podía habitarse, cuando Juan Duay Huerta ya no tenía licencia como DRO.  Se reveló en la agenda de medios que el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, Nicias Aridjis Vázquez –inhabilitado a finales del sexenio de Felipe Calderón por enriquecimiento ilícito– aprobó la habitabilidad de Residencial San José. Él fue uno de varios responsables de dar el visto bueno a la constructora, un elemento más en una cadena que culminó con la caída de un edificio de “última generación” y construido con “tecnología de punta”.

5. Esta soberanía, ante este cúmulo de irregularidades, suspicacias, opacidades y denuncias ante la caída del sistema  que se anuncia, requiere información detallada respecto a sus sistemas de protección de datos, resguardo de información y el informe técnico de la propia caída del sistema.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: EL Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México a presentar un informe detallado respetando facultades y responsabilidades señaladas en las leyes que rigen la ciudad de México, respecto a la información total que deben acumular, actualizar y resguardar con el apoyo de los sistemas de las tecnologías de información existentes y ante el anuncio de la caída del sistema. de esa dependencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos estatales y a las presidencias municipales de las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre a elaborar un Plan de Acción de Reconstrucción de Vivienda con especialistas en la materia, con participación y en beneficio de los damnificados. Se turna a la Comisión de Vivienda.

El que suscribe, doctor ADOLFO ROMERO LAINAS, Senador de la República, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática correspondiente a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1, ambos del Reglamento del Senado de la República vigente, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, EN LAS ENTIDADES QUE SE VIERON AFECTADAS POR LOS SISMOS DEL DÍA 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN MÉXICO A ELABORAR CONJUNTA Y COORDINADAMENTE UN PLAN DE ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, CON PARTICIPACIÓN Y EN BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS.

Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Derivado de las catástrofes ocasionadas por los sismos del día 7 y 19 de septiembre de la corriente anualidad deberán servir como base y sustento a una estrategia o plan a desarrollar de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno para la reconstrucción en materia de vivienda de las entidades que se vieron afectadas por los sismos referidos.

Resulta innegable que para la implementación de dicho plan se deberá hacer uso de nuestras instituciones federales y estatales, programas, mecanismos de apoyo económico y sobre todo especialistas en materia de vivienda. Ahora bien, una parte importante lo será el sector privado dedicado a la obra y construcción, a los que deberá incentivarse a invertir en la reconstrucción de las entidades afectadas en beneficio de los damnificados por los sismos, lo que se puede hacer mediante beneficios de carácter fiscal, y demás beneficios que permitan recuperar la inversión por ellos hecha en beneficio de la comunidad, lo cual deberá hacerse entre las entidades y el sector privado a efecto de lograr un común acuerdo entre dichos sectores mediante acuerdos de coinversión, los cuales deberán ser acordes y en estricto apego a derecho. Otro actor preponderante será la simplificación administrativa hacia el sector privado en materia de construcción ante la urgencia de reactivar la economía y elevar la calidad de las nuevas construcciones en el más estricto apego a las reglas y normas aplicables.

Se propone un esquema de distribución del gasto, de manera específica, para el sector privado en materia de obra y construcciones dentro del plan de reconstrucción en las entidades afectadas por los sismos, como lo es la aportación del gobierno federal a un 40%, mediante la incentivación a la inversión privada un 20% correspondiente al sector inmobiliario, un 20% derivado de las aportaciones de la entidad federativa de la que se trate, de 10% a los municipios mediante aportaciones derivadas de los recursos asignados para el rubro asignados y el ultimo 10% corresponde al particular (damnificado). Un factor más a considerar para el sector inmobiliario será dejar como ganancia los últimos dos o tres pisos de cada edificación hecha dentro el plan de reconstrucción, de esta manera se verán obligados a respetar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables ya que con ello se asegura una excelente cimentación de cada uno de los proyectos.

Lo anterior se ve reforzado por los mecanismos de control y vigilancia tripartita, es decir, entre gobierno a sus tres niveles, especialistas en obra y vivienda y no menos importante la ciudadanía; lo anterior será posible mediante la creación de un Comité en cada una de las entidades federativas afectadas por los sismos. 

No podemos pasar por alto la participación ciudadana, debido a que fue la directamente afectada por los anteriores sismos, lo cual ha de lograrse mediante comités de vigilancia y participación comunitaria y de representatividad, respectivamente. Nuestra nación se caracteriza por un sentimiento de solidaridad y cohesión indistinta ante la adversidad, de las cuales hemos vivido grandes muestras

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República de manera atenta y respetuosa exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Ejecutivo Estatal y de las Presidencias Municipales, respectivamente, en las Entidades que se vieron afectadas por los sismos del día 7 y 19 de septiembre del 2017 en México a elaborar conjunta y coordinadamente un Plan de Acción de Reconstrucción de Vivienda con especialistas en la materia, con participación y en beneficio de los damnificados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.






Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a prestar atención a sus ciudadanos afectados por el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE A TRAVÉS DE SUS DIVERSAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO BRINDEN ATENCIÓN, COMUNICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE ÍNDOLE JURÍDICA Y HUMANITARIA, A LOS ORIUNDOS, RESIDENTES O VECINOS DE SUS RESPECTIVAS ENTIDADES. A EFECTO DE ATENDER A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL PASADO MARTES 19 DE SEPTIEMBRE al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado martes 19 de septiembre de 2017, la historia volvió a presentarnos un sismo cuyas dimensiones se asimilaron a las que sacudieron el entonces Distrito Federal el mismo día, pero en el año de 1985. El número de vidas perdidas asciende a más de 300, de las cuales casi dos terceras partes tuvieron lugar en la Ciudad de México.

Casi medio centenar de edificios y casas han colapsado o quedado en condiciones de nula habitabilidad, razón por la cual de manera oportuna la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E, desplegando 3,428 efectivos militares, mujeres y hombres, así como 15 binomios caninos, para la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros en las áreas dañadas y para ayudar en las labores de apoyo con las autoridades de Protección Civil.

Las Entidades Federativas cuentan con una unidad administrativa de representación en la capital del territorio nacional, o bien, cuentan con áreas específicas encargadas de llevar a cabo tareas de coordinación entre la Entidad Federativa y la capital. Dichas unidades o áreas específicas abocan también sus esfuerzos en mantener constante comunicación y dialogo con todos aquellos residentes o vecinos que, por cuestiones de estudio, trabajo o simple visita, se encuentran en la Ciudad de México.

Nuestro carácter de legisladores nos obliga hoy a mantener esa solidaridad que siempre nos ha caracterizado, es por ello que no podemos dejar pasar la oportunidad de exhortar a los gobiernos estatales, a efecto de que instruyan a sus respectivas representaciones en la Ciudad de México o áreas de vinculación con la capital, para que establezcan lazos de comunicación efectiva entre los familiares residentes de las propias Entidades Federativas y los damnificados.

A través del presente punto de acuerdo, se pretende exhortar a dichas entidades o áreas específicas  para que, de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral publicado el día  26 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, tengan a bien auxiliar a los interesados ante dichos procedimientos y los programas que la propia Ciudad de México ha dado también a conocer el día 26 de septiembre del presente año.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a las Entidades Federativas para que, a través de sus diversas instancias de representación en la Ciudad de México, brinden atención, comunicación y orientación de índole jurídica y humanitaria, a los oriundos, residentes o vecinos de sus respectivas entidades. A efecto de atender a los damnificados del terremoto del pasado martes 19 de septiembre.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Miguel Romo Medina.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN,  con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los señalamientos contra el ex presidente de la República del Ecuador de haber establecido un plan de espionaje contra políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas y tuiteros; y exhorta al gobierno  federal a incrementar la cooperación en ciberseguridad con los países de América Latina y El Caribe. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita,MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA EL EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DE HABER ESTABLECIDO UN PLAN DE ESPIONAJE CONTRA POLÍTICOS DE OPOSICIÓN, PERIODISTAS, EMPRESARIOS, ORGANIZACIONES SOCIALES EINDÍGENAS, TUITEROS Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A INCREMENTAR LA COOPERACIÓN EN CYBERSEGURIDAD CON LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Un diario ecuatoriano reveló que la Secretaría Nacional de inteligencia tenía fichas individualizadas sobre la vigilancia a políticos, periodistas, empresarios, grupos indígenas, tuiteros e incluso miembros de su propio equipo. Esta policía de inteligencia política era parte de uno de los tres departamentos que constituyen la Senain: el de Democracia y Gobernabilidad.

Según medios de comunicación, la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador vigiló a la sociedad civil durante el mandato del expresidente Rafael Correa, pues tenía establecido un plan de trabajo minucioso e individualizado para vigilar el entorno personal, familiar y profesional de políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas, tuiteros e incluso de miembros de su propio gobierno, con el fin de “controlar a los personajes tóxicos y defender la estabilidad democrática de la República”.

La información fue publicada unos días después de que el presidente Lenín Moreno denunciara que había encontrado una cámara oculta activa en el despacho presidencial que Correa había mandado colocar durante su administración.

Según información del diario español “El País”, los documentos que fechados entre 2010 y 2014, no recogen el contenido de intervenciones telefónicas, ni correos electrónicos ni conversaciones de chat pero dan cuenta de que este tipo de averiguaciones se hacían para que el Gobierno pudiera anticiparse a lo que estuviera sucediendo.

Según la publicación del Diario Expreso, se invirtieron 44.4 millones de dólares en implementar el Centro Nacional de Inteligencia, con gastos en obras de infraestructura y compra de equipamiento de última generación para hacer seguimiento telefónico o en redes sociales.

Pero no solo se investigó a la oposición, sino que el vicepresidente Jorge Glas, entonces ministro y después vicepresidente de Correa, también está en la lista de seguimientos y ahora está vinculado por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. También se investigó al exministro Richard Espinosa que ahora está al frente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social o al exgobernador del Guayas por Alianza PAIS, Rolando Panchana. Fuera del gremio político, el periodista crítico del régimen Carlos Vera o la abogada ambientalista Inés Manzano tienen sus respectivas fichas de seguimiento.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho  de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por los señalamientos en contra del Sr. Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, por haber establecido un plan de espionaje orientado a políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales, indígenas, tuiteros y miembros de su propio gobierno.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incremente la cooperación en materia de ciberseguridad con los países de América Latina y el Caribe, a fin de evitar acciones como el espionaje en contra de la sociedad civil, políticos de oposición y medios de comunicación, hechos que lesionan la democracia y la libertad de los pueblos de la región.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones y programas de atención a la población afectada por los sismos del 7 y 23 de septiembre con transparencia y en coordinación con los gobiernos municipales. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El que suscribe, SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Estado de Oaxaca ha sido severamente afectado por los sismos registrados el 7 y el 23 de septiembre pasados, que han tenido efectos devastadores.

Según cifras oficiales, hasta el momento y apenas censados el 69% de los municipios afectados, más de 70 mil viviendas resultaron con afectaciones, cifra que previsiblemente aumentará conforme se avance en el censo de viviendas dañadas.

Sin embargo, la atención a la población afectada por parte de las autoridades estatales y federales no ha sido la adecuada para la magnitud del impacto. Es por ello que el pasado 2 de octubre, se dio a conocer una misiva que los presidentes municipales de la región del Istmo de Tehuantepec, sin duda la más afectada por los fenómenos naturales referidos, dirigen al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que, aunque reconocen la presencia inmediata del gobierno federal y del gobierno estatal en la zona afectada, también ponen de manifiesto diversas omisiones y deficiencias en la coordinación con los gobiernos municipales. 

Entre las deficiencias descritas por los presidentes municipales, destacan la aplicación de programas federales y estatales sin inclusión y participación de las autoridades municipales, el levantamiento de censos de viviendas afectadas sin coordinación con la autoridad municipal y en el caso de Juchitán, con la exclusión de brigadistas del Ayuntamiento cuando apenas se habían censado la mitad de las viviendas. Señalan además, la necesidad de llevar a cabo un nuevo censo que contemple las viviendas afectadas por el sismo del 23 de septiembre, toda vez que el censo levantado fue anterior a esa fecha y, por lo tanto, no se contemplaron las viviendas afectadas el día 23.

Por lo que toca al programa de derribo de viviendas con daño total y el levantamiento de escombros, el avance es lento a pesar de que está por iniciar el programa de entrega de apoyos para vivienda a damnificados, por lo que los damnificados no podrán disponer de su terreno para iniciar la construcción de sus viviendas.  

Así también señalan que los Ayuntamientos no cuentan con información sobre el convenio entre los gobiernos federal y estatal respecto de la aplicación de los recursos del FONDEN en cada uno de los municipios.
En cuanto a la atención a la salud, expresan la urgencia de habilitar clínicas del sector salud con personal y medicamentos, particularmente en aquellos lugares donde colapsaron hospitales y se atiende a los pacientes en campamentos improvisados.

Como puede apreciarse, los presidentes municipales del Istmo ponen en evidencia la falta de coordinación que prevalece por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca para la atención de la situación derivada de los sismos del 7 y el 23 de septiembre.

Es inaceptable que tanto el Ejecutivo Federal como el Ejecutivo Estatal hagan a un lado a los Ayuntamientos en la ejecución de acciones y programas para atender a la población afectada, en una actitud de menosprecio y exclusión que pone en entredicho la transparencia de los programas y acciones que se llevan a cabo para tal efecto.

El nivel municipal es el nivel de gobierno más cercano a las y los ciudadanos y en el caso de los gobiernos de los municipios del Istmo, respondieron de forma inmediata y con sus propios recursos a la situación de emergencia derivada de los sismos que sacudieron a la entidad.

Una adecuada atención a las afectaciones requiere necesariamente de la participación y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por eso, ante las manifestaciones de los presidentes municipales del Istmo, el Senado de la República debe pronunciarse y hacer un llamado a las administraciones federal y local a llevar a cabo las acciones y programas correspondientes con transparencia y sin excluir a los Ayuntamientos de los municipios afectados.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a llevar cabo las acciones y programas de atención a la población afectada por los sismos del 7 y 23 de septiembre con transparencia y en coordinación con los gobiernos de los municipios afectados.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos para se dé una reconstrucción pronta. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El huracán María fue un fenómeno meteorológico calificado como un ciclón tropical extremadamente poderoso que devastó a las islas de Barlovento, Puerto Rico y la República Dominicana. Fue la decimotercera tormenta, el séptimo huracán y el cuarto huracán principal de la temporada de huracanes del Atlántico 2017, y se formó el 16 de septiembre a partir de una onda tropical.

María fue el huracán más devastador que golpea Puerto Rico desde 1928, dejando sin energía eléctrica a la Isla. Asimismo, se generaron daños estimados en 80 mil millones de dólares.

Como consecuencia, más de 30 personas murieron por el paso del huracán María por el Caribe, que este viernes azotó Bahamas y las Islas Turcas y Caicos con vientos de más de 200 kilómetros por hora antes de continuar su trayectoria sobre el mar y alejarse de tierra.

Los últimos balances de víctimas hechos públicos por fuentes oficiales cifran en al menos 13 los muertos en Puerto Rico, 15 en Dominica, 3 en Haití y 2 en Guadalupe.

Las lluvias provocadas por el huracán ocasionaron inundaciones, daños en los sistemas de suministro de energía y, en general, estragos en las infraestructuras de Dominica.  Se ha perdido todo y que la devastación es generalizada.

El paso del ciclón María por Martinica, según la poca información disponible, habría dejado al menos 50.000 hogares sin electricidad y 10.000 sin agua. 

Hace unas semanas México vivió su propia tragedia con el terremoto del pasado 19 de septiembre por lo que sabemos y conocemos en carne propia los estragos y las dificultades que se viven después de una calamidad.

Las y los mexicanos somos un pueblo solidario que independientemente de las circunstancias somos solidarios con las demás naciones del orbe. En razón de lo anterior las y los senadores nos solidarizamos con estos momentos tan difíciles para nuestros hermanos caribeños y hacemos votos para que en el marco de la cooperación internacional se recupere la normalidad. Asimismo, lamentamos el fallecimiento de 30 personas por este fenómeno meteorológico.

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República se solidariza con Puerto Rico, Dominica, Haití y Guadalupe y hace votos para que en el marco de la cooperación internacional se dé una reconstrucción pronta.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen.  Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Nacional de Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del cambio climático. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A COORDINARSE CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) Y CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES (CENAPRED) A EFECTO DE FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS RELACIONADOS AL SECTOR RURAL, CON MIRAS A REDUCIR LOS RIESGOS DERIVADOS DE DESASTRES NATURALES, EN PARTICULAR DEL CAMBIO CLIMÁTICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es indudable que los efectos del cambio climático afectan la calidad de vida de múltiples comunidades alrededor del mundo. Un ejemplo claro es el aumento en la frecuencia y severidad con la que se presentan fenómenos extremos como huracanes, inundaciones y sequías. Se estima que a nivel global durante la década del 2003 al 2013 esta clase de desastres ocasionaron daños y pérdidas que ascienden a alrededor de 1.5 billones de dólares. Tan sólo en los países en desarrollo, estos fenómenos causaron daños por aproximadamente 550 mil millones de dólares y afectaron a cerca de 2 mil millones de personas1. Por su parte, según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos por Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), los costos anuales por daños ocasionados por desastres alcanzaron un promedio de 250 a 300 mil millones de dólares anuales2.

Los desastres derivados del cambio climático no sólo tienen implicaciones económicas. Esta clase de fenómenos minan la implementación de las metas del desarrollo sostenible al vulnerar los medios de vida de las personas, retrasando el combate a la pobreza y el hambre causando inseguridad alimentaria, en especial en los países en desarrollo que presentan una mayor vulnerabilidad al cambio climático. A su vez, los desastres frenan el crecimiento de los diversos sectores rurales (agrícola, forestal, ganadero y pesquero) afectando su productividad y causando efectos cascada, incluyendo los sectores industriales.

En el caso específico de los sectores rurales de los países en desarrollo, se estima que estos absorben el 25% de los daños y pérdidas causadas por desastres relacionados con el cambio climático3. A pesar de ello, la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce que existe un importante vacío de información acerca de cómo cada uno de los sectores rurales es impactado por los desastres ocasionados por el cambio climático. Esto debido a que la información respecto a estos eventos no es recabada de forma sistemática. Adicionalmente la FAO resalta que la información precisa actualizada a nivel de cada sector es crucial para la formulación de políticas y prácticas efectivas de reducción de desastres y riesgos, además de que permitiría crear medidas específicas para cada sector.

Para entender las implicaciones de este vacío de información es importante resaltar el papel que tiene el sector rural en el contexto del cambio climático y la agenda del desarrollo sostenible. Si bien el conjunto de los sectores rurales contribuyen con cerca del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, es este mismo sector el que tendrá que responder a la creciente demanda de alimentos en un mundo en constante cambio4.

A partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París, el papel fundamental del sector rural se hizo evidente al formar parte del 90% de los Compromisos Nacionales Determinados (NDC por sus siglas en inglés) presentados por los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático5. Por ello, es indispensable adoptar acciones urgentes en este sector, en especial en el área de adaptación y la construcción de resiliencia.

En ese sentido, la FAO reconoce que la reducción del riesgo por desastres naturales es esencial para la construcción de resiliencia, en especial en países como el nuestro donde el sector agrícola representa la base para los medios de vida de millones de personas, una fuente de seguridad alimentaria y un componente clave en el desarrollo económico del país. De esta manera, es evidente la necesidad de entender los daños y pérdidas en los sectores rurales a partir de un sistema de información y estadísticas que sirva como base para la adopción de estrategias sistemáticas para enfrentar el riesgo de futuros fenómenos climáticos extremos.

Finalmente, como lo indica la FAO en el reporte titulado "El impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria", hacer un seguimiento minucioso de los desastres, permitirá contar con insumos para informar la implementación y el monitoreo tanto del Acuerdo de París, del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente su objetivo número 2 "Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible". Tres instrumentos internacionales que nuestro país se ha obligado a cumplir.

Por lo anterior, someto a consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a coordinarse con el INEGI y CENAPRED a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del cambio climático.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al órgano interno de control de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Contraloría General y de Administración y Finanzas, todas del estado de Yucatán, así como al congreso local de dicho estado, a esclarecer el motivo del alza de 400 por ciento en el costo del reemplacamiento en vehículos de Yucatán. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

De la suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Debido al compromiso que tengo como Senadora de la República y ciudadana con la transparencia, rendición de cuenta y por sostener los principios de justa competencia consagrados en el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se crea este punto de acuerdo para determinar cualquier falla en el proceso de licitación que refiere al caso de reemplacamiento de 750 mil vehículos en el Estado de Yucatán con un aumento de 400 por ciento al costo de placas metálicas, calcomanías, tarjetas de circulación y recibos para vehículos y el cual presenta un costo indebido a los ciudadanos por alrededor de, 555 millones 750 mil pesos, beneficiando, injusta y opacamente en el proceso de licitación a la empresa Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.

Es necesario que los Órganos Internos de control de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Administración y finanzas del Estado de Yucatán, hagan una exhaustiva revisión del proceso de licitación el cual estuvo plagado de irregularidades, reportadas por distintos medios de comunicación y otros puntos de acuerdo provenientes de esta misma Cámara de Senadores.

Empezando por el hecho de que la información de la licitación fue pagada en un domicilio y los documentos con los requerimientos entregados en otro a una distancia considerable, haciendo humanamente imposible la recopilaciones de los datos necesarios para la justa participación de todos los interesados y que se dieran escazas seis horas para cumplir con las bases del concurso.

También se considera que de las tres empresas que participaron, una fue descalificada por no cumplir con las bases mínimas del concurso y otra por sobreprecio, lo cual la descalificó automáticamente, sin embargo, la tercera, Vitro Fomento Industrial, también presentó un costo más elevado del establecido y aun así se declaró ganadora, en lugar de que se diera por desierta la competencia.

Es inaceptable que estos presuntos actos de corrupción, encima de todo, le cuesten a los bolsillos de los ciudadanos yucatecos $741 pesos extras, ya que por mantener sus obligaciones legales vehiculares en regla se les cobraron alrededor de $1,446.00 pesos, cuando de acuerdo con la Secretaría de Seguridad por cada juego de placas pagó $245 pesos y sin ninguna razón justificable subió el costo, aparentemente, de forma arbitraria, cuatro veces su precio original. Usar las instituciones públicas, para generar plusvalía en servicios que son obligación del Estado es un atropello a la ciudadanía.

No es casualidad que el Gobierno del Estado de Yucatán decidiera ampliar el plazo de registro de reemplacamiento del 30 de junio al 30 de septiembre ya que a pocos días de concluir la fecha límite el número de vehículos con placas nuevas no pasaba ni el 50 por ciento.

Es por tanto, una necesidad que se clarifiquen los procedimientos de licitación, que las autoridades competentes sanciones; ya se administrativa o penalmente y que se reduzca el costo del reemplacamiento en el estado, ya que otras entidades federativas presentan costos mucho más bajos, tales como Nuevo León, en donde este mismo servicio cuesta no más de 396 pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideraciones de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, a que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán realicen una exhaustiva revisión en los procesos que determinaron a Vitro Fomento Industrial S.A de C.V como ganadora de la licitación y el motivo por el cual se fijó un costo tan elevado para el proceso de reemplacamiento para los ciudadanos.

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán a través del órgano de transparencia correspondiente exhiba una versión pública de los resultados de la investigación de las Secretarías y funcionarios responsables en el reemplacamiento de vehículos en el estado, así como por el proceso de licitaciones.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.






De la Senadora Carmen Dorantes Martínez y del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de Internet que prestan las diversas empresas operadoras en el país. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

La que suscribe, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de I la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, 60, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República , someto a consideración de esta Asamblea la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A QUE ELABORE UN MAPA DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Y VELOCIDAD DE INTERNET QUE PRESTAN LAS DIVERSAS EMPRESAS OPERADORAS EN EL PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso de los teléfonos móviles y ahora de los teléfonos inteligentes, es uno de los sectores con mayor crecimiento dentro del rubro de las telecomunicaciones.

Para el primer trimestre de 2016 el número de suscripciones de telefonía móvil llegó a 108.8 millones, lo que representa un crecimiento de 5.3% respecto al mismo periodo de 2015, de los cuales el 84% de las suscripciones fueron de prepago y el 16% de pospago. Lo que conlleva a una teledensidad de telefonía móvil de 89 suscriptores por cada 100 habitantes.
De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (The-CIU), en 2016 en México había 82 millones de teléfonos inteligentes en funcionamiento y 109.7 millones de líneas celulares, de ellas, 74.8 % operan corresponden a teléfonos inteligentes. Ello representa un 30.9% de incremento respecto a 2015.

Detalló que la preferencia o capacidad de compra de los usuarios mexicanos de telefonía móvil se concentra en dispositivos de Samsung que tiene una participación en el mercado nacional de 30.9 por ciento, seguido de LG con 15.4 por ciento del mercado y en tercer sitio se ubican los dispositivos de Apple que abarcan 12.4 por ciento del mercado.

Con respecto a la distribución de mercado, en 2016 Telcel se mantuvo como el operador con mayor nivel de participación con poco más de 73 millones de suscripciones. Por otro lado, Telefónica alcanzó casi 26 millones de suscripciones. Asimismo, AT&T se ubicó como el tercer operador con más participación al contar con 9.2 millones de suscripciones, mientras que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) alcanzaron alrededor de 870 mil suscripciones. De este modo, la concentración, medida a través del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), continuó con la tendencia a la baja que mostró durante el 2015, presentando una disminución de 179 puntos con respecto al primer trimestre de 2015, acompañada con una disminución en el índice de precios de telefonía móvil.

En la modalidad de prepago, Telcel y Telefónica concentran el mercado casi en su totalidad con una participación conjunta de más de 93%.

En este contexto, la variación en el éxito de cada una de las empresas que participan en el competitivo mercado mexicano, depende de su participación con la oferta de equipos de todas las ganas de tecnología y precios, así como con las diversas tarifas, paquetes y promociones en los servicios, pero del mismo modo, en la calidad de servicios como llamadas y acceso a Internet, con mejores calidad y precio.

Diversos estudios de mercado señalan que después de elegir el modelo, la gente considera la cobertura móvil como factor para compra o contratar un plan.

Por ello, la cobertura del servicio de telefonía móvil se vuelve un tema fundamental en la prestación del servicio.

En México coexisten empresas que mantienen una muy aceptable velocidad de internet, pero tienen una cobertura o presencia limitada en el territorio; del mismo modo, otras compañías disponen de menor velocidad de internet, pero abarcan más territorio, cambiando además en ambos casos, la velocidad, de acuerdo con la tecnología 2G, 3G o 4G que se emplea.

En este contexto conviene revisar las estrategias de posicionamiento y venta de las diversas empresas ya que particularmente, la empresa que tiene mayor participación en el mercado de telefonía móvil por el número de clientes, posiciona estrategias de mercadeo cómo la que mayor presencia tiene en el territorio nacional. Sin embargo, a la luz de los estudios más recientes eso parece no ser así.

La empresa AT&T, según lo señalan consultoras internacionales, es la que tiene una mayor cobertura con 68% aproximadamente en tecnología 4G.

En tanto, Telcel del mexicano Carlos Slim, reporta según mediciones de empresas internacionales que tiene cubierto un territorio de 64.73% con tecnología 4G, a pesar de haber sido la primera en traerla a México.

Hace uso del slogan “Todo México es territorio Telcel” pero no se puede hacer una apreciación al respecto con la información que ofrece, ya que sólo está a nivel de municipio y no de localidad.
La velocidad de servicios de estas empresas es de AT&T con 3G de 2.82 mbps y de Telcel con 4G de 10.23 mbps y con 3G de 1.87 mbps.

En general México está retrasado en cobertura y velocidad, según lo establece el texto de Misael Mora en el portal RANKIA.

"En promedio la tecnología 4G en México es muy intermitente. El promedio mundial de velocidad de Internet 4G es de 13.5 Mbps. En promedio México llega a los 9 Mbps. Ecuador ofrece 8 Mbps y 38% de cobertura. Argentina, Venezuela, Perú, Chile y Brasil superan a México en velocidad de internet. Corea del Sur, más de 25 Mbps y cobertura de 99%. Nueva Zelanda 36 Mbps y cobertura de 54%. Singapur 33 Mbps promedio y disponibilidad de 84%.

Alemania y Japón van por su segunda o tercera red para extender su cobertura.

En este sentido y teniendo como marco de fondo, la constante mejora de la prestación de los servicios, y la reciente reforma en telecomunicaciones que busca seguir mejorando la competitividad del sector en beneficio de los mexicanos, es deseable mejorar en la cobertura y calidad de la prestación de los servicios de telefonía e Internet móviles.

Pero para que la autoridad pueda cumplir su papel de incentivar la mejora de los operadores del servicio y la correcta información a los clientes y potenciales usuarios, es necesario primero que las empresas proporcionen la información completa de su capacidad de cobertura por localidad y se mantenga actualizada, además de disponible en los portales oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Del mismo modo es deseable que también a partir de ese insumo, la autoridad diseñe y aplique un modelo de seguimiento para que las empresas continúen mejorando su cobertura y calidad, pero más aún para que la población esté bien informada sobre la verdadera calidad y cobertura de las empresas para que haga la correcta elección de acuerdo a sus intereses.

Derivado de lo anterior y sabiendo que el mercado de telefonía móvil en nuestro país está contemplado dentro de los principales ponderadores genéricos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y en números reales este sector económico del país equivale a un poco más de 200 mil millones de pesos anuales. Por ello creo totalmente indispensable que se genere un mercado competitivo, pero sobre todo, se otorguen más y mejores servicios a los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que elabore un mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas operadoras en el país, con su consecuente listado por localidad, para que se mantenga publicado en sus portales oficiales y realicen una campaña de difusión específica para conocimiento de los clientes y potenciales usuarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Fuente
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/infografias/infopya_ce.pdf
PRIMER INFORME TRIMESTRAL ESTADÍSTICO 2016 ELABORADO POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/informetrimestral1q2016v2.pdf






Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a coordinar diversas estrategias en materia de resiliencia de las ciudades. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral I, fracción II; 95; 109; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente: PROPOSICIO?N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A COORDINAR DIVERSAS ESTRATEGIAS EN MATERIA DE RESILIENCIA DE LAS CIUDADES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después de 32 años del terremoto que devastó la Ciudad de México en 1985, otra vez se puso a prueba a los mexicanos. En esta ocasión, con tres temblores que entre ellos pasaron 16 días (7, 19 y 23 de septiembre). El heroísmo de la sociedad civil, bomberos, policía federal, militares y médicos fue muestra de la grandeza de nuestro país cuando enfrenta momentos de adversidad.

Los mexicanos podremos tener diferencias, disputar y, en ocasiones caer; pero la mejor faceta de nosotros surge en el abrazo solidario, cuando somos el hombro en el que otros pueden descansar. Como diversos columnistas señalaron en los últimos días, nació un “nos” con el sismo. Incluso, me atrevería a decir, que no nació en estos momentos, está presente con actos heroicos que se pierden en la cotidianidad y, en la gran mayoría de los casos, en espera del liderazgo que les haga tomar el rumbo que transforme al país.

Al margen de los enormes ejemplos de solidaridad con los desastres naturales, también, se nos presenta la oportunidad de fortalecer las estrategias de resiliencia en las ciudades de nuestro país. Acorde a las cifras oficiales, tan solo el sismo del 19 de septiembre ocasionó la pérdida de 363 vidas (hasta el 2 de octubre a las 12:36 horas) y la afectación del 16.1 por ciento de comercios en las ocho entidades que fueron encuestadas.1 Se estima que poco más de dos millones de negocios que sufrieron daños; la mitad de los comercios en las entidades afectadas cerraron al menos un día sus operaciones y un porcentaje mayor al 20 por ciento cerró sus actividades por más de tres días. Sin las políticas correctas, la afectación de los desastres podría ser incalculable.

Hasta el momento, el titular del Ejecutivo estima que el costo de la reconstrucción tras los sismos podría alcanzar un costo aproximado a los 37 mil 500 millones de pesos. La respuesta del Estado mexicano debe ser categórica en apoyar a las familias para que se recuperen, pero también debe colocarse un urgente enfoque en la resiliencia de nuestras ciudades: hacer que los sistemas complejos que son las urbes, estén mejor preparados para enfrentar retos como el sismo del 19 de septiembre.

En Jalisco, desde el 2008 se aprobó el código urbano con el objeto de “definir las normas que permitan dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”.2 Sin embargo, la aplicación de la normatividad no ha sido eficaz al regular los asentamientos urbanos; incluso, municipios como Guadalajara han adoptado medidas compensatorias que regularizan asentamientos que no cumplieron la normatividad vigente. Situación que podría vulnerar a cientos de familias en la entidad.

Por tal motivo, es pertinente adoptar una estrategia integral de resiliencia de las ciudades del estado de Jalisco para mitigar los efectos en caso de desastres. Por lo anterior, presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a coordinar una estrategia estatal de la resiliencia de las ciudades con el objeto de estar mejor preparados para enfrentar desastres naturales.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a coordinar una estrategia estatal de revisión a la infraestructura pública y reporte a esta soberanía la existencia de afectaciones.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a coordinar una estrategia estatal de revisión de todos los edificios públicos y privados mayores de cuatro pisos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y reporte el número de estructuras vulnerables ante posibles desastres naturales.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. José María Martínez Martínez.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 2017”, s/f, 3.

2 “Código Urbano del Estado de Jalisco” (2008), Artículo 1.






Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de España y a su presidente a detener la represión contra la sociedad catalana, así como al gobierno mexicano para que se pronuncie en el mismo sentido. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La Generalitat y el Parlamento de Cataluña, convocaron a un referendo que se llevaría a cabo el pasado domingo 1 de octubre de 2017, y en el cual la sociedad catalana ejercería su derecho a manifestar su voluntad sobre si Cataluña debería o no independizarse del Estado español. Ya antes, el 9 de noviembre de 2014, se desarrolló una consulta ciudadana en el mismo sentido y en la que se movilizaron tres millones de personas que manifestaron su derecho a la consulta y a la libre expresión de su autodeterminación.

2.- Los tribunales españoles declararon ilegal la realización del referendo del 1 de octubre. Días antes de la celebración del referendo, el Gobierno español decidió enviar fuerzas policiales para impedirlo, atentando contra la libre expresión de la sociedad catalana, que siempre se manifestó por la realización del referendo de manera absolutamente pacífica.

3.- El gobierno de Mariano Rajoy usó la fuerza policiaca en lugar de usar la fuerza de la democracia, en lugar de dejar que los tribunales fueran los que se manifestaran sobre la legalidad y legitimidad el referendo realizado, ya sea para reconocerlo o para negarse a reconocer sus resultados. También se violó la garantía de la sociedad catalana a defender sus derechos a la consulta y a la libre expresión de su autodeterminación en los mismos tribunales.

4.- En lugar de convocar al diálogo y a la mediación política, Mariano Rajoy y su gobierno decidieron reprimir con suma brutalidad el domingo 1 de octubre a la sociedad catalana que salió, de manera pacífica, a manifestar libremente su decisión de llevar a cabo el referendo y de argumentar que esta decisión de independizarse recaía en el pueblo catalán y era legítima.

Ante la brutal represión del Estado español contra el pueblo de Cataluña, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN

UNO. El Senado de la República exhorta al Gobierno español y a su presidente, Mariano Rajoy, para que detenga la represión en contra de la sociedad catalana y establezca las vías democráticas y de mediación política para resolver cualquier conflicto, así como para respetar el derecho inalienable del pueblo catalán a la consulta y al ejercicio libre de su autodeterminación.

DOS. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para condene la violencia del Gobierno español contra la sociedad catalana, exhorte al presidente de España, Mariano Rajoy para que detenga la represión en contra de la sociedad catalana y establezca las vías democráticas y de mediación política para resolver cualquier conflicto, así como para respetar el derecho inalienable del pueblo catalán a la consulta y al ejercicio libre de su autodeterminación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.






De las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como el acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e hipotecas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar y fiscalizar los recursos del Fondo de Desastres Naturales que se destinarán para la reconstrucción en entidades afectadas por los sismo ocurridos los días 7 y el 19 de septiembre, con el propósito de prevenir cualquier acto de corrupción o desvío y garantizar su uso de forma oportuna, responsable, eficaz y transparente. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el terrible acontecimiento ocurrido en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBIVA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA  REPÚBLICA LAMENTA EL TERRIBLE ACONTECIMIENTO OCURRIDO EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA , al tenor de las siguientes:

El mundo está conmocionado con la historia del tiroteo de esta madrugada 2 de octubre en contra de los asistentes al festival de música country, el Harverst Musical Festival, en Las Vegas.

Se trata de la peor matanza cometida por un individuo en contra de ciudadanos en la historia  de Estados Unidos. Un solo hombre, Stephen Paddock, fue capaz de asesinar a 58 personas y dejar más de 500 heridos en una balacera, y tener diez fusiles en su habitación del hotel Mandala Bay.

Se pueden hacer muchas teorías sobre las razones personales, alteraciones psicológicas o frustraciones para que un solo individuo haya sido capaz de este baño de sangre que avergüenza no sólo a Estados Unidos sino a la humanidad entera.

Sin embargo, el problema no está sólo en el individuo convertido en asesino múltiple sino en la sociedad que permite esta posibilidad, con una falla muy grave de los cuerpos de seguridad, de los servicios de inteligencia y de las autoridades de Las Vegas.

Los medios y el gobierno de Estados Unidos parecen tener un consenso: se trata de un caso de “terrorismo interno” y no de un acto de fundamentalismo islámico o de otro tipo de grupos radicales con origen extranjero.

Muy pocas voces en el gobierno de Donald Trump, en el Congreso y en los medios norteamericanos ponen el centro de esta tragedia en el fondo del problema: el enorme mercado de armas en Estados Unidos y la posibilidad de que un ciudadano pueda adquirirlas sin mayores complicaciones, amparándose en la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana.

El atacante no era ajeno al mercado de las armas. Trabajó entre 1985 y 1988 en la empresa Lockheed Martin, una de las grandes compañías de este sector.

En la última década, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso organismo defensor de la Segunda Enmienda, ha cabildeado para impedir que se restringa el acceso a las armas dentro y fuera de Estados Unidos. Atacaron al ex presidente norteamericano Barack Obama y apoyaron abiertamente en su campaña a Donald Trump.

Desde la masacre de la masacre de 12 jóvenes y 1 profesor en la escuela Columbine, en abril de 1999, en Colorado, se prendieron los focos rojos de este grave problema. Y los legisladores y el gobierno norteamericano lo ignoraron o minimizaron.

En la primera y segunda décadas de este milenio, las matanzas en Estados Unidos originadas por el acceso a las armas han escalado en su letalidad y espectacularidad: 26 personas muertas en Sandy Hook, el 14 de diciembre de 2012, incluyendo a 20 niños y 6 adultos; 32 personas asesinadas en Virginia Tech, en abril de 2007; 49 jóvenes fallecieron en una club gay en Orlando, Florida, el 2 de junio de 2016 y más de 50 personas fueron heridas.

El mercado de las armas representa también un problema para nuestro país. Más del 80 por ciento del armamento que tienen los grupos criminales de México provienen de Estados Unidos. Y el incremento del trasiego de armas a nuestro país también tiene un correlativo: el incremento de hombres y mujeres asesinados al amparo de una violencia sin fin.

El comercio global de armas ha crecido como nunca desde el fin de la Guerra Fría, en 1989. Estados Unidos es el mayor productor y exportador de armas: 33 por ciento de todas las exportaciones, desde misiles hasta pistolas y rifles de uso personal.

Buena parte de este comercio es interno. Y se ha incrementado desde la llegada del gobierno de Donald Trump, quien le presumió a la NRA al cumplir 100 días de su gobierno que “tienen un auténtico amigo en la Casa Blanca. Ustedes me han apoyado y yo los voy a apoyar”.

Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes le escribió a su homólogo republicano Paul Ryan, reclamándole una comisión que proponga “una ley razonable para ayudar a poner fin a esta crisis”.

Desde México y desde el Senado debemos insistir en la necesidad de presionar y exhortar a los congresistas norteamericanos que modifiquen esta industria criminal.

Frente a lo anterior, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, Fracción II, del Reglamento del Senado de la República, se solicita la declaración expresa de este Senado con respecto a este asunto de orden social internacional, para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de América y con las familias de las víctimas. Confiamos en que al pueblo norteamericano sepa hacer llegar su indignación a sus representantes, para motivar un cambio en su política nacional que logre  prevenir este tipo de hechos lamentables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, manifiesta su solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de América y con las familias de las víctimas de la reciente tragedia ocurrida en la madrugada del 2 de octubre en la ciudad de las Vegas en los Estados Unidos de América, y se emite un voto para que los congresistas de esta nación atiendan las demandas con respecto a la políticas de control de armas en su país.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 5 de octubre 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.






De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de Morelos, Puebla y de la Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para elaborar, actualizar y hacer de conocimiento público los Atlas de Riesgo, los cuales son fundamentales para prevenir y mitigar daños causados por los desastres naturales. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barera Tapia, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través del diálogo y mediante el cauce democrático. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 1º de octubre de 2017 las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña llevaron a cabo una consulta sobre la independencia de Cataluña respecto a España. Esta consulta había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, de tal manera que el gobierno español llevó acciones tendientes a prohibir su realización.

Como lo muestra la información periodística, hubo diversos enfrentamientos entre la policía y personas que acudieron a emitir su voto. Se han reportado más de ochocientas personas heridas por parte de la población civil y alrededor de treinta policías con heridas.

La situación política de Cataluña es sumamente compleja y tiene diversas aristas históricas, económicas, sociales y culturales. El evento del domingo es consecuencia de varios intentos fallidos de diálogo y la falta de comprensión de una realidad compleja.

Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe privilegiarse el uso de la fuerza ante el derecho a la manifestación pacífica o sobre el ejercicio del derecho de reunión. En un Estado de Derecho es indispensable contar con garantías democráticas que faciliten la convivencia.

En este entendido, es importante reconocer que de conformidad con el artículo 89, fracción X de la Constitución, existen diversos principios de política exterior, entre los que se encuentran la no intervención, la autoderminación de los pueblos y la protección de los derechos humanos. En este sentido, y en concordancia con la histórica actuación de México en el concierto de naciones, se pone a consideración de esta Soberanía una propuesta con punto de acuerdo para solidarizarse con los habitantes de España y de Cataluña para que en un marco de diálogo y comprensión pueda llegarse a una solución política viable.

Los lazos históricos que México tiene con España son muy profundos, y en particular, con Cataluña nos acercan varios siglos de relación y hermandad. Sin duda alguna, el exilio español en México derivado de la Guerra Civil Española es uno de los acontecimientos que han profundizado la relación entre ambas naciones. Nuestro país recibió a gente extraordinaria como Carlos Bosch, Agustí Bartra, Remedios Varo o Joaquín Xirau, por citar sólo algunos ejemplos.

Por esas razones, se hacen votos para que las tensiones políticas sobre la situación de Cataluña puedan solucionarse de conformidad al marco Constitucional y de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y los tratados internacionales de derechos humanos aplicables.

En el Senado confiamos a que las partes en conflicto lleguen a los acuerdos necesarios sin recurrir a la violencia.

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República hace votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través del diálogo y mediante el cauce democrático.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a las autoridades competentes a que, en el marco de la reconstrucción de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre, se aplique un enfoque urbanístico de género para el desarrollo de ciudades seguras. Se turna a la Comisión de Vivienda.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En fechas recientes, como sociedad mexicana, nos hemos enfrentado a fenómenos naturales que nos recuerdan la vulnerabilidad y fragilidad en la que se desenvuelven las sociedades. A partir de los sismos del 7 y el 19 de septiembre cientos de personas perdieron la vida. Nuestra solidaridad está con sus familias y seres queridos.

También miles de personas han perdido su patrimonio. Hemos visto cómo en cuestión de minutos se perdieron casas, vehículos y toda clase de bienes, en detrimento del patrimonio de muchas familias. Para todas las víctimas de los desastres naturales, desde el primer momento se les ha brindado una mano por parte de la sociedad civil y el Estado. Nuestra tarea desde el Senado, y como una institución del Estado, es avocar todos nuestros esfuerzos para la reconstrucción y garantizar todas las condiciones de seguridad a la población. Es indudable que no podremos retornar a la normalidad sin recordar los lamentables sucesos.

Un hecho que no debe pasar inadvertido es la proporción de mujeres que murieron en los sismos. Con información del Gobierno de la Ciudad de México, al 2 de octubre la cifra de personas que perdieron la vida en la capital del país a causa del sismo del 19 de septiembre fueron 221, de las cuales 136 eran mujeres y 85 hombres. Esta desproporción se debe a una cuestión de género.

A las 13:14 horas, tiempo al que se registró el sismo, muchas amas de casa y trabajadoras domésticas se encontraban en hogares. Debido a que muchos de los derrumbes ocurrieron en casas, es posible que las mujeres que realizan actividades domésticas, de crianza o de cuidado, hayan sido víctimas de los derrumbes.

Lamentablemente, el trabajo doméstico tiene muchos retos en México. El aislamiento y la baja escolaridad de las personas que se emplean son factores que propician la desprotección y vulnerabilidad. En México el noventa por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado son mujeres. El analfabetismo de es de 5.8% y el porcentaje de quienes no terminaron la primaria asciende a 20.9%. Y sobre su remuneración, el 76.5% reciben un ingreso de dos salarios mínimos o menos. Por otra parte, sobre el trabajo doméstico no remunerado en 2015 representó el 24.2% del Producto Interno Bruto en México. 1

También, debe agregarse el derrumbe de una empresa textil en la colonia Obrera en la que trabajaban mujeres en mayor medida. Este hecho ha puesto en duda las condiciones laborales a las que son sometidas diariamente miles de mujeres en el país.

Estos hechos, deben verse a partir de la perspectiva de género para generar acciones que ayuden erradicar posibles afectaciones futuras. Para ello, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano indica lo siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

[…]

XXXII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

[…]

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

[…]

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;

[…]

Artículo 69. Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos que esta Ley y la Ley General de Protección Civil establecen.

La Secretaría promoverá la emisión de las normas, lineamientos y manuales para fortalecer los procesos de Resiliencia urbana y para las zonas metropolitanas. Asimismo, promoverá en las entidades federativas y en los municipios, la elaboración de guías de Resiliencia urbana y metropolitana que permitan la identificación de riesgos y recursos para la recuperación de contingencias catastróficas.
Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:

[…]

VIII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual;

[…]

De lo anterior se advierte que en la planeación de desarrollos urbanos es necesario contar con planes que impidan la discriminación en razón del género. Y para tal cuestión todas las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento de la normativa correspondiente.

Históricamente los espacios se han diseñado siguiendo y perpetuando los roles de género. Por ello se ha vinculado a los hombres con el espacio público, en el cual tienen lugar las actividades públicas como el trabajo remunerado, el ocio o la vida política; mientras que a las mujeres se las ha identificado con el espacio privado del hogar, en donde se realizan las tareas domésticas y se cuida a las personas. Esta división de los espacios también conlleva una valoración diferente de las personas y de las actividades que llevan a cabo, al atribuir un valor superior a lo masculino y público y devaluar las tareas relacionadas con el cuidado de las personas y del hogar, de las cuales las mujeres continúan siendo mayoritariamente responsables.

El espacio que habitamos refleja dinámicas de poder y da prioridades y visibilidad a unos elementos sobre otros. Normalmente no se realizan estudios acerca de los efectos que tiene la planificación en diferentes grupos e intereses de la comunidad, pero en general se ignora la esfera reproductiva y de atención a las personas, y se da prioridad primordialmente a la esfera del trabajo y al género masculino. Un ejemplo de ello son las inversiones que se hacen en la construcción de campos de futbol, que benefician principalmente a hombres jóvenes; o en carreteras y autopistas, lo que favorece a quienes más se desplazan en coche privado, que son en mayor medida hombres. En contraposición encontramos, por ejemplo, las inversiones en transporte público, que suelen ser más cuestionadas pero que son de gran utilidad para una parte más diversa de la población. La perspectiva de género aporta una visión amplia de las personas al plantear que las mujeres y los hombres viven y experimentan el espacio de maneras diferentes. Hoy, ambos asumen distintas responsabilidades y esto se materializa diariamente en su relación con el entorno. Sin embargo, las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas relacionadas con los roles reproductivos, el cuidado y la gestión del hogar y de la familia, la preparación de la comida, y la compra o la realización de trámites administrativos, personales, etc. Así pues, el urbanismo con perspectiva de género reconoce y hace visible la experiencia cotidiana de las mujeres y las necesidades y responsabilidades asociadas al trabajo doméstico y de cuidado, es decir, todas las tareas imprescindibles para el desarrollo humano.

El urbanismo desde la perspectiva de género pone en el centro de las decisiones urbanas las necesidades relacionadas con la vida cotidiana de las personas. Ésta se encuentra conformada por varias esferas: productiva (trabajo remunerado), reproductiva (cuidado de personas y del hogar), personal (ocio, deporte y cuidado) y comunitaria (mejora de la sociedad o la comunidad donde se vive). Todas se deben tener en cuenta a la hora de planificar y diseñar los espacios en que vivimos. Sin embargo, el urbanismo tradicional que responde a un sistema patriarcal y capitalista ha privilegiado exclusivamente la esfera productiva del trabajo remunerado. Esto ha tenido efectos en la forma en que se han planificado espacial y temporalmente nuestras ciudades: la zonificación y separación de funciones, por ejemplo, de la casa y los centros de trabajo; sistemas de movilidad que conectan los lugares de residencia con el trabajo en su mayoría de sectores masculinos; horarios de transporte público centrados en los de trabajo que no responden a las necesidades de las personas encargadas de las tareas domésticas y reproductivas, quienes tienen desplazamientos más complejos y se trasladan en diversas horas. Así, el urbanismo desde la perspectiva de género da el mismo valor a las cuatro esferas de la vida cotidiana, y en particular visibiliza las tareas reproductivas y de cuidado en gran parte no remuneradas y llevadas a cabo por mujeres, con el fin de que a través del urbanismo se les llegue a valorar socialmente y se logre que sean de corresponsabilidad colectiva y social, y no exclusivas de las mujeres. El espacio público, las calles, las viviendas, los transportes y el resto de los espacios que utilizamos regularmente son los lugares donde se desarrollan nuestras vidas, por lo que deben ajustarse a los distintos requerimientos que tenemos las personas.

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a este H. Senado de la República que sea turnada la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a las autoridades competentes en el ámbito local, a que en el marco de la reconstrucción de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre se aplique un enfoque urbanístico con perspectiva de género para el desarrollo de ciudades seguras.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar todas las actividades tendientes a garantizar la seguridad de las trabajadoras, especialmente a las trabajadoras domésticas y quienes realizan labores de cuidado y crianza.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/domestico2017_Nal.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los casos de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El comercio electrónico se ha convertido en una opción común para los consumidores al momento de adquirir algún tipo de producto o servicio, representado una alternativa más rápida, cómoda y eficaz para quienes hacen uso de las redes del Internet.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al comercio electrónico como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación.1

Los productos ofertados en las páginas electrónicas representan un sinfín de posibilidades para adquirir bienes o servicios que son puestos al alcance por proveedores en todas partes del mundo, un hecho que vuelve vulnerable al ciberconsumidor de no saber quién se encuentra del otro lado del monitor.

En este contexto, es indispensable que los usuarios de dichos servicios tomen las debidas precauciones para evitar ser víctimas de algún tipo de delito como lo es fraude cibernético, en perjuicio de sus derechos y patrimonio.

A nivel internacional, desde 1999, la OCDE desarrolló Directrices para la Protección de los Consumidores en el Contexto del Comercio Electrónico, que consistían en una serie de recomendaciones que buscan que los proveedores de bienes y servicios cumplan con las disposiciones de las leyes correspondientes a la materia, donde se garantizan sus respectivos derechos.

En el caso de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) establece los tipos de fraude más comunes en los que los usuarios tiende a incurrirla población, como son el “Phishing”, “Pharming” y el “Spam”.

“Phishing” es uno de los delitos financieros que es conocido como la suplantación de identidad, siendo uno de los más comunes dentro del país, que consiste en la obtención de información confidencial que es utilizada posteriormente para hacerse pasar por la persona a la cual le robó sus datos, sin que éste se percate de alguna anomalía.2

Por lo regular, esta información es sustraída a través de correos electrónicos que son enviados por los delincuentes, que contienen los logos y emblemas de alguna institución financiera que conforman la Banca Nacional, para brindar una seguridad al usuario y poder solicitar información personal, argumentando alguna situación con su cuenta bancaria.

El “Pharming”, es otro medio para delinquir en Internet, pues, por medio de un link (dirección de Internet), redirigen al consumidor a una página electrónica falsa para continuar con la estafa, los concursos u ofertas que prometen grandiosas recompensas, son los sitios en los cuales los usuarios tienden a caer con mayor frecuencia y facilidad.

Y por último, se encuentra el “Spam” que también es denominado correo basura, puesto que se trata de un correo electrónico con contenido engañoso que es enviado a uno o varios destinatarios que no lo solicitaron, su propósito es que descargues un archivo adjunto, que por lo general es un virus que roba la información de los dispositivos en uso.

Nuestro país ha registrado en lo que va en lo que va del presente año, un millón 506 mil 105 reclamaciones por posible fraude, de las cuales, 639 mil 857 corresponden al tipo cibernético y 864 mil 193 a la forma tradicional, que son aquellos donde la transacción se realizó en una terminal punto de venta, cajeros, en sucursal o corresponsales, y otros.3

Estos datos representan un incremento de 52% en lo que va del año con respecto al primer trimestre del 2016, mientras que el fraude tradicional disminuyó 8.0%. Por tal motivo es importante que las operaciones en Internet deban afrontarse con mayor conocimiento y responsabilidad de los productos y servicios financieros contratados.

El fraude cibernético no solo es un acto para robar la identidad y contratar productos financieros, internacionalmente también permite a los delincuentes robar patentes, secretos tecnológicos de compañías, solo por mencionar algunos, globalmente, deja más ganancias que el contrabando de heroína y marihuana juntos.4

A nivel empresarial, una compañía también puede ser víctima de phishing, es decir, que les pueden cargar un crédito, si es que un ciberdelincuente accede a algunos datos de las cuentas bancarias mediante el NIP.

Este tipo de delitos se ha incrementado exponencialmente, y ya existen algunas compañías aseguradoras que dan cobertura contra el robo de identidad o contra los delitos cibernéticos.

Los consumidores en México tienen tutelados sus derechos en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), puesto que en el artículo 1 dispone promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En relación a los delitos cibernéticos, la fracción VIII del artículo en mención determina la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados.

Por su parte, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 4 establece como objeto de Conducef, procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.

La Comisión debe promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, disposición que se encuentra contemplada en el artículo 5 de la Ley en mención.

El fraude cibernético es un delito que va en aumento, por lo que la Conducef debe mantenerse atenta para orientar a los usuarios de servicios financieros sobre cuáles son las principales causas de este delito y apoyarlos sobre qué medidas preventivas tomar.

La banca, las transacciones comerciales y financieras se perfilan cada vez más hacia las plataformas cibernéticas, y nadie se puede aislar de esta tecnología, por lo que las instituciones y usuarios deben estar preparados, así como atender las recomendaciones y las medidas de defensa contra dichas transacciones.

En el Grupo Parlamentario de PRI, estamos convencidos de la necesidad de proteger los derechos financieros y patrimonio de los usuarios, por lo que consideramos indispensable que Conducef siga brindando información para prevenir y proteger los usuarios de estas prácticas delictivas; asimismo, fortalezca las acciones encaminadas a salvaguardar su patrimonio y se atiendan con eficacia los casos de las personas afectadas que ya han interpuesto una queja.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los casos de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp

2 http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/207/fraude.pdf

3 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/31/evolucion-fraudes-ciberneticos-mexico

4 http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/consejos-de-seguridad/724-cuidado-en-la-red






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones orientadas a brindar seguridad médica en las comunidades indígenas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. Se turna a la Comisión de Salud.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los pueblos indígenas son parte fundamental de la riqueza de un país, pues reflejan y mantienen vivas las raíces y costumbres históricas que construyen a las grandes naciones, son joyas culturales que avocan a la población a mirar al pasado y maravillarse de las historia que tuvieron su fin.

Sin embargo, en la actualidad solo han sido considerados como una minoría, puesto que al hablar lenguajes distintos a los que se utilizan habitualmente en las comunidades y zonas urbanas, son marginados por el resto de la población, en perjuicio de sus derechos fundamentales.

En México, la realidad que vive gran parte de las comunidades indígenas ha sido difícil de atender por las circunstancias en las que se encuentran muchas de ellas, en virtud de que la mayoría se ubica en lugares lejanos a los que es difícil acceder.

En todo el territorio nacional viven aproximadamente 7 millones 382 mil 785 personas de tres años y más, hablantes de alguna de las 68 variantes lingüísticas, siendo Oaxaca y Chiapas las entidades federativas con el mayor número de hablantes, según datos obtenidos de la Encuesta Intercensal 2015.1

En la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denominada “El derecho a la protección de la salud en las mujeres indígenas en México”, destaca los problemas y retos que aún persisten en materia de mortalidad materna en las comunidades indígenas.

La Organización Mundial para la Salud (OMS), define a la mortalidad materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o se encuentra dentro de los 42 días antes del parto, siempre que se cause por cualquier motivo que se encuentre vinculado o agrave la situación del embarazo o durante el proceso, sin que se encuentre ligada a causas accidentales o incidentales.

Actualmente se pueden identificar a 25 regiones dentro del país que reúnen a los municipios con la mayor población indígena, pero si bien se han implementado las políticas públicas desde la década de los noventa para avanzar en la disminución de la mortalidad materna, persisten importantes desafíos que es urgente atender, principalmente en Oaxaca y Chiapas, que son los estados que presentan mayores rezagos.

Las muertes maternas se clasifican en dos grupos: las obstétricas directas que se encuentran relacionadas con complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de la serie de eventos que culmine con el fallecimiento; y las obstétricas indirectas que son las derivadas de una enfermedad ya existente o que se desarrolló durante el embarazo y que puede agravarse por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

No obstante, también existen las muertes maternas tardías que son aquellas que ocurren por causas directas o indirectas, pero que se presentan 42 días después del parto hasta el año de haber terminado el mismo.

La pobreza es un detonante que determina amplias desigualdades que afectan la probabilidad de sobrevivencia de las mujeres durante el proceso reproductivo. La Razón de Mortalidad Materna (indicador para medir desigualdades de salud) establece que los municipios con más de 40% de habitantes en pobreza extrema son de 98 muertes, mientras que en aquellos con menos de 20% es de 35.

Mientras que las mujeres que habitan en municipios indígenas la Razón de Mortalidad Materna es de 94 muertes, en tanto que las que viven en municipios con menos de 40% de hablantes de lengua indígena asciende a 44. Los anteriores datos revelan que las mujeres indígenas tienen el doble de probabilidades de morir por causas maternas que las mujeres que habitan en municipios no indígenas. En 2015 la Razón de Mortalidad Materna a nivel nacional fue de 39 muertes, en Chiapas de 68 y en Oaxaca de 47.

El artículo 2 de nuestra Constitución Política establece que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades, tendrán la obligación de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional.

En este sentido, la Secretaría de Salud creó una estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México, junto a la cual se firmó, el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica (CAEO), a fin de asegurar la atención universal.

El convenio establece que todas las mujeres que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquier hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Secretaría de Salud, sin importar su condición de afiliación.

Asimismo, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, de observancia obligatoria para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, garantiza el acceso de la población indígena a los servicios de salud, particularmente el acceso de la población indígena a centros y clínicas de salud en todas las comunidades indígenas.

En el Grupo Parlamentario de PRI, consideramos de suma importancia que la protección de la salud de los mexicanos es un derecho universal que es inalienable, especialmente para las mujeres indígenas que aún siguen luchando con situaciones que afectan su maternidad, por ello es prioritario fortalecer las acciones médicas para seguir disminuyendo las tasas de mortalidad, que atentan contra su salud y vida.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca las acciones orientadas a brindar seguridad médica en las comunidades indígenas que se encuentran alejadas de las zonas urbanas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Derecho-Proteccion-Salud.pdf





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a presentar un informe de las acciones, planes y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de dicho estado en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana y tortura. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el estado de Puebla, la Fiscalía General es una de las dependencias que más recomendaciones ha recibido por parte del organismo estatal de procuración y protección de los derechos humanos.

Esto se debe a diversas anomalías en los procesos de detención y averiguación, en el que los elementos de la corporación hacen uso de procedimientos contrarios a la dignidad humana, a los derechos humanos y a las garantías individuales para recabar información, incluso se ha documentado, que con estos métodos se han fabricado culpables de los delitos.

Entre las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla solo este año, destacan las siguientes:

• Recomendación 5/2017. Se acredita la violación de los Derechos Humanos a diversas personas quienes fueron golpeados, incomunicados y torturados por agentes de la Fiscalía General.1 

• Recomendación 04/2017. Se da cuenta que los servidores públicos de la Fiscalía General, cometieron agravios en la detención, aseguramiento y custodia de una persona, la cual fue sujeta a un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de diversos elementos en el momento de ejercer sus funciones.2

• Recomendación 03/2017 en la que se da cuenta de posibles actos de tortura contra una persona para obtener información y autoculparse del delito de homicidio. En dicho instrumento, se corroboró irregularidades a la seguridad jurídica, a la integridad de la persona detenida y trasgresiones al debido proceso.3

• En la recomendación 3/2017, se documenta la falta de información y poca transparencia bajo las que se conducen los comandantes de guardia. También se da fe de los golpes, intento de asfixia e incomunicación de una persona por parte de agentes de la Fiscalía General.

En estos casos se recomendó reparar el daño a las víctimas, garantizando atención médica y psicológica que restablezcan su salud física y emocional, asimismo, se solicitó establecer las medidas administrativas necesarias contra los elementos que participaron en estas detenciones arbitrarias, además se pidió establecer mecanismos de capacitación para la corporación enfocada a la protección de las garantías individuales y derechos humanos. Para el Grupo Parlamentario del PRI, es determinante conocer las acciones, estrategias y programas desarrollados a partir de estas recomendaciones con el objeto de prevenir la proliferación de estas irregularidades que vulneran la seguridad de la población y demeritan el trabajo de la Fiscalía General del estado de Puebla, principalmente en la investigación, prevención y sanción de los actos delictivos. 

Lamentablemente no es la primera ocasión en el que la Fiscalía está relacionada con la comisión de alguna irregularidad, prueba de ello, son las investigaciones relativas a los acontecimientos de San Bernardino Chalchihuapan, en el que se acusó del uso de documentos y testigos falsos, además de indagaciones extemporáneas fuera del marco jurídico.

Para el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, la Fiscalía y su titular son los responsables de la impunidad que prevalece en el caso del deceso del niño José Luis Tlehuatle Tamayo4, asimismo, este grupo considera que la dependencia se ha consolidado como el instrumento represor del Gobierno del estado, hasta posicionarla como una de las entidades con el mayor número de presos políticos, entre ellos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y exfuncionarios quienes han criticado a la administración estatal.   

Estas conductas por parte de la Fiscalía General, se habían denunciado con anterioridad, solo durante la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas la Comisión de Derechos Humanos de Puebla recibió por lo menos mil 59 quejas por diversos actos violatorios a los Derechos Humanos, por ello, el organismo encargado de su protección emitió 24 recomendaciones.

Por si esto no fuera suficiente, en los últimos meses también se ha manifestado la operación de una red de corrupción dedicada al desvió de recursos públicos, particularmente en la entrega, suministro y comprobación de los fondos destinados para la compra de combustibles para las unidades oficiales, este panorama limita el uso de las unidades para la contención de los delitos y entorpece las acciones para su disminución.

Es necesario que la Fiscalía General en el estado de Puebla y sus elementos, se conduzcan en el marco de la legalidad y su actuar se desarrolle bajo los principios de máxima publicidad, apegado siempre a nuestro marco jurídico. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, presente un informe pormenorizado de las acciones, planes y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2017). Recomendación Número: 5 /2017. 02/10/2017.Sitio web: http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/17/05-2017.pdf

2 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2017). Recomendación Número: 4/2017. 02/10/2017. Sitio web: http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/17/04-2017.pdf

3 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (2017). Recomendación Número: 3/2017. 02/10/2017, de OOO Sitio web: http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/17/03-2017.pdf

4 Kara Castillo. (2017). FGE no garantiza proceso judicial limpio en el crimen de Meztli Sarabia: Comité. 02/10/2017, de E- Consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2017-07-09/sociedad/fge-no-garantiza-proceso-judicial-limpio-en-el-crimen-de-meztli-sarabia






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a remitir un informe el que se manifiesten los motivos por los cuales no se le proporcionó el apoyo económico debido a la deportista Victoria Mata. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO MANIFESTANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE LE PROPORCIONO EL APOYO ECONÓMICO DEBIDO A LA DEPORTISTA VICTORIA MATA, ASÍ MISMO AL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO MANIFESTANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE LE PROPORCIONO EL APOYO ECONÓMICO DEBIDO A LA DEPORTISTA ANTERIORMENTE CITADA.

ANTECEDENTES

1. En la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el día 25 de septiembre de 2015, titulada como “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” En el punto 37 de la resolución se declara: “El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.

2. México como país ha sido cuna de grandes deportistas mundiales, a pesar del poco apoyo brindado, tal es el caso como el de la deportista Victoria Mata, la cual consiguió su boleto para asistir al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Montreal 2017, tras ganar el selectivo nacional realizado en agosto del presente año.

3. Sin embargo a unas horas de partir hacia la competencia principal, la deportista y su entrenador, no pudieron viajar, debido a que no recibieron sus pasajes de avión por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

4. Dicho inconveniente, se atribuye directamente a las instituciones las cuales tienen como objetivo fomentar el deporte y apoyar a los deportistas mexicanos con los gastos que se eroguen debido a las competencias internacionales.

CONSIDERANDOS

1. Es comprobado que el deporte es un motor para la sociedad que promueve altos valores para el ser humano, por lo cual dicha actividad debe ser apoyada por todos los órdenes de gobierno en todo momento, ante este tipo de situaciones causa gran preocupación e indignación a la sociedad la falta de apoyo a nuestro deportistas.

2. Causa gran preocupación a este Senado de la Republica la constante noticia de la falta de apoyo a los deportistas mexicanos como lo fue el caso de Misael Rodríguez, que en el año de 2015 a falta de apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se vio obligado a solicitar dinero en las calles y transporte publico debido a la falta de recursos para pagar su viaje al Mundial de Boxeo de Qatar en 2015 y para clasificarse para los Juegos Olímpicos.

3. Dicha falta de apoyo fue claramente vista en los pasados juegos Olímpicos donde la delegación mexicana gano solamente 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que remita a esta soberanía un informe detallado manifestando los motivos por los cuales no se le proporciono apoyo en el vuele a la deportista Victoria Mata.

Segundo: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León a que remita a esta soberanía un informe detallado manifestando los motivos por los cuales no se le proporciono apoyo en el vuele a la deportista Victoria Mata.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las atribuciones de las instituciones involucradas en la atención de la violencia de género de la entidad, así como las políticas de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos humanos y feminicidios en la entidad. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el estado de Puebla diariamente las mujeres están expuestas a transgresiones físicas, psicológicas y verbales. Este panorama, es agravado por el incremento de la incidencia delictiva en los hogares, espacios públicos y transporte colectivo. De acuerdo con diversos medios de comunicación, solo en este año se han cometido por lo menos 86 feminicidios.1

Uno de los últimos sucesos denunciados, es el homicidio de Mariana Fuentes Soto, una estudiante de derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quien fue privada de la vida en la calle 45 A Poniente entre la 17 y 19 Sur en la Colonia Reforma Agua Azul.2

La principal línea de investigación señala que aparentemente se trató de un asalto ya que fue despojada de sus pertenencias, sin embargo, no existen elementos para desechar otras, como un posible feminicidio. Según los primeros informes, la joven de 20 años fue interceptada alrededor de las 21 horas cuando llegada a la casa de una amiga por diversas personas que después de forcejear le dispararon en la cabeza.

En esta zona habitacional, viven un gran número de estudiantes y a decir de los vecinos, en los últimos meses se han incrementado los índices delictivos. Ante ello, organizaciones vecinales solicitaron a las autoridades estatales y municipales que incrementen en la zona el número de elementos, que los rondines de vigilancia de las patrullas se desarrollen con más frecuencia y las estrategias de contención al delito tengan como objeto primordial asegurar mayor tranquilidad para la población.

Lamentablemente, no es el único suceso que se ha denunciado en las últimas semanas en el que una mujer haya perdido la vida, prueba de esta situación es el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue presuntamente violada sexualmente, golpeada y privada de la vida, para después ser abandonada en una barranca de la zona de Santa María Xonacatepec por un conductor de la empresa Cabify.

La alta incidencia delictiva contra este sector poblacional, deja de manifiesto que los programas y acciones gubernamentales llevadas a cabo por parte de las autoridades estatales y municipales han dado pocos resultados, ya que el número de feminicidios, se han incrementado en municipios como Puebla de Zaragoza,  Tehuacán, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Teziutlán.

Es de vital importancia el cese de la violencia contra nuestras niñas, adolescentes y mujeres, además de eliminar las desigualdades que pueden derivar en factores de riesgo para una vida libre de violencia, para ello, es relevante fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública para identificar, prevenir y sancionar de manera eficiente las acciones de este tipo, que lastiman a una sociedad de oportunidades para todos los sectores poblaciones. 

Garantizar un clima adecuado de pleno crecimiento y desarrollo, constituye una de las prioridades para el Grupo Parlamentario del PRI, de ahí de la relevancia del presente Punto de Acuerdo que tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos acontecidos el pasado 30 de septiembre de 2017 en el que perdió la vida Mariana Fuentes Soto.

Insistimos en la necesidad de contar con una Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, que permitirá ampliar los mecanismos de protección hacia este sector, que durante los últimos dos sexenios, han sufrido constantemente violaciones a sus derechos humanos y transgresiones a sus libertades.

Este panorama de alta vulnerabilidad para las mujeres, debe ser atendido de manera integral, visibilizando esta problemática ya que de no hacerlo, se impide o limita su atención y prevención de manera adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, fortalezca las atribuciones de las instituciones involucradas en la atención de la violencia de género, así como las políticas de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos humanos y feminicidios en la entidad.

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, fortalezca, amplié y de celeridad a las investigaciones emprendidas, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre de 2017 en la colonia Reforma Agua Azul, en el que lamentablemente perdió la vida Mariana Fuentes Soto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Edmundo Velázquez. (2017). Asesinan en Reforma Agua Azul a la alumna de la BUAP, Mariana Fuentes Soto; investigan feminicidio. 02/10/2017, de Periódico Central Sitio web:
http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/feminicidios/item/17885-asesinan-en-prados-agua-azul-a-la-alumna-de-la-buap-mariana-fuentes-soto-investigan-feminicidio

2 Edgar Ávila. (2017). Asesinan a universitaria en aparente asalto en Puebla. 02/10/2017, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-universitaria-en-aparente-asalto-en-puebla






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes para agilizar y garantizar condiciones de seguridad en el abasto de agua en las distintas zonas de las demarcaciones que carecen del suministro del líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre, ante las denuncias de secuestro de unidades y venta ilícita. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En distintas delegaciones que conforman la Ciudad de México, una de las principales problemáticas que enfrentan es el desabasto de agua por fallas e insuficiencia de la infraestructura de las redes hidráulicas, situación que se ha agravado marcadamente desde los sismos acontecidos el 7 y 19 de septiembre de 2017, los que tuvieron repercusiones de diversa índole, entre ellas cientos de fugas de agua.

Lo anterior, ha generado incertidumbre, molestias, conflictos e inconformidades entre los habitantes de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, quienes acusan una mínima o nula reacción por parte de las autoridades capitalinas y delegacionales.

Aunque las autoridades de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco han establecido programas emergentes para la distribución de agua a través de pipas para atender la situación que padecen miles de habitantes de las zonas, son constantes las escenas en las que se observa a los pobladores de las demarcaciones haciendo largas filas o peleando para obtener el líquido vital (incluso a altas horas de la noche), o bien, comprando garrafones en purificadoras. 

Bajo esta misma tesitura, en los últimos días diversos medios de comunicación han dado a conocer que vecinos de distintos poblados y barrios de las demarcaciones en comento han denunciado el robo de camiones con los que se pretende abastecer el agua para zonas que no cuentan con el recurso desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre del año en curso.

Señalan que los casos más graves se reportan en la delegación Tláhuac, donde los conductores de las pipas han sido interceptados por comandos armados y fueron obligados a suministrar el agua en diferentes unidades habitacionales de la demarcación. Asimismo, refieren que una vez que es robado el líquido, los grupos armados llegan a revenderlo hasta en cuatro mil pesos1.

Un caso que da muestra del complejo momento que viven miles de familias capitalinas ocurrió en la Unidad Ermita Zaragoza, ubicada en el oriente de la Ciudad de México, donde según testimonio de vecinos de la zona: “Los vándalos están ya secuestrando pipas, incluso a punta de pistola, y se las llevan a donde la gente les paga entre 30 y 50 pesos por llenarles apenas unos botes”2.

En la misma colonia del oriente de la Ciudad de México, los vecinos han expresado que aunque se colocaron tinacos que sirven como hidrantes, el acceso a los mismos se ha convertido en una disputa entre los habitantes que quieren y necesitan el agua para la satisfacción de necesidades básicas.

Por si esto no fuera suficiente, la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno de la Ciudad y de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, ha hecho que los habitantes de las demarcaciones afectadas emprendan medidas como movilizaciones, protestas y bloqueos de avenidas principales.Para ponderar la gravedad del asunto, lo primero que debemos advertir es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el agua dulce sustenta la vida humana y es vital para la salud, precisando que a nivel mundial millones de personas (principalmente niños) mueren a causa de enfermedades relacionadas con un abastecimiento de agua, higiene o saneamiento inadecuados.

Igual de importante es mencionar que el acceso a agua potable tiene múltiples beneficios que van desde ahorros de costes y tiempos, hasta otros como comodidad, bienestar, dignidad, privacidad y seguridad.3

La propia ONU precisa que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas; que la fuente de agua debe situarse a no más de 1.000 metros del hogar; que el tiempo para el acopio de agua no debe exceder los 30 minutos; y que el coste del agua no debe superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar.4

Por ello, no es extraño que en julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

En el ámbito nacional, la primera porción normativa del sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal establece que: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que en coordinación con las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes para agilizar y garantizar condiciones de seguridad en el abasto de agua en las distintas zonas de las demarcaciones que carecen del suministro del líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre, ante las denuncias de secuestro de unidades y venta ilícita.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/28/se-agudiza-escasez-agua-xochimilco-tlahuac-e-
iztapalapa.html

2 http://www.24-horas.mx/vecinos-de-iztapalapa-disputan-agua-secuestran-pipas-cobran-30-y-50-pesos-por-
tanda-fotos-video/

3 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

4 http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/facts_and_figures_human_right_to_water_spa.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México a solicitar a los delegados de Benito Juárez y Tlalpan que diriman de su cargo durante el periodo que se realicen las investigaciones relacionadas con diversas irregularidades y violaciones que provocaron el colapso de diversas edificaciones en sus demarcaciones, luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, a fin de garantizar la transparencia y objetividad de dicho proceso. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La emergencia derivada del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, evidenció la fortaleza y solidaridad de los mexicanos y la respuesta oportuna del gobierno federal para atender a los damnificados.

Lamentablemente, también quedaron de manifiesto las irregularidades en las que incurrieron diversas constructoras, que con aval de las autoridades de la Ciudad de México incumplieron las normas en materia de construcción. Los resultados de esta red de corrupción son evidentes, edificios nuevos se colapsaron, afectando el patrimonio de cientos de familias y lo que resulta más grave, que estos actos de corrupción tuvieron costos humanos.

Los casos más emblemáticos de estos hechos de corrupción se presentaron en las delegaciones Benito Juárez y Tlalpan. Al respecto, basta mencionar que de acuerdo a cifras de Protección Civil de la Ciudad de México, el 20% de los inmuebles afectados se encuentran ubicados en la delegación Benito Juárez.1 Mientras que en la delegación Tlalpan se presentaron los lamentables hechos del Colegio Rébsamen en el que murieron 19 niños y 8 adultos.

El Residencial San José, ubicado en la Colonia Portales, en la delegación Benito Juárez,  era un inmueble de 6 pisos y 24 departamentos, un edificio nuevo que tan a sólo a nueve meses de haberse inaugurado se colapsó durante el terremoto de 7.1 grados del día 19 de septiembre.

La construcción estuvo a cargo de Canada Building Group, quien prometió a los compradores un edificio de alta tecnología, sustentable y ecológico, sin embargo, luego del sismo quedó evidenciada la ausencia de columnas de resistencia y deficiencias en la ejecución y en los materiales de construcción.  En la misma situación se encuentra el edificio ubicado en Bretaña 90 Col. Zacahuitzco y que fue construido por la empresa  Dijon S.A.P.I de C.V.

El delegado en Benito Juárez, determinó luego de diversas investigaciones y dictámenes técnicos que las constructoras tienen responsabilidad plena en el colapso de los edificios al utilizar materiales de baja calidad, mentir y evadir a la autoridad, situación por la que presentó la denuncia correspondiente.2 

No obstante, las autoridades delegacionales no pueden evadir su responsabilidad en virtud de a éstas les corresponde verificar que las obras se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad aplicable.

El caso más lamentable de esta serie de irregularidades, es el del Colegio Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan. En este caso, destaca que encima de la construcción original de dicha institución educativa, se construyó un departamento de manera ilegal, obras que por lo menos en tres ocasiones fueron clausuradas por autoridades delegacionales y de protección civil por el incumplimiento de las normas en materia de construcción.3 Precisamente en ese lugar fue en donde el edificio se colapsó y en el que los menores y personal de la escuela quedaron atrapados, luego del sismo.

De acuerdo a información del Instituto de Verificación Administrativa, el Colegio operaba de manera indebida, al funcionar con un documento falso que la amparaba para trabajar como escuela, cuando su uso de suelo correspondía a un uso habitacional.4

El Presidente del INVEA, señaló que desde enero de 2017, el Instituto emitió una resolución en la que señalaba que el Colegio violaba el uso de suelo. Además, presentó una denuncia por una presunta falsificación de un certificado de uso de suelo y estableció una multa de casi 110 mil pesos.

Klip Gervitz indicó que no se pudo proceder a la clausura del Colegio, porque éste contaba con un amparo, sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México aseguró que no han emitido sentencia alguna que imposibilitará al INVEA sancionar las violaciones al uso de suelo. 

La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el Colegio Rébsamen contaba con un dictamen realizado en junio de 2017, que confirmaba que cumplía con la normatividad aplicable y que se podrían realizar adecuaciones5, sin embargo, la realidad fue otra y parte del inmueble colapsó el pasado 19 de septiembre.

Si bien es cierto que el Director Responsable de Obra no proporcionó información fidedigna, también lo es que las autoridades delegacionales tenían la responsabilidad de supervisar que las obras una vez finalizadas cumplieran con la normatividad aplicable. El artículo 65 del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México señal que:

Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido deberá ser registrado por la autoridad en el carnet del Director Responsable de Obra y del Corresponsable, en su caso.6

La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 39, fracción II, establece que corresponde a las y los jefes delegacionales de cada demarcación territorial, expedir las licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad correspondiente.

Asimismo, diversos medios de comunicación documentaron que la jefa delegacional en Tlalpan, fue omisa en materia de protección civil, en virtud de que, nunca puso en marcha el Consejo de Protección Civil de la delegación.7

De igual forma el personal de protección civil de la delegación Tlalpan, no cuenta ni con la formación técnica ni con la experiencia necesaria para desempeñar dicho encargo.

En el caso del Colegio Rébsamen, la delegación determinó que esta institución educativa tuviera tres meses para subsanar las irregularidades que presentó en su Programa Interno de Protección Civil, sin embargo, la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, establece un lapso de 5 días hábiles para subsanar las irregularidades.8 De haber cumplido con lo que establece la Ley de Protección Civil, se habrían suspendido las actividades en Colegio Rébsamen.

En este sentido, la delegada señaló lo siguiente: “La delegación Tlalpan solicitó al Rébsamen mejorar en 4 puntos su programa de Protección Civil este año. La escuela no recogió las observaciones, pero como la autoridad tenía hasta finales de octubre para presionar, los dueños estaban en tiempo y forma”9.

Las normas de construcción de la Ciudad de México son de las más rigurosas a nivel internacional, en este sentido, es claro que la complicidad entre las autoridades delegacionales y las inmobiliarias, provocaron que las construcciones en las delegaciones Benito Juárez y Tlalpan colapsaran durante el terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017.

Los legisladores del PRI, consideramos que estos hechos de corrupción de las autoridades delegacionales de Benito Juárez y Tlalpan no deben quedar impunes, por ello, a fin de que se lleve a cabo una investigación objetiva, transparente e imparcial, resulta necesario que se analice la viabilidad de que los responsables de dichas demarcaciones dimitan a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México, para que analice la viabilidad de que los delegados de Benito Juárez y Tlalpan diriman de su cargo, durante el período que se realicen las investigaciones relacionadas con diversas irregularidades y violaciones que provocaron el colapso de edificaciones en sus demarcaciones luego del sismo del pasado 19 de septiembre, a fin de garantizar la transparencia y objetividad de dicho proceso.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 “400 obras están detenidas por suspensión en Benito Juárez”, El Financiero,
<http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/400-obras-estan-detenidas-por-suspension-en-benito-juarez.html> Consultado el 2 de octubre de 2017.

2 “Demandaremos la reparación del daño a los afectados, y sancionaremos a los responsables por engañar a la autoridad y utilizar materiales de construcción de mala calidad”,  Delegación Benito Juárez, Boletín 201, 26 de septiembre de 2017, <http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/demandaremos-la-reparaci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-los-afectados-y-sancionaremos-los-responsables-por-enga%C3%B1ar-la> Consultado el 2 de octubre de 2017.

3 “Permitieron hasta un jacuzzi sobre aulas del Rébsamen” El universal,
>http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/permitieron-hasta-un-jacuzzi-sobre-aulas-del-rebsamen> Consultado el 25 de septiembre de 2017.

4 “Documento falso avaló la construcción del Colegio Rébsamen” Noticiero Televisa, <
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-09-24/vecinos-denunciaron-irregularidades-construccion-colegio-rebsamen/> Consultado el 25 de septiembre de 2017.

5 “Colegio Rébsamen operaba con legalidad, afirma delegada de Tlalpan”, El universal, < http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/colegio-rebsamen-operaba-con-legalidad-afirma-delegada-en-tlalpan> Conusltado el 25 de septiembre de 2017.

6 Reglamento de Construcción de la Ciudad de México,  Artículo 65. El subrayado es nuestro.

7 “Sheinbaum ‘se olvidó’ de Protección Civil en Tlalpan” El Financiero,
<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-no-instalo-consejo-de-proteccion-civil-como-marca-la-ley.html> Consultado el 2 de octubre de 2017.

8 Artículo 90 de la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México.

9 “Sheinbaum ‘se olvidó’ de Protección Civil en Tlalpan” El Financiero,Ibíd.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación al ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 2017 en el Centro de Rehabilitación contra las Adicciones “Uniendo Familias”, donde un grupo de internos fue privado de su vida y otros más resultaron con lesiones graves, a fin de esclarecer el móvil de los hechos y de sancionar a los responsables. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las principales problemáticas que enfrenta el estado de Chihuahua es la relativa al incremento sostenido de la inseguridad y violencia. Para comprender la gravedad y urgencia del asunto, basta señalar que el pasado 26 de septiembre un comando armado atacó el centro de rehabilitación contra las adicciones “Uniendo familias", donde 16 personas murieron (14 en el lugar de los hechos y 2 más mientras eran trasladados al hospital) y 6 personas presentan heridas graves a causa de impactos de armas de grueso calibre1. 

Aunado a lo anterior, es oportuno mencionar que una de las líneas de investigación que se tiene es el crimen organizado, en primer lugar porque el ataque contra 25 personas que se encontraban en el centro de rehabilitación fue cometido por sicarios armados con fusiles de asalto AK-47, y en segundo lugar, porque las autoridades estatales han expresado que es posible que miembros de grupos rivales se refugian en lugares de este tipo.

Lo ocurrido da muestra del repunte de violencia e inseguridad, así como de conflictos entre organizaciones criminales que se ha presentado durante el último año. En los primeros ocho meses de 2017 se reporta un incremento del 73% respecto al mismo periodo del año anterior. Según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 se presentaron 733 denuncias por homicidio doloso, mientras que en 2017 el número es de 1 mil 2652.   

Aunado a lo anterior, con base a cifras de Semáforo Delictivo, mientras que de enero a junio de 2016 hubo 512 homicidios en la entidad, en el mismo periodo de 2017 la cifra es de 7933. La propia organización señala que en el mes de agosto la cifra de homicidios en el estado de Chihuahua asciende a 1194.

Por otro lado, llama la atención que en la misma tesitura, tan sólo en el mes de septiembre de 2017 (hasta el 25), se refiere que la Fiscalía General del Estado ha expresado que se llevan registrados 142 homicidios en la entidad (127 de hombres y 15 de mujeres5.

Además, los hechos motivo del presente punto de acuerdo se suman a múltiples casos ocurridos en la actual administración, donde una cuestión a destacar es el incremento de delitos denominados de alto impacto como: secuestros y extorsiones. Por si esto no fuera suficiente, con antelación a los hechos que motivan el presente punto de acuerdo, en Chihuahua han acontecido distintas jornadas de violencia de esta naturaleza, como ejemplo tenemos los siguientes:

• El 19 de septiembre de 2017, producto de una de las jornadas más violentas en la entidad, en diferentes sectores de la capital de la entidad, Ciudad Juárez y municipios aledaños, 24 personas fueron asesinadas en un lapso de 24 horas (entre ellas seis mujeres)6. 

• Entre el 21 y 22 de septiembre de 2017, hubo 13 ejecuciones en el estado de Chihuahua. Dichos homicidios ocurrieron en distintos sitios, como escuelas, domicilios particulares y vialidades de la entidad7.

• El 22 de septiembre de 2017, medios locales dieron a conocer que en menos de 24 horas fueron ejecutadas 17 personas (seis en Ciudad Juárez y el resto en distintas demarcaciones de la entidad). Precisan que dichas acciones obedecen a una disputa entre organizaciones criminales8.

Las cifras y acontecimientos en comento dejan de manifiesto una problemática que debe ser atendida de manera integral y desde todas sus aristas: la seguridad pública, con especial atención en la comisión de homicidios.

La pertinencia del exhorto tiene como base el artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, precepto que señala que la seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Asimismo, indica que comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo. Para ello, el gobierno del estado tiene la responsabilidad de combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, desarrollando políticas, programas y acciones para fomentar valores que induzcan a la legalidad, es ahí donde radica la pertinencia del presente asunto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que en el ámbito de sus funciones y a través de la Fiscalía General de la entidad, con celeridad, profesionalismo, eficacia y respeto a los derechos humanos, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación al ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 2017 en el centro de rehabilitación contra las adicciones “Uniendo familias”, donde un grupo de internos fue privado de su vida y otros más resultaron con lesiones graves, a fin de esclarecer el móvil de los hechos y de sancionar a los responsables.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

http://www.eluniversal.com.mx/estados/ataque-centro-de-rehabilitacion-en-chihuahua-deja-16-muertos

 https://www.debate.com.mx/mexico/Incrementan-los-casos-de-homicidios-en-Chihuahua-20170906-0044.html

http://chihuahua.semaforo.com.mx/

http://www.semaforo.com.mx/

http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2017/09/25/suman-142-homicidios-este-mes-en-el-estado/

http://www.proceso.com.mx/503769/jornada-violenta-en-chihuahua-deja-24-asesinatos-en-24-horas

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/asesinan-a-13-en-chihuahua-en-24-hrs

https://www.debate.com.mx/policiacas/Reportan-17-personas-ejecutadas-en-Chihuahua-20170922-0338.html






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones e irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan en el otorgamiento de permisos de construcción que permitieron la proliferación de inmuebles que presumiblemente no cumplían con la normatividad aplicable y que colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 y 23 de septiembre de 2017. Se turna a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre evidenció una problemática que en reiteradas ocasiones hemos señalado desde el Senado de la República y que se refiere a la proliferación de desarrollos que incumplen con los requerimientos de las normas de construcción1; no obstante, las autoridades de la Ciudad de México han sido omisas ante dicha situación.2

Las irregularidades tuvieron como consecuencia no solo que cientos de familias perdieran su patrimonio, sino también que lamentablemente decenas de personas fallecieran.

Tal es el caso de del Residencial San José, ubicado en la Colonia Portales, en la Delegación Benito Juárez, un inmueble de 6 pisos y 24 departamentos, un edificio nuevo que tan a sólo a nueve meses de haberse inaugurado se colapsó, luego del terremoto de 7.1 grados del día 19 de septiembre.

La construcción estuvo a cargo de Canada Building Group, quien prometió a los compradores un edificio de alta tecnología, sustentable y ecológico, sin embargo, luego del sismo quedó evidenciada la ausencia de columnas de resistencia y deficiencias en la ejecución y en los materiales de construcción.3 En la misma situación se encuentra el edificio ubicado en Bretaña 90 Col. Zacahuitzco y que fue construido por la empresa Dijon S.A.P.I de C.V.

El delegado en Benito Juárez, determinó luego de  diversas investigaciones y dictámenes técnicos que las constructoras tienen responsabilidad plena en el colapso de los edificios al utilizar materiales de baja calidad, mentir y evadir a la autoridad, situación por la que presentó la denuncia correspondiente.4

No obstante, las autoridades delegacionales no pueden evadir su responsabilidad en virtud de que les corresponde verificar que las obras se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad aplicable:

Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido deberá ser registrado por la autoridad en el carnet del Director Responsable de Obra y del Corresponsable, en su caso.5

El caso del Residencial Grand Insurgentes, ubicado en Insurgentes 1260, en la colonia Calputitlán delegación Gustavo A. Madero, es otro caso emblemático de corrupción. El edificio construido hace 4 años, se encuentra en riesgo de colapsarse.

La empresa que se encargó de la venta de los departamentos, Promotora Inmobiliaria Dekah, es propiedad de Simón Neumann Landenzon, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y hoy asesor del Centro de Transferencia Modal (Centram). Su socio es Fausto Ernesto Galván Escobar, actual coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad en la Secretaría de Desarrollo Económico.6

En la Delegación Tlalpan, se presentó el lamentable caso del Colegio Rebsamén, en el que murieron 19 niños y 7 adultos al derrumbarse parte de las instalaciones, que habían sido remodeladas recientemente y en las que se presentaron diversas irregularidades, como la falsificación de documentos para poder llevar a cabo las obras y sin que las autoridades delegacionales pudieran identificar dicha problemática.

Luego del terrible terremoto del año de 1985, se  instrumentaron reglas más estrictas en materia de construcción. En opinión del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Arturo Bautista Lozano, en el caso de los departamentos nuevos que colapsaron, es evidente que “hubo alguien que falló”.7 

En este sentido, resulta claro que en el caso de los inmuebles nuevos que colapsaron ante el terremoto, hubo incumplimiento de la normatividad en materia de construcción, situación por la que se deben deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, investigue posibles omisiones  e irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan en el otorgamiento de permisos de construcción que permitieron la proliferación de inmuebles que presumiblemente no cumplían con la normatividad aplicable y que colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 y 23  de septiembre de 2017.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que inicie una investigación por un presunto conflicto de interés por parte de exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que comercializaron el inmueble  Residencial Grand Insurgentes, que resultó gravemente afectado luego de los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable en la materia, 17 de mayo de 2017, < http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71222> Consultado el 27 de septiembre de 2017.

2 “Ignoraron exhorto a revisar edificios; Congreso pidió informe a delegaciones”, Excélsior, < http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/26/1190664> Consultado el 27 de septiembre de 2017.

3 “Edificio nuevo se desplomó durante el sismo en CDMX”, UNO TV, < http://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/edificio-nuevo-se-desplomo-durante-el-sismo-en-cdmx-165260/>  Consultado el 27 de septiembre de 2017.

4

5 Reglamento de Construcción de la Ciudad de México,  Artículo 65. El subrayado es nuestro.

6 “Colaboradores de Mancera vendieron edificio afectado por sismo”, La Silla rota, < https://lasillarota.com/amp/metropoli/colaboradores-de-mancera-vendieron-edificio-afectado-por-sismo/178642> Consultado el 27 de septiembre de 2017.

7 “Piden castigo para inmobiliarias”, El Universal, < http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/piden-castigo-para-inmobiliarias> Conusltado el 27 de septiembre de 2017.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 30 de septiembre en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 30 de spetiembre, un ataque terrorista fue perpetrado en Edmonton, capital de la provincia de Alberta, en Canadá y ha dejado como saldo a cinco personas heridas.

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, condenó el acto y confirmó que se trataba de un atentado terrorista. Manifestó sentirse extremadamente preocupado e indignado por esta tragedia y señaló: “no podemos dejar, ni dejaremos, que el extremismo violento enraíce en nuestra comunidad”.

El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el ataque terrorista expresando su solidaridad al pueblo y al Gobierno de Canadá, así como la pronta recuperación de los heridos. También, reiteró su condena a cualquier acto terrorista, en todas sus formas y manifestaciones.

El terrorismo se ha convertido en una práctica que se ha intensificado en los últimos años, flagelando a diversas sociedades, para crear pánico y perturbar la vida de las personas. Constituye un serio desafío no solo para las naciones en las que dichos acontecimientos se han llevado a cabo, sino también una práctica que se ha generalizado en diversos países amenazando la paz y estabilidad mundiales ya que fragmenta a las sociedades.

Los actos terroristas son expresiones de intolerancia ya que rechazan el valor y la dignidad humanas, tienen efectos reales y directos contra los derechos fundamentales básicos como la seguridad, el desarrollo económico y social, la dignidad y el derecho a la vida misma.

El terrorismo coacciona a sociedades y gobiernos ya que hace empleo del uso de medios violentos por parte de individuos o grupos, con ideologías radicales y actos extremistas que deben condenarse en todo momento. Además, altera las bases de la cooperación, la democracia y la libre expresión, ideas centrales sobre las cuales se asientan las sociedades modernas. La lucha contra las acciones violentas que  detenta el terrorismo constituye un compromiso social para preservar la paz y seguridad mundial.

Las consecuencias que generan estos actos son adversas para el desarrollo económico y social de los Estados ya que son perpetrados por grupos que tienen vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y de dinero. La estabilidad y vida cotidiana de las personas se ven afectadas ante la percepción de amenaza.

El respeto de los derechos humanos y el mantenimiento del Estado de Derecho son violentados por actos terroristas, por ello, deben constituir la base fundamental de la lucha contra esta amenaza global. Su erradicación demanda y exige la formulación de estrategias nacionales y la cooperación internacional entre gobiernos, además, la comunidad debe combatir todas las manifestaciones de violencia terrorista con el objeto de garantizar su estabilidad, desarrollo y convivencia en paz.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República expresa su más enérgica condena por al atentado terrorista del 1° de octubre en Edmonton, Canadá quedejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y Gobierno de ese país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama”, intensifiquen las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de este padecimiento. Se turna a la Comisión de Salud.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES.

El derecho a la protección de la salud, es uno de los objetivos prioritarios del Senado de la República. Estamos convencidos de que, la prevención es el principal instrumento para garantizar a la población mexicana, la satisfacción y acceso a este derecho fundamental.

El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, el cual provoca que un grupo de células crezcan de manera desordenada e independiente y tiende a invadir los tejidos que lo rodean, e incluso puede expandirse a órganos distantes. Datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que cada año se detectan cerca de 1millón 400 mil nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de mama.

A nivel nacional, de acuerdo con datos estimados de defunciones de la Secretaría de Salud, en 2015 ocurrieron 5 mil 974 defunciones por cáncer de mama y 4 mil 056 defunciones por cáncer cérvicouterino. Estas cifras se traducen en una tasa de mortalidad de 18 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más de edad para el primero, y de 11.5 para el segundo.1

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que ni la diabetes, ni la hipertensión, ni siquiera el VIH cobran más vidas femeninas que el propio cáncer de mama.

Estimaciones del IMSS señalan que la incidencia de cáncer de mama es de 22 por cada 100,000 mujeres, cifra por debajo de los 35 casos promedio de la OMS, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en el IMSS y la cuarta de mayor gasto, con 3 mil 143 millones de pesos en 2016.

Resulta preocupante que aunque las cifras de incidencia más altas de esta enfermedad se observan en los países desarrollados, el mayor porcentaje de la mortalidad por cáncer ocurre en las naciones en vías de desarrollo, lo cual evidencia una falta de detección oportuna.

Es impostergable intensificar las acciones y campañas que coadyuven a sensibilizar y tomar conciencia sobre esta problemática, sobre todo, cuando todavía existen estimaciones que señalan que en el año 2030 se presentaran cerca de 600 mil nuevos casos y alrededor de 142 mil muertes a consecuencia del cáncer de mama.

A fin de visibilizar esta problemática y concientizar sobre la detección oportuna, el tratamiento y los cuidados necesarios para prevenir la muerte por esta enfermedad, durante octubre se lleva a cabo el “Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama”, espacio en el que se invita a la población a portar un listón o moño Rosa que representa el símbolo de la solidaridad y apoyo para las mujeres que tienen dicho padecimiento.

La detección oportuna del cáncer de mama, es sin duda, el aspecto más importante contra esta enfermedad y aumenta la probabilidad de curación. Al respecto, la NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, señala tres herramientas básicas para la oportuna detección del cáncer de mama: la autoexploración que debe iniciarse a partir de los 20 años de forma mensual; el examen clínico a partir de los 25 años de forma anual; y la mastografía en mujeres de 40 a 69 años cada dos años.

Además, el estudio Factores de riesgo de cáncer de mama en México: patrones mamográficos, péptido C y factores de crecimiento señalan diversos factores que pueden propiciar o reducir el riesgo de padecer esta enfermedad:

• La práctica de alguna actividad física  moderada al menos tres horas al día protege contra el padecimiento a mujeres tanto pre como posmenopáusicas.

• El consumo de alcohol aumenta las posibilidades de sufrir esta enfermedad sin importar la edad.

• Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus tienen el doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama.

• Las mujeres que han recibido tratamiento hormonal por más de 5 años  tienen el doble de posibilidad de sufrir esta enfermedad.

• La ganancia de peso corporal después de la menopausia también constituye un factor de riesgo.

Por otra parte, cabe señalar que la mortalidad por causa del cáncer de mama es más elevada conforme aumenta la edad. La tasa de mortalidad por cada 100 mil mujeres para  el grupo poblacional de 25 a 49 años es de 7.2, mientras para el  rango de edad de 50 a 64 es de 31 y de 45.9 para las mujeres mayores de 65 años. Por lo anterior, resulta apremiante que las mujeres que por su edad son más propensas a padecer este tipo de cáncer, adopten una cultura de la prevención que les permita detectar de manera precoz este padecimiento.

Existe evidencia que permite afirmar que la realización regular de mastografías ayuda a reducir la mortalidad por cáncer de mama en 16%, en virtud de que permite identificar de manera precoz pequeñas células cancerígenas que no son perceptibles con la autoexploración.

Los legisladores del PRI, reconocemos los esfuerzos institucionales del gobierno federal para combatir de manera efectiva la prevalencia de este padecimiento. Entre las políticas realizadas destaca que, se impartieron 1 millón 311 mil 850 cursos sobre temas relacionados con diversos temas de salud, entre ellos la detección de cáncer de mama.

Celebramos  que en lo que va de la administración se han realizado más de 10 millones de mastografías a mujeres de 40 a 69 años de edad en las instituciones del sector salud. No obstante, resulta imprescindible redoblar los esfuerzos en la materia a fin de reducir y eventualmente erradicar la prevalencia de este padecimiento.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las mujeres mexicanas, por ello en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama” las exhortamos a consolidar una cultura de la prevención que se traduzca en la adopción de medidas regulares  para la detección oportuna del cáncer de mama tales como: la autoexploración, el examen clínico y la mastografías, acciones que sin duda coadyuvaran a reducir los índices de mortalidad provocados por el cáncer de mama.

Durante 2016 el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) ejerció 8 mil 253.7 millones de pesos para la atención de 129 mil 837 casos validados, entre los que destacan 3 mil 513 de cáncer cérvico-uterino (105.9 millones de pesos); 10 mil 226 de cáncer de mama (2,198.8 millones de pesos); y 20 mil 316 casos de cuidados intensivos neonatales (952.9 millones de pesos).

Asimismo, consideramos que las Instituciones de Salud del Estado mexicano deben de implementar o incrementar las acciones que permitan un mayor acceso a los servicios de salud para la prevención y atención del cáncer de mama. Así como una amplia campaña informativa que permita conocer las medidas que coadyuven a una detección oportuna de esta enfermedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del “Mes de sensibilización del cáncer de mama”, intensifiquen las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de este padecimiento.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Quinto informe de gobierno, Gobierno de la República, <https://www.gob.mx/lobuenocuenta/> Consultado el 2 de octubre de 2017.





Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, en coordinación con las autoridades de las entidades federativas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, refuercen la seguridad en el tramo carretero “Amozoc-Perote”, con el propósito de combatir la delincuencia organizada y protección oportuna a los usuarios. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar un Programa Regional Emergente de Fijación, Verificación y Control de Precios en las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después del embate de la naturaleza, traducido en dos fuertes sismos que sacudieron amplias regiones de nuestro país, toca el turno de la sociedad mexicana para organizarse y emprender diversas acciones que coadyuven a revertir, en el menor tiempo posible, los inmensos daños materiales y la irreparable pérdida de vidas humanas a de estos devastadores sucesos.

La gravedad de lo sucedido el 7 y 19 de septiembre, aún no termina de contarse; pese a censos, recuento de daños, estimación de costos y la ayuda solidaria de toda una sociedad civil que se volcó a prestar auxilio ante la emergencia, la reconstrucción será fuerte, costosa y dolorosa.

De manera preliminar se han dado a conocer algunos cálculos sobre los costos de la tragedia. El gobierno federal ha estimado en 38, 000 millones de pesos la reconstrucción de las zonas afectadas, dichos recursos serán empleados para reparar y reconstruir casas, escuelas y edificios. Los daños a la infraestructura educativa y cultural del país se estiman en 13 mil y 8 mil millones de pesos, respectivamente.1

Los censos en las Entidades Federativas continúan, excepto en Oaxaca y Chiapas, en donde se ha dado a conocer daños en 120 mil viviendas y más de 7 mil comercios en ambos estados.  Para Oaxaca y Chiapas se tiene contemplado en un primer esfuerzo de 8 mil millones de pesos en apoyos federales y estatales, los cuales serán ministrados vía monederos electrónicos, de la siguiente manera:

• “En el caso de daño parcial, se recibirá una tarjeta bancaria por 15 mil pesos para usarlos en la reparación (materiales, mano de obra o autoempleo).

• En el caso de aquellas viviendas que tuvieron daños mayores, eventualmente se hará un depósito adicional.

• Si se trata de daño total, el apoyo será de 120 mil pesos por vivienda en cuatro ministraciones: octubre, noviembre, diciembre y enero.

• En estos casos se entregarán dos tarjetas, una exclusivamente para adquisición de materiales y otra para cubrir otros gastos de reparación. En total, serán 90 mil pesos para materiales y 30 mil para cubrir otros gastos como mano de obra”.2

En suma, cada familia afectada estaría recibido 30 mil pesos por daños parciales y 120 mil pesos en caso de haber sufrido afectaciones totales en sus viviendas, ya sea para cubrir gastos por adquisición de materiales, mano de obra o auto empleo.

Respecto a los estados de Morelos, México, Guerrero y Puebla se aplicarán los mismos mecanismos de ayuda y solventación de daños, en la medida que se actualicen y se cuente con la certeza de censos definitivos. De esta manera, se pretende que los propios damnificados administren los recursos que les servirán para recuperar parte de su patrimonio.

Ante las múltiples necesidades por hechos ocurridos, éste es un esfuerzo de la sociedad civil y del gobierno por recuperar la tranquilidad y normalidad de miles de familias mexicanas, sin embrago debemos estar alerta, ante quienes pretendan sacar provecho de la desgracia, y con el pretexto de la escases realicen alzas indiscriminadas de precios a alimentos de la canasta básica, medicamentos, materiales para la construcción, enseres domésticos, y en general bienes y servicios de primera necesidad en las zonas afectadas.

El Banco de México ha señalado que los efectos inflacionarios por los dos terremotos acontecidos en nuestro país en el mes de septiembre serán temporales y moderados, por lo tanto, la actividad económica a mediano y largo plazo no se verán alteradas de manera importante.3

En este sentido, cualquier situación acaparamiento, alza de precios injustificada o acuerdo entre productores y comerciantes para obtener una ganancia indebida deberá ser sancionado enérgicamente, pues ente una emergencia nacional no podemos permitir que se registren este tipo de hechos tan lamentables y lastimosos para nuestra sociedad.

Debemos ir un paso adelante en la protección y apoyo de los miles de damnificados en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Ciudad de México y Guerrero, y generar acciones que propicien cero impacto inflacionario en las economías de dichas Entidades Federativas.

Para tal efecto, se propone al Ejecutivo Federal instrumente un Programa Regional de Fijación, Verificación y Control de Precios en las entidades federativas facetadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año. El programa es viable porque tiene sustento en las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 28 fracción tercera, dispone que las leyes fijaran basases sobre artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular; normaran la organización en la distribución de esos artículos, materias y productos para evitar intermediaciones excesivas que provoquen desabasto y alza de precios; y señala la protección de los consumidores ante prácticas de abuso.

En abono a lo dispuesto por la norma constitucional, la ley Federal de Competencia en su artículo noveno, estable que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), bajo la Secretaría de Economía será la responsable de la inspección, vigilancia y sanción de los precios que se determinados para bienes y servicios. De igual modo, la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga a la Profeco la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por autoridad competente.

El programa, además de la verificación de precios, deberá abordar los estándares de calidad de las normas oficiales correspondientes y los análisis de los productos y servicios ofertados.

La verificación tendrá que ser muy específica y estricta, en los productos de consumo generalizado y de la canasta básica, de igual manera en los insumos y materiales para la construcción.

La situación actual por la que a traviesa nuestro país, nos obliga a actuar con responsabilidad y contundencia, por ello queda legítimamente acreditado que los insumos y materias para construcción en las zonas de desastre son un elemento de primera necesidad, que garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos es de primera necesidad y primordial para miles de familias afectadas; que los enseres domésticos, muebles y demás utensilios para el hogar, en tragedias como ésta, son de primera necesidad; y de igual manera, los servicios públicos como luz, agua y transportes son de primera necesidad.

Para que llegue a buen puerto esta propuesta, es necesario contar con la participación de las cámaras de comercio, de las cámaras de la industria de la construcción y de las organizaciones de tiendas de autoservicios, minoristas y departamentales, en aras de formar un solo frente común en beneficios de nuestros hermanos mexicanos que hoy están pasando por una situación grave y complicada.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto a la consideración de éste Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, instrumente un Programa Regional Emergente de Fijación, Verificación y Control de Precios en las Entidades Federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, con vigencia hasta el 31 de enero de 2018.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a utilizar todos los esfuerzos institucionales a su alcance para generar acuerdos con las distintas cámaras, organizaciones y asociaciones de comercio en aras de mantener mantener los precios de los bienes de consumo general, canasta básica y materiales e insumos para la construcción en los niveles ofertados hasta el 19 de septiembre de 2017.     

Tercero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, en caso de ser aprobado el programa descrito en el punto primero, que los precios sean fijados conforme al Índice  Nacional precios al Consumidor del mes de septiembre, publicado por el INEGI.

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Banco de México, en caso de ser  aprobado el programa descrito en el punto primero, medir de manera puntual la inflación registrada en los estados afectados por los sismos durante la vigencia del programa.

Senado de la República, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Oscar Román Rosas González.

1 Presidencia de la República. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones-para-la-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?idiom=es

2 Presidencia de la República. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mas-de-7-mil-mdp-se-destinaran-para-reconstruccion-de-viviendas-en-chiapas-y-oaxaca?idiom=es

3 Banco de México. Comunicado de Prensa. Disponible en:
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B58AAB8F9-D31E-2922-1738-BA45DC9FE59B%7D.pdf






Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario luctuoso de Don Belisario Domínguez Palencia.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del Aniversario Luctuoso de
Don Belisario Domínguez Palencia

El 7 de octubre conmemoramos el Aniversario Luctuoso del Doctor Belisario Domínguez Palencia, quien con sus palabras y sus obras honró a Chiapas y a México entero al defender los más elevados y nobles intereses de nuestra Nación.

Don Belisario Domínguez nació en la Ciudad de Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863, siendo sus progenitores Don Cleofás Domínguez y Doña Pilar Palencia; el primero oriundo de Comitán y la segunda de la capital de la República de Guatemala. Narran los historiadores que su árbol genealógico cuenta con ramas de verdadero mérito; pues sus antepasados fueron de abolengo humilde; pero siempre militaron en las filas del liberalismo. Entre ellos citaremos al General José Pantaleón Domínguez quien desempeñó el cargo de Gobernador del Estado de Chiapas, habiendo sido jefe también de batallón de chiapanecos que, combatió con el Ejército de Oriente a los invasores franceses, bajo las órdenes del valiente General Mariano Escobedo1.

El Senador Belisario Domínguez fue asesinado por el Gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta el día 7 de octubre de 1913 después de su enérgico discurso pronunciado en el Senado el día 23 de septiembre, mismo que no fue incluido en el Diario de los Debates, pero sí significó, junto con el segundo discurso del día 29 del mismo mes, la defensa de la legalidad y los ideales de la libertad y la justicia y la trágica muerte del ilustre legislador.

En sus discursos, Don Belisario Domínguez hace un diagnóstico de la fatídica situación en la que se encontraba el país durante el gobierno de Huerta, destacando que la República se encontraba peor que antes: La Revolución se había extendido a casi todos los estados; así también, muchas naciones amigas se rehusaban a reconocer el gobierno del dictador. Más aún, la moneda mexicana se encontraba depreciada y el crédito para reactivar la actividad económica estaba agonizando. El Senador, mártir de la libertad de expresión, consideraba que el gobierno usurpador de Huerta tenía amordazada a la prensa o la tenía comprada, por lo que de manera sistemática se le ocultaba la verdad al pueblo de México. Los campos y los pueblos se encontraban abandonados y arrasados y el hambre y la miseria amenazaba con extenderse por toda la superficie de la Patria. Belisario Domínguez atribuía esa caótica situación en la que vivía nuestro país al afán loco de conservar el poder de un asesino y traidor como lo fue Victoriano Huerta2.

Es ilustrativa la narrativa que realizó Vicente Quirarte, en su libro “Belisario Domínguez”, publicado en el primer centenario de su muerte sobre los momentos que el legislador chiapaneco vivió durante el momento de su aprehensión y el momento de su muerte:

“Hombres torvos y armados y embrutecidos por el alcohol irrumpieron en su cuarto en el Hotel Jardín. Los golpes, los insultos, la llegada a un consultorio médico donde se dice le cercenaron la lengua. El dolor debe haber sido tan intenso que no lastimaba.

Cuando llegaron al Panteón de Xoco, en Coyoacán, supo que sus días habían llegado a su fin. Las balas que matan no se sienten. Por los actos de su vida, podemos estar seguros que no pidió clemencia a sus verdugos3

En el Aniversario Luctuoso del prócer de la Patria, Don Belisario Domínguez Palencia, tengo a bien parafrasear las palabras del Dr. Eduardo Román, pronunciadas el 3 de septiembre de 1914 ante el H. Ayuntamiento de Comitán, como una fuente viva y permanente de inspiración para seguir perfeccionando nuestras vidas basándonos en el legado que nos dejó las enseñanzas el Benemérito de Comitán, “El hijo modelo, el hermano incomparable, el padre ejemplar, el filántropo todo dulzura, el ciudadano altamente patriota, el sublime mártir”4.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.conecultachiapas.gob.mx/Publications/view/92

2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2714/14.pdf

3 http://www.imer.mx/rmi/la-muerte-de-belisario-dominguez-la-vida-de-sus-palabras/

4 http://www.conecultachiapas.gob.mx/Publications/view/92






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de los Docentes”.

EFEMERIDE

Día Mundial de los Docentes
5 de octubre

Como todos los años, el 5 de octubre se celebra, desde 1994, el Día Mundial de los Docentes, que conmemora la Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966), cuyo 50° aniversario fue celebrado el año pasado.

La Resolución de 1966 constituye el marco de referencia fundamental para abordar los derechos y las responsabilidades de los docentes a escala mundial.

Este día pone de relieve el hecho de que los docentes deben ser empoderados como paso decisivo en la consecución de la educación de calidad y las sociedades sostenibles. 

Es un hecho reconocido que los docentes no sólo son un medio de alcanzar los objetivos de la educación; son también la llave de la sostenibilidad y la capacidad nacional para lograr el aprendizaje y crear sociedades basadas en el conocimiento, los valores y la ética. Pero los docentes siguen afrontando los problemas derivados de la falta de personal, la escasa capacitación y la baja consideración social.

El Instituto de Estadística de la Unesco calcula que para alcanzar el objetivo de la educación primaria universal de aquí a 2020 los países necesitarán contratar a un total de 12,6 millones de maestros de primaria.

El Día Mundial de los Docentes de 2017 tendrá como tema “Enseñar en libertad, empoderar a los docentes” haciéndose eco del tema de la edición de 2015 el cual quedó definido con motivo de la aprobación, en septiembre de 2015, de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y reafirmó que el empoderamiento de los docentes constituía la prioridad principal entre todas las estrategias de desarrollo y educación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de los Guardabosques”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de los Guardabosques

Con su venia Presidente,

México cuenta con una cubierta vegetal del 71.2% es decir con 138.4 millones de hectáreas. De esta cobertura el 40.8% corresponde a vegetación de zonas áridas, 24.6% a bosques templados y 22.9% a selvas.

De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los bosques más grandes se encuentran en Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco.

El Atlas de Propiedad Social y Servicios Ambientales 2012, del Registro Agrario Nacional, establece la existencia de 15,584 núcleos agrarios, con superficies mayores a 200 hectáreas de extensión, quienes tienen la propiedad de 62.6 millones de hectáreas de bosques, selvas y vegetación forestal de zonas áridas, lo que equivale a un 45% de la superficie forestal del país1. Lo cual, hace necesario involucrar a las comunidades que viven de los recursos forestales para su cuidado y bienestar.

Recordemos que los ecosistemas forestales son uno de los principales sumideros mundiales de carbono por su capacidad de capturar el CO2 atmosférico. Se estima que los bosques del planeta almacenan unas 296 (gigatoneladas) de carbono en la biomasa, tanto por encima como por debajo del suelo, la cual contiene casi el 50% del carbono que se almacena en los bosques.

Los procesos de deforestación y degradación contribuyen a que los ecosistemas forestales pierdan su condición de captores de CO2, contribuyendo así al cambio climático.

La pérdida de los bosques en México, ha sido causada por diversos factores, siendo la tala ilegal la principal causa, seguida por la transformación de bosques a zonas de cultivo.

Por ello, nuestro país ha realizado diversas acciones para proteger nuestros recursos forestales, como la creación de las Áreas Naturales Protegidas, la creación de bancos de germoplasma y el involucramiento de los dueños de las zonas boscosas para proteger sus recursos forestales.

En este sentido, los guardabosques son personas que en muchas ocasiones como voluntarios cuidan de los bosques y las selvas nuestro país, para garantizar la supervivencia de sus recursos naturales.

Son la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal, las que habitan a los guardabosques y guardaparques con el fin de realizar recorridos de vigilancia dentro de las zonas forestales para detectar asentamientos irregulares, extracción de material geológico, flora y fauna, así como posibles ilícitos para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda a la investigación de los delitos de construcciones irregulares, cambios de uso de suelo, tala clandestina, cacería y extracción de diversos materiales naturales, entre otros.

El 9 de octubre, se celebra el día internacional de los Guardabosques, instituido por la Federación Internacional del Guardabosques, con la finalidad de reconocer su labor y los riesgos que enfrentan al combatir las afectación del nuestra vegetación natural, como los incendios forestales.

La celebración de este 9 de octubre se alinea con el día mundial de los Guardabosques del 31 de julio. En donde se rinden honores a los guardabosques de todo el mundo que han resultado heridos o perdido la vida en el desempeño de su función.

Los guardabosques día a día arriesgan su integridad física, debido al comercio ilegal de especies silvestres y el involucramiento del crimen organizado en nuestros bosques.

En este día, los Legisladores del Partido Verde queremos reconocer el trabajo de todas aquellas personas que cuidan nuestros recursos forestales y acompañamos sus esfuerzos para proteger y resguardar recursos naturales y patrimonio cultural para las generaciones presentes y futura.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

1 Estrategia Nacional REDD+ 2017-2030





Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 43 aniversario de la Erección del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

EFEMÉRIDE

Para referirse a la Conmemoración del
43 Aniversario de la Erección del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

El 8 de octubre de 1974 es una fecha que todos los sudcalifornianos recordamos con orgullo, ya que fue esa la fecha en la que el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, declaró al Territorio Federal de Baja California Sur como Estado Libre y Soberano.

A partir de la Independencia, las Californias realizaron los primeros intentos de organización política, siendo en la Constitución Política de 1824 el instrumento jurídico en el que se determinó que se integrarían en un solo territorio con un gobernador en Loreto; estableciéndose así una diputación territorial.

En 1837 las Californias formaron parte de un departamento que comprendió la Baja y la Alta California. En 1846 al restablecerse el sistema federal, se integró por primera vez el estado de las Californias, el cual desapareció al año siguiente, conformándose los territorios independientes de Baja California y Alta California.

En 1888 fueron constituidos en la Baja California dos distritos, el norte y el sur, mismos que eran presididos cada uno de ellos por un gobernador designado por el Ejecutivo Federal, forma de organización política que se mantuvo hasta 1931, en que ambos distritos adquirieron la categoría de territorios, divididos entre sí por el paralelo 28.

En el periodo comprendido de 1824 hasta 1931, ya se contaba con una organización de carácter municipal que evolucionaba constantemente, hasta integrarse los municipios de San José del Cabo, Santiago, San Antonio, Todos Santos, La Paz, Comondú y Mulegé, mismos que fueron ratificados subsiguientemente al Movimiento Revolucionario.

Durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, se decretó la existencia de la zona libre, disposición presidencial que contribuyó a la promoción del desarrollo en el Territorio y permitió años después, la consolidación del comercio de productos de importación para 1982.

En la década de los sesenta, los habitantes del territorio de la Baja California Sur, iniciaron un movimiento político de suma relevancia, mediante el cual buscaban la mayor integración política y económica del Territorio, conformando el Frente de Unificación Sudcaliforniana.

Dicha movilización de sudcalifornianos trajo consigo como resultado que el entonces presidente de la República, el Licenciado Luis Echeverría Álvarez enviara una iniciativa al Honorable Congreso de la Unión, la cual pretendía declarar al Territorio Federal de Baja California Sur como un Estado Libre y Soberano, iniciativa que fue aprobada el 04 de octubre de 1974.

Para este periodo, Baja California Sur, había alcanzado destacados avances en materia de comunicaciones, pues se impulsó la navegación aérea y se inauguró la primer ruta del transbordador La Paz-Mazatlán, se inició formalmente la pavimentación de la carretera transpeninsular, comenzaron los trabajos de electrificación, fueron creados diversos órganos de gobierno que promovían la cultura y el desarrollo económico, así mismo, se lograron diversificar las actividades tales como la agricultura y la ganadería, mismas que en un principio eran de auto consumo, destacando el comercio, el turismo y el desarrollo industrial en algunas regiones del territorio.

El hoy estado de Baja California Sur, en su historia como Territorio Federal fue gobernado, por grandes hombres que, si bien la mayoría no eran originarios de esa tierra, si entregaron lo mejor de sus conocimientos y habilidades en beneficio de los sudcalifornianos, tal como lo hizo General Francisco J. Mújica.

Una vez que Baja California Sur fue decretado el estado número 30 de la República Mexicana, el primer gobierno fue el que estaba a cargo del Licenciado Ángel César Mendoza Áramburo, quien consolidó la pirámide educacional con la creación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

En virtud de lo anterior, las y los Senadores integrantes de la LXIII Legislatura, se congratulan por el 43 Aniversario de la Erección del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Ricardo Barroso Agramont.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre la promulgación del Decreto por el que se eleva a categoría de Estados de la Federación a Baja California Sur y Quintana Roo.

EFEMÉRIDE

Sobre el Decreto mediante el cual se eleva a categoría de Estados de la Federación a Baja California Sur y Quintana Roo.

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:

Este domingo 8 de octubre de 2017 celebramos un aniversario más de la publicación del decreto oficial que reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se eleva a categoría de “Estados de la Federación” a los dos últimos territorios federales: Baja California Sur y Quintana Roo. Estados con características similares pues ambos están situados en zona peninsular.

Baja California Sur y Quinta Roo, antes de ser declarados estados libres y soberados, hace 43 años eran territorios que recibían recursos económicos de la Federación, además su gobierno interior era responsabilidad del Ejecutivo Federal.

La Historia de Baja California Sur nos muestra el largo camino que tuvo que recorrer para erigirse en estado libre y soberano. Después de la Independencia y promulgarse la Constitución de 1824, las Californias (unidas) por cuestiones económicas, políticas y demográficas no consiguieron convertirse en un estado más de la Federación. Su integración a la naciente nación fue en calidad de territorio federal.

El 22 de agosto de 1846, cuando se lleva a cabo la división territorial de México, las Californias (unidas) se erigen por primera vez en estado, sin embargo, dos años después el estado de las Californias desaparece y en su lugar se conforman dos territorios independientes entre sí: el territorio de la Baja y Alta California.

En 1888 en Baja California se constituyen dos distritos, el norte y el sur, presididos cada uno de ellos, por un gobernador designado por el Ejecutivo Federal. Esta forma de organización política prevaleció hasta 1931 en que ambos distritos adquieren de nueva cuenta la categoría de “territorios” que mantendrían hasta 1952 cuando el “territorio norte” se convierte en el estado 28 de la Federación con el nombre de Baja California, mientras que la parte “sur” seguirá en su calidad de “territorio”.

Los sudcalifornianos tendrán que esperar hasta el 8 de octubre de 1974 para que su territorio se convierta por fin en el estado libre y soberano de Baja California Sur; el estado número 30 de la nación, lo que hizo realidad la demanda popular anhelada.

En cuanto al territorio de Quintana Roo, hoy estado libre y soberano, la historia nos muestra que fueron tierras habitadas por los mayas en los años 415 a 435 d.C. cuando fundaron Bacalar. Sin embargo, como parte del territorio nacional, su historia es muy reciente, ya que se creó en 1902 por decreto presidencial emitido por el general Porfirio Díaz, bajo el nombre del caudillo insurgente Andrés Quintana Roo.

Al ser el territorio, una dependencia federal, Quintana Roo dependía de los recursos económicos de la federación y su gobierno dependía del Ejecutivo Federal, donde se nombraba a las autoridades correspondientes.

Quintana Roo conservó por 72 años el estatus de territorio, con breves interrupciones; una de ellas fue en 1931 cuando se dividió entre Yucatán y Campeche; tiempo después fue proclamado de nueva cuenta territorio nacional.

Hasta 1970 el territorio de Quintana Roo se caracterizó por un profundo retraso social y económico en relación con el resto el país. Por lo cual, se decretó a todo el territorio zona libre por un periodo de ocho años. En poco tiempo, el comercio se expandió y los capitales comenzaron a llegar con un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida, en la infraestructura carretera, en la creación fuentes de trabajo y de centros turísticos de gran relevancia como Cancún y Cozumel.

De diversas partes del país llegaba población para habitar el territorio de Quintana  Roo que para ese entonces ya cumplía con las condiciones poblacionales y económicas necesarias para erigirse en estado libre y soberano, con capital situada en la Ciudad de Chetumal.

La publicación del decreto de creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo el 8 de octubre de 1974, marca el fin de la era de los “territorios federales” en México y da paso a dos nuevos estados autónomos que alcanzado un importante desarrollo económico y social y destinos turísticos de primer orden a escala nacional e internacional. 

Por su atención muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Correo”.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del Día Mundial del Correo

El día 9 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Correo con el propósito de garantizar la libertad de tránsito de la correspondencia entre las Naciones1.

En este sentido, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha impulsado de manera muy importante la modernización postal a través del Programa México Conectado facilitando la realización de transferencias de dinero mediante el uso de servicios de telecomunicaciones de alta velocidad. Así también, con el propósito de mejorar la cobertura y la accesibilidad del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), a junio de 2017 un total de 947 oficinas ya contaban con el sistema “Track & Trace”, el cual consiste en identificar y rastrear todos los paquetes, correspondencia y envíos que diariamente se realizan. Finalmente, a junio de 2017, contó con 17,306 puntos de servicio para la atención potencial de 108.8 millones de habitantes de 12,340 localidades. Esta infraestructura permitió entregar 504 millones de piezas postales y obtener ingresos por los servicios de 1,699 millones de pesos2.

De acuerdo con las estadísticas de Presidencia de la República, Correos de México cuenta con la red logística más extensa del país y la mayor experiencia de reparto en el territorio nacional:

• Entrega tres millones de piezas postales al día;

• Cuenta con más de 10 mil carteros y más de 11 mil 500 vehículos en operación;

• Recorre diariamente 3 millones 700 mil kilómetros;

• Tiene mil 410 oficinas postales;

• 24 mil 250 puntos de servicio con terceros;

• Más de 19 mil buzones;

• La cobertura internacional de Correos de México abarca 192 países;

• Moviliza diariamente 128 toneladas de correspondencia, mensajería y paquetería3.

En el Día Mundial del Correo reitero mi firme compromiso de apoyar las iniciativas, acciones y gestiones públicas que hagan del servicio postal un medio para incrementar la productividad, la competitividad y el desarrollo de negocios en México, tales como los Servicios de Apoyo a Emprendedores y a las MiPYMES que lanzaron los Correos de México y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para comunicar efectiva y estratégicamente a los clientes y proveedores de las diferentes empresas del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.un.org/es/events/postday/

2 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 465.

3 https://www.gob.mx/presidencia/fr/articulos/sabes-cuantos-carteros-trabajan-en-correos-de-mexico






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.

EFEMÉRIDE

Sobre la Conmemoración de la muerte de Belisario Domínguez Palencia

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:

Este 7 de octubre de 2017 se conmemoran 104 años de la trágica muerte del Senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia. Hombre ilustre de México que nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. En esta ciudad, realizó sus primeros estudios y después ingresó al Instituto de Ciencias y Artes en San Cristóbal de las Casas en donde cursó hasta la preparatoria. Posteriormente, ingresó a la Escuela de Medicina de París en donde se tituló el 17 de julio de 1889 en la Universidad de la Sorbona.

A su regresó a México, en su tierra natal, otorgó consultas gratuitas a enfermos de las zonas más pobres del estado, además de proporcionarles las medicinas. Esta experiencia lo llevó a denunciar la miseria en que vivía la mayoría de la población chiapaneca debido a los malos gobernantes. Ante la falta de respuesta, publicó un segundo comunicado donde denunciaba actos graves de corrupción de las autoridades locales y solicitaba la intervención de las autoridades penales competentes, el cual tampoco tuvo respuesta.

Ante la falta de respuesta, en febrero de 1904, el Dr. Belisario Domínguez fundó en Comitán, el periódico el Vate, endonde publicó distintos artículos contra Porfirio Díaz y el gobernador de su estado natal.

En diciembre de 1910 es candidato del Partido Liberal a Presidente Municipal de Comitán, cargo que asume el 1 de enero de 1911. El 19 de abril de 1912 es postulado como Senador Suplente por el Partido Liberal Chiapaneco.

Estando de viaje en la ciudad de México, el 9 febrero fue testigo presencial de los acontecimientos que marcarían la caída y muerte el presidente Madero y la ascensión al poder general Victoriano Huerta. Esta coyuntura marcó la posición política de Don Belisario quien fue un gran opositor del régimen huertista.

Casi un mes después de la Decena Trágica, el 5 de marzo de 1913, a la muerte de Leopoldo Gout Nivón, Belisario Domínguez asume el cargo de Senador Propietario en la XXVI Legislatura. Este cargo si bien lo ejerció por un breve periodo de tiempo, su desempeño y actitud lo convirtieron en uno de los íconos de la incipiente democracia mexicana.

En varias ocasiones, el Senador Belisario Domínguez, se opuso a la aprobación de proyectos o iniciativas de ley que Victoriano Huerta enviaba al Senado; por ejemplo, se pronunció abiertamente en contra del ascenso militar de algunas personas que participaron en el cuartelazo contra el presidente Madero, bajo el siguiente argumento:

“Creo que para que esta H. Cámara pueda ratificar el ascenso favorable de un militar se necesita que los servicios prestados por él sean útiles y beneficios a la patria…Por consiguiente, doy mi voto reprobatorio para el dictamen”.

Estos acontecimientos dieron lugar a que los simpatizantes de Huerta trataran a toda costa de intimidar al senador, tal es así que en varias ocasiones y con diversos pretextos, se le impidió hacer uso de la tribuna en el Senado de la República.

Los discursos que iba a pronunciar en las sesiones del 23 y 29 de septiembre de 1913, ante el pleno del Senado, fueron vetados a causa de su contenido en contra de Huerta, a quien llamó asesino, usurpador y traidor. La gran valentía del senador chiapaneco quedó manifestada una vez más, cuando con el apoyo de María Hernández Zarco, quien años después sería honrada con la medalla Belisario Domínguez, imprime y distribuye sus discursos entre la sociedad mexicana lo que generó un impacto adverso hacia Victoriano Huerta y el descredito de su gobierno.

Lamentablemente, el 7 de octubre de 1913, el Senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia fue asesinado por instrucciones del dictador Victoriano Huerta, con la finalidad de terminar con uno de sus principales rivales en la Cámara de Senadores, sin embargo, este acto, fue uno de los detonantes para la caída del régimen huertista.

La Medalla Belisario Domínguez es la máxima condecoración que el Senado de la República otorga a los hombres y mujeres de México que se han distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente, como servidores de la Patria o de la humanidad.

El nombre de la presea honra la memoria del senador Belisario Domínguez, quien sobresalió por su crítica al gobierno de Victoriano Huerta, quien en respuesta ordenó su asesinato.

También como reconocimiento al doctor y senador chiapaneco uno de los centros de investigación parlamentaria del Senado de la República lleva su nombre: Instituto Belisario Domínguez.

Por su atención muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario luctuoso de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá.

EFEMÉRIDE

Sobre la Conmemoración del fallecimiento de
Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:

Este sábado 7 de octubre conmemoramos 168 años del fallecimiento de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, considerado por algunos estudiosos del derecho como uno de los creadores del juicio de amparo -junto con Mariano Otero- en la tradición jurídica mexicana.

Además, este ilustre filósofo, político, legislador y diplomático mexicano contribuyó con sus ideas y acciones en diferentes sucesos históricos fundamentales de la conformación y primeros años del México independiente, entre los que destaca su participación como diputado del Congreso General Constituyente de 1822, Legislador y redactor del Proyecto de Constitución Federal de 1824, teórico de las ideas de reforma a finales de esa década.

Desde el Senado propuso lineamientos que serán considerados como antecedentes de nacionalización de la Marina Mercante Mexicana y planteó la expulsión del embajador Poinsett como preámbulo a la política separatista de Texas y conflictos territoriales con Estados Unidos.

También se le recuerda por su participación en la diplomacia internacional que fortaleció la presencia de México con países de Sudamérica. Este conocimiento le permitió desempeñarse como Ministro de Relaciones Exteriores en las Presidencias de Antonio López de Santa Anna, José Joaquín de Herrera y Valentín Canalizo, en una época de roces con el embajador Shannon como preludio de la guerra contra Estados Unidos de 1846-1848, durante el cual repitió este cargo, caracterizándose por rechazar la propuesta del presidente James K. Polk de ofrecer la paz a cambio de una cesión territorial.
Una de sus obras más famosas es “Observaciones a los Tratados de Guadalupe-Hidalgo” en la que crítica la ambición expansionista estadounidense al tiempo de defender los esfuerzos militares en contra de los invasores, al afirmar que …“seré el último mexicano que consienta en la terminación de la guerra, si la paz ha de venir con el menoscabo de un palmo siquiera del territorio”.1

En sus últimas participaciones legislativas Don Manuel Crescencio Rejón destacó por ser presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales como representante por el Distrito Federal. Además, en su último periodo coadyuvó a financiar la guerra contra la Unión Americana.

El personaje que también recordamos en esta efeméride fue un decidido defensor de la idea de la independencia de Yucatán, debido a que nació en Bolonchenticul, Yucatán -ahora Bolonchén de Rejón, Campeche-. Cabe señalar que entre 1841 y 1848 Yucatán no estaba integrada en la República Mexicana, por lo que tenía una Constitución propia.

Don Crescencio participó en la redacción de dicha legislación, la cual se caracterizó por ser innovadora y adelantada para la época, y que entre otros preceptos garantizaba la libertad de cultos y de prensa. En materia judicial esta Carta Magna se caracterizó por el establecimiento del jurado popular e institución del juicio de amparo, además de la eliminación de fueros civiles y militares.

Por su atención muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 Eduardo Ferrer Mc Gregor. “Otero y Rejón en el año de la invasión: preámbulo de la primera sentencia de amparo”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3065/17.pdf Consultado en octubre de 2017.





CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 10 de octubre a las 11:00 horas, en la que se recibirá la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

(Se levantó la sesión a las 16:58 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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