Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 17 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 9



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Octubre de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:56 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 88 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 3 de octubre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

En la Ciudad de México a las doce horas con treinta y ocho minutos del día jueves veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ciento dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Comisión de Marina, su Informe de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su Cuarto Informe de Actividades.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, su informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, su informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura y a los dos Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Para presentar el Informe intervino la Senadora Graciela Ortiz González del PRI. Intervinieron los Senadores: Enrique Burgos García del PRI; Ernesto Gándara Camou del PRI; e Ismael Hernández Deras del PRI.

 

Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, su informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, su Quinto Informe de Trabajo Legislativo y Gestión Social.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jesús Priego Calva, el informe de su participación en la primera reunión del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos de las Reuniones Interparlamentarias de los Estados Unidos Mexicanos y Cuba, realizada los días 29 y 30 de junio de 2017, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la Senadora Angélica de la Peña Gómez como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 de los Programas del Sector Economía.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social; de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el reporte de los financiamientos y obligaciones inscritas en el Registro Público único, correspondientes al segundo trimestre de 2017.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, oficio por el que informa que determinó cancelar las actividades de la Semana Nacional de Transparencia, programadas para los días 4, 5 y 6 de octubre, derivado de los sismos ocurridos los días 7 y 9 de septiembre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron tres oficios con los que remite respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

(Comunicaciones de gobiernos, embajadas, congresos extranjeros y organismos parlamentarios internacionales)

Se recibieron comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Islámica de Irán, de la Embajada de Hungría en México, del Senado de la República de Polonia, del Senado de la República de Burundi, del Congreso de la República de Perú, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, del Parlamento de la República de Montenegro, del Consejo Nacional del Principado de Mónaco, del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos, del Presidente del Seimas de la República de Lituania, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria, por las que expresan sus respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.- Quedaron de enterado. La Presidencia instruyó emitir comunicaciones de agradecimiento a las respectivas representaciones diplomáticas, en su caso.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en agradecimiento a la comunidad internacional por las ayudas brindadas a México, con motivo de los efectos causados por los recientes sismos.- Intervinieron los Senadores: Marcela Guerra Castillo del PRI; Rabindranath Salazar Solorio del PT; y Dolores Padierna Luna del PT. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela SenadoraMariana Gómez del Campo Gurza,se integraría al Diario de los Debates.

(Comunicaciones del Presidente de la Mesa Directiva)

Se recibieron comunicaciones relativas a las acciones realizadas por las solicitudes de consulta popular, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 13, 14 y 15, de la Ley Federal de Consulta Popular.- La Presidencia informó que se recibieron tres comunicaciones en materia de consulta popular relativas al Capítulo energético del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La primera, presentada por los ciudadanos Jesús Vázquez Eslava, Marco Antonio Rivera Almaraz, Miguel Ángel Escalante Machado y José Luis Ríos, solamente cumplió con el trámite de solicitar el aviso de intención y quedó en esa fase,

• La segunda, presentada por la ciudadana Ana Laura Reyes Bonilla, sólo cumplió con la recepción del aviso de intención y

• La tercera, presentada por el ciudadano Héctor Rodríguez Cabral, no formalizó el aviso de intención con la presentación de la solicitud de consulta popular dentro del plazo establecido en el artículo 13 de la ley en la materia.

En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular, los asuntos respectivos se archivan como total y definitivamente concluidos.Se instruyó a la Dirección Jurídica del Senado a hacer las notificaciones a los ciudadanos solicitantes y, en su caso, estar atenta por si existen promociones al respecto.

(Iniciativas)

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción X al artículo 2º y reforma el primer párrafo del artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Conservación, Protección y Fomento Apícola.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que declara el día 20 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Participación Social y Solidaria”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Héctor Larios Córdova, a nombre propio y de Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 y se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre de dos mil catorce.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el diecisiete de diciembre de dos mil trece.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como “Día Nacional del Emprendedor”.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado por 85 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos Constitucionales.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.-La Mesa Directiva informó que las Comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de adición al artículo primero del proyecto de Decreto, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al dictamen.En la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Marcela Guerra Castillo del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez; y Fernando Mayans Canabal del PRD.La  Presidenciade la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya,se integraría al Diario de los Debates. La Mesa Directiva informó de las reservas del Senador Fernando Mayans Canabal, a los artículos 4 y 177 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 82 votos a favor y 1 en contra.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Senador Fernando Mayans Canabal, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 4 y 177 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las cuales no se admitieron a discusión.Los artículos 4 y 177 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fueron aprobados en los términos del dictamen, por 82 votos a favor. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 231 y se deroga la fracción IV del artículo 163 y el artículo 167 del Reglamento del Senado de la República.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 73 votos a favor y 4 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Intervino la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022.- En la discusión intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PT, en contra; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra; e Isidro Pedraza Chávez del PRD, por alusiones personales. En votación económica, se aprobó la idoneidad de la propuesta. La ratificación del nombramiento, en votación nominal, fueaprobado por 67 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. En consecuencia, se ratificó al ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022. La protesta del consejero quedó pendiente.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022.- En la discusión intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Manuel Cárdenas Fonseca, a favor; Mario Delgado Carrillo del PT, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra; y José Ascención Orihuela Bárcenas, para rectificación de hechos. En votación económica, se aprobó la idoneidad de la propuesta. La ratificación del nombramiento, en votación nominal, fueaprobado por 60 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, se ratificó al ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022. La protesta del consejero quedó pendiente.

 

Se recibió de la Comisión de Energía, un dictamen con punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal de las ciudadanas Norma de la Salud Álvarez Girard, Jimena Marván Santín y Neus Peniche Sala para designar a un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Intervinieron los Senadores:Manuel Bartlett Díaz del PT; Dolores Padierna Luna del PT; y Layda Sansores San Román del PT. Asimismo, el Presidente de la Mesa Directiva consultó al Pleno su autorización para integrar al Orden del día de la sesión, dos dictámenes de la Comisión de Energía para designar a un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y a un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.Intervinieron los Senadores:Manuel Bartlett Díaz del PT; Dolores Padierna Luna del PT; Layda Sansores San Román del PT; Miguel Barbosa Huerta del PT; y Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía. La consulta se realizó en votación nominal, en virtud del resultado, se declaró la falta de quórum y se levantó la sesión.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con veintitres minutos y citó a la siguiente el martes tres de octubre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron comunicaciones de ciudadanos Senadores.

Una, del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el ciclo de conferencias “Building a Competitive U.S.-Mexico-Border”, celebradas en Washington, D.C., los días 16 y 17 de junio de 2015.








Una, del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la integración del Parlatino, celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 10 de octubre de 2015.








Una, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite su informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, de la Comisión de Gobernación, con la que remite su respectivo informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, con la que remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, de la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades legislativas y gestión social, del segundo año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con los informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a las Comisiones de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial y de Fomento Económico.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, se recibió un oficio con el “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la primera y segunda rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos de América y México”.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte, de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También se recibieron oficios con los informes de labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Hago del conocimiento de la Asamblea que dichos informes se distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, con las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, correspondientes a diversos programas presupuestarios.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha información a las Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2017; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones de gobiernos, embajadas y congresos extranjeros.

Una, del gobierno del Estado de Kuwait.

GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT








Una, del Principado de Andorra.

PRINCIPADO DE ANDORRA








Una, del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE LA ASAMBLEA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA








Una, de la Asamblea Nacional de Corea.

ASAMBLEA NACIONAL DE COREA








Una, de la Asamblea Nacional de la República de Panamá.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ








Una, de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR








Una, del Parlamento Nacional de la República de Serbia.

PARLAMENTO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE SERBIA








Una, del Parlamento de Singapur.

PARLAMENTO DE SINGAPUR








Una, del Senado de la República Checa.

SENADO DE LA REPÚBLICA CHECA








Una, del Senado de España.

SENADO DE ESPAÑA








Una, de la Embajada de Eslovaquia en México.

EMBAJADA DE ESLOVAQUIA EN MÉXICO



En todas se expresan sus respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año en curso.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Se instruye a la Secretaría a emitir comunicaciones de agradecimiento.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron tres oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, la Cámara de Diputados nos remite una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Por último, la Colegisladora nos remite un oficio por el que comunica la sustitución de legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de octubre del año en curso.

Doy cuenta del presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la H. Cámara de Senadores para el mes de octubre del año 2017.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

Por no haber quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presupuesto para el mes de octubre del año en curso. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí fue aprobado el presupuesto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobado el presupuesto de la Cámara de los Senadores para el mes de octubre del año 2017.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido del mes de agosto de 2017.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Compañeras y compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado. El documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Está a discusión el Acuerdo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, en su debido tiempo presentamos la lista que nos corresponde para la ocupación de las posiciones en las comisiones, y no las oigo ahí.

Entonces, yo le suplico a usted que se cheque eso, porque tenemos prisa de que ya se integren las comisiones.

El tortuguismo no nos beneficia, señor Presidente.

Le pido que se reclame esa falta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al contrario, gracias a ustedes, Senador Manuel Bartlett.

En algunos momentos más, con toda seguridad, estaremos recibiendo en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, complementario en donde se han incluidos las propuestas a las que usted hace mención.

En su momento oportuno estaremos dando cuenta al Pleno de este Senado para la aprobación correspondiente.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de las comisiones senatoriales. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a integrantes del Consejo de Estándares de Evaluación Internacional, invitados por el Senador Emilio Gamboa Patrón. Es motivo de satisfacción y agrado para el Senado de la República contar con su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, para presentar un pronunciamiento en torno a los lamentables hechos acontecidos el 1 de octubre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.

PRONUNCIAMIENTO

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:



Es cuanto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Con el mismo tema.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con todo gusto, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias. Con su venia, señor Presidente.

Todo el mundo está conmocionado con la historia del tiroteo de la madrugada del 2 de octubre en contra de los asistentes al festival de música country, el Harvest músical festival en Las Vegas, se trata de la peor matanza cometida por un individuo en contra de ciudadanos en la historia de Estados Unidos, un solo hombre, Stephen Paddock, fue capaz de asesinar a 58 personas y dejar más de 500 heridos en una balacera, y tener diez fusiles en su habitación del hotel Mandalay Bay.

Se pueden hacer muchas teorías sobre las razones personales, alteraciones psicológicas o frustraciones para que un solo individuo haya sido capaz de este baño de sangre que avergüenza no sólo a Estados Unidos, sino a la humanidad entera; sin embargo, el problema no está sólo en el individuo convertido en asesino múltiple, sino en una sociedad que permite esta posibilidad, con una falla muy grave de los cuerpos de seguridad, de los servicios de inteligencia y de las autoridades de Las Vegas.

Los medios y el gobierno de Estados Unidos parecen tener un consenso, se trata de un caso de terrorismo interno y no de un acto de fundamentalismo islámico o de otro tipo de grupos radicales con origen extranjero.

Muy pocas voces en el gobierno de Donald Trump o en el Congreso y en los medios norteamericanos, ponen el acento de esta tragedia en el real fondo del problema, el enorme mercado de armas en Estados Unidos y la posibilidad de que un ciudadano pueda adquirirlas, sin mayores complicaciones, amparándose en la segunda enmienda de la constitución norteamericana.

El atacante no era ajeno al mercado de las armas, trabajó entre 1985 y 1988 en la empresa Lockheed Martin, una de las grandes compañías del sector armamentista de ese país.

En la última década la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso organismo defensor de la segunda enmienda, ha cabildeado para impedir que se restringa el acceso a las armas dentro y fuera de Estados Unidos, atacaron al ex Presidente norteamericano Barack Obama y apoyaron abiertamente en su campaña a Donald Trump.

Desde la masacre de doce jóvenes y un profesor en la escuela de Columbine, en abril de 1999, en Colorado, se prendieron los focos rojos de este grave problema, y los legisladores y el gobierno norteamericano lo ignoraron o lo minimizaron.

En la primera y segunda décadas de este milenio, las matanzas en Estados Unidos originadas por el acceso a las armas, han escalado en su letalidad y espectacularidad: 26 personas muertas en el Sunday Huck, el 14 de diciembre de 2012, incluyendo 20 niños y 6 adultos; 32 personas asesinadas en Virginia Tech en abril de 2007; 49 jóvenes asesinados en un club gay en Orlando, Florida, el 12 de junio de 2016; y más de 50 personas fueron heridas.

El mercado de las armas representa también un problema para nuestro país, más del 80 por ciento del armamento que tienen los grupos criminales en México provienen de Estados Unidos, y el incremento del trasiego de armas a nuestro país también tiene un correlativo, el incremento de hombres y mujeres asesinados al amparo de una violencia sinfín.

El comercio global de armas ha crecido como nunca desde el fin de la guerra fría en 1989, Estados Unidos es el mayor productor y exportador de armas, 33 por ciento de todas las exportaciones desde misiles hasta pistolas y rifles de uso personal, buena parte de este comercio es interno y se ha incrementado desde la llegada al gobierno de Donald Trump, quien le presumió a la Asociación Nacional del Rifle, al cumplir los cien días de su gobierno, que: “tienen un auténtico amigo en la Casa Blanca. Ustedes, dijo Trump, me han apoyado y yo los voy a apoyar”.

Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, le escribió a su homólogo republicano Paul Ryan, reclamándole una comisión que proponga una ley razonable para ayudar a poner fin a esta crisis.

Desde México y desde el Senado, debemos insistir en la necesidad de presionar y exhortar a los congresistas norteamericanos a que modifiquen su industria criminal armamentista.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En el mismo sentido de la discusión que se está teniendo en el Pleno, desde aquí quiero remarcar, si me permite, tres cuestiones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por favor, Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) La primera, es que el Senado de la República tiene que concretar, si se determina así por la mayoría de quienes integramos esta Cámara, a hacer un respetuoso exhorto al Congreso Norteamericano para que pueda resolver toda la situación legal que permite que su pueblo esté armado sin ton ni son.

Parece que esa es una discusión que le compete al Congreso estadounidense, pero es importante que a partir de lo que hoy aconteció en su país, por desgracia y a pesar de esta situación que todos conocemos y queremos expresar efectivamente nuestras condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano, y por las víctimas y familiares de las víctimas que perdieron la vida, también es importante que volvamos otra vez a insistir en que el Congreso norteamericano resuelva controlar, cambiar las normas que tienen que ver con que cualquier persona puede llegar a tener cualquier tipo de arma como lo acabamos de ver.

Segundo.- Darlo además en un contexto en donde México también es víctima de la industria armamentista norteamericana, es decir, la entrada ilegal de armas desde las fronteras, particularmente de Estados Unidos a nuestro país es verdaderamente desmesurado, debemos recordar que es el primero, junto con la trata de personas, de los rubros negros de entrada de recursos negros a las mafias, precisamente esta situación, la entrada ilegal de armas.

Y, en tercer lugar, simplemente recordar la Operación Rápido y Furioso donde se ejemplifica cómo puede trastocar a un país como México la presencia ilegal, incluso, a partir de acuerdos desde instituciones, en este caso norteamericana con autoridades mexicanas para dizque perseguir a dónde van las armas, etcétera, etcétera.

Todo este desastre que conocemos de Rápido y Furioso vuelve otra vez a salir, otra vez vuelve a salir, emergente este tema frente a una desgracia que hoy está sufriendo el pueblo norteamericano.

Me parece que en ese sentido es importante respaldar la propuesta que ha hecho la Senadora Marcela Guerra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Esta Mesa Directiva, recoge con toda puntualidad sus atinadas observaciones y de acuerdo al ámbito de nuestras competencias, estableceremos la ruta procesal para determinar lo conducente. Muchas gracias, Senadora.






Pasamos ahora al apartado de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, en materia de cuota por uso de inmuebles en zona federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 232-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Nuestro país cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprenden un millón 300 mil hectáreas de superficies estuarinas, distribuidas en 17 estado costeros.

La concesión de dichas áreas ha resultado fundamental para la inversión de proyectos turísticos, portuarios e incluso para realizar actividades de protección y ornato de espacios de alta importancia ambiental.

Administrativamente, el control de estas zonas costeras, está a cargo de la Semarnat, quien no sólo es la responsable de limitarla sino también de otorgar los permisos y concesiones para su uso y aprovechamiento.

Dentro del contexto nacional, el estado de Guerrero cuenta con más de 517 kilómetros de Zona Federal Marítimo-Terrestre, constituida por la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas, ubicados en 12 ayuntamientos costeros. Acapulco con 86.6 kilómetros.

Respecto a la legislación, la Ley General de Bienes Nacionales, en el artículo 7, fracción V, señala: “La zona federal marítimo terrestre” es un bien de uso común y de dominio público de la Federación.

Por su parte, la Ley Federal de Derechos, en su artículo 232, establece la obligación a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.

En dicha ley se considera, en el artículo 232-D, 10 zonas fiscales, en las cuales incluyen desde los municipios más pobres, económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, especialmente desde el punto de vista turístico.

Actualmente Acapulco se ubica en la zona X de la tabla. Cabe hacer mención, que dentro de las actividades que ahí se desarrollan, destacan las dedicadas al turismo. Durante muchos años se ha fomentado esa actividad, que ha logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes y comunidades.

Desde hace varias generaciones, los grupos originarios con vocación turística, que han ejercido la generosa actividad, y dado forma al destino turístico del puerto de Acapulco; como son, por ejemplo: Pie de la Cuesta, Caleta y Caletilla, Puerto Marqués, Pichilingue, Majahua, Playa Revolcadero, Playa Bonfil Diamante, Playa La Gloria, Playa Encantada, Playa San Andrés y Barra Vieja.

En dichos destinos turísticos, se ubican cerca de 400 establecimientos, principalmente con giro de microempresas familiares, como son los restaurantes donde colaboran, en cada uno de ellos, un promedio de 15 jefes de familia que se emplean bajo diversos rubros, por lo que suman varios miles de familias que viven y se benefician de esa parte de la zona marítimo terrestre.

Debido a lo anterior, es que han reiterado su solicitud a las autoridades correspondientes, para que se considere una reclasificación de la zona X de uso general a la zona IX de ornato, traduciéndose ese cambio en la ley en un beneficio directo a los pueblos originarios y a la economía familiar de quienes obtienen el sustento diario con su trabajo en la zona federal. Es por ello, que consideramos que es de justicia la reforma que proponemos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para incluir al puerto de Acapulco en la zona IX de dicho ordenamiento.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Albarrán Mendoza. Túrnese a la Cámara de Diputados.






Corresponde ahora el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducción de colegiaturas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Gracias, señor Presidente.

Con el permiso de la Mesa.

Posicionamiento de iniciativa para deducciones de colegiaturas

Agradezco a las Senadoras y Senadores que me acompañan en esta propuesta. Debo decirles que logré el apoyo del grupo parlamentario del PAN y los más que se quieran adherir a esta propuesta.

El estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, tienen como finalidad lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo nacional, apoyando a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus  hijos.

El estímulo fiscal permite fortalecer la economía familiar en la medida en que los padres de familia puedan disminuir el gasto en colegiaturas, ya que ello generará una mayor disponibilidad de recursos en el hogar que podrán ser destinados a otros rumbos de gastos indispensables para el mejoramiento y el bienestar de la casa.

El estímulo fiscal vigente que permite las deducciones de las colegiaturas se encuentra establecido en el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.

El esquema de estímulos por pago de colegiaturas tiene como referencia el costo anual por alumno que le cuesta al Estado por brindar la educación.

Sin embargo, desde el 2011, el límite anual de deducibilidad no se ha actualizado y pues ha pasado mucho tiempo y creo yo que ya debería de actualizarse.

Por otro lado, el gasto privado en educación se ha incrementado, sin embargo sólo los niveles básico y medio superior cuentan con este estímulo, dejando fuera el beneficio a escuelas de nivel superior.

En el ciclo escolar 2016-2017 se contaban con 5 mil 311 escuelas de educación  superior, de las cuales el 75 por ciento correspondían a escuelas  particulares.

La matrícula en educación superior pasó de 3 millones 330 alumnos en 2012 a 3 millones 762 mil 700 alumnos en 2016, es decir, un incremento del 14 por ciento.

La cobertura en nivel superior se encuentra en apenas el 31.1 por ciento, cuando el gobierno a principio de esta administración ofreció que pudiéramos llegar al 40, no vamos a llegar al 40 por ciento en cobertura en educación superior, sin embargo la demanda de lugares de educación superior crece y el número de escuelas públicas para este nivel es insuficiente, por lo que se debe de hacer frente a este problema.

Existen diferentes problemas que impiden que los alumnos puedan acudir a las  escuelas, o sencillamente es la falta de escuelas en diferentes niveles; por lo que si el gobierno no es capaz de brindar educación para todos, tenemos que apoyarnos de las escuelas privadas que en muchos casos son instituciones con un alto prestigio académico.

De acuerdo al estudio “Panorama de la Educación 2017”, de la OCDE, en México sólo el 17 por ciento de las personas entre 25 y 64 años logran tener estudios superiores; asimismo destaca que las personas con un alto nivel educativo generalmente tienen mejor salud, están más comprometidas socialmente y tienen tasas de empleo más elevadas, así como retribuciones relativamente mayores.

Actualmente, las escuelas particulares están ganando terreno y se han vuelto un pilar de la educación; sin embargo, el marco fiscal actual no apoya a la educación superior, por lo que es necesario plasmar dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta los incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción viable, y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos.

Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar, disminuyendo el gasto por los servicios de enseñanza, es necesario que la deducción de las colegiaturas sea actualizado. Recordemos que un lugar ocupado en una escuela privada puede ser un lugar más para un alumno de bajos recursos en la escuela pública.

Cada día más mexicanos quieren estar más y mejor preparados y sus padres están dispuestos a realizar este esfuerzo, por ello es necesario incorporar a la educación superior al estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos para satisfacer la demanda creciente. Es necesario contar con mayor número de profesionistas con alto nivel académico, a medida que se incrementa el número de egresados de educación superior, México tendrá mayor posibilidad de convertirse en una potencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Congreso el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Hermosillo. Túrnese a la Cámara de Diputados. Y el de la voz solicita su anuencia para suscribir con usted esta iniciativa. Gracias.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Rescatista”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL RESCATISTA”

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea, muy buen día tengan todas y todos.

Una vez más la legitimidad, el brote solidario, así como la inmensa espontaneidad, el actuar pronto y decidido, la verdadera cara de los actos humanos de los rescatistas y voluntarios que se vieron reflejadas en los pasados días en esta ciudad y en otros estados de la República.

Una vez más el lado oscuro de los aparatos de una gobernabilidad errática; la contención a la organización ciudadana y los cercos que impiden el arrojo de los ciudadanos. Para el poder, todo movimiento y espontaneidad implica riesgo, libertades que no se deben permitir.

A los rescatistas voluntarios, la trinchera humanitaria, a su limpio anonimato y a la calidad humana de su voluntad, no sólo se les debe un día dedicado a su valentía, se les debe, sobre todo, entender su mensaje y no echarlo al embudo ciego e inútil de un control de daños.

Su mensaje es amplio, es altamente crítico, es dañino para cualquier sistema que tenga en la desigualdad social sus durísimos cimientos, por ejemplo, el sistema en el que vivimos.

Primero: Salvar a quien sea, esa es la máxima prioridad que puede no concebir un modelo económico que su prioridad es la ganancia.

Segundo: Organizarse sin aval, sin liderazgos, sin intereses de por medio, sin horario, sin atención digna; organizarse ya y atender cualquier sospecha de vida.

Tercero: Una profunda crítica a la permisibilidad de la corrupción que sigue permitiendo hacer construcciones débiles, ahorradora de materiales resistentes, de espacios de protección inquilinaria o de usuarios de construcciones.

Cada intento de rescate, de rescatistas voluntarios o de profesionales, debe de convertirse hoy en una ley digna pero dirigida a constructoras corruptas, del circuito de funcionarios que protegen y cuidan esos ingresos corruptos; dirigida a esas leyes y autoridades blandas que se ciegan y no tienen en cuenta las lecciones naturales y que una vez más nos han llevado a tener esa lección, repito, muy seguidas, dos días, en esta ciudad y en otras partes de la República Mexicana. Y digo cada intento porque cada uno de esos intentos es poner en riesgo la vida, y que es lo más valioso que tenemos todas y todos.

El mensaje sigue: rescatar la posibilidad de vida de quienes la ven como negocio, como unos billetes gratuitos o solamente como una capitalización política.

La vergüenza ha quedado expuesta y se ha dejado al descubierto una vez más, y se trabaja vergonzosamente más, en este momento, por ocultar los delitos, por cubrirlos capas y capas de la impunidad.

Pero finalmente, han sido los Topos Humanos, los rescatistas anónimos, la ciudadanía en general, respondiendo que está ahí para extraer y sacar a la luz, no sólo la vida, sino junto con la vida la verdad de las cosas.

Por eso quiero acompañar esta propuesta, que el día 19 de septiembre, “Día Nacional del Rescatista”, ya para muchos ciudadanos de pie, sea también para que la oficialidad tenga una evaluación profunda, la que es culpable de muertes y lesiones desde el mismo año de 1985, en el cual muchos delitos se quedaron impunes.

Hay mucha más luz que echar a instituciones, muchísima más, y es necesario que cada vez que esto suceda no se olvide, y que cada edificación malhecha tenga una memoria material, un expediente de las omisiones que propiciaron su colapso.

Dejar pasar, o como dicen los abogados “omisión”, causa complicidad. Que el 19 de septiembre, además de ser homenaje a los caídos, a los rescatistas, a los brigadistas voluntarios, a los apoyos varios de toda la ciudadanía en general, a los donadores de víveres, a quienes aportaron su dinero con confianza absoluta a la Protección Civil, se convierta en una rigurosa evaluación de lo que ha dejado de hacer el gobierno por una vida digna y por un techo seguro.

Porque ha quedado claro de que estamos en presencia, una vez más, ante una lección de la naturaleza, una lección más del corazón luminoso de la naturaleza humana y, desgraciadamente, muchas lecciones negativas del lado oscuro del ser humano, porque la historia del negocio inmobiliario y de la planeación de esta ciudad, de otras ciudades y poblaciones que se vieron afectadas, ha sido despiadada, descorazonada y ávida.

Sea entonces el 19 de septiembre de todos los años por venir, un homenaje a esas bondades anónimas y las exigencias por una vivienda segura, habitable y digna.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a consideración de todos ustedes este proyecto de Decreto:

“Único.- Se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Rescatista”.

Es todo, muchas gracias.

Iniciativa

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL RESCATISTA”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Una vez más la legitimidad, el brote solidario, la inmensa espontaneidad, el actuar pronto y decidido, la verdadera cara de los actos humanos. Una vez más el lado oscuro de los aparatos de una gobernabilidad errática; la contención a la organización ciudadana, los cercos que impiden el arrojo de los ciudadanos. Para el poder todo movimiento de espontaneidad implica riesgo, libertades que no se deben permitir. A los rescatistas, la trinchera humanitaria, a su limpio anonimato, a la calidad de su voluntad, no solo se les debe un día dedicado a su valentía; se les debe, sobre todo, entender su mensaje y no echarlo al embudo del control de daños. Y su mensaje es amplio, es altamente crítico, es dañino para cualquier sistema que tenga en la desigualdad social sus durísimos cimientos, por ejemplo, el sistema que vivimos. Primero, salvar, salvar a quien sea, esa es la máxima prioridad que puede no concebir un modelo económico que su prioridad es la ganancia. Segundo: organizarse sin aval, sin liderazgos, sin intereses de por medio, sin horario, sin atención digna. Organizarse ya y atender cualquier sospecha de vida. Tercero: una profunda crítica a la permisibilidad de la corrupción que permite construcciones débiles, ahorradora de materiales resistentes, de espacios de protección inquilinaria o de usuario de construcciones. Cada intento de rescate debería de ser una ley de dignidad, pero de parte de constructoras corruptas, del circuito de funcionarios que protegen y cuidan ingresos corruptos; de leyes y autoridades blandas que se ciegan y no tienen en cuenta de las lecciones naturales. Y digo cada intento porque cada intento es arriesgar la vida. El mensaje sigue: rescatar la posibilidad de vida de quienes la ven como negocio, como unos billetes gratuitos, como una capitalización política. La vergüenza ha quedado expuesta una vez más y se trabajará muchísimo por ocultar delitos, por cubrirlos de capas y capas de impunidad. Pero finalmente, los topos humanos, los rescatistas anónimos, están ahí para extraer y sacar a la luz no sólo vida, sino verdad. Por eso quiero acompañar esta propuesta de que el 19 de septiembre, día del rescatista ya para muchos ciudadanos de a pie, sea también para que la oficialidad tenga una evaluación profunda, la que es culpable de muertes y lesiones desde el mismo año de 1985 en el cual muchos quedaron impunes. Hay mucha luz que echar a instituciones, mucha. Y es necesario que nada se olvide y cada edificación mal hecha tenga una memoria de material, un expediente de las omisiones que propiciaron su colapso. Dejar pasar es complicidad. Que el 19 de septiembre además de ser homenaje de caídos sea una evaluación de lo que se ha dejado de hacer desde todo gobierno por una vida digna.

2.- Según la Real Academia de la Lengua (RAE) el rescatista es la “Persona que se ocupa del rescate de víctimas en un siniestro”. El pasado 19 de septiembre de 2017, México revivió una de las peores catástrofes en su historia, un sismo de magnitud 7.1 hizo cimbrar la capital y los estados aledaños, causando una destrucción solo equiparable al temblor de 1985.

Ese mismo día después del terrible sismo miles de mexicanos salieron a las calles con víveres, casco, pala y pico para ayudar a nuestros hermanos que quedaron atrapados en los escombros, y a las personas que perdieron sus casas.

Miles de compatriotas abandonaron sus trabajos, dejaron de lado su propia integridad para formar brigadas e ir al rescate de los más necesitados, una hazaña heroica que fue reconocida alrededor del mundo. Hoy el mundo reconoce nuevamente a los mexicanos por su solidaridad, dejaron atrás esos prejuicios que tanto lastimaban a nuestra nación y diversos países se solidarizaron con nuestro país.

Son muchos los mexicanos que se volcaron a la ayuda, de diferentes profesiones e inclusive diferentes extractos sociales, médicos, psicólogos, arquitectos, ingenieros, mecánicos, electricistas, plomeros, maestros, abogados, contadores, estudiantes, y muchos más. Todos ellos se unieron como uno y brindaron su ayuda sin importar la hora, el clima, sin importar en algunos casos sus propias vidas, lo dieron todo hasta inclusive desbordar la ayuda.

Al paso de los días la situación se tornó complicada, fue necesario el uso de diferentes materiales y empezaron a entrar los especialistas, el ejército, la cruz roja mexicana, los “topos” mexicanos y la ayuda internacional con brigadistas de diferentes países, como Israel, Japón, El salvador, Honduras, Ecuador, Costa Rica, el equipo del condado de Los Ángeles, Panamá, Colombia, España, Chile y Guatemala fueron necesarios. Gracias a su esfuerzo muchas personas han sido rescatadas de los escombros.

Sea esto breve y suficiente…

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se declara el 19 de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Rescatista”.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 83 constitucional, en materia de prohibición de pensiones a ex presidentes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

El 24 de agosto de 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de nuestra Constitución.

Dicho Decreto establece las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discreción con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestos por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones y retiros sin ningún tipo de controles.

No obstante que han pasado siete años de ese Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, y además sin que se haya aprobado la legislación secundaria, a propósito de esta reforma, que regule y haga efectivo el contenido de estos nuevos preceptos de la Constitución, pues seguimos observando, todos estos años, siendo testigos cómo se violenta la Constitución precisamente en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia” que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población.

Al igual que el financiamiento a los partidos políticos, la pensión vitalicia es un concepto otorgado con dinero de los y de las ciudadanas, pertenece al Erario Público. El Congreso de la Unión, como sabemos, aprueba cada año una partida para la Presidencia de la República, para que la destine a un pago para los ex presidentes o sus viudas, lo que en promedio asciende a 40 millones de pesos.

El régimen de las pensiones, compensaciones y apoyos a quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra establecido en dos Acuerdos Presidenciales: uno de 1976, en los últimos días del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, quien otorgó fuerzas de seguridad a los ex presidentes, concretamente 78 elementos divididos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Segundo, el Acuerdo 2763-BIS firmado por Miguel de la Madrid Hurtado cuando era presidente, estableció los beneficios y prestaciones de quienes se desempeñan como primer mandatario y que obtendrían a partir de que concluya su administración de acuerdo a lo siguiente:

1.- Se estableció una pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos.

2.- Tendrán derecho a todas las prestaciones de Seguridad Social que correspondan a su cargo, que incluye seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

3.- Al fallecer, sus cónyuges tienen derecho a pensión vitalicia equivalente al 80 por ciento del sueldo que perciba su esposo durante el primer año. El monto se reducirá 10 por ciento cada año hasta llegar al 50 por ciento del total del sueldo.

4.- Los hijos de los ex presidentes cuentan con seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra, hasta que cumplan la mayoría de edad

5.- Cada ex presidente tendrá a su disposición un equipo de seguridad adscrito al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea, y 25 empleados de la Federación.

De acuerdo con la respuesta otorgada por la Presidencia de la República a la solicitud de información número 0210000174214, a través del sistema Infomex, a enero de 2015 son tres ex presidentes y dos cónyuges quienes recibirán esta pensión.

En la respuesta se indica que los ex presidentes de la República reciben una pensión que asciende a 205 mil 122 pesos mensuales, y se entregaban pensiones a dos cónyuges por 101 mil 718 pesos, y 81 mil 494 pesos. En la misma se incluye que indique el número de personal de seguridad asignado por ex presidente, lo cual no fue proporcionado argumentando cuestiones de seguridad.

En noviembre de 2012, antes de dejar la Presidencia, Felipe Calderón publicó cambios al Reglamento del Estado Mayor para estipular que los ex presidentes podían mantener el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tenían asignados para su seguridad y la de su familia.

Hasta el momento los ex presidentes Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón son quienes conservan su pensión vitalicia.

La pensión vitalicia ha sido objeto de controversia y peticiones para que sea eliminada. En las últimas legislaturas, distintas fuerzas políticas presentaron diversas iniciativas y peticiones, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, para que este pago de por vida a ex mandatarios fuera suspendida o por lo menos regulado. Ninguna prosperó, así este año y en estos días derivado de los sismos, el pago cumple 30 años.

Ciudadano a través de redes sociales y de la plataforma Change.org han solicitado que se retire la pensión vitalicia a los ex presidentes de México, y ese dinero se destine a reconstruir el futuro de los damnificados de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre en los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

En mérito de lo que acabo de enunciar, es que hoy presentamos la iniciativa para reformar el artículo 83 de la Constitución, para que: “A las personas que se hayan desempeñado en el cargo de Presidente de la República, bajo cualquiera de las modalidades que menciona el párrafo anterior no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro distintas a las establecidas en las disposiciones de la Seguridad Social correspondiente”.

Es cuanto.

Muchas gracias, por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de control, fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención y reconstrucción frente a desastres naturales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN MATERIA DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS EN LA ATENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FRENTE A DESASTRES NATURALES

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PT)

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Después de la tragedia, la mayor preocupación es que la gente afectada, efectivamente sea atendida y que haya mucha transparencia en el ejercicio de los recursos.

El instrumento que tiene el gobierno mexicano para enfrentar una tragedia es el Fonden. El Fonden ha mostrado su eficacia en ser un instrumento flexible para canalizar recursos.

Si vemos las estadísticas, año con año el Fonden se presupuesta muy por debajo de lo que finalmente ejerce:

En 2012 tenía aprobados 5 mil 296 millones de pesos, ejerció 16 mil 564 millones; en 2013, de 5 mil 508 a 21 mil 734 millones; en 2014, de 7 mil 217 millones a 36 mil 574 millones; en 2015, de 6 mil 008 millones a 16 mil 421 millones, y así lo vemos. Es decir, sí hay la posibilidad de que el Fonden tenga recursos.

Estamos seguros que va a haber recursos para la atención de la población afectada; sin embargo, de lo que no estamos seguros es que vaya a haber transparencia en el ejercicio de los recursos, y la principal preocupación, ahora de toda la sociedad civil, es justamente ésa, que una mayor asignación de recursos no vaya a dar lugar a actos de corrupción, como se han tenido en el pasado.

En los últimos 5 ó 6 años, en la auditoría que hace la Auditoría Superior de la Federación ha señalado irregularidades por casi 10 mil millones de pesos.

También tenemos que mencionar que los sismos que han azotado a nuestro país, en septiembre, han dado cuenta de que es la sociedad organizada la que tiene mayor posibilidad y efectividad ante casos de desastres naturales.

Esta experiencia tiene que ser recogida en los instrumentos jurídicos y en el ejercicio de los recursos en caso de desastres.

Las reglas de operación, hasta el momento, omiten cualquier participación de la población en la determinación de las acciones para enfrentar los daños por desastres naturales.

El gobierno de manera unilateral decide y los afectados no opinan.

El día de hoy presentamos mis compañeros y su servidor, una serie de reformas a la Ley General de Protección Civil, también a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la Ley General de Desarrollo Social, y Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para garantizar la transparencia, pero también la participación social.

Debemos canalizar toda esta energía social que ha detonado la emergencia, para que la participación social ciudadana sea parte de las decisiones de la atención de desastres y de la fiscalización.

¿Qué proponemos? Que en la Ley General de Protección Civil se establezcan comités técnicos especializados en cada una de las entidades donde ocurra un desastre natural, para que se pueda invitar a las universidades, a las cámaras privadas, a los colegios de ingenieros, de arquitectos, a toda la sociedad civil, que se forme un comité técnico y desde ahí se dirijan las labores de reconstrucción.

También es necesaria la formación de comités de vigilancia por ley, que estén establecidos en la Ley General de Protección Civil. Que la fiscalización y transparencia no sea un ejercicio aislado de la sociedad civil y que dé resultados suficientes, que no sea a disposición a la voluntad del gobierno, que esto pueda hacerse más transparente o no, sino que por ley haya comités de vigilancia coordinados por las organizaciones de la sociedad civil.

La otra, obligar a que hayan mesas de concertación con los afectados, que se tome en cuenta a la ciudadanía, la población afectada que opine cuál es la mejor manera de regresar a la situación anterior, de reponerle su pérdida patrimonial o material.

Mesas de concertación con los afectados y damnificados mediante los representantes que ellos mismos designen en estas mesas y como se hizo en la Ciudad de México, en la experiencia de 1985, se firmen convenios donde se establezcan las acciones y los plazos para ellas.

También es necesario que en la Ley General de Protección Civil se establezcan algunos rubros mínimos de los cuales deben ser atendidos ante una emergencia.

Actualmente la Secretaría de Gobernación al establecer las reglas de operación del Fondo, determina prácticamente todo, y hay una visión muy inmediata de la atención de la emergencia, debemos tener una visión un poquito más de mediano plazo, donde puedan ser considerados daños, pérdidas, como la vivienda de la gente.

Estábamos revisando la Cuenta Pública del Fonden, y nos encontramos que incluso en desastres tan grandes como el que tuvimos en Guerrero hace algunos años, la mayoría de los recursos del Fonden se destinan a la reparación de la infraestructura pública: carreteras, escuelas, hospitales, infraestructura hidráulica, y eso está muy bien, pero a la gente se le destinan muy pocos recursos, especialmente sus pérdidas patrimoniales o de vivienda.

Apenas en 2014 el 2.4 por ciento del destino del Fonden, más de 36 mil millones de pesos fueron para vivienda; lo mismo en 2013, apenas el 1.2 por ciento de los recursos ejercidos, más de 15 mil millones fueron para vivienda.

Entonces ¿qué tenemos que hacer? Establecer desde la ley algunos temas que tienen que atenderse, y cambiar la visión del Fonden, de reparación de daños inmediatos, la reparación también de daños mediatos que determinan la calidad de vida de la gente.

Por ejemplo, reconstrucción y atención en materia de vivienda particular de los afectados, reconstrucción de equipamiento social y urbano, reconstrucción de escuelas y hospitales, atención a las personas que resulten con alguna discapacidad o afectadas en su salud por el desastre natural, y acciones también para facilitar la obtención de documentos legales personales y patrimoniales de los afectados.

También tenemos que poner como obligación desde la Ley General de Protección Civil, que el Fonden sea sujeto obligado de transparencia y que tenga un sitio de Internet donde esté dando de manera oportuna toda la información, como los recursos con los que cuenta el Fondo, el destino del gasto, los proyectos financiados, el padrón de beneficiarios, los contratistas y prestadores de servicios, a los que se adjudican los proyectos y toda la información referente al flujo de los recursos.

También queremos que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establezca al fondo como un sujeto obligado. ¿Qué provocaría esto? Que se tendría que poner a disposición del público la siguiente información:

Recursos en especie, bienes o donativos que reciba y el informe detallado de su ejercicio y destino final.

Estimación y cuantificación de daños, acciones emergentes, los apoyos parciales inmediatos y los recursos transferidos por cada solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Naturales.

Informe mensual de recursos y apoyos destinados a la atención de emergencias y desastres.

Estado de cuenta del fideicomiso de manera mensual.

Mecanismos de vigilancia, control, auditoría, listado de particulares titulares de contratos a los que se asignen recursos para los daños.

Contratos, convenios o instrumentos, en fin, se vuelva sujeto de transparencia y que no haya ninguna posibilidad de que sea información reservada.

Y, por último, para cerrar esta pinza, queremos que se utilice la figura del testigo social que hace cerca de 10 años se introdujo en todas las licitaciones públicas para que hubiera un representante de la sociedad y garantizar la transparencia, que se incorpore la posibilidad de que haya testigos sociales en el ejercicio de los recursos del Fonden.

Hay que recordar que un testigo social tiene como funciones observar las diversas etapas y actos de una licitación, proponer mecanismos que hagan más transparente y equitativo dicho proceso y rendir un informe a la sociedad. Significa que hay un testimonio formal y público de la sociedad civil por el que manifiesta que ha presenciado y que hay medios, medidas para evitar prácticas deshonestas y, en su caso, sus observaciones puntuales y sugerencias para mejorar procesos futuros.

Entonces, esta serie de reformas, al testigo social, hay que modificar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y también la Ley General de Desarrollo Social, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Entonces, con esta serie de iniciativas, la fiscalización de los recursos que no quedaría a contentillo del gobierno, y no quedaría actualmente como está, que sabemos que es insuficiente.

Detonaría la participación social, canalizaríamos esta enorme energía en la participación directa de la determinación de los programas para la reparación de daños, comités de vigilancia por ley, y hacer al Fonden sujeto obligado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública e incorporar, además, a los testigos sociales.

No queremos que esta cantidad de recursos que se van a asignar, en la que prácticamente todos vamos a estar de acuerdo, pues se vaya a convertir en una oportunidad del gobierno para tener enormes desvíos justamente en el año electoral.

Muchas gracias.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 71 BIS A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 45 BIS A LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 77 BIS A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PT)



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Mario Delgado Carrillo. En un solo acto, el Senador Mario Delgado ha presentado tres iniciativas.

Voy a ceder, primero, el uso de la voz a la Senadora Mariana Gómez del Campo, que la ha solicitado, y después de la Senadora Dolores Padierna notificaré a la Asamblea los turnos correspondientes a las tres iniciativas presentadas por el Senador Mario Delgado.

En uso de la voz la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Solamente para felicitar al Senador Mario Delgado por estas iniciativas, me parece muy atinado que en este momento pudiesen procesarse en las comisiones pertinentes. Y solicitarle si pudiese firmar estas iniciativas.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Con gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: El Senador Mario Delgado, es anuente.

Primero tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna, desde su escaño.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) En el mismo sentido, solicitar, si me permitiera el Senador Delgado suscribir sus iniciativas.

Están basadas en varias auditorías, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, y muchos otros datos muy importantes que él dio, me parece de lo más oportuno y necesario tomarlas en cuenta.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

El Senador Mario Delgado ha expresado su aquiescencia para que quienes así lo deseen, sean suscriptores de la misma. Es el caso del Senador Héctor Larios, y solicito a Servicios Parlamentarios, don Víctor Hermosillo, que tomen nota de los Senadores que soliciten firmar las iniciativas del Senador Mario Delgado.

Me permito dar lectura a los turnos correspondientes de las tres iniciativas presentadas por el Senador Delgado:

La primera, el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, se turna a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.

La segunda, el proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Y la tercera, el proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y de Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, les informo que se ha retirado de la agenda del día el dictamen inscrito para discusión, relativo al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que se retira a solicitud de la Comisión de Asuntos Migratorios.






Iniciamos con la discusión de dictámenes.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre México y la Organización de Estados del Caribe Oriental.

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Por economía parlamentaria haré una sola intervención para hablar sobre los dos dictámenes, solicitando a la Mesa Directiva que pudiesen, las dos intervenciones, ser incluidas en el Diario de los Debates.

Primero. América Latina es una de las regiones del mundo más dinámica. Actualmente está viviendo una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas, que están marcando un parteaguas para sus ciudadanos y que también se traducen en oportunidades inéditas de cooperación que nuestro país, como líder regional, debe aprovechar mediante la suscripción de tratados internacionales que permitan detonar el potencial de la relación con los países de esta región.

El primero que se va a discutir aquí es el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, que tiene como objetivo el promover la cooperación técnica y científica entre ambas partes, a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos de cooperación en áreas prioritarias de interés mutuo.

El Caribe, siendo una región estratégica en la que México tiene una presencia importante, pero que desafortunadamente no la hemos explotado como debiéramos.

Los países caribeños generan el 40 por ciento del PIB; el 50 por ciento del comercio, y el 60 por ciento de los ingresos turísticos de América Latina.

En este sentido debiera ser una prioridad el fortalecer y estrechar las relaciones con las islas caribeñas.

El acercamiento de México con los países que integran la Organización de los Estados del Caribe Oriental, seis estados soberanos, tres territorios británicos.

Se ha focalizado en la cooperación entre tres áreas fundamentales: La primera, la agricultura; segunda, educación; y tercera, la instrucción diplomática.

Las experiencias de los huracanes "Irma" y "María", nos obligan a que materias como protección civil, prevención de desastres sean colocados en la agenda multilateral de manera prioritaria.

Con la aprobación de este Tratado Internacional, nuestro país refrenda su compromiso con la Cooperación Internacional para el Desarrollo, un concepto integral que incluye la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, y al mismo tiempo también impulsa el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos.

El segundo tratado internacional es el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, el objetivo es ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre México y Brasil, al tiempo que también se brindará certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicanas que deseen prestar servicios entre cualquier origen-destino entre los territorios de ambos estados.

Las relaciones entre México y Brasil siempre han sido muy cordiales, sin embargo, también creemos que no se ha explotado lo suficiente esta relación bilateral.

Según información de la Presidencia de Brasil, México es muy atractivo para los brasileños por ser la cuna de una de las mayores civilizaciones que la humanidad vio desarrollarse en lo que es conocido como Mesoamérica, mayas, aztecas, olmecas, presencias que produjeron una serie de bienes culturales de enorme valor que es del interés de todos los países.

Al ser estos dos, tanto Brasil como México, dos grandes motores, México en el Pacífico y Brasil en el Atlántico, ambas naciones pueden impulsar materias tan relevantes como los servicios aéreos, el turismo y la agricultura tropical.

Con este convenio se pretende crear una plataforma de negocios con un valor aproximado a los 265 mil millones de dólares y también contar con una amplia participación tanto de México como de Brasil, con la finalidad de poder consolidar el papel latinoamericano en el interior del mercado global de la aviación ejecutiva.

Este acuerdo va a ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre ambos países, al tiempo que va a brindar también certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicana que deseen prestar servicios entre cualquier origen, destino, entre los territorios de ambos estados.

Quiero señalar que en 2016, Brasil fue el octavo socio comercial de México a nivel mundial, noveno comprador y el décimo primero proveedor, y el primero entre los países de América Latina y El Caribe, con el 1 por ciento de participación en el comercio total de México.

En 2016 también el comercio bilateral se ubicó en 7 mil 788 millones de dólares con exportaciones por 3 mil 56 millones de dólares, importaciones por 4 mil 732 millones de dólares en 2016.

Quiero agradecer, por último, el trabajo conjunto, el trabajo coordinador que se hizo con la Comisión de Relaciones Exteriores; con la de Comunicaciones y Transportes; con la de Ciencia y Tecnología, para que ambos instrumentos internacionales hoy puedan ser presentados ante este Pleno.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Intervención



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; de Ciencia y Tecnología; y de Comunicaciones y Transportes, ponemos a su consideración la ratificación del Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental; y del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil.

Como un actor con responsabilidad global, México busca impulsar mecanismos que amplíen y fortalezcan su presencia en el mundo, nuestro país es uno de los que más apuesta por la cooperación internacional como un paradigma de las relaciones internacionales actuales, en este sentido, reconocemos no sólo la estratégica posición de nuestra región, sino también el hermanamiento y la camaradería que México debe tener siempre en su propia casa. Por ello, reconocemos a América Latina y El Caribe como una región prioritaria para la política exterior de nuestro país.

Desde hace algunos años nuestro país ha mantenido una incipiente relación de colaboración con la Organización de Estados del Caribe Oriental, la OECO; sin embargo, es necesario reiterar que todavía existen múltiples esferas de intercambio, por ejemplo, el comercio con El Caribe equivale a sólo el 5.5 por ciento del total de México con América Latina, mientras que la inversión mexicana equivale al 9 por ciento del total en la región latinoamericana.

A pesar de que son países que no han figurado históricamente en nuestras prioridades de política exterior, los estados del caribe oriental han hecho grandes esfuerzos en la promoción de la integración regional y de la sustentabilidad, además, por supuesto, de su compromiso con el movimiento libre de personas, bienes, servicios y capitales que representan lecciones de las que México puede aprender y replicar.

De esta manera este convenio pretende establecer un marco para la cooperación técnica y científica entre los integrantes de la OECO y México en áreas como comercio, inversión, agricultura y pesca, turismo, educación, deporte, tecnología de la información, gestión de desastres, entre otras.

Para coordinar y dar seguimiento a los objetivos acordados, el instrumento contempla el establecimiento de una comisión mixta entre ambas partes y además permitirá integrar a otros actores que quieran involucrarse en los esfuerzos de colaboración técnica y científica.

Frente a estas consideraciones este convenio permite que México diversifique y profundice sus relaciones con socios comprometidos e impulsar las metas comunes, tal como ha sido los objetivos de desarrollo sostenible, por mencionar algunas.

Respecto al convenio de servicios aéreos con Brasil, Brasil es el séptimo socio comercial de México a nivel mundial y el primero en América Latina, hay que recordar que únicamente Brasil es una economía más grande que la nuestra en toda nuestra región, el intercambio entre nuestros países ha alcanzado cifras históricas y por ahora además se está negociando ya una renovación del acuerdo de complementación económica que va a permitir redinamizar la vocación y hermandad entre México y Brasil.

Por supuesto si estamos ya negociando una ampliación al acuerdo comercial resulta claro y resulta algo indispensable ampliar las posibilidades de intercambios aéreos que puedan transformarse en la capacidad logística que requerirá ese impulso a la relación.

México y Brasil deben trabajar siempre por estar más juntos, si lo vemos en términos del PIB regional, los dos países México y Brasil representan el 62 por ciento del Producto Interno Bruto de América Latina y El Caribe.

El gobierno de nuestro país firmó un acuerdo sobre servicios aéreos con su contraparte brasileña en 1995, la intención con este convenio es la renovación, es la modernización de ese acuerdo.

El acuerdo busca flexibilizar la operación y la planeación comercial, entre otros puntos se estipula que las aerolíneas designadas por cada una de las partes podrán volar a través de sus territorios respectivos sin aterriza a hacer escalas para fines no  comerciales y hacer escalas para embarcar o desembarcar pasajeros, cargas y correos, esto refleja un énfasis en la parte logística y práctica. Insisto, si realmente queremos replantear la relación con Brasil, como se ha planteado ya desde hace un par de años, es importante que pasemos del diálogo político a la acción, por supuesto, en distintas áreas de cooperación, de intercambio comercial y, por supuesto, a las capacidades logísticas.

Es importante que México intensifique su presencia en el escenario internacional como un actor que ejerce un liderazgo constructivo, como un actor que apuesta por el diálogo y por los resultados y, por supuesto, dentro de esta estrategia es fundamental el acompañamiento y el trabajo decidido del Senado de la República.

Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Cuevas Barron.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, del Estado de México, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Tiene el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El Senador Patricio Martínez García: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El desarrollo científico, tecnológico y de innovación representa hoy día una de las principales fuentes de competitividad y productividad para las naciones.

La prosperidad de los países ha quedado asociada con el valor que agregue el conocimiento de sus productos o servicios y, en buena medida, a su capacidad para gestionar tecnología y aplicarla en la atención de los grandes desafíos nacionales como son: salud, alimentación, cuidado del medio ambiente, educación y  más.

La Organización de Estados del Caribe Oriental es un organismo regional que promueve la cooperación técnica y el desarrollo sostenible entre seis países soberanos y tres territorios del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, localizados en el Mar Caribe, como lo son: Antigua y Barbuda, Mancomunidad de Dominica, Granada, Santa Lucía, Federación de San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Montserrat, Anguila y las Islas Vírgenes Británicas.

Este Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 2014, y enviado al Senado de la República para su ratificación el día 3 de marzo de 2016, tiene como objetivo promover la cooperación técnica y científica entre México y dicha organización, a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos de cooperación en áreas prioritarias, entre las que se destacan las relativas al comercio e inversión, agricultura y pesca, salud, educación y deporte, tecnologías de la información, turismo, justicia y gobierno, seguridad pública, gestión anti-desastres, gestión ambiental, aviación civil y puertos marítimos, cualquier otra área que sea convenida por las partes.

Este instrumento de cooperación internacional busca promover el intercambio de expertos, información y capacitación, así como el desarrollo de proyectos en el ámbito tecnológico, estimular la movilidad de estudiantes y apoyar el intercambio de programas entre centros de investigación de México e instituciones de educación superior.

Nuestras universidades y centros de investigación jugaron un papel protagónico en las acciones específicas que se desprendan de este convenio, por lo que es importante promoverlo y buscar que nuestras instituciones de educación superior del país lo aprovechen para impulsar la generación del nuevo conocimiento y la movilización de recursos humanos que les permitan estudiar y fortalecer sus tareas de investigación mediante el acercamiento de problemáticas que son comunes entre México y estos países, como lo es el cuidado del medio ambiente y la prevención y atención de desastres naturales, tema que lamentablemente hoy día resulta más que vigente en nuestro país y esa organización, aquí, sismos y huracanes; allá los huracanes que han golpeado severamente a esa región.

Por otra parte, este convenio fortalecerá e impulsará los trabajos de colaboración técnica y científica que nuestro país ya realiza con los países del Caribe Oriental.

Debemos recordar que al día de hoy podemos hablar de importantes y destacados proyectos tecnológicos, que de manera conjunta se han realizado, tal es el caso del desarrollo de plantas de coco resistentes a las plagas, el Centro de Capacitación para Agricultores, donado por el gobierno mexicano, donado por el exitoso programa de becas para el desarrollo de estudios de licenciatura y postgrado.

Anoto la frecuente expresión de admiración que se tiene en esos países por las instituciones educativas mexicanas, y el agradecimiento que muchos profesionales de aquellos lugares tienen a México, por haber recibido la educación universitaria y profesional en este país.

La firma y ratificación de este instrumento internacional forma parte de una nueva estrategia impulsada por el Ejecutivo Federal, orientada a la integración regional y al fortalecimiento de las relaciones de México con países clave en nuestra frontera sur, Centroamérica, América Latina y El Caribe.

Con la ratificación de este convenio, el Senado de la República hace patente la prioridad estratégica que América y El Caribe significan para nuestro país, ya que este instrumento servirá de base para continuar afianzando y estrechando nuestros lazos de cooperación en un tema tan importante como lo es el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Por último, quiero agradecer a las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología por su permanente apoyo y disposición para desahogar con éxito estos importantes temas, muchas gracias, mis compañeros Mario, Juan Carlos, Óscar y Francisco.

Quiero, finalmente, señalar la importancia que tiene la participación de este Senado en este tipo de acuerdos y convenios.

Y quiero traer también a colación, con este motivo, la necesidad de que este Senado vigile la operación, la aplicación que se hace de los tratados internacionales. Señalo la importancia que tiene el que el Senado no solamente ratifique lo acordado por el Ejecutivo, sino que vigile que no se hagan cambios a espaldas del Senado.

Tengo la duda de que el Acta 323, firmada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con cambios a los flujos acordados en el Tratado Internacional de Aguas sea legal; tengo dudas de que lo acordado en esa Acta pueda ser afectado por este Senado, omitiendo la participación del Senado en este tipo de actividades, de una comisión que aunque es internacional no es quien pueda comprometer los recursos de México.

Que quede claro, este país ni vende un centímetro de tierra, ni vende un litro de agua. Señalo esto porque hay situaciones que debemos estudiar en este Senado y discutirlas al respecto de esas actas.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: ¿Con qué objeto, Senador Blásquez?

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Sólo para hacer una precisión a lo comentado por el Senador Martínez, si me permite.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tiene la palabra el Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) En atención a lo que comenta el compañero Senador, quiero, con toda puntualidad, señalar que se está cometiendo un acto de traición a la patria, en lo que tiene que ver con esta Comisión Internacional de Límites y Aguas.

La firma de esta Acta es un ataque, es una grave irregularidad a la soberanía nacional, comparto con Patricio este concepto.

Y además de que he presentado ya un punto de Acuerdo en donde exhortamos al Presidente de la República para que a su vez supervise al Secretario de Relaciones Exteriores. Quiero decir que aquí procede la inmediata separación de su cargo, del doctor Roberto Fernando Salmón Castelo, porque no sólo se ha comportado de manera irregular, sino que no sé de dónde obtiene él la autoridad, ha enajenado, ha comprometido la enajenación de agua que corresponde a los mexicanos bajo el disfraz de un programa de sustitución de infraestructura.

Hasta donde me quedé, los tratados internacionales son suscritos por el Presidente de la República y aprobados por esta Cámara, así como todo tipo de alteración o todo tipo de modificación, y no se puede pasar por esa comisión, señor Presidente, compañeros del Pleno, regalando el agua que es para desarrollo de nuestras comunidades.

Por lo cual solicito al Pleno, a la opinión pública, se considere la inmediata separación de su cargo, ya señalado, Roberto Fernando Salmón Castelo, con las respectivas consecuencias jurídicas por la responsabilidad de estos actos.

Le agradezco su atención, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador.

¿Alguien más desea intervenir en la discusión de este dictamen?

Tiene la palabra el Senador Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Esta cosa es muy seria para tomar una decisión total, hay que estudiar bien, hay muchas actas, ésta es la 323, todas las que ha habido a través del tratado del 44, y yo nunca había visto que el Senado interviniera, aunque el Senado tiene que intervenir en las cosas internacionales.

Como no soy experto en esto, yo lo que pienso, es que se debe hacer, digamos, aquí en el Senado hay una Comisión de Aguas, que nos juntemos, veamos este problema y lo estudiemos a fondo, y bien a fondo, y veamos, por un lado, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la CNA, que también interviene, y con la CILA, que es el organismo internacional, el contenido claro y preciso del Acta 323, porque si no vamos a llegar a conclusiones que en vez de ayudarnos nos van a desorientar.

Yo propongo que se estudie en la Comisión de Aguas del Senado esta situación.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para hacer el comentario de que si el Tratado Internacional de Aguas de 1944, aprobado por este Senado, dejó establecidos los volúmenes de agua que deben enviarse por los Estados Unidos, por el río Colorado a México, y los que México debe entregar a los Estados Unidos, ninguna comisión y ninguna acta puede estar por encima de lo acordado por México con ratificación de este Senado, y cualquier modificación que se haga a los volúmenes recibidos o entregables debe ser del conocimiento del Senado.

Más aún, no pueden hacerse permutas ni de territorio, como ha pretendido presentarlo en las diferencias territoriales que tenemos con los Estados Unidos, ni de agua, compensando el agua que no se nos entrega, a cambio de dinero.

Nada más quiero recordar que fue una gran insistencia de que entregáramos territorio de México a cambio de dinero, al final de una guerra lo lograron, pero en estos momentos me parece indebido, inconsecuente, pero además una ausencia del Senado en temas que son propios del Senado.

Y pido, como lo ha hecho mi compañero Marco Blásquez, que el Senado tome nota y esté pendiente de este tipo de acuerdos económicos, que hasta donde parece ser son violatorios del tratado y de la soberanía de este Senado.

Gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Por eso yo insisto en una reunión, aquí hay una comisión del Senado al respecto y podemos hacerlo.

Estas cosas empezaron porque después del terremoto de Mexicali, los canales se destruyeron en nuestro país y el agua no nos la podían enviar, porque si la hubieran enviado se hubiera desperdiciado.

Entonces, en un convenio que hubo, en el Acta 319, lo que se hizo fue que retuvieron en las presas americanas esa agua, que es nuestra, porque si nos la hubieran mandado la hubiéramos desperdiciado; o sea, de ahí empezó una serie de medidas entre los dos países. Por eso yo digo, no lleguemos a conclusiones sin conocer a fondo, precisamente, el problema.

Debo decirle de que el tiempo que tiene el tratado, los norteamericanos nunca han fallado en darnos la donación, hay que admitir que en una temporada, allá por los años 60's, mandaron agua salubre, porque estaban lavando las aguas del Valle Wellton-Mohawk, que nuestro país reclamó y se corrigió.

Por eso yo opino, y estoy inquieto también con el Senador Blásquez y, por supuesto, con el Senador Martínez, y que veamos esta situación como debe de ser, y reclamarle a las autoridades de nuestro país esta situación.

Eso es lo que yo opino que se debe de hacer.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: La Asamblea ya dio cuenta de sus intervenciones y estaremos turnando sus intervenciones a la Comisión de Agua.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, se declara suficientemente discutido el dictamen.

Voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea si autorizan para que los seis dictámenes que propone la aprobación del mismo número de instrumentos internacionales desahoguemos, primero, las respectivas discusiones y posteriormente, de forma individual y continua, realizaremos las seis votaciones correspondientes.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la votación de los seis dictámenes de instrumentos internacionales, para que se realice separadamente al final de todas las discusiones. Quienes estén porque se autorice de esta manera, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, el anterior dictamen se reserva para su votación nominal, una vez concluidas las discusiones. Pasamos al siguiente dictamen.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México y Brasil. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 26 DE MAYO DE 2015

(Dictamen de segunda lectura)



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Nuevamente consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Las Presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, hicieron la presentación del dictamen en su intervención de hace unos momentos.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Félix González Canto: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

Brasil y México representan las más grandes economías de América Latina, juntos constituyen el 65 por ciento del PIB de la región.

Los vínculos entre ambas naciones se han caracterizado al paso de los años por la fraternidad, por la amistad y por el respeto.

Las relaciones económicas son importantes, Brasil, hay que destacarlo, es el principal socio comercial de México en América Latina, y el octavo a nivel mundial.

Mientras que nuestro país es el décimo socio comercial de Brasil, a nivel global, y el segundo en la región.

Las relaciones de cooperación entre ambas naciones se han fortalecido en múltiples áreas, como cambios académicos, intercambios científico-tecnológicos, turismo, medio ambiente, cooperación agrícola, y recientemente en el área de la aviación.

En los últimos años México y Brasil se han fortalecido en la industria aérea, ambos consolidan el papel principal en Latinoamérica dentro del mercado global de la aviación ejecutiva.

Este rubro debe generar en los próximos años negocios por un valor de 265 mil millones de dólares con una amplia participación en la región.

Los gobiernos de ambos países han fortalecido sus relaciones de cooperación internacional para vigorizar el tráfico aéreo.

Ello se dio por medio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de México y el gobierno de la República Federativa del Brasil, que se realizó aquí, en la Ciudad de México, el 26 de mayo de 2015.

Dicho instrumento tiene como objetivo principal ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre ambos países, así como brindar certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicanas que deseen prestar servicios entre cualquier origen-destino entre los territorios de ambos países.

Además, eso es fundamental para fortalecer el crecimiento de la industria aérea en México y Brasil.

Cabe destacar que en 2014 México tuvo un crecimiento del 5 por ciento en su flota de aviones ejecutivos, y en 10 años espera que su flota aumente en 140 aviones.

Una de las prioridades de la actual política exterior es la diversificación de los socios comerciales de nuestro país, entre ellas, la profundización de los procesos de integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de América Latina.

Es en ese sentido que el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México y Brasil, sin duda nos va a fortalecer a ambas naciones.

Y nos va a fortalecer, sobre todo, al coadyuvar a mejorar la industria aérea de nuestro país con mayores oportunidades turísticas, comerciales y de negocios que indudablemente se van a traducir en un mejor desarrollo para todos los mexicanos.

Brasil y México son los destinos más visitados de América Latina, recientemente México se posicionó como el octavo país más visitado del mundo, esto con base en el ranking 2016 de la Organización Internacional de Turismo.

Proporcionemos a nuestro país los instrumentos que nos faciliten y nos permitan crecer y, sobre todo, intensificar los vínculos de cooperación con naciones hermanas como Brasil.

El Acuerdo sobre Servicios Aéreos camina en esta dirección.

Compañeras y compañeros legisladores:

Las relaciones México-Brasil forman parte de la agenda de diversificación comercial que impulsa el gobierno de la República para ampliar el acceso a nuevos mercados y a fortalecer la presencia de México en aquellos en los que ya está presente.

Es por ello que en el grupo parlamentario del PRI apoyamos los acuerdos que proporcionen nuevas oportunidades de mercado y el fortalecimiento de nuestro país, entre ellos, la rama fundamental para el crecimiento comercial y turístico de México, de la aviación mexicana.

Por lo anterior, les invitamos a votar a favor del presente dictamen.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Félix González.

En virtud de que no hay más oradores, se reserva para su votación al final de la discusión de dictámenes de instrumentos internacionales.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE ANKARA, TURQUÍA, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Ante la actual problemática internacional, México debe promover la apertura comercial y la cooperación económica de todas aquellas naciones con las que tenemos una buena relación, sin importar, en ningún caso, la distancia geográfica que nos pueda separar.

Con este objetivo, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, ha buscado caracterizarse como un actor comprometido en la diversificación de los vínculos comerciales y de cooperación con los países ubicados en las regiones Asia-Pacífico y Medio Oriente.

Por esta razón y con base en la facultad constitucional otorgada a la Cámara de Senadores para el análisis de instrumentos internacionales que han sido suscritos por el gobierno federal, hago uso de esta tribuna para poner a consideración del Honorable Pleno los cuatro instrumentos internacionales de la región a que he hecho referencia.

En primer término me referiré a los Acuerdos para Evitar Doble Imposición en Materia de Impuesto Sobre la Renta y para Prevenir la Evasión Fiscal entre el Gobierno de México y los Gobiernos de la República de Filipinas, el Reino de Arabia Saudita, también, cuyo objetivo es brindar mayor certeza y seguridad jurídica a los inversionistas y proporcionar mayores niveles de rentabilidad a las inversiones que se realizan en ambos países.

Actualmente México es el primer inversionista latinoamericano en Filipinas, con más de 5 mil millones de dólares en sectores como construcción, centros recreativos, agua. Sin embargo, con la aprobación de este acuerdo las empresas mexicanas tendrán un acceso más fácil y seguro a sectores con mayor valor agregado como infraestructura, autopartes, electrodomésticos, industrias y especialmente el sector agroalimentario, el cual tendrá una gran ventaja para comercializar sus productos en este país del sureste asiático.

Por otro lado, el Acuerdo de Doble Tributación con Arabia Saudita, que es el primer inversionista en México de la región Medio Oriente, dará incentivos a los empresarios saudíes y a los mexicanos a buscar oportunidades de negocios con mayor seguridad y sobre todo, con certidumbre jurídica.

Por ejemplo, en el sector turismo, México puede atraer importantes inversiones saudíes que impulsen el turismo, mientras que en el sector agroalimentario mexicano, con la obtención de la certificación Halal, podrán colocarse como uno de los principales proveedores de alimentos en uno de los mercados más importantes del mundo árabe.

Y dicho sea de paso, tenemos el orgullo que la empresa que está haciendo estas exportaciones a los árabes, es una empresa de mi estado, San Luis Potosí.

En el caso de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de México y los Gobiernos de la República de Turquía y los Emiratos Árabes, destaco los siguientes puntos:

Durante casi nueve décadas de relación diplomática México y Turquía han mantenido un amplio y constante diálogo político, dado a que ambos países en diferentes foros internacionales, como G20 y MICTA, han conversado y negociado para la cooperación en temas de desarrollo sostenible, combate al cambio climático, seguridad alimentaria, promoción de libre comercio, entre muchos otros temas.

Por ello, consideramos necesario que este nivel de interlocución también se traduzca en mayores niveles de cooperación en materia económica bilateral, con la finalidad de potenciar nuestros intercambios comerciales, además de promover las inversiones de manera recíproca, y un primer paso es la consolidación del marco jurídico comercial entre México y Turquía, que ahora, con más oportunidades que nunca, es necesario para que sean internacionales las empresas mexicanas.

Me refiero también al acuerdo suscrito con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, éste responde a una política exterior de acercamiento hacia los países árabes, que el gobierno mexicano ha desarrollado en los años recientes y que se ha fortalecido con la gira de trabajo del titular del Ejecutivo Federal a diferentes países de la península Arábiga el año pasado.

En dicha ocasión se robusteció el marco jurídico entre ambas naciones, con la firma de 13 acuerdos de cooperación bilateral, destacando el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones, por ser el único en materia de cooperación económica y que pretende transformar una relación comercial incipiente, por una de grandes oportunidades de negocios para los empresarios mexicanos de muy diferentes sectores.

Senadoras y Senadores, de otorgar su voto a favor a estos cuatro instrumentos internacionales, estaremos contribuyendo a mejorar la cooperación económica, a expandir los lazos comerciales de México y abriendo más opciones de negocios para las empresas y los mexicanos.

Quiero concluir agradeciendo la participación de las y los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras de estos instrumentos internacionales, de quienes destaco de todos y cada uno su compromiso para brindarle al Estado mexicano mayores oportunidades de desarrollo.

Agradezco a todos su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Teófilo Torres.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, sometemos a su consideración la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas, para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuesto Sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta y su Protocolo.

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Y el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía, para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Es característico de la política exterior de nuestro país el refrendo de lazos con las naciones de distintas latitudes del mundo.

Ciertamente, México satisface uno de sus importantes menesteres mediante el constante impulso del establecimiento de acuerdos y la promoción de la cooperación para el fomento de la presencia internacional de México dentro de los distintos campos de desarrollo.

Tenemos hoy el análisis de cuatro instrumentos internacionales que resultan de la mayor importancia.

México ha hablado, y sobre todo en los últimos años, de la importancia que tiene la diversificación comercial.

El 80 por ciento de las exportaciones de nuestro país se centran en los Estados Unidos. Y si realmente queremos apostar por una verdadera diversificación comercial, es necesario contar con el andamiaje legal, y esto requiere, por supuesto, de todo este tipo de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, los acuerdos en materia fiscal y, por supuesto, también los acuerdos en materia comercial.

En estos cuatro países, estamos hablando de Filipinas, del Reino de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos y de la República de Turquía, son cuatros países con los que México ha dinamizado su relación en estos últimos años, han contado, incluso, muchos de ellos con visitas al más alto nivel, a nivel de Jefes de Estado y, por supuesto, es fundamental, tanto la materialización de estos acuerdos, como su proceso de firma, análisis y ratificación.

Ambas comisiones estuvimos trabajando intensamente para el proceso de análisis. Tuvimos reuniones de trabajo con los funcionarios de las distintas dependencias, y si bien hoy estos cuatro países no son los socios más cercanos o más atractivos para México, también es cierto que Asia-Pacífico es una de las regiones con mayor dinamismo en el planeta, pero también donde México requiere hacer importantes inversiones para darse a conocer, para encontrar socios confiables y, por supuesto, también para proyectar a México como el socio confiable que somos.

Yo quiero pedir, compañeras y compañeros, así como lo hizo el Senador Teófilo Torres Corzo, con quien siempre es un placer trabajar, quiero pedir su apoyo a la ratificación de estos cuatro instrumentos internacionales. A México hoy le urge diversificarse, y debemos pasar del discurso a los hechos.

Pasar del discurso a los hechos significa, que por un lado, el sector público haga su tarea, que aquí queda claro que se está haciendo, pero también involucrar y pedir al sector privado que apuesten por más México en el mundo, que apostemos por puertas, por ventas, que hoy están ansiosos de contar con productos mexicanos en sus anaqueles, de contar con inversión mexicana en sus países y, en los que por supuesto, nosotros también estaremos abriendo las puertas de México para que la inversión extranjera se traduzca en mayor cooperación, mejores empleos y mejores salarios para nuestra gente.

Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.

Se informa a la Asamblea que el dictamen está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Estamos hoy hablando en contra de estos dos dictámenes donde se aprueban Acuerdos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

El dictamen que estamos discutiendo forma parte de una estrategia gubernamental que defiende la figura de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APPRIs, como mecanismos claros y transparentes, que con base en el principio de reciprocidad buscan impulsar la integración de la economía mexicana a una economía mundial cada vez más independiente.

Estos instrumentos jurídicos, estratégicos, deberían de contribuir para estimular un crecimiento sostenido y de largo plazo de nuestra economía, deberían derivar en transferencia de conocimiento y tecnología.

Tenemos 29 APPRIs funcionando en nuestro país con otras naciones, y no tenemos resultados.

El dictamen que vamos a votar, en las nueve hojas que se ponen a discusión de este Pleno, no cuenta con un balance del modelo de las APPRIs.

Empleo. ¿Cuál es el crecimiento del empleo? Aquí se habló del empleo, y no es cierto.

De la inversión, muchos menos por sector y destino geográfico. O sea, no hay una especificación de estos rubros.

Estamos hablando de un modelo creado al amparo de un marco jurídico que otorga mayor seguridad y certidumbre a las inversiones.

Certidumbre a los inversionistas extranjeros a costa de la protección y el estímulo que deberá otorgar a las inversiones productivas y a los inversionistas nacionales.

La esencia del dictamen es para excluir de cualquier tipo de control y responsabilidad a los inversionistas extranjeros, a garantizarles a los inversionistas extranjeros el mismo trato que a los inversionistas nacionales y ciertas prerrogativas que ni siquiera damos a nuestros propios ciudadanos:

Expropiación a valor comercial, por mencionar algún ejemplo, subrogación, solución de controversias en tribunales extranjeros. No se someten a las leyes de nuestro país. Están siguiendo una táctica equivocada.

A diferencia del modelo asiático de atracción de inversión extranjera que se basa en el mismo principio de certidumbre jurídica a la inversión extranjera directa, pero sin renunciar a la facultad para regularla y complementarla con el estímulo del desarrollo nacional y la competitividad de sus economías.

Al igual que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se excluye el tema de los incrementos de los salarios en la región para la clase trabajadora, es una actitud reiterada e insistente de no proteger el ingreso de los trabajadores mexicanos a la firma de estas APPRIs que se están haciendo.

Mantienen un modelo de competitividad basado en las carencias y en la falta de voluntad para garantizar mejores condiciones de negociación para la nación mexicana.

Hay una renuncia tácita al derecho de defender a los inversionistas nacionales.

Como Senado de la República tenemos que realizar una labor de evaluación sobre este tipo de instrumentos internacionales que hemos aprobado, con la intención de promover la inversión extranjera y nacional, dotando de mayores garantías a los flujos de capital.

Propongo, para las comisiones, de las que yo formo parte, incluso, de Relaciones Exteriores, que dotemos al Poder Legislativo de mayores elementos, que la simple fundamentación jurídica de un procedimiento, que a la luz de los argumentos presentados es meramente un trámite donde renunciamos al ejercicio de analizar instrumento por instrumento y a velar por el interés nacional.

No es cierto que se estén buscando otras alternativas frente al cierre de ventanas y espacios en el TLCAN.

Es, como se requiere, un ejercicio inherente a nuestra responsabilidad y responsabilidad exclusiva en materia de política exterior y aprobación de tratados internacionales. El dictamen debería haber incorporado, antes de ser sometido a esta discusión, cuando menos, un informe de la Secretaría de Economía, de la evaluación del funcionamiento de cada uno de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, de las APPRIs, de las cuales formamos parte con otras naciones, repito, hay 29, que incluya ese informe el comportamiento histórico de la inversión extranjera directa captada por nuestro país, proveniente de aquellos países con los que tengamos suscrito un APPRIs, así como el monto y la naturaleza de las inversiones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo por montos, sector, destino geográfico.

Eso sería de utilidad para nosotros, para tener, con más claridad, una visión de que estos acuerdos sí están generando impulso a la economía, que no estamos protegiendo, y sobreprotegiendo las inversiones internacionales o al capital extranjero, y estamos dejando en cuestiones de desventaja a los productores nacionales, a nuestros inversionistas.

Muchas gracias, señor Presidente.

Por eso los llamo a votar en contra.

¿Me quiere hacer una pregunta?

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quisiera que me permitiera el uso de la palabra para alusiones, a lo que acaba de señalar el señor Senador.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Desde su escaño, señor Senador, tiene la palabra.

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Bueno, me parece que aquí se ha dicho que no vale la pena buscar inversiones extranjeras, me parece que habrá que irse a preguntar a quién sea, si se cubren o no algunas de las problemáticas que en la realidad no existen.

Yo quiero señalar con toda claridad, por ejemplo, en el asunto de la carne Halal, en este momento, el día de hoy se está exportando exitosamente a Emiratos Árabes Unidos, hoy una empresa mexicana está ya exportando cantidades muy importantes a Emiratos Árabes Unidos.

Y ante la problemática internacional, lo que México debe hacer es precisamente buscar la posibilidad de tener más intercambios de negocios, compras y ventas con todos los países del mundo.

En cuanto a que el dictamen que hoy se presenta no ha sido discutido, yo quiero señalar que fue ampliamente discutido en las comisiones y ya hizo referencia a ello quien habló después de mí, que es la Senadora Gabriela Cuevas, a nombre de la Comisión que preside, de Relaciones Exteriores.

Quiero terminar, señor Presidente, muy rápidamente, diciendo, México necesita hoy tener mucho más inversiones mexicanas en el extranjero e inversiones extranjeras en México, revisadas, por supuesto, por el Senado de la República y aprobado por las y los Senadores.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Torres Corzo.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García, es motivo de agrado para el Senado de la República contar con su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos a ésta su casa!

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para hacer una rectificación de hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tiene la palabra, Senador Isidro, desde su escaño.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Nada más dije que este instrumento es un instrumento de carácter meramente administrativo y que dejó ausente una justificación de una valoración de los 29 APPRIs que el país está firmando con otras naciones, y que eso no nos permite calcular cuál es el impacto directo que tiene en la economía de nuestro país, no hay una evaluación del funcionamiento de cada uno de los acuerdos, y que esto no es la mejor salida porque descobija a los inversionistas nacionales frente a las canonjías que reciben los inversionistas extranjeros.

Y yo no dije que canceláramos esta oportunidad o que eran cosas que no valían la pena, sino que había que hacerlos fundamentando con más información este tipo de instrumentos antes de votarlo.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño de la Senadora Gabriela Cuevas.

¿Para el mismo asunto, Senadora?

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más quisiera hacer un par de precisiones.

La primera, querido amigo, es, estos instrumentos constituyen el andamiaje legal, el contenido, evidentemente, se lo tienen que dar los empresarios, todos los productores y la intención, por supuesto, es que algún día logremos tener una política exterior y una política de comercio exterior mucho más inclusiva e incluyente.

Sin embargo, en términos de si hubiera alguna desigualdad entre empresarios mexicanos contra extranjeros, no es así, por ejemplo, un par de los instrumentos que estamos evaluando tienen que ver con política fiscal. Si la tasa del Impuesto Sobre la Renta fuera distinta en el país con el que México está firmando, es decir, más baja que en la de México, y el contribuyente está registrado con su residencia en México, tendría que venir a México y pagar la diferencia, es decir, no hay ninguna exención, lo que se busca es que haya intercambio de información para que se pague lo justo con una tasa máxima, no con tasas mínimas.

En segundo lugar, lo que tiene que ver con los acuerdos de protección y de promoción recíproca de las inversiones, lo que se busca es un mecanismo legal, que sea vinculante y que proteja, por ejemplo, en contra de expropiaciones.

Hemos vivido ya casos de expropiaciones de empresas mexicanas, casos hay muchos en nuestra región, no los menciono para no entrar en polémicas ideológicas, pero lo que se busca es blindar la inversión tanto mexicana en el exterior como la extranjera en México frente a posibles actos de expropiación o de algún exceso de algún político, o algo por el estilo, entonces, no se busca desigualdad, por el contrario, lo que se busca es tener piso parejo para que la competencia y las bases legales en ambos países sean exactamente las mismas.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Cuevas.

En la discusión del dictamen.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Daniel Gabriel Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, David Monreal Ávila, Senador por el estado libre y soberano de Zacatecas. Señoras y señores Senadores:

En mi carácter de Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a exponer las razones por las cuales aprobamos en comisiones cuatro instrumentos internacionales suscritos por el titular del Ejecutivo Federal, dos en materia fiscal, que han sido diseñados para evitar la doble imposición del Impuesto Sobre la Renta con Filipinas y con Arabia Saudita.

Además, dos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con los Emiratos Árabes Unidos y con Turquía, y aquí vale la pena recalcar "Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones".

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, nos hemos reunidos en respectivas sesiones de trabajo para analizar estos instrumentos, el resultado es que se han aprobado por unanimidad estos instrumentos.

Los acuerdos con el Reino de Arabia Saudita y con Filipinas para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta, se aprobaron porque eliminará la carga fiscal que obstaculice el flujo de inversiones en ambos países.

De los mismos se obtendrá un beneficio económico, se generará certidumbre jurídica e impulsará mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen a cada uno de los países. Con su aplicación seremos testigos de una mayor eficiencia en el combate a la evasión fiscal por medio del intercambio de información entre las autoridades competentes de ambos países.

Con respecto a los acuerdos con Turquía y los Emiratos Árabes Unidos en materia de inversiones, fueron aprobados, tomando en cuenta que la diversificación de tratados comerciales es clave para generar una posición competitiva de México como receptor de inversión extranjera directa.

Y aquí es importante recalcar, en estos momentos, el propio Senado de la República, el propio Ejecutivo Federal está renegociando un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos de América y con Canadá, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, tenemos que diversificar las inversiones de México, y eso es precisamente lo que estamos haciendo con estos acuerdos.

Estos acuerdos tienen como principal objetivo crear un marco jurídico confiable y estable que brinde certidumbre a los inversionistas de las naciones contratantes.

Señoras y señores: Por los resultados en el trabajo en comisiones, constatamos que en el Senado de la República aprobamos instrumentos que servirán para mejorar nuestras relaciones bilaterales.

En el caso de Filipinas, confío en que la implementación de este acuerdo servirá para ampliar las relaciones que se han venido cultivando y fortaleciendo desde hace muchos años. Con respecto a los Emiratos Árabes Unidos, se debe resaltar que la ratificación de este acuerdo es de suma importancia debido a la creciente cantidad de inversiones, de empresas mexicanas en ese país y; por su parte, el acuerdo con Turquía nos va a permitir, entre otras cosas, preservar la inversión turca en nuestro país, ya que es una fuente importante de inversión extranjera directa para México; referente a Arabia Saudita, se debe tener en cuenta que es el socio comercial número 41 de México a nivel mundial y así también evitar la doble imposición del Impuesto Sobre la Renta, a fortalecer las relaciones económicas bilaterales.

Estoy seguro que a partir de la buena disposición con que este día aprobaremos la ratificación de estos instrumentos, se van a ampliar y fortalecer las relaciones entre México y sus países hermanos, pues se trata de relaciones que deben de parar a nuestros pueblos en bienestar, desarrollo y, por supuesto, inversión. Si llega más inversión extranjera directa a México, a los estados de la República, va a haber más empresas que se van a instalar aquí en México.

Lógicamente si van a haber más empresas en la República Mexicana, va a haber más generación de empleos para los mexicanos y, por supuesto, esto va a ser benéfico para todos los mexicanos aquí.

Muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Daniel Gabriel.

Se inserta intervención de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Al no haber más oradores registrados, se reserva para su votación al final de la discusión de dictámenes de instrumentos internacionales.






Pasemos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre México y Filipinas, para evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE FILIPINAS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL, HECHO EN MANILA, FILIPINAS, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Honorable Asamblea, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Los presidentes de las comisiones dictaminadoras hicieron ya la presentación correspondiente. Está a discusión.

En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación al finalizar la discusión de dictámenes de instrumentos internacionales.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba Acuerdo entre México y el Reino de Arabia Saudita para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta y su Protocolo.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN RIAD, EL 17 DE ENERO DE 2016

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Nuevamente pregunto a la Honorable Asamblea, si se omite la lectura de este dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que también se omite la lectura del dictamen.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Los presidentes de las comisiones dictaminadoras hicieron la presentación correspondiente. En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación al final de la discusión de dictámenes de instrumentos internacionales.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba Acuerdo entre México y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN LA CIUDAD DE DUBÁI, EL 19 DE ENERO DE 2016

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Una vez más, le preguntamos a la Asamblea, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que también se omite la lectura del dictamen.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. La presentación de este dictamen ya fue hecha por los presidentes de las comisiones dictaminadoras. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. La intervención del Senador se inserta en el Diario de los Debates.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Agotada la discusión de los seis dictámenes de instrumentos internacionales, procederemos a su votación de forma individual.

Iniciamos con la votación del dictamen que contiene el proyecto de Decreto que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre México y la Organización de Estados del Caribe Oriental.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Les solicitamos no retirarse del salón para cumplir con nuestras seis votaciones nominales. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señora Presidenta, se han emitido 97 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el 11 de septiembre de 2014. Remítase al Ejecutivo Federal.

Les suplico a las señoras y señores Senadores no se retiren porque estamos en votación, que tendrá seis votaciones continuas.

Pasamos ahora a la votación nominal del dictamen que contiene proyecto de Decreto que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México y Brasil. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se han emitido 95 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el 26 de mayo de 2015. Remítase al Ejecutivo Federal.

Tenemos la votación del dictamen que contiene el proyecto de Decreto que aprueba el Acuerdo entre México y Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Sonido en el escaño del Senador Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Entré y salí, y no alcancé a votar con lo de Brasil, pero quiero que asuman mi voto ahí, a favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias. La Secretaría tomará nota de su voto, Senador Pedraza.

Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se emitieron 89 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de Ankara, Turquía, el 17 de diciembre de 2013. Remítase al Ejecutivo Federal.

Tenemos ahora la votación del dictamen que contiene el proyecto de Decreto que aprueba el Acuerdo entre México y Filipinas para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuesto Sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, se han emitido 99 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuesto Sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el 17 de noviembre de 2015. Remítase al Ejecutivo Federal.

Pasamos a la votación del dictamen que contiene el proyecto de Decreto que aprueba el Acuerdo entre México y el Reino de Arabia Saudita para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta y su Protocolo.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señora Presidenta, se han emitido 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la ciudad de Riad, el 17 de enero de 2016. Remítase al Ejecutivo Federal.

Por último, tenemos la votación del dictamen que contiene el proyecto de Decreto que aprueba el Acuerdo entre México y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por dos minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señora Presidenta, se emitieron 88 votos a favor y 12 en contra.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el 19 de enero de 2016. Remítase al Ejecutivo Federal.






Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que se propone la designación del Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Como Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, está en mi ámbito de responsabilidad presentar el dictamen mediante el cual se determina que los cinco comisionados que han expresado o que expresaron, en su momento, cuando se les solicitó su legítima aspiración de ocupar el cargo de Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y después de haberlos escuchado a ellos aquí en el Senado, después de haber hecho un proceso con participación de organizaciones de la sociedad civil, después de haber tenido comparecencias públicas y abiertas, los cinco cumplen con la idoneidad requerida por la ley para ocupar dicho cargo.

Pero más allá de presentar, ante este Pleno, el presente dictamen, es también mi deber señalar que el proceso del cual se derivó este dictamen, fue un acto soberano y de compromiso republicano con el legado que dejaremos como Senadores de esta Legislatura.

Un legado que tiene que ver con la creación de nuevas instituciones, pienso en dos, particularmente: La Comisión Federal de Competencia Economía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ambos órganos constitucionales autónomos, ambos diseñados y discutidos en este Senado de la República, ambos vieron su nacimiento aquí, incluso en su primer conformación de sus plenos; ambos órganos fueron votados el 11 de junio de 2013; ambos, como ya lo decía, con una autonomía constitucional que está consagrada en el artículo 28; sin embargo, cada uno ha pasado por un proceso de renovación, el primero de su historia, con métodos completamente distintos.

Si bien no es menester, mi intención describir cómo fue la renovación de la Consejera Presidente de la Cofece, por parte de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, sí lo es decir cómo fue el proceso por parte de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Mientras que en aquel proceso de ratificación de la Comisionada Presidente se llevó a cabo en una reunión el 19 de abril de 2017 para aprobar la opinión emitida por parte de la Junta de Coordinación Política respecto a la ratificación de la Comisionada Alejandra Palacios, y una semana después, se aprobó en el Pleno del Senado. En este Senado0 hace exactamente tres semanas fue que en una reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, se aprobó apenas un proceso para designar al nuevo Comisionado Presidente del IFT.

Ese mismo día se entregó un oficio a los siete comisionados del Instituto solicitando que manifestaran su interés en participar en el proceso de renovación de la Presidencia. Después, el 14 de septiembre se venció un plazo, el primero, para manifestar ese interés, en el que ya, como ha sido mencionado, fueron cinco los que respondieron: la Comisionada María Elena Estavillo, el Comisionado Adolfo Cuevas, el Comisionado Gabriel Contreras, el Comisionado Mario Fromow y el Comisionado Arturo Robles.

El 19 de septiembre, el día del sismo en la Ciudad de México, se emitió el Acuerdo que dejaba en claro cómo se abriría el proceso para la designación del Comisionado y cuáles serían los mecanismos de participación ciudadana que se había solicitado por parte de organizaciones y por parte de integrantes de las propias comisiones dictaminadoras.

Fue el 25 de septiembre que se amplió el plazo para la participación de la sociedad civil, con fecha de vencimiento al día siguiente y el 27 de septiembre, que se llevaron a cabo las comparecencias de los Comisionados interesados en el Senado y se incorporaron las preguntas de la sociedad civil en dicho procedimiento.

Y hoy, 3 de octubre, estamos presentado el dictamen que respalda la idoneidad de los cinco candidatos.

Hay quien puede pensar que este proceso de renovación del Comisionado Presidente ha sido largo, y puede que tenga razón, pero tomemos en cuenta algunos elementos:

Primero, la propia disposición y el diseño institucional del Instituto, que nosotros le dotamos, para que nunca hubiera ausencia del Presidente.

A diferencia de otros casos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha estado un solo día, un solo minuto, una sola hora sin la titularidad de su pleno.

Fue por este mecanismo que la Comisionada Labardini entró en funciones el primer minuto del primer día del mes de septiembre de este año para tener las facultades y que los trabajos del Instituto no se vieran interrumpidos.

Y en ese sentido yo le hago un reconocimiento a la Comisionada por su responsabilidad, por acudir al mandato legal, pero sobre todo por haber hecho desde el inicio muy clara su posición: “Que ella no participaría en el proceso de renovación, toda vez que su cargo, su mandato como Comisionada vence en febrero del 2018”.

Puede que alguien crea que nos tardamos mucho; sin embargo, estamos hablando de un órgano que regula muchos intereses económicos, que regula muchos intereses políticos también. Pero además, en términos comparativos, basta revisar el caso del estadounidense o muchos otros casos de órganos reguladores en otras partes del mundo; hay uno muy reciente, el día de ayer se ratificó en el Congreso de los Estados Unidos al Secretario General de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, por sus siglas en inglés, en un proceso que duró más de ocho meses. Lo normal es que estos procesos no sean expeditos, que no haya pases automáticos, que no haya designaciones ni favoritos, que haya auscultaciones y procedimientos de revisión que vayan al fondo, no solamente de lo que están planteando hacia el futuro de un órgano autónomo, sino también cómo han votado en el pasado, cuáles fueron el sentido de sus votaciones, las razones de esas posiciones, porque el órgano autónomo, como cualquier órgano colegiado, incluido el Senado, la Suprema Corte basa su poder, entre otras muchas cosas, en la certidumbre de la actuación y los sentidos de los votos de manera permanente, porque alguien que puede tomar una posición, un día y al día siguiente otra, en función de criterios distintos a los que ha establecido en algún momento, pues puede ser que pierda la confianza, la certidumbre, sobre todo cuando lo que se regula son usuarios de las concesiones del Estado mexicano.

Entonces, en ese sentido, a algunos les parece bien que en el Senado de la República solamente se hable de los nombres de quienes van a ocupar sillones, que son sillones vacíos a final de cuentas, sillones, como si también de eso se tratara ser Senador, de una serie de sillones vacíos, de personas que solamente vienen a emitir un voto.

Me parece que pelotear varios nombres, definir un proceso en el que se determine quién logra el consenso entre ellos, y entonces simplemente nombrar a alguien que ocupe un sillón que puede ser el de la Suprema Corte de Justicia o en alguna embajada, o en alguno de los órganos autónomos, es ver nuestra participación, nuestras facultades en estos nombramientos, pues de manera muy limitada, como si en el Senado de la República sólo se hablara de eso, de sillones, de sillas que alguien tiene que ocupar.

En realidad el Senado, a final de cuentas, es un órgano colegiado en donde estos sillones deberían de tener un significado distinto.

Es el aquí en donde el pacto federal a final de cuentas fija su rumbo y el rumbo de la República, y si nos tomamos esa responsabilidad en serio, entonces, el Senado somos también corresponsables de estos nombramientos, y también muchas veces de sus acciones.

En ese sentido, cada uno de nuestros nombramientos debe de cumplir con los requisitos técnicos, particulares y específicos del encargo. ¡Claro! Pero no solamente eso.

Los nombramientos en el Senado también deben de ofrecer claridad a la gente al saber por qué ciertos problemas públicos son definidos como prioridades y otros problemas públicos no lo son, y entonces buscar resolverlos con sentido de responsabilidad política.

En resumidas cuentas, el Senado de la República, decide si se pone al frente de la mayoría de las personas a las que representamos o si decide darle las espaladas, y en ese sentido todas y todos y cada uno de nosotros, y cada uno de nuestros votos, y cada uno de los nombramientos trae consigo esa carga de prueba.

Hoy, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y quien sea su próxima Presidenta o quien sea su próximo Presidente, tiene una larga lista de pendientes qué resolver, y en esa lista la decisión será si nos abstenemos, si nos hacemos a un lado de asumir nuestra responsabilidad en que estos plazos constitucionales se cumplan, en que estos mandatos tengan un buen fin, o si simplemente pensamos que estamos nombrando a alguien que va a ocupar una silla vacía.

Aún debe el IFT emitir los lineamientos de neutralidad de la red, debe de mejorar los procedimientos de licitación para evitar lo sucedido respecto al Techno Radio y al famoso caso del fantasma; tiene que emitir los lineamientos generales sobre publicidad cuantificable, tiene que emitir los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a los que se deberán sujetar los prestadores de servicio fijo, deben de actualizar el cuadro nacional de atribuciones de frecuencias, deben de resolver la concentración Telmex-Dish, deben de licitar la Banda de 2.5 giga Hertz, deben de determinar los modelos de costos relativos a la tarifa cero.

Entonces, ¿por qué la gente del común estaría interesada en un proceso como éste? Porque de lo que seguramente se va a venir a hablar es de todos los beneficios de la reforma en Telecom, pero no se dice de todas las deudas que todavía tiene el órgano autónomo que nosotros nombramos, que nosotros creamos y que estamos en este momento a punto de renovar en su cabeza.

¿Dónde estamos a cuatro años de haberse publicado la reforma de Telecomunicaciones? Bueno, es de lo que se va a venir a hablar, pero se debe de hablar también de todas las cosas que deberán de estar en el encargo de quien funja como Presidenta o Presidente de ese órgano autónomo.

En ese sentido, hay avances, sin duda, pero hay muchas más deudas pendientes, plazos incumplidos y una serie de elementos que, el hecho de la autonomía del artículo 28 no debe de confundirse como una discrecionalidad ni mucho menos una actuación opaca o lejana a las reglas de transparencia que requiere el Estado mexicano y a las personas a las que el día de hoy estamos representando.

El dictamen que se encuentra a consideración es un resultado de un trabajo arduo entre Senadores de varios partidos, de todas las comisiones.

El Senado está en deuda también, ocho meses pasamos sin tener un Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, hasta el día de hoy que se acaba de nombrar, por cierto felicidades al Senador Gracia, que acaba de ser nombrado.

Pero también desde el momento en que retomamos el trabajo legislativo estábamos y estamos en falta de otra de las comisiones, la de Estudios Legislativos, que nuevamente tuvo que sesionar con la ausencia de una presidencia, por eso estamos hasta el día de hoy.

Sin embargo, hoy creo que así como hemos llegado a la determinación de la idoneidad de los cinco candidatos a ocupar la Presidencia, es también menester de hacer un razonamiento puntual a los comisionados Presidentes, porque todos tendrán la misma carga de prueba, todos para la emisión de un voto a favor que vinieron a expresar en términos de por qué eran mejores unos que otros, pero que poco se habló de cuáles son las razones por las cuales siguen estando en deuda con quienes al final de cuentas tenemos que asumirnos como un contrapeso al poder, los Senadores que los nombramos en su momento, los Senadores que diseñamos a este Instituto, que le dotamos de una autonomía constitucional y que hoy simplemente no tenemos una respuesta clara de por qué no se cumple con la ley.

Que este proceso sirva como ejemplo de los que vienen, pero que también sea el momento de ocuparnos también de esa otra tarea que tenemos, no solamente de personas que nombran a personas, sino poderes que controlan a otros poderes que muchas veces no están haciendo lo que la ley les ordena y les indica.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Zoe Robledo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, compañera Presidenta.

Debo en primer lugar agradecer la participación responsable, seria y comprometida de los miembros de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, no para llegar a este dictamen, sino para la concreción de un proceso abierto, transparente, acordado con una visión responsable que nos permitió el día de hoy presentar este dictamen de idoneidad de los cinco aspirantes a presidir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes respondieron ante un oficio enviado por las Comisiones Unidas, su interés formal de participar en dicho proceso.

Debo decirles que para los miembros de estas Comisiones Unidas, fue grato encontrar una visión de futuro moderna, solidaria, pero sobre todo con un compromiso con el país y con este nuevo rostro tecnológico y de modernidad que queremos darle a México.

La responsabilidad con la que se condujeron y el respeto hacia esta Cámara y a las propias comisiones, nos permitió desarrollar un proceso transparente, claro y abierto. En el que, incluso por acuerdo de las comisiones unidas, pusimos a la consideración de las organizaciones civiles, especializadas, para que en el marco del acuerdo pudieran presentar sus cuestionamientos ante los comisionados que comparecieron ante las comisiones unidas en días pasados.

Fue un proceso arduo, interesante y complicado, porque al fin encontrar los consensos y los acuerdos sí nos exige diálogo y más diálogo. Por eso reconocemos a cada una y a cada uno de los comisionados que decidieron participar el que lo hayan hecho apegado a lo establecido en dicho acuerdo.

Debo decirles que como pocas veces, y nos da gusto decirlo, encontramos una gran cantidad de Senadoras y Senadores atentos a las comparecencias que, por cierto, duraron más de ocho horas, y en el que hubo cuestionamientos abiertos, sin cortapisas y respuestas también con una gran precisión de parte de quienes presentaron su ensayo y su propuesta de trabajo como aspirantes a presidir el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Debo decirles también que los avances tecnológicos de las últimas décadas han tenido un importante impacto en el acontecer cotidiano de prácticamente todos los países del mundo, a tal grado que los diversos sectores productivos de la economía y la comunicación entre las personas dependen en gran medida de ello.

En nuestro país, las nuevas tecnologías digitales son fundamentales para aumentar la competitividad de un país que estimule su crecimiento y desarrollo económico y social.

Las telecomunicaciones se han convertido en un sector estratégico que repercute y coadyuva en la estabilidad y desarrollo de otros sectores, así como de la democracia, la cultura y el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos.

Con la reforma en materia de Telecomunicaciones que aprobamos aquí en el Senado en el 2013, hemos dado un paso de enorme importancia para que nuestro país transite hacia la sociedad de la información y el mundo del conocimiento, en esta que es la era digital de la humanidad.

Se han emprendido importantes cambios con miras a la modernización de dichos sectores y la lucha contra los monopolios, lo cual ha permitido enfrentar las desigualdades en el acceso a los servicios de telecomunicaciones, mejorando la vida de miles de familias mexicanas. Los resultados son contundentes, la reforma se ha traducido en importantes beneficios para los mexicanos al abrir los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión a una mayor competencia, permitiendo menores costos en la telefonía, en Internet de banda ancha y en una mayor conectividad.

A partir de la reforma, más de 40 millones de personas en México se han suscrito a servicios de banda ancha móvil, lo que contribuye al empoderamiento considerable de los usuarios de los servicios de comunicación.

Hoy México es más atractivo para la inversión privada del sector, la cual se duplicó según las cifras oficiales sólo de 2014 a 2016, se han generado más de 36 mil nuevos empleos y la productividad de las pequeñas y medianas empresas se han incrementado aproximadamente el 11 por ciento; sin duda, la reforma de telecomunicaciones ha permitido a México avanzar en la disminución de la brecha digital y en el camino hacia la sociedad de la información y el conocimiento, contribuyendo al posicionamiento global de nuestro país.

En el logro de estos objetivos, el trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido fundamental, gracias al efectivo planteamiento de mejores políticas públicas que han coadyuvado la movilización y una mayor productividad del sector.

Hoy estamos ante la crucial decisión para elegir quién será el próximo Comisionado Presidente de dicho organismo durante los próximos cuatro años, y de quién dependerá el rumbo que tome la institución en ese lapso.

Contamos con cinco candidatos presentados en el dictamen de hoy, todos ellos cuentan con una importante formación, trayectoria y experiencia, lo cual los hace idóneos a todos para ser electos, han realizado los más altos estudios en escuelas reconocidas a nivel internacional, poseen una formación multidisciplinaria y tienen una vasta carrera profesional en la que han ocupado cargos de alto nivel.

El proceso que las comisiones dictaminadoras hemos realizado ha sido consciente de la importancia del cargo y del propio órgano autónomo.

Hemos planteado llevar a cabo un procedimiento exhaustivo en el que los candidatos han presentado, no sólo su intención de ser seleccionados, sino también sus planes y sus visiones para el Instituto.

Nos reunimos con ellos, como les dije al principio, y nos han contestado las preguntas a los y las Senadoras y también a la sociedad civil, y estamos seguros de quien sea elegido para ocupar dicho cargo, ejercerá sus funciones con responsabilidad, con pulcritud y de forma eficiente, guiándose por el interés de nuestra nación y el deseo de poner en alto el nombre de México.

Compañeras y compañeros Senadores, el sector de las telecomunicaciones es imprescindible para el desarrollo de nuestra nación, sabemos que aún existen desafíos que debemos resolver y solventar para poder integrarnos completamente a la era digital; para ello, es fundamental que el próximo Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continúe trabajando en la consolidación de la reforma en materia de telecomunicaciones, en beneficio de los mexicanos y de las futuras transformaciones.

Por ello, presentamos este dictamen en nombre de las comisiones unidas, especialmente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y les pedimos participar, como lo han hecho siempre, con una gran responsabilidad en la elección del próximo presidente.

Muchas gracias, señor Presidente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Tiene la palabra el Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

EL Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

A partir de la reforma constitucional de junio de 2013, se dotó de autonomía constitucional al Instituto Federal de Telecomunicaciones, su característica más importante es que dicta sus resoluciones con plena independencia, mismas que tienen por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, siendo la autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores.

La importancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la trascendencia institucional como órgano constitucionalmente autónomo, se ha ido trazando mediante destacadas resoluciones del Poder Judicial de la Federación.

Dentro de la teoría constitucional y del derecho procesal constitucional, la Corte mexicana ha mantenido un pronunciamiento congruente en materia de autonomía institucional y sus garantías, ningún otro poder puede incidir en el ámbito de decisión del órgano constitucional autónomo de que se trate.

Sin embargo, aunque pareciera algo muy sencillo de relatar, lo cierto es que el ejemplo del IFT ha evidenciado que nos queda un largo camino por recorrer.

Dos resoluciones son las que me gustaría resaltar: la primera es ya conocida, la controversia constitucional 114/2017, de la que emanaron doce tesis jurisprudenciales; y el amparo en revisión 1100/2015 resuelto por la Segunda Sala, hace apenas casi dos meses.

En ambas se comparte una temática común, el uso y ejercicio de las facultades regulatorias con las que cuenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre todo, frente al Congreso de la Unión, y en esto me quiero detener un momento.

Mientras que en el primer asunto se delinearon los límites de este concepto, dando lugar, incluso a lo que el propio pleno de la Corte, denominó “estado regulador”; el segundo asunto analizó específicamente la tarifa de interconexión cero, como medida asimétrica impuesta al agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones.

No me voy a detener en los detalles, considero oportuno, sin embargo, en este momento de la elección del Presidente del IFT, dejar en claro mi postura sobre este tema.

Si bien la Corte declaró la inconstitucionalidad en algunas partes de este artículo, el 131, y decretó igualmente o concedió la razón a quien interpuso este recurso al considerar que las medidas asimétricas no pueden estar contenidas en ley, debido a que son de carácter transitorio y no permanente, hay algo que me parece importante destacar.

“No me voy a detener”, decía yo, en el argumento de, si la reforma constitucional de 2013 dio o no al Congreso de la Unión facultades sobre este tema, no. Voy a aprovechar este momento para hacer un llamado al IFT y a la propia Corte a hacer una revisión distinta de sus propios criterios, ninguna facultad discrecional en el ámbito del derecho público puede ser absoluta.

El Congreso determinó no como parte de un criterio técnico, sino como parte de una política pública, el límite mínimo para el órgano regulador, en el caso concreto, la preponderancia por disposición del artículo 131 acarrearía la imposibilidad del cobro de interconexión como medida mínima.

A partir de lo establecido por la ley, el órgano regulador podría construir sus criterios, desde el origen de la doctrina clásica del derecho administrativo, queda claro, decía yo, que la discrecionalidad absoluta siempre corre el riesgo de convertirse en arbitrariedad.

Si bien es indeseable la politización de la justicia en la medida en que, tanto la Corte como todos los jueces deben estar libres de toda presión política en sus decisiones, también es cierto que se debe evitar la judicialización de la política, el Congreso de la Unión es el único facultado para determinar el contenido de las políticas públicas que hay de tras de una actividad concesionada; recordemos que se trata de una actividad constitucionalmente sustraída a la libertad de los particulares, genéricamente contenida en la libertad de ocupación a que se refiere el artículo 5o. de la Constitución.

Es el Congreso de la Unión el único facultado para detallar el contenido de esa política pública que orienta la actividad regulada, las decisiones del IFT para reafirmar su autonomía, así como las resoluciones de la Corte, para evaluar la constitucionalidad de las leyes expedidas, no pueden desconocer la suprema facultad del Congreso para determinar ese contenido de política pública.

Sobre el dictamen que diversas comisiones unidas han emitido, que tiene como temática la elegibilidad de los aspirantes a Comisionado Presidente del IFT para el periodo 2017-2021, no puedo sino estar de acuerdo.

Sin embargo, ojalá el nuevo Presidenta o Presidente del IFT atienda los criterios anteriormente expuestos.

Muchas gracias, compañeros y compañeras.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Héctor Flores.

Tiene la palabra la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, para hablar en contra.

¿Quiere hacerlo desde su escaño, Senadora? Adelante.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Con su venia, señora Presidenta.

Únicamente para informarles que voy a votar en contra de la redacción de este dictamen.

Lo hago en este momento, porque en un momento lo hice patente ante la comisión y no me dieron oportunidad de meter mis argumentos.

No se me tomó en cuenta a pesar de que soy integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Se les indicó en su momento que estaba mal redactado, que pedíamos que ante las prisas, que no sé de dónde las sacaron, al menos fuera congruente en su contenido y que cuidaran tanto la forma como el fondo, de lo contrario iba a votar en contra. Lamentablemente ni siquiera me dieron la oportunidad de firmarlo en contra.

Yo pido que en los dictámenes posteriores cuiden las formas, sean tolerantes con las voces que hacen críticas para mejorar el trabajo de dictaminación porque de por medio va la firma de muchos Senadores que espero, como yo, hayan leído el dictamen y sepan lo que firmaron.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Martínez Elizondo.

Tiene la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para razonar su voto.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Esta elección de Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones es un espejismo, se presenta aquí con grandes virtudes, ataviada de efectos de modernidad y numerología, justo como un espectáculo digno de los competidores del sector; sin embargo, como espejismo que es, desaparece cuando se toma conciencia y se le analiza un poco más de cerca, porque desafortunadamente, compañeras y compañeros, ustedes y yo necesitamos aceptarla.

El IFT ha incumplido con todo el afán para el cual fue formado, al menos en intención y objetivos.

Esa ilusión de llamarlo “organismo autónomo, independiente en sus decisiones”, como lo señala el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ha caído por su propio peso; y ha caído por su propio peso cuando comprobamos que ha sido precisamente la falta de independencia su talón de Aquiles, el punto preciso de los cuestionamientos más recurrentes a su labor.

Es decir, como pasa en muchos rubros en el país, se fundó una institución y se hicieron rimbombantes reformas para que todo siguiera igual, en este caso con los jefes del poder y del dinero dictando las principales determinaciones y controlándolo todo, el mercado, la cuota y hasta los nombramientos de las dependencias reguladoras.

Miren, las telefónicas de siempre continúan controlando la telefonía fija y también la Banda Ancha.

Empresas como Telcel siguen dominando casi siete de cada diez usuarios de la Banda Ancha Móvil, y Televisa, por mencionar algunos ejemplos, sigue perenemente señalando los destinos de la televisión restringida.

Es decir, tal parece que este sector que presuntamente necesita ser de vanguardia, el de avanzada, el que marca el ritmo del desarrollo de la sociedad mexicana, hoy es justo lo inverso, el sector sobre el cual pesan todos los vicios del México que ya no queremos, del México viejo, del México prehistórico del influyentismo y del poder del dinero.

Un sector, compañeras y compañeros, que debe responder a los intereses y valores de los jóvenes de este país, por ejemplo, que están llamados a aprovechar sus oportunidades y ventajas, pero a ellos los está privando, en cambio, de las mismas con una total ausencia de políticas que propenden la igualdad social y el desarrollo.

No dudo, mis queridas compañeras y compañeros, no dudo ni un segundo en asegurar que el IFT ha sido uno de los responsables de que la brecha de los conocimientos digitales sea cada vez más grave y más preocupante en nuestro país, porque a los Comisionados actuales, y me temo que también al Presidente que hoy elegiremos, sólo le mueven los razonamientos de tipo técnico incluso hasta financiero, cuando lo que más necesitamos hoy en este país es sensibilidad y también arrojo, preocupación genuina por la población que más lo necesita.

Por eso, Senadora Presidenta, no extraña nada que los más desfavorecidos en este país sean precisamente los menos atendidos por una instancia como el IFT, repleta, lo tengo que decir claro, repleta de personajes sin sensibilidad social, y no extraña tampoco que las personas que sólo tienen educación básica sean las que menor acceso tienen a Internet en este país, apenas el 48.7 por ciento.

Y no extraña que en estados como Oaxaca y Chiapas sigamos muy abajo, por ejemplo, en el acceso a la telefonía móvil. En el caso de mi estado menos del 55 por ciento de la población.

Compañeras y compañeros, qué país ha contribuido a construir este Instituto Federal de Telecomunicaciones en estos años de existencia, cuando por lo incosteable del servicio, en el 53.9 por ciento de los hogares mexicanos se decide no contratar una conexión de Internet?

Y se supone que para desarrollar estas oportunidades y para favorecer el desarrollo de quienes menos tienen es que fundamos y financiamos muy bien un instituto como este.

En Chiapas, por ejemplo, Zoé Robledo no me dejará hacer este señalamiento sin confirmarlo, menos del 15 por ciento de los hogares tienen disponibilidad de Internet.

En resumidas cuentas, el IFT puede ser llamado el “instituto promotor de la desigualdad”, una desigualdad, por cierto, que pega a lo más profundo que tenemos como seres humanos: el conocimiento, la comunicación, la oportunidad de contar con un futuro mejor en un mundo cada vez más global e interrelacionado.

Compañeras y compañeros, su espejismo se desvanece con sólo mirarle desde cualquiera de sus ángulos, y la elección de hoy es parte de esa fantasía, que de paso daña profundamente a nuestro país.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para dar su posición en contra.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Vengo a hablar en contra de este dictamen. Una sociedad que aspira a fortalecer la democracia como forma de gobierno no puede evolucionar con una estructura duopólica en el sector de telecomunicaciones.

La estrategia concebida para consolidar un cambio estructural en el sector de telecomunicaciones se inició con la reforma en la materia en 2013, cuyo primer paso que dimos fue modificar la Constitución, para elevar a rango constitucional la política pública para integrar a México a la sociedad de la información y el conocimiento mediante un mayor acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en condiciones de competencia y libre concurrencia.

La reforma pretendió asumir la importancia de las telecomunicaciones como un servicio público de interés general, a la vez que reafirma la rectoría del Estado mexicano para garantizar que los servicios se presten en condiciones adecuadas de competencia, cobertura, calidad y precio.

Para estos objetivos la reforma constitucional adoptó seis ejes rectores: Primero generar un nuevo marco legal; segundo fortalecer a las instituciones involucradas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; tercero crear reglas específicas para la competencia efectiva; cuarto conformar objetivos específicos para la cobertura universal de los servicios; quinto dar condiciones para atraer importantes volúmenes de inversión en infraestructura para el desarrollo del sector; sexto ampliar y garantizar los derechos fundamentales de libertad de expresión, acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación.

Sin embargo, el balance de esta reforma es de profundos claroscuros, mientras por un lado se registran asesinatos y ataques contra trabajadores de los medios de comunicación, convirtiéndose en parte de la realidad nacional, por otro lado, solo seis de cada diez mexicanos tienen acceso a Internet; se ha complicado la implementación de las medidas asimétricas para combatir el control del duopolio sobre la infraestructura de telecomunicaciones y la entrada de nuevos inversionistas.

No negamos los avances en la oferta de servicios y en precios, pero la velocidad para incorporar a nuestro pueblo a la sociedad de la información, requiere de acciones más contundentes de los órganos del Estado o estaremos condenados a preservar nuestro rezago respecto a otros países.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es ahora el órgano autónomo encargado de regular el espectro, las redes, los servicios y la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión.

Nos enfrentamos a la designación de quien ocupe la presidencia en el Instituto Federal de Telecomunicaciones para un periodo de cuatro años que culmine en 2021, dentro del cual en este intermedio se realizará la elección federal de 2018.

La discusión del presente dictamen no puede constreñirse sobre las aspiraciones de un grupo parlamentario, ni del gobierno federal para administrar cuotas en el órgano que regula a los medios de comunicación, cuando ha comenzado ya el proceso electoral del 2018.

Hoy nos encontramos en la definición del titular responsable de la implementación de una de las reformas más importantes que se fijó en el Congreso de la Unión, en el marco de las reformas estructurales de este sexenio, para acabar con el duopolio de los medios de comunicación en México, y garantizar la libre concurrencia y competencia en el sector de telecomunicaciones.

Desde el grupo parlamentario del PRD, la prioridad para este debate es elegir una Comisionada o un Comisionado presidente que garantice capacidad para otorgar gobernabilidad y algo entre los Comisionados del IFT, autonomía frente a los intereses del sector privado, fortalecer una agenda de trabajo que permita acelerar la modernización en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la implementación de objetivos de la reforma de telecomunicaciones.

Y, particularmente, como último objetivo, mejorar la comunicación con las Senadoras y Senadores que cuentan con una agenda en telecomunicaciones, protección de los derechos de la audiencia y particularmente la competencia y la libre concurrencia de distintos inversionistas en el sector.

Entonces, el voto en contra es porque no se contribuye a alcanzar esos objetivos para dar paso a un periodo de cuatro años en la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que contribuya a fortalecer el sector de manera decidida a eliminar el duopolio aún existente y que encabece este órgano autónomo indispensable para la ampliación de las libertades democráticas de las y los mexicanos.

Por eso, compañeras y compañeros, los llamo a votar en contra.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senador Isidro Pedraza.

Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para dar su posición en contra.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Lo que se está discutiendo en este momento es un nombramiento por parte del Senado de la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Hay varias propuestas y pareciera que se quiere imponer una decisión poco reflexionada, poco analizada, y yo quisiera argumentar en favor de una persona que ha mostrado estar del lado de las audiencias, del lado de los derechos que nosotros establecimos con toda la reforma en materia de telecomunicaciones.

Y me estoy refiriendo a la Comisionada María Elena Estavillo, porque ella garantiza un margen de independencia, de autonomía y pluralidad, y así lo demuestran todas sus decisiones al interior del instituto.

Al revés de quienes están proponiendo, otras personas, la reelección de Gabriel Contreras, que no garantiza ni ha demostrado en sus decisiones ser independiente y estar del lado de las audiencias.

La licenciada María Elena Estavillo ha puesto el acento en todas sus comparecencias y en las votaciones en el pleno del instituto, la necesidad de privilegiar los beneficios del consumidor, de los usuarios, de nosotros, de las audiencias por encima de los intereses de los grandes monopolios, de las grandes corporaciones de telecomunicaciones y radiodifusión.

Estavillo ha planteado la necesidad de que el instituto cumpla con su segunda gran función para la que fue creado por nosotros: Garantizar la competencia en el sector de manera proactiva, no sólo reactiva, porque como ella misma lo dice, no sólo estamos dirimiendo diferencias entre particulares, sino que se está defendiendo el interés del público y un interés público.

Ella en su comparecencia, así lo dijo, cuando compareció aquí en las comisiones del Senado.

La Comisionada Estavillo no proviene ni ha sido apoyada por ninguno de los grandes grupos de interés económico que dominan el sector, ni tampoco por el gobierno federal.

Caso contrario, por cierto, del Comisionado Gabriel Contreras, cuya trayectoria y apoyos principales han provenido de Humberto Castillejos, ex Comisionado Jurídico de la Presidencia de la República.

Uno de los estudios más importantes que impulsó la Comisionada Estavillo al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones fue el de “Las Barreras de Uso de Infraestructura en los Municipios”.

Este estudio es un diagnóstico para detectar las carencias en los municipios más pequeños, y todo un plan de acción para eliminar las barreras digitales, las carencias que, como vimos en los recientes sismos, son mayores en términos de telecomunicaciones y de comunicación en los municipios de las entidades como Chiapas, Oaxaca, Morelos y en la Sierra de Puebla que fueron afectados por los sismos.

Durante la votación sobre los lineamientos de defensa de los Derechos de las Audiencias al interior del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisionada Estavillo junto con Adriana Labardini, fueron las dos únicas que votaron a favor de que el organismo no reculara ante las fuertes presiones de las televisoras, y las dos controversias que interpuso el Senado y la Presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto fue una demostración de su independencia y de su interés por los derechos que todos debemos de defender, no sólo ellas, también el Senado.

En cambio, Gabriel Contreras, como ex Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mantuvo una posición muy tibia frente a los excesos y abusos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entrega de la licitación de las televisoras digitales terrestres, que acabaron costando 27 mil millones de pesos al Erario; el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el presidente del organismo pudo haber llamado la atención sobre los sobrecostos, licitaciones a modo e ineficiencia con este reparto de televisoras en el 2015, y no lo hizo.

Votó en contra de que el Grupo Televisa fuera declarado como agente dominante en el mercado de televisión restringida, no fue sino hasta que el Tribunal Colegiado concedió un amparo y ordeno al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que actuara conforme a derecho y conforme a la ley. Fue hasta entonces que votó a favor de que Televisa fuera declarada dominante en ese sector.

Además, toda la investigación de la unidad de competencia iba en el sentido de que las empresas de televisión por cable de Televisa, eran dominantes. Ha mantenido, Gabriel, una posición favorable a los dos grandes agentes dominantes, Televisa y América Móvil. Se opuso a que continuara la investigación sobre la dominancia y prácticas monopólicas de ambos grupos.

Como Presidente del IFT permitió las irregularidades en la participación de Tecnoradio, vinculado a Radiorama y al Vocero de la Presidencia Eduardo Sánchez, sin advertir que uno de los propietarios tenía vínculos con esta compañía. Ése grave error echó abajo cerca de 37 frecuencias de radio.

Como Presidente del IFT no pudo culminar exitosamente la licitación de las dos grandes cadenas de televisión abierta, sólo se concretó la segunda cadena, porque Radio Centro incumplió con el pago.

Ahora en la licitación de las cadenas de televisión regionales se favoreció a la compañía de Remigio González, un personaje con un historial muy cuestionado porque tiene todas las cadenas de televisión de Centroamérica, es decir, para Gabriel Contreras no son importantes los contenidos, mucho menos la pluralidad en éstos, sino sólo la viabilidad financiera de los oferentes en las licitaciones de radio y televisión.

Decir por último que, como Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, centralizó, concentró en exceso las decisiones más importantes de las unidades y las direcciones generales.

Una de las grandes crisis del Instituto durante su periodo ha sido la comunicación, no ha sabido comunicar el instituto sus acciones y ha ignorado darles voz a otros Comisionados y Comisionadas a pesar de que es un organismo colegiado.

Yo invito al Senado de la República a votar por la Comisionada Estavillo, es la mejor, es la que ha sido independiente, es la que ha demostrado estar de lado de la ley y de lado de las audiencias, y es sin duda, la mejor de quienes compiten.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Padierna.

Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, para hablar en contra.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Estamos ante una situación rara, un dictamen de idoneidad que nos presentan tres comisiones, donde se dice, en este dictamen, que cinco personalidades que integran el IFT son idóneas para ser electas en el encargo de Presidenta o Presidente Comisionado por los próximos cuatro años.

Pero ya sabemos que todo está arreglado, para después de votarse este dictamen de idoneidad a favor de cinco personas, que posteriormente se va a emprender una votación, como le hacemos en ese tipo de casos, por cédula en una urna.

Y ya sabemos por quién va a votar la mayoría, sin que se haya discutido elementalmente, después de la idoneidad, donde cinco personalidades son idóneas, entonces cuál de esas cinco personas de manera equitativa, elementalmente en un sentido de responsabilidad y de respeto a las cinco, entonces podamos dirimir quién es la que pueda reunir las mejores condiciones para asumir el encargo los próximos cuatro años.

Y es muy preocupante, porque no estamos hablando de cualquier tema, ésta es una reforma, o derivó el IFT de una reforma que durante muchísimos años en el Congreso de la Unión no se había podido concretar.

Finalmente se logra una reforma constitucional, la ley reglamentaria y la Constitución de una figura autónoma que es el IFT, que hoy ciertamente por las condiciones de la materia tiene que tener características de autonomía plena.

Y además porque ha motivado, precisamente por las características del IFT, a que las organizaciones de la sociedad civil que durante años y años han estado gestionando la Constitución de un organismo autónomo como el IFT, pues han solicitado al Senado de la República varias cuestiones que hoy no se están cumpliendo, eso hay que decirlo aquí. Hay una simulación de un dictamen para cinco personas, pero ya enseguida vamos a entrar a la votación de la que ya han decidido el PRI y el Verde, y no sé quiénes más, sacar adelante por dos tercios a Gabriel Contreras.

¿Y qué nos han dicho las organizaciones? En primer lugar, que se respete un procedimiento a partir de que éste sea público, abierto, accesible, para que se pueda además, informar con antelación su celebración y se pueda difundir en vivo a través del Canal del Congreso, de las plataformas digitales para que se valore la propuesta de trabajo, particularmente la agenda regulatoria y un análisis de los aspectos que deben mejorarse en el IFT, etcétera, etcétera. Ya no viene al caso mencionar cada una de las solicitudes que nos han hecho al Senado de la República, porque ninguna de estas se está cumpliendo.

Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Y ése es el sentido de mi intervención. ¿Es una bronca con Gabriel Contreras? No, no tengo nada contra él, bueno, salvo que primero aprueba unos lineamientos y después se echa para atrás, a partir de la controversia del gobierno y del Presidente entonces de este Senado de la República, que tomaba la decisión de presentar una controversia sin consultar al Senado, a los 127 restantes, Senadoras y Senadores, para saber si estamos de acuerdo que él en su carácter de Presidente del Senado presente esta controversia constitucional, eso también hay que decirlo aquí.

Me parece que si bien da un paso importante el IFT para definir estos lineamientos a favor de las audiencias, como lo plantea la Constitución, resulta que se echa para atrás a partir de la controversia y dice: “Sí, que se suspendan los lineamientos”, eso a mí me preocupa, me preocupa mucho.

Y sí, también tengo que decir, las dos únicas mujeres que tiene el IFT dijeron: “No, fueron correctos esos lineamientos a favor de las audiencias, están inscritos con fundamento constitucional y también legal de la ley secundaria y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad para la que fuimos electas”. Y entonces deciden las señoras Comisionadas avalar esos lineamientos.

El IFT tiene que tener plena autonomía, y plena autonomía además en la materia. ¿No se garantiza con Gabriel? Yo creo que no, yo también coincido que quien tiene mayores condiciones para garantizar la autonomía del IFT, es María Elena Estavillo. He leído con puntualidad su programa, su plan, su programa anual de trabajo, no tiene desperdicio. Reúne varias de las cuestiones, por cierto, que dicen en la ley.

La ley plantea principios como la perspectiva de género, aquí está sustentado su plan de trabajo, desde la perspectiva de género. ¿Es importante? Claro, no solamente porque es uno de los principios de la ley, sino porque lo que necesitamos en este país es que las redes de telecomunicaciones sean en radio, en televisión o en cualquier otro medio, debe como nunca respetar los derechos humanos y garantizar la perspectiva de género para los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y hoy no vemos que eso se esté tomando en cuenta.

Hay 12 organismos autónomos, salvo uno que es presidido por una mujer. Hoy teníamos condiciones si nos hubiéramos dado tiempo a discutirlo bien en el Senado de la República, y no rápidamente después de esta votación de idoneidad, pasar a una votación por cédula, pues, ya se va a impedir razonar el sentido del voto, y sobre todo valorar a quién tendríamos que estar impulsando.

Yo creo que quienes exigimos que las mujeres estemos en los espacios de decisión, siempre quienes se resisten nos dicen: “Pues sí, que las mujeres estén, pero sobre todo cuando tienen características para estar en esos encargos”.

Pues saben qué hoy tenemos esas características. Una de las compañeras Comisionadas que tiene condiciones, es María Elena Estavillo, hoy no va a ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes, el PRI y el Verde, y no sé con quién más están asegurando los dos tercios, que ojalá que no tengan, y que se van a ver ahorita en el resultado de la votación.

Y si no los tienen, les voy a decir: “Pero qué necesidad”, cuando podríamos haber hecho el proceso de otra manera, y haber cumplido con las expectativas que ha creado esta decisión, que están a punto de tomar quienes ya decidieron votar por Gabriel Contreras. Que mal que llegue así.

No estamos a favor en el PRD. Nos parece que la compañera María Elena Estavillo es la que tiene mejores condiciones para la autonomía que necesita el IFT, pero además tiene las mejores condiciones profesionales…

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, por favor, Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Porque conoce la materia para garantizar la conducción de este organismos autónomo que necesitamos en nuestro país.

Señora Presidenta, le agradezco mucho haberme permitido unos minutos más para terminar mi intervención.

Gracias a usted por su comprensión.

Gracias a ustedes por su atención.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora De la Peña.

Tiene la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Quisiera reiterar que son cinco minutos el tiempo otorgado a cada uno de los participantes.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañera Presidenta.

De los aspectos que hemos estado señalando con mucha insistencia cuando se nombran organismos autónomos, hemos sostenido, y seguiremos sosteniendo, que este precepto deja de tener razón de ser en la medida en que la mano del ciudadano Presidente de la República, tiene que ver con las designaciones de los que van a integrar los organismos autónomos.

No puede haber autonomía en un país como el nuestro porque el presidencialismo sigue actuando de manera vertical y de manera horizontal, es decir, deja muy pocos espacios, muy pocos espacios para las designaciones y la participación ciudadana.

El día de hoy vamos a tomar una decisión, sea cual sea. Cinco personas están enlistadas, se está discutiendo un dictamen en cuanto a si son idóneas o no son idóneas.

Los que no sabían ya aprendieron, cinco años de práctica: “Echando a perder se aprende”. Cinco años de práctica en este Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues yo creo que algo ya aprendieron.

Hoy tenemos que sacar a uno de ellos. El dictamen se tiene que declarar idóneo, los que no lo han considerado idóneo, bueno, pues ya vinieron aquí a fijar su posición, pero es importante que sigamos insistiendo en el concepto de autonomía.

Este se pierde en la medida en que este es señalado y es operado por el ciudadano Presidente de la República.

Les quiero recomendar a los cinco que van a participar y a los dos que se abstuvieron, que mejoren sus relaciones humanas.

Es inaceptable que después de cinco años de trabajar juntos no han tenido la madurez para ponerse de acuerdo en quién debería de ser.

Debieron de sentarse a echar las pláticas que hubiesen sido necesarias y poner por delante los intereses del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y poner por delante los intereses del pueblo y la expectativa que generó esta reforma, para que nuestro pueblo tuviera mejores telecomunicaciones y tuviera mejor radiodifusión.

Prevalece la ambición personal, y cuando hay una contienda que viene precedida por pleitos internos, sólo se anuncia la división del instituto.

Yo insisto, señores que hoy van a pasar por el escrutinio del Senado de la República, una vez que concluya la votación, respeten a su presidente, apóyenlo, facilítenle su tarea, porque si siguen con las rijosidades internas, el único que pierde es el pueblo de México.

¿Por qué quieren ser presidentes? ¿Y por qué el pleito? ¿Y por qué la insistencia en más de uno? Bueno, si revisamos las facultades, tienen facultades que a cualquiera se le antoja, una atracción, a cualquier se le antoja una tentación.

Imagínense, informar, determinar la distribución de los asuntos al interior del instituto entre las unidades y coordinadores generales conforme a su competencia, con excepción de la autoridad investigadora. Expedir en el ámbito de su competencia la normativa interna que tiene conveniente para el buen funcionamiento del instituto, proponer al pleno el Sistema del Servicio Profesional del Instituto, proponer al pleno la designación del titular de la competencia económica, designar al coordinar ejecutivo; designar a los servidores públicos del instituto que deben participar en los comités, consejos y demás instancias en los que el instituto deba formar parte.

Difícilmente alguien resiste la tentación de nombrar a los mejores. En este México nuestro casi siempre se opta por los cuates, y más cuando la decisión que voy a tomar no puede ser rebatida.

Por último decirles, compañeros, que en la reunión que tuvimos cuando discutimos este tema en las comisiones unidas, propusimos que una comisión de especialistas revisara qué habían hecho estos cinco personajes y que fuera una decisión técnica la que prevaleciera por encima de la decisión política que va a prevalecer en este momento en la designación del ciudadano presidente, porque el que ocupe ese honroso cargo de presidente, debe ser el más apto técnicamente y el más apto administrativamente.

Decirles que las instituciones autónomas del Estado mexicano, tendrán mejor funcionamiento y preservarán su espíritu de autonomía en la medida en que los poderes fácticos y políticos saquen las manos de las mismas, cinco opciones, ojalá y no hagamos tortuoso este asunto y hoy mismo salga el nombramiento.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Demédicis.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El paso de un régimen político cerrado a uno democrático, significa la adquisición, por parte de los ciudadanos, de la soberanía sobre el gobierno que los rige, esta soberanía, para redundar en el beneficio general de los mexicanos, debe ser acompañada de la apertura de vías de información, permitir la libre circulación de la misma y sin censura, es un elemento esencial para que la ciudadanía sea capaz de alcanzar conclusiones adecuadas respecto a los problemas que la sociedad enfrenta.

Los canales comunicativos que las personas usan para adquirir información, implican el uso de recursos públicos y privados, por lo que los intereses relativos a su provisión no siempre apuntan a criterios de bienestar público ni a la educación y la salud de la población.

Por lo anterior, el Estado mexicano debe ser un ente que garantice que los servicios se presten en condiciones adecuadas de competencia, cobertura, calidad, precio y equidad.

La reforma en materia de telecomunicaciones del 2013 fue promulgada con este propósito; sin embargo, sus resultados, aunque claros en materia de servicios y precios, no han atendido adecuadamente otras áreas problemáticas del sector, algunas de éstas son los asesinatos y la violencia en contra de trabajadores de medios locales, la prefabricación de temas explotando indignamente la desgracia de los acontecimientos, el bajo acceso a Internet y el combate a distintos oligopolios que limitan el avance de las reformas en la materia.

Además, los medios de telecomunicaciones han sido usados por entes estatales para tareas que contravienen en el bienestar público y restan soberanía a la ciudadanía, ejemplo de éstos son que el gobierno federal ha realizado actos de espionaje a mexicanos de la sociedad civil, a rivales políticos o que ha ejercido enormes cantidades de recursos para la promoción del culto a la personalidad de los personajes gubernamentales.

Es con este panorama que ahora se elegirá a quien ocupe la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que ocupará el cargo hasta el año 2021.

En esta persona debemos buscar capacidad para la coordinación de los Comisionados del Instituto; autonomía frente a intereses privados y políticos; una agenda de trabajo que acelere la modernización del sector y la implementación de los objetivos de la reforma en telecomunicaciones, y promover la comunicación con el cuerpo legislativo para que se informe periódicamente de los avances en materia de protección de los derechos de la audiencia, la competencia y la libre concurrencia de diversos inversionistas.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá actuar con imparcialidad y apego a   las leyes, su desempeño será importante para el proceso electoral del año 2018, por  esto debe ser un órgano que permita vías de comunicación libres, que combataprácticas que condicionen los flujos de información para favorecer los intereses de un grupo limitado de personas, considerando esto el paso previo para que los ciudadanos, que son los más importantes, ejerzan sus derechos políticos en condiciones aceptables.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Palafox.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Es innegable que vivimos en una era de transformaciones caracterizada por un avance desmedido en tecnología, que no tiene precedentes.

Poco a poco, prácticamente, todos los sectores de la economía se han visto influidos por este desarrollo tecnológico, y esto apenas comienza, se ha pronosticado para el año 2020 el tráfico de datos de la banda ancha fija a nivel mundial, se duplicará y el tráfico de datos de los servidores móviles será cinco veces mayor; sin embargo, México no cuenta con la infraestructura necesaria para hacer llegar todos los servicios a nivel nacional.

El centralismo con el cual se manejan las empresas de telecomunicaciones representa una dificultad para crear la red necesaria que nos permita conectar a cada uno de los mexicanos, lamentablemente la reforma en telecomunicaciones del 2014 significó para México ir en contra de la dinámica global, aun cuando la rebelión de los medios de comunicación alternativos están en su máximo auge, el gobierno mexicano no llevó a cabo modificaciones a su marco jurídico con miras a las nuevas tecnologías, la oportunidad que se tenía de democratizar a los medios de comunicación se esfumó, los intereses de empresas que aglutinan gran parte de las audiencias hicieron posible aterrizar las demandas para desaparecer esta concentración monopólica de los medios de comunicación.

Dicha reforma estuvo muy lejos de representar una verdadera democratización, por el contrario, significó un retroceso nacional donde se ignoraron los intereses de las audiencias, y ejemplo de ello son las radios comunitarias e indígenas, las cuales fueron sometidas al control presupuestal que puede traducirse en la imposición de contenidos.

Derivado de esto es de total importancia el perfil que cumpla el próximo Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que tendrá grandes retos que afrontar, pero contará con pocas herramientas.

En lo competente a los aspirantes, el Senado de la República debe garantizar la selección de un perfil cuyo pasado y presente profesional no se encuentre ligado a intereses de empresas de telecomunicaciones ni a grupos o partidos políticos que pongan en duda la imparcialidad de sus fallos y su actuación frente al IFT, pero sobre todo, se debe evitar a toda costa que un organismo autónomo, que si bien aún tiene mucho que mejorar, sea cooptado por intereses de consorcios empresariales que pretendan revertir este logro de la ciudadanía.

Como aquí se ha dicho, esto sólo es el comienzo, hay retos muy importantes por delante, retos globales y locales para ampliar los beneficios y derechos para las audiencias, el objetivo debe ser que esto sea una realidad para todos. Lamentablemente el proceso de selección del Presidente del IFT ha estado viciado desde su origen, así lo han hecho constatar organizaciones ciudadanas, especialistas en la materia, la mayor incertidumbre de la ciudadanía radica en el hecho de que el Senado vote con un criterio imparcial, objetivo y con miras al beneficio de los usuarios para poder designar al perfil más idóneo.

Es por esto que desde esta tribuna hago un llamado a votar anteponiendo a los intereses personales y de grupo los derechos de la mayoría, no dejemos a simples acuerdos y favores políticos el futuro de las telecomunicaciones en México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador David Monreal Ávila.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, pasaremos a votar de manera económica el dictamen por el que se propone a los candidatos al cargo de Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Posteriormente realizaremos votación por cédula para elegir quién ocupará el cargo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, si se aprueba el dictamen anteriormente leído. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se aprueba.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen.

Para cumplir con lo que disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, realizaremos votación por cédula para elegir a quien ocupe el cargo de Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Informo a la Asamblea que se entregarán sobres para esta votación, en ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que ustedes determinen para depositar en la urna. Una vez que la Secretaría los llame por orden de lista.

Proceda el personal de apoyo a distribuir la cédula de votación entre las Senadoras y los Senadores.
Proceda la Secretaría a pasar la lista de asistencia entre las Senadoras y los señores Senadores, a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: En este momento procedemos a pasar lista.

(Votación y escrutinio)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Dígame, Senadora Marcela Torres Peimbert.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera, para que escuchemos a la Senadora Torres Peimbert, por favor.

Adelante, Senadora Marcela Torres.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente, queremos denunciar, somos tres, el señor, el señor que está ahí, que no me sé su nombre, perdón, él le acaba de dar un voto al Senador Flores y lo metieron, y hace ratito otro al doctor Garita, lo vi, lo vimos y hay varios, hay aquí tres testigos.

Le pido, por favor, que se suspenda el conteo porque lo acabo de ver.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Le parece, Senadora, que termine el conteo y veamos y revisemos los videos, y revisemos el proceder de los compañeros?

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Me parece perfecto, sí, por supuesto, se vio perfecto en la cámara.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Gracias a usted.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se terminaron de contar las boletas, no vamos a reportar el resultado hasta que veamos el video, y vamos a ver el video en dos sentidos:

Primero, lo que sucede aquí atrás, y a ver, si hay alguna evidencia en lo que señala la Senadora Torres Peimbert.

Y segundo, de todos los compañeros que pasaron a emitir su voto en urna, que debe de coincidir con el número de votos que fueron contabilizados.

De ser así, y de coincidir, reportaremos el conteo realizado en las boletas.

Les pido paciencia, y en un momento más procederemos.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Sí, Senador, sonido en el escaño del Senador Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Preguntarle si el video lo van a pasar aquí en la pantalla gigante.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: No, lo están viendo en la oficina del Presidente, Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Pero lo van a pasar en la pantalla, ¿no?

Y, ¿cómo lo vamos a ver entonces?

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tendrá usted que confiar en la palabra del señor Presidente.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Yo creí que, como lo dijo el Presidente Cordero, que lo iban a pasar en la pantalla.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Vamos a esperar a que regrese para que él lo decida.

Senadora Dávila.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Quien hizo la denuncia no está en la oficina del Presidente para ver, o ¿quién está con el Presidente viendo ese tema del video?

Digo, es muy fácil editar un video.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En cuanto regrese el Presidente lo platicaremos.

A ver, compañeras y compañeros, se está en espera.

A ver, compañeras y compañeros, yo creo que hay que ser muy serios en este tema tan delicado. Se está en espera de que llegue el video de parte de Comunicación Social, para que el Presidente determine qué es lo que procede enseguida.

Sí, Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Si por favor se pudiera repetir la votación. No pasaría absolutamente nada.

Estoy pidiendo con respeto, digo, si no lo quieren, digan ustedes, no así está bien. Yo estoy solicitando con respeto a la Mesa, que por favor se repita la votación. Si somos los mismos y vamos a votar por lo mismo, y hay dudas y hay testigos de que se metieron votos, yo pediría que se repitiera la votación.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora, se determinó un procedimiento por parte del Presidente.

Este procedimiento no ha concluido, por lo tanto, le suplico esperemos a que concluya lo que el Presidente determinó.

Senador Miguel Romo.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Yo también, con todo respeto, la opinión que se ha vertido aquí ha sido escuchada. Usted bien ha afirmado que se está efectuando un procedimiento, que se haga.

Éste es un Senado de legalidad, le debemos respeto y por lo tanto hay que acreditar los dichos.

De lo que resulte se actuará, sin duda alguna, en la confianza que se tiene en la Mesa Directiva, que es una Mesa plural. Dicho con todo respeto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias por sus palabras Senador Romo. Así será.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: A ver, compañeros. Ahorita todos los que quieran hacer uso de la palabra lo podrán hacer.

Yo lo que les quiero pedir es:

Primero. No vamos a repetir la votación. Aquí hay una situación muy seria, una acusación muy seria y tendremos que verificarlo con base a la señal y a la transmisión del Canal del Congreso, ahí veremos cuántos compañeros pasaron a la urna y depositaron su voto y eso debe de coincidir con el número de votos que están en resguardo de la Mesa Directiva, ante los ojos de todos ustedes.

Estamos en ese proceso, creo que lo menos que podemos hacer es no generar más confusión, tener paciencia y esperar a que veamos y contemos cuántos compañeros Senadores depositamos el voto en la urna transparente. No agravemos más esta situación, es una situación muy seria y nada más tengamos paciencia para que esto se resuelva razonablemente entre compañeros y con absoluta transparencia, honestidad y buena fe.

Senador Blásquez, por favor.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Es una sin razón lo que está ocurriendo. Existe un señalamiento de una compañera que a la vista señala, pero no puede acreditar.

Entonces, yo creo que la honorabilidad de este Senado no se puede poner en entredicho por un dicho, porque, “a vistas yo lo vi”, o “porque me pareció que así fue”. Sobre todo porque los compañeros de Servicios Parlamentarios son portadores de documentos naturales, portan papeles de manera natural. Esto no es la NFL, ni es un juego de tenis para estar revisando el video.

Yo les suplico, por la honorabilidad de este Congreso, de esta Cámara, que usted dé a conocer el resultado de la votación, tal como se expresó en el conteo de los compañeros.

Y si la interesada tiene alguna prueba que pueda documentar fehacientemente, entonces que se turne, como ya dijimos, a la Mesa Directiva, pero no se puede detener el resultado de una votación a los ojos vistos de todos, legalmente emitida. Es una recomendación.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Blásquez.

Les pido un poco de paciencia y esto queda absolutamente transparente, y tendremos todos tranquilidad.

Les pido por favor que nos den un poco de serenidad, un poco de paciencia, ya están aquí los compañeros del Canal del Congreso para poder contabilizar cuántos votos se depositaron en la urna y compararlos con los que están ahí.

Es un poco de paciencia, les pido responsabilidad, les pido prudencia y no hagamos más complicado esto, ni enrarezcamos algo que fue un proceso, estoy seguro, transparente, y entre compañeros, de buena fe.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Bien, hemos revisado puntualmente lo que ha ocurrido en el proceso de votación, todos los grupos parlamentarios han entrado en un proceso de reflexión amplia, se ha vivido esta designación con pasión, con un verdadero sentido de análisis y de amor por México.

Las cinco personas que aspiraron a la Presidencia del IFT, todas, de acuerdo al dictamen de idoneidad, reunían los requisitos para desempeñar un papel decoroso al frente de este órgano.

Evidentemente tendremos que hacer mucho para mejorar en lo sucesivo la forma en que votamos, al aglomerarnos puede provocar algunas confusiones.

El Senado de la República ha llegado a su conclusión, habrá de anunciar la Mesa Directiva el resultado que se ha tenido y, en lo sucesivo, tendremos la obligación de mejorar todos nuestros procesos de votación para tranquilidad y certeza de todo el Senado de la República.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene la palabra el Senador Carlos Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Expresar a la Asamblea haciendo un reconocimiento, primero, a las mujeres y los hombres comisionados del IFT, pero también a cada una de las compañeras y compañeros que expresaron su posición al respecto de este presente dictamen de idoneidad, en la cual se comprobó un compromiso de este Senado de la República, de seguir trabajando a favor de México.

El Senado se ha pronunciado y a continuación escucharemos lo que ha decidido, por una muy amplia mayoría de este Senado de la República, de manera clara y de manera contundente.

Dejar en claro que este Senado trabaja para bien de México y dejar en claro el respeto no sólo a todas nuestras compañeras y a todos nuestros compañeros, en lo cual tenemos esa libertad de expresar lo que sentimos en cualquier momento, pero también manifestar el respeto a nuestros colaboradores.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más ratificar la confianza que hay en Servicios Parlamentarios y, por supuesto, también ratificar la confianza que en lo personal tengo como compañero y como amigo en el Senador Flores.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Blásquez.

Le pediría a la Secretaría dé cuenta del resultado de la votación.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del señor Presidente, doy cuenta, primero que nada, del total de votos emitidos, fueron 112 votos, 112 compañeros y compañeras que emitieron su voto, como así se darán cuenta en un momento.

Hay 81 votos a favor de Gabriel Oswaldo Contreras.

Hay 27 votos a favor de María Elena Estavillo Flores;

Y hay 4 votos nulos.

Si ustedes hacen la cuenta, dan 112 votos.

Esa es la votación, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, el ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar reúne la mayoría de dos tercios de votos a favor. Conforme al resultado de la votación, se designa Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones al ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores: Héctor David Flores Ávalos, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jorge Aréchiga Ávila y Miguel Ángel Chico Herrera, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Contreras Saldívar!

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe al señor Presidente cuando desee retirarse del salón.






Compañeras y compañeros Senadores, les informo que la Junta de Coordinación Política nos hizo llegar un Acuerdo por el que se integran las preguntas parlamentarias que la Cámara de Senadores formule al Presidente de la República con motivo del Análisis del V Informe de Gobierno. El documento está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA



Está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se integran las preguntas parlamentarias que la Cámara de Senadores formule al Presidente de la República con motivo del Análisis del V Informe de Gobierno. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal.






Compañeras Senadoras y Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de las comisiones del Senado. El documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva autorizó la ampliación de turno al proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado el 5 de junio de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos. Asimismo, se autorizó el retiro del proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 119 Bis 9 y 119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado el 14 de febrero del año en curso.






Les informo que los integrantes de la Junta de Coordinación Política hicieron llegar a la Mesa Directiva un Acuerdo relativo a las comparecencias para el Análisis del V Informe de Gobierno.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo relativo a la comparecencia para el Análisis del V Informe de Gobierno. Comuníquese.






Compañeros Senadores, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se establecen las normas para el Análisis del V Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Senadores. El documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se establecen las normas para el Análisis del V Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Comuníquese.






EXCITATIVAS

A partir de las solicitudes de los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter y Manuel Cárdenas Fonseca, esta Presidencia emite excitativa a las comisiones correspondientes, en cada caso, a fin de que presenten los dictámenes sobre:

El proyecto de reformas al Código Penal Federal del 27 de octubre de 2015.

La suscrita Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 fracción III, 214, 215 numeral 1 y 216  todos del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía la presente solicitud de excitativa, con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primero. En sesión celebrada el 27 de octubre de 2015, la que suscribe, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenté ante esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal. Misma que fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, para su análisis, discusión y dictaminación correspondiente.

Segundo. Derivado de que los plazos para la dictaminación señalados en los artículos 214 y 215 del Reglamento del Senado han sido superados y con fundamento en el artículo 219 del mismo ordenamiento, mediante los oficios  SEN/LXIII-0211/2015 del 24 de septiembre de 2015 y SEN/LXIII-04/2016 del 12 de septiembre de 2016, se solicitó la mantener la dictaminación de diversas iniciativas que he presentado, entre ellas la que adiciona el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, reiterando mi interés y compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección Civil en vinculación con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenación Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de regulación de los asentamientos y seguridad de quienes habitamos el territorio nacional.

En este sentido se hace primordial que estas Comisiones consideren, en el marco de la iniciativa que presenté, la importancia de generar:

1. Las acciones de prevención y aplicación de la Ley en la toma de decisiones sobre el uso del suelo, el diseño de planes a gran escala geográfica y administrativa;

2. Reducir los asentamientos humanos irregulares, edificaciones e instalación de todo tipo de servicios en zonas propensas a amenazas o riesgos naturales, y

3. Cumplir con la obligación Estatal de proteger y garantizar el derecho a la vida.

Tercero. La Iniciativa por la que hoy solicito se emita dictamen en sentido positivo, es tan vigente como en 2015 y tan necesaria como recordar que la gestión de riesgos y prevención ante los desastres naturales, es un tema fundamental en las acciones gubernamentales, legislativas y judiciales.

Cuarto. En materia de desastres y emergencias naturales, esta iniciativa da fuerza normativa a la protección civil. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la estabilidad social, económica y ambiental, se logra unificando y haciendo aplicables las leyes.

Quinto. La atención de desastres naturales, gestión de riesgos y protección civil son materias que nos incluyen, responsabilizan y benefician a todos.

Implementar correctamente los procesos administrativos, erradicar la corrupción y sancionar a quienes permiten la construcción y establecimiento de asentamientos humanos, centros de población y edificaciones que no cumplan con los requerimientos técnicos y de seguridad, debe ser sancionado conforme a la Ley.

Por lo expuesto y fundado, se solicita respetuosamente a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dar trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. Se excita respetuosamente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a emitir el dictamen  correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto  por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal,  en materia de  gestión de riesgos, presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  y turnada para su estudio a las Comisiones dictaminadoras el 27 de octubre de 2015.

Ciudad de México, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.






El proyecto que reforma el artículo 41 constitucional del 27 de octubre de 2015.

Quien suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante de  la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta Presidencia de la Mesa Directiva se emita excitativa en relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- En la actualidad, en México los partidos políticos enfrentan una crisis de desconfianza misma que ha detonado en la desacreditación del sistema electoral.

SEGUNDA.- A lo largo de los años 90´s, el sistema electoral y de financiamiento a partidos ha tenido grandes cambios. En dicha década se decidió que el financiamiento de las elecciones en nuestro país debería ser en mayor porcentaje público, bajo el argumento de que con esta medida se impediría que el capital privado fuera quien inclinara la balanza decisiva de los resultados. Además de que en la discusión de la misma se creó un estigma para los patrocinios privados, pues prácticamente se les denomino como los enemigos de la democracia entre otros adjetivos.

TERCERA.- La materia electoral nunca ha tenido tantos recursos. Los partidos políticos y las autoridades electorales son los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como establecer medidas de ahorro y de eliminación de privilegios.

CUARTA.- El humor social ciudadano demanda que sus representantes dejen de gastar en las actividades propagandísticas los enormes caudales de dinero público.

QUINTA.- Los partidos políticos y sus integrantes debemos aprender a competir electoralmente con buenos programas, talento e inteligencia. No a base de spots y propaganda pagada a costa del ciudadano. Los partidos deben desarrollar sus labores mediante el voluntariado no mediante una onerosa burocracia política. Cuanto más dinero tienen los partidos, peor: más burocrática y rígida será la estructura.

SEXTA.- Todo lo anterior es vitaminado por la emergencia nacional derivada por los sismos del mes de septiembre de 2017, donde la ciudadanía les exige a sus representantes que sean responsables con sus representados y prioricen el gasto en reconstrucción sobre el gasto electoral.

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, Primera, a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Reforma el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnada el pasado 27 de octubre de 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Armando Ríos Piter

Senador Independiente por el Estado de Guerrero.






El proyecto de reformas constitucionales del 14 de junio de 2017.

Quien suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante de  la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta Presidencia de la Mesa Directiva se emita excitativa en relación al PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63 Y 81, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México [*]  , indica que el 70% de la población no está de acuerdo con que los políticos se preocupen por gente como ellos y 71% considera que no tiene influencia acerca de lo que hace el gobierno; más aún, 50% de los mexicanos consideró que la democracia es un sistema en donde muchos participan y pocos ganan.

SEGUNDA.- Si bien el informe citado se puede referir a percepciones y no a la realidad, es fundamental tener en cuenta que respecto a la democracia y al sistema representativo, existe una sensación generalizada y persistente de desasosiego e ineficacia.

TERCERA.- Aun cuando el desencanto con la democracia es un fenómeno generalizado en el mundo y no exclusivo de México, es pertinente referir que hemos hecho poco por elevar su calidad sustantiva.

CUARTA.- La realidad es que los ciudadanos reclaman mayor calidad y nivel de sus representantes, mayor transparencia y rendición de cuentas. Hay en México un enorme dique que separa a los ciudadanos de sus representantes electos. Eso pasa, precisamente, por la ausencia de democracia sustancial en el país.

QUINTA.- Es prioritario fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, a través del ejercicio del voto activo; darle mayor valor y consecuencia al derecho político por excelencia, el voto.

SEXTA- El ejercicio de los derechos políticos debe ser elevado sustancialmente a través de la reconfiguración de tres instituciones constitucionales:

1) La integración del sistema de representación proporcional en el Congreso de la Unión;

2) La reconfiguración del sistema de mayoría para la elección del Presidente de la República; y,

3) El sistema de financiamiento de los partidos políticos.

SÉPTIMA.- Todo lo anterior es vitaminado por la emergencia nacional derivada por los sismos del mes de septiembre de 2017, donde la ciudadanía les exige a sus representantes que sean responsables con sus representados y prioricen el gasto en reconstrucción sobre el gasto electoral.

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, Primera, a fin de que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Reforman los Artículos 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63 Y 81, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la democracia, turnada el pasado 14 de junio de 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Armando Ríos Piter

Senador Independiente por el Estado de Guerrero.

[*]  (INE/Colmex, 2014)






Y el proyecto de reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del 16 de marzo de 2017.








Dé cuenta la Secretaría con los asuntos que se turnarán directamente a comisiones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta. Tenemos para turno directo dos proposiciones del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Una, sobre la no ratificación de los 18 Magistrados Especializados en Materia de Servidores Públicos, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Quienes suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la República de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, proposición con punto de Acuerdo POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE PRONUNCIA POR LA NO RATIFICACIÓN DE LOS 18 MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado mexicano lleva años desgarrado por un proceso de descomposición política provocado por la corrupción:  Con casos de atracos vergozantes al Erario Público desde gobierno federal como la llamada “Estafa maestra”; con gobernadores que después de saquear y endeudar la hacienda local, se les permite fugarse para negociar después con el poder su entrega a los tribunales; con muchas corporaciones policiacas débiles, ineficaces o abiertamente coludidas con los criminales; con un sistema de justicia que es una autentica fábrica de impunidad que no provee seguridad a los ciudadanos en su familia o patrimonio; con grupos de la delincuencia organizada secuestrando, extorsionando y asesinando en prácticamente todo el territorio nacional; con periodistas amedrentados o asesinados por denunciar la violencia de la criminalidad organizada; con autoridades indolentes o incapaces que no investigan la desaparición de una mujer porque asumen que se fugó con el novio o que se la llevaron por usar una falda corta; con tragedias como el socavón en el Paso Express, en Cuernavaca, que dolorosamente nos mostró que la corrupción en la obra pública puede privar de la vida a dos hombres trabajadores, pero no puede privar de su puesto a un Secretario de Estado amigo del Presidente. En fin, despues de casi 5 años en lo que va de esta administración, México es un país más inseguro, más corrupto, más violento, más desigual y con menor calidad de vida para sus ciudadanos.

Este caudal cotidiano de males provocado por la corrupción es alimentado por la impunidad; la falta de sanción ante el acto corrupto alienta al funcionario venal e inescrupuloso a volver a cometerlo.

Como una respuesta a este grave problema es que se gestó la reforma constitucional en la que se estructuró el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Un componente fundamental de dicho Sistema lo constituyen los Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas. Estos Magistrados, ya sea en la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus Salas Regionales tendrán, entre otras atribuciones, competencia para sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Como puede verse, estos juzgadores constituyen una autentica Magistratura Anticorrupción en materia Administrativa.

Conforme a los párrafos séptimo y noveno del artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal debió enviar para su ratificación o no por el Senado, tres Magistrados designados para la Tercera Sección de la Sala Superior y tres Magistrados designados para cada una de las cinco Salas Regionales Especializadas, un total de 18 Magistrados, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de dicha ley; es decir, a más tardar el 30 de abril de 2017.

Sin embargo, en un proceso absolutamente opaco, discrecional y de espaldas a la sociedad, el Presidente de la República designó y envió al Senado para su ratificación a esos 18 Magistrados el 25 de abril pasado, apenas cinco días antes de que feneciera el plazo legal para remitir tales designaciones.

En cinco días el Senado no podría realizar un escrutinio amplio, abierto y eficaz requerido para determinar si el perfil de cada uno de los 18 Magistrados designados debía o no ratificarse en razón de su capacidad, idoneidad e independencia para ejercer el cargo.

¿Por qué el Presidente de la República realizó estas designaciones sin ningún procedimiento público, abierto y transparente que abonara al necesario consenso con que deben contar estos jueces anticorrupción? ¿Por qué el Presidente de la República decidió afectar la eficacia del control parlamentario del Senado sobre tales designaciones al enviarlas de último momento, cuando tuvo al menos nueve meses posteriores a la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para realizarlas?

La respuesta a estas preguntas la encontramos al revisar los perfiles de las designaciones realizadas por el Presidente de la República: Más de la mitad tienen relación con el PRI o con el PAN; hay quienes fueron candidatos a cargos de elección popular por alguno de estos partidos políticos, otros que fueron dirigentes partidistas u ocuparon altos cargos en administraciones locales o federales de ambos partidos.

La designación de estos juzgadores encargados de sancionar administrativamente los hechos de corrupción no fue producto de un proceso que garantizará su independencia de la clase política a la que seguramente van a enjuiciar; todo lo contrario: se busca que esta naciente Magistratura esté atada y en permanente deuda con el grupo de intereses que tejió su designación. No se trató de un proceso democrático sino de acuerdo cupular para asegurar la futura impunidad de los participantes en el mismo.

Las designaciones así realizadas de los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas no sólo dañan la  funcionalidad y fines del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que también ha dañado severamente uno de los pilares sobre los que se edifica un sistema democrático: contar con juzgadores autónomos e independientes que ejerzan su jurisdicción de manera imparcial para sancionar ejemplarmente al funcionario corrupto que se aprovecha de su cargo en beneficio propio.

Es por eso que, en ejercicio de la función constitucional de control parlamentario que corresponde a este Senado, el mismo no debe ratificar los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos designados el 25 de abril de 2017 y el Titular del Ejecutivo Federal debe realizar tales designaciones mediante un  procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al Senado para su evaluación y este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento abierto.

Lo que está en juego en el procedimiento de designación de estos 18 Magistrados Especializados es la funcionalidad del Sistema Nacional Anticorrupción: Ser un instrumento para encubrir la corrupción política y proteger con impunidad a varios integrantes venales de la élite gobernante y económica; o convertirse en un medio eficaz para extirpar de la función pública el abuso del poder público para el beneficio privado. La primera opción beneficiaría a los grupos de interés que indebidamente se enriquecen a costa de la hacienda pública; la segunda contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y a la urgente construcción del Estado de Derecho que la sociedad mexicana requiere. Nosotros, en MORENA, lucharemos por esta última vía.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República se pronuncia por no ratificar las designaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Federal de 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviadas el 25 de abril de 2017, por no reunir los requisitos de independencia, autonomía e imparcialidad en sus perfiles ni de transparencia en su designación.

SEGUNDO: El Senado de la República solicita al Presidente de la República realizar nuevas designaciones de los 18 Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas, mediante un  procedimiento público, abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, sean remitidas al Senado para su evaluación y este órgano legislativo las ratifique o no en un procedimiento de parlamento abierto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Suscriben.






Otra, para citar a comparecer a diversos Secretarios de Estado, en torno a la reconstrucción por los recientes sismos, que se turna a la Junta de Coordinación Política.

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA A COMPARECER MENSUALMENTE A DIVERSOS SECRETARIOS DE ESTADO PARA QUE RINDAN CUENTAS DE LAS LABORES DE ATENCIÓN A DANMIFICADOS Y RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS QUE GOLPEARON EL TERRITORIO SUR, SURESTE Y CENTRO DE NUESTRO PAÍS, LOS PASADOS DÍAS 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE:

CONSIDERACIONES

Sobre el luto que embarga a cientos de familias por la pérdida de un ser querido; sobre las ruinas aún humeantes que alguna vez fueron un hogar, una escuela o centro de trabajo; sobre la zozobra de quienes comen o duermen en un albergue sostenido por la solidaridad colectiva; sobre ellos flota otra amenaza persistente, causa de muchos de los males y agravios que padece la sociedad mexicana: el de la corrupción y la ineficacia gubernamental.

El gobierno federal anunció la semana pasada la constitución del fideicomiso “Fuerza México”, como uno de sus principales instrumentos para concentrar y canalizar recursos para la atención de damnificados. La medida ha estado marcada por la opacidad y falta de reglas claras de funcionamiento.

En un principio se anunció que el fideicomiso funcionaría de manera coordinada entre el sector público y privado, para decir después que dicho fideicomiso tendrá una naturaleza privada en el que la SHyCP fungiría como “facilitadora”. (Comunicado 185 de la SHyCP, consultable en
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-185-hacienda-facilita-la-
operacion-del-fideicomiso-privado-para-canalizar-aportaciones-tras-los-sismos
)
Facilitar no es encabezar, y esto es lo que corresponde a la autoridad, sobre todo en casos de emergencia como el que vivimos. Además de esta abdicación a ejercer las atribuciones que la ley encomienda al  gobierno para dirigir los esfuerzos de ayuda y reconstrucción, existe una incertidumbre absoluta sobre el plan que se seguirá para superar la emergencia, sus objetivos, plazos para alcanzarlos, así como responsables de su implementación. El pasmo gubernamental es tan patente y claro como la destrucción que dejaron tras de sí los propios sismos.

Para desgracia de la sociedad mexicana, la parálisis gubernamental campea junto con la corrupción de funcionarios venales acaparan la ayuda aportada por los ciudadanos o que, en colusión con empresas constructoras e inmobiliarias, esperan lucrar con la derrama económica que dejará la reconstrucción.

Es inaceptable que en medio de la tragedia por la que atraviesan miles de mexicanos, las peores prácticas del gobierno retrasen, disminuyan o desvíen los recursos destinados a los damnificados.

La prevención, detección y denuncia de estos actos de corrupción debe realizarse por medio de todos los medios de rendición de cuentas que establece nuestro sistema constitucional. Uno de ellos es la comparecencia de Secretarios de Estado, directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad sobre asuntos de su competencia, respondan a preguntas o interpelaciones.

Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Salud, de Educación, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como los Directores Generales del INFONAVIT, del IMSS y del ISSSTE tienen obligaciones y responsabilidades sustanciales en la atención de damnificados y en los esfuerzos de reconstrucción. Sus titulares deben acudir al Senado de la República a rendir cuentas sobre la atención que en cada uno de sus ramos están dando a la emergencia. 

La emergencia por la que atraviesa el país requiere que este ejercicio de rendición de cuentas y control parlamentario se realice de manera constante y periódica. Los titulares de las dependencias y entidades mencionadas deberán comparecer ante la Cámara Alta cada mes para que se detecte cualquier acto de corrupción y se garantice que la ayuda y reconstrucción se realice de manera pronta, oportuna, eficiente, honesta y sin fines electorales.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de la Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República cita a comparecer a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Salud, de Educación, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como los Directores Generales del INFONAVIT, del IMSS y del ISSSTE con la finalidad de que los mismos rindan cuentas a esta Cámara Alta sobre la atención que en cada uno de sus ramos están dando a la emergencia nacional provocada por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.

Con la finalidad de garantizar que la ayuda a los damnificados y las acciones de reconstrucción se realicen de manera pronta, honesta, oportuna, eficiente, y sin fines electorales, los titulares de las dependencias y entidades mencionadas comparecerán CADA MES ante esta Cámara Alta. La Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica acordará un calendario que asegure que este ejercicio de rendición de cuentas se realice mensualmente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Suscriben.






También las proposiciones referidas a las solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a la fiscalización de los recursos destinados a la reconstrucción y atención a damnificados del mes de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños provocados por los recientes desastres naturales, así como fortalecer las acciones coordinadas de protección civil para hacer frente a las situaciones de emergencia. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Protección Civil el segundo de ellos.








De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil “UDIF” y la Unidad de Servicios Infantiles “USI” en Colima, Colima. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial el segundo de ellos.








De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 2018, recursos suficientes para la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer cérvicouterino, de ovario y de mama. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ANABEL ACOSTA ISLAS, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres por lo general viven más que los hombres, pero su vida no es necesariamente saludable. Hay una serie de factores sanitarios y sociales que se combinan para hacer que la calidad de vida de las mujeres sea inferior. Las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los riesgos en la salud de las mujeres.

En este sentido, algunos de los principales riesgos que enfrenta la salud de las mujeres en México son diversos tipos de cáncer como el de mama, cérvico uterino y de ovario.

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.

En la última década, la magnitud de las tasas de mortalidad por estos tipos de cáncer han sido preocupantes, ya que se encuentran dentro de las primeras causas de muerte de población femenina según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y se han convertido en un grave problema de salud pública no solo por su creciente incidencia, sino también por los altos costos que implican para el Sistema de Salud y las familias de las afectadas.

Aunque desde el sector salud se han emprendido importantes acciones para prevenir y tratar estos padecimientos, los números sobre su incidencia siguen siendo alarmantes.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población mundial y la primera causa más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1´671,149 nuevos casos diagnosticados anualmente y con una prevalencia de 6´232,108, lo que representa el 36.3%.

Es la causa con mayor mortalidad en la mujer con 521,907 defunciones anuales, lo que representa un 14.7%, de las cuales ocurren más en países desarrollados.

La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la enfermedad por el aumento de la esperanza de vida al nacimiento, cambios de estilos de vida y la relación entre el cáncer y la obesidad.1

En el año 2014, se registraron 11,372 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa de incidencia de 22.56 por 100,000 habitantes mayores de 10 años.

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015 se registraron 6,252 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 18 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son: Sonora (28.6), Nuevo León (26), Coahuila (25.7), Chihuahua (24.8), Cd. México (24.7) y Sinaloa (22.2).

La edad promedio de presentación de los casos de cáncer de mama es de 54.9 años, la incidencia más alta en el número de casos se registra en el grupo de 50 a 59 años con el 45% de todos los casos.

El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 2014, se registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos del cuello del uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por 100,000 habitantes mayores de 10 años.

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015, se registraron 3,994 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 11.5 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino son: Colima (17.7), Chiapas (17.6) Guerrero (15.6), Veracruz  (15.4) y Oaxaca (15.2).

La distribución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino en relación a la edad, muestra un incremento a partir de los 35 años, siendo el grupo de 50 a 59 años de edad quien registra el mayor porcentaje con alrededor del 30% de todos los casos registrados para el año 2014; la edad promedio de presentación de los casos de CCU es a los 49.2 años.

Adicionalmente, el cáncer de ovario se ha convertido en una amenaza silenciosa para la salud de las mujeres en nuestro país. Al respecto, el INEGI reportó que dentro de las principales causas de morbilidad hospitalaria se encuentra el cáncer de ovario con un 7.5% de total de los tumores malignos durante el 2011, siendo más frecuente en el grupo de edad de 50 a 59 años con un 26.2%, seguido del grupo de edad de 40 a 49 años con un 24.1%. Para el 2012 el INEGI reportó que la tasa de mortalidad para el cáncer de ovario fue de 5.53 casos por cada 100 mil habitantes.  

Debemos tener presente que los altos índices de mortalidad de estos tipos de cáncer tienen que ver con varios factores como la dificultad en la detección y diagnóstico oportunos. El diagnóstico tardío se relaciona, entre otras cuestiones, con la ausencia de información y  capacitación del personal de la salud que actúa en los primeros niveles de atención.

Otro factor que complica la detección y diagnóstico oportunos es la falta de difusión de los factores de riesgo y síntomas del cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario entre la población, especialmente entre las jóvenes y comunidades marginadas; esto complica la formación de una cultura del autocuidado que permita detectar cualquier indicio de estas enfermedades.

Las mujeres de todas las regiones del país deben poder identificar las manifestaciones de estas enfermedades, pues en estos casos resultan de gran importancia la prevención y el autocuidado de la salud, ya que son prevenibles y curables con detección y tratamiento oportuno, aún en las etapas tempranas para la mayoría de los casos.

Debemos mencionar que además del diagnóstico y detección tardía del cáncer de mama, cérvico uterino y de vario, la falta de cobertura médica de la población para atender esta enfermedad es un factor determinante para que cobre cada vez más vidas, pues las mujeres terminan por abandonar el tratamiento en virtud de los altos costos que éste implica.

Desde el Senado de la República hemos estado pendientes -y seguiremos estándolo- de los problemas de salud pública que aquejan a la población, y especialmente a las mujeres y niñas, y hemos propuesto acciones legislativas y de políticas públicas en materia de salud materno-infantil, lactancia, prevención de embarazos en adolescentes, enfermedades del corazón, por mencionar sólo algunas; y sin duda, la lucha contra los diferentes tipos de cáncer es parte fundamental de nuestra agenda.

En el mes de octubre, hacemos especial hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en un 1%. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. El 95% son adenocarcinomas.

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años,  menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas,  nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad.  Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria  es el único medio  para determinar un diagnóstico definitivo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,  así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:

En la prevención primaria:

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.

6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.

7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.

8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.

10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.

11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.

12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.

13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.

14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a  historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.

En la prevención secundaria se encuentran:

1. Identificar la presencia de factores hereditarios.

2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir con esta misión.

Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la atención respecto de esta patología.

Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese Honorable cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.

Por lo anterior hacemos un exhorto a a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2018, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de mama, así como para su atención y tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, doten de recursos vastos y suficientes se incrementen los recursos para la prevención, detección y atención del cáncer de mama, cérvico uterino y de  ovario.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen- María Cristina Díaz Salazar.- Sen.- Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen.- María Hilaria Domínguez Arvizú.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Rocío Pineda Gochi.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

Es todo, señor Presidente.

1 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/CancerdelaMujer/InfEstad.html





El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que se turnaron a comisiones diversos asuntos del 28 de septiembre de 2017.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CONTINUA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Foro Económico Mundial (FEM) ha señalado que el mundo enfrenta la cuarta revolución industrial.1 Esta nueva realidad económica trae consigo cambios disruptivos para el mercado laboral y, por origen, educativos. Conforme al reporte del FEM sobre el futuro de los empleos, el 65% de las personas de recién ingreso a la educación primaria tendrán empleos que aún no existen.2

Entre los factores que generan la disrupción en el mercado laboral podríamos encontrar la proliferación de la industria de dispositivos móviles, big data, inteligencia artificial, internet de las cosas, la exploración del genoma humano, entre otros. Si bien estos factores podrían permitir una mayor prosperidad en el futuro, también coloca retos que requieren la adaptación de gobiernos, corporaciones y la sociedad civil.3

Para muchos, la estrategia para enfrentar la cuarta revolución industrial debe fundarse en medidas proteccionistas que le den un respiro a la economía del ayer. No obstante, dichas medidas, por más que sean promovidas por algunos gobiernos a nivel internacional, seguramente serían insuficientes para contener los efectos de los factores que generan disrupción en la economía del Siglo XXI.

En el reporte sobre el Índice del Capital Humano (ICH) publicado por el FEM, se señala que, para mejorar las condiciones de un país en este contexto, se debe apostar por el aprendizaje y el empleo.4 Al evaluar ambos elementos como componentes del ICH, México se encuentra en el lugar número 65 a nivel mundial, particularmente por los resultados en materia de enseñanza. 5

A nivel global, se estima que todos los días se suman aproximadamente 25 mil nuevos trabajadores al mercado laboral.6 Esta tendencia continuará hasta el 2020 y, aun así, no se ha logrado integrar a más de 200 millones de personas que se encuentran desempleadas a nivel global.7 Con este contexto, debemos también analizar que se espera la escasez de al menos 50 millones de empleos calificados en la próxima década.8

En este contexto de interconexión e interdependencia, el mercado laboral nos demanda un enfoque distinto de la educación; no debe ser la obtención de grados, sino un proceso permanente en el que se acompañe a los mexicanos y se les brinde las herramientas para lograr su potencial. Dicha situación implica no solo intensificar los esfuerzos para la educación básica, sino también para volver a entrenar a un número importante de mexicanos que podrían ser desplazados por los factores que generan disrupción de la cuarta revolución industrial. 9

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se reconoce el derecho de toda persona a recibir educación y la obligación del Estado a educación básica y media superior.10 La educación tenderá a la formación integral de la persona, el amor a su Patria, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad.11

A nivel de educación primaria, se han adoptado algunas medidas tácticas para integrar a los jóvenes mexicanos a la nueva realidad económica, social y política del Siglo XXI, tal lo observamos con programas como aprende 2.0. Sin embargo, con la cuarta revolución industrial, enfocarse exclusivamente en la niñez y juventud no será suficiente para mantener la competitividad del país. Esta realidad es por el simple hecho que los grupos demográficos mayores cuya edad es mayor de 14 años son la mayoría de las personas en México.12 Por lo tanto, una política que no deje a un solo mexicano atrás, una que les brinde permanentemente las herramientas que requieren para lograr el éxito y, en este caso, que no olvide a los que hoy son y serán en los próximos años la mayoría de la población económicamente activa.13

La premisa con la que operan muchos sistemas educativos es un esquema estático de obtención de grados; una vez que obtienes un título, ahí concluye tu proceso educativo formal. Esta visión ha contribuido a las brechas de desigualdad crezcan en la economía del Siglo XXI.14

Con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Estado Mexicano reconoció la necesidad de, “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.15

En la Declaración de Incheon sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, se reconoció lo siguiente:

“En un contexto de mercados laborales que cambian ra?pidamente desempleo creciente (en especial entre los jo?venes), envejecimiento de la poblacio?n activa en algunos pai?ses, migracio?n y adelantos tecnolo?gicos, todos los pai?ses se ven confrontados a la necesidad de que las personas adquieran los conocimientos, aptitudes y competencias indispensables para el trabajo decente, la iniciativa empresarial y la vida”.16

En la CPEUM se establecen los criterios para la educación: democrática, nacional, parte del desarrollo y convivencia humana y, por último, de calidad.17 De los cuatro criterios, el primero y el último son especialmente pertinentes para el objeto de la presente iniciativa.

La educación deberá ser democrática en la medida que busque el “mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.18 Este criterio, sin lugar a dudas, obliga al Estado a enfocar la educación conforme a las necesidades del mercado laboral y anticipar los retos del país. Por educación de calidad se entiende en nuestro marco normativo como “la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo”.19 En la medida que la educación no brinda escaleras de oportunidad a las familias mexicanas, es una política que difícilmente tendrá la congruencia que define a la educación de calidad.

Conforme a la Ley General de Educación (LGE), la educación para adultos está destinada para las personas mayores de 15 que no hayan cursado o concluido la educación básica. Para ello, se prestan servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo.

Este enfoque es insuficiente por tres motivos. Primero, la educación para adultos se enfoca en la deserción escolar de educación básica, excluyendo la necesidad de proveer nuevamente a las personas con las habilidades que les permitan competir en un contexto de desplazamiento laboral, independientemente si es por motivos de libre comercio o automatización.

Segundo, la segmentación demográfica. Los adultos, en nuestro marco normativo, son aquellas personas mayores de 29 años.20 Como mencionamos anteriormente, la LGE se establece que la educación para adultos está enfocada en aquellas personas mayores de 15 años que se encuentran en los supuestos de deserción escolar. El problema es que, con esta segmentación demográfica de adultos, se excluye la educación media superior, obligatoria en nuestro marco normativo.21 Esto podría tener como consecuencia que el combate a la deserción no incluiría la educación media superior con la misma relevancia que la educación básica.

Tercero, la educación para adultos debería incorporar al sistema educativo nacional planes y programas que atiendan el aprendizaje de los adultos, enfocados en el aprendizaje continuo, fortalecimiento de las habilidades para el empleo y la oportunidad de incorporarse o mantenerse en un empleo.22 Conforme al artículo 45 de la LGE, la educación para adultos contempla la formación para el trabajo que abordaría las necesidades de los adultos y, dicha capacitación, se reconoce para efectos de la deserción de la educación básica del país; por lo tanto, no obedece a una estrategia de relacionar el aprendizaje y el empleo, como lo recomienda el FEM y otras organizaciones. Aunado a lo anterior, la educación no debe ser para un empleo, sino para la persona y las habilidades que le permitan ser resiliente ante el dinamismo laboral.

Por estos motivos, es necesario reformar la Ley General de Educación para crear un esquema que se enfoque en dos áreas: (1) combate a la deserción escolar hasta la educación media superior, y (2) nuevo entrenamiento de adultos. En este tenor, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

DECRETO

Primero.- Se reforma el Artículo 43 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Arti?culo 43.- La educación continua está destinada a toda persona mayor de 18 años. Se prestarán servicios educativos de educación básica, media superior y continua para combatir la deserción escolar de la educación obligatoria y, adicionalmente, proveer las competencias necesarias para el desarrollo social, económico y cultural de la población.

Segundo.- Se reforma el Artículo 44 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 44.- Tratándose de la educación continua, la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación continua y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación obligatoria.

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.

Tercero.- Se reforma el Artículo 45 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 45.- La educación continua para aquellas personas que hubieran completado la educación obligatoria, procurara? la adquisición de competencias y habilidades que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados en aquellos rubros en los que la comunidad cuenta con ventajas comparativas. Esta educación incluirá? un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá? un régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -intermedios o terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinarán los lineamientos generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así? como de los procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos particulares. Los certificados, constancias o diplomas serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares que señalen los lineamientos citados.

En la determinación de los lineamientos generales antes citados, así? como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, local e incluso municipal.

Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por las autoridades locales, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares.

La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será? adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Educación Pública tendrá 90 días para la modificación de los acuerdos secretariales en la materia de esta reforma.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. José María Martínez Martínez.

1 World Economic Forum, “The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”, 2016, 3.

2 Ibid.

3 Ibid., 8.

4 World Economic Forum, “The Human Capital Report 2016”, 2016, 14. Por aprendizaje, entienden la transición de la educación primaria a la educación terciaria y vocacional, la calidad de la educación, así como las oportunidades de capacitación para el empleo. Por empleo, el FEM entiende la participación económica, sobre y subeducación en relación con las oportunidades laborales disponibles y la naturaleza del mercado laboral de cada país

5 Ibid., 4.

6 Ibid., 1.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Ibid., 16.

10 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (1917), Artículo 3.

11 Ibid.; “Ley General de Educación” (1993), Artículo 8.

12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Panorama sociodemográfico de México”, 2015, 9.

13 World Economic Forum, “The Human Capital Report 2016”, 14.

14 Ibid., 16.

15 United Nations General Assembly, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 2015, ODS4, meta 4.

16 “Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4”, 2015, párr. 46.

17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3, fracción II.

18 Ibid., Artículo 3, fracción II, inciso a).

19 Ley General de Educación, Artículo 8, fracción IV.

20 “Ley del Instituto Mexicano de la Juventud” (1999), Artículo 2.

21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3.

22 World Economic Forum, “The Human Capital Report 2016”, 2.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II BIS DENOMINADO “DEL JUICIO DE SUCESIÓN TRAMITADO ANTE NOTARIO”, AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Presentada por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR e HILDA FLORES ESCALERA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II BIS DENOMINADO DEL JUICIO DE SUCESIÓN TRAMITADO ANTE NOTARIO AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

El concepto de familia ha sido objeto de estudio en múltiples áreas como la sociología y el derecho entre otras. Varios estudiosos coinciden en el papel que desempeña en la actualidad como base primordial de la sociedad, siendo indispensable protegerla, pues del resultado de una familia sólida surge una sociedad consolidada.

Por ello es importante procurarle los elementos necesarios para salvaguardar su entorno y contribuir a crear una cultura sobre prevención y resguardo del patrimonio familiar.

De ahí que el espíritu de las leyes debe ser en todo momento, velar por la seguridad de la sociedad, ya que de ella depende no solo el correcto funcionamiento de formas de solidaridad humana, sino la principal guiadora y creadora de los deberes humanos, siendo su objetivo primordial, proteger todos los ámbitos que rodean a la familia, por ende, creando instituciones jurídicas necesarias.

La palabra patrimonio viene del latín patri (‘padre’) y omnium (‘recibido’), que significa “lo recibido por línea paterna”.

El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano, periodo en el cual significaba algo así como la propiedad familiar y heredable de los patricios, pater-padre, que se transmitía de generación a generación y a la cual todos los miembros de una gens o familia amplia tenían derecho. A pesar que el dominio entendido como derecho sobre la esencia de la cosa, es decir, el derecho absoluto sobre tal propiedad no era de ningún individuo en particular, sino de la familia como tal a través de las generaciones, en ese periodo se entendía que estaba bajo el control o administración del pater familias, quien podía disponer de los bienes libremente, pero estaba bajo la obligación de preservarla y aumentarla en la medida de lo posible.

El jurista argentino Guillermo Borda, resume: El pater familiae presidía una comunidad constituida por su mujer, hijos, parientes y esclavos. Tenía sobre todos poder de vida y muerte, era el dueño de todos los bienes familiares y disponía libremente de ellos, no importaba quien los hubiera adquirido con su trabajo. Así, por ejemplo, Procopio de Cesarea escribe alrededor del 540 D.C, “Pero mientras esas cosas sucedían como lo he explicado, Teodato fue denunciado frente a Amalasunta por númerosos tuscanos, quienes afirmaron que él había violentado a todos los habitantes de esa región, habiéndose, sin causa, apropiado de sus estados, tomando no solo los privados, especialmente aquellos que pertenecían a la familia real, lo que los romanos están acostumbrados a llamar patrimonio”.

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, patrimonio significa el conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero que tiene una persona. Al referirnos a poderes y deberes, es en razón de que tanto los derechos subjetivos y obligaciones pueden ser estimadas en dinero, pero también lo son las facultades, cargas y en algunos casos el ejercicio de la potestad que se traduce en un valor pecuniario.1

Actualmente se desconoce la fecha en la cual hace su aparición la figura del patrimonio de la familia, no obstante que en los antiguos sistemas jurídicos el primer concepto de patrimonio de la familia se origina en la necesidad que tenían las personas de crear un sistema jurídico para proteger a la familia en relación con sus bienes de sus congéneres y tratar de salvaguardar sus intereses.

Diversos tratadistas coinciden en que el patrimonio depende en su existencia de la familia, ya que de ella derivan todas las cuestiones referentes al patrimonio.

En México el dato más antiguo que se conoce es durante el periodo precortesiano, en el cual de acuerdo a las necesidades de las familias que habitaban los barrios se les daban una porción de parcela, a esta figura se le denominaba “Calpulli”.

En la etapa prehispánica, del patrimonio, podemos hablar del Fuero de Castilla a favor de los campesinos, integrado por la casa que habitaban, por el huerto, sus armas y su caballo, dichos bienes eran inembargables.

Su antecedente inmediato es el “homestead” (pequeña propiedad), originada en Texas en 1839, dándose esta figura en dos formas, la primera denominada casa habitación y la segunda denominada rural. La casa habitación tiene su fundamento en la protección judicial que, al jefe de familia, se le prestaba, para que los acreedores no pudieran disponer del patrimonio esencial para la subsistencia de su familia, el jefe de familia pedía a la autoridad que declarara a su favor la “homestead”, una vez otorgado le daba publicidad y lo inscribía en el Registro y solamente el jefe de familia podía disponer de él con el consentimiento de su cónyuge, por testamento.

Para evitar los abusos, ordenamientos jurídicos limitaron el homestead, debido al intento de realizar fraude de acreedores.

Una gran cantidad de países conocen y regulan esta institución, aunque con nombres diversos, pero con la misma esencia.

En el caso de México, su regulación jurídica, se encuentra plasmada en la Constitución en el artículo 27, fracción XVII, párrafo tercero, que establece en lo que al respecto interesa:

“Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base que será inalienable y no estarán sujeto a embargo ni gravamen alguno”.

Ahora bien, existen diversas teorías sobre el Patrimonio, principalmente dos, denominadas Clásica o Subjetiva, de Aubry y Rau, quien considera al conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio, señalando los principios que condicionan la existencia de éste.

• Sólo las personas pueden tener un patrimonio, pues solo ellas tienen la capacidad de tener derechos y obligaciones.

• Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio, comprendiendo no solo los bienes presentes, sino los futuros.

• Toda persona sólo puede tener un patrimonio, nunca podrá tener dos o más, al ser él una emanación de la misma, participa de las cualidades de unidad e indivisibilidad que la caracterizan.

• El patrimonio es inalienable durante la vida de su titular, no puede existir una enajenación total durante la existencia del individuo al que le pertenezca, pues sería admitir la enajenación de la personalidad.

• Como consecuencia, cuando el titular del patrimonio fallece, lo transmiten totalmente a sus herederos, exceptuando los derechos y obligaciones que concluyen con la muerte.

La segunda Teoría, denominada doctrina moderna, como la Teoría del Patrimonio de Afectación, es decir la noción del patrimonio ya no se confunde con la de personalidad, ni se le debe atribuir características de indivisibilidad e inalienabilidad, toda vez que estas son propias de las personas.

Siendo estas dos tesis las que tienen relevancia para el Derecho Mexicano, ya que parten del común denominador de que todo el patrimonio gira entorno a un eje económico o pecuniario que lo sustenta. Idea que recogen las legislaciones federales y locales de nuestro país, al considerar al patrimonio de una persona como un ente jurídico y económico que puede transmitirse, por medio de una venta o por herencia, además de poder ser protegida de forma particular un bien o grupo de bienes a efecto de asegurar el sustento económico y la protección de nuestras familias en nuestro país.

Una de las características jurídicas del patrimonio, es considerar como objeto, el predio en que la familia habite o que ésta señale sin perjuicio de tener otros bienes inmuebles, en algunos casos una parcela cultivable directamente por la propia familia.

De lo anterior, se concluye que el espíritu del derecho siempre ha sido salvaguardar los intereses del ser humano, protegiendo de manera particular a la familia y los recursos con que cuenta el núcleo familiar.2

En otro aspecto, en nuestro sistema jurídico3, el Notario es una figura importante, depositario de Fe Pública, lo que implica que, salvo prueba en contrario, todo lo que haga constar se tendrá por cierto, en efecto, los instrumentos notariales constituyen prueba plena, considerándolos auténticos, dando certeza legal.

No solo da forma legal a la voluntad de las personas, no sólo da Fe, es un verdadero asesor jurídico que recibe la voluntad de las personas, la interpreta, la hace constar en documentos perennes, tiene la obligación de ayudar a los particulares a lograr sus objetivos mediante la redacción de instrumentos claros.

Entre las diversas facultades que tiene el notario, se encuentra la transmisión de sucesiones; es decir, es el responsable de que se cumpla la voluntad de las personas que otorgaron un testamento con la finalidad de que el patrimonio que formaron a lo largo de su vida se transmita a sus herederos, en el caso de aquellos individuos que no testaron, se cumplan las disposiciones legales, a fin de evitar que el patrimonio quede acéfalo.

En esa tesitura, la Ley del Notariado para el Distrito Federal, establece en su artículo 167, que en las sucesiones testamentarias o intestamentarias, que no hubiese controversia alguna y cuyos herederos fuesen mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas, podrán tramitarse ante notario.4

Al amparo de la Ley del Notariado para el entonces Distrito Federal, publicado en la gaceta del Distrito Federal el 28 de marzo del año 2000, la cual entró en vigor el 27 de mayo del mismo año, estableció que las sucesiones intestamentarias podían tramitarse ante un notario; aunado a ello la Ley de 1980 y de las previstas, todas las sucesiones intestamentarias debían tramitarse judicialmente.

A mayor abundamiento, de dicha Ley, se concluyó que el notario no podría tramitar sucesiones en las siguientes circunstancias:

Habiendo menores de edad o emancipados y existiendo controversia entre los interesados, entendiendo por controversia, el hecho que los interesados, después de consultar al notario no lograron ponerse de acuerdo, no conciliaron sus intereses. El notario, además, conocedor del derecho, es un asesor, mediador jurídico imparcial y atender sus asuntos personalmente, escuchar a las partes, interpretar sus planteamientos y resolver sus problemas; sin embargo, no es autoridad, puede mediar entre los particulares, pero no tiene facultad para ordenarles nada.

El Notario debe tratar de evitar y hasta dirimir los conflictos que pudiera haber entre los interesados, la experiencia dice que, si él hace bien su trabajo, en la mayoría de los casos los particulares lograrán solucionar sus conflictos y evitar controversias.

En otro aspecto, debido a ciertas deficiencias del proceso sucesorio judicial como:

a. Actualización legislativa.

b. Contradicción entre normas de derecho de fondo y procedimentales.

c. Reglamentarismo excesivo, desconocido, disperso.

d. Costumbre judicial.

A esto se suma la carga de trabajo en los tribunales, por lo que la lentitud de los procedimientos se traduce en una falta de justicia y en una delegación de facultades muchas veces incontrolables.

Finalmente, la cantidad de causas sobrepasa cualquier posibilidad de respuesta eficaz a los problemas jurídicos, produciendo que las sucesiones reciban respuestas lentas e inadecuadas, situación general de mora en la administración de justicia, por ende, se propugna la sustracción del seno del poder judicial de aquellas causas entre ellas las sucesorias, que no encierran un conflicto.

Esta problemática no es propia, ni exclusiva de un solo país, por el contrario, la sobre carga de tareas del poder judicial es un fenómeno mundial. Bajo esta tesitura el Consejo Europa ha recomendado la eliminación de tareas no propiamente jurisdiccionales del ámbito de actuación de los tribunales de justicia5.

En España en el año 1992 mediante Ley 10, se reformo la Ley de enjuiciamiento, permitiendo que fueren los notarios quienes declararan a los herederos.

El orden civil tiene hoy en día atribuido el conocimiento de asuntos no jurisdiccionales. Esa atribución tenía sentido en épocas en que el tráfico jurídico era mucho menor, la judicialización de la vida social menos intensa y las garantías ofrecidas por otras instancias nulas. Carece de sentido seguir atribuyendo a los órganos judiciales la realización de tareas no jurisdiccionales; repercutiendo más que, en disfunciones para la administración de justicia, y para los interesados, que ven como un asunto que podría tramitarse fácil y económicamente a través de otra vía.

II. JUSTIFICACIÓN

En el derecho comparado existen diferentes sistemas de procesos sucesorios clasificados de acuerdo a su tramitación, judicial o extrajudicial, este último realizado frente a la autoridad administrativa o ante un notario.

El proceso notarial es aquel que se realiza frente a un notario, quien previo a la identificación de los herederos, declara tal calidad, en un certificado que goza de fe pública y es válido para realizar las correspondientes inscripciones.

Mientras que el proceso sucesorio judicial, implica que es el juez quien va a declarar la calidad de heredero y es también el órgano jurisdiccional quien expide sobre la validez formal del testamento y quien va a intervenir en lo atinente a la liquidación del haber sucesorio, salvo que los herederos fueran mayores y capaces y se pusieran de acuerdo sobre la forma de distribución de los bienes.

Por otra parte, si bien el notario no tiene imperio para resolver controversias y no puede valorar pruebas, lo anterior no implica que el trámite sucesorio ante él, sea sencillo, aburrido o carente de gran interés o complejidad.

La gama de aspectos prácticos de gran interés y/o complejidad que debe resolver el notario al tramitar una sucesión es prácticamente infinita.

No todas las sucesiones testamentarias e intestamentarias se pueden tramitar ante un Notario, por otro lado, todas se pueden tramitar ante un Juez.

En aquellos casos en que una sucesión puede tramitarse judicial o notarialmente cabe cuestionarnos cuál de las dos vías resulta más conveniente. No existe una respuesta para todos los casos ni para todas las personas, cierto es que la posibilidad de optar por una de las dos vías acarrearía diversas ventajas, entre otras:

• Libertad de elección: En una sociedad moderna y con un sistema jurídico avanzado, es fundamental que los particulares tengan a su alcance varias formas de tramitar y resolver sus asuntos legales; así encontramos diversas figuras jurídicas que cada día cobran importancia, tales como el arbitraje y la mediación, que permiten que las personas puedan incluso dirimir sus controversias sin tener que acudir necesariamente a un juzgado.

La opción de acudir ante notario, representa por principio de cuentas una opción más, confiriéndole al particular la libertad de elegir como quiere tramitar su asunto.

Cabe precisar que, en ambos supuestos, hay certeza legal y respaldo institucional con el que cuentan las personas.

• Celeridad: Ni el Código de Procedimientos Civiles, ni la Ley del Notariado establecen el plazo dentro del cual se debe concluir el trámite sucesorio.

Sin embargo, por lo que se refiere al trámite judicial, es sabido que los tiempos de tramitación dependerán en gran medida de la diligencia del abogado, así como de la carga de trabajo del juzgado en que se radique la sucesión y de la eficacia del personal del mismo para desahogar los asuntos.

Al trámite notarial, los solicitantes del servicio tienen la posibilidad y el derecho de ser atendidos personalmente por el notario sin necesidad de intermediarios. De ahí que el notario no debe aceptar más asuntos que aquellos de los que pueda atender personalmente, garantizando a los prestatarios del servicio la celeridad de su servicio.

En efecto una sucesión tramitada ante notario se concluye en mucho menos tiempo de lo que se tarda en un juzgado.

• Posibilidad de elección de Notario: Los particulares al tramitar una sucesión judicialmente, desconocen el juzgado en que se radicará.

Cuando se acude ante Notario, son los propios particulares quienes deciden qué notario llevará su trámite, eligiendo al que más le convenga, dependiendo de diversos factores como el costo entre otros.

Ahora bien, en materia sucesoria existen varios principios rectores. El derecho es una ciencia por y para el hombre, que debe estar regida por un principio humanista, por principios estadísticos.

El derecho tiene como su principal herramienta a la Ley, siendo la finalidad de ésta el brindar la seguridad a las relaciones jurídicas entre las personas. Tanto el derecho como la Ley tienen excepciones, estas no deben ir en contra de la naturaleza humana o del bien común.

El que la Ley brinde seguridad jurídica no significa que sea justa, la finalidad es otorgar a las personas seguridad en sus relaciones jurídicas.

Hemos de considerar que el derecho y la Ley deben aspirar a respetar sus reglas, por lo que podemos considerar como reglas básicas las siguientes:

a) La justicia debe ser la finalidad del derecho.

b) La seguridad debe ser la aspiración de la Ley.

c) Ambos, derecho y Ley, deben preservar los principios de la ciencia.

Cuando la excepción mira al beneficio o al altruismo colectivo, debemos olvidar la técnica, antes que tecnócratas debemos ser humanistas, corriente o simplemente consecuencia de los tiempos, tiene como principio fundamental la rapidez antes que la justicia, la seguridad o la beneficencia.

La materia sucesoria no es ajena a todos estos cambios, las disposiciones mortis causa, deben tener como principal finalidad lo expedito de las transmisiones o transacciones, antes que la justicia y la seguridad6.

Así es dable llegar a la conclusión de que existen innumerables ventajas de la tramitación del proceso sucesorio extrajudicialmente, en otras palabras, ante Notario:

1. Desconcentración de tribunales. La sobrecarga de tareas que pesa sobre el Poder Judicial indica que hay que reservar a la competencia de los jueces los temas contenciosos y excluir de sede judicial los procedimientos administrativos.

2. Razones de economía. Economía para los litigantes en una ecuación costo-beneficio-tiempo, el procedimiento extrajudicial notarial resulta más económico para los sucesores tener en cuenta que los procesos voluntarios estarán exentos de tasa de justicia.

3. Razones de seguridad en el tráfico jurídico. La sobrecarga produce respuestas lentas, se traducen en inexactitudes regístrales y demoras en la transmisión de los bienes mortis causa, este exceso hace difícil que sea el juez quien controle las partidas, escrituras, tareas que en general son realizadas por empleados controlados por funcionarios, supervisados por un ambiente burocrático, engorroso e inseguro.

4. Razones de especialización en el derecho registral. En la transmisión actual de bienes inter vivos como mortis causa cobra importancia su registración y la especialidad del notario lo obliga a conocer más acabadamente el trámite registral y por ende a realizarlo en forma más ágil y eficaz.

Convencidas que el procedimiento notarial seguramente dará respuesta más eficaz en el ámbito de la transmisión mortis causa de bienes registrales.

5. Razones de celeridad. La sociedad requiere de respuestas rápidas a cualquier tipo de transmisión de bienes, exigencias de celeridad que no se cumplen en los procesos sucesorios judiciales.

6. Responsabilidad en la función notarial. El notario que realice la función de controlar la calidad de heredero y las labores posteriores por cuanto esta es una profesión, atiende a un servicio público de extraordinaria importancia, destinado a dar autenticidad a los hechos ante él, pasados.

7. Verdadera finalización de proceso sucesorio. Se piensa que con lo relativo a la adjudicación de bienes, se pone fin al proceso sucesorio, y ello es absoluta y completamente falso ya que doctrina y jurisprudencia concuerdan en afirmar que:

a) Cada una de las secciones que lo integran tiene un objeto especial y se resuelve por separado, no habiendo, por consiguiente, una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento.

b) Contra la resolución de la sección del juicio sucesorio en que se decide la división, partición y adjudicación de la herencia procede el amparo directo;

c) Tratándose de la sentencia que no aprueba el proyecto de partición y adjudicación de bienes, relativo a la sección cuarta del juicio sucesorio, estima que, la resolución que confirma el fallo por el que no se aprobó el proyecto partitorio y de adjudicación de bienes hereditarios, no tiene el alcance de poner fin al juicio, porque no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco una resolución que sin decidir el asunto en lo principal, lo da por concluido. Consecuentemente, contra ella no procede el amparo directo sino el indirecto7.

Consecuentemente es de esperar que en sede notarial se proceda a la participación de los bienes en forma correcta y no como se realiza en la actualidad.

De ahí que después de haber expuesto y fundado las distintas razones que sustentan la presente propuesta sometemos a consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÙNICO. Se adiciona el Capítulo II BIS denominado Del Juicio de sucesión tramitado ante Notario al Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

CAPITULO II BIS
Del Juicio de sucesión tramitado ante Notarios

ARTICULO 512 BIS.- En las sucesiones testamentarias o intestamentarias en que no hubiere controversia alguna y los herederos fueren mayores de edad, menores emancipados o habiéndolos se encuentren legalmente representados; se podrá realizar el procedimiento especial con intervención de un Notario Público.

ARTICULO 512 TER.- Los herederos o sus representantes pueden acudir ante Notario para realizar el trámite, exhibiendo:

I. Copia certificada del acta de defunción o declaración judicial de muerte del autor de la sucesión; y

II. Actas de nacimiento para comprobar el entroncamiento de los herederos o parentesco; así como de matrimonio en caso de cónyuge supérstite.

El Notario tramitará la sucesión una vez que obtenga informe del Archivo General de Notarías, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Registro Nacional de Avisos de Testamento, donde se informe de la existencia o no de testamento.

Para el trámite notarial de ambos tipos de sucesión, el albacea nombrado si lo hubiere, o el que se nombre en ese momento, y los herederos harán constar que aceptan la herencia, que reconocen sus derechos hereditarios y que el albacea acepta el cargo y va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia dentro de un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación a que se refiere el párrafo siguiente.

Los comparecientes declararán, bajo formal protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad, que son los únicos con derecho en la sucesión. El Notario dará a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones, que serán a costa de los solicitantes, en un periódico de mayor circulación a nivel nacional, mediando siete días hábiles entre la primera y la segunda publicación.

ARTICULO 512 QUATER.- Practicado el inventario por el albacea y estando conforme con él todos los herederos, lo presentarán al Notario para que lo protocolice.

ARTICULO 512 QUINTUS.- Formado por el albacea, con la aprobación de los herederos el proyecto de partición de la herencia, lo exhibirán en un plazo no mayor de siete días ante el Notario, quien con base en el mismo redactará la escritura de aplicación para su aprobación y firma.

La protocolización del inventario y la escritura de aplicación podrán hacerse constar en un solo instrumento.

ARTICULO 512 SEXTUS.- Si en el procedimiento especial hubiere controversia, el Notario suspenderá su intervención y remitirá copia certificada de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, quien lo remitirá de inmediato al juez competente.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.

CUADRO COMPARATIVO

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

No existe correlativo

 

CAPITULO II BIS
Del Juicio de sucesión tramitado
ante Notarios

ARTICULO 512 BIS.- En las sucesiones testamentarias o intestamentarias en que no hubiere controversia alguna y los herederos fueren mayores de edad, menores emancipados o habiéndolos se encuentren legalmente representados; se podrá realizar el procedimiento especial con intervención de un Notario Público.

ARTICULO 512 TER.- Los herederos o sus representantes pueden acudir ante Notario para realizar el trámite, exhibiendo:

I. Copia certificada del acta de defunción o declaración judicial de muerte del autor de la sucesión; y

II. Actas de nacimiento para comprobar el entroncamiento de los herederos o parentesco; así como de matrimonio en caso de cónyuge supérstite.

El Notario tramitará la sucesión una vez que obtenga informe del Archivo General de Notarías, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Registro Nacional de Avisos de Testamento, donde se informe de la existencia o no de testamento.
Para el trámite notarial de ambos         tipos de sucesión, el albacea  nombrado si lo hubiere, o el que se nombre en ese momento, y los herederos harán constar que aceptan la herencia, que reconocen sus derechos hereditarios y que el albacea acepta el cargo y va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia dentro de un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación a que se refiere el párrafo siguiente.

Los comparecientes declararán, bajo formal protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad, que son los únicos con derecho en la sucesión. El Notario dará a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones, que serán a costa de los solicitantes, en un periódico de mayor circulación a nivel nacional, mediando siete días hábiles entre la primera y la segunda publicación.

ARTICULO 512 QUATER.- Practicado el inventario por el albacea y estando conforme con él todos los herederos, lo presentarán al Notario para que lo protocolice.

ARTICULO 512 QUINTUS.- Formado por el albacea, con la aprobación de los herederos el proyecto de partición de la herencia, lo exhibirán en un plazo no mayor de siete días ante el Notario, quien con base en el mismo redactará la escritura de aplicación para su aprobación y firma.

La protocolización del inventario y la escritura de aplicación podrán hacerse constar en un solo instrumento.

ARTICULO 512 SEXTUS.- Si en el procedimiento especial hubiere controversia, el Notario suspenderá su intervención y remitirá copia certificada de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, quien lo remitirá de inmediato al juez competente.

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, México. 2001.

2 Flores Xool, María José. La importancia del Patrimonio de la Familia. consultable en
http://www.derecho.uady.mx

3 Beltrán Lara, Miguel Ángel. El trámite de las sucesiones ante Notario. Consultable en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/6.pdf

4 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/LNDF.pdf

5 Medina, Graciela. “Proceso Sucesorio” TI, p18

6 ASPRÓN Pelayo. Juan Manuel. “Aspectos sucesorios en derecho comparado”. Consultable en
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx

7 Amparo directo 159/2006. María de la Paz Granados Trujano, su sucesión. 31 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL PROCESO PENAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL PROCESO PENAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el dictado del auto a vinculación a proceso bajo los siguientes términos:

“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión…”

Como su denominación lo indica, el auto de vinculación a proceso debe de contener los siguientes requisitos formales acorde con el texto constitucional:

1. El delito que se impute al acusado,

2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución,

3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y

4. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión

La diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal.1

No obstante ello, el auto de vinculación a proceso no cumple con ninguna finalidad esencial en el proceso penal, toda vez que, a pesar del diseño constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales estableció que los fines de la vinculación a proceso se cumplen al momento de que el Ministerio Público enuncia, mediante el acto procedimental denominado como imputación, los requisitos ya señalados en el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el anterior sistema, la emisión de un auto de formal prisión o un auto de sujeción a proceso se justificaba en razón de que se pronunciaban sobre la restricción a la libertad del detenido, finalidad que ahora cumple, la emisión del auto de medidas cautelares.

Por otra parte, de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de “un hecho que la ley señale como delito” y la “probabilidad en la comisión o participación del activo”, esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio.

Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación.2

Derivado de lo anterior, es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto procedimental innecesario debido a lo siguiente:

1. Es un acto procedimental que no cumple ninguna finalidad práctica más que reiterar el contenido de la imputación formulada por el Ministerio Público en la audiencia inicial, acto procedimental en el que se enuncia el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado en el mismo, soportado por indicios razonables que permiten suponerlo.

2. En consecuencia, resulta innecesario repetir el contenido de la imputación en un acto procedimental que sólo resulta en una carga indebida que retrasa el propio proceso penal en agravio de la víctima del delito y del propio imputado.

3. Aunado a ello, respecto de la libertad del imputado, el auto de medidas cautelares es el acto procedimental que cumple con fijar o restringir el ejercicio de la libertad del señalado imputado mediante la imposición de medidas restrictivas de la libertad, cuyo máximo grado de aplicación es la prisión preventiva.

4. Bajo esa tesitura, en el anterior sistema penal de carácter inquisitivo, el equivalente del auto de vinculación a proceso, el así denominado auto de sujeción a proceso, si cumplía la finalidad de pronunciarse respecto de las medidas de restricción de la libertad al imputado, con excepción, de la prisión preventiva, respecto de la cual, se pronunciaba en exclusiva el auto de formal prisión.

5. En cualquier caso, ambos autos tenían por objeto la restricción de la libertad del imputado, por lo tanto, resulta incomprensible que en el actual sistema de justicia penal de carácter oral y acusatorio, exista un auto, el ya señalado auto de vinculación a proceso, que no cumple con ninguna finalidad práctica, salvo la de reiterar el contenido de la imputación ya previamente formulada por el Ministerio Público en el inicio de la audiencia inicial.

6. Finalmente, tanto la litis de la causa penal como el ejercicio de la acción penal quedan fijados en el escrito de acusación que, en su caso, presenta el Ministerio Público en la etapa intermedia, por lo que, de nueva cuenta, se reitera que el auto de vinculación a proceso es solamente un acto procedimental que dilata el proceso en su conjunto y que no cumple con ninguna finalidad práctica en el proceso.

Derivado de los razonamientos anteriormente expuestos, la presente iniciativa se pronuncia sobre la eliminación del auto de vinculación a proceso en el proceso penal y su fusión con el auto de medidas cautelares, de tal modo, que en el proceso penal sólo exista un solo acto procedimental que se pronuncie, en el mismo momento procesal, sobre la formulación de la imputación, como de la restricción a su libertad, en los siguientes términos:

Texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto de la iniciativa

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de imputación y medidas cautelares en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, así como, las medidas restrictivas de la libertad señaladas en el siguiente párrafo.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de imputación y medidas cautelares a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de imputación y medidas cautelares por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se modifica el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de imputación y medidas cautelares en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, así como, las medidas restrictivas de la libertad señaladas en el siguiente párrafo.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de imputación y medidas cautelares a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de imputación y medidas cautelares por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 El razonamiento contenido en este párrafo se puede consultar en la Tesis Aislada 160455. II.2o.P.284 P (9a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 4296, bajo el rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.

2 El razonamiento contenido en este párrafo se puede consultar en la Tesis Aislada 163684. XVII.1o.P.A.63 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, Pág. 2902, bajo el rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo respecto a la nueva autorización otorgada por el Congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure y/o refinancie la deuda pública del estado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a generar un programa que reciba denuncias ciudadanas referentes a la indebida utilización de los víveres destinados para las personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ante la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 276, 108 Y 109 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la semana que va del domingo 3 al sábado 9 de septiembre del presente 2017, el Estado de Oaxaca sufrió afectaciones producto de varios fenómenos naturales, es decir, los embates de los huracanes Irma y José, los cuales provocaron lluvias torrenciales con saldo de diversas inundaciones y desborde de ríos; posteriormente, se sufrió el impacto del sismo que es considerado el más poderoso de los últimos 100 años en México, afectando de manera particular a la región del Istmo de Tehuantepec y la sierra Mixe; situación que se agravó con el paso de los huracanes Katia y Max.

El número de personas fallecidas durante las últimas tres semanas en el Estado de Oaxaca, así como el número de personas damnificadas, de inmuebles devastados, así como de construcciones históricas destruidas, derivado de estos desastres naturales, es tan crítica que pese al anuncio inicial de declarar zona de desastre 41 municipios del Estado, el pasado viernes 15 de septiembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se emite dicha declaratoria para 283 municipios.

El problema por el que atraviesa el Istmo de Tehuantepec es mayor a lo que los medios de comunicación alcanzan a reportar. Cifras oficiales nos señalan que existe un total de 800 mil damnificados y debido a los daños ocasionados tan sólo en Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec y Matías Romero -la tierra donde orgullosamente nací- se vive una parálisis comercial, agrícola, pesquera y de servicios en toda la región.

Para enfrentar las consecuencias del sismo, además de la implementación de un “Fondo especial de reconstrucción para el Estado de Oaxaca”, mismo que hemos promovido en diversas ocasiones en este Pleno y que seguiremos promoviendo hasta que sea creado, la implementación de medidas urgentes con el fin de reactivar económicamente la zona de la costa, istmo y sierra mixe, también resulta fundamental la atención de las necesidades inmediatas de las personas damnificadas en esta zona, ya que la destrucción no sólo de sus viviendas, sino también de sus centros o fuentes de trabajo los coloca en una situación de vulnerabilidad grave.

En el caso del sismo del pasado 19 de septiembre, que afectó mayormente a la Ciudad de México y los Estados de Morelos y Puebla, con afectaciones también en los Estados de México, Guerrero y Oaxaca, tenemos que, a una semana del siniestro, las cifras oficiales señalan 186 personas fallecidas en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, para un total de 324 personas fallecidas hasta el momento. Ello sin mencionar las miles de personas damnificadas.

En este sentido, resulta sumamente importante señalar que los tres órdenes de gobierno deben garantizar que los recursos económicos, así como los apoyos en especie que son destinados a las zonas afectadas por los recientes fenómenos naturales, sean entregados realmente a la gente que lo necesita, no podemos permitir que dichos apoyos sean desviados, tal y como pasó con aproximadamente 8 mil millones de pesos que debieron ser destinados para la gente más pobre de nuestro país y que ahora no sabemos qué pasó con ellos.

Sobre el particular, no debemos pasar por alto las múltiples denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación, quienes reportan el indebido almacenamiento de víveres en bodegas o incluso, en casas de funcionarios públicos, funcionarias públicas o familiares de estos, presumiblemente con el fin de ser utilizados para la compra o coacción del voto durante el desarrollo del proceso electoral concurrente que recientemente dio inicio o para favorecer únicamente a familiares y amigos. Cualquiera que sea el motivo, estas acciones deben ser severamente sancionadas.

Sin lugar a dudas, todas y todos los servidores públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios tienen, dentro del ámbito de su competencia, empleo, cargo o comisión, la obligación de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, siendo responsables de la comisión de algún delito y/o sanción en materia administrativa si incumpliendo su deber, en cualquier forma, se propicia daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o se pierden o sustraen los objetos que se encuentran bajo su cuidado; o cuando indebidamente retarden o nieguen a los particulares la protección o servicio que tienen obligación de otorgarles. De nueva cuenta, reitero, estas acciones deben ser severamente sancionadas, no podemos permitir que se lucre con la desgracia y el dolor de la gente.

En este sentido, resulta apremiante que el gobierno federal y los de las entidades afectadas implementen mecanismos que, de manera segura, ágil y anónima, si así se desea por parte de quien realiza la denuncia, permitan que la ciudadanía denuncie hechos como estos en los que los servidores públicos pudieran estar incurriendo en delitos como el de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones o los que resulten por el uso indebido de los víveres que debieran estar siendo destinados a mitigar la tragedia por la que atraviesan miles de personas que lo han perdido todo o casi todo.

Asimismo, se atiendan de oficio las denuncias que, de manera pública, aunque no oficial, han realizado diversas ciudadanas y ciudadanos, mismas con las que dan cuenta diversos medios de comunicación. De igual manera, la instancia que de manera conjunta o por separado determinen el gobierno federal y los de las entidades para la recepción de estas denuncias, investigue y, en su caso, presente las denuncias correspondientes ante la instancia competente, para que sean sancionados como corresponda.

A todas luces, situaciones como esta han generado desconfianza en las autoridades, reduciendo la esperanza de las víctimas en una pronta recuperación, por lo que es nuestro deber, como representantes populares, dar seguimiento a las acciones que implementen los tres niveles de gobierno para garantizar que estas se estén empleando de manera adecuada y en beneficio de la población que de verdad necesita de ellas; y, por otro lado que inhiba la comisión de delitos o faltas administrativas en perjuicio de la población damnificada.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía la aprobación de urgente resolución del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas afectadas, generen un programa que reciba denuncias ciudadanas de manera ágil, sencilla e incluso anónima, referentes a la indebida utilización de los víveres que serían destinados para las personas damnificadas por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año en curso.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, implemente medidas de atención y seguimiento a las denuncias realizadas por la ciudadanía o los medios de comunicación, referentes al acaparamiento o probable uso indebido de los objetos que debieran ser destinados para mitigar las necesidades de las personas que resultaron afectadas por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del año en curso.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política a efecto de que proponga al Pleno la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las Acciones Implementadas por el Gobierno Federal para atender las afectaciones generadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






De los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a cumplir en tiempo y forma con la evaluación y notificación correspondiente del proyecto Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco, registrado ante el Instituto Nacional del Emprendedor. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.








De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de la Paz”. Se turna a la Comisión de Gobernación.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La paz no se refiere solamente a la ausencia de conflictos armados. Para lograr una paz real y duradera se requiere la construcción de puentes humanitarios, la lucha contra la discriminación y el racismo, así como la defensa de los derechos humanos de toda la población mundial.

Cabe recordar que al terminar la Segunda Guerra Mundial, las naciones estaban en ruinas y anhelaban la paz. Por ello, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo propósito principal es la búsqueda de la paz mundial, de acuerdo con el documento fundacional, denominado “Carta de las Naciones Unidas”:1

Artículo 1

Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

En la actualidad, la ONU está constituida por 193 Estados Miembro y a lo largo de casi 72 años ha trabajado en diversos ámbitos para impulsar la búsqueda y mantenimiento de la paz, por medio de sus diversos fondos, programas y agencias especializadas.

A fin de promover los ideales de paz y dar evidencia positiva del compromiso con la paz en todas las formas viables, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1981 la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de cada año.

Esta fecha está dedicada a conmemorar y reforzar los ideales de paz dentro y entre las naciones y los pueblos, invitando a todos los Estados miembro, órganos y organizaciones del sistema de Naciones Unidas, organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales, pueblos e individuos a conmemorar de manera apropiada el Día Internacional de la Paz, especialmente a través de todos los medios educativos, y a cooperar con las Naciones Unidas en la observancia de este día.2

En 2017, la campaña del Día Internacional de la Paz se titula “Juntos por la paz:  Respeto, seguridad y dignidad para todos”, siguiendo el espíritu de JUNTOS, una iniciativa mundial cuyo objetivo es que las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor disfruten del respeto y la seguridad y vivan dignamente.3

La iniciativa JUNTOS se lanzó durante la Cumbre para Refugiados y Migrantes celebrada el 19 de septiembre de 2016, la cual reunió a los 193 Estados Miembros de la ONU, al sector privado, la sociedad civil, las instituciones académicas y la ciudadanía; con el fin de apoyar la diversidad, la no discriminación y la aceptación de los refugiados y los migrantes.4

La División de Población de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas estima que en 2015 había 244.7 millones de personas que vivían en un país distinto al de su nacimiento, lo que representa el 3% de la población mundial. Asimismo, México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas nacidas en su territorio viviendo fuera de sus fronteras.5

De esta manera, se calcula que en 2012 había 11.8 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos de América. Además, a México se internan de manera indocumentada alrededor de 140 mil extranjeros al año, principalmente procedentes de Centroamérica.6

Ante esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene diversas líneas de acción relativas a los migrantes, abarcando los cinco ejes o pilares. De manera particular, el eje “México con Responsabilidad Global” incluye el Objetivo 5.4 “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, el cual envuelve las siguientes estrategias:

5.4.1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran.

5.4.2 Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer los programas de repatriación.

5.4.3 Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo   nacional.

5.4.4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.

5.4.5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria.

Estas estrategias abarcan de manera integral los distintos aspectos que requiere una adecuada atención a los migrantes, para contribuir a la paz entre los pueblos. Del mismo modo la continuidad y aplicación adecuada de estas estrategias resulta de gran importancia en la actualidad, especialmente ante las diversas acciones y expresiones antimigratorias del gobierno actual de los Estados Unidos, como son la amenaza de construcción del muro fronterizo y el anuncio de eliminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Es por esto que en el marco del Día Internacional de la Paz, debemos en el marco del lema “Juntos por la paz: Respeto, seguridad y dignidad para todos” centrar los esfuerzos en movilizar al gobierno y a la ciudadanía, tanto nacional como internacional, para que muestren su apoyo a los refugiados y migrantes.

A pesar de que la migración es un tema multisectorial por naturaleza, la dependencia del gobierno federal encargada específicamente de los asuntos migratorios es la Secretaría de Gobernación, por medio de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que a su vez cuenta con una Unidad de Política Migratoria. En este sentido, consideramos necesario exhortar a dicha autoridad a informar los avances del Plan Nacional de Desarrollo en los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de protección a migrantes.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Paz, se exhorta respetuosamente a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación a informar los avances del Plan Nacional de Desarrollo en los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de protección a migrantes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 28 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Capítulo I. Recueprado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html

2 United Nations. General Assembly Thirty-sixth session, Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/67

3 Naciones Unidas. Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/peaceday/index.shtml

4 Ídem

5 INEGI, (2016) Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de Julio). Recuperado en
septiembre de 2017, de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf

6 DOF (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013






Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo para emitir un Decreto de emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a coordinarse en la atención a la población morelense afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla a destinar los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera transparente, oportuna, responsable y eficaz para la atención de las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA PARA QUE DESTINEN LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES DE MANERA TRANSPARENTE, OPORTUNA, RESPONSABLE Y EFICAZ PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país.

En la Ciudad de México, algunas de las zonas más dañadas fueron las colonias del Valle, Condesa y Roma. Se reportaron graves afectaciones en por lo menos 38 inmuebles de la ciudad.

Aunado a ello, 700 mil personas resultaron afectadas por el desabasto de agua en la zona sur, particularmente en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.

Por lo que respecta a Morelos, de acuerdo con el Secretario General de Gobierno de Morelos, señaló que los municipios más dañados por el sismo son: Cuernavaca, Tecamac, Miacatlan, Yutepec, Yecapixtla, Yautepec, Cuatla, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec, Tlayacapan, Oculta y Zacatepec. Asimismo, se tiene el registro de que aproximadamente son 20 mil casas dañadas en 20 de los 33 municipios, informó el gobernador Graco Ramírez.

A consecuencia de este fenómeno natural, se han presenciado el colapso de varias viviendas de los habitantes de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y del Estado de México, por ello resulta importante garantizar que los damnificados podrán recuperar su patrimonio con los fondos que se están aperturando para ese fin, pero sobre todo tener la certeza de que se realice de manera oportuna y transparente.

Debido a los sismos que sacudieron la capital del país en fechas recientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delimitó algunas acciones para ayudar a las personas que resultaron afectadas. El procedimiento consta de dos pasos, el primero es que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá realizar un diagnóstico y censo de los inmuebles afectados. Y posteriormente la Banca de Desarrollo (conformada por Hacienda, Bansefi y Banobras, entre otras) cree un mecanismo para iniciar con la construcción de viviendas con pérdida total.

En primera instancia se implementó para los afectados por el sismo del 7 de Septiembre; principalmente los estados de Chiapas y Oaxaca. Aunque se pretende llevar la misma mecánica para los afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017

Aunque para ambas catástrofes, los recursos saldrán del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha implementado e incorporado otras fuentes de financiamiento que harán posible la restauración del país.

Uno de los más destacados es, el Fideicomiso Fuerza México, este fideicomiso se integrará por un comité que encabezan, entre otros empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales; el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; el presidente de la Asociación de Bancos de México; el presidente del Consejo Ejecutivos de Empresas Globales y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Asimismo, a través del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda autorizó la posibilidad de que las donatarias puedan realizar donativos a otras donatarias, aun cuando esta acción no éste contemplada dentro de su objeto. Con dicha regla, el fideicomiso podrá obtener recursos de la sociedad civil y coadyuvar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Algunos otros medios de ayuda son:

- FONREC (Fondo de Reconstrucción): Las entidades pueden acceder a estos recursos mediante la adquisición de un Bonos Cupón Cero emitido por BANOBRAS, con autorización del Congreso Local.

- FOVISSSTE: Programa de Créditos para mejora o reconstrucción de vivienda para derechohabientes o sus familiares, financiados por la Banca de Desarrollo.

- FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social): Este programa es para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, caminos rurales, pavimentación, revestimiento, calles, guarniciones, banquetas y carreteras.

- FOVI-SHF: Este es un Fideicomiso Público constituido por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual es administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal. Con estos créditos el acreditado sólo paga intereses, el pago del capital es con cargo a un fondo semilla que aportan los estados, potenciado por el Bono Cupón Cero a cargo de Banobras.

- Dinero de partidos: Sobre las donaciones de los presupuestos de los partidos políticos, Hacienda informó que de hacerse se sumen a los fondos antes mencionados para la reconstrucción. "Los partidos políticos han manifestado su disposición de donar parte de sus recursos a la reconstrucción. La SHCP estará atenta de esta expresión para que, de así determinarse, apoyar con la reconducción de los recursos", informó.

Bono catastrófico: Es un mecanismo de cobertura financiera del gobierno de México con el Banco Mundial. "El Bono Catastrófico inyectará hasta 360 millones de dólares adicionales al Fonden", informó Hacienda. Este mecanismo estará vigente durante los próximos tres años y se puede activar de forma directa según la intensidad de los eventos.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que el procedimiento para que se declare el desastre natural y acceder a los recursos del FONDEN será el siguiente conforme a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

Artículo 9o.-

Para acceder a los recursos del FONDEN, en la sesión de instalación del comité de evaluación de daños a que se refiere la sección siguiente, la Entidad Federativa deberá entregar al representante de la SEGOB la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha Entidad Federativa, en la que se deberá manifestar lo siguiente:

I. Los municipios o Delegaciones Políticas afectados que han sido corroborados por la Instancia Técnica Facultada, incluyendo la descripción de

l Fenómeno Natural Perturbador y la fecha de su ocurrencia;

II. Que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos del Fenómeno Natural Perturbador;

III. Su compromiso para incorporar en sus respectivos programas y presupuestos anuales subsecuentes, los recursos necesarios para asegurar la infraestructura pública;

IV. Que ha regularizado los recursos recibidos por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, y

V. El nombre del servidor público designado para dar seguimiento a la solicitud.

Artículo 10.-

Cumplido lo previsto en el artículo anterior, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes, la SEGOB, por conducto de la Coordinación, deberá emitir y publicar en el Diario, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información, la Declaratoria de Desastre Natural respectiva.

Derivado de lo anterior es que la evaluación de daños y asignación de recursos para el patrimonio arquitectónico dañado por el desastre natural, tiene una actualización instantánea, ya que ello se desprenderá del informe que mande la Entidad federativa a la Secretaria de Gobernación.

III.- Conforme al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.

En este sentido, las Reglas Generales del Fondo de Desastres tienen por objeto regular el acceso a los recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), a fin de que permitan mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador. El FONDEN, tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna ante las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población.

IV.- Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 24 y 25, corresponde a las dependencias la elaboración de anteproyectos de presupuesto tomando en cuenta las actividades que deban realizar para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas. Asimismo se menciona que los anteproyectos se beberán hacer con base en:

I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;

II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría;

III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente;

IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;

V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y

VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla para que destinen los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera transparente, oportuna, responsable y eficaz para la atención de las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, realice la inspección, fiscalización y vigilancia de los recursos del FONDEN que se destinen a las los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla, derivado del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre, incluyendo la revisión programática-presupuestaria y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, buscando que se garantice la transparencia y oportunidad en el ejercicio de dichos recursos en tiempo real, así como se prevenga cualquier acto de desvío o de corrupción.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera oportuna y atendiendo al principio de máxima publicidad de a conocer los programas enfocados a la atención en la reconstrucción en los distintos tipos de infraestructuras que fueron dañadas a raíz del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de que los damnificados puedan conocerlos y acceder a ellos.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que facilite la conducción y canalización de manera eficaz y transparente de los recursos, donativos y aportaciones que hayan realizado organizaciones de la sociedad civil, empresas, personas y demás que provengan del interior o exterior del país, que estén destinados a apoyar las medidas de reconstrucción a raíz del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a los municipios del territorio nacional y las delegaciones de la Ciudad de México a trabajar en la elaboración o, en su caso, actualización de los Atlas de Riesgos y en la creación de una aplicación para dispositivos móviles de alertas de desastres naturales. Se turna a la Comisión de Protección Civil el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Protección Civil, establece como una obligación para el Centro Nacional de Prevención de Desastres la integración del Atlas Nacional de Riesgos. En su artículo 83 se encuentra estipulado que El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con peligro para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.

El Atlas Nacional de Riesgos, de acuerdo a la Ley, es el sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.

Asimismo, los gobiernos de los estados y los municipios se encuentran obligados a establecer sus atlas de riesgos, en los cuales deberán estipular los diferentes niveles de peligros y zonas de vulnerabilidad, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Haciendo uso de dicha información e instrumentos, las autoridades deben tomar decisiones para la autorización o no de cualquier tipo de construcción, obras de infraestructura o asentamientos humanos.

Aunado a ello, se contempla que las entidades deben promover y garantizar que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso a la población, procurando que su elaboración siga las directrices del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, de acuerdo con las disposiciones de la Ley, los atlas de riesgos deben ser tomados en cuenta por parte de las autoridades como un marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo.

De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, en su artículo 19 fracción XXII, segundo párrafo, el Atlas de riesgo se integra con la “información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.”

Bajo esta tesitura y a consecuencia de los fenómenos naturales que han azotado este año al país causando fuertes inundaciones, pérdidas humanas y materiales en todo el territorio nacional, pero de manera particular los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, los cuales causaron graves daños a las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, resulta pertinente hacer una revisión a fondo del estado en que se encuentran tanto el Atlas Nacional de Riesgos, como los atlas estatales y municipales que por Ley deben estar elaborados.

A pesar de que por Ley tanto autoridades federales como locales están obligadas a elaborar el atlas de riesgo, de acuerdo a sus atribuciones, en los hechos esta información no es pública, o bien no se difunde con la amplitud necesaria entre la población. A nivel Federal, dentro del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018,1 se establece que la importancia del Atlas Nacional de Riesgos, radica en que representa el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas preventivas que mitiguen el riesgo de desastres. Del mismo modo, se reconoce que éste se encontraba desactualizado y su escala de representación no permitía llevar a cabo consultas sobre el nivel de riesgos existentes en una zona de interés y tampoco identificar con precisión los tipos de zonas de riesgo. A raíz de este diagnóstico, la Secretaría de Gobernación debió emprender la actualización del Atlas Nacional de Riesgos.

Al día de hoy, es posible consultar en el sitio virtual del Atlas Nacional de Riesgos, información referente al monitoreo de fenómenos naturales, de los sistemas de información geográfica sobre riesgos, así como los vínculos electrónicos con los atlas de riesgos de entidades como Guerrero, Puebla y Tabasco, así como de municipios de los Cabos y Reynosa. Sin embargo, mucha de esta información se encuentra desactualizada, o bien, no resulta de una fácil interpretación para quienes no son especialistas en el tema de protección civil.

En este sentido, el programa de Protección Civil en cuanto al desarrollo de los atlas locales, señala que “aunque las entidades federativas han hecho esfuerzos en la integración de información sobre los peligros y vulnerabilidades existentes en su territorio, por medio del desarrollo de sus atlas de riesgo, éstos no se encuentran consultables ni homogenizados en una plataforma común, tampoco consideran el componente de cambio climático, lo que dificulta su consulta por parte de los tomadores de decisiones y la población en general.”2

De esta manera y a partir del diagnóstico elaborado, dentro de las estrategias de protección civil se plantearon los siguientes objetivos:

• Supervisar el desarrollo y actualización de los Atlas Estatales, Municipales y Delegacionales, bajo criterios homogéneos, integrándolos al Atlas Nacional.

• Asesorar a las entidades federativas en la integración de sus Atlas Estatales, Municipales y Delegacionales de riesgos.

• Garantizar la operación continua y actualización de las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgos.

• Vincular el Atlas Nacional de Riesgo con el Atlas de Vulnerabilidad ante Cambio Climático.

Sin embargo, a más de cuatro años de anunciada la estrategia nacional de protección civil, y después de los lamentables desastres naturales ocurridos en los últimos meses en el país, no hay claridad respecto del estado que guardan tanto el Atlas Nacional, como los atlas de riesgos locales.

Tan sólo en el estado de Oaxaca, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, de 570 municipios solamente 9 cuentan con atlas municipal de riesgos, los cuales son: San Sebastián Tutla, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y Oaxaca de Juárez en la zona de los valles centrales; San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan; Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, en la zona del Istmo; Santa María Huatulco, en el Distrito de Pochutla e Ixtlán de Juárez, en la sierra norte del estado.3

En el caso de la Ciudad de México, a pesar de que existe información generada al respecto, ésta no ha sido difundida, ya que la autoridad “clasifica como reservado el Atlas de Riesgos, hasta que el interesado compruebe su interés jurídico por la información.”4 Esto a pesar de que durante la pasada y la actual administración local, hasta el año 2015 se habían destinado alrededor de 103 millones 682 mil 634 pesos en la elaboración y actualización del Atlas de Peligros y Riesgo de la Ciudad de México;5 sin embargo, no existe una difusión pública del mismo, con la finalidad de que dicha información permita la toma de decisiones tanto a las autoridades, como a la ciudadanía.

Incluso especialistas en el tema han señalado que “la planeación urbana de la Ciudad de México ha sido desordenada, sin contar con un Atlas de Peligros y Riesgo y con un Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) que no se ha actualizado en por lo menos 10 años […] el crecimiento de la ciudad, sin contar con dos referentes normativos esenciales como estos, implica serios riesgos.”6 Esta falta de transparencia en la publicidad de los atlas de riesgos locales, en particular en la Ciudad de México, propicia la especulación y las interpretaciones, relacionando su opacidad con actos de corrupción.

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas y de todos los municipios del país, fortalezcan la realización o en su caso actualización de los atlas de riesgos locales conforme a la Ley General de Protección Civil. Asimismo, se solicita trabajar de manera coordinada para la creación de una plataforma digital de fácil acceso para la ciudadanía, en la cual se explique y se exponga toda la información respecto de los riesgos que existe en cada región del país, así como la creación de instrumentos, talleres y cursos virtuales en materia de protección civil, dirigidos a toda la población.

Además, se pide respetuosamente al Ejecutivo Federal, gire las instrucciones y destine los recursos necesarios, para la creación de una aplicación de dispositivos móviles, en la cual la población puedan consultar información respecto de los atlas de riesgos; asimismo, servirá para que la Coordinación Nacional de Protección Civil pueda enviar alertas para cualquier tipo de contingencia, y en consecuencia los ciudadanos en tiempo real puedan recibir la información.

De igual modo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 destine una partida presupuestal especial para la elaboración o en su caso actualización de los atlas de riesgos Federal, estatal y municipal.

El 2017 ha representado un año de tragedias para el país, si bien no se puede cambiar el orden de los hechos ocurridos, sí es posible trabajar en materia de prevención de riegos, ya que lamentablemente México se encuentra en un territorio de gran vulnerabilidad frente a desastres naturales. Es por ello que la mejor inversión debe estar en identificar posibles causas y prevenir futuras pérdidas humanas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, de los 2,457 municipios del territorio nacional y 16 delegaciones de la Ciudad de México, para que:

a) Elaboren o en su caso actualicen los atlas de riesgos que corresponda a sus territorios, conforme a lo establecido en la Ley General de Protección Civil;

b) Actualicen y mejoren el diseño y funcionamiento de la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos a fin de que sea accesible y transparente;

c) Diseñen e implementen cursos y talleres en línea en materia de protección civil y atlas de riesgos, y

d) Elaboren una aplicación para dispositivos móviles de acceso gratuito para la población, que contenga la información tanto del Atlas Nacional de Riesgos, por medio de la cual la Coordinación Nacional de Protección Civil pueda emitir en tiempo real cualquier tipo de alertas sobre contingencias o fenómenos naturales.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, destine una partida presupuestal especial para la elaboración o en su caso actualización de los atlas de riesgos tanto Federal, como de las entidades, municipios y delegaciones de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Véase “Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018”, Diario Oficial de la Federación, [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2014

2 Ídem.

3 Mejía Francisco. “Sólo 9 de 570 municipios tiene Atlas de Riesgos; uno es Juchitán” Milenio [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en:
http://www.milenio.com/estados/municipios-atlas_riesgos-juchitan-oaxaca-sismo-
prevencion-proteccion_civil-milenio_0_1030097004.html

4 Yañez, Jorge. “Derechos humanos y manejo del riesgo en la CDMX”, Animal Político [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/07/24/derechos-
humanos-manejo-del-riesgo-la-cdmx/

5 Gómez, Tania. “Atlas de riesgo, un fantasma de 103 mdp”, El Universal [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/19/atlas-de-riesgo-un-fantasma-de-103-mdp

6 Navarro, María Fernanda, “Salen de los escombros preguntas sobre la pobre planeación urbana”, Forbes, [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en:
https://www.forbes.com.mx/salen-de-los-escombros-preguntas-sobre-la-pobre-planeacion-urbana/






Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a retomar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para comenzar la reforma del sistema judicial y de las instituciones de procuración de justicia en contra de la impunidad y la injusticia. Se turna a la Comisión de Justicia.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se cumplen tres años del ataque a normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por la magnitud de lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, 6 crímenes, un alumno que se encuentra en estado vegetativo y 43 normalistas desaparecidos, es necesario que en el Senado de la República no perdamos de vista la profundidad de los hechos, el tamaño de la responsabilidad y del desafío que tiene este Poder Legislativo, el impacto que en su momento tuvo en la vida institucional del país los dos informes que fueron presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

México es hoy un país profundamente herido, con una sociedad cada día más vulnerable y con una acumulación de masacres que ya es imposible arrinconar en la ineficiencia de las procuradurías. No tenemos que esperar a que otro Informe nos diga que muy pronto seremos un Estado fallido, como ocurrió hace más de una década en Guatemala y que dio origen a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que fue fundamental para que un Presidente fuera depuesto y detenido por corrupción e impunidad. La lección que Guatemala nos dio está a la vista: hay que empezar a transformar a profundidad nuestra manera de comprender la justicia y esto debe dar lugar a un proceso sustantivo de reconfiguración de todo el sistema judicial.

Nuestra tragedia actual como país es de dimensiones incalculables: el dolor y el miedo no son medibles, pero es innegable que están presentes en nuestra sociedad con una normalidad que no debemos aceptar. Debemos plantear con responsabilidad, con ética y solidaridad con las víctimas, las alternativas para reencauzar las investigaciones sobre Ayotzinapa y también tenemos la obligación de reencauzar la manera de enfrentar la impunidad. Porque estamos también ante dos desafíos que se presentan de manera conjunta: Ayotzinapa y el país entero reclaman justicia, verdades auténticamente históricas y jurídicas. Por otro lado, tenemos la obligación de generar las condiciones para que los dos informes del GIEI signifique para todos los mexicanos el inicio de una nueva época en el combate a la impunidad y en el ejercicio de la justicia.

Ya se había propuesto en el Congreso de la Unión tanto la creación de una Fiscalía especializada, así como la creación de dos Fiscalías (esta propuesta venía de las madres y padres de los normalistas desaparecidos): una se encargaría de proseguir las investigaciones bajo la participación y supervisión del Grupo de Expertos; la otra para investigar toda la red de corrupción institucional, el pacto de impunidad entre autoridades, instituciones y procuradurías, que se encargaron de mantener contra viento y marea la ahora insostenible “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam.

Proponemos que los dos Informes del Grupo de Expertos sean también el punto de partida para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en México, con presencia permanente en nuestro país y que iría a fondo en la transformación de las instituciones de justicia y cuyos objetivos serían muy similares a los que se plantearon en el caso de Guatemala. Por ejemplo:

“Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos”.

“Crear los mecanismos y procedimientos necesarios, que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas. Lo anterior de conformidad con los compromisos internacionales del Estado en materia de protección de los derechos fundamentales, y de los instrumentos internacionales de los cuales el país es parte”.

El Senado de la República tiene la obligación de actuar decididamente ante los desafíos que se presentan a partir de la impunidad con la que las procuradurías de justicia han actuado en lo que se refiere a los crímenes ocurridos hace tres años en Iguala. Ayotzinapa ha sido, desagraciadamente, el hecho más trágicamente visible de una acumulación de situaciones inaceptables y espantosas, del derrumbe de las instituciones de justicia en México, un Gobierno federal sin empatía con las víctimas, y que ha quedado demostrado que miente y manipula las verdades y los procesos judiciales. No se deben repetir estas conductas.

Sabemos, gracias a los informes del GIEI, que la autoridad ocultó y manipuló información de la investigación, al no recabar el material probatorio idóneo y suficiente, al no cumplir con los protocolos criminalísticos en el procesamiento de los lugares del hecho y del hallazgo, y al alterar la escena del crimen; también construyó testimonios a modo, para sustentar la versión que informaron públicamente y a la que llamaron “verdad histórica”.

Sabemos, desde el 6 de septiembre de 2015, con el primer informe del GIEI, que era absolutamente falsa y manipulada la supuesta “verdad histórica” del entonces procurador Murillo Karam: no había evidencias de que se hubiera incinerado a los normalistas en el basurero de Cocula; “ese evento, tal y como ha sido descrito, no pasó”, afirmó el experto e integrante del CIEI, Carlos Beristáin.

Después de presentar su segundo informe, el GIEI también demostró las inconsistencias de las pesquisas presentadas como verdaderas por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en particular, la alteración y fabricación de las diligencias en el Río San Juan.

El GIEI también denunció una evidente falta de iniciativa y voluntad por parte del gobierno de México para dar a conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y antes de salir del país dejó 20 recomendaciones a la PGR, entre ellas la plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso.

¿Cómo calificar la construcción y manipulación de información para sustentar una teoría del caso que dista mucho de la realidad? ¿Cuál es la razón por la cual se actuó de esa manera? ¿Por qué no realizaron una investigación sobre los hechos siguiendo las diversas líneas que se derivaron de la información obtenida? ¿Por qué cambiaron la versión de los hechos; por qué ocultaron o negaron información de la que tenían conocimiento? ¿Por qué actuaron con dilación y negligencia?

Las preguntas más importantes no han sido respondidas: ¿Qué sucedió realmente en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014? ¿Qué pasó con los 43 estudiantes? ¿En dónde están?

Los padres y familias de los desaparecidos y los mexicanos demandamos y exigimos que se reencauce la investigación, ajustándose a un trabajo técnico y científico que permita conocer, ahora sí, la “verdad histórica”. Exigimos que las autoridades mexicanas generen las condiciones de colaboración y participación, que se investigue y se sancione penal y administrativamente a todos los servidores públicos en quienes recae responsabilidad por acción u omisión en este caso.

Además, el ataque a los normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado de violación grave a los derechos humanos y de impunidad por parte de autoridades tanto municipales, estatales y federales. México vive una profunda fractura social que se debe también a la violación sistemática y masiva de derechos humanos. Así lo han señalado también organismos internacionales en la materia.

Tal parece que el Gobierno mexicano no quiere aceptar que en 2017 y en 2018, el desafío para nuestro país será el de atender la emergencia nacional que vivimos en materia de Derechos Humanos. En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que se titulaba Situación de Derechos Humanos en México. Informe de país: México. En este informe se advertía que deberían atenderse de manera urgente 80 recomendaciones en materia de derechos humanos, por el daño permanente y muchas veces irreversible que generan a la misma sociedad y porque lastiman el Estado de Derecho. Hablamos de violaciones a los Derechos Humanos tales como el del asesinato de periodistas en los últimos años (los homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdés, corresponsales del diario La Jornada, entre otros) así como el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014; la muerte de civiles a manos de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; el presunto enfrentamiento en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en junio de 2015; todos ellos con claros indicios de ejecuciones extra-judiciales.

Sobre estos últimos casos mencionados, la CIDH afirma:

“la primera versión de las autoridades –sin que haya una investigación de por medio– fue que las muertes de civiles eran resultados de enfrentamientos entre elementos de la fuerza pública y civiles. Con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones. Estas situaciones requieren la revisión del uso de la fuerza en México en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Asimismo, requiere la adopción e implementación de medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida”.

Las 80 recomendaciones de la CIDH emitidas en 2015 tienen como objetivo que el Estado mexicano rompa con el ciclo de impunidad que se ha generado al menos desde 2006 y reestablecer tanto el respeto pleno a los derechos humanos, así como un Estado de Derecho que tiene que ver también con el respeto a otra serie de derechos de orden procesal. ¿Cuál es el reto que el Gobierno federal tiene ante los desafíos en el corto y mediano plazo, de los cuales depende que las leyes y reformas se transformen en políticas públicas eficaces en el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, en una alternativa urgente para romper este ciclo de impunidad que vive nuestro país? Sobre esto, se puede leer en el informe citado de la CIDH:

“En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”.

La misma CIDH ha manifestado que, pese al interés del actual Gobierno mexicano en hacer respetar los derechos humanos en nuestro país, las recomendaciones emitidas en 2015 y en 2016 han sido prácticamente ignoradas. En particular, la CIDH ha insistido en que la recomendación de implementar un plan integral para el retiro gradual de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, así como la recuperación de esta actividad por parte de policías civiles. Además, el Gobierno mexicano tampoco ha planteado un plan para fortalecer la capacidad en seguridad pública de las diferentes policías civiles.

Debemos asumir la responsabilidad de encontrar juntos una salida a este periodo de violencia y deshumanización. Debemos contribuir para que la sociedad mexicana empiece a cerrar las heridas de las muertes violentas y desapariciones de miles de seres humanos. La sociedad mexicana no admite ya una doble moral ante esto: debe haber justicia y nuestro deber es contribuir en darle paz, seguridad y certeza a todas y todos los mexicanos que buscan a sus desaparecidos o que exigen justicia por crímenes que quedan en la impunidad y en la indefensión.

Por lo anterior, proponemos a esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que se tome como caso paradigmático de violación a los derechos humanos en México y como punto de partida para la reforma de las instituciones de justicia, el ataque a los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Aytozinapa; y con esto reencauzar las investigaciones y comenzar la reforma del sistema judicial y de las instituciones de procuración de justicia en contra de la impunidad, esto de acuerdo a un nuevo convenio con la CIDH que daría lugar a una serie de actuaciones vinculantes a las conclusiones de los dos Informes sobre Ayotzinapa elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que sean los integrantes de este grupo los que se encarguen de coordinar los trabajos vinculatorios a la reforma de dichas instituciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre las acciones que haya desarrollado en materia de cambio climático y derechos humanos, en seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H. Knox. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES QUE HAYA DESARROLLADO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHOS HUMANOS, EN SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS RELACIONADAS CON EL DISFRUTE DE UN MEDIO AMBIENTE SIN RIESGOS, LIMPIO, SALUDABLE Y SOSTENIBLE, SR. JOHN H. KNOX, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su Décimo Noveno Período de Sesiones, decidió nombrar un Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente.1 El nombramiento recayó en el Sr. John H. Knox, quien inició sus trabajos en agosto de 2012 con el mandato de estudiar las obligaciones y determinar las mejores prácticas relativas al derecho a un medio ambiente sano, en consulta con los gobiernos y otras partes interesadas.

En este tenor, el Experto independiente preparó dos informes para el Consejo de Derechos Humanos: 1) Una recopilación de las declaraciones de los órganos de derechos humanos sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente;2 y 2) Una descripción de más de un centenar de buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.3

En el primer informe el Sr. Knox concluyó que las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente eran suficientemente coherentes y claras y que los Estados deberían tenerlas en cuenta. De manera específica, detalló las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente; los derechos humanos amenazados por daños ambientales; y las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente (procedimentales, sustantivas y respecto de los miembros de grupos en situaciones vulnerables).

En el segundo informe el Experto Independiente hizo referencia a las buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos relativas a la protección del medio ambiente, entre ellas en materia de obligaciones de procedimiento; de publicar información relativa al medio ambiente; de facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales; de proteger los derechos de expresión y de asociación; de dar acceso a recursos jurídicos; así como obligaciones sustantivas; obligaciones relativas a actores no estatales; obligaciones relativas a daños ambientales transfronterizos; y obligaciones respecto de miembros de grupos en situaciones vulnerables.

En 2015 el Consejo de Derechos Humanos, en su Vigésimo Octavo Período de Sesiones, renovó el mandato del Sr. Knox, y cambió su designación, nombrándolo Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible,4por un período de tres años. El Consejo le solicitó que promoviera el cumplimiento de las obligaciones, haciendo hincapié en las soluciones prácticas, y presentara informes al respecto.

En este período el Relator Especial también ha desarrollado informes temáticos, entre ellos en materia cambio climático,5 en cuyo párrafo 89 recomienda que:“los órganos de derechos humanos pueden informar y mejorar la política climática proporcionando foros para asuntos relacionados con el cambio climático y los derechos humanos, que de otro modo, podrían desestimarse. El Relator Especial alienta al Consejo de Derechos Humanos y otras instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales a que continúen aportando una perspectiva de derechos humanos al problema mundial del cambio climático.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe a esta Soberanía sobre las acciones que haya desarrollado en materia de cambio climático y derechos humanos, en seguimiento a las recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H. Knox.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Resolución 19/10. Los derechos humanos y el medio ambiente”, A/HRC/RES/19/10 (19 de abril de 2012), disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/131/62/PDF/G1213162.pdf?OpenElement

2 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox. Informe de recopilación”, A/HRC/25/53 (30 de diciembre de 2013), disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/192/14/PDF/G1319214.pdf?OpenElement

3 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox Recopilación de buenas prácticas”, A/HRC/28/61 (3 de febrero de 2015), disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/017/29/PDF/G1501729.pdf?OpenElement

4 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Resolución 28/11. Los derechos humanos y el medio ambiente”, A/HRC/RES/28/11 (7 de abril de 2015), disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/071/81/PDF/G1507181.pdf?OpenElement

5 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, A/HRC/31/52 (1 de febrero de 2016), disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/75/PDF/G1601575.pdf?OpenElement






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enviar al Senado y transparentar a los ciudadanos el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

La que suscribe, Sen. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sismo del pasado 19 de septiembre de este 2017 nos debe obligar desde el ámbito legislativo a impulsar reformas que fortalezcan los sistema de protección civil en el país, los protocolos de actuación ante casos de desastres naturales, agilizar la entrega de fondos a gobiernos locales, pero también debe obligar a los gobiernos federal, estatales, municipales y delegacionales a instrumentar políticas, programas y acciones en el mismo sentido.

La Ciudad de México por su situación geográfica, el tipo de suelos que tiene que corresponden a cuenca endorreica, es decir cerrada, que en el pasado era ocupada por diversos lagos que fueron desecados, así como los ríos entubados, sumado a la explotación excesiva de los mantos acuíferos y un imparable y desordenado crecimiento urbano, está expuesta a diversos fenómenos naturales como sismos y lluvias que pueden derivar y ha ocurrido en el pasado en catástrofes como el sismo del 19 de septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1 grados Ritcher que derivó, de acuerdo a cifras oficiales, en 12 mil 843 personas fallecidas.

“Cayeron casi 500 edificios, la mayoría entre 7 y 12 pisos de altura y construidos de manera similar. Pero lo más interesante es que todos los edificios que se colapsaron, sin excepción, estaban construidos sobre lo que era el antiguo lago de Tenochtitlan”, destaca Jorge Flores en el artículo “La física del temblor defeño” publicado por el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

El sismo del pasado 19 de septiembre de este 2017 también tiene un saldo que debe llamar la atención a las autoridades federales, pero sobre al Gobierno de la Ciudad de México y de las delegaciones donde se registró el mayor número edificios colapsados, derrumbados y por ende de víctimas mortales.

Sumado a ello, en los últimos cinco años se han registrado diversas situaciones de riesgo en la Ciudad de México, algunos derivados de fenómenos naturales como las lluvias o los fuertes vientos, hundimientos, fallas geológicas, pero casi siempre asociados con la construcción de edificios y viviendas en zonas como cerros, laderas, barrancas, lechos y la orilla de ríos, así como en áreas que fueron fuertemente dañadas en el sismo de 1985 y en donde recientemente se están construyendo edificios de más de cinco pisos de altura.

El auge inmobiliario en la actual administración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha permitido la construcción de edificios de más de cinco pisos en estas zonas como son Calzada de Tlalpan, Avenida Chapultepec, las colonias Obrera, Doctores, Roma, Narvarte, Nápoles y Escandón, sólo por mencionar algunas que fueron parte de la tragedia y cicatriz urbana en la capital de 1985 y que paradójicamente son las mismas zonas fuertemente afectadas por el sismo ocurrido hace unos días en la capital del país.

Sumado a ello, en la actual administración de la Ciudad de México también se han registrado casos como el desgajamiento de un talud en Santa Fe, en noviembre del 2015 que afectó varios edificios con cientos de departamentos. Los residentes de los demandaron al Gobierno de la Ciudad de México por negligencia al permitir su construcción, el otorgamiento de licencias y no advertir de los riesgos en la zona.

Más recientemente, hace unas semanas, en la zona de Xochimilco y Villa Coapa, a causa de las lluvias y de una negligente limpieza del cauce del Ríos San Buenaventura, se desbordó provocando daños estructurales a decenas de viviendas, así como a vehículos que se vieron atrapados ante el desbordamiento de las aguas.

No son casos aislados. Lo más grave es que los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, que compran un departamento para el cual ahorraron por años o rentan una vivienda en una determinada zona o simplemente transitan diariamente por alguna avenida, desconocen los riesgos que existen por ese sólo hecho.

La Ciudad de México cuenta con Atlas de Riesgos o por lo menos debería contar ya que se han invertido hasta el 2015 alrededor de 103 millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Protección Civil obtenidos a través de la solicitud de información pública con folio 0107500031315, de 2007 a 2012, durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera, por lo menos hasta 2015, se habían destinado 103 millones 682 mil 634 pesos en la elaboración y actualización del Atlas de Peligros y Riesgo de la Ciudad de México.

A pesar de ello el Atlas de Riesgo de la capital del país se mantiene guardado, oculto y no es público a pesar de que los antecedentes históricos y recientes en materia de riesgos. Es información vedada para más de 9 millones de capitalinos.

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) dependiente de la Secretaría de Gobernación, “los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también son herramientas que nos permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres".

Los Atlas de Riesgos contienen un diagnóstico de peligros geológicos, es decir, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas, hundimientos; e hidrometeorológicos como los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, tormentas de nieve y granizo. Así como químico–tecnológicos: incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames; sanitario–ecológicas: epidemias, plagas, contaminación de aire, agua y suelo y socio-organizativos: accidentes de tránsito, suspensión de servicios vitales, concentraciones o movimientos masivos de población.

Su estructura y contenido sirve para orientar los planes de desarrollo urbano, valorar posibles escenarios de afectación por la presencia de un fenómeno natural y gestionar el uso correcto del suelo para no construir en zonas de riesgo. Así como dar seguridad a las inversiones públicas y privadas ante eventos perturbadores, facilitar la emisión de declaratorias de emergencia y desastre.

Desde 2014, el geólogo de la UNAM, Rafael Huizar, advirtió que es necesario que la población conozca de los riesgos que existen en la capital, no sólo para prevenir, sino también para poder actuar en un caso de emergencia.

Huizar, quien colaboró con la Secretaría de Protección Civil del DF en la primera etapa de elaboración del Atlas de Riesgos capitalino, señaló que se debía actualizar dicho instrumento anualmente porque es “indispensable saber qué tipo de suelo existe para construir, trabajar, invertir, pero sobre todo para conocer por donde se camina” y además hacer público este instrumento, está información, más aún si se está hablando de riesgos.

Sin embargo, hasta la fecha no existe acceso a los ciudadanos a este Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, elaborado desde 2007, se ha guardado celosamente. En la actual administración se mantiene dicha cerrazón que coincide paradójicamente a la par del “boom” inmobiliario en la capital, donde se han dado casos graves como los deslaves en Santa Fe o las construcciones de más de cinco pisos de altura en colonias que fueron afectadas en el sismo de septiembre de 1985.

Diariamente vemos en zonas que en el 1985 fueron de las más afectadas por los sismos y que son las mismas que en este 2017 vieron desplomarse maquiladoras de ropa, edificios departamentales, oficinas, laboratorios, escuelas y otros inmuebles.

Sólo una muestra de lo que se ha permitido en el actual Gobierno de la Ciudad de México. “Desarrolladores inmobiliarios en la Ciudad de México construyeron 109 pisos adicionales a los que la normatividad de la capital les permite”, ello de acuerdo a información publicada el 8 de mayo de este 2017 por el Diario Reforma.

Se agrega que durante 2016, 42 edificaciones violaron las dimensiones que marcan los programas delegacionales de desarrollo, de acuerdo con las investigaciones que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial (PAOT) realizó a partir de denuncias ciudadanas.

Los constructores podían levantar hasta 128 pisos en esas obras; sin embargo; terminaron haciendo 85% más, es decir, 109 pisos.

Para nadie es un secreto que en la capital del país, aún con las denuncias y oposición de vecinos las obras avanzan, se construye, se habitan, todo ello sin que nadie sepa si esos predios en determinadas zonas son seguros o no. Simplemente es “información reservada, restringida”.

Hace unos días, antes del sismo, el analista político Sergio Aguayo, escribió un artículo llamado “El Andamiaje” donde también evidenció este ocultamiento del Gobierno de Miguel Ángel Mancera y expuso que “el gobierno de la Ciudad de México esconde el Atlas de Riesgos impidiendo a los vecinos enfrentar mejor las inundaciones y otras calamidades”.

Agregó que “el Atlas de Riesgos ha sido solicitado, vía transparencia, por 113 ciudadanos. También lo ha pedido Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). La Secretaría de Protección Civil encabezada por Fausto Lugo García responde con el silencio o con negativas montadas sobre tres frases: información "reservada", "imposible físicamente entregar una copia", solo tienen "acceso" quienes "acrediten el interés jurídico".

Honorable Asamblea. Los actuales momentos que vive la Ciudad de México en materia de desastres naturales, en específico el tema del reciente sismo del 19 de septiembre con el alto número de edificios colapsados, derrumbados, las victimas mortales, hacen urgente que el Gobierno de la Ciudad de México transparente a la ciudadanía el Atlas de Riesgos por las implicaciones que este instrumento, que fue elaborado con recursos públicos, para la seguridad y vida de 9 millones de capitalinos.
Por ello presento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar a esta Soberanía y hacer público el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México que ha sido solicitado vía transparencia por más de un centenar de ciudadanos y el cual se mantiene como información “imposible físicamente de entregar una copia” y “reservada” a quienes acrediten “interés jurídico”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al proceso de licitación de placas realizada por el gobierno de Yucatán para el reemplacamiento vehicular 2017 y a la Procuraduría General de la República a investigar probables delitos cometidos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En virtud de múltiples quejas y denuncias ciudadanas de personas molestas e indignadas que solicitaron nuestra intervención, tuvimos conocimiento de posibles actos irregulares que violan la ley en el proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017 en el estado. Así como de posibles actos excesivos y abusivos por parte del Gobierno de Yucatán, particularmente por la Secretaría de Finanzas y Administración, en el cobro del reemplacamiento a los ciudadanos.

Con base en lo anterior, realizamos una investigación que nos llevó a obtener los siguientes resultados:

El miércoles 30 de noviembre de 2016, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, publicó en el Diario Oficial del Estado y en un periódico de circulación local, la Convocatoria No. 032, para participar en la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre para el Reemplacamiento 2017.

Para dicha adquisición se destinaron recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio 2017, integrados, entre otros, con recursos públicos federales a través de las participaciones federales previstas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2017.

En otro hecho similar que se presentó en el estado de Nuevo León, el viernes 24 de febrero de 2017, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios, publicó en el Diario Oficial del Estado la Convocatoria de Licitación Pública Nacional Presencial, número DGASG-DC-010/2017, para la Adquisición de 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) Placas y calcomanías de identificación, así como el servicio de administración de inventarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el Instituto de Control Vehicular, para el Reemplacamiento 2017.

Este proceso de licitación se vinculó con el de Yucatán debido a que la empresa ganadora de la licitación en Nuevo León, VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., fue la misma que participó y ganó la licitación de placas en Yucatán, pero bajo condiciones diferentes y costos para el gobierno mucho mayores.

Al indagar más a fondo sobre el proceso de licitación de placas en Yucatán, se encontraron las siguientes irregulares:

Irregularidades en la Convocatoria.

1. La convocatoria de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, señala que las bases para participar estarían disponibles a partir de su publicación en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales se ubican en el Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y los interesados deberían cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan: pagar el costo de las bases correspondiente a $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MN) en efectivo, únicamente el día 30 de noviembre de 2016, es decir el mismo día de la publicación de la convocatoria, en un horario de las 8:00 a las 14:00 horas, en la caja general de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) situada en los altos del Bazar García Rejón, en la calle 60 entre 65 y 67 del centro de Mérida, Yucatán, o en la caja de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) ubicada en la calle 60 # 299-E Colonia Revolución (Centro de Convenciones Siglo XXI), en Mérida, Yucatán; Presentarse a recoger las bases de la licitación únicamente el mismo día 30 de noviembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en el Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán, debiendo presentar copia del recibo oficial de pago y copia de identificación oficial.

2. Al analizar los requisitos establecidos en la convocatoria se aprecian diversos elementos de premura y limitantes de tiempo para realizar una verdadera difusión de la convocatoria entre la población, que permita una participación amplia de las empresas industriales del ramo interesadas, considerando que en Yucatán no existe un número significativo de éstas, lo que evidentemente resulta contrario al espíritu de la norma, consistente en lograr la participación amplia de proveedores; esto hace suponer que fue diseñada para impedir y limitar la libre participación de proveedores nacionales y locales interesados, y presume la simulación del proceso de licitación con la finalidad de justificar la realización de la misma, siendo que en los hechos las condiciones que establece solo permitirían la participación de algunas empresas en particular, que previamente habrían tenido conocimiento de la licitación, lo que les permitió prever las condiciones para garantizar su registro y participación.

Dentro de los principales elementos limitantes a la participación de proveedores nacionales y locales se destacan los siguientes: Se otorga un breve periodo de solamente 6 horas para adquirir las bases de la licitación, precisamente durante el mismo día en que se publica la convocatoria. Esto significa que los proveedores nacionales situados en otros estados de la república y los locales, interesados en participar, debieron conocer, mediante el Diario Oficial del Estado o de un periódico de circulación local, la convocatoria el día de la publicación y ese mismo día debieron realizar todas las gestiones para la adquisición de las bases, precisamente durante ese breve periodo de 6 horas.

Si se toma en cuenta que en el estado de Yucatán no existe un número significativo de industrias del ramo y con capacidad de producción de los insumos licitados, es evidente que resultaba necesaria la participación de proveedores nacionales.

Se obliga a los interesados a que, dentro de ese breve periodo de 6 horas, acudan a dos domicilios diferentes; en el primero a realizar el pago del costo de las bases, y en el segundo a recoger las mencionadas bases. Lo particularmente limitante es el hecho de que estos domicilios se encuentran separados por grandes distancias y uno de ellos es de difícil acceso por estar situado en el anillo periférico, donde además el transporte público es escaso. Además, se obliga a los interesados a fotocopiar dos documentos para ser entregados en el segundo domicilio, previo a la entrega de las mencionadas bases de licitación, esto significa un desplazamiento adicional, y menor tiempo disponible para realizar toda la gestión ya mencionada, es decir; se establecen periodos de tiempo muy cortos y lugares de trámite y entrega de documentos muy distantes uno de otro, sin considerar las filas que se hacen para cada trámite, y el tiempo que se lleva el servidor público con cada solicitante, lo que consume una parte importante de tiempo, todo lo que humanamente hace imposible realizar los trámites establecidos en tiempo y forma.

3. En un periodo menor a 48 horas, se realiza la junta de aclaraciones. Este tiempo resulta muy limitado para poder realizar las aclaraciones procedentes de una manera adecuada y profesional, en atención a la naturaleza de la licitación.

4. Para la apertura de las propuestas, se otorga un periodo de 4 días hábiles a partir de la junta de aclaraciones; eso quiere decir que, durante ese limitado tiempo, los licitantes debieron preparar y entregar de manera presencial sus propuestas técnicas y económicas, incluyendo la entrega de muestras físicas y la obtención de documentación de terceros proveedores de productos complementarios. Resulta obvio que este periodo es extremadamente limitado para poder realizar una propuesta de manera adecuada y profesional, por la naturaleza de los bienes que se licitaron.

5. Se establece como condición no negociable, que no se otorga un anticipo, disposición que también representa una limitación a la participación de proveedores interesados, ya que bajo dichas circunstancias algunos posibles licitantes ven estas condiciones como menos favorables y se auto descartan, no participan en la convocatoria. Esta condición, es un ejemplo claro de la intención de limitar la participación pública de más empresas, y un caso particular de incongruencia y transgresión a la propia convocatoria, ya que durante el proceso licitatorio se otorgó un 50% de anticipo a la empresa adjudicada.

Irregularidades en el proceso de licitación.

6. Derivado de lo anterior, dentro de la licitación de placas en Yucatán solo se registraron como participantes tres empresas, las cuales iniciaron y concluyeron en su totalidad el trámite de registro: VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; TALLERES UNIDOS MEXICANOS, S.A. DE C.V; y PLACAS REALIZADAS, S.A. DE C.V.; las dos últimas quedaron descalificadas por ofertar un costo más elevado, y aunque la empresa ganadora ofertó el costo más bajo, éste era más alto que el costo promedio dentro del mercado, por lo que la licitación debió declararse desierta, sin embargo, no fue así, se declaró como ganadora a VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a esta empresa la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre los bienes objeto de la licitación a un costo promedio de $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, lo que representó un costo total para el erario público de $182,371,520.48 (ciento ochenta y dos millones trescientos setenta y un mil quinientos veinte pesos 48/100 MN).

Las irregularidades evidenciadas en este proceso de licitación derivan de la inusual y extraña participación de tan solo tres empresas que lograron registrarse para participar en la licitación de referencia, dentro de un periodo de tiempo sumamente breve, en el que solamente se encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación y eso les permitió preparar todos los requisitos de la convocatoria, así como preparar la estrategia material para pagar las bases de la misma en un domicilio, sacar copias de los documentos solicitados necesarios y recoger las bases en otro domicilio muy distante del primero, dentro del mismo periodo de tiempo tan reducido al que se ha hecho referencia.

Todo lo anterior presume una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas específicas, creadas en algunos casos por las mismas personas físicas, y un grupo de funcionarios de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, directamente involucrados en los procesos de licitaciones de insumos, que en conjunto y de manera bien organizada generaron un proceso de participación y simulación a modo, con la finalidad de justificar legalmente los procedimientos de licitación y garantizar que solo las empresas que forman parte de su red de complicidad puedan participar en las licitaciones, y que sólo entre éstas se adjudiquen las licitaciones de contratos millonarios, a costos superiores a los que se pueden encontrar en el mercado para la adquisición de insumos que requiere la Secretaría de Seguridad Pública, de donde obtendrían jugosos beneficios económicos personales, de manera indebida.

Irregularidades en los costos adjudicados en Yucatán.

Derivado de la revisión y comparación del proceso de licitación de Yucatán y de Nuevo León, se encontraron las siguientes irregularidades:

7. En la licitación del gobierno de Nuevo León, se otorgó un plazo amplio para convocar a las empresas interesadas, registrándose diez empresas proveedoras locales y nacionales, lo que claramente refleja el cumplimiento del objeto de una convocatoria, contar con la participación de un número considerable de empresas proveedoras de los bienes licitados, lo que sin duda alguna representa una competencia de mercado más justa y provechosa para quien está licitando, al tener mayores ofertas y opciones para adjudicar a quien oferte el mejor producto al precio más bajo dentro del mercado. Esto se debe naturalmente a lo amplio de los plazos establecidos en la convocatoria, lo que permite cumplir con el espíritu de la ley; lograr la participación de un amplio número de participantes.

Hecho que no pasó en la licitación realizada en Yucatán, en la que, por el contrario, debido a los tiempos tan reducidos establecidos en la convocatoria solo se registraron tres empresas, para las cuales solamente se encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación. Todo esto hace suponer que la convocatoria fue diseñada para impedir y limitar la libre participación de proveedores nacionales y locales interesados, y presume la simulación indebida del proceso de licitación con la finalidad de justificar la realización de la misma, siendo que en los hechos las condiciones que establece solo permitirían la participación de alguna o algunas empresas en particular, que previamente tenían conocimiento de la licitación y previeron las condiciones para garantizar su registro y participación.

Por lo tanto, estos hechos constituyen claramente una irregularidad que transgrede las normas, por lo que deben ser investigados exhaustivamente.

8. Dentro de las diez empresas que atendieron la convocatoria de licitación del Gobierno de Nuevo León, participaron las mismas tres empresas que atendieron la convocatoria de licitación en Yucatán, adjudicándose a la empresa VITRO FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por haber presentado la propuesta de costos más baja, $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA por juego de placas metálicas de circulación.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a dicha empresa la Adquisición de 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación y calcomanías de identificación, así como el servicio de administración de inventarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el Instituto de Control Vehicular, a un costo promedio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, lo que representó un costo total para el erario público estatal de Nuevo León de $37,150,199.67 (treinta y siete millones ciento cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos 67/100 MN).

De lo anterior se aprecia claramente la diferencia en los costos ofertados por la empresa ganadora en ambas licitaciones, realizadas con un periodo de diferencia de tres meses, entre una y otra, fijándose para el caso de Yucatán el precio de $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, y en el caso de Nuevo León, el precio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, es decir, $88.25.00 (ochenta y ocho pesos 25/100 MN) menos que en el caso de Yucatán.

Todo esto, sin considerar que en Yucatán se adquirieron 750,000 (setecientos cincuenta mil) placas de circulación, y en Nuevo León, se adquirieron sólo 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación, es decir, en Yucatán se adquirió un monto mucho mayor que en Nuevo León, lo que conforme a las leyes del mercado significa que a mayores bienes adquiridos, menor costo, es decir, que el costo por cada juego de placas en Yucatán debió ser inferior al costo establecido en Nuevo León.

Lo anterior, sin tomar en cuenta los costos de traslado que representaron para la empresa yucateca adjudicada, para llevar desde Yucatán hasta Nuevo León los bienes licitados; costos que no existen en la entrega del material a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, por estar establecida dentro del mismo estado.

Sin embargo, contrario a las leyes del mercado y de la lógica, esto no pasó en los hechos, lo que claramente evidencia un sobre cobro indebido con cargo al presupuesto de egresos 2017 del Estado de Yucatán y a las partidas federales, cuando menos de $66,187,500.00 (sesenta y seis millones ciento ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 MN).

Todo lo anterior revela un conjunto de hechos indebidos cometidos por los servidores públicos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, directamente responsables y encargados del proceso de licitación de referencia, en complicidad con un conjunto de personas físicas y morales, particularmente con la empresa a la que se adjudicó la licitación. Hechos notoriamente contrarios a las leyes que rigen la materia y a los principios constitucionales de honestidad, lealtad y honradez por parte de los servidores públicos, al utilizar recursos del presupuesto de egresos del estado, contraviniendo los principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio de los recursos públicos, para la Secretaría de Seguridad Pública y para la población; por lo que deben ser revisados e investigados exhaustivamente para determinar y fincar responsabilidades y presentar las denuncias penales correspondientes, en caso de constituir delitos.

Irregularidades en los costos para la ciudadanía.

La conducta que más han indignado a los ciudadanos yucatecos ha sido el cobro del gobierno de Yucatán, notoriamente abusivo, por el reemplacamiento vehicular, lo que marcó la pauta para revisar a detalle, con los siguientes resultados:

9. De acuerdo con el programa de reemplacamiento 2017, el costo por un juego de placas para vehículo se fijó en un promedio de $986.00 (novecientos ochenta y seis pesos 00/100 MN), considerando un descuento del 3.24%, por pronto pago, además del pago de otros derechos e impuestos locales, que en suma generan al ciudadano un gasto por $1,446.00 (un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN); gasto que no tiene justificación razonable ni justificación social alguna, considerando que el costo real de cada juego de placas que pagó la Secretaría fue por $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA. Es decir existe un sobre precio fijado por el Gobierno de Yucatán con cargo al ciudadano por $741.00 (setecientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), lo que representa, por las 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, un ingreso indebido de $ 555,750,000.00 (quinientos cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN). Hecho sin justificación social razonable alguna, considerando además que la finalidad del gobierno es la regulación y control vehicular, y no el de un negocio mercantil.

Bajo estos hechos no se encuentra justificación razonable del gobierno de Yucatán y por el contrario se evidencia su incongruencia y abuso de sus acciones y políticas al establecer estos costos como una forma de obtener recursos adicionales para reemplazar los ingresos que dejó de percibir a partir del 2016, por $227,690,000.00 (dos cientos veintisiete millones seiscientos noventa mil pesos 00/100 MN) anuales, debido a la eliminación del Impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en el 2016.

Al comparar el caso de Yucatán con los costos en otras entidades, se observó que: en el caso de Nuevo León, las autoridades compraron 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación a un costo promedio de $156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, cada juego, y fijaron el costo para la ciudadanía en un monto de $396.00 (trescientos noventa y seis pesos 00/100 MN). En el Estado de México el costo por reemplacamiento es de $ 638 (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 MN); en Veracruz, $800.50 (ochocientos pesos 50/100 MN), en la Ciudad de México, $642 (seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN); en Guerrero, $750 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN), Morelos $755 (setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN).

Lo anterior confirma la irracionalidad en la fijación del costo por el reemplacamiento, por parte del gobierno de Yucatán, el cual es muy superior al fijado por el resto de las entidades señaladas.

Por todo lo anterior, estos hechos deben ser investigados por parte de las diferentes Instituciones fiscalizadoras federales y estatales. De manera particular es primordial que la Auditoría Superior de la Federación, incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la revisión del proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017 en el estado, desde la emisión de la convocatoria hasta la adjudicación, recepción del material y pago del mismo, así como la venta de dichas placas a la ciudadanía, y en general se realicen las indagatorias necesarias para verificar que el proceso de licitación haya estado apegado a las normas que los rigen, y que los recursos públicos otorgados para tal efecto hayan tenido el uso adecuado, conforme a los principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio para la Secretaría de Seguridad Pública y para la población, y de confirmarse la comisión de irregularidades administrativas y/o delitos en perjuicio del Estado con detrimento de la hacienda pública, determinar y fincar las responsabilidades administrativas a los servidores públicos y/o ex servidores públicos responsables, proceder a sancionarlos conforme a las leyes de la materia, y realizar las denuncias penales procedentes en contra de los presuntos responsables.

Al respecto y con la finalidad de que se fiscalice, el pasado 11 de septiembre presentamos, por conducto del suscrito Senador Daniel Ávila, la denuncia formal de los hechos expuestos ante la Auditoría Superior de la Federación, así como ante la Comisión de Vigilancia Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, es fundamental la intervención de la Procuraduría General de la República para investigar estos hechos presumiblemente constitutivos de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

No obstante, en el ámbito local, es fundamental que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán realice los procedimientos de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia, a fin de determinar si se presentaron, o nó, violaciones a la ley, y en su caso, fincar las responsabilidades administrativas y penales en contra de los responsables.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta, la revisión del proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017.

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos cometidos durante el proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, Calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el Reemplacamiento 2017; presumiblemente constitutivos de delitos, y en su momento oportuno ejercite acción penal en contra de quienes resulten responsables.

Senado de la República, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La suscrita, Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UN OPERATIVO PERMANENTE CON BRIGADAS ITINERANTES PARA ASESORAR LEGALMENTE EN EL COBRO DE SEGUROS A LOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 19 de septiembre de 2017, diversas entidades de la República Mexicana, padecieron un sismo de 7.1 grados. El movimiento del 19 de septiembre se registró a las 13:14 horas, y tuvo como epicentro el municipio de Axochiapan, Morelos.

Entre otros datos relevantes, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó a través de Twitter que “aumentó a 320 el número de muertos por el terremoto del 19 de septiembre, que provocó el colapso de 45 inmuebles en la Ciudad de México”1.

De esa cifra, “182 murieron en la Ciudad de México. Además, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca”2.

El Servicio Sismológico Nacional “reporta hasta el momento 39 réplicas del sismo del 19 de septiembre. En tanto, se han registrado 4 mil 684 réplicas del temblor de 8.2 del pasado 7 de septiembre”.3

Por otra parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que al día 25 de septiembre de 2017, se han “revisado 7,649 inmuebles, el 87 % han sido declarados sin riesgo, lo que implica que 6,640 son habitables y no requieren reparaciones mayores”4.

Sin embargo, eso significa que “alrededor de 1,000 lugares han sido calificados como inhabitables - y el número podría crecer”.5

Asimismo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló el pasado 23 de septiembre de 2017, en su cuenta de Twitter que “cerca de 17,000 personas han sido atendidas en 48 albergues”6

Por otra parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que:

“A partir de este lunes, instalará módulos de atención en espacios concurridos, para dar asesoría y atender quejas en materia de seguros a quienes vieron afectado su patrimonio tras el terremoto de la semana pasada.

Detalló que los módulos de atención se instalarán de manera inicial en las estaciones del metro Zócalo, Taxqueña, Zapata, Chabacano y en el Monumento a la Revolución.

Precisó que ahí se brindará asesoría a los usuarios que tengan contratado algún tipo de seguro ya sea de casa habitación, automóvil y/o vida.

La Condusef recordó que cuando se trata de créditos hipotecarios con seguro o pólizas contra desastres naturales o sismos, la mayoría cubren la estructura física de la vivienda, y/o el contenido como los muebles y accesorios.”7

No obstante lo anterior, de acuerdo a la naturaleza del desastre natural acontecido en nuestro país, en lugar de poner a disposición del público módulos de atención, se estima más conveniente implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes con la finalidad de asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas.

Por lo tanto, someto a consideración de este Honorable Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÙNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para implementar un operativo permanente con brigadas itinerantes con la finalidad de asesorar legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas.

Dado en el Pleno del Senado de la República, el 28 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Suman 320 muertos por sismo del 19 de septiembre en México, Noticieros Televisa, 24 de septiembre de 2017, consultado en: http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-24/suman-320-muertos-sismo-19-septiembre-mexico/

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 “Cifra de muertos tras sismo sube a 320; en CDMX 182”, El Economista, 24 de septiembre de 2017, consultado en:
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/24/balance-muertos-tras-sismo-sube-320-cdmx-182

5 Ibidem.

6 Ibidem.

7 Condusef asesorará a afectados para que cobren sus seguros, El Economista, 24 de septiembre de 2017,
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/09/24/condusef-asesorara-afectados-que-cobren-sus-seguros






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Gobernación y al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe de los daños causados a las instalaciones educativas de dicha Ciudad y de las pérdidas de vidas humanas sufridas como resultado del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre del presente año. Se turna a la Comisión de Educación.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A QUE RINDAN UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS SUFRIDAS COMO RESULTADO DEL TERREMOTO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de México hay más de 9,000 escuelas de las cuales 50% aproximadamente son públicas. Asisten más de 2 millones ochocientos mil alumnos que integran la base general de educandos en la Capital de México. A nivel nacional la matrícula escolar supera los 31 millones de estudiantes ubicados en más de 215 mil escuelas.

La infraestructura logística, administrativa y gestión que se requiere para hacer óptima la labor de educar a todos estos estudiantes es muy considerable. Por esta razón vale la pena considerar los aspectos más relevantes en materia de seguridad en las escuelas mexicanas.

Seguridad de la infraestructura

El primer gran tema es el de la regulación en materia de construcción, remodelación y supervisión de los denominados centros de trabajo (CT o escuelas) del sector educación. En esta materia hay una serie de normas y requerimientos estructurales, de diseño y arquitectónicos vigentes que se deberían seguir, pero que por distintas razones no se implementan o no se supervisan con la regularidad debida. Cuando una norma no se aplica, no se supervisa o simplemente se deja de lado, es igual a que no existiera. A nivel internacional y en materia de calidad y seguridad de las construcciones, la Ciudad de México ocupa el lugar 49 entre las primeras 50 ciudades del mundo. En este momento, la ciudadanía no cuenta con la información suficiente para saber cuál es el estado actual de las edificaciones con fines docentes, qué se está haciendo para elevar las condiciones de seguridad en las mismas y si hay siquiera algún programa que contemple precisamente el fortalecimiento de los estándares mínimos en materia de supervisión de construcciones nuevas y en uso.

Al no existir información oportuna en la materia, se vuelve necesario legislar en la materia: el sector educación cuenta con uno de los mayores activos físicos del país, con una enorme base de funcionarios (entre administrativos y del Servicio Profesional Docente) y se relaciona con un gran número de ciudadanos, más de 36 millones:

En el caso de entidades que tienen altos índices de afectación por fenómenos naturales (sismos, huracanes, inundaciones, entre otros), las normas de construcción y supervisión deberían ser mucho más estrictas y específicas, tal como los señalan las mejores prácticas internacionales. Estas prácticas incluyen aspectos tales como seguridad personal (tránsito, resguardo de instalaciones, protección de terceros, etc.), seguridad física (materiales no tóxicos o peligrosos, normatividad ambiental y sustentable, áreas y espacios abiertos, etc.) y seguridad de infraestructura (edificios, caminos, puentes, vallas, etc.). En zonas de alto riesgo, como por ejemplo en California, los estándares de construcción siguen una normatividad muy estricta en materia de construcción de escuelas y centros universitarios. Nuestra legislación claramente debe adecuarse en la materia.

Protocolos de seguridad

Si se atiende al número de escuelas en zonas afectadas por los últimos dos sismos en México, se observa lo siguiente:

Hay más de 61 mil escuelas en zonas altamente sísmicas que no cuentan ni con los estándares de construcción adecuados ni con los protocolos de seguridad que existen estas zonas de alto riesgo.

Si hay avances en cuanto a la concientización hacia una cultura de prevención de riesgos, como se ha observado en los últimos años con la práctica de simulacros y orientación en materia de sismos y huracanes, principalmente. Sin embargo, es necesario incorporar una legislación que haga obligatoria la aplicación de las mejores prácticas en materia de organización ciudadana. La ciudadanía es muy participativa y altamente solidaria en momentos de desastre, como los vividos en el terremoto del 19 de septiembre pasado. Sin embargo, se requiere la promoción de una efectiva cultura de organización ciudadana que incorpore al menos tres elementos: primero la educación de la población en aspectos básicos como son los primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar (CPR); segundo, la organización ciudadana a nivel local para facilitar el acopio y distribución de todo aquello que viene por la vía de donativos nacionales e internacionales; y la capacitación en materia de organización civil que facilite un trabajo eficiente y puntual.

Estas acciones van siempre acompañadas de una fuerte colaboración entre autoridades y ciudadanos, facilitando la transparencia en la distribución de las ayudas, en la eficiencia en la participación ciudadana de voluntarios y en la transparencia de la información de las autoridades en momentos de desastre, evitando situaciones de vergonzosas como las de proporcionar informaciones falsas o sin fundamento ante el dolor y sufrimiento humano.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública a que rinda un informe pormenorizado de la situación que guarda la infraestructura nacional en materia educativa (centros de trabajo-escuelas) a nivel nacional, tanto públicas como privadas, para conocer el saldo en materia de infraestructura de los dos fenómenos sísmicos ocurridos este año y la situación de seguridad que guardan las instalaciones a nivel nacional.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública para que informe de los lamentables fallecimientos ocurridos como resultado de los dos sismos de gran magnitud ocurridos en nuestro país el pasado 7 y 19 de septiembre del año del presente año.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que informe de las acciones que emprenderá en materia de regulación, supervisión y auditoría de construcciones y edificaciones relacionadas con la actividad educativa (administrativos y Servicio Profesional Docente) en el país.

Dado en el salón de sesiones, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender las afectaciones provocadas por diversos fenómenos naturales en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Salud y a las entidades correspondientes a realizar las adecuaciones pertinentes para asegurar el diseño de la política pública transexenal para la prevención del embarazo adolescente, así como para que se fortalezcan las estrategias de comunicación y distribución de insumos de salud en materia de prevención del embarazo adolescente. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para fortalecer las atenciones psicológicas del estrés postraumático en la población, debido a los sismos vividos los pasados 7 y 19 de septiembre, así como para futuros acontecimientos; principalmente en grupos como embarazadas, niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y aquellas personas con necesidades especiales de atención médica de la población en las zonas afectadas, así como del personal que interviene en la respuesta. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con  punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con todas las familias afectadas por los terremotos sucedidos los días 7 y el 19 de septiembre de 2017, los cuales afectaron a los estados de Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz y a la Ciudad de México, ocasionando la muerte de muchas personas e innumerables pérdidas materiales. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a extender una invitación al Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H Knox, para que realice una visita de trabajo a México en una fecha mutuamente acordada. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De los Senadores Francisco Salvador López Brito, María del Rocío Pineda Gochi y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos económicos para programas de prevención, adecuado control y tratamiento del cáncer de próstata de México dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Se turna a la Cámara de Diputados.








De los Senadores Raúl Gracia Guzmán, Silvia Guadalupe Garza Galván y Luz María Beristain Navarrete, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe sobre los alcances y consecuencias de los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales que fueron publicados el 30 de agosto del año en curso. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 una partida presupuestal para poder continuar con los trabajos relacionados con la construcción de la presa “Santa María” en el estado de Sinaloa, así como para que funcionen de manera eficaz los Consejos de Cuenca. Se turna a la Cámara de Diputados.








Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional del Acceso a la Información”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional del Acceso a la Información

 “La información es liberadora”
-Kofi Annan- Estadista,
Premio Nobel de la Paz y ex Secretario General de la ONU.

El 28 de septiembre se conmemora el “Día Internacional del Acceso a la Información”.

Una fecha especial, sin consideramos que el acceso a la información pública es un derecho de todos, un derecho humano reconocido así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora en base a este reconocimiento, cualquier persona puede solicitar información, sin requisitos previos y sin necesidad de justificar interés ni razones por las cuales se solicita tal o cual información.

Sin duda, se trata de un avance esencial para el combate a la corrupción, hacer realidad el principio de trasparencia gubernamental y en vía de consecuencia, un factor para mejorar la calidad de nuestra democracia.

Por ello, muy importante no dejar pasar por desapercibido que este jueves 28 de septiembre se conmemora el “Día Internacional del Derecho a Saber”. Una celebración que se instituyó en 2002 en Sofía, Bulgaria, cuando se fundó la Red de Activistas por la Libertad de Información, que consta de 200 organizaciones que se encuentran establecidas en 75 países.

El derecho a saber es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad y la educación, por citar algunos. Posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones mientras se previene la corrupción. 

Se basa en la posibilidad de “conocer cómo los gobiernos ejercen el poder y cómo invierten el dinero público”; lo que permite el control de los actos del gobierno a través del escrutinio ciudadano al permitirle acceder a este tipo de información, por ello, que este día también sea conocido como el “Día Internacional del Acceso a la Información”.

Es una buena oportunidad para reflexionar sobre el compromiso que todos debemos guardar para el fortalecimiento del sistema democrático, a partir de la promoción de políticas públicas en materia de la transparencia y del respeto del derecho de acceso a la información pública de todas las personas.

Por ello estimados compañeros legisladores, un día además propicio para recordar, que el control ciudadano de lo que se hace en el servicio público es una de tantas consecuencias que puede tener la apertura de datos públicos a la sociedad, pero existen muchos más, como el potenciar el sector económico en base a datos confiables, por mencionar uno.

Por eso, reconocer también lo fundamental que resulta que la sociedad conozca los alcances de este derecho y sus implicaciones como derecho humano, para que pase de ser un reconocimiento, a un ejercicio pleno, efectivo y diario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Turismo”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial del Turismo
27 de Septiembre

El 27 de septiembre de cada año conmemoramos el Día Mundial del Turismo, fecha en la que se pretende resaltar el efecto que este tiene sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente, tanto en los países de origen como en los de destino, pero sobre todo en estos últimos.

Además de las repercusiones socioeconómicas, este sector, si se gestiona de manera sostenible, puede contribuir a la conservación del medio ambiente, la apreciación de las culturas y el entendimiento entre los pueblos.

Como cada año se elige un tema en torno a este día, en esta ocasión el Día Mundial del Turismo se conmemora bajo el lema «El turismo sostenible, una herramienta para el desarrollo». Es importante destacar además, que 2017 se proclamó 2017 el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

Turismo sostenible es aquel que tiene en cuenta los efectos presentes y futuros que esta actividad tiene en la economía, la sociedad y el medio ambiente, además de atender las necesidades de los visitantes, el sector, la naturaleza y las comunidades receptoras. Por todo ello, debe usar de manera óptima los recursos naturales, respetar las comunidades que reciben a los visitantes y asegurar que las actividades económicas son viables a largo plazo, y que los beneficios se distribuyen equitativamente entre los diferentes actores.

Tal como nos señala la Organización de las Naciones Unidas, durante las últimas seis décadas, el turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha convertido así en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo, del que se benefician miles de comunidades.

Lamentablemente zonas turísticas de nuestro país se ven afectadas por los sismos suscitados el pasado 7 y 19 de septiembre. Por ello invito a todos los mexicanos a reactivar la economía de los estados afectados y ayudar a las familias que dependen de alguna actividad relacionada al turismo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de las Personas de Edad”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de las Personas de Edad

En la Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, se establece que las personas adultas mayores tienen derecho a gozar de sus derechos en condiciones de igualdad, así como a recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad.1

Es por ello que después de resaltar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad y las limitaciones que sufren por su condición de edad, se estableció desde el 1° de Octubre de 1990 el Día Internacional de las Personas de Edad.

Asimismo, en 2002 fueron aprobados la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En la cual los Estados Miembros de la ONU reafirmaron su compromiso para promover acciones que impulsen el trabajo, la participación y la igualdad de oportunidades, así como proteger los derechos humanos de los adultos mayores2.

Por consiguiente en 2017 el Día Internacional de las Personas de Edad tiene como tema “Stepping into the Future: Tapping the Talents, Contributions and Participation of Older Persons in Society3.

Esto con el fin de reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial4.

Enfocándose particularmente en las rutas que apoyen la participación plena y efectiva en la vejez, de acuerdo con los derechos, necesidades y preferencias básicas de los adultos mayores, resalta la importancia de la participación de las personas de edad en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles.

Con respecto a México, el Censo de Población y Vivienda 2010 indica que en nuestro país, existen 10 millones de personas con 60 años y más, que representan el 8.95% de la población nacional. Por lo que los adultos mayores representan el 10.1% del total de la población rural y 8.6% de la población urbana.

Otras cifras importantes sobre la situación de los adultos mayores son las siguientes5:

• En salud: 3 de cada 10 mujeres adultas mayores padecen más enfermedades frente a 2 de cada 10 hombres

• En educación: 28.7% de las mujeres y 19.9% de los hombres adultos mayores no saben leer o escribir, donde en zonas rurales 53.2% son mujeres y 37.1% hombres

• En materia laboral: 19.4% de mujeres y 50.8% de hombres de la población adulta mayor tiene un trabajo remunerado

Se observa que los adultos mayores son un sector poblacional con características y necesidades particulares, por lo que requieren el apoyo de instituciones creadas específicamente para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos.

Es por ello que se cuenta con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), institución encargada de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar, evaluar las acciones públicas, estrategias y programas, de conformidad con los principios y objetivos contenidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores6.

En mi entidad, el Estado de México, se han tomado acciones para garantizar una vida digna a nuestros adultos mayores, como son los programas sociales “Gente Grande” que favorece el acceso de alimentos a las personas de 60 años de edad o más y “Adultos en Grande”, que impulsa la integración de las personas adultas mayores a la vida productiva.7

Por estas razones, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, reafirmamos nuestro compromiso para continuar promoviendo programas y acciones que apoyen a integrar y respetar los Derechos Humanos de nuestros adultos mayores.

Los Senadores del Partido Verde continuaremos impulsando por medio de nuestro trabajo legislativo, diversas acciones que procuren el bienestar integral de los adultos mayores, para que vivan esta etapa de la vida, en plenitud.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 CNDH. Personas adultas mayores. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Adultos_Mayores

2 OAS. Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Recuperado en septiembre de 2017, de:
vhttp://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf

3 Entrando en el Futuro: Aprovechando los Talentos, las Contribuciones y la Participación de las Personas Mayores

4 CINU, Día Internacional de las Personas de Edad. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-de-las-perso-2/

5 INMUJERES (2015) Situación de las personas adultas mayores en México. Recuperado en septiembre de 2017, de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf

6 INAPAM. ¿Qué hacemos? Recuperado en septiembre de 2017, de:
https://www.gob.mx/inapam/que-hacemos

7 Secretaria de Desarrollo Social: Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social:
http://cemybs.edomex.gob.mx/programas






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Marítimo Mundial”.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del Día Marítimo Mundial

El día 28 de septiembre conmemoramos el Día Marítimo Mundial a fin de identificar y promover mejores prácticas y construir puentes entre los países desarrollados y en desarrollo, la industria marítima y los puertos de los sectores público y privado1.

En este sentido, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha señalado que es su propósito que México cuente con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica a través de la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

En particular, el sector marítimo mexicano portuario trabaja con una visión de conectividad multimodal y logística impulsando el desarrollo de infraestructura que permita facilitar el transporte de personas y mercancías respondiendo a las necesidades de movilidad, generación de valor e integración de las cadenas logísticas que demanda el crecimiento de la economía2.

En el Día Marítimo Mundial reitero mi convicción de que para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el comercio internacional y el lanzamiento de las zonas económicas especiales se debe fomentar el desarrollo de puertos marítimos estratégicos de clase internacional que potencien las ventajas competitivas de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.un.org/es/events/maritimeday/

2 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 515.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Turismo”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial del Turismo

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde

Este miércoles 27 de septiembre de 2017 celebramos el Día Mundial del Turismo. Un año más de grandes celebraciones con el propósito de sensibilizar a los pueblos y a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo y su estrecha relación con factores sociales, culturales, políticos y económicos.

Han trascurrido 38 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) decidiera, en septiembre de 1979, instituir el Día Mundial del Turismo. Un año después, un 27 de septiembre de 1980, comenzaron las celebraciones.

No podría haber mejor fecha para el Día Mundial del Turismo que un 27 de septiembre, puesto que marca el final de la temporada alta de vacaciones de verano del hemisferio norte y el comienzo en la mitad sur del planeta.

Este año la celebración del Día Mundial del Turismo tiene como propósito promover, en todos los niveles, y mediante la cooperación internacional y regional, medidas que permitan avanzar hacia un turismo sostenible, que contribuya al desarrollo y erradicación de la pobreza.

Turismo sostenible es aquel que toma en cuenta los impactos tanto presentes como futuros que esta actividad tiene en la economía, la sociedad y el medio ambiente. La riqueza y diversidad de los recursos naturales requieren de un uso racional y óptimo que permita asegurar su conservación a largo plazo y su viabilidad económica.

Por ello, es sumamente importante que todos los actores, incluidas las empresas turísticas, sean conscientes tanto de las oportunidades como de las responsabilidades que conlleva esta actividad y actúen de manera que el impacto en las comunidades sea positivo y garantice la sostenibilidad.

Esta celebración brinda, en momentos tan adversos como la que enfrentamos hoy en día los mexicanos, una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y con el turismo que permita un crecimiento inclusivo y equitativo, así como el cuidado de nuestros recursos, la atención de las necesidades de los visitantes, de los pueblos y comunidades receptoras.

México tiene una gran diversidad y riqueza turística, que lo ubican en el octavo lugar a nivel mundial, por el arribo de 35 millones de turistas internacionales en 2016; y en el lugar 14, por el ingreso de divisas por turismo (19 mil 600 millones de dólares).

A nivel regional, nuestro país se ubica como la segunda nación que más turistas recibió en el continente americano en 2016, tan solo por detrás de Estados Unidos.

Nuestro agradecimiento a la Organización Mundial del Turismo (OMT), puesto que el pasado 21 de septiembre ante el devastador sismo que vivó la sociedad mexicana, expresó su pesar y sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de todos los afectados por el terremoto:

“Hoy, la comunidad turística en su totalidad está con México y con su gente. Estamos preparados para apoyar a México y a la población en este momento difícil”; palabras del Secretario General de la OMT, Taleb Rifai.

“La Ciudad de México, un destino turístico consolidado, seguirá sin duda recibiéndonos a todos como siempre lo ha hecho”, agregó el secretario general.

Por su atención muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la No Violencia”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la No Violencia

La no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad.
Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción ideada
por la ingenua capacidad del hombre
(Mahatma Gandhi).

Gandhi lideró el movimiento masivo de desobediencia civil contra la ley británica, que contribuyó a lograr la independencia de la India, bajo una filosofía: “los medios justos llevan a fines justos”, señalando que es irracional intentar usar la violencia para conseguir una sociedad pacífica.

La resistencia pacífica promovida por Gandhi, ha sido la inspiración de los movimientos no violentos por los derechos civiles y el cambio social en todo el mundo. Su ejemplo ha inspirado a otros líderes pacifistas como Martin Luther King Jr., Rigoberta Menchú y Nelson Mandela, todos ellos galardonados con el Premio Nobel de la Paz.

En las últimas décadas, el concepto de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social, los cuales no se enfocan únicamente en la oposición a la guerra, sino que van más allá, incluyendo la protesta y persuasión, marchas y vigilas, la no-cooperación y la intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones.

Gracias a la gran contribución de Gandhi, mediante el surgimiento de la resistencia pacífica y el desarrollo de las diversas expresiones de la no violencia, en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la observancia del 2 de octubre de cada año como el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando el aniversario del nacimiento de este líder pacifista.

Esta efeméride reconoce que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia, el desarrollo, el entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad están interrelacionados y se refuerzan entre sí.1

En México, el 2 de octubre recibe una importancia particular, ya que se conmemora el movimiento estudiantil de 1968, el cual buscaba entre otras causas, mayores libertades civiles y políticas, menor desigualdad, así como cambios en el gobierno mexicano. No obstante, dicho movimiento culminó trágicamente en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

A raíz de estos sucesos, en el año 2011, el 2 de octubre fue declarado como “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”, agregándose a las fechas en que la bandera nacional debe izarse a media asta.2

En memoria de los estudiantes de Tlatelolco, no podemos permitir que este tipo de actos de violencia y represión vuelvan a ocurrir. Por ello, acorde al artículo 9º Constitucional, debemos velar por el derecho de realizar protestas pacíficas y ejercer acciones no violentas.

Cabe destacar que el Partido Verde Ecologista de México, surgió a partir de una pequeña brigada de vecinos de la Ciudad de México, que protestaban pacíficamente por la pérdida de sus espacios verdes. En este sentido, queda claro que la no violencia representa un catalizador para lograr de manera pacífica, los cambios que nuestro país necesita.

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México, continuará apoyando las protestas pacíficas y otras formas de ejercer la no violencia en las causas ambientales y sociales, a fin de construir un país cada vez más justo para todas y todos los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Asamblea General de las Naciones Unidas (2007) Resolución 61/271. Día Internacional de la No Violencia. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/271&referer=/english/&Lang=S

2 Diario Oficial de la Federación (2011) DECRETO por el que se adiciona la fecha 2 de Octubre, Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968 , al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5225252&fecha=20/12/2011






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el nacimiento de Guadalupe Victoria, Insurgente y Primer Presidente de México.

EFEMÉRIDE

Día 29 de septiembre, “Nace Guadalupe Victoria, Insurgente y
Primer Presidente de México”

En el año de 1786 nace José Miguel Ramón Adauco Fernández Félix, en el Municipio de Tamazula, estado de Durango, quien se convertiría en el primer Presidente de México y adoptara el nombre de Guadalupe Victoria.

Guadalupe Victoria se unió a la causa de la Independencia de nuestro país, demostró ser un hombre de fe y valores, que demostró al adoptar el nombre de “Guadalupe” por la Virgen de Guadalupe, ya que era devoto y a quien se encomendó en la lucha de esta noble causa; y “Victoria” siempre pensando en el triunfo de los mexicanos ante la batalla que se estaba librando.

A lo largo de la lucha por la independencia Guadalupe Victoria demostró ser un gran estratega militar, eso le permitió ser ascendido rápidamente y lograr la confianza y mayores encomiendas por parte de sus superiores.

Guadalupe Victoria siempre se opuso a la monarquía imperial, idea que le trajo algunas diferencias con sus compañeros de batalla como en el caso de Iturbide, quien posteriormente fue designado Emperador de México, sin embargo algunos militares, fieles a su ideología, como Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna se sublevaron en contra de la monarquía de Iturbide, quien finalmente fue exiliado de México.

Guadalupe Victoria de convierte en el primer Presidente de México, se destacó por su imparable labor de sacar a México de la ruina, estableciendo relaciones con Inglaterra y Estados Unidos.

Además, decretó por segunda ocasión la abolición de la esclavitud, declaró amnistía a los presos de conciencia, respeto la libertad de prensa y eliminó los últimos reductos del poderío español.

Todas estas acciones le ayudaron a desempeñarse posteriormente en diversos puestos políticos después de haber sido Presidente, como Senador y Gobernador Interino.

Guadalupe Victoria sin lugar a dudas es reconocido no solo por haberse convertido en el Primer Presidente de México, sino por su lucha en la Independencia, así como por su labor durante su carrera política.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Corazón”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial del Corazón
29 de septiembre

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. El objetivo de este día es difundir información y concientizar a la población acerca de las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

De acuerdo con datos de la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunciones en todo el mundo, de hecho cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Entre los principales factores de riesgo se encuentran la hipertensión y el consumo de tabaco, así como la obesidad y el sobrepeso favorecidos por la inactividad física.

Desde el año 2000, la Federación Mundial del Corazón organiza en más de 100 países actividades que ayuden a hacer conciencia sobre los problemas cardiovasculares. Por ello, en este 2017 el Día Mundial del Corazón se enfoca en la creación de entornos saludables como estrategia para reducir los factores de riesgo. Se calcula que en 2012 murieron 17.5 millones de personas por afecciones cardiacas, lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo; el organismo estima que para 2030 esta cifra aumentará hasta 23.6 millones.

En México, según datos del INEGI, hubo 216 mil 875 fallecimientos relacionados con enfermedades del corazón en 2015, cifra que supera a defunciones por enfermedades como la diabetes mellitus o la incidencia de tumores malignos. Aunque se habla en general de que las condiciones cardiacas son el principal motivo de consultas médicas y de ingresos hospitalarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha identificado que la Insuficiencia Cardiaca se ha vuelto el principal problema de salud cardiovascular.

En nuestro país este padecimiento afecta a alrededor de 1 millón 600 mil personas. Tan solo en 2015, 24 mil 084 pacientes murieron a causa de Insuficiencia Cardiaca, y más de 90 mil pacientes fueron internados. Por este motivo el costo financiero para el país es de 35 mil millones de pesos al año

Este escenario refleja una seria necesidad de detectar y atender las enfermedades cardiovasculares de manera urgente y prioritaria. De la misma manera es necesario adoptar tratamientos médicos en el sistema de salud pública que permitan reducir los riesgos y elevar la calidad de vida de las personas con Insuficiencia Cardiaca.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Turismo”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del Día Mundial del Turismo, observado el 27 de septiembre

México es un país con vasta riqueza, concentramos todo tipo de ecosistemas, lo que entre otras cuestiones, ofrece extensas ofertas turísticas que van desde destinos culturales, arqueológicos, bosques o montañas, hasta playas, cascadas o reservas naturales.

Como ocurre desde 1980, el 27 de septiembre conmemoramos el Día Mundial del Turismo, instituido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en septiembre de 1979 durante su tercera reunión celebrada en Torremolinos, España. Sobre la fecha, se eligió este día a manera de homenaje por el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMT del 27 de septiembre de 1970.

En el marco de esta conmemoración la comunidad internacional fomenta acciones encaminadas a generar conciencia respecto al impacto y valor social, cultural y económico de la actividad turística. Este año el lema central es: “El turismo sostenible como instrumento de desarrollo”, en sintonía con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017 (declarado por la ONU en 2015).

El Día Mundial del Turismo 2017 busca explorar la contribución del turismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como sensibilizar a gobiernos, autoridades y población en general sobre las contribuciones que tiene el turismo para el desarrollo económico y social de las naciones. Lo anterior, a partir de un trabajo coordinado que consolide al turismo como un catalizador de cambio positivo a través de una economía más diversificada.

Para ponderar la trascendencia del día, cabe destacar que el turismo está previsto en tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (8); Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (12); y Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible (14).

En relación a su dinámica e impacto, el último número del Barómetro OMT del Turismo Mundial, refiere que durante el último año las llegadas de turistas internacionales tuvieron un incremento de 3,9%, lo que representa 1.235 millones de viajeros que cruzaron las fronteras internacionales, lo que a su vez implica alrededor de 46 millones de turistas más (visitantes que pernoctan) que en 2015.

En el ámbito nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el turismo aportó 8.7 pesos de cada 100 pesos producidos en 2015 y la actividad turística generó 2.3 millones de puestos de trabajo (5.8% del total nacional). Las actividades con mayores aportaciones son los restaurantes, bares y centros nocturnos con una participación de 36.1% del total del sector; el transporte de pasajeros con 16.3%; y el comercio turístico con 10.4%.

Es importante señalar que en México convergen las tres formas fundamentales de turismo: interno, receptor y emisor, las que se combinan entre sí, para dar lugar al turismo interior, turismo nacional y turismo internacional. Otro aspecto a destacar es que contamos con 111 Pueblos Mágicos y 51 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de los cuales, 12 bienes son naturales, 37 bienes son culturales y 2 mixtos.

En atención a las consideraciones vertidas, en el Congreso de la Unión aprobamos la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de junio de 2016), cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico sostenible, a fin de generar beneficios tangibles para las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social.

Otro esfuerzo importante por parte del Estado Mexicano es el Tianguis Turístico, que en su edición 2017 celebrada en Acapulco, superó las metas planteadas al contar con 10,000 asistentes, 44,312 citas de negocios sostenidas, participación de 88 países, 973 empresas y 1,608 compradores.

Debido a las notables contribuciones del sector turístico, los legisladores del PRI hacemos el llamado a seguir trabajando en su fortalecimiento y promoción. En la actual administración se han alcanzado notables avances y existen las condiciones para tener grandes expectativas, lo que nos constriñe en la obligación de redoblar esfuerzos en la materia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Félix González Canto.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el natalicio de José María Morelos y Pavón.

EFEMÉRIDE

Sobre el Natalicio de José María Morelos y Pavón

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:

Este 30 de septiembre de 2017 se cumplen 252 años del natalicio de José María Morelos y Pavón, quien es conocido como el Siervo de la Nación, uno de los hombres más importantes de la historia de nuestro país y pilar fundamental de la creación del Estado mexicano.

Morelos nació en Valladolid, actualmente Morelia en 1765 y fue hijo de José Manuel Morelos, carpintero, y de Juana María Guadalupe Pérez Pavón. Debido a problemas económicos a los 14 años de edad dejo los estudios para trabajar en la hacienda cañera de Tahuejo, en Apatzingán, administrada por un primo de su padre y en donde se convirtió en auxiliar de escribano y responsable de la contabilidad.

El 17 de abril de 1790 ingresó en el Colegio de San Nicolás, en su ciudad natal, en donde conoció al cura Miguel Hidalgo, entonces rector de la institución. Ahí, en ese colegio, Morelos estudió gramática latina, retórica, filosofía y moral. Dos años más tarde, ingreso al Seminario Tridentino de la misma ciudad donde amplió sus conocimientos en retórica y filosofía.

El 28 de abril de 1795 recibió el título de bachiller de artes en la ciudad de México, y en diciembre de 1797 cuando cumplió 32 años de edad, fue promovido al sacerdocio, otorgándosele licencias para celebrar misa, oír confesiones y predicar en Uruapan y en los curatos vecinos. La carrera sacerdotal duraría hasta el 20 de octubre de 1810 cuando se une a la causa de independencia al ser nombrado lugarteniente por el cura Miguel Hidalgo.

Tras la muerte de Hidalgo en 1811, Morelos asume el liderazgo del movimiento de independencia con importantes victorias, las cuales le permitieron convocar al Primer Congreso Constituyente que se instaló el 13 de septiembre 1813 en la ciudad de Chilpancingo.

Este Congreso Constituyente es considerado el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar entre los meses de septiembre a noviembre, donde Morelos presentó los Sentimientos de la Nación. Uno de los textos políticos más importantes de la historia de nuestro país pues sienta las bases de la estructura jurídica, política y social del México actual; del México que hoy vivimos.

En el primer punto del documento los Sentimientos de la Nación, Morelos declara la independencia de España y de toda otra nación, mientras que en los demás postulados destaca lo siguiente:

5.- Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números.

6.- Que los Poderes Legislativo, Executivo, y Judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos.

12.- Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

13.- Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que éstos sólo lo sean en cuanto el uso de su ministerio.

14.- Que para dictar una ley se discuta en el congreso, y decida a pluralidad de votos.

15.- Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, él vicio y la virtud.

17.- Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete a su casa como en asilo sagrado señalando penas a los infractores.1

Morelos fue gran estratega y uno de los personajes más importantes del movimiento de independencia en México. En cinco años realizó cuatro campañas militares que pusieron en crisis al gobierno virreinal.

El 3 de noviembre de 1815, mientras protegía al Congreso en su retirada hacia Tehuacán, Morelos es capturado y preso en Texmalaca, Guerrero, posteriormente fue trasladado a Tenango y después a Cuernavaca, donde estuvo preso en el Palacio de Cortés.

A Morelos se le acusó de herejía y fue arrebatado de sus hábitos por la Inquisición. Fue entregado a las autoridades seculares y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec.

En 1828 su ciudad natal, Valladolid, recibió el nombre de Morelia y, posteriormente, en 1869, Benito Juárez decretó la creación del estado que lleva su nombre.

Hoy, para conmemorar el 252 aniversario de su natalicio, recordemos a este gran hombre, a este Siervo de la Patria, a donJosé María Morelos y Pavón.

Por su atención muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de septiembre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 José María Morelos y Pavón, Los Sentimientos de la Nación. Disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf. Consultado en septiembre de 2017.





El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que las iniciativas, proposiciones y excitativas de este día, 3 de octubre de 2017, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva.

Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIII BIS CON EL ARTÍCULO 220 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora de la             LXIII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO VIII BIS CON EL ARTÍCULO 220 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La necesidad de prevención ante los desastres naturales que en los últimos años han azotado a nuestro territorio y a nuestra población, manifiesta una relevancia sin precedentes, sin embargo, en algunos momentos pareciera que es parte de la naturaleza humana posponer la preparación para algo que creemos que es relativamente poco probable que suceda.

La lista de desastres naturales en las últimas semanas ha sido realmente notable en México y en el mundo, sin embargo, el reto será tomar las alternativas legales y políticas, que nos lleve como sociedad, al cambio en nuestra manera de pensar sobre el futuro.

Ante estos diferentes acontecimientos, se han manifestado con mayor auge, fenómenos entre la población afectada por los desastres, algunos de ellos nos brindan esperanza en un México más unido y solidario, sin embargo, también se evidencia la necesidad de tomar medidas precautorias ante los abusos que pudieran cometer diversos actores de la sociedad.

Si bien es cierto que el comerciante es propietario de los bienes que pone a la venta, también lo es que, partiendo del principio de lucro que dicha actividad significa para él, la población en general funge como compradores de los mismos, toda vez que ellos pagarán el precio justo y determinado por el mismo vendedor al ofertar sus mercancías, luego entonces no se vulnera ningún derecho, ni mercantil ni humano del comerciante, caso contrario el hecho de que condicione o niegue la venta de las mercancías, pues, como todos sabemos, la población se encuentra en un estado de emergencia en el que debe de allegarse de elementos básicos que significarán la supervivencia.

Es decir, dadas las circunstancias causadas por un caso fortuito o de fuerza mayor, se origina un estado colectivo de indefensión en el que lo preponderante es el auxilio humanitario de primera mano, a aquellos que en ese momento se encuentren vulnerados pues de la capacidad de reacción y de instrumentos con los que cuenten esa colectividad, dependerán vidas.

Aún de mayor relevancia resulta la entrega de artículos que pasan a ser de orden público,  consumo inmediato y primera necesidad en ese estado alerta, que de manera enunciativa más no limitativa pueden ser alimentos, vestido, herramientas, materiales de construcción, medicamentos y artículos farmacéutico de uso en medicina humana, de higiene personal o veterinaria, combustibles o gasolinas; puesto que para ese momento, la población civil no solo ya se organizó, sino que adquirió precisamente esos bienes, por lo que lo más importante es, hacerlos llegar tanto a quienes estén fungiendo como rescatistas, cuadrilleros, paramédicos, voluntarios, como a damnificados y posibles víctimas.

Por lo anterior, bajo ninguna circunstancia de hecho ni de derecho, ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno tiene, ni debe tener la facultad de entorpecer las labores de rescate, salvamento, acopio y repartición de mercancías; menos aún, valiéndose del ejercicio de sus funciones como funcionario o servidor público, toda vez que, en ese nivel de jerarquía, su obstrucción puede generar daños de imposible reparación.

Máxime que, son precisamente las autoridades sobre quienes recae la mayor obligación legal y moral de velar por la población y, hacer todos los esfuerzos que correspondan, salvaguardar los bienes jurídicamente tutelados de mayor relevancia dentro de nuestra legislación: la vida, la salud y la integridad de las personas; y, en quienes la población civil debe encontrar auxilio y soporte

Si bien en la actualidad no existe un tratado multilateral en que se determine y regule el derecho de las víctimas de desastres naturales a recibir asistencia humanitaria y, siendo que la Corte Internacional de Justicia nunca se ha pronunciado o definido los derechos tutelados en esos casos de emergencia, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del que el Estado mexicano es parte, claramente en su artículo 27 prevé que, si bien en casos de emergencia, el mismo Estado puede decidir si suspender o no ciertas garantías, nunca podrán suspender los relativos y relacionados con el derecho a la vida, a la integridad personal, ni a la protección a la familia:

“Artículo 27.  Suspensión de Garantías.

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.”

De conformidad con las fuentes clásicas del derecho internacional, tal como se estipula en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las normas internacionales se basan, ante todo, en los tratados, la costumbre internacional y los principios generales de derecho reconocidos por las naciones. Habida cuenta de que la Corte Internacional de Justicia tampoco se ha referido concretamente a los principios generales de derecho, éstos no son un fundamento irrebatible para crear nuevos derechos humanos. Por consiguiente, aparte de su inclusión en los tratados, es más probable que el derecho a la asistencia humanitaria se derive de la costumbre internacional.

Ahora bien, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para ser clasificada de humanitaria la ayuda, debe ser consistente con los principios de humanidad, imparcialidad e independencia, además del de neutralidad; los tres primeros fueron consagrados por la Resolución 46/182 de la Asamblea General (de 1991), y el último por la 58/114 (de 2006):

Principio de humanidad: el sufrimiento humano debe ser atendido dondequiera que se encuentre. El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de los seres humanos.

Principio de imparcialidad: la acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política.

Principio de independencia operativa: la acción humanitaria debe ser autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las zonas donde se estén ejecutando medidas humanitarias.

Principio de neutralidad: Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.

A pesar de todo lo anterior y, como han marcado a últimas fechas los parámetros de derecho internacional, es y seguirá siendo la costumbre lo que regirá el alcance y aplicación de la ayuda humanitaria de a corto, mediano y largo alcance; por lo que las autoridades y, en general, el Estado mexicano, en lugar de obstruir la dinámica social de apoyo, debe operar como un medio y un fin para el desarrollo de las actividades de subsistencia y, en su caso, reconstrucción de vidas y bienes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que adiciona el capítulo VIII Bis con el artículo 220 Bis del Código Penal Federal.

A saber:

CAPÍTULO VIII BIS
Obstrucción de ayuda humanitaria

Artículo 220 Bis.- Comete el delito de obstrucción de ayuda humanitaria:

I. Los funcionarios o servidores públicos que, sin causa justificada, dificulten ayuda humanitaria o retraso en labores de rescate en cualquier caso de fuerza mayor o caso fortuito, se impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y mil días multa.

II. A quienes se negaren infundadamente a vender al público para su consumo ordinario alimentos, vestido, herramientas, materiales de construcción, medicamentos y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, menaje de casa, combustibles o gasolinas, o condicionen la venta a la adquisición de mercaderías para la supervivencia, o bien que el fin sea el acaparamiento de bienes de primera necesidad en casos de emergencia, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 300 veces el salario. Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 3 años y la multa de 400 hasta 1000 veces el salario. Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 3 a 5 años y la multa de 3000 veces el salario.

III. Recibirá la misma pena cualquier persona que a sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en las zonas afectadas, vendan los artículos a que se refiere el párrafo anterior a precios superiores a los oficiales o con engaño en la calidad, peso o medida, o los que los acaparen, oculten o destruyan.

TRANSITORIO:

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA NUMERACIÓN DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA ESTABLECER EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO Y ESTABLECERLO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL RESCATISTA, EL BRIGADISTA VOLUNTARIO Y LA PROTECCIÓN CIVIL”

(Presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)

Los Senadores suscritos, de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I, 70 fracción V, 73, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA NUMERACIÓN DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA ESTABLECER EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO Y ESTABLECERLO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL RESCATISTA, EL BRIGADISTA VOLUNTARIO Y LA PROTECCIÓN CIVIL”, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 19 de septiembre es una fecha que ha pasado a redefinir las concepciones del México moderno. En dos ocasiones, en un lapso de 32 años, se han cimbrado con terremotos las entidades federativas del centro y sur del país. Esta fecha ha redimensionado la definición de lo que cualquier mexicano considera una tragedia, un desastre natural y de donde ha emergido la solidaridad nacional, internacional y la fortaleza de nuestra sociedad civil.

Todos hemos sido testigos de la manera en que los mexicanos se consolidaron frente a la adversidad. Sociedad y autoridades sin distingos, unidos por la fuerza de la hermandad respondieron a las necesidades de víctimas, familiares, damnificados y a la expectativa de toda la República para vivir en paz y tranquilidad.

Solamente dos semanas atrás, el 7 de septiembre de este mismo año, los Estados de Chiapas y Oaxaca vivieron el terremoto más importante de los últimos 100 años, devastando decenas de comunidades y poniendo a prueba los sistemas de protección civil del país, y la solidaridad que nos debemos todos los mexicanos. Esta iniciativa también pretende rendir tributo a los mexicanos que sufrieron la misma tragedia.

Es importante mencionar que desde el año 2001, durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se estableció el 19 de septiembre como el Día Nacional de la Protección Civil, a fin de conmemorar el sismo del 19 de septiembre de 1985 y celebrar ese día la entrega del Premio Nacional de la materia, para reconocer y promover los avances que México y los mexicanos hemos aportado a esa área técnica-humanitaria.

Sin embargo, para la generación nacida después del sismo de 1985, esa tragedia nacional parecía un evento lejano y ajeno que poco evocaba en términos de su autoconcepto generacional, personal y como sociedad. Ahora en cambio, los jóvenes de todo el país catalizaron la emoción y activismo social para salir a las calles a reencontrarse bajo una misma idea de país, la igualdad de ser mexicanos. 

El sismo del 19 de septiembre de 2017 significará un cambio de concepción en el México moderno, pues sociológicamente derrotó esa barrera generacional para unir a todos los mexicanos en un mismo dolor y en una misma esperanza.

Así, este 19 de septiembre de 2017, horas después de la celebración del Día de la Protección Civil y del macro-simulacro en el centro del país que se tuvo a las 11am, exactamente a las 13:14 horas, el planeta nos recordó nuevamente la gigantesca energía que se detona en los reacomodos de las placas tectónicas. En plena crisis en los Estados del sureste por terremotos y huracanes, nos recordó lo fugaz de la existencia, lo frágiles que somos y es nuestra huella en esta Tierra. También nos recordó lo grande que es el corazón de este país, la solidaridad de todos los mexicanos y de nuestros países amigos en el exterior, lo resilientes que son nuestras comunidades frente a la adversidad, y la vitalidad con que mexicanos y mexicanas de todas las edades salieron a enfrentar la destrucción con gallardía y decisión.

Mención particular se debe a los rescatistas y brigadistas voluntarios, miembros de nuestras fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública, protección civil, o civiles que de forma organizada han sido la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas que, perdiendo su patrimonio, salvaron lo más importante que tenemos todos los seres humanos: la vida misma.

Jóvenes y adultos de todas edades, sin importar educación, clase social, profesión, sexo o religión salieron a las calles para aportar, en lo que les fuera posible, a la reconstrucción física y moral de nuestro país. Ya fueran médicos atendiendo heridos, ingenieros, arquitectos y estructuristas revisando daños y apoyando a las familias que vieron afectado su patrimonio, psicólogos apoyando víctimas que se vieron rebasadas emocionalmente por la magnitud de la tragedia, empresas de transporte ofreciendo viajes gratis, niños y niñas que destinaron su tiempo y recursos armando despensas para afectados y alimentos para voluntarios, y a todos los mexicanos que sin importar su situación económica se solidarizaron ante sus connacionales donando dinero o víveres para las labores de rescate y ayuda. Lo vivido esta semana por nuestro país es solo una pequeña muestra de lo que una sociedad unida puede lograr hacia el futuro.

Hoy México está de luto. Al igual que en 1985 donde miles de mexicanos perdieron la vida, hoy, 32 años después, 333 mexicanos (datos de la Dirección General de Protección Civil al 26 de septiembre a las 11am) en 6 estados de la República han perdido la vida a causa de esta tragedia. La peor catástrofe en las últimas 3 décadas. Lo anterior, sin contar las miles de viviendas y comercios que quedaron devastados causando un daño económico y emocional sin precedente a miles de familias mexicanas. De acuerdo con fuentes oficiales, las siguientes son las cifras de ambos temblores:

Año

1985

2017

Magnitud

8.1

7.1

Epicentro

Océano Pacífico cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán.

12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en la zona fronteriza entre los estados de Morelos y Puebla.

Fallecidos

Alrededor de 40,000 (según el Servicio Sismológico Nacional).

333 en los diferentes estados (hasta el 26 de septiembre de 2017).

Rescatados

Alrededor de 4,000

69 rescatados con vida (al 24 de septiembre de 2017).

Construcciones destruidas

30,000

Se estiman en las decenas de miles

Construcciones dañadas

68,000

Se estiman en las cientos de miles

Esta iniciativa no pretende minimizar otros desastres naturales, ni sumarse a la ya criticada tendencia de declarar días nacionales y efemérides sin reflexión. Por el contrario, pretende ser una iniciativa a la que se sume toda la sociedad mexicana y todas las fuerzas políticas, a fin de que reflexionemos en sus propios méritos el momento histórico que vivimos el pasado 19 de septiembre y la idea de país que nos trazamos. Declarar el 19 de septiembre como día de asueto nacional y de descanso obligatorio nos obliga a no olvidar la dimensión de lo vivido y a conmemorar y honrar cada año, a todas las víctimas, rescatistas, brigadistas y voluntarios que han demostrado que México es más fuerte que cualquier infortunio.

Queremos que sea una fecha que ponga en el debate y la conciencia de todas y todos, el conocimiento y la importancia de la protección civil en el centro de la vida y el quehacer cotidiano de los mexicanos.

Por este motivo, se propone adicionar una nueva fracción VI al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que establezca el 19 de septiembre como día de asueto obligatorio, y que el mismo día sea declarado Día Nacional del Rescatista, el Brigadista Voluntario y la Protección Civil.

Cuadro Comparativo:

Dice

Debe Decir

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre;

 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El 19 de septiembre;

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VIII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

IX. El 25 de diciembre, y

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Mediante la que se adiciona una fracción VI y se recorre el resto de las fracciones del Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y se emite el Decreto mediante el cual se declara el 19 de septiembre como “Día Nacional del Rescatista, el Brigadista Voluntario y la Protección Civil”.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Adiciona una fracción VI al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y se recorre la numeración del mismo, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I a V…

VI. El 19 de septiembre;

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VIII. 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

IX. El 25 de diciembre, y

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Declara el 19 de septiembre como el Día Nacional del Rescatista, el Brigadista Voluntario y la Protección Civil.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores,
el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Roberto Gil Zuarth.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DE ARTÍCULO 424 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Senador JOSE DE JESUS SANTANA GARCIA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII legislatura del H. Senado de la República en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción I del numeral 1 del artículo 8, fracción I del numeral 1 del artículo 76, numerales 1 y 2 del artículo 164, numeral 1 del artículo 169, numerales 1 y 2 del artículo 171, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esa Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, PARA REGULAR LA ELECCION DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE SENADORES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en fecha 03 de Septiembre de 1991, cuyo objeto es regular la organización y funcionamiento interno del Congreso y de cada una de las Cámaras que lo componen.

A través de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de Septiembre de 2006 se adiciono, entre otros artículos, el inciso 8 del artículo 17 para quedar como sigue:

“En ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.”

La Cámara de Diputados consideró la importancia de reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos basándose en el concepto de que una de las principales características de la democracia es la pluralidad ideológica, que permite expresar a los diversos grupos de la sociedad sus legítimas aspiraciones y anhelos para alcanzar mejores condiciones de vida para la población en general y el perfeccionamiento de la vida institucional del país, y con lo cual comentaron se pone en práctica con plenitud las libertades políticas de los ciudadanos.

En nuestro país el ejercicio de estas libertades políticas fueron conferidas, a través de su Carta Magna a los diputados y senadores, quienes mediante la representación política, legitimada por la vía electoral, integran el Congreso de la Unión.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es la encargada de preservar la mencionada pluralidad al permitir la participación de las diversas fuerzas políticas en condiciones de equidad en la integración de los órganos de gobierno y la conducción de la función legislativa.

Siendo que el equilibrio político, acontece cuando los partidos políticos, que necesariamente se conforman como oficial y opositor, se aceptan y establecen un diálogo constante para el bienestar de la comunidad en general.

La concentración del poder tiene efectos altamente perniciosos, si un grupo consiguiera hacerse con el monopolio de la influencia de determinada cuestión lograría fijar la agenda política, el poder debe mantenerse disperso para que exista equilibrio político.

Rousseau argumentaba que la suma de las pequeñas diferencias de opinión individuales emitidas por toda la ciudadanía producía una voluntad general equilibrada y certera.

 La pluralidad política es uno de los cambios más importantes que se han producido en la vida pública de México, la pluralidad hace eficiente a la democracia mexicana, siendo uno de los componentes institucionales básicos de los gobiernos democráticos.

La democracia ha sido y sigue siendo una gran aspiración humana.

En tal virtud, resulta indispensable adecuar las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la participación de las diferentes fuerzas políticas en la organización, dirección y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores, para propiciar con ello un mayor equilibrio político para el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales a cargo del propio órgano legislativo federal, siendo que la Cámara de Diputados ya logró, a través de la reforma realizada al artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el deseado equilibrio político de sus órganos de gobierno.

No debe pasarse por alto que tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política constituyen órganos de la Cámara de Senadores de gran relevancia para el desarrollo de sus actividades legislativas, y constituyen un punto de partida de la representación plural que debe tener todo Poder Legislativo.

En efecto, la Mesa Directiva contiene facultades como presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, asegurando el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara; y realizando la interpretación de las normas de la Ley Orgánica del Congreso General y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión, conducir las relaciones de las Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados además de las facultades conferidas al presidente de la Mesa Directiva.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y es a la que le compete la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas de los distintos grupos parlamentarios, elaborar el programa legislativo y la presentación ante la Mesa Directiva y al Pleno de la integración de comisiones, proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado.

Sobrerrepresentado puede definirse como estar representado en grado excesivo o en número excesivo.

Es de hacerse notar que evitar la sobrerrepresentación es un principio que busca garantizar el pluralismo político procurando una relación precisa entre el porcentaje de votación y el número de representantes de los partidos políticos, así como también prevenir la representación hegemónica de un partido.

La consecuencia de la sobrerrepresentación en la Cámara de Senadores, es el asegurarse el control completo de la cámara legisladora, siendo así, que ni la Mesa Directiva ni la Junta de Coordinación Política reflejarían fielmente la composición real del poder.

Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes; garantiza en forma efectiva el derecho de participación de la ciudadanía.

En este sentido, la presente reforma pretende dar certeza, bajo un esquema de pluralidad, a la formación de dichos órganos directivos y de gobierno que garanticen el buen funcionamiento y desarrollo de los trabajos de la Cámara de Senadores.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTICULO 62 Y SE REFORMA EL ARTICULO 81 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO 62.

1.- La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula.

2.- La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la Mesa Directiva rendirán protesta correspondiente en los términos que disponga el Reglamento.

3.- La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y a las legislaturas de las Entidades Federativas.

4.- En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un senador que pertenezca al Grupo Parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.

ARTICULO 81.

1 al 3…

4. Será Presidente de la Junta de Coordinación Política por el término de una legislatura el coordinador del grupo parlamentario que, por si mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la junta y que no pertenezca al mismo Grupo Parlamentario del senador que en ese año legislativo presida la Mesa Directiva.

5. Si al iniciar la legislatura ningún coordinador cuenta con la mayoría absoluta de voto ponderado de la Junta, o bien si contando con el mismo el coordinador pertenece al mismo Grupo Parlamentario del senador que presida la Mesa Directiva, la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y para cada año legislativo, por los coordinadores de los grupos parlamentarios que cuenten con un número de senadores que representen, al menos el 25 por ciento del total de la Cámara. El orden anual para presidir la Junta será determinado por el coordinador del grupo parlamentario de mayor número de senadores.

6...

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. José de Jesús Santana García.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades federativas para que se catalogue la insuficiencia cardíaca como un grave problema de salud pública. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y fincar las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos por hechos de corrupción, en la asignación de contratos y convenios celebrados entre dependencias del Estado y universidades estatales para la ejecución de diversos servicios. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. De igual modo obliga a todos los servidores públicos que hagan uso de recursos federales, en el ejercicio de los mismos, apegarse a los principios constitucionales antes mencionados.

También señala que para garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la contratación de servicios o adquisiciones, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, así como en la contratación de obra, realicen la adjudicación o licitación pública mediante convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes.

En consonancia con las disposiciones de la Carta Magna, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objeto reglamentar lo establecido en el artículo 134 Constitucional en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza.

No obstante lo que mandata la Constitución y la Ley referida, muchos funcionarios, contrario a su compromiso con México y el código de ética por el cual deben guiarse, han encontrado en los procedimientos de licitación y adjudicación directa, mecanismos para enriquecerse ilegalmente, con la ayuda de personas físicas o morales que utilizan para triangular operaciones financieras del erario.

A pesar de que esta forma ilegal de operar el uso de recursos públicos es lamentablemente una práctica común, en días pasados la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el portal de noticias Animal Político, dieron a conocer una investigación donde denuncia una compleja red de operación ilícita, calificada como la “Estafa Maestra”, esto debido a que la ejecución de todas las transacciones requirió de un cálculo milimétrico, para lograr obtener ganancias millonarias.

De acuerdo con la investigación, esta fue la manera en que operó la Estafa Maestra:1

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la Cuenta Pública 2013, que presentó en febrero de 2015, se alertó que el Gobierno Federal usaba a las universidades públicas para triangular recursos y entregarlos a empresas irregulares. Se destacó el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la que se le detectaron operaciones irregulares por más de 650 millones de pesos.

Un año después, la misma ASF insistió en el tema, denunció específicamente el uso de cuatro universidades públicas para desviar recursos y documentó probables irregularidades por poco más de 800 millones de pesos.

Los señalamientos hechos y detalles dados a conocer por la ASF motivaron a periodistas de diferentes medios a revisar a detalle los reportes y publicar textos en diferentes medios.

A partir de los mismos señalamientos de la Auditoría, la organización MCCI y el portal de noticias Animal Político, revisaron el status legal de las empresas que recibieron recursos públicos, visitaron sus oficinas, cotejaron su situación legal y fiscal, y entrevistaron a quienes son sus propietarios.

El resultado de dicha investigación fue: 73 convenios revisados, 186 empresas investigadas y 7 mil 670 millones de pesos entregados en contratos ilegales. De esto pudieron concluir que al menos 3 mil 433 millones de pesos desaparecieron en empresas ilegales; otros mil millones se convirtieron en comisiones para las universidades y, el resto, se convirtió en servicios contratados a precios inflados.

De acuerdo con los hechos descritos en la investigación en comento, las dependencias señaladas en su conjunto habrían generado un fraude al erario por 7, 670, 077, 500 pesos. De acuerdo con el documento dado a conocer, los entes públicos que fueron partícipes de la Estafa Maestra son:

Petróleos Mexicanos: 36 convenios.

Secretaría de Desarrollo Social: 10 convenios.

Fondo de la Vivienda del ISSSTE: 6 convenios.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 4 convenios.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos: 3 convenios.

Secretaría de Educación Pública: 3 convenios.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 2 convenios.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: 2 convenios.

Registro Nacional Agrario: 2 convenios.

Secretaría de Economía: 1 convenio.

Instituto para la Educación de los Adultos: 1 convenio.

La manera en que se operó esta gran estafa fue mediante constitución de empresas fantasmas, para ello dependencias federales celebraron convenios con universidades públicas estatales, quienes a su vez subcontrataban con las empresas creadas exprofeso para la estafa. Respecto a esto, la investigación señala “universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir […] Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio”.2

De esta manera entre las universidades públicas señaladas en la investigación, quienes aparentemente obtuvieron como “ganancia” 1, 000, 421, 805 pesos, y que al parecer fueron pieza clave en la operación de la estafa se encuentran:

Universidad Autónoma del Estado de México;

Universidad Autónoma del Carmen;

Universidad Autónoma del Estado de Morelos;

Universidad Popular de la Chontalpa;

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;

Universidad Politécnica del Golfo de México;

Instituto Técnico Superior de Comalcalco, y

Universidad Tecnológica de Tabasco.

Frente a estos señalamientos, tanto las dependencias del Gobierno Federal involucradas, como las universidades que han dado respuestas a esta investigación, han negado los señalamientos, sin presentar prueba alguna que contradiga la evidencia recabada por la organización MCCI y el portal de noticias Animal Político. Empero, al día de hoy las dependencias y las universidades involucradas, “no han podido comprobar el gasto de 3 mil 947 millones de pesos que estaban destinados para combatir la pobreza, fortalecer los servicios de salud y educación, entre otros fines”.3

Lamentablemente, en medio de tantos escándalos de corrupción del Gobierno Federal, la agitación política por el inicio del proceso electoral 2018, así como de la cobertura mediática a los desastres naturales que han azotado al país en las últimas semanas, esta denuncia realizada y denominada la Estafa Maestra, ha sido tomada por parte del titular del Ejecutivo Federal, así como de las funcionarios involucrados, como un asunto menor. Sin embargo, la dimensión del daño al erario resulta ser de dimensiones nunca antes vistas ni documentadas, es por ello que demanda de toda la atención del Congreso de la Unión, el cual tiene la responsabilidad de ser el contrapeso al Poder Ejecutivo.

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de la Función Pública a fin de que informe a esta Soberanía las acciones y estatus que guarda la investigación respecto de la denominada Estafa Maestra, así como los funcionarios y las posibles sanciones a que serían acreedores.

De igual manera, se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice las investigaciones necesarias, respecto de la posible comisión de delitos en la operación de la Estafa Maestra.

Los mexicanos se han cansado de tantos escándalos de corrupción en la actual Administración Federal y  de sólo ver cómo quedan en la impunidad los funcionaros señalados. Se espera que esta red sea investigada, no quede en la impunidad y exista castigo para los responsables en caso de comprobarse. Se debe reconocer que la organización MCCI y el portal de noticias Animal Político, han hecho parte del trabajo que correspondería a dependencias y organismos del Estado mexicano. Lo mínimo que pueden hacer, es dar seguimiento y aplicar la Ley a quienes resulten responsables.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, inicien o fortalezcan las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos por hechos de corrupción, en la asignación de contratos y convenios celebrados entre dependencias de Estado y universidades estatales para la ejecución de diversos servicios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público”, Animal Político-Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, [en línea], consultado 13/09/2017, disponible en:
https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/

2 Ídem.

3 Roldan, Nayeli, et. al., “La estafa maestra: Las dependencias y universidades no han comprobado 3 mil 947 mdp ante la ASF”, Animal Político, [en línea], consultado 19/09/2017, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/09/asf-estafa-maestro-universidades/






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura amplíe la información sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer su metodología; si tales estimaciones provienen de bases y procedimientos estadísticos aprobados por el INEGI para la elaboración de indicadores de gestión, o si son estimaciones aproximadas. Se turna a la Comisión de Cultura.








De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de las Personas de Edad”. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al igual que todas las personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política, así como en los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan. En especial, las personas adultas mayores tienen derecho a no ser discriminadas en razón de su edad, a gozar de sus derechos en condiciones de igualdad, así como a recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad.1

A nivel global, actualmente casi 700 millones de personas son mayores de 60 años, y se prevé que para 2050 serán 2 mil millones, que representan más del 20% de la población mundial. Asimismo, en 2050 habrá más adultos mayores que niños, por primera vez en la historia de la humanidad.2

Con base en estas cifras, con la aprobación del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, en 1982, la comunidad internacional comenzó a subrayar la situación de las personas de edad.

Asimismo, en 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 1º de octubre de cada año como Día Internacional de las Personas de Edad, que tiene por objeto reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial.

Posteriormente, en 2002 fueron aprobados la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En dichos instrumentos, los Estados Miembros reafirman su compromiso de proteger los derechos humanos de los adultos mayores, y promueve acciones para impulsar el derecho al trabajo, el derecho a la salud, la participación y la igualdad de oportunidades, subrayando la importancia de la participación de las personas de edad en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles3.

Más adelante, en 2014 los gobiernos alrededor del mundo adoptaron una resolución en el Consejo Económico y Social, que reconoció la existencia del “edadismo”, definiéndolo como la fuente común, la justificación y la motivación detrás de la discriminación por edad.4

En este tenor, en 2017 el Día Internacional de las Personas de Edad tiene como tema: “Stepping into the Future: Tapping the Talents, Contributions and Participation of Older Persons in Society” 5

Dicho tema se trata de enfocar las rutas que apoyen la participación plena y efectiva en la vejez, de acuerdo con los derechos, necesidades y preferencias básicas de los adultos mayores.

En el caso de México, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, existen 10 millones de personas con 60 años y más, que representan el 8.95% de la población nacional. La entidad con mayor proporción de adultos mayores es la Ciudad de México (11.3%) y la entidad con menor proporción es Quintana Roo (4.8%). 6

Asimismo, en zonas rurales la población está más envejecida. La población adulta mayor representa 10.1% del total de la población rural y 8.6% de la población urbana. Esto debe ser un llamado de atención ante la mayor demanda de servicios de salud y otros que deban dirigirse a la población adulta mayor, sobre todo en estas localidades donde en general los servicios son más precarios o escasos.

En los aspectos de salud, las mujeres adultas mayores padecen más enfermedades incapacitantes y por más largo tiempo que los hombres: 3 de cada 10 tiene dificultad para realizar alguna tarea de la vida diaria como comer, bañarse, caminar, preparar o comprar alimentos, frente a 2 de cada 10 hombres.7

En cuestión educativa, 28.7% de las mujeres y 19.9% de los hombres adultos mayores no saben leer o escribir, situación que empeora en zonas rurales donde 53.2% de las mujeres y 37.1% de los hombres son analfabetas.

En materia laboral, una tercera parte de la población adulta mayor tiene un trabajo remunerado, con marcadas diferencias entre mujeres y hombres, 19.4% de ellas y 50.8% de ellos. Aun la población de edad más avanzada realiza actividades económicas: dos de cada diez hombres adultos mayores de 80 años y 4.7% de las mujeres de esas edades.

Por estas razones, se observa que los adultos mayores son un sector poblacional con características y necesidades particulares, diferentes al resto de la población, que requieren el apoyo de instituciones creadas específicamente para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos.

A fin de procurar el bienestar de este sector, en México se cuenta con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, que tiene por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.8

El INAPAM se dedica a promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente.

Por estas razones, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, consideramos importante conocer los avances logrados por el INAPAM para favorecer el bienestar de los adultos mayores en los rubros de trabajo, educación y salud, así como para expandir su participación en la sociedad.

Estos datos permitirán al poder legislativo contar con un marco de referencia más amplio con respecto a la situación actual de los adultos mayores, a fin de contar con fundamentos más sólidos para revisar la legislación y políticas públicas en la materia.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a informar a esta soberanía los principales avances relativos al bienestar de las personas adultas mayores en los rubros de trabajo, educación y salud, así como las acciones implementadas para expandir la participación de este sector poblacional en la sociedad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 CNDH. Personas adultas mayores. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Adultos_Mayores

2 ONU. Día Internacional de las Personas de Edad. 1 de octubre. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml

3 OAS. Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Recuperado en septiembre de 2017, de:
vhttp://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_
derechos_humanos_personas_mayores.pdf

4 United Nations. International Day of Older Persons. 1 October. Recuperado en septiembre de 2017, de
http://www.un.org/en/events/olderpersonsday/index.shtml

5 Entrando en el Futuro: Aprovechando los Talentos, las Contribuciones y la Participación de las Personas Mayores

6 INAPAM.(2016) Estadísticas sobre adultos mayores en México. Recuperado en septiembre de 2016, de:
https://www.gob.mx/inapam/galerias/estadisticas-sobre-adultos-mayores-en-mexico

7 INMUJERES (2015) Situación de las personas adultas mayores en México. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf

8 INAPAM. ¿Qué hacemos? Recuperado en septiembre de 2017, de: https://www.gob.mx/inapam/que-hacemos






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurzA, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REALIZAR SUPERVISIONES PUNTUALES PARA EVITAR EL INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES EN LAS ZONAS AFECTADAS DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, MÉXICO, MORELOS, OAXACA, PUEBLA Y CIUDAD DE MÉXICO POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado jueves 7 de septiembre del año en curso, a las 23:49 horas, sucedió un movimiento telúrico con una magnitud de 8.2 grados en la escala Richter, según datos del Servicio Geológico de los estados Unidos, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 137 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas; pudo sentirse en la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Morelos y Michoacán, además de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.

Cabe mencionar que este sismo es el mñas fuerte registrado en México desde el terremoto en Jalisco-Colima en 1932.

Tras el movimiento, fue emitida una alerta se tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarahua, Panamá, Honduras y Ecuador.

Lamentablemente diversas comunidades fueron afectadas por dicho sismo, particularmente en Chiapas y Oaxaca; la localidad de Juchitán de Zaragoza en Chiapas, fue la más afectada pues se reportaron 18 personas fallecidas mientras que en Tabasco dos personas perdieron la vida.

Derivado de ello, se declaró estado de emergencia en 122 municipios de Chiapas y la Secretaría de Defensa Nacional activó el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastres, conocido como DN-III-E, para lo que desplegó mil 862 elementos.

El martes 19 de septiembre, aproximadamente dos horas después de haber realizado el megasimulacro en conmemoración del terremoto de 1985, un movimiento telúrico de 6.8 grados en la escala de Richter, el cual se percibió en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según información del Servicio Sismológico Nacional. Las zonas más afectadas fueron Jojutla, Morelos, la Ciudad de México y zonas de Puebla y Oaxaca.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación reporta 337 fallecidos: 198 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero, y 1 en Oaxaca.

En ese contexto, medios de comunicación han reportado que, en zonas como Xochimilco en la Ciudad de México, los precios de los alimentos se han incrementado pues reportan la escasez de agua por lo que el garrafón está siendo vendido en 38 pesos, mientras que la tortilla se vende hasta en 30 pesos el kilo.

En San Francisco del Mar, en Oaxaca, donde se encuentran más de 270 familias damnificadas, se reporta el incremento de los precios del jitomate y el huevo debido a la falta de transporte por los daños del sismo.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho  de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece en su artículo 8 que la Procuraduría Federal del Consumidor debe verificar “que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso, a fin de que se eviten abusos durante el periodo de reconstrucción de sus comunidades.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del estado de Zacatecas, realice los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo humano en el estado. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los problemas que presenta México en referencia al agua son diversos, contaminación, escasez y mala distribución; sin embargo, la población se enfrenta ante un problema de salud pública que hasta el momento, no representa para el gobierno mayor atención y que ha permitido que millones de habitantes en el país sufran efectos negativos a su salud por el consumo de agua contaminada.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo sexto, señala: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación para la consecución de dichos fines”.

Por su parte, la Asamblea de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros; a propiciar la capacitación y la trasferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los que se encuentran en vías de desarrollo; a proporcionar el suministros de agua potable y saneamiento salubre, limpio, accesible y asequible para todos.1

Un saneamiento deficiente del agua está relacionado con la trasmisión de enfermedades como el cólera, diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. La gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas conlleva que el agua que beben millones de personas se vea peligrosamente contaminada o polucionada químicamente.2

En esta misma tesitura, el disponer de aguas de calidad para el consumo humano es una de las principales demandas de la población, ya que es fundamental para la salud pública. En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, indica: “hacer efectivo el ejercicio de los derechos de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos”;3 también es importante destacar la Estrategia 4.4.2 para la implementación de un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, dentro de las líneas de acción del mismo Plan Nacional de Desarrollo.

Parte del problema de contaminación tiene que ver con el origen del agua para consumo humano, el cual puede presentarse de dos formas: corrientes superficiales y subterráneas. En el caso de México, más del 75% del recurso hídrico que se destina a uso urbano tiene origen en el subsuelo. Esto nos indica que gran parte del agua para consumo humano y actividades productivas, es obtenida de las corrientes subterráneas.4

Dichas corrientes tienen altos concentrados de fluoruro y arsénico, los cuales están incluidos entre las diez sustancias químicas que más problemas de salud pública ocasionan en el mundo. El arsénico está clasificado en el primer lugar en la lista de compuestos tóxicos prioritarios por la Agencia de Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR).5

En la actualidad, el arsénico es el contaminante de agua de consumo humano más estudiado a nivel mundial, en México, las más altas concentraciones se han encontrado en Zimapán, Hidalgo. Pero en estados como San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato se han detectado altas concentraciones de este elemento; sin embargo, a nivel nacional la presencia de arsénico en el agua puede ser mayor, lamentablemente no hay una evaluación integral para identificar las concentraciones de este material en los pozos del territorio nacional.  

En el caso particular de Zacatecas, investigadores de la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas detectaron la sobreexposición a arsénico y flúor en niños de entre 6 y 12 años de edad, las muestras fueron tomadas de grifos ubicados en escuelas públicas así como en domicilios particulares.6

Asimismo, la jefa del departamento de Calidad del Agua de la Comisión Nacional (Conagua), Yolanda Carrillo Casillas, confirmó que existe presencia de flúor en un porcentaje superior al permisible en el agua de municipios de Ojocaliente, Luis Moya y Tabasco, y que incluso se ha detectado arsénico en el líquido que consume la población.7

Estos tipos de contaminación representan un problema serio de salud pública para el estado de Zacatecas, ya que a la luz de estudios realizados se han comprobado los riesgos que vive su población a la hora de consumir agua sin la calidad requerida.

La ingesta crónica de arsénico y fluoruro es uno de los mayores problemas de salud, afectando sobre todo y lamentablemente a las personas con un menor grado de ingreso económico, donde no se cubren los niveles de nutrición adecuados. Por un lado, la exposición a fluoruro se relaciona principalmente con los siguientes padecimientos: fluorosis dental, fluorosis esquelética, disminución de las capacidades cognitivas como disminución del coeficiente intelectual en los niños, efectos reproductivos y sobre el sistema inmune.8

Por otro lado, el arsénico favorece daños en el desarrollo, enfermedad vascular periférico, hipertensión arterial, diabetes mellitus, anemia, leucopenia y trombocitopenia, isquemia al miocardio, infarto cerebral y ateroesclerosis. Además, se ha asociado con un aumento en la incidencia de diversos tipos de cáncer, principalmente de piel, hígado, vejiga, riñón y pulmón. 9

En el caso de Zacatecas afecta principalmente a las escuelas de la entidad, donde aproximadamente 490 mil 394 niñas, niños y adolescentes toman clase en los distintos niveles educativos;10 debe darse una principal atención a la población infantil, quienes resultan más vulnerables a padecer daños permanentes e irreversibles, por lo que debe insistirse en la prevención para los sectores vulnerables expuestos a los contaminantes.

Muchos son los problemas que genera la ingesta de agua contaminada, la desinformación sobre este tema, deriva también en problemas de los programas creados por otras dependencias. La consecuencia es la afectación en la salud de la población mexicana.

La realidad en México es que la fuente de agua subterránea está contaminada; las autoridades deben instrumentar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Posibles soluciones para el problema de salud, deben dirigirse a la difusión de información para prevenir la ingesta de agua en zonas de alta exposición a contaminantes, así como una evaluación de la calidad de agua por parte de las autoridades competentes.

Son por estas razones que se hace la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Zacatecas, para que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realicen los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo humano en el estado de Zacatecas.

Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado libre y soberano de Zacatecas a que promueva una campaña de información sobre la prevención de enfermedades causadas por la ingesta de agua con altas cantidades de arsénico y fluoruro.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado libre y soberano de Zacatecas, para que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en el ámbito de sus facultades y atribuciones realicen los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo humano en el estado de Zacatecas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado libre y soberano de Zacatecas a que promueva una campaña de información sobre la prevención de enfermedades causadas por la ingesta de agua con altas cantidades de arsénico y fluoruro.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Resolución 64/292”, Asamblea General de las Naciones Unidas, [en línea], consultado el 18 de septiembre de 2017, disponible en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

2 “Agua”, Organización de las Naciones Unidas [en línea], consultado 27/09/2017, disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/

3 “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, [en línea], consultado el 18 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

4 Ortiz, María Deogracias; “El agua para el consumo humano en México”, COLSAN, [en línea], consultado el 19 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.colsan.edu.mx/investigacion/pays/archivo/El_agua_para_consumo_humano_Mexico-2015-07.pdf

5 “Lista de prioridades de la ATSDR”, Agency for Substances and disease Registry, [en línea], consultado el 19 de septiembre de 2017, disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/spl/

6 Ríos, Alma, “Hay sobreexosición de arsénico y flúor en niños de Guadalupe”, La Jornada Zacatecas, [en línea], consultado el 26 de septiembre de 2017, disponible en:
http://ljz.mx/2017/08/28/hay-sobreexposicion-de-arsenico-y-fluor-en-ninos-de-guadalupe/

7 Calderón, Karen, “Confirma Conagua contaminación de arsénico y flúor”, NTR Zacatecas, [en línea], consultado el 26 de septiembre de 2017, disponible en:
http://ntrzacatecas.com/2017/09/18/confirma-conagua-contaminacion-de-arsenico-y-fluor/

8 Op. Cit. Ortiz, María…

9 Ídem.

10 “Estadística del Sistema Educativo, Zacatecas, Ciclo Escolar 2015-2016”, Secretaría de Educación Pública, [en línea], consultado el 26 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_32ZAC.pdf






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar una investigación en relación al edificio número 168, en la calle Bolívar esquina con Chimalpopoca, en la colonia Obrera, derivado de los hechos acontecidos el 19 de septiembre y las labores de rescate de los días posteriores. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.








De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de la No Violencia”. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad. Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción ideada por la ingenua capacidad del hombre” (Mahatma Gandhi).

Gandhi lideró el movimiento masivo de desobediencia civil contra la ley británica, que contribuyó a lograr la independencia de la India, bajo una filosofía: “los medios justos llevan a fines justos”, señalando que es irracional intentar usar la violencia para conseguir una sociedad pacífica.

La resistencia pacífica promovida por Gandhi, ha sido la inspiración de los movimientos no violentos por los derechos civiles y el cambio social en todo el mundo. Su ejemplo ha inspirado a otros líderes pacifistas como Martin Luther King Jr., Rigoberta Menchú y Nelson Mandela, todos ellos galardonados con el Premio Nobel de la Paz.

En las últimas décadas, el concepto de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social, los cuales no se enfocan solamente en la oposición a la guerra, sino que van más allá. De acuerdo con las Naciones Unidas, existen tres categorías principales de acción no violenta:1

• Protesta y persuasión, incluyendo marchas y vigilas.

• No-Cooperación.

• Intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones.

Gracias a la gran contribución de Gandhi, mediante el surgimiento de la resistencia pacífica y el desarrollo de las diversas expresiones de la no violencia, en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la observancia del 2 de octubre de cada año como el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando el aniversario del nacimiento de este líder pacifista.

Esta efeméride reconoce que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia, el desarrollo, el entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad están interrelacionados y se refuerzan entre sí. Por ello, reafirma la importancia universal del principio de la no violencia y abriga el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, entendimiento y no violencia.2

En México, el 2 de octubre recibe una importancia particular, ya que se conmemora el movimiento estudiantil de 1968, el cual buscaba entre otras causas, mayores libertades civiles y políticas, menor desigualdad, así como cambios en el gobierno mexicano.

No obstante, dicho movimiento culminó trágiacamente en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

En 2011 a raíz de estos sucesos, el 2 de octubre fue declarado como “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”, agregándose a las fechas en que la bandera nacional debe izarse a media asta.3

En memoria de los estudiantes de Tlatelolco, en México no podemos permitir que este tipo de actos de violencia y represión vuelvan a ocurrir. Por ello, debemos honrar el derecho de realizar protestas pacíficas y ejercer acciones no violentas, como lo indica el artículo 9º Constitucional, que a la letra dice:

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Sin embargo en este sentido, la labor pacifista no debe enfocarse únicamente en los asuntos internos, ya que México es parte de una comunidad global. En el contexto internacional, nuestro país ha sido reconocido por su postura neutral y no bélica ante los diversos conflictos armados.

En la década de 1960, durante la llamada Guerra Fría entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, el embajador mexicano Alfonso García Robles planteó detener la carrera armamentista y proceder al desarme. El resultado fue la firma del Tratado de Tlatlelolco, el garantizó que América Latina y el Caribe fueran la primera zona libre de armas nucleares en el mundo. Por esta labor, García Robles fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia, consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reafirmar la postura neutral y pacífica de México y a hacer un llamado a la comunidad internacional, para impulsar resoluciones pacificas en los diversos conflictos que aquejan al mundo en la actualidad.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la No Violencia, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reafirmar la postura neutral y pacífica de México, y a hacer un llamado a la comunidad internacional para lograr establecer la paz a nivel mundial.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Naciones Unidas. Día Internacional de la No violencia. 2 de octubre. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/background.shtml

2 Asamblea General de las Naciones Unidas (2007) Resolución 61/271. Día Internacional de la No Violencia. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/271&referer=/english/&Lang=S

3 Diario Oficial de la Federación (2011) DECRETO por el que se adiciona la fecha 2 de Octubre, Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968 , al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5225252&fecha=20/12/2011






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar distintos puntos referentes al bloque 30 de la Cuarta Convocatoria de la Ronda 2. Se turna a la Comisión de Energía.








Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el pago de indemnización correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 m2, ubicado junto al Río de los Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda San Pablo de en Medio, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado “Vaso de Carretas”. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder los tiempos oficiales que le corresponden en la radio y televisión a fin de que se utilicen para comunicar a la población sobre temas de protección civil; y exhorta a diversas autoridades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 a proceder de la misma forma. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE COMPROMETE A CEDER Y EXHORTA A LOS OTROS PODERES A QUE CEDAN LOS TIEMPOS OFICIALES QUE LES CORRESPONDEN EN LA RADIO Y TELEVISIÓN PARA QUE SE UTILICEN POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El pasado jueves 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, originado a las 23:49 horas, con epicentro a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, sacudió el sureste de México. Unos días después, el 19 de septiembre un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, originado a las 13:14 horas, con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, afectó el centro del país.

Hasta las 10:00 horas del 27 de septiembre, el Sismológico Nacional ha reportado un total de 5245 (las dos mayores de magnitud 6.1) como consecuencia del reacomodo de las placas tectónicas en la zona del Golfo de Tehuantepec. Mientras que para la misma fecha hay 39 réplicas (la mayor de magnitud 4.0) del sismo reportado en Axochiapan, Morelos.

Dichos sismos, así como sus respectivas réplicas, han ocasionado pérdidas de vidas humanas, así como diversas afectaciones a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

Ante esta situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada. Por ello destaca la necesidad de promover las acciones de Protección Civil, tendientes a salvaguardar la integridad física de los habitantes de las zonas afectadas por los sismos, sus bienes y entorno, frente a la eventualidad de riesgos, emergencias o desastres, derivados de estos siniestros, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.

Por este motivo, nos parece relevante que los tiempos oficiales sean cedidos a Protección Civil, con el fin de que sirva como un instrumento de difusión ante la ciudadanía, además de que impulsaría no sólo tanto a que se tenga conocimiento de las acciones del Sistema Nacional, sino que permitiría que exista un mayor acceso a las actividades que se realizan y a que la ciudadanía sea más próxima a esta información.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República se compromete a ceder los tiempos oficiales que le corresponden en la radio y televisión para que se utilicen por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil para comunicar a la población información referente a temas de protección civil, por el tiempo que resulte necesario.

SEGUNDO. Se exhorta a los poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México afectadas por los sismos de septiembre de 2017, a que cedan los tiempos oficiales que les corresponden en la radio y televisión para que se utilicen por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil para comunicar a la población información referente a temas de protección civil, por el tiempo que resulte necesario.

TERCERO. Se solicita a ésta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al seguimiento de los trabajos de recuperación del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parque Nacional Lagunas de Montebello se encuentra ubicado en el Estado de Chiapas, específicamente en los municipios de La independencia y La Trinitaria; su extensión es de 6,425.49 hectáreas.

Este Parque Nacional fue declarado como Área Nacional Protegida (ANP) en 1959; su importancia radica en la variedad de clima y de suelos, posee selvas vírgenes, constituidas en la parte alta por especies forestales de clima frío y conforme se desciende, por vegetación subtropical.1

En este sentido se considera que la región de Montebello es una zona privilegiada por su belleza natural, así como por el número de lagunas que en ella existen. En la Declaratoria como área natural protegida, se expone como necesaria y de utilidad pública la creación de un Parque Nacional en la región.

El objetivo de esta ANP es conservar, proteger y restaurar los elementos naturales que integran los ecosistemas del Parque Nacional, mediante la regulación de actividades que permitan el desarrollo sustentable con la participación de los sectores gubernamentales y sociales involucrados en el área; en beneficio de la sociedad mexicana, del Estado de Chiapas y particularmente de los habitantes locales y de la región.

En 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo del Parque Nacional Lagunas de Montebello, en él se determina lo siguiente:2

• Montebello representa uno de los escenarios naturales más bellos a nivel nacional, se localiza en una región hidrológica prioritaria de alta riqueza biológica clave 88-Comitán-Lagunas de Montebello.

• Forma parte de sistemas ecológicos, culturales y económicos más amplios, entre sus valores ecológicos están sus funciones como vaso de captación de agua, regulador climático regional y corredor biológico. Los ecosistemas de bosques de pino, pino-encino, pino-encino-liquidámbar y mesófilo de montaña albergan una importante riqueza biológica, que incluye algunas especies protegidas.

• El parque constituye un área de importancia para la conservación de aves.

Por lo anterior, resulta indispensable salvaguardar la integridad de esta ANP para garantizar su existencia en el futuro.

En este sentido, existen amenazas a su sustentabilidad. Por ejemplo, el Río Grande constituye el río principal de la subcuenca que abarca el parque, pero las aguas negras de los municipios aledaños desembocan en éste, lo que contribuye de forma grave a la contaminación del sistema hidrológico de Montebello.

Asimismo, esta ANP se ha visto afectada por la contaminación que generan actividades agropecuarias, el uso de fertilizantes y plaguicidas.

De igual modo, otro amenaza para la fuente de agua de estos lagos es que todas las comunidades asentadas en torno al parque, la utilizan para uso doméstico, consumo humano y la agricultura.

A fin de atender las diversas causas de contaminación en esta zona, en marzo de 2016 propusimos la realización de mesas de trabajo intersecretariales para determinar el grado de contaminación en el Parque Nacional Lagunas de Montebello y definir acciones para erradicar la contaminación. Dicha propuesta fue aprobada por el pleno del Senado el 28 de abril de 2016.3

Desde entonces se han realizado dos mesas de trabajo interinstitucionales en busca de revertir este daño ambiental. Dichas mesas fueron llevadas a cabo con fecha 15 de junio del 2016 y 12 de julio del 2016. Asimismo, se logró gestionar recursos aplicables a 3 rubros principalmente:4

1.- Prevenir y controlar la contaminación.

2.- Reforestación de la zona.

3.- Reactivación de plantas de tratamiento.

Con la finalidad de llevar a buen término estas acciones, es necesario que las mismas autoridades realicen un seguimiento adecuado. Debemos continuar el rescate del patrimonio natural de Chiapas, fuente generadora de riqueza y empleos productivos, pieza clave para la reactivación económica de la región tras las afectaciones causadas por el sismo del pasado 7 de septiembre.

En este sentido, proponemos la realización de mesas de trabajo intersecretariales, para dar seguimiento a los trabajos de recuperación en el Parque Nacional Lagunas de Montebello. De forma complementaria, proponemos la intervención de las autoridades federales para revisar la situación del drenaje agrícola para que tenga un control adecuado; así como para impulsar la reconversión productiva en la cuenca hidrológica del Parque Nacional.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar una nueva mesa de trabajo intersecretarial con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para dar seguimiento a los trabajos realizados en la recuperación del  Parque Nacional Lagunas de Montebello.

Asimismo, se solicita que dicha mesa de trabajo informe al Senado de la Republica de manera enunciativa, más no limitativa, sobre lo siguiente:

1. El Estado actual de las condiciones de operación y rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria.

2. Las acciones realizadas para resolver el problema del drenaje agrícola.

3. Los trabajos para impulsar la reconversión productiva en la cuenca hidrológica del Área Natural Protegida.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Declaratoria de creación del Parque Nacional Lagunas de Montebello, publicada en el DOF el 16 de diciembre de 1959 https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/167_decreto.pdf

2 DOF: 18/12/2009. AVISO por el que se informa al público en general que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Parque Nacional Lagunas de Montebello, ubicado en los municipios de La Trinitaria e Independencia, en el Estado de Chiapas
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125405&fecha=18/12/2009

3 Gaceta del Senado. 28 de abril de 2016. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de acuerdo: En relación con la contaminación de en los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62502

4 El Orbe. Melgar Llama a Continuar con el Rescate de Lagos de Montebello. 26 de septiembre de 2017
https://elorbe.com/seccion-politica/estatal/2017/09/27/melgar-llama-a-continuar-con-el-rescate-de-lagos-de-montebello.html






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los Registros Públicos de la Propiedad, a los Registros Civiles y a los Notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca a ampliar sus módulos de atención y brinden asesoría para una pronta recuperación de documentos como actas de nacimiento, credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas que los extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En últimas semanas, México ha sido afectado por dos sismos con alto poder destructivo, que han cobrado la vida de decenas de personas y destruyeron el patrimonio de miles de familias mexicanas en el centro y sur de nuestro país.

Por ejemplo, en Asunción Ixtaltepec en el estado de Oaxaca, a consecuencia de los sismos más del 80% de las viviendas están dañadas y el puente que comunica a esta localidad con Juchitán se derrumbó1. En aquella entidad, por lo menos 41 municipios se vieron afectados en su infraestructura carretera, red de salud y sistema educativo.

Se han reportado afectaciones en diversas viviendas del municipio de Huajuapan de León y en los hospitales públicos de la demarcación, tales como el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los Servicios de Salud del estado de Oaxaca, en este último, los pacientes son atendidos en las vialidades aledañas al nosocomio.

En el estado de Puebla, al menos 1 mil 700 viviendas resultaron dañadas y gran parte de su patrimonio cultural presenta serias afectaciones, principalmente en las  construcciones que datan de los siglos XV y XVI.2 Los espacios educativos fueron uno de los más afectados, por tal situación, se reubicarán a más de 12 mil alumnos de 35 escuelas que se encuentran en riesgo. 

Por lo menos 20 de los 30 municipios del estado de Morelos presentan daños, particularmente en su infraestructura carretera, de telecomunicaciones  y de salud, además 20 mil casas acusan algún tipo de afectación. Como es de conocimiento público, el municipio de Jojutla es uno de los más dañados con más de 300 casas colapsadas, los cuales representan daños materiales considerables.3

En la Ciudad de México, 321 edificios se vieron con daños severos o se colapsaron dejando decenas de heridos y personas que lamentablemente perdieron su patrimonio o a un ser querido. Muchas de las estructuras en las colonias  del Valle, Condesa, Roma Norte y Sur, el Centro Histórico y Obrera muestran daños estructurales.

Muchos mexicanos perdieron sus documentos como actas de nacimiento, credencial de elector, actas de matrimonio y escrituras de propiedad en los escombros, muchos otros, lo harán al no poder ingresar a sus propiedades (por aspectos de seguridad) y ser demolidas.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de la instrumentación de diversas acciones para proteger y recuperar el patrimonio de los mexicanos que se vieron afectados, además de asegurar condiciones de certeza jurídica en derechos fundamentales como el de la identidad.

Ante este panorama, consideramos necesario que el Instituto Nacional Electoral, los registros públicos de la propiedad, los registros civiles y colegios de notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Oaxaca amplíen o implementes módulos atención y asesoría jurídica, asimismo, flexibilicen los procedimientos de expedición para una pronta recuperación de documentos como credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas que los extraviaron durante los sismos.

Contar con los documentos básicos, contribuirá a que el proceso de recuperación sea más rápido y llegue a las personas que más lo necesitan, ahí la relevancia de que estos esfuerzos institucionales se amplíen a las comunidades y regiones más afectadas, asimismo, contemple descuentos o facilidades económicas para las familias que perdieron su patrimonio en las contingencias señaladas.

Asimismo, contar con los documentos básicos hará posible acceder a créditos por parte de las instituciones financieras o a beneficios de los programas de los estados de la república o bien de las autoridades municipales.

El trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada es de vital importancia para restablecer la tranquilidad entre la población y asegurar condiciones básicas para una rápida recuperación, este es el objetivo primordial de esta proposición con punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los registros públicos de la propiedad, a los registros civiles y a los notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca para que, en el marco de sus atribuciones amplíen sus módulos atención y brinden asesoría para una pronta recuperación de documentos como actas de nacimiento, credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas que los extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre de 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Roselta Chaca. (2017). Cae puente en el Istmo tras sismo en Oaxaca; tenía daños de temblor anterior. 25/09/2017, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/cae-puente-en-el-istmo-tras-sismo-en-oaxaca-tenia-danos-de-temblor-anterior

2 Edgar Ávila. (2017). Sismo deja afectaciones a patrimonio cultural de Puebla. 25/09/2017, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/sismo-deja-afectaciones-patrimonio-cultural-de-puebla

3 Misael Zavala. (2017). Jojutla clama ayuda; es el municipio más afectado. 25/09/2017, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/jojutla-clama-ayuda-es-el-municipio-mas-afectado






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN,  con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su agradecimiento a los pueblos y gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de Japón, Estados   Unidos de América, Federación Rusa, Reino de España, República Argentina,   República de Colombia, República de Chile, República de El Salvador, República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República Federal de Alemania, República Popular China, así como a la Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con al pueblo mexicano tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU AGRADECIMIENTO A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE CANADÁ, ESTADO DE ISRAEL, ESTADO DE JAPÓN, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FEDERACIÓN RUSA, REINO DE ESPAÑA, REPÚBLICA ARGENTINA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, REPÚBLICA DE CHILE, REPÚBLICA DE EL SALVADOR, REPÚBLICA DE HONDURAS, REPÚBLICA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DEL ECUADOR, REPÚBLICA DEL PERÚ, REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, REPÚBLICA POPULAR CHINA, ASÍ COMO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y AL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, POR SU SOLIDARIDAD CON AL PUEBLO MEXICANO TRAS EL SISMO DEL PASADO MARTES 19 DE SEPTIEMBRE, al tenor de los siguientes:

ANECEDENTES

El martes 19 de septiembre, aproximadamente dos horas después de haber realizado el megasimulacro en conmemoración del terremoto de 1985, un movimiento telúrico de 6.8 grados en la escala de Richter, el cual se percibió en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según información del Servicio Sismológico Nacional. Las zonas más afectadas fueron Jojutla, Morelos, la Ciudad de México y zonas de Puebla y Oaxaca.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación reporta 337 fallecidos: 198 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero, y 1 en Oaxaca.

La comunidad internacional ofreció de inmediato su ayuda al pueblo mexicano enviando recursos o personal para colaborar con las labores de búsqueda y rescate de la siguiente manera:

El Gobierno de Alemania envió a expertos de la Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), que son especialista en servicios de protección ciudadana de ayuda técnica ante catástrofes. Además, se aportó el apoyo por parte de la organización “International Search and Rescue” Germany con equipos bioradar de última generación para localizar a civiles bajo los escombros.

Estados Unidos envió a nuestro país 60 socorristas del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (USA-2), con 27 toneladas de equipo, 10 entrenadores, 5 caninos, diversas medicinas y artículos de primera necesidad, para poder apoyar a los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Por su parte, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) envió al equipo de respuesta para asistencia en caso de desastres tras la solicitud realizada por el gobierno de la República ante el desastre.

La Organización de las Naciones Unidas envió a México, por primera vez en la historia, un grupo de seis técnicos y especialistas en desastres para asistir y coordinar labores de ayuda, los cuales forman parte de la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria y de la Coordinación de las Naciones Unidas en Caso de Desastres, que se involucraron en las actividades de revisión de estructuras de los edificios dañados.

El ejército de Israel envió una delegación de 70 miembros a México, entre los que se encuentran 25 ingenieros que ayudan a revisar y evaluar los daños y determinar si los edificios son seguros; también por profesionales de búsqueda y rescate, así como un equipo para apoyo médico y logístico.

El gobierno de Japón envío una brigada rescatista conformada por 72 personas de distintas dependencias del país asiático, además de 4 perros y diverso material de rescate.

El gobierno de Rusia preparó un avión II-76, organizado por el Ministerio de Emergencia, con alimentos y tiendas de campaña para auxiliar al pueblo mexicano afectado por los sismos.

El gobierno de España envío a México como apoyo a un grupo de 54 hombres de la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto con cuatro canes entrenados para la búsqueda de personas.

El gobierno de Argentina apoyó al gobierno mexicano con un cargamento de ayuda humanitaria para paliar los efectos de los sismos que han afectado territorio nacional; la ayuda argentina se compone de 4 mil 200 kilos integrada por pastillas para potabilizar hasta 6 millones de litros de agua, mil 500 mantas, 312 kits de cocina y 300 kits de limpieza.

El gobierno de Colombia ofreció a México el envío inmediato de 30 rescatistas para apoyar las labores tras el terremoto, así como un grupo de expertos forenses para ayudar en la identificación de las víctimas.

El gobierno de Chile envió a nuestro país una delegación de 18 rescatistas junto con dos perros entrenados y material especializado para buscar personas atrapadas debajo de los escombros.

Por su parte, el gobierno de El Salvador envió a México un grupo de rescate compuesto por 25 expertos en tareas de rescate de personas entre los escombros, además de especialistas en labores de salvamento post-terremotos.

El gobierno de Honduras envió un equipo de 36 elementos pertenecientes al grupo “Katrachos USAR, expertos en búsqueda y rescate humano.

El gobierno panameño mandó como apoyo a México a la brigada “USAR Panamá”, integrado por 35 especialistas en búsqueda y rescate y dos unidades caninas.

El gobierno guatemalteco envió un grupo de 47 elementos a México para ayudar en las labores de rescate el cual está conformado por 15 bomberos. 14 miembros de la Cruz Roja de Guatemala (CRG), 11 voluntarios, una unidad humanitaria y de rescate del ejército, una unidad canina de nombre “Drago” y 5 integrantes de los Bomberos Unidos Sin Fronteras.

El gobierno de Ecuador envió a México un grupo de bomberos especializados para ayudar en las labores de rescate de víctimas que contaban con equipo para la estabilización de las estructuras para lo que cuentan con sondas, censores y rayos X de estructura, entre otros.

El gobierno de Perú envió cinco ingenieros expertos en evaluación de inmuebles en situación de riesgo, quienes apoyan las labores de reconocimientos de edificaciones dañadas.

El gobierno de Venezuela envió a 20 socorristas y dos canes de la Brigada Internacional Simón Bolívar, además de enviar 10.4 toneladas de ayuda humanitaria.

El gobierno suizo envió a un grupo de ingenieros estructurales, para apoyar con detección de daños en edificios después del sismo. Además, apoya con expertos de la organización de ayuda alemana Búsqueda y Rescate Internacional (ISAR por sus siglas en inglés), quienes traen consigo un equipo de bioradar de la más moderna generación.

El gobierno chino entregó al gobierno mexicano un donativo por un millón de dólares como ayuda humanitaria para las víctimas del sismo.

Finalmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha colaborado muy de cerca en las acciones de la Cruz Roja Mexicana, en especial con el programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), con el que se atiende a las personas que han perdido la comunicación con algún allegado a causa del sismo.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho  de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su agradecimiento a los pueblos y gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Reino de España, República Argentina, República de Colombia, República de Chile, República de El Salvador, República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República Federal de Alemania, República Popular China, así como a la Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con al pueblo mexicano tras el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó la Ciudad de México, el estado de Morelos y Puebla, el pasado martes 19 de septiembre.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se incremente la cooperación internacional en materia de prevención de desastres naturales, protección civil y combate al cambio climático con los países de América Latina, particularmente con la República de Chile, República del Ecuador y la República del Perú, quienes son afectados por fenómenos sísmicos y volcánicos similares a nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno federal asignar por lo menos 10 mil millones de pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los suscritos, Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, DAVID MONREAL ÁVILA, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía, para su URGENTE RESOLUCIÓN la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los sismos ocurridos en nuestro país los días 7 y 19 de septiembre así como sus respectivas réplicas han ocasionado severas afectaciones a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

Además de los daños en infraestructura y servicios públicos, las afectaciones han golpeado directamente a los habitantes de las entidades federativas. Los daños personales y patrimoniales que han ocasionado los fenómenos naturales, son la parte más complicada de atender, y los recursos para hacerlo deben ponerse a disposición de manera inmediata.

Aunque todavía no existe una cuantificación oficial y precisa de los daños, algunos investigadores han calculado que las afectaciones ascienden a 4.8 mil millones de dólares1, equivalentes a 84 mil millones de pesos. Mientras que el Ejecutivo Federal informó que de manera preliminar la cantidad en daños por el sismo ronda los 38 mil 150 millones de pesos; 16 mil 500 millones en vivienda, ocho mil en patrimonio cultural y más de 13 mil millones de pesos para reconstrucción de escuelas dañadas en 10 Estados. Estos recursos deben garantizarse por parte del Gobierno.

La reconstrucción no es un asunto de disponibilidad de recursos sino de redireccionamiento con base en la definición de prioridades para el cierre de este 2017 y lo que viene en 2018.

La coyuntura de la discusión del paquete económico para el 2018 permite que en el siguiente ejercicio fiscal se prevean los recursos necesarios para atender las necesidades que han surgido a raíz de los movimientos telúricos. Sin embargo, las necesidades de las comunidades afectadas son inmediatas y hay mecanismos presupuestales previstos en las leyes para atender de manera integral e inmediata a las personas que lo necesitan.

El gobierno federal cuenta con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas para iniciar los trabajos de atención a damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas. Pero se requieren mayores recursos para atender integralmente las necesidades de manera inmediata. Con base en el informe trimestral del gobierno de la república, la federación cuenta con recursos disponibles en estos dos fondos por un total de $12,583 millones de pesos.

Históricamente los recursos presupuestados en el FONDEN han sido insuficientes para atender los desastres naturales que han golpeado nuestro país. A continuación se observa los montos presupuestados y ejercidos en el Fondo en lo que va de la presente administración.

FONDEN

Aprobado
(mdp)

Ejercido
(mdp)

2012

5,296

16,564

2013

5,508

21,734

2014

7,217

36,574

2015

6,008

16,421

2016

7,903

11,150

2017 (a junio)

6,036

7,249

2018 (proyecto)

6,644

 Fuente: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/24/solo-013-gasto-publico-se-iria-fonden-2018

En el ejercicio fiscal 2014 ocurrieron desastres naturales como el huracán “Odile” que dejó afectaciones en el estado de Baja California Sur en el mes de septiembre de 2014, por lo que se destinaron recursos a la reconstrucción de infraestructura dañada de los sectores carretero, educativo e hidráulico federal, salud, urbano, vivienda estatal, así como educativo estatal. En total, el fondo aportó 2,123.8 millones de pesos al estado. También se destinaron recursos al estado de Chiapas que se vio afectado por la tormenta tropical “Boris” en junio de 2014, las  acciones de reconstrucción se dirigieron a  la infraestructura dañada del sector educativo federal, del sector hidráulico federal, con un monto total de 1,439.6 millones de pesos.

Por otro lado, la Presencia del huracán “Jova”, en el mes de octubre de 2011, la tormenta tropical “Manuel” del mes de septiembre de 2013, y el huracán “Marie” en el mes de agosto de 2014, afectaron el estado de Colima, se destinaron 115.7 millones de pesos a las afectaciones.

En el estado Guerrero, se utilizaron 9,384.8 millones de pesos para continuar con las acciones de reconstrucción de la infraestructura del sector carretero estatal, sectores carretero, educativo, forestal, hidráulico, pesquero y acuícola y zonas costeras federal, así como carretero, educativo, forestal, hidráulico, salud, urbano, vivienda y de residuos sólidos estatal, a causa de las contingencias que golpearon el estado, como el sismo ocurrido en agosto de 2013;  lluvias severas de septiembre de 2013 consecuencia del “Huracán Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel”;  inundación ocasionada por el huracán “Raymond” en el mes de octubre de 2013; sismos de abril y mayo de 2014 y la tormenta tropical “Trudy” en octubre de 2014.

Al estado de Oaxaca se destinaron 1,176.7 millones de pesos debido a las contingencias resultado de las lluvias severas en agosto y septiembre de 2011, el huracán “Bárbara”, la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” en el mes de septiembre de 2013. Los recursos fueron dirigidos a acciones de restitución de la infraestructura del sector hidráulico federal; del sector vivienda estatal y del sector carretero estatal.

En Veracruz, los recursos se destinaron a cubrir las contingencias resultado de las lluvias severas en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013, y junio y julio de 2014, por lo que se le destinó una cantidad de 4,927.0 millones de pesos. En los ejercicios fiscales 2015 y 2016 se siguieron destinando recursos a los huracanes “Bárbara”,  “Boris”, “Trudi”, “Ingrid”, “Manuel”, “Odile” y “Newton” que dejaron afectaciones en años anteriores, así como tormentas tropicales, lluvias e inundaciones.

En 2015, Baja California Sur, 1,280.3 millones de pesos, Guerrero 2,739.5 millones de pesos, Tabasco 1,012.5 millones de pesos, Veracruz 1,883.0 millones de pesos. Tales recursos se destinaron principalmente a la continuación de los trabajos de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada en los sectores carretero, educativo, hidráulico y de vivienda.

En 2016, Baja California Sur 1,177.6 millones de pesos, Guerrero 887.2 millones de pesos y Veracruz 2,367.6 millones de pesos, además se destinaron 1,267.4 millones de pesos para la adquisición de suministros de auxilio en situación de emergencias y desastres.

En 2017, los recursos del FONDEN también deben dirigirse a las zonas afectadas por los huracanes que golpearon nuestro país en el verano. Por lo que es necesario revisar el gasto público para reorientar los recursos que se tienen programados erogar en el último trimestre del año en las partidas que no son elementales para el funcionamiento del gobierno, hacia la atención directa de las personas afectadas por los sismos dejar de lado a los afectados por los huracanes.

Haciendo un cálculo conservador, se estima que  en los tres últimos meses del año en curso se podrían redirigir por lo menos 10 mil millones de pesos de gastos para utilizarlos para la emergencia y la reconstrucción, sin afectar áreas sustantivas del gobierno.

Existen cuando menos 10 partidas y sub-partidas de gasto que no son indispensables para el funcionamiento del gobierno. En algunas de estas partidas se observan incrementos importantes entre el monto aprobado en el presupuesto y el monto ajustado durante el ejercicio fiscal en curso. Se trata de partidas del denominado gasto operativo que no son partidas para la atención o auxilio a la población.

Por ejemplo, la partida 3600 de Comunicación Social y Publicidad ha incrementado 96 por ciento respecto del monto aprobado en el presupuesto. La partida de Servicios Oficiales que incluye gastos ceremoniales, congresos, convenciones y gastos de representación ha aumentado 50 por ciento respecto de lo aprobado. También la sub-partida de viáticos en el país ha crecido cerca 50 por ciento.

Una de las exigencias de la población es que el gobierno reduzca los gastos en publicidad y dirija esos recursos a cuestiones vitales.

Con información del avance del ejercicio presupuestal, se estima que podrían reorientarse por lo menos 10 mil millones de pesos solo de estas partidas en el último trimestre del año (octubre-diciembre) para enfrentar la emergencia causada por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Estos recursos serían adicionales a los recursos que actualmente están disponibles en los fondos federales contra desastres.

En el siguiente cuadro se muestra el avance del ejercicio presupuestal de las 10 partidas que deben utilizarse para la emergencia. El cálculo de 10 mil millones de pesos corresponde a una estimación de los recursos que quedan por ejercer en cada una de las partidas de acuerdo con la información disponible en el sitio del gobierno denominado Transparencia presupuestal.

Avance del ejercicio presupuestario a Junio 2017 (millones de pesos)

Partida

Concepto

Aprobado (A)

Modificado (B)

Pagado (C)

Diferencia         (B-C)

D/A

3600

Comunicación social

3.119,00

6.100,40

1.002,09

5.098,31

83,6%

3100-315

Telefonía Celular

264,70

269,70

73,50

196,65

72,9%

3800

Servicios Oficiales

1.418,50

2.129,19

648,78

1.480,41

69,5%

3700-371

Pasajes aéreos

1.685,40

2.313,64

1.006,67

1.306,97

56,5%

3700-372

Pasajes terrestres

2.809,60

2.251,23

1.132,14

1.119,09

49,7%

3700-373

Viáticos en el país

3.880,63

5.795,22

3.740,54

2.054,68

35,5%

3700-374

Viáticos en el extranjero

679,22

917,00

502,15

414,85

45,2%

3700-378

Servicios integrales de traslado y viáticos

39,76

39,42

8,40

31,02

78,7%

3300-336

Apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

3.909,93

4.818,23

1.578,00

3.240,23

67,2%

3300-331

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

4.450,55

7.830,28

3.224,82

4.605,46

58,8%

 

TOTAL

22.257,29

32.464,31

12.917,09

19.547,67

60,2%

La partida del gobierno de comunicación social y publicidad es un claro ejemplo de gastos excesivos y suntuosos. Durante el ejercicio fiscal esta partida prácticamente se duplicó sin justificación alguna. El Estado cuenta con tiempos oficiales en los medios de comunicación para informar sobre temas fundamentales de acción de gobierno. No hay necesidad para que se contraten más espacios publicitarios.

En el último semestre de este año deben utilizarse los tiempos oficiales exclusivamente para informar a la población sobre la emergencia y la forma de acceder a los programas de resarcimiento de los daños, así como las campañas cotidianas de salubridad, asistencia y educación.

Los partidos políticos también deben renunciar a los tiempos oficiales y habilitarlos para proporcionar información sobre los desastres y los programas de atención a damnificados.  

Con base en el propio artículo 38 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es jurídicamente viable exigir a la Secretaría de Gobernación que los recursos destinados y que ha autorizado ejercer en comunicación social se suspendan de inmediato y en su lugar se canalicen a la atención del desastre ocasionado por los sismos.

Como se sabe, la ley presupuestaria contiene diversos artículos que privilegian el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas prioritarios del gasto público y la obligación de no afectarlos en primer orden en caso de una disminución de ingresos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe actualizar y adelantar la información sobre el ejercicio presupuestal al cierre del 3 trimestre del año. Con esta información se podrá verificar el monto de los recursos que deben redirigirse a enfrentar la emergencia para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

Es responsabilidad fundamental de la Secretaría de Hacienda, actuar con máxima diligencia para la atención de la emergencia y la reconstrucción. Las necesidades inmediatas y urgentes de la población no pueden estar supeditadas a burocratismo para la liberación de recursos. Esta Secretaría debe disponer de manera expedita de los recursos de las partidas innecesarias para dirigirlas a la atención de las necesidades urgentes en el contexto que vivimos.

Hemos visto que la Secretaría en lugar de enfocarse en ubicar los recursos presupuestarios que deben ser dirigidos a las labores de atención y reconstrucción, promovió la creación de un Fideicomiso denominado “Fuerza México” para recibir donaciones del sector privado y la sociedad en general. En lugar de promover estas iniciativas, el Secretaría debe cumplir su función primordial de administrar los recursos públicos y encontrar los espacios presupuestarios de los que se puede disponer recursos para las necesidades inmediatas de la población.

Asimismo, la propia Secretaría debe hacer un ejercicio más profundo de revisión de las partidas del gasto que no son indispensables de ejercer para sumarlas con responsabilidad hacendaria y beneficio social al monto base que se propone de 10 mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración para URGENTE RESOLUCIÓN los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigir de manera inmediata por lo menos 10 mil millones de pesos para la atención de la emergencia y daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año, de los recursos disponibles en 10 partidas de gastos innecesarios del clasificador por objeto del gasto como lo son: Comunicación Social y Publicidad, Telefonía Celular, Servicios Oficiales, Pasajes aéreos y terrestres, Viáticos en el extranjero y en el país, Servicios integrales de traslados y viáticos, Apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, así como Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.

Estos recursos son adicionales a los disponibles en los Fondos de Desastres Naturales (FONDEN) y Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FOREEF). Así como a los que se sumen tras el análisis del avance del ejercicio presupuestal al cierre del tercer trimestre.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el término de 7 días naturales envíe a esta Soberanía un informe preliminar pormenorizado del avance en el ejercicio presupuestal al cierre del Tercer Trimestre de 2017 en especial el balance fiscal, para que se analicen todas las partidas de gastos innecesarios que deban redirigirse a la atención de la emergencia y los daños ocasionados por los sismos de septiembre y se pongan a disposición de manera inmediata los recursos remanentes en esas partidas para ese objetivo.

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el término de 10 días naturales aplique la reorientación del gasto de partidas suntuosas hacia la atención de la emergencia y daños ocasionados por los sismos de septiembre de este año.

CUARTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación que en el ámbito de sus atribuciones suspenda de manera inmediata los gastos de comunicación social y publicidad, así como modifique los contenidos de los tiempos oficiales del Estado a cargo del Gobierno Federal para que sea utilizados exclusivamente para la información relativa a la atención de las consecuencias de los fenómenos naturales y las campañas de protección civil, seguridad salubridad, asistencia y educación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Suscriben

Sen. Mario Delgado Carrillo.- Sen. David Monreal Ávila.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Carlos Manuel Merino Campos.

1 Véase: http://www.artemis.bm/blog/2017/09/25/risk-modellers-put-mexico-city-quake-loss-at-up-to-us-4-8bn/ 





Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la República a la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento a lo dispuesto por el artículo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 7 y 19 de septiembre se presentaron sismos de gran magnitud, que ocasionaron gran número de pérdidas humanas y graves daños a la población en diversos estados de la República, entre los que destacan Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de México.

A raíz de estos lamentables sucesos, nuevamente los mexicanos dimos muestra de solidaridad con nuestros hermanos en desgracia. Y el gobierno a través de sus instituciones aplicó los protocolos de emergencia ante la magnitud de los sucesos.

Para mitigar la desgracia se declaró la emergencia e inició la asignación de los recursos del FONDEN. De igual manera, es de mecionar las aportaciones realizadas por muchos mexicanos, e instituciones privadas y de la sociedad civil.

Guerrero ha sufrido, durante los últimos años, diversas contingencias que han dañado a su población y su infraestructura. Recordemos los sucesos ocasionados por las tomentas “Ingrid” y “Manuel”, y recientemente las inundaciones de los días 2, 3 y 4 de septiembre, que provocaron el desbordamiento de varios arroyos, generando daños por inundación en un importante número de viviendas. Dicho fenómeno afectó aproximadamente a 854 mil 636 habitantes que habitan en las distintas regiones del estado.

Ahora han sido los sismos del 7 y 19 los que han provocado nuevamente una gran devastación, que ha generado nuevos daños y afectado a la población y sus viviendas.

De acuerdo a los datos proporcionados por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, las inundaciones provocadas por el huracán en la franja costera y las afectaciones del sismo del martes 19 en la zona Norte, dejaron un saldo de al menos 6 mil viviendas afectadas,   152 planteles escolares dañados; así como más de 500 hectáreas de cultivo, tras el terremoto del martes 19. Los daños ascienden a 1, 350 millones de pesos.

Los municipios de la zona Norte de la entidad, fueron los más dañados por el sismo debido a su cercanía con los estados de Puebla y Morelos donde se registró el epicentro, los cuáles destacan: Atenango del Río, Huitzuco, Copalillo, Tepecoacuilco, Iguala, Taxco y Tetipac. Se registran muchas viviendas con cuarteaduras, en su mayoría con muchos años de construcción.

También hay por lo menos 43 iglesias afectadas, entre ellas la histórica catedral de Santa Prisca en Taxco de Alarcón, donde habrá la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para llevar a cabo la evaluación del daño.

El gobierno estatal confirmó daños en un tramo de la autopista del Sol, en el tramo Cuernavaca-Chilpancingo, señaló que hubo un derrumbe entre Puente de Ixtla, Morelos e Iguala, Guerrero.

Como sabemos , el FONDEN es la bolsa del presupuesto federal creada para mitigar los efectos que produzca “un fenómeno natural perturbador”, así como para apoyar a las entidades federativas, y dependencias de la administración pública federal cuando los daños ocasionados superen su capacidad financiera y operativa.

Asímismo, y debido al sismo de 8.2 del día 7 de septiembre, el gobierno mexicano evalúa  solicitar al Banco Mundial la activación de el llamado Bono Catastrófico, que iría a ser administrado a través del FONDEN. De activarse dicho Bono, se incrementarán los recursos del Fondo en mención.

Nuevamente los fenómenos naturales han golpeado a nuestro país; Guerrero no ha sido la excepción, de ahí pues el presente punto de acuerdo por el que se  exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil  de la SEGOB, a que incluya a los damnificados del Estado de Guerrero entre los beneficiarios por los recursos del FONDEN, y así atender los daños ocasionados por los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre.

Por lo expuesto, someto  a la consideración del Pleno de esta asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, a que incluya como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Suscribe

Sen. Esteban Albarrán Mendoza.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso del huracán “María”, afectados por el paso del huracán “Irma” y envía sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE CON LOS PUEBLOS DE DOMINICA, GUADALUPE, HAITÍ Y PUERTO RICO AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN MARÍA, AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN IRMA Y ENVÍA SUS CONDOLENCIAS A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS QUE PERDIERON LA VIDA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Huracán María es la decimotercera tormenta, séptimo y cuarto huracán principal de la temporada de huracanes en el Atlántico en este año, formado el 16 de septiembre y el tercer gran ciclón consecutivo en el Mar Caribe. Este fenómeno metereológico provocó afectaciones graves en Puerto Rico, donde causó la muerte a 15 personas y dejó sin electricidad a toda la isla. Además, 30 personas más fallecieron en Dominica mientras que 20 siguen desaparecidos, 2 fallecidos en Guadalupe y 3 al norte de Haití, sumando 50 personas fallecidas por el paso de dicho huracán.

En Puerto Rico, el paso del huracán provocó una “devastación extensa” según el Gobernador Ricardo Roselló; los medios locales reportaron que diversos ríos se desbordaron, los vientos derribaron árboles y dañaron viviendas, entre ellos, algunos hospitales.

En Haití, las regiones norte, noroeste y noreste de la isla son las principales afectadas por las intensas lluvias que provocaron inundaciones; cabe destacar que este país se encontraba afectado por el paso anterior del huracán Irma que provocó el desplazamiento de más de 12 mil personas.

En República Dominicana, el huracán registró graves daños en el tendido eléctrico y afectó a 8 mil 856 viviendas dejando 26 mil personas desplazadas y 26 comunidades incomunidadas. Los vientos destruyeron 188 casas y afectaron parcialmente a 861, mientras 14 puentes se vieron afectados. Además, 27 acueductos se encuentran fuera de servicio por lo que más de 389 mil personas no cuentan con el servicio. En esta isla se reportó la muerte de dos personas. Destaca que la zona arrocera más importante del país se inundó por el desbordamiento del Río Yuna y las plantaciones bananeras en el noroeste se inundaron por el aumento del cause del Río Yaque.

Por su parte, en Guadalupe, un pequeño archipiélago de las Antillas, el huracán causó graves inundaciones, caída de árboles y daños en infraestructuras así como una persona fallecida y dos desaparecidas.

En Dominica, el huracán María impactó como categoría 5 por lo que se le cataloga como una de las zonas más destruidas con un 80% de afectación provocando la muerte de 15 personas y 30 desaparecidos. Las líneas telefónicas no funcionan y los servicios de agua están suspendidos.

CONSIDERANCIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho  de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana afectados por el paso del Huracán María, afectados por el paso del Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se incremente la cooperación internacional en materia de prevención de desastres naturales, protección civil y combate al cambio climático con los países del Caribe para salvaguardar de la seguridad de sus ciudadanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Economía a remitir la información y documentación generada en la Primera, Segunda y Tercera rondas de negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo;  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95 numeral 2 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE QUE, SE SIRVA INSTRUIR AL SECRETARIO DE ECONOMÍA A REMITIR A ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA RONDAS DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Tercera Ronda se ha realizado en medio del hermetismo. La secrecía sobre posturas y propuestas medulares se mantiene. No han trascendido propuestas, contrapropuestas o acuerdos. Los jefes de los equipos negociadores de los tres países han declarado generalidades. Del talante y la escasa información disponible se concluye un modesto avance.

Representantes de Canadá comentaron que Estados Unidos no ha mostrado propuestas específicas en temas conflictivos y no se ve muy ansioso para abordarlos.  Quizás se trata de una estrategia para retrasar las negociaciones y hacia final del año imponer una solución en paquete favorable a los intereses de los Estados Unidos (poner a México y Canadá “contra la espada y la pared”).

Se podría traducir una anticipación de la futura cancelación del acuerdo, amenaza recurrente de Donald Trump. Lo cierto es que conforme avanza el proceso y se aborda la parte medular del tratado la renegociación se vuelve más delicada, compleja y difícil.

La postura de los representantes estadounidenses ha sido contradictoria. Por un lado, el lunes su principal negociador rechazó preguntas sobre por qué su equipo no ha entregado propuestas específicas sobre asuntos clave. Por otro lado, el día de ayer la vocera del representante comercial de ese país aseguró que las negociaciones “progresan a un ritmo sin precedente”, con la presentación de textos en 27 capítulos del TLCAN desde que iniciaron las negociaciones.

Durante esta tercera ronda se han discutido temas relevantes como reglas de origen, solución de controversias, aspectos laborales, empleo, inversión y propiedad intelectual y acaba de entrar el de energía.

Los temas espinosos son las reglas de origen –que tiene en vilo a la industria del automóvil en México y Canadá- y los aspectos laborales sobre los cuales  el gobierno mexicano es reacio a discutir e insiste ver como una cuestión interna.  La competitividad de México se basa en salarios de hambre. Con apoyo del gobierno los empresarios se niegan a subir los sueldos para seguir acaparando los beneficios del comercio y en general de la actividad económica. Estados Unidos ya presentó el borrador de un texto sobre estándares laborales pero el tema sobre incremento salarial en México no ha sido presentado oficialmente en las mesas de negociación de acuerdo con los representantes del sector empresarial que apoyan en las negociaciones.

Queda por resolver la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México (64 mil millones de dólares) y Canadá (11 mil millones de dólares) el argumento central utilizado por el magnate neoyorquino para imponer la renegociación del tratado. En reglas de origen, Estados Unidos pide incluir un mayor contenido estadounidense en los productos que se elaboran en la región y de manera específica en los automóviles.

Por otra parte, Estados Unidos quiere eliminar un sistema de arbitraje para resolver las disputas comerciales (capítulo 19), que ha impedido que Washington inicie casos por dumping y subsidios contra empresas de Canadá y México. Ottawa ha sugerido que abandonará las discusiones si se desecha ese capítulo.  Otros temas delicados son los de dumping, subsidios y la relación Estado-inversionistas.

Los obstáculos han sido menores en equidad de género, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencias, competencia, comercio digital y telecomunicaciones.

De cualquier forma la  Tercera Ronda se ha desarrollado en un mejor clima que las dos anteriores, las cuales fueron empañadas por las amenazas y la retórica altanera y prepotente de Donald Trump. Los trágicos acontecimientos por el fuerte sismo del 19 de septiembre atemperaron sin duda la animosidad del belicoso mandatario. Lo que causó inquietud fue la propuesta del Secretario de Comercio de Estados Unidos de revisar el acuerdo cada cinco años, la cual fue rechazada por las autoridades mexicanas. En todo caso, persiste la amenaza de Trump de cancelar el tratado si no obtiene satisfacción a sus demandas, especialmente en lo que concierne la disminución del déficit comercial.

Se ha mantenido la retórica vacía del gobierno mexicano, a saber: i) que México busca sumar esfuerzos en la renegociación del TLCAN para que el bloque económico sea cada vez más dinámico, próspero y competitivo; ii) que en la nueva relación del país con Estados Unidos se defenderá la soberanía, los intereses de los mexicanos y no se aceptará nada que vaya en contra de la dignidad de México; iii) que el objetivo de México es consolidar el acuerdo como un instrumento de integración regional, dando plena certidumbre al comercio entre los tres países; que el equipo de negociadores mexicanos tiene la instrucción de participar en la negociación con seriedad, buena fe y con ánimo constructivo, siempre poniendo el interés de México por delante, al tiempo que se busca un resultado en que ganen los tres países.

Después del encuentro de Ottawa quedan cuatro rondas que deberán concluir antes de que termine el año visto el calendario político en México. La próxima ronda se llevará a cabo en Washington alrededor del 11 de octubre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que, se sirva instruir al Secretario de Economía a remitir a esta Soberanía la información y documentación generada en la Primera, Segunda y Tercera rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.






De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos a transparentar el apoyo que la sociedad civil ha otorgado a la ciudadanía afectada por los desastres ocurridos por los sismos que han afectado a la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, CRISTINA DÍAZ SALAZAR e HILDA FLORES ESCALERA, Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES AL PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS DE OAXACA, PUEBLA Y MORELOS, PARA EL EFECTO DE TRANSPARENTAR EL APOYO QUE LA SOCIEDAD CIVIL A OTORGADO A LA CIUDADANÍA AFECTADA POR LOS DESASTRES OCURRIDOS POR LOS SISMOS QUE HAN AFECTADO A LA REPÚBLICA MEXICANA, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado diecinueve de septiembre, a treinta y dos años del terremoto que sacudió la capital del país en el año de 1985, nuevamente se vivió el terror por un fuerte sismo que ocurrió a las trece horas con catorce minutos y que afectó a los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos y la ciudad capital.

El sismo, si bien fue calificado en menor grado que el del año 1985, por la cercanía de la zona en donde fue detectado el epicentro, azotó fuertemente las entidades mencionadas, dejando posterior al evento daños materiales y pérdidas humanas.

La respuesta de la sociedad fue inmediata, y así vimos como muchas personas acudieron inmediatamente al rescate de las personas que se encontraban en inmuebles colapsados y así pudieron ir rescatando de los escombros a personas que no pudieron salir a tiempo, algunos con heridas propias del evento y en otros casos los cuerpos de quienes lamentablemente perdieron la vida.

La sociedad mexicana ha organizado colectivos de apoyo mediante brigadas que han salido de sus estados de origen para asistir a los damnificados de las entidades mayormente afectadas.

Algunas de las brigadas de la sociedad civil, fueron conformadas por médicos, psicólogos y estudiantes de universidad, quienes en conjunto con aquellos que recolectaron víveres, salieron por las carreteras del país para trasladarse a las entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre, Puebla, Morelos y la Ciudad de México han sido las entidades a las que se ha dirigido el apoyo.

Desde el estado de Querétaro y parte de la zona del bajío, salieron brigadas en caravana, quienes costearon por si mismos los gastos de peaje y gasolina de las unidades en donde se trasladaban, dirigiéndose al municipio de Jojutla en el estado de Morelos, uno de los más afectados con el sismo del pasado martes 19 de septiembre, en donde se sabe y conoce que más de un centenar de viviendas quedaron dañadas, al igual que la parroquia y el propio edificio del ayuntamiento.

La entrega de despensas, víveres y medicamentos no debe ser desviado para fines de propaganda, nos encontramos en un momento de necesidad en el que muchos mexicanos se encuentran en desventura por ser damnificados de la catástrofe natural que nos ha tocado vivir.

El momento que vivimos es para apoyar a la población afectada y debe garantizársele a la ciudadanía certidumbre y seguridad.

Miles de mexicanos han salido a las calles, algunos a apoyar en labores de rescate, otros tanto a brindar apoyo asistencial, muchos otros más a llevar víveres, armar despensas, recolectar ropa y entregarlas en las zonas devastadas.

Hoy, es un momento en el que debemos ser solidarios ante los lamentables acontecimientos que ocurrieron en México el pasado martes 19 de septiembre en el que debe reconocerse el esfuerzo de los miles de mexicanos que en conjunto con profesionales de búsqueda y rescate unieron sus esfuerzos para ayudar a sus hermanos mexicanos.

La sociedad mexicana se ha desbordado saliendo a las calles a ayudar, nuevamente nos dan muestra de la solidaridad y de la reacción inmediata para apoyar a quienes lo están necesitando.

Lamentablemente también hemos venido conocido de diversos cuestionamientos para nuestras instituciones, principalmente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, y no debe cuestionarse a esta noble institución que por décadas ha proveído apoyo a la población más necesitada.

Debemos reconocer que las despensas, víveres, medicamentos, ropa y todos aquello que la sociedad civil ha recolectado, son bienes que han sido adquiridos con el patrimonio económico de los ciudadanos y debe existir transparencia para que a la sociedad civil que hoy se encuentra inconforme, pueda garantizársele credibilidad, y transparencia respecto del apoyo que ésta brindando.

Pugnemos por que exista un control respecto de las colectas ciudadanas de víveres, despensas y medicamentos que han donado con sus propios recursos, y que lleguen en forma inmediata a las zonas afectadas con transparencia y supervisadas por los órganos internos de control con los que se cuenta.

En este momento, por los recientes acontecimientos el apoyo ciudadano se encuentra activo, sin embargo, al paso de los días y semanas, todos regresarán a sus actividades y quienes lo perdieron todo, seguirán necesitando nuestro apoyo.

Las instituciones que fueron creadas para apoyar a la ciudadanía cuenta con los recursos necesarios para que el apoyo no se detenga y fluya con oportunidad, por ello, debe garantizársele a la sociedad civil que los apoyos llegarán sin fines proselitistas, sin protagonismos y ajenos a cualquier tipo de interés personal.

Hay mucho camino por recorrer, el trecho aún es largo, el apoyo a damnificados deberá continuarse realizando y el programa de reconstrucción deberá ser creado para que en forma inmediata se inicie la misma.

Debemos detener las acciones de las autoridades o funcionarios que pretendan hacer de esta lamentable desgracia, un medio para favorecerse e impulsar su imagen para favorecer intereses personales.

En razón de lo anteriormente expuesto, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, presento a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de los Estados de Morelos, Puebla y Oaxaca, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones:

1. Implementen acciones de protección de la población civil que acude a dichos estados a apoyar a los afectados por los sismos.

2. Impulsen acciones de transparencia y rendición de cuentas respecto de los apoyos que la sociedad civil mexicana y gobiernos extranjeros, hagan llegar a esos estados para hacer frente al estado de emergencia derivado de los sismos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar y actualizar el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer aquellas disposiciones en donde señalan los parámetros de reforzamiento en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más riguroso en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan sufrir los habitantes de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido el pasado 19 de septiembre. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

La que suscribe, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  PARA QUE REVISE Y ACTUALICE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER AQUELLAS DISPOSICIONES EN DONDE SEÑALAN LOS PARÁMETROS DE REFORZAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES, ASÍ COMO UN MECANISMO MÁS RIGUROSO EN LA SUPERVISIÓN EN OBRAS, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS RIESGOS QUE PUEDAN SUFRIR LOS HABITANTES DE LA CAPITAL POR FENÓMENOS NATURALES COMO EL OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE conforme al siguiente:

ANTECEDENTES

En días pasados México fue testigo de dos fuertes temblores que ha ocasionado principalmente pérdidas humanas y económicas. Lamentablemente se ha percibido que víctimas de un sismo resultaron serlo por la caída de materia de concreto sobre su cuerpo, debido al movimiento telúrico o porque las construcciones son de mala calidad, con deficiencias o con una antigüedad que llevo a su colapso. Es por ello que, resulta viable hacer un análisis sobre el rol que tiene las normatividad en temas de construcción y el uso de suelo, debido a que se debe contemplar aspectos en la prevención, reducción de daños que pueden tener a partir de fenómenos naturales, con el propósito de reducir los daños que puede causar sobre la integridad de los habitantes.

En particular, uno de los casos más lamentables fue el colapso de un edificio del Colegio Enrique Rebsamen, ocasionó la muerte de 26 personas: 19 niños y 7 adultos, quienes quedaron sepultados bajo los escombros, sin embargo, el colapso puso al descubierto irregularidades a lo largo de la construcción y ampliación del plantel, tanto en la tramitación de permisos, como en la verificación sobre la seguridad.

En la opinión de Ingenieros y rescatistas participantes en la labor de rescate y remoción de escombros, mencionan que, si bien la magnitud del sismo influyó al momento del derrumbe, muchos de estos inmuebles ya no se encontraban en condiciones para ser operables debido a las deficiencias en la construcción  y a la falta de planeación de medidas de seguridad y de emergencia, lo anterior dificultó las acciones para salvar vidas, asimismo probablemente no contaban con la autorización de una autoridad competente, ni cumplían con las normas estructurales exigidas por la Delegación y a su vez , por Protección Civil.

En la opinión de Federico Lamont columnista del Sol de México, sostiene que la política habitacional fue dirigida a detectar suelo para mandar a construir viviendas y al momento en que sus intereses chocaron con los planes de desarrollo, estos se vieron modificados con la complicidad de jefes delegacionales y a su vez de presidentes municipales.

Por su parte, Edmundo Garrido, Procurador de la Ciudad de México, comento que se ha iniciado ya averiguaciones previas en relación a aquellos edificios colapsados en el pasado sismo, y con ello, averiguar si el material de construcción presenta vicios, o a su vez indagar si la actuación por parte de los Directores Responsables de Obra se condujo de mala fe o de manera oportunista, y derivado de ello, descubrir si lo anterior conllevo a un fraude en específico, de tal manera que si las investigaciones arrojan responsables, llevar a cabo las medidas correspondientes en torno a fincar responsabilidades de ser necesario.

De acuerdo con una publicación reciente del investigador del CIDE, Rodrigo Meneses, señala que: “experiencias con sismos pasados sugieren que en los próximos días autoridades, académicos y especialistas técnicos en la construcción y dinámicas del suelo podrían comenzar a revisar la regulación aplicable en materia de construcciones para determinar la pertinencia de incorporar nuevas normas y criterios. Los párrafos siguientes presentan los rasgos generales del papel que juega el reglamento de construcciones de la CDMX en sus dos facetas [como norma sísmica y como memoria pública]. Al hacerlo, pretendo mostrar no sólo las cualidades que distinguen estos dos roles del reglamento de construcciones, sino subrayar la importancia de tener en cuenta esta distinción al momento de revisar la normatividad aplicable en la materia”1.

Asimismo, es pertinente mencionar que el sismo dejó entre su devastación inmuebles con anuncios espectaculares colapsados o al menos con riesgo de caer. Lo que refleja una mala coordinación entre las autoridades encargadas de otorgar los permisos de colocación y verificar que la estructura y el anuncio cumplan con la normativa aplicable.

Además se ha señalado que los edificios que colapsaron en la Ciudad de México al momento del sismo del pasado 19 de septiembre, fueron construidos en su mayoría antes de 1985, de acuerdo con especialistas en arquitectura e ingeniería. También señalan que la falta de reparación adecuada de los inmuebles puede calificarse como corrupción, negligencia o desinterés de los dueños y en algunos casos, de quienes los habitaban.

Por otro lado, tras el sismo de 1985, las normas de construcción establecieron parámetros de reforzamiento de edificios que habían resultado dañados, o bien de normas para inmuebles que fueron construidos a partir de ese año, contemplando que debían soportar un sismo de al menos 8.1 grados. Aunado a ello, en el año 1987, se publicó un nuevo reglamento de construcción que incluía normas de emergencia y mecanismos de control más riguroso para la supervisión de obras. Posteriormente en el año 1997, se realizó una actualización el reglamento en el que se especifican los tres tipos de suelo de la Ciudad de México para fijar la resistencia y las características para resistir un temblor.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III.- Que el artículo 3 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México señala que la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de dicho Reglamento corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:

I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto;

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares localizados en Áreas de Conservación Patrimonial incluyendo las zonas de monumentos Históricos de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, así como a las Normas de Ordenación de los Programas General y Delegacionales;

III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley;

IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento;

V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y Corresponsables;

VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a las características previamente registradas;

VII. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones que pongan en peligro a las personas o sus bienes, o en aquéllas que causen molestias;

VIII. Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación o uso de una instalación, predio o edificación;

IX. Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, así como determinar las densidades de población permisibles;

X. Ejecutar con cargo al propietario o poseedor, las obras que se le hubiere ordenado realizar y que en rebeldía, el mismo no las haya llevado a cabo;

XI. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos por la Ley, su Reglamento y este Reglamento;

XII. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos previstos por este Reglamento;

XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este Reglamento;

XIV. Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las Normas de este Reglamento, los acuerdos, instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas que procedan para el debido cumplimiento del presente Ordenamiento;

XV. Utilizar la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus disposiciones, y…

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que revise y actualice el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer aquellas disposiciones en donde señalan los parámetros de reforzamiento en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más riguroso en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan sufrir los habitantes de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido el pasado 19 de septiembre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de otubre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

1 http://derechoenaccion.cide.edu/sismos-y-reglamentos-ciudad-de-mexico-septiembre-2017-iii/ Consultado el 27 de septiembre 2017.





Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a los acontecimientos en Cataluña, España. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.








Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo Estatal del gobierno de Guerrero a atender los daños provocados en el Hospital General de Chilapa de Álvarez por los sismos. Se turna a la Comisión de Salud.








De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de emergencia, como fue el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su saturación. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN EL USO ADECUADO DE LA RED DE TELEFONÍA Y DATOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA COMO FUE EL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR SU SATURACIÓN conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

La reforma en materia de telecomunicaciones que fue aprobada el 30 de abril del 2013, cuyo objetivo principal es realizar cambios impulsado por los poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer los lineamientos para crear una nueva estructura regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, basado en principios fundamentales como el de la certidumbre jurídica, efectividad, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independiente y transparencia. Derivado de ello, se presentó la Estrategia Digital Nacional, en el que se establecen las acciones y políticas para dar acercamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, a la población. Con el propósito de incorporar esas tecnologías a la vida cotidiana de las personas y de las empresas.

Además, dicha reforma crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento; el cual tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a la infraestructura activa, pasiva, entre otros.

Es importante mencionar que, la llegada de las tecnologías de la información y comunicación ha tenido impactos positivos en la sociedad contemporánea, en distintos niveles, en el individual, en el social, en el mundo laboral, económico, político y en general. Entre los impactos positivos se encuentran: es utilizada como una herramienta para compartir, divulgar y debatir información; puede servir como plataforma educativa; permite una mayor conciencia colectiva de los desastres naturales o de algún conflicto político; entre otros. En ese sentido, resulta importante destacar el papel de las telecomunicaciones como medio imprescindible para el ejercicio de diversas maneras el derecho a la información que tienen los individuos.

Derivado de lo anterior, tras el sismo de 7.1 grados ocurrido el pasado 19 de septiembre a las 13:14 horas, las líneas telefónicas locales se saturaron por el exceso en el uso para  mandar mensajes y realizar llamadas, debido a ello algunas compañías telefónicas actuaron de manera pronta y oportuna uniéndose a la población y facilitando la comunicación por redes sociales como son WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras, siendo AT&T y TELCEL las cuales a los pocos minutos del sismo abrieron de manera gratuita a los pobladores, esto ayudo a facilitar el que las personas pudieran contactarse y para divulgar información concerniente a lo ocurrido, colaborando con las acciones de ayuda y rescate.

Aunado a ello, empresas como TOTALPLAY y TELMEX no pudieron abrir de manera inmediata la cobertura de wifi en las zonas afectadas debido a que su estructura (cables y fibra óptica) se encontraban en malas condiciones, al día siguiente tras algunas reparaciones las empresas telefónicas comenzaron a liberar en algunas zonas el wifi creando y dando a conocer en sus redes sociales los usuarios creados así como el password que podrían utilizarse, de igual manera hicieron un llamada para que los usuarios pudieran compartir su señal de wifi dejándola como de libre acceso para poder ayudar a las personas que se encontraban en los lugares más afectados. 

Por otro lado, las cabinas telefónicas ubicadas en algunos puntos de las zonas afectadas el día del siniestro se volvieron de mucha demanda pues en alguno de los casos se convirtieron en el único medio de comunicación viable para algunas personas que se encontraban en la calle, este “protocolo de emergencia” tuvo una duración que va desde el día 19 de septiembre hasta el día 24 de septiembre por la madrugada. Por otro lado, las redes fijas continúan en algunos lugares brindando el servicio de manera gratuita.

Ante ello, resulta importante que el Instituto Federal de Telecomunicaciones como encargado de regular y desarrollar las telecomunicaciones y la radiodifusión, también sea medio que informe a los usuarios sobre el acceso y uso de las comunicaciones en situaciones de riesgo como lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, en donde se notó una saturación en las redes. Y con la intención de que se evite este tipo de situaciones en las comunicaciones, se deben realizar campañas informativas oportunas y claras para la población. 

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II. Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que de acuerdo al artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señala que el Instituto es un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente….

…El Instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los equipos que se conecten a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación de la conformidad de dicha infraestructura y equipos. Los funcionarios del Instituto deberán guiarse por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Desempeñarán su función con autonomía y probidad.

IV. Que conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo segundo señala que Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las  opiniones,  las  preferencias  sexuales,  el  estado  civil  o  cualquier  otra  que  atente  contra  la  dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

V.- Que de acuerdo al artículo 77 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones  que a la letra dice:

Corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social el ejercicio de las siguientes atribuciones:

 I…

II. Formular y proponer al Presidente el programa para dar cumplimiento a la política y estrategia de comunicación social del Instituto;

 III. Emitir la información a través de los diferentes medios de comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades del Instituto, así como conducir los programas de comunicación social y campañas de difusión e información del Instituto, y consultar las particularidades de las campañas de difusión y el contenido de los mensajes específicos con las áreas especializadas, así como evaluar los resultados de las mismas;

IV, V..

VI. Coordinar la publicación y distribución de informes del Instituto, así como de las publicaciones oficiales del mismo y divulgarlas a través de distintos medios impresos o electrónicos. La producción editorial que realice el Instituto estará a cargo de un Comité Editorial autorizado por el Pleno;

VII. Identificar, analizar y procesar la información de los medios de comunicación, referentes a los acontecimientos de interés del Instituto;

VIII…

IX. Facilitar el acceso a redes sociales desde el portal de Internet del Instituto con el propósito de soportar y fortalecer las capacidades institucionales de atención a las agendas de usuarios de servicios y audiencias, así como diseñar la estrategia de participación del Instituto en redes sociales, y

X…

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que realice una campaña informativa con el propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de emergencia como fue el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su saturación.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a los acontecimientos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer sus estrategias, políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la actual administración del estado de Chihuahua, una de las principales preocupaciones de la población es la concerniente al incremento sostenido de la inseguridad y violencia que se presenta en la entidad. Entre otras cuestiones, dicha situación queda de manifiesto en el resurgimiento de actividades ilícitas relacionadas con conflictos entre organizaciones criminales y narcomenudeo local, así como fricciones por las rutas internacionales.

Aunque la delincuencia tiene diversas aristas, una de las que más preocupa es la concerniente al aumento de delitos denominados de alto impacto: homicidios, secuestros y extorsiones, lo que ha generado una crisis de violencia que a su vez ha derivado en una descomposición que tiene como repercusiones la desconfianza, temor e incertidumbre de la población.  

En días recientes se dio a conocer en medios de comunicación que en los ocho meses del año en curso, en el estado de Chihuahua la cifra de homicidios registra un incremento del 73% respecto al mismo periodo del año anterior. Indican que con base a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2016 se presentaron 733 denuncias por homicidio doloso, en 2017 el número asciende a mil 265 [*].    

Según información del propia Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en todo el año pasado fueron presentadas 57 mil 902 denuncias en la entidad, en los primeros siete meses del año en curso el número asciende a 40 mil 147, por lo que de continuar con esta tendencia, podría llegar a casi 70 mil, de ahí la urgencia de que sean fortalecidas las acciones en materia de seguridad pública [*] .

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, de enero a junio de 2017 el número de incidentes ha estado por encima de la media y meta planteadas, por otro lado, mientras que en los primeros seis meses de 2016 hubo 512 homicidios, en el mismo periodo de 2017, la cifra ascendió a 793 [*] . Aunado a lo anterior, se puede observar que delitos como extorsión, robo a casa habitación, robo a negocio, lesiones y violación han estado en el mismo supuesto en el presente año.  

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto una situación ante la cual no podemos ser indiferentes ni minimizar desde el Senado de la República, hacerlo implicaría negar protección a la integridad, bienestar, patrimonio y libre desarrollo de la población chihuahuense, la cual exige paz y tranquilidad.

Ante este panorama, llama la atención que el 31 de marzo de 2017 se dio a conocer que el gobernador de la entidad realizó un recorte de 560 plazas relacionadas con temas de seguridad y combate a delitos (policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, peritos, médicos y celadores en la Fiscalía); para aumentar en 134 plazas el grupo de mando de su gobierno (jefaturas de división, subsecretarios, directores generales, jefes de departamento y coordinadores) [*] .

Recientemente, el 19 de septiembre de 2017 se dio a conocer que como saldo de una de las jornadas más violentas, en la entidad se registraron 22 de homicidios, de los cuales cinco fueron mujeres y 11 fueron abatidos en menos de dos horas. [*]

Convencidos de que la seguridad pública constituye una de las principales funciones de todo gobierno, estimamos fundamental que en los términos del exhorto formulado, en Chihuahua se fortalezcan las estrategias, políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017.

En este orden de ideas, es indispensable que a partir del conjunto de instrumentos jurídicos, principios, reglas, políticas, acciones, acuerdos y convenios que existen en materia de seguridad pública, se tomen las medidas que hagan asequible revertir la compleja situación que vulnera a la población.  

Para ponderar la idoneidad del presente punto de acuerdo, es oportuno señalar que en concordancia a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua señala que la seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

De igual manera, cabe advertir que conforme a lo dispuesto en el precepto jurídico en comento, la seguridad pública comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.

Para ello, el estado tiene la responsabilidad de combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, desarrollando políticas, programas y acciones para fomentar valores que induzcan a la legalidad, es ahí donde radica la pertinencia del presente asunto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, para que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias de seguridad pública de la entidad, fortalezca sus estrategias, políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el incremento sostenido de homicidios que se ha registrado durante los primeros ocho meses del 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

[*] https://www.debate.com.mx/mexico/Incrementan-los-casos-de-homicidios-en-Chihuahua-20170906-0044.html
[*]  http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
[*]  http://chihuahua.semaforo.com.mx/
[*]  http://www.animalpolitico.com/2017/03/matan-periodista-miroslava-breach-chihuahua/
[*]  http://www.informador.com.mx/mexico/2017/714571/6/corral-recorta-el-gasto-en-seguridad-en-chihuahua.htm
[*]  http://www.milenio.com/policia/violenta-jornada-deja-asesinatos-chihuahua-milenio_0_1033096694.html






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección  Civil del gobierno del Estado de México a que, con el acompañamiento de la Coordinación Nacional de Protección Civil, instale el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, con cobertura total en dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por su ubicación geográfica, México está sujeto a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos y dos terceras partes de su territorio tienen un riesgo símico significativo.

El pasado 7 y 19 de septiembre, entidades federativas del sur y centro del país fueron afectas por fuertes sismos, que lamentablemente dejaron decenas de muertos, heridos y perdidas materiales.

El impacto económico de los desastres naturales muchas veces es previsto mediante la contratación de una poliza de seguro, es decir, una acción de previsión y ahorro el cual se hace efectivo en caso de que ocurra un incidente inesperado y que proporciona los recursos económicos para afrontar la situación, en otras palabras, protege financieramente a las personas ante el riesgo de perder un bien que sería difícil de reponer.

Actualmente, hay una gran variedad de seguros en el mercado y pueden cubrir diversas necesidades según los objetivos de las personas como un seguro de vida, de automóvil, accidentes personales, gastos médicos mayores, de casa habitación, de salud, entre otros. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al cierre de marzo de 2017, el sector asegurador estaba conformado por 102 instituciones y las primas emitidas ascendieron a 130,935.4 millones de pesos. Los seguros de vida representan el 42% de la composición de la cartera; accidentes y enfermedades 21.1% y daños 48.5%.

Derivados de las altas pérdidas económicas, materiales y lamentablemente humanas que han dejado los desastres naturales, en específico los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre, es indispensable que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) acompañe a las personas para evitar situaciones de abusos el cobro de sus seguros.

Basta señalar que en 2015, la Condusef recibió 15 mil 513 reclamaciones relacionadas con la contratación de seguros, de las cuales, el 37.5% resultaron favorables para el usuario. Respecto a las causas, los cinco temas más recurrentes son: incumplimiento con los términos del contrato o póliza, negativa en el pago de indemnización, cancelación no atendida del contrato o póliza no contratada, solicitud de cancelación del contrato no atendido o aplicado e inconformidad con el monto de la indemnización.1

Además, en 2017, la Condusef dio a conocer que reprobaron en trasparencia el 80% de las aseguradoras de vida en el país. Entre los principales incumplimientos de dichas aseguradoras destacan que la solicitud contiene abreviaturas no explicadas, publicidad engañosa, las condiciones generales no contienen información respecto de la terminación anticipada del contrato, ni tampoco el anexo de disposiciones legales vigentes y la carátula de la póliza, condiciones generales y página web no contiene abreviaturas explicadas o no contiene los datos de localización de la Condusef, para llevar a cabo una posible queja.

El objetivo de la Condusef está estipulado en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 5 que establece que: tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios.

Es importante destacar que si las personas están aseguradas, las compañías aseguradoras deben brindar a los usuarios la información necesaria sobre el proceso que deben seguir para adquirir, en la medida de lo posible, los recursos que les permitan recuperar su patrimonio. Además, para proporcionar apoyo a las personas que contrataron un seguro, las aseguradoras podrían coadyuvar a agilizar los trámites, acciones, recursos, trámites o gestiones y promover una pronta respuesta a las demandas de los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el marco de sus atribuciones, establezca y difunda un programa de asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. Asimismo, proporcione información a los usuarios de seguros en espacios públicos y medios de comunicación sobre sus derechos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Condusef, ¿seguro que tu seguro es seguro?, en línea [Disponible en:]
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/444-asegura-tu-camino





Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas, tomando en consideración las recomendaciones internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A QUE ACTUALICE EL CATÁLOGO OFICIAL DE PLAGUICIDAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES Y REVOQUE LAS AUTORIZACIONES DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS PROHIBIDOS EN OTROS PAÍSES POR SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD HUMANA, EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD DEL PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Existe gran variedad de plaguicidas en el mercado, siendo la mayoría a base de activos químicos que suelen ser dañinos, no sólo para la plantación sino también para el consumidor de los productos, ya que su uso no se limita a las actividades agrícolas, sino que se extiende a otros sectores como el doméstico y el industrial, por lo que su comercialización es mucho mayor.

En materia de plaguicidas, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con fundamento en la fracción II del artículo 17 bis de la Ley General de Salud tiene la facultad de:

“II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;”1

Aunado a lo anterior, la COFEPRIS se encuentra facultada para emitir un Catálogo de plaguicidas, que contiene los plaguicidas registrados ante la secretaría de Salud, que son los únicos cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México.

Al respecto, la Red de Acción de Sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A.C., asociación civil cuyo objetivo es “fortalecer la participación ciudadana para lograr un futuro libre de sustancias químicas tóxicas que amenacen los derechos a la salud y a un medio ambiente para las presentes y futuras generaciones”2; llevó a cabo una investigación titulada “Los plaguicidas altamente peligrosos en México”.

En el estudio de referencia, se comparó el Catálogo Oficial de Plaguicidas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de 2016 con la lista de los plaguicidas altamente peligrosos de la Pesticide Action Network Internacional en su versión de diciembre de 2016, investigación mediante la que se encontró que en México están autorizados 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos que se venden en nuestro país en más de tres mil artículos comerciales como insecticidas, herbicidas, fungicidas, fumigantes y hasta para campañas de salud pública, entre los que encontramos: el insecticida endosulfán, el conservador de madera pentaclorofenol, el fumigante bromuro de metilo, Paratión metílico, Clorpirifós etil y Cipermetrina por mencionar algunos.3

Del total de ingredientes activos de plaguicidas que se comercializan en nuestro país, el 30% son altamente peligrosos y el 23% son prohibidos en otros países. A mayor abundamiento, 63 ingredientes activos, tienen una toxicidad aguda alta (34.43%) según clasificación de la OMS 1A y 1B; 43 plaguicidas son probables causantes de cáncer (23.50%) según la Agencia de Protección Ambiental de Estado Unidos; 35 plaguicidas considerados como perturbadores endocrinos (19.13%) según criterios del Sistema Global Armonizado aceptados por la Unión Europea; 21 plaguicidas son tóxicos para la reproducción (11.48%) y dos son mutagénicos4.

Los plaguicidas altamente peligrosos se encuentran relacionados con la presencia de enfermedades como el cáncer, y efectos irreversibles en la salud humana como mutagénesis y problemas reproductivos, entre otros.  

Por ello, se considera necesario que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, garantice el cumplimiento pleno y efectivo de sus funciones como órgano de control y vigilancia sanitaria, y elimine del Catálogo Oficial de Plaguicidas los ingredientes activos altamente peligrosos que debido a los estándares internacionales se encuentran prohibidos en muchos países por sus severos efectos sobre la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a que actualice el Catálogo Oficial de Plaguicidas tomando en consideración las recomendaciones internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país.

Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf

2 http://www.rapam.org/identidad/

3 La tabla contempla se encuentra disponible para su consulta en: “Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México”:
http://www.rapam.org/wp-content/uploads/2017/09/Libro-Plaguicidas-Final-14-agst-2017sin-portada.pdf pág. 335-243.

4Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México”, Ibid. pág. 75.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo a realizar una campaña de información y brindar la asesoría necesaria a la población afectada por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante el mes de septiembre la fuerza de la naturaleza ha ocasionado tragedias de diversas magnitudes en nuestro país, el primero de Septiembre la tormenta tropical Lidia, afectó severamente el estado de Baja California Sur; el 9 de Septiembre, 11 entidades sufrieron el sismo de mayor intensidad e que se tenga registro en nuestro territorio, que devastó muchas comunidades de Chiapas y Oaxaca, principalmente; el 19 de septiembre, un segundo sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter afectó el centro del país, ocasionando graves daños en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos y Puebla.

El saldo de estos eventos ha sido lamentable, más de 400 personas han perdido la vida y cerca de 190 mil inmuebles sufrieron graves daños o fueron destruidos.

Los efectos en la infraestructura también han sido considerables, tan solo en la ciudad de México, 38 inmuebles han colapsado, 11 en la delegación Benito Juárez, 11 en Cuauhtémoc; 4 en Coyoacán; 3 en Iztapalapa y Tlalpan y 2 en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

Hasta el pasado martes el gobierno de la Ciudad de México informaba haber recibido 18 mil 523 solicitudes para revisar inmuebles, de los cuales 10 mil 903 habían sido verificados, 9 mil 095 han sido dictaminados como inmuebles sin riesgo, 1 mil 038 con algún problema pero habitables y 500 con daños estructurales, los cuales se deberán de revisar nuevamente para definir si es necesario demolerlos.

Entre las estructuras afectadas podemos señalar departamentos, casas, escuelas, iglesias, centros comerciales, mercados, estacionamientos, fábricas, oficinas, centros de espectáculo.

Esta situación ha ocasionado, entre otras problemáticas, el temor de los trabajadores a perder su empleo o que no le sea pagado su salario. Cabe mencionar que hay personas que perdieron a un familiar o su patrimonio, una situación que los imposibilita acudir a laborar, toda vez que su prioridad personal es la de proteger y brindar seguridad patrimonial a sus familias. Estos casos ocasionados por causas de fuerza mayor, también son considerados por el marco jurídico vigente, en defensa de los trabajadores y de sus fuentes de trabajo.

Los trabajadores que resultaron afectados por los sismos en el País deben notificar al patrón su causa de fuerza mayor y acreditarla con evidencias, a fin de garantizar el pago de su salario y ante cualquier conflicto laboral.

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 134, fracción V) que una de las obligaciones de los trabajadores es dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;1

Lo que se interpreta jurídicamente como la posibilidad de faltar a las responsabilidades laborales en caso de existir algún caso fortuito o de fuerza mayor que impida poder asistir a los centros laborales.  Por lo tanto, podemos afirmar que los trabajadores afectados por algún fenómeno natural, están protegidos jurídicamente si no es posible asistir a su lugar de trabajo o si se encuentra afectado por la misma situación, siendo obligación de los patrones y contratistas, no poner faltas o descontar sueldos en caso de ausentismo.

Por otra parte los patrones están obligados a suspender sus labores hasta que los centros de trabajo estén debidamente verificados por autoridades de protección civil y se reestablezcan las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.

Es necesario mencionar que el pasado 20 de septiembre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió las siguientes recomendaciones:

“En todos los centros de trabajo ubicados en las entidades afectadas (Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero) deberán aplicarse estrictamente los protocolos de seguridad y salud para verificar sus condiciones antes de permitir el ingreso de trabajadores, a efecto de prevenir la ocurrencia de riesgos laborales.

En caso de observarse alguna condición de riesgo, deberán suspenderse las actividades hasta en tanto se restablezcan las condiciones de seguridad y se cuente, en su caso, con el dictamen favorable de la Comisión Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo.”2

Además en nuestro país contamos con la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet)  dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la cual ha señalado que “en caso de temblor, los trabajadores no están obligados a presentarse en sus centros laborales cuando perciban que existen riesgos potenciales a su seguridad e integridad o cuando, a consecuencia del sismo, estén impedidos para presentarse a laborar.”3

La Profedet ha puesto a disposición de los trabajadores líneas telefónicas y las oficinas de la misma institución para atender quejas o dudas por parte de los trabajadores, sin embargo un importante número de trabajadores no conoce estos derechos laborales con los que cuenta, por lo que es deseable y necesario, el poder realizar una campaña inmediata de información a través de los medios masivos de comunicación para dar a conocer estos derechos laborales plasmados en nuestro marco jurídico vigente.

Por las razones antes expuestas sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, realicen una campaña de información y brinden la asesoría necesaria a la población afectada por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre en las entidades federativas del sur y centro del país, a fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Ley Federal del Trabajo, artículo 134.

2https://www.gob.mx/profedet/prensa/comunicado-de-la-stps-medidas-de-seguridad-
en-centros-de-trabajo-sismo-del-19-de-septiembre-127751

3https://www.gob.mx/stps/articulos/profedet-orienta-a-trabajadores-impedidos-de-
presentarse-a-trabajar-como-efecto-de-sismos?idiom=es






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones por parte de la Delegación Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa que permitieron la ampliación irregular de las instalaciones del colegio “Rébsamen”, las cuales resultaron colapsadas durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Se turna a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El fuerte sismo que se presentó el pasado 19 de septiembre de 2017, puso de manifiesto los avances en materia de protección civil que se han alcanzado en los últimos años y que permitieron salvar cientos de vidas. Desafortunadamente, también evidenció diversas irregularidades en la construcción de distintos inmuebles que colapsaron porque no cumplían con la normatividad aplicable en la materia.

El caso más emblemático de esta serie de irregularidades en la construcción de inmuebles lo representa el Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la Delegación Tlalpan y en el que lamentablemente murieron 19 niños y ocho adultos, luego de que se derrumbara una parte del edificio. De no haber sido por la oportuna respuesta de los rescatistas, las consecuencias habrían sido todavía más terribles.

Entre las irregularidades encontradas en el Colegio Rébsamen destaca que encima de la construcción original se construyó un departamento de manera ilegal, el cual  por lo menos en tres ocasiones fueron clausuradas por autoridades delegacionales y de protección civil por el incumplimiento de las normas en materia de construcción.1 Precisamente en  ese lugar fue en donde el edificio se colapsó y en el que los menores y personal de la escuela quedaron  atrapados, luego del sismo.

Diversos medios han documentado que el Colegio enfrentó en diversas ocasiones suspensión de obras por exceder la altura permitida para una escuela.2

De acuerdo a información del Instituto de Verificación Administrativa, el Colegio operaba de manera indebida, al funcionar con un documento falso que la amparaba para trabajar como escuela, cuando su uso de suelo correspondía a un uso habitacional.3

El Presidente del INVEA, Meyer Klip Gervitz, señaló que desde enero de 2017, el Instituto emitió una resolución en la que señalaba que el Colegio violaba el uso de suelo. Además, presentó una denuncia por una presunta falsificación de un certificado de uso de suelo y estableció una multa de casi 110 mil pesos.4

Klip Gervitz indicó que no se pudo proceder a la clausura del Colegio, porque éste contaba con un amparo, sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México aseguró que no han emitido sentencia alguna que imposibilitará al INVEA sancionar las violaciones al uso de suelo.5

La magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Yasmín Esquivel Mossa, aseguro que: “El INVEA pudo continuar con su procedimiento en virtud de que no hay suspensión que favorezca al colegio.” El Tribunal reconoció la legalidad y validez de la multa impuesta por el Instituto, enfatizó que Klip Gervitz “miente en relación al juicio sobre la escuela.”6

Los hechos son contundentes y dejan de manifiesto la omisión del INVEA para proceder a la clausura del Colegio, con lo cual se podrían haber prevenido los lamentables hechos del 19 de septiembre de 2017.

La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el Colegio Rébsamen contaba con un dictamen realizado en junio de 2017, que confirmaba que cumplía con la normatividad aplicable y que se podrían realizar adecuaciones7, sin embargo, la realidad fue otra y parte del inmueble colapsó el pasado 19 de septiembre. Si bien es cierto que el Director Responsable de Obra no proporcionó información fidedigna, también lo es que las autoridades delegacionales tenían la responsabilidad de supervisar que las obras una vez finalizadas cumplieran con la normatividad aplicable. El artículo 65 del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México señal que:

Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido deberá ser registrado por la autoridad en el carnet del Director Responsable de Obra y del Corresponsable, en su caso.8

La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 39, fracción II, establece que corresponde a las y los jefes delegacionales de cada demarcación territorial, expedir las licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad correspondiente. Por otra parte, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, en el artículo 7, apartado B, fracción I, Inciso c), señala que, las delegaciones podrán ordenar a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas administrativas en materia de construcciones y edificaciones.

La legislación es clara y señala la responsabilidad de la Delegación Tlalpan en expedir los permisos para ejecutar las obras de construcción en el Colegio Enrique  Rébsamen, las cuales debían ajustarse  a la normatividad aplicable; mientras que al INVEA le correspondía supervisar que dichas obras se apegaran a las especificaciones que le habían  sido autorizadas previamente por las autoridades delegacionales y en este caso, debió proceder a clausurar el Colegio.

Las normas de construcción de la Ciudad de México son de las más rigurosas a nivel internacional, por ello, ante las irregularidades observadas en la ampliación de obras del Colegio Rébsamen, es evidente que en esta ocasión no fueron las normas las que fallaron, sino más bien fueron los hechos de corrupción los que permitieron que con toda impunidad en dicho Colegio se realizaran obras que no estaban apegadas a los estándares establecidos y requeridos.

Los legisladores del PRI, consideramos que resulta apremiante que se investiguen posibles omisiones por parte de las autoridades de la delegación Tlalpan y del INVEA a fin de deslindar responsabilidades y prevenir que nunca más se vuelvan a presentar este lamentable tipo de hechos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, investigue posibles omisiones  por parte de la Delegación Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa que permitieron la ampliación irregular de las instalaciones del Colegio Rébsamen, las cuales resultaron colapsadas durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Asimismo, para que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 “Permitieron hasta un jacuzzi sobre aulas del Rébsamen” El universal,>
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/permitieron-hasta-un-jacuzzi-sobre-aulas-del-rebsamen>
Consultado el 25 de septiembre de 2017.

2 “Clausuras, un permiso falso, casas sobre la escuela: las irregularidades del Colegio Rébsamen” Animal Político,
< http://www.animalpolitico.com/2017/09/colegio-rebsamen-irregularidades-sismo/>
Consultado el 25 de septiembre de 2017.

3 “Documento falso avaló la construcción del Colegio Rébsamen” Noticiero Televisa,
< http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-09-24/vecinos-denunciaron-
irregularidades-construccion-colegio-rebsamen/> Consultado el 25 de septiembre de 2017.

4 “Colegio Rébsamen se amparó eludir violación a uso de suelo”, El Universal,
<http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/colegio-rebsamen-se-amparo-para-
eludir-violacion-uso-de-suelo-invea> Consultado el 27 de septiembre de 2017.

5 “Invea puede sancionar al colegio Rébsamen: Tribunal”, El Universal, <
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/invea-puede-sancionar-colegio-rebsamen-tribunal> Consultado el 27 de septiembre de 2017.

6 Ibíd.

7 “Colegio Rébsamen operaba con legalidad, afirma delegada de Tlalpan”, El universal, <
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/colegio-rebsamen-operaba-con-legalidad-afirma-delegada-en-tlalpan> Conusltado el 25 de septiembre de 2017.

8 Reglamento de Construcción de la Ciudad de México,  Artículo 65. El subrayado es nuestro.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos ejercidos por el gobierno estatal en materia de adquisición de seguros por daños materiales causados por fenómenos naturales, a fin de esclarecer diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los montos, el proceso de contratación y la empresa proveedora. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, el estado de Puebla es una de las entidades federativas más vulnerables de presentar daños a causa de fenómenos naturales, esto se debe a las alteraciones de uso de suelo, ubicación geográfica y tipos de suelos, climas y mantos freáticos.

Las zonas de la Sierra Norte, Nororiental y Sierra Negra son las más propensas a presentar afectaciones por tormentas tropicales y huracanes, por otra parte, la región de Angelópolis está expuesta a la actividad del Popocatépetl el cual es considerado uno de los volcanes más activos del país. La Región Mixteca por sus características áridas, tiene la mayoría de los meses escasez de agua y pocas tierras cultivables para ser destinadas a la agricultura. 

Para dimensionar los impactos que en la entidad han generado los fenómenos naturales, basta indicar que solo por el huracán “Earl” la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural para 29 municipios, entre ellos Atempan, Zacatlán, Zoquitlán y Eloxochitlán.

Las fuertes lluvias de los últimos meses, han provocado el desbordamiento de ríos, represas y lagunas, así como el reblandecimiento de la infraestructura carretera en la zona de Xicotepec de Juárez y Huachinango. También se han documentado inundaciones en zonas habitacionales y en colonias como Héroes de Puebla, Chapultepec, Loma Linda, Guadalupe Hidalgo y la Margarita en la Capital.

Los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre dejaron daños importantes en por lo menos 122 municipios que han sido declarados en emergencia, particularmente en Chiautla de Tapia, Chietla, Atazala, Izúcar de Matamoros, Tochimilco, Jolalpan y Puebla de Zaragoza.1

Los pueblos mágicos de Atlixco y Cholula acusan daños al patrimonio cultural, principalmente en ex- conventos, templos y sitios arqueológicos. Por ejemplo, en Atlixco se vieron dañados mil 223 inmuebles y en Cholula 45 edificaciones patrimoniales, tal situación, desincentiva la visita de turistas nacionales y extranjeros.2

Para hacer frente a estas necesidades, desde el año 2016 el gobierno del estado de Puebla adquirió un seguro por daños materiales causados por fenómenos naturales que tiene una cobertura de por lo menos 30 millones de dólares. Durante la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas, se gastó 110 millones de dólares para estos fines, especificando que el seguro tiene como base 30 millones de pesos y que pueden incrementarse hasta 60 millones de pesos.

En su momento, el titular del ejecutivo estatal dijo que esta póliza se adquiriría con el objetivo de que el gobierno del estado tuviera recursos para el apoyo y salvaguarda de la población, además de contar con herramientas presupuestales para los gastos de reconstrucción de las viviendas, así como los gastos de reparación o restitución de los bienes responsabilidad del gobierno local.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que estos recursos serán importantes en las tareas de reconstrucción de las 1 mil 230 escuelas dañadas y 3 mil 319 viviendas reportadas como pérdida total, así como en el rápido restablecimiento de los servicios básicos, de telecomunicaciones y de la red estatal de caminos y puentes.

Lamentablemente se han denunciado una serie de anomalías, entre la que destacan la poca transparencia del gobierno del estado en relación a los montos de la adquisición del seguro, la cobertura, el proceso de contratación y la empresa proveedora de este servicio, asimismo, existen serias dudas de los cronogramas para la liberación de los fondos y la instrumentación de estos recursos.

Por si esto no fuera suficiente, no es de conocimiento público los planes y acciones de reconstrucción con estos recursos, tampoco la población beneficiaria y los municipios, localidades y rancherías beneficiadas. Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Administración ha referido sobre la contratación del servicio pero que es la Secretaría General de Gobierno la encargada de transparentar dicha información, sin embargo, ésta última no ha otorgado información alguna al respecto.

Estos recursos se complementarán a los 300 millones de pesos del presupuesto participativo, que se generó por las aportaciones de diferentes contribuciones municipales para los trabajos de reconstrucción.

Frente a este contexto poco alentador, es necesaria la intervención del Congreso del estado de Puebla para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad, haga una auditoría integral para identificar y sancionar irregularidades en la contracción, cobertura y comprobación de los gastos generados para el pago de seguros por daños materiales causados por fenómenos naturales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Puebla para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad y en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, realice una auditoría integral a los recursos ejercidos por el Gobierno estatal en materia de adquisición de seguros por daños materiales causados por fenómenos naturales, a fin de esclarecer diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los montos, el proceso de contratación y la empresa proveedora.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado en relación a la adquisición, cobertura, liberación de los recursos y beneficiarios de la contratación de los seguros por daños materiales causados por fenómenos naturales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Constanza Pérez. (2017). Zona de desastre: 122 municipios de Puebla. 27/09/2017, de Periódico Cambio Sitio web: http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/21603-zona-de-desastre-122-municipios-en-puebla

2 Paula Carrizosa. (2017). Atlixco y Cholula, los dos pueblos mágicos más dañados por el sismo y réplica. 27/09/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/09/25/atlixco-cholula-los-dos-pueblos-magicos-mas-danados-sismo-replica/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos ejercidos durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, para la adquisición, instalación, monitoreo y mantenimiento de sensores, bocinas y antenas del Sistema de Alerta Sísmica en la entidad, por presuntas irregularidades. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Contar con un sistema de alerta sísmica, nos ha permitido conocer con momentos de anticipación el desarrollo de algún movimiento telúrico. Este lapso de tiempo, ha sido fundamental para salvaguardar la integridad de la población y se ha constituido como pieza clave en la consolidación de una cultura de la prevención ante agentes destructivos de esta naturaleza.

Desde la fundación del sistema de alerta sísmica hasta nuestros días, se ha incorporado la utilización de la más alta tecnología, con el objeto de identificar con precisión y dar a conocer con oportunidad, la generación y expansión de algún fenómeno natural como sismo o terremoto.

No obstante, el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017, dejó de manifiesto presuntas irregularidades y actos de corrupción en la planeación y destino de diversos recursos económicos en el estado de Oaxaca. Existen elementos suficientes para concluir que los efectos devastadores en municipios del Istmo de Tehuantepec pudieron disminuirse y prevenirse si la administración de Gabino Cué Monteagudo hubiera ejercido con eficiencia, honradez, economía y transparencia los presupuestos públicos.1

Solo durante su periodo, el gobierno de la entidad recibió de la federación más de 6 mil radios de alertamiento sísmico, los cuales hubieran sido determinantes para alertar a la población, a pesar de ello, 60% de estos aparatos nunca fueron distribuidos y muchos de ellos, fueron almacenados en bodegas.

Se han detectado sobrecostos y una mala planeación en la colocación de las bocinas de alto alcance para difundir la señal de advertencia, ya que solo se instalaron en la capital de la entidad.

El panorama sería distinto, si al menos una de estas bocinas se hubiera colocado en Juchitán, que es una de las demarcaciones más afectadas, con el mayor número de pérdidas materiales y humanas.

Se descubrió la falta de pagos por un total de 17 millones de pesos, que resultaron en la cancelación del servicio de alerta sísmica desde el pasado mes de enero.
Por el mismo motivo, la red de estaciones de monitoreo, tampoco han sido objeto de esquemas de mantenimiento preventivo y correctivo a sus equipos.

Por falta de pagos ante la Comisión Federal de Electricidad, los altoparlantes en el municipio de Oaxaca de Juárez estaban fuera de servicio, aunado a ello, se necesita la adquisición de transmisores para dar cobertura con radiofrecuencia a las estaciones de radio y televisión para que en caso de alguna contingencia se mantenga informada a la sociedad.

También, es importante indicar que en los años 2010 y 2011, la administración federal junto con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, realizaron gastos superiores a los 255 millones pesos con el objeto de actualizar el Sistema de Alerta Sísmica y ampliar la red de acelerógrafos en la costa del Pacífico.

Durante este tiempo, se compraron 88 mil radios o alertas sísmicas, de las cuales el 76% se instalaron solo en cuatro núcleos 10 mil 506 piezas nunca se utilizaron o se mantuvieron guardados en diferentes bodegas.2

Frente a este panorama poco alentador, es necesario que se realicen las investigaciones correspondientes y se establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan, para sancionar estas conductas antijurídicas, ya que al no entregarse e instalarse debidamente el equipo comprado se vulneró la seguridad de la ciudadanía.

El estado de Oaxaca se encuentra en una zona sísmica, de ahí la relevancia de contar con un sistema de alerta que funcione y permita proteger la vida de los oaxaqueños en escuelas, hospitales, espacios públicos, zonas habitacionales, localidades, comunidades y rancherías.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, exhorta al Congreso del Estado de Oaxaca para que a través de la Auditoría Superior de la entidad, realice una auditoría integral a los recursos ejercidos durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, para la adquisición, instalación, monitoreo y mantenimiento de sensores, bocinas y antenas del Sistema de Alerta Sísmica, por presuntas irregularidades como sobrecostos, desvío de recursos públicos, incumplimiento en los compromisos adquiridos y malversación de fondos, que derivaron en la falta de una alerta oportuna del sismo del pasado 7 de septiembre  de 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente.

1 Francisco Mejía. (2017). Alerta sísmica no sirve por adeudo con la CFE. 18/09/2017, de Milenio. com Sitio web:
http://www.milenio.com/estados/alerta_sismica-no_sirve-adeudo-cfe-sismo-lluvias-oaxaca-
estaciones_monitoreo-milenio_0_1030696922.html

2 Paris Martínez. (2017). El gobierno compra alertas sísmicas, pero éstas desaparecen o se quedan en bodegas. 18/09/2017, de Animal Político Sitio web: http://www.animalpolitico.com/2017/09/gobierno-compra-alertas-sismicas-desaparecen-bodegas/






De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y agradece la solidaridad de los países y organismos internacionales que enviaron ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para hacer frente a las afectaciones ocasionadas por los sismos    sucedidos el 7 y 19 de septiembre del presente año. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a remitir un informe sobre el motivo por el cual al día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE REMITA UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA EL MOTIVO POR EL CUAL AL DÍA DE HOY EL ESTADO NO HA ELABORADO UN MECANISMO DE INFORMACIÓN Y MONITOREO EN CONTRA DE LOS DELITOS QUE SE COMETEN EN CONTRA DE LAS MUJERES, ESPECIALMENTE LOS FEMINICIDIOS. ASIMISMO INFORME A ESTA SOBERANÍA LA CANTIDAD DE FEMINICIDIOS SUSCITADOS EN LA ENTIDAD Y POR ÚLTIMO A QUE REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL ESTADO ESTÁ TOMANDO PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

ANTECEDENTES

1. Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. (Resolución de la Asamblea General Resolución 48/104 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993) (Mujeres, s.f.)

2. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es una violación de derechos humanos, un problema de justicia social y de salud pública.

3. La violencia contra las mujeres se manifiesta por si misma a nivel físico, sexual, emocional y económico. Las formas de violencia más universalmente comunes incluyen la violencia doméstica y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y violencia emocional/psicológica. (Mujeres, s.f.)

4. La violencia contra las mujeres y niñas ocurre en variados escenarios tanto públicos como privados, incluyendo el hogar, espacios dentro de las comunidades tales como las escuelas (dentro y alrededor de ellas), en las calles o espacios abiertos (por ejemplo, mercados, transporte público), centros de trabajo (por ejemplo, oficinas, granjas y fábricas); instituciones manejadas por el Estado o instituciones asistenciales tales como prisiones, estaciones policiales o instalaciones donde ser brindan servicios de salud y bienestar social. (Mujeres, s.f.)

5. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. (Salud, 2016)

6. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. (Salud, 2016)

7. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. (Salud, 2016)

8. Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel de instrucción, el maltrato infantil o haber estado expuesto a escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. (Salud, 2016)

9. Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de ellas mismas y de sus hijos. (mujer, s.f.)

10. Aunado al maltrato físico y emocional hacia la mujer, la violencia doméstica tiene un impacto potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños que vienen de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar, en Latinoamérica, la edad promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar, contra 12 años en caso de no contar con ella. (mujer, s.f.)

11. En México 1 de cada 5 mujeres ha sido maltratada física o sexualmente., de igual forma se tiene estimado que cada 6 horas ocurre el asesinato de una mujer en nuestro país de los cuales más de 85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes. (mujer, s.f.)

12. Al mes de septiembre del presente año la Asociación Artemisas por la Equidad, estima que en el estado de Nuevo León se han suscitado 52 feminicidios  (Félix, 2017), sin embargo, estas cifras no son oficiales ya que el propio estado carece de canales oficiales para informar este tipo de actos delictivos a pesar de que el día 30 de noviembre del 2016 el Senado de la Republica exhorto al Gobierno del Estado de Nuevo León a “diseñar un mecanismo de información y monitoreo de los delitos que se cometen en contra de las mujeres”. (República, 2016)

CONSIDERANDOS

I. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, queda claro que la violencia en contra de las mujeres es un hecho grave y repetitivo en nuestra sociedad.

II. Ante dicha problemática el Gobierno Estatal no ha tenido una respuesta contundente para tratar la violencia dirigida a las mujeres y así proporcionar un entorno seguro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León a que remita un informe a esta soberanía en donde explique el motivo por el cual al día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios.

Segundo: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León a que informe a esta soberanía la cantidad de feminicidios suscitados en le entidad.

Tercero: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que remita un informe a esta soberanía sobre las medidas que el estado está tomando para combatir la violencia de género.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

Bibliografía:
Félix, V. (17 de 09 de 2017). http://www.milenio.com. Obtenido de
http://www.milenio.com: http://www.milenio.com/region/mara_fernanda-feminicidio-marcha-
puebla-mujer-milenio-monterrey-noticias-asesinato_0_1031896978.html
León, G. d. (1 de octubre de 2016). Semaforo de Incidencia. Obtenido de Semaforo de Incidencia:
http://nl.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
mujer, Y. b. (s.f.). Ya basta de violencia contra la mujer. Obtenido de Ya basta de violencia contra la mujer:
http://www.yabastadeviolencia.com/-sabias-que
Mujeres, O. (s.f.). ONU Mujeres. Obtenido de ONU Mujeres :
http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
República, S. d. (30 de 11 de 2016). http://www.senado.gob.mx. Obtenido de http://www.senado.gob.mx:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/Dic_Equidad_alerta_genero_NL.pdf
Salazar, C. (10 de octubre de 2016). Reporte Indigo. Obtenido de Reporte Indigo:
http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/nl-justicia-mujeres
Salud, O. M. (septiembre de 2016). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/






Asimismo, hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones de la agenda política y del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

Del grupo parlamentario del PRD, sobre la conmemoración del 2 de octubre de 1968.

(No se registran intervenciones)

EFEMÉRIDES

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario luctuoso del doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, pionero en la investigación del tifo y la brucelosis.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del Aniversario Luctuoso del Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda, “Pionero en la investigación del Tifo y la Brucelosis”

Reconocer a los mexicanos de valor es un deber como ciudadanos y legisladores, de esta manera acercamos a los jóvenes al conocimiento e incentivamos su curiosidad por saber y conocer a mexicanos que han creado, desarrollado y promovido acciones en beneficio de todos.  Y sobre todo  les hace saber que alcanzar sus metas es posible cuando hay constancia en la adquisición de nuestros conocimientos.

El Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda, mexiquense, médico, investigador y docente, fue con el Bacteriólogo Hans Zinsser, el descubridor de la vacuna contra el tifus -tifo- en 1931. Vale la pena decir que parte de la inspiración científica, fue la epidemia del tifo en México durante la primera mitad de del siglo XX, la cual había registrado para octubre de 1916 más de diez mil contagios y alrededor de mil muertes por causa de esta enfermedad1

La vacuna descubierta por el Dr. Maximiliano ayudó a salvar la vida de innumerables personas, sus estudios fueron divulgados y aplicados en nuestro país y en el extranjero.

En 1936, colaboró con el General Plutarco Elías Calles en la planeación y funcionamiento de un nuevo centro de investigación científica y en 1937, cuando la Brucelosis o Fiebre de Malta había alcanzado un alto grado de avance en su propagación, el Doctor Maximiliano Ruíz decidió fundar el primer laboratorio especializado en esta enfermedad y el año siguiente (1938), organizó en el Estado de Coahuila el Primer Congreso Nacional de Brucelosis2.

En este campo en específico hizo aportaciones importantes, entre ellas establecer el método científico para la identificación de la bacteria.3  Treinta años más tarde, en 1968, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que la Brucelosis era una de las enfermedades con mayores afectaciones en la salud y economía en los seres humano4, para este entonces México ya contaba con médicos e investigadores especializados en la materia.

Se resalta que en este laboratorio, el Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda mejoró su descubrimiento de la vacuna contra la tifo, creando la vacuna antitifosa la cual ofreció un método más rápido, económico y productivo en la atención de la enfermedad del tifo.

El descubrimiento de la vacuna antitifosa trascendió las fronteras nacionales, enviándola para ser aplicada a los habitantes de Varsovia, a los soldados de los ejércitos francés, alemanes y rusos durante la Segunda Guerra Mundial; posteriormente fue enviada a Sudáfrica y varios países latinoamericanos entre 1940 y 1950. 

La vida del Doctor Maximiliano Ruíz Castañeda, en el ámbito de la investigación fue continua: publicó 4 libros y más de 100 artículos, entre los que destacan, 32 de ellos sobre el tifo, 33 sobre la Brucelosis y dos más orientados a las técnicas de laboratorio, donde describió otra de sus importantes contribuciones: “la inmunorrección en superficie”, que es la base de la operación de las “tiras reactivas” utilizadas actualmente para el diagnóstico de múltiples padecimientos, como los desequilibrios y las descompensaciones agudas que pueden llegar a sufrir las personas con diabetes, especialmente mellitus, y que requieren tratamiento con insulina5.

El 28 de agosto de 1984 fundó el Instituto de Alergias y Autoinmunidad, enfocado a generar descubrimientos y avances en medicina clínica, diagnóstico y tratamiento de enfermedades donde existe alteración inmunológica. El Doctor Maximiliano contó con el reconocimiento nacional e internacional, obtuvo el Premio Nacional de las Ciencias y Premio del Consejo para la Investigación Médica; el reconocimiento de su labor por la Academia de Medicina de Nueva York; la Sociedad de Patología Exótica y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; obtuvo la Orden Nacional al Mérito, otorgada por el Gobierno de Ecuador y la Medalla Luis Pasteur, otorgada por el Gobierno de Cuba.

Fue condecorado con el Mérito Científico y el título de “Hijo Predilecto del Estado de México”, ambos otorgados por el gobierno de su estado natal.

Y con motivo de esta efeméride, es importante referir Maximiliano Ruíz Castañeda, también contribuyó desde el ámbito legislativo, pues fue electo Senador de la República por el Estado de México, durante el periodo 1958-1964.

El Doctor Ruíz Castañeda murió el primero de octubre de 1992, dejando detrás una trayectoria congruente con su vocación personal: la investigación científica para la salud, su ejemplo y gran compromiso es inspiración para fortalecer el desarrollo científico y la divulgación del conocimiento.

Como mencionaba al inicio de esta efeméride, acercar e incentivar el conocimiento es nuestro reto, y no es menor, pues claramente también representa una obligación para el Estado, ya hemos dado avances como el establecer, en la Ley de Ciencia y Tecnología y en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y  Tecnología, el Acceso Abierto que permite la divulgación de información científica y tecnológica, la creación de un Repositorio Nacional y de los repositorios institucionales (2014)6. Recientemente otra reforma en materia de Ciencia y tecnología (2015)7 que promueve que los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública instalen unidades de transferencia del conocimiento.

Sin embargo, debemos seguir fomentando la propagación de la información, incentivando a los jóvenes de este país a que realicen sus estudios, a mejorar sus muchas habilidades, y juntos crecer como Nación, son ellos como lo fue el Doctor Maximiliano Ruíz, el futuro y presente de México.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 Secretaría de Educación. Epidemia de tifo en la Ciudad de México. México Recuperado el 26 de septiembre de 2017 de http://www.cultura.gob.mx/centenario-constitucion/?numero=383

2 N.E. Álvarez-Hernández, M. Díaz-Flores ? y M. Ortiz-Reynoso (2015). Brucelosis, una zoonosis frecuente. Revista Medicina e Investigación, UAEM, pág. 130

3 Ídem.

4 Ibídem, pág. 129

5 Federación Mexicana de diabetes, información consultada el 28 de septiembre de 2017 en 
http://fmdiabetes.org/diabetes-en-mexico/

6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct/LCT_ref08_20may14.pdf

7 Publicada en el Diario oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2015: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct/LCT_ref09_08dic15.pdf






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la No Violencia”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de la No Violencia
2 de Octubre

«La acción No Violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción No Violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva.»

Las Políticas de la Acción No Violenta, Gene Sharp.

En el año 2007 el día 15 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró   el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia en honor al aniversario de uno de los que más abogaron en su vida por la No Violencia, Mahatma Gandhi.

Nacido en la India el 2 de octubre de 1869, Mahatma Gandhi fue un pacifista en cuyas actuaciones siempre estaban presentes métodos de lucha no violentos. Rechazaba la lucha armada y predicaba la ajimsa: un símbolo de la paz que aboga por la no violencia y el respeto a la vida.

Gandhi fue un líder nacionalista, defensor de la justicia y de la igualdad. Durante su vida luchó para lograr la independencia de la India y acabar con las desigualdades. Pero su lucha era pacífica, demostró que el pacifismo es un instrumento viable para alcanzar los objetivos sin necesidad de muertes.

El principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Como dijo Gandhi «la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre».

El principio de la no violencia -también conocido como la resistencia no violenta-rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como «la política de la gente común», esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas en favor de la justicia social.

Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, sobre los hechos del 2 de octubre de 1968.

EFEMÉRIDE

Relativa a los hechos del 2 de octubre de 1968

La matanza de Tlatelolco es una de las fechas más dolorosas de nuestro calendario democrático y quizá por lo mismo es una de las más icónicas. Representa la respuesta desesperada y desarticulada de un régimen caduco a los jóvenes que pedían un cese a las hostilidades de las autoridades y el fin de prácticas autoritarias.

El 2 de octubre de 1968, decenas de jóvenes fueron masacrados por el gobierno mexicano tras una manifestación pacífica en que defendieron un pliego petitorio que hoy forma parte del sentido común de nuestra democracia; en él pedían libertad para los presos de conciencia, la derogación de artículos del código penal utilizados para justificar la represión (el delito de disolución social, por ejemplo, había surgido al calor de la guerra fría y contra los comunistas mexicanos), la desaparición del cuerpo de granaderos y el deslindamiento de responsabilidades de funcionarios responsables de actos violentos contra los estudiantes.

No se trataba de demandas desproporcionadas y todos los reclamos eran justos, atendibles para un gobierno decente cualquiera, además de que fueron apoyados por miles de personas de diverso origen social. Quizá eso es lo que hizo que los capitanes del régimen se sintieran acorralados. La matanza del dos de octubre fue un acto intempestivo, de intención ejemplar, que quiso inhibir el surgimiento de una juventud demócrata, de vocación pluralista y libertaria, que terminó regando con su sangre la semilla del nuevo régimen en México. Se trató, sin duda, de un exceso brutal aún para el autoritarismo priista. Y, sin embargo, hablar sólo de Tlatelolco, hace que algunas veces olvidemos que en 1968 los jóvenes ganaron en la calle y en la simpatía de mucha gente y que fue por eso que al gobierno no le quedó más respuesta que las balas: porque en las ideas y en el espacio público ya había sido derrotado por miles de muchachas y muchachos valientes.

Vale la pena ir un poco atrás y recordar lo que estaba pasando. Entre el 23 de julio y el primero de agosto de ese año, no había nada que permitiera pensar en la deriva trágica del movimiento estudiantil; nada que anticipara una represión desproporcionada, aunque el espacio público estaba marcado por la radical novedad de la movilización juvenil -que tuvo, al interior suyo, la radical novedad de la movilización femenina. Esos días, jóvenes de más de 15 años, de vocacionales, de la izquierda universitaria y profesionistas solidarios, tomaron las calles de la Ciudad de México.

En la primera fase del movimiento, los más jóvenes se manifestaron, hicieron propaganda, manifestaciones, reuniones en mercados y plazas: fueron más visibles que nunca. Un informe de la Dirección Federal de Seguridad citado por Ariel Rodríguez Kuri, da cuenta de que los más movilizados eran los estudiantes de vocacionales y preparatorias, mientras que los universitarios se sumaron, al principio, en menor medida.1

Lo que empezó como el enfrentamiento de muchachos de escuelas de bachillerato, se convirtió pronto en un movimiento juvenil justamente por la intervención torpe y autoritaria del gobierno del entonces Distrito Federal y, después, del de la república. La represión priista, reeditada hasta nuestros días con la misma brutalidad, ocasionó incluso que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era oficialista, convocara a protestar contra los excesos de la fuerza pública, que había ocupado preparatorias, perseguido y retenido estudiantes, luchado con ellos a pedradas, macanazos y con granadas lacrimógenas, haciendo gala de métodos todavía en uso como las detenciones arbitrarias a muchas personas que no estuvieron ni siquiera involucradas en el movimiento.

Así como sucedió el día mismo en que este sexenio inició, el poder pretendió -después de atizar la violencia contra los estudiantes- amurallar los espacios públicos, e impedir el paso a plazas como el Zócalo de la Ciudad, y en ese empeño, golpeó y dañó a jóvenes estudiantes que sólo demandaban el fin de las agresiones policiales y se defendían de ellas; defensa en la cual, desde el barrio universitario, lograron derrotar a la policía de la Ciudad -pues no hay organismo de policía suficientemente capaz cuando está apoyado sólo en la injusticia y la sinrazón.

Los espacios de la juventud de entonces, sus escuelas y las áreas adyacentes, los autobuses en que viajaban, fueron súbitamente ocupados por el autoritarismo policial, de modo tal que muchos de los afectados -mayoritariamente estudiantes, aunque no solamente- salieron a defenderlos. El sistema autoritario no les dejó otra forma de hacerse escuchar que no fuera la de la fuerza. Esto fue muy claro a partir del 26 de julio y los días siguientes, hasta el 30, cuando ante la impotencia de la policía, que había perdido la batalla, el ejército intervino en el barrio universitario del centro histórico de la Ciudad, quebrando, parcialmente, la protesta con un nuevo despliegue de autoritarismo.

Pero la represión no es nunca definitiva cuando un movimiento está unido y tiene causa. Y el movimiento no paró: siguió el activismo y organización ejemplar del Consejo Nacional de Huelga, las asambleas en las escuelas, el estruendoso sonido de los pasos en la marcha del silencio, la toma de la Ciudad Universitaria por el ejército y los actos de desagravio del rector Barros Sierra, aquel que dijo que vivieran los jóvenes y viviera la discrepancia. Y, finalmente, Tlatelolco, con toda la confusión y toda la oscuridad y malicia de los cuadros del gobierno, que sólo coincidieron en una cosa: en que un reclamo democrático no podía triunfar, de modo que había que acabar con él sin importar el costo.

El dos de octubre de 1968 es una herida honda en la sociedad mexicana. Una mancha que el priismo jamás podrá lavarse, pues construyó su continuidad en el poder con episodios represivos de este tipo. Pero hemos de recordar también el valor de los jóvenes, que se enfrentaron de manera directa contra el autoritarismo, contra el gobierno y sus símbolos.

Los principales estudios históricos hablan de una confluencia juvenil de estudiantes con vecinos de los barrios, grupos juveniles no estudiantiles, incluso porriles, y otros actores sociales. Es decir, aunque se trató de un movimiento estudiantil y popular a la vez, fueron los jóvenes -dignos y rebeldes- quienes llevaron siempre la batuta.

No deberán extrañarse quienes ahora encabezan las instituciones de que los jóvenes derroten, una vez más, al autoritarismo y a sus partidos. Tenemos ya un camino andado en este sentido. Fueron -fuimos- también jóvenes quienes levantaron a esta ciudad de sus escombros en 1985, y se movilizaron mucho tiempo antes de que las autoridades hicieran su acto de aparición. Y fueron jóvenes también quienes impulsaron el vuelco en la política nacional que significó el Frente Democrático Nacional, cuyo ascenso no puede entenderse correctamente si no se toman en cuenta los antecedentes de tres años   atrás.

Estamos, ahora, en un escenario similar. Hoy, como cada vez que se impone el discurso de la presunta apatía juvenil, los jóvenes de las entidades afectas por los  sismos de septiembre han dado un desmentido categórico a lo que de ellos se decía.

Con la fuerza de sus herramientas y sus teléfonos inteligentes, los jóvenes derrumbaron los mitos desmovilizadores que pesaban sobre ellos. Como en 1985 y como en 1968, el espacio público fue tomando por el liderazgo juvenil que, tal como enseñó la historia, no se queda nunca sólo en eso. A 1968 siguió un recambio generacional en la élite del poder, una mayor participación de las mujeres y la consideración de los jóvenes como sujetos sociales de importancia, de modo que Echverría tuvo que asumir su nuevo espacio en la vida pública.

A 1985 siguió la sacudida democrática de 1988, sofocada por un fraude, pero que dio pie definitivo a la transición al pluralismo en México. A la movilización social juvenil, a la toma del espacio público de 2017 por parte de los jóvenes habrá de seguir un cambio sustancial, verdadero. No porque así lo quiera el poder -nunca ha sido de tal forma-, sino porque cuando una generación de jóvenes toma el espacio público es para abrirlo un poco más. Los jóvenes de 1968 dejaron marca en el imaginario y la historia nacional. No será diferente con las generaciones del presente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Ariel Rodríguez Kuri, “Los primeros días. Una explicación de los orígenes inmediatos del movimiento estudiantil de 1968”, en Historia Mexicana, Vol. 53, No.1 (julio-septiembre de 2003), p.184





De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, sobre los hechos del 2 de octubre de 1968.

EFEMÉRIDE

Relativa a los hechos del 2 de octubre de 1968

La matanza de Tlatelolco es una de las fechas más dolorosas de nuestro calendario democrático y quizá por lo mismo es una de las más icónicas. Representa la respuesta desesperada y desarticulada de un régimen caduco a los jóvenes que pedían un cese a las hostilidades de las autoridades y el fin de prácticas autoritarias.

El 2 de octubre de 1968, decenas de jóvenes fueron masacrados por el gobierno mexicano tras una manifestación pacífica en que defendieron un pliego petitorio que hoy forma parte del sentido común de nuestra democracia; en él pedían libertad para los presos de conciencia, la derogación de artículos del código penal utilizados para justificar la represión (el delito de disolución social, por ejemplo, había surgido al calor de la guerra fría y contra los comunistas mexicanos), la desaparición del cuerpo de granaderos y el deslindamiento de responsabilidades de funcionarios responsables de actos violentos contra los estudiantes.

No se trataba de demandas desproporcionadas y todos los reclamos eran justos, atendibles para un gobierno decente cualquiera, además de que fueron apoyados por miles de personas de diverso origen social. Quizá eso es lo que hizo que los capitanes del régimen se sintieran acorralados. La matanza del dos de octubre fue un acto intempestivo, de intención ejemplar, que quiso inhibir el surgimiento de una juventud demócrata, de vocación pluralista y libertaria, que terminó regando con su sangre la semilla del nuevo régimen en México. Se trató, sin duda, de un exceso brutal aún para el autoritarismo priista. Y, sin embargo, hablar sólo de Tlatelolco, hace que algunas veces olvidemos que en 1968 los jóvenes ganaron en la calle y en la simpatía de mucha gente y que fue por eso que al gobierno no le quedó más respuesta que las balas: porque en las ideas y en el espacio público ya había sido derrotado por miles de muchachas y muchachos valientes.

Vale la pena ir un poco atrás y recordar lo que estaba pasando. Entre el 23 de julio y el primero de agosto de ese año, no había nada que permitiera pensar en la deriva trágica del movimiento estudiantil; nada que anticipara una represión desproporcionada, aunque el espacio público estaba marcado por la radical novedad de la movilización juvenil -que tuvo, al interior suyo, la radical novedad de la movilización femenina. Esos días, jóvenes de más de 15 años, de vocacionales, de la izquierda universitaria y profesionistas solidarios, tomaron las calles de la Ciudad de México.

En la primera fase del movimiento, los más jóvenes se manifestaron, hicieron propaganda, manifestaciones, reuniones en mercados y plazas: fueron más visibles que nunca. Un informe de la Dirección Federal de Seguridad citado por Ariel Rodríguez Kuri, da cuenta de que los más movilizados eran los estudiantes de vocacionales y preparatorias, mientras que los universitarios se sumaron, al principio, en menor medida.1

Lo que empezó como el enfrentamiento de muchachos de escuelas de bachillerato, se convirtió pronto en un movimiento juvenil justamente por la intervención torpe y autoritaria del gobierno del entonces Distrito Federal y, después, del de la república. La represión priista, reeditada hasta nuestros días con la misma brutalidad, ocasionó incluso que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era oficialista, convocara a protestar contra los excesos de la fuerza pública, que había ocupado preparatorias, perseguido y retenido estudiantes, luchado con ellos a pedradas, macanazos y con granadas lacrimógenas, haciendo gala de métodos todavía en uso como las detenciones arbitrarias a muchas personas que no estuvieron ni siquiera involucradas en el movimiento.

Así como sucedió el día mismo en que este sexenio inició, el poder pretendió -después de atizar la violencia contra los estudiantes- amurallar los espacios públicos, e impedir el paso a plazas como el Zócalo de la Ciudad, y en ese empeño, golpeó y dañó a jóvenes estudiantes que sólo demandaban el fin de las agresiones policiales y se defendían de ellas; defensa en la cual, desde el barrio universitario, lograron derrotar a la policía de la Ciudad -pues no hay organismo de policía suficientemente capaz cuando está apoyado sólo en la injusticia y la sinrazón.

Los espacios de la juventud de entonces, sus escuelas y las áreas adyacentes, los autobuses en que viajaban, fueron súbitamente ocupados por el autoritarismo policial, de modo tal que muchos de los afectados -mayoritariamente estudiantes, aunque no solamente- salieron a defenderlos. El sistema autoritario no les dejó otra forma de hacerse escuchar que no fuera la de la fuerza. Esto fue muy claro a partir del 26 de julio y los días siguientes, hasta el 30, cuando ante la impotencia de la policía, que había perdido la batalla, el ejército intervino en el barrio universitario del centro histórico de la Ciudad, quebrando, parcialmente, la protesta con un nuevo despliegue de autoritarismo.

Pero la represión no es nunca definitiva cuando un movimiento está unido y tiene causa. Y el movimiento no paró: siguió el activismo y organización ejemplar del Consejo Nacional de Huelga, las asambleas en las escuelas, el estruendoso sonido de los pasos en la marcha del silencio, la toma de la Ciudad Universitaria por el ejército y los actos de desagravio del rector Barros Sierra, aquel que dijo que vivieran los jóvenes y viviera la discrepancia. Y, finalmente, Tlatelolco, con toda la confusión y toda la oscuridad y malicia de los cuadros del gobierno, que sólo coincidieron en una cosa: en que un reclamo democrático no podía triunfar, de modo que había que acabar con él sin importar el costo.

El dos de octubre de 1968 es una herida honda en la sociedad mexicana. Una mancha que el priismo jamás podrá lavarse, pues construyó su continuidad en el poder con episodios represivos de este tipo. Pero hemos de recordar también el valor de los jóvenes, que se enfrentaron de manera directa contra el autoritarismo, contra el gobierno y sus símbolos.

Los principales estudios históricos hablan de una confluencia juvenil de estudiantes con vecinos de los barrios, grupos juveniles no estudiantiles, incluso porriles, y otros actores sociales. Es decir, aunque se trató de un movimiento estudiantil y popular a la vez, fueron los jóvenes -dignos y rebeldes- quienes llevaron siempre la batuta.

No deberán extrañarse quienes ahora encabezan las instituciones de que los jóvenes derroten, una vez más, al autoritarismo y a sus partidos. Tenemos ya un camino andado en este sentido. Fueron -fuimos- también jóvenes quienes levantaron a esta ciudad de sus escombros en 1985, y se movilizaron mucho tiempo antes de que las autoridades hicieran su acto de aparición. Y fueron jóvenes también quienes impulsaron el vuelco en la política nacional que significó el Frente Democrático Nacional, cuyo ascenso no puede entenderse correctamente si no se toman en cuenta los antecedentes de tres años   atrás.

Estamos, ahora, en un escenario similar. Hoy, como cada vez que se impone el discurso de la presunta apatía juvenil, los jóvenes de las entidades afectas por los  sismos de septiembre han dado un desmentido categórico a lo que de ellos se decía.

Con la fuerza de sus herramientas y sus teléfonos inteligentes, los jóvenes derrumbaron los mitos desmovilizadores que pesaban sobre ellos. Como en 1985 y como en 1968, el espacio público fue tomando por el liderazgo juvenil que, tal como enseñó la historia, no se queda nunca sólo en eso. A 1968 siguió un recambio generacional en la élite del poder, una mayor participación de las mujeres y la consideración de los jóvenes como sujetos sociales de importancia, de modo que Echverría tuvo que asumir su nuevo espacio en la vida pública.

A 1985 siguió la sacudida democrática de 1988, sofocada por un fraude, pero que dio pie definitivo a la transición al pluralismo en México. A la movilización social juvenil, a la toma del espacio público de 2017 por parte de los jóvenes habrá de seguir un cambio sustancial, verdadero. No porque así lo quiera el poder -nunca ha sido de tal forma-, sino porque cuando una generación de jóvenes toma el espacio público es para abrirlo un poco más. Los jóvenes de 1968 dejaron marca en el imaginario y la historia nacional. No será diferente con las generaciones del presente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Ariel Rodríguez Kuri, Los primeros días. Una explicación de los orígenes inmediatos del movimiento estudiantil de 1968, en Historia Mexicana, Vol. 53, No.1 (julio-septiembre de 2003), p.184





De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Hábitat”.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la No Violencia”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás"
Mahatma Gandhi

El “Día Internacional de la No Violencia es observado el 2 de octubre, en conmemoración al aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.

Sin duda, uno de los grandes hombres que marcaron la historia del siglo XX. Un hombre de después de estudiar en Londres regresó a la India para trabajar arduamente en la recuperación de las tradiciones hinduistas, pregonar su filosofía y reclamar en 1931 la independencia de su nación.

Lo más grande de la hazaña fue conseguirla mediante la lucha pacífica.

Para Ghandi el principio de la no violencia era un medio y un fin, consciente de que todo acto violento, genera mas violencia.

No obstante, este principio no equivale a la actitud pasiva ante los problemas, no se trata de que las cosas no cambien; por el contrario, que sí cambien y para bien, pero rechazando la violencia para lograr un cambio social o político.

Esto ubica la no violencia como una táctica para oponerse a la injusticia, la discriminación y al odio, y en su lugar exigir el respeto a los derechos humanos fundamentales, partiendo de la premisa de que sólo se pueden alcanzar resultados duraderos, entre ellos la paz, utilizando medios duraderos como la no violencia.

Esta estrategia ha sido utilizada por otros grandes en el mundo, como Chico Mendes en Brasil, el Dr. Martin Luther King Junior en los Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica y la Profesora Wangari Maathai en Kenya; quienes inspiraron movimientos en el mundo empleando la no violencia como valor básico y principio de acción.

Por ello, mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 15 de junio de 2007, se estableció esta conmemoración con la intención de diseminar el mensaje de la no violencia, como la mejor herramienta para lograr sociedades donde el estado de derecho, el desarrollo y la paz sean los principales sustentos.

Este día, trata de hacer reflexionar sobre importancia de consolidar naciones estables, donde el primer recurso sea el diálogo y el enfoque pacífico.

También, hacer énfasis en la importancia de la pluralidad, la tolerancia, la comprensión, el respeto, la concordia y asumir como compromiso de vida el de la cultura de la no violencia, como una actitud que más allá de no ser violentos, sea una que busque alternativas, cambios y soluciones.

Algo quizá no muy sencillo, pero nadie dijo que las cosas buenas eran fáciles.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la No Violencia”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la No Violencia

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:

Este lunes dos de octubre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer los esfuerzos por la paz y hacer homenaje al líder hindú Mohandas Karamchand Gandhi, quien naciera una fecha como hoy, pero del año 1869.

Gandhi -apodado Mahatma, alma grande- es considerado por diferentes analistas e instituciones como el pionero de la filosofía de la no violencia. Sus esfuerzos pacifistas tuvieron como logro la independencia de la India en 1947, además de ser un ejemplo mundial al rechazar la violencia como acción social.

Una idea que ejemplifica el pensamiento de este gran líder se resume en su frase “la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”. Por tanto, los elementos claves de esta filosofía son comprensión, tolerancia, paz, y la referida no violencia.

El Día Internacional de la No Violencia es un homenaje a las acciones comunes que inciden en la justicia social. En esta ocasión la efeméride tiene una distinción especial, debido a que se recuerdan diez años de la primera celebración realizada por iniciativa de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el gobierno de India en 2007.

Este esfuerzo fue adoptado por la Asamblea General de la ONU, por lo que a lo largo de esta década cada dos de octubre se han pronunciado discursos por el Secretario General en funciones, actos protocolarios, conferencias, sellos conmemorativos, entre otras acciones.

El principio de la No violencia ha sido utilizado en diferentes países en disputas de las sociedades para alcanzar un determinado cambio mediante el rechazo de la guerra como medio de resistencia, por lo que ha sido un factor universal adoptado de forma generalizada.

La No violencia como forma de transformación social tiene como principio que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de los gobernados, por lo tanto, el retiro de esa confianza posiciona a la sociedad para mostrar su descontento hacia políticas públicas que desaten conflictos, lo que contrasta con la pasividad o ignorar un problema comunitario.

La importancia del Día Internacional de la No Violencia es fomentar en la población, a escala mundial, que aún existen países y localidades en guerra, y que el derramamiento de sangre y el dolor no deben ser los mecanismos para solucionar las diferencias. Por tanto, el principio de la No violencia puede ser difundido en todas las naciones y sensibilizar a las personas para que adopten esta cultura, y con ello resolver mediante el diálogo y la comunicación cualquier desacuerdo.

Por su atención muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de los Animales”.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la No Violencia”.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de las Personas de Edad”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de las Personas de Edad

1 de octubre

En nuestro mundo que envejece rápidamente, las personas mayores desempeñarán un papel cada vez más importante a través del trabajo voluntario, transmitiendo su experiencia y conocimientos, cuidando a sus familias y con una creciente participación en la fuerza laboral remunerada.

El 1° de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad.

Este día tiene por objetivo reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial.

Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de organizaciones, anuncios en los medios de comunicación, foros o conferencias públicas, y actividades intergeneracionales.

La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto, aceptable.

Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores.

Tales formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar, por ello es importante trabajar en mayores formas de inclusión de las personas mayores.

El tema en torno al Día Internacional de las Personas de edad en 2017 «Entrando en el futuro: Aprovechar el talento, la contribución y la participación de los mayores», hace referencia a la necesidad de posibilitar y aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias, comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en cuenta sus derechos y preferencias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de los Animales”.

EFEMÉRIDES

En conmemoración del Día Mundial de los Animales

El Día Mundial de los Animales se celebra cada 4 de octubre. En esa fecha se realizan eventos especiales en todo el mundo haciendo hincapié en la necesidad de la conservación y el respeto de las diferentes especies en cualquiera de sus formas y manifestaciones.

Corresponde a la Ley General de Vida Silvestre regular la conservación de la vida silvestre y su hábitat mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y y promover la restauración de su diversidad e integridad.

En el Día Mundial de los Animales reitero mi firme compromiso con la atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre y los animales en cautiverio.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de los Animales”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial de los Animales

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:

El Día Mundial de los Animales se celebra el 4 de octubre de cada año. A lo largo de la historia, los movimientos e iniciativas sociales, siempre han sido un vehículo importante para la participación de la ciudadanía en la política y son elementos clave en la lucha por lograr una mayor justicia social.

La vida de los animales son profundamente afectadas por las acciones del ser humano, las empresas y las naciones. Por lo tanto, es esencial que, como seres conscientes, reconozcamos su condición de receptores de justicia social y ello se traduzca en una protección animal efectiva.

El Día Mundial de los Animales intenta agrupar todas las preocupaciones en torno a la vida animal y proponer alternativas de solución a sus problemas. A través de una mayor conciencia y educación, podemos ayudar a desarrollar una cultura compasiva que sirva de apoyo para las reformas legales necesarias y hacer de este mundo un lugar más justo para todos los seres vivos. Un mundo donde los animales sean reconocidos como seres conscientes y gocen de consideración para obtener el mayor bienestar posible.

Para lograr esto, debemos tener una actividad proactiva en relación al tema, y por esa razón exhorto a las organizaciones protectoras de animales, grupos comunitarios, clubes y empresas, así como a ustedes compañeros legisladores a organizar eventos para celebrar el Día Mundial de los Animales. La participación en pro de los animales está creciendo a un ritmo asombroso y ahora es ampliamente aceptada y celebrada en una variedad de formas que no toman en cuenta la nacionalidad, la religión, la fe o la ideología política.

La participación ciudadana en el Día Mundial de los Animales debe crecer hasta alcanzar y conectar a todos los defensores de animales en todos los rincones del mundo. Este movimiento es muy noble, es algo a lo que todos pueden unirse, ya sea que formen parte de una organización, de un grupo o a título individual.

El Día Mundial de los Animales ha contribuido de manera significativa y duradera al avance de las normas de bienestar animal. Por eso es importante seguir apoyando este tipo de iniciativas, ya que el mayor reto que enfrentamos es romper la muralla de indiferencia que aún rodea a la mayor parte de la población, incluyendo a la generalidad de los legisladores, con respecto al cuidado de los animales.

Por su atención muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la No Violencia”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional de la No Violencia”

La violencia lastima y lacera a nuestra sociedad.

La violencia que se vive hoy en día muestra a una sociedad que en vez de avanzar, retrocede, muestra que no somos capaces de arreglar los problemas por la vía del dialogo.

Esto se refleja en cada uno de nosotros, al existir una falta de tolerancia a las ideas opuestas a las personales, en muchísimas ocasiones leyendo los titulares de los periódicos nos damos cuenta que una pequeña diferencia de idea, podría terminar en algunas casos, en violencia o incluso en la muerte.

A nivel mundial, tenemos el antecedente de 2 guerras mundiales:

- La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial (1914-1919), que desencadena con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca y las posteriores alianzas entre países que se declararon la guerra,1 dejo a su paso 10 millones de muertes.2

- La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), surgió por los conflictos no resueltos de la Primera Guerra Mundial y por los regímenes fascistas de Alemania e Italia, quienes tenían una agresiva política expansionista,3 dejo a paso 62 millones de muertes.4

Lamentablemente han muerto millones de personas debido a las guerras.

La Organización de las Naciones Unidas estableció el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, día que además se celebra el natalicio de Mahatma Gandhi.

Establece la conmemoración de este día como un mensaje mundial para erradicar la violencia de nuestras vidas, de transmitir un mensaje a través de la educación y la conciencia pública.

La resolución que establece esta Día Internacional tiene que ver con una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.5

El avance de una cultura de paz, está en cada uno de nosotros.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.historiacultural.com/2010/11/primera-guerra-mundial.html

2 http://www.ellitoral.com.ar/316288/La-Primera-Guerra-Mundial-en-cifras

3 https://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler/guerra_mundial.htm

4 http://www.guerratotal.com/muertos-en-la-segunda-guerra-mundial/

5 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Nacional del Arquitecto”.

EFEMÉRIDE

Día Nacional del Arquitecto

1 de octubre

La arquitectura se ha constituido a los largo de la historia como una manera de proyectar y construir entornos a través de diferentes técnicas, modificando y alterando el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano.

Cada 1º de octubre nuestro país festeja a estos profesionales, pero este año en especial se reconoce la labor de aquellos que salieron a las calles a ayudar a las personas más afectadas tras los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre

Los arquitectos contribuyen,  a crear las construcciones más emblemáticas y representativas de un lugar, una ciudad o país, solucionando necesidades sociales, redefiniendo el paisaje urbano de un lugar y creando nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas.

Desde el año 2004, México conmemora cada 1° de octubre el Día Nacional del Arquitecto, mientras que en diversos países desde el año de 1996 se celebra el Día Mundial de la Arquitectura en esta misma fecha.

Estos profesionales ayudan con sus obras a dar vida e identidad a nuestras ciudades, enriquecen los espacios urbanos, mejoran la infraestructura de un lugar y coadyuvan a construir un mejor país, dejando con sus proyectos un gran legado para la historia.

El Día Nacional del Arquitecto fue aprobado durante el sexenio de Vicente Fox con el objetivo de poder fomentar la fecha como una oportunidad de revalorar la práctica arquitectónica en nuestro país.

A lo largo de la historia, la arquitectura ha constituido una expresión cultural particularmente trascendente de la humanidad, en razón de que en ella encuentran expresión: el devenir histórico, los valores, las creencias, los anhelos y las formas de ver la vida de los grupos humanos.

Reconozco el trabajo de los arquitectos mexicanos, aquellos que sobresalen en el ámbito nacional e internacional, y sobre todo aquellos que contribuyeron desinteresadamente en las labores de rescate por los sismos suscitados el 7 y 19 de septiembre.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de octubre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Hábitat”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial del Hábitat

La naturaleza es la madre y el hábitat del hombre,
aunque a veces una madrastra y un hogar hostil
-John Dewey (1859-1952)-
Filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense.

El 17 de diciembre de 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el primer lunes de octubre de cada año como “Día Mundial del Hábitat” para “reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todas las personas a una vivienda adecuada”.

Esta conmemoración se basa en el concepto más sencillo de hábitat, referido al espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda residir y perpetuar su presencia.

Ciudades y poblaciones rurales son los principales hábitats del hombre, en mérito de que son los lugares donde se concentra la inmensa mayoría de la población, con mucho mayor volumen en las ciudades