Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 17 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 7



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Septiembre de 2017

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:58 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, le informo a la Honorable Asamblea el resultado del registro de asistencia. Se han acreditado hasta este momento 85 Senadoras y Senadores.

Por lo consiguiente, le comento, señor Presidente, que hay el quórum correspondiente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 26 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL LUNES
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la Ciudad de México a las trece horas con once minutos del día lunes veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes setenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron del Senador Humberto Mayans Canabal, el informe de su participación en la reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se realizó los días 3 y 4 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá; y en la sesión de ParlAmericas, en la que se llevó a cabo el 2o. Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático y Energías Renovables.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Defensa Nacional, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo y el Calendario anual de reuniones ordinarias para el Tercer Año de Ejercicio, todo, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Seguridad Pública, su informe de actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió del Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, oficio por el que informa su determinación de declinar a dicha responsabilidad en la Mesa Directiva.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentaria del Partido del Trabajo, oficio por el que informa la incorporación de la Senadora Dolores Padierna Luna a dicho grupo parlamentario.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al Senador Adolfo Romero Lainas como Vicepresidente de la Mesa Directiva, en sustitución del Senador Luis Sánchez Jiménez.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. El Senador Adolfo Romero Lainas tomó protesta como Vicepresidente de la Mesa Directiva.

 

Se recibió de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la propuesta de integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite propuesta fundamentada en el artículo 6 de la Ley de la CNDH, para modificar el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron veinte oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Consejeros de Japón, oficio suscrito por el Presidente de la Cámara de Consejeros, quien, en nombre de esa Cámara expresa condolencias ante los severos desastres naturales que dejaron en México los sismos y los huracanes.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Embajada del Estado de Kuwait en México, oficio suscrito por el Excelentísimo Embajador, quien, en nombre del gobierno del estado de Kuwait, expresa condolencias por las lamentables pérdidas humanas y materiales causadas por el sismo del 7 de septiembre del año en curso.- Quedó de enterado.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Quedó de primera lectura.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a consecuencia de los sismos ocurridos la semana anterior.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con los desastres ocurridos en el país, a consecuencia de los sismos recientes.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, dio paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios en relación con los recientes sismos.- Intervinieron los Senadores: Emilio Gamboa Patrón del PRI; Fernando Herrera Ávila del PAN; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Luis Sánchez Jiménez del PRD.

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

Continuaron las intervenciones de los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Alejandro Encinas Rodríguez; Dolores Padierna Luna del PT; Jesús Casillas Romero del PRI; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Layda Sansores San Román del PT; Héctor David Flores Ávalos del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; David Monreal Ávila del PT; Andrea García García del PAN; Adolfo Romero Lainas del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN; Miguel Barbosa Huerta del PT; Angélica Araujo Lara del PRI; e Isidro Pedraza Chávez del PRD.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

Continuaron las intervenciones de los Senadores: Roberto Gil Zuarth del PAN; José Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI; Patricio Martínez García del PRI; Marcela Guerra Castillo del PRI; Zoé Robledo Aburto del PT; y José María Martínez Martínez del PAN.

(Iniciativa)

La Presidencia dio turno a la iniciativa de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Excitativa)

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 8 de febrero de 2017.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.- La lista de los asuntos se publicó en la Gaceta.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que declara el día 22 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional Sin Automóvil".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis1 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, junto con la Administración General de la Central de Abasto, se promuevan y fortalezcan las acciones de mejoramiento de dicha Central a fin de garantizar la seguridad, mejorar las instalaciones y promover la transparencia de información y recursos.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentaria del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a cumplir de inmediato los compromisos asumidos con los vecinos y comités ciudadanos de las colonias La Florida, Acacias, Crédito Constructor, Actipan, Del Valle y San José Insurgentes, afectadas por la construcción del Deprimido; asimismo, a cumplir de inmediato con la normatividad vigente para la construcción y operación de los túneles, así como con la mitigación de daños de la obra.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a examinar y, en su caso, iniciar las negociaciones para suscribir la "Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información".- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fomentar mecanismos de participación ciudadana que implementen presupuestos participativos y observatorios ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentaria del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Procurador General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a informar el curso de las investigaciones y sanciones que se han generado por la comisión de los ilícitos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación en el desvío de recursos públicos del Gobierno Federal, a través de las universidades públicas, mediante la celebración de contratos, convenios de colaboración y Acuerdos específicos suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios con empresas fantasmas o ilegales.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Luis Armando Melgar Bravo y Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en torno a la asignación de recursos extraordinarios para la reconstrucción y la reactivación económica de Chiapas y Oaxaca, así como la creación de una comisión especial encargada del seguimiento de los resultados de los mismos.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Junta de Coordinación Política el segundo de ellos.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las diversas instancias de protección civil en la República Mexicana a atender a los damnificados del terremoto en el sur del país.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer e implementar procedimientos generales y homologados en la prestación de servicios médicos, incluyendo los protocolos técnicos de atención, las guías de práctica clínica y los correspondientes cuadros básicos de medicamentos, alineando éstos a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana 048-SSA2-2016, para la detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimientos prostático benigno y cáncer de próstata.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentaria del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a crear un fondo especial de reconstrucción para el estado de Oaxaca por las afectaciones generadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover y fortalecer las campañas en materia de prevención de suicidios en el país, con especial atención en el sector etario de 15 a 29 años.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar y difundir una estrategia en materia de seguridad pública en la Ciudad de México que verdaderamente combata el repunte en el índice del narcomenudeo en la capital, así como su impacto negativo en la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes, específicamente en la población joven.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 1 de noviembre de cada año, como Día Nacional del Mole, al titular del Ejecutivo del Estado de Puebla a decretar el 28 de agosto como Día Estatal del Chile en Nogada; así como a los titulares del ejecutivo de las entidades federativas a elegir una fecha a su consideración, para decretar el Día Estatal del platillo emblemático de su entidad.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que determine de forma inmediata la remoción del cargo del Secretario de Comunicaciones y Transportes, derivado de las graves irregularidades identificadas por la Secretaría de la Función Pública, así como la negligencia en el llamado "Paso Express".- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentaria del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar diversas medidas presupuestarias para atender a las zonas afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Protección Civil del Senado los siguientes tres.

 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a llevar a cabo diversas acciones para garantizar la atención integral de los damnificados de Chiapas, así como para la reconstrucción del estado y la reactivación de la economía local, en respuesta al terremoto registrado el pasado 7 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover y fortalecer las campañas para evitar acciones de discriminación y se promuevan acciones afirmativas en las que se garantice el respeto a la diversidad y la efectiva igualdad de oportunidades.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las políticas de programas para prevenir y combatir la violencia física, emocional y sexual en contra de la población infantil, en virtud del incremento de estos eventos en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe de las acciones preventivas y correctivas realizadas al drenaje de la ciudad, con la finalidad de mitigar las inundaciones ocasionadas por las lluvias.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se considere la pertinencia de incrementar el presupuesto destinado al Fondo de Desastres Naturales, ante el aumento de eventos naturales que afectan la integridad, seguridad y patrimonio de la población.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario del terremoto de 1985 y el Día Nacional de Protección Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de Protección Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de Protección Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con trece minutos y citó a la siguiente el martes veintiséis de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo a la Asamblea que se recibieron comunicaciones de las siguientes comisiones:

De la Comisión de Federalismo, con la que se remite su respectivo informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite su respectivo informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Educación, con la que remite su respectivo informe de actividades del segundo año y su programa de trabajo para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la ceremonia de conmemoración de los 100 años del Primer Congreso Feminista en México, celebrada en Mérida, Yucatán, los días 12 y 13 de enero del año 2016.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en el “Foro sobre Empleo Juvenil” del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tuvo verificativo el 15 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá.








Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrado los días 14 al 16 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Panamá, Panamá.








Y del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con la que remite su quinto informe de actividades legislativas.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió una comunicación suscrita por el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas, con la que remite información sobre las acciones de recuperación en torno al sismo del 7 de septiembre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducción de gastos por actividades físicas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su venia, señor Presidente.

La obesidad es un problema que afecta a gran parte de la población de nuestro país.

De acuerdo con datos de la OCDE, en sus “Estadísticas sobre salud 2014 México en comparación”, reveló que la tasa de obesidad en la población adulta, basada en medidas reales de talla y peso, fue de 32.4 por ciento en el 2012, en comparación con una tasa de 24.2 por ciento en el año 2000, la cual representa la segunda tasa más alta de los países de la OCDE, después de los Estados Unidos con un 35.3 por ciento en el 2012.

En este sentido, al menos un 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.

La obesidad genera otras enfermedades crónico-degenerativas en la población que la padece, dos de ellas son la diabetes y la hipertensión.

De acuerdo con afirmaciones realizadas por el Secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, la diabetes mata a más de 98 mil mexicanos al año.

Bajo esta misma lógica, la Secretaría de Salud junto con el Comité Nacional de Seguridad en Salud, a través del Subcomité de Enfermedades Emergentes declararon esta enfermedad como emergencia epidemiológica, señalada con la clave EE-4-2016, para todo el territorio nacional, ante la magnitud y la trascendencia de los casos de diabetes mellitus.

En el caso de la hipertensión, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se estima que en México hay 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen esta patología, de los cuales, 11.2 millones tienen diagnóstico médico y 7.7 millones de personas mantienen el padecimiento controlado.

En días pasados, el Servicio de Administración Tributaria considera la posibilidad de hacer deducibles los gastos generados en nutriólogos y psicólogos, con la finalidad de combatir la obesidad en nuestro país.

La salud de nuestra población es un tema de suma relevancia para los legisladores del PRI.

En consecuencia, propongo complementar dicho esfuerzo incentivando a la población a realizar actividad física, agregando la fracción IX al artículo 151 del Impuesto sobre la Renta.

Dicha iniciativa tiene como objetivo motivar a la población a realizar actividades físicas y reducir el sedentarismo en las nuevas generaciones, previniendo así este tipo de padecimiento.

Por tanto, se propone que se incentive a la población a que realice actividades deportivas mediante la deducción de impuestos hacia las personas que se encuentren laborando en empresas o instituciones y que realicen algún tipo de actividad física o deportiva, ya sea en gimnasios, clubes deportivos privados o públicos.

Por tal razón, les invito a favor de esta iniciativa que pretende mejorar la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente

Exposición de Motivos.

La historia de la cultura física y deporte1 ha ido cambiando en conjunto con la sociedad, lo que ha generado que los países deban adaptarse a las nuevas condiciones que se han generado con la finalidad de impulsar un óptimo desarrollo físico en su población.

De acuerdo con datos de la OMS, al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.2 En el caso de México, se han implementado una serie de programas que buscan incentivar a la sociedad con el propósito de que practiquen algún deporte o realicen alguna actividad física, como ejemplos se encuentran el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte-Actívate,3 el Plan de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades No transmisibles OMS (2013-2020),4 y el Programa de Cultura Física y Deporte.5

No obstante, es necesario resaltar que con base en datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en 2012, detallan que aproximadamente 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso”6 lo que revela la preponderancia del problema en México.

En concordancia con lo anterior la OCDE en sus “Estadísticas sobre la salud 2014 México en comparación”, reveló lo siguiente:

“En México, la tasa de obesidad en la población adulta – basada en medidas reales de talla y peso – fue de 32.4% en el 2012 (en comparación con una tasa de 24.2% en el 2000), la cual representa la segunda tasa más alta de los países de la OCDE, después de los Estados Unidos (35.3% en el 2012). La creciente prevalencia de la obesidad presagia incrementos en la incidencia de problemas de salud (tales como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares), como también costos de salud más elevados en el futuro.”7

Si bien, los esfuerzos realizados por el gobierno para disminuir el problema de la obesidad y las enfermedades que ésta conlleva son de primordial importancia, es indispensable resaltar que de acuerdo con las estadísticas, dicha condición continúa siendo un problema a nivel no solo nacional sino también internacional.

Por lo tanto, es necesario implementar medidas adecuadas para la reducción de los problemas generados por una mala alimentación y falta de actividad física en nuestro país, ya que de acuerdo con la OMS, la inactividad física se encuentra entre los 10 principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial y de padecer enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, entre otras, mostrando que más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel de actividad física suficiente. 8

De acuerdo con afirmaciones realizadas por el Secretario de Salud, el Dr. José Narro Robles, la Diabetes mata a más de 98 mil mexicanos al año, así mismo, la Secretaría de Salud junto con el Comité Nacional de Seguridad en Salud, a través del Subcomité de Enfermedades Emergentes declararon esta enfermedad como Emergencia epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio nacional, ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus.9

Así mismo el Secretario de Salud, José Narro Robles afirmó que:

“El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas muy serios de salud, por lo que es indispensable la participación de toda la población para revertirlos”.10

La importancia de esto radica en la mejora de la calidad de vida de la población y la reducción de gastos en servicios de salud a nivel nacional, con base en datos arrojados por el estudio Carga Económica de la obesidad y sus comorbilidades en pacientes adultos en México,11 menciona que:

“Aproximadamente a México le cuesta del 25 al 27 por ciento de la participación del gasto público en salud,12 además el 35% de los adolescentes y niños mexicanos presentan obesidad colocando al país como el que tiene la población infantil más grande y en adultos sube a 73% sumando un 60.6 millones de nacionales que sufren de esta condición”.13

A lo largo de los años el índice de sobrepeso y obesidad ha incrementado en gran medida así como la asistencia a los servicios de salud a causa de las enfermedades generadas por el aumento de peso y la falta de actividad física en las personas.

Con base en lo anterior, en la Ciudad de México, también se implementó el servicio de transporte “ECOBICIS”, que ha brindado el gobierno por parte del Sistema de Bicicletas públicas compartidas de la Ciudad, teniendo como inicios en febrero de 2010 con 84 ciclo-estaciones y 1,200 bicicletas y ahora cuenta con 452 ciclo-estaciones, más de 6,000 bicicletas y brinda servicio a más de 100,000 usuarios en 43 colonias de tres delegaciones, lo que ha significado un gran aumento en su uso ya que respecto a datos arrojados durante el 2016: 9,069,543 personas hicieron uso de este medio de transporte,14 significando que aunque no es el total, un gran número de individuos preocupados por su salud física hacen uso de este medio de transporte.

Aún con el incremento de la demanda del servicio Ecobici, este ha traído múltiples consecuencias negativas, por un lado imprudencias y accidentes por parte de los conductores de las bicicletas generados por un mal conocimiento vial, así mismo otro factor son las faltas del servicio, en este último, los miembros de Bicitekas15 reconocen que:

“En el sistema Ecobici, hay tanta demanda que el servicio mecánico ya   no da, hoy en día el número de bicis descompuestas ha aumentado, se cae el asiento, no frenan, no sirven los cambios de velocidades, llantas ponchadas, etcétera. Es víctima de su éxito, se está desgastando porque se está utilizando mucho”.16

Generando un riesgo para las personas que hacen uso de este servicio, ya que para el ritmo caótico en el que vivimos, el número de accidentes ha incrementado, ya que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: 17

“Desde 2003, cuando la infraestructura para los ciclistas en la Ciudad de México era inexistente, hasta la actualidad en donde ya existen 14 ciclovías de acuerdo al mapa de Ecobici, el número de accidentes ha crecido en 133%, al pasar de 89 a 207. De hecho, los últimos cuatro años han sido los más altos, en 2012 con 163, 2013 con 159, 2014 con 153 y en 2015 con 207 accidentes.”

Por lo que el practicarlas demanda tiempo y voluntad, aunado a los dos últimos, el proceso de urbanización ha propiciado que las personas prefieran trasladarse por la ciudad utilizando algún medio de transporte ya sea público o privado, en lugar de caminar algunos minutos al día o hacer uso de otro medio de transporte.

Sin embargo además de todos los programas creados y mencionados anteriormente para el fomento de la actividad en México, otro causante de la deserción en la práctica deportiva es por la inseguridad, considerando los resultados expuestos por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública URBANA (ENSU) correspondientes a diciembre de 2016, arrojaron que:

“Las ciudades con mayor porcentaje (71.4%) de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Villahermosa, Chilpancingo de los Bravo, la región Oriente 22 de la Ciudad de México, Ecatepec de Morelos y Fresnillo, con 97.5, 96.2, 95, 94.9 y 90.7%, respectivamente.”

Aunado a esto, el porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura por asistir a los parques o centros recreativos es de 54.0%, y esto va de la mano por un lado, con el 48.8% de los encuestados mencionaron que la razón por la que no asisten es por lo descuidados que están los parques y jardines y en otro sentido existe el temor a que las personas sean víctimas de algún tipo de delito, incitándolos a cambiar sus rutinas o hábitos diarios como caminar por los alrededores de su vivienda o asistir a los parques públicos,18 incrementando el sedentarismo.

Por tanto la falta de seguridad que existe en el país, genera desconfianza entre algunos habitantes, propiciando que el número de salidas se reduzca para evitar ser víctimas de algún tipo de delito, ya que los parques son zonas con mayor inseguridad a ciertas horas y las personas que realizan ejercicio lo hacen o muy temprano o durante la noche por el ritmo de vida que cada uno tiene, exponiéndose a algún tipo de riesgo.

Ergo, a toda persona que no realice actividades físicas serán consideradas sedentarias,19 generando una gran problemática en la población teniendo en cuenta que en México las enfermedades crónico-degenerativas no solamente radican en la falta de actividad física, si no que de acuerdo con la OMS, la causa fundamental se da por:20

“Un desequilibrio energético causado por aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.”

Causando que estas enfermedades se conviertan en temas de salud pública ya que desembocan en discapacidad, catalogándolas en la principal causa de muerte en el país,21 un claro ejemplo es el sobrepeso y la obesidad ya que no es solamente un problema de imagen, sino que es principalmente una cuestión de salud, ya que derivada de estas, surge el desencadenamiento de ciertas enfermedades como la Diabetes,22 en donde respecto a datos arrojados por la Organización Mundial para la Salud (OMS), el número de personas con esta enfermedad ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014,23 por otro lado, la hipertensión,24 siendo otra enfermedad que se desarrolla por tener tanto malos hábitos alimenticios como poca o nula actividad física, como se muestra en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, donde:

“Se estima que en México hay 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen esta patología, de los cuáles 11.2 millones tienen diagnóstico médico y 7.7 millones de personas mantienen el padecimiento controlado.”

Y que además de ingerir grandes cantidades de sodio y de grasas, las personas no las contrarrestan con ningún tipo de deporte o ejercicio provocando daños severos y hasta la muerte; entre otras enfermedades que acrecientan a la población.

Habiendo expuesto las causas anteriores, es necesario que se incentive a la población a que realicen actividades deportivas para contribuir a la mejora de la calidad de vida en nuestro país, así como a disminuir el gasto público en servicios de salud, teniendo como base las acciones puestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien decidió apoyar a los mexicanos devolviendo impuestos a los contribuyentes que deduzcan gastos en nutriólogos y psicólogos, a fin de combatir la obesidad en México.25

En consecuencia, este esfuerzo realizado por las autoridades, debe ser complementado con acciones que motiven a realizar actividades físicas en mayor medida para combatir el problema del sobrepeso y la obesidad, así como otras enfermedades generadas a causa del sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, ya que como se menciona en la revista Forbes México, “sólo el 25% de la población acude a un gimnasio en México”, además de acuerdo con un informe por parte de “International Health Racquet & Sportsclub (HIRSA, por sus siglas en inglés) revela que:

“En México el número de gimnasios pasó de 2,200 en 2010 a 7,826 en    2012, cifra que va en aumento y que este año podría crecer 40%.”

Empero aun con el aumento de establecimientos para la realización de actividades físicas deportivas y aunque México se ubica como el segundo mayor en América Latina, la asistencia a los gimnasios o lugares deportivos sigue siendo baja (2.5%), en contraste con otros países de esta misma zona, como Brasil y Argentina con 6 y 7% respectivamente.26

Por tanto es pertinente incentivar a las personas a que realicen en mayor medida actividades físicas o deportivas con el objetivo de concientizar y que a su vez la realización de ejercicio se vuelva un hábito para que las generaciones existentes y las posteriores, tengan un mejor estado de salud y exista mayor productividad en pro del país.

Por consiguiente, una medida para la contribución al mejoramiento de la salud del país, es mediante la deducción de impuestos hacia las personas que se encuentren laborando en Empresas o Instituciones y que realicen algún tipo de actividad física o deportiva ya sea en gimnasios, clubes deportivos, etcétera.

De acuerdo con el INEGI: “El 54,226.803 personas son económicamente activas,27 ocasionando que la población de ese total se divida en personas que deciden abstenerse al realice de algo en beneficio de su salud, mientras que la otra mitad si busquen actividades físicas para mantenerse en forma ya sea en el hogar, lugares públicos o en su mayoría asistiendo a gimnasios.

Por tanto es imprescindible que se realicen acciones para el fomento y mejoramiento de la salud en la población, ya que aun con el apoyo obtenido por parte de la deducción de los nutriólogos y los psicólogos durante el proceso del cambio del estilo de vida de la persona, el ejercicio es parte fundamental para que junto con la ayuda especializada de los mencionados anteriormente, la pérdida de peso y mejoramiento de salud de este grupo de individuos funcione de manera eficaz para mejor rendimiento físico y evitar enfermedades crónico degenerativas.

Todo lo anterior es benéfico para el país ya que al reducir el porcentaje de sobrepeso y obesidad, se propicia un gran ahorro de gasto público en el sector salud, aunado a que, este cambio puede generar una población más activa y con mejor estado de salud, lo cual traería un gran beneficio a toda la población mexicana.

Propuesta:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Reforma de Ley:

Texto Vigente

Reforma y/o adición

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 30-11-2016

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Párrafo reformado DOF 30-11-2016

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo.

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015

En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien, de discapacidad, la deducción a que se refiere el párrafo anterior sólo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal.

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015

Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberá contener el comprobante fiscal digital por Internet.

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015

II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede.

III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley.

c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley.

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma Ley.

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 83 de esta Ley.

f) A programas de escuela empresa.

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados.

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado.

Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su acumulación.

IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. Para estos efectos, se considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley, por el periodo que corresponda.

Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, en los términos que se establezca en las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que los planes personales de retiro sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a cada una de las personas físicas que integran dichos planes, además de cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En estos casos, cada persona física estará sujeta al monto de la deducción a que se refiere el párrafo anterior.

Párrafo reformado DOF 18-11-2015, 30-11-2016

Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título.

En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la cuenta o canales de inversión, según sea el caso.

VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta.

VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

VIII. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%.

Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal.

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.

Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no son aplicables a las deducciones personales a que se refiere este artículo.

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V de este artículo.

Párrafo reformado DOF 18-11-2015

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 30-11-2016

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Párrafo reformado DOF 30-11-2016

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo.

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015

En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien, de discapacidad, la deducción a que se refiere el párrafo anterior sólo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal.

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015

Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberá contener el comprobante fiscal digital por Internet.

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015

II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede.

III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley.

c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley.

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma Ley.

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 83 de esta Ley.

f) A programas de escuela empresa.

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados.

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado.

Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su acumulación.

IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. Para estos efectos, se considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley, por el periodo que corresponda.

Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, en los términos que se establezca en las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que los planes personales de retiro sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a cada una de las personas físicas que integran dichos planes, además de cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En estos casos, cada persona física estará sujeta al monto de la deducción a que se refiere el párrafo anterior.

Párrafo reformado DOF 18-11-2015, 30-11-2016

Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título.

En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la cuenta o canales de inversión, según sea el caso.

VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta.

VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.

VIII. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%.

Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal.

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.

Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no son aplicables a las deducciones personales a que se refiere este artículo.

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V de este artículo.

Párrafo reformado DOF 18-11-2015

IX. Los gastos destinados a la realización de una actividad física deportiva no meramente recreativa de suscripción semestral o anual propios, del cónyuge, concubino, descendientes o ascendientes en linea recta que sean dependeintes económicamente hasta por un monto de $3000 (tres mil pesos M.N 00/100) por cada uno de ellos y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito , de débito, o de servicios. La presente deducción no incluye los accesorios deportivos necesarios para la realización de la actividad en cuestión.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Olvera. Túrnese a la Cámara de Diputados.

1 Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (2008-2012) Por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. http://activate.gob.mx/Documentos/02_Programa_Nacional_Cultura_F%C3%ADsica_Deporte.pdf

2 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/

3 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2014-2018)

4 La Organización Mundial de la Salud, hizo público su Plan de Acción para prevenir y cojntrolar las enfermedades no transmisibles para el periodo comprnedido entre 2013 y 2020, en el que se observa que es necesario “otorgar prioridad a la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT) en las agendas mundial, regional y nacional y en los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, mediante el fortalecimiento de la promoción y la cooperación internacional”. Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidd y la Diabetes.
PDF http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf

5 El Programa de Cultura Física y Deporte, tiene como objetivo el foltalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante políticas púbñicas que impulsen la masificación de la actividad física y el deporte social, y la promoción del deporte de alto rendimiento.
pdf http://www.vinculacion.uam.mx/archives/CatalogoPF_2016.pdf

6 http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/SIntesis_Ejecutiva.pdf

7 Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 México en comparación, obtenido de:
http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf

8 Organización Mundial de la Salud (OMS), Centro de prensa, Actividad Física, Junio de 2016
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/

9 Así mismo “El Secretario de Salud, José Narro Róbles, afirmó que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas muy serios de salid, por lo que es indispensabñe la participación de toda la población para revertirlos. Con cuatro acciones fundamentales (darle visibilidad a la problemática de salud mediante el convencimiento de la población a la participación, catagolarla de alta prioridad, buscar la coordinación de todas las instancias y el tratamiento de la enfermedad…”
https://www.gob.mx/salud/prensa/emite-la-secretaria-de-salud-emergencia-
epidemiologica-por-diabetes-mellitus-y-obesidad

10 Op.cit

11 Periódico El Financiero, “Obesidad le cuesta ak año a México 2 veces el precio de la línea 12 del metro”, Ciudad de México, México, 22.03.2016
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/obesidad-le-cuesta-al-ano-a-mexico-veces
-el-precio-de-la-linea-12-del-metro.html

12 Estudio “Carga Económica de la obesidad y sus comorbilidades en pacientes adultos en México”

13 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

14 Estadísticas de ECOBICI, 2016.

15 Bicitekas: es una organización de ciclismo urbano de la Ciudad de México. Nace en 1998, impulsada por un grupo de ciclistas soñadores que creían que era posible utilizar la bicicleta para moverse de forma más libre por la ciudad y así incidir de manera positiva en el bienestar de la sociedad. Fecha de consulta 16 de febrero de 2017 http://bicitekas.org/sobre-bicitekas/

16 A las Ecobicis casi todo les falla. Fecha de consulta 15 de febrero de 2017
http://www.proceso.com.mx/432304/a-las-ecobicis-casi-les-falla

17 Se dispara el número de accidentes ciclistas:SSPDF consultada en 13 de febrero de 2017,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/11/28/se-dispara-el-numero-de-accidentes-ciclistas-sspdf

18 Encuesta Nacional de seguridad pública urbana (Ensu).Cifras correspondientes a diciembre de 2016.

19 Sedentarismo es la falta de actividad física adecuada.
http://www.sopecard.org/peru/documentos/portalpacientes/sedentarismo.pdf

20 Obesidad y Sobrepeso. Organización Mundial de la Salud, Junio 2016.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

21 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, estratégia contra el sobrepeso y la obesidad. Redalyc.La obesidad, un problema de salud pública, 2005

22 La Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1999. Report Number: WHO/NCD/NCS/99.2.

23 Informe mundial sobre la diabetes. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2016.

24 La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.Organización Mundial de la Salud (OMS). http://www.who.int/features/qa/82/es/

25 Devolverá SAT impustos a quien baje de pésp. Periódico el Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/01/12/devolvera-sat-impuestos-quien-baje-de-peso

26 Gimnasios Low cost, negocio con perspectiva saludable. Forbes México, jueves 26 de enero de 2017

27 Indicadores de ocupación y empleo al tercer trimestre de 2016. INEGI consultado el 7 de febrero de 2017.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de regulación de suelo bajo régimen agrario.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente.

Hace algunos días me cuestionaban sobre la constitución de un frente amplio político que suelen llamarle Frente Amplio Opositor o Democrático, yo opiné que puede ser, si éste es capaz de construir formas nuevas de resolver viejos problemas, no con lugares comunes ni populistas, si es que esto es así, entonces, podríamos transitar una coalición, entonces tendría sentido.

Después me dijeron que era pragmatismo puro para ganar y que la identidad partidista perdida en un frente, confundiría a los votantes. Yo dije y afirmo, y me parece señalarlo ahora: Que al contrario, que es ahora cuando debemos sacar de los cajones nuestra doctrina y poner sobre la mesa las soluciones que derivan de ella y no de las frases que dan buena calificación en las encuestas.

Así, comencemos, y lo haré a propósito de esta iniciativa que presento ante ustedes para modificar la recientemente aprobada Ley de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

En nuestro primer acercamiento a la problemática del campo, al redactar los principios de doctrina, sobre lo que la nación, dijimos que el problema del campo es uno de los más graves problemas nacionales, que es un problema primordial de nuestra economía, pero que es, sobre todo, un problema de elevación humana, y dijimos que reclama el establecimiento y la afirmación de relaciones de justicia y armonía entre todos los que cultivan la tierra.

Propusimos el establecimiento de cuadros legales de libre y fácil organización para los agricultores, a fin de hacerles posible el uso del crédito, la adquisición y el empleo de aperos y maquinaria, la ejecución de mejoras permanentes, la refacción normal y el avío, el acceso ordenado a los mercados y la liberación del usurero del intermediario comprador a término o burócrata opresor, y dijimos más sobre liberarlos de la explotación y el abuso.

Ahora la ley lo saca hasta de la toma de decisiones de si la ciudad puede crecer sobre sus tierras de cultivo con sólo hacerlos a un lado, y eso no es ni panista, ni solidario, ni injusto, ni justo ni armónico, porque así le deja más libre el camino a los intermediarios, a los usureros, a los burócratas a término que los han estado espoleando y orillándolos a dejar que liderazgos falsos aboguen por ellos, los movilicen y sean de nuevo los falsos redentores los que al final, y como grupos de presión, salgan ganando para dejar a los ejidatarios sin la jícara y sin la miel.

Por eso hoy vengo a presentar a nombre mío, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que propongo reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Dicha ley, es generosa en su intención de hacer efectivo el derecho a la ciudad contemplado en los objetivos de desarrollo sostenible, el cual tiene por finalidad el acceso a una vivienda adecuada.

Si bien, las personas tenemos derecho a una ciudad con servicios básicos, energía, vivienda, transporte y con más facilidades para todos, también lo es que este derecho va de la mano con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y de la pobreza. Lo anterior no se encuentra considerado en la ley que se pretende reformar, toda vez que tampoco vela por la equidad y la igualdad de los ejidatarios quienes de conformidad al artículo 27 constitucional tienen personalidad jurídica propia y en el que se dispone que en la ley reglamentaria de la materia debe de prevalecer el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos.

De conformidad con el artículo 2o. de la Ley Agraria, dicho ordenamiento está en lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos ahora Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual deja de lado el derecho de los ejidatarios y comuneros.

Bastará que los planes y programas de desarrollo urbano determinen que las parcelaciones son susceptibles de una acción urbanística para que en éstas se puedan realizar obras sin el consentimiento u opinión de la asamblea ejidal. En consecuencia, si una parcela es susceptible de acción urbanística y ésta se encuentra en el plano programa de desarrollo, es susceptible de expropiación.

La ley que propongo reformar no garantiza el cumplimiento del objetivo dos de los ODS que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura.

¿Cómo vamos a poner fin al hambre si toda la tierra social es susceptible de desarrollos urbanos?

La urbanización de tierras ejidales no debería tener sólo efectos negativos para el campo si se cuenta con una ley que no sólo contempla formas de urbanización sino promover modelos de inversión que maximicen las oportunidades de los pequeños productores, también la gente del campo tiene derecho a una vivienda digna, no sólo quienes viven en la zona urbana tienen derecho a la ciudad.

La propuesta de reforma y adición que se realiza es también necesaria ya que existe en una concurrencia de leyes entre la Ley de Asentamientos Humanos, la primera pretende lograr el desarrollo ordenado de los asentamientos urbanos y la segunda vela por el respeto al derecho de los núcleos agrarios y sus integrantes, por lo que resulta necesario aclarar en la ley de asentamientos, que es general, que el suelo proveniente del régimen agrario se está a lo dispuesto en la Ley Agraria, ya que en diversas disposiciones del ordenamiento que se propone reformar, se hace referencia a la propiedad ejidal o comunal como susceptible de desarrollo urbano sin tomar en cuenta que se requiere consultar a la Asamblea ejidal o comuneros correspondientes.

Por ello, se propone adicionar una fracción VI al artículo 1o. en la que se establezca la concurrencia de esta ley con la Ley Agraria, con ello, se evitará repetir o aclarar de forma ociosa lo mismo en el cuerpo de ésta Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Se insiste en la necesidad de esta reforma, ya que la constitución del asentamiento humano en los núcleos agrarios deberá adecuarse a los planes de desarrollo urbano.

De igual forma se considera necesario eliminar la palabra parcelaciones de la definición de acción urbanística en el artículo 3o., ya que dicho concepto las incluye de forma directa para uso y aprovechamiento del suelo o las comprende también para la realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos.

Si bien, previo al cumplimiento de la Ley Agraria y a las autorizaciones de la Asamblea ejidal ello puede suceder, en determinado caso dicho concepto puede ser base para que de entablarse un juicio no se respete la voluntad de las personas que representan núcleos agrarios bajo el argumento de que la ley general prevalece sobre la federal; sin embargo, respecto de los artículos 62, 63, 86 y 87 propongo reformarlos para que expresamente dispongan que se está a lo dispuesto en la Ley Agraria y a las autorizaciones de la asamblea ejidal, como aquí lo ha propuesto el Senador Flores, unos días antes, o de comuneros, toda vez que disponen lo relativo a las regulaciones de propiedad en los centros de población, pero a su vez su contenido versa en el aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población y de constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal.

Aunado a lo anterior, si no se cautela la autonomía y las decisiones de la Asamblea será fuente de conflictos más que de resoluciones, no puede desaparecerse de un plumazo la existencia de la autonomía de los ejidos y de sus autoridades sobre el uso de su tierra.

Asimismo, propongo adicionar el artículo 81 especificando que en todo lo relativo al suelo social se estará a lo dispuesto en la Ley Agraria toda vez que el artículo 81 se refiere al suelo en general, sin embargo, se encuentra ubicado dentro del capítulo relativo al suelo proveniente del régimen agrario.

Por su atención, gracias señor Presidente, y le pido que esta iniciativa también sea turnada a la Comisión de Reforma Agraria.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se obsequia su solicitud. Gracias, Senadora Calderón Hinojosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, y atendemos la petición de la Senadora Calderón.






Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, en cuestiones de apoyo a los damnificados de los terremotos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, CON EL FIN DE APOYAR A LOS DAMNIFICADOS DE LOS TERREMOTOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, REDUCIENDO LAS PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Démosle a México la retribución digna que a través de la soberanía que nos ha sido delegada podemos impulsar.

Para la memoria de las mexicanas y de los mexicanos, con esto arranco esta intervención, septiembre de este 2017, será recordado como la fecha en la que el país enfrentó una catástrofe natural en tres distintos momentos.

A principios de dicho mes, hay que recordar, el sureste y centro del país fueron azotados por la fuerza destructora del Huracán Katia, el cual afectó severamente los estados de Oaxaca, de Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México.

Y sin tiempo para recuperarse de este fenómeno natural, la media noche del 7 de septiembre, un terremoto, como aquí ya se ha abordado, de proporciones demoledoras, el más imponente en los últimos 100 años en México, cimbró lamentablemente los estados de Oaxaca y Chiapas, en particular el Istmo de Tehuantepec que fue catalogado como urgencia nacional.

No obstante esta lamentable situación, el 19 de septiembre otro sismo de 7.1 grados Richter golpeó los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y la propia Ciudad de México, provocando una estela de devastación en Jojutla, Morelos, y decenas de edificaciones colapsadas en la ciudad capital del país.

Del centro al sureste del país el proceso de reconstrucción y cicatrización social debe empezar de inmediato. El número de víctimas mortales sumando los tres fenómenos naturales superan ya los 500, aunado a los más de dos millones de damnificados que han perdido sus hogares, y a ello habrá que tutelar la reconstrucción de millares de casas, de cientos de escuelas, de edificios, de negocios, de calles, carreteras y un sinnúmero de elementos de infraestructura social.

Su servidor, ante este escenario nacional, pone a su consideración la presente propuesta legislativa, a fin de aportar sistemáticamente recursos que coadyuven a la reconstrucción nacional.

Debemos entender que lo ocurrido en el país supera cualquier caso de desastre natural en la historia reciente de nuestro país, y del mismo modo que supera cualquier coyuntura política, social o jurídica en ciernes en la República.

La siguiente tesis que propone reducir excepcionalmente el monto de financiamiento público que recibirán los partidos políticos a partir de la siguiente ministración mensual, la propuesta es la reducción del 30 por ciento que sería destinado al fondo que para tal motivo los gobiernos federal y locales instituyan para la reconstrucción de las zonas devastadas, la atención de víctimas y el proceso que conlleve para la reanudación de la vida social.

También, como caso de excepción que amerita esta urgencia nacional, se instruye en esta propuesta que, por única ocasión, los periodos de precampaña y campaña de los procesos electorales federales se reduzcan considerablemente a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral actualice los topes de gastos de cada elección y destine el presunto ahorro al citado fondo.

Asimismo proponemos que los recursos obtenidos por la aplicación de multas e infracciones electorales, por esta ocasión se destinen al fondo que los gobiernos provean para la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, el primer momento ante la tragedia ha sido la solidaridad de la sociedad civil, en comunión con los cuerpos de rescate y Fuerzas Armadas para salvar vidas humanas. Después de esta heroica misión corresponde, de manera inmediata, dar atención a las personas damnificadas. Y queda claro que la siguiente etapa será hacer un balance de los inmuebles colapsados, de los que deberán ser demolidos y de los que necesitan reparaciones, ello con el objetivo de planificar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Y si bien es cierto que aún pareciera muy pronto para contar con un diagnóstico que permita conocer el costo que tendrá la reconstrucción requerida después de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, sin embargo no podemos permitir que este proceso dilate 32 años, como lo que ocurrió con el resarcimiento de daños a las víctimas del sismo de 1985.

El proceso de elaboración del programa de reconstrucción deberá concluirse en no más, desde mi punto de vista, seis meses a partir de que cuente con el censo de inmuebles afectados, y la reconstrucción de éstos no debe ir más allá de cuatro años.

Apelamos a la experiencia internacional, países que en catástrofe salieron avantes y orgullosos de las medidas estrictas que se impusieron. Necesitamos ejemplos de éxito, como Chile y Nueva Zelanda.

La ciudadanía, compañeras y compañeros, nos ha dado, ya lo hemos dicho aquí, una gran lección, nos ha mostrado que todo es posible siempre y cuando se esté dispuesto a darlo todo, al sacrificio incluso.

Las legisladoras y legisladores, el gobierno federal y local, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral no tendrían por qué ser la excepción.

Compañeras, compañeros, de aprobarse esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, estaríamos enviando, sin duda, a las mexicanas y a los mexicanos, un mensaje fuerte, un mensaje claro y contundente de solidaridad, les estaríamos demostrando que no somos sordos ni ciegos ante sus necesidades y que en verdad somos las y los representantes populares que se necesitan en estos momentos.

Son tiempos de unidad, por lo tanto convoco a todas y a todos mis compañeros a que asumamos nuestra responsabilidad y nuestra pasión por México.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente siguiente PROPUESTA LEGISLATIVA CON EL FIN DE APOYAR A LOS DAMNIFICADOS DE LOS TERREMOTOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 REDUCIENDO LAS PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para la memoria de las y los mexicanos, septiembre del año 2017, será recordado como la fecha en que el país enfrentó una catástrofe natural en tres distintos momentos.

A principios de dicho mes, el sureste y centro del país fueron azotados por la fuerza destructora del Huracán Katia, el cual afectó severamente los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México.

Sin tiempo para recuperarse de este fenómeno natural, la medianoche del 7 de septiembre, un terremoto, de proporciones demoledoras, el más imponente en los últimos 100 años en México, cimbró lamentablemente los estados de Oaxaca y Chiapas, en particular el Istmo de Tehuantepec fue catalogado como urgencia nacional.

Los saldos que sumó hasta ese entonces los dos cataclismos arrojaron 97 decesos, 91 por el sismo y 6 por las lluvias producidas por el huracán Katia.

No obstante esta lamentable situación, el 19 de septiembre otro sismo de 7.1 grados Richter golpeó los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, provocando una estela de devastación en Jojutla, Morelos, y cerca de 40 edificaciones colapsadas en la ciudad capital. Los saldos preliminares al momento de redactar la presente iniciativa sumaban 273 decesos.

Las ciudadanas y ciudadanos de México no olvidarán los 12 días que transcurrieron entre un terremoto que azotó principalmente a Oaxaca al siguiente que hizo recordar las más tristes y horrorosas imágenes del sismo del año 1985.

Del centro al sureste del país el proceso de reconstrucción y cicatrización social debe empezar de inmediato. El número de víctimas mortales sumando los tres fenómenos naturales casi llega a 500, más los dos millones de damnificados que han perdido sus hogares, a ello, habrá que tutelar la reconstrucción de millares de casas, cientos de escuelas, edificios, negocios, calles, carreteras y un sinnúmero de elementos de infraestructura social.

Por ello, el fin de la presente propuesta legislativa es aportar sistemáticamente recursos que coadyuven a esa tarea titánica. Debemos entender que lo ocurrido en el país supera cualquier caos o desastre natural en la historia reciente de nuestro país, del mismo modo que supera cualquier coyuntura política, social o jurídica en ciernes en la República.

La siguiente tesis propone reducir excepcionalmente el monto del financiamiento público que recibirán los partidos políticos a partir de la siguiente ministración mensual en un 30% que sería destinado al Fondo que para tal motivo los Gobiernos Federal y locales instituyan para la reconstrucción de las zonas devastadas, la atención de víctimas y el proceso que conlleve para la reanudación de la vida social.

Asimismo, y como caso de excepción que amerita esta urgencia nacional, se instruye que, por única ocasión, los periodos de precampaña y campaña de los procesos electorales federales se reduzcan considerablemente a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral actualice los topes de gastos de cada elección y destine el presunto ahorro al citado Fondo.

Compañeras senadoras, compañeros senadores, en este primer momento la solidaridad de la sociedad civil en comunión con los cuerpos de rescate y fuerzas armadas se avocaron a salvar vidas humanas, después de esta heroica misión corresponde de manera inmediata dar atención a las personas damnificadas, es decir atender sus necesidades básicas de alimentación y alojamiento temporal.

Queda claro que la siguiente etapa será hacer un balance de los inmuebles colapsados, de los que deberán ser demolidos y de los que necesitan reparaciones, ello con el objetivo de planificar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Si bien es cierto aún es muy pronto para contar con un diagnóstico que permita conocer el costo que tendrá la reconstrucción requerida después de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, de acuerdo a cifras oficiales, las estimaciones preliminares, únicamente para los estados de Oaxaca y Chiapas, son equivalentes a 16 mil millones de pesos, falta aún hacer las estimaciones referentes a los daños sufridos en la Ciudad de México y los Estados de Guerrero, Morelos, Puebla y el Estado de México.

Sabemos todos que, debido a la magnitud de la tragedia, será difícil lograr una rápida reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas, porque el proceso mismo de creación y gestión de un programa a tan alto volumen toma algún tiempo, sin embargo, no podemos permitir que este proceso dilate 32 años, como ocurrió con el resarcimiento de daños a las víctimas del sismo de 1985.

Es decir, el proceso de elaboración del programa de reconstrucción deberá concluirse en no más de seis meses a partir de que se cuente con el censo de inmuebles afectados y, la reconstrucción de estos no debe ir más allá de cuatro años.  No omito señalar que para la reconstrucción de los inmuebles afectados deberá tomarse en consideración medidas de seguridad para las nuevas construcciones, de acuerdo a las condiciones específicas de cada una de las zonas afectadas, es decir, a los estilos de vida locales.

Esta etapa de reconstrucción es sumamente importante, no son solo casas caídas; son hogares, representan a las familias y sus historias de vida, y constituyen en muchos casos, el único patrimonio con que contaban.

Si estos argumentos no son suficientes, déjenme decirles que la experiencia internacional demuestra que el crecimiento económico de un país está íntimamente relacionado con la capacidad de reconstrucción en la infraestructura residencial, comercial e industrial y carretera. Modelos exitosos a seguir como el de Chile y Nueva Zelanda que sufrieron los mismos fenómenos naturales levantaron el orgullo nacional para después consolidarse en economía fuerte, y modelos que no resultaron exitosos representa Estados Unidos y Haití después del paso del huracán Katrina.

La ciudadanía nos ha dado una gran lección, nos ha mostrado que todo es posible siempre y cuando se esté dispuesto a darlo todo, al sacrificio incluso.

Las legisladoras y legisladores, el gobierno federal y local, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral no tendrían por qué ser la excepción.

Sin duda alguna la emergencia requiere medidas extraordinarias, que si bien serán temporales, son medidas que ayudaran a paliar en mucho menor tiempo los estragos ocasionados por los sismos que, una vez más, evidenciaron la corrupción de los gobiernos federal, estatales, municipales y delegacionales al otorgar permisos  para construcciones sin que estas cumplan con los estándares mínimos, los cambios de uso de suelo sin que medie un estudio de factibilidad adecuado, instancias de protección civil que no realizan de manera adecuada sus revisiones; sistemas y equipos de alertas sísmicas que no sonaron o en su defecto, sonaron ya iniciados los sismos, en el peor de los casos, no han sido instalados; y así, un sinfín de actos de corrupción que desembocaron en hacer más grande la tragedia.

Compañeras y compañeros, de aprobarse esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, estaríamos enviando a las mexicanas y mexicanos, un mensaje fuerte, claro y contundente de solidaridad, les estaríamos demostrando que no somos sordos y ciegos a sus necesidades, que en verdad somos las y los representantes populares que necesitan.

Con la aprobación de esta iniciativa, cambiaremos el rostro de la política nacional y proporcionaremos elementos tangibles de que la ciudadanía participa en la toma de decisiones, estaremos dando paso a la verdadera democracia.

Que nos quede claro, esta iniciativa más que acompañamiento al gobierno, significa acompañamiento a la población afectada. 

Son tiempos de unidad, no de división, por lo tanto, convoco a todos y todas mis compañeras a que asumamos nuestra responsabilidad, a que cumplamos con nuestras obligaciones con unidad y altura de miras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, Compañeras y Compañeros Legisladores, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 31 numeral 3 y 458 numeral ocho; se adicionan los incisos kk del artículo 44; d en el artículo 226 y un numeral 8 del artículo 251, todos  de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como  sigue:

Artículo 31.

1. … .

2. … .

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la presente Ley. En caso de emergencia nacional por motivos de desastres naturales, el Instituto, de común acuerdo con los partidos políticos, dispondrá del 30% del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en año no electoral y/o del financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto en año electoral, el cual será destinado a la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas.   

4. … . 

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) …;

.

.

.

z) …;

aa) …;

.

.

.

jj) ….

kk) Modificar de común acuerdo con los partidos políticos, en casos urgentes y excepcionales, los plazos de precampaña y campaña de los procesos electorales federales.

2. ….

3. ….

Artículo 226.

1. ….

2. …:

a) …;

b) …, y

c) ….

d) El Consejo General podrá modificar de común acuerdo con los partidos políticos los plazos señalados en los incisos anteriores sólo en casos urgentes y excepcionales.

3. ….

4. ….

5. ….

Artículo 251.

1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….

6. ….

7. ….

8. Los plazos a que se refieren los párrafos 1 y 2 podrán ser modificados de común acuerdo con los partidos políticos sólo cuando lo ameriten casos urgentes y excepcionales en el territorio del país.

Artículo 458.

1. 

a)         …;

b)         …; y

c)         … .

2. … .

3. … .

4. … .

5. … :

a) … ;

b) … ;

c) … ;

d) … ;

e) … , y

f) … .

6. … .

7. … .

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales. Excepcionalmente, en casos de emergencia nacional por motivos de desastres naturales, el Instituto destinará dichos recursos al Fondo, que por ese motivo fuera creado, para la aportación de la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas. 

SEGUNDO.-  Se adiciona el artículo 52 Bis de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 52. Bis

1. Excepcionalmente, las reglas del financiamiento público contenidas en el presente capítulo se verán alteradas cuando exista emergencia nacional por motivos de desastres naturales. En ese supuesto, el Instituto, de común acuerdo con los partidos políticos, dispondrá del 30% del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en año no electoral y/o del financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto en año electoral, el cual será destinado a la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas.

TRANSITORIO

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La reducción del financiamiento público que fijé el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aplicará a partir de la ministración del mes de octubre del año en curso.

TERCERO.- Corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificar los plazos de precampañas y campañas del proceso electoral federal 2017-2018 tomando en cuenta criterios técnicos y científicos que para tal efecto tenga a bien realizar.  

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2017

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, Senadoras y Senadores:

El día de hoy estamos presentando para su consideración, para su análisis y de urgente resolución, la creación de un fondo, en la presentación de la ley, para crear el Fondo Nacional de Reconstrucción 2017.

La ley de orden público, interés social y de observancia general, tiene por objeto la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017 para hacer frente a las acciones de reconstrucción y rehabilitación derivada de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de este año.

El Estado asume la responsabilidad de coordinación integral entre los gobiernos de las entidades federativas, municipales, sector social y privado para el restablecimiento y reconstrucción de la infraestructura de vivienda, servicios de salud, educación, comunicación y, en general, realizar acciones de la reactivación de la economía y la normalización de las actividades de la sociedad, el sector público y privado en las entidades afectadas por dichos fenómenos naturales.

El objeto de la presente ley es:

Primero. Construir un fondo que garantice recibir, administrar y distribuir los recursos, los ingresos derivados de las asignaciones y contribuciones para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, infraestructura escolar, provisión de albergue y servicios médicos, infraestructura de agua potable, construcción y rehabilitación de carreteras, vialidades y caminos rurales, así como para la atención de las personas damnificadas de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de este año.

Segundo. Establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales afectados para el ejercicio del fondo.

Tercero. Garantizar la participación y supervisión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para el correcto ejercicio de los recursos del fondo.

Cuarto. Generar un censo para determinar las necesidades de la reconstrucción y rehabilitación de las entidades federativas afectadas en el país por estos sismos.

Quinto. Diseñar un plan de trabajo para la reconstrucción y rehabilitación de las entidades federativas afectadas en el país por los sismos a que hago referencia.

Sexto. Generar los estudios técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura y vivienda dañada por estos sismos.

La integración del fondo, quiero remarcar que estamos proponiendo en esta ley, que este fondo se integre por las aportaciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios; las dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno; los estados extranjeros que hoy están dando donaciones al Estado mexicano, los organismos internacionales, que igualmente lo están haciendo; las organizaciones de la sociedad civil y las personas, las personas físicas y morales, las personas jurídicas y morales de carácter privado y cualquier otro de procedencia lícita autorizado por el Consejo. Así como la devolución del financiamiento público por parte de los partidos políticos, de los ahorros y recortes de organismos autónomos y de los Poderes de la Unión en lo que resta del ejercicio fiscal 2017, pero también tomar la previsión de lo que ya está etiquetado para el 2018, para que pase a este fondo de manera íntegra.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 destinará una partida inicial para el fondo por un monto de 20 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2018, exclusivamente para el objeto del presente Decreto.

También apuntamos en el artículo 7, que los recursos se concentrarán en una cuenta especial en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y será conducido por el Consejo en Coordinación con el Comité, de tal manera que se pueda cumplir el objeto de la ley de manera transparente.

Los recursos del fondo se aplicarán exclusivamente para financiar las acciones que se determinen en el Programa Nacional, que es uno de los elementos importantes, contenidos en este presente Decreto.

Y, además, las aportaciones que realicen las personas físicas y morales de carácter privado, podrán ser consideradas como donativos no onerosos ni remunerativos y serán deducibles de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La administración del fondo será de conformidad con las disposiciones establecidas, por supuesto, en este Decreto.

El fondo sesionará con las comisiones legislativas correspondientes una vez que se esté en el periodo legislativo o cuando así lo soliciten con la Comisión Permanente para informar sobre los avances de este programa de reconstrucción.

Sobre la fiscalización y la rendición de cuentas.

La Auditoría Superior de la Federación en coordinación con el Comité, establecerá los mecanismos de participación y de fiscalización permanente del ejercicio de los recursos presupuestales del fondo, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Sobre el Programa Nacional, lo que plantea nuestra propuesta, es que establezca, en este programa, los criterios objetivos, ejes, mecanismos y líneas de acción, a corto, a mediano y a largo plazo para la reconstrucción y la recuperación de las entidades afectadas por los sismos, con el objeto de garantizar la resiliencia de las personas damnificadas, la recuperación social, física y cultural de las comunidades y zonas afectadas, así como su reactivación económica.

Las acciones y políticas que se desprendan de este Programa Nacional tendrán como base la protección humana, el desarrollo humano, sostenible y sustentable y la reducción y prevención de riesgos, de conformidad con los principios que establece esta ley.

Se garantizarán mecanismos para la participación de la sociedad civil, instituciones académicas y de reconocimiento a nivel nacional, incuestionable prestigio y colegiaciones de profesionistas en diversas materias a través del comité.

El programa Nacional deberá contener, como mínimo.

Diagnósticos de daños en las entidades afectadas a fin de determinar con toda puntualidad el impacto de los sismos: Vivienda, desarrollo urbano y territorial, educación, salud, obras públicas, obras de agua y riego, transporte y telecomunicaciones, patrimonio cultural.

La identificación de necesidades inmediatas, realizando un análisis de las opciones de respuestas viables.

La identificación de grupos socio-económicos y personas damnificadas en condiciones de discriminación múltiple.

Planes de reconstrucción y recuperación por entidad federativa, con individualización de los municipios o demarcaciones territoriales afectadas, que incluyan las metodologías sistematizadas que concentren la información concerniente a las estrategias, mecanismos de coordinación, líneas de acción y políticas para la reconstrucción y recuperación, así como los indicadores de monitoreo y evaluación.

Las metas propuestas y resultados esperados de la ejecución de estas estrategias, por supuesto, deberán estar contenidas, de manera puntual, como ejes de acción del Programa Nacional.

De los Principios del fondo y del Programa Nacional.

De manera muy breve, simplemente rescato que los recursos del fondo deberán ser administrados y ejercidos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

La Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar la totalidad del uso de los recursos del fondo. Para la supervisión de la administración y ejercicio del fondo deberá de garantizarse la participación de la sociedad civil y de instituciones académicas a través del comité.

Es importante, y no sigo leyendo por cuestiones de tiempo, de que este Decreto sea estudiado de manera emergente, de manera puntual, si es que en realidad, si es que en verdad, quienes conformamos este Senado de la República y formamos parte del Congreso de la Unión queremos dar una respuesta más allá de las que se han venido ventilando.

Es claro que muchas de las propuestas que están circulando, incluso de reforma constitucional, incluso de integración de lo que tendría que ser el nuevo Congreso, incluso alguna que ya está conformando un fondo específico para resolverlo de manera unilateral, todas esas respuestas tienen que estar, en primer lugar, en el marco de la ley, pero también en el tiempo y en el espacio.

Hay cuestiones que debemos de dar respuesta hoy, ahora, el fondo tiene que reestructurarse, no puede ser el Fonden, hay que leer lo que nos dicen y lo que nos dicen es que haya transparencia, que los recursos lleguen de manera clara, precisa a quien tienen que llegar.

Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo, esta es una propuesta más de las que seguramente se pondrán en la mesa de discusión, pero hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo ya.

Gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sí, Senador Encinas Rodríguez, ¿con qué propósito?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Antes de pasar al siguiente tema, y toda vez que ya han cerrado el momento de presentar iniciativas, yo quisiera solicitarle atentamente que la iniciativa de Decreto que tengo presentada ante este Pleno para el día de hoy la turne, por favor, a las Comisiones de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que pueda seguir el mismo proceso del Decreto de emergencia que presentaron legisladores del Partido Acción Nacional, toda vez de que se trata de una modalidad legislativa distinta, no se trata de una iniciativa de ley, sino de una iniciativa de Decreto, que es una figura legislativa que no hemos utilizado en el Senado de la República y en la cual tenemos plenas competencias y tiene que ver justamente con los temas derivados de los sismos que se vivieron en este mes de septiembre en ocho entidades del país.

Entonces le pediría que en lugar de guardarla para la siguiente sesión se turne, por favor, este mismo día.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Atendiendo puntualmente a su solicitud, señor Senador, al término del Orden del Día, junto con otras iniciativas que están en una semejanza a este planteamiento, se les turnará tal y como usted lo sugiere.






En otro apartado de nuestra agenda, me permito informar a la Asamblea que está inscrito para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General de Cambio Climático; la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en materia de procedimiento de inspección ambiental.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE; LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y la República Islámica de Pakistán.

CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 11 DE MARZO DE 2015

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este  día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del anterior dictamen.

Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se dispensa la lectura.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, señor Presidente.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; de Justicia; y de Ciencia y Tecnología ponemos a su consideración la ratificación del Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia trasnacional, y del Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán.

México busca constantemente estrechar vínculos, lazos y todos los programas de cooperación, que se encuentran en distintas zonas de nuestro planeta. Somos un actor con responsabilidad global y es nuestra tarea fomentar la presencia de México en el mundo y promover la cooperación entre todos los campos.

En esta labor México ha buscado un mayor acercamiento con países islámicos. El 25 por ciento de la población mundial es musulmana, por lo que resulta fundamental unir puentes de entendimiento con estas naciones.

A raíz de la visita que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto a la Península Arábiga en 2016, las relaciones con Arabia Saudita se han vuelto más dinámicas.

Con la firma de once convenios, se buscó ampliar la relación económica y el diálogo político. Sin duda, este nuevo impulso político debe ir acompañado de los instrumentos legales que permitan darle mucho mayor dinamismo y, por supuesto, estabilidad a la relación.

Por supuesto, los temas de desarrollo económico y de combate a la delincuencia cobran una especial importancia.

En ocasiones un mayor número de flujos económicos conlleva también un flujo delictivo, por lo que no podemos permitir que la delincuencia se vuelva un obstáculo al desarrollo económico.

Además, hay que mencionarlo, Arabia Saudita es un país con importante influencia en toda la región, en Medio Oriente y, por supuesto, en la mayor parte de los países musulmanes.

Es un país estratégico para la geopolítica mundial al ser el principal exportador y productor de petróleo, no obstante, al igual que México, el país enfrenta grandes desafíos en materia de crímenes trasnacionales.

Es por ello que debemos destacar que este Acuerdo permitirá que la Procuraduría General de la República colabore con el Ministerio del Interior Saudí en el fortalecimiento mutuo de capacidades de servidores públicos, intercambio de información y mejores prácticas y coordinación para la investigación de actos delictivos.

La investigación y persecución de delitos ya no sólo se circunscriben dentro de las fronteras nacionales, lo que obliga a México a buscar colaboración con otros países.

Hoy más que nunca debemos entender que la delincuencia, que los crímenes no respetan fronteras, por ello la cooperación internacional resulta indispensable.

Respecto al Acuerdo con Pakistán, es un Acuerdo en el que se apuesta a la ciencia y tecnología como motor del desarrollo.

Como política gubernamental, se planteó el objetivo, desde 2015, de adquirir experiencia en tecnologías emergentes, en establecer parques de nanotecnología e incubadoras de innovación, así como formar cuadros de profesionales técnicos, esto da cuenta del compromiso pakistaní con el desarrollo de capacidades tecnológicas que resulten en beneficios globales.

La innovación tecnológica para mejorar los servicios públicos también es un área importante, ha impulsado la utilización de energías renovables como la construcción de celdas solares de tercera generación utilizando materiales orgánicos, recurriendo a prácticas autóctonas, lo cual, además de significar un hito dentro de la tecnología solar fotovoltaica, representa un ejemplo de inclusión en el ámbito tecnológico.

Podremos obtener un gran provecho de los intercambios académicos con Pakistán y de sus instituciones, y el potencial de aprovechamiento es mucho mayor.

Las a veces difusas similitudes que compartimos, como lo son nuestras pobladas manchas urbanas y los retos compartidos en materia de bienestar para nuestras jóvenes poblaciones, por ejemplo, marcan la pauta para trabajar en la demanda conjunta de cooperación científica que resulten en mejores prácticas para nuestras sociedades.

La aprobación de estos dos instrumentos, tanto con Arabia Saudita como con Pakistán, se encuentran, primero, por supuesto, acordes a la política exterior de México; en segundo lugar, sí representan una oportunidad de mayor cooperación y colaboración con estos dos países y, tercero, representan también una oportunidad política muy importante.

Primero, por la influencia que tiene Arabia Saudita y, en segundo lugar, hay que reconocer que México tiene una deuda importante con Pakistán. Cerramos nuestra embajada en ese país hace algunos años, sin embargo, eso no debe obstaculizar una intensa cooperación con estos países tan importantes.

Es cuanto.

Intervención



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Cuevas Barron.

Se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente.

En esta primera ocasión que estoy en tribuna, después de los lamentables sismos que han enlutado a la población mexicana, hago un reconocimiento a toda la población, y las condolencias, considerando que, no obstante la circunstancia difícil que se tiene, en este Senado hemos estado trabajando en dos frentes: atendiendo la emergencia y atendiendo las tareas que son propias, como ésta que presento en este momento, de presentar dictámenes.

Dicho esto pues, presento el posicionamiento a favor del dictamen por el que se       aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México el 11 de marzo de 2015.

La estrategia de diversificación de socios de México se ha convertido en un objetivo central de la política exterior de la actual administración.

En los últimos años el país ha incrementado su presencia en el mundo y ha intensificado sus vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y de cooperación internacional en los más variados espacios geográficos.

Asia se ha constituido como una región clave en la diversificación de los vínculos de México con el exterior, y en torno a la cual se han desplegado diversidad de acciones para atraer el mercado y también a inversionistas.

Pakistán, en concreto, es una nación con la cual México ha buscado incrementar sus vínculos comerciales, de inversión y de cooperación.

Entre ambos países existe un deseo mutuo por fortalecer los tradicionales lazos de amistad que se han mantenido desde hace más de 60 años.

Los vínculos entre México y Pakistán han sido cordiales, y es así como desde 1955, año en que se establecieron relaciones diplomáticas, ambos países ocupan un papel central en el escenario internacional, son economías emergentes con mercados potenciales y riqueza cultural muy antigua y, ahora, cada vez más entrelazados por estos nexos.

Ambos países han fortalecido sus vínculos en los últimos años y han intentado encontrar mayores espacios de colaboración.

En este sentido, un logro fundamental es el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado, como lo dije, el pasado 11 de marzo de 2015.

Su objetivo es establecer las bases para que las partes lleven a cabo las actividades de cooperación científica y técnica siempre regidos por los principios de igualdad y beneficio mutuo.

Los convenios de cooperación científica y tecnológica tienen amplios beneficios, pues indudablemente impactan en el desarrollo social y económico.

Además, permiten profundizar en el conocimiento político, económico, social y cultural de otras naciones.

Por medio del diseño y desarrollo de programas en el ámbito científico y técnico, las naciones adquieren el intercambio de experiencias exitosas que pueden aplicar al desarrollo de sus respectivos países.

En este caso, México y Pakistán llevarán a cabo el intercambio de recursos humanos y técnicos a través del flujo de información y documentos; así como el intercambio de especialistas, investigadores, docentes, estudiantes, y la capacitación de sus recursos humanos.

Este convenio también permitirá a México impulsar los vínculos bilaterales con Pakistán, destacando el fomento a la cooperación científica, técnica, cultural y educativa.

Compañeras y compañeros legisladores:

En un contexto de alta complejidad en que el desarrollo de la ciencia y la tecnología avanzan a pasos acelerados, la cooperación científica y tecnológica es un importante instrumento en el ejercicio de la diplomacia de México, permite al país continuar con su proceso de innovación, competitividad y modernización y, sobre todo, da pautas para el intercambio de experiencias exitosas que pueden ser aplicadas a nivel nacional.

En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de aprobar los acuerdos que sean convenientes para México y que reditúen en mejores oportunidades sociales y económicas para todos.

En este sentido, el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación, y cumple con los principios de derecho internacional en los cuales se rigen las relaciones internacionales.

Por lo anterior, los invitamos votar a favor del presente dictamen.

Hago también la aclaración de la importancia que tiene el desarrollar estos vínculos y el tener esta clase de convenios.

La diversificación de los mercados y de las relaciones científicas y tecnológicas de México, resultan cada vez más importantes, y no sólo eso, sino también apremiante ante la nueva relación que se nos ha presentado con aquellas naciones con las que hemos tenido tradicionalmente nuestra mayoría de mercado y de aprovisionamiento.

Por esta razón me parece que, aunque parezca lejana en la geografía la relación con Pakistán, esto nos permite acercarla, acercar a esta nación y así ir cumpliendo con una relación que es urgente, la de diversificar nuestros mercados y diversificar nuestras relaciones.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Patricio Martínez.

Está a discusión. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo, señor Presidente, y a la Asamblea, que tenemos 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el 11 de marzo de 2015. Remítase al Ejecutivo Federal.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre México y el Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia trasnacional.

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA EN MATERIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL, HECHO EN LA CIUDAD DE RIAD, ARABIA SAUDITA, EL 17 DE ENERO DE 2016

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se omite la lectura.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Justicia presentamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones Exteriores; y de Justicia, en relación al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, en materia de combate a la delincuencia trasnacional, firmado en la Ciudad de Riad, el 17 de enero de 2016.

En este contexto, la celebración de tratados internacionales entre nuestro país y otras naciones, se realiza a través de la concurrencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Como ustedes saben, el primero tiene la facultad exclusiva de conducir la política exterior del Estado mexicano. Entre estas atribuciones de política exterior, destaca la celebración de tratados internacionales; mientras que el Poder Legislativo, por medio de la Cámara de Senadores, tiene la facultad exclusiva de aprobar los instrumentos internacionales suscritos por el Presidente de la República.

Y de conformidad con el artículo 133 de nuestra Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con las mismas, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la unión.

En este contexto, y en virtud de la necesidad de acuerdos internacionales, con postulados constitucionales cada vez más sólidos, se destaca el combate al crimen organizado transnacional.

El crimen organizado se ha diversificado a tal grado que ha alcanzado dimensiones macroeconómicas en actividades ilícitas. Delitos como el tráfico de armas, los ciberdelitos, el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de la trata de personas afectan la gobernanza las instituciones democráticas y el tejido social de los pueblos.

Pero además, hay que decirlo, por más eficaz que puedan ser las instituciones de aquellos países en donde estos delitos se hacen presentes, es imposible hacer a las organizaciones criminales que han venido traspasando fronteras y que su poder se  ha generado ya con presencia regional en el ámbito internacional. Es por ello que debemos ser conscientes de que es necesario intensificar la cooperación en esta materia.

Por ello estamos presentando, para su aprobación, este Acuerdo que significará un combate eficaz a los delitos en todas las formas de la delincuencia transnacional entre estas dos naciones.

Este Acuerdo que ponemos a su consideración dentro del marco establecido y en congruencia con los principios del derecho internacional, sin duda aportará elementos importantes hacia la eficacia en el combate a estos fenómenos de delincuencia transnacional.

Hay que señalar que México y Arabia Saudita son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de sus tres protocolos complementarios:

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.

El Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, por tierra, mar y aire.

Y el Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones.

Asimismo, estas naciones han dado seguimiento a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para investigar, sancionar y prevenir los delitos que comprende la delincuencia organizada transnacional, con la finalidad de reforzar la respuesta de la comunidad internacional y la amenaza que representa este fenómeno a la paz y a la seguridad internacionales.

Este instrumento puesto a su consideración, señala como objetivo primordial promover la colaboración entre México y Arabia Saudita a fin de combatir en forma integral los fenómenos delictivos que comprenden la delincuencia transnacional y que lesionan los intereses de ambos Estados.

Directriz internacional, que continúa el gran esfuerzo iniciado desde las Naciones Unidas por estos países.

Por las razones antes mencionadas, debe decirse que el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, en materia de combate a la delincuencia transnacional, suscrito el 17 de enero de 2016, es congruente con la política exterior mexicana en los países de la región y del Medio Oriente, que los pueblos democráticos sigan el camino de la paz y el bienestar de sus ciudadanos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muchas gracias, Senador Presidente, Ernesto Cordero Arroyo. Señoras y señores Senadores:

En mi carácter de Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, vengo a hablar a favor de este Acuerdo. Este Acuerdo en materia de delincuencia transnacional con el gobierno de Arabia Saudita y que en sesiones de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Justicia, nos hemos reunido para analizar este instrumento y el resultado es que hemos aprobado por unanimidad en comisiones, sustentándolo en las siguientes razones.

El Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita en Materia de Combate a la Delincuencia Transnacional fue aprobado en razón de que promueve la colaboración para combatir los fenómenos de delincuencia organizada que pudieran lesionar los intereses de ambos países.

Este instrumento establece las áreas y las modalidades de la cooperación que se dará entre ambos países, así como la confidencialidad con la que se manejará la información proporcionada por las partes y la integración de un comité de especialistas para combatir la delincuencia transnacional.

Igualmente señala cómo se deben cubrir los costos que resulten de la aplicación del mismo y la manera en que se solucionarán las controversias que se susciten.

Ahora bien, recordando que las relaciones diplomáticas entre México y los países de Medio Oriente se han incrementado y fortalecido, particularmente con el Reino de Arabia Saudita, se debe resaltar que este Acuerdo es congruente con la política exterior mexicana conducida por el titular del Ejecutivo Federal hacia los países de Medio Oriente.

En general, estas medidas se traducirán en ciudadanos mejor preparados para contribuir con el desarrollo económico, político y social de México.

Por lo anterior y por la sintonía de este Acuerdo con la quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, "México, con Responsabilidad Global", su implementación será benéfica para las relaciones bilaterales y para el desarrollo del país.

Señoras y señores:

Por los resultados en el trabajo en comisiones, constatamos que en el Senado de la República impulsamos mecanismos e instrumentos que serán base de un nuevo capítulo de nuestras relaciones bilaterales, estoy seguro que a partir de la buena disposición con que este día apoyemos este instrumento, será posible ampliar, estrechar y fortalecer las relaciones de México y sus países hermanos, como es el caso de Arabia Saudita.

Hago votos porque así sea.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Ávila.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo a la Presidencia y a la Asamblea que se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, en Materia de Combate a la Delincuencia Transnacional, hecho en la Ciudad de Riad, Arabia Saudita, el 17 de enero de 2016. Remítase al Ejecutivo Federal.






Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿quiere hacer algún comentario?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Le quisiera pedir, hace una semana, a la 1:14 de la tarde, 13:14 minutos, se llevó a cabo el desastroso sismo que sacudió a nuestro país, concretamente a la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos, que pudiéramos guardar un minuto de silencio.

Muy amable.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muy pertinente su planteamiento.

MINUTO DE SILENCIO

Compañeras y compañeros Senadores: Favor de ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el sismo ocurrido hace exactamente una semana.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración, en materia de denominación de la Ciudad de México.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 112 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señora Presidenta, que sí se omite la lectura del dictamen.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Con su venia, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores:

A nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios, presento esta iniciativa que en términos legislativos es muy sencilla, pero que en los hechos es un acto que va a mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en tránsito por nuestro territorio nacional.

Las y los integrantes de esta comisión nos hemos tomado muy en serio la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, en particular por las y los migrantes que transitan por nuestro territorio, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y quienes muchas veces ven vulnerados sus derechos cuando van en busca de este propósito.

El objetivo de la reforma que se propone en la minuta, es de armonizar la Ley de Migración con la reforma constitucional sobre la Ciudad de México, para sustituir el nombre de Distrito Federal en lo referente a la participación de los sistemas DIF, en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, de tal forma, que cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o acompañado, se ha puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, éste deberá canalizarlo de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales del DIF y de la Ciudad de México, con el objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país como señala el artículo 112 de la Ley de Migración.

La propuesta de este cambio se propone debido a la reforma constitucional que transformó al Distrito Federal en la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del año 2016, por lo que reconocemos la importancia de adecuar el lenguaje jurídico, elemento esencial en la seguridad jurídica que la legislación debe proveer como parte del estado de derecho, a fin de no dejar preceptos legales que se presten a malas interpretaciones toda vez que los cambios estudiados se refieren a la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes.

La migración infantil es un tema sumamente delicado y así debe priorizarse en la agenda legislativa, atendiendo la urgencia e importancia que amerita, con el propósito de diseñar un andamiaje legal que asegure la protección y el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados durante su estadía, tránsito y eventual repatriación a sus países de origen, de manera que se cumpla lo establecido en la normativa internacional de protección de la niñez y en específico la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

En este sentido quiero aprovechar la tribuna para hacer un llamado a la Comisión de Estudios Legislativos y apelar a la buena ley de sus integrantes, para favorecer la armonización de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde el 25 de abril de este año, la Comisión de Asuntos Migratorios aprobó este dictamen en materia de infancia migrante, consideramos que se ha dado un plazo razonable para su revisión y esperamos que en esta nueva etapa que vive la Comisión de Estudios Legislativos culmine el proceso de dictaminación pendiente y se someta al pleno del Senado lo más pronto posible.

Hago eco del llamado que desde el 6 de septiembre representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el Representante de la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Para la Infancia han llegado a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, en el mismo sentido de culminar este proceso legislativo.

Confío en que existe sensibilidad para avanzar en este tema, sin mayores dilaciones, particularmente por el dictamen en materia de pacto presupuestal proveniente de la Secretaría de Hacienda, argumento que la Comisión de Estudios Legislativos utilizó para detener el proceso, cuando está plenamente demostrado que no se necesitan mayores recursos económicos a los presupuestados.

Regresando al tema que nos compete, en esta ocasión, está a consideración de todas y de todos ustedes, esperamos contar con su voto a favor.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está a discusión en lo general.

Para esta discusión en lo general, tiene el uso de la palabra la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

La reforma política de la Ciudad de México representó una importante transformación en la estructura y organización de la capital del país.

Permitió que la capital del país adquiriera los mismos derechos y deberes de los estados, en concordancia con los principios del pacto federal.

En esencia, busca que la Ciudad de México alcance su pleno desarrollo y mejore la calidad de vida de todos sus habitantes. Esta forma advierte que la Ciudad de México continuará siendo sede de los Poderes de la Unión, pero ahora todas las transformaciones que implica conformarse como una entidad federativa en los términos jurídicos, políticos y sociales.

Una de las transformaciones más palpables es la modificación del nombre Distrito Federal. Si bien la reforma política refiere que el cambio de nombre no genera perjuicio político, es necesario adecuar los ordenamientos jurídicos, a fin de crear uniformidad y congruencia en las normas.

El término Distrito Federal alude a la construcción de un territorio que se encuentra bajo la soberanía de la nación, en la que existe una jurisdicción directa y exclusiva del gobierno central.

Hoy, esto ya no funciona así, la Ciudad de México es una entidad más y por ello es necesario modificar las leyes, a fin de dar congruencia jurídica en la redacción.

Las leyes de México deben ser congruentes con estas transformaciones y deben atender a las reformas del Estado mexicano.

La reforma que está a discusión sustituye el nombre de Distrito Federal por la de Ciudad de México, en lo referente a la participación de los sistemas DIF, en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Con este cambio evitamos que la redacción actual se preste a malas interpretaciones, dando certeza jurídica y garantizando la protección de este sector.

Es importante recalcar que, si bien es cierto, el cuidado que se tuvo al construir la Constitución de la Ciudad de México, en la que existe un transitorio que ya determina que se debe de entender por Ciudad de México, lo que antes era Distrito Federal, también resulta importante que sea el Senado quien apuntale lo ya establecido en dicha Constitución.

Y en este sentido, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen que busca armonizar la Ley de Migración con la reforma política de la Ciudad de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Martínez Espinoza.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Señora Presidenta, se emitieron 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en materia de expedición de documentos provisionales a manera de factura.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Con su permiso, señora Presidenta.

Hago uso de esta tribuna, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, para presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de la propia comisión en mención y la de Estudios Legislativos, Primera, a iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en materia de medidas y facilidades para la movilidad de ganado en el territorio nacional, promovida por el Senador Adolfo Romero Lainas, al tenor de lo siguiente:

Actualmente la Ley de Organizaciones Ganaderas establece como requisito necesario para la legal y pacífica movilización de ganado, el acreditar la propiedad con la factura de compra-venta que en su caso se tenga, con el propósito de acreditar la propiedad legal o la tenencia de la misma.

La actividad ganadera en nuestro país se ha convertido en un activo de vital importancia, se practica en casi todo el territorio donde existen pastizales, en una extensión de casi 75 millones de hectáreas que corresponden al 39 por ciento del territorio nacional.

Existen un millón y medio de productores pecuarios que colocan a nuestro país como el quinto productor de proteína de origen animal en el mundo.

En 2015 se logró una producción récord de carne en canal con 6.2 millones de toneladas, lo que significa 276 mil toneladas más que las obtenidas en el 2012, como resultado de los aumentos en la carne de bovino, ave y pecuario.

A partir del primero de enero de 2014, derivado de las reformas en materia fiscal, entraron en vigor disposiciones fiscales de aplicación estricta para personas físicas y morales, operando en todo el territorio nacional, entre las cuales se encuentra la obligación relativa a emitir factura en forma electrónica de manera obligatoria, como medida de actualización para cumplir con compromisos de carácter fiscal.

En materia pecuaria, concretamente con relación al sector ganadero de pequeña y mediana escala, la medida fiscal anterior viene a representar una realidad gravosa, derivado que los hombres y mujeres del campo encuentran enormes dificultades para emitir documentos con características digitales.

En atención a la preocupación de lo anterior, estas comisiones unidas, tuvieron a bien aprobar la presente iniciativa presentada por el Senador Romero Lainas, con el propósito de realizar las modificaciones legales necesarias para que más allá de las medidas de carácter fiscal, estemos en condiciones de atenuar un efecto legal indirecto, que es el de obligar a la presentación de factura, más aún cuando éstas deben ser generadas en forma digital o electrónica, para evitar actos de molestia de autoridades con relación a la movilidad del ganado, siendo que la factura, sea ésta impresa o electrónica, debe ser en esencia un documento comprobatorio de obligaciones fiscales únicamente y no uno de acreditación de propiedad o para acreditar la legal tenencia durante la movilidad de ganado.

Es decir, ante la dificultad que representa para todos del sector ganadero, particularmente aquel de pequeña y mediana escala; pero, sobre todo, atendiendo a las malas prácticas que por desgracia son recurrentes en estados del sureste del país.

De esa forma lo que se busca es eliminar conductas ilícitas y arbitrariedades de las propias autoridades. Lo anterior es así, ya que encontramos la grave problemática de que son las autoridades mismas, siendo de carácter federal, estatal o municipal, las que en ocasiones patrullan las carreteras y caminos, mismas que al solicitar la factura y ante la imposibilidad de presentarla, de la gran mayoría de los pequeños y medianos ganaderos, muchos de ellos son remitidos al Ministerio Público por presunto abigeato.

Por ello, es muy importante que esa factura electrónica, como único y estricto comprobante de la propiedad del ganado en tránsito, sea suprimida por un procedimiento muy sencillo.

Es por eso que presentamos un proyecto de Decreto único, que se aprueba con modificaciones el proyecto de Decreto por el que se modifica el inciso a) del artículo número 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas para quedar como sigue:

Artículo 13. La movilización de ganado que se efectúe en la República Mexicana con motivos de transmisión de propiedad o cualquier otro propósito, se llevará a cabo siempre y cuando.

Inciso a) Se acredite debidamente la legal tenencia durante el tránsito, con cualquier documento público o privado donde conste:

1.- El nombre y firma del comprador y el vendedor.

2.- El número de cabezas de ganado y sus características.

3.- Datos sobre la marca de herrar, arete o tatuajes si lo tuviere.

4.- El nombre y firma de dos testigos, para el caso del documento privado.

Por lo anteriormente expuesto, les solicito su voto aprobatorio a la presente propuesta.

Gracias a todas y a todos ustedes.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Cota Jiménez. Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes a todos. Con el permiso, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El reciente cambio de la reforma hacendaria de 2014, se concibió como una gran reforma social tendiente a elevar el crecimiento y la estabilidad económica, garantizando a todos los mexicanos una red de protección social mediante un sistema hacendario que fuera justo, simple, transparente y federalista que busca apoyar sectores prioritarios con potencial de crecimiento y, en especial, a los pequeños productores del campo que reciban ingresos menores a 900 mil pesos anuales.

Lo anterior bajo el sistema simplificado que les permita darse de alta y pagar menos impuestos al formalizar sus actividades. En este sector es de considerar a la ganadería, la cual participa en casi todo el territorio nacional donde existen grandes extensiones de pastizales, cuya extensión es alrededor de los 65 mil millones de hectáreas en nuestro territorio nacional, que corresponde al 39 por ciento del territorio total.

Para nadie son desconocidas las grandes brechas que existen entre los ganaderos del norte y del sur, en tanto que lo señalados permiten gozar de un mejor capital que les permita contribuir al abastecimiento y desarrollo nacional del país, por el contrario los ganaderos del sur en su mayoría son productores en menor escala, siendo inclusive unidades de producción individual, por lo cual hacen un esfuerzo extraordinario para poder cumplir obligaciones que les sean impuestas en normas que están señaladas para los grandes productores donde no existe ninguna carencia ni precariedad.

Productores ganaderos de menor escala, muchos de ellos se encuentran en nuestros estados del sur, como es Veracruz, Chiapas, Oaxaca y toda la parte del otro México del sur que para nadie es desconocido; sin embargo, están dispuestos a cumplir con las disposiciones que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, las fiscales, pero que se encuentran materialmente imposibilitados para hacerlo.

Señalado como ejemplo algo muy sencillo que sucede en nuestra gran parte de las regiones donde no existe ni energía eléctrica, ni red de internet para poder hacer esa gran factura electrónica; sin embargo, como lo dijo el que me antecedió, se buscaron otros mecanismos más sencillos para que puedan movilizar sus ganados para que pudieran seguir llevando a cabo sus actividades como productores pecuarios.

Es justo y necesario convocarlos a todos ustedes porque de esta manera pudiéramos evitar esa gran desventaja que tienen nuestros productores en nuestros estados del sur.

Mi voto va a ser a favor.

Muchas gracias a todos.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Romero Lainas.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

La iniciativa que presenta el Senador Adolfo Romero Lainas, que hoy se dictamina y que consiste en adicionar un párrafo al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas busca adecuar la realidad del campo mexicano en el sentido de facilitar la correcta acreditación de propiedad.

Para nadie es desconocido, también que aparte de la exposición de motivos que con mucha claridad ha dado aquí, para nadie es desconocido que, sobre todo, los pequeños productores son víctimas de abigeato, porque no tienen las instalaciones correctas, porque no tienen los mismos recursos para poder proteger a sus animales y también el problema de las ventas ocurre a menor precio.

A diferencia de otros sectores económicos, en el caso ganadero no resulta lo más adecuado utilizar la factura electrónica para acreditar la propiedad del ganado justo en el momento en que se realiza su tránsito y movilidad, ya que ésta no se obtiene de manera inmediata y deviene en una circunstancia poco útil para acreditar operaciones privadas en la realidad del ámbito ganadero.

De tal modo, el dictamen que hoy se presenta al Pleno especifica el mecanismo para acreditar la legal tenencia mediante documento público o privado que conste de cuatro datos precisos: Primero, el nombre y firma del comprador y el vendedor; el número de cabezas de ganado y sus características; datos sobre la marca de herrar, arete o tatuaje si lo tuviera y el nombre y firma de dos testigos para el caso del documento privado. Sin obviar los demás trámites legales que permita durante el tránsito de propiedad del ganado, que exista certidumbre jurídica para el comprador y facilite el proceso cotidiano del tránsito del mismo.

Por esa razón, es que este proyecto de Decreto modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Por esa razón, pedimos el voto a favor de este dictamen acompañando la intención original de agilizar y facilitar la movilidad del ganado presentada en este Pleno.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Presidenta, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contiene puntos de Acuerdo, todos están publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

1.- El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección de la maternidad y la Recomendación 191.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se reitera el exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que envíe a la Cámara de Senadores el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Anexo VI “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se reitera el exhorto al Ejecutivo Federal para efectuar los trámites y procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 y adopte las disposiciones complementarias de la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los dictámenes.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta.

Si me permite, quiero referirme a tres dictámenes en una sola intervención, los que tienen que ver con la Organización Internacional del Trabajo.

Es importante reconocer que por fin podemos lograr enviar este exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que pudiera considerar enviar al Senado de la República la aprobación del Convenio, me refiero en particular al 156, que es el más antiguo de la Organización Internacional del Trabajo, que considera el tema de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde tres ópticas.

Este convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores es importante porque, en primer lugar, una de las cuestiones es destacar el enfoque de derechos humanos y la condición especial para lograr una democracia efectiva en las relaciones entre trabajadoras y trabajadores, como un asunto de justicia social, y también para influir en la disminución de la pobreza, y también para fomentar el desarrollo social y económico.

Obviamente por la época en que data este Convenio, no está invocando la sostenibilidad pero en la lectura, efectivamente, habla de esta relación que tiene que haber entre las trabajadoras y los trabajadores y, sobre todo, cuidar que estas brechas de separación, del porcentaje de mujeres que se encuentran en condiciones adversas, puedan estar al mismo nivel de los trabajadores.

Si tomamos en cuenta que de alrededor de 18 millones de mujeres en México que trabajan, alrededor de 10, casi 11 millones, no cuenta con servicios de salud, pues son contratadas por formas mediante las cuales los empleadores evaden el pago de prestaciones sociales, y además encontramos un trecho de diferencia respecto del salario que reciben en relación a los hombres.

Es importante que mandemos este Convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo.

Y el 183, también de la OIT, que tiene que ver con la protección de la maternidad y además tiene un anexo que es la Recomendación 191, también de la OIT, todo en relación a lograr, en primer lugar, garantizar una maternidad segura, la atención de la salud de la madre y la supervivencia del recién nacido como parte esencial de la vida y sobre todo en el marco del trabajo digno y decente y la productividad de las mujeres, pues necesariamente es uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de género. Es importante que este convenio sea aprobado.

También quiero destacar que parte de lo que establecen, algunas cuestiones trascendentales, incluso ya pudieran estar superadas en la legislación laboral de nuestro país. Hay que entender que este convenio es un piso, es el piso mínimo que los Estados parte se comprometen a cumplir; por lo tanto, los preceptos que van, incluso, más allá en el ámbito legal de nuestro país, no pueden ser, de ninguna manera, una justificación para que el gobierno mexicano lo apruebe, sobre todo para garantizar lo que todavía sigue estando pendiente.

Las mujeres siguen sufriendo la solicitud de la prueba de embarazo para poder tener un trabajo o son despedidas cuando se embarazan, o cuando regresan ya no encuentran su trabajo después de la etapa de descanso para la atención de su maternidad y, por supuesto, todavía se necesitan mayores condiciones para los lactantes dignas, decentes, para que se proteja este derecho cuando así lo determine la madre.

Es decir, hay todavía algunos aspectos importantes que tenemos que seguir atendiendo.

Y, finalmente, voy a comentar el último Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que en repetidas ocasiones, distintas Senadoras de todos los grupos parlamentarios hemos estado proponiendo, exhortado, al Ejecutivo para que envíe el Convenio 189 que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos labores de las y de los trabajadores, de los trabajadores del hogar, de quienes realizan este tipo de trabajo donde, hay que decirlo con puntualidad, más del 95 por ciento tiene que ver con trabajadoras del hogar.

Aunque hay un número importante de hombres que realizan estos trabajos, como podemos observar, tiene un ámbito amplísimo para proteger a las mujeres, sobre todo para que no sigan sufriendo discriminación y para que podamos trabajar siguiendo lo que otros países están haciendo con mucho éxito, países centroamericanos y, sobre todo, sudamericanos que son un ejemplo de cómo podemos lograr que se reconozcan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Hemos estado observando la altísima discriminación, los conceptos peyorativos y discriminatorios contra quienes están trabajando en nuestros hogares; quienes también lo hacen en otros centros de trabajo y sufren una gran discriminación, son las personas más pobres, son las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, y hoy me parece que aprobar estos tres Convenios de la OIT junto con el cuarto, que es otra materia, ve muy bien al Senado de la República.

De tal manera que agradecemos de manera anticipada, que las comisiones nos presenten estos dictámenes para que sigan su curso en el exhorto respetuoso al Presidente de la República y nos mande ya estos tratados internacionales para que los podamos aprobar como es debido por el Senado de la República.

Les agradezco, a todas y a todos ustedes, su atención.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen sobre el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad y la Recomendación 191.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Yo les invito que pensemos por un segundo, qué pasaría en este país si un día las mujeres no laboráramos, ni fuera de la casa, ni en el trabajo, ni sirviendo a la comunidad. Todos sabemos que sería un verdadero caos.

Aunque la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido un proceso complejo, en la gran mayoría de los casos su jornada laboral, aunque sea poco reconocida, se extiende también a las labores domésticas y, sobre todo, al cuidado de los hijos.

La maternidad constituye una etapa central, no sólo en la vida de las mujeres que deciden tomar esa decisión y asumir esa responsabilidad, sino también en el desarrollo de las niñas y los niños.

La protección de la maternidad es un derecho laboral fundamental que se encuentra consagrado en tratados universales de derechos humanos.

Todos los estados deben garantizar a las mujeres una maternidad segura, con la atención a la salud de la madre y la supervivencia del recién nacido.

Pese a los importantes avances que hemos logrado en México en favor de las mujeres,   la maternidad es una tarea primordial que aún debemos reforzar en nuestro país.

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo estiman que en México, únicamente, ¡Fíjense lo importante que es esto! Entre el 10 y el 32 por ciento de las mujeres trabajadoras cuentan con algún tipo de protección social durante la maternidad.

En contraste, en otros países de la región latinoamericana, ni siquiera de Europa, es en la región latinoamericana, la cobertura oscila entre el 33 y el 89 por ciento.

Hay países, hermanos nuestros, en Latinoamérica, que por mucho, mucho han avanzado sobre el rezago que nosotros tenemos.

Además, aún existen mujeres que no cuentan con las prestaciones de ley que les permita ejercer su maternidad sin preocupaciones.

Una problemática adicional es que el embarazo prevalece como una causa de discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre 2011 y 2017 se abrieron 2 mil 935 expedientes por presuntos actos de discriminación; 713 corresponden a expulsiones en el embarazo, que serán en estricto sentido durante el parto; 762 por condiciones de salud; 369 por razones de género; 358 por apariencia física; 317 por discapacidad; y 282 por cuestiones de edad, estamos hablando alrededor de 3 mil expedientes, de un tema donde no es común, al contrario, lo común es que no se denuncie.

Esto solamente nos da visibilidad del tema de fondo, de lo que hay, es solamente la punta del iceberg de lo que hay, porque no es un tema en el que haya una práctica en la que las mujeres denuncien la discriminación, porque dan por hecho circunstancias que agreden sus propios derechos y su dignidad humana.

Sin dejar de lado también en este tema un tipo de violencia en el que aquí, en el Senado, estamos pendientes por avanzar, que es la violencia obstétrica, algo tan fundamental es un hecho que en este país se exacerba también la violencia contra las mujeres que tienen que ver con la violencia obstétrica antes, durante y posterior al parto.

Ante el escenario descrito debemos garantizar mejores condiciones para que las mujeres disfruten de una maternidad más segura. Por ello, es importante que se remita a esta Soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, así como también la Recomendación 191 para efectos de su aprobación.

El Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, como todos sabemos, es un instrumento central que fortalece dicho objetivo y que contempla la obligatoriedad de cada centro de trabajo de otorgar una licencia antes o después del periodo de maternidad o en caso de enfermedad, o bien, en el caso de complicaciones.

También prohíbe al empleador despedir a una mujer que presenta durante su embarazo, durante la licencia de maternidad o después de haberse reintegrado al trabajo. Esto que parece algo básico, que tiene que ver con la dignidad inherente de las mujeres, es el pan nuestro de cada día, todos los días, en este país, las mujeres siguen siendo despedidas porque se enteran que se embarazaron, ya a los pocos meses es notorio su embarazo, o una vez que ellas han dado a luz al regresar, al reintegrarse a su trabajo, de manera cruel y atentando contra sus derechos humanos, las mujeres siguen siendo despedidas.

Y en lo que se refiere a la Recomendación 191, sugiere estándares más altos de protección y de mayores beneficios, es más precisa sobre ciertos aspectos de la protección de la maternidad que se abordan en el propio Convenio, como la manera de asegurar la protección a la salud, los tipos de licencia de maternidad y el financiamiento de las prestaciones, ambos instrumentos internacionales nos permitirán avanzar y fortalecer de manera importante la legislación relacionada a la maternidad y caminar a la par, una vez que nos lo envíen, en la legislación internacional. Es un tema que en este país mucho tenemos que avanzar y es una deuda importante que tenemos con las mujeres trabajadoras.

Las mujeres tienen un papel central dentro de la transformación de nuestro país, llevan a cabo actividades primordiales y constituyen una fuerza de trabajo significativa y determinante en la economía.

A partir de este contexto, compañeras y compañeros, los invitamos a votar a favor de este dictamen. Nuestro grupo parlamentario así lo hará.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora De la Torre.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al dictamen en torno al Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

El Convenio MARPOL, para Prevenir la Contaminación por los Buques, es el principal Convenio Internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de su funcionamiento, factores accidentales.

El Convenio MARPOL fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la Organización Marina Internacional.

El Protocolo de 1978 se adoptó en respuesta al gran número de accidentes de buques-tanque ocurridos entre 1976 y 1977.

Debido a que el Convenio MARPOL de 1973 aún no había entrado en vigor, el Protocolo de 1978, relativo a este Convenio, absorbió el Convenio original, el nuevo instrumento entró en vigor el 2 de octubre de 1983. A lo largo de los años ha sido objeto de diversas actualizaciones mediante la incorporación de enmiendas.

En el Convenio figuran reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las operaciones normales. Actualmente incluye seis anexos técnicos que regulan aspectos especiales con controles estrictos respecto de las descargas operacionales de los buques y que vienen a contaminar los océanos, los mares y a donde está el producto que se considera el más sano, que es el pez para la alimentación de la humanidad.

En 1997 se adoptó un protocolo al Convenio MARPOL, que añadió el Anexo VI, mismo que entró en vigor el 19 de mayo de 2005. Las disposiciones de este Anexo VI limitan los principales contaminantes atmosféricos contenidos en los gases de escape de los buques, principalmente las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno, prohíben la emisión deliberada de sustancias degradantes del ozono, regulan la incineración a bordo y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, procedentes de los buque-tanques.

Este Anexo VI se compone de tres capítulos: el de las generalidades; el reconocimiento, certificación y reglas de control; y tres, las prescripciones para el control de las emisiones de los buques.

Asimismo, este Anexo VI cuenta con siete apéndices técnicos: como el modelo de certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica, ciclos de ensayo y factores de ponderación, criterios y procedimientos para la designación de zonas de control de las emisiones, homologación y límites de servicio de los incineradores de a bordo, información que debe incluirse en la nota de entrega de combustible, procedimiento de verificación del combustible a partir de las muestras de fueloil, estipuladas en el Anexo VI del MARPOL, y zona de control de las emisiones de Norteamérica.

Ahora bien, de acuerdo con datos de la Organización Marítima Internacional, el transporte marítimo es responsable del 2.5 por ciento del total global de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual representa más del total de emisiones de nuestro país, las cuales ascienden a 1.4 por ciento.

Por ello, en junio de 2015, al participar en el IV Congreso Nacional de la Marina  Mercante en el marco del Día Marítimo Mundial, el entonces coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció que México trabajaría para adherirse a los Anexos III, IV y VI del Convenio referido, a fin de ser coherentes con los compromisos internacionales y la legislación nacional respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Es en este sentido que compartimos la propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que envíe a la brevedad a esta Asamblea el Anexo VI “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, para su análisis y, en su caso, aprobación, toda vez que la adhesión de nuestro país al Anexo VI de este Convenio servirá para alinear los propósitos de la Organización Marítima Internacional con los compromisos adquiridos por la comunidad internacional en el Acuerdo de París sobre el cambio climático y en la Agenda 2030, particularmente el Objetivo 13 de acción climática.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Palafox.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen en torno a la ratificación del Convenio 189.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Y es una gran oportunidad poder hablar de un tema que hemos discutido, impulsado por mucho tiempo y que es urgente se atienda, que es el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT, y es un tema que en esta tribuna se ha tratado mucho, que es lo que tiene que ver con trabajo doméstico, o las empleadas del hogar, o el trabajo decente, como lo hemos nombrado. Es urgente que llegue a este Senado, que se envíe este Convenio.

Debo decir que una de las líderes que más conocemos, es la líder Bautista, que ha hecho todo lo necesario para que este Convenio sea ratificado, y tiene sentido, hace sentido. Para que una casa, desgraciadamente, esté en orden y muchas mujeres estemos aquí, y muchos varones, hay otra mujer que se quedó ahí en la casa haciendo actividades que socialmente nos han dado la carga a las mujeres, pero que es una corresponsabilidad de hombres y mujeres.

Y hemos estudiado muchas formas de cómo se reconozca este trabajo. De hecho, ellas se han asociado sindicalmente y no lo hemos logrado, los datos están a la vista, hasta serie de televisión hemos tenido referente al trabajo doméstico, siempre la trabajadora doméstica se ve como una parte discriminatoria, como una parte menor, hay series infantiles, de adultos, que hablan de lo que una trabajadora doméstica realiza.

Y más allá de esto, son las cifras, cómo las cifras pintan de cara sobre quien descansa esta responsabilidad. Y no voy a entrar a hablar sobre economía del cuidado, que ése es otro tema que le hemos dado muchas vueltas y que tiene un precio, y que tiene un costo y que es necesario se pueda hablar y se pueda legislar en la materia.

Por eso hoy, a nombre de mi grupo parlamentario, nosotros estamos buscando la aprobación de este Convenio 189 que nos va a permitir resolver una serie de problemáticas que tenemos, laborales, relaciones de prestaciones sociales.

¿Quién jubila a una trabajadora doméstica?

¿Ante quién se pueden quejar acerca de las agresiones y atropellos que una trabajadora doméstica tiene, una trabajadora del hogar?

No tenemos más que la defensa que ellas han hecho, y levantar la voz ante las instancias como Conapred, como la Secretaría del Trabajo, el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación.

Por eso pido votemos a favor este exhorto que habla de justicia de un sector tan importante de mujeres y algunos hombres que realizan este trabajo tan importante que se ve reflejado también en la economía de este país.

Por su atención, muchísimas gracias, y por su voto, más lo vamos a agradecer.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchísimas gracias, Senadora Diva Gastélum Bajo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, para referirse a todos los dictámenes.

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

México tiene la obligación de atender de manera puntual la normativa internacional de la cual es parte, así como la ratificación de Convenios que apuntan a combatir y revertir las profundas desigualdades e inequidades arraigadas profundamente en nuestra sociedad.

Los tiempos no están como para que nos rezaguemos aún más en materia de derechos laborales y en derechos con perspectiva de género, desgraciadamente nuestro país pasa por uno de los momentos más complicados en cuestión de equidad, en cuestión de igualdad.

El día de hoy se le propone a esta Asamblea la aprobación de varios dictámenes en los que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía Convenios como el 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares; el 183 y la Recomendación 191 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad, a esta Soberanía; y el 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, así como un punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”, entre otros, para su aprobación.

Quiero razonar mi voto a favor de estos dictámenes, con base en las siguientes consideraciones:

Entiendo a estos Convenios como parte fundamental de las herramientas jurídicas para la equidad, la igualdad y la protección de derechos laborales.

En el caso del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT, debe tomarse en cuenta que el trabajo doméstico remunerado es una actividad que la ejercen mayoritariamente mujeres, por lo cual resulta fundamental abordar el tema con una perspectiva de género y en estricta vinculación con otras normas, tanto internacionales como nacionales, que apunten a superar la discriminación largamente padecida por el sector.

Estos dictámenes son relevantes, desde la consideración de los compromisos y responsabilidades de México y de su política internacional. Estos derechos y la ratificación de Convenios internacionales ayuda a sentar las herramientas jurídicas que nos servirán para enfrentar graves problemas de inequidad, discriminación y violencia entre los trabajadores y las mujeres, además de que son instrumentos de primer orden para reconocer la igualdad de derechos y responsabilidades, tanto en hombres como en mujeres trabajadoras, en lo que se refiere a los roles sociales y familiares.

Proteger el derecho a la libre elección del empleo, garantizar condiciones dignas, laborales y de seguridad social.

La lucha de las mujeres por la igualdad que debe encontrar en los hombres aliados para establecer una perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida pública, especialmente en aquellos en los que las mismas mujeres son ya una fuerza importante que sostiene parte de la generación de riqueza de nuestra sociedad, como es el ámbito laboral, y revertir el proceso de precarización laboral que en los últimos años experimenta la clase trabajadora en nuestro país y, sobre todo, las formas del trabajo infravaloradas, como lo es el trabajo doméstico.

No sólo se debe incorporar a la normatividad vigente a las y los trabajadores domésticos con prestaciones y el derecho a un día de descanso obligatorio a la semana, además se les debe garantizar a estos trabajadores derechos como la firma de un contrato de trabajo, la libertad de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva respecto a la privacidad, condiciones de empleo equitativas, seguridad social, incluyendo las correspondientes a la maternidad, horario de trabajo definido, pago de horas extras, prima vacacional, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, entre otras.

Quedan muchas tareas pendientes en lo que se refiere a estos temas, pero la primera de ellas es no retardar la firma de estos Convenios.

Otra, es que su ratificación se transforme en una efectiva herramienta para hacer cumplir estos derechos, ya que es muy importante anotar que estos Convenios centran su atención en un sector tradicionalmente discriminado, que soporta pésimas condiciones de trabajo, como lo es el de las mujeres.

Y por el contexto actual, en nuestro país, de vulnerabilidad y precarización laboral y al mismo tiempo de violencia feminicida, esperamos también que por fin estos Convenios, una vez ratificados, puedan tener una divulgación masiva que impulse una sensibilización en la sociedad y su cabal cumplimiento.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Morón, por su intervención.

En virtud de no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por indicaciones del señor Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que han sido aprobados.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ADOLFO ROMERO LAINAS

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con punto de Acuerdo que exhorta a informar del número de migrantes que cruzan por la frontera sur y sus nacionalidades y procurar el estricto respeto de sus derechos humanos. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Saludo su debut en este Senado, en la conducción de la sesión. Compañeras y compañeros legisladores:

Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos de vital importancia señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en su informe sobre migración mundial del año 2015, calculaba que había 244 millones de personas en situación de movilidad a nivel internacional.

México es parte del corredor migratorio de América del Norte, el más transitado del planeta, siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en contexto de migración.

Asimismo, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en el país se ha registrado la llegada de más de 450 mil personas que cruzan cada año la frontera entre México y Guatemala para pedir asilo o seguir su camino hacia Estados Unidos.

No obstante, el Instituto Nacional de Migración reporta que en 2016 ingresaron por el estado de Chiapas 2 millones 958 mil 230 personas, lo cual representa el flujo migratorio regular, sea para turismo o trabajo, la mayoría de estos migrantes son salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, aunque el año pasado se detectó un crecimiento de migraciones de personas provenientes de Cuba, Haití, así como de países africanos y asiáticos.

De 2011 a 2016 el número de personas que solicitaron asilo en el país se incrementó en mil 60 por ciento, ya que sólo en 2016 8 mil 781 personas solicitaron protección como personas refugiadas y más del 90 por ciento vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo del Norte en Centroamérica, aunque se ha reportado recientemente un aumento de personas provenientes de países africanos y asiáticos.

En este sentido, la violencia, los conflictos armados, el crimen organizado, la persecución y la inseguridad causaron que en el nivel global haya actualmente más de 60 millones de personas que sufren el desplazamiento forzado y no puedan regresar a sus hogares, los refugiados, obligados a abandonar sus hogares y sus vidas, parten en busca de una vida mejor, pero a veces se enfrentan a la intolerancia y al rechazo.

Cabe destacar que las personas refugiadas sufren peligros al salir de sus países y enfrentan graves riesgos durante su huida.

En ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha manifestado en diferentes informes especiales, recomendaciones y pronunciamientos, su preocupación e inquietud por la situación de vulneralidad que atraviesan los grupos de personas que se encuentran en situación de migración, tanto nacionales como extranjeros, de manera particular, aquellos que están en una situación migratoria irregular.

En consecuencia, se exponen a situaciones de vulnerabilidad en la cual son más propensos para ser víctimas de crimen organizado, de secuestros, de trata de personas, de explotación laboral y sexual, maltrato, así como ser víctimas de la delincuencia común, en situaciones climáticas extremas y de ser sujetos de abusos de autoridad, trayendo como consecuencia violaciones a sus derechos humanos por su condición migratoria irregular.

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano, en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por éste.

Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos derechos, sino toda persona, por supuesto, extranjeros, ante esto, la población migrante, con independencia de su condición jurídica, en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben ser respetados.

El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante, es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011.

Y máxime ahora, compañeros, cuando hemos sido objeto de agresiones y señalamientos xenófobos, por el gobierno de los Estados Unidos.

Incluso, México ha sido señalado como una de las naciones que menos respeta los derechos humanos, por organismos internacionales.

Y nos han puesto aquí, incluso, hasta de ejemplo, que la profesión más peligrosa es la profesión de periodista.
Por ello, consideramos fundamental, parafraseando a Osorio, "que como mínimo debe darse una información en este sentido".

Por estas razones, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, compartimos la propuesta de la comisión dictaminadora, ya que resulta oportuno solicitar al Instituto Nacional de Migración un informe respecto del número de inmigrantes que cruzan la frontera sur, así como generar las acciones necesarias para asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en contexto de migración, en situación migratoria regular o irregular, o a través de la promoción y en la divulgación de sus derechos humanos, los cuales deben ser reconocidos y garantizados por el Estado mexicano como lo marca la ley nacional y los tratados internacionales de los que México es parte.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

Se inserta intervención del Senador Jorge Toledo Luis.

El Senador Jorge Toledo Luis: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que ha sido aprobado el dictamen.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra al Senador Ismael Hernández Deras, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta a intensificar los recorridos de inspección en comercios, a fin de prevenir e inhibir prácticas indebidas en las entidades afectadas por el terremoto.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Ismael Hernández Deras: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Como es de todos conocido, el tema que hemos sufrido con los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, esta emergencia, sin duda, pone a prueba la respuesta de todas las instituciones del Estado mexicano, pero, sin duda, también pone a prueba la generosidad y solidaridad del pueblo de México para apoyar a nuestros hermanos que resultaron afectados por estos fenómenos naturales.

La respuesta de la sociedad mexicana ha estado, sin duda, también a la altura de las circunstancias. Miles de mexicanos, de todos los sectores sociales y de todas las condiciones, han salido a las calles a ayudar en labores de rescate y a brindar con apoyos a damnificados en las diferentes partes de estos sismos.

Ante estas emergencias también, sin duda, la atención del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de varios, muchos gobiernos municipales ha sido oportuna, y a través de trabajo cada vez más coordinado con las diferentes Secretarías de la Administración Pública y con las diferentes organizaciones se atienden a los damnificados, a fin de superar la primera etapa de la emergencia que hoy vivimos en diferentes regiones del país.

La situación por la que atraviesan las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, que son de las entidades que resultaron con efectos más severos, en sus afectaciones requieren, sin duda, acciones inmediatas de parte del Estado mexicano para, en su caso, y en una de las acciones que más sensible se puede provocar, que es la atención a los servicios, bienes, insumos, la comida de esas regiones del país.

La Procuraduría Federal del Consumidor, como la instancia encargada de proteger los derechos del consumidor y procurar la certeza jurídica entre las relaciones de proveedores y consumidores, tiene hoy en esas partes del país un papel relevante para proteger la economía y las circunstancias extraordinarias que están viviendo esas áreas afectadas. De ahí la importancia de prevenir el alza irregular de precios de combustibles, de materiales para la construcción, de alimentos, de ropa, de calzado, y este punto de Acuerdo, el objetivo fundamental es estar verificando de manera constante a través de un operativo extraordinario y especial que no se vayan a registrar actos de especulación que afecten, en primer lugar, la disponibilidad de productos de primera necesidad y, por otro lado, que no vaya a impactar en los precios de manera desmedida aprovechando la circunstancia por la que están atravesando estas partes del país.

Por ello, radica la importancia y la trascendencia de este punto de Acuerdo que hoy presentamos, para que la Procuraduría Federal del Consumidor verdaderamente nos informe y fortalezca operativos que está realizando o que inicia realizar para prevenir y evitar aumentos injustificados en los alimentos, sobre todo cualquier producto y combustibles en estas zonas en las que hoy han recibido esta desgracia de los sismos.

Con ello no sólo estamos protegiendo la economía familiar de los damnificados, sino también prevenimos que se eviten prácticas indebidas que provoquen la escasez de productos de primera necesidad.

En el grupo parlamentario del PRI estamos, sin duda, con la preocupación y estamos a la altura de las exigencias de la emergencia por la que atraviesa nuestro país requiere, razón por la cual hoy venimos el grupo parlamentario del PRI a proponer este punto de Acuerdo.

Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, compañeras y compañeros legisladores.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En fechas recientes, nuestro país ha sufrido los estragos devastadores de dos terremotos que han ocasionado graves afectaciones materiales y la lamentable pérdida de cientos de vidas. El 7 de septiembre a las 23:49 horas, se experimentó uno de los sismos de mayor intensidad desde los últimos cien años, provocando la muerte de más de 90 personas y decenas de heridos en el sur del país.

Los daños materiales que dejó el sismo en Oaxaca y Chiapas son importantes ya que muchas viviendas son inhabitables, hay techos colapsados, bardas caídas y otras afectaciones en viviendas, hospitales, escuelas, centros de trabajo y otras instalaciones. Más de mil escuelas, en 12 estados del país, resultaron afectadas, algunas de ellas en condiciones críticas y otras con daños parciales.

El día 19 de septiembre, precisamente en la conmemoración del 32 aniversario del sismo más terrible que se ha presentado en nuestro país, ocurrió un movimiento telúrico de 7.1 grados richter, con epicentro en Axochiapan en el Estado de Morelos, lo que provocó el colapso de varios edificios en la Ciudad de México y la lamentablemente la muerte de más de doscientas personas.

En esta ocasión, debido a que el epicentro se presentó en la región centro del país, las entidades más afectadas, además de la Ciudad de México, fueron el Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Ante estas emergencias, la atención del gobierno federal ha sido oportuna y a través de un trabajo coordinado con distintas Secretarías de la Administración Pública y el gobierno de las entidades se atiende a los damnificados a fin de restablecer la normalidad lo más pronto posible.

La importancia y la trascendencia de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, radica en que busca que la Procuraduría Federal del Consumidor fortalezca los operativos para prevenir y evitar aumentos injustificados en los alimentos, productos y combustibles en las zonas afectados por los fuertes terremotos que se han presentado en días recientes. Con ello, no solo buscamos proteger la economía familiar de los damnificados, sino también prevenimos que se eviten prácticas indebidas que provoquen la escasez de productos de primera necesidad. Los Senadores de la República reconocemos los distintos recorridos que realizan en Oaxaca y Chiapas  las brigadas de la PROFECO, tanto en mercados, gasolineras y centros de abasto para verificar que no se registren actos de especulación que afecten la disponibilidad de productos de primera necesidad. 1

Resultan importantes los acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para que los centros comerciales ubicados en las zonas afectadas abran sus puertas a la brevedad para evitar el desabasto de productos de consumo generalizado en los hogares. Igual de prioritarios son los acuerdos con industriales para prevenir la escases de masa y tortilla y el compromiso alcanzado con la Unión de Gasolineros del Estado de Oaxaca, para que no incrementen el precio de combustibles en la región afectada.2

De igual manera en días recientes, dicha institución inició recorridos en las zonas más afectadas de la Ciudad de México para revisar la disponibilidad de productos de la canasta básica  y evitar prácticas comerciales abusivas.3 Los Legisladores del PRI manifestamos nuestra solidaridad con las familias que perdieron a un ser querido. Expresamos nuestro total respaldo con aquellos que resultaron afectados en sus bienes y patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, intensifique los recorridos de inspección en comercios y tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas de ocultamiento de productos, combustibles, materiales de construcción, ropa, calzado  y alimentos que pudieran generar aumentos injustificados o desabasto de productos de primera necesidad en las entidades federativas  de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Gurrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala que resultaron severamente afectadas por los fuertes terremotos que se presentaron en días recientes.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 “Profeco implementa despliegue especial en localidades afectadas por el sismo en Oaxaca y Chiapas para evitar abusos” PRROFECO, Boletín 111/2017,
< https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-111-2017-profeco-implementa-
despliegue-especial-en-localidades-afectadas-por-el-sismo-en-oaxaca-y-chiapas-para-evitar-abusos>
Consultado el 13 de septiembre de 2017.

2 Ibíd.

3 “Profeco arranca recorridos para evitar abusos en precios”, El Universal, 20 de septiembre de 2017,
<http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/profeco-arranca-recorridos-
para-evitar-abusos-en-precios> Consultado el 20 de septiembred de2017.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Ismael Hernández Deras. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.






Compañeras Senadoras y Senadores, es el turno del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar su proposición, que entregaron a la Mesa Directiva una propuesta de punto de Acuerdo que no está inscrita en el Orden del Día.

La proposición es la siguiente: “Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las disposiciones que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de productos en las zonas afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio y albergues”.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos del día de hoy la proposición referida por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señora Secretaria. El texto de la proposición está disponible en sus escaños.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentarla.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de ayer anuncié esta proposición con punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a la brevedad expida las disposiciones de carácter general que permitan condonar contribuciones respecto del consumo de productos de primera necesidad, no necesariamente alimentos, en las zonas afectadas por los sismos; así como respecto de las donaciones cuya entrega a centros de acopio y albergues oficiales sea verificable.

Los daños ocurridos en comunidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y después, desde luego, en la Ciudad de México, o en zonas de Morelos y Puebla, han sido devastadoras.

En muchos de estos lugares las personas lo han perdido todo, literalmente todo.

Sin casa y sin vestido la gente ha tenido que enfrentar quizá una segunda tragedia.

Aquí es importante destacar que el ejemplo y la solidaridad de la sociedad ha sido extraordinaria, las donaciones recibidas han permitido aliviar enormemente este problema, pero no es suficiente, hay todavía mucho por hacer.

Esta tragedia ha abierto un nuevo debate sobre la forma de encauzar y priorizar el ejercicio del gasto público ante situaciones de emergencia como la que ahora se vive.

El presente punto de Acuerdo tiene como objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo para utilizar todos los mecanismos disponibles, particularmente lo relacionado con la exención de impuestos, con el propósito de aminorar el impacto económico a las familias que viven en las zonas afectadas, así como para permitir la reducción de la carga fiscal a los donativos que se reciben por parte de la sociedad.

De conformidad con la información disponible, es posible identificar de inmediato aquellos artículos que pueden ser considerados de primera necesidad, y no me refiero solamente a alimentos, que pudieran no estar gravados; me refiero a cuestiones de vestido básico, mobiliario elemental, como pueden ser colchones o cobijas, incluso electrodomésticos para la preparación de alimentos indispensables.

También es posible delimitar de inmediato las zonas afectadas por los sismos, y de igual forma es posible levantar un padrón de los centros oficiales de apoyo, así como de los albergues oficiales que incluya, desde luego, a los puntos autorizados por la Cruz Roja Mexicana.

Con base en esta información, el Ejecutivo Federal está en capacidad de decretar de inmediato la condonación de impuestos al consumo de artículos de primera necesidad o de emergencia en las zonas afectadas, así como de aquellos bienes que son donados a los centros de acopio y albergues oficiales, primero, para paliar y mitigar el gasto de las personas damnificadas y sus familias y, segundo, para permitir el abaratamiento de las donaciones que se reciben y cuyo destino es efectivamente verificable.

Es importante, compañeras y compañeros, no perder de vista que la facultad exclusiva de condonar impuestos le corresponde al Ejecutivo Federal, y está prevista, precisamente para momentos como el que hoy atraviesa nuestro país.

Actuemos ya, aprovechemos todas las opciones que tenemos a la mano.

Muchas gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Héctor David Flores. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo en torno al contenido del Acta 323 remitida para ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Compañeras y compañeros, muchas gracias por atender a este compañero Senador.

Las relaciones internacionales son de suyo complicadas, la interacción de un país emergente con la primera potencia del mundo es aún más intrincada. Sin embargo, nuestra historia y los principios normativos de política exterior pueden y deben ser nuestra guía.

Los invoco de esta forma porque se está gestando un diferendo con el vecino país del norte, se trata de la distribución de las aguas del río Colorado.

En 1944 se firmó entre México y Estados Unidos un Tratado de Aguas, en dicho acuerdo se fijan con toda claridad los volúmenes de agua que corresponden a una y otra nación, tanto en condiciones normales como en circunstancias de sequía o de excedentes que, por supuesto, los ha habido.

Producto del tratado de común acuerdo se decretó la existencia de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ya invocada por el compañero Presidente, la llamada CILA. Este organismo se aboca a instrumentar el tratado en relación con las aguas superficiales y las aguas subterráneas, entre otras tareas.

La mecánica de la función de límites y aguas es la siguiente:

La sección mexicana y la sección estadounidense se reúnen periódicamente y llegan a acuerdos en torno a la dinámica de esta relación.

Los compromisos son preasumidos y quedan plasmados en actas o minutas.

Estas actas son remitidas a las cancillerías de los respectivos países donde se revisan y, en su caso, se ratifican.

Recientemente se levantó el Acta 323, este instrumento ha provocado una onda provocación y una gran preocupación entre los habitantes y productores del Valle de Mexicali, por supuesto, se cuenta el norte de Sonora, en síntesis, el Acta 323 va más allá y desnaturaliza el Tratado de Aguas de 1944.

Disfrazada bajo la rúbrica de programación de infraestructura, en realidad se consiente la venta del agua destinada expresamente para el desarrollo de la región agrícola del Valle de Mexicali, de Baja California.

Se trata de una descarada alteración del tratado, es bien sabido que los únicos autorizados por la Constitución para modificar los tratados internacionales son: el Presidente de la República con la aprobación de esta Cámara.

El Valle de Mexicali es una región semiárida que requiere de la totalidad de las aguas pactadas desde mediados del siglo pasado para su sobrevivencia, todavía hoy en día hay compañeros productores que a pesar de contar con una resolución presidencial no han visto una sola gota de agua en una extensión de aproximadamente 1,500 hectáreas a que tienen derecho.

Es importante mencionar que el Acta 323 se refiere también a otros puntos que no nos afectan, por ello, vengo a esta tribuna para pedir a ustedes, procedamos a solucionar esta disyuntiva.

Los invito a exhortar al Presidente de la República, se requiere que el Presidente instruya al Secretario de Relaciones Exteriores, a efecto de que se abstenga de confirmar el contenido del Acta 323, únicamente digo en la parte que afecta al interés nacional.

Compañeras Senadoras y Senadores: La relación con los Estados Unidos de América ha entrado, desde hace unos meses, en una etapa complicada.

Para nadie es un secreto que la nueva administración, al otro lado de la frontera, trata de imponer sus puntos de vista mediante el hostigamiento y la presión.

Durante casi 150 años, México ha logrado desarrollar una relación equilibrada en la distribución de las aguas con nuestro vecino del norte.

Al Senado le corresponde la revisión de la política exterior mexicana.

En apego a los principios normativos de nuestra política exterior, solicitemos con convicción al Presidente de la República, se sirva defender la soberanía nacional.

Hay que poner en contraste la venta del agua en el Acta 323 con nuestros principios soberanos.

La conclusión es inmediata y evidente, no procede, y en consecuencia, no es de extender la ratificación del acta en los puntos que vulneran el legítimo interés nacional.

Los habitantes del Valle de Mexicali, del norte de Sonora, han resistido con estoicismo terremotos y sequías en los últimos años. Sin agua, el oasis que ha levantado con sus manos, volverá a convertirse en un desierto.

Demos, pues, nuestro apoyo a estas y estos mexicanos de Mexicali que defienden sus recursos y, por supuesto, la soberanía nacional.

Es la cuenta, señor Presidente.

Gracias, compañeros de la Asamblea.

Proposición con punto de Acuerdo

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE, CON TODA ATENCIÓN, AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INSTRUYA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA ABSTENERSE DE RATIFICAR LAS CONCESIONES HECHAS DE MANERA INDEBIDA POR EL COMISIONADO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS, SOBRE LAS AGUAS DEL RÍO COLORADO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Aguas en los Tratados.

La República Mexicana comparte con los Estados Unidos de América una línea divisoria de más de 3000 km. Casi la mitad de los tramos toma como referencia el caudal del Río Bravo. Además, en la zona fronteriza diversos ríos provenientes del norte se abren paso en nuestro país para ir a desembocar al mar. Tal es el caso del Río Colorado que viene de las Montañas Rocallosas para alimentar el Mar de Cortés. Es así que la determinación de los límites entre uno y otro país así como el aprovechamiento y distribución de las aguas en los distintos caudales reviste una cuestión de primer orden. Estos tópicos han sido objeto de reconocimiento, debate y consenso y dieron lugar a la celebración al Tratado de Aguas que fue firmado el 3 de febrero de 1944 entre México y los Estados Unidos de América, el cual tiene como antecedente la convención internacional entre los las mismas naciones que data de mediados del Siglo XIX.

Así nació la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Este organismo binacional cuenta con una Sección Mexicana y una Sección Estadounidense, cada una de ellas dirigidas por un Comisionado Ingeniero que es designado por el Presidente de su respectivo país. Hoy día las oficinas centrales de la Sección Mexicana están en Ciudad Juárez, Chihuahua y las de la Sección Estadounidense en El Paso, Texas. En el estado de Baja California la Sección Mexicana cuenta con sendas oficinas en Tijuana y Mexicali que son espejo de las estadounidenses que se ubican en San Diego, California y Yuma, Arizona. Desde hace casi 120 años la Comisión vigila y aplica los tratados y convenciones sobre límites y aguas a lo largo de la frontera norte del país. En este orden de ideas, las áreas de jurisdicción de la Comisión Internacional de Límites y Aguas son los límites territoriales, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la calidad del agua, el saneamiento y proyectos de cruce internacional.

La sección mexicana de la CILA recibe asesoría de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la SEMARNAT, SCT, SHCP, SEGOB, SEDENA y SFP así como CONAGUA, CAPUFE, INDABIIN, CFE, INEGI, y el Servicio Geológico Mexicano.

Cabe mencionar que en Mexicali, la Comisión desarrolla como proyectos conjuntos el monitoreo del Río Colorado, la Presa Morelos, la entrega de agua del Río Colorado, la salinidad del Río Colorado y el saneamiento en Mexicali. De acuerdo al Tratado suscrito por ambas naciones el 13 de febrero de 1944 queda garantizada a México en condiciones normales la entrega anual de anual de 1’850,234 millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado. De éstos, 1’677,545 millones de metros cúbicos se entregan en la Presa Morelos y 172,689 millones de metros cómicos a través del Canal Sánchez Mejorada, en San Luis Río Colorado, Sonora. De haber excedentes, se entregan hasta completar un volumen máximo de 2’096,931 millones de metros cúbicos.

A pesar de que el objeto y cláusulas del Tratado son claras y de que cobra aplicación el principio de Derecho Internacional “Pacta Sunt Servanda” de que los pactos son para cumplirse, de manera inexplicable el Comisionado de la Sección Mexicana ha consentido, al suscribir el Acta 319 ya ratificada y la número 323 en proceso de confirmación, la venta de agua a los Estados Unidos de América, que no forma parte de las estipulaciones del Tratado.

Vulneración a la soberanía nacional.

Se firmó el Acta 323, que se encuentra para confirmación por parte del Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez ratificada, surtirá efectos plenos. El Acta 323 establece diversos puntos que afectan al pueblo de México en general y a los habitantes del Valle de Mexicali en particular: a) Se autoriza la venta de agua a organismos operadores de los Estados Unidos; b) La venta se disfraza como "programa de sustitución de infraestructura”. La entrega de agua por infraestructura, es decir, la venta de agua resulta violatoria del Tratado de Aguas de 1944, pues desnaturaliza la esencia del acuerdo que consiste en la justa distribución de las aguas. En realidad, pactar la venta de agua es una alteración del Tratado. Cualquier modificación a los tratados es competencia exclusiva del titular del Ejecutivo Federal con aprobación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Como se puede observar, la venta de agua excede de las facultades del Comisionado, por lo cual debe ser removido de su cargo.

La venta de agua implica desde luego un recorte que deteriora la de por sí precaria situación de los productores del Valle de Mexicali. Es importante recordar que a pesar de contar con un decreto presidencial, todavía a la fecha hay productores que cuentan con más de 1,500 hectáreas que nunca han recibido dotación alguna de agua. El recorte que representa la venta de agua a los organismos operadores de los Estados Unidos de América va a impedir los dobles cultivos, pues no se podrán completar los riegos entre otros, para la producción de trigo y algodón.

Los propios productores y habitantes de la región afectada, es decir, de la zona del Valle de Mexicali de Baja California han expuesto con claridad las razones, motivos y consideraciones que obran para rechazar el contenido del acta 323 remitida a la superioridad por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que son los siguientes, expresados en sus propias palabras ante diversas autoridades de la Frontera Norte:

En alcance a nuestro documento general de manifestación de inconformidad fechado el 18 de septiembre pasado contra las acciones emprendidas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) relacionadas a la inminente firma del Acta 323 que extiende alcances y adiciona términos del Acta 319 firmada en noviembre de 2012, queremos establecer y subrayar algunos aspectos relacionados a dichas actas y al estado de las cosas, mismos que se basan en nuestro razonamiento informado, conocimiento profundo de nuestra región, experiencia productiva y sensibilidad colectiva en torno a éste recurso hídrico escaso y a la vez base del desarrollo regional, el río Colorado.

Respecto al ámbito binacional, estamos conscientes de las condiciones de sequía críticas observadas sobre todo desde 1999 y que amenazan el futuro de nuestra principal fuente de agua; sabemos que existe una alta variabilidad climática en la cuenca hidrológica del río Colorado a la que pertenecemos misma que repercute directamente en la acumulación de capa de nieve en las Rocallosas, en la temporalidad y cantidad de escurrimientos y en los almacenamientos de las presas que nos abastecen desde Estados Unidos.

En el contexto nacional, también estamos ciertos sobre nuestras propias necesidades y deficiencias internas como país, como área de riego establecida en una zona semi-árida; sabemos que se requiere mayor y mejor infraestructura hidráulica para mejorar el uso y manejo del agua tanto en el campo como en la ciudad y sabemos que debemos trabajar fuertemente en mejorar los sistemas de medición, incrementar nuestra eficiencia de uso del aguas superficiales y subterráneas para alcanzar lo óptimo desde el más alto nivel de operación en la red mayor pasando por redes secundarias y hasta llegar al nivel de parcela tal que permita producir los alimentos estratégicos de la nación como el trigo, algodonero, alfalfa y hortalizas lo que a la vez implica el bienestar económico y social de los que aquí trabajamos. Y claro, sabemos de la gran cantidad de apoyos y recursos financieros que ello implica y que se deben buscar y aplicar.     

Pero las anteriores realidades, aunque interrelacionadas por una vena hídrica transfronteriza, son dos cuestiones que deben abordarse de manera separada: los aspectos binacionales deben acordarse de manera, justa, equitativa, transparente y consensuada con los actores clave que se verían beneficiados.  Al final, sin perjuicio para ninguna de las partes y tratando de negociar ventajas para todos los usuarios de la cuenca, en este caso de los dos países, y particularmente los usuarios del riego que se desarrollan en un marco de autogestión efectiva a través de los módulos de riego.

Por lo anterior, consideramos que el Acta 323 del Tratado de Aguas Internacionales entre México y los Estados Unidos que se pretende firmar en próximos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, debe ser revisada y someterse a un amplio proceso de consulta para efecto de observar y discutir las consideraciones técnicas de manera puntual, clara y transparente hacia la posible firma de la misma, tal que se puedan elucidar los aspectos críticos y potencialmente benéficos para todas las partes involucradas y sobre todo para México. Los términos clave de dicha Acta 323, publicados el 3 de agosto pasado por una fuente oficial estadounidense y usuario principal de la cuenca (Central Arizona Project, Action Brief Board of Directors, Agenda No. 7), incluyen nueve aspectos centrales sobre los que pedimos profundizar la explicación por parte de la CILA y Conagua:

1) Se mantienen los términos del Acta 319 para la distribución de flujos en condiciones de alta elevación en el Lago Mead.

2) Se mantienen los términos del Acta 319 para la distribución de flujos en condiciones de baja elevación en el Lago Mead marcando como nivel crítico 1,075 psnm.

3) Plan Binacional de Contingencia (nuevo), que se implementaría en caso de condiciones de sequía en la cuenca baja del río Colorado que profundicen el nivel crítico anterior. Este punto sugiere generar ocho niveles de ahorros adicionales “voluntarios” en México cuando los rangos críticos se encuentren entre 1,090 y 1,025 psnm. En este sentido importa saber como se determinaron dicho esquema “voluntario” y los niveles de ahorro. 

4) Reserva de Agua de México (en Lago Mead), como una continuación del Acta 319 que se refiere a que México puede realizar ajustes a la baja en sus pedidos de calendarios de entrega. Se Consideran aquí tres formas posibles: a) agua diferida por ocurrencia de sismos donde México no pueda recibir volúmenes; b) depositar agua en una cuenta; c) Agua Mexicana Intencionalmente Creada (ICMA) resultante de proyectos de conservación en México.

5) Salinidad. Este aspecto es desde tiempo atrás exigido por los usuarios y como tal merece ser considerado e impulsado para profundizar los trabajos de negociación justa y transparente respecto a las acciones de monitoreo en tiempo real y financiamiento para minimizar sus impactos en México y en el Valle de Mexicali.

6) Medidas para resolver la variabilidad de flujos diarios que se reciben. Como tal, éste representa otro aspecto que se debe incorporar en un acuerdo bilateral en beneficio directo para México a través de buscar alternativas de almacenamientos de agua en México.

7) Medio Ambiente. Éste sin duda es un aspecto que nos preocupa y nos permite expresar nuestra afinidad con la visión de manejo integral de cuenca y de protección de nuestro propio ciclo hidrológico. Es un tema que consideramos necesario incorporar en un acuerdo bilateral como éste pero siempre buscando la negociación justa y transparente para la asignación de flujos ambientales para la zona ribereña y el delta y sobre todo de los recursos financieros dedicados a ello.

8) Inversión y proyectos. Este es un aspecto delicado que merece especial atención y explicación ya que se propone extender y estructurar los alcances de la anterior Acta 319 para desarrollar proyectos de conservación y modernización básicamente en el Distrito de Riego, pero también para la implementación de desalinizadoras en Rosarito, Mar de Cortés y Río Nuevo así como utilización de efluentes de aguas residuales provenientes de plantas de tratamiento de la zona rural del Valle de Mexicali; todo ello con recursos de Estados Unidos (U.S. 31.5 MDD) y para generar volúmenes para intercambiar y colocar en el medio ambiente, en el sistema de presas del río Colorado y para uso de agua en Estados Unidos.  Es decir, transferencias simultáneas de fondos y financiamiento estadounidense por agua.

9) El tema del Canal Todo Americano, que fluye paralelamente a la línea divisoria por el lado estadounidense, se debe también revisar con detenimiento ya que éste punto sugiere conducir agua de México a través de este canal para colocarlos en el PB “0” donde inicia el bombeo de agua del acueducto Río Colorado-Tijuana.

Finalmente, es menester subrayar que entendemos que los diferentes  Grupos de Trabajo Binacional (GTB) de la CILA, para cada uno de los nueve temas antes mencionados, son elementos técnicos clave en la negociación bilateral y como tal se debe transparentar quién los constituye, la información en la que se basan para apoyar la negociación y los procesos de consulta que implementan para lograr consensos hacia dentro de cada país antes de negociar con sus contrapartes estadounidenses.

Por lo tanto, solicitamos a las autoridades correspondientes de CILA y Conagua atender y aclarar de manera oportuna, antes de la firma del Acta 323, todos los puntos anteriormente expuestos.”

Recta aplicación del Tratado Internacional.

Es bien sabido que tanto en Derecho Interno como en el Derecho Internacional, el cumplimiento de los pactos no puede quedar a la voluntad de una sola de las partes; pues bien, las concesiones otorgadas por el Comisionado en el Acta 323 prácticamente dejan la decisión en torno a los volúmenes de agua en manos de los estados de Nevada, Arizona y California. Estas concesiones graciosas a los vecinos del Norte tienen vocación de permanencia pues han sido pactadas por períodos con esa proyección. De no enmendarse las decisiones asumidas por el Comisionado de la Sección Mexicana la entrega indebida de nuestras aguas a los vecinos del Norte va a adquirir carácter definitivo.

A fin de valorar el contenido del acta impugnada es importante ponerlo en contraste con los puntos principales del Tratado de Aguas firmado el 3 de febrero de 1944 entre México y los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se ha de tener presente que los puntos principales de dicho acuerdo internacional son los siguientes:

a) Se reconoce el derecho de México sobre las aguas que le corresponden,

b) Las tablas de entrega de aguas del Río Bravo en México pueden tener un ajuste positivo en los años escurrimientos excedentes,

c) Se asegura el desarrollo agrícola en ambos países en el Río Colorado.

En consecuencia, resulta imperativo, por ética política y aplicación de los principios normativos de la política exterior mexicana, observar los principios del Derecho Internacional aplicables entre naciones que comparten ríos y que son las siguientes:

El derecho legítimo al reparto equitativo y racional de las aguas por los países que las comparten.

La obligación de los Estados de no aplicar al extremo el concepto de soberanía absoluta para usar sus cuencas, si con ello se alteran las condiciones naturales de las corrientes de tal forma que impidan el otro Estado hacer uso del suyo propio.

El deber de ambos países que comparten los Ríos de aprovechar sus aguas racionalmente, a fin de preservar los recursos naturales.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se requiere, con toda atención, al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación a fin de que se sirva instruir al Secretario de Relaciones Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 que le fue remitida para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas CILA, en la parte que afecta el interés nacional por autorizar la venta de aguas a los Estados Unidos de América.

En la sede del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

El 26 de septiembre de 2014, hace tres años ya, se registró un ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tuvo un saldo de 6 personas muertas, 25 heridas y 43 desaparecidas. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República no han dado certeza a los padres y madres de los 43 estudiantes sobre lo que realmente sucedió, y a pesar de que se han detenido a más de 120 personas relacionadas con los hechos, no, no hay culpables.

La gravedad de estos hechos ocurridos en Iguala provocó que organismos internacionales solicitaran de inmediato participar en las investigaciones, con especial mención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes entregaron al gobierno mexicano dos informes de sus investigaciones.

Las razones y características de este ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, supusieron una enorme interrogante y perplejidad para ellos mismos, para México y para el mundo: ¿Cómo es posible un hecho de esta envergadura? Y, realmente, ¿por qué pasó?

Las dimensiones del ataque no han sido sin embargo tenidas en cuenta de forma que permita un análisis en profundidad de los hechos.

Tengo además que mencionar que tampoco las recomendaciones del GIEI han sido tomadas en consideración por el gobierno mexicano.

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas, es indispensable recordar el nombre de cada uno de estos estudiantes de los que aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ellos. ¿Dónde están?

Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomás Colon Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galindes Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jonas Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patolzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemany Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García, los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzosa esa noche, esa noche que ya va a cumplir tres años.

Seguimos en la búsqueda de estos normalistas, y no debemos dejar, señoras y señores, no debemos dejar que el paso del tiempo ponga un velo que nuble la memoria de las y de los mexicanos.

El gobierno de este país tiene la responsabilidad de dar certeza a las y los familiares de las víctimas de este terrible crimen.

Recientemente familiares y compañeros de estos normalistas se dirigieron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación con la finalidad de entablar un diálogo con las autoridades, pues consideran que no se ha dado la celeridad correspondiente a las investigaciones y de acuerdo con información que se tiene, tanto de familiares como de distintos acompañantes, señalan que aparentemente hay una intención de cerrar el caso para que no genere costos políticos en la elección de este año, la que se va a realizar, que ya empezó este año, y que se va a realizar en el 2018.

Sin embargo, este acercamiento con las autoridades, para buscar este diálogo, se vio truncado.

La Organización Tlachinollan, se sumó al contingente que se dirigió a la Secretaría de Gobernación, y se nos informa que madres y padres, estudiantes también, compañeros de estos chicos desaparecidos de Ayotzinapa y sus representantes, habían sido agredidos con gas lacrimógeno a las afueras de la Segob.

Más tarde, la organización reportó que un cerco policial rodeó la protesta de los familiares sobre la Avenida Paseo de la Reforma, y un funcionario de la Secretaría de Gobernación refiere que el uso disuasivo de estos gases derivó de que presuntos infiltrados iniciaron agresiones en los accesos a esta dependencia.

Situaciones como la anterior se han suscitado, por cierto, en varias ocasiones, no sólo en lo que respecta a los 43 estudiantes desaparecidos, sino en muchos otros casos en los que la protesta social es un medio de presión para que las autoridades den pronta respuesta a las solicitudes que se plantean durante las manifestaciones, el uso excesivo de la fuerza pública vulnera el derecho legítimo de la sociedad para manifestar su postura ante situaciones relevantes que afecten su esfera política.

Por ello es preciso que las autoridades cuenten con un protocolo de acción que privilegie el diálogo oportuno evitando que el lapso en que los estudiantes, o en este caso los manifestantes esperan una respuesta de las autoridades, se generen actos violentos.

El pasado 29 de agosto de este año el titular de la Procuraduría General de la República, representantes de la Secretaría de Gobernación, representantes de la Cancillería y la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvieron una reunión con los representantes de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzosa, en la que se expusieron las medidas implementadas en los últimos meses para fortalecer la búsqueda de los estudiantes y la indagatoria.

Por todo lo que yo me he permitido leerles a ustedes, es que hoy someto a su consideración el siguiente punto de Acuerdo:

Único.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, puesto que es la instancia que está encabezando la relación con esta Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se integran PGR y Cancillería, remita a esta Asamblea un informe detallado sobre los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, presentados por el gobierno federal a familiares y representantes de los normalistas en la reunión del pasado 29 de agosto de 2017.

Es cuanto.

Y les agradezco a todas y a todos ustedes su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora De la Peña. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna, por favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Me parece que este tema, por sensibilidad de la Asamblea, debiera declararse de urgente resolución, y si fuera el caso, yo solicitaría la palabra para el mismo tema.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

La proponente, según entiendo, no solicitó la urgente resolución.

Senadora Angélica de la Peña, por favor, sonido en su escaño.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Yo creo que tiene razón la Senadora Padierna, amerita una urgente resolución, sobre todo a tres años de estos terribles acontecimientos.

Si usted gusta ser tan gentil en pedir que pueda ser aprobado de urgente resolución, se lo agradecería muchísimo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con todo gusto, Senadora, consultamos a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

Pediría a la Secretaría, en votación económica, consulte a la Asamblea si se acepta este asunto de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si este asunto anteriormente tratado es considerado de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Le informo, señor Presidente, que no es de urgente resolución.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

El Senador Rabindranath Salazar está solicitando la palabra, y se la concedemos desde su escaño.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para sumarme, por supuesto, a la petición de que sea tratado de urgente resolución, en virtud de que han pasado tres años y no se ha esclarecido este lamentable acontecimiento, no se puede borrar de la memoria de los mexicanos esta tragedia también.

Sabemos, por supuesto, que hoy estamos pasando por momentos terribles en nuestro país; sin embargo, creo que es muy importante que no olvidemos a estos jóvenes también.

Por lo tanto, yo exhortaría amablemente a mis compañeros que pudieran pensar y que podamos retomar el tema, yo creo que sería muy importante que se trate a la brevedad para que se dé el informe que corresponde por parte de la Secretaría de Gobernación.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Rabindranath Salazar.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Solamente solicitar su venia para inscribir un texto que hice llegar a la Mesa Directiva con mi pronunciamiento en relación a Ayotzinapa.

Intervención



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así lo haremos, Senadora, que la secretaría técnica de la Mesa haga el favor de recibir el comunicado de la Senadora Dolores Padierna. Túrnese a la Comisión de Justicia.






JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Compañeras Senadoras y Senadores, recibimos en la Mesa Directiva una comunicación de la Junta de Coordinación Política con el que remite el Acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para el actual periodo de sesiones. Esta Asamblea se da por enterada.








MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores, daremos cuenta de las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de esta mañana.

Solicito a la Secretaría dé cuenta.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del señor Presidente, doy cuenta e informo que se amplío el turno a los siguientes proyectos de Decreto:

Que reforma diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentado el 12 de septiembre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos.

Que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada el 25 de febrero del año 2003, y que expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado el 9 de marzo de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado a conocer la Secretaría.






Como fue anunciado, daremos turno a diversos asuntos.

Al proyecto de Decreto del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, que propone establecer diversas medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que afectaron a diversas entidades federativas de la nación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS PARA COADYUVAR CON LAS ACCIONES DE AUXILIO, RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON MOTIVO DE LOS FENÓMENOS GEOLÓGICOS E HIDROMETEREOLÓGICOS QUE AFECTARON A DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA NACIÓN

(Presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez)








Al proyecto de Decreto de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón, Mariana Gómez del Campo Gurza, José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán, José de Jesús Santana García, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se suspende la aplicación del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SUSPENDE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón, Mariana Gómez del Campo Gurza, José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán, José de Jesús Santana García, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN)



Ambos proyectos de Decreto se turnan a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Asimismo, daremos turno directo a la proposición del Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo con relación a los sismos que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país, misma que se turna a la Comisión de Protección Civil.








EXCITATIVAS

A partir de las solicitudes de los Senadores Raúl Gracia Guzmán y Luz María Beristain Navarrete, esta Presidencia emite excitativa a las comisiones correspondientes en cada caso, a fin de que presenten los dictámenes sobre los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, presentada el 17 de marzo de 2016.








Y sobre el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentado el 11 de noviembre de 2014.

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para que emitan el dictamen correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI BIS. AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El día martes 11 de noviembre del 2014 acudí a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis. al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente, dispuso dar turno a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda

TERCERA. Dicha iniciativa tiene como objeto fomentar el trabajo de oficina en casa, a distancia o a domicilio, así como programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo, a fin de reducir desplazamientos, el uso de automóvil y el uso de servicio de transporte público por los trabajadores.

CUARTA. El 7 de septiembre a las 23:49:18 horas, se suscitó un sismo de 8.2 grados Richter, con epicentro en Chiapas,

QUINTA. El 19 de septiembre se presentó un sismo de 7.1 grados Richter con epicentro en Puebla-Morelos

SEXTA. Los sismos antes mencionados ocasionaron que cientos de ciudadanos perdieron la vida, numerosos heridos, edificaciones dañadas y colapsadas en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas, lo cual ha significado la mayor tragedia en las ultimas décadas de la historia de nuestro país.

QUINTA. En la Ciudad de México se han registrado más de 3 mil edificios dañados, en la capital poblana se contabilizaban 776 inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, sin mencionar los ocasionados en otras entidades federativas.

SEXTA. Los daños suscitados en nuestro país, nos obligan al cambio de paradigma en relación al lugar habitual de trabajo, ya que hay numerosos edificios que necesitan ser reparados o demolidos, lo que complica y vuelve peligroso el tránsito por las calles, por lo cual no es recomendable permanecer en las zonas afectadas, es por ello que propiciar un menor desplazamiento hacia edificios y a las calles resultaría positivo, no solo para el medio ambiente sino para la integridad de cientos de personas que diariamente se desplazan a sus lugares de trabajo.

En la propuesta que remito, al propiciar el trabajo a distancia, disminuye exponer vidas, ya que no sería necesario salir a las calles para trasladarse al sus lugar de trabajo, ni acudir a edificaciones a laborar, por lo menos en edificaciones gubernamentales.

Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Único.- Se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV bis. al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.

1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51265





Les informo que las proposiciones referidas a solicitud de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y local del estado de Morelos a establecer las acciones y mecanismos necesarios para la protección eficaz e inmediata de los habitantes de los municipios del estado de Morelos afectados por el sismo del 19 de septiembre y reasignar de manera inmediata los recursos presupuestales necesarios para la creación de una red acelerográfica y sistema de alerta sísmica en Morelos. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos a destinar recursos extraordinarios a través de diferentes fondos para la reconstrucción nacional de México y a los afectados por los desastres naturales recientes. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las y los mexicanos vivimos momentos de emergencia, el terremoto del pasado 19 de septiembre ha puesto al país en vilo; trágicamente se ha repetido un sismo de consecuencias muy lamentables el mismo día que recordábamos con dolor el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Expresamos nuestro más sincero pésame y condolencias a quienes han perdido a algún ser querido; también les transmitimos nuestra solidaridad a quienes han perdido su hogar, su centro de trabajo o algún bien material. Todas y todos estamos haciendo lo posible porque este país salga adelante ante esta tragedia, y ello se ve y se vive en los miles de jóvenes que han salido a dejar su solidaridad, trabajo y esfuerzo para rescatar y ayudar a millones de personas. Ya nadie los podrá discriminar y ofender con el apelativo de “ninis” o con los estereotipos de una generación millennials indiferente e individualista. Estas jóvenes y jóvenes, así como otros miles de mexicanas y mexicanos solidarios que participan en toda esta ayuda y labores de rescate, son la auténtica semilla de otro país que desde hoy mismo ya se está dibujando como una gran fuerza transformadora y de esperanza.

Por lo anterior, exhortamos a que esta reconstrucción nacional que México necesita se realice de manera transparente y de la mano de la sociedad, de los expertos y especialistas, de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil. No aceptaremos que la corrupción se apodere de esta tragedia.

Es la hora más importante para nuestro país en emergencia, su reconstrucción depende de todas y todos y sólo será posible con todas y todos. El primero que deberá ponerse a las órdenes del mandato popular es el Estado mexicano, los tres poderes de la Unión y todas sus instituciones.

Por lo anterior, exhortamos al siguiente:

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN

UNO. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que envié un adendum a la Cámara de Diputados al Paquete Económico 2018 en el que se propongan los reajustes necesarios y solicite mayores recursos al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

DOS. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a la Cámara de Diputados para que, en el análisis y aprobación del presupuesto, doten de recursos suficientes al FONDEN para hacer frente a los daños generados por los fenómenos naturales presentados en este año en nuestro país.

TRES. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que agilice los trámites a fin de que a la brevedad puedan utilizarse los fondos del Bono Catastrófico otorgado por el Banco Mundial.

CUATRO. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que vigile puntualmente y en tiempo real la aplicación de recursos y atención de emergencias y necesidades suscitadas por las catástrofes vividas en este año en nuestro país.

CINCO. El Senado de la República exhorta a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral para que destinen el 50 por ciento de las prerrogativas de gasto de campañas para 2018 para la reconstrucción nacional y a los afectados por los desastres naturales.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas e incremente la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. Se turna a la Cámara de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público los restantes.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México ha enfrentado, durante el mes de septiembre del año en curso, dos sismos de gran magnitud que afectaron a los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

El primero de ellos, se suscitó el día 7 de septiembre a las 11:49 de la noche, con una magnitud de 8.2 con epicentro a 133 kilometros al suroeste de Pojijiapan, Chiapas.1 Este evento telúrico tuvo como consecuencia la muerte de 78 personas; 31,519 viviendas afectadas, 671 escuelas con daños y de estas 49 de alto riesgo; asimismo, 300 edificios dañados como palacios municipales, templos y mercados, de acuerdo con información oficial hasta el 15 de septiembre de 2017.2

Esto ha representado uno de los mayores desastres naturales que ha enfrentado el sur del país y donde es importante destacar, sus principales afectaciones se dieron en los dos estados más pobres de México. Según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), antes del día 19 de septiembre, los estados de Chiapas y Oaxaca habían recibido durante la contingencia 611 mil litros de agua potable; 145 mil despensas; 35 mil litros de leche, 30 mil cobertores; 35 mil colchones, que sumaban 1,954 toneladas de víveres que beneficiaron a 1.1 millón de personas.3

Al mismo tiempo, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró zona de desastre natural a 97 municipios del estado de Chiapas, cerca de dos mil 500 comunidades, donde existen por lo menos un millón 500 mil personas damnificadas.4 En esta misma tesitura, también se declaró zona de desastre natural a 283 municipios del estado de Oaxaca,5 lo que representa, sólo con estos dos estados, un gran reto para la reconstrucción y reposición de toda la infraestructura dañada en estas localidades, lo que conlleva una gran cantidad de recurso humano, material y económico.

Doce días después del sismo de 8.2 grados, el 19 de septiembre, mismo día que se cumplían 32 años del terremoto de 1985, a las 13:14 horas, un temblor con magnitud de 7.1, con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos,6 sacudió de forma violenta el centro del país, viéndose afectados los estados de: Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y los ya declarados zona de desastre, Oaxaca y Chiapas.

Este segundo movimiento telúrico, arrojó hasta el día 25 de septiembre, 324 fallecidos, de los cuales 186 fueron en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.7

Sumado a lo anterior, el mapeo colaborativo que realizó el Gobierno Federal en su plataforma web, datos.gob.mx, indica que han sido identificadas 91 estructuras parcial y totalmente derrumbadas por el sismo del día 19 de septiembre; sin embargo, se tiene registro de aproximadamente 7,653 reportes de daños a inmuebles en las diferentes entidades federativas que se vieron afectadas por el movimiento telúrico. Cabe señalar que, estos datos son preliminares, ya que al 25 de septiembre aún no se cuenta con un censo que verifique cuántos inmuebles se vieron dañados y que lamentablemente costaron la vida de cientos de personas.

Es de admirar durante los siniestros que se dieron en un lapso de dos semanas, la unidad del pueblo mexicano para apoyar a las personas que, lamentablemente, quedaron atrapadas entre los escombros de edificios colapsados y también para las que perdieron sus hogares; es de resaltar la valentía con la que mujeres y hombres se solidarizaron con las víctimas y ofrecieron su incondicional ayuda para rescatar, suministrar y distribuir todo lo necesario en los momentos más críticos.

También, junto con la ayuda en las calles, hubo una demanda social que hizo eco en las plataformas digitales de comunicación, la petición a los partidos políticos para que renunciarán al presupuesto público que se les asigna. Anterior a esta petición, el 14 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de Morena ya había anunciado la donación del 20% del presupuesto asignado al partido para las campañas de 2018, lo que se traduce en aproximadamente 41.1 millones de pesos, que serían destinados a los damnificados de Chiapas y Oaxaca. Tras este anuncio el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que estaba prohibido que los partidos destinen a fines distintos los recursos públicos que les entrega el propio INE para financiar sus actividades ordinarias o de campaña.8

Sin embargo, derivado del trágico suceso del 19 de septiembre y ante la masiva presión social para que los partidos renunciaran al excesivo presupuesto público que les es otorgado, el INE cambió su postura y declaró que podría haber mecanismos jurídicos para la reasignación de dichos presupuestos. Abriendo la puerta para que más partidos se sumen a la legítima petición de la sociedad.

La misma sociedad que aún en la penumbra y la desgracia, refleja una profunda desconfianza de quienes los representan, así también lo demuestran los resultados de la Encuesta realizada en el año 2016 por Consulta Mitofsky, sobre la confianza de las Instituciones, al revelar que los peores evaluados son los partidos políticos con 4.8%, los sindicatos con el 4.9%, los diputados y policías con 5%.9 Esto ratifica lo mencionado, sobre la poca legitimidad y reconocimiento que tienen los partidos políticos en la sociedad mexicana.

Si bien, esta crisis de confianza se ve reflejada en todas las instituciones de gobierno, siendo el año 2016 el peor evaluado, con el 5.9% como lo marca la encuesta en comento, los partidos políticos han sufrido un particular detrimento de su credibilidad en la sociedad, cuestión que se debe a diversos factores.

Pero no sólo los partidos políticos son evaluados reprobatoriamente por los ciudadanos, todo el sistema democrático del país no cuenta con la confianza de la mayoría de las personas. Un estudio realizado por Latinobarómetro, refleja que en México sólo el 48% de los encuestados apoya la democracia como la mejor forma de gobierno, también es importante destacar que, de todos los países estudiados, México es el único que no ha aumentado su porcentaje de preferencia, en los últimos cinco años.10

En esta misma tesitura, la Encuesta Nacional de “El Financiero”, refleja que el 60% del electorado mexicano se define como un votante convencido, que siempre va a votar. Sin embargo, el 69% desconfía de las elecciones y el 58% expresa desconfianza en el INE.11

Al mismo tiempo es innegable la íntima relación con el ciclo económico del país, el poco crecimiento en los ingresos de las personas y ahora la poca capacidad de  respuesta para desastres naturales, repercute en aumentar la desconfianza en la efectividad de un modelo democrático. Esto hace apreciar que para consolidar una forma de gobierno, se deben construir mayores grados de igualdad y libertad que se traduzcan en garantías cívicas y políticas, así como garantías sociales.

Y es que en México, la pobreza en los últimos 6 años ha tenido una media nacional del 45.3%, esto equivale aproximadamente a 53 millones 418 mil 151 personas.12 La decepcionante cifra hace notar la desigualdad, la discriminación, la inequidad social y económica; también refiere una inequidad política.

Inequidad que se ve reflejada en los recursos que cada año se les otorga a los partidos políticos. Para el ejercicio fiscal 2018, el INE presenta el presupuesto más alto para partidos políticos y gasto operativo, que se ha tenido desde la creación del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

Financiamiento anual de Partidos Políticos
(miles de millones de pesos)

Año

Presupuesto

2010

2,997,358,834

2011

3,212,932,808

2012

5,142,514,887

2013

3,670,843,752

2014

3,925,109,677

2015

5,199,695,918

2016

3,953,658,321

2017

4,059,213,905

2018*

6,788,900,016

*Presupuesto por aprobarse / Fuente: INE

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en los últimos 8 años la media de presupuesto para partidos políticos ha sido de 4,020, 166,012.75 pesos, esta media es rebasada por 2,768, 734,004 pesos, por el presupuesto asignado para el año 2018, el cual es el más alto de toda la historia para los partidos políticos y que sin duda alguna ha generado malestar en la ciudadanía.

Presupuesto INE 2018
(Millones de pesos)

Rubro

Presupuesto

Compromisos Plurianuales

$1,264.46

Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía

$14,785,750

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico

$6,650,000

Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión

$3,300,000

Atención de niñas, niños ya adolescentes

$6,904,520

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

$122,708,906

Total

$25,015,327,896

 Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018

El presupuesto total que ha aprobado el INE para el ejercicio fiscal 2018 es de 25 mil 15 millones 327 mil 896 pesos, de los cuales 18 mil 256 millones serán para el gasto operativo del Instituto, y 6 mil 788 millones para el financiamiento a los partidos políticos.

En un país donde la pobreza se mantiene en un número alarmante y con la actual crisis en 9 entidades federativas por desastre natural, no se puede tener una democracia con altos costos, menos cuando esta no ha mostrado buenos resultados para el ciudadano (actor central de esta forma de gobierno). Según resultados de la investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México salió reprobado en el índice de integridad de las elecciones.13

El estudio concluyó que la reforma electoral del 2014 no logró poner freno a por lo menos cinco prácticas relacionadas con la calidad de las elecciones: opacidad en las cuentas financieras de los partidos en los gastos de campaña, el rebase en topes de campaña, el uso de recursos ilícitos y de programas sociales con fines electorales, la compra de votos y las donaciones no reportadas.14

Sumado a lo anterior, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estipulado recortes en sectores sensibles del Estado mexicano y que por su presentación el día primero de septiembre, no contempla los gastos que se van a derivar por la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 del mismo mes; las dependencias que tienen proyectado los mayores recortes a su presupuesto son las siguientes:

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018
(millones de pesos)

Dependencia

Presupuesto
2017

Proyecto
2018

Porcentaje

Comisión Reguladora de Energía

$358

$280

-21.4%

Comisión Nacional de hidrocarburos

$304

$240

-21%

SAGARPA

$73,977

$64,325

-13%

Comunicaciones y Trasportes

$88,679

$77,254

-12.9%

Turismo

$4,136

$3,716

-10.2%

Cultura

$13,023

$11,716

-10%

Hacienda y Crédito Público

$28,144

$25,708

-8.7%

Presidencia

$1,907

$1,797

-5.7%

CONACYT

$28,254

$26,926

-4.7%

Salud

$127,649

$121,935

-4.5%

Fuente: Transparencia Presupuestaria

Se hace notar la dualidad de criterios por los cuales se ha asignado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, por un lado, el INE aumentó su presupuesto en un 58.4%, mientras que sectores como salud, cultura, ciencia y energía presentaron los mayores recortes. La Comisión Reguladora de Energía sufre un recorte de 21.4 por ciento, mientras que a la Comisión Nacional de Hidrocarburos se le proyecta un recorte del 21 por ciento.

Ante la situación de emergencia, resulta contraproducente el recorte presupuestal que se hace en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la Secretaría de Salud, la cual proyecta una reducción en su presupuesto del 4.5% y que ante la situación debe ser modificado, sin recortes y con un aumento significativo, de la misma manera para la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT, quien también se ve afectado con el recorte del 4.7% en su presupuesto.

Por otro lado, ante la adversidad en la que se encuentran millones de mexicanos, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, no contempla la asignación de recursos de manera equitativa, hacia los sectores que necesitarán de gastos extraordinarios para salir adelante.

En este sentido, es prudente que a sectores como la educación, salud, desarrollo social, urbano y territorial de igual manera se les incremente su presupuesto, puesto que en cualquier régimen democrático se deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sobre todo en situaciones como las que hoy vive México.

Junto con la mala calidad de la democracia y sus procesos, la sociedad mexicana empieza con un debate profundo sobre si hay la necesidad de contar con altos presupuestos para estos procedimientos, ya que no han representado una mejora en la calidad de la democracia que, hoy por hoy, no significan una prioridad para la sociedad mexicana; por tanto, sería pertinente desde los canales legales correspondientes, hacer modificaciones que equilibren y tomen en cuenta las necesidades del país.

Es la Cámara de Diputados la facultada para hacer modificaciones al Proyecto de Presupuesto, así lo menciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual significa que aún hay mecanismos para poder corregir el presupuesto y encaminarlo a las necesidades inmediatas con las que cuenta el país. Es el seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la cámara baja, donde se da el primer acercamiento en la discusión y modificación del presupuesto.

Son por estas razones que se ve pertinente hacer la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones pertinentes para asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas; incrementen la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en todo el país, pero en particular en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre; asimismo se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a distribuir de manera equitativa, los recursos extraordinarios que se generen para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos.

También se hace un exhorto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que mantenga especial vigilancia y atención a las denuncias que se presenten por el uso indebido de recursos y programas sociales, por parte de servidores públicos y partidos políticos, durante los trabajos de reconstrucción y ayuda humanitaria en las zonas afectadas por los desastres naturales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas, e incrementen la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a distribuir de manera equitativa, los recursos extraordinarios que se generen para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que mantenga especial vigilancia y atención a las denuncias que se presenten por el uso indebido de recursos y programas sociales, por parte de servidores públicos y partidos políticos, durante los trabajos de reconstrucción y ayuda humanitaria en las zonas afectadas por los desastres naturales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Servicio Sismológico Nacional, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www2.ssn.unam.mx:8080/detalle/

2 “Se reduce número de personas afectadas por el sismo”, SEDATU, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017,
disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/articulos/se-reduce-numero-de-personas-afectadas-por-el-sismo?idiom=es

3 Ídem.

4 “DECLARATORIA de Desastre Natural, Chiapas”, DOF, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497236&fecha=14/09/2017

5 “DECLARATORIA de Desastre Natural, Oaxaca”, DOF, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497237&fecha=14/09/2017

6 Servicio Sismológico Nacional, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www2.ssn.unam.mx:8080/detalle/

7 Sistema Nacional de Protección Civil, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/proteccion-civil

8 “INE prohíbe a AMLO donar 41.1 millones de pesos de Morena a damnificados”, Regeneración, [en línea], consultado el 23 de septiembre de 2017, disponible en:
http://regeneracion.mx/ine-prohibe-a-amlo-donar-41-1-millones-de-pesos-de-morena-a-damnificados/

9 “México: Confianza en instituciones 2016”, Consulta Mitofsky, [en línea], consultado el 13 de septiembre de 2017, disponible en: file:///C:/Users/ruben.flores/Downloads/20161027_NA_CONFIANZAZINSTITUCIONES.pdf

10 “Informe 2016”, Latinobarómetro, [en línea], consultado el 17 de septiembre de 2017, disponible en:
http://gobernanza.udg.mx/sites/default/files/Latinobarómetro.pdf

11 “Encuesta Nacional de El Financiero”, El Financiero, [en línea], consultado el 17 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desconfia-del-ine-el-58-de-los-electores-voto-duro-solo-33.html

12 “Medición de la pobreza en México 2016”, CONEVAL, [en línea], consultado el 17 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf

13 Méndez de Hoyo, Irma, “México en contexto de la Integridad Electoral”, FLACSO, [en línea], consultado el 17 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/mendezirma2017_v11sepsemintegridadpreamecip_vf.pptx_.pdf

14 Ídem.






Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ en mi carácter de Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento por lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La insensatez del ser humano se refleja en
lo irremediable de nacer en sociedad
y dedicar la vida a intereses egoístas.

La etimología de la palabra “solidaridad”, viene del adjetivo latino solidus, solida, solidum que significa sólido, macizo, consistente, completo, entero. También real, seguro, sin vanos artificios, sincero, firme. Y del verbo latino solido, solidas, solidare, solidaui, solidatum, que significa consolidar, dar solidez, asegurar, endurecer, soldar, adherir. También asentado, establecido con razones fundamentales y verdaderas.

En el diccionario de la Real Academia Española aparece definida la palabra solidaridad como: “adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros”. Como sinónimos de ella, podemos encontrar amor, apoyo, devoción, fraternidad, hermandad y protección; con lo cual su significado lo podríamos definir también como una adhesión sincera y protectora. La solidaridad sin duda, es uno de los valores más humanos que podemos poseer.

La solidaridad humana puede aflorar de manera fortuita entre dos o más personas o a raíz de algún desastre de origen natural. En México, en diversas ocasiones hemos visto como la población se ha volcado en muestras de solidaridad ante los estragos provocados por los fenómenos naturales en la vida cotidiana de nuestra sociedad. El terremoto de 1985, sin duda es un ejemplo paradigmático de ello y afortunadamente no el único.

Sin duda alguna, son estas circunstancias las que ponen a prueba la fortaleza de las instituciones, la calidad y profesionalismo de los servidores públicos, quienes deben brindar auxilio de la manera más eficiente y oportuna para poder atender a la población afectada, así como la cohesión social.

La solidaridad, como parte de uno de ellos, ha sido utilizada desde el ámbito político, para servir a muchos intereses, desde ser parte fundamental de la dura historia reciente de Polonia, la cual sufrió una doble invasión, primero por la Alemania nazi y posteriormente por la Unión Soviética al imponer un régimen comunista satélite de la URSS, y cayeran nuevamente en las garras de otro totalitarismo, hasta que un obrero, Lech Walesa, tomara el liderazgo del sindicato “Solidaridad” y llegara a ser presidente de su país tras liberar a su pueblo.

Lamentablemente, la noche del pasado 7 de septiembre de 2017, en nuestro país se suscitó un temblor que alcanzó 8.2 en la escala de Richter con epicentro a 133 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas, que desafortunadamente ha cobrado la vida de casi un centenar de compatriotas y provocado cientos de miles de damnificados. Al día siguiente, el huracán “Katia” tocó tierra provocando lluvias torrenciales principalmente en el estado de Veracruz. Como consecuencia de estos eventos naturales, la Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria en al menos 122 municipios.

Las emergencias, entendidas según lo dispuesto por el artículo 2, fracción XVIII, de la Ley General de Protección Civil, son una anormalidad que amenaza o daña a la sociedad, debido a un agente perturbador. Por su parte, el mismo documento, pero en su fracción XVI, establece que debe entenderse por desastre, aquellos resultados que arrojan uno o más agentes perturbadores extremos, sean de origen natural, o humano; afectando a una zona determinada más allá de su capacidad de respuesta.

De este modo, en México, la salvaguarda de la vida, la integridad, la salud de la población, y sus bienes; así como la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, están a cargo de un sistema de coordinación y concentración de los sectores público, privado y social en el marco del denominado Sistema Nacional de Protección Civil, conforme a la lectura de la fracción XLII del referido artículo.

Como se puede apreciar, en esos momentos resulta de manera prioritaria, salvaguardar la vida e integridad de nuestros compatriotas. Sin embargo, no podemos obviar que pesar de estos hechos lamentables, que han afectado a tantos mexicanos, algunos han intentado lucrar políticamente con la tragedia. Es innegable que dentro de las capacidades humanas está también el poder corromper hasta los más altos valores.

El uso político de los recursos públicos, es decir, la utilización de los recursos de todos para el beneficio de algún grupo político, es uno de los modelos de corrupción que más ha lastimado y nos ha estancado como país. Pero el que se presente en situaciones de emergencia, debe sancionarse no solo de manera administrativa, sino penalmente.

El objetivo de esta propuesta, es garantizar que se castigue a quienes se atrevan a intentar lucrar políticamente con el abuso de los recursos públicos, en especial, a quienes se atreven a hacerlo en condiciones de emergencia y que actúan como “proxenetas de la desdicha” como diría Eduardo Galeano, a quienes debemos combatir y erradicar con todo el peso del Estado.

Aunque cabe señalar que nuestro marco jurídico ya contempla sanciones para acciones similares al establecer el delito de peculado, considero que es necesario hacer algunas precisiones, que sean castigadas de manera más severa, e investigadas de oficio.

La gran lección que la sociedad mexicana actual debe de aprender, es comprender la importancia de lo común que poseen nuestros pueblos originarios.

El día que podamos reconocernos en los herederos más directos de nuestro pasado prehispánico, es decir, que aprendamos a reconocernos como mexicanos, los unos y los otros, pero todos mexicanos, será cuando en verdad cuando este país pueda luchar unido por un futuro común y sin duda será provechoso, no únicamente para nosotros ni nuestros hijos, sino para la humanidad entera.

Ese día debe llegar pronto para poder vernos de frente y directamente en los ojos de nuestros compatriotas, reconocernos en nuestros hermanos con una mirada de orgullo sincero. No debemos esperar más.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la fracción II y se adiciona un párrafo quinto del artículo 223 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

CAPITULO XII
Peculado

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- … al IV.-;

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico, cualquier tipo de agrupación política o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

III.-

IV.-

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.

Cuando los recursos materia del peculado sean otorgados en situaciones de emergencia se aplicará hasta una mitad más de las penas señaladas en los párrafos anteriores y se perseguirá de oficio.

SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. al VI. …

Cuando los recursos materia del peculado sean otorgados en situaciones de emergencia se aplicará hasta una mitad más de las penas señaladas en los párrafos anteriores y se perseguirá de oficio.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Sofío Ramírez Hernández.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2o. Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS ANTE DECLARATORIAS DE EMERGENCIA NACIONAL O DESASTRES NATURALES

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter)

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL INCISO II DEL ARTÍCULO 41º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS ANTE DECLARATORIAS DE EMERGENCIA NACIONAL O DESASTRES NATURALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En lo que va del mes de septiembre del presente año han ocurrido tres sismos que por su magnitud y afectaciones en la vida de millones de mexicanos convocan a la unidad nacional en torno a los damnificados.

El 7 de septiembre pasado, a las 23:49 horas, se suscitó un sismo de 8.2 grados en la escala Richter en el Golfo de Tehuantepec a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, mismo que se sintió en el sur y centro de la geografía nacional con afectaciones desastrosas para los estados de Chiapas y Oaxaca.

Posteriormente el 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas con 40 segundos del meridiano correspondiente al centro del México el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico con magnitud 7.1 en la escala de Richter con epicentro ubicado 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a poco más de 100 km de la Ciudad de México. Las afectaciones de éste principalmente se focalizaron en la Puebla, Morelos, el Estado y Ciudad de México. De acuerdo con el Automated Disaster Analysis and Mapping (ADAM) en la escala modificada de Mercalli el evento fue de clase VII, es decir, las personas tienen dificultades para estar de pie, el daño es de muy ligero a moderado en las construcciones bien realizadas y considerables en las construcciones pobremente edificadas.

El tercer evento se presentó el 23 de septiembre pasado a las 7:52:59 horas del tiempo del centro de México, con epicentro 7 km al oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca y con una magnitud de 6.1 en la escala Richter. De acuerdo con ADAM de nivel 7 en la escala de Mercalli.

Soslayando que México es una de las regiones sísmicas más activas del mundo y no es ajeno a este tipo de fenómeno, debido a la interacción de 5 placas tectónicas sobretodo el suroeste del país donde la placa de cocos subduce por la placa de Norteamérica, el evento del 9 de septiembre por sí mismo fue mayor al del trágico sismo de 1985 de la Ciudad de México donde perdieron la vida al menos 12 mil 843 personas1 y se suscitaron daños materiales por más de 8 mil 300 millones de dólares2; el del 19 de septiembre de 2017 fue menor en magnitud Richter pero fue mayor en la escala Mercalli.

A continuación se presentan las afectaciones registradas hasta el momento por los sismos del mes de septiembre de 2017 en las 10 entidades federativas afligidas3.

En la Ciudad de México se presentan daños en 12 de las 16 delegaciones. 38 edificios colapsados, alrededor de 40 con daños estructurales graves. 2000 lesionados y 153 fallecidos. 240 escuelas dañadas, 4 hospitales y 38 edificios históricos.

En Morelos hay 20 mil casas dañadas, 150 colapsadas. 73 fallecimientos y 119 lesionados. 1 vía de comunicación dañada, 48 escuelas, 6 hospitales y 200 edificios históricos.

82 municipios afectados en Chiapas, el 70%. 58 mil 168 casas dañadas y al menos 22,340 colapsadas. La cifra de fallecimientos asciende a 16 y 27 lesionados. Además, 67 caminos federales y estatales con afectaciones, 4 hospitales y 48 centros de salud. 56 edificios históricos y más de 1600 escuelas.

En Oaxaca hay 12 mil 500 casas dañadas, al menos 7,000 colapsadas. 76 personas fallecidas y 70 lesionadas, 1,225 escuelas con daños, 140 caminos federales y estatales, 130 edificios históricos dañados y 4 hospitales.

112 municipios afectados en Puebla, los cuales representan el 51% del total del estado. 3 mil casas dañadas, 1,700 colapsadas. 44 fallecidos y 140 lesionados. 934 escuelas con daños, 1 camino federal, 150 edificios históricos y 17 hospitales

En Guerrero hay 5 municipios afectados, los cuales representan el 6% del total del estado. 900 casas dañadas, al menos 100 colapsadas. 6 fallecidos y 5 lesionados. 93 escuelas con daños. 1 camino federal dañado, 5 edificios históricos y 5 hospitales.

En el Estado de México hay 1 mil 500 casas dañadas, al menos 800 colapsadas. 13 fallecidos y 27 lesionados. 600 escuelas con daños y 9 hospitales.

En Tlaxcala no hubo fallecidos aunque si se presentaron daños a infraestructura, 260 escuelas, 50 edificios históricos y 1 hospital. En Hidalgo se dañaron 4 edificios históricos y en Tabasco, según información de la unidad de protección civil hay 14 edificios afectados.

En vista de la magnitud de la crisis humanitaria, las graves afectaciones sobre la infraestructura y los riesgos que enfrentan nuestros hermanos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, la Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, el Estado de México e Hidalgo es necesario que desde el Senado de la República, garante del pacto federal, se impulsen medidas para atender la emergencia actual para millones de mexicanos.

No obstante lo anterior, la sociedad mexicana ha tomado la iniciativa y el coraje de volcarse irrestrictamente al apoyo de sus pares, ante las enormes pérdidas humanas   y materiales se han donado cientos de toneladas de alimentos para los damnificados, centenas de ciudadanos ha salido como brigadistas voluntarios para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y abastecimientos, a la vez y como consecuencia de este impulso ciudadano han surgido voces que proponen a los partidos políticos destinar los recursos asignados para labores de búsqueda del voto sean destinados al apoyo y reconstrucción de al menos 10 estados de la Republica, esta petición se encuentra anidada en el reconocimiento social de la emergencia nacional.

En este sentido, existe consenso frente a la requerida ayuda inmediata y eficaz que fluya directamente a los damnificados con impacto de largo plazo, que permita  reconstruir lo perdido y, ante la prevalencia de los movimientos telúricos así como la imposibilidad de predecir con exactitud el instante de ocurrencia, reducir los riesgos para la población.

La premisa de este punto de acuerdo es la responsabilidad, la sociedad mexicana ha sido ejemplar al brindar apoyo a los damnificados y espera, con toda razón, que el Estado Mexicano se conducente.

No es de extrañar la distancia aparente entre las prioridades del país y los partidos políticos. Para el próximo ejercicio fiscal 2018 en el presupuesto de egresos de la federación, enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, se propone asignar al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) recursos por 6 mil 644 millones de pesos destinados no solo para las afectaciones de sismos sino también de huracanes, sequias y de cualquier fenómeno natural que ponga en riesgo el nivel de vida de la población.

A primera vista, lo que preocupa es la suficiencia de este Fondo toda vez que de acuerdo con la metodología del Manual para la Evaluación de Desastres de la CEPAL4, el valor promedio del ajuar de vivienda registrada como pérdida total en 2018 será de $42 mil 945 pesos por vivienda afectada y si calculamos con base en las casas registradas como dañadas y colapsadas como consecuencias de los movimientos telúricos de septiembre, el monto asciende a 5 mil 500 millones de pesos; pero si agregamos los edificios con daños importantes y colapsados a valor de mercado promedio el número asciende a 8 mil 500 millones de pesos, 28% por encima de lo presupuestado al FONDEN. El cálculo anterior aun no incluye los daños en infraestructura ni en escuelas y edificios históricos, pero lo verdaderamente apremiante es que el FONDEN es insuficiente para atender la magnitud de los sismos de septiembre, ni se diga de las necesidades en temporada de huracanes.

Al mismo tiempo que el FONDEN es insuficiente, el presupuesto asignado para los partidos en 2018 ascenderá a 6 mil 788 millones de pesos. Con justa razón la sociedad les exige coherencia y corresponsabilidad a los partidos políticos. La respuesta de éstos ha sido establecer la imposibilidad jurídica para reasignar los fondos públicos etiquetados para fines distintos a los señalados. En esta tesitura y reconociendo la necesidad de hacer que lo legal y lo correcto sea congruente con las exigencias ciudadanas la presente iniciativa propone hacer una modificación al artículo 41 Constitucional para que en caso de emergencia nacional o desastres naturales el presupuesto asignado a los partidos se pueda redirigir a la reconstrucción y a la salvaguarda de la población mexicana.

Ante la llegada huracanes, inundaciones, sismos, incendios, sequias o cualquier otro fenómeno natural que afecte la vida y convivencia social de los mexicanos de cualquier latitud, el Senado de la República como garante del pacto federal tiene la obligación de impulsar medidas para atender la emergencia actual y ser solidarios con las incuestionables exigencias de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del inciso II del Artículo 41º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de financiamiento público a partidos ante declaratorias de emergencia nacional o desastres naturales, para quedar como sigue:

Único. Se reforma el párrafo primero del inciso II del Artículo 41 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I. …

II. La ley garantizara? que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetara? el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. En todo caso, el financiamiento público que tengan derecho a recibir estará condicionado a que en la coyuntura específica del momento del reparto, o incluso ya distribuidos los fondos por la autoridad electoral nacional, no haya otras áreas económicas prioritarias de gasto conforme a las declaratorias de emergencia nacional o desastre natural que se presenten en el territorio nacional, en cuyo caso, de acuerdo a las necesidades específicas, se reintegrarán parte de los recursos al fondo nacional correspondiente conforme lo señale la ley de la materia.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Armando Ríos Piter.

1 Excélsior (17 de septiembre de 2015). Sismo 85: definen cifra de muertes. Consultado el 10 de septiembre de 2017 en http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/17/1046211

2 The International Bank for Reconstruction and Development (2012). FONDEN: Mexico’s natural disaster fund – a review. World Bank. Consultado el 10 de septiembre de 2017 en:
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/libro_fonden.pdf

3 Morelos. Casas dañadas http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/20/69-muertos-y-20-mil-casas-danadas-en-morelos-por-sismo-graco
Hospitales y centros de salud. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/21/se-contabilizan-50-hospitales-afectaciones
Hospitales en Oaxaca. http://www.proceso.com.mx/502956/reporta-ssa-danos-en-cuatro-hospitales-oaxaca
Caminos dañados. CAPUFE comunicado de prensa #19
Casas Dañadas en Oaxaca y Chiapas.
http://www.milenio.com/estados/chiapas-oaxaca-casas_afectadas-sismo-viviendas-damnificados-ayuda_humanitaria-milenio_0_1030097003.html
Casas dañadas en Guerrero. http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-09-21/reportan-mil-viviendas-afectadas-sismo-guerrero/
Daños en Hidalgo. https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/afortunados-sismo-deja-en-hidalgo-danos-minimos-y-sin-victimas
Tlaxcala. http://gentetlx.com.mx/2017/09/21/contabiliza-inah-danos-en-50-inmuebles-historicos-de-tlaxcala-por-el-sismo/
Tlaxcala. https://tlaxcala.quadratin.com.mx/principal/carreteras-federales-tlaxcala-no-mostraron-danos-sismo/
Edificios Históricos. Debido a que el INAH no ha clarificado si los sitios dañados el 19 de septiembre tuvieron daños en el sismo del 7 de septiembre, se presentan los dos reportes de INAH.
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/6515-censo-de-danos-al-patrimonio-por-el-sismo-del-pasado-jueves-7-de-septiembre y http://gentetlx.com.mx/2017/09/21/contabiliza-inah-danos-en-50-inmuebles-historicos-de-tlaxcala-por-el-sismo/

4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). Manual para la evaluación de desastres. Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 11 de septiembre de 2017 en
https://www.cepal.org/es/publicaciones/35894-manual-la-evaluacion-desastres






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VIOLENCIA LABORAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA VIOLENCIA LABORAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La naturaleza de las relaciones laborales no está exenta de la carga de violencia por motivos de género, que actualmente viven las mujeres en México y en el mundo, así mismo coexisten medidas que discriminan a las mujeres para ejercer con plenitud sus derechos y así lograr un empoderamiento pleno a través del trabajo digno.

La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral no se reduce al hostigamiento o el acoso sexual, sino tiene otras vertientes, las cuales se han definido en diversos estudios citados por el documento titulado “Violencia Laboral (Mobbing) desde la Perspectiva de Género”1, el cual señala algunos de los tipos de violencia laboral activa o pasiva de la siguiente forma:

En el siglo XXI la violencia laboral es indirecta y pasiva, entre las formas más comunes de violencia se encuentra la psicológica, como el aislamiento y vacío que se le hace a la víctima, el cual puede llegar a destruirle psicológicamente. Esa violencia pasiva puede consistir en “acusaciones de incompetencia, manipulación de los hechos para que el empleado pueda parecer demente, para que pierda sus herramientas; en otras palabras, mezquindades menores” (Marzoan, 2002).

Renaut señala que “el acoso puede también ser una manera de obligar a los trabajadores a renunciar sin pasar por el procedimiento de despido” (Renaut, 2003. p. 2), es decir, tiene como finalidad que la persona “indeseada” se desgaste y renuncie, y no sea indemnizada conforme a derecho en los casos de despido injustificado.

El acoso laboral implica una violencia psicológica, utilizada para intimidar a las y los trabajadores a fin de orillarles a renunciar a sus trabajos. Él termino mobbing significa “acosar, hostigar, acorralar en grupo”, y se refiere a una modalidad de violencia psicológica en el lugar de trabajo con efectos en la salud emocional de sus víctimas (García, 2009).

Para Leymann el mobbing conlleva una comunicación hostil, sin ética, y sistemática por uno o unos pocos individuos, contra un único individuo, quien se ve aislado y en un estado de indefensión prolongada (Leymann, 1998).

Pin?uel sostiene que el mobbing es un maltrato verbal y conductual continuado y frecuente en el tiempo, que tiene como objetivo final de asediar, agobiar y romper la resistencia psicológica de la víctima para que abandone el lugar de trabajo mediante baja, renuncia o despido (Pin?uel, 2001).

Las conductas que se presentan en esta modalidad de violencia tienden a desacreditar a las víctimas, consisten en calumnias, rumores u ofensas que llevan a la víctima a auto aislarse (García, 2009).

En el acoso laboral se ataca sistemáticamente a la víctima, se le aísla, se le niega capacitación, se le “sobrecarga de trabajo o se reducen plazos para que ejecute las tareas”, adicionalmente se tiende a destruir su reputación personal o profesional, también se pone en su contra a sus compañeras y compañeros de trabajo, ello ocasiona que viva en constante tensión y pueda llegar a cometer errores. En fin, se pretende minar la autoestima y confianza en sí misma (Gómez, 2007).

Lo anterior revela un escenario donde de acuerdo al mismo documento alrededor del 30% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia laboral relacionada con las formas anteriores. Usualmente se ha interpretado que el trabajo bajo presión exige un desempeño activo y comprometido que satisfaga con demandas altas de productividad, lo cual conduce a una tensión entre las relaciones personales al interior de los grupos de trabajo, por lo que es frecuente que se desarrollen conductas agresivas o que los jefes desarrollen acciones de presión sobre sus subordinados para cumplir con las tareas demandadas.

Uno de los postulados sobre la administración eficiente radica en que la deficiente capacitación de los jefes, incide directamente en el acumulamiento de trabajo para sus subordinados, entendiendo que un sitio de trabajo donde constantemente se usen medidas de presión para cumplir con los requerimientos, es consecuencia directa en la mayoría de los casos de la ausencia de capacidades de liderazgo, definición de metas y conocimiento de los temas a desarrollar por parte de quienes ejercen la jefatura.2 Es decir, la deficiente capacitación y conocimiento de los líderes en grupos de trabajo, promueve un escenario completamente vertical de las relaciones laborales, donde el jefe consciente de sus debilidades y carencias promueve un clima laboral adverso para ocultar sus deficiencias, ocasionando un elevado índice de estrés laboral entre sus subordinados.

Lo anterior es solo un ejemplo de las múltiples causales de la violencia laboral en la vida cotidiana de las mujeres, ahora bien, la Ley Federal del Trabajo considera dos acciones definidas en su artículo 3 Bis3 que a la letra dice:

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Como es de notarse por analogía, el concepto de violencia laboral es más amplio de lo contemplado en la Ley Federal del Trabajo, más aún, no existe dentro de la Ley en comento acciones que identifiquen, prevengan y erradiquen la violencia al interior de los centros laborales. Existen como se citará a continuación sanciones para quienes ejercen estos tipos de violencia, que conllevan a la finalización de las relaciones laborales, pero no existen medidas que protejan los derechos de las mujeres, en particular el de acceso a una vida libre de violencia.

Señala la Ley Federal de Trabajo en sus artículos 47 fracción VIII, 51 fracción II, 133 fracción XII y XIII y 994 fracción VI, las acciones sobre el hostigamiento y el acoso sexual, las cuales todas son punitivas, no existen medidas de prevención, identificación, erradicación y reparación del daño para estas conductas de violencia laboral, así las acciones punitivas se enlistan a continuación.

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

I – VII…

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;…

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I…

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;…

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I-XI…

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo;

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo;…

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I - V

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores; y…

Es claro que, si no existen acciones más allá de lo punitivo, el fenómeno de la violencia laboral no disminuirá. Principalmente porque no existe una política que identifique, que sea capaz de informar a las mujeres trabajadores, que son víctimas de violencia y con ello sus derechos humanos.

De acuerdo al Informe Nacional sobre Violencia y Salud de 20064, señala que:

El costo social asociado a la violencia es enorme. En los distintos ámbitos de la actividad humana (en el trabajo, el hogar, la escuela, la vida social y pública) el impacto de la violencia genera costos enormes de diversa índole; solo en el ámbito laboral, la Organización de la Salud distingue costos directos, indirectos e intangibles de la violencia que incluyen desde los años de vida saludables perdidos por discapacidad o muerte relacionada a eventos de violencia, el ausentismo laboral y escolar, los accidentes, enfermedades diversas, y la indudable disminución de la creatividad y la productividad de las personas que viven en situaciones de violencia.

Es necesario tomar conciencia sobre la necesidad de que la sociedad tome previsiones para prevenir, erradicar y eliminar la violencia, ya que además de considerar los costos asociados directamente proporcionales en las variables de crecimiento económico, la vida libre de violencia es un derecho humano, el cual de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1º Constitucional, el Estado como su principal responsabilidad debe promover, proteger, garantizar y respetar cada uno de ellos.

Así surge la necesidad de considerar que clase de fenómeno es la violencia laboral, y como contextualizarlo para asegurar que las acciones que se promuevan respondan a la necesidad y la satisfagan con suficiencia. Un valioso estudio de la Organización Internacional del Trabajo5 ofrece las siguientes respuestas al planteamiento que se ha formulado:

En primer lugar, si bien la violencia en los lugares de trabajo en su sentido más estricto es un problema ocupacional, las causas de la violencia no necesariamente respetan la frontera entre el lugar de trabajo y la comunidad o entre el trabajador y su familia. Los problemas psicológicos en el trabajo son distintos a los demás problemas tradicionales de los lugares de trabajo. Si bien el acto de violencia puede ocurrir en el lugar de trabajo, el hecho que lo desencadeno? puede haber tenido lugar en el hogar, en la comunidad o en el entorno social.

Las interrelaciones entre los factores nos encaminan hacia una nueva manera de hacer frente a la violencia en los lugares de trabajo. Con una concentración exclusiva en los lugares de trabajo no se estaría haciendo frente a los verdaderos problemas. Toda intervención en materia de violencia que se base en los lugares de trabajo debe tomar en cuenta las influencias externas. […] En segundo lugar, la incidencia de la violencia en los lugares de trabajo puede estar relacionada con otros problemas psicosociales.

Se necesita entonces un nuevo enfoque que no trate las cuestiones psicológicas por separado, sino que reconozca los verdaderos y problemáticos vínculos existentes entre ellas. Además, los vínculos causales entre las distintas cuestiones también hacen que sea mucho más imperativo adoptar una estrategia de prevención. Esperar hasta que un problema pase a ser considerado suficientemente grave como para justificar que se tome alguna medida al respecto también significa esperar a que otros problemas psicosociales hayan podido arraigarse. La prevención es la única manera de parar la espiral descendente que va de un problema al siguiente. Por lo tanto, es esencial un cambio hacia un enfoque integrado, proactivo y preventivo.

Así las cosas, la naturaleza de la violencia laboral no se circunscribe al espacio delimitado por el centro de trabajo, de igual forma no incide únicamente a las personas que conviven de forma cotidiana en dichos centros, ya que la violencia se propaga al interior y exterior de los lugares de trabajo, afectando a la sociedad en general. De igual forma sus causas no son únicamente externas, sino que guardan un componente bidireccional, es decir si tenemos una sociedad donde la violencia está inserta en los mecanismos cotidianos de convivencia, sea en los hogares, el espacio público, el transporte y los centros laborales.

En consecuencia, realizar acciones que identifiquen, prevengan y erradiquen la violencia en el trabajo, tendrá como consecuencia una sociedad mayormente armónica y estable. La violencia en el trabajo no tiene que verse solo desde la perspectiva de la productividad económica, encaminada a la protección del recurso humano como fuente de ingresos, sino dentro de la visión holística de los derechos humanos, encasillada dentro del concepto del Trabajo Digno o Decente, cuya definición de acuerdo a la Ley en comento dice:

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

Así la erradicación de la violencia laboral supone un ejercicio del derecho al trabajo digno o decente, actuando de forma garantista para que a través del esfuerzo cotidiano las personas obtengan los recursos necesarios para la satisfacción de sus requerimientos básicos. La violencia en el trabajo es frecuentemente ignorada o aceptada implícitamente por las mujeres trabajadoras, ya que temen perder su empleo por esta vía y con ello privar a sus familias de sus satisfactores básicos, por ello en más de una ocasión toleran hostigamiento, acoso, humillaciones o tratos crueles, inhumanos y degradantes, para no perder su trabajo. Esta relación es también reconocida por sus empleadores, jefes o patrones, quienes al saber que no habrá denuncia alguna por el miedo a perder el trabajo, lucran nocivamente con la necesidad de trabajar de las personas, así bajo el supuesto respeto del orden jerárquico en la escala laboral, ejercen violencia a sabiendas que sobre todo las mujeres resistirán estas formas de violencia con tal de no perder su trabajo.
Las sociedades se construyen en base a los valores que al interior de los hogares coexisten, en este sentido la sociedad occidental ha construido su identidad cívica en base a la dignidad, por lo que en consecuencia cualquier acto que se califique como correcto desde la perspectiva ética, debe proteger y respetar la dignidad de las personas, este es un supuesto moral de la sociedad, donde se cree que cada persona desde cualquier posición que guarde en la escala social observará este principio, pero como se ha visto en la Exposición de Motivos, en el ejercicio del trabajo no es así, por el contrario, el hecho de que una de cada tres mujeres haya sufrido algún tipo de violencia en el trabajo, hace suponer que la ética no es considerada como un elemento básico de las relaciones humanas, por lo que cuando se ejerce la violencia se carece de una responsabilidad sobre la dignidad.

Así nuevamente citando una de las fuentes6 consultadas para realizar la Exposición de Motivos se lee:

El acoso laboral puede presentarse entre pares, entre superior y subordinado (que es el que predomina) y entre subordinados y superior, es decir: horizontal, descendente y ascendente respectivamente. Entre los factores organizacionales que pueden dar lugar al mobbing se encuentran: “deficiencias en el diseño del trabajo, deficiencias en la conducta del liderazgo, posición social ocupada por la víctima y estándares morales bajos por parte de la dirección y del personal de la empresa” (García, 2009, p. 35).

Las víctimas pueden ser mujeres y hombres, aunque se han identificado más casos de mujeres que sufren mobbing, los estereotipos sociales llegan a “justificar” a los agresores, quienes se excusan alegando cuestiones como su “temperamento, su tendencia al llanto, su sensibilidad” como argumentos para restar credibilidad a la víctima (Gómez, 2007). Esto revela una organización de trabajo sexista, en donde las víctimas mayormente son mujeres (Renault, 2003)

Es en consecuencia que la violencia laboral tiene un enorme componente sexista, con lo cual se inserta como una forma de violencia de género, no sin antes clarificar que mujeres y hombres están igualmente expuestos a sus efectos. Sin embargo, es puntual reconocer que la adición de la igualdad sustantiva dentro de los postulados del trabajo digno o decente, conlleva que la perspectiva de género se encuentre presente en todas las etapas de prevención, identificación y erradicación de la violencia laboral.

El componente de género dentro de la violencia laboral no es un correlativo menor, es un aspecto esencial que debe ser cuidadosamente analizado, a la luz del Amparo Directo 47/2013, se afirmaron algunos postulados sobre la importancia de la perspectiva de género de modo que:

Cuando nos percatamos que la ley y el derecho no son construcciones neutras, y que responden a una perspectiva tradicional falogoce?ntrica y androcéntrica, como todo quehacer humano, comenzando por la reflexión que dio origen a los principios fundamentales del derecho, a las antes llamadas garantías individuales -hoy derechos humanos-, a todos los principios detrás de la construcción de los ideales humanistas más elevados de nuestro pensamiento.

[…]

De igual manera, se ha abierto la comprensión de la justicia y de las herramientas para alcanzarla (o intentar alcanzarla); a la comprensión de que deben ser ayudadas y analizadas desde la transdisciplina, de forma tal que hoy una o un Juez o Ministro concienzudo y comprometido con su labor, se hace ayudar por especialistas que aportan en sus temas desde las ciencias humanas y las ciencias médicas, según sea el caso, como ocurre con la perspectiva de género, cuya definición parte de ser una herramienta de análisis transversal y transdisciplinaria, cuyo entre- cruzamiento para ello pasa por la sociología, la antropología, el derecho, la psicología, el psicoanálisis, etcétera. Hoy, el derecho laboral y los derechos humanos requieren, para definir sus temas y alcanzar sus objetivos, de esta mirada transdisciplinaria, transversal e intercultural.

Es así? como surgen conceptos como el mobbing, el bullying, el grooming, términos que vienen del inglés y de la interdisciplina, los cuales han sido retenidos en el lenguaje jurídico por la amplitud de su definición en las situaciones que expresan y que han ido tomando de manera cada vez más presente la escena de los derechos humanos; sus violaciones y su defensa; comenzando por los derechos laborales que desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT}, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -entre otras- buscan combatir, primero, a través del reconocimiento de su existencia como un problema cada vez más presente y serio, ya que estas realidades siempre han existido y que al mismo tiempo, como el caso de la misoginia y la violencia contra las mujeres, han formado parte de las relaciones humanas desiguales, de esta nuestra cultura para el poder, y desgraciadamente se han ido agudizando conforme se instala una cultura del mercado sobre la cultura de los derechos humanos. 7

Es de señalar que el Amparo en comento concierne [al] asunto [que] se origina cuando una empleada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca levantó una demanda civil en contra de ésta, arguyendo acoso laboral, discriminación y marginación. Los argumentos presentados por la quejosa fueron aumentar injustificadamente su jornada laboral, encargarle tareas no propias de su puesto, exclusión de las reuniones laborales, negarle un permiso de ausencia por razones médicas, así como hostigamiento y acoso por parte de sus compañeros al presentar estas quejas ante la autoridad correspondiente. El caso fue conocido, en primera instancia, por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca que determinó absolver a los demandados y desestimar las pretensiones de la actora. Ante esta negativa, la demandante presentó un recurso de apelación resuelto por la Segunda Sala Civil Regional del Estado de México. Esta sala confirmó la sentencia recurrida y condenó a la actora al pago de costas en ambas instancias. Como último recurso, la quejosa promovió un juicio de amparo directo conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito el cual admitió y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción.8

Más aún el enriquecedor ensayo del cual proviene la cita anterior, coincide plenamente con los intereses que persigue la iniciativa al afirmar que:

Las diversas perspectivas sobre el acoso laboral permiten debatir sobre cómo atender y resolver dicha situación. El problema actual que ocasiona una falta de certidumbre jurídica recae en la falta de consistencia en los conceptos, debido a las omisiones hechas por legisladores y jueces. Según el legislador existen dos vertientes: hostigamiento o acoso sexual. El problema con esta división es que no definen al acoso laboral como tal, sino que crean un nuevo término para dicho acto. En el caso del acoso sexual, éste no es considerado como un problema dentro del ámbito laboral, lo cual ocasiona una falta de regulación. A partir de ello, la norma deja vacíos legislativos que las sentencias tampoco han podido subsanar. En el caso de los ministros, estos limitan al acoso laboral al quitarle al concepto la violencia sexual que pueda originarse entre los compañeros de trabajo. En general ambos poderes comparten un punto ciego: el acoso sexual en el ámbito laboral.

Esta deficiencia regulativa se debe, en buena medida, a que la discusión institucional sobre el acoso laboral en México es aún muy reciente. La Suprema Corte analizó un amparo directo del cual fueron emitidas tres tesis aisladas sobre el tema. El estudio de fondo proveniente de este caso permitió definir el acoso laboral y establecer sus características, derechos de la víctima y pruebas necesarias para demostrar la agresión. En cambio, los legisladores establecieron en la norma una distinción relevante sobre el tipo de agresión. Aunado a esto, la perspectiva académica establece que el acoso sexual en el ámbito laboral es una forma de mantener la desigualdad entre los géneros a través del uso del poder. Las distintas dimensiones en las que puede suceder este tipo de acoso demuestran la poca precisión y conocimiento que ambas instituciones del Estado tienen sobre el problema. Sin duda, el acoso laboral es un tema complejo que requiere de un consenso entre ambos poderes para poder proteger y garantizar justicia a las víctimas. Por ello, urge que tanto los jueces como legisladores definan de manera puntual acoso laboral, así como acoso sexual en el ámbito laboral, con el fin de establecer la primera piedra para garantizar una plena protección a los trabajadores.9

Así la iniciativa propone incorporar el concepto de violencia laboral consolidando la siguiente definición:

Violencia Laboral: Cualquier acción por la cual una persona es agredida física, sexual o psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, humillaciones, maltrato, hostigamiento, insulto, inequidad salarial, acoso de cualquier tipo o lesiones por otra u otras personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la misma, las cuales atentan contra la dignidad de las personas, mismas que tienen derecho a ser protegidas contra estas acciones.

Es puntual reconocer que la definición propuesta por la Iniciativa, agrupa al acoso sexual y al hostigamiento dentro de una categoría superior denominada “Violencia Laboral”, las cuales actualmente gozan de una denominación amplia, es el interés del legislador que en la Ley Federal del Trabajo se incorpore este concepto sustituyendo los anteriores y que el Ejecutivo Federal a través de la Facultad Reglamentaria expresada en la fracción I del Artículo 89 Constitucional10, tenga a bien incorporar un amplio desglose de las definiciones puntuales sobre cada acción contenida dentro del concepto de violencia laboral, con la finalidad de reformar y crear un capítulo dentro del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo11, que dicho sea de paso contiene lo siguiente:

Artículo 2. Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

[…]

XXV. Violencia Laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. 

Artículo 55. Para la promoción de un Entorno Organizacional Favorable y la prevención de la Violencia Laboral, los patrones deberán: 

I. Definir políticas para la promoción de un Entorno Organizacional Favorable y la prevención de la Violencia Laboral; 

II. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al Entorno Organizacional Favorable y para denunciar actos de Violencia Laboral; 

III. Realizar evaluaciones del Entorno Organizacional Favorable, tratándose de Centros de Trabajo que tengan más de 50 trabajadores; 

IV. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para combatir las prácticas opuestas al Entorno Organizacional Favorable y actos de Violencia Laboral; 

V. Difundir entre los trabajadores las políticas para la promoción de un Entorno Organizacional Favorable y la prevención de la Violencia Laboral; los resultados de las evaluaciones del Entorno Organizacional, así como las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al Entorno Organizacional Favorable y actos de Violencia Laboral, y 

VI. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de las evaluaciones del Entorno Organizacional Favorable. 

Así las cosas, el término violencia laboral aparece con acciones para su prevención, además de ser conceptualizada en un Reglamento, más no existe dicho concepto en la Ley Federal del Trabajo lo que supone una invisibilidad del concepto y por ende no se menciona en ninguna parte del Amparo 47/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, mencionado anteriormente, más aún la Corte observó cómo reglamentaria de las relaciones entre la quejosa y su empleador el Apartado A, del Artículo 123 Constitucional, y por ende la Ley Federal del Trabajo, si bien es cierto la publicación del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, es posterior a las Tesis desarrolladas por la Corte, es de inferir la premisa, de que una Ley Federal armónica con su Reglamento en concepto y aplicación exacta, podría privilegiar la protección de los derechos de los trabajadores que actualmente se encuentran en la misma situación que la quejosa.

Por lo que en suma es prioritario que Ley y Reglamento sean modificados por las Instancias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha señalado, de forma que la violencia en el trabajo observe medidas de Identificación, Prevención, Protección y Erradicación, además de conservar su carácter Sancionador, que se observa.

En conclusión, la incorporación del concepto de Violencia Laboral, al interior de la Ley Federal del Trabajo supone el inicio de una revaloración de los derechos laborales de las personas, en particular de las mujeres que como se ha mencionado en la Exposición de Motivos son un grupo vulnerable sobre sus derechos laborales, expuestos a la violencia laboral, en sus múltiples formas.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Ley Federal del Trabajo

Iniciativa

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y
b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

 

 

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:

Violencia Laboral: Cualquier acción por la cual una persona es agredida física, sexual o psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, humillaciones, maltrato, hostigamiento, insulto, inequidad salarial, acoso sexual, psicológico o  de cualquier otro tipo o lesiones por otra u otras personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la misma, las cuales atentan contra la dignidad de las personas, mismas que tienen derecho a ser protegidas contra estas acciones.

Los patrones deberán realizar acciones para identificar y erradicar la violencia laboral.

La Secretaría deberá promover acciones destinadas a proteger de la violencia laboral a los trabajadores, incluyendo la toma de conciencia sobre sus derechos laborales y el respeto a su dignidad inherente.

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón

I.-VII.-…

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón

I.-VII.-…

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o violencia laboral contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I.-…

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I.-…

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia laboral, injurias, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I.-XI.-…

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo;

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo;

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I.-XI.-…

XII. Realizar actos de violencia laboral contra cualquier persona en el lugar de trabajo;

XIII. Permitir o tolerar actos de violencia laboral en el centro de trabajo;

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I.-V.-..

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores; y

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I.-V.-..

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos violencia laboral o que tolere o permita actos de violencia laboral en contra de sus trabajadores; y

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforman el artículo 3 Bis, la fracción VII del artículo 47, la fracción II del artículo 51, las fracciones XII y XIII del artículo 133 y la fracción VI del artículo 944, todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:

Violencia Laboral: Cualquier acción por la cual una persona es agredida física, sexual o psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, humillaciones, maltrato, hostigamiento, insulto, inequidad salarial, acoso sexual, psicológico o  de cualquier otro tipo o lesiones por otra u otras personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la misma, las cuales atentan contra la dignidad de las personas, mismas que tienen derecho a ser protegidas contra estas acciones.

Los patrones deberán realizar acciones para identificar y erradicar la violencia laboral.

La Secretaría deberá promover acciones destinadas a proteger de la violencia laboral a los trabajadores, incluyendo la toma de conciencia sobre sus derechos laborales y el respeto a su dignidad inherente.

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón

I.-VII.-…

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o violencia laboral contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I.-…

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia laboral, injurias, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I.-XI.-…

XII. Realizar actos de violencia laboral contra cualquier persona en el lugar de trabajo;

XIII. Permitir o tolerar actos de violencia laboral en el centro de trabajo;

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I.-V.-..

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos violencia laboral o que tolere o permita actos de violencia laboral en contra de sus trabajadores; y

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal dispondrá de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto para reformar el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, incorporando un Capítulo destinado a la identificación, prevención, erradicación y protección contra la Violencia Laboral.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Violencia Laboral (Mobbing) desde la Perspectiva de Género, Información Analítica,
CEAMEG.DP1.IA12DF.LHM.28-03-11, Cámara de Diputados.

2 Clerc, J., Saldivia, A., Serrano, M., “El liderazgo y su influencia sobre el clima laboral”, Universidad Austral del Chile 2006, Programa de Salud Pública y Salud Familiar”.

3 Ley Federal del Trabajo, DOF 01-04-1970, Reforma DOF: 12-06-2015

4 Extracto del Informe Nacional Sobre Violencia y Salud 2006, Secretaria de Salud, 2006 ISBN 970-721-388-4, Pp. V-VI

5 La Violencia en el Trabajo, Educación Obrera 2003/4, Núm. 133, OIT

6 Violencia Laboral (Mobbing) desde la Perspectiva de Género, Información Analítica,
CEAMEG.DP1.IA12DF.LHM.28-03-11, Cámara de Diputados.

7 Raphael, L., Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 89, Acoso Laboral, ISBN 978-607-468-887-0, Pp. 69-86

8 Leyva, E., El Acoso Laboral y su fallida regulación en México, Revista Nexos, septiembre 2017, disponible en:
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6871

9 Leyva, E., El Acoso Laboral y su fallida regulación en México, Revista Nexos, septiembre 2017, disponible en: 
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6871

10 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: […] I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917

11 Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo, DOF: 13-11-2014.

12 Raphael, L., Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 89, Acoso Laboral, ISBN 978-607-468-887-0, Pp. 35-73






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8 fracción I, 164 y 169 del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 9 de febrero de 2004 se expidió la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil creando un puente entre la sociedad civil organizada y las instancias del Gobierno Federal.

Esta Ley representó para la sociedad civil el reconocimiento legal como de interés público a las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el derecho a que dichas actividades fueren fomentadas por el Gobierno Federal y garantizar el acceso a los estímulos y apoyos que otorgan las dependencias y entidades de la administración pública federal, previa inscripción en un registro federal. Para el Gobierno Federal1 representó el inicio de un nuevo paradigma en la relación gobierno-sociedad civil ya que favorece la transparencia y rendición de cuentas tanto para las OSC como para las dependencias y entidades de la administración pública federal que les otorguen apoyos.

Desde entonces, la ley acoge la construcción de un escenario que ha permitido impulsar las acciones de las OSC, así como nuevas formas de relación jurídica con el Gobierno, con el objetivo de fortalecer su colaboración y corresponsabilidad en la búsqueda del bien colectivo.

Actualmente, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil tiene por objeto fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en el artículo 5;

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud; 

II. Apoyo a la alimentación popular;

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; 

IV. Asistencia jurídica; 

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 

VI. Promoción de la equidad de género; 

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; 

X. Promoción del deporte; 

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias; 

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales; 

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; 

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular; 

XV. Participación en acciones de protección civil; 

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley;

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y

XIX. Las que determinen otras leyes.

Estas actividades responden a problemáticas que acogen a la sociedad y que la OSC hace frente como un gran aleado del Gobierno en la atención de los problemas públicos.

Es por ello, que consiente de la importancia de la participación ciudadana como un elemento fundamental de la democracia participativa, donde organizaciones de la sociedad civil, autónomas de los Gobiernos, influyen en la toma de decisiones de la sociedad, proponemos adicionar la fracción XX al artículo 5 para incorporar la actividad; “Acciones para el fomento de la adopción de niñas, niños y adolescentes en México”. Reafirmando la alianza gobierno y sociedad civil para impulsar acciones que promuevan la adopción de las NNA y se trabaje para crear una nueva cultura de adopción que de mayor oportunidad de garantizar el derecho a vivir en familia a las niñas, niños y adolescentes de difícil colocación como son los mayores de 7 años de edad, que padecen algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad, pertenecen a una etnia indígena o son parte de un grupo de hermanos.

Ya que si bien existe un marco jurídico local, nacional e internacional que protege el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar, la realidad  es contrastante, y miles de niñas, niños y adolescentes en México tienen permanentemente violentado este derecho.

La mayor cantidad de solicitudes y adopciones concebidas es de menores entre 0- 4 años 11 meses.

Lo que representa solo el 33% del total de niñas y niños en situación de adopción.

El restante 77% de las niñas, niños y adolescentes registrados en centros de asistencia social tienen una edad entre 7 y 17 años, lo cual los hace de difícil colocación. La sociedad no está volteando a verlos, no los está considerando.

La realidad es que la mayoría de las personas interesadas en adoptar esperan encontrar un menor sano, recién nacido o que no rebase los 4 años. Es por eso que debemos crear una nueva cultura que considere la adopción de las niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad, pertenecen a una etnia indígena, tienen más de 7 años, o son parte de un grupo de hermanos.

Un menor de 4 años de edad que no tiene ninguna discapacidad tiene mayores posibilidades de ser adoptado, vivir en familia y conseguir un mejor futuro. Pero pensemos en un niño con discapacidad, su situación se agrava considerablemente y dificulta la posibilidad de restituir el derecho a vivir en familia por no cumplir con las expectativas de las personas solicitantes de adopción.

Creo que este sector está olvidado y es importante no discriminarlos y que los tengamos en cuenta.

Para ello, se quiere sensibilizar y movilizar a la población y como consecuencia a la sociedad, de la importancia del problema de las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de abandono, para que también ellos puedan tener una familia.

Por lo tanto, considero que las OSC son un gran aleado del Estado para reforzar las acciones de promoción y fomento en pro de la adopción de niñas, niños y adolescentes en México, contribuyendo a garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares ni comunitarios.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se adiciona la fracción XX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;

II. Apoyo a la alimentación popular;

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; 

IV. Asistencia jurídica; 

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 

VI. Promoción de la equidad de género; 

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad; 

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural; 

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; 

X. Promoción del deporte; 

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias; 

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; 

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular; 

XV. Participación en acciones de protección civil; 

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley; 

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; 

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y 

XIX. Las que determinen otras leyes.

XX. Acciones para el fomento de la adopción de niñas, niños y adolescentes en México

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.

1 Discurso del Presidente Vicente Fox Quesada durante la ceremonia de Firma del Decreto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Disponible en
http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=7384





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 105 Y 109 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 105 Y 109 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El maltrato infantil es un problema de salud pública con efectos globales, las causas, consecuencias y el tratamiento que se debe dar a esta problemática, ha generado una diversidad de definiciones; asimismo, ha sido analizada desde diversos enfoques y a través de una gran variedad de estudios en todo el mundo y han logrado precisar las diversas formas que constituyen dicho problema, las manifestaciones clínicas, los conceptos médicos y sociales sobre el menor agredido, su familia y el agresor, logrando agrupar las definiciones.

En este tenor, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entiende el maltrato infantil como: “Toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor; o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.1

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lo entiende como el: “Toda manifestación de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial de la población conformada por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años”.2

En México el Sistema de Protección y Desarrollo Integral de la Familia (DIF) lo conceptualiza como: “Un maltrato en el sentido amplio de la palabra donde se involucra no sólo la agresión física, sexual o psicológica, sino también la falta de atención a sus necesidades vitales como son la alimentación, respuesta a sus dolores cuando enferman o al cuidado de su aseo y otras más”.3

Las diferentes definiciones sobre este fenómeno tienen como un común denominador, que una persona activa (agresor) provoca daño (físico y/o psicológica) a una persona pasiva (infante), y la existencia de la intencionalidad del fenómeno, lo que en derecho penal se conoce como imputabilidad, capacidad de querer y entender la antijuridicidad de su conducta. El instituir y unificar diversos criterios ayudan a establecer un manejo integral del maltrato infantil implementando estrategias para la detección, diagnóstico, tratamiento y prevención de este problema.

La atención a los menores que sufren maltrato infantil, requiere de una responsabilidad multidisciplinaria e institucional, donde se mantenga un enfoque preventivo y de resolución, en el que la familia y la sociedad en general sean partícipe de las acciones implementadas, a favor de la niñez que es el presente y futuro de México.

Es por ello que el maltrato infantil es entendido como un atentado a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los cuales están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo que, todos los menores de edad tienen derecho a una vida libre de violencia, respetando su integridad física y psicológica.

Es en 1989, cuando los derechos de la infancia quedan plenamente establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención fue aprobada como Tratado Internacional de derechos humanos. A través de sus 54 artículos reconoce que los menores de edad son individuos con derechos para su desarrollo físico, mental y social; asimismo, está establecido que son  libres de expresar sus opiniones.

La Convención sobre los Derechos del Niño, tiene su antecedente en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Declaración implicó lograr el primer consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño, que posteriormente quedarían plenamente establecido en la Convención sobre los derechos del niño.

En dicha Convención se llegaron a dos conclusiones, la primera: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, y la segunda: “no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de los menores de edad, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.4

El Estado Mexicano firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, en el año 1989; por tal razón, está obligado a adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Reafirmando la necesidad de proporcionar a los menores de edad cuidado, protección y asistencia jurídica, social y médica, en razón de su vulnerabilidad; a fin de garantizar plenamente sus derechos.

Aunado a esto en 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, dejando atrás el concepto de garantías individuales para reconocer plenamente los derechos humanos. A partir de esta reforma el Estado no sólo otorga derechos sino también reconoce que toda persona goza de ellos y de sus garantías que tanto la Constitución como los Tratados Internacionales contemplan; en consecuencia, el Estado Mexicano se encuentra obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.

A partir de estos cambios, se crea un bloque constitucional, el cual está integrado por la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que México es Parte. Esto funciona de manera que todas las normas relativas a derechos humanos, de cualquier rango jerárquico, se interpretarán acorde a estos textos normativos. Por tal motivo, este bloque constitucional obliga al Estado Mexicano a respetar lo establecido por la Convención, en particular su artículo 19, el cual en materia de maltrato infantil señala:

Artículo 19.-

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se refiere estrictamente a la violencia infantil, por lo cual el pasado 18 de abril de 2011, el Comité de los Derechos del Niño, órgano internacional e independiente que supervisa que los Estados Parte cumplan con lo establecido en la Convención, atendiendo la alarmante situación de la violencia ejercida contra los menores de edad, donde los índices que miden esta problemática estaban mostrando cifras preocupantes, principalmente en los países de América Latina, redactó la observación general N° 13, sobre el Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.

El objetivo de la observación referida es reforzar y ampliar las soluciones implementadas para eliminar la violencia ejercida contra menores de edad, las cuales dificultan su desarrollo; es decir, se exhorta a cumplir con el artículo 19, respetando la dignidad humana e integridad física y psicológica de los menores de edad, y se logre la igualdad de la protección ante la Ley.

Para lograr esto, el Comité diseñó 6 objetivos, los cuales quedaron plasmados en la observación general, que los Estados Parte tendrían que seguir para cumplir con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre el maltrato infantil, los cuales son:5

a) Instruir a los Estados partes para que comprendan las obligaciones que les incumben, en virtud del artículo 19 de la Convención, de prohibir, prevenir y combatir toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación del niño, incluido el abuso sexual, mientras este se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, entre ellos los agentes estatales;

b) Describir las medidas legislativas, judiciales, administrativas, sociales y educativas que los Estados partes deben adoptar;

c) Dejar de adoptar iniciativas aisladas, fragmentadas y a posteriori de atención y protección del niño, que apenas han contribuido a la prevención y eliminación de todas las formas de violencia;

d) Promover un enfoque holístico de la aplicación del artículo 19, basado en el designio general de la Convención de garantizar el derecho del niño a la supervivencia, la dignidad, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación frente a la amenaza de la violencia;

e) Proporcionar a los Estados partes y demás interesados una base sobre la que articular un marco de coordinación para la eliminación de la violencia mediante medidas integrales de atención y protección basadas en los derechos del niño;

f) Hacer hincapié en la necesidad de que todos los Estados partes cumplan sin demora las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 19.

El Comité de los Derechos de los Niños, en esta observación general hizo hincapié en que los Estados Parte deben garantizar el interés superior de la niñez, y que la interpretación de este interés debe ser compatible con todas las disposiciones establecidas en la Convención, incluyendo el artículo 19 que obliga a los Estados a proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda manifestación de violencia.

El juicio de un adulto sobre el interés superior de la niñez, no puede anteponerse sobre la obligación de respetar los derechos de los infantes, por tal motivo es importante que las Leyes que velan y protegen el desarrollo de los menores de edad, estipulen claramente la prohibición de toda forma de violencia contra este sector de la sociedad.

Por tal motivo, en 2011 se reformó el artículo 4° en su noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevando a cabo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 13, estableciendo que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Con esta reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el interés superior de la niñez, el cual implica que el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de la niñez deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas, y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida de los menores de edad.6

Atendiendo esta definición y no haciendo de la Constitución un manual de los derechos de los menores establecidos en la Convención, sino solamente estipulando los principios fundamentales que den soporte necesario para su cumplimiento, esta reforma fue antecedente de la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, normatividad publicada en 2014.

Pero es en esta Ley General, donde la normatividad sobre el tema del maltrato infantil, es ambiguo y muestra lagunas legales, específicamente en el Título Tercero; de las Obligaciones; Capítulo Único; De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes; artículo 105 y en el Título Cuarto de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Capítulo Único; de los Centros de Asistencia Social; artículo 109.

En la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes de 2014, se omitió cumplir con los objetivos establecidos en la observación general realizada por el Comité de los Derechos del Niño, sobre el artículo 19 en materia de maltrato infantil. Lo anterior se asevera debido a  que la normatividad dejó la posibilidad de ejercer la violencia en contra de menores de edad, ya que en los artículos antes mencionados se utilizó la oración “Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra”, y no se prohibió de manera categórica, como lo estipulan los objetivos de la observación general. Y como se mencionó en párrafos anteriores el juicio de los adultos no puede primar la obligación de respetar los derechos de los menores de edad.

Es una obligación legislativa, modificar los artículos de la Ley General de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que omiten cumplir a cabalidad lo establecido por la Convención, no sólo acatando el Tratado Internacional sino también la obligación que se tiene con la niñez del país, sector de la sociedad que enfrenta actualmente una situación de vulnerabilidad de sus derechos, así lo hacen constatar varios estudios que muestran cifras preocupantes sobre el maltrato infantil.

En México hay 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de los cuales, el 32.4 por ciento (12.7 millones) tienen entre 0 y 5 años; el 33.7 por ciento (13.2 millones) tienen entre 6 y 11 años; 33.9 por ciento (13.3 millones) tienen entre 12 y 17 años, y el 5.73 por ciento (2.2 millones) son niñas y niños indígenas. En su informe anual 2016 la UNICEF dio a conocer cifras alarmantes sobre la violencia infantil en México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han sufrido algún tipo de violencia en sus hogares, 1 de cada 2 ha padecido por parte de un familiar una agresión psicológica, 1 de cada 15 ha recibido un castigo físico severo como método de disciplina.7

Estas cifras dejan conclusiones preocupantes, ya que la mayoría de los casos sobre maltrato infantil provienen del seno familiar, lo cual es alarmante debido a que no se denuncia este tipo de abusos, y las políticas públicas existentes por parte de los gobiernos tanto Federal como Estatal de prevención, que se inician desde el hogar no están siendo suficientes, y aunado a esto la Ley que vela por los derechos de los menores de edad, no prohíbe explícitamente en sus artículos cualquier tipo de violencia en contra de la niñez, como se ha mencionado en párrafos anteriores.

En 2010 se publicó el informe “Maltrato y Abuso Infantil en México: Factor de Riesgo en la Comisión de Delitos”, elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, y en el cual se detalla que el país se encuentra entre los primeros lugares de los Estados que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en materia de violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años.

En dicho informe se registran altos índices de abuso sexual infantil, donde el 77 por ciento de las víctimas son niñas, con una edad promedio de 5.7 años, lo cual es verdaderamente inconcebible; pero aún es que la víctima conocía a su agresor; el 19 por ciento de los casos era el hermano, el 18 por ciento el padrastro, el 16 por ciento el tío y el 15 por ciento el padre.8

La violencia sexual infantil tiene diversas consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves, tanto a corto como a largo plazo, no solo para los menores afectados, sino para sus familias y comunidades. Estas secuelas van desde riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, deserción escolar y discriminación.

Aunado a esto, la actual violencia que se vive en México, se ha convertido en un factor que está intrínsecamente vinculado con los altos índices de maltrato infantil, esta situación agravante del país tiene como consecuencia que los menores de edad reproduzcan las agresiones que viven en sus comunidades, que deserten de la escuela y, en casos de mayor preocupación se produzca la muerte de los infantes. Ejemplo de ello es el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, publicado por la UNICEF, en él se registra que 2 niños en una edad de 14 años o menos mueren cada día a causa de la violencia en México.9

En materia de derecho comparado, relativo a la violencia y malttrato infantil, Uruguay en 2007 aprobó la Ley 18.214 de Integridad Personal de niños, niñas y adolescentes, la cual prohíbe cualquier forma de castigo físico o trato humillante contra menores de edad, la cual a la letra dice: “Queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes”.10

Por su cuenta Costa Rica, en 2008 la entonces presidenta Laura Chinchilla firmó una ley de prohibición del maltrato infantil, la Ley “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a la Disciplina sin Castigo Físico ni Trato Humillante”, teniendo como objetivo principal enseñar a los padres y encargados de los menores de edad a educar sin castigo corporal.11

El maltrato infantil tiene graves consecuencias para la sociedad, en virtud que las agresiones ocasionadas durante la infancia, aumentan la posibilidad de que en la etapa adulta los menores tengan problemas de conducta, físicos y mentales, que en la mayoría de los casos se reproducen en actos de violencia, depresión, obesidad, adicciones, embarazos no deseados y comportamientos sexuales de alto riesgo, problemas que actualmente nuestra sociedad ya aquejan, por ende es importante que la Ley sea el primer paso para la eliminación de la violencia en contra de menores de edad.

En México la Convención de los Derechos del Niño, es respaldada por el artículo 1°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decir que:

Artículo 1.-…

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por tal motivo es una obligación legislativa, el modificar los artículos 105 y 109 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales están dejando a juicio del adulto que tenga contacto con un menor de edad, velar por sus derechos, lo cual no está cumpliendo con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular con su artículo 19, el cual obliga a los Estado Parte proteger a los niños de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Esta iniciativa de Ley, no tiene por objeto el terminar con la educación y formación integral de los menores de edad en el seno familiar, por el contrario pretende, lograr la corrección de los menores de edad en el ámbito del respeto a su dignidad, como lo establecen los artículos 323 Ter y 423 del Código Civil Federal. En síntesis estos preceptos establecen que el corregir no implica infligir violencia, física y/o psicológica, en contra de un menor. La familia es la base de toda sociedad, por ende toda persona que tenga a su cargo a menores de edad tiene la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva de buen ejemplo para ellos.

El maltrato infantil es incompatible con la educación, ya que esta debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad exclusiva del niño, permitiendo su pleno desarrollo e insistiendo en la necesidad de prohibir todas las formas de violencia; aun por leves que estas sean. Por tal motivo es importante la modificación de estos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, velando por el interés superior de la niñez.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 105 Y 109, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ÚNICO.- Se MODIFICAN los artículos 105 fracciones III y IV, y 109 fracción VIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 105.- Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:

I. a II. …

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, tienen prohibido ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes tienen prohibido ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.

Artículo 109.- Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos:

I a VII. …

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social tienen prohibido realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos;

IX a XI. …

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 105.- Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:

 

I a II. …

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y

 

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.
Artículo 109.- Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

 

I a VII. …

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos;

 

IX a XI. …

Artículo 105.- Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:

I a II. …

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, tienen prohibido ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes; y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes tienen prohibido ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.
Artículo 109.-  Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

I a VII. …

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social tienen prohibido realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos;

IX a XI. …

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Comité de los Derechos del Niño, “Observación general Nº 13 Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, ONU, 2011, [en línea], consultado: 11 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/13.pdf

2 Larraín Soledad y Bascuñán Carolina. “Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro”, Boletín, UNICEF, 2006, [en línea], consultado: 11 de septiembre de 2017, disponible en:
https://www.unicef.org/lac/Boletin-Desafios9-CEPAL-UNICEF(1).pdf

3 Dr. Arturo Perea-Martínez et al. “El maltrato al menor: propuesta de una definición integral”, Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, Vol. 58, 2001, [en línea], consultado: 11 de septiembre de 2017, disponible en:
http://fundacionenpantalla.org/articulos/pdfs/DefinicionSNM-CAINM.pdf

4 UNICEF. “Convención sobre los Derechos del Niño”, UNICEF Comité Español, 2006, [en línea], consultado: 12 de
septiembre de 2017, disponible en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

5 Óp. Cit. Comité de los Derechos del Niño, 2011.

6 Taller SEDESOL. “Observancia del Interés, superior de la Niñez a partir de un enfoque de derechos”, UNICEF, 2015, [en línea], consultado: 13 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/presentacion_260615_4.pdf

7 Informe anual de la UNICEF 2016, [en línea], consultado: 13 de septiembre de 2017, disponible en:
https://www.donaunicef.org.mx/informe-anual/

8 Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. “Maltrato y Abuso Infantil en México: Factor de Riesgo en la Comisión de Delitos”, Secretaría de Seguridad Pública, 2010, [en línea], consultado: 13 de septiembre de 2017, disponible en:
http://odisea.org.mx/centro_informacion/derechos_ninez/estudio/Maltrato_abuso_Mx.pdf

9 “Violencia y maltrato”. UNICEF, México, [en línea], consultado: 14 de septiembre de 2017,  disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

10 “CIDH destacó a Uruguay por ley que prohíbe castigo físico contra niños”. La Red 21, 2009, [en línea], consultado 14 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.lr21.com.uy/comunidad/386667-cidh-destaco-a-uruguay-por-ley-que-prohibe-castigo-fisico-contra-ninos

11 Agencia EFE. “Costa Rica prohíbe por ley el castigo físico contra los hijos”, El Espectador, 2008, [en línea], consultado: 14 de septiembre de 2017; disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-costa-rica-prohibe-ley-el-castigo-fisico-contra-los-hijos






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del PAN)

FERNANDO HERRERA ÁVILA, Senador de la República de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ELIMINAR EL FUERO CONSTITUCIONAL. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección que la Constitución Política otorga a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, es conocido como “fuero constitucional”, cuyo fundamento es el artículo 61 de la propia Carta Magna.

En dicho precepto constitucional se establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. El mismo numeral añade que es obligación del Presidente de cada Cámara “velar por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma”.

La figura de la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores federales o fuero se ha desvirtuado por completo. En su origen, dicho privilegio obedecía a la necesidad de garantizar que los senadores y diputados pudieran expresar sus opiniones con entera libertad y sin temor a ser reprimidos o censurados. Cabe señalar que históricamente la figura del fuero viene inmersa desde las Constituciones de 1857 y 1917.

En la actualidad, el fuero constitucional se ha convertido en sinónimo de impunidad e irresponsabilidad.

La sociedad mexicana no tolera más que exista un régimen de excepción y de impunidad, que permite la corrupción y el saqueo de los recursos públicos.

Es necesario dar el importante paso para eliminar de una vez por todas, el fuero constitucional; para que los servidores públicos de elección popular, puedan ser juzgados como cualquier ciudadano, cuando comentan algún delito.

En ese tenor, propongo reformar el artículo 61 de la Constitución para eliminar el fuero de los legisladores federales y únicamente dejar la disposición relativa de la inviolabilidad del recinto parlamentario.

El Congreso de la Unión, deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Legislación Secundaria, para armonizarlas a lo dispuesto en la presente reforma.

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se REFORMA el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 61. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto y por la inviolabilidad del recinto donde los legisladores se reúnan a sesionar.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 180 días naturales, realizará las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria aplicable, a fin de armonizarla con el presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Fernando Herrera Ávila.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

La suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DESALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de las responsabilidades que tenemos los legisladores, sin duda una de las más significativas, es la velar por la actualización de las leyes que integran nuestro Sistema Jurídico Mexicano a través de reformas, adiciones o derogaciones de los preceptos normativos que se contienen en las mismas, tomando en consideración el ámbito de competencia que establece el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta necesidad de actualización se aplica en todas las materias que regulan las leyes federales, como es el caso de la Ley General de Salud que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, y consta de 482 artículos y en sus 34 años de vigencia, ha sido objeto de 109 reformas y adiciones.

Esta ley regula una variedad muy extensa de rubros que van desde derechos subjetivos de pacientes, el Sistema Nacional de Salud, competencias de autoridades aplicadores de estas normas, prestación y prestadores de los servicios de salud, atención médica, salud aplicada a prevenir y atender diversos trastornos mentales y físicos, protección social en salud, recursos humanos para los servicios de salud, investigación para la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y accidentes, derechos de enfermos en situación terminal, programas contra adicciones, control sanitario de productos y servicios, ejercicio especializado de la cirugía, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, perdida de la vida y hasta de sanidad internacional.     

La presente iniciativa con proyecto de decreto pretende dotar de una mayor racionalidad y claridad a los enunciados normativos que conforman el artículo 81 de la Ley General de Salud, mismo que se encuentra integrado al Capítulo I del Título Cuarto denominado “Recursos Humanos para los Servicios de Salud”, en el cual se incluye el ejercicio de las profesiones, actividades técnicas y auxiliares de las especialidades para la salud, por los motivos que se establecerán más adelante.

El artículo a modificar en la presente iniciativa, ya fue modificado mediante el Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de 2011, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.

Derivado de esa reforma, el primer párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud, establece que los diplomas de especialidades médicas solo podrán ser emitidos por las instituciones de educación superior y de salud reconocidas ante las autoridades correspondientes, ya que la formación médica en nuestro país, a diferencia de otros estudios superiores, es impartida y evaluada de manera conjunta por las Secretarías de Educación Pública y de Salud.

Cuando un egresado de la licenciatura en medicina cuenta con su título, tiene la opción de cursar una Especialidad e ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas, previo a la aprobación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, su ingreso a las Instituciones de Salud que impartan las dichas especialidades médicas y estar inscrito en las Instituciones de Educación Superior que elaboran y avalan los planes y programas de estudio para que una vez que concluya dicha especialidad, se le expida un diploma oficial.

El párrafo en mención, no incluye a las maestrías y doctorados médicos que son grados académicos que una vez cursados satisfactoriamente generan el derecho para los egresados de obtener un título y una cédula profesional, además de que para que se puedan impartir dichos programas de estudio de estos grados académicos, se debe contar con el reconocimiento de validez oficial, y ser autorizados y avalados por la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud, presidida por los Titulares de la Secretarías de Educación Pública y de Salud.

Por lo señalado con antelación es que se considera necesario incluir en el primer párrafo del artículo 81 de la multiciada ley a los grados académicos de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud, toda vez que del contenido de dicho artículo, no se desprende limitación alguna para que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) y los Consejos de Especialidades Médicas puedan dar reconocimiento por el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia a posgrados como Maestrías y Doctorados médicos, por lo que dichas asociaciones civiles podrían certificar a egresados de dichos grados académicos sin ningún problema.

El artículo Tercero del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se sujetarán el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas a los que se refiere el artículo 81 de la Ley General de Salud, para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 272 Bis y el Título Cuarto de dicha Ley, establece que este comité al otorgar a los Consejos, la declaratoria de idoneidad, brinda el reconocimiento para coadyuvar en la supervisión del entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para otorgar la certificación en una o más especialidades de la medicina reconocidas por el comité normativo y su respectiva recertificación.

En los lineamientos del citado acuerdo, en su artículo décimo tercero del capítulo III denominado de la “Expedición de Certificados de Especialidad y de la Recertificación, se establece que los CONSEJOS tendrán como función principal, coadyuvar con el CONACEM en la supervisión del entrenamiento, habilidades, destreza y calificación de la pericia de los médicos especialistas que soliciten certificación o recertificación, conforme a los mecanismos establecidos por el propio CONACEM.

Asimismo, en dicho acuerdo, no se establece una objeción o limitación expresa para que tanto el CONACEM como cualquiera de los Consejos coadyuvantes en la supervisión del entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia de médicos especialistas, no puedan otorgar certificación a médicos que cuenten con otro tipo de posgrados que se relacionen con el objeto social de dichas Asociaciones Civiles o Consejos y que lo es, el certificar en la Especialidad médica respectiva.

Por su parte, segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud, señala que para la realización de procedimientos quirúrgicos de especialidad, se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, este enunciado normativo rompe la sistematicidad que debería haber imperado en todos los párrafos que integran el citado artículo, ya que se refiere únicamente a los especialistas que realicen procedimientos quirúrgicos y no hace referencia a ninguna otra especialidad, disposición que resulta ociosa, toda vez que se sobreentiende que si un especialista que perteneció al Sistema de Residencias Medicas, eligió una determinada especialidad, se capacitó y práctico solo en esta, como es el caso de aquellos que optaron por la cirugía general, que tuvieron que practicar actos quirúrgicos en diversos pacientes, lo mismo pasa para aquellos que eligieron la subespecialidad en cirugía plástica y reconstructiva, por lo que otro especialista que no se haya entrenado y capacitado en la realización de estos actos quirúrgicos, no podría realizarlos, ya que se pondría en riesgo la vida de los pacientes.

Por lo anterior es que la redacción del segundo párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud al relacionarse con el artículo 272 Bis 1 de la misma ley, donse se señala que la cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, solo puede efectuarse por profesionales de la salud especializados en dichas materias, genera una contradicción en la propia ley, toda vez que no existe en México una especialidad en Cirugía plástica, estética y reconstructiva, ni una especialidad en cirugía estética.

Se hace notar que las instituciones educativas que en sus posgrados imparten especialidades relacionadas con procedimientos quirúrgicos a los que se refieren los artículos 81, 272 Bis 1 y 272 Bis 2 de la ley que se propone reformar, sólo cuentan con la Especialidad en Cirugía General y Subespecialidades como la de Cirugía Plástica y Reconstructiva, sin que cuenten con una especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva o una en Cirugía Estética, como es el caso de la Universidad Autónoma de México, que en su oferta educativa de posgrados ofrece el PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS (PUEM) EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA.

No se pueden realizar residencias médicas en cirugía estética, ya que está se enfoca en mejorar la apariencia de una persona, no tienen base médica o funcional y la persona es candidata a este tipo de cirugía sólo si se encuentra sana, en buenas condiciones de salud física y psicológica, no así la Cirugía Plástica y Reconstructiva, que tiene como objetivo, corregir, aminorar, restituir la funcionalidad de un órgano, resolver traumas, accidentes, lesiones o defectos de nacimiento o por eventos como quemaduras.

Como ya se ha mencionado, al existir en nuestro país únicamente la especialidad o subespecialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva, se considera un error técnico el incluir a la Cirugía Estética, en las disposiciones que limitan la realización de actos quirúrgicos y en aquellos que se menciona erróneamente “Cirugía plástica, estética y reconstructiva” que se contienen en los artículos 272 Bis, 272 Bis 1 y 272 Bis 2 de la Ley General de Salud, por lo que en su momento se deberá hacer la corrección necesaria, eliminando el rubro estético de los artículos 272 Bis 1 y 272 Bis 2, de la mencionada ley.

En México no se ha establecido todavía, por parte de las autoridades sanitarias nacionales, una diferenciación clara entre Cirugía Estética o Cosmética, y la Cirugía Plástica y Reconstructiva, siendo que las dos ramas de la medicina tienen ámbitos y técnicas de intervención muy distintas1.

Si bien los procedimientos de Cirugía Estética se enfocan en mejorar la apariencia del paciente, teniendo como pacientes a personas sanas, en buenas condiciones de salud física y psicológica, no así por lo que se refiere a la Cirugía Plástica y Reconstructiva, que tiene como objetivo, corregir, aminorar y resolver traumas, accidentes o defectos de nacimiento.

La diferencias se evidencia también en los procedimiento quirúrgicos efectuados: por un lado en la Cirugía Estética o Cosmética se llevan a cabo intervenciones tales como mamoplastía de aumento (aumentar busto) ,pexia mamaria (levantar busto), reducción mamaria (reducir busto) lipoescultura y lipoinjerto, lipectomía, ritidectomía facial (rejuvenecimiento de cara), mastopexia, aumento de glúteo y pantorrilla, blefaroplastia (párpados), ritidectomía y trasplante capilar, reducción de mejillas ,otoplastía, lobuloplastía (lóbulo de orejas), queiloplastía (labios); no así por lo que hace a las intervenciones de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que contemplan intervenciones para reducir quemaduras, defectos congénitos, cirugía de mano, cirugía de la extremidad inferior, microcirugía, y cirugía craneofacial 2.

También se hace patente que las intervenciones de Cirugía Plástica y Reconstructiva implican un riesgo y una complejidad mucho mayor a las de la Cirugía Estética o Cosmética.

Por otra parte, el concepto de salud hoy en día ha cambiado, siendo que no se reduce exclusivamente a la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que se define por un estado de completo bienestar físico, mental y social, así como lo establece la Organización Mundial de la Salud3.

Por ello, se considera que la rama de la Cirugía Estética constituye un campo de estudio y de intervención radicalmente diferente de lo que caracteriza la Cirugía Plástica y Reconstructiva dado que si esta, desde su origen, se enfocó en atender traumas, accidentes o enfermedades que se presentaban en el cuerpo humano, la Cirugía Estética o Cosmética se fue desarrollando de manera paralela, teniendo un campo de intervención, mucho más limitado, y con una clara diversidad de enfoque.

El señalamiento de que la rama de la Cirugía Estética difiere de la Plástica y Reconstructiva, se basa en los aportes de investigadores y académicos, tales como Melvin Shiffman y  Alberto Di Giuseppe, quienes en el texto: “Cosmetic Surgery, Art and Techniques” señalan que:

“Al preparar la historia de la cirugía cosmética, es, por momentos, difícil separar procedimientos reconstructivos de los procedimientos puramente cosméticos. "Cosmético" (estético) es cirugía embellecedora comparada con "plástica" que es reparar un defecto ó déficit. Considere que la reconstrucción facial es para "embellecer" una apariencia aparente facial distorsionada, anormal. Sin embargo, la cirugía cosmética (estética) es considerada en ser la única para embellecer y no reconstruir para obtener belleza.”4

Ahora bien, en nuestro país existen especialidades en diversas ramas de la medicina, así como se han ido desarrollando de manera paralela y alterna diversos posgrados cuyos programas de estudio abordan aspectos que por la misma naturaleza de las especialidades médicas que se cursan actualmente, han quedado fuera de los programas de estudio de aquellas, ya sea porque las instituciones de salud en las que se imparten estas no tienen la capacidad para cubrir esos aspectos, ya sea porqué, se encuentran incluso limitadas en cuanto a las facultades de esas instituciones de salud, para abordar diversos temas de estudio.

En México existen actualmente cuatro programas de estudio de especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva, impartidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León,  la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Nacional de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, y la Universidad de Monterrey5.

De igual manera, robustece la necesidad de corregir la antinomia que se genera entre los artículos 81, 272 Bis 1 y 272 Bis 2 de la Ley General de Salud, el hecho de que el Sistema Nacional de Salud tiene como principal objetivo el proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud de las millones de personas a las que les presta dichos servicio, por ello, solo puede cubrir el costo que representan las cirugías plásticas o reconstructivas que estén relacionados con enfermedades congénitas, adquiridas o lesiones generadas por accidentes, pero escapa de sus posibilidades materiales y de su objetivo primordial, que los recursos presupuestarios con los que se cuenta para atender a la población impide que se puedan destinar alguna parte de los recursos humanos médicos y económicos para cubrir los gastos que representa realizar cirugías plásticas para la mejora estética de una persona.

Este grave error, debe de corregirse a la brevedad, y separar a la Cirugía Estética de la Cirugía Plástica ya que de no hacerlo se genera un vacío legal que afecta el libre ejercicio de la profesión de miles de médicos que han cursado posgrados en ramas de la ciencia médica y de la medicina que fueron adiestrados y capacitados para realizar actos quirúrgicos enfocados a mejorar la apariencia de una persona sana, que además, cuentan con cédula profesional que avala dicho ejercicio y con reconocimiento de la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud, que es parte de las autoridades que se mencionan en el primer párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud.

Para resolver parte de este problema, se estima que resulta procedente incluir en el segundo párrafo del artículo que se pretende reformar, un enunciado normativo cuya redacción contenga la mención específica de los procedimientos médicos quirúrgicos que pueden realizar los especialistas capacitados para tal efecto, haciendo énfasis que los mismos deben realizarse en pacientes enfermos para el restablecimiento de su salud o para corregir, aminorar y resolver traumas, lesiones o accidentes que hayan sufrido en algún órgano u órganos, así como con la inclusión de un nuevo tercer párrafo que contenga una excepción a esta exigencia para los médicos que cuenten con grado académico de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud que atiendan a personas sanas.

El párrafo tercero del artículo 81 de la Ley General de Salud hoy vigente, creó la figura del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), como organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar y certificar-recertificar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben de tener los médicos especialistas en medicina y este comité se integra por miembros de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía.

Se estima que resulta desafortunado que a una asociación civil, como lo es el CONACEM, se le haya dotado de atribuciones tan trascendentales para la formación profesional de un médico, ya que si dicho comité no tiene la voluntad de certificar o recertificar a un egresado de una especialidad médica, este no podrá ejercerla, como es el caso de los cirujanos plásticos y reconstructivos, que si no cuentan con dicha certificación, no podrán realizar actos quirúrgicos de especialidad.

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, se debe dar el valor que le corresponde a las maestrías y doctorados en áreas de la ciencia médica y de la salud, por lo que se considera que debe permitirse a los egresados de dichos grados académicos que puedan certificarse por los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, si dichos posgrados son afines o se relacionen con dichas especialidades.

La posibilidad de que los egresados de Maestrías y Doctorados en áreas de la ciencia médica y de la salud puedan ser certificados por los diversos Consejos de Especialidades Médicas, se sustenta en el derecho que tiene todo profesional de la salud, de acceder a la superación profesional y ética que se sustenta en el artículo 49 de la Ley General de Salud, mismo que establece que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y las autoridades educativas promoverán y fomentaran que los colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, participen en el Sistema Nacional de Salud, como instancias éticas del ejercicio de las profesiones y sean promotoras de la superación permanente de dichos profesionales de la salud.

Otro aspecto que es importante resaltar, es que si las Maestrías y Doctorados en áreas de la ciencia médica y de la Salud cumplen con lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Salud, que señala que el ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud, deberá estar sujeto en primer término a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal que rigen en dicha entidad federativa en asuntos de orden común, y en toda la República en asuntos de orden federal, por lo que si no se viola la citada legislación, es procedente obtener una certificación.

De igual manera, como lo establecen los artículos 3 y 5 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones, a toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado, asimismo, para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de dicha Ley y haber comprobado en forma idónea, el haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate.

Si una Especialidad médica y una Maestría o Doctorado en áreas de la ciencia médica y de la Salud, permiten que aquellos que las hayan cursado tengan conocimientos y destrezas en la práctica de procedimientos médicos similares o relacionados con algunas áreas de estudio, siendo un aspecto a diferenciar, que algunas Maestrías y Doctorados Médicos puedan estar focalizados sólo a atender ciertos rubros, pero no por ello, a dichos profesionistas médicos se les puede considerar como inferiores, para lo anterior, las definiciones emitidas por la Real Academia de la Lengua y contenidas en el diccionario de la lengua española, sobre los términos “maestría”, “especialidad”, “maestro” y “especialista” que como se podrá apreciar a continuación son muy similares:

Definición de Maestría.- De maestro.1. f. Arte y destreza en enseñar o ejecutar algo. 2. f. Título de maestro. 3. f. Curso de posgrado en una determinada especialidad. 4. f. Título de posgrado que se obtiene tras completar una maestría. 5. f. En las órdenes regulares, dignidad o grado de maestro. …

Definición de Especialidad.- Del lat. tardío special?tas, -?tis. 1. f. Cualidad de especial.; 3. f. Rama de una ciencia, arte o actividad, cuyo objeto es una parte limitada de ellas, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisos quienes la cultivan; …

Definición de Maestro/tra.- Del lat. magister, -tri; la forma f., del lat. magistra. 1. adj. Dicho de una persona o de una obra: De mérito relevante entre las de su clase. 4. m. y f. Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo. 6. m. y f. Persona que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura. 12. m. Méx. Titulación correspondiente a la maestría (? curso de posgrado). 13. m. desus. cirujano. 18. f. Cosa que instruye o enseña. La historia es la maestra de la vida….

Definición de Especialista.- De especial e -ista. 1. adj. Que cultiva o practica una rama determinada de un arte o una ciencia. U. t. c. s. Visitó a un especialista en neurología.

La mencionada certificación se concede con base en los resultados de las evaluaciones aplicadas por los Consejos de Especialidades Médicas, por ello, los egresados de Maestrías y Doctorados en medicina, tiene derecho a solicitar que sean evaluados para capacitarse de una manera más completa y así cumplir con estándares médicos más elevados.

Otra problemática relacionada con la mala redacción de los párrafos que conforman el artículo 81 de la Ley General de Salud, específicamente en su último párrafo, es que CONACEM no emita opinión afirmativa para que las autoridades educativas puedan expedir las cédulas de médicos especialistas, es decir, esta disposición resulta oscura y puede permitir que el organismo auxiliar de la Secretaría de Salud actué de manera discrecional, ya que no se establece un plazo para la expedición de la opinión, y se supedita la función de las autoridades educativas al aval de un particular o asociación civil, situación que genera una violación al principio de certeza jurídica que debe imperar en todo acto de autoridad, por lo que resulta imprescindible establecer un plazo cierto para que CONACEM emita su opinión y que se propone incluir en el referido último párrafo del artículo 81.

No se debe pasar por alto que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A.C., debe impulsar el desarrollo profesional continuo del médico especialista y de los demás profesionales de la salud, así como impulsar la actualización permanente respecto del conocimiento científico y tecnológico, así como de las habilidades y destrezas que dichos profesionales y especialistas demuestren tener al poder acceder a una certificación, además de que como auxiliar de las autoridades de la Administración Pública Federal, sujeto a las lineamientos que le marque la Secretaría de Salud, debe resolver todos aquellos casos concretos que redunden en beneficio de los profesionales de la salud y por ende, de los pacientes.

Ante esta necesidad de actualización y corrección de los defectos técnicos, falta de precisión y claridad de los enunciados normativos que integran el artículo 81 de la Ley General de Salud, es que se propone su modificación, por lo que a continuación se señala un cuadro comparativo de la redacción propuesta:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

(Cuadro comparativo ley vigente y proyecto de reforma)

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA.

Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

 

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

 

 

 

 

 

 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica.

 

 

 


Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades y de grado académico de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad que se practiquen en pacientes enfermos para el restablecimiento de su salud o para corregir, aminorar y resolver traumas, lesiones o accidentes que hayan sufrido en algún órgano u órganos, se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

La exigencia que se establece en el párrafo que antecede, no le será aplicable a los médicos que cuenten con grado académico de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud que atiendan a personas sanas.

(…)

 

 

 

 

 


Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica, así como para grados académicos de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud que sean afines o se relacionen con dichas especialidades.

 

Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que deberá de emitirla en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se le haya solicitado dicha opinión.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 81 de al Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades y de grado académico de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad que se practiquen en pacientes enfermos para el restablecimiento de su salud o para corregir, aminorar y resolver traumas, lesiones o accidentes que hayan sufrido en algún órgano u órganos, se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

La exigencia que se establece en el párrafo que antecede, no le será aplicable a los médicos que cuenten con grado académico de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud que atiendan a personas sanas.

Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica, así como para grados académicos de posgrado en áreas de la ciencia médica y de la salud que sean afines o se relacionen con dichas especialidades.

Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que deberá de emitirla en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se le haya solicitado dicha opinión.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, tendrá un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir del día siguiente de que entre en vigor el presente decreto, para emitir las opiniones a que se refiere el último párrafo del artículo 81 de la presente ley, que le hayan sido solicitadas por las autoridades educativas con anterioridad a que surta efectos el mismo.

Dado en el Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

1 http://www.americanboardcosmeticsurgery.org/patient-resources/cosmetic-
surgery-vs-plastic-surgery/, (Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2016).

2 http://cirugiaplastica.mx/procedimientos/ (Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2016).

3 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948.
La definición no ha sido modificada desde 1948.

4 SHIFFMAN, Melvin A., et al., “Cosmetic Surgery". Art and Techniques”, Springer, 2013, pag. 3.

5 http://web.uaemex.mx/planes/fm_e_cpr.pdf_,
http://www.udem.edu.mx/Esp/Posgrados/Ciencias-de-la-Salud/Especialidades-Medicas
/Pages/Subespecialidades/Cirugia-Plastica-y-Reconstructiva.aspx,
http://www.medicina.uanl.mx/posgrado/programas-de-posgrado/subespecialidades/
cirugia-plastica-y-reconstructiva/, http://www.facmed.unam.mx/escolares/principal/posgrado/ofv_pos/instructivos/folletoBienvenidos-2014.pdf, (Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2016)






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como a la población que ha contribuido con donaciones económicas o en especie. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La historia nos demuestra que sin importar lo complejo de la situación o los peligros que se enfrenten, la población mexicana siempre está unida para superar cualquier adversidad. La grandeza del pasado, la estabilidad presente y las expectativas del futuro que tenemos como nación están sustentadas en la solidaridad, empatía, sensibilidad y apoyo que prevalece entre las y los mexicanos.

En las últimas décadas hemos alcanzado notables avances en materia de protección civil. Desde el terremoto de 1985, en medio de múltiples y sustanciales cambios, los valores que nos definen como mexicanos se han reafirmado una y otra vez, así lo demuestran las diferentes manifestaciones de apoyo y solidaridad que hemos observado en los últimos días ante una nueva tragedia que nos impone un desafío de dimensiones mayúsculas que pronto habremos de superar.

El pasado 19 de septiembre, se conmemoró el 32 aniversario del terremoto de 1985 ocurrido en la Ciudad de México, acontecimiento que marcó un parteaguas en materia de protección civil, donde si bien es cierto se tienen pendientes, no deben ser minimizados o desacreditados los avances. Lo anterior, en un clima de luto nacional ante el sismo de mayor magnitud en los últimos cien años (8.2 grados), ocurrido el 7 de septiembre de 2017, donde los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco sufrieron los mayores estragos, basta señalar que más de 2 mil escuelas quedaron inservibles, casi 100 personas perdieron la vida, miles de casas tuvieron daños severos y miles de comunidades resultaron afectadas.

En dicha conmemoración recordábamos con respeto a las víctimas de los terremotos de 8.1 y 7.3 grados en escala de Richter del 19 y 20 de septiembre de 1985 respectivamente, los cuales provocaron el derrumbe de casi 500 edificios (la mayoría entre 7 y 12 pisos de altura y construidos de manera similar).

Asimismo, hacíamos una recapitulación de los daños y contrastábamos éstos con los observados después del sismo del pasado 7 de septiembre, destacando que, de acuerdo con información oficial, hace 32 años hubo alrededor de 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas fallecieron; y más 30 mil estructuras resultaron destruidas y alrededor de 68 mil sufrieron daños parciales.

Por otro lado, se hacía énfasis en que, gracias a la gran labor de la ciudadanía, en aquel entonces se logró el rescate aproximadamente 4 mil las personas (algunos diez días después del sismo), entre ellos, recién nacidos (algunos atrapados por días). Además, referíamos que, a diferencia de hace 32 años, actualmente tenemos programas y protocolos más sólidos, eficaces y eficientes en materia de protección civil (tanto de prevención como de reacción ante siniestros de esta naturaleza).

En este contexto de marcada asimetrías, el 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud de 7.1 localizado en los estados de Puebla y Morelos, el movimiento telúrico ocurrido a las 13:14 horas fue sentido fuertemente en el centro del país1.

A consecuencia de este último sismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ha señalado que hasta el 21 de septiembre se reportaban 273 fallecidos, 137 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca2.  Además, indicó que se continúan con los trabajos de búsqueda y rescate, haciendo énfasis en que las maquinarias sólo se utilizan en labores de limpieza y no en estructuras colapsadas.

Aunque los estragos son lamentables y generan dolor a todo México, miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal desde el principio dieron atención a la población. Además, se ha mantenido comunicación entre los cuerpos de protección civil, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de los Estados de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades con los mayores daños.

Por otro lado, hay que destacar que los trabajos encaminados a asegurar el suministro de víveres y atención médica; levantar un censo de daños y, con base en él, iniciar la reconstrucción se mantienen tanto en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y Guerrero, así como en Oaxaca y Chiapas, entidades que en ningún momento han dejado de recibir atención por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada y por supuesto la ciudadanía en general.

Respecto a esta última consideración, el presente punto de acuerdo tiene como principal directriz expresar un amplio y franco reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017; así como a la población que ha contribuido con donaciones económicas o en especie.

Con las acciones solidarias observadas durante estos días, una vez más la población mexicana ha demostrado al mundo que nuestro país es capaz de levantarse de cualquier tragedia, así lo demuestra miles de brigadas ciudadanas que se han conformado, el esfuerzo incesante en las labores de rescate, el apoyo incondicional de los voluntarios, las donaciones recibidas, el permanente seguimiento que se da a los hechos y la preocupación por los damnificados. 

Cabe destacar que en la notable tarea de brindar apoyo a quienes lo requieren se han coordinado personas de diferentes edades, profesiones, oficios y filiaciones pero que coinciden en valores, convicciones y objetivos. A partir de su experiencia, conocimientos y habilidades han dado su mayor esfuerzo, siendo ejemplo de unidad, valor y empatía; y reafirmando que México tiene como mayor fortaleza a su gente: personas trabajadoras, honestas, valientes y solidarias.

Convencidos de que pronto estaremos nuevamente en pie, desde el Senado de la República reconocemos sus grandes aportaciones para apoyar a las personas que desafortunadamente perdieron parte o la totalidad de su patrimonio, o sufrieron lesiones o la pérdida de seres queridos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República, expresa su reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017; así como a la población que ha contribuido con donaciones económicas o en especie.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp
_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

2 https://www.gob.mx/segob/prensa/corte-informativo-con-datos-preliminares-tras-sismo






De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República información sobre las acciones en torno al proceso de extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba. Se turna a la Comisión de Justicia.








De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para atender la emergencia nacional derivada de los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Protección Civil.








Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo en torno a la modernización y liberación de peaje de la Carretera Panamericana tramo Toluca-Atlacomulco. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








De las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a destinar los recursos necesarios para la etapa de reconstrucción de viviendas en las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Las suscritas, ANGELICA ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, y solicitando el trámite contemplado en los artículos 108 y 109 del mencionado reglamento y que se refieren a lo previsto para las solicitudes de urgente resolución, nos permitimos someter al Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los días 7 y 19 de septiembre de 2017 nuestro país se vio afectado por dos sismos de gran magnitud, dichos eventos dejaron afectaciones graves en gran parte de nuestro territorio; desafortunadamente se perdieron vidas por las cuales hoy estamos todos de luto.

Aunado a lo anterior, después de la tragedia sabemos que las afectaciones económicas son cuantiosas. Sabemos que las autoridades de los distintos ordenes de gobierno se encuentran ya realizando los censos necesarios que nos permitan conocer con exactitud a cuánto ascienden los daños.

Hoy quiero llamar la atención de esta soberanía sobre las miles de viviendas que se perdieron, sobre las familias que se quedaron sin patrimonio, sin un techo, esas familias que hoy duermen en albergues ya sean instituidos o improvisados en las calles de sus comunidades.

Lo que en este momento conocemos son cifras preliminares que han dado a conocer tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales ya sea a través de boletines  o de los medios de comunicación.

Sabemos por ejemplo que hasta el 20 de septiembre la SEDATU estimaba que como consecuencia del sismo del 7 de septiembre en Oaxaca existen aproximadamente 50 mil viviendas con daños, en Chiapas 30 mil viviendas, en Guerrero 400 viviendas dañadas  y en Tabasco 163 viviendas con daños.

Derivado del sismo del 19 de septiembre, las cifras preeliminares dadas a conocer por las autoridades hablan de  29 edificios derrumbados y daños estructurales en 49 edificios en la Ciudad de México y 10 mil viviendas con afectaciones en Morelos.

Los daños materiales ocasionados por este sismo son significativos y abarcan a diversas entidades federativas. Estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México hoy se enfrentan a una perdida importante más no irreparable si hoy sumamos los esfuerzos y los recursos al alcance de los gobiernos para la etapa de reconstrucción.

Hoy sabemos que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales están dando inicio a la etapa de reconstrucción, primero llevando a cabo los censos necesarios, casa por casa para evaluar los daños registrados y poder tener el diagnóstico de las estructuras dañadas y las acciones que se tendrán que llevar a cabo.

Desde un primer momento, se inició con la habilitación de los fondos necesarios para esta tarea. En este Senado de la República se informó de un fondo de 50 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de vivienda, fondo que se integrará con recursos de los senadores, prerrogativas de los grupos parlamentarios y los trabajadores del Senado que así lo deseen.

También, se cuenta con recursos del Fondo de Desastres Naturales, que según información dada a conocer por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, actualmente asciende a 9 mil millones de pesos y que podría destinarse parte de estos recursos para la etapa de reconstrucción, adicional a lo que se destine del bono catastrófico emitido por el Banco Mundial y la constitución del fideicomiso #FuerzaMéxico que de acuerdo a lo dado a conocer por la Secretaría de Hacienda se integra por un comité de empresarios con el apoyo de la Secretaría de Hacienda.

El Gobierno Federal y el Sector Privado están ya trabajando de manera conjunta para enfrentar esta etapa de recuperación. Sin embargo, dada la magnitud de los eventos que han concurrido en nuestro país en estos días y lo cuantioso de los daños registrados y aún por registrar, nos parece que es necesario orientar estos esfuerzos y por parte del Poder Legislativo promover estrategias que permitan que todos los recursos necesarios se orienten de manera efectiva, con la máxima transparencia y a través de las instancias habilitadas legalmente para ello.

Es necesario considerar, que la reconstrucción se realice en áreas idóneas y que no representen un peligro mayor para las familias y se realicen respetando el entorno que las rodea. Estos fenómenos que lamentablemente han azotado a nuestro país nos han demostrado que si bien nuestro país cuenta con una cultura de protección civil fuerte, es necesario que se refuercen los estándares de construcción de vivienda, por lo que consideramos también que la reconstrucción se debe llevar a cabo respetando los estándares para que este tipo de inmuebles sean seguros y con la capacidad para resistir todo tipo de siniestros.

Recientemente, el Congreso aprobó una Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mediante la cual se creó el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como una instancia de carácter consultivo, de conformación plural y de participación ciudadana, convocada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en la materia y que de acuerdo con sus atribuciones encomendadas en la misma Ley, consideramos como una instancia idónea para coordinar y dar seguimiento a las acciones de reconstrucción.

Asimismo, consideramos importante que como parte de los esfuerzos que se llevan a cabo para la asignación de recursos destinados a la recuperación de los estados afectados, se designe una partida presupuestal especial y permanente, en tanto sea necesario, para la recuperación de los hogares de las miles de familias aceptadas.

Es en razón de todo lo anterior, que sometemos a consideración de esta Asamblea de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas afectadas por los sismos ocurridos recientemente en nuestro país, a que una vez concluido el censo casa por casa que llevarán a cabo, se informe del mismo al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana para conocer el diagnóstico de los esfuerzos que deberán llevarse a cabo para la etapa de reconstrucción de las miles de viviendas perdidas.

SEGUNDO: Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que en base a sus facultades constitucionales, designe dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año y subsecuentes una partida especial y permanente para la reconstrucción de viviendas en los Estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

TERCERO: Se exhorta al Gobierno Federal a que los esfuerzos que se están llevando a cabo con los gobiernos estatales y el sector privado, de coordinación y seguimiento a la reconstrucción de vivienda se conjunten en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen.- María del Rocío Pineda Gochi.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN,  con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República lamenta la pérdida de         vidas derivada del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, particularmente la  muerte de niños en el Colegio “Enrique Rébsamen” y exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y del Estado de México a realizar una revisión exhaustiva de los inmuebles que se encuentran en riesgo. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I,  todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA LAMENTA LA PÉRDIDA DE VIDAS DERIVADA DEL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE PARTICULARMENTE, LA MUERTE DE NIÑOS EN EL COLEGIO ENRIQUE RÉBSAMEN Y EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, MORELOS, PUEBLA Y DEL ESTADO DE MÉXICO A REALIZAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LOS INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Debido a su ubicación geográfica, México es uno de los países donde más actividad sísmica se registra. De acuerdo con Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su libro “Los Sismos, una Amenaza Cotidiana” revela que tan sólo en los últimos 12 años, el Servicio Sismológico Nacional reportó 16,540 sismos en la República Mexicana con magnitud igual o superior a 3.5 grados en escala de Richter. Es decir, que en el país se registran casi cuatro sismos por día dentro de ese rango de magnitud. De acuerdo con datos publicados por el especialista, en México los sismos no se pueden predecir ni se distribuyen de manera homogénea, pues hay regiones en que las características del suelo no permiten que ocurran este tipo de fenómenos naturales.

El problema del país recae en su ubicación geográfica ya que se encuentra en un área con alta actividad sísmica, conocida como “El Cinturón de Fuego del Pacífico”. De acuerdo con Hernando Tavera Director del Área de Sismología del Instituto Geofísico de la República de Perú, es ésta el área donde se origina el 90 por ciento de todos los sismos del mundo y el 80 por ciento de los terremotos más grandes; además de encontrarse el 75 por ciento de los volcanes activos e inactivos del mundo; pero su alta sismicidad es debido a la interacción de las 5 placas tectónicas conocidas como: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.  "El hecho de que la actividad sísmica sea intensa en el Anillo de Fuego se debe a la convergencia de éstas y su fricción, lo que hace que se acumule tensión a liberar", señaló Tavera en una entrevista para la BBC.

La Ciudad de México es considerada una zona muy proclive a los sismos con estas características y en el año de 1985 quedo demostrada la fragilidad que tenemos los seres humanos ante la fuerza de destrucción de la naturaleza y el terror de sentir que el suelo vaya caprichosamente en todas direcciones, brinque, sacuda cuerpos, árboles, postes, edificios y reviente las calles. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México quedó aturdida, fue un golpe duro, seco y demoledor. En las costas de Michoacán, a casi 400 kilómetros de la capital del país, las placas tectónicas de Cocos y Continental, se deslizaron violentamente; la onda de choque tardó casi dos minutos en atravesar las sierras, subir hasta el altiplano y golpear a la ciudad; el gran sismo de 8.1 grados derrumbó un total de 400 edificios y dejó a otro millar listos para ser demolidos; se destruyeron líneas telefónicas y telegráficas, la electricidad fue cortada y el transporte colapsó dejando a la ciudad  incomunicada durante horas. “El sismo de 1985 demostró que la Ciudad de México está construida en el peor sitio posible, encima del barroso fondo de un lago, con el suelo blando que recibe, rebota y amplifica las ondas sísmicas como en ninguna otra urbe del mundo. La gran leyenda de su fundación es también su desgracia.”1

De acuerdo con la revista Forbes en su publicación del 18 se septiembre del 2015 “Los 8 sismos más catastróficos en la historia de México”; Las cifras oficiales publicadas  dijeron que durante el sismo de 1985 fallecieron más de 10,000 personas, cerca de 50,000 heridos, al menos unas 250,000 personas quedaron sin hogar y pérdidas económicas que representaron el 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y el 9.9 por ciento de la Ciudad de México.

El pasado 7 de septiembre del presente año, se registró un movimiento telúrico a las 23:49 horas, con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter; (el segundo más alto del que se tiene memoria, después del ocurrido el 28 de marzo de 1787 que fue de 8.6 grados con epicentro en la costa de Oaxaca).  El epicentro se localizó en el mar, aproximadamente a 133 kilómetros al suroeste de Tijijiapa, Chiapas, a 58 kilómetros de profundidad. El tiempo que tardó en sentirse desde el epicentro hasta la Ciudad de México fue de 135 segundos, explicó Xyoli Pérez Campos, Jefa del Servicio Sismológico Nacional, es por ello que no tuvimos las mismas consecuencias que hace casi 32 años, de acuerdo al diario el “Economista” del 11 de septiembre del presente año, asimismo mencionó que “a pesar de que es el sismo más fuerte que ha vivido México en el último siglo y su magnitud y duraciónn podrían haber sido suficientes para acabar con cualquier ciudad en el mundo, la distancia que recorrió fueron más de 650 kilómetros. Estas condiciones permitieron que en la Ciudad de México se sintiera la tercera o quinta parte de intensidad de lo que se percibió en el terremoto de 1985, el cual tuvo su epicentro en las costas de Guerrero y Michoacán como lo había mencionado anteriormente a no más de 400 kilómetros de la Ciudad. Leonardo Ramírez Guzmán, Jefe de la Unidad Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que esta proporción se refiere a los niveles medidos de aceleración, no a la magnitud del evento, que es la energía liberada”.  

Doce días después, el 19 de septiembre de 2017 en pleno trigésimo segundo año conmemorativo del terremoto que sacudió la ciudad en 1985, la madre naturaleza nos vuelve a tomar por sorpresa, con un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro a 12 kilómetros de Axochiapan en el Estado de Morelos; causando derrumbes y daños a una treintena de edificios en la Ciudad de México. Se trata de dos movimientos telúricos registrados el mismo día y en la misma ciudad pero con 32 años de diferencia. 

Hasta el 22 de septiembre de 2017 se tenían 293 personas sin vida,  156 de la Capital, 102 mujeres, 54 hombres y 26 menores de edad; en Morelos 73 personas fallecidas; Puebla 45, Estado de México 13, Guerrero seis y Oaxaca uno.

Tal fue el desastre ocasionado por el temblor del 19 de septiembre del 2017 que el jueves 21 del mismo mes a través de la Gaceta Oficial el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Declaratoria de Desastre para la capital del país que permite a las autoridades capitalinas acceder a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE) local, que asciende a 9 mil 441 millones de pesos 371 mil 635 pesos. Estos recursos tienen como objetivo que los Órganos del Gobierno de la CDMX, así como las Delegaciones, realicen acciones para cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas. Para lo que se tiene un plazo de no mayor a 30 días naturales contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que se autorice el acceso a los recursos del FADE.

Es por esta gran actividad sísmica que el Gobierno de la Ciudad de México debe poner atención minuciosa en la revisión de las edificaciones ya que por el gran historial de sismicidad que tiene la capital, somos propensos a que en cualquier momento se pueda repetir una catástrofe como la de los últimos días.

Aunque la Ciudad de México ha avanzado en prevención de desastres naturales después del temblor de hace 32 años, al parecer nos falta mucho por prevenir. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuenta con un protocolo que todos los ciudadanos deberíamos tomar en cuenta y conocer las zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia; cómo ayudar, priorizar, debería ser el ABC para todo mexicano. La ubicación de extintores, botiquines, interruptores de corriente, así como llaves de agua y gas, también es parte de un plan básico de emergencia. Fijar un punto de reunión familiar, la recopilación de documentos personales, tener una lámpara de mano, un radio de baterías, un cambio de ropa y agua, pueden hacer la diferencia.2

De igual manera el anteriormente mencionado (CENAPRED) creo el Atlas Nacional de Riesgos con la finalidad de evaluar los fenómenos que en un momento dado podrían provocar un desastre; entre sus principales objetivos está el de generar mapas de peligro por sismos, inundaciones, inestabilidad de ladera, peligros químicos e incendios forestales entre otros; de igual manera se integran infografías que te dicen que hacer antes, durante y después de un ciclón o un sismo; con esta información se busca que las autoridades de Protección Civil puedan tomar decisiones más eficientes en casos de riesgo pero esta plataforma necesita y requiere ser revisada y actualizada constantemente para poder llevar a cabo su función de manera idónea.

CONSIDERANDOS

I. Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los Senadores.

II. Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los Senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que el artículo 82 de la Ley General de Protección Civil establece que el Gobierno Federal, con la participación de las Entidades Federativas y el Gobierno de la Ciudad de México, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

IV. Que el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil establece que El Gobierno Federal, con la participación de las Entidades Federativas y el Gobierno de la Ciudad de México, promoverá? la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población.

Las entidades de la federación promoverán en el ámbito de su competencia, que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso a la población.

V. Que el artículo 85 de la Ley General de Protección Civil en su fracción VI faculta al Gobierno de la Ciudad de México como autoridad competente para aplicar lo dispuesto por el capítulo XVII, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones conforme a la Ley.

VI. Que el artículo 53 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México dice que para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Protección Civil serán las siguientes:

1. Prevención;

2. Mitigación;

3. Preparación;

4. Atención de la emergencia o auxilio;

5. Rehabilitación;

6. Recuperación, y

7. Restablecimiento.

VII. Que el artículo 54 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México prevé que las acciones operativas del Sistema, así? como la ejecución de los planes y actividades contenidas en los instrumentos de la protección civil, están a cargo de las Delegaciones, que serán apoyadas y supervisadas por la Secretaría, en los términos que establece la presente ley.

VIII. Que el artículo 55 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México prevé que los procedimientos especiales se activarán, a solicitud de las Delegaciones, cuando el impacto de los fenómenos perturbadores supere su capacidad de respuesta operativa o financiera.

En estos casos, la Secretaría dispondrá? de todos los recursos materiales y humanos que integran el Sistema.

Esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así? como las demás disposiciones reglamentarias y administrativas en la materia, regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros para la prevención, auxilio y recuperación de emergencias o desastres, los cuales se administrarán de manera transparente a través de los fondos correspondientes.

IX. Que el artículo 137 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México considera que la atención de desastres inicia con la declaratoria de desastre que emita el Jefe de Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas para protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas.

X. Que el artículo 138 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México dice que la emisión de la declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria de emergencia que haya sido emitida, por lo que los efectos de ambas estarán vigentes hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

XI. Que el artículo 139 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México considera que las acciones de atención de desastres corresponden a las Delegaciones y al Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE, en términos de las Reglas de Operación.

XII. Que el artículo 142 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México considera que cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades operativas o financieras del Sistema, el Jefe de Gobierno solicitara? al Titular del Ejecutivo Federal, la expedición de una Declaratoria de Emergencia o una Declaratoria de Desastre, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de Protección Civil.

XIII. Que el artículo 143 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México establece que la recuperación comprende acciones tendientes a restablecer, reconstruir y mejorar de manera paulatina las condiciones preexistentes de los sitios en riesgo o afectados por la incidencia de una emergencia o desastre buscando la reducción de los riesgos y la no generación de nuevos.

Para la definición de acciones en la etapa de recuperación se tendrá? que tomar como base los resultados de informes técnicos, evaluación de riesgos, identificación de necesidades de la población, la coordinación inter-institucional, los planes de continuidad de operaciones y la propuesta de operación para los instrumentos financieros.

XIV. Que el artículo 143 del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México establece que cuando las autoridades adviertan, previo dictamen, que alguna propiedad privada representa un riesgo en materia de protección civil, requerirán al propietario, administrador o poseedor del bien que cause el riesgo que realice las obras de mitigación que resulten necesarias. Dicho requerimiento deberá? realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que para tal efecto deberá? contemplarse en el reglamento de la presente ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta la pérdida de vidas derivada del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, particularmente, la muerte de niños en el colegio Enrique Rébsamen.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la  Ciudad de México, Morelos, Puebla y del Estado de México a realizar una revisión exhaustiva de los inmuebles de en dichas entidades, para identificar puntualmente riesgos y afectaciones no visibles que pudiesen poner en peligro a los habitantes.

TERCERO.- El Senado de la República se solidariza con las personas afectadas, en especial, aquellas que han perdido por completo sus hogares y exhorta al Gobierno y Congresos Locales de la  Ciudad de México, Morelos, Puebla y del Estado de México para generar, aplicar y supervisar fondos de emergencia para la reconstrucción y atención de dichas pérdidas materiales.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fin de que derivado de los hechos ocurridos el martes 19 de septiembre pasado se actualice y revalúe el Atlas de Riesgo de la Capital y se inicie una campaña exhaustiva para su difusión.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

1 Excélsior, 16/09/215

2 El “Economista” 11/09/17






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diferentes autoridades a emprender diversas acciones para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas de todo el país. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








Del Senador Jorge Luis Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a que, en un plazo no mayor a un mes, presente su programa de acción, donde establezca con claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

JORGE TOLEDO LUIS, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276  numeral 1 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A UN MES PRESENTE SU PROGRAMA DE ACCIÓN, DONDE ESTABLEZCA CON CLARIDAD LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE SALINA CRUZ Y LOS MUNICIPIOS COLINDANTES, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL PASADO 7 DE SEPTIEMBRE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 7 de septiembre pasado, el Istmo de Tehuantepec fue devastado por uno de los peores terremotos de los que tengamos historia; más fuerte aún que el sismo que en 1985 destruyó buena parte de la Ciudad de México.

Cientos de casas fueron dañadas al igual que los hospitales, las escuelas, las iglesias, los mercados; en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza se derrumbó el palacio municipal, y el mercado principal, edificio aledaño, sufrió severas afectaciones y ambos edificios serán demolidos totalmente.

La arquitectura tradicional, la ligada a las raíces indígenas de esta zona zapoteca de la planicie costera de Oaxaca fue la más afectada. Pero también fueron afectados los pueblos ikoots —huaves—, mixes y zoques de la región.

El daño físico todavía es incalculable, pero el daño económico y social lo sentiremos en su exacta dimensión conforme pasen las semanas y los meses.

Aunque el Istmo de Tehuantepec es una zona con una gran actividad comercial, no está fuera del esquema de atraso en casi todos los indicadores de desarrollo que tiene el estado y que la actual administración, que tomó posesión en diciembre pasado, busca resolver para impulsar a Oaxaca a estar en el rango de los demás estados más avanzados.

En el Istmo vivimos fundamentalmente de las actividades agropecuarias, ahora también con la industria de los aerogeneradores que, para Juchitán y la zona aledaña, tiene importancia por las rentas de las tierras que genera; también la refinería de Pemex, en Salina Cruz, es un gran impulsor de la economía regional.

Sin embargo, tenemos una gran limitante para impulsar economías de escala en las actividades del sector primario, sobre todo por la falta de créditos, y una estrategia de comercialización y organización productiva que potencie la explotación de los recursos naturales con que contamos.

En el sector secundario, las empresas industriales con que contamos no están integradas y realmente son enclaves que no propician la innovación y el desarrollo tecnológico; con enclaves, la mayor cantidad de recursos económicos que generan se van al exterior de la región e incluso del estado, dejando solamente lo referente a salarios y/o rentas para los sectores de población vinculados a ellas.

En el sector terciario, las actividades generan escaso valor agregado, aunque son las actividades que mayores ingresos proveen a las familias y están basadas en micronegocios familiares y con tecnologías tradicionales.

Esta situación se repite en la mayor parte del estado de Oaxaca, acentuándose en muchas regiones, donde ni siquiera se cuenta con estas industrias de enclave y la actividad económica se reduce fundamentalmente a la agrícola y, en pequeña escala, en la pecuaria.

Por eso, Oaxaca es el cuarto estado con menor crecimiento, compitiendo con Baja California en ese lugar y sólo adelantando a Tamaulipas (1.8%), Chiapas (1.7%) y Campeche (-4.2%).1

Esta falta de dinamismo económico ha propiciado que, según los indicadores de pobreza 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Oaxaca 927 mil 900 personas sean vulnerables por carencia social (23.3 % de la población); 1 millón 532 mil 500 estén en pobreza moderada (38.4% del total de la población); y 1 millón130 mil 300 personas (28.3% del total de habitantes) en pobreza extrema.

Oaxaca es la segunda entidad del país con el porcentaje más alto de sus habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema.

Esas situaciones han obligado a que Oaxaca tenga un Producto Interno Bruto per capita de sólo 43 % con respecto al promedio del resto del país, medido en 2015 con precios constantes de 2008; 54 mil 034 pesos, contra la media nacional de 114 mil 919 pesos.

Cambiar esta situación, como lo ha planteado el actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, implica impulsar un crecimiento anual de la menos 4 % para que en 2022, el PIB per capita estatal llegue a 64 mil 220 pesos, un incremento de 2.91 % anual. Sin embargo, en lo referente al PIB estatal, la tasa de crecimiento promedio desde 2004 ha sido de 2.04 %, más bajo que el 2.62 %  de crecimiento nacional en el mismo periodo.

Para alcanzar la meta del 4 % anual en el estado se necesitaría invertir en capital fijo un promedio anual de 1 mil 888 millones de dólares.

El problema es que Oaxaca no está en el centro de la atención financiera nacional o mundial o en los proyectos de los inversionistas foráneos; sólo para poner un ejemplo, la inversión extranjera directa en Oaxaca ascendió, en 2015, a 288.7 millones de pesos, el 0.67 % del invertido a nivel nacional.

Si pudiéramos alcanzar la tasa de crecimiento del 4 % anual, se podrían empezar a crear 46 mil empleos anuales, los necesarios para cubrir el déficit de empleos formales que se requerirán si se mantiene el crecimiento anual de la población en una tasa de uno por ciento, con lo que se abatiría la pobreza y el estado comenzaría a verdaderamente a despegar económicamente.

Zonas Económicas Especiales

Tratando de compensar estas disparidades y cerrar las brechas regionales de desarrollo económico y bienestar social que persisten entre el norte y centro de México, con respecto al sur-sureste, el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto impulsó la estrategia de desarrollo regional basada en las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

En el Quinto Informe de Gobierno se estableció: "México, aún, es nación de contrastes, un país donde coexisten prosperidad y marginación económica, vanguardia y rezago. Para contribuir a cerrar las brechas de desigualdad que dividen al sur del país del centro y el norte de la República se crearon las Zonas Económicas Especiales, su objetivo es detonar nuevos polos de desarrollo en regiones con rezago económico y potencial productivo desaprovechado, detonar el desarrollo del sur-sureste es un imperativo ético y una condición indispensable para el avance del país. Las oportunidades, el desarrollo y el crecimiento deben estar presentes en toda la geografía nacional".2

El proyecto se estableció legalmente el 1 de junio de 2016, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que expide la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales.

Ahí se estableció que la ley “tiene por objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.3

En una primera etapa, las ZEE se encuentran en Lázaro Cárdenas (Michoacán–Guerrero); Istmo de Tehuantepec (Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz); Puerto Chiapas (Chiapas), y Progreso (Yucatán).

Asimismo, el 8 de febrero del año en curso, durante la instalación de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE), el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, anunció los incentivos fiscales que aplicarán en las ZEE.

Ahí mencionó que las empresas y personas físicas con actividad empresarial que inviertan en las zonas tendrán descuentos en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 100 % en los primeros 10 años y 50 % en los siguientes cinco años.

Además, podrán acceder a créditos fiscales por las cuotas patronales y se les brindará un tratamiento especial en lo referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), similar al que reciben las operaciones de comercio exterior.

En su segunda sesión, el 22 de junio, la Cizee aprobó los dictámenes que determinan la viabilidad del establecimiento y operación de cinco zonas: en Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Progreso.

Hasta donde sabemos, para la implementación de las ZEE, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció la creación de nueve consorcios de investigación para reorganizar el quehacer de los 26 centros de investigación coordinados.

En materia regulatoria, en las ZEE se identificaron 692 trámites federales de la Administración Pública Federal (APF), de los cuales 634 son susceptibles de incorporarse a la ventanilla única.

También se avanzó en la identificación de trámites regionales susceptibles de ser incorporados a la ventanilla única de ocho entidades federativas y 10 municipios, abarcando 470 trámites estatales y 369 trámites municipales.

En materia de movilidad urbana, de enero a junio del 2017, Banobras y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles, han realizado estudios y diagnósticos de los principales retos en materia fiscal, ambiental y de desarrollo urbano integral en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Tapachula, Chiapas, ciudades que pertenecen a las ZEE.

Según la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (Afdzee), se han identificado más de 150 empresas interesadas en invertir en las ZEE y 42 ya tienen interés formal, de concretarse, con un monto de 7 mil millones de dólares.

El pasado 14 de septiembre, los titulares de la Secretaría General de Gobierno del estado de Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, y de la Afdzee, Gerardo Gutiérrez Candiani, informaron a las autoridades de los municipios aledaños a la ZEE de Yucatán, que pueden tener mayor infraestructura, mejor ordenamiento territorial, recuperación de espacios públicos, capacitación para el capital humano y una importante reactivación económica, como parte de los beneficios de integrarse al programa.

Durante el encuentro, Gutiérrez Candiani mencionó que el propósito es que los  beneficios que traerá consigo el establecimiento de esta área especial no se queden en el corredor Mérida-Progreso, sino que se extiendan hacia los municipios conurbados, que se convertirían en polos atractivos para la llegada de empresas de proveeduría para la ZEE.

“Se va a requerir de servicios de alto nivel para el personal que va a llegar a la ZEE, por el tipo de enfoque que tendrá. Hay que tener áreas para vivienda, atención médica, entre otros, además de todos los suministros que se le van a facilitar a las empresas, lo que significa un importante nicho”, mencionó.4

El 20 de agosto pasado se efectuó el primer taller integral sobre la ZEE Salina Cruz, con la participación de funcionarios de la Afdzee, representantes de organismos empresariales, la Administración Portuaria Integral (API), universidades, Consejo Ciudadano Salinacrucense, autoridades del gobierno del Estado, legisladores y empresarios.

Ahí, los funcionarios de la Afdzee señalaron que el desarrollo de la ZEE de Salina Cruz no va contra el agua de la región ni tiene contemplados proyectos mineros.

Destacaron que los estudios de prefactibilidad sobre impacto ambiental en las ZEE no son elaborados por el gobierno, sino por técnicos independientes y con prestigio, que cuidan de manera primordial preservar el ambiente y fortalecer los recursos naturales del área y su entorno.

Indicaron que otra vertiente es el impacto social, donde se busca fortalecer la economía social y apoyar los proyectos productivos de la gente, buscando sinergias basadas en el desarrollo social y ambiental; así como programas para el desarrollo de capital humano.

Explicaron que el plan incluye programas como el desarrollo de proveeduría local, el apoyo a los empresarios de la región y una política permanente de  comunicación.

Con base en estas expectativas, estas actividades y declaraciones, creo que las ZEE, especialmente la del Istmo de Tehuantepec, son una de las más claras posibilidades para detonar el desarrollo económico y social de las zonas donde están establecidas.

Sin embargo, quiero llamar la atención de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE para que especialmente, después del terremoto del 7 de septiembre pasado, le preste más atención a la establecida en Salina Cruz y presente a la brevedad posible su programa de acción e incluso, de ser necesario, sus requerimientos financieros para que sean contemplados en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Especialmente esta zona, el programa está pensado para impulsar las zonas indígenas atrasadas; la de Salina Cruz, en lo inmediato debe favorecer a los zapotecos y huaves colindantes, precisamente los más dañados con terremoto pasado.

En ese entorno, propongo a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales para que, en un plazo no mayor a un mes, presente su programa de acción, donde establezca con claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 Los datos estadísticos siguientes fueron tomados del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Oaxaca, 2017-2022.
http://www.ped2016-2022.oaxaca.gob.mx/pedinicial/default.aspx, (consultado el 13/septiembre/2017).

2 https://www.gob.mx/zee/articulos/zonas-economicas-especiales-las-oportunidades-el-desarrollo-y-el-
crecimiento-deben-estar-presentes-en-toda-la-geografia-nacional-en?idiom=es
(consultado el 15/septiembre/2017).

3 http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/03/zee-proyecto-cerrar-brechas-economica-social, (consultado el 15/septiembre/2017).

4 http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/14/zee-beneficiara-municipios,
(consultado el 15/septiembre/2017).






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a suspender la programación de comparecencias para el análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, con el objetivo de no distraer las tareas de atención a los damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados en la República Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a llevar a cabo las investigaciones pertinentes en relación a posibles deficiencias estructurales y de construcción en lo que fuera el plantel escolar “Enrique Rébsamen”, con la finalidad de esclarecer y deslindar eventuales responsabilidades que hayan influido en la imposibilidad de la finca para soportar el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, contribuyendo a su colapso y con ello la muerte de al menos 25 personas, en su gran mayoría menores de edad. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES Y PERITAJES PERTINENTES EN RELACIÓN A POSIBLES DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES Y DE CONSTRUCCIÓN EN LO QUE FUERA EL PLANTEL ESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN, CON LA FINALIDAD DE ESCLARECER Y DESLINDAR EVENTUALES RESPONSABILIDADES QUE HAYAN INFLUIDO EN LA IMPOSIBILIDAD DE LA FINCA PARA SOPORTAR EL SISMO OCURRIDO EL  PASADO 19 DE SEPTIEMBRE, CONTRIBUYENDO A SU COLAPSO Y CON ELLO A LA MUERTE DE AL MENOS 25 PERSONAS, en su gran mayoría menores de edad; al tenor y en virtud de los siguientes:

CONSIDERACIONES

El mes de septiembre del presente año ha sido verdaderamente fatídico para los mexicanos.

En la primera semana, en territorio nacional, sufrimos un terremoto de singular intensidad. Un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter que sacudió el sur y centro del país la noche del 7 de septiembre, causando la muerte de al menos 98 personas.

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se trató del terremoto de mayor magnitud registrado en nuestro país en los últimos cien años.

Luego, el 19 de septiembre, paradójicamente en la misma fecha que el denominado “terremoto del 85” pero a 32 años de distancia, un sismo magnitud de 7.1 grados en la misma escala vuelve a sembrar catástrofe y muerte en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, con un saldo de al menos 273 personas fallecidas y graves daños materiales, de acuerdo a datos preliminares.

Eventos que nos han hecho recordar cruelmente la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando se produjo el sismo más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de México: Un sismo de 8.1 grados Richter que causó la muerte de más de diez mil personas.

Hechos que de nueva cuenta han hecho patente la solidaridad de los mexicanos al organizarse para proporcionar ayuda humanitaria y rescate a centenares de personas atrapadas bajo los escombros, con casos en realidad conmovedores.

Uno de los que más ha llamado poderosamente la atención es, sin duda, el sucedido en el Colegio Enrique Rébsamen. Un plantel privado de educación preescolar, primaria y secundaria ubicado en la esquina de las calles Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, en Coapa.

La escuela tenía tres plantas y una parte de sus instalaciones colapsó con motivo del temblor, con una saldo trágico de al menos 21 personas fallecidas: 19 niños y 6 adultos.

Las labores de rescate se prolongaron por horas, sin descanso y con la premura de lograr salvar la vida de varios pequeños detectados gracias a un escáner térmico y perros rescatistas.

En particular, es uno de los casos más estremecedores que ha dejado este último terremoto.

Un suceso en el que además, es de mencionar un dato notable. En el lugar solamente colapsó el plantel Rébsamen, mientras que las fincas colindantes permanecen erguidas, incluso el edificio contiguo y parte integrante del mismo colegio.

Situación que me llama la atención, considerando en base a ello, la posibilidad de la existencia de deficiencias estructurales o de mantenimiento en la finca que albergaba la escuela. De ser así, peor aún, la existencia de alguna responsabilidad, ya por acción u omisión, al grado que sus instalaciones fueran particularmente insuficientes para resistir el evento sísmico y con ello, obtener uno de los peores y más dramáticos resultados.

Cabe decir, que una de las prioridades en todo plantel educativo es la supervisión y mantenimiento a sus instalaciones, con la finalidad de conservar una infraestructura física adecuada, optimizar sus espacios y sus servicios a efecto de que puedan cumplir cabalmente con su cometido y lo principal, salvaguardar la seguridad de los educandos y personal escolar.

Con motivo de los lamentables acontecimientos, lo primero es salvar las más vidas posibles, proporcionar ayuda a todos los afectados y damnificados, a las familias de las víctimas y que los mexicanos logremos sobreponernos a tan escalofriantes eventos, sin embargo, tampoco dejar de lado que se investigue y esclarezca exactamente lo que pasó.

Si existe alguna negligencia, alguna responsabilidad que hubiese contribuido a agravar la situación con la muerte de tantos pequeños, sus maestros y personal administrativo de la escuela, pues que se deslinden responsabilidades y se proceda en consecuencia.

Situación que se sugiere solicitar a la Secretaría de Gobernación, a la cual pertenece en adscripción la Coordinación Nacional de Protección Civil; así como a la Secretaría de Educación como titular del sector educativo.

Para ello, la propuesta concreta que me permito traer a la consideración de esta Honorable Asamblea es la contenida en el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, a efecto de en su momento, se ordenen y lleven a cabo las investigaciones y peritajes pertinentes en relación a posibles deficiencias estructurales, de construcción y mantenimiento en lo que fuera el plantel escolar Enrique Rébsamen, ubicado en la esquina de las calles Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, en Coapa, Ciudad de México; con la finalidad de esclarecer y deslindar eventuales responsabilidades que hayan influido en la imposibilidad de la finca para soportar el sismo ocurrido el  pasado 19 de septiembre, contribuyendo a su colapso y con ello a la muerte de al menos 28 personas, en su gran mayoría menores de edad.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda y exhorta a la CONAVIM a activar la declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBIVA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO CONDENA EL ASESINATO DE MARA FERNANDA CASTILLA MIRANDA Y EXHORTA A LA CONAVIM A ACTIVAR LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE PUEBLA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado domingo 17 de septiembre se desarrollaron en diversas ciudades del país intensas y nutridas movilizaciones para protestar por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla [*] , la joven de 19 años que fue asesinada en Puebla por el conductor de Cabify que en teoría tendría que haberla llevado a su casa sana y salva. [*]

La indignación social y popular se dejó sentir en las movilizaciones convocadas principalmente por colectivos y organizaciones de mujeres, quienes hartas por la creciente ola de violencia sexual, comunitaria y feminicida que se vive en el país, decidieron de nueva cuenta tomar las calles para expresar su descontento y exigir políticas públicas eficientes que protejan y garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todas sus modalidades.

En un panorama en el que existen 24  solicitudes Alerta de Violencia de Género y 10 entidades en las que ya se encuentra declarada, [*] el territorio nacional se consolida como una zona de riesgo para las mujeres, en la que diariamente está condición cobra la vida de siete mujeres, además de las se encuentran en calidad de desaparecidas, o son víctimas de trata y violencia sexual. [*]

Las mujeres y jóvenes que salieron a las calles, lo hicieron también para denunciar que no es la primera ocasión en que se demuestra la participación de alguno de los conductores de este tipo de servicios, en un delito de género o en un delito violento contra alguna mujer que usuaria de sus unidades bajo la creencia de que ese tipo de servicios resultaban ser más confiables y seguros.

El caso de Mara en Puebla, nos vuelve a colocar en una discusión que no podemos sacar de la agenda pública ni de la agenda política, y que fue magistralmente colocado en una pancarta que recorrió las calles del centro de la ciudad de México y que versaba "Nos están matando", así de simple y así de claro fue enviado el mensaje por una joven que participó en la marcha y que gritaba en todo momento "ni una más, ni una menos".

Según datos periodísticos recopilados por la investigadora María Salguero, tan sólo en lo que va del año hasta el mes de julio se habían registrado 1055 asesinatos de mujeres en todo el país. El 70% de ellos según cifras oficiales se registra como feminicidio, pues concurría alguna de las razones o circunstancias de género que se reconocen en los códigos penales locales, y que demuestran la motivación de cometer este tipo de asesinatos como consecuencia de una acción de poder y de control de parte de la persona agresora hacia la víctima por el sólo hecho de ser mujer.

Estadísticas del INEGI señalan que cerca del 70% de los feminicidios son cometidos por personas cercanas a la víctima, como pueden ser conocidos o por personas que abusando de su confianza y de su condición, terminaron arrebatando la vida a miles de mujeres y niñas en nuestro país.

Es decir, 70% de los asesinatos de mujeres son cometidos por alguien cercano o conocido cuyas motivaciones radican en una situación de odio y desprecio hacia las mujeres y hacia sus cuerpos.

Las políticas públicas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres han demostrado su ineficacia en los últimos 20 años, por más discursos elocuentes y sensibles que las autoridades puedan emitir en relación a este tema, resultan siempre carentes de sentido frente a la cruda y triste realidad de la violencia de género.

La voz de miles de mujeres que clamaron justicia para Mara, lo hicieron también para exigir justicia hacia las miles de mujeres desaparecidas en este país cuyo paradero se desconoce, y para las miles de niñas y jóvenes que diariamente son acosadas y abusadas sexualmente en la escuela, en el transporte público, en sus trabajos o hasta en sus propias casas, las voces que claman justicia se levantan hacia todos los rincones del país y nos obligan a actuar en consecuencia.

En ese sentido resulta importante que desde el Senado de la República, no sumemos a esas voces de indignación, coraje, impotencia y hartazgo frente a la violencia de género y frente a la violencia feminicida, nos queremos vivas, alto a los feminicidios, ni una asesinada más, ni una mujer menos.

Asimismo es necesario exhortar a las instancias correspondientes a otorgar justicia pronta y expedita a los familiares de Mara Castilla, así como las diferentes autoridades a fortalecer las políticas públicas que permitan atacar el terrible flagelo social que representa la violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República condena enérgicamente el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido el pasado 8 de septiembre en el estado de Puebla, y exhorta al gobierno de dicho estado a implementar políticas públicas eficaces a fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Procuraduría General del estado de Puebla a otorgar justicia pronta y expedita a los familiares de Mara Fernanda Castilla Miranda.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, considere activar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en los municipios del estado de Puebla.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

[*] Redacción. Marcha silenciosa en Puebla por asesinato de Mara Castilla. En La Jornada 18 de septiembre de 2017. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/18/marcha-silenciosa-en-puebla-por-
asesinato-de-mara-castilla
[*] Hernández Gabriela, Chofer de Cabify secuestró y asesinó a Mara Fernanda en un motel: fiscal de Puebla. En Proceso 15 septiembre de 2017. Disponible en:
http://www.proceso.com.mx/503471/chofer-de-cabify-secuestro-y-asesino-a-mara-
fernanda-en-un-motel-fiscal-de-puebla
[*] CONAVIM. ¿Cuáles son las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres declaradas en México? Disponible en:
https://www.gob.mx/conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-de-violencia-de-genero-
contra-las-mujeres-declaradas-en-mexico?idiom=es consultado el 18 de septiembre de 2017.
[*] Casanova, Argentina. La violencia de género, la guerra contra las mujeres. En Animal político 6 de marzo de 2017. Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/blogueros-seguridad-180/2017/03/06/la-violencia-genero-la-guerra-las-mujeres/ consultado el 18 de septiembre de 2017.

 






Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito Público a que, en la reconstrucción de las casas y edificios de la región del Istmo de Tehuantepec, afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de construcción tradicional de la región. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

JORGE TOLEDO LUIS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este H. Senado de la República la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS Y EDIFICIOS DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, AFECTADAS POR EL SISMO DEL PASADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE RESPETE EL ESTILO ARQUITECTÓNICO DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL DE LA REGIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 7 de septiembre, un terremoto con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, sacudió el centro y sureste del país, pero los más afectados fueron 41 municipios del estado de Oaxaca, especialmente los municipios del distrito de Juchitán.

En esta zona geográfica conviven los zapotecos de la planicie costera, los ikoots —huaves—, mixes y zoques en comunidades donde hay fuertes rezagos socioeconómicos y marginación, pero donde destaca una vigorosa cultura indígena, mezclada con lo mejor del mestizaje hispano.

Son pueblos indígenas que han logrado una síntesis cultural reconocida por el mundo entero y entre sus características destaca la arquitectura de sus casas, hechas con adobe o ladrillo y techos de tejas, de dos o un agua. Fueron precisamente estas edificaciones las más dañadas por el sismo, no por el tipo de construcción, sino porque estaban reblandecidas por las fuertes lluvias pasadas, entre otras causas; también fueron afectados edificios y casas construidas con las técnicas y materiales más recientes, lo que induce a pensar que la afectación fue generalizada.

Estos daños fueron ocasionados por el movimiento telúrico más fuerte en la historia de nuestro país en los últimos 100 años, incluso de mayor intensidad al temblor de 1985, que fue de 8.1, y que ocasionó miles de muertes, principalmente en la Ciudad de México.
La fuerza destructiva del terremoto produjo alrededor de 98 muertos; 78 de Oaxaca, 16 de Chiapas y 4 de Tabasco.1

De acuerdo con el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en la zona del Istmo de Tehuantepec 172 mil viviendas sufrieron daños; 51 mil tienen daños severos. Destacó que hay 1 037 escuelas afectadas, de las que 135 tienen daños estructurales, además hay 12 mercados, 15 presidencias municipales y 307 inmuebles protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dañados en distintos grados.2

El municipio de Juchitán, que según información del INEGI en 2015 tenía más de 98 mil habitantes, el cuarto 4º municipio con mayor población en la entidad, es el más afectado.

Juchitán es un municipio fundado en 1480, con edificios históricos y casas de arquitectura tradicional, uno de los municipios con más hablantes de didxa za —zapoteco— del estado, sede de una amplia variedad de festividades, que junto con su arquitectura y cultura culinaria lo convierten en un municipio turístico y de comercio, clave para la región, desarrollado principalmente en el mercado público y sus alrededores.

La mayoría de las casas del viejo Juchitán, el palacio municipal y la Escuela Primaria Juchitán, contaban con una larga historia y con una estructura arquitectónica propia.

Mención aparte tiene el mercado, el Portal de los Símbolos Patrios y la Casa de Cultura del municipio, que sufrieron graves daños estructurales, por lo que será necesario derrumbarlos para iniciar su reconstrucción.

La mayoría de las casas en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,  están construidas de materiales de la misma región, buena parte de las casas son, eran, de tejas, ladrillos, algunas de adobe, y fueron construidas a fines del siglo XIX.

Algo parecido ocurrió en el municipio de Ixtaltepec, donde las viejas casas, las de la historia del municipio —como la Biblioteca Municipal— sufrieron severos daños o se derrumbaron.

La historia no es privativa de estos dos pueblos, ocurrió lo mismo en mi municipio, El Espinal, donde las casas tradicionales se derrumbaron, y también fueron afectadas las nuevas construcciones.

En estas zonas afectadas, estos materiales de construcción para uso habitacional han sido utilizado por miles de años por los pueblos indígenas de América,  tanto en el suroeste de Estados Unidos como en Mesoamérica y la región andina en Sudamérica. Actualmente, el 50 por ciento de las casas del mundo están construidas con estos materiales,3 al representar una opción de vivienda a bajo costo.

Por eso, muchos consideran que la arquitectura no solo representa una construcción para tener un techo donde vivir, sino también es un indicador de identidad étnica. Por eso, en la Europa de la posguerra, la gran mayoría de los pueblos y ciudades con construcciones y trazas medievales fueron reconstruidos con ese mismo esquema, porque era su característica principal y lo que los identificaba para el disfrute de sus habitantes y visitantes.

La arquitectura representa un sistema de ideas y de organización de la sociedad que realiza la construcción, muestra la técnica de edificación, utilización de recursos materiales locales y, además, la distribución de los espacios según las necesidades.4

La identidad es producto de procesos ideológicos, en el cual, “lo material e inmaterial están estrictamente relacionados, pues juntos conforman un proceso de memoria sobre el sentido histórico e identitario de las sociedades”.5

De esta forma, las casas de la región del Istmo de Tehuantepec forman parte de la cultura y de las tradiciones de los pueblos indígenas ahí asentados. Pero más que nada, forman parte de la identidad de aquello que los identifica como comunidad única y diferenciada de todos.

En las redes sociales y en los encuentros con los vecinos de los pueblos que he recorrido, he notado su preocupación por que el terremoto del pasado 7 de septiembre haya destruido la identidad arquitectónica de los pueblos del Istmo y es una constante su deseo para que las autoridades federales y estatales, responsables de la reconstrucción física de las viviendas, impulsen programas que respeten la arquitectura tradicional de la región, la indígena y la mestiza.

Como oaxaqueño, habitante de la región afectada, y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en este H. Senado, considero que al atender la zona afectada, formada principalmente por pueblos indígenas,6 es necesario que, como parte del programa integral de reconstrucción, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establezcan el plan maestro de construcción, remodelación, reestructuración o edificación de viviendas dañadas  conservando el estilo arquitectónico de la región, en especial se guarde la arquitectónica histórica de los municipios mediante el uso de tejas y barro.

Además, es necesario que se diseñen estructuras sólidas con materiales resistentes a terremotos, conservando la arquitectura original, pero haciéndolas más seguras y resistentes.

Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  para que en la reconstrucción de las casas y edificios de la región del Istmo de Tehuantepec afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017, se respete el estilo arquitectónico de construcción tradicional de la región.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.

1 http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/98-fallecidos-por-sismo-pea-nieto-582766/, (consultado el 13-09-2017)

2 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/en-oaxaca-hay-51-mil-viviendas-danadas-sismo-dice-alejandro-murat/, (consultado el 18-09-2017)

3 http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca04/6402/(3)Gama.pdf

4 Santiago Lastra, Gloria de los Ángeles y Thomas Arvol Lee Whiting. (2012). La arquitectura como aproximación a la etnicidad grupal: los Zoques de Chiapas.
http://132.248.9.34/hevila/Temasantropologicos/2012-2013/vol35/no1/7.pdf, (consultado el 18-septiembre-2017).

5 Franco, Luis Gerardo. El conflicto del patrimonio y/o el patrimonio en el conflicto
https://opca.uniandes.edu.co/es/index.php/El-conflicto-del-patrimonio-y-o-el-patrimonio-en-el-conflicto
(consultado el 18-septiembre-2017).

6 En Oaxaca, hay 1 165 186 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 34% de la población de la entidad. Es el Estado con mayor población que habla la lengua indígena. Datos de Inegi
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/diversidad.aspx, (consultado el 18-sep-2017).






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se agradece y hace un reconocimiento público a todas aquellas personas e instituciones que hacen posible las acciones de salvamento y rescate de personas a través de los denominados “binomios caninos” mediante su entrenamiento, relación de confianza y empatía. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE AGRADECE Y HACE UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO A TODAS AQUELLAS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE HACEN POSIBLE LAS ACCIONES DE SALVAMENTO Y RESCATE DE PERSONAS A TRAVÉS DE LOS DENOMINADOS “BINOMIOS CANINOS” MEDIANTE SU ENTRENAMIENTO, RELACIÓN DE CONFIANZA Y EMPATÍA; al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y…

CONSIDERACIONES

El 7 de septiembre del actual, los mexicanos sufrimos un terremoto de singular intensidad. Un sismo de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter que sacudió el sur y centro del país causando la muerte de al menos 98 personas.

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se trató del terremoto de mayor magnitud registrado en nuestro país en los últimos cien            años.

Ahora, el 19 de septiembre, paradójicamente en la misma fecha que el denominado “terremoto del 85” pero a 32 años de distancia, un sismo magnitud de 7.1 grados en la misma escala vuelve a sembrar catástrofe y muerte en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, con un saldo de al menos 273 personas fallecidas y graves daños materiales, de acuerdo a datos preliminares.

Muertos y heridos, edificios colapsados, fugas de gas, socavones, lugares sin energía eléctrica, incomunicados, personas desaparecidas y bajo los escombros, por citar algunos de los graves problemas por las que atravesamos.

Hechos que de nueva cuenta han patentizado la solidaridad de los mexicanos al organizarse para proporcionar ayuda humanitaria y rescate a centenares de personas atrapadas. Tareas para las cuales, los equipos caninos han resultado ser un elemento de vital importancia.

Nobles animalitos que gracias a su entrenamiento salvan vidas al localizar los puntos en que se localizan las personas y guiar a las brigadas a su rescate.

Al menos 14 perros rescatistas han llegado a la Ciudad de México a prestar su ayuda con equipos especializados de diversos estados de la República, como Coahuila, Guanajuato y Jalisco, además de países como Chile y Panamá, en solidaridad y apoyo de rescate, además de los equipos del Ejército Mexicano.

A  ellos se sumó desde el jueves 21, un equipo de brigadistas del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, también acompañados de 4 “binomios caninos”.

Su apoyo ha sido invaluable, en el que datos previos indican que han participado y logrado el rescate de al menos 80 personas. Las muestras de empatía y sensibiidad ante el sufrimiento humano han sido mas que probadas por estos fieles compañeros.

El entrenamiento y la relación con el personal humano es elemental. Quienes conocen de ello, coinciden en señalar que a partir de los 14 meses y hasta los 20 de edad comienzan las pruebas para ser integrados y reconocidos como perros de rescate. El entrenamiento lleva entre 12 y 14 meses, con entre dos y cuatro horas diarias.

Son capaces de detectar aromas específicos y sus dimensiones físicas les permiten transitar por espacios reducidos. Su institno y el entrenamiento logran consolidaros como cuerpos de rescate.

La Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) cuenta con 20 binomios caninos, principalmente de las razas Pastor Belga, Malinoi y Labrador. Los más famosos son “Frida”, “Evil” y “Ecko”, sobre todo la primera, una perra Labrador de seis años que ha logrado rescatar al menos a 52 personas, ha participado en la búsqueda de personas en el incendio de la Torre Pemex, en los deslaves ocurridos en Guatemala y en el terremoto de Ecuador.

Hoy “Frida” trabaja en las labores de rescate en Oaxaca, a cuyas acciones habremos de sumar el de 12 personas en este Estado.

En su interactuar con el humano, se les llama “binomio canino”, por la relación de confianza y empatía que se llega a crear entre perro y humano, cuya relación emocional al paso del tiempo los convierte en un éxito en tareas de rescate.

Así se ha demostrado una vez mas en la catástrofe ocurrida en nuestro país con los lamentables terremotos ocurridos este mes, que como ya se dijo, el entrenamiento y la relación humano-canina es por demás un asunto de vida, digno de reconocer.

Siendo precisamente esta la motivación de la presente propuesta, reconocer a todas aquellas personas e instituciones que hacen posible esta estrategia de salvamento y rescate a través de los conocidos como “el mejor amigo del hombre”: Los perros.

Sin duda alguna, héroes de cuatro patas.

Sugerencia al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República agradece y hace un Reconocimiento Público a todas aquellas personas e instituciones, nacionales y extranjeras, que hacen posible las acciones de salvamento y rescate de personas a través de los denominados “binomios caninos” mediante su entrenamiento como perros de rescate, su relación de confianza y empatía.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a generar un operativo de persuasión de calidad contundente que sume a empresas, instituciones privadas y de gobierno, congresos locales y federales, al sistema educativo en general, en una cruzada contra la violencia a las mujeres. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En la publicidad? En los medios? En la oferta de entretenimiento, de películas a un chiste? En la calle? En la política? En las escuelas y familias? La violencia contra las mujeres, ese amplio espectro, parece ser el sentido de lo social. No lo es, en realidad es el sentido de un estado que está zurcido con fallas y esas fallas son una repercusión continua en lo social. Las redes sociales están muy activas con los temas de injusticia pero lamentablemente presentan su revés discriminador y amenazante. A cada agresión o asesinato de mujeres viene la cauda gigantesca de agravios y burlas que son producto del odio. Estamos en el centro de una catástrofe contra las mujeres y es en esa calidad de vulnerabilidad como deberíamos actuar. Todos los eventos criminales que se van dando apuntan a una progresión irrefrenable. Todo esto se acompaña con ninguneos, discursos, sesgos y control de daños. H

Somos testigos de resistencias a la hora de activar alertas estatales de género y de la languidez de las acciones.   

2. Hemos legislado en cada nicho donde anida y se cultiva la violencia contra la mujer. Los asesinatos y los fenómenos de violencia contra mujeres son ya asunto de cotidianeidad. No funcionan adecuadamente las alertas de género. La presentación dramática de cifras no surte efecto ante la dispersión de energías del Estado para centrarse en las prioridades. Las manifestaciones populares no logran activar a los mecanismos de gobernabilidad mínimos. La irritación social crece y eso anuncia la respuesta de siempre: reprimir o controlarla bajo cualquier estratagema.

3. Hace no mucho se generaron algunas propuestas contra la violencia hacia las mujeres. Se propusieron campañas, armonizaciones legales, exhortos a entidades estatales, llamados, foros, coloquios, e incluso se aprobaron leyes. Viene la aprobación del último paquete presupuestal del sexenio presente y no se esperan decisiones dramáticas para operar programas u operativos ante el propio dramatismo de los sucesos. Vemos una depresión gubernamental en acciones constructivas.

4. Las energías parlamentarias tiene la obligación de ser la caja de resonancia de la irritación social, de lo que la nación está demandando con urgencia y desde hace años: seguridad. Y el centro de la inseguridad está focalizado en las mujeres que después de ser agredidas viene la secuela de revictimizar.

5. Por ello, vamos a proponer una vez más que esta soberanía logre alzarse como una resonancia de legitimidad y emita un llamado para que se constituya un estado de emergencia ante la ola de violencia contra las mujeres. Convocar son energía a empresas a sumarse a esta alerta, a escuelas, a instituciones todas, a negocios, a quienes se encuentren en ese umbral en donde las mujeres son más vulnerables, a redes sociales, a los congresos estatales y federal a que se manifiesten en decisiones presupuestales necesarias para radicalizar campañas de auto protección, auto cuidado y autodefensa. Estamos en una peculiar tendencia social en donde hay vínculatorias sociópatas para cometer abusos, delitos y crímenes y la dimensión de las leyes no tiene el poder de inhibirla. Es contundente la cifra de delitos y la nula introyección de la ley en  la conciencia de quienes delinquen. Es tema de un estudio, el saber el porqué, a pesar de que existe una estructura de sanciones, la inhibición no solo no decrece sino que aumenta. Y se tiene que detener  y revertir esa tendencia en una tendencia de sanción, de cuidado preventivo, de creatividad asertiva ante la ola delincuencial.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de este Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación a generar un operativo de persuasión de calidad contundente, que sume a empresas, a instituciones privadas y de gobierno, a congresos locales y federales (ante la aprobación de presupuestos), al sistema educativo en general en una cruzada contra la violencia a las mujeres y desarrolle estrategias de alerta, de autocrítica, de autocuidado, de cuidado social, de protección ante el irrefrenable ascenso de delitos hacia las mujeres que día a día cobra víctimas en todo el territorio nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la pronta y excelente labor y coordinación de los tres órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas y las instituciones de Protección Civil para coadyuvar en las labores de rescate y el auxilio a la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y que afectó a varias entidades del centro del país. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 19 de septiembre tuvo lugar un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó la zona centro y sur del país, particularmente a los estados de Puebla, Guerrero Morelos, Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México. A la fecha, de acuerdo con datos oficiales, se han reportado más de 250 personas fallecidas y cientos de heridos, sin embargo, las cifras se actualizan constantemente, por lo que es posible que aumente.

Tan sólo en la Ciudad de México 2 mil 400 edificios se encuentran registrados para ser dictaminados por los elementos de Protección Civil.

La Secretaría de Educación Pública informó que se identificaron cerca de 5 mil 92 escuelas con diversos daños, en cuanto a las redes de comunicaciones, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que la infraestructura carretera, de aeropuertos y telecomunicaciones continúan operando normalmente, ya que sólo en algunos lugares se presentaron afectaciones menores.

El sector salud aseguró contar con la capacidad para responder a la demanda de atención por el sismo. Tan sólo en la Ciudad de México, más de mil 900 personas han recibido atención médica en las instalaciones de salud.

Inmediatamente de haber pasado el sismo, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno activaron sus respectivos planes de contingencia para atender inmediatamente a los heridos y comenzar con las labores de rescate en las diferentes entidades afectadas.

Desde el primer momento las autoridades se condujeron con oportunidad, eficacia y profesionalismo, prueba de ello es que inmediatamente se convocó al Comité Nacional de Emergencias y se activó el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia, dando prioridad al rescate de las personas atrapadas en los inmuebles colapsados y a la atención médica a los heridos.

Es destacable el nivel de coordinación entre los Gobiernos municipales, estatales y federales para atender con prontitud las necesidades de la población, lo cual ha permitido una mayor movilidad y asignación de recursos humanos y materiales a las zonas más afectadas.

Destaca también la coordinación entre las autoridades y los voluntarios civiles, ya que sin su apoyo no se habría podido dar una respuesta rápida a la crisis.

Como en todos los eventos de desastres naturales, la pronta actuación de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para la atención a la ciudadanía y las actividades de rescate y remoción de escombros.

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en la zona afectada para coadyuvar en las labores de apoyo junto con las autoridades locales y federales, se desplegaron 3 mil 428 efectivos militares y 15 binomios canófilos para la búsqueda de personas atrapadas en los escombros.

Por su parte, la Secretaría de Marina Armada de México implementó su Plan Marina en su fase de recuperación, movilizando más de mil elementos navales, vehículos y equipo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC).

Ambas instituciones han estado trabajando en conjunto y en coordinación con el Comité Nacional de Emergencias y el Plan MX para brindar auxilio a las zonas afectadas y a la población con vehículos, ambulancias, elementos de sanidad y de rescate.

Las instituciones de protección civil también han sido vitales en las labores de rescate, en la identificación de inmuebles con daños estructurales e informando a la población sobre los sitios donde se encuentran las zonas de riesgo, inmuebles colapsados, albergues y centros de acopio de víveres.

El CENAPRED ha tenido un papel fundamental en materia de orientación a la  ciudadanía, así como en la elaboración de un mapa del Atlas Nacional de Riesgos donde concentra información de gran relevancia y que se encuentra disponible para toda la ciudadanía.

Sin duda, México ha avanzado de manera importante en materia de prevención y actuación en eventos de desastres naturales. En ello, la coordinación y actuación de los diferentes niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas y las instituciones de protección civil ha sido fundamental. Hoy, los mexicanos hemos demostrado una vez más que contamos con instituciones sólidas y eficientes, para hacer frente a escenarios de crisis diversos y actuar en diferentes escenarios.

Debemos de reconocer la labor de quienes están trabajando en el rescate de víctimas y en la atención para las personas afectadas por los últimos desastres naturales ocurridos en los últimos meses.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República reconoce la pronta y excelente labor y coordinación de los tres órdenes de Gobierno, las Fuerzas Armadas y las instituciones de Protección Civil para coadyuvar en las labores de rescate y el auxilio a la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y que afectó a varias identidades del centro del país.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A EMITIR UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS GENERADOS POR LOS PROCESOS SÍSMICOS Y CLIMÁTICOS RECIENTES QUE AFECTAN A MILLONES DE MEXICANOS Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EMITIR UNA ADENDA QUE REDISEÑE SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018 PARA QUE CONTENGA UNA CLARA INTERVENCIÓN DE CRITERIOS DE AUSTERIDAD EN GASTOS ONEROSOS EN TODO EL APARATO DEL ESTADO Y UNA DECIDIDA Y CONTUNDENTE ORIENTACIÓN PARA ATENDER LAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN TODOS LOS ESTADOS AFECTADOS POR LOS EVENTOS NATURALES RECIENTES, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Nación lo demanda: Desde hace mucho tiempo la sociedad mexicana está demandando, por todos los medios de comunicación social existentes, un ataque frontal a la corrupción que realmente sea efectivo. Hasta ahora no lo es y los ciudadanos están padeciendo continuamente por ese proceso instalado crónicamente en los aparatos de gobierno y el estado, en muchas de sus relaciones que sostienen en su función de gobernabilidad y en la relación con la sociedad. Es tal la infestación de la corrupción que se ha recurrido a diseñar e instalar un sistema nacional para analizarlo e inhibirlo sin hasta esta fecha lograr un evento de efectividad contundente, ninguno. En la búsqueda del remedio está la dimensión del mal. La sociedad acusa que esa corrupción y tiene razón en intuir que esa ecuación es nociva, está propiciando que diversos eventos naturales afecten con mucha mayor severidad a la población civil y culpa en especial a la clase política de ello siendo que la sistematicidad misma de la corrupción tiene vínculos e involucra a otros sectores por ejemplo: a los empresariales.

2. La Nación lo demanda: Ante el enjambre sísmico que afecta y seguirá afectando a la población de Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz; ante los eventos climáticos que han azotado al país y seguirán afectando con mayor rigor debido a la influencia del cambio climático a ciertas regiones del país, han resaltado con mayor relevancia estos elementos de corrupción. Asimismo y sumado a ello, ha resaltado que es urgente atender y gobernar estos procesos de alto riesgo y daño. La sociedad está clamando por ello y está generando una irritación social cada vez más aguda. Los operativos son rebasados por los daños que se multiplican por las propias deficiencias. Los presupuestos son cortos para atender la magnitud de las catástrofes y la sociedad exige que las soluciones no estén diseñadas con modelos tradicionales que tienen en sí mismas constituciones corruptas. Exigen soluciones de probidad, transparentes y confiables.

3. Revisando la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL en especial el Artículo Tercero en donde señala que: “Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo”; el Artículo Cuarto, parágrafo III en donde suscribe que es “Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción”; IV. “El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales; VIII. “La atención prioritaria para la población vulnerable”. Artículo 7, parágrafo III. “Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”; IV. “Emitir declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en esta Ley y en la normatividad administrativa”; V. “Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia”; VI. “Promover, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de acciones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como la identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros”; Artículo 8. “Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz”; Artículo 21. “En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente. Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil. El Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la materia establecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada para la atención de una emergencia o desastre. La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o delegacional de protección civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad. En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio o delegación, acudirá a la instancia estatal o del Distrito Federal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables”, revisando pues, este articulado, y apelando a ello en sus diversos efectos, se considera pertinente y urgente, primero, reunir ciertos efectos de este articulado para solicitar la viabilidad de declarar un estado de emergencia nacional para erigir la actividad que de ello se desprende y segundo, EN VISTA DE CONSIDERAR ESE ESTADO DE EMERGENCIA, para convocar a un rediseño del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 que ajuste gastos que se consideren abatibles y se reorienten a atender una prevista serie de acciones de reconstrucción localizada. Creemos compañeras y compañeros legisladores que la Nación lo está demandando. Ajustarse los cinturones y rediseñar el último Presupuesto de Egresos de la Federación de este sexenio.  Por ello se hace la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir una adenda que rediseñe su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 para que contenga una clara intervención de criterios de austeridad en gastos onerosos en todo el aparato del estado y con ello generar una decidida y contundente orientación financiera para atender las acciones de reconstrucción en todos los estados afectados por los eventos naturales recientes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación y peritaje de todos los edificios colapsados o con afectaciones estructurales que fueron construidos después de 1985, a fin de detectar irregularidades normativas y, en su caso, se finquen las responsabilidades que conforme a derecho procedan. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERANDO

El pasado 19 de septiembre de 2017, la ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca sufrieron un nuevo terremoto que al momento ha cobrado la vida de 225 personas.

El intenso movimiento telúrico derribó más de 47 edificios que se encontraban habitados. Muchos de ellos, eran nuevos y supuestamente, debían cumplir con una estricta regulación en materia de edificación.

Esto es porque año después del terremoto de 1985 entró en vigor una nueva ley de construcción para la ciudad de México que exigió que los constructores y arquitectos, al momento de iniciar una edificación, tomaran en cuenta el estado del terreno de algunas áreas de la capital. Esto, porque la Ciudad de México, además de ser zona sísmica, se encuentra edificada sobre un sedimento de antiguos lagos que hacen que el suelo sea menos firme.1

Posteriormente, el 29 de enero de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un nuevo reglamento que estableció normatividad específica para fortalecer los procesos de construcción y conformar edificaciones capaces de resistir el movimiento telúrico. Este reglamento fue reformado por última vez en 2016.

A pesar de las medidas de control y la reglamentación que existe para la edificación de construcciones supervisadas, Roberto Meli Piralla, ingeniero civil e investigador de la UNAM, refirió, en 2015 que no se estaba implementando correctamente. Advirtió que las constructoras hacían recortes en los materiales de construcción para mantener los precios bajos,2 muchas de éstas no cuentan con todos los permisos requeridos para la edificación de una obra, o incurren en actos de corrupción para agilizar la obtención de permisos sin contar con todos los requisitos necesarios.

Esta situación se hace especialmente perceptible con la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Répsamen; si bien tiene más de 40 años de haber sido edificado, la zona que se colapsó había sido construida hace apenas tres años.3

También, destaca el desplome del Soriana que se ubicaba en Tlalpan, de acuerdo con el reglamento de construcción, este tipo de inmuebles requieren de una licencia especial que incluye el visto bueno de Seguridad y Operación con la responsiva en el Director Responsable de la obra. Antes de iniciar operaciones, debe ser evaluado y aprobado a fin de verificar que resista un movimiento sísmico.4

Los dictámenes preliminares de los edificios colapsados y de aquellos que sufrieron daños graves advierten que las causas más comunes del derrumbe fueron el manejo de materiales de mala calidad, una ejecución de obra deficientes, con errores de cálculo desde el proyecto, el uso del inmueble para fines diferentes para lo que fue construido, sobrecarga de equipos, mobiliario o población; así como fracturas estructurales anteriores que no fueron resueltas.5

Este problema es tan grande que dese hace más de dos años la organización ciudadana Suma Urbana denunció la existencia de más de cuatro mil edificios ilegales en la Ciudad de México, los cuales fueron construidos con beneficios de la norma 26, la cual favorece la vivienda de interés social.6

A su vez, la agrupación “Obra Chueca” realizó un mapeo de los desarrollos irregulares en la ciudad y advirtió que son las delegaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco y Centro, las que cuentan con mayores obras mal desarrolladas.7

Es importante recordar que la ciudad de México, es zona sísmica, constantemente se encuentra en riesgo de ser afectada por un movimiento telúrico y por ello es necesario que las construcciones se apeguen a las normas, materiales y permisos de construcción previstos en el reglamento. Resulta también necesario conocer exactamente cuál es el Atlas de Riesgos de las edificaciones a fin de fortalecer tales construcciones y evitar nuevos desastres naturales.

En la Ciudad de México la autoridad responsable de la implementación de la política de construcción de vivienda es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, (SEDUVI) la cual es la encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de México. La planeación urbana de la Ciudad incluye orientación de su crecimiento, recuperación de espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y conservación del paisaje urbano y promoción de la construcción de vivienda social autosustentable.8

Por otra parte, también consideramos exhortar a los congresos de las entidades federativas para que regulen el tema de la construcción de vivienda, tomando como referente las posibles situaciones naturales, como la ocurrencia de sismos, en el diseño de viviendas, con objeto de otorgar la seguridad necesaria a las familias y se cumpla con lo estipulado en la Constitución Mexicana.

Uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución es el de contar con una vivienda digna y decorosa, el artículo 4º menciona que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación y peritaje de todos los edificios colapsados o con afectaciones estructurales que fueron construidos después de 1985, a fin de detectar irregularidades normativas y, en su caso, se finquen las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos y Congresos de las entidades federativas para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, regulen el tema de la construcción de vivienda, tomando como referente las posibles situaciones naturales, como la ocurrencia de sismos, a fin de otorgar la seguridad necesaria a las familias.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41342143

2 http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41342143

3 http://www.sinembargo.mx/21-09-2017/3311728

4 http://www.sinembargo.mx/21-09-2017/3311728

5 http://www.sinembargo.mx/21-09-2017/3311728

6 http://www.proceso.com.mx/504119/en-las-delegaciones-afectadas-la-cdmx-reina-la-especulacion-inmobiliaria-ong

7 http://www.proceso.com.mx/504119/en-las-delegaciones-afectadas-la-cdmx-reina-la-especulacion-inmobiliaria-ong

8 http://www.seduvi.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer la instrumentalización de campañas informativas para alertar a los padres de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de edad al consumo de sustancias adictivas. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El consumo de drogas entre los sectores de niños y adolescentes va en aumento y se ha convertido en un problema tanto de salud pública como de educación, cuya erradicación involucra a un número diverso de actores. Se estima que en el mundo, se registran 190 mil muertes al año a causa de sobredosis, en la mayoría de los casos y el consumo de drogas entre este sector es más de dos veces superior al de todo el resto de la población.

La educación es central para preparar a los jóvenes hacia su propio futuro, para ello, resulta fundamental la mayor participación e involucramiento por parte de los padres de familia. La comunicación de padres a hijos es, indudablemente, uno de los instrumentos más eficaces para que los jóvenes estén más informados sobre los riesgos del consumo de sustancias adictivas.

Durante las etapa de la niñez y adolescencia, los padres de familia desempeñan un papel central en la educación de sus hijos, en el desarrollo de los valores sociales y el fomento de la adopción de actitudes sociales y estilos de vida saludables que, indudablemente, tendrán un impacto central en su empoderamiento psicológico, emocional, conductual y determinarán su futuro desarrollo.

En México, la edad promedio en la que un adolescente interactúa con las drogas es a los 12 años. El 17% de los estudiantes de secundaria y bachillerato han probado alguna droga ilegal y empezaron su consumo a los 13 años. Además, el consumo de drogas entre estudiantes de 10 a 18 años se duplicó en los últimos 23 años, al pasar de 8.2 en 1991, a 17.2% en 2014. 

Con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, 6.4% del grupo etario de 12 a 17 años ha consumido cualquier droga alguna vez y el 5.3% ha consumido mariguana.1 De hecho, este sector etario, que ha probado drogas como la mariguana, experimentó una tendencia a la alta ya que aumentó de 322 mil en 2011 y en 2016 se elevó a 721 mil menores de edad.

Se estima que 1 de cada 10 consumidores de mariguana puede llegar a desarrollar adicción; si son menores de edad, está cifra aumenta hasta 1 de cada 6. No obstante, ante dicho panorama, se puede destacar que la mayoría de los jóvenes que consumen drogas no disponen de información, o no la suficiente, sobre los riesgos que ello entraña para su salud.

De allí, la importancia de que los padres de hablen sobre la prevención de drogas y adicciones con sus hijos y transmitirles los conocimientos necesarios sobre los efectos negativos que éstas generan no sólo para la salud de las personas que la consumen sino también para su núcleo familiar.   

Los niños y adolescentes se han convertido en uno de los sectores más vulnerables al uso indebido de drogas. Su consumo responde a múltiples causas como la presión por las personas de su entorno que les incitan a experimentarlas para pertenecer a su grupo social, problemas de baja autoestima, la marginación y la propensión por consumo desde el hogar.

De manera reciente, medios de comunicación alertan sobre los nuevos métodos de mercado dirigidas a los menores de edad, entre ellas se encuentran productos como brownies, muffins, hot cakes, paletas de dulce y palitos de chocolate que están siendo empleados para incitar los menores al consumo de cocaína y marihuana ya que se estima que si los menos comienzan a consumir desde los 12 años y desarrollan una adicción, garantizan un mercado para los próximos 20 años.

El núcleo familiar tiene y seguirá teniendo un papel central en las actitudes y patrones de consumo. Factores como el tipo y grado de comunicación, el establecimiento de reglas o lineamientos claros y consistentes en las interacciones familiares tienen una estrecha relación en la decisión de los jóvenes por incidir en el consumo. Además, se estima que una cohesión en la estructura social, familiar y comunitaria, con atención a las necesidades, capacidades y limitaciones de sus miembros, parece contribuir de manera importante a evitar conductas destructivas o violentas.2

Otro dato que nos demuestra la asertividad de la comunicación dentro del hogar es el que proporciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al destacar que cuando los padres están al tanto activamente de sus adolescentes y saben bien en dónde están, éstos son 20% menos propensos a consumir sustancias como la mariguana.

En México se ha trabajado en diversos esfuerzos para prevenir el consumo de drogas entre niños y adolescentes, destacan iniciativas como "Escucha Primero", en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que busca aumentar el apoyo a la prevención del uso de drogas, con información dirigida a los padres de familia y con la finalidad de lograr el bienestar de niñas, niños, jóvenes, sus familias y comunidades.

Destacan también las guías informativas para detectar, prevenir y orientar sobre la atención de las adicciones como alcohol, tabaco y otras drogas, por parte de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Cabe destacar que se ha reconocido que la adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.

Pese a dichos esfuerzos, la prevención de las adicciones es un tema fundamental que se debe reforzar por medio de la instrumentalización de campañas informativas y de concientización dirigidas a actores clave como los padres de familia, para alertarlos sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de edad al consumo de sustancias adictivas.

Ello exige también reforzar las acciones y proporcionar a las familias las herramientas necesarias para fomentar la cultura de la prevención de drogas en el hogar, que cuenten con las estrategias y recursos que les permitan actuar de manera adecuada en lo que respecta a la educación y a la prevención de conductas de riesgo en sus hijos e hijas y, entre ellas, el consumo de sustancias como las drogas.

Debemos apoyar a los padres de familia proporcionándoles estrategias de prevención, como el fomento de la comunicación dentro de la familia, la construcción de una autoestima sana, la toma segura de decisiones, el manejo adecuado de emociones y el desarrollo de hábitos saludables en sus hijos adolescentes.

El consumo de las drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública y educación, toda vez que comprometemos el bienestar de nuestros niños y jóvenes

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan la instrumentalización de campañas informativas para alertar a los padres de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de edad al consumo de sustancias adictivas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de alcohol, drogas y tabaco 2016-2017, en línea [Disponible en:]
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf

2 Secretaría de Salud, Diagnóstico y tendencias del uso de drogas en México, en línea [Disponible en:] http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas por parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo solicitados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, el gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos institucionales para promover la inclusión financiera entre todos los sectores de la población. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF), el porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro formal aumentó de 35.5% en 2012 a 44.1% en 2015.

El estudio en comento señala que de 2012 a 2015 el porcentaje de adultos que utilizan sucursales bancarias permaneció prácticamente igual, mientras que el porcentaje de usuarios de cajeros automáticos se incrementó en un 5%, al pasar de 38% en 2012 a 43% en 2015. Las principales operaciones que realizan los usuarios de cajeros automáticos son el retiro de efectivo (97%), Consulta de Saldo (72%), Compra de tiempo aire (13%).1

Hasta finales del año 2016, la Banca contaba con 47 mil cajeros en todo el país y una inclusión financiera de 5.4 cajeros por cada 10 mil adultos. Los bancos con mayor infraestructura de cajeros son: BVA Bancomer con 11 mil 534; CitiBanamex 8 mil 326 (17%); Banorte IXE con 7 mil 242 (15%); Santander con 6 mil 871 (14%) y HSBC con 5 mil 461 (11%). En conjunto estos cinco Bancos concentran el 83% de la Red.2

A pesar de las acciones institucionales del gobierno para que más personas accedan a los servicios financieros y del crecimiento de la cobertura e infraestructura de los cajeros automáticos, existen prácticas que abonan a la desconfianza en el uso de productos financieros y que afectan las finanzas familiares.

Tal es el caso del incremento de quejas de los usuarios de cajeros automáticos que no recibieron el efectivo solicitado. Para dimensionar la magnitud de la problemática, basta señalar que, tan solo en el primer trimestre de 2017, se han presentado casi 110 mil quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros relacionadas con éstos hechos, cifra que representa un incremento de 40% con respecto al mismo período del año anterior.3

Esta situación afecta de manera considerable la economía familiar, en virtud de que, de los 273 millones reclamados por los usuarios de los Cajeros, solo se abonaron 162 millones que representan el 64% del monto reclamado. La mayor parte de las quejas las concentraron las Tarjetas de Débito, con más de 101 mil reclamaciones por un monto de 250 millones de pesos, de los cuales sólo se recuperaron 156 millones; le siguen las Tarjetas de Crédito con más de 7 mil 300 quejas y un monto reclamado de 21 millones de los que solo se abonaron 5 millones.4

En algunos casos, las instituciones bancarias consideran que las quejas no son viables a pesar de que evidentemente ocurrió un error por parte del cajero automático, tal como lo documento la CONDUSEF, en el caso de un cliente que al momento de querer realizar una disposición de efectivo recibió billetes de prueba.5

Otra de las quejas frecuentes de los usuarios es que al momento de hacer una transacción el cajero muestra la leyenda “En este momento no cuento con billetes suficientes para efectuar la operación”, no obstante, la cantidad dinero de la cuenta de los usuarios si es descontada. En el caso de las llamadas practicajas, reciben el dinero de los usuarios sin entregarles su cambio ni del monto inicial que depositaron a la cuenta.6

Los legisladores del PRI no podemos ser ajenos ante esta problemática que afecta la economía familiar de miles de mexicanos, situación por la que consideramos apremiante que la CONDUSEF, lleve a cabo las acciones necesarias para que las instituciones bancarias garanticen que los cajeros automáticos funcionen de forma correcta y que los usuarios reciban los montos solicitados.

Para el grupo parlamentario del PRI, es prioritarios que la Banca instrumente mecanismos agiles y simples que permitan la recuperación de los montos económicos por posibles errores relacionados con el uso de cajeros automáticos de manera pronta y oportuna.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones solicite a las instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente en virtud del incremento de quejas por parte de los usuarios a los que no se les entrega los montos de efectivo solicitados.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104215/Cuadr_ptico_2016__impresi_n_carta_.pdf>
Consultado el 19 de septiembre  de 2017.

2 “¿El Cajero Automático no te dio el dinero que solicitaste retirar?”, Comunicado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 13 de septiembre de 2017,
< https://www.gob.mx/condusef/prensa/el-cajero-automatico-no-te-dio-el-dinero-que
-solicitaste-retirar> Consultado el 19 de septiembre de 2017.

3 Ibíd

4 Ibíd.

5 Movimientos de la Banca que afectan el patrimonio de los usuarios, CONDUSEF, enero – septiembre 2016,
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190788/MOVIMIENTOS_Y_
OPERACIONES_DE_LA_BANCA_ENE-SEP_2016_VERSI_N_PRENSA_13_02_2017.pdf> Consultado el 19 de septiembre de 2017.

6 “Quejas por errores en cajeros automáticos suben 80% en 2017: Condusef” Publimetro,
< https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/08/23/quejas-por-errores-en
-cajeros-automaticos-suben-80-en-2017-condusef.html> Consultado el 19 de septiembre de 2017.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer y, en su caso, fortalecer los protocolos y procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se prestan a través de plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las usuarias y usuarios. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El transporte público es un elemento central para llevar a cabo la movilidad de las personas, especialmente en las principales ciudades. Debe procurar, en todo momento el bienestar de los usuarios por medio de un servicio ordenado, eficiente, accesible y, sobre todo seguro, que sea una verdadera opción colectiva para la movilidad.

No obstante, la seguridad para las mujeres en el transporte público se ha convertido en un importante desafío en el mundo, ya que el acoso sexual y otras formas de violencia de género son habituales en los espacios públicos de diferentes países. Es frecuente la falta de regulaciones que coadyuven a hacer más eficiente el transporte o la inexistencia de programas integrales que lo regulen.

La violencia contra las mujeres es un problema reconocido y condenado a nivel mundial como una grave violación de sus derechos humanos que limita también su empoderamiento y autonomía. Asimismo, es considerado un problema de salud pública ya que obstaculiza sus oportunidades de desarrollo, así como la creación de ciudades incluyentes y seguras.

El transporte público se ha convertido en uno de los espacios donde más se cometen agresiones contra las mujeres. Con base en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las diferentes agresiones sexuales producidas en medios de transporte público y/o en la infraestructura de acceso constituyen, por definición, actos de violencia de género en tanto son conductas de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico. 1

En muchas de las principales ciudades de países de América Latina, donde el sistema de transporte público es el principal medio de transporte para millones de personas, las mujeres se convierten en el sector más vulnerable. Por ejemplo, 2 de cada 3 mujeres en Asunción, Paraguay y Lima, Perú, sienten que es inseguro viajar en el transporte público y 4 de cada 5 sienten que es inseguro viajar solas de noche.

México no está exento, ya que resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, determinan que en los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual, la cual puede abarcar desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

En el transporte público, las mujeres la han experimentado 13.2% en el autobús y microbús, 6.5% en el metro, 1.2% en el metrobús y 1.0% en taxis.2

En el país, el segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde 38.7% fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos. Tan sólo en 2016, los principales agresores fueron 71.4% de personas desconocidas, 20.1% personas conocidas, amigo o vecino y en el 5.3% fue un conductor de transporte público.

De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual. Esta situación se acentúa entre las mujeres de 15 a 24 años, ya que alrededor de 25 a 30 de cada cien de ellas ha enfrentado situaciones de abuso, intimidación, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, la escuela, el transporte público, la calle o lugares públicos.

Los casos extremos son los feminicidios, muchas veces cometidos por choferes del transporte público. Destaca, de manera reciente, el caso de Mara Fernanda, una estudiante de 19 años que estaba estudiando en Puebla y desapareció tras tomar un taxi de la empresa Cabify, días después fue encontrada estrangulada y abusada sexualmente.

En el país se elevaron las cifras de feminicidios. Entre 2004 y 2015, han sido asesinadas 23 mil 461 mujeres, 3 mil 836 murieron bajo circunstancias de estrangulamiento, asfixia o sofocadas. Además, 1 de cada 10 víctimas de homicidio en el país son mujeres y 3 de cada 10 víctimas estranguladas son mujeres.

Por citar otro ejemplo, con base en datos de ONU Mujeres, la Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo y que concentra 7.3% de la población total nacional, se ubica como la entidad de mayor prevalencia de violencia contra las mujeres en el país, seguida por el Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, Sonora y Aguascalientes.3

En la Ciudad de México, las mujeres realizan aproximadamente 10 millones de desplazamientos al día y el 73.9% emplea el transporte público. No obstante, nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia en el transporte público. Dicha situación se agrava al mencionar que el 77% de las mujeres capitalinas se sienten inseguras de vivir y/o transitar en la Ciudad de México y 65% de las mujeres se sienten inseguras en su delegación de residencia.

A las mujeres les sucede una mayor variedad de situaciones violentas. El estudio de la Cepal, Violencia de género en el transporte público, arroja que el mayor porcentaje de los hombres, 37. 2%, se ubican entre aquellos que a lo largo de su vida nunca han sido agredidos sexualmente, en contraste, las mujeres se encuentran en las categorías que incluyen 4 o más tipos diferentes situaciones de violencia sexual en el transporte público. Mientras un 66% de las mujeres han sido objeto de más de 4 tipos de agresiones, en el caso de los hombres esto sólo les ha ocurrido al 12%.

Ante tales supuestos es indispensable garantizar un transporte público más seguro para los usuarios. México ha realizado esfuerzos importantes para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, por ejemplo, su colaboración con ONU Mujeres para promover la seguridad de este sector, a través de diversas acciones, incluidas  autobuses exclusivos para mujeres en la Ciudad de México.

Destaca también el diseño de programas destinados a prevenir y responder ante la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en espacios públicos como “Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas en la Ciudad de México” que también se ha difundido en otras entidades.

Gracias al liderazgo de organizaciones de mujeres y por primera vez en la historia, en 2016, en diversas ciudades del país y en muchas otras de la región latinoamericana, hubo expresiones masivas en contra de las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual y el feminicidio. El hashtag #MiPrimerAcoso se expandió por internet.

No obstante, es indispensable establecer y, en su caso, fortalecer los protocolos de procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se prestan a través de plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las usuarias y usuarios, asimismo, para que diseñen un plan integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los espacios público.

Además, es importante trabajar en los controles de seguridad de contratación de los conductores para que éstos sean más estrictos y más seguros, con pruebas psicológicas, verificación de las unidades e información útil de quién las maneja. 

Es imperativo erradicar todas las formas de acoso sexual y otras formas de violencia sexual a las que de forma cotidiana están expuestas las mujeres y niñas en el espacio público, ya que generan consecuencias negativas al no sólo limitar su libertad de movimiento, sino también su capacidad de participar en la vida pública, su acceso a los servicios esenciales y el ejercicio de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan y, en su caso, fortalezcan los protocolos y procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los servicios que se prestan a través de plataformas tecnológicas, a fin de proteger la integridad personal y los bienes de las usuarias y usuarios, asimismo, para que diseñen un plan integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los espacios públicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 Cepal, Violencia de género en el transporte público. Una regulación pendiente, en línea [Disponible en:]
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/1/S1500626_es.pdf

2 INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en línea
[Disponible en:] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf

3 ONU Mujeres, Mejorar la seguridad de las mujeres en la Ciudad de México, en línea [Disponible en:]
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla a realizar una solicitud de Alerta de Género por el delito de feminicidio en Puebla. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Considerandos

El pasado ocho de septiembre, Mara Castillo, una alumna de licenciatura, fue privada de su libertad, abusada sexualmente y finalmente asesinada. Se trató de un evento que puso de manifiesto las graves problemáticas que existen en materia de defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Puebla, pues no es un caso aislado, de hecho; en lo que va del año se han registrado 82 feminicidios en la Entidad.1

Es de destacar que, como Mara, la mayoría de las víctimas de feminicidio son mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, universitarias, y que en su mayoría presentan indicios de estrangulamiento o traumatismo.2

La problemática en Puebla es grave, basta mencionar que de 2007 a 2014 la tasa de homicidios de mujeres paso de 1.6 a 2.8 delitos por cada 100 mil habitantes.

Fue por tal situación que a inicios de 2016 se realizó una solicitud de Alerta de Género para el Estado, misma que fue aceptada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (CONAVIM), quien procedió a crear un grupo de trabajo para analizar la situación del Estado.

Los resultados del informe emitido por el grupo de trabajo, develaron, entre otras cosas, que el Estado de Puebla —siendo uno de los cinco más poblados del país— es de los que menos presupuesto destina para atender la protección y atención de las mujeres;3 el grupo de trabajo destacó también que no hay información sistematizada y confiable sobre la concurrencia sobre los actos de violencia contra las mujeres y que la mayoría de los feminicidios ocurren cuando la víctima se encuentra en el ámbito universitario; también advirtió que muchas de las instancias que atienden violencia contra la mujer carecen de la infraestructura necesaria.

De tales resultados el pasado mayo de 2016 el Grupo de trabajo que analizó la situación de feminicidio en el estado de Puebla emitió una serie de recomendaciones que el gobernó se comprometió a implementar mediante acciones a corto, mediano y largo plazo.

Transcurrido un plazo de seis meses, el gobierno presentó un informe al grupo de trabajo que contenía las evidencias de cumplimiento de recomendaciones y las gestiones que se habían estado realizando a nivel institucional para atender los derechos de las mujeres.

Si bien el grupo de trabajo, en ese entonces concluyó que el gobierno de Puebla había dado seguimiento y atención a las recomendaciones emitidas, los eventos advertidos en el 2017 y el reciente asesinato de Mara, advierten que existe una brecha entre la planeación de la política pública presentada ante el grupo de trabajo y la efectiva implementación de la misma.

El Grupo de Trabajo no emitió la Alerta de Género porque las evidencias documentales presentadas por el estado permitieron advertir que se habían realizado gestiones para incrementar el presupuesto destinado a proteger los derechos de las mujeres, se realizaron campañas de sensibilización, capacitaciones, se atendió la violencia mediática y se programaron contrataciones de mayor personal.

No obstante, tal parece que tales acciones no se han visto materializadas en la realidad; razón por la cual resulta importante que se realice un nuevo análisis de la situación que guarda el estado de Puebla a fin de observar si efectivamente se implementaron las acciones de protección y atención de los derechos humanos de las mujeres. También es importante advertir si se requieren otro tipo de acciones.

En este sentido, es fundamental referir que de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son las organizaciones de la sociedad civil o las instancias encargadas de proteger los derechos humanos las facultadas para realizar una solicitud de Alerta de Género.

Es por ello que se considera pertinente que la instancia estatal encargada de proteger los derechos humanos en el estado realice una nueva solicitud de alerta de género, a fin de reactivar el procedimiento y volver a valorar la situación del estado de Puebla.

Por otro lado, es importante advertir y conocer cuáles fueron los documentos que el estado remitió y que el grupo de trabajo valoró para determinar que la declaratoria de Alerta no era meritoria para el Estado de Puebla, esto con el objeto de comprender de manera clara cuáles han sido las acciones realizadas por el gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para que realice, en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la normatividad aplicable, una solicitud de Alerta de Género por el delito de feminicidio en Puebla.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Puebla, para que envíe a esta Soberanía un informe pormenorizado de las acciones que está instrumentando y los recursos financieros asignados para prevenir y atender la violencia de género en la entidad.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, envíe un informe, así como la evidencia correspondiente, del proceso de Solicitud de Alerta de Violencia de Género emitida contra el estado de Puebla.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.sinembargo.mx/15-09-2017/3308699

2 Informe AVGM Puebla.
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108980/Informe_del_Grupo_de_Trabajo
_conformado_para_atender_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Puebla.pdf

3https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108980/Informe_del_Grupo_de_Trabajo
_conformado_para_atender_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Puebla.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a ampliar y fortalecer sus acciones en materia de prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia de género, ante el incremento exponencial de casos de homicidios de mujeres en la entidad durante el presente año. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con un estudio sobre feminicidio que realizó la Universidad Veracruzana, entre enero y agosto de 2017 en Veracruz han sido privadas de la vida 169 mujeres, 55 casos más respecto al mismo periodo de 2016, cuando se registraron 114 víctimas (lo que implica un incremento del 48.24%)1. Asimismo, advierten que de continuar con esta tendencia, este año podría ser histórico en cuanto a la violencia en contra de las mujeres, con más de 200 homicidios dolosos y feminicidios.

Por otro lado, la investigación en comento arroja que tan sólo en el pasado mes de agosto ocurrieron 23 homicidios de mujeres, de los cuales 17 cuentan con los elementos para ser tipificados como feminicidios.

El 23 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en once municipios del estado de Veracruz, lo anterior derivado del análisis de la situación de las mujeres en la entidad, donde se observaron problemáticas culturales, sociales e institucionales que tuvieron como resultado altos índices de violencia en su contra2.

Entre las medidas solicitadas están la divulgación de la alerta; el establecimiento de una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública encaminada a la recuperación de los espacios públicos; el fortalecimiento de patrullajes preventivos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delictivas en contra de mujeres; e implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, sugiriendo una vigilancia prioritariamente por mujeres.

Asimismo, la creación de módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la alerta; emprender acciones inmediatas y exhaustivas para prevenir casos de violencia familiar, así como buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas, entre otras; y establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos de la entidad.

Otro caso de esta naturaleza se dio en marzo del año en curso, cuando un grupo de trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres presentó un informe de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, esta vez por agravio comparado, la cual podría declararse en el mes de noviembre de 20173

Si bien es cierto que las conclusiones y propuestas contenidas en el informe fueron aceptadas y ya se está trabajando en una legislación que atiende aspectos como dificultades para acceder a la interrupción legal del embarazo; la adecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 para víctimas de violencia sexual en la cual ya no se necesitan denuncias, autorizaciones, ni un plazo máximo para acceder al aborto por violación; y evitar la criminalización de las mujeres a causa de ordenamientos jurídicos desiguales en materia de aborto, también lo es que la violencia en contra de las mujeres en Veracruz todavía tiene grandes repercusiones.

Los hechos expresados dan constancia de un fenómeno sin paliativo ni justificación alguna porque además de sus efectos intrínsecos, las conductas señaladas resultan incompatibles con todo régimen que se asuma como democrático como el mexicano e inhibe el desarrollo de la población veracruzana en su conjunto.

Ante este panorama, es fundamental que en el estado de Veracruz se lleven a cabo acciones contundentes, prontas e integrales en materia de prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia de género.

Resulta oportuno precisar que la  violencia de género continúa siendo una realidad que vulnera a las mujeres y niñas, y a la población en general. De acuerdo la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por su pareja.

En el caso de México la situación no es muy distinta, según cifras oficiales el 47% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja; una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral; y en 2015, se registró un promedio de 6.2 asesinatos de mujeres al día.

Para ponderar la magnitud del asunto, cabe señalar que en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia contra las mujeres consiste en cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

En este orden de ideas, queda claro que la prevención, atención y erradicación violencia de género representa una responsabilidad para el Estado mexicano en su conjunto. En el contexto internacional, basta mencionar que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, radica en lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, para lo cual, se tiene como metas: poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación4.

En este orden de ideas, el presente punto de acuerdo pretende sumarse a múltiples esfuerzos impulsados y realizados desde el Senado de la República, espacio en el que la prevención, solución y erradicación de la violencia de género; así como el combate frontal, directo y eficaz de la inseguridad, se han constituido como dos aristas torales en el seno de las agendas parlamentarias de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones y por medio de la Fiscalía General estatal, amplíe y fortalezca sus acciones en materia de prevención, atención y combate de conductas constitutivas de violencia de género, ante el incremento exponencial de casos de homicidios de mujeres en la entidad durante el presente año.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.sinembargo.mx/16-09-2017/3308461

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/167570/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf

3 http://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-gire/2017/07/31/veracruz-la-segunda-alerta-violencia-genero/

4 http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality






EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional por la Paz

“Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder,
el mundo conocerá la paz”
Jimi Hendrix (1942-1970)
Guitarrista, cantante y compositor estadounidense.

Por resolución 36/67 del 30 de noviembre de 1981, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas (ONU) aprobó un “Día Internacional por la Paz”, en ese entonces propuesto el tercer martes de cada septiembre, conmemorado por primera vez en 1982.

Adicionalmente, en el año 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 55/282, que estableció el 21 de septiembre de cada año, como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.

Desde entonces, cada 21 de septiembre se celebra “el Día Internacional por la Paz”. Un día que dedica a reforzar los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo.

Sin duda alguna, dentro de las calamidades más lastimosas que aquejan a nuestro mundo, lo es la violencia. Un mal increíble, si pensamos que se trata de uno infundido por la humanidad en contra de la humanidad misma.

De ahí que muchos autores debaten si la inmundicia que es la violencia en el ser humano, pueda ser un problema biológico o de naturaleza, o bien, que se relaciona con aspectos culturales y del medio ambiente en el que se relaciona el ser humano.

Lo cierto es que la violencia ocasiona grandes batallas, que arrastran a pueblos y naciones enteras unas contra las otras.

Por ello, en la conmemoración de este día, se convoca a todas las naciones y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades y que en su lugar celebren con sensibilización a la población sobre todos los temas relacionados con la paz mundial.

En particular, la campaña para este año se titula “Juntos por la Paz: Respeto, seguridad y dignidad para todos”, dedicada especialmente a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor, para que disfruten del respeto y la seguridad y vivan dignamente a través del apoyo a la diversidad, la no discriminación y aceptación de refugiados y migrantes.

Por experiencia global, una aspiración difícil de lograr, sin embargo, no por ello debemos de claudicar en intentarlo y pregonar a los cuatro vientos que, mientras no exista un horizonte mínimo de paz en el mundo, ninguna nación estará completamente tranquila y dedicada al cien por ciento a los temas que a diferencia de la violencia, generan desarrollo y bienestar para las familias del mundo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes
26 de septiembre

La campaña del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes (DPEA) es impulsada desde 2003, con el objetivo de crear conciencia entre los jóvenes sobre las diferentes alternativas anticonceptivas que existen para que ellos puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y la salud reproductiva.

El embarazo adolescente ha registrado un aumento en América Latina en los últimos años. Uno de los motivos por el que cada vez hay más embarazos en adolescentes en la región se debe a la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a los servicios y al concepto social que se tiene de las niñas y mujeres. Al respecto, el Instituto Nacional Perinatología de la Secretaría de Salud (SS), indica que en el país hay 123 millones de mexicanos, de los cuales 24 millones son adolescentes y el 25% de ellos ya tiene una vida sexual activa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2015, en México, el 49% de los jóvenes no utiliza anticonceptivos en su primera relación sexual, ya que éstos no esperaban tener relaciones. Otro dato interesante es que el 11.2% de los jóvenes que no utilizaron anticonceptivos indican que la razón fue porque su pareja no quiso. Además, el estudio señaló que otro 9.3% de la población no utilizó algún método anticonceptivo porque simplemente decidió no usarlo y uno de cada 10 adolescentes indicó que desconocía los métodos existentes.

El reto en materia de embarazo adolescente es muy complejo, el país se enfrenta a una multiplicidad de problemas entre los que destacan las cuestiones relacionadas con la educación sexual, promoción de la salud, condiciones sociales, información respectiva a métodos anticonceptivos entre otros.

Además, de forma complementaria, se considera necesario la intensificación de las campañas en marcha en medios de comunicación, hospitales y clínicas, redes sociales y centros educativos, en pos de informar a las y los adolescentes que pueden acudir a unidades médicas de su localidad para recibir información, tratamientos y/o medicamentos de manera gratuita.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Paz”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Paz

En 1945, al termino de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de buscar y garantizar la paz mundial, con base en los principios de la “Carta de las Naciones Unidas”, donde prevalecen los siguientes acuerdos:

• Mantener la paz y la seguridad internacionales

• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto

• Cooperación internacional 1

La ONU ha trabajando por hacer prevalecer la paz gracias a medidas colectivas, con principios de justicia e igualdad de derechos, por medio de diversos fondos, programas y agencias especializadas.

Una de las acciones destacadas para promover el fortalecimiento de la paz entre las naciones, es la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de cada año.

En 2017, el tema de esta conmemoración es: “Juntos por la paz: Respeto, seguridad y dignidad para todos”, donde el objetivo principal es que los Estados Miembro muestren su apoyo a los refugiados y migrantes2.

Se debe agregar que este tema se retomó gracias a los compromisos de la iniciativa JUNTOS, quienes tienen como objetivo que las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor disfruten del respeto, seguridad y vivan dignamente.3

Hay que mencionar además, que la Iniciativa JUNTOS, emitida durante la Cumbre para Refugiados y Migrantes en 2016, la cual reunió a los 193 Estados Miembros de la ONU, al sector privado, la sociedad civil, las instituciones académicas y la ciudadanía; con el fin de apoyar la diversidad, la no discriminación y la aceptación de los refugiados y los migrantes4.

Con respecto a este tema, la División de Población de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, estima que en 2015 había 244.7 millones de personas que vivían en un país distinto al de su nacimiento5.

En México el tema de migración resulta muy relevante, porque somos el segundo país en el mundo con el mayor número de personas nacidas en su territorio viviendo fuera de sus fronteras.

Se calcula que en 2012 había 11.8 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Asimismo, se internan de manera indocumentada alrededor de 140 mil extranjeros al año procedentes de Centroamérica6.

Por lo cual, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha trabajado en diversas líneas de acción relativas a los migrantes, abarcando todos los objetivos, principalmente el eje: “México con Responsabilidad Global”.

Es de destacar el objetivo “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, el cual incluye las siguientes estrategias:

• Ofrecer asistencia y protección consular

• Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes

• Evaluación de la política pública en materia migratoria

• Garantizar los derechos de las personas migrantes

Estas estrategias abarcan los distintos aspectos que se requieren para una adecuada atención a los migrantes, que contribuya a la paz entre los pueblos.

El Estado de México, entidad que represento, ocupa el 4° lugar a nivel nacional en el número de habitantes que migran a Estados Unidos de América. Por ello, el gobierno estatal se ha comprometido a promover, respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes.

Para tal efecto, la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México, regula los programas de atención a migrantes y los requisitos para ser beneficiarios, así como la inscripción de los migrantes en el Registro Estatal y el acceso a servicios y prestaciones de los programas de atención a migrantes.

Los legisladores del Partido Verde, estamos comprometidos con la construcción de una paz real y duradera, por medio de la creación de puentes humanitarios, en el marco de la lucha contra la discriminación y el racismo.

En este sentido, continuaremos trabajando para lograr que las leyes y las instituciones mexicanas mejoren continuamente para la protección integral de los derechos humanos de los migrantes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html

2 Naciones Unidas. Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/peaceday/index.shtml

3 Ídem

4 Ídem

5 INEGI, (2016) Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de Julio). Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/poblacion2016_0.pdf

6 DOF (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario de la consumación de la Independencia de México.

EFEMÉRIDES

En conmemoración del Aniversario de la
Consumación de la Independencia de México

El 27 de septiembre conmemoramos la Consumación de la Independencia de México a partir de que el Ejército de las Tres Garantías o Ejército Trigarante entró triunfalmente a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1827 y al día siguiente se firmó el Acta de Independencia de la naciente República Mexicana.

El gobierno virreinal había enviado al Coronel Agustín de Iturbide a combatir a Vicente Guerrero, en el sur del territorio novohispano, pero ante la imposibilidad de derrotarlo, y convencido que no era necesario más derramamiento de sangre, para sostener un reinado trasatlántico en América, propuso conciliar a las fuerzas en pugna y declarar la independencia. Comenzó a entablar contacto con dicho personaje. Después de entrevistarse en Acatémpan, Guerrero, ambos jefes se pusieron de acuerdo, y se proclamó el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, que prometía una independencia inmediata, un monarquismo a favor de Fernando VII y tres garantías: Religión, Unión e Independencia, sobre las que se fundaba el nuevo país. Además, se formó el Ejército Trigarante, con fuerzas insurgentes de Guerrero y las tropas realistas de Iturbide, fuerza armada que fue creciendo rápidamente, con las unidades realistas que desertaron de las filas virreinales, para unirse a las trigarantes1.

Meses más tarde, Iturbide se reunió con el último virrey, don Juan O´Donojú, con el que firmó el Tratado de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, que reconoció el fin de la dominación de España y establecía, como forma de gobierno, la monarquía constitucional.

La conmemoración del Aniversario de la Consumación de la Independencia de México nos invita a reflexionar y tomar acciones y decisiones todos los días para legar un camino de prosperidad y felicidad a cada uno de los hijos que han nacido bajo el cobijo de nuestra Patria y defender nuestra independencia, nuestra libertad, nuestra paz y nuestra unión en los momentos de bonanza y también en los momentos de dificultad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/consumacion-de-la-independencia





De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Turismo”.

EFEMÉRIDE

Día Mundial del Turismo.

El turismo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su contexto habitual por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos.

La actividad turística se sustenta en valor del patrimonio natural y cultural de países, regiones y destinos, que impulsa el mejoramiento de las comunidades, al hacer posible el desarrollo de los destinos y la generación de empleos directos e indirectos y favorecer las inversiones públicas y privadas en las comunidades receptoras y propicia efectos de redistribución del ingreso a regiones alejadas de las grandes urbes.

El Secretario General de la Organización Mundial del Turismo refiere que el turismo contribuye al desarrollo en diversos aspectos, ya que permite: en el ámbito económico, generar crecimiento inclusivo; en el social, crear empleos decentes y empoderar a las comunidades; en el ambiental, conservando y enriqueciendo el medio ambiente y luchando contra el cambio climático; en el cultural, celebrando y preservando la diversidad, la identidad y la cultura material e inmaterial; y en el de la paz, como un requisito esencial para el desarrollo y el progreso.

Al respecto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, se afirmó que el sector turístico puede contribuir con los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y medio ambiente, así como de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el de erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad, los cuales deberán ser alcanzados en 15 años, a través de metas específicas. El documento también refiere que el turismo propicia una mejor calidad de vida, el fortalecimiento de la protección del medio ambiente y la defensa del patrimonio cultural.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que durante las últimas seis décadas, el turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante, convirtiéndose en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo; habiendo un desplazamiento internacional de turistas que han pasado de 25 millones en 1950 a 1200 millones en 2015, y los ingresos provenientes del turismo en los países de destino aumentaron de 2000 millones de dólares a 1260 billones. El sector representa el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, emplea al 10 por ciento de los trabajadores del planeta, y continuará creciendo a una medida anual del 3,3 por ciento hasta 2030.

Para darse cuenta de la magnitud que el sector turístico representa para nuestro cabe mencionar que de acuerdo al ranking realizado por la OMT, para 2016 nuestro se ubicó en el octavo lugar en número de llegada de turistas internacionales, y en ingresos por este concepto, se ubicó en el décimo cuarto lugar; los ingresos derivados del turismo, constituyeron en 2015, el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). EN 2016 se registraron divisas por visitantes internacionales del orden de los 19 mil 571 millones de dólares.

Desde el 27 de septiembre, desde el año 1980, se celebra El Día Mundial del Turismo, siendo ese día en el que los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) entraron en vigor, siendo el 2017, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, y con ello, la oportunidad para defender la idea de que los viajes y el turismo, como actividad humana, contribuyen a un mejor futuro para las personas y para el planeta y a impulsar la paz y la prosperidad. En ese año, las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo, se llevarán a cabo en Qatar, enfocadas en “El turismo como motor de crecimiento económico” y “El turismo y el planeta: comprometidos con un futuro más verde”.

El turismo sostenible, se acuerdo a la ONU, refiere a aquél que tiene en cuenta los efectos presentes y futuros que esta actividad tiene en la economía, la sociedad y el medio ambiente, además de atender las necesidades de los visitantes, el sector, la naturaleza y las comunidades receptoras. Por todo ello, debe usar de manera óptima los recursos naturales, respetar las comunidades que reciben a los visitantes y asegurar que las actividades económicas son viables a largo plazo, y que los beneficios se distribuyen equitativamente entre los diferentes actores. Para alcanzar los objetivos planteados por el organismo internacional, se necesita un marco de actuación claro, además de fondos, inversiones en tecnología, infraestructura y recursos humanos:

Si bien la riqueza natural y cultural son el elemento básico para el sector turístico, debe contarse con la suficiente y adecuada infraestructura y superestructura turística para poder desarrollar al turismo, que obligatoriamente sean el producto de una estrategia que consideren aspectos económicos y sociales de las comunidades, con respeto al medio ambiente, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas; y en torno a esta celebración, que como se ha referido, ha determinado al 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, es necesario promover el involucramiento de las autoridades del ramo, de tal forma que en un contexto global, se logren alinear los objetivos de nuestro País con el contexto internacional y lograr para los mexicanos, los beneficios que en el mismo se pretenden alcanzar.

Particularmente, como señala la ONU, la celebración de este año nos brinda una oportunidad única para reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y avanzar asegurando los efectos positivos del turismo bien gestionado, orientado al crecimiento inclusivo y equitativo, el desarrollo sostenible y la paz.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares”

Las armas nucleares son consideradas las armas más peligrosas en la actualidad, debido al gran alcance y consecuencias que tienen, ya que los estragos de dichas armas se ven reflejadas al pasar los años.

Existen 2 tipos de armas nucleares:

• Las que utilizan energía nuclear para generar explosiones (bomba atómica)

• Las que utilizan energía nuclear como fuente de energía para la propulsión (submarinos nucleares)

Debido a la gran destrucción provocada por las armas nucleares existen diversos ordenamientos internacionales que condenan el uso de estas armas:

1. Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Su principal objetivo fue el desarme general y completo de acuerdo a los objetivos de la ONU con el fin de eliminar los incentivos  de producción de las armas nucleares.

2. Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Declara la intención de detener la carrera de los armamentos nucleares, así como emprender medidas de desarme nuclear.

3. Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Subraya la necesidad de seguir realizando esfuerzos para reducir las armas nucleares a escala mundial, con el objetivo de eliminar las armas nucleares.

Este último ordenamiento es el más reciente en la materia, sin embargo aún no ha entrado en vigor debido a la falta de ratificación de diversos países.

En la actualidad, a pesar de los grandes desastres provocados por las bombas nucleares, hay países que siguen realizando ensayos nucleares, tal es el caso de Corea del Norte, quien en semanas anteriores realizó uno.

Es momento de crear un frente sólido, conformado por todos los países que condenan la utilización de armas nucleares y luchar por la erradicación de estas prácticas.

Muchas vidas se han perdido por la utilización de estas armas, es fundamental la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, para evitar sucesos que lamentar.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

https://energia-nuclear.net/aplicaciones/armas-nucleares

http://www.derechointernacional.net/publico/fuentes-normativas-generales/parte-
especial/328-tratado-sobre-la-prohibicion-parcial-de-ensayos-nucleares.html

http://www.un.org/es/conf/npt/2005/npttreaty.html

https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/treaty_text_Spanish.pdf






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos”.

EFEMÉRIDE

Sobre Día Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde

En México, por decreto presidencial, el 26 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos. Al respecto, es necesario señalar que el trasplante de órganos es una de las historias de éxito de la medicina contemporánea.

Las mejoras en la inmunología y las técnicas quirúrgicas han transformado el trasplante de un tratamiento experimental a una terapia efectiva para pacientes con insuficiencia de órganos vitales. Por ello, no es sorprendente su éxito y un aumento dramático de la demanda de más trasplantes de órganos. El número de pacientes en espera de órganos ha aumentado 70% durante la última década.

Los pacientes o enfermos que han sido declarados con muerte cerebral usando criterios neurológicos (pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales pero que se mantienen vivos gracias a los respiradores artificiales) son la fuente más grande de órganos trasplantables. Lamentablemente, de éstos, 12 mil a 15 mil donantes potenciales, menos de 4 mil se convierten en donantes de órganos cada año.

El factor principal que limita el número de donantes es el bajo porcentaje de familias que consienten donar órganos de sus familiares que han sufrido muerte cerebral. De lo anterior, se desprende la importancia de celebrar, este 26 de septiembre, el Día Nacional de la Donación y los Trasplantes de Órganos y Tejidos. Tal evento fue diseñado para sensibilizar a la población mexicana sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos.

Hay más de 20 mil personas en México esperando un trasplante y desafortunadamente ese número no disminuye por el bajo número de donantes. En la actualidad sólo hay 4 donantes por cada millón de habitantes en nuestro país. Al respecto, hay que señalar que en otros países el número de donantes puede ser hasta 10 veces superior al de México, como el caso de España.

Esta es la razón por la cual debemos impulsar una mayor cultura de la donación de órganos, trabajando en asociación con gobiernos estatales, institutos nacionales y locales de salud, hospitales, así como organizaciones de la sociedad civil.

Es muy importante recordar que una persona que dona sus órganos cuando ya no los necesita puede salvar más de 7 vidas.

Debemos ofrecer una solución integral a través de un conjunto de acciones que incluyan: prevención y diagnóstico temprano de enfermedades crónico degenerativas; promover la cultura de la donación de órganos a través de campañas de concientización; mejorar el diseño e implementación de políticas públicas de donación de órganos; además de dar mayor financiamiento público para cirugías de trasplante y adquisición de órganos.

Por su atención, muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”.

EFEMÉRIDE

Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano

“El luchador es un psicólogo natural que mueve a las masas”
Alfonso Morales.
Comentarista deportivo de Box y Lucha Libre -

La Lucha Libre Profesional Mexicana es uno de los deportes más emblemáticos de México. Referida así, como “Lucha Libre Mexicana”, en virtud de tratarse de una versión muy peculiar, aderezada y particularizada por el toque que en nuestro país se la ha logrado dar a la lucha libre profesional.

El singular llaveo, acrobacias, reglas y el folklor mexicano que se la adicionado a las técnicas generales de lucha libre, la han llevado a tener un espacio distintivo a la lucha de otros países, con una caracterización y la creación de personajes hasta por así decirlo, mitológicos de la cultura popular nacional, héroes que llegaron incluso, hasta  formar parte de las películas más representativas del cine nacional.

Por ello, que la gran mayoría de especialistas también señalan que la lucha libre mexicana es un arte, un espectáculo y una verdadera fiesta en la que se conjugan elementos míticos, simbólicos y hasta lingüísticos que representan ese folklore mexicano, pues en sus cuadriláteros conviven personajes que encarnan a demonios y deidades, a la muerte, a protagonistas místicos, a alebrijes, a fuerzas naturales, animales majestuosos y hasta excentricidades.

Una verdadera representación de las fuerzas de poder entre el bien y el mal, cuando los luchadores técnicos encarnan al héroe que representa lo bueno y lo correcto y por otro lado, los rudos que representan la traición, la cobardía y los valores antisociales.

Visto así, la lucha libre mexicana es también, como algunos señalan, la más “honesta de las simulaciones”, en un espectáculo donde coinciden el teatro, la comedia, la actuación, las llaves y los vuelos.

Pero lo que viene a darle el mejor de los sabores a esta tradicional “práctica luchística”, es definitivamente el ambiente de las porras. Gritos, ruidos, abucheos, chiflidos, recriminaciones, aspavientos, muecas, ademanes, mímicas y hasta los más floridos lenguajes hacen de las porras de la lucha libre, unas de las más singulares.

Algunos historiadores señalan que fue en el siglo XIX cuando comenzó a gestarse la lucha libre mexicana, aunque como actividad profesional fue en la época postrevolucionaria, entre las décadas de los 1930 y 50’s. Ahí tomo su personalidad propia, su idiosincrasia, tradición y la consolidación de los primeros ídolos del pancracio, mientras que entre los años 50´s y 60´s, le es reconocida la gran época de oro de la lucha libre profesional mexicana.

Y así podemos seguir destacando situaciones de uno de los mejores espectáculos de México, incluso, como motor económico y de desarrollo, considerando los múltiples empleos que directa e indirectamente genera.

Razones que dejan ver la importancia nacional que tiene esta actividad, por lo que este Senado de la República ha tenido a bien el aprobar una minuta con proyecto de decreto que declara formalmente el 21 de Septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”, en mérito a la fundación en ese día, pero del año 1933, de la primera empresa mexicana dedicada a esta modalidad de deporte y entretenimiento, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y a la apertura de la legendaria “Arena México”, conocida en aquel entonces como “Arena Modelo”.

Un día de júbilo y celebración en el medio de la lucha libre en México, por lo que es una oportunidad propicia para reflexionar sobre su importancia y reconocer a quienes han dado vida a este singular deporte y espectáculo en nuestro país.

Una sincera felicitación a los luchadores profesionales en su día, como también a todas aquellas mujeres y hombres que han dado, dan y seguirán dando vida a la Lucha Libre Mexicana.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Turismo”.

EFEMÉRIDES

En conmemoración del Día Mundial del Turismo

El día 27 de septiembre conmemoramos el Día Mundial del Turismo con el objetivo de promover una mejor comprensión entre los pueblos del mundo, concienciar sobre la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y apreciar los valores         inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo1.

En este sentido, el Presidente de la República ha señalado que “México debe  aprovechar su potencial turístico para generar una mayor derrama económica en el país2”, a través del impulso del ordenamiento y la transformación al sector turístico, la innovación de la oferta y la competitividad, el fomento de un mayor flujo de inversiones y financiamiento, la promoción eficaz de los destinos turísticos y el impulso de la sustentabilidad de los ingresos generados, para que éstos sean fuente de bienestar social.

En el Día Mundial del Turismo, debemos poner énfasis en el turismo sustentable, esto es, que las actividades de este sector tengan un menor impacto en el medio ambiente y no se ponga en riesgo los ingresos y el bienestar futuro de las comunidades que dependen de este importante sector. Hoy México es una potencia mundial en el sector turístico y Chiapas también puede llegar a serlo, a través de la provisión de servicios turísticos de clase mundial. Chiapas merece más.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.un.org/es/events/tourismday/

2 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial sin Auto”.

EFEMÉRIDE

Día mundial sin auto

“Construimos autos que nadie necesita pero que todo el mundo desea”

-John DeLorean-

El gran fomentador de la expansión urbana, el vehículo de motor, llegó a nuestro país entre los años 1900 y 1908, aunque en esa época era un lujo de las clases más pudientes, por lo que no constituía un problema grave.

Puede decirse que el periodo de “preparación” para encaminar nuestras ciudades hacia la situación en la que ahora las conocemos, se dio entre los años 1920 y 1950, lapso durante el cual se acentúo la promoción estatal por el ensamblaje automotriz, inició la conurbación del entonces Distrito Federal y el sector camionero evolucionaba a gran velocidad.

Después, con el inicio de la segunda mitad de siglo, comienzan los fuertes detonantes, pues las clases medias y alta adquieren automóviles, ya no sólo los más ricos.

Para 1960, el 45% de la población ya vivía en la periferia de la Ciudad de México, se incrementa la necesidad de desplazamientos y más distantes, la flota vehicular, la invasión de vialidades y a inversión en estructura de rodamiento.

El resto ya lo sabemos, actualmente el parque vehícular en nuestro país supera los 38 millones de unidades.

Sin embargo, ahora los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las prioridades de los ciudadanos han cambiado.

La tendencia se hace necesaria a la inversa: Disminuir la intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada, como el caminar y usar la bicicleta.

Pese a este cambio de inercias, la motorización en el transporte se mantiene, al grado que es mayor su índice al de la demografía misma; por lo que pensar en ciudades sin autos es más que una utopía.

No obstante, son cada vez más altas las voces que se pronuncian por ello, no para alcanzarlo de manera literal, sino como una manera simbólica de llevar el mensaje de la necesidad de desincentivar el uso del automóvil, promover el transporte público y el alternativo para hacer manifiesta una preocupación por el grave problema de la contaminación ambiental.

Estas voces han dado lugar a la celebración en un número importante de países, de la promoción de los “días sin auto”, celebrado principalmente a partir de la década de los 90’s del siglo pasado.

Históricamente el “Día mundial sin auto” comenzó a partir de la crisis petrolera de 1973, pero fue hasta los años 90’s cuando fue implementado como una iniciativa pública por varios países europeos, mientras que para el año 2000, la Comisión Europea hizo válida esta efeméride para todos los miembros de la Unión, extendiéndola en tiempo y convirtiéndola en la “Semana de la movilidad”.

En nuestro país, si bien había algunos eventos de celebración en torno al tema, formalmente se comenzó a celebrar a partir del año 2014. Todo un reto si consideramos que en México muchas personas anteponen férreamente el uso del automóvil privado.

La celebración de los días sin automóviles en los últimos años, ha cobrado importancia ciudadana y se ha extendido a iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medioambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento.

El día de la celebración, en la mayoría de los países es el 22 de septiembre, “Día Mundial sin Auto”, con una gran participación en varias ciudades del mundo.

Por ejemplo, en 2015, de acuerdo a la cadena de noticias CNN, más de 1,700 ciudades participaron en la celebración, destacando en América Latina a ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Quito y Buenos Aires.

Otros países con mayor participación en lo que llamaron la “Semana de la Movilidad”, fueron Reino Unido, España, Holanda, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Japón, Bélgica, Andorra, Lituania, Corea del Sur, Rusia y Finlandia.

Sin duda, una fecha propicia para reflexionar, no en desaparecer el auto de las calles, pero sí en la necesidad de evitar su uso indiscriminado o excesivo, contemplar medios alternos y recordar que este es el único planeta con el que contamos y al cual debemos cuidar, por el bien propio y el de nuestros hijos, como integrantes de futuras generaciones que habrán de aprobar o reprochar lo que ahora hagamos por ellos y la calidad de vida que les heredemos.

Por eso, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial sin Auto”, una oportunidad para reconocer a todas aquellas personas preocupadas y ocupadas por el medio ambiente, funcionarios y particulares que aportan su “granito de arena” por la salud de este mundo sin dejar de lado la necesidad de las personas a desplazarse libremente para la satisfacción de sus necesidades básicas, como también, a todos aquellos que se atreverán este 22 de septiembre a prescindir por un día del automotor privado y en su lugar, optaran por el transporte público, la bicicleta y caminar.

El éxito de la conmemoración estará en el compromiso, voluntad y conciencia de las personas, pues evidentemente no constituye un decreto obligatorio. Esta será la parte más significativa.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”.

EFEMÉRIDE

Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos

“La donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte”
-Jaqueline Semizo Antelo
Activista promotora de la donación de órganos.

La vida es el principal valor del ser humano; y aún más, es el valor supremo al cual se subordinan todos los demás. Si la vida no existiese, no lo sería nada más.

Quizá por eso, la medicina y la ciencia relacionada con ella es tan antigua como la especie humana misma. Pues la preservación de la vida ha sido y será el motor central de las investigaciones científicas.

El siglo XX trajo innumerables avances que en un tiempo fueron inimaginables y hasta cosa de ciencia ficción. Uno de los más impresionantes en el mundo de la medicina, fue sin duda, el trasplante de órganos.

Se trata de la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir las funciones perdidas, que para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma.

Sin embargo, los alcances siguen siendo limitados en virtud de que de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país tenemos un rezago importante en esta asignatura, en el que al año se realizan entre 5 y 6 mil trasplantes, mientras que cerca de 20 mil se integran en la lista de espera.

De acuerdo con la Tercera Consulta Global sobre Donación de Órganos y Trasplantes de la OMS, en 2012, en el país existían apenas 2.8 donantes por millón de personas, mientras que la media latinoamericana es de 6.5 donantes por millón. Lo anterior ha motivado a las autoridades a emprender programas de difusión que han mostrado resultados, y según el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en 2016 se incrementó a 4 donantes por millón de personas. Cifras que aún no se consideran suficientes.

Razones de peso por las que es indispensable seguir avanzando en la promoción y cultura de la donación de órganos, con mayor razón en este mes de septiembre, que en su día 26 se conmemora el “Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos”.

Es una fecha propicia para hacer un llamado a la reflexión a la población en general para promover la concientización en esta materia, para agradecer y reconocer a los donantes por su altruismo, así como la ardua labor de familiares y profesionales de la salud implicados en cada uno de estos proceso de vida.

Ser donante es uno de los gestos más humanos que existen, supone un acto de tremenda solidaridad, generosidad y amor en una lucha por la vida, y una demostración de que la realidad se puede cambiar.

Por ello, en el marco de esta conmemoración, 26 de septiembre, “Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”, un día propicio para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la donación de órganos con fines de trasplante, el fortalecimiento de nuestros sistemas sanitarios, como también, para hacer patente el reconocimiento a quienes han manifestado su consentimiento para constituirse en donadores de órganos y tejidos.

Nuestra solidaridad y apoyo a las personas en espera de una donación que les permita recuperar la salud y esperanza de vida, y un recuerdo a la memoria de quienes no lo lograron.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 28 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:12 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2931&lg=63&anio=3