Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 17 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 4


Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Septiembre de 2017

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

APERTURA

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (12:52 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 99 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, le informo que hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 12 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
JUEVES SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y ocho minutos del día jueves siete de septiembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del cinco de septiembre de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, su Agenda Legislativa para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Cultura, su informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, su informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Cristina Díaz Salazar, el Informe de su viaje de trabajo, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación, a la Ciudad de Washington, D.C., del 16 al 18 de junio de 2013.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Informe correspondiente al primer semestre de 2017, sobre el desarrollo y los avances de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la terna de candidatos para la designación de un magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los ciudadanos: Lara Patrón Rubén Jesús, Silva Díaz Ricardo Antonio y Villafuerte Castellanos Rolando.- La Presidencia informó que el 3 de julio de 2017 se recibió la documentación y se turnó de manera directa a la Comisión de Justicia.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, oficio en relación con la Iniciativa Ciudadana que propone un proyecto de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó de su recepción en la Comisión Permanente el 28 de junio de 2017, en términos del artículo 71, fracción IV de la Constitución General de la República. En cumplimiento de lo que marca el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso, el 4 de julio de 2017 se dio cuenta del proyecto al INE para que verificara que está suscrito por el número equivalente al menos el cero punto trece por ciento de la Lista Nominal de Electores. El 30 de agosto de 2017 se recibió oficio del INE, por el que informa que de los registros encontrados en la Lista Nominal de Electores y que respaldan dicha iniciativa, no se alcanza a cubrir el porcentaje requerido. La Presidencia instruyó devolver el proyecto a los autores del mismo y declaró el asunto como concluido.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron seis oficios con los que remite respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informará que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 2016.- Quedó en poder de la Secretaría para consulta de los señores senadores. Se pondrá a consideración de la Asamblea en la siguiente sesión.

(Iniciativas)

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de los mexicanos fallecidos al realizar labores de rescate por las inundaciones provocadas por el huracán “Harvey” en Texas, Estados Unidos.

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores Fernando Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, José María Martínez y Martínez, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Ernesto Ruffo Appel, Raúl Gracia Guzmán, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, Sandra Luz García Guajardo, Francisco Salvador López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza y César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. La Presidencia instruyó a la Dirección Jurídica del Senado a notificar el contenido del dictamen y la resolución de la Asamblea para constancia de la sentencia dictada en el amparo 211/2013, de conformidad con lo que prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo.

(Toma de protesta)

La Presidencia de la Mesa Directiva, tomó protesta a la Presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, designada en la sesión del 27 de abril de 2017.- La ciudadana Alejandra Palacios Prieto tomó protesta como Presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un nuevo período de cuatro años.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Federalismo, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan aprobado el 31 de enero, así como a realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de San Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar certidumbre a la buena marcha de los asuntos públicos del estado.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.
3. Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al congreso del estado de Campeche a resolver favorablemente la iniciativa de Decreto para que se autorizara al municipio de Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o refinanciamiento del crédito vigente del Ayuntamiento con Banco Interacciones, S.A., a fin de mejorar las condiciones de la deuda pública municipal.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a los 60 municipios del mismo.- Intervino la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar a los Estados Unidos de América.- Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Sin discusión, el punto de Acuerdofueaprobado en votación económica.

2. Por el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los derechos humanos de los migrantes.- Sin discusión, el punto de Acuerdofueaprobado en votación económica.

3. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mandatar a las áreas de protección de los 50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de la Orden Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el Presidente Donald Trump, a fin de evitar la violación de sus derechos humanos.- Intervino la Senadora Dolores Padierna Luna. El punto de Acuerdofueaprobado en votación económica.

4. Por el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte de México.- Intervinieron los senadores: Miguel Barbosa Huerta del PT; Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; y Manuel Cárdenas Fonseca. La Presidencia retiró el dictamen de la discusión e instruyó su devolución.

5. Por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América.- A propuesta de la Senadora Marcela Guerra Castillo, la Presidencia retiró el dictamen de la discusión e instruyó su devolución.

 

PRESIDE EL SENADOR
CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

(Proposiciones)

La Senadora Carmen Dorantes Martínez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de septiembre, fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización digital.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas o acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.- Se turnó a las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de la Familia y Desarrollo Humano.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, a nombre propio y del Senador Isidro Pedraza Chávez, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua a fin de que informe la situación actual de los Consejos de Cuenca.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios ante la libre importación y expendio de petrolíferos, así como también se exhorta a la ASEA a emitir una norma oficial mexicana en materia de especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente de las instalaciones marítimas de almacenamiento de petrolíferos.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que presenten un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas en el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como los avances y resultados que se han alcanzado para erradicar este fenómeno.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, como Presidenta de dicho órgano para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Fue aprobado en votación económica. Intervino la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

La Presidencia informó de la rectificación de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de este día, al nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, recibido el pasado 5 de septiembre, para quedar en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.- La lista de los asuntos se publicó en la Gaceta.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 253 Bis y 381 Quinquies al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un inciso F) al párrafo 2, y un párrafo 6 al artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3º, se adiciona un décimo cuarto párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 15, fracción IV, segundo párrafo, del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XXII y XXIII, recorriendo en su orden la subsecuente, del artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo de urgente resolución, que exhorta al Gobierno de Baja California para que, en el ámbito de sus atribuciones instrumente las acciones necesarias para detonar el desarrollo tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja California, en virtud de que es una obra de cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin funcionar.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar una estrategia integral tendiente a erradicar el alto índice de homicidios, así como para dignificar a los elementos encargados de la procuración de justicia en la capital.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informen sobre la aprobación a Petróleos Mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta prórroga a las otras 7.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar diversas acciones respecto del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz a considerar la supresión de sus ordenamientos jurídicos de la prisión vitalicia, a fin garantizar la reinserción social como propósito Constitucional de la pena privativa de libertad.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Marcela Guerra Castillo, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de alienación parental, preponderando el interés superior de la niñez.- Se turnó a las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de la Familia y Desarrollo Humano.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la eficiente operación del Registro Nacional de Cáncer.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que solicita la comparecencia del Secretario de Energía y los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y Pemex para explicar las medidas para evitar la escasez de combustibles y alza de precios tras el paso de huracán Harvey en la costa del Golfo de Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar la adhesión de México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, próxima a celebrar su 12ª Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los Humedales de Importancia Internacional, conocidos como sitios Ramsar.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la república para que, en el marco de sus atribuciones legales y Constitucionales, realice las investigaciones conducentes para deslindar posibles vínculos entre el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia ilícita.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de hombre ilustre para Antonio Gómez Rodríguez, para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, así como los homenajes póstumos que al efecto se determinen.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación operativa y tarifaria que garanticen una competencia de mercado justa y brinden seguridad en el servicio para los usuarios, en los puertos del estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a suspender el proyecto de exploración y explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los posibles daños medioambientales a causa de la prospección petrolera en el área protegida en 2016.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán; asimismo, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerar en su plan de trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción del citado tramo de carretera.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a atender lo acontecido en los municipios de Hidalgo y Mina, referente a la muerte de tres menores y un adolescente por causas desconocidas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne recursos al sector apícola del estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitar al ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la licitación pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia de dicho proceso, así como al congreso del estado de Veracruz realizar un análisis pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la capacidad real de pago del gobierno del estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Efemérides)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del Día Nacional de Manatí.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Nacional del Manatí.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente el martes de doce de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que informa que su grupo parlamentario le designó coordinador y remite una copia del Acta Circunstanciada de la elección y de la Constancia que acredita su nombramiento.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en la Gaceta y comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías Generales del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite su informe anual de actividades.








Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que se remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Y una, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite su quinto informe legislativo. Actividades y logros 2016-2017.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el que se envía el informe anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron treinta oficios de diversas dependencias con respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo al Pleno que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta.






CONTRALORÍA INTERNA

Tenemos la discusión del Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2016. Esta información está disponible para su consulta en el portal electrónico del Senado, en el vínculo correspondiente a la Contraloría Interna.



A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2016.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se aprueba.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el informe. En consecuencia, túrnese a la Auditoría Superior de la Federación el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre 2016. Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que se informa la elección e integración de la Mesa Directiva que funcionará durante el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



El Presidente Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También hemos recibido del Congreso del estado de Chihuahua, un PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en materia de reducción de plazos para cumplimiento de actos por sentencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 57 Y 58-14 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenos días, amigas y amigos Senadores. Con el permiso de la Presidencia.

Comparezco ante este Pleno para presentar y proponer iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, en su segundo párrafo; 57, fracción I, inciso b) y 58-14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a los siguientes considerandos.

A partir de su instauración en el año de 1937, mediante la entrada en vigor de la Ley de Justicia Fiscal, y hasta la emisión de la vigente Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la jurisdicción administrativa se ha venido constituyendo en la piedra angular del estado de derecho, pues más allá de los controles de la constitucionalidad de los actos de la autoridad mediante el Juicio de Amparo, la especialización de la que han gozado en el anterior Tribunal Fiscal de la Federación, y hoy día, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El reconocimiento de los derechos debatidos en el juicio que contiene toda sentencia, decide la controversia y constituye derechos a favor de las partes. Cuando la sentencia favorece a la autoridad demandada, su cumplimiento no tiene complicación alguna ni tardanza, en tanto, que el efecto es validar el acto para que continúe surtiendo todos sus efectos en los términos que fue emitido. Sin embargo, cuando la sentencia favorece al ciudadano y existe más que una declaración lisa y llana de nulidad, su cumplimiento se prolonga más que el juicio mismo y, en otras ocasiones, no se le da cumplimiento.

Es señalado por el jurista sinaloense, el doctor Gonzalo Armienta Calderón, ex Presidente del Tribunal de Justicia de la Federación, en su obra “Teoría General del Proceso”, y cito: “Sentencia que no se cumple es justicia que no se imparte”.

Es importante mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con facultades discrecionales de conformidad a lo establecido por la fracción II del artículo 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Con relación a la máxima constitucional establecida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que rige la labor de todo órgano jurisdiccional, para lograr una impartición de justicia completa, expedita e imparcial, es decir, que el Tribunal puede resolver sujetando a la autoridad demandada, al cumplimiento de una sentencia con un plazo menor al establecido en la ley, derivado de dichas facultades discrecionales, sin embargo, en contadas ocasiones lo hacen.

Para ejemplificar, en una demanda ordinaria de nulidad, en el que, por ejemplo, un pensionado reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la actualización de su pensión, el juicio tarda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa entre 8 y 10 meses, más la revisión o el amparo respectivo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, otros 8 meses, es decir, un rango de tiempo de año y medio, ello más los cuatro meses estipulados en la ley de la materia para que la autoridad dé cumplimiento.

Por tanto, aproximadamente pasan hasta 2 años para que personas adultas mayores, puedan obtener el cumplimiento de una sentencia favorable a su derecho humano de percibir una pensión digna, y que de ninguna manera debe de prolongarse demasiado.

El proceso contencioso administrativo ha evolucionado, a golpes de una doctrina atenta y crítica, pero todavía quedan sin resolverse satisfactoriamente aspectos esenciales, que de modo decisivo condicionan la eficacia y eficiencia del control jurisdiccional de la administración pública y la presencia de la justicia en las relaciones que mantienen con los ciudadanos.

El objetivo es simplificar y abreviar los procedimientos jurídicos-administrativos en beneficio de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia.

Es por ello, que partiendo de estas premisas y en relación a lo establecido en el artículo 17 constitucional, proponemos la disminución de los plazos para el cumplimiento de sentencias en materia administrativa, quedando de la siguiente forma.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se reforman los artículos 52 en su segundo párrafo; 57, fracción I, inciso b); y 58-14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue.

Artículo 52.

….

I. a V. …

Se anexa: “Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de diez días tratándose del juicio ordinario o cinco días tratándose del juicio sumario de conformidad previsto en los artículos 58-14 de la presente ley.

Artículo 57. …

Y agregamos si es la propuesta: En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de diez días para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

Y en el artículo 58-14. Si la sentencia ordinaria la ordena la reposición del procedimiento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla -y es la propuesta de reforma- en un plazo que no exceda de cinco días contados a partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad con el artículo 53 de esta ley.

Transitorios

Único.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Y como les comentaba, compañeras y compañeros Senadores, el objetivo de nuestra propuesta, reitero, es simplificar y abreviar los procedimientos jurídicos-administrativos en beneficio de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia.

Por su atención y esperando su voto aprobatorio en comisiones y en el momento que sea presentado ante el Pleno, les doy las gracias.

Muchas gracias, con permiso.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Se suma la Senadora Lorena Cuéllar a la iniciativa del Senador López Brito.






Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 172 Ter del Código Penal Federal, en materia de uso de drones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 172 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Integrantes de la Mesa. Compañeras y compañeros:

Hemos aprendido que la globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana, que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura.

En los últimos años esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular, debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria.

Hoy por hoy la delincuencia se ha influenciado por la globalización que ha provocado profundos cambios en la vida de los pueblos, de las sociedades y de los estados.

Como sabemos, las fronteras entre los países son más permeables y el tránsito de personas, bienes, servicios y recursos es cada vez más ágil.

Este proceso que facilita el comercio y la integración entre las personas, también implica cambios en la dinámica de la delincuencia y la violencia, pues las mismas tecnologías que permiten mejoras substanciales en la vida de las personas, también son utilizadas por aquellos que violan la ley, cometen delitos y desafían la justicia.

Los drones y diversos equipos no tripulados y controlados a distancia, pueden ser usados y se usarán en ocasiones como sistemas de vigilancia, cámaras que podrían seguir a cualquiera mientras pasea por la ciudad, usarse para entrar de forma fácil en terrenos privados o incluso usarse para atentar contra la vida y las propiedades.

Recordemos tan sólo el caso del dron que se coló en la Casa Blanca hace unos años, posibilidades que sí despiertan nuestro temor.

Por lo tanto, crece la importancia de prevenir.

Es esencial una acción articulada para hacer frente con mayor eficacia a los criminales en nuestro país, que a menudo tienen grandes habilidades de comunicación y de organización.

Estamos en una carrera contra el tiempo, y para evitar el aumento de la delincuencia, disminuir la consumación de delitos y colocarnos a la vanguardia con el uso de nuevas tecnologías.

Los equipos no tripulados controlados a distancia, son una herramienta que tiene futuro a largo plazo y que será de gran utilidad para las policías en materia de seguridad pública, para disminuir los índices de violencia en nuestro país, no obstante, sin una regulación jurídica nacional, serán aliados de la delincuencia y de conductas indebidas que vulneren el patrimonio y la privacidad de la ciudadanía.

Compañeros legisladores, esta iniciativa nos mantendrá a la vanguardia a nivel mundial y permitirá poner a México en un lugar innovador en cuanto a la prevención del delito, siendo una adición al Código Penal Federal que está acorde con las tecnologías.
Ya lo decía John F. Kennedy:

Si no somos nosotros, ¿quién?

Si no es ahora, ¿cuándo?

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 172 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vivimos en una época donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Hoy nuestra realidad transcurre, quizás, más allá de la modernidad, sin embargo, no podemos pasar desapercibido que también se actualizan los aparatos delincuenciales, trayendo consigo nuevas formas de delinquir y evadir a la autoridad. Si a ello se le introduce el ingrediente de la globali­za­ción, nuestras formas de atender y explicar la realidad se vuelven más complejas.

Por otro lado, de forma paralela, surgen cada día nuevas modalidades de delitos, debido a esto, debemos estar conscientes de que la tecnología siempre se adelanta a la normatividad tratándose de conductas ilícitas. En el caso de los equipos no tripulados y/o controlados a distancia no es la excepción, ya que hace falta incluir en la normatividad penal lo conducente a fin de prevenir y castigar en su caso, nuevas formas delictivas.

El derecho a la privacidad no se encuentra expresamente reconocido como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM o “la Constitución”). Sin embargo, el constituyente de Querétaro sí incluyó, en el artículo 16, ciertas protecciones aisladas sobre distintos aspectos relacionados con la privacidad, tales como el derecho que todos tenemos a no ser molestados en nuestras personas, familias, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de una orden escrita firmada por autoridad competente. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el Amparo en revisión 134/2008 abordó expresamente la pregunta sobre cuál es el fundamento constitucional del derecho a la privacidad y estableció que es el primer párrafo del referido artículo.

La SCJN estimó que éste establece la :

… garantía de seguridad jurídica de todo gobernado no ser molestado en la privacidad de su persona, de su intimidad familiar, o de sus papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito.

La SCJN señaló además que dicho precepto se trata de:

… un reconocimiento del derecho a la persona que tiene su idea originaria en el respeto a la vida privada, siendo una de las libertades tradicionales protegidas por la CPEUM la inviolabilidad del domicilio, que tiene como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida personal y familiar que, por regla general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de las demás, con la limitante que la propia Ley Fundamental establece para las autoridades.

Una referencia constitucional donde claramente se observa la protección a la privacidad es la que prescribe la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la cual se incorporó en nuestra constitución en 1996 en el mismo artículo 16. El párrafo doce de este precepto refiere precisamente a la sanción penal que deberá aplicarse a todo acto que atente contra la libertad y privacía de dichas comunicaciones.

Además, para poder ser intervenidas, se debe cumplir estrictamente con ciertos requisitos, como lo son, entre otros, el obtener una orden de parte de un juez federal, previa solicitud formulada por una autoridad federal facultada por ley, o bien, por el Ministerio Público de las entidades federativas, en las que funden y motiven las causas legales por las que estiman procedente dicha orden.

En 2009 se reformó el artículo 16 constitucional para proteger otro aspecto de nuestra privacidad a través del derecho a la protección de datos personales. Asimismo, se incorporaron también los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la divulgación de dichos datos. Si bien, como ya se señaló este derecho no agota el derecho a la privacidad, su incorporación en nuestra constitución hará de él, un instrumento eficaz para su mejor protección en el país.

Otra previsión constitucional relacionada con la protección de la privacidad fue la incorporada en 2007 a la fracción segunda del artículo 6º. De la Constitución, la cual obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a proteger, cuando concedan el ejercicio del derecho de acceso a la información púbica, lo referente a la vida privada y los datos personales de los ciudadanos, en los termino y con las excepciones que fijen las leyes.

En el caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, la Corte IDH ha reconocido que:

El artículo 11.2 de la (CADH) protege la vida privada y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas(…) que existe un ámbito personal que debe estar a salvo de intromisiones por parte de extraños y que el honor personal y familiar, así como el domicilio deben estar protegidos ante tales interferencias. (De igual forma), considera que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.

Años más tarde, reiteró este mismo criterio en el Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Así de ambos casos, se puede advertir que la Corte IDH ha reconocido precisamente el primero de los componentes del derecho a la privacidad referido anteriormente, esto es, el derecho a quedar exento de las invasiones de terceros o de la autoridad pública. No obstante, en 2011, en el Caso Fontevecchia y D´Amico vs Argentina, La corte IDH no solo refrendó nuevamente este criterio sino además lo amplio considerablemente, pues estimó que:

… el ámbito de la privacidad (…) comprende, entre otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público.

Esta ampliación conceptual resulta importantísima, pues la Corte IDH ha reconocido este elemento del derecho a la privacidad, esto es, el derecho a controlar la información de uno mismo.

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 12 lo siguiente:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Hoy por hoy, delincuencia se ha influenciado por la globalización, que ha provocado profundos cambios en la vida de los pueblos, de las sociedades y de los estados. Como sabemos, las fronteras entre los países son más permeables y el tránsito de personas, bienes, servicios y recursos es cada vez más ágil. Este proceso, que facilita el comercio y la integración entre las personas, también implica cambios en la dinámica de la delincuencia y la violencia, pues las mismas tecnologías que permiten mejoras sustanciales en la vida de las personas también son utilizadas por aquellos que violan la ley, cometen delitos y desafían la justicia.

Por lo tanto, crece la importancia de prevenir, es esencial una acción articulada para hacer frente, con mayor eficacia, a los criminales en nuestro país, que a menudo tienen grandes habilidades de comunicación y de organización.

Estamos en una carrera contra el tiempo, y, para evitar el aumento de la delincuencia, disminuir la consumación de delitos y colocarnos a la vanguardia con el uso de nuevas tecnologías, los equipos no tripulados controlado a distancia, son una herramienta que tiene futuro a largo plazo y que será de gran utilidad para las policías en materia de seguridad pública, para disminuir los índices de violencia en nuestro país. No obstante, sin una regulación jurídica nacional serán aliados de la delincuencia y de conductas indebidas que vulneren el patrimonio y la privacidad de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la presente proposición de iniciativa.

A saber:

CAPÍTULO 2 TER

DEL USO ILÍCITO DE EQUIPOS NO TRIPULADOS Y CONTROLADOS A DISTANCIA

Artículo 172 Ter

I. Al que, utilizando equipo no tripulado y controlado a distancia, de manera aérea, terrestre o acuática, ingrese a propiedad privada se le impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años y de ochenta a ciento cincuenta días multa.

II. Al que, utilizando equipo no tripulado y controlado a distancia, ingrese en propiedad privada, con el fin de obtener videograbaciones, fotografías y grabaciones de audio, se le impondrá una pena de dos años seis meses a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días multa.

III. Al que utilizando equipo no tripulado y controlado a distancia, ingrese a propiedad privada o sobrevuele lugares públicos con el fin de arrojar objetos explosivos, substancias químicas explosivas o corrosivas, se le impondrá una pena de prisión de cuatro años a ocho años y de cuatrocientos a ochocientos días multa.

IV. Al que utilizando equipo no tripulado y controlado a distancia, o sobrevuele lugares públicos con el fin transportar estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México como narcóticos, se le impondrá una pena de cinco años a ocho años seis meses y cuatrocientos a mil quinientos días multa.

V. A las personas físicas o morales quienes, utilizando equipos no tripulados y controlados a distancia, participen en delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas o cualquiera de los previstos en el capítulo II del Título Noveno del Código Penal Federal se le impondrá una pena de seis años a seis meses a doce años y de cuatrocientos a mil doscientos días multa.

VI. Al que, utilizando equipo no tripulado y controlado a distancia, sobrevuele lugares de reclusión local o federal se le impondrá una pena de dos a seis años y quinientos días multa.

TRANSITORIOS

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Verónica Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta, para presentar a nombre de Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma nuestra Constitución Política, en materia de autonomía de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Especializadas y para la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS Y PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES

(Presentada por el Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PT)

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente Cordero. Senadoras y Senadores:

Vamos a presentar el día de hoy una iniciativa de reformas al artículo 102 de la Constitución General de la República; y transitorios del Decreto mediante el cual se publicó la reforma política a nuestra Constitución de diciembre de 2013.

El décimo sexto transitorio de la reforma política establece el pase automático de Procurador a Fiscal General cuando se promulgue la Ley de la Fiscalía General de la República, este hecho que pasó desapercibido cuando se discutió la reforma política despertó, después de ello, un sinnúmero de posiciones de rechazo y, desde luego, el análisis de lo que debiera de ser.

Hoy de manera inédita, como parte de los acuerdos para instalar la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, PRI y PAN acordaron aprobar una iniciativa espejo, idéntica a la que el Presidente Peña presentó hace algunos meses aquí en la Cámara de Senadores.

He declarado, y lo ratifico, que el Senado debió atender tanto esa iniciativa del Presidente Peña, como otras iniciativas que presentamos legisladores del hoy grupo parlamentario del PT-Morena y del Partido Acción Nacional en la cual pedíamos la eliminación de ese Décimo Sexto Transitorio y también la reforma al artículo 102 de la Constitución.

Así es que “el Senado queda mal, ha sido utilizado como una forma de hacer un acomodo político y hoy en una sola sesión el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa, que por cierto, a la hora de presentarla es tan espejo tan espejo, que dijeron el Poder Ejecutivo pide, se olvidaron de quitarle hasta eso, eso es lo que están diciendo en relación a lo que hizo el Partido Revolucionario Institucional y sus Diputados”.

Lo que hoy presentamos es una iniciativa más completa, a la que ya habíamos presentado, sin mediante el cual se elimina el Décimo Sexto Transitorio para impedir el pase automático.

Pero si sólo se queda así, también lo hemos afirmado y lo ratifico, sería una trampa, porque dejaría intocado el derecho del Ejecutivo a hacer la propuesta de la terna, en su caso, o de la propuesta para que el Senado votara.

¿De dónde sale esa propuesta? De la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Se tiene que reformar el 102 para introducir un procedimiento abierto, transparente, en el que la sociedad participe y podamos alcanzar que la propuesta esté a cargo de un jurista, mujer u hombre, con autonomía e independencia del poder que seduce, del poder que corrompe.

Pero también hay que dejar perfectamente establecido que la Fiscalía General debe hacerse cargo de toda la acción penal relacionada con la persecución de delitos que no sean los de carácter electoral o de combate a la corrupción.

Las Fiscalías Especializadas que ya están previstas en el artículo 102 deben también ser autónomas e independientes de la propia Fiscalía General, tener patrimonio propio, tener autonomía de gestión, tener personalidad jurídica, para que así se pueda ver un ejercicio de la acción penal y una investigación y persecución de delitos en materia de combate a la corrupción y en materia electoral de manera totalmente autónoma y totalmente independiente.

Pero además, es un planteamiento no nuevo, es un planteamiento ya hecho por nosotros, ya hecho por el Partido Acción Nacional, la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que posibilite que de manera autónoma también a la Fiscalía General puedan llevarse a cabo todos los peritajes relacionados con la investigación de delitos.

Si sólo hoy se aprueba en Cámara de Diputados la eliminación del Décimo Sexto Transitorio sería una trampa, sería una trampa para permitir que el Ejecutivo siga proponiendo a quien quiera, no alguien autónomo ni independiente, y sería una cama, aparte de una trampa, para posibilitar un acuerdo entre fuerzas políticas y que la propuesta a Fiscal provenga de otro partido distinto al Partido Revolucionario Institucional.

Nada más hay que dejar que las actividades, las funciones públicas del Senado de la República sean utilizadas para el acomodo de intereses.

Un Fiscal General está visto hoy como un nombramiento transexenal, como un nombramiento que garantizaría por 9 años la impunidad de los hombres del poder que hoy lo detentan.

Así es que con el propósito de alcanzar una investigación y persecución de delitos a cargo de una Fiscalía y sus Fiscalías Especializadas con autonomía e independencia, es por lo que presentamos la presente iniciativa.

Gracias, Presidente Cordero.

Gracias, Mesa Directiva.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: A usted, Senador Barbosa Huerta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Compañeros Senadores, informo a ustedes que se encuentra en este salón de sesiones, la Maestra Mercedes Aguilar Montes de Oca, quien este día fue reconocida por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, por su trayectoria de 50 años de actividad profesional.

Reciba la bienvenida a esta sesión de la Cámara de Senadores, y la felicito por tan merecido reconocimiento, señora Mercedes Aguilar.

Tiene la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal, en materia de restricciones para indulto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, señor Presidente.

Aprovecho para felicitar a la nueva Mesa Directiva, a esta Presidencia. Muchísimas felicidades.

Compañeras y compañeros Senadores:

Desde el año de 1974 nuestra Constitución concede al Presidente de la República la facultad de conceder indultos a los sentenciados por delitos federales. Y en este sentido el Código Penal Federal tiene un apartado en su Título Cuarto, Capítulo IV, que se titula “Reconocimiento de inocencia e indulto”.

El reconocimiento de inocencia se da cuando aparece que el sentenciado es inocente. Entonces se lleva a cabo un procedimiento establecido en el Código Penal Federal, que se llama “Reconocimiento de su Inocencia”.

Y en lo que respecta al indulto, en el artículo 97 del Código Penal Federal, a la letra dice: “Que cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro o desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por algún delito intencional, se le podrá conceder el indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones en los fundamentos en los casos que ya conocemos”.

El objetivo de esta iniciativa, que hoy presento, es de manera específica, porque desde los tiempos de la Conquista y hasta la fecha, han predominado en México actos de corrupción relacionados con delitos de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública, menos del 1 por ciento de los delitos denunciados ante un órgano de control, culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.

La corrupción es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que padece nuestro país, aunado a la inseguridad pública, a la violencia, al narcotráfico y obviamente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El enriquecimiento ilícito y las operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de funcionarios y ex funcionarios es un delito que ofende de manera particular a la ciudadanía, encontramos que en un país como el nuestro, donde 55.3 millones de pobres tenemos hechos de corrupción realizados por funcionarios o servidores públicos, lacera tremendamente a nuestra ciudadanía.

Por tal motivo, debe eliminarse la posibilidad del indulto en caso de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque son delitos que ofenden a la sociedad de manera directa.

No obstante que no hay antecedente conocido en el país de algún indulto otorgado tras una sentencia de este tipo de delitos, es una realidad que nuestro sistema jurídico lo permite y por lo tanto, permanece vigente la posibilidad de que en un futuro algún futuro Presidente de la República, en uso de estas facultades discrecionales, pudiera conceder indulto a una persona sentenciada por delitos de enriquecimiento ilícito u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si bien es cierto tienen expresas sus razones y fundamentos, también lo es que es una gracia que podría conceder el Presidente en forma discrecional porque legítimamente la ley lo permite, pues no hay una ley o un reglamento que determine los alcances del indulto.

Por esa razón, compañeras y compañeros, yo les invito a que apoyen a nuestro grupo parlamentario del PRD y a una servidora en esta iniciativa que hoy presentamos respecto al indulto discrecional.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos senadores IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, pertenecientes a la LXIII Legislatura en este Senado, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA PROHIBIR EL INDULTO POR DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OPERACIÓN CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gracia del Indulto, es una figura tan antigua como el propio delito, tanto en los regímenes monárquicos como republicanos.1 Existe referencia al perdón, desde el Código de Hammurabi.

En México, se integra esta gracia presidencial a nuestra constitución el 08 de octubre de 1974, en la fracción XIV del artículo 89, mismo que permaneció intocado hasta el 29 de enero de 2016, eliminando el derecho al indulto a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal, para ahora quedar como sigue:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

(…)

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales;”

Es decir, actualmente, nuestra Constitución concede al Presidente de la República, la facultad de conceder indultos a los sentenciados por delitos federales, y en este sentido, el Código Penal Federal tiene un apartado en su Título IV, Capítulo IV, que se intitula: “reconocimiento de inocencia e indulto”.

Por cuanto ve al Reconocimiento de Inocencia, el artículo 96 señala que: “Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su inocencia, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de este Código.”

Y en lo que respecta al indulto, el artículo 97, a la letra dice:

Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I.- Por los delitos de carácter político a que alude el artículo 144 de este Código;

II.- Por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social, y

III.- Por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación, y previa solicitud.

Ahora bien, el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales lista las causas de extinción de la acción penal, señalando en la fracción III, el reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia; y en la fracción V el Indulto.

Posteriormente, de los artículos 486 al 490, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el procedimiento para declaración de inocencia o anulación de la sentencia por parte de los tribunales.

Entonces, de lo anterior podemos advertir que estamos ante dos figuras distintas: 1) la declaración de inocencia o anulación de la sentencia por parte de los tribunales, para lo cual hay un procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando aparezcan pruebas de las que se desprenda en forma plena, que el sentenciado no es culpable; y, 2) el indulto por parte del Presidente de la República, para el cual no existe en materia federal un procedimiento específico, solamente se señala que es en uso de sus facultades discreciones, por delito de carácter político o bien; cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación y sea previamente solicitado; ambas figuras proceden hasta después de dictada la sentencia.

Bajo este orden de ideas, nos enfocaremos únicamente en lo referente al indulto, que como ya referimos, no se trata de un procedimiento, pues no existe una ley federal, reglamento o lineamientos que dirijan el actuar del Presidente de la República, únicamente lo hace en uso de facultades discrecionales y expresando sus razones y fundamentos, teniendo como únicos límites los siguientes: que no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional.

De manera que, cualquier situación de delito que se sustraiga de las excepciones señaladas con antelación, podría ser sujeta a consideración del Ejecutivo para los efectos del Indulto, y esto incluye delitos relacionados con enriquecimiento ilícito u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Enriquecimiento ilícito en México

Existen antecedentes desde la Colonia Española de un juicio que se Instauró por enriquecimiento ilícito en contra de Hernán Cortés, por las constantes denuncias sobre sus riquezas consistentes en oro y animales, donde tuvo que demostrar que todo ello, no era producto del uso indebido de su poder público.2

En el México independiente el antecedente de la figura en estudio aparece en el entonces llamado “enriquecimiento inexplicable” regulado en la ley de responsabilidad de los funcionarios y empleados de la federación, del Distrito y territorios federales y de los altos funcionarios de los estados, emitida en 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas para sancionar administrativamente a aquellos funcionarios cuyo patrimonio se incrementaba de manera desproporcionada en relación con sus ingresos por salario que le pagaba el Estado.3

Desde entonces y hasta la fecha, el delito de enriquecimiento ilícito está regulado en nuestro país. Porque desde los tiempos de la conquista y hasta la fecha, han predominado en México los actos de corrupción relacionados con delitos de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública, menos del uno por ciento de los delitos denunciados ante el órgano de control, culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.

De los años 2002 a 2016, tan sólo el 0.67% por ciento de los expedientes en contra de funcionarios llegaron a un proceso penal o administrativo. En 14 años se han presentado 296 denuncias por parte de los Órganos Internos de Control (OIC) de 114 instituciones federales, de las que en sólo dos casos han terminado en condenas.

Según señala la Secretaría de la Función Pública, en 2015 se realizaron 173 investigaciones internas en el gobierno federal por el supuesto enriquecimiento ilícito de servidores públicos.

La corrupción es sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que padece nuestro país, aunado a la inseguridad pública, la violencia, el narcotráfico y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como un ejemplo, tenemos las investigaciones de los exgobernadores, cuyos delitos están relacionados con narcotráfico, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y en general, actos de corrupción relacionados con su cargo: de Michoacán, Fausto Vallejo dejó el cargo tras señalamientos de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado, Jesús Reyna, quien está preso por nexos con el narco; de Nuevo León, Rodrigo Medina, ya procesado; Andrés Granier de Tabasco; de Chihuahua, Javier y Cesar Duarte, Roberto Borge, el exmandatario de Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, Fidel Herrera de Veracruz; entre muchos otros, cuyas investigaciones están en curso.

El enriquecimiento ilícito y las operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de funcionarios y exfuncionarios es un delito que ofende a la sociedad de manera particular, al encontrarnos en un país con 55.3 millones de pobres y hecho por un servidor público, cuya función en todo momento debería ser, el favorecer a la sociedad y a los ciudadanos, pues cuando se daña al erario, se convierte en un acto de traición ciudadana.

Por tal motivo, debe eliminarse la posibilidad del indulto en los casos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque son delitos que ofenden a la sociedad de manera directa.

No obstante que no hay antecedente conocido en el país de algún indulto otorgado tras una sentencia por este tipo de delitos, es una realidad que nuestro sistema jurídico lo permite, y por tanto, permanece vigente la posibilidad de que en el futuro un Presidente de la República en uso de sus facultades discrecionales, conceda un indulto a una persona sentenciada por delitos de enriquecimiento ilícito u operaciones con recursos de procedencia ilícita; y si bien es cierto, tiene que expresar sus razones y fundamentos, también lo es, que es una gracia que podría conceder el Presidente en forma discrecional porque legítimamente la ley lo permite, pues no hay una ley o reglamento que determine los alcances del indulto.

En consecuencia, se propone reformar el artículo 97 del Código Penal Federal, para agregar entre los impedimentos para considerar el indulto por parte del Ejecutivo, los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO COMPARATIVO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL

TITULO CUARTO

CAPITULO IV

Reconocimiento de inocencia e indulto

TITULO CUARTO

CAPITULO IV

Reconocimiento de inocencia e indulto

Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

 

I. (…)

II. (…)

III. (…).

Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I. (…)

II. (…)

III. (…).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA PROHIBIR EL INDULTO POR DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OPERACIÓN CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

En los siguientes términos:

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 97 del Código Penal Federal, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I. (…)

II. (…)

III. (…).

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Mendoza Mendoza. Le agradecemos la felicitación. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

1 CADALSO MANZADO, F., 1921, La libertad condicional el indulto y la amnistía, Madrid: 195.

2 Díaz Aranda, Enrique, Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado en 18 de agosto de 2017, disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1724/13.pdf

3 Idem






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de seguridad en la tenencia y aprovechamiento de la tierra.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

(Presentada por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, señor Presidente. Queridas compañeras y compañeros. Presidentas, Vicepresidentas, Secretarias y Secretarios de la Mesa Directiva. Apreciables Senadoras y Senadores:

Vengo con ustedes a conversar sobre algún proyecto e inquietudes que traemos los campesinos mexicanos con las reformas diversas a varios artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Como ustedes y yo sabemos, la propiedad social en México, representamos el 52 por ciento de la superficie del territorio nacional, es decir, 105 millones de hectáreas pertenecen a los núcleos agrarios, los cuales están conformados por ejidos y comunidades.

Actualmente en México, se tiene un registro de 32 mil 83 núcleos agrarios, donde radican más de 32 millones de personas que pertenecemos al sector rural.

Tanto la población urbana como la rural, están sufriendo un cambio radical dentro de una estructura, pues en el año 1950 y hasta el 2010, la población urbana se incrementó del 42.6 por ciento, es decir, el 77 por ciento toda la migración hacia la ciudad.

Esto advierte que seguimos sufriendo grandemente una migración y un abandono en el campo para trasladarlos a la ciudad.

Nuestra población rural se está encontrando un poco lejana y las ciudades se están haciendo difíciles de alcanzar y se tiene que hacer mano de terrenos o cambio del uso de suelo o de vocación de la tierra ejidal y comunal para convertirla en zonas urbanas.

Durante la administración de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, se ha puesto en marcha una nueva Política Nacional Urbana y de Vivienda que se ha estado implementando a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la convicción de elevar la calidad de vida y consolidar las ciudades más competitivas, productivas y sustentables.

Se ha promulgado la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que fue aprobada por nosotros y por la Cámara de Diputados el 16 de octubre y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2006.

Esta nueva ley, contempla la creación de un conjunto entre tres órdenes de gobierno, de una estrategia que permita aprovechar al máximo el espacio disponible de las zonas conurbadas, garantizando que la ciudadanía que carezca de bienes y servicios, pueda tener lo más básico que da, la vivienda.

El derecho a la ciudad. Garantiza a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo esa premisa, es indispensable señalar que a pesar de contar con un ordenamiento autorizado, como es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aún estamos lejos de garantizar un clima de convivencia armónica entre la población urbana y rural.

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 27 la obligatoriedad del Estado para respetar y proteger las tierras y aguas de uso común respetando la vida comunitaria de los ejidos y de las comunidades.

Reconocer en esta última como la forma de asociación, permitir y aprovechar los recursos productivos provenientes de las tierras y que pertenezcan y que dichos recursos sirvan para elevar la calidad de vida de los integrantes de los núcleos agrarios.

En este tenor, el artículo 27 constitucional señala que será la Asamblea General de Ejidatarios, el órgano supremo que tomará las decisiones y el control de los núcleos agrarios.

Además, como complemento, al artículo 9o. de la Ley Agraria, señala: El objetivo de esta iniciativa es armonizar la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el marco normativo que protege a todos los sujetos agrarios en cuanto a la protección de sus derechos como titulares de la propiedad social.

¿Qué pretendemos con esta nueva propuesta, con estas nuevas adiciones a estos articulados? Que vaya muy de la mano con lo que establece el artículo 27 constitucional y vaya muy de la mano con lo que establece la Ley Agraria.

Hemos realizado la ley y en los órganos de mando tanto nacional, estatal y municipal no están considerados los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia, tampoco la voluntad suprema de la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros

Con las reformas al artículo 92, la propiedad social, hoy las y los campesinos mexicanos que somos sujetos agrarios de ejidos y comunidades o ejidatarios o comuneros, somos dueños de la tierra, de su fruto y los bienes distintos a la tierra.

Al certificarse nuestros núcleos agrarios en tierras aparceladas para fines de cultivos o zonas conurbadas y el desarrollo territorial urbano, ha sido la Asamblea, General de Ejidatarios, la que otorga la autorización y los dueños de los títulos o certificados de derechos agrarios que tenemos individualmente, cuando se trata de ejidos y comunidades que están conurbadas a las grandes ciudades como está ocurriendo, también aquí mismo, en la Ciudad de México.

Por eso, en su articulado, artículo 1 de esta ley, hemos agregado en su quinto número, en su fracción V, que quede también: “ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y avecindados”.

Y agregamos un numeral, una fracción más, que es la XXV: “Verificar que, en los casos de afectación por Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a tierras sujetas a régimen ejidal o comunal, se cuente con el Acta de la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros”.

Proponemos en el artículo 15, que se omite a la Procuraduría Agraria por ser la rectora, y es la primera que implementa todo el levantamiento del procedimiento que se sigue legal, agrario jurídicamente hablando, para que se incorpore y quede dentro del artículo 15 la Procuraduría Agraria formando parte del Consejo Nacional, y en las entidades los delegados o representantes de la Procuraduría.

En su artículo 20, proponemos como comisariados ejidales y bienes comunales, porque habla en este: “garantizar que los consejos estatales estén representados conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos miembros, con perspectiva de género, que estarán formados por el gobierno con el sector social y gubernamental de órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector, expertos, entre otros, para participar en la formulación de planes y programas; pero no están contemplados los ejidos y las comunidades, mucho menos la Asamblea General de Ejidatarios.

Y si ellos son los dueños de la tierra, de la cual se va a tener que hacer uso para el cambio de destino en la zona urbana, pues no entendí entonces por qué se quedó afuera esta figura tan importante que debe de haber.

Proponemos también que en ese mismo articulado, en su fracción IV: “la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán los derechos ejidales y comunales cuyas tierras sean incorporadas al desarrollo urbano y la vivienda”; es decir, que sean ellos también consultados.

Y tratándose de la autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y de formulación de proyectos, planes y programas de desarrollo urbano a modificarse difundiéndola ampliamente, tratándose de tierras de la propiedad ejidal o comunal deberá notificarse a las asambleas generales de ejidatarios o comuneros.

¿Por qué propongo esto? Porque muchos presidentes municipales hacen su plan municipal de desarrollo urbano, no le notifican a los ejidos, no forman parte de los ejidos de este consejo, ellos arman su plan, integran la superficie de tierra, a veces hasta cultivable, la incorporan y la hacen como que fuera zona urbana en su plan municipal de desarrollo sin tomar en cuenta a los ejidos.

Y atropelladamente muchas veces el cabildo autoriza, se va a la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el estado u obras públicas y al propio Congreso del Estado, como integrando un expediente que aparentemente están todas las partes, hay la aceptación y la anuencia, y resulta que no fueron tomados en cuenta los dueños de la tierra, y esto hace que los campesinos al verse desprotegidos tendrán que acudir a los Tribunales Unitarios Agrarios a promover sus amparos.

Y, bueno, pues en lugar de ayudar a resolver los problemas los agravaríamos más.

Por eso vengo ante ustedes para que estas propuestas que hacemos, y adecuaciones a esta Ley General de Asentamientos Humanos, queden muy de la mano conjuntamente con nuestro articulado del artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, que es la Ley Agraria.

Muchas gracias.

Les aprecio mucho que me hayan escuchado.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS

La propiedad social en México, representa el 52% de la superficie nacional, es decir, 105 millones de hectáreas pertenecen a los núcleos agrarios, los cuales están conformados por ejidos y comunidades.

Actualmente en México, se tiene un registro de 32 mil 83 núcleos agrarios, donde radican más de 32 millones de personas que pertenecen al sector rural.

Tanto la población urbana como la rural, están sufriendo un cambio radical dentro de su estructura, pues desde el año 1950 y hasta el año 2010, la población urbana se incrementó de 42.6% al 77.8%, mientras que la población rural para el mismo periodo disminuyo del 57.4% al 22.2%.

Esto advierte que seguimos sufriendo un abandono del campo, pues nuestra población rural no está encontrando los medios suficientes para subsistir en este entorno, viéndose obligados a migrar hacia las principales ciudades y sus zonas conurbadas.

Como consecuencia de esto mismo, los centros urbanos están presentando escasez e ineficiencia en la prestación de servicios públicos, reduciendo la calidad de vida de quienes habitan en las ciudades.

Durante la Administración de nuestro Presidente el Lic. Enrique Peña Nieto, se ha puesto en marcha una nueva Política Nacional Urbana y de Vivienda que se ha estado implementando a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la convicción de elevar la calidad de vida y consolidar ciudades más competitivas, productivas y sustentables.

Ante esta situación de migración interna, las autoridades en materia de asentamientos humanos han establecido nuevos ordenamientos que garanticen que quienes radican en áreas metropolitanas tengan acceso a bienes y servicios básicos de infraestructura que permita llevar un desarrollo pleno de sus actividades cotidianas.

Prueba de ello es la promulgación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que fue aprobada el 16 de octubre y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2016.

Esta nueva Ley, contempla la creación en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, de una estrategia que permita aprovechar al máximo el espacio disponible de las zonas conurbadas, garantizando que la ciudadanía no carezca de bienes y servicios públicos básicos.

Otra característica de esta nueva Ley, es la incorporación del Derecho a la Ciudad, que en su artículo 4º, fracción primera señala lo siguiente:

“Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia”

De esta forma, al elevar este principio a un grado constitucional además de protegerlo ante los tratados internacionales como la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, nuestra nación se está comprometiendo a que a través de sus medios, instrumentos y organizaciones promoverá programas, planes o modelos de desarrollo urbano que permitan el desarrollo pleno de las actividades de quienes habitan los centros urbanos.

En este sentido, los esfuerzos por parte del Gobierno en la materia, están enfocados en evitar que se intensifique la expansión descontrolada de la mancha urbana en las principales metrópolis de México.

Asimismo, dentro de la Política Nacional Urbana y de Vivienda, se debe diseñar una estrategia eficiente que favorezca a la población rural, pues el abandono de sus tierras implica un serio problema económico y social.

Esto es, por el lado social y como se ha señalado anteriormente, conlleva un crecimiento descontrolado de los centros urbanos que implica riesgos de espacio, inseguridad y desabastecimiento de servicios; y por el lado económico, implica que nuestros campos están siendo desatendidos y deja de aprovecharse el sector primario.

Esto último, conlleva un problema mayor, pues al no haber personal ocupado de las tierras agrícolas, provoca un desabasto de alimentos básicos, que más allá de ser productos que pueden colocarse en el mercado externo, nos obliga en algunos casos a importar dichos productos, generando que la tengamos un déficit en nuestra balanza comercial.

Un claro ejemplo de esto es la importación de Maíz, Semilla de Soya, Trigo, Leche y sus derivados, y Semillas de Nabo, solo por mencionar algunos, pero que en su conjunto representan el 60% de las importaciones agropecuarias.

Esto nos debe alertar en que debemos voltear hacia nuestros campos y tratar de ofrecer a nuestros productores agropecuarios, tierras, facilidades y esquemas de trabajo que favorezcan su bienestar y por consecuente favorezca la calidad de vida de toda la población mexicana.

Bajo esta premisa es indispensable señalar que, a pesar de contar con un ordenamiento actualizado como lo es la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano, aún estamos lejos de garantizar un clima de convivencia armónica entre la población urbana y rural.

Como he venido señalando, existen vicisitudes entre ambos asentamientos, pues este ordenamiento, trata de controlar la expansión de la mancha urbana, dejando de lado los intereses e integridad de los miembros de los ejidos y comunidades.

Esto es, en diferentes disposiciones de la nueva Ley de Asentamientos Humanos, no considera la participación de la asamblea general en los trabajos del desarrollo nacional, estatal o municipal. Pues, aunque dentro de su artículo 20 contempla dentro de los Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento Territorial a los representantes del sector social y gubernamental. En otras disposiciones señala que los organismos ejidales y comunales deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley.

No obstante, nuestra Carta Magna en su artículo 27, establece la obligatoriedad del Estado para respetar y proteger las tierras y aguas de uso común respetando la vida comunitaria de los ejidos y comunidades.

Reconociendo a estas últimas como las formas de asociación que permitan aprovechar los recursos productivos provenientes de las tierras que les pertenezcan y que dichos recursos sirvan para elevar la calidad de vida de los integrantes de los núcleos agrarios.

En este mismo tenor, el artículo 27 constitucional señala que será la asamblea general el órgano supremo de toma de decisiones y control de los núcleos agrarios.

Además, como complemento, el artículo 9º de la Ley Agraria, señala explícitamente lo siguiente:

“Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.”

A su vez, el artículo 56 de la Ley Agraria establece que la asamblea será el órgano que podrá definir el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, reconocidas o regularizadas y podrá destinarlas para asentamiento humano.

Como se puede observar, existen contradicciones que atentan contra el desarrollo de los sujetos agrarios, pues, aunque la nueva disposición contempla un nuevo marco que obliga a las administraciones en sus tres niveles de gobierno a desarrollar planes estratégicos para el aprovechamiento de las tierras. No se garantiza la protección de quienes son los legítimos dueños de la tierra.

Por lo tanto, resulta necesario que la nueva Ley de Asentamientos Humanos, se ajuste al marco normativo actual en materia de protección de derechos agrarios.

Como se ha mencionado, más del 50% del territorio nacional está bajo el régimen de propiedad social, con un marco normativo específico que garantiza que quienes viven del campo puedan acceder a recursos especialmente diseñados que sirvan para impulsar el desarrollo socio económico de la población agraria.

Sin embargo, pese a que los sujetos agrarios se encuentran debidamente protegidos bajo una estructura jurídica robusta, aun se han presentado casos de abuso por el sector privado.

CONSIDERACIONES

El objetivo de esta iniciativa es armonizar la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el marco normativo que protege a todos los sujetos agrarios en cuanto a la protección de sus derechos como titulares de la propiedad social.

Por lo tanto, se propone que dentro de esta nueva ley aprobada el pasado 28 de noviembre de 2016, en primera instancia se respete, lo estipulado en el artículo 27 de nuestra carta magna y en la Ley Agraria, que señala que la Asamblea General de ejidatarios y comuneros, es el órgano supremo del núcleo agrario, siendo el comisariado ejidal el órgano de representación responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

En ese sentido, la atribución que nuestra Constitución confiere tanto a la Asamblea como al comisariado ejidal no puede ser limitado por una ley secundaria que atenta contra el patrimonio de quienes son titulares de los derechos agrarios.

Al incorporar en diversos artículos de esta la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las atribuciones, derechos y obligaciones que tienen todos los sujetos agrarios, garantizaremos la protección de su patrimonio y el desarrollo de ellos y sus familiares.

Asimismo, estaremos reforzando una Ley que era necesario actualizar, pues nuestros centros de población están sufriendo desabasto en servicios, ocasionando serios problemas que afectan el desarrollo pleno de sus habitantes.

Desde el aseguramiento de incorporar a los representantes de los núcleos agrarios dentro de los consejos estatales y locales, hasta armonizar los procedimientos para el establecimiento de nuevas tierras para asentamientos humanos, estamos ofreciendo a los sujetos agrarios la certeza jurídica necesaria que proteja sus derechos sobre la tenencia y aprovechamiento de la tierra.

Para una mayor apreciación de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Ley vigente

Propuesta de modificación

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I a IV

(…)

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I a IV

(…)

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I a XXIV

(…)

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I a XXIV

(…)

XXV. Verificar que, en los casos de afectación por Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a tierras sujetas a régimen ejidal o comunal, se cuente con el Acta de la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros.

XXVI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 15. El titular de la Secretaría determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo principios de pluralidad y equidad de género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado.
(…)

Artículo 15. El titular de la Secretaría determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo principios de pluralidad y equidad de género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado.
(…)

El titular de la Procuraduría Agraria, formará parte del Consejo Nacional.

Artículo 20. Para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

 

(…)

Artículo 20. Para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector, expertos, comisariados ejidales y de bienes comunales, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

(…)

A las reuniones de los consejos estatales, concurrirá un delegado de la Procuraduría Agraria, con voz y voto.

Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo; establecerá el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.

La estrategia nacional de ordenamiento territorial deberá:

 

(…)

Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo; establecerá el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.

La estrategia nacional de ordenamiento territorial deberá:

I al IV

(…)

La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán los derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la vivienda.

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente;

 

 

II a IV

(…)

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente, tratándose de tierras de propiedad ejidal o comunal, deberá notificar a la asamblea general de ejidatarios y comuneros que corresponda por escrito;

II a IV

(…)

 

Artículo 62.

(…)

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales correspondientes, de acuerdo a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

 

 

(…)

Artículo 62.

(…)

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales, asimismo deberá acreditar la consulta a la asamblea ejidal o de comuneros correspondiente, de acuerdo al mandato del artículo 9º de la Ley Agraria y a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

(…)

Artículo 63. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

Artículo 63. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, previa consulta, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley, a la fracción VII del artículo 23 de la Ley Agraria, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:

I

(…)

II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, sujetándose a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:

I

(…)

II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, debe ser con base en la consulta a la asamblea ejidal y de comuneros, que será en estricto apego a lo que señalan los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley Agraria.

Artículo 80. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I a IV

(…)

 

Artículo 80. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I a IV

(…)

Para el caso de terrenos ejidales o comunales, además deberá acreditarse mediante el acta respectiva, la anuencia a quienes se ostenten como titulares de esos derechos agrarios.

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman, la fracción V del artículo 1; la fracción XXV y se recorre el subsecuente del artículo 11; se adiciona un párrafo tercero al artículo 15; se adiciona un párrafo tercero al artículo 20; se adiciona un párrafo tercero al artículo 24; se reforma la fracción I del artículo 30; se reforma el párrafo segundo del artículo 62; se reforma el artículo 63; se reforma la fracción II del artículo 79; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 80; todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I a IV

(…)

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I a XXIV

(…)

XXV. Verificar que, en los casos de afectación por Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a tierras sujetas a régimen ejidal o comunal, se cuente con el Acta de la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros.

XXVI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 15. El titular de la Secretaría determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo principios de pluralidad y equidad de género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado.

(…)

El titular de la Procuraduría Agraria, formará parte del Consejo Nacional.

Artículo 20. Para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector, expertos, comisariados ejidales y de bienes comunales, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

(…)

A las reuniones de los consejos estatales, concurrirá un delegado de la Procuraduría Agraria, con voz y voto.
Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo; establecerá el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.

La estrategia nacional de ordenamiento territorial deberá:

I al IV

(…)

La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán los derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la vivienda.

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente, tratándose de tierras de propiedad ejidal o comunal, deberá notificar a la asamblea general de ejidatarios y comuneros que corresponda por escrito;

II a IV

(…)

Artículo 62.

(…)

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales, asimismo deberá acreditar la consulta a la asamblea ejidal o de comuneros correspondiente, de acuerdo al mandato del artículo 9º de la Ley Agraria, de acuerdo a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

(…)

Artículo 63. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, previa consulta, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley, a la fracción VII del artículo 23 de la Ley Agraria, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:

I

(…)

II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, debe ser con base en la consulta a la asamblea ejidal y de comuneros, que será en estricto apego a lo que señalan los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley Agraria.

Artículo 80. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I a IV

(…)

Para el caso de terrenos ejidales o comunales, además deberá acreditarse mediante el acta respectiva, la anuencia a quienes se ostenten como titulares de esos derechos agrarios.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Hilaria Domínguez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Plantel Silao, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

Es motivo de agrado para el Senado de la República contar con su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, en materia de cálculo del salario mínimo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 90 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Nuestra Constitución fue pionera en la instauración de un Estado social de derecho y de derechos, pues delineó las bases de un proyecto para combatir las desigualdades sociales reivindicando las luchas de campesinos, la propiedad social y los derechos de los trabajadores tales como el salario digno y la seguridad social.

Sin embargo, la dinámica de la economía de mercado desmanteló las bases de nuestro estado social, limitándolo a desempeñar un papel regulador de controversias. Esta situación anula la posibilidad de una política salarial incluyente y sacrifica el ingreso de nuestros trabajadores para el logro de objetivos macroeconómicos.

Esto ha consolidado un modelo de concentración descomunal del ingreso y la riqueza que sepulta lo poco que queda de los derechos laborales a espacios mal pagados, en la informalidad, la precariedad o la incertidumbre, ocasionando el empobrecimiento de millones de personas.

Nuestro país ocupa el tercer lugar con el salario mínimo más bajo, incluso en Costa Rica y Panamá se paga cuatro veces más que lo que se paga en México. El informe “Tendencias de los salarios en el mundo y las regiones” de la Organización Internacional del Trabajo señala que mientras en América del Norte el salario medio real creció 0.8 por ciento anual en 2014 y 2 por ciento anual en 2015, en América Latina y El Caribe decreció menos 0.2 por ciento y menos 1.3 por ciento anual, respectivamente.

En este contexto, desde hace aproximadamente tres años se ha dado un consenso para iniciar la recuperación del salario mínimo. En 2014 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos creó una comisión especial para ese propósito, situación que en 2015 llevó a la homologación de las zonas geográficas, en 2016 se desindexó el salario mínimo de otras variables y posteriormente se integró un valor para la nueva Unidad de Medida y Actualización.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza alrededor de 7 millones de trabajadores ganan un salario mínimo, es decir 80 pesos con 4 centavos al día, y el costo de la línea de bienestar estimado por el Coneval al mes de julio del presente año es de 61.75 pesos diarios en zonas rurales y de 95.22 pesos en zonas urbanas.

Por definición la línea de bienestar es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, por persona, en consecuencia si consideramos  que la Encuesta Intercensal del Inegi 2015 estima que cada hogar en promedio se constituye por 4 integrantes, necesitaríamos para el sustento de cada hogar 7 mil 410 pesos en zonas rurales y 11 mil 426 pesos en zonas urbanas, estas cifras a todas luces están muy lejos de los 2 mil 401 pesos mensuales que actualmente asciende el salario mínimo.

Incluso si tomamos el nivel más alto de los salarios para profesionales fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de 227 pesos con 41 centavos, apenas alcanzamos al mes los 6 mil 822 pesos, cifra que apenas cubre la línea de bienestar de dos personas.

Nuestra Constitución en su artículo 123 establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y, sobre todo, para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

En consecuencia el monto fijado por la Conasami además de insuficiente, a todas luces es irracional frente a una referencia insoslayable como lo es el monto mínimo fijado por el Coneval, esto incluso ha sido calificado de violatorio por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien enumeró 16 tratados internacionales que viola el gobierno mexicano con esta acción; además del agravio y violación a nuestra Constitución.

Al respecto también es importante señalar la coyuntura que a traviesa nuestro país frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues hace más complicado el panorama social salarial de nuestra nación. Esto, porque mientras en México el salario mínimo por hora asciende a 10 pesos la hora, en Estados Unidos es de 7.25 dólares y en Canadá a 10 dólares canadienses la hora. Situación que ha merecido severas críticas a nuestro país, al grado de que líderes sindicales canadienses han señalado que nuestro país “tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para generar empleos”.

El Banco de México ha marcado una contundente postura en contra de elevar el salario a nivel de la canasta básica necesaria para la sobrevivencia de una persona, como lo señala Coneval, pues argumenta el efecto “faro” que se tendría sobre otras negociaciones salariales provocando efectos inflacionarios.

Sin embargo, no existe evidencia de que este efecto se diera con el incremento dado en el 2017, y en contraste sí se dio una pérdida del poder adquisitivo, pues las alzas nominales al salario no pudieron contener a la inflación.

Es inadmisible que el Banco de México señale como tolerable el repunte de la inflación como producto del alza registrada en el precio de los energéticos bajo el argumento de que será un efecto temporal, mientras pide consideraciones para evitar la tendencia al alza de los costos laborales de la mano de obra pues esto generaría inflación.

El salario mínimo en México ha llegado a niveles tan irrisorios, que en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio se ha mencionado que puede acusarse al país de dumping laboral en Estados Unidos, incluso los promotores de la inversión extranjera directa destacan como ventaja los bajos costos laborales prevalecientes en el país.

De continuar esta política estamos frente a una bomba de tiempo que la autoridad encargada no visualiza, y tampoco ayuda a disminuir la inflación que es causada por otros factores.

Es urgente recuperar el nivel y poder adquisitivo del salario mínimo, pues es uno de los pasos más importantes para avanzar hacia una mejor distribución del ingreso y la riqueza en México.

Contar con salarios remuneradores, con prestaciones laborales, es la vía más rápida para abatir la pobreza desde sus causas, además de la inseguridad.

De acuerdo con el CEPAL, los factores económicos y políticos son determinantes en el bajo nivel de cumplimiento, de los derechos laborales en América Latina, y por ello bajo el argumento de atraer inversiones, aumentar la competitividad o insertarse en la economía mundial, se mantienen bajos los niveles salariales a pesar de que existe evidencia que muestra lo contrario.

Ese necesario reorientar la función al organismo que en teoría protege los intereses de los trabajadores a través del salario como es la Conasami.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Mucha gracias, Senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Compañeros Senadores, les informo que en atención a las diversas proposiciones inscritas en esta sesión relacionadas con las afectaciones por los fenómenos naturales recientemente ocurridos, la Mesa Directiva, perdón, Senador Neyra, sonido en su escaño.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, solamente si me permite a los Senadores del sector obrero sumarnos a tan importante iniciativa.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con todo gusto, Senador Neyra, tomamos nota de todas las señoras Senadoras y señores Senadores que se suman a la iniciativa de la Senadora Cuéllar.






Mencionaba que en atención a proposiciones inscritas en esta sesión relacionadas con las afectaciones por los fenómenos naturales recientemente ocurridos, la Mesa Directiva acordó emitir un pronunciamiento en el que se recogen los planteamientos de nuestros compañeros Senadores de todas las fuerzas políticas.

El pronunciamiento es el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO



Como seguimiento a este pronunciamiento, les pediría nos pusiéramos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Comuníquese el pronunciamiento.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.

1.- De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y la República Islámica de Pakistán.

CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 11 DE MARZO DE 2015

(Dictamen de primera lectura)








2.- De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre México y el gobierno del Reino de Arabia Saudita, en materia de combate a la delincuencia transnacional.

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA EN MATERIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL, HECHO EN LA CIUDAD DE RIAD, ARABIA SAUDITA, EL 17 DE ENERO DE 2016

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, que contienen los siguientes proyectos de Decreto:

3.- Que reforma el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO

(Dictamen de primera lectura)








4.- Y por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 112 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a revisar los montos asignados al fondo fronterizo, a fin de que permita atender adecuadamente a las personas migrantes deportadas y a la población migrante en tránsito. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, invitados por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, desde su escaño, para presentar los cuatro dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Unos breves comentarios, nada más para enriquecer estos puntos de Acuerdo presentados por compañeros de diversas fracciones.

El primero que acaba de leer fue presentado por tres compañeras del PAN, unas de ellas forman parte de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Y nada más insistir en que, efectivamente, es delicado el tema de la frontera porque es donde llega el mayor número de repatriados. Hasta el momento hay 50 mil 236, y estos estados están cargando, fundamentalmente, pues, con el mayor peso de los gastos.

Más que un informe, una comparecencia. Ahí queda especificado, es una reunión de trabajo la que queremos que se diseñen, se nos informe qué acciones se han tomado y qué otras se pueden tomar, sobre todo, para apoyar a estos estados fronterizos.

Quiero resaltar que con el señor Ardelio Vargas ha estado siempre en disposición de asistir cuantas veces se le solicite.

Hay que hacer nada más esta reunión de trabajo de una manera conjunta.

Por lo que se refiere al siguiente, que va a tocar la compañera Ana Gabriela Guevara, pues cuando se dio la política de “Pies secos, pies mojados” que impulsó Obama y que fue eliminada, de pronto se quedaron varados cerca de 22 mil cubanos.

Nuestros hermanos cubanos hasta ahora no sabemos cuántos siguen en el territorio, cuántos más están llegando por la parte de Chiapas.

¿Qué pasó con la solicitud que hicieron ellos para poder transitar dentro del territorio?

En fin, que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores nos informen cómo están viviendo actualmente estos migrantes cubanos varados en México.

El otro punto de Acuerdo es pedir que se constituya una agenda integral. México forma parte de la Conferencia Regional sobre Migración y creemos que, con el objeto de fomentar la cooperación regional en materia migratoria, hay que aunar esfuerzos para proteger los derechos humanos.

Entonces queremos que se construya esta agenda y este punto propuesto por Adriana Dávila, Sylvia Leticia Martínez y Sandra Luz García, que son también de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Y, por último, tenemos el del Senador Miguel Romo Medina que tenemos total coincidencia y que hemos estado insistiendo en el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en niños centroamericanos no acompañados, que resultan ser los más vulnerables.

Nosotros creemos, y ahí está un punto de Acuerdo pendiente, en que debe de armonizarse la ley que ya fue aprobada, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolscentes, con la ley de atención a niñas y niños migrantes.

Él lo que pide es que tengan esta atención especial y que de ninguna manera vayan a dar a la cárcel como actualmente sucede; cárceles que se llaman elegantemente: “estaciones migratorias”.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Layda Sansores.

Entraremos a la discusión del primero de estos cuatro dictámenes.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, desde su escaño, para referirse al dictamen que exhorta a revisar los montos asignados al fondo fronterizo.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Desde mi lugar, si me lo permite.

Bueno, primero felicitar a la comisión que preside mi compañera Layda Sansores por el trámite tan rápido que le da a estos importantes dictámenes, por supuesto, y solicito al Pleno aquí presente votarlos a favor, pero haré una mención especial, sobre todo en el dictamen que se refiere a los montos asignados al fondo fronterizo.

Esto es muy importante toda vez que está por ingresar el Paquete Fiscal y sería muy importante que la Cámara de Diputados pudiera enriquecer este fondo a fin de que pudiéramos, como nación, dar más atención por la coyuntura por la que estamos viviendo, porque las decisiones en materia de política migratoria que ha tomado Donald Trump, traen consigo grandes implicaciones para nuestro país y con ello un gran reto para el gobierno mexicano.

Y tan sólo la semana pasada el Presidente Trump, no debemos pasar por alto, que suprimió el programa DACA y dejando sin protección a más de 600 mil jóvenes mexicanos, conocidos como “dreamers” también, en este caso y hago referencia precisamente a los dos estados a los que la promovente señala en este dictamen, los centros, los OPIs, donde más se reciben personas o repatriados es de Tamaulipas y también de Sonora, que son más de diez mil, tan sólo en lo que va en este mes y esto no es un asunto menor.

Hay que decir, con mucha claridad, que México ha establecido la estrategia “Somos Mexicanos”, que es un programa muy bueno que tiene fondos públicos, que atiende en ventanilla, en un modelo interinstitucional para que se logre una, vamos a decir de los repatriados, una integración social económica, por supuesto que sí, pero no es suficiente, entonces hay que inyectar más fondos a este programa para que migración pueda atender adecuadamente a nuestros connacionales en retorno para que lo hagan con dignidad y con seguridad.

Es cuanto.

Y nuestro voto será, por supuesto, a favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Marcela        Guerra.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, para referirse a estos dictámenes.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Nuestro país no debe de ser partícipe de ninguna política antimigratoria, por el contrario, ahora más que nunca debemos emprender acciones que respalden a los migrantes mexicanos y a los de cualquier nacionalidad que sufran vejaciones y la violación de sus derechos humanos.

México debe ser ejemplo de defensa y protección de derechos de los migrantes dentro y fuera del territorio nacional, ser migrante no debe ser un delito de facto, mucho menos los migrantes menores de edad, al menos en nuestro país no debería ser así.

Es por lo anterior, que votaré a favor de estos cuatro dictámenes que hoy nos proponen la Comisión de Asuntos Migratorios, estos exhortos son pendientes para que el Poder Ejecutivo cumpla con su responsabilidad de atender y mantener los programas de apoyo a migrantes en la frontera norte de nuestro país y se cuenten con los recursos necesarios para enfrentar el retorno de compatriotas a estados, para que las entidades federativas se sumen a los esfuerzos de identificación, ayuda y protección de niños y adolescentes centroamericanos no acompañados en su tránsito por el territorio nacional.

Los menores de edad deben ser el sector más protegido, tanto por las leyes como por los gobiernos y las sociedades ante la catástrofe económica y la violencia que viven los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador.

México debe ser solidario y, por sobre todas las cosas, debe cumplir y hacer cumplir que se respeten los derechos fundamentales de los menores, no deben ser tratados como delincuentes.

Sin embargo, compañeras y compañeros, está pendiente un gran giro en la política migratoria de nuestro país, esta nueva realidad migratoria nos tiene desbordados, ya nos dimos cuenta tristemente que el actual Presidente de los Estados Unidos está cumpliendo sus amenazas contra México, un ataque directo a los derechos tanto de los mexicanos como de muchos otros migrantes latinoamericanos.

México debe encabezar una lucha a nivel internacional y dentro de los mismos Estados Unidos por la defensa de los derechos de nuestros compatriotas, hoy más que nunca es evidente que Donald Trump representa también una amenaza contra el pueblo de los Estados Unidos y el repudio hacia sus políticas gubernamentales también crece en ese país.

¿Qué debemos y podemos hacer? Es hora de proponer un giro tanto en las leyes como en las políticas públicas que tienen que ver con la migración.

En primer lugar, debemos fortalecer la protección de nuestros compatriotas y revisar a profundidad las posibles estrategias para su retorno, también debemos garantizar la protección de derechos a los migrantes centroamericanos, y esto significa reconocer que en México se violan sistemáticamente sus derechos. El tránsito de migrantes centroamericanos por nuestro país ya está considerado como una crisis humanitaria que desgraciadamente se relaciona con otros factores de violencia como el secuestro, la desaparición forzada y la extorsión a gran escala, esto debido a la vulnerabilidad de la misma situación migrante de nuestros hermanos centroamericanos y de la cual también en parte somos responsables.

Hasta el momento han sido insuficientes los esfuerzos del gobierno federal y de los mismos gobiernos de los estados por los que transitan los migrantes centroamericanos, es hora de cambiar el enfoque sobre la migración, recordemos que en 2015 en la Agenda Nacional de Riesgos se consideró a la migración regular como la quinta amenaza a la seguridad nacional, por eso se les persigue, amenaza y maltrata, cuando se debería considerar dicha migración desde un enfoque de crisis humanitaria y de urgente protección de sus derechos.

En pocas palabras, México debe elevar su rango de política de estado la cuestión migratoria y asumir un enfoque humanista y de solidaridad con nuestros hermanos centroamericanos de defensa irrestricta a sus derechos y no criminalizarlos, sólo así tendremos la autoridad ética necesaria para defender a nuestros propios migrantes.

Por lo anterior, mi voto será a favor de estos dictámenes.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Morón Orozco.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

No habiendo oradores registrados, pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo que exhorta a sumar esfuerzos con las labores de identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Izaguirre Francos.

La Senadora María del Carmen Izaguirre Francos: Posicionamiento en favor del dictamen con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las entidades federativas a sumarse a los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, ayuda y protección de niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México.

Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes a nivel mundial. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas del año 2017, es el segundo país de origen de migrantes con el 5.1 por ciento del total mundial, sólo por debajo de la India.

Diariamente cientos de migrantes ponen en riesgo su integridad física y mental, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de 400 mil personas cruzan cada año la frontera sur de forma irregular, ya sea con el objetivo de llegar a los Estados Unidos o para residir en nuestro país indefinidamente.

Entre los grupos más afectados, se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados, que por su condición son víctimas del crimen organizado que los utiliza para ser explotados, muchas veces sexualmente y otras tantas laboral.

De acuerdo con el informe sobre la "Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en Contexto de Migración Internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección internacional", en los últimos tres años se ha incrementado de forma completamente preocupante la cifra de estos grupos de migrantes, principalmente provenientes de Centroamérica, por lo que es urgente implementar acciones que fortalezcan los esfuerzos para garantizar que sus derechos humanos sean respetados.

Las cifras son contundentes. Más del 90 por ciento de los extranjeros que son repatriados por las autoridades mexicanas provienen de esa región de Centroamérica, mientras que los eventos de aseguramiento de menores extranjeros en nuestro país, tuvieron este incremento, vean, en el año 2010 fueron 4 mil, en el año 2015 estamos hablando de 38 mil.

La migración de menores en México se ha convertido en un tema crucial. El incremento del flujo de este grupo poblacional tiene verdaderamente que llevar una preocupación muy seria y muy bien hecha.

Siendo México un país que ha promovido siempre a los migrantes su protección, como agentes, y hemos dicho que son agentes del cambio, es importante que contribuyamos para que ellos puedan tener lo que verdaderamente cualquier ser humano se merece.

El cuidado y la procuración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes se encuentra previsto en diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que es obligación, querramos o no querramos, que el Estado mexicano en su conjunto cumpla estas disposiciones.

Compañeras y compañeros, México es un referente a nivel global en materia de respeto a los derechos humanos y a la defensa de los migrantes y de los refugiados, lo cual nos obliga a garantizar sus derechos humanos y su integridad física, particularmente, de esas niñas y de esos niños y de esos adolescentes.

Por esta razón, los Senadores del grupo parlamentario del PRI, estamos a favor del presente dictamen, esperando con ello contribuir en la construcción de un panorama más esperanzador y que sea un poco más positivo para los migrantes, sobre todo esos menores no acompañados.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Izaguirre Francos.

Se inserta intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a integrantes de la Organización de Mujeres Jóvenes del Estado de México, invitadas por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

El Senado de la República les agradece su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidas!

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de Acuerdo que exhorta a informar los avances en la construcción de una agenda para llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes que se verán afectadas por la nueva relación de esta región con Estados Unidos de América. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias. Está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra al Senador Humberto Mayans Canabal, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por el lamentable fallecimiento de más de 90 personas como consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre pasado.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 7 de septiembre México experimentó uno de los sismos de mayor intensidad en los últimos 100 años, provocando la muerte de más de 96 personas, decenas de heridos y diversos daños materiales que afectaron principalmente las entidades de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Ha sido el movimiento telúrico más intenso desde 1932, incluso, superando al terremoto de 1985.

En el estado de Chiapas, donde se originó el sismo, se han registrado daños a más de 40 mil casas habitación y al menos un millón 500 mil personas damnificadas hasta el día de hoy.

En Tabasco resultaron afectados 163 inmuebles, en donde destacan, sobre todo, 60 escuelas y varias carreteras que presentan daños considerables.

El estado que presenta mayores afectaciones es Oaxaca, en donde hay, al día de hoy, 800 mil damnificados en 41 municipios. En el municipio de Juchitán se colapsó, incluso, el palacio municipal y el mercado de la ciudad.

Por su parte, en Matías Romero, se reportaron 300 casas dañadas, y se estima que un millón 856 mil personas se han quedado sin luz, y se ha logrado, al día de hoy, reestablecerse el 94 por ciento del servicio de suministro eléctrico, y 324 escuelas públicas con daños en su infraestructura, están afectadas, siendo ya 42 que presentan daños totales.

Ante este grave desastre natural, es importante reconocer la pronta acción del gobierno federal y de las entidades federativas.

Los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente y se realizaron acciones expeditas para atender a la población.

En los últimos años, México ha avanzado en materia de prevención de sismos y en la cultura de simulacros, en esta ocasión no fue la excepción, hubo una reacción rápida por parte de la población y de los cuerpos de protección civil.

El gobierno de la República ha realizado un seguimiento constante desde el primer momento en que se suscitó el fenómeno tan natural, incluyendo la visita que ha hecho tanto a Chiapas como a Oaxaca de parte del Presidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno de la República ha destacado la importancia de llevar a cabo tres etapas para hacer frente a los daños provocados por este sismo:

El primero, la atención urgente de las necesidades básicas de la población como alimentación, salubridad y resguardo.

En segundo lugar, el levantamiento de un censo de afectaciones materiales, que ya se inició, y el inicio de las labores de reconstrucción a cargo de las fuerzas armadas y la policía federal.

Por su posición geográfica, México está altamente expuesto a fenómenos naturales geológicos e hidrometeorológicos como sismos, huracanes y erupciones volcánicas.

El país se ubica dentro del “Cinturón de Fuego del Pacífico”, que es la zona sísmica más activa del mundo. Por ello es considerado con alta actividad al experimentar más de 90 sismos al año, con una magnitud de 4 o más en escala de Richter.

Por lo anterior, resulta indispensable continuar con el trabajo de cultura de la prevención de desastres, así como la difusión de información en materia de simulacros en el país, con el objeto de estar mejor preparados ante tales eventos naturales.

Quiero señalar que los Senadores del grupo parlamentario del PRI, Jorge Toledo, de Oaxaca y el Senador Roberto Albores, de Chiapas, se encuentran en sus estados atendiendo la emergencia.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias a los familiares y amigos de los mexicanos que perdieron la vida a causa del sismo registrado el pasado 7 de septiembre en nuestro país.

Asimismo, deseamos la pronta recuperación a todas las personas que resultaron heridas en esta tragedia y refrendamos nuestra solidaridad con los damnificados.

Asimismo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a reasignar recursos excedentes para atender las necesidades urgentes de los estados de Oaxaca y Chiapas, derivadas del sismo del pasado 7 de septiembre.

Es cuanto, señor Presidente.

Pero le solicito respetuosamente se le dé un trámite de urgente resolución a la presente proposición con punto de Acuerdo.

Agradeciendo su atención, señor Presidente, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Humberto Mayans.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por así haber sido solicitado, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se considera de urgente resolución.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Están anotados para participar en el debate: la Senadora Mariana Gómez del Campo, la Senadora Angélica Araujo, el Senador Zoé Robledo y el Senador Benjamín Robles, y quien así lo manifieste, favor de registrarse en la Mesa Directiva.

Concedemos el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Celebro que podamos estar tratando, además del pronunciamiento que ya se hizo desde la Mesa Directiva, lo ocurrido, sobre todo, en tres estados de la República, como lo es el caso de Oaxaca, Veracruz y también Chiapas.

Yo solamente, y claro que secundo el punto de Acuerdo aquí presentado por el Senador Mayans, me parece muy importante, compañeras y compañeros, y de hecho registré un punto de Acuerdo que también tiene que ver con el tema, que es un exhorto respetuosamente a los titulares, sobre todo, de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, para que una vez que han sido emitidas las respectivas declaratorias de emergencia, destinen los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera oportuna, responsable, eficaz y transparente, para que verdaderamente se puedan atender las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre.

En un principio yo pretendía que, y ustedes saben que lamentablemente en algunas   otras ocasiones se ha cuestionado qué tan bien se ejecuta el Fondo Nacional de Desastres. Creo que desde el Senado de la República tenemos que hacer lo necesario para que este Fondo Nacional de Desastres sí llegue a las personas que más lo necesitan, sí llegue a las comunidades que inclusive algunas de ellas ni siquiera están censadas.

Sé que se está haciendo ese trabajo, pero me parece fundamental que desde aquí acompañemos o veamos la manera de acompañar para que se dé, para que se ejecute de manera adecuada este Fondo Nacional de Desastres.

Yo quiero solamente decir que estaremos muy atentos, porque revisando las reglas de operación, juega un papel fundamental la Secretaría de la Función Pública. Tenemos que acompañar a que, insisto, este Fondo Nacional de Desastres sí esté bien vigilado el recurso para que le llegue a las personas que más lo necesitan.

Y yo pondría, además, a consideración de este Senado, la posibilidad de poder contar con una comisión que acompañe, que vigile, que supervise, sobre todo en aquellas comunidades que lamentablemente al día de hoy no ha llegado la ayuda, ni siquiera les han tendido una mano.

Entonces, y por eso celebro que se esté tocando este punto, insisto, sé que hay varios puntos de Acuerdo registrados con el mismo objetivo, pero no quería dejar de mencionar el punto de Acuerdo que está enlistado en el Orden del Día y que probablemente, cuando se apruebe en comisiones, ya sea demasiado tarde.

Y yo le pediría, no sé si sea el espacio, al Senador Mayans, o desde la Mesa Directiva, no sé qué sea lo conveniente, que podamos, y comparto rápidamente, y con esto cierro, señor Presidente, los tres resolutivos del punto de Acuerdo que registré junto con algunos compañeros de Acción Nacional.

El primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para que una vez que han sido emitidas las respectivas declaratorias de emergencia, destinen los recursos del Fondo de Desastres Naturales de forma oportuna, responsable, eficaz, transparente, para atender las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre.

Que el Senado también exhorte respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, realice la inspección, fiscalización y vigilancia de los recursos del Fonden, que se destinen a las entidades de Oaxaca y Chiapas.

Y, tercero, el exhorto también a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, dé un seguimiento puntual a las probables denuncias y quejas que pudiesen surgir ante cualquier manejo irregular de los recursos del Fonden destinados a las entidades de Oaxaca y Chiapas.

Lo único que estamos buscando desde Acción Nacional, es que el recurso llegue a las manos de las personas, de las familias que sí necesitan el auxilio de manera urgente.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora, no se me vaya de la tribuna.

Senadora, nada más una pregunta.

¿Lo que usted manifestó ahorita es consistente con el punto de Acuerdo que entregó en la Mesa Directiva?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Sí. Exactamente, es mi punto de Acuerdo. Y yo lo que quiero es ver si hay forma, si el Senador Mayans así lo ve adecuado, que pudiesen dictaminarse de manera conjunta o aumentar los resolutivos, como crea él conveniente, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

Yo le pediría si puede ponerse de acuerdo con el Senador Mayans. Lo mismo le pediría al Senador Benjamín Robles y al Senador Luis Armando Melgar.

Si pudiéramos votar de urgente un dictamen que contenga las intenciones de nuestros colegas, yo creo que sería muy razonable.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica Araujo Lara, del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señor Presidente.

Y de antemano y, por supuesto, venimos a hablar a favor del punto de Acuerdo que presentó el Senador Mayans.

Como Presidenta de la Comisión de Protección Civil, en la cual hemos estado trabajando con los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios, y estando muy en contacto con cada una de las instituciones, con el Consejo Nacional de Protección Civil, que lo conforman todas las instituciones del Ejecutivo del Estado mexicano, para conocer de cerca cada una de las acciones que se vienen realizando, no solamente por el tema que aquí se ha establecido, que fue el sismo de la semana pasada, sino por todas las afectaciones que se han realizado con motivo de los fenómenos naturales que están atendiéndose en diferentes estados de nuestro país.

Desde Baja California Sur, que hace ya unos días tuvo también una afectación; desde Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, también, por supuesto, dando seguimiento en Veracruz y en Tabasco con todas las afectaciones.

Por eso hoy quiero resaltar que una vez más todos y cada uno de los mexicanos están demostrando su fortaleza y solidaridad ante las adversidades y emergencias que nos convoca estas contingencias naturales.

A pesar de lo difícil y de las fuertes catástrofes que estos fenómenos nos presentan hoy día en nuestro país, es importante decirlo, está unido, está en solidaridad y está, por supuesto, de pie, muy unido para trabajar todos juntos.

Las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRI, lo reitero, lamentamos el deceso, y aquí se ha hecho ya inclusive un pronunciamiento por la Mesa y un minuto de silencio para manifestar nuestras condolencias a cada una de las más de noventa familias, tristemente, de cada uno de los mexicanos que perdieron la vida a causa de este fenómeno.

Asimismo, refrendamos nuestro compromiso y apoyo a los damnificados para una pronta recuperación de quienes hoy tienen hospitalización o alguna lesión.

Hoy más que nunca demandamos unidad, y por eso me gustan mucho las palabras señaladas por la Senadora que me antecedió, la Senadora Mariana, porque lo importante aquí es sumar y cuidar que los recursos que se están ejerciendo, por supuesto, sean para brindar un bienestar y atender realmente a las familias más necesitadas.

La reconstrucción llevará tiempo, lo vimos, éste es un fenómeno que atendió y afectó a miles y miles de viviendas. Todos sabemos que una vivienda no puede ser restituida y construida en uno o dos días.

Hoy se lleva un avance en la dotación de servicios, como son los servicios de salud, energía eléctrica y de agua; pero la reconstrucción y reponer miles y miles de viviendas, sabemos que nos va a llevar un trabajo muy arduo, y sabemos que nos va a llevar tiempo; pero hoy ya se inició con ese censo, casa por casa, predio por predio para determinar el grado de afectación y cuáles serán determinados como pérdida total, para iniciar con cada una de las instituciones en materia de vivienda que tiene este país para atenderlas a la brevedad posible.

Hoy se ha hecho un llamado a las constructoras, a los constructores, a los sectores que intervienen en este importante sector, que es de la industria de la construcción, para que nos ayuden y nos apoyen, y hemos escuchado su respuesta positiva, porque sin duda el reto que se tiene para reconstruir estas miles de viviendas será enorme en los próximos días.

Reconocemos hoy más que nunca y darle certeza a nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Baja California Sur, todos quienes están pasando por alguna situación difícil, reconocemos que se han realizado muchos trabajos de todos los sectores y de todas las secretarías del Ejecutivo Federal.

Hoy, de hecho, aquí se señalaba del tema del Fonden. Hoy, de hecho, la titular del Fonden se encuentra en el estado de Chiapas, precisamente haciendo una valoración y haciendo con su presencia mucho más ágil el desarrollo y el desempeño de los recursos de este Fondo Nacional de Desastres.

Se han puesto a disposición recursos humanos, y se han puesto, por supuesto, ya en función, la mayoría de los servicios básicos, como es la red eléctrica, agua potable y, sobre todo, los servicios de salud.

Reiteramos, más que nunca, el reconocimiento a la sociedad mexicana por el apoyo y solidaridad que siempre han mostrado, las donaciones en centros de acopio para los damnificados, y el voluntariado en tareas de desastre y reconstrucción son muestras de la solidaridad y unidad del pueblo mexicano.

Así es que, compañeras y compañeros legisladores, aunque no es posible predecir con exactitud los fenómenos naturales, México es reconocido como un líder en la prevención de este tipo de desastres por contar con una cultura muy amplia en materia de prevención, principalmente.

Si bien los avances en materia de protección civil son alentadores, debemos continuar trabajando para consolidar esta cultura, para lograr que cada vez menos tengamos que lamentar situaciones y decesos como los que estamos enfrentando.

Reconocer que cada vez más tenemos que trabajar en el ordenamiento territorial y en evitar construcciones en zonas de alto riesgo.

Pero hoy más que nunca, lo más importante es el mensaje que mandamos como Senado: Solidaridad y unidad nacional, que son los principales activos que los mexicanos tenemos para hacer frente a estas situaciones, las cuales, siempre hemos salido adelante, con ánimos renovados y listos para mejorar condiciones de vida para las familias mexicanas.

Quiero concluir con el exhorto que estoy segura que todos compartimos. Que nadie, que nadie, ninguna autoridad del Estado mexicano lucre con los recursos que hoy más que nunca necesitan todos nuestros hermanos en los estados que están resultando afectados; que nadie, ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno lucre con esta necesidad; que los recursos se ejerzan de manera transparente y lleguen a donde realmente así se necesiten.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Araujo Lara.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, como aquí se ha dicho, a partir del 29 de agosto del presente año, todos lo sabemos, no ha dejado de llover en el sur-sureste mexicano, la causa, pues es de todas y de todos conocida, fenómenos meteorológicos que han impactado gravemente a nuestra población, incluso aquí en la propia Ciudad de México se hizo presente con afectaciones, como lo recordamos, en días pasados, en la zona sur de la capital.

Y, sin embargo, quiero aquí hacer una pausa para hablar con mucha firmeza. Sin embargo, compañeras y compañeros, ha sido Oaxaca la entidad que más ha resentido el poder devastador de estas tormentas, y no obstante ello, además, un alarmante y destructor sismo de 8.2 grados, considerado, se ha dicho ya en múltiples ocasiones, el más poderoso en los últimos cien años, en México, y que ha afectado de manera particular, pero no sólo el Istmo de Tehuantepec, porque ahí está la parte de la Sierra Mixe, de la Sierra Norte, de los propios valles centrales, que hoy acusa a días de ese evento, acusa que ha sido también devastados, se han derrumbado casas de muchos de nuestros paisanos.

Por eso les quiero informar que después de recorrer importantes zonas devastadas de Oaxaca en este fin de semana pasado, puedo decirles que para enfrentar las consecuencias del sismo y de las tormentas, se requiere, y pido que así quede incorporado, como un punto adicional o lo planteado aquí por el Senador Mayans, la creación de un fondo especial para la reconstrucción de Oaxaca por las afectaciones generadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Esto, independientemente de lo que se gestione a través del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, el cual, sin duda, deberá contar con presupuesto correspondiente para atender las necesidades urgentes de reconstrucción, de vivienda, de reparación de escuelas, de reparación de tramos carreteros, de reconstrucción del patrimonio histórico de muchas poblaciones de Oaxaca, y por supuesto, algo que no podemos dejar de lado, apoyar la reactivación económica de esa importante región de Oaxaca y del país.

Asimismo, desde mi punto de vista, sumado a lo que aquí han expresado mis compañeras y compañeros Senadores, creo que deben implementar medidas urgentes con el fin de reactivar también la zona de la costa del Istmo y de la Sierra Mixe de Oaxaca, poniendo especial énfasis en la zona económica especial del Istmo de Tehuantepec, que hemos estado difundiendo, promoviendo en últimas fechas, y que hoy, evidentemente, también requiere de un impulso para que no se puedan venir abajo muchos proyectos. Vale la pena ir a datos dolorosos, pero importantes.

Mire, señor Presidente, compañeras y compañeros:

Ya lo saben ustedes, pero hay que repetirlo, el total de las personas fallecidas la semana pasada en Oaxaca, al momento de elaborar este punto de Acuerdo que propongo se sume en sus consideraciones finales, en sus propuestas, al presentado por el Senador Mayans, sumaba ya 97 decesos; 91 por el sismo, pero 6 por las lluvias producidas por el huracán “Katia”; y en lo que va de la presente temporada de lluvias han fallecido al menos 17 personas en Oaxaca.

Y respecto de las afectaciones producidas por las lluvias provocadas por los huracanes, entre el jueves 7 y el sábado 9 de septiembre, hay que decirlo, perecieron también 6 personas producto del desgajamiento de cerros en los municipios de Santiago Choápam, de Huautla de Jiménez; así como por el arrastre del río de San Jerónimo Taviche.

Y en la zona metropolitana de Oaxaca, debo informarles, y en los municipios conurbados a esta ciudad capital oaxaqueña, también se presentan afectaciones, ubicándose las más serias en este momento en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde se padece de la inundación de cinco fraccionamientos, de diez colonias, registrándose afectaciones en casi mil viviendas, 2 mil 500 personas afectadas, y hasta 400 personas hoy en día están pernoctando en 5 albergues habilitados, pero, desafortunadamente la comida y el agua del consumo siguen escaseando para solventar esta problemática.

Respecto del sismo del 7 de septiembre, hay que decir que si bien existe ya una presencia de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, ésta emitió ya una declaratoria de emergencia extraordinaria de 41 municipios.

Pero es probable que en el Istmo de Tehuantepec el mayor de los problemas a los que tenemos que enfrentarnos también es el de la comunicación, pues las cifras preliminares, hoy en día, compañeras y compañeros Senadores, nos ubican más de 700 mil damnificados, y debido a esto, a los daños ocasionados, nada más éstos 700 mil en los municipios de Juchitán, de Unión Hidalgo, de Ixtaltepec y Matías Romero, entre otros.

Por lo tanto, es urgente que el gobierno federal multiplique la ayuda y vele también por la reactivación económica de la región a la brevedad posible, para no estar enfrentando una crisis humanitaria de enormes dimensiones, y por eso lo señalamos, respetuosamente, y sin ánimo de buscar sacar raja política, del dolor que vivimos hoy en Oaxaca.

Según estimaciones que hoy se tienen, déjenme darles las cifras, 45 mil viviendas afectadas, de las cuales, 9 mil, compañeras Senadoras y Senadores, 9 mil fueron completamente destruidas, y esto ya de entrada nos habla de la dimensión de la tragedia.

También en materia de afectaciones, hay 324 escuelas dañadas, 24 tramos carreteros, e insisto, no se puede dejar de lado la información que estamos recibiendo ya de los pueblos de la Sierra Mixe de Oaxaca, donde también, hoy en día, lastimosamente enfrentan el olvido oficial, similar al que enfrentan muchos pueblos del Istmo.

Por eso creo muy importante, y planteo que se sume este punto de Acuerdo, la creación de un fondo especial de reconstrucción para el estado de Oaxaca por las afectaciones generadas, que según cálculos que yo he hecho con mi equipo, debiese ascender a más de 6 mil millones de pesos, porque, insisto, tenemos una enorme cantidad de viviendas destruidas, viviendas con daños parciales, viviendas con daños parciales leves, escuelas afectadas, escuelas con pérdida total, tramos carreteros, puentes, patrimonio histórico y la reactivación económica, que es necesaria.

Compañeras y compañeros:

Lo he dicho, y con esto concluyo, señor Presidente, si bien agradecemos a los medios de comunicación la información que han dado, ésta queda chica ante el desastre económico que hoy vivimos en Oaxaca.

Y pido, de cada una de mis compañeras y compañeros Senadores, su solidaridad. Cualquier apoyo que ustedes se sirvan dar al pueblo de Oaxaca, será bienvenido.

Estos son los puntos que me permito que se suman a lo ya planteado por el Senador Mayans, que habla de lo sucedido en Chiapas, en Tabasco, por supuesto, en Oaxaca. Es lamentable y hoy tenemos que sacar la casta en este contexto.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles.
Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

En 1941, en el barrio de La Lomita, ahí en Tuxtla Gutiérrez, en lo que después se llamó durante muchos años: el “Parque Morelos”, hay un monumento, un monumento que los chiapanecos le decimos: el “Monumento a la Bandera”, pero no lo es, es el Monumento de la Federación de Chiapas a México”.

En él aparecen dos mujeres: una vestida de chiapaneca con el emblema de mi estado, de un lado, dándole la mano a una mexicana con el Escudo Nacional, también a cuestas.

Se están dando la mano en la señal de la decisión soberana chiapaneca de 1824, de formar parte de esta nación, de formar parte de una nación que apenas nacía y que llenaba de esperanza a quienes habíamos sido, durante muchos años, parte de la capitanía de Guatemala, y que decidíamos, soberanamente, por la vía de un plebiscito, formar parte de México.

Ese monumento se cayó en el sismo, se cayó completo. Para los chiapanecos, en términos simbólicos, es como si se hubiera caído el “Ángel de la Independencia” o la “Diana Cazadora”, algo así.

Y algo más se cayó, se cayó también la esperanza de la gente, de pensar que si su vivienda fue dañada, ésta va a ser reconstruida con la inmediatez que necesitan, con la calidad que necesitan, con la sensibilidad de las instituciones que también necesitan.

Por eso es que este planteamiento del Senador Mayans, yo sumo el punto de Acuerdo que nosotros hemos planteado para que sea uno solo de todo el Senado, de todos los partidos, de todos los estados, no solamente Chiapas y Oaxaca, también Tabasco, también Tabasco que sufrió afectaciones. No es hora de estar viendo a quién le dolió más.

Hay que pensar que en Chiapas y en Oaxaca, el desastre natural ocurrió sobre un desastre social: el desastre de la marginación.

La gente ya vivía en casas en mal estado, algunas se vinieron abajo, otras tuvieron afectaciones que son suficientes para declararlas inhabitables.

Entonces, creo que éste es un gran momento para que como Senadoras y Senadores hagamos lo que nos corresponde como representantes del Pacto Federal, y como representantes del Pacto Federal solicitarle a la Federación que atienda esta emergencia como un asunto de carácter nacional.

El Fonden es necesario, sin duda, pero el Fonden tiene ciertas reglas de operación y ciertas características para la atención de la emergencia. La emergencia que viene, muchas veces es la que queda desatendida, la de la reconstrucción de las viviendas.

En Chiapas, la cifra oficial está en 40 mil viviendas afectadas, pero también cifras de organizaciones de la sociedad civil, pero también de instituciones gubernamentales, están planteando que podría haber hasta 200 mil viviendas eventualmente declaradas como no aptas para su habitación nuevamente.

La gente, la gente está viviendo en casa de las familias, en los patios, en las calles, algunas en albergues, lo cual también revela la desconfianza que existe de pensar que si se van a un albergue, la vivienda puede ser saqueada en lo poquito que les quedó ahí.
Entonces, me parece que es muy pertinente eso, que los recursos sean emergentes, pero sean, sobre todo, suficientes.

Es la primera vez, desde que se tiene registro, que tiembla más fuerte en Chiapas, sin duda, nunca se había registrado un temblor de 8.2 grados, no que no hubiera ocurrido, no se había registrado, pero ya también nos habían pasado otros desastres, otros desastres que a la postre no hablaron bien del Estado mexicano, y no de nosotros o de este gobierno o de un partido político.

De la desgracia de 2005, del huracán “Stan”, se quedaron solamente dos cosas: Damnificados y una Comisión para el Seguimiento del Uso de los Recursos de la Reconstrucción del Huracán “Stan”. Eso no nos puede pasar esta vez.

No nos puede pasar que hagamos llamados, comisiones, etcétera, y que lo que nos quede a la postre, dentro de muy poquito tiempo, unos meses apenas, que hayamos dejado de ser Senadores, la triste memoria de que a esta emergencia no la pudimos atender completos, juntos, unidos todos, sin importar de qué partido somos, sin importar qué formación política tengamos.

Creo que esta es una oportunidad, no para entendernos como pro-gobierno o anti-gobierno o colaboracionistas o no colaboracionistas u opositores o no, es la oportunidad de ser los representantes del Pacto Federal, y hoy, que dos o tres integrantes del Pacto Federal, el estado libre y soberano de Tabasco, el estado libre y soberano de Chipas, el estado libre y soberano de Oaxaca nos convocan a hacer una decisión soberana y de respeto al federalismo, que lo que debemos de pensar es en que esos fondos sean amplios, suficientes y del tamaño de la desgracia y del tamaño de la intensidad del sismo, y del tamaño de la preocupación de las familias.

La Senadora Mariana Gómez del Campo y su servidor estuvimos ayer en Cuauhtémoc, una pequeña población del municipio de Villaflores. Ahí hubo tres muertos, pero además de tres muertos, 400 de las 700 casas que hay en Cuauhtémoc, están dañadas, casas que están en lugares donde no hay calles pavimentadas, casas que están en un lugar donde no todas tienen agua potable. Ya hay una desgracia, previo a la desgracia.

Entonces, es menester de esta Soberanía, de una decisión con la historia, que no va a ser medida en función de protección civil o de estadísticas, sino es de las decisiones que nos van a acompañar históricamente, o nos asumimos protectores y representantes plenos del Pacto Federal, hoy que tres integrantes de este Pacto Federal nos convocan, o hacemos cálculos de otra naturaleza, estoy convencido y seguro que todos vamos a tomar la decisión correcta en ese sentido.

Por eso sumo mi planteamiento al del Senador Humberto Mayans, y a todos quienes se han ido sumando a este esfuerzo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.

No habiendo más oradores, procederíamos de la siguiente manera.

La Asamblea aprobó de urgente resolución y de discusión el punto de Acuerdo presentado por el Senador Mayans.

La Senadora Gómez del Campo hizo una propuesta en la tribuna que me gustaría someter a consideración del Pleno si la incorporamos en la discusión de urgente que presentó el Senador Mayans.

Y asimismo, el Senador Benjamín Robles tiene otra propuesta que someteríamos a consideración de la Asamblea si también se incorpora en esta discusión de urgente.

Y veo también que el Senador Melgar presentó otro punto de Acuerdo.

Entonces, veo que el Senador Zoé Robledo también tiene otro punto de Acuerdo, también procederíamos de esa manera, que todos los resolutivos en el tema se sometan a consideración de la Asamblea, si los tomamos de urgente para poder hacer una sola votación y un solo dictamen.

Secretaria, procederíamos propuesta por propuesta, empezando por la de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura.

Primero, a los de la Senadora Mariana Gómez del Campo, quien pide si se somete a discusión los dos puntos que ella estableció, sería un tercero, que diría lo siguiente:

“El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública para que, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, realice la inspección, fiscalización y vigilancia de los recursos del Fonden que se destinen a las entidades de Oaxaca y Chiapas, Tabasco y Veracruz, derivado del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre, incluyendo la revisión programática-presupuestaria y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, buscando que se garantice la transparencia y oportunidad en el ejercicio de dichos recursos en tiempo real, así como se prevenga cualquier acto de desvío o de corrupción”.

Un siguiente punto que sería el cuarto, de considerarse que se someta a discusión,  sería:

“El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, dé un seguimiento puntual a las probables denuncias y quejas que pudiesen surgir ante cualquier manejo irregular de los recursos del Fonden destinados a las entidades de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, derivado del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre”.

Esto es solamente para consultar a la Asamblea si se somete en votación económica a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se admiten a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Ahora si me permite, iríamos con el planteamiento del Senador Benjamín, que hace tres, iríamos uno por uno para que quede claro cuál sí se acepta y cuál no se acepta a discusión.

“Primero.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se cree el Fondo Especial de Reconstrucción para el estado de Oaxaca por las afectaciones generadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017”.

Consulto a la Asamblea, porque lo vamos a ir haciendo uno por uno, si se admite a discusión este punto anteriormente leído. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión este punto, señor Presidente.

Vamos por el segundo.

“Segundo.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, amplíe la declaratoria de emergencia por el sismo del 7 de septiembre y se considere dentro de la misma a los municipios de la Zona Mixe de Oaxaca, e implemente rutas aéreas que permitan la llegada de ayuda humanitaria a esta zona”.

Pasamos a la votación si se admite este segundo punto a discusión. Quienes estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Informo, señor Presidente, que este punto sí se admite a discusión.

Y, finalmente, el tercero que enuncia nuestro compañero Senador.

“Tercero.- Se crea la Comisión Especial de Seguimiento a las Acciones Implementadas por el gobierno federal para atender las afectaciones ocurridas durante el mes de septiembre en el estado de Oaxaca”.

También preguntamos a la Honorable Asamblea si acepta a discusión este punto enunciado por el Senador Benjamín. Quienes estén a favor de que se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Le informo, señor Presidente, que en el caso de los planteamientos del Senador Benjamín, se acepta el segundo solamente y los otros dos no son aceptados.

Respecto al planteamiento del Senador Zoé, daré lectura a los resolutivos, que aunque dejó muy claro que se añadía y que se sumaba a lo expuesto por el Senador Mayans, de todas maneras le damos lectura a sus cuatro puntos enunciados.

“Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2018, restablezca una partida presupuestal específica con recursos suficientes para atender las necesidades de las poblaciones de los municipios del estado de Chiapas, afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017”.

El siguiente punto enuncia que: “El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asigne en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2018, los recursos presupuestales suficientes que permitirán sostener y alentar las actividades de rescate, reconstrucción y protección civil de las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017”.

El tercer punto enuncia que: “El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que se asigne en el proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2018, los recursos presupuestales suficientes para la reparación de edificios históricos y monumentos del estado de Chiapas, afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017”.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Qué pasó, Senador Robledo?

Sonido en el escaño del Senador Robledo, por favor.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Que en estos dos últimos, que solamente menciona el estado de Chiapas el resolutivo, mencionar también a los estados de Oaxaca y de Tabasco, los resolutivos que tienen que ver con Cámara de Diputados.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Quedó claro, Senador Robledo.

Sonido en el escaño del Senador Ismael Hernández Deras.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

De parte del Senador Jorge Toledo y de un servidor también, solicitarle a la Asamblea que le pudiéramos adicionar a este punto de Acuerdo otro resolutivo que a continuación doy lectura.

Por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos del Istmo de Tehuantepec afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017, y reconoce la oportuna respuesta del Presidente de la República, su gabinete, así como del gobernador de Oaxaca, quienes acudieron con prontitud a coordinar los trabajos de auxilio, así como los esfuerzos y ayuda de la sociedad civil.

Yo incluiría, también, independientemente de la redacción, amigas y amigos, que fuéramos generales en el reconocimiento a los tres niveles de gobierno. Ha existido en el país una verdadera solidaridad y generosidad desde los diferentes gobiernos estatales de todos los orígenes partidarios. De los gobiernos municipales igualmente.

Ahí ha habido también, sin duda, ante la convocatoria con diferentes conductos de organizaciones sociales solidarias apoyando, de fundaciones, de empresas del sector social y de familias completas que se han organizado para colaborar y cooperar con los damnificados de los estados en mención.

Entonces, creo que hoy más que nunca, los mexicanos puedan lograr y dar uno de los mejores sentimientos que podemos mandarle al país desde este Senado, las gracias y el reconocimiento a todas las organizaciones que de manera concreta han apoyado en este momento que vive el país.

Sería mi propuesta adicional.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Si le parece procederíamos con el mismo trámite que las otras prouestas. Ahorita terminemos la votación de la propuesta del Senador Zoé Robledo.

Procedemos con la propuesta del Senador Melgar y luego sometemos a consideración.

Háganos llegar su propuesta aquí a la mesa, Senador Hernández Deras, también para que la lea la señora Secretaria y se proceda igual que las otras.

¿Sí, Senador Hernández Deras? Sonido en el escaño del Senador Hernández Deras, por favor.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) La habré de hacer llegar por escrito para que se le dé lectura en los términos que he propuesto, por favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa, por favor.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) La posición del Senado frente a esta tragedia, en concreto, con poblaciones de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, creo que está perfectamente clara.

No es el momento de reconocimientos. Yo les pido sensatez en lo que planteamos. No se trata de hacer campañas en favor de alguien, ni reconocimientos. Creo que el gobierno tiene que cumplir con su deber, y el Senado no tiene porqué ahorita dar cheques en blanco de nada.

Le pido a la bancada del PRI una reconsideración respetuosa, porque ya el hecho de incorporar dentro de este resolutivo este tipo de planteamientos, es cargarlo de una posición política.

De verdad, lo digo con mucho respeto, a que lo considere la bancada del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo Gracias, Senador Barbosa.

Senador Hernández Deras, por favor.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Con los comentarios que hace el señor Senador Barbosa, yo estaría totalmente de acuerdo.

Pero reitero, el reconocimiento es amplio y no tiene en ningún momento el menor de los ánimos del matiz, ni político ni partidario, sería lo peor que nos pasara en este momento, que entráramos a una discusión de ese tipo en el Senado de la República.

Yo hago una vez más mi propuesta, la hago llegar por escrito y que se someta a votación.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, Senador.

Terminamos el trámite de la propuesta del Senador Zoé Robledo.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Recapitulando, la primera y segunda de las propuestas por el Senador Zoé, que no tuvieron modificaciones, las pondría a consideración de la Asamblea.

Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten, señor Presidente, estos dos primeros.

Y al tercero, por haber habido modificaciones posteriores del Senador Zoé, me permitiría darle lectura.

“El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que asigne en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2018, los recursos presupuestados suficientes para la reparación de los edificios históricos y monumentos del estado de Chiapas, aquí se agrega, los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017”.

Con esa modificación, yo le pediría a la Asamblea si se acepta a discusión este último resolutivo del Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta a discusión, señor Presidente.

Ahora damos lectura al resolutivo expresado por el Senador Melgar.

“El Senado de la República manifiesta su reconocimiento a la oportuna reacción de las autoridades del gobierno federal por el sismo del pasado jueves 7 de septiembre, y expresa su solidaridad con la población afectada”.

Quienes estén si se acepta a discusión este punto del Senador Melgar, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Y para finalizar, los resolutivos que han sido emitidos, doy lectura a la propuesta del Senador Jorge Toledo, y que también ha sido expresada por el Senador Ismael Hernández.

Como Único.- “Por el que se expresa su solidaridad con los pueblos afectados en el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017, y reconoce la oportuna respuesta del Presidente de la República, de su gabinete, así como del gobernador de Oaxaca, quienes acudieron con prontitud a coordinar los trabajos de auxilio, así como los de esfuerzo y ayuda de la sociedad civil”.

Ésta es firmada por el Senador Jorge Toledo y, por supuesto, también fue enunciada por el Senador Ismael Hernández.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión este punto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Hernández Deras.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Señor Presidente, mi propuesta por escrito. Y creo que a la hora de la redacción, quien lo hizo y la firmé, por el tiempo del que dispongo.

Si la vuelve a leer, por favor, porque es solamente la primera parte.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura a la rectificación del resolutivo, firmado ya por el Senador Ismael Hernández.

Es lo siguiente:

“El Senado de la República expresa su amplio reconocimiento a los tres órdenes de gobierno por la respuesta inmediata de atención que se está dando a la población afectada, así como a las diversas organizaciones, fundaciones y familias que han emprendido acciones de acopio de víveres, recaudación de apoyos económicos y participación de voluntarios para apoyar a todas las poblaciones afectadas por las consecuencias ocurridas el pasado 7 de septiembre del año en curso”.

Firmada por el Senador Ismael Hernández.

Ya con esta nueva redacción, les pregunto si se admite a discusión este resolutivo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Como hay dudas, señor Presidente, les pediré volver a hacer la votación y pidiendo, por favor, que se vea bien su mano levantada, para que no quede ninguna duda de la decisión de la Asamblea.

Nuevamente, quienes estén porque sí se someta a discusión el resolutivo inscrito ya por el Senador Hernández Deras, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece que había algún comentario por parte del proponente, el Senador Ismael Hernández Deras.

Senador, ¿quiere usted hacer uso de la palabra? Sonido en el escaño del Senador.

El Senador Ismael Hernández Deras: (Desde su escaño) Señor Presidente, compañeras y compañeros de la Asamblea, volver a precisar con exactitud la adición al punto de Acuerdo.

Pronunciamiento por el que se expresa la solidaridad con los pueblos del Istmo afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

Ahí está la parte en la que se le ha dado lectura y también se adiciona el reconocimiento en términos generales a los tres órdenes de gobierno, a las organizaciones, fundaciones y familias que han participado en las actividades de aportación de víveres para los estados en las condiciones que hoy se encuentran por el sismo.

La redacción se mandó y se mandó en la primera parte mal, no completa.

Yo le vuelvo a solicitar a Servicios Parlamentarios, le hagan llegar cómo quedó la redacción que habían solicitado de manera original, la que propuse de manera original.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me permiten solicitar al personal de Servicios Parlamentarios que vayan a recoger en mano la propuesta del Senador Hernández Deras, para que sea esa a la que se le dé lectura en la tribuna.

La Secretaria Senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora: Doy lectura a la última redacción del Senador Ismael Hernández.

“El Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017, expresa su amplio reconocimiento a la sociedad mexicana por la atención que se está dando a la población afectada, así como a las diversas organizaciones, fundaciones y familias que han emprendido acciones de acopio de víveres, recaudación de apoyos económicos y participación de voluntarios para apoyar a todas las poblaciones afectadas por las consecuencias ocurridas el pasado 7 de septiembre”.

Firmado nuevamente por el Senador Ismael Hernández.

Consulto a la Asamblea, siendo así el punto exactamente como se anuncia por el Senador Ismael, si se considera y se admite a discusión el resolutivo anteriormente leído. Quienes estén porque se admita a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se acepta a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, Senadora.

Para recapitular un poco, hay 9 resolutivos que fueron admitidos a discusión y que someteremos a votación en este momento.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anteriormente leída.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario de Acción Nacional, pide que su proposición se discuta en la próxima sesión, en virtud de que hoy el país está, y este Senado está discutiendo la triste falta de 96 compatriotas y no quiere meter otros temas a la discusión y se solidariza con las pérdidas de las familias en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña. La Senadora Angélica de la Peña, también declina su participación.






Compañeros Senadores, recibimos de la Junta de Coordinación Política dos Acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones del Senado. Los Acuerdos están disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los Acuerdos.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Barbosa, adelante.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Yo quisiera saber de qué se tratan esos Acuerdos, porque hay una serie de pendientes en los grupos parlamentarios referentes a modificación de integración de comisiones.

Y entonces si son solamente los que se refieren al interés del grupo parlamentario del PRI, yo quisiera que pudiéramos desahogar todos los pendientes de los grupos parlamentarios.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así será, Senador Barbosa.

Todos los Acuerdos que nos mande la Junta de Coordinación son desahogados en este momento. Gracias.

Continúe la Secretaría.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al primer Acuerdo.



Doy lectura también al segundo Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Veo que quiere hacer uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas.

Le pediría al Senador Encinas si podemos proceder a la votación y después le cedemos el uso de la palabra.

Adelante, Senador Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En la política como en la vida se cumplen y se cierran ciclos.

El día de hoy me corresponde cerrar un ciclo como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de este Senado de la República, función que he desempeñado a lo largo de los últimos cinco años.

En esta experiencia he cultivado, sin lugar a dudas, un sinfín de amistades y una gran experiencia siempre actuando de manera institucional sin renunciar a mis convicciones y sin buscar ningún beneficio personal.

No tengo más que agradecimiento con quienes he compartido esta experiencia.

Con el Senador Juan Carlos Romero Hicks y la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Secretarios de la Comisión.

Con la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y el Senador Roberto Gil, integrantes de la misma.

Así como con otras Senadoras y Senadores que pasaron en este lapso de tiempo, en esta comisión cumpliendo sus funciones.

La Senadora Claudia Pavlovich, Pilar Ortega, Verónica Martínez, Mayela Quiroga e Ivonne Álvarez; así como los Senadores Jesús Casillas, Fernando Salazar, René Juárez y Miguel Barbosa, quien asumió la Presidencia de la Comisión cuando solicité licencia para participar en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

De igual manera, quiero agradecer el apoyo brindado por el doctor Arturo Garita y al licenciado Roberto Figueroa, Secretario de Servicios Parlamentarios y de Servicios Generales del Senado.

Y de manera muy especial agradezco el apoyo a mis compañeros de trabajo encabezados por Aarón Mastache Mondragón, a Francisco Fragoso, a Félix Santana y a los jóvenes becarios que llegaron a prestar su servicio social y se quedaron a llevar la carga más importante de esta comisión.

A Ulises Cabrera, a Frida Medina, a José Luis Calderón y a Jesús Galván, entre otros jóvenes que me apoyaron en estas funciones.

El día de hoy entregamos buenas cuentas. En estos cinco años sostuvimos 131 reuniones de trabajo en la que atendimos mil 99 iniciativas y minutas enviadas por la Cámara de Diputados.

Aprobamos 321 dictámenes, incorporando en algunos de éstos hasta diez iniciativas con lo que abatimos todo el rezago legislativo que existía en esta comisión, quedando pendientes, listos para su dictamen algunos asuntos de gran relevancia, como la Ley de Archivos, la Ley de Obras y la Ley sobre la Fiscalía General.

Debo señalar, además, con una gran satisfacción, que somos una de las 64 comisiones del Senado mejor evaluadas por distintos organismos públicos y por las organizaciones civiles.

De acuerdo, por ejemplo, con Integralia, organización que realiza la evaluación del trabajo del Congreso, entre 2012 y 2015 ocupamos el primer lugar de desempeño en cuanto a la publicación de programas y los informes anuales de trabajo, así como en el número de reuniones realizadas y el desahogo de iniciativas y dictámenes.

Hasta agosto de 2017 fuimos la única comisión que cumplió con la obligación de entregar su informe anual de trabajo.

De la misma manera, conforme a la evaluación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ocupamos los primeros lugares en el cumplimiento de nuestras responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información.

Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para entregar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado el informe de cinco años de gestión, el cual por supuesto, ya también está en la página de la comisión.

Pero, finalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones.

Creo que es el momento de hacer una revisión profunda al diseño del sistema parlamentario en nuestro país.

Hay un verdadero agotamiento de las formas, las prácticas y las normas que rigen nuestro trabajo legislativo.

Lo he dicho con anterioridad, las Cámaras de Diputados y de Senadores han dejado de ser espacios para la libre discusión de las ideas y para la construcción de acuerdos.

Las Cámaras se han convertido en Cámaras de grupos parlamentarios donde los órganos de gobierno disciplinan y sustituyen el trabajo de los legisladores con lo que se llega en la mayor parte de los casos a las sesiones del Pleno o a las comisiones de dictamen a votar y no a discutir.

Si bien, nuestra Ley Orgánica establece la igualdad entre los legisladores, hay unos Senadores más iguales que otros; el trabajo parlamentario no reconoce la voluntad de los ciudadanos ni la representación de cada uno de los legisladores.

“¡Algo anda mal, algo está podrido en Dinamarca!”. Cuando por ejemplo, pongo mi caso, yo llegué al Senado con el apoyo de alrededor de 2 millones 300 mil mexiquenses, a quienes les agradezco su voto; más del doble de los votos emitidos por el Partido del Trabajo a nivel nacional en 2015, que solamente tuvo un millón 135 mil, y ni siquiera Diputados tiene hoy en la Cámara de Diputados.

Algo anda mal, cuando nuestro ordenamiento interno no corresponde ya a nuestra realidad, como lo hemos visto en la gran movilidad de los legisladores en el Congreso, donde se llega al extremo de prestar y retirar legisladores de un grupo parlamentario a otro o incluso se contraviene la Constitución, la que además de garantizar la libertad de asociación, rompió afortunadamente ya con el monopolio que detentaban los partidos políticos de la representación popular al permitir las candidaturas sin partido, lo que nos obliga a restablecer la figura de grupos parlamentarios independientes, que fue eliminado por las partidocracias en el 2008 a fin de mantener el control de los legisladores.

Se obedece en el Congreso a los intereses de los aparatos partidistas bajo una lamentable visión patrimonialista que no ha sido posible superar, pese a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que hemos aprobado, lo que nos hace urgente también establecer de una vez por todas un comité de ética que regule el desempeño de los grupos parlamentarios y de cada uno de los legisladores en el Congreso.

Parafraseando a Descartes, “Tengo grupo parlamentario, luego existo”, “Tengo pastor, tengo rebaño, tengo prebendas”

Bajo el argumento de que, “nos toca”, en el Congreso se disputa y se reparte todo, desde los órganos de gobierno, hasta cada centímetro cuadrado del edificio, los lápices, las gomas y hasta los clips.

El peso de cada grupo parlamentario se mira en función de cuántos lápices, gomas y clips concentra, mas podrá concentrar todas las gomas y los lápices, pero ello no necesariamente significa recuperar la credibilidad y el respeto por parte de nuestra sociedad.

Estoy consciente de que la independencia política cuesta, pero es un costo político que bien vale la pena pagar.

Lo he hecho a lo largo de décadas, como lo ha hecho toda la generación de la izquierda a la que pertenezco, esa generación que pasó de la proscripción a la legalidad.

Hoy se trata de la presidencia de una comisión, que si bien asumí como una distinción, es solo eso, la presidencia de una comisión.

Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida política es a desprenderme de los cargos que he ocupado, los cargos son efímeros, y hay que saberlos dejar atrás.

Cierro un ciclo, pero aún nos faltan once meses para concluir nuestro encargo, el cual continuaré ejerciendo, atendiendo las causas y reclamos de nuestra sociedad con firmeza y profesionalismo, pero siempre con el respeto que merecen todas mis compañeras y mis compañeros del Senado de la República.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Encinas.

Sonido en el escaño del Senador Romo.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Compañero y amigo Senador Alejandro Encinas, el grupo parlamentario del PRI y su coordinador, el Senador Emilio Gamboa quiere expresarle a usted un reconocimiento merecido, muy merecido por su trabajo y su esfuerzo al frente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Una comisión que sin duda alguna, al lado de otras paralelas trabajaron con una gran intensidad durante todo el tiempo, pero particularmente quisiera referirme a los momentos en que se generaron todas las minutas correspondientes a las reformas estructurales.

Ahí en su comisión que usted presidió se discutieron largas horas muchos temas, encuentros, desencuentros, y al final se logró finalmente, repito, insisto, ratifico, ese acuerdo y esa capacidad demostrada en su profesionalismo como un gran legislador.

Decirle que el grupo parlamentario siempre ha visto en usted a un hombre institucional, y al decir institucional me refiero a que usted siempre cuida, respeta y fortalece las instituciones aún desde la diversidad.

Por ello, nuestro grupo, nuestro coordinador le da a usted, de verdad, el mejor de los reconocimientos.

Y deseamos, desde luego, señor Presidente que asume este cargo, esta función que podamos continuar en ese mismo curso, en ese mismo diálogo por el bien y salud de la república.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Romo.

Tiene el uso de la voz el Senador Daniel Ávila.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Senador, don Alejandro Encinas Rodríguez, Senador por el estado libre y soberano del Estado de México, de verdad mi reconocimiento, mi admiración, y felicitarle por el gran trabajo que realizó usted presidiendo esta comisión.

Creo que tuvimos un trabajo coordinado al momento de reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión por el tema del Canal del Congreso, siendo integrante también usted de la Comisión del Canal del Congreso, pero también presidente de la comisión que usted preside hasta su momento; muchas felicidades, de verdad mi reconocimiento por ese trabajo institucional que ha realizado a lo largo de estos cinco años.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero sumarme a los reconocimientos que se le hacen en este momento al señor Senador Encinas.

Hemos convivido en este Senado durante cinco años, y somos testigos de su inteligencia, su capacidad, su magnífica oratoria y su posición siempre en relación con los temas sociales más importantes.

Yo creo que es un justo reconocimiento que se le hace, nosotros nos sumamos a él, reconociendo, insisto, su capacidad, su dominio de la tribuna, su trabajo en una comisión tan importante que regula el funcionamiento de la tercera parte del Senado, por lo tanto, creo que se merece el reconocimiento de todos nosotros.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, también hacemos un reconocimiento especial al Senador Alejandro Encinas por su profesionalismo, su trayectoria y, sobre todo por ser una persona que siempre ha estado abierta al diálogo.

Lo conozco ya desde hace muchos años, y siempre con la mayor apertura, disposición de escuchar las voces a favor, las voces en contra y, por qué no decirlo así también, ha dado a lo largo de su trayectoria, sobre todo grandes aportes a la Ciudad de México, nuestra querida Ciudad de México.

El trabajo que hizo en esta comisión fue un trabajo muy bueno, porque siempre sacó y privilegió la agenda parlamentaria en todo momento, las reformas estructurales, muchas de ellas pasaron por su comisión y, bueno, seguramente, seguramente estará en algún lugar que permitirá que siga desenvolviéndose en el trabajo parlamentario, como siempre lo ha hecho.

Al final del día, una comisión no hace a una persona, y la solidez, el gran político Alejandro Encinas, pues, se describe solo.

Muchas gracias.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Bueno, las cualidades políticas de Alejandro Encinas las conocemos desde hace mucho tiempo.

Él sabe el afecto que le tenemos a nivel personal.

Es verdad, yo escuché con atención lo que nos dijo hace unos minutos en tribuna, y estoy un poco sorprendida por varias cuestiones.

En primer lugar, deberíamos saber que este tema se discutió en la Junta de Coordinación Política.

Es verdad que el Senador Encinas se retiró del PRD y decidió ser un Senador independiente, llegando y formando parte del grupo parlamentario del PRD.

Y en 2012, cuando decidimos las comisiones no tuvimos dudas de que para las características de la Comisión de Estudios Legislativos, el Senador Encinas era idóneo para sacar adelante esta importante comisión, como lo demostró todos estos años con su trabajo.

Las comisiones que tuvimos que dictaminar, en Comisiones Unidas con la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, siempre encontramos un eco importante y una empatía para trabajar juntos ese dictamen.

Es algo que se tiene que destacar de Encinas: su profesionalismo, su dedicación, el conocimiento de las materias, la fundamentación de las mismas, sin lugar a dudas nos demostró que tomamos la decisión, en el grupo parlamentario del PRD, de que Alejandro Encinas, Senador, era el idóneo para estar en esa comisión.

Hoy le escuchamos que reacciona a una decisión de la Junta de Coordinación Política que lo quita de esa comisión. Aunque aquí todos los que han hablado reconocen que era un magnífico Presidente de la Comisión.

Nosotros, en el PRD, antes de que nos dividiéramos, y a pesar de mis diferencias con él, porque se fue como Independiente, nunca tuvimos, nunca tuvimos, y es justo decirlo, nunca nos vino a la mente pedirle que dejara la comisión, porque efectivamente potenciábamos el nivel profesional, más allá de si continuaba o no en el grupo parlamentario.

Y tan es así, que en la pasada reunión de la Junta de Coordinación Política, el compañero Vicecoordinador Fernando Mayans estuvo en contra de la decisión de la Junta de Coordinación Política de quitarle la Presidencia, que seguramente va a ocupar ahora algún legislador de Morena, eso va a ser así, y de mí se acuerdan si no va a pasar así.

Entonces, me parece que discutir, o ya se aprobó, efectivamente, que ahora venir a discutir de que se le reconocen sus cualidades, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se está diciendo que: “Te vamos a quitar porque ya no perteneces a un grupo parlamentario”, me parece que es totalmente pertinente lo que aquí Encinas nos acaba de decir.

Tenemos que reconstruir la forma: Cómo operamos. Cómo trabajamos. Quiénes asumimos un encargo. En este caso, en el Congreso de la Unión para que se nos permita, efectivamente, remontar también las crisis de los grupos parlamentarios, pero también responder con base a las expertises, a los trabajos que caracterizan a cada uno de las y de los compañeros, por cierto, independientemente, independiente, de la sigla partidaria que representen, es decir, la expertiz.

Yo no tengo la menor duda de decirle al compañero Encinas, de manera leal, de manera genuina: Que dimos la batalla, aun cuando él no estaba ya en el grupo parlamentario del PRD, como le consta, y como se lo han informado, a partir de la opinión del Senador Mayans para que no fuera removido de esta comisión.

Y hoy le estamos diciendo aquí discursos como si Encinas ya se fuera del Senado a asumir otro encargo. No, él va a continuar con nosotros, y me parece que deberíamos de haber actuado en congruencia y en consecuencia.

Si le reconocemos todas estas cualidades y sabemos que lo hizo bien durante estos cinco años, no entiendo, no entiendo por qué lo removieron de esta Presidencia.

Es cuanto, señor Presidente, y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Gracias.

Pues sí, de la misma manera, para expresar, primero que nada, un gran reconocimiento al Senador Alejandro Encinas.

Fui Secretaria de esa Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en la primera parte de la Legislatura de este Senado.

Me tocó estar en esa comisión, en la discusión y aprobación de muchísimos temas de gran trascendencia, reformas estructurales, temas de gran complejidad para la vida del país, y creo que es importante reconocer a Alejandro Encinas como un Presidente que siempre estuvo abierto al diálogo.

Que pese a que no todos los temas fueron sencillos y que hubo una gran discusión, incluso diferencias entre los distintos grupos parlamentarios, siempre puso por encima la institucionalidad, y siempre muy apegado al marco jurídico que rige al Senado de la República.

También, pues, que es una lástima que hoy Alejandro Encinas deje de estar al frente de esta comisión.

Creo que lo que bien han dicho mis compañeros avala el gran reconocimiento que tenemos al trabajo y al desempeño que ha tenido al frente de esta comisión.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Han pedido el uso de la palabra el Senador Jesús Priego y el Senador Juan Carlos Romero Hicks, y son los últimos dos oradores que tengo registrados.

Adelante, Senador Priego.

El Senador Jesús Priego Calva: (Desde su escaño) Senador Encinas, respetamos mucho su opinión por las causas que hayan sido.

El tiempo que tenemos de conocerlo, que es mucho, antes del Senado, por la televisión, y ahora el gusto de conocerlo personalmente, siempre ha sido un buen personaje, muy respetuoso.

Yo le deseo mucho éxito. Pero como dijo la compañera: “No se va a ir del Senado”, pero sí nos vamos a ir, en menos de un año, todos, y lo vamos a hacer con el aplomo que usted lo está haciendo, con gusto, porque todo principio tiene un fin.

Mucho éxito.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Priego.

Tiene el uso de la palabra el Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Estimados colegas.

Para que haya democracia se requieren demócratas, y Alejandro Encinas es un demócrata.

He tenido el privilegio de conocerlo en cinco funciones públicas, como Secretario de Desarrollo Económico de la Gran Ciudad de México, entonces, Distrito Federal; como Jefe de Gobierno; como Senador de la República; como Presidente de la Asamblea Constituyente de esta capital de todos los mexicanos, y en particular como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Lamento profundamente los criterios de desequilibrio, de irracionalidad para este tipo de decisiones.

El Senado de la República y México no lo merecen, necesitamos buscar rediseños institucionales, y aunque existan controversias efímeras, el interés superior es el de la patria mexicana, y aquí está la gran afirmación de que “la Patria es Primero”.

En Alejandro yo siempre he encontrado una persona honesta, apegada a la legalidad, con una extraordinaria pasión por el servicio y una sensibilidad comprobada.

He tenido el privilegio de acompañarlo recientemente como Secretario de la Comisión, siempre, antes de integrar la agenda, había las consultas del caso, siempre supo escuchar, intentó conciliar, elevó el valor de la prudencia en la política por encima de cualquier circunstancia individual, y al reconocer a Alejandro quiero también reconocer a todo su equipo de trabajo, el Senado necesita mejores personas y Alejandro ha hecho su mejor contribución, y yo hago público mi testimonio.

Alejandro, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Romero Hicks.

Llegó otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que tiene que ver con la composición de las comisiones, pediría a la Secretaría dé lectura también.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al tercer Acuerdo ya leído, producto de los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Antes de proceder a la votación, esta Mesa Directiva se quiere sumar al reconocimiento, al trabajo del Senador Alejandro Encinas, y también reconocer el trabajo de nuestra compañera, la Senadora Graciela Ortiz, quien presidió también la otra Comisión de Estudios Legislativos, y que hoy se retira de su encargo para asumir la Vicepresidencia desde hace algunos días, mi más sincero reconocimiento a dos muy buenos compañeros Senadores que hicieron un muy buen trabajo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos presentados.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Acuerdos anteriormente leídos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.






Asimismo, recibimos de la Junta de Coordinación Política el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio, mismo que se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños, con lo cual la Asamblea queda enterada. Remítase copia a la Cámara de Diputados.








Informo a la Asamblea que las demás proposiciones se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a los Consejeros Independientes y al Auditor Interno de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Senado de la República a fin de informar bajo protesta de decir verdad cual ha sido su desempeño ante diversos temas de presunta corrupción, uso indebido de recursos públicos y otros delitos presuntamente cometidos en la administración de esa empresa por el anterior Director Emilio Lozoya Austin. Se turna a la Comisión de Energía.

Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE CITA A LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y AL AUDITOR INTERNO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) A COMPARECER ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA A FIN DE INFORMAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CUAL HA SIDO SU DESEMPEÑO ANTE DIVERSOS TEMAS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y OTROS DELITOS PRESUNTAMENTE COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ESA EMPRESA POR EL ANTERIOR DIRECTOR EMILIO LOZOYA AUSTIN, lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días, la actual administración volvió a ser noticia en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, en dichas publicaciones se sostiene, vergonzosamente, que el exdirector de Pemex recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa Odebrecht para obtener contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones realizadas por altos ex ejecutivos de la empresa ante la justicia brasileña.

Hay un cumulo de información en los medios que revela que la Administración del Señor Lozoya Austin al frente de PEMEX durante el periodo diciembre 2012 - febrero 2016 estuvo plagada de irregularidades.

Al respecto conviene señalar que de los diversos señalamientos realizados por organizaciones civiles y medios de comunicación varios asuntos han sido denunciado en desde el Senado de la República, que entre otros destacan: la fallida adquisición de dos plantas de fertilizantes, la falta de control interno en la institución, el incremento notable en el robo de combustible, la asignación de contratos a la empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción, el posible uso ilegal de recursos de la empresa a través del uso del helicóptero de la empresa, y así, un sinfín de irregularidades señaladas y sin respuesta satisfactoria.

Dado lo anterior, no se tiene conocimiento de alguna acción, denuncia, investigación que sugiera que los Consejeros Independientes, o el Auditor que fue designado por el Consejo de Administración, hayan iniciado auditoría alguna a la Administración de Lozoya Austin, lo cual resulta escandaloso y lamentable, ¿Que están haciendo los Consejeros Independientes?, ¿Qué hace el Auditor interno de Pemex? ¿Para qué está el Presidente del Consejo de Administración?

Ante el escandalo universal de Odebrecht, resulta crucial se investigue y se castigue a quien resulte responsable, además de ello, deberá aclararse el destino de los sobornos realizados a funcionarios mexicanos para obtener contratos de obra pública y evitar a toda costa un caso más de impunidad.

De la misma manera, la compra inútil de las plantas productoras de fertilizantes, una detenida y sin capacidad alguna para producir y la otra convertida en chatarra, cabe señalar que al momento de su adquisición, se levantaron fuertes sospechas de actos de corrupción para favorecer a los anteriores propietarios de las plantas.

Se suma a los señalamientos anteriores el uso excesivo e injustificado de aeronaves para el traslado del ex Director de PEMEX, ¿dónde se encuentra el avión que usaba para sus traslados? Y que decir del boicot del sindicato de Pemex para la distribución de las gasolinas, entre otros.

De acuerdo a una investigación realizada por la Organización civil, Mexicanos en contra de la Corrupción y la impunidad, se señala que Pemex compró el Avión Cesna Citation Sovereign 2009 y el helicóptero EC-145 201 “para vigilar su red de ductos” y “evitar el robo de combustible”.

Estas compras las hizo a través del proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex”, para hacer las adquisiciones firmó un convenio de colaboración con la SEDENA, pero en la bitácora del avión se registraron viajes que, de ninguna forma, ni en apariencia, dan sustento de que hayan sido para realizar el patrullaje o vigilancia de las instalaciones de PEMEX.

Lo que sí pudieron cumplimentar con el avión Cesna Citation Sovereign 2009, fue trasladar a Emilio Lozoya a Cancún, Zihuatanejo, Acapulco y Huatulco; en el caso del helicóptero Eurocopter EC- 145201 fue utilizado al parecer para trasladar de su domicilio particular a una torre de aterrizaje cercana a Pemex, a la torre IUSA, a Atizapán, a Valle de Bravo, al Hotel Hilton, a los Ángeles California, Houston, San Antonio Texas ,Whesthampton, Westchester,Maine, New Jersey; tan solo en el Helicóptero realizó 193 horas de vuelo en 727 traslados (Dos viajes por día ala CDMX), ¿cómo se justifica tanto viaje? ¿Con quién o quiénes viajaba?, ¿cómo justifica este aparente despilfarro de recursos públicos?, ¿acaso no da ni para una investigación, una justificación, por parte del Auditor? Aun y cuando la información estuviera reservada, que al parecer lo está, estos hechos de sobra denunciados y conocidos públicamente son materia de hechos presuntamente constitutivos de delitos para que los investigara el Auditor y son materia para una intervención por parte de los Consejeros si no del Estado, que se entiende, no lo van hacer, si por parte de los Consejeros Independientes.

Resulta por demás injustificable, absurdo, no creíble y hasta infantil pensar que PEMEX no haya registrado los vuelos ni el nombre de los pasajeros, no es posible que no haya responsables de esta omisión, no se puede permitir tanta impunidad. Tampoco es permisible que un convenio de este tipo con la SEDENA se pueda reservar.

Pero aún más grave es que el avión CESANA no aparezca, se haya esfumado, desaparecido o se haya apropiado alguien de ese bien de la nación. Es inadmisible que no haya registro de el mismo en los activos fijos de PEMEX .

En este orden de ideas, no se puede dejar de señalar que Odebrecht obtuvo diversos contratos durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como Director General de PEMEX, tales como la realización de diversas obras en la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula, así como en la refinería de Salamanca, siendo la más importante la obtención de la licitación del Gasoducto “Los Ramones II”, un proyecto de infraestructura para el transporte de gas natural con un valor estimado de 935 millones de dólares.

Coincide con la confesión de diversos funcionarios de la empresa constructora, de acuerdo con la información citada en la sentencia de la Corte Federal de Brooklyn, NY, en la cual reconoce haber sobornado a “altos funcionarios” de PEMEX.

Los innumerables escándalos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, han cimbrado al mundo entero, en más de 15 países se han iniciado investigaciones respecto a presuntos sobornos de la empresa a altos funcionarios.

Respecto a nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la empresa Odebrecht sobornó con más de 10 millones de dólares a altos funcionarios con el fin de obtener contratos de manera ilícita. A pesar de que la reacción inmediata de PEMEX fue presentar una denuncia, en contra de quien resulte responsable, ante la Procuraduría General de la República por posibles actos delictivos en su contra, sin que a la fecha los mexicanos tengamos información suficiente para saber qué funcionarios públicos incurrieron directamente en actos de corrupción.

En el informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación afirma que se encontraron irregularidades en al menos dos contratos celebrados entre PEMEX y Odebrecht. El órgano fiscalizador expuso que tras revisar uno de los contratos que tuvo por objeto el desarrollo de la primera fase del proyecto Conversión de Residuales de una refinería en Salamanca, Guanajuato, se encontró que la contratista consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto, que, a juicio de la ASF, representa un cargo injustificado por 822,200 dólares. “Toda vez que dichos salarios no cuentan con el soporte documental para determinar su razonabilidad”, se detalla en la auditoría.

En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró injustificado un gasto por 120,8 millones de pesos (unos 6 millones de dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo. En el informe se expone que durante una visita de verificación realizada el 8 de junio de 2016, se constató la subutilización del 95% del inmueble construido para la residencia de obra del proyecto en Tula.

En este sentido, la Ley de Petróleos Mexicanos, contempla que el Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones:

CAPÍTULO II
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Sección Primera
Funciones

Artículo 13.- El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

I. a XVII. ….

XVIII. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos;

XIX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño, aplicables a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

XX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos que regulen el sistema de control interno aplicable a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, mismo que incluirá la administración de riesgos, y vigilar su implementación, con base en la información presentada por el propio Comité, el Director General, la Auditoría Interna o el auditor externo, dando especial atención a los principales riesgos estratégicos;

XXI. Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, registro, archivo e información y su divulgación al público;

XXII. a XXVII. …

XXVIII. Establecer mecanismos de coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría Interna, y

XXIX.

Asimismo, la Ley de Petróleos Mexicanos, contempla que el Consejo de Administración será integrado de la siguiente manera:

Artículo 15.- El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente:

I. El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y

III. Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos.

….

Así por lo anteriormente fundado y bajo el contexto de falta de transparencia e inocultable corrupción que vive la actual administración, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con tratamiento de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República cita a comparecer a los Consejeros Independientes de PEMEX y al Auditor designado por el Consejo de Administración a fin de informar bajo protesta de decir verdad, cual ha sido su desempeño desde su nombramiento, ante diversos temas de posible corrupción por la asignación indebida de contratos a la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción, por el uso indebido de recursos públicos y otros delitos que pudieron haber sido cometidos durante en esta administración bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin. En donde además deberán de responder por la fallida adquisición de dos plantas para producir fertilizantes, el boicot del Sindicato a la participación de trasporte de particulares en la distribución de gasolinas.

Segundo.- El Senado de la República cita a comparecer al Presidente del Consejo de Administración de Pemex y al Titular de la Secretaría de Energía, a fin de informar bajo protesta de decir verdad, sus acciones como Presidente del Consejo de Administración de Pemex ante sendas acusaciones públicas por el posible desvío de recursos del Estado durante la administración de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que informe a esta soberanía cuales son las auditorias en proceso sobre la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de PEMEX y si es el caso que deberá informar de los avances y hallazgos; si no es así se le exhorta a iniciar las auditorías| a la brevedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información sobre las medidas a implementar para dar cumplimiento al Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, suscrito por México y cuyo Decreto de aprobación fue publicado el 18 de diciembre de 2007. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, NINFA SALINAS SADA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL, INFORME DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y DE LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, SUSCRITO POR MÉXICO Y CUYO DECRETO DE APROBACIÓN FUE PUBLICADO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Este 8 de septiembre entra en vigor el Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, al amparo de la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de la ONU, que es responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar, ocasionada por los buques.

El trasporte marítimo alcanza una escala global y su contribución es fundamental para la economía mundial, sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta es lograr que sea más seguro y con menos efectos adversos en el medio ambiente.

En los buques, el agua se utiliza de manera habitual como lastre, a fin de mantener su estabilidad e integridad estructural. En el proceso de transporte, las embarcaciones toman agua al hacer entrega de las mercancías y las vierten al momento de la carga de las mismas, por lo que generalmente esas descargas de agua se dan alejadas del lugar de origen.

El agua de lastre que se libera en ecosistemas de acogida, puede dar lugar a la introducción de organismos acuáticos invasores, algas o animales, y de microbios y demás agentes patógenos perjudiciales, constituyéndose en un riesgo para el medio marino, la diversidad biológica, la salud humana y la actividad económica.

La OMI, calcula que más de 100 mil toneladas de agua de lastre es transportada anualmente por los barcos a escala global y su descarga conlleva graves afectaciones en los ecosistemas marítimos del mundo.

El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, ha dicho que "La propagación de especies ha sido reconocida como una de las amenazas para el bienestar ecológico y económico del planeta. Dichas especies causan daños a la biodiversidad y a las valiosas riquezas naturales de las que dependemos. Las especies invasivas también causan efectos directos e indirectos en la salud y los daños para el medio ambiente suelen ser irreversibles”, por lo que considero que la puesta en marcha de dicho Convenio, es clave para proteger la biodiversidad e impedir la propagación de especies acuáticas invasivas, mediante medidas de gestión y control de agua de lastre de los buques.

Según la Secretaría de Marina, México ocupa el décimo lugar en extensión costera y el décimo segundo lugar como el mejor dotado en el ámbito marítimo, por lo que la aplicación de este Convenio, cuyo decreto de aprobación fue publicado el 18 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, significa un paso adelante en la protección de sus ecosistemas marinos.

CONTENIDO DEL CONVENIO

En el marco de este Convenio, que consta de 22 artículos, un Anexo con 5 Secciones y dos Apéndices, los miembros se comprometen, entre otras cuestiones a:

• Cumplir plenamente y a hacer efectivas sus disposiciones y las de sus anexos, a fin de eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques.

• A, en su caso, adoptar medidas más rigurosas para la prevención, reducción o eliminación de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, cuidando que las prácticas que adopten no causen un daño mayor al que se pretende prevenir.

• A garantizar que en los puertos y terminales en los que se efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques de lastre se disponga de instalaciones adecuadas para la recepción de sedimentos.

• Respecto a la Investigación científica y técnica y labor de vigilancia, el Convenio insta a los firmantes a fomentar y facilitarla investigación científica y técnica sobre la gestión del agua de lastre y a vigilar los efectos de la gestión del agua de lastre en las aguas bajo su jurisdicción.

• Con lo que se refiere a la inspección y vigilancia, el Convenio señala que los buques deberán ser objeto de reconocimiento y certificación y los funcionarios que realicen la inspección, podrán verificar que el buque cuente con un certificado válido, inspeccionar el Libro Registro del agua de lastre, y/o realizar un muestreo del agua de lastre del buque.

• Si el caso lo amerita, podrá efectuarse una inspección pormenorizada y "la Parte que efectúe la inspección tomará las medidas necesarias para garantizar que el buque no descargará agua de lastre hasta que pueda hacerlo sin presentar un riesgo para el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos".

• A fin de no afectar el comercio marítimo, el Convenio señala que se hará todo lo posible para evitar que un buque sufra una detención o demora innecesarias.

• Por lo que se refiere a la asistencia técnica, cooperación y cooperación regional, las miembros se comprometen a facilitar a otros miembros que lo soliciten, asistencia técnica y apoyo destinado a formar personal, garantizar la disponibilidad de tecnologías, equipo e instalaciones; a iniciar programas conjuntos de investigación y desarrollo; y, a emprender otras medidas tendentes a la implantación efectiva de Convenio.

En cuanto a los Anexos, éstos contienen definiciones y disposiciones muy específicas a las que los miembros deben sujetarse, como es la que se establece en la regla A-2, que señala: "Salvo indicación expresa en otro sentido, la descarga del agua de lastre sólo se realizará mediante la gestión del agua de lastre, de conformidad con las disposiciones del presente anexo".

Según la sección B del Anexo, denominada Prescripciones de gestión y control aplicable a los buques, las embarcaciones tienen que llevar a bordo y aplicar un Plan de Gestión del agua de lastre, el cual es específico de cada buque e incluye una descripción detallada de las medidas que han de adoptarse.

De igual modo, los buques deben llevar a bordo un Libro Registro del agua de lastre, con el objeto de registrar cuando se haga circular o se trate el agua de lastre a los efectos de su gestión, o se la descargue en el mar. También deberán registrarse las descargas del agua de lastre en una instalación receptora, así como sus descargas accidentales u otras descargas excepcionales de este tipo de agua.

Respecto a las Reglas, se establece que los miembros podrán adoptar otros métodos de gestión del agua de lastre diferentes a la norma para el cambio del agua de lastre o la norma de eficacia de la gestión del agua de lastre, siempre que dichos métodos garanticen como mínimo el mismo grado de protección del medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, y cuenten en principio con la aprobación del Comité de protección del medio marino de la OMI.

De conformidad con lo dispuesto en la Regla B-4, Cambio del agua de lastre, todos los buques que lleven a cabo el cambio del agua de lastre deberían ajustarse a las siguientes prescripciones:

• Siempre que sea posible, efectuar el cambio del agua de lastre a por lo menos 200 millas marinas de la tierra más próxima y en aguas de 200 m de profundidad como mínimo, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la OMI;

• En los casos en que el buque no pueda efectuar el cambio del agua de lastre de conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente, tal cambio del agua de lastre debería llevarse a cabo tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, y en todos los casos por lo menos a 50 millas marinas de la tierra más próxima y en aguas de 200 m de profundidad como mínimo.

• Cuando no sea posible cumplir estas prescripciones, se podrán designar zonas en las que se permita al buque efectuar el cambio del agua de lastre. Todos los buques extraerán y evacuarán los sedimentos de los espacios destinados a transportar agua de lastre de conformidad con las disposiciones del plan de gestión del agua de lastre del buque.

• Asimismo, y con el reducir o eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos a través del agua de lastre y los sedimentos de los buques, los miembros puede imponer a los buques medidas adicionales, para lo cual deberán comunicar a los Estados adyacentes o a otros Estados a los que puedan afectar tales normas o prescripciones, su intención de establecer medidas adicionales al menos seis meses antes de la fecha prevista de su implantación, salvo en situaciones de emergencia o de epidemia. Cuando así proceda, las Partes habrán de obtener la aprobación de la OMI.

En la sección D del Anexo, denominada “Normas para la gestión del agua de lastre” se estable una norma para el cambio del agua de lastre y una norma de eficacia de la gestión del agua de lastre:

• La Regla D-1 – Norma para el cambio del agua de lastre – señala que los buques que efectúen el cambio del agua de lastre de conformidad con la presente regla lo harán con una eficacia del 95%, como mínimo, de cambio volumétrico del agua de lastre. En el caso de los buques que cambien el agua de lastre siguiendo el método del flujo continuo, el bombeo de tres veces el volumen de cada tanque de agua de lastre se considerará conforme a la norma descrita. Se podrá aceptar un bombeo inferior a tres veces ese volumen siempre y cuando el buque pueda demostrar que se ha alcanzado el 95% de cambio volumétrico del agua de lastre.

• La Regla D-2 – Norma de eficacia de la gestión del agua de lastre – establece que “Los buques que efectúen la gestión del agua de lastre descargarán menos de 10 organismos viables por metro cúbico cuyo tamaño mínimo sea igual o superior a 50 micras y menos de 10 organismos viables por mililitro cuyo tamaño mínimo sea inferior a 50 micras y superior a 10 micras; y la descarga de los microbios indicadores no excederá de las concentraciones especificadas”.

Los microbios indicadores, a efectos de la salud de los seres humanos, comprenderán, entre otros, los siguientes:

a. Vibrio cholerae toxicógeno (O1 y O139): menos de 1 unidad formadora de colonias (ufc) por 100 mililitros o menos de 1 ufc por gramo (peso húmedo) de muestras de zooplancton;

b. Escherichia coli: menos de 250 ufc por 100 mililitros;

c. Enterococos intestinales: menos de 100 ufc por 100 mililitros.

La Regla D-3 - Prescripciones relativas a la aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre- determina que los sistemas de gestión del agua de lastre serán aprobados de conformidad con las Directrices elaboradas por la OMI. Esto incluye a los sistemas que utilicen productos químicos o biocidas, organismos o mecanismos biológicos, o que alteren las particularidades químicas o físicas del agua de lastre.

La Regla D-4 trata de los Prototipos de tecnologías de agua de lastre. Esta prevé la posibilidad de que los buques que participen en un programa aprobado por la OMI para poner a prueba y evaluar tecnologías de tratamiento del agua de lastre prometedoras tengan un margen de cinco años antes de tener que empezar a cumplir las prescripciones.

En virtud de lo dispuesto en la regla D-5 -Examen de normas-, la OMI deberá llevar a cabo un examen de la norma de eficacia de la gestión del agua de lastre teniendo en cuenta criterios relacionados con la seguridad; su aceptabilidad desde el punto de vista ambiental, es decir, que no causen más o mayores problemas ambientales de los que resuelven; su aspecto práctico, es decir que sean compatibles con el funcionamiento y el proyecto de los buques; su eficacia en función de los costos, es decir, los aspectos económicos; y su eficacia desde el punto de vista biológico para eliminar o hacer inviables los organismos acuáticos perjudiciales y a los agentes patógenos del agua de lastre.

La Sección E del Anexo- Prescripciones sobre reconocimiento y certificación para la gestión del agua de lastre- contiene prescripciones relativas al reconocimiento inicial, de renovación, anual e intermedio y disposiciones relacionadas a la expedición de los certificados.

Como podemos ver, la implementación de este Convenio por parte del Estado Mexicano, representa un reto no solo tecnológico y logístico, sino también respecto a la regulación y normas que de manera específica deberán aplicarse; y, a las Estrategias, programas y acciones con las que se podrá dar cabal cumplimiento al Convenio, fin de evitar que las especies acuáticas invasivas representen una amenaza para los ecosistemas marítimos nacionales.

De la lectura de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos se deduce que la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, es la encargada de la ejecución de este Convenio pues, entre sus atribuciones tiene las de inspeccionar y certificar que las embarcaciones cumplan, además de la legislación, reglamentos y normas nacionales, con los Tratados Internacionales suscritos por México en la materia, incluida por supuesto, la prevención de la contaminación marina por embarcaciones.

En el Partido Verde, estamos conscientes que la mejora en materia de seguridad, protección y prevención de la contaminación en nuestros mares y puertos, se logra con la implementación de medidas adecuadas y el establecimiento de mecanismos bajo el marco de los convenios internacionales y las mejores prácticas, por eso, y en virtud de las anteriores consideraciones presento a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicita a al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina que, en el ámbito de su competencia, informe al Senado de la República sobre las estrategias, programas y acciones que se implementan e implementaran para dar cumplimiento al Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, cuyo decreto de aprobación fue publicado el 18 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Marina que informe, en su caso, sobre las medidas, normas y procedimiento que, adicionales a los establecidos en el Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, se adoptaran para la gestión y el control del agua de lastre y los sedimentos de los buques, a fin de evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales en ecosistemas marinos del territorio mexicano.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Ninfa Salinas Sada.






Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios beneficiados por el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Desarrollo Regional.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la situación política en la República del Ecuador relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de Odebretch. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A DAR SEGUIMIENTO RESPETUOSO A LA SITUACIÓN POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR RELACIONADA CON LOS CUESTIONAMIENTOS AL VICEPRESIDENTE, SR. JORGE DAVID GLAS ESPINEL, POR SU SUPUESTA RELACIÓN CON EL CASO DE CORRUPCIÓN DE ODEBRETCH, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El ex presidente Rafael Correa llegó al gobierno de Ecuador a finales del año 2006 representado a la entonces nueva organización política de la república, es decir, Alianza PAIS, la cual estaba formada por varios políticos de izquierda y respaldado por los partidos tradicionales izquierdistas. Su toma de protesta como Ejecutivo de la República de Ecuador, se dio durante un contexto político caracterizado por el deterioro de los partidos tradicionales, una grave crisis política institucional, así como un fuerte rechazo a las medidas neoliberales como a la injerencia extranjera.

La propuesta de gobierno por parte de Correa apuntaba a lo que se llama “Revolución Ciudadana”, instalada en Ecuador el 15 de enero de 2007 y que tomó como antecedente la “Revolución de los Forajidos” del 13 de abril de 2005, liderada por la clase media de Quito y con el propósito de derrocar al entonces presidente Lucio Gutiérrez.

La Revolución Ciudadana, se consolidó como un proyecto político que prioriza a la población por encima tanto del capital como de las acciones de gobierno, con el objetivo de construir un Estado que se encuentre al servicio de las grandes mayorías; es decir que el nuevo sistema político, económico y social vigente, se centre en la lucha por la democracia; busque el fomento del empleo; de la educación y salud gratuitos; además de perseguir el respeto a la soberanía y dignidad del país, sin la existencia de la corrupción.

Se explicó dentro del discurso inicial de Correa como presidente de Ecuador, que su mandato implicaría que las relaciones de poder se revirtieran, puesto que este asumía de manera inmediata un cambio en las estructuras del poder, al asegurar que otorgaba el poder al pueblo. Argumento de apertura, que justificó en el año de 2008 la reforma constitucionales, que dio como resultado una nueva Constitución Política para la República del Ecuador, con el objetivo de establecer un Estado que reforzara las atribuciones del gobierno central así como de la función ejecutiva, para promover una política proteccionista, intervencionista, asistencialista y de integración latinoamericana; estableciendo al mismo tiempo un “Estado de derechos” sociales, culturales y ambientales, pero que subordinó a un grado jurídico inferior las garantías individuales de la anterior constitución y que adoptó entre sus principales cambios institucionales la reelección inmediata del poder Ejecutivo.

El ex presidente Rafael Correa tuvo un mandato único, puesto que permitió la reelección consecutiva por dos periodos seguidos luego de haber sido electo presidente de Ecuador en 2006, y reelecto en 2009 y posteriormente en 2013. Al terminar su último periodo presidencial en abril de 2017, Correa ofreció un discurso en el que celebró el triunfo del candidato perteneciente a la organización política Alianza PAIS, Lenin Moreno con el siguiente discurso: “Somos más, y nadie nos arrebatará lo logrado, por más medios de comunicación y campaña sucia; esta fiesta popular es para festejar esta increíble victoria electoral, así como la décima Revolución Ciudadana, en condiciones muy difíciles, luchando contra todo el viejo país junto”; al mismo tiempo de que refutó las acciones adoptadas por la oposición ecuatoriana para desestabilizar al país así como deslegitimar la victoria electoral de Moreno, a través aseverar que el país estaba “dividido”.

Al asumir la presidencia, Lenin Moreno, con el 51 por ciento de votos obtenidos durante la segunda vuelta, este buscó deshacerse de la carga que su antecesor dejaba al declarar que a pesar de “Los pueblos hacen la historia, los líderes aceleran los procesos” por lo que a pesar de que Revolución Ciudadana tenía como líder a Rafael Correa, a partir de ese momento él sería quien trabajara por un el pueblo ecuatoriano y por la revolución ciudadana.

Sin embargo, entre ambos ha existido un rompimiento debido a que el actual Presidente ha hecho diversos esfuerzos por diferenciarse de su antecesor al buscar el diálogo con la oposición, con la prensa y con el sector privado.. Tal tensión llegó a su punto más alto cuando el Presidente Moreno quitó sus actuales funciones al Vicepresidente Jorge Glass, cercano a Correa, el pasado 3 de agosto lo que ha desestabilizado políticamente al Gobierno de aquel país.

En ese contexto, el pasado 29 de agosto del año en curso, el juez nacional Miguel Jurado, dio paso a la vinculación de once personas a proceso por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebretch, entre ellos, el Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Por ello, se solicitó la prohibición de salida del país a Glas como medida cautelar a lo que respondió el Vicepresidente que no tenía ningún problema con ello.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso a la situación política en la República del Ecuador relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de Odebretch, particularmente, por si hubiesen hechos que vincularan a funcionarios mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e inspeccionar habitualmente a las empresas mineras establecidas en el estado de Zacatecas para que cumplan cabalmente con las normas ambientales de esta actividad productiva. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los países de América Latina, principalmente los que se encuentran en vías de desarrollo, se ha observado la implementación de modelos extractivos que obran en función de la demanda internacional y ponen en vulnerabilidad su estabilidad económica y ambiental.

El caso de México resulta ilustrativo, pues cuenta con 293 empresas trasnacionales1 que ven en el país un “paraíso” para la extracción de minerales, esto debido a la laxitud de la Ley Minera que por un lado les garantiza grandes ganancias y por el otro, poca rigurosidad en sanciones ambientales; lo que tiene como consecuencia una industria mal regularizada que deja a su paso conflictos laborales, sociales y deterioro ambiental. Las concesiones pueden ser otorgadas hasta por 50 años con posibilidad de ser renovadas.

En los últimos quince años, la expansión de la minería metálica en el país ha sido un proceso incontenible. No se trata de un fenómeno aislado, sino inserto en una estructura de trasformación del capitalismo intrusivo. El esquema de producción del neoliberalismo promovido por tecnócratas, ha generado en México consecuencias brutales. Por un lado, está el desplazamiento de la población campesina y la consiguiente migración interna y externa, por otro lado, se ha frenado la movilidad social y ha aumentado la desigualdad, concentrándose la riqueza de una manera antes imposible de imaginar.

Ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre en el Estado de Zacatecas, el cual desde su fundación en el año de 1548,2 ha sido reconocido por su gran riqueza minera. La explotación de las sierras zacatecanas, las cuales encierran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, han sido la principal causa de contaminación, haciendo de esto un problema que ha prevalecido durante años. De la mano con la producción minera, se ha deteriorado el medio ambiente.

En Zacatecas existen 70 proyectos mineros con inversión extranjera que superan los 2 mil 344 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales, destacando las Mineras “Fresnillo PLC” y la “Mina Peñasquitos”, dos de los complejos mineros más grandes de todo México.3

Un caso entre muchos es el referente a la comunidad de San Martín, en el municipio de Sombrerete, quienes denuncian la situación crítica en el que se encuentra el arroyo “El Salado”, que atraviesa la comunidad, pues lo consideran un foco de contaminación, debido a los residuos de la minera “México”.

Desde el punto de vista económico y ecológico, estos megaproyectos mineros generan grandes tasas de rentabilidad que se convierten en enormes flujos financieros que alimentan las dinámicas consumistas de las élites de los países centrales, y también de las élites asociadas o encargadas directamente de la explotación minera en los propios países productores. Además, en la minería opera un complejo proceso de expropiación ecológica a partir del hecho de que en Zacatecas son grandes productores de minerales, pero consumen muy poco de lo que producen. Entonces, junto a todo el mineral exportado, se va también el agua utilizada en el proceso, la energía empleada en la producción y los enormes pasivos ambientales resultado de la contaminación que genera esta actividad.

En 2016, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) acusó a la Minera Peñasquitos, perteneciente a la trasnacional canadiense Gold Corp, instalada desde 2008 en el municipio de Mazapil, de generar altos niveles de contaminación por selenio y otros metales en mantos acuíferos de la zona, provocando también problemas de salud entre la población. El líder de la CNPA, José Narro Céspedes, y Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), señalaron que cuando termine la vida útil de la mina dejará estragos ambientales y acabará con la vida de los habitantes del semidesierto del estado.4

Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina mantiene un ritmo de extracción que deja en constante riesgo la vida silvestre y los mantos acuíferos del norte de Zacatecas. La contaminación de la tierra y agua con selenio, plomo, cianuro, mercurio y otros elementos usados en el método de lixiviación, un método que consiste en extraer “uno o varios solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido compuesto por ácido sulfúrico y agua”,5 aun cuando el método es altamente dañino, es practicado en contubernio con instancias ambientales federales y estatales.

Históricamente la explotación de la minería en México ha sido indiscriminada con nulas restricciones, tan sólo entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de oro y la mitad de plata de los 300 años de explotación colonial.6 En relación con las hectáreas concesionadas, existe desde hace años una guerra de cifras: según el informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los datos son contradictorios.

El apartado “Regulación y Supervisión de la Actividad Minera” determinó la existencia de 26,551 títulos que implican 36, 820,200 hectáreas concesionadas (18.8%), en cuanto al “Otorgamiento de Concesiones e Ingresos por Derechos en Materia Minera”, la Dirección de Registro Minero (DGRM) informó que se trata de 26,558 títulos con una cobertura total de 30, 689,700 hectáreas (15.62%). Por su parte, la organización “fundar” (Centro de Análisis e Investigación) documenta que hasta agosto de 2012 estaba concesionado 16% del territorio nacional. Por último, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su estudio sobre la minería en México, da cuenta de 26, 740,000 hectáreas concesionadas, lo que equivale a 13.61% del territorio nacional (2014).7

En esta misma tesitura, con información del estudio Estimación de impuestos ecológicos, que realizó la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac), las cuatro empresas operadas por Grupo Peñoles y Fresnillo PLC, emiten cada año a la atmósfera mil 124 toneladas de bióxido de carbono (CO2); las dos mineras de Grupo Frisco, liberan 90 mil 792 toneladas de esa sustancia tóxica, y Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, 329 mil toneladas.8

Como se ha hecho notar, las consecuencias de la minería para el medio ambiente son cuantiosas, por ejemplo, solo un gramo de oro extraído genera una tonelada de tierra con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico y plomo que contaminan aire y mantos de agua; los ecosistemas desaparecidos por cráteres donde la flora y fauna no se regeneran; la economía local, lejos de mejorar es afectada, perdiendo su capacidad de cultivo.9

Esta actividad atenta contra lo estipulado en el artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Federal, donde explícitamente se marca que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y también el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Bajo estas consideraciones, es preciso y necesario proteger el medio ambiente, reducir o eliminar los efectos negativos de las actividades de explotación minera directa que podrían ocasionar sobre los recursos naturales y la vida silvestre, es por esa razón que se hace la proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investigue a las empresas mineras establecidas en el estado de Zacatecas, sobre el cumplimiento de las normas ambientales de esta actividad productiva; asimismo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que rinda un informe a esta Soberanía en relación al impacto ambiental que han tenido las mineras en el estado de Zacatecas y se especifique las medidas que ha empleado controlar, minimizar o en su caso erradicar el progresivo deterioro ambiental del estado.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investigue e inspeccione habitualmente a las empresas mineras establecidas en el estado de Zacatecas, a que cumplan cabalmente con las normas ambientales de esta actividad productiva, y en su caso, sancione a los responsables del daño y deterioro ambiental que se desprenda de las indagatorias correspondientes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que rinda un informe a esta Soberanía del impacto ambiental que han tenido las empresas mineras en el estado de Zacatecas en los últimos 5 años y se especifique las medidas o acciones que ha llevado a cabo para controlar, minimizar o en su caso erradicar el progresivo deterioro ambiental en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Secretaría de Economía, “Empresas con Proyectos Mineros en México”, Consultado el 9 de agosto de 2017 [En Línea], Disponible en:
http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico/empresas-mineras.html

2 Panorama Minero del Estado de Zacatecas”, Servicio Geológico Mexicano, [en línea], consultado el 9 de agosto de 2017, disponible en:
http://www.sgm.gob.mx/pdfs/ZACATECAS.pdf

3 “Tienen minas ricas y pueblos pobres”, NTR, [en línea], consultado el 4 de septiembre de 2017, disponible en:
http://ntrzacatecas.com/2013/02/12/tienen-minas-ricas-y-pueblos-pobres/

4 Valadez, Alfredo. “ONG: Goldcorp sólo dejará contaminación y miseria en Zacatecas”, La Jornada, [en línea], consultado el 9 de agosto de 2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/29/estados/029n3est

5 “Qué es la Lixiviación definición”, [en línea], consultado el 11 de agosto de 2017, disponible en:
http://www.lixiviacion.com/pagina/lixiviacion-definicion

6 Universidad Autónoma Metropolitana, “Legislación minera y derechos humanos: el derecho en la encrucijada”, Consultado el 21 de febrero de 2017 [en Línea], disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/325/32542592011.pdf

7 Ibidem

8 Valadez, Alfredo. “Empresas de Goldcorp, Bailleres y Slim son las más contaminantes en Zacatecas”, La Jornada, [en línea], consultado el 9 de agosto de 2017, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/28/estados/025n1est

9 “4 consecuencias de la minería a cielo abierto”, Ecoosfera, consultado el 10 de agosto de 2017,






De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación de los casos de corrupción a los que hace referencia el reportaje “La Estafa Maestra”, y las ramificaciones que pudieron tener durante el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de la Alfabetización”. Se turna a la Comisión de Educación.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La alfabetización es una habilidad primordial y una medida clave en la educación de la población. También es un impulsor del desarrollo sostenible, ya que permite mayor participación en el mercado laboral, mejora en la salud y nutrición familiar, reducción de la pobreza y expansión de las oportunidades de vida.

Los niveles de alfabetización en la población mundial han aumentado drásticamente en los últimos dos siglos. Mientras que en 1820, solo el 12% de la gente sabía leer y escribir, en 2010 la tendencia se ha revertido, de modo que solamente el 17% de la población mundial es analfabeta.1

Todos los países fuera de África, con excepción de Afganistán, tienen niveles de alfabetización superiores al 50%, sin embargo, a pesar del progreso general, persisten grandes inequidades entre África y el resto del mundo. En Burkina Faso, Niger y Sudán del Sur, que ocupan los últimos lugares del conteo, los niveles de alfabetización aún son menores al 30%2.

América Latina tuvo grandes avances durante el siglo XX, cuando la expansión de la educación básica se volvió prioridad global. En este periodo muchas naciones ganaron hasta 50% de alfabetización de gente, sin embargo, actualmente la mitad de la población es analfabeta en los países pobres como Haití.

Por ello, a pesar de las grandes mejoras en la expansión de la educación básica en todo el mundo y a pesar de la disminución de inequidades en el acceso a la educación, aún existen retos sustanciales, principalmente:

• Los países más pobres del mundo aún tienen analfabetismo en grandes segmentos de la población.

• Dentro de los países existen inequidades que impiden el avance paralelo de la alfabetización entre los grupos poblacionales.

• La mayoría de los países tienen grandes brechas intergeneracionales de analfabetismo, favoreciendo a los más jóvenes.

Por estas razones, desde 1946, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha promovido esfuerzos de alfabetización, con la visión de un mundo alfabetizado para todos. Se busca adquirir y mejorar las habilidades de alfabetización como una parte intrínseca del derecho a la educación. El efecto multiplicador de la alfabetización empodera a la gente, permite su completa participación en la sociedad y contribuye a mejorar el sustento de vida.3

A fin de promover la alfabetización como parte integral del aprendizaje de vida y de la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible, la UNESCO toma diversos enfoques para promover la alfabetización en todo el mundo, con énfasis en los adultos jóvenes.

Asimismo, el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de septiembre, es una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas destaquen los avances en las tasas mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. 4

La idea de celebrar un día internacional dedicado a la alfabetización se gestó en la Conferencia Mundial de Ministros de Educación sobre la Erradicación del Analfabetismo que tuvo lugar en Teherán, Irán, en septiembre de 1965, y la conmemoración fue declarada por la UNESCO en octubre de 1966, con el fin de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo.5

Al igual que otras conmemoraciones promovidas por las Naciones Unidas, esta fecha se centra en un tema diferente cada año, a fin de enfocarse en algún aspecto específico. En 2017, el tema es: «Alfabetización en un mundo digital».6

Las tecnologías digitales ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que mejoren en todos los aspectos de su vida, incluido en el acceso a la información; a la gestión de los conocimientos; a las redes, los servicios sociales, la producción industrial y las diversas modalidades de trabajo. No obstante, quienes carecen de acceso a las tecnologías digitales, a los conocimientos y a las habilidades y competencias necesarias para navegar por conducto de las redes pueden quedar marginados en el seno de sociedades cada vez más digitalizadas7. La alfabetización es, en este sentido, una de estas competencias esenciales.

De este modo, la conmemoración de este año tendrá como objetivo fundamental determinar qué competencias en lectura y escritura necesitan las personas que se conectan a las redes de Internet en sociedades cada vez más digitalizadas, y de examinar las políticas y los programas de alfabetización eficaces, que permiten sacar provecho de las oportunidades que brinda la era digital.8

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 1.2% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad es analfabeto y no cuenta con escolaridad. Además, el 1.6% cuentan con tres o menos años de escolaridad. Esto significa que en total, el 2.8% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años es analfabeta funcional. Adicionalmente, el 2.9% de los jóvenes en este mismo rango de edad tienen inconclusos sus estudios de primaria.9

Estas cifras indican que México tiene un nivel de analfabetismo relativamente bajo, gracias a los esfuerzos realizados principalmente por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), organismo descentralizado creado por decreto presidencial publicado el 31 de agosto de 1981.

El INEA propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, además de acreditar y certificar la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios. De este modo, el INEA tiene el propósito de preservar la unidad educativa nacional para que la educación básica de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez en toda la República.10

Cabe destacar que el INEA también promueve la alfabetización con tecnologías de la información y la comunicación (TICs), por medio del Programa de Plazas Comunitarias, que fue creado en 2001 como un conjunto de centros comunitarios educativos intensivos en el uso de la tecnología y enfocados al combate del analfabetismo en el ámbito rural.11

El Quinto Informe de Labores del Gobierno Federal indica que durante 2016, el INEA logró que 2.1 millones de personas concluyeran la alfabetización, la primaria o la secundaria. Asimismo, en el último año hubo 2,607 Plazas Comunitarias, donde la línea de atención “Alfabetización Tecnológica”, acreditó 34 mil 536 exámenes y contó con 10,517 módulos.

Gracias a estos esfuerzos, de diciembre de 2012 a junio de 2016 se obtuvieron los siguientes avances:

• 958,931 personas se alfabetizaron

• 1,534,583 concluyeron la primaria

• 2,621,148 concluyeron la secundaria

• El rezago educativo total en la población de 15 años y más, muestra una reducción de 4.6%, pasando de 37.4% a 32.8%

• El índice de analfabetismo se redujo en 1.4%

• El retraso en primaria disminuyó 1.7%

• El retraso en secundaria disminuyó 1.5%

A pesar de estos importantes avances, es necesario continuar con los esfuerzos de alfabetización y conclusión de los estudios de educación básica, con énfasis particular en los programas y acciones para la “alfabetización tecnológica”, como indica la UNESCO, en la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), a reforzar los programas y acciones encaminados a disminuir el índice de analfabetismo, con énfasis particular en la “alfabetización tecnológica”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina (2016) ‘Literacy’. Recuperado en septiembre de 2017 de:
https://ourworldindata.org/literacy/

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) Lucha contra el analfabetismo en Burkina Faso. Recuperado en septiembre de 2017 de:
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/articles/2009/04/17/lutte-contre
-lanalphabtisme-au-burkina-faso.html

3 UNESCO. Literacy. Recuperado en septiembre de 2017 de: http://en.unesco.org/themes/literacy

4 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017 de:
http://www.un.org/es/events/literacyday/

5 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017 de:
http://www.un.org/es/events/literacyday/background.shtml

6 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Portada (consultado en septiembre de 2017)
http://www.un.org/es/events/literacyday/index.shtml

7 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. (2017) “La Alfabetización en un mundo digital”, lema del Día Internacional de la Alfabetización (consultado en septiembre de 2017)
http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect
/redirige/destacados/2017/agosto/lectura-lectores/Dia-Alfabetizacion-2017.html

8 UNESCO. Día Internacional de la Alfabetización (consultado en septiembre de 2017)
http://es.unesco.org/themes/alfabetizacion-todos/dia-alfabetizacion

9 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto). Boletín publicado el 10 de agosto de 2017
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf

10 INEA. ¿Qué hacemos? (consultado en septiembre de 2017) https://www.gob.mx/inea/que-hacemos

11 INEA. Programa de Plazas Comunitarias en zonas rurales. 15 de junio de 2017
https://www.gob.mx/inea/articulos/alfabetizacion-en-un-mundo-digital-111812?idiom=es






De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de las 32 entidades federativas a tomar las medidas pertinentes respecto a la sustracción de menores por parte de los padres o madres que no tengan la custodia de sus hijos. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTIENENTES RESPECTO A LA SUSTRACCIÓN DE MENORES POR PARTE DE LOS PADRES O MADRES QUE NO TENGAN LA CUSTODIA DE SUS HIJOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ha sido una preocupación constante del Estado Mexicano, en la reforma Constitucional al artículo 4, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 20111, se estableció el compromiso del Estado por velar y cumplir con el principio del Interés Superior de la Niñez.

Construir condiciones favorables para que nuestras niñas, niños y adolescentes gocen de una vida digna, ha permitido que hayamos adecuado nuestro marco jurídico con las reformas constitucionales que se han realizado desde el Congreso de la Unión.

Tanto los gobiernos como la sociedad, deben asumir un compromiso mutuo que permita que el interés superior de la niñez no sea letra muerta y garantice en efecto, el sano crecimiento de los menores.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contempla en su artículo 2 que:

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales2.

La Observación General N°14 del Comité sobre los Derechos del Niño en su Artículo 3 de la Convención, párrafo 1, textualmente señala que:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el “interés superior del niño”3.

Es justamente en este sentido, por el que se desarrolla el presente Punto de Acuerdo, toda vez que hemos venido conociendo de diversos hechos en donde la sustracción de menores por parte de las madres o padres que no tienen la guarda custodia, arrebatan literalmente a sus hijos el derecho de convivencia consagrado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes4, artículo 22 mismo que señala que las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia siendo enfático el último párrafo del citado artículo al señalar que:

“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia”5.

En los últimos meses hemos conocido de casos en donde han sido violentados los derechos de algunas niñas y niños al ser sustraídos de la custodia de la madre o padre con quienes vivían, incidiendo con estas acciones en impedir para los menores el sano crecimiento y desarrollo de convivencia que tienen dentro del marco jurídico internacional y mexicano.

Las rupturas o conclusión de las relaciones de pareja no deben ser causa o motivo para utilizar a sus hijos con el fin de hacerse daño, toda vez que el daño también se lo hacen a los hijos y lamentablemente este fenómeno se viene presentando cada vez con mayor frecuencia.

La violencia en contra de la mujer es lamentablemente una práctica que se realiza en muchas de las ocasiones por parte de las propias parejas de las víctimas o bien, se encuentran dentro del entorno social de las víctimas tal y como lo señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH) 20116.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se destaca que el 63 por ciento de mujeres entre 15 años y más, han sufrido actos de violencia respecto de los resultados que se obtuvieron del estudio realizado por el Gabinete y Comunicación Estratégica (GCE) señalan que el 3.7% de los actos de violencia se originan en la pareja y el 1,7% en la familia.

Los resultados que desde el año 2006 presentó la ENDIRE, nos alertaban del grave problema que se presenta en nuestro país respecto de la violencia en contra de la mujer, presentaba desde ese momento un alarmante 43.2% de mujeres de 15 años o más que había sufrido algún acto de violencia por parte de su pareja7.

La violencia es una conducta social que privilegia el uso de la fuerza como forma para resolver los conflictos y se presenta a través del dominio que ejercen ciertos grupos o individuos sobre sus parejas, siendo predominantemente la mujer quien sufre los actos de violencia.

El pasado viernes 14 de julio del presente año se perpetró mediante acción violenta en la colonia Milenio III en la ciudad de Querétaro, Querétaro, el arrebato de 3 hermanos, todos menores de edad, quienes fueron separados de su madre, por personas presumiblemente enviadas por el padre de los menores y quien aparentemente los tiene en su poder en Huauchinango, estado de Puebla8.

La madre de los menores ha acudido a las instancias judiciales correspondientes en el estado de Querétaro, en donde quedo abierta carpeta de investigación respecto de los hechos cometidos en su contra el pasado 14 de julio del año en curso y ha requerido el apoyo e intervención del poder judicial del estado de Querétaro para solicitar sean localizados sus hijos y devueltos para su custodia.

Existen antecedentes relatados por la madre de los niños, respecto a denuncias que previamente había iniciado, por diversos actos de violencia a los que se ha visto sometida por el padre de sus hijos9.

Desde un perfil de Facebook, se publicó la imagen de la resolución judicial del juicio 1018/2015 en el Juzgado de lo Civil en el municipio de Huauchinango, estado de Puebla con la que pretende desacreditarse las acciones iniciadas por la madre de los menores y señala como falso el supuesto “robo de menores”10.

Cabe atraer a este respecto el texto del artículo 24 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que a la letra dice:

“Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia.

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades deberán otorgar acogimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de esta Ley y demás disposiciones aplicables.”

Otro caso, fue el suscitado en Aguascalientes, otra menor de edad fue separada de su madre, la Señora Erika, quien denunció la sustracción de su hija por parte del padre de la niña.

Se le negó la guarda y custodia de su hija, motivo por el que sustrajo a la menor de edad del cuidado de su madre, en un claro y contundente desacato a resolución judicial,11 aparentemente la niña se encuentra en poder de su padre en el estado de Yucatán y no se le ha devuelto a la madre.

Otro antecedente de sustracción de menor fue el ocurrido al señor Korenko, oriundo del Estado de Yucatán, quien ha denunciado la sustracción de su hijo por parte de la mamá del niño y aparentemente lo tiene en el estado de Quintana Roo, específicamente en la Isla de Cozumel.

El señor Korenko inició denuncia por desaparición del menor de edad ante la fiscalía de Mérida, Yucatán, y refiere que han transcurrido cinco meses y a la fecha no cuenta con información de avances respecto de la denuncia.

Debemos de garantizar la protección y salvaguardar del Interés Superior de los niños referidos.

Sin embargo, también deben destacarse los casos en donde ha existido sustracción de menores y las autoridades han actuado en forma inmediata para garantizar la seguridad de los menores y salvaguardar su interés superior.

En el año 2011, la Señora Claudia Alanis, fue detenida por la policía de los Cabos en Baja California, por sustraer a su hijo contra la voluntad del padre, gracias a una denuncia temprana por parte de una vecina, se evitó que el menor fuera sacado del estado12.

En diciembre del año 2016, el señor Francisco Cruz, fue detenido al haber sustraído con violencia a su hijo de la escuela en donde se encontraba gracias a que uno de los estudiantes fue testigo de los hechos y por la acción pronta y oportuna de elementos policiacos que recibieron la denuncia13.

Otro caso fue el ocurrido en la Ciudad de México, concretamente en el metro Villa de Aragón en donde la señora Jeannette Zamudio, quien perdiera la custodia de su hija de 3 años de edad, con engaños se llevó a su hija14.

Sobre este último caso, debe reconocerse la participación de la Fiscalía del Estado de México, quien activó Alerta Amber.

A este respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró en septiembre del año 2013, como delito constitucional el llevarse a un hijo sin la autorización de quien posee los derechos de guarda custodia15.

La violencia no es el medio para hacer justicia al interior del seno familiar y no deben ser estos actos de violencia los que arrebaten a una madre o a un padre de la custodia de sus hijos.

En razón de lo anteriormente expuesto y por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, presento a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Judicial de las  32 Entidades Federativas, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas pertienentes respecto a la sustracción de menores por parte de los padres o madres que no tengan la custodia de sus hijos y velen por el Interes Superior de la Niñez.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826&fecha=12/10/2011

2 El texto subrayado se resalta por la proponente para hacer énfasis sobre el fenómeno de sustracción de menores.

3http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/
presentacion_260615_4.pdf

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014

5 El texto subrayado del artículo 22 de la LGDNNA, corresponde a la proponente para enfatizar la obligación de las autoridades.

6http://www.animalpolitico.com/2014/11/en-mexico-2-de-cada-2-mujeres-han-sufrido
-violencia-de-genero-el-principal-agresor-la-pareja/

7 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf

8 http://www.alertaqronoticias.com/2017/07/14/drama-familiar-en-milenio-iii-padre-
arrebata-hijos-a-su-mama-y-se-los-lleva/

9 https://youtu.be/iJ2BjYS1kGI

10 https://www.facebook.com/maggy.vazquez.391

11http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=1&
TipoProcedimiento=979&Expediente=1558%2F2016&Buscar=Buscar&Circuito=30&
CircuitoName=TRIG%C9SIMO+CIRCUITO&Organismo=1555&OrgName=Juzgado+
Cuarto+de+Distrito+en+el+Estado+de+Aguascalientes&TipoOrganismo=0&Accion=1

12https://noticabos.org/2011/07/01/madre-termina-detenida-por-querer-sustraer-a-su-hijo-de-la-custodia-del-padre/

13 http://tribunacampeche.com/policia/2016/12/17/padre-sustrae-hijo-escuela-lo-detienen/

14http://www.milenio.com/policia/scarlett-diaz_zamudio-villa_de_aragon-metro-
custodia-madre-abuso_sexual-noticias_0_983301827.html

15 http://expansion.mx/nacional/2013/09/12/la-corte-declara-constitucional-el-delito-
de-sustraccion-de-menores






De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo sobre la Ley SB4. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar el estatus que guardan las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud, causados por el derrame de residuos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, el pasado 6 de agosto de 2014 por la Minera Buenavista del Cobre, de Grupo México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a elaborar un plan de trabajo ante las posibles consecuencias que traerá la cancelación del Programa DACA y una posible repatriación masiva de connacionales al país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMÍA PARA QUE ELABOREN UN PLAN DE TRABAJO, ANTE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS QUE TRAERÁ LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA DACA Y UNA POSIBLE REPATRIACIÓN MASIVA DE CONNACIONALES AL PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Alrededor de 800,000 “dreamers”, entre ellos 622 mil 170 jóvenes indocumentados mexicanos, han podido vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportados gracias al programa DACA: Acción Diferida para Llegados en la Infancia, implementado desde hace cinco años.

Este programa fue creado por decreto presidencial el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama, ante la imposibilidad de aprobar en el Congreso la Ley DREAM (Develepment, Relief and Education of Alien Minors Act), o Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros.1

La mayoría de los jóvenes que nacieron en México, viven en la actualidad en los estados de California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida, entre otros más. Su principal objetivo es proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Los dreamers (que es como se le conoce a los beneficiarios de DACA), podrán pedir la consideración de acción diferida durante un período de dos años, sujeto a renovación. Estas personas con base al programa, eran sujetos de derecho a la autorización de un empleo legal, a obtener un número de seguridad social, y una identificación estatal.2

Sin embargo el pasado 5 de septiembre del presente año, el Jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions anunció en conferencia de prensa la recisión del programa DACA, negando así la aceptación de cualquier solicitud para la incorporación a este programa a partir del día 6 de septiembre de este año.3

La cancelación del decreto DACA, dejará desprotegidos a un promedio de 600, 000 dreamers mexicanos, los cuales al no contar con la protección de la deportación, estos llegaran a nuestro país, es por ello que se debe crear un plan de trabajo, que contengas las medidas necesarias, para la protección y seguridad de nuestros connacionales.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, elaboren un plan de trabajo ante las posibles consecuencias que traerá la cancelación del programa DACA y una potencial repatriación masiva de connacionales al país

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Suscriben.

1 Animal Político. (2017)¿Qué es DACA y por qué importa el programa que quiere eliminar Trump? [en línea] Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/09/daca-mexico-trump/ [Fecha de consulta 6 Sep. 2017].

2 USCIS. (2017). Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). [en línea] Disponible en:
https://www.uscis.gov/es/acciondiferida [Fecha de consulta 6 Sep. 2017].

3 La Razón. (2017). Anuncia Jeff Sessions la cancelación del programa DACA. [en línea] Disponible en:
https://www.razon.com.mx/anuncia-jeff-sessions-la-cancelacion-del-programa-daca/ [Fecha de consulta 6 Sep. 2017].






De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”. Se turna a la Comisión de Salud.

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su muerte1. Existen diversas perspectivas y estudios del acto suicida que señalan que dicho evento es precedido de varios factores, por lo que cada vez más enfoques buscan comprender la complejidad de este fenómeno, a fin de prevenirlo2.

Las cifras más recientes de la OMS en materia de suicidio a nivel global indican lo siguiente:3

• Cerca de 800 mil personas mueren por suicidio cada año.

• Por cada suicidio que ocurre, pueden ocurrir más de 20 intentos.

• Un solo intento de suicidio es el factor de riesgo más importante en la población general.

• El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

• El 78% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios.

• La ingestión de pesticidas, el ahorcamiento y las armas de fuegos son los métodos más comunes de suicidio en el mundo.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que en el continente americano se tienen las siguientes cifras:4

• Más de 60 mil personas se suicidan cada año en las Américas.

• El suicidio ocupa el lugar número 20 entre todas las causas de mortalidad en las Américas.

• Entre los 10 y los 24 años de edad ocupa el tercer lugar.

• La mortalidad por suicidio es cuatro veces mayor en los hombres que en las mujeres.

• Las mayores tasas de suicidio están en las personas entre los 45 y 59 años (12 muertes por 100 mil habitantes) y en los mayores de 60 años (10.6 muertes por 100 mil habitantes).

Con base en estas cifras, la OMS considera al acto suicida como un problema grave de salud pública; sin embargo, puede ser evitado con intervenciones oportunas, basadas en evidencia y de bajo costo. Para que las estrategias nacionales sean efectivas, se requiere una estrategia integral y multisectorial para prevención del suicidio.

Dichas estrategias deben incluir medidas como reducir el acceso a métodos de suicidio; implementar políticas para reducir el uso nocivo del alcohol; identificación temprana, tratamiento y cuidado de las personas con desórdenes  mentales, abuso de sustancias, dolor crónico y estrés emocional; capacitación de los trabajadores de salud no especializados en la evaluación y manejo de conductas suicidas; seguimiento de cuidados para personas que intentan suicidarse y otorgamiento de apoyo comunitario.

Una de las acciones más relevantes para prevención del suicidio a nivel global es el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020, que compromete a los países miembros de la OMS a trabajar para alcanzar la meta de reducir en 10% la tasa de suicidio para el año 20205.

Además, la tasa de mortalidad por suicidio es un indicador de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por decesos no comunicables, a través de la prevención y tratamiento, promover la salud mental y el bienestar”.

A fin de continuar impulsando acciones en esta materia, la Asociación Internacional para Prevención del Suicidio (IASP), en coordinación con la OMS, organiza el 10 de septiembre de cada año la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tiene el objetivo de crear consciencia acerca de la prevención del suicidio alrededor del mundo.6

En 2017, el tema de esta conmemoración es “Toma un minuto, cambia una vida”, indicando que como miembros de comunidades, es nuestra responsabilidad poner atención a aquellos que pueden estar luchando, preguntarles si están bien e impulsarlos a contar su historia a su propia manera y a su propio ritmo. Ofrecer palabras gentiles de apoyo y escuchar sin juzgar pueden hacer una gran diferencia.7

En nuestro país, las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son las siguientes:8

• En 2014 se registraron 6,337 suicidios, que representan el 1% del total de muertes ocurridas.

• Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.

• Ocho de cada 10 suicidios (80.2%) fueron consumados por hombres y 19.8% por mujeres.

• Campeche (10.2), Aguascalientes (8.6), Chihuahua (8.4) y Yucatán (8.4), son las entidades que presentan mayor tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.

• Oaxaca (3.4), Morelos (2.8), y Guerrero (2.1), presentan las tasas más bajas de suicidio.

• En 40.2% de los suicidios en 2014, se trató de un joven de 15 a 29 años. Entre este grupo de edad, la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada cien mil jóvenes.

• La Secretaría de Salud, en 2014, registró 2,292 egresos a causa de lesiones autoinfligidas.

A partir de las cifras anteriores, se observa que el grupo de jóvenes de 15 a 29 años de edad es el más afectado por los suicidios. Ante ello, México está comprometido a llevar a cabo todas las acciones planteadas en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, convocado por la OMS, con el fin de reducir el suicidio.9

Por ello, México tiene un protocolo de atención para personas que presentan riesgo de suicidio; así como, la Secretaría de Salud realiza acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios relacionados con el suicidio, y brinda atención a la población de riesgo.

Asimismo, el Gobierno Federal implementó el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018, que tiene entre sus objetivos realizar prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios relacionados con el suicidio y atención de la población de riesgo.

Recientemente, el Gobierno Federal ha implementado capacitaciones a médicos sobre salud mental, prevención y tratamiento del suicidio. Con ello, se busca brindar mayor formación en salud mental, fortalecer el conocimiento de profesionales médicos para detectar y atender de forma temprana algún síntoma de depresión que reduzca la incidencia del suicidio.10

En este sentido, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Salud a informar los avances en el cumplimiento del Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, así como de otras acciones para la prevención del suicidio.

Con esta información, se podrá conocer la efectividad de los programas y acciones implementadas y se conocerán los retos persistentes para la prevención y atención del suicidio, a fin de continuar mejorando las políticas públicas en esta materia.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a presentar a esta soberanía un informe de avances en el cumplimiento del Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, así como de otras acciones para la prevención del suicidio en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 INEGI (2006) Suicidio. Marco de referencia sobre el suicidio. México

2 SSA (2015). Día mundial para la prevención del suicidio. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158, 29 de julio de 2016.

3 WHO (2017). Media centre. Suicide. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/

4 OMS/OPS. (2013) Día Mundial para la Prevención del Suicidio: En las Américas cada año se quitan la vida más de 60 mil personas. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8987%
3A2013-suicide-claims-more-than-60-000-lives-yearly-americas&Itemid=1926&lang=es

5 OMS/OPS. (2017) Suicidio, Nota Descriptiva. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

6 WHO. World Suicide Prevention Day (WSPD) Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/

7 IASP. (2017) World Suicide Prevention Day 2017, Recuperado en septiembre de 2017, de:
https://iasp.info/wspd2017/

8 INEGI.(2016) “Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)” Boletín del 7 de septiembre de 2016
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf

9 Secretaría de Salud. (2014) Comunicado de prensa No. 502, recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.salud.gob.mx/ssa_app/noticias/datos/2014-10-21_7218.html

10 Secretaría de Salud. (2016) Prevención y tratamiento a jóvenes para evitar el suicidio. Recuperado en septiembre de 2017, de:
https://www.gob.mx/salud/prensa/prevencion-y-tratamiento-a-jovenes-para-evitar-el-suicidio






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que solicite a la Auditoría Superior de la entidad que fiscalice la gestión financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, a fin de verificar que no existan irregularidades o conductas ilícitas en adquisición de medicamentos y hacer del conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, administración y entrega. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El tema de la salud ocupa un lugar central en la agenda pública nacional e internacional, como un igualador social y un factor clave para el desarrollo.

La protección a la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, que permite el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como el progreso de la sociedad en su conjunto.

Pese a lo anterior, en lo que va de la administración del gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se han presentado de manera sistemática diversas irregularidades en los contratos para el suministro de medicamentos, asunto que tiene un importante impacto en la salud y la economía de la población, además de estar asociado con la manera en que se gastan los recursos públicos.

Diversos hechos revelan que el gobierno ha llevado a cabo compras de medicamentos caras y poco transparentes. Al respecto, cabe destacar algunos hechos recientes. De acuerdo con diversos medios periodísticos, el Gobierno Estatal gastó 3.5 veces más en medicinas de 2011 a 2014 y oculta los contratos de los tres últimos años que incluyen servicios adicionales de casi 450 millones de pesos por “administración y dispensación”1.

Basta señalar que en tan solo 2011, el Estado pagó 653 millones 831 pesos por medicinas más 34 millones 174 mil por entrega en cada unidad médica al ISSEG-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.2

A decir de los medios, no existía contrato de “administración y dispensación”, toda vez que llevaba el control la Secretaría de Salud. Con la novedad de contratar en  paquete la compra, transportación, administración y dispensación de medicinas y  material de curación para el Seguro Popular, el gobierno estatal canceló las compras a ISSEG y en 2014, los guanajuatenses pagaron 1 mil 863 millones 204 mil pesos por medicamentos y material de curación más 425 millones 547 mil 584 pesos por “administración y dispensación de medicinas”, es decir, 2 mil 288 millones 751 mil pesos.

El aumento de más de 300% del costo en tres años no corresponde con el incremento de inscritos al Seguro Popular, ya que mientras en 2011 había 2.8 millones de afiliados, en 2014 fue de 3.3 millones.

No omitimos señalar que Guanajuato es de los estados que no participa en las compras consolidadas de medicamentos que asegura el precio más barato del mercado. Este mecanismo de compra ha sido impulsado por el IMSS.

Por ejemplo un medicamento como el suero inyectable de cloruro de sodio, con el mecanismo que impulsa el IMSS el precio promedio es de 6.97 pesos por unidad; Guanajuato el mismo medicamento lo compra en 12.25 pesos, 85% más; la metamorfina en tableta, administrada a pacientes con diabetes, en compra consolidada cuesta 6.58 pesos, Guanajuato la compra en 9.15 pesos, 39% más.3

A mayor abundamiento, diversas fuentes periodísticas destacan que en Guanajuato fue suministrada insulina de origen Chino no autorizada, distribuida por Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos, las cuales habían sido descalificadas durante el proceso de licitación por el Comité de Adquisiciones de Guanajuato, por no cumplir con los requisitos solicitados. Sin embargo, les fueron autorizados los contratos de manera directa, con un sobreprecio de 325% en cada medicamento.

Se presume que los precios de los medicamentos registraron un alza considerable cuando el Estado adjudicó los contratos de manera directa a las empresas Intercontinental de Medicamentos y Dimesa ya que, de acuerdo, con funcionarios estatales, la Ley de contrataciones públicas para el estado de Guanajuato, no permite al ISSEG hacer este tipo de servicios.

Sin embargo, conforme a lo establecido por dicha Ley, es posible que organismos como el ISSSEG pueden prestar servicios a los gobiernos; además, según información del propio gobierno, éste Instituto obtenía utilidades por 60 millones de pesos anuales por proveer al Seguro Popular.

Pese a que se trata de un tema de la mayor importancia para los ciudadanos, las autoridades correspondientes se han mostrado omisas ante esta situación, al no presentar información pública sobre los contratos de compra, distribución y dispensación de medicinas.

El artículo 134 de nuestra Constitución Política establece los principios para el uso de recursos públicos, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.4

Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, otorgan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y, en general, los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura.

De manera concreta, el artículo constitucional señalado establece a la letra que “La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo”5.

Sin duda, los hechos descritos evidencian presumibles ilícitos y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, que han sido desmentidos por las autoridades competentes, la economía y la salud de las familias guanajuatenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, solicite a la Auditoría Superior de la entidad que fiscalice la gestión financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con el objeto de verificar que no existan irregularidades o conductas ilícitas en la adquisición de medicamentos; asimismo, para que haga de conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, administración y entrega.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 https://www.am.com.mx/2017/08/26/leon/local/gobierno-con-compras-caras-y-opacas-371923

2 El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) es un organismo público descentralizado que tiene como función sustantiva preservar y fortalecer el Fondo de Pensiones de los trabajadores afiliados al régimen de seguridad social del Estado

3 Diario Reforma, 18 de agosto del 2017.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

5http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%
C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones pertinentes por el presunto desvío de recursos a través de una investigación periodística. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE REALICEN LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES POR EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS A TRAVÉS DE "EMPRESAS FANTASMA" HECHO POR SERVIDORES PÚBLICOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 DADOS A CONOCER A TRAVÉS DE UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Iniciando el mes de septiembre del presente año, se dio a conocer la noticia por parte del sitio informativo “Animal Político”, de la investigación titulada “La Estafa Maestra” donde se refleja una serie de irregularidades que el Gobierno Federal ha realizado a lo largo de varios años.

Derivado de lo anterior, se informó que al menos once dependencias realizaron convenios con universidades públicas para que fungieran como intermediarias y obtuvieran una comisión.

El procedimiento que siguieron las dependencias es el siguiente: se firman convenios con universidades, ya que de ser otro ente, se deberá hacer mediante la Ley de Adquisiciones. A su vez, las universidades subcontratan a terceros para realizar los servicios, que entre ellos era distribuir despensas, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar personas de 15 años o más que no supieran leer ni escribir.

De lo anterior se subcontrataron a 186 empresas y el cobro por intermediación fue de entre el 10 y 15 por ciento del total del convenio. Es importante resaltar que de acuerdo a la investigación, de esas 186 empresas, 128 tienen irregularidades legales, se informa que 11 empresas fueron declaradas “fantasmas” por parte del Servicio de Administración Tributaria e investiga a 9 más por la misma razón; 8 no se encuentran en el domicilio que declararon; 44 no tienen un registro en la Secretaría de Economía; 6 tienen un giro totalmente diferente a las actividades para las que se contrataron y 10 no se localizaron por parte de la Auditoria Superior, todo ello deriva en que no podrían obtener contratos públicos y la mayoría de esas empresas no realizó el servicio para el que se les contrató y a decir de diversas personas, esas empresas fueron “sugeridas”.

De acuerdo de la nota periodística, las “Empresas” van a lugares lejanos, hablan con las personas para pedirles su apoyo, con el fin registrar las empresas a su nombre o con su domicilio y así crear empresas fantasmas.

Las cuentas públicas investigadas van del año 2013 al 2014 y se detectaron los siguientes datos:

1. Contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de esta cifra no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

2. Los 7 mil 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas donde 128 de ellas no debían recibir recursos públicos por no contar con la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente no existen.

De acuerdo al informe, estas son las principales dependencias y la cantidad de recursos que desviaron:

• Petróleos Mexicanos (en la gestión de Emilio Lozoya).

Con 3 mil 576 millones de pesos y 36 convenios celebrados.

• Secretaría de Desarrollo Social (con Rosario Robles como Titular).

Con 2 mil 224 millones de pesos y 10 convenios celebrados.

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (con Alfredo Del Mazo como titular).

Con 491 millones de pesos y 3 convenios celebrados.

Seguidas por:

• Fondo De La Vivienda Del ISSSTE.

Con 249 millones de pesos y 6 convenios celebrados.

• Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Con 52 millones de pesos y 4 convenios celebrados.

• Secretaría de Educación Pública.

Con 278 millones de pesos y 3 convenios celebrados.

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Con 19 millones de pesos y 2 convenios celebrados.

• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Con 138 millones de pesos y 2 convenios celebrados.

• Registro Agrario Nacional.

Con 491 millones de pesos y 2 convenios celebrados.

• Secretaría de Economía.

Con 96 millones de pesos y 1 convenio celebrado.

• Instituto Nacional para la Educación De Los Adultos.

Con 97 millones de pesos y 1 convenio celebrado.

Dentro de las investigaciones realizadas se descubrió que el Gobierno Federal no entregó directamente los contratos a las empresas, sino que primero se los dio a 8 universidades públicas, con el pretexto de que realizaran “supuestas” obras; para que subsecuentemente estas los entregaran a las empresas, cobrando 1,006 Millones 421,805 pesos de comisión. Las universidades involucradas son:

1. Universidad Autónoma Del Estado de México.

2. Universidad Autónoma Del Carmen.

3. Universidad Autónoma Del Estado de Morelos.

4. Universidad Popular De La Chontalpa.

5. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

6. Universidad Politécnica Del Golfo de México.

7. Instituto Técnico Superior De Comalcalco (Tabasco)

8. Universidad Tecnológica De Tabasco.

Los datos con que concluye la investigación concretiza los siguientes datos:

• 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasmas y cuyos socios viven en barriadas.

• Mil millones de pesos fueron la comisión para las universidades.

• El resto se utilizó supuestamente para contratar servicios que en la mayoría de los casos no hay evidencia de que estos hayan existido.

De acuerdo con la publicación de Animal Político dicho fraude también alcanzó a los 4 millones de analfabetas que hay en el país. En el año 2014, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México por la cantidad de 97 millones de pesos. Derivado de ello, la Universidad no logró hacer la totalidad del servicio y subcontrató a la empresa Estrategia Solutions, S.A. de C.V., por un monto de 9 millones 558 mil pesos.

Durante el año 2013, cuando Alfredo del Mazo era el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el organismo firmó tres convenios por un monto de 491 millones de pesos, con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Asimismo, para prestar los servicios de control, operación y soporte de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas quedándose con una comisión y ésta a su vez subcontrato a cinco empresas más. Ante ello, el organismo para corroborar que se realizó el servicio, entregó vía transparencia, informes mensuales en los que se describe que las redes de comunicación interna funcionan, pero respecto a los fondos no se sabe su destino.

Los casos de corrupción se resumen en dos pasos: una dependencia del gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta última lo transfiere a una empresa fantasma. No obstante, se presentan casos donde se involucran hasta 12 empresas en un mismo contrato. Hasta dos empresas prestan el servicio y el resto recibe el dinero sin realizar ningún tipo de servicio.

El resultado de esta publicación fue hecha a partir de 84 visitas a direcciones de empresas y 21 accionistas en las entidades de Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Asimismo, entrevistaron a más de cien personas; hicieron 350 solicitudes de información a las dependencias y universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. Aunado a ello, investigaron el origen de 186 empresas, en donde se rastreó en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores, etc.

CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Conforme al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

III.- Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

IV.- Conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘’ Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

V.- Conforme al artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

VI.- Conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 9.- El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos.

VII.- Conforme al artículo 37 Fracciones I, IV, XXIII, XVIII, y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes atribuciones en relación a la Investigación por desvío de recursos:

‘’I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; ’’

‘’IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control; ‘’

‘’XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; ‘’

‘’XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables; ‘’

‘’XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales’’

VIII.- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley. Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes para: I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local’’.

IX.- En relación al artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves. En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan. En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente’’.

X.- De acuerdo al artículo 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: ‘’Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior’’.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que exponga las consideraciones que estime convenientes. La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, y

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables. Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría Superior de la Federación cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias. Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior de la Federación, cuando lo considere pertinente, en términos de lo dispuesto en el artículo 104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que realice las investigaciones pertinentes por el presunto desvío de recursos a través de "empresas fantasma" hecho por servidores públicos en diversas dependencias del Gobierno Federal durante los años 2013 y 2014 dados a conocer a través de una investigación periodística, y que de ser el caso, presente las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente con la finalidad poner alto a la impunidad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que inicie las investigaciones con total imparcialidad por los delitos que se pudieran haber configurado por el presunto desvío de recursos a través de "empresas fantasma" durante los años 2013 y 2014 dados a conocer a través de una investigación periodística, en el que estarían involucradas diversas dependencias y universidades, debido a la afectación que pudiere haber sufrido el erario público y que, en su caso, se apliquen las medidas necesarias por la responsabilidad en la que hubieren incurrido los presuntos implicados.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública para que asista a una reunión de trabajo ante esta Soberanía con el propósito de que informe sobre las acciones que se llevarán a cabo en contra de los servidores públicos que presumiblemente están relacionados con el desvío de recursos a través de "empresas fantasma" en diversas dependencias del Gobierno Federal, durante los años 2013 y 2014.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a remitir un informe sobre los avances de la instalación de bebederos escolares. Se turna a la Comisión de Educación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En octubre de 2013 se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, creándose una tributación especial del 5 por ciento a alimentos denominados “chatarra”, y un peso por litro a bebidas con saborizantes azucarados. Asimismo, por los concentrados, polvos, jarabes, esencia o extractos de sabores, que al diluirse permiten obtener bebidas saborizadas con un alto porcentaje de azúcar.

Así lo establece el artículo Segundo fracción primera, inciso G, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:
Artículo 2°.-

G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.

México se encuentra entre los mayores consumidores de este tipo de bebidas a escala mundial, así lo demuestra el reporte “Carbonatando el Mundo: La Comercialización y el Impacto sobre la Salud de las Bebidas Azucaradas en Países de Medianos y Bajos Ingresos”,1 en el texto se detalla que las refresqueras no tienen problema en reducir precios, aumentar su competencia e introducir nuevos productos, ya que tienen a su favor los millones de dólares de ganancias obtenidas en los últimos años en el país, mientras que las estadísticas de salud continúan siendo desalentadoras.

La obesidad en niños y adolescentes puede ser el principio de enfermedades de adultos, tales como diabetes mellitus, problemas en pies y espalda, trastornos hormonales, hipertensión arterial, y cáncer. La genética también puede influir, si las madres durante los primeros tres meses de gestación tienen malos hábitos alimenticios, existe la posibilidad que los hijos padezcan sobrepeso durante la niñez. El niño con problemas de obesidad en edad pediátrica, tiene una probabilidad de 80 por ciento de ser obeso en la etapa adulta, por lo tanto tiene mayor probabilidad de ser un adulto enfermo.2

El impuesto aplicado en las bebidas azucaradas es parte de la solución que se implementó como política pública, en apoyo al sector salud que enfrenta graves problemas de obesidad infantil. México se encuentra entre los países con graves índices de niños con sobrepeso, en el país uno de cada tres infantes tiene problemas de esta índole (33%), así lo muestra la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), lo cual representa más de 4.1 millones de estudiantes de nivel básico escolar conviviendo con este problema.3

Con el impuesto a las bebidas azucaradas también se buscó enfrentar la gran desigualdad que existe en la disponibilidad de agua en las comunidades más pobres, donde niñas y niños sufren la escases de este recurso natural; así como cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, el cual señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible”.

Atendiendo el grave problema de obesidad en niños del país, y cumpliendo lo dispuesto en el artículos 4 de la Constitución Federal y 4 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el pasado 18 de marzo de 2014 se publicó la reforma a los artículos 7, 11, y 19, fracción XII, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

La reforma a los artículos antes mencionados, establece que “la infraestructura física educativa del país deberá cumplir con la oferta suficiente de agua potable para consumo humano”. “Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”.

En el Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en Materia de Bebederos Escolares, el artículo Sexto Transitorio estableció un plazo máximo de 3 años para la instalación de bebederos de agua potable a partir de la publicación del Decreto, eso representa que para este año se debe culminar con el plazo señalado.

Es claro que este plazo va a vencer y no se han presentado avances. La meta sexenal que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se propuso fue de 40 mil bebederos escolares, hoy solo se tiene un avance de 7 mil 474 instalados (35%), y 6 mil 200 contratados o en proceso de instalación.4

El objetivo establecido en la Ley General de Infraestructura Física Educativa no se cumplirá, pues solo se tiene un progreso del 35 por ciento y la instalación de cada suministro de agua potable es de aproximadamente cinco meses; además, se debe seguir el proceso para verificar las condiciones de calidad del agua, y para la colocación de materiales eléctricos e hidráulicos.

En los lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, se indica que la instalación de cada bebedero costará al Estado 50 mil pesos. El presupuesto destinado para proveer agua potable en los inmuebles escolares será del 15 por ciento de lo estimado para el programa de la Reforma educativa. La partida presupuestal en 2016 para el programa fue de 7 mil 607 millones 774 mil 802 pesos, el 15 por ciento de esa cantidad que se dispondría para el suministro de agua potable fue de mil 141 millones de pesos.5

En ese año se instalaron sólo 4 mil 800 bebederos.6 Si se multiplica la cantidad de los instalados por el costo de cada bebedero (50 mil pesos) establecido por los lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, el resultado de esa operación es de 240 millones de pesos. Quedando un sobrante de 900 millones de pesos, de los mil 141 millones de pesos que se tenían contemplados gastar para la instalación de agua potable en los inmuebles escolares.

Si la Secretaría de Educación Pública gastó el total de los recursos en los 4 mil 800 suministros de agua potable instalados en 2016, cada bebedero en los planteles costó 237 mil 708 pesos, cifra casi 5 veces superior a lo estimado por las autoridades para la instalación del total de la infraestructura.

Es claro que no se cumplirá con el objetivo establecido por la Ley, pero también queda de manifiesto el mal uso que se le da al presupuesto destinado para atender los problemas de desigualdad que existen para la disponibilidad de agua, y para atender los índices de obesidad que afecta a un gran número de infantes en el país.

Las secretarías de Salud y de Educación Pública, debieron trabajar de manera coordinada para cumplir con lo establecido por la Ley, y asegurar la instalación de los bebederos en los inmuebles escolares. Lamentablemente esto no ha ocurrido así, ejemplo de esta nula coordinación entre las secretarías fue el atraso de la publicación de los lineamientos de operación del Programa de la Reforma Educativa, la importancia de dichos lineamientos recae en que son la base normativa de las características y mecanismos idóneos para la instalación de los suministros de agua en las escuelas.

Sin la implementación de estos lineamientos por parte de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, organismo facultado para la instalación de los bebederos, se retrasó el cumplimiento del deber constitucional de garantizar el acceso al agua potable a la niñez.

Los lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en el 2015, año en el que se instalaron sólo 1,500 bebederos, cuando se contaba con un presupuesto de mil 360 millones 87 mil 240 pesos.7 Con esa partida y según el costo de cada bebedero considerado por la ley, se tenían que instalar 27 mil 202 suministros de agua escolares. Está claro que hay un mal uso de los recursos, ya que si se destinó todo el dinero a los 1,500 suministros de agua, cada uno tuvo un costo para el Estado de 906 mil 725 pesos, cifra 18 veces superior a lo estimado por la Ley.

Es importante que las Secretarías de Educación Pública y de Salud emitan un informe sobre los avances de instalación de los bebederos escolares, y que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa explique el manejo del presupuesto destinado para la implementación de suministros de agua potable en las escuelas, en apoyo a la estrategia nacional contra el combate de la obesidad infantil.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, a remitir un informe completo y detallado a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días, sobre los avances en la instalación de bebederos escolares.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, a cumplir con los artículos 7 y 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, y el Transitorio Sexto del Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en Materia de Bebederos Escolares.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, a cumplir con los Lineamientos de Operación del Programa Reforma educativa, en materia presupuestaria, para que hagan un uso eficiente y eficaz de los recursos destinados para la instalación de bebederos escolares, en favor de la estrategia nacional en contra la obesidad infantil.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Allyn L. Taylor y Michael F. Jacobson. “La Comercialización y el Impacto sobre la Salud de las Bebidas Azucaradas en Países de Medianos y Bajos Ingresos”, Center for Science in the Público Interest, Washington, DC, E.U.A., febrero 2016, [en línea], consultado: 15 de junio de 2017, disponible:
https://cspinet.org/resource/carbonating-world-executive-summary-spanish

2 La obesidad en el menor de edad. IMSS, 2015, [en línea], consultado: 15 de junio de 2017, disponible en:
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad

3 Salud y Nutrición. Unicef México, [en línea] consultado: 12 de junio de 2017, disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

4 Tania Montalvo. “Con irregularidades y lejos de la meta, así marcha el plan de Peña de bebederos escolares”, Animal Político, México, marzo 2017, [en línea], consultado: 13 de junio de 2017, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/03/irregularidades-bebederos-escolares/

5 ACUERDO número 11/07/16. Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, Diario Oficial, 2016, [en línea], consultado: 14 de junio de 2017, disponible.
dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5445372

6 Óp. Cit. Tania Montalvo, 2017.

7 ACUERDO número 11/09/15. Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, Diario Oficial, 2015, [en línea], consultado: 15 de junio de 2017, disponible:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5408422&fecha=15/09/2015






De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diferentes autoridades a garantizar la perspectiva de género en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la modificación en la orientación de diversos proyectos sociales en el estado de Nuevo León con presuntos fines electorales por parte del gobernador de la entidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A finales de agosto del año en curso, se dio a conocer que el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón fue acusado de reorientar programas sociales en la entidad como “Aliados Contigo”, “Seas quien seas Sígueme” y otros, con el objetivo de utilizarlos como plataforma electoral. Ante ello, funcionarios, coordinadores y empleados de la administración estatal han anunciado que presentaran su renuncia cuando concluya el mes de septiembre1.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, empleados del gobierno estatal han expresado, de forma anónima, su desacuerdo ante dicha situación al señalar que programas como “Programa Aliados Contigo”, después de surgir con una orientación social, ahora es evidente su rumbo electoral.

Para ponderar la gravedad del uso electoral que se le pretende dar a los programas en comento, resulta oportuno referirnos a los objetivos que tienen. En el caso del Programa Aliados Contigo, tiene la responsabilidad de desarrollar estrategias para evaluar las condiciones en las que viven las personas en zonas marginadas del área metropolitana y a partir del diagnóstico obtenido, coordinar esfuerzos entre áreas de gobierno, empresas y organizaciones civiles para brindar atención a las necesidades de dichas comunidades2.

En el caso de “Seas quien seas Sígueme”, tiene como objetivo contribuir a reducir la desigualdad entre mujeres y hombres para prevenir e inhibir la violencia de género; promover los derechos humanos y difundir la cultura de la igualdad y la denuncia, así como la autonomía económica de las mujeres que fomente el empoderamiento de las mujeres3.

Contrario a lo expresado, en días recientes se ha denunciado que estos y otros programas de carácter social han desvirtuado su naturaleza para ser destinados a la búsqueda de proyectos individuales que en nada contribuyen al combate de la pobreza, rezago, desigualdad y violencia en la entidad. Ante ello, es fundamental que la FEPADE lleve a cabo las investigaciones que sean necesarias para garantizar la materialización de los objetivos bajo los que surgieron los programas.

Es importante mencionar que debido a los cambios anunciados por el gobernador de la entidad, a finales de julio del año en curso renunció a la dirección de “Aliados Contigo” Consuelo Bolaños, activista que es reconocida por haber fundado la organización civil “Promoción de Paz”, misma que surgió con el objetivo de atender a la población penitenciaria y buscar su reinserción social, así como por trabajar durante la actual administración estatal sin percibir sueldo.

Después de la renuncia de Consuelo Bolaños, fue nombrado como coordinador general del programa José Edmundo Sosa Cárdenas. Por otro lado, tenemos que desde hace unas semanas se ha denunciado que los jóvenes que operan el programa pasaron de ser gestores y vínculos entre la población de las zonas marginadas y las dependencias de gobierno, a encuestadores en las zonas de clase media, haciendo énfasis en que las preguntas que “no tienen nada que ver con el tema social” y sí con temas electorales.

La gravedad de ello radica en que se deja de dar atención a problemáticas en temas cruciales para el desarrollo de la población como son empoderamiento de la mujer, salud, alimentación, educación y servicios básicos. Más preocupante es el hecho de que a los jóvenes que colaboran en “Aliados Contigo” les fue colocado un programa denominado “13”, el que permite conocer los datos de los contactos de los usuarios, ubicación, llamadas y correos enviados, entre otras funciones de espionaje.

En el caso de “Seas quien seas Sígueme”, se ha denunciado que a partir de los cambios realizados por el gobernador, quienes colaboran en el programa en distintas ocasiones han sido llevados como “acarreados” a eventos de Jaime Rodríguez Calderón, además de que se les exige utilizar sus redes sociales para promover y transmitir en vivo los eventos de la titular del Instituto de la Mujer estatal.

Por si esto no fuera suficiente, la actual administración del estado de Nuevo León también ha sido cuestionada por sustituir la única estación cultural que había en la entidad por la estación “Radio Libertad”, la que contrario a su nombre, es utilizada para promover la imagen personal de Jaime Rodríguez Calderón, quien ha dejado de manifiesto su intención de contender por la presidencia de la República en el próximo proceso electoral a celebrarse en nuestro país.

Si bien son legítimas las aspiraciones del actual gobernador del estado de Nuevo León, la forma, mecanismos y medios a los que ha recurrido no lo son, prueba de ello son las modificaciones a programas sociales tan importantes como “Aliados Contigo” y “Seas quien seas Sígueme”, situación ante la cual no podemos ni debemos ser indiferentes en el Senado de la República.

Estamos ante un asunto que trasgrede diversas esferas, por un lado, la necesidad de prevenir, atender e inhibir problemáticas como la violencia de género, desigualdades sociales y marginación, y por el otro lado, incidir en la voluntad popular que se deposita en las urnas el día de la jornada electoral, lo que a su vez se presenta en detrimento de la consolidación del sistema político mexicano y en general, del fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano.

Para ponderar la pertinencia de que la FEPADE conozca del asunto, lo primero que debemos precisar es que la propia Fiscalía señala que cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso pueden cometer un delito electoral4.

En el caso concreto, la FEPADE señala que los servidores públicos tienen prohibido, entre otras cuestiones, condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales, precisando que cuando se trate de programas gubernamentales de naturaleza social, la pena correspondiente se podrá aumentar hasta en un tercio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la modificación en la orientación de diversos proyectos sociales en el estado de Nuevo León con presuntos fines electorales por parte del Gobernador de la entidad, a fin de esclarecer los hechos y en su caso, deslindar las responsabilidades conducentes, así como garantizar que los programas cumplan los objetivos para los cuales fueron creados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.proceso.com.mx/501050/acusan-a-bronco-reorientar-programas-
sociales-promover-candidatura-presidencial

2 http://www.nl.gob.mx/dependencias/secretariageneral/programa-aliados-contigo

3 http://www.nl.gob.mx/seas-quien-seas-sigueme#

4 http://www.fepade.gob.mx/delitos.html






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar acciones multidisciplinarias para analizar y dar soluciones financieras al problema de las pensiones en México. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a resolver las demandas laborales de los empleados consulares que se han expuesto en propuestas de punto de Acuerdo y exhortos anteriores en esta institución, en atención a la petición de esta Soberanía al Poder Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A RESOLVER LAS DEMANDAS LABORALES DE LOS EMPLEADOS CONSULARES QUE SE HAN EXPUESTO EN PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO Y EXHORTOS ANTERIORES EN ESTA INSTITUCIÓN, EN ATENCIÓN A LA PETICIÓN DE ESTA SOBERANÍA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE REDOBLEN LOS ESFUERZOS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONSULAR A FAVOR DE NUESTROS JÓVENES Y ACUERDE DESARROLLAR UNA PROPUESTA FINANCIERA PARA DOTAR DE UN PRESUPUESTO PARA GENERAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA LOS DREAMERS QUE RETORNEN O SEAN EXPULSADOS POR LOS OPERATIVOS QUE CANCELAN EL PROGRAMA ESTADOUNIUDENSE DACA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La noticia de la decisión ante el levantamiento de protección de los Dreamers corrió rápidamente. El despliegue de reacciones se levantó. La obvia presión interna, porque la externa parece no preocuparle al Presidente Trump, propició que la orden de prorrogación del programa por seis meses más, para ofrecer una oportunidad al Congreso de promover una solución legislativa antes de quedar anulado.

Ayer el Senado se pronunció correctamente. Hoy vengo a proponer medidas a realizar en donde podemos tener influencia. Por ejemplo el punto tercero del pronunciamiento dice: Exhortamos, respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de Washington y las 50 representaciones consulares en los Estados Unidos de América, se redoblen los esfuerzos de asistencia y protección consular a favor de nuestros jóvenes.

Nosotros hemos propuesto varios puntos de acuerdo respecto a la problemática laboral de los empleados consulares. Uno de ellos que pretendía exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el paquete de demandas de los trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral en septiembre de 2015.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57537

En febrero, del presente año, proponía exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tuviera a bien informar a esta institución sobre la distribución del presupuesto extraordinario que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, otorgó a las cincuenta sedes diplomáticas en estados unidos y si una parte está destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares denuncian.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68949
Otro de ellos, que fue aprobado, exhortó a la Secretaría de Relaciones a informar a esta institución, si una parte del presupuesto extraordinario otorgado a las cincuenta sedes diplomáticas en Estados Unidos, está destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares denuncian. Aún no se recibe respuesta.

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-04-1/assets/documentos/Dict_aSmIGRAT_Info_Pres_Consul.pdf

Nosotros previmos que la escalada contra dreamers e inmigración y migración por parte del gobierno estadounidense actual sería contundente. También debemos ser conscientes de que debemos asumir la responsabilidad de los procesos que dieron existencia a los Dreamers. Este país injusto que ha expulsado a millones de todas las clases y condiciones sociales debe reconocer el porqué miles de jóvenes se encuentran ahora en esta situación y porqué sus padres tuvieron que migrar. Ahora será casi imposible reintegrarlos dignamente no porque no se quiera, sino por la catástrofe crítica que vive nuestro país. Los Dreamers lo saben. En una escueta declaración, por parte de uno de ellos, se resume palmariamente una verdad amplia y profunda que describe a cabalidad que su percepción del país es correcta: “no regresaremos a las sombras”. Los Dreamers saben perfectamente la realidad del país, saben a través de ellos y no de informes, la situación de inseguridad, desempleo, impunidad y falta de estructura presupuestal; sin embargo, algo tenemos que hacer. Nuestra primera propuesta es que se fortalezcan las condiciones laborales de los empleados consulares que hasta ahora no han visto ningún avance en sus peticiones.

2.- La segunda es de cuestión presupuestal y es sencilla. Se trata de acordar entre los representantes populares un programa de apoyo que no sólo sea de gobierno, sino del Estado y de instituciones académicas y empresas se puede elaborar un programa de recepción con empresas, academias y estado. Y de principio se requiere un soporte presupuestal para crear ese concepto. Ante la inminente aprobación del paquete presupuestal este Senado puede establecer el acuerdo de que pugnará por un recurso destinado para ese fin. Seis meses de distancia hay para avanzar en el proyecto conjunto, del que seguramente Trump no dará marcha atrás porque es un compromiso con el sector que votó a su favor.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a resolver las demandas laborales de los empleados consulares que se han expuesto en propuestas de punto de Acuerdo y exhortos anteriores en esta Institución en atención a la petición de esta Soberanía al Poder Ejecutivo Federal para que se redoblen los esfuerzos de asistencia y protección consular a favor de nuestros jóvenes.

DOS.- El Senado de la República acuerda desarrollar una propuesta financiera para dotar de un presupuesto para generar un programa interinstitucional de apoyo para los dreamers que retornen o sean expulsados por los operativos que cancelan el programa estadouniudense “DACA” que vincule estado, empresas y academias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a corregir el decremento en el presupuesto para el Ramo 48 Cultura, así como la centralización de los recursos financieros federales. Se turna a la Cámara de Diputados.

Quien suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA HACER UN EXHORTO RESPETUOSO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES CORRIJA EL DECREMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL RAMO 48 CULTURA, ASÍ COMO LA CENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Aunque la inversión de recursos públicos en la cultura, benefician la paz social, son fuente de desarrollo social, promueve el empleo; aunque están comprobados sus amplios efectos económicos que nos conducen hacia una sociedad de servicios, con vertientes que ya se desarrollan en este nuevo modelo económico como: el turismo, el cine, el diseño; la capacitación y desarrollo de software, hardware: áreas que atraen e impulsan a las empresas globales. Aunque contamos con la más amplia red de museos y algunos de ellos están en las clasificaciones de los mejores del mundo y somos el país con más patrimonio registrado en las listas de la UNESCO, aún así, el Gobierno Federal insiste en este sexenio en sostener una política de Recorte de presupuesto para el Sector Cultura.

Si comparamos el ejercicio presupuestal de 2017 con un monto aprobado de 12, 914 millones de pesos, contra los 11,716.1 millones de pesos, contemplados en el paquete presupuestal para 2018, encontramos un decremento real del 10%, de acuerdo a las estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados1; pero si comparamos la tendencia de recortes a la cultura en el sexenio, vemos que en el año 2014 se autoriza el mayor monto de presupuesto por 18, 347.7 millones de pesos, una diferencia de 6,631,6 millones de pesos, lo que representa en términos reales, un decremento neto del 56%. 2

Hemos de considerar que el impacto de la cultura en la economía de nuestro país, se ha calculado entre un 3% y un 4.8% del PIB. Además de que en fechas recientes, vertientes de la economía como el turismo, han incrementado su impacto, tanto en su volumen visitantes, con 35 millones de turistas, como en su volumen de captación de divisas, el cual ha llegado al monto de 19,500 millones de dólares. En el Sector cultura, participan en una gama de actividades y servicios de alto valor agregado, industrias como las editoriales; corredores culturales que amplían y diversifican la oferta cultural del Estado; la industria cinematográfica; las artesanías, las artes escénicas y todas aquellas que están protegidas por el derecho de autor.

La UNESCO considera a la cultura como cuarto pilar, en la conformación de una economía sostenible y sustentable, junto con: el desarrollo económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental. Este es el significado que tiene el Sector Cultural en nuestro país.
En contraste con el proceso de decremento del presupuesto cultural, el Congreso de la Unión ha convertido a la cultura en uno de los sectores prioritarios de las políticas públicas. De 2006 a 2012, el presupuesto en este sector pasó de 6,121.1 millones de pesos a 15, 662.9 millones de pesos, lo que representa un incremento neto de 9, 541.8 millones de pesos, el 156%. Este fortalecimiento presupuestal al sector cultura, es producto en gran medida, de las ampliaciones presupuestales propuestas por el Congreso de la Unión y aprobadas, dentro del ámbito de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados.

Un problema que hemos detectado, derivado de los recortes drásticos en el Sector Cultura, es la descapitalización de las Entidades federativas, las cuales han perdido el presupuesto de 32 millones por Entidad federativa que se les venía otorgando desde hace más de 8 años y que en el presupuesto de 2017, de los cuales, sólo una parte mínima se ha venido otorgando de manera diferenciada.

Pero lo que agrava todavía más este problema, es la centralización de los recursos financieros. De acuerdo a cifras oficiales, el presupuesto que venía ejerciendo la Dirección General de Vinculación Cultural de 1700 millones de pesos, se ha venido reduciendo hasta quedar sólo en 46 millones en el Presupuesto de Egresos 2017. Este es un problema que nos preocupa mucho ya que desde la administración del presidente Vicente Fox, comenzó un proceso de descentralización que ha sido muy exitoso y que operaba con importantes montos en diferentes fondos y mecanismos de aportaciones y subsidios, hasta llegar a constituirse como una de las políticas culturales que más recursos erogaba para el Programa Especial de Cultura, desde la citada Dirección General de Vinculación Cultural. Es inconcebible, que los recursos que la federación ha erogado a favor de las políticas de descentralización, que los programas de fomento, difusión, promoción de creadores, fondos mixtos, fondos municipales se descapitalicen y se debiliten por el regreso de modos y políticas centralistas, políticas que contravienen el Pacto Federal, los Derechos Culturales, las políticas y programas para garantizar el Derecho al Acceso a la Cultura y a la recién aprobada Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados, particularmente a la Comisión de Cultura, para que en el ámbito de sus facultades corrijan el drástico recorte que ha sufrido el presupuesto del Ramo 48, Sector Cultura. Asimismo, se solicita a esta misma Comisión de Cultura para que, sobre la base de un estudio objetivo, solicitado al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, realice acciones correctivas en la centralización de los recursos financieros federales.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0232017.pdf, pág, 11.

2 Ver, https://www.gob.mx/cultura/prensa/presupuesto-para-cultura-observa-incremento-para-2014?state=published






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos, fallas en la comprobación de gastos y anomalías en la construcción de hospitales en el programa Seguro Popular Morelos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bajo esta tesitura y con base a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de la salud constituye uno de los derechos humanos de mayor relevancia para la población.

En este tenor, es de vital importancia que en todo momento, los recursos destinados a proporcionar servicios de salud sean ejercidos bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En contravención a ello, en la parte final del mes de agosto de 2017 se dio conocer que en Morelos acusan que desde 2012 el Programa de Seguro Popular arrastra un déficit de 92 millones de pesos, situación que incluso ha sido manifestada por Ángela Patricia Mora González, Secretaria de Salud en la entidad1.

La propia Secretaria de Salud en la entidad ha señalado que desde el inicio de la actual administración se detectó un gasto por 92 millones de pesos en medicamentos de los que la pasada administración estatal, a cargo del panista Marco Antonio Adame Castillo no entregó facturas ni comprobantes de pago a proveedores, por lo que fueron presentadas las denuncias correspondientes.

Sobre el particular, cabe referir que esta situación no es reciente sino que más bien, ha sido una constante en el estado de Morelos desde la creación del Programa de Seguro Popular (entre los años 2003 y 2004), período en el que se desempeñó como gobernador de Morelos el panista Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, a quien se le hicieron múltiples imputaciones que no prosperaron debido a que la Contraloría estatal ocultó los actos de corrupción y no combatió el desvío de recursos.

Cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las cuentas públicas de 2009 y 2010, llegó a la conclusión de que en Programa se identificaron irregularidades recurrentes por su monto y por su incidencia. Las observaciones más recurrentes en cuanto al monto de las recuperaciones determinadas, se deben fundamentalmente a las irregularidades sobre remuneraciones al personal y por deficiencias encontradas en la adquisición y en el manejo del medicamento, conjuntamente representaron el 93.5% de los recursos observados2.

Asimismo, la ASF ha señalado que en 2011, las 5 quejas más recurrentes del Seguro Popular a partir de la muestra de auditoría en el estado de Morelos fueron las siguientes: 1) No se surtió el medicamento o no se surtió completo; 2) Atención médica insuficiente o deficiente; 3) Mala atención al solicitar consulta; 4) Fichas insuficientes para consulta; 5) Se negó el servicio médico3.

En el mismo año, el órgano fiscalizador refirió, que entre otras cuestiones, se presumía un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 15 millones 571 mil 407.68 pesos (quince millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos siete pesos 68/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro, por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2011 en exceso al porcentaje autorizado para el pago de remuneraciones del personal.

Aunado a lo anterior, también se identificó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 53 millones 22 mil 212.72 pesos (cincuenta y tres millones veintidós mil doscientos doce pesos 72/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro, por el pago con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y superiores al precios de referencia.

Lo anterior, deja de manifiesto la inadecuada manera en la que el Programa de Seguro Popular en el estado de Morelos ha sido instrumentado, en las últimas administraciones estatales, sin que la actual haya llevado a cabo las acciones conducentes a fin de garantizar su óptimo funcionamiento.

Por otro lado, es oportuno mencionar que entre otras cuestiones, diversos integrantes del gabinete de Estrada Cajigal Ramírez fueron implicados en el pago adelantado por casi 60 millones de pesos a la empresa “Especialidades Médicas S.A de C.V, para realizar 50 mil estudios médicos completos para personas de escasos recursos, de los cuales sólo se llevaron a cabo 6 mil 182. Además, en los últimos 5 meses de su gestión se adjudicaron dos contratos sin licitación a la compañía en comento, el primero por 35 millones y el segundo por 24 millones de pesos; aunado a lo anterior, se revelaron anomalías en la construcción de hospitales.

A pesar de la gravedad de los hechos, éstos no fueron atendidos por la siguiente administración a cargo del también panista Marco Antonio Adame Castillo, por lo que la defraudación no llegó a ser del dominio público. Respecto al déficit de 92 millones de pesos, la actual Secretaria de Salud de Morelos no ha dado detalles sobre el incremento de 60 a 92 millones de pesos que actualmente enfrenta el Seguro Popular en la entidad.

Ante este panorama, es fundamental que los hechos sean esclarecidos, como ya se ha manifestado, el derecho a la protección de la salud se encuentra plenamente consagrado en la legislación nacional e internacional, y resulta indispensable para poder transitar hacia escenarios de pleno desarrollo individual y colectivo.

Igual de importante es precisar que el derecho a la salud es inherente, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, por lo que su preservación, conservación y atención forma parte medular de nuestro régimen democrático. En este orden de ideas, el presente punto de acuerdo emana de dos cuestiones básicas, por un lado, contribuir a materializar el acceso al derecho a la salud, y por el otro lado, garantizar el correcto uso, destino y ejercicio de recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos, fallas en la comprobación de gastos y anomalías en la construcción de hospitales en el programa de Seguro Popular Morelos, lo que ha derivado en un déficit por 92 millones de pesos, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud en la entidad y que se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Morelos, para que presente a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las sobre las acciones legales y administrativas que ha realizado respecto a las irregularidades y anomalías que han derivado en un déficit por 92 millones de pesos en el programa de Seguro Popular en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-en-morelos-deficit-de-92-mdp-en-seguro-popular

2 https://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Recurrencia_Seguro_Popular.pdf

3 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gasto_Federalizado/2011_0772_a.pdf






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, mariana Gómez del campo gurza, Senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y HUMANITARIA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1) La crisis política, económica y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela se agudiza con el pasar de los días. La Asamblea Nacional Constituyente convocada de forma inconstitucional y que únicamente cuenta con integrantes simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, se instaló en la sede de la Asamblea Nacional el pasado viernes 4 de agosto eligiendo a Delcy Rodríguez, ex Canciller, como Presidenta, y al día siguiente tomó la decisión de destituir a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, personaje chavista que fue ratificada en el cargo por la Asamblea Nacional el 22 de diciembre de 2014.

Ortega rompió formalmente con Maduro a finales de marzo de este año cuando afirmó que las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, secuestrado por los chavistas, que despojaban de sus facultades a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y se les retiraba la inmunidad parlamentaria, significaba un rompimiento del orden constitucional.

Luisa Ortega ha afirmado que defenderá “con su vida” la Constitución de 1999, considerada la herencia política de Hugo Chávez. Chavista de corazón, Ortega está casada con el exguerrillero y actual diputado Germán Ferrer quien junto con Eustoquio Contreras e Ivón Tellez, rompieron con el Partido Socialista Unido de Venezuela para formar el Bloque Socialista en la Asamblea Nacional.

Medios de comunicación reconocen que Ortega podría encabezar a las diversas corrientes chavistas que están inconformes con las decisiones que ha tomado la cúpula madurista; sin embargo, no debe olvidarse que la institución de Luisa Ortega persiguió, hace varios meses, a los opositores e imputó a muchos de ellos, entre los que destaca Leopoldo López.

Tanto la Constituyente como el Tribunal Supremo han arremetido contra Ortega al considerarla una “traidora a la patria”, por lo que la han destituido, le han congelado sus cuentas, le han prohibido la salida del país y podrían apresarla por contradecir a Nicolás Maduro y su grupo político.

2) Con una interpretación muy forzada de la Constitución de 1999, la Asamblea Constituyente a fin a Nicolás Maduro se ha convertido en un ente institucional todopoderoso, al que llaman “plenipotenciario”, que está decidido a desarticular el Estado venezolano.

Entre sus primeras acciones estuvieron el referendo del Presidente de la República, de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de las cuatro rectoras chavistas del Consejo Nacional Electoral y el nombramiento de Tareck William Saab, ex Defensor del Pueblo, como Fiscal General, es decir, todos los órganos que no discrepan con Nicolás Maduro.

Además, el pasado sábado 12 de agosto, los constituyentes electos de forma irregular e inconstitucional, decidieron adelantar las elecciones regionales que estaban programadas para diciembre, al mes de octubre. Lo anterior, ha provocado un debate en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática pues diversas voces opositoras señalan que participar en las elecciones regionales, que elegirán Gobernadores, significa convalidar el régimen dictatorial de Maduro, mientras que otros señalan que no participar significaría dejar el camino libre para que el PSUV se apodere de las 23 gubernaturas, de las cuales mantiene actualmente 20, como sucedió en las elecciones legislativas de 2005 en las que la oposición decidió no participar lo que provocó que el chavismo se hiciera de la totalidad de los escaños de la Asamblea Nacional, aunque con una abstención del 75 por ciento de los ciudadanos.

3) El pasado 8 de agosto, Cancilleres de 12 países de América Latina (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y México), se reunieron en Lima, Perú, para analizar la situación política en la República Bolivariana de Venezuela y emitieron un documento conocido como la “Declaración de Lima” en la que se incluyen los siguientes puntos:

1. Ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los 12 países decidieron desconocer todas decisiones emanadas de la ANC, al considerarlas ilegitima.

2. Apoyo y reconocimiento a la Asamblea Nacional. Los países firmantes solo reconocerán los actos jurídicos conforme a la Constitución, que sean aprobados por la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015.

3. Apoyo la Fiscal General destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz. En el documento los 12 países exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

4. Rechazo a cualquier acto de violencia. Los países firmantes condenan las violaciones a los derechos humanos, las persecuciones políticas, la existencia de presos políticos y la vulneración de libertades fundamentales en Venezuela.

5. Condenan al Gobierno de Nicolás Maduro, por no permitir el ingreso de medicinas ni alimentos al país para resolver crisis humanitaria.

6. Señalaron que apoyan continuación de proceso, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

7. Aprueban decisión del Mercosur sobre la suspensión de Venezuela de esa comunidad.

8. Llaman a detener la transferencia de armas hacia Venezuela, a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

9. Harán seguimiento a la situación en Venezuela, hasta que se restablezca la democracia y celebrar una reunión en la próxima sesión de las naciones unidas.

10. Debido a la situación de Venezuela, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.

El mismo día, Venezuela acogió la reunión de Cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina (ALBA), en la que participaron los cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y varias islas del Caribe, quienes demostraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Cabe destacar que estos mismos países obstaculizaron la aprobación de una resolución en la última Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos celebrada en Cancún, México.

4) Se prevé que la ilegal Constituyente gubernamental apruebe su primera ley, a la que en clave de ironía ha bautizado como “Ley contra Delitos de Odio, Intolerancia y Violencia” que tiene el objetivo de llevar a juicio por “traición a la patria” a los líderes de la oposición, inicialmente son el presidente y vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora, los diputados Julio Borges y Freddy Guevara. Los chavistas han señalado que se trata de un “juicio histórico” contra todo dirigente perteneciente a la derecha política.

La Constituyente decidió además solicitar a los órganos del Estado "el inicio inmediato de las investigaciones y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y las acciones correspondientes" contra los acusados.

5) El Fiscal General ilegítimo, nombrado por la Constituyente de Maduro, Tarek William Saab, aseguró este martes que la policía científica encontró 200 millones de bolívares, alrededor de 11 mil 400 dólares, en el vehículo de un familiar del opositor Leopoldo López. Lilian Tintori, esposa del dirigente que cumple arresto domiciliario, confirmó que el vehículo es suyo y que el dinero es de su familia y se usaría para pagar gastos médicos de su abuela que tiene 100 años y que está hospitalizada días atrás.

La cifra de 200 millones de bolívares equivale a 20 millones de dólares según el tipo de cambio de referencia que publica el Banco Central de Venezuela, de 10 bolívares por dólar, pero ese tipo de cambio es completamente artificial.

Cabe mencionar que el último sábado de agosto, Lilian Tintori fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando pretendía viajar a Europa, para acompañar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en una gira de países, con el fin de exponer la situación de Venezuela. Las autoridades migratorias le decomisaron su pasaporte supuestamente por orden del Ministerio Público (MP), que ordenó su prohibición de salida del país, sin embargo, su abogado indicó que no han recibido una notificación oficial de la Fiscalía General. El gobierno señala a los opositores, entre ellos Leopoldo López y Lilian Tintori, de fomentar la intervención extranjera en Venezuela.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República rechaza la usurpación de las funciones legislativas que constitucionalmente son facultad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente constituida, pues dicho acto atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas el pasado seis de diciembre del año dos mil quince.

SEGUNDO.- El Senado de la República, con estricto apego al principio de reciprocidad internacional, reconoce a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela electa por el voto popular, como la depositaria del Poder Legislativo de esa nación y reconoce su importante papel en el equilibrio de poderes y en el fortalecimiento de la democracia de la hermana república sudamericana.

TERCERO.- El Senado de la República condena la prohibición de salida del país impuesta por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a la activista Lilian Tintori Parra quien emprendería un viaje para reunirse con Jefes de Estado de países europeos, al suponer una vulneración de sus derechos humanos y a la libertad de expresión.

CUARTO.- El Senado de la República rechaza la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente constituida, de iniciar juicios por “traición a la patria” contra líderes de la oposición, lo que representa una violación grave y sistemática de los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita una investigación expedita y sanción severa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, ante el caso de “La Estafa Maestra”, así como la determinación de responsabilidades políticas de los titulares de las dependencias involucradas en la triangulación y desvío de recursos públicos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo en razón de las siguientes:

Crónica de una Estafa Anunciada

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado en diversas ocasiones el modus operandi en distintos niveles de gobierno para desviar o desaparecer recursos públicos.

En el caso específico de la Universidades Públicas, desde las auditorías realizadas en 2011, la ASF señaló la existencia de irregularidades en convenios firmados en ese entonces por Petróleos Mexicanos y Universidades.

Un ejemplo de ellos fue la auditoría realizada a la Universidad Autónoma del Carmen para el año 2011. En ésta, la ASF señaló las siguientes anomalías: el exceso en el porcentaje establecido en la normatividad para la subcontratación de terceros en la realización de los trabajos convenidos, así como la no acreditación de la relación laboral con los profesionistas que participaron; la aceptación de trabajos en donde carecía de facultades para cumplir con el objeto del convenio suscrito; la ausencia de documentación comprobatoria de los gastos inherentes a los convenios específicos; y los cobros en demasía por horas no utilizadas, entre otros. La historia se ha repetido cada año desde entonces: la ASF documenta y denuncia convenios firmados entre entidades de gobierno y Universidades públicas por irregularidades en el uso y destino de los recursos.

Si bien el modelo se orquestó a finales del sexenio pasado, la novedad en esta administración es que se ha extendido a más dependencias federales y que la triangulación de recursos públicos se hace cada vez más sofisticada. Lo aberrante en estos esquemas de convenios es que permiten en algunos casos, eludir las licitaciones públicas, simular adquisiciones y servicios, subcontratar proveedores que no cuentan con los perfiles o las capacidades técnicas, humanas o materiales para prestar el servicio.

Dando continuidad a estas investigaciones, esta semana, un medio digital puso al descubierto lo que la ASF ya venía denunciando desde hace años sin que la Procuraduría General de la República o la Secretaría de la Función Pública hayan puesto aún cartas en el asunto. Hasta el momento no existen sanciones para ningún funcionario público involucrado ni para las empresas y entidades participantes de éstas anomalías.

La Estafa Maestra al descubierto

De acuerdo con la publicación del portal de Animal Político realizada en conjunto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fechada el 4 de septiembre, el gobierno federal ha empleado mecanismos para desviar y desaparecer recursos públicos.

Este equipo de investigación revisó tan solo las cuentas públicas de 2013 y 2014 donde detectó que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, realizó contratos ilegales por cerca de 7,670 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de 3,433 millones de pesos.

El modus operandi de este desfalco se repite en cada uno de los casos: las 11 dependencias federales realizaron 73 convenios para la realización de proyectos con las Universidades Públicas y éstas a su vez subcontrataron a otras empresas inexistentes (“fantasmas”) para emprender dichos proyectos.

En estos 73 convenios hay 186 empresas contratadas, de la cuales 128 tienen irregularidades del tipo: empresas “fantasma” o presunta “fantasma” así catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o carecen de registro en la Secretaría de Economía, entre otros.

Las dependencias federales involucradas en esta investigación son:

Dependencia

Titular

SEDESOL

Rosario Robles Berlanga

BANOBRAS

Alfredo del Mazo Maza

SEP

Emilio Chuayffet Chemor

PEMEX

Emilio Lozoya Austin

SAGARPA

Enrique Martínez y Martínez

SENASICA

Enrique Sánchez Cruz

FOVISSSTE

José Reyes Baeza Terrazas

INEA

Alfredo Llorente Martínez

Registro Agrario Nacional

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez

SCT

Gerardo Ruiz Esparza

Secretaría de Economía

Ildefonso Guajardo

Universidad

Titular

Universidad Autónoma del Estado de México

Jorge Olvera García

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM

Erick Herzaí­n Torres Mulhia

Universidad Autónoma del Carmen

José Antonio Ruz Hernández; Sergio Augusto López Peña

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Alejandro Vera Jiménez

Universidad Popular de la Chontalpa

José Víctor Zárate Aguilera; José Luis Hernández Lazo; Pedro Javier Muñoz Vergara

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

José Manuel Piña Gutiérrez

Universidad Politécnica del Golfo de México

Luis Andrés Domínguez Alejandro

Instituto Técnico Superior de Comalcalco

Carlos Mario Olán López

Universidad Tecnológica de Tabasco

Fernando Calzada Falcón

De acuerdo con el Auditor Superior el caso de la “Estafa Maestra” es un claro acto de corrupción y desviación de recursos, además de ilegal. Estos casos sistemáticamente triangularon recursos para emplear a empresas que no cumplían con las capacidades o requisitos para ser contratadas por el gobierno a través de una licitación justa, y es por esta razón que las contrataciones se hicieron a través de otras entidades como las Universidades públicas.

La “Estafa Maestra” documenta una desaparición de casi tres mil quinientos millones de pesos y un grave golpe al erario público, además de que representa un método que se ha utilizado desde 2010 con incuantificables pérdidas. Lo más grave es que no podemos determinar el monto que representan este tipo de operaciones, y aún con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de gobierno responsables de investigar y sancionar, no han dado el debido proceso para encontrar a los responsables y cambiar este modus operandi.

Además, los responsables de las dependencias del gobierno federal, no se han hecho responsables por los desvíos documentados.

La “Estafa Maestra” representa una sistemática elución de la Ley y en muchos de estos casos, a expensas de los más pobres.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía los siguientes puntos resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita a las Instancias Coordinadas del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a nivel local como federal, utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance establecidas en el marco del Sistema para investigar de manera expedita y sancionar severamente a los responsables del caso conocido como “La Estafa Maestra”.

SEGUNDO. El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la Cámara Diputados del Congreso de la Unión para que constituya una Comisión de Investigación que deslinde las responsabilidades políticas de los titulares de las dependencias y organismos públicos involucrados en la triangulación y desvío de recursos mediante el mecanismo de “La Estafa Maestra”.

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República a dar cuenta de las investigaciones contra los servidores públicos y particulares involucrados en el caso de “La Estafa Maestra” que ya habían sido promovidas por la Auditoría Superior de la Federación.

CUARTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de la Función Pública enviar un informe con los servidores públicos en investigación así como con los daños detectados, sin que se reserve información alguna ya que se trata claramente de casos de corrupción.

QUINTO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación la realización de las auditorías a los todos los convenios realizados entre entidades públicas federales y Universidades Públicas vinculados con este caso. Al mismo tiempo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación enviar un informe actualizado del estado que guardan las observaciones, recomendaciones,  pliegos de observación y denuncias promovidas por las auditorías relacionadas con este caso.

SEXTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera investigue y determine el destino final de los recursos económicos triangulados a través del mecanismo de “La Estafa Maestra”, y se revelen los nombres de los beneficiarios del uso indebido y desvío de recursos públicos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación presentar un informe en relación al estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Baja California Sur, por presuntas irregularidades identificadas en el ejercicio y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, como sobrecostos, pagos injustificados, malversación de fondos y ejercicio indebido de recursos públicos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, las entidades federativas del país reciben recursos económicos para fortalecer sus acciones de contención, identificación y prevención de los hechos delictivos. El objeto de esta medida, es fortalecer las tareas de seguridad pública para garantizar un clima de seguridad y tranquilidad social en beneficio de las familias mexicanas.

Debido a estos recursos, se han ampliado los mecanismos de profesionalización, capacitación y certificación policial, asimismo, ha sido posible la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación en las tareas de inteligencia, es decir, se han acrecentado las capacidades locales para el combate eficiente, adecuado y oportuno de los delitos.

Lamentablemente en algunas entidades como Baja California Sur, se han identificado anomalías relacionadas con la compra de equipo, pago injustificado en labores de mantenimiento y obras inconclusas o de mala calidad, contexto que permite concluir un ejercicio ineficiente y poco transparente. Solo la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes de la cuenta pública ha dado a conocer las siguientes irregularidades:

• En la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para Mujeres, el gobierno del estado autorizó el uso de 5.3 millones de pesos, a pesar de ello, se ha encontrado una diferencia de 31 mil pesos en lo reportado y comprobado, además se aprobó el pago de 87 mil pesos para trabajos que no se desarrollaron.

• Incumplimiento con nuestro marco jurídico, debido a que no se hizo pública la licitación para la compra de equipo de cómputo y tecnologías de la información, esto significa una falta al procedimiento previsto en la Ley para recibir las mejores propuestas de equipo, precios y especificaciones de calidad.

• Se pagaron 2.5 millones de pesos para la compra de muebles de oficina y estantería como escritorios, sillas y sillones, sin embargo, existe una diferencia por conciliar entre lo adquirido y lo pagado por un monto total de 1.2 millones de pesos.1

• No se cuenta con la evidencia documental y verificación de campo que confirmen múltiples acciones de mantenimiento preventivo a diversas maquinarias, a pesar de ello, se realizaron pagos por 1.4 millones de pesos, además, tampoco se ha presentado los documentos que amparen la adjudicación de dichas obras a los proveedores quienes presuntamente laboraron en el año 2014, pero fueron cubiertos sus honorarios con fondos del año 2015.

• Se realizaron pagos que no corresponden al destino del gasto del fondo, esto quedó constatado en la entrega de un importe de 1,013. 4 miles de pesos para la compra de 2 mil 100 piezas de uniformes para los internos del Sistema Penitenciario Estatal.

• En la obra de mejoramiento del CERESO de San José de Cabo, se observó una diferencia entre lo reportado y lo pagado, por una suma de 28.5 miles de pesos. Cabe señalar que este proyecto, también se adjudicó de manera directa, asimismo, no contó con evidencia del cierre de la bitácora de los trabajos, el acta de finiquito y el acta de entrega recepción.2

El conjunto de estas observaciones, señalan la comisión de probables actos de corrupción y el desvío de recursos públicos por parte de las últimas administraciones estatales del Partido Acción Nacional, frente a estos hechos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, no podemos se omisos, por tal motivo consideramos necesario conocer el estado que guardan las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y las sanciones interpuestas por la Contraloría General del estado de Baja California Sur, para sancionar estos perjuicios a la Hacienda Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado en relación al estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Baja California Sur, por presuntas irregularidades identificadas en el ejercicio y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, como sobrecostos, pagos injustificados, malversación de fondos y ejercicio indebido de recursos públicos.

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Contraloría General del gobierno del estado de Baja California Sur para que, informe a esta Soberanía los procedimientos administrativos y penales interpuestos contra servidores públicos que por acción u omisión, generaron daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal, por ejercicio indebido de presupuestos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, particularmente en la compra de uniformes para el personal del sistema penitenciario estatal, la adquisición irregular de muebles de oficina y equipo de cómputo, así como obras de mantenimiento sin su debida justificación y aprobación

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 Rodrigo Aguilar. (2017). Revelan más irregularidades en el ejercicio del Fondo para Seguridad. 06/09/2017, de Diario el Independiente de Baja California Sur Sitio web:
https://www.diarioelindependiente.mx/2017/05/revelan-mas-irregularidades-
en-el-ejercicio-del-fondo-para-seguridad

2 Auditoría Superior de la Federación. (2016). Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 06/09/2017, de ASF Sitio web:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0591_a.pdf






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre los recursos asignados y ejercidos durante lo que va del presente sexenio en el sector apícola. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y EJERCIDOS DURANTE LO QUE VA DEL PRESENTE SEXENIO EN EL SECTOR APÍCOLA. ASIMISMO, SE SOLICITA INFORME SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y EJERCIDOS EN EL SECTOR APÍCOLA DEL ESTADO DE YUCATÁN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país es productor de una de las mieles de mejor calidad, y por ello de las más cotizadas en el mundo, ya que cumple con los más altos estándares en materia de sanidad e inocuidad, la producción nacional se vende en mercados exigentes como Alemania, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Suiza, Estados Unidos y Japón. Yucatán es el primer productor de ese endulzante natural a escala nacional, es considerada la capital mundial de la miel.

De acuerdo con la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México ocupa el sexto lugar en producción y el tercero en exportación mundial de miel. En el país existen 1.9 millones de colmenas a cargo de 42 mil apicultores que en promedio producen 55 mil 900 toneladas, con un valor estimado en mil 900 millones de pesos, anualmente. Las principales entidades productoras son Yucatán, con 10 mil toneladas; Campeche, siete mil 500; Jalisco, seis mil 140; Chiapas, cuatro mil 600, y Veracruz, cuatro mil 400 toneladas.

Además de su importancia para la productividad, la apicultura es una actividad de gran impacto social, ya que es principalmente familiar, generando empleos, ingresos y valor agregado, existiendo en nuestro país aproximadamente 41, 442 apicultores dedicados a la producción de miel de abeja de estos 23,000 se localizan en el sureste del país.

A este respecto, las técnicas utilizadas son muy rústicas, con poca inversión en equipo, capacitación técnica y utilizando mano de obra familiar. Las colmenas se establecen en apiarios fijos en lugares estratégicos para el aprovechamiento de las diferentes floraciones, a diferencia de otras regiones en donde los apicultores movilizan sus apiarios según los picos de floración en diferentes ecosistemas. La producción de miel es posible de esta forma gracias a la rica flora melífera de la región.

Ahora bien, la Península de Yucatán está cubierta por diferentes tipos de vegetación tropical de baja altitud, como bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios y perennifolios, con importantes áreas con vegetación hidrófila hacia las zonas costeras. Las diferentes subtipos y asociaciones vegetales se distribuyen influenciados por un gradiente de precipitación que va de 400 mm de precipitación promedio anual en el norte, hasta 2,000 mm que se registran en el sur de la Península. Se han descrito cerca de 2,300 especies de plantas vasculares presentes en la región.

Aunado a la situación, las abejas son insectos que viven en colonias con un alto grado de organización social. En cada colonia vive una sola reina y su función principal es poner huevos, que en época de crecimiento de la colonia pueden ser hasta 1500 diarios. Las abejas de una colonia se reconocen y diferencian de otra por las feromonas que su reina produce.

Los zánganos son individuos machos. Su función es fecundar a la reina; después del vuelo nupcial mueren. Sólo viven alrededor de un mes y aquellos que no logran aparearse son expulsados de la colmena por las obreras. Las obreras son abejas hembras, pero sus órganos reproductores no están desarrollados. De acuerdo con su edad y desarrollo, realizan diferentes tareas. Limpian las celdas de cría, cuidan la alimentación de las larvas y la reina.

Así mismo, elaboran y almacenan la miel y el polen, elaboran también la jalea real con la cual alimentan a la reina y la cera con la que construyen los panales, y colectan néctar, polen, agua y propóleo. La vida de una obrera varía dependiendo del trabajo que realiza, en época de cosecha, viven sólo seis semanas, fuera de ésta pueden llegar a vivir seis meses. De estos insectos de cuerpo cubierto de pelo que se alimentan del néctar y polen que encuentran en las flores.

En cuanto al ciclo apícola está en estrecha relación con el ciclo de la lluvia. El principal periodo de cosecha ocurre durante la temporada seca, de febrero a mayo o junio, según el comienzo de las lluvias. En esta época florece gran parte de las especies nectaríferas y las abejas producen miel en cantidades suficientes para mantener su población y acumular excedentes para la época de escasez; es esta miel almacenada la que el apicultor cosecha sin riesgo de dañar la población de abejas.

Al principio de la temporada de lluvias, aunque la floración de está en su máximo punto, el alto grado de humedad no permite a las abejas trabajar eficientemente, la miel que se cosecha en este corto periodo tiene un alto grado de humedad, algunos apicultores la venden a precios bajos y otros la guardan para alimentar a las abejas durante la época de crisis.

El largo periodo de lluvias, de agosto a noviembre, representa la época de crisis para las abejas. En este tiempo pocas especies melíferas florecen, sin embargo, éstas son de gran importancia para el mantenimiento de las colonias; muchos apicultores incluso tienen que proporcionar alimento extra a sus abejas.

En la época de transición de la temporada de lluvias a la seca un número significativo de especies comienza a florecer, proporcionando a las abejas néctar para fortalecer sus poblaciones y prepararse para el periodo de abundancia, es la época de recuperación.1

Por otra parte, según la SAGARPA desde hace 5 décadas el mercado europeo es un fiel comprador, especialmente Alemania Reino Unido. Asimismo, ésta se consume en Estado Unidos, Arabia Saudita, Japón, entre otros. En 2016, se exportaron 29.1 mil toneladas con un valor de 93.7 millones de dólares.2

La miel es utilizada para la elaboración de pan, golosinas y bebidas, igualmente es ocupada como elemento curativo, ya que ayuda a aliviar la tos, a mejorar la memoria, o como estimulante porque proporciona nutrientes y energía, es ideal para las personas que realizan actividad física. Pero eso no es todo, también se ocupa para la creación de productos cosméticos y de belleza como son el shampoo y máscaras para pestañas.

De lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea aprobado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta soberanía sobre los recursos asignados y ejercidos durante lo que va del presente sexenio en el sector apícola en el país.

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta soberanía sobre los recursos asignados y ejercidos en el sector apícola del estado de Yucatán.

Dado en el Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 http://www.mexicodesconocido.com.mx/yucatan-y-su-miel.html

2 https://www.gob.mx/sagarpa/artículos/la-miel-en-mexico-y-el-mundo?idiom=es






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a liberar el Fondo de Desastres Naturales para que las dependencias públicas puedan atender de manera rápida a toda la población que se ha visto afectada por el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 95 numeral 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los sismos son movimientos bruscos del terreno, producidos en la corteza terrestre a consecuencia de la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra, esta energía se transmite a la superficie en forma de ondas que se propagan en todas direcciones, así lo define la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica.

México es un territorio con una alta actividad sísmica, ya que se encuentra dividido en cuatro zonas sísmicas, la zona con la mayor actividad sísmica se encuentra conformada por los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Baja California, en esta área del país que colinda con el Pacifico se localiza las placas tectónicas del Cinturón de Fuego, llamado así por su alta actividad y por la fortaleza de los sismos.

Es precisamente en esta zona que el pasado 7 de septiembre del año en curso alrededor de las 23:49 pm se registró un sismo de 8.2 en la escala de Richter, sacudiendo el centro y sur del territorio nacional, el epicentro fue a 133 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas. Cabe destacar que según registros del Servicio Sismológico Nacional, este suceso fue uno de los temblores más fuertes en 85 años en México.

El sismo afectó a 12 entidades federativas del país, de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, se reporta que hasta el día 10 de septiembre el número de personas que perdieron la vida asciende a 90, de las cuales 71 son en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en Tabasco.1

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha reportado que hasta las 6 am del 11 de septiembre el registró de 1067 réplicas (la mayor de M 6.1) del sismo ocurrido en el golfo de Tehuantepec (M 8.2).2 Es importante mencionar que desde el mismo 7 de septiembre se dio a conocer la medida preventiva de suspender las clases el día viernes 8 de septiembre en los estados de Veracruz, Morelos, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo Guerrero y la Ciudad de México.3

Sin lugar a dudas, la población de México no la está pasando bien, pues aunado al sismo del pasado 7 de septiembre, se deben tomar en cuenta los daños que han dejado los huracanes; sin lugar a dudas Oaxaca es uno de los estados que más se ha visto afectado.

La Secretaria de Gobernación emitió declaratoria de emergencia extraordinaria para 41 municipios del estado de Oaxaca y con ello activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN).

En Oaxaca, se habla de al menos 12 mil viviendas, 234 escuelas y 78 templos religiosos afectados todos por el sismo,4 a esto se sumaran los resultados del censo que se lleva a cabo para poder iniciar con la etapa de reconstrucción.

El gobierno de Oaxaca ha informado que son 800 mil los afectados en 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec. Además, se ha destacado que los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Santiago Astata, presentan el mayor número de viviendas destruidas, así como caminos, puentes, clínicas y escuelas.5

En Chiapas hasta el momento ahí 40 mil 633 viviendas damnificas, de las cuales 5 mil 012 están colapsadas en su totalidad. Los municipios de Tonalá, Parral, Tuxtla Gutiérrez y Chiapilla son los más afectados. Asimismo, existen 55 edificios de atención a salud dañados, 22 edificios públicos, 9 tramos carreteros, 4 puentes vehiculares, 2 tramos carreteros y 5 negocios.6

El Secretario de Educación Pública Federal, Aurelio Nuño, durante una visita a las zonas afectadas, explicó que en caso de infraestructura educativa en el estado existen 980 centros que presentan daños en su infraestructura, de ellas 47 tienen problemas irreparables, por lo que se prevé que sean derribadas, para ser construidas de nuevo. Se trata sobre todo de escuelas de educación Primaria y Secundaria.

Lamentablemente dichos estados se encuentran entre los más pobres del país, y hoy en día se encuentran en desamparo, pues han perdido a sus familiares y el patrimonio con el que contaban. Por tal razón el Senado de la República no puede ser ajeno al dolor de la población y como represente de las 32 entidades de la República Mexicana se debe unir al apoyo que ha brindado la población.

Es de reconocer el altruismo que siempre refleja la población mexicana en situaciones de desastres, pues han sido muchos las personas quienes han apoyado con víveres, o apoyo voluntario para con las personas que se han visto afectadas por el sismo ocurrido el paso jueves 7 de septiembre de 2017.

El pueblo mexicano siempre ha dado muestras de solidaridad y apoyo en situaciones de desastre, es ejemplo de unidad en situaciones adversas; así lo demostró en el sismo del 19 de septiembre de 1985 y así lo está refrendando hoy en día.

Por tal razón, el Gobierno Federal debe actuar de manera ejemplar y sin dilataciones ante esta situación, no se debe permanecer ajeno al dolor de su población, se tiene que actuar de manera rápida y expedita a fin de garantizar la integridad de las personas que se han visto afectadas por el sismo.

Es así que el objetivo del presente punto de acuerdo es exhortar al Gobierno Federal a que libere el Fondo de Desastres Naturales, para que las dependencias públicas puedan atender de manera rápida a toda la población que se ha visto afectada por el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2017.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE UREGENTE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que libere el Fondo de Desastres Naturales para que las dependencias públicas puedan atender de manera rápida a toda la población que se ha visto afectada por el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “Continúan los trabajos de ayuda a la población tras sismo de 8.2” consultado: 11 de septiembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/segob/prensa/continuan-los-trabajos-de-ayuda-a-la-poblacion-tras-sismo-de-8-2

2 Véase, Servicio Sismológico Nacional, consultado: 11 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.ssn.unam.mx

3 Ibid.

4 Thomas, Guadalupe. “Osorio Chong regresa a Oaxaca para atender a población damnificada por sismo”, Grupo Fórmula, Oaxaca, Oax., 11 de septiembre de 2017, consultado el 11/09/2017 [en línea], disponible en:
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=711899&idFC=2017

5 Vela, David Saúl. “En Oaxaca, el terremoto deja 71 muertos y 800 mil damnificados”, El Financiero, 10 de septiembre de 2017, consultado el 11/09/2017 [en línea], artículo disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/71-fallecidos-y-800-mil-afectados-confirma
-gobierno-de-oaxaca-tras-sismo.html

6 Mariscal, Ángeles. “Chiapas, 16 muertos y daños materiales y patrimoniales en 80% del territorio”, Aristegui Noticias consultado el 11/09/2017 [en línea], disponible en:
http://aristeguinoticias.com/1009/mexico/chiapas-16-muertos-y-danos-materiales-y
-patrimoniales-en-80-del-territorio/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a promover las acciones que conforme a derecho procedan, a fin de que el Partido Morena cumpla con sus obligaciones de transparencia. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los partidos políticos son entidades de interés público y …tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.1

Constituyen uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las instituciones democráticas, porque además de ser uno de los canales para acceder al poder político a través de las elecciones, también contribuyen a agregar las principales demandas de la población y traducirlas en el diseño de políticas públicas.

Al recibir financiamiento público para su funcionamiento, los partidos políticos son sujetos obligados a transparentar el uso y destino de los recursos de origen público que reciben.2

Entre las principales obligaciones de los sujetos obligados3 para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran las siguientes:

• Constituir su Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna.

• Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles.

• Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen.

• Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional.

• Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.

• Difundir proactivamente información de interés público.

• Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes.

En cuanto a la información específica a la que están obligados los partidos políticos4 nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, destacan las siguientes:

• El padrón de afiliados o militantes, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia.

• Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos.

• Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil.

• Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios.

• Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos.

• Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes.

• Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados.

• El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.

• El acta de la asamblea constitutiva.

• Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión.

• El directorio de sus órganos de direcciones nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales.

• El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos de dirección señalados anteriormente y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica.

• Información sobre cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido.

• Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna.

• Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

• Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones.

• El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores.

• El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto.

• Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

En días recientes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentó los resultados de verificación de Sujetos Obligados,5 en los que se encuentran los partidos políticos nacionales.

El Partido Revolucionario Institucional fue el mejor evaluado con 86.5 puntos de 100 posibles; mientras que MORENA fue el peor evaluado con una puntuación de 8.94 puntos.6

Estos confirman los señalamientos que distintos medios de comunicación realizaron en su momento y que hoy ratifican la falta de compromiso de este instituto con la transparencia.

MORENA reconoció a través de una solicitud de información que su Comité de Transparencia aún está en proceso de conformación, argumentado que es un instituto político “de reciente creación”. Además, dicho instituto político señaló que su Unidad de Transparencia está conformada únicamente por el titular de la oficina de información pública.7

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, indicó en el expediente RRA 2464/16 que MORENA no ha elaborado el reglamento para regular la creación y operación de su órgano de transparencia.8

Ante estas presuntas omisiones, el dirigente nacional del partido morena, Andrés Manuel López Obrador, escribió en su cuenta de twitter lo siguiente:

“A los del INAI: dejen de estar volteando solo hacia nosotros. No somos corruptos. Pidan cuentas a la mafia del poder. No se hagan guajes.”9

Estas declaraciones contrastan con los hechos, basta recordar que en diversas ocasiones MORENA ha sido cuestionada, por no transparentar las aportaciones de sus militantes, en las que se encuentran los casos de Eva Cadena quien recibió 500 mil pesos para la campaña de López Obrador, sin importarle el origen de los mismos; Delfina Gómez fue señalada por desviar recursos del municipio de Texcoco y de parte deL sueldo de los trabajadores para financiar sus actividades políticas; Rigoberto Salgado, recibió recursos en especie que no reportó y que posteriormente pagó mediante el otorgamiento de obras.

Para los legisladores del PRI la transparencia y la rendición de cuentas son elementos que abonan al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Consideramos que en el contexto actual no debe haber cabida para la discrecionalidad y opacidad de los partidos políticos en el uso y ejercicio de los recursos públicos.

Consideramos que MORENA debe reforzar sus mecanismos de transparencia a fin de prevenir y evitar que recursos de procedencia ilícita, sean utilizados para financiar sus actividades partidistas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de sus atribuciones, promueva las acciones que conforme a derecho proceda, a fin de que el partido MORENA cumpla con sus obligaciones de transparencia.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 Párrafo segundo de la fracción I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 23, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3 Artículo 24, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4 Artículo 76, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

5 Presentó INAI resultados de primera etapa de verificación de obligaciones de transparencia de sujetos obligados federales, 21 de agosto de 2017,
<http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-261-17.pdf> Consultado el 6 de septiembre de 2017.

6 Morena es el peor en transparencia; INAI lo califica con 8.94 de 100 puntos, La Razón,
< https://www.razon.com.mx/morena-es-el-peor-en-transparencia-inai-lo-califica-con
-8-94-de-100-puntos/> Consultado el 6 de septiembre de 2017.

7 Exhibe INAI opacidad del partido morena, Reforma, 22 de octubre de 2016
<http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=
968059&sc=672&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=968059&sc=672> Consultado el 6 de septiembre de 2017.

8 Ibíd.

9 Andrés Manuel (@lopezobrador). “A los del INAI: dejen de estar volteando solo hacia nosotros. No somos corruptos. Pidan cuentas a la mafia del poder. No se hagan guajes” 22 de octubre de 2016 (10:51) Tuit
<
https://twitter.com/lopezobrador_/status/789856807996968960?lang=es> Consultado el 6 de septiembre de 2017.






Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Federal de Competencia Económica a realizar una revisión de leyes y reglamentos estatales que pudieran contravenir las disposiciones en materia federal con respecto al establecimiento de estaciones de servicio y despacho de gasolinas y diésel. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A QUE DE MANERA COORDINADA Y EN CONJUNTO CON LAS LEGISLATURAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES DE LOS 31 ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN ABSOLUTO RESPETO A LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS Y EN EL MARCO DE SU ATRIBUCIONES, REALICEN UNA REVISIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS ESTATALES QUE PUDIERAN CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FEDERAL CON RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO Y DESPACHO DE GASOLINAS Y DIÉSEL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma energética trajo consigo cambios relevantes en cada una de las áreas de la cadena que contempla la exploración, la extracción, transporte y venta de hidrocarburos y petrolíferos. Pasados cerca de tres años de la aprobación de las mudanzas constitucionales, nos encontramos en un momento clave de la implementación de las disposiciones secundarias que articularon el andamiaje jurídico que ha materializado un nuevo modelo energético nacional.

En este sentido, cabe señalar que una parte fundamental de la reforma fue la permisión de libre importación de gasolinas por parte de particulares sin que tuviesen que comprarle forzosamente a PEMEX, así como también la instalación de estaciones de servicio no pertenecientes a la otrora paraestatal.

Con respecto a la libre importación de gasolinas, el gobierno federal decidió adelantar su entrada en vigor para abril de este año y el libre establecimiento de estaciones de servicio comenzó a partir del 1 de enero, también de este 2016. Sobre este segundo aspecto, hoy en día ya se cuenta con grupos gasolineros como Hidrosina y Lagas que han iniciado operaciones con su propia identidad, abasteciéndose aún de gasolinas de PEMEX pero diversificando sus servicios.

Todo lo anterior se enmarca en el interés de mudar a un mercado competido de energéticos y combustibles, que si bien no se reduce únicamente a hidrocarburos, toda vez que se extiende a electricidad, gas natural y energías renovables, las gasolinas y diésel sí es uno de los aspectos más visibles para los usuarios y donde además se ha generado un mayor interés por parte de los inversionistas.

Sin embargo, esta aparición de nuevos expendios de combustibles en el país apenas comienza. De acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, al día de hoy se han otorgado más de 11 mil permisos para el establecimiento de expendio en estaciones de servicio, aeródromos y autoconsumo; así como 147 de almacenamiento y 1,616 de transporte.

Las cifras anteriores comprenden permisos para petróleo, petrolíferos y petroquímicos. No obstante, hasta enero de 2016 la Comisión Reguladora de Energía reportó el otorgamiento de 550 permisos para el expendio de gasolina y diésel en el país, mismos que entraron en vigor el primer día de este año. El otorgamiento de estos permisos, obedece a lo establecido en el Artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley de Hidrocarburos, sobre la solicitud y obtención del permiso antes del 31 de diciembre de 2015. Así como también a la a la resolución RES/635/2015 de la CRE en la cual, adicionalmente a establecer fechas de término y modificación de los contratos entre PEMEX y los franquiciatarios, libera la condicionalidad de los contratos bajo la forzosa identidad de la Empresa Productiva del Estado.

Todas estas modificaciones se encuentran orientadas a revertir la baja densidad de estaciones de servicio por habitante con las que cuenta México en comparación con otros países. Asimismo, la motivación fundamental que, como ya se señaló, consiste en insertar a los consumidores mexicanos en un mercado de competencia de gasolinas que derive en beneficios diversos como una mayor oferta, en mejores condiciones de calidad y precio.

De este modo, resulta sumamente relevante eliminar barreras y restricciones normativas que inhiban la mudanza hacia ese mercado de competencia, en particular en lo relacionado a las disposiciones legales y reglamentarias que lleguen a existir en el ámbito local. Principalmente lo asociado a distancias o superficies mínimas, para la construcción y apertura de estaciones y servicio.

En un documento sin precedentes y que atenderlo resulta de vital importancia para una exitosa implementación del nuevo modelo energético nacional, elaborado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), titulado Transición hacia mercados competidos de gasolina y diésel publicado a mediados de este año, se identifican las barreras que pudiera enfrentar el establecimiento de este nuevo mercado con lo que respecta a las regulaciones locales. Es decir, que de acuerdo a la investigación realizada por la COFECE, actualmente existen reglamentaciones en los estados que adicionalmente d presentar limitaciones injustificadas al establecimiento de estaciones de servicio, estas se encuentran en controversia con el andamiaje jurídico aplicable a este sector que es de índole federal y no estatal.

En efecto, el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos dice a la letra:

Artículo 95.- La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria.

Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en los términos de esta Ley, en todo momento deberán seguirse criterios que fomenten la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, además de cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en materia de medio ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así como de pesca.

A su vez, el Artículo Décimo Noveno Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, dice:

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones.

La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. 

En el mismo tenor, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), en su artículo primero establece que:

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión.

La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión.

[…]

A su vez, el inciso e) de la fracción XI del artículo 3 de la misma Ley, define lo siguiente:

XI. Sector Hidrocarburos o Sector: Las actividades siguientes:

e. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos,

De tal suerte que la ASEA, cuenta con las atribuciones necesarias para la regulación y supervisión del establecimiento de estaciones de servicio. Con lo que respecta a las facultades específicas de dicha agencia en la materia, puede señalarse lo siguiente, en el artículo quinto de la Ley en comento:

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aportar los elementos técnicos sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, a las autoridades competentes, para las políticas energética y ambiental del país, así como para la formulación de los programas sectoriales en esas materias. Para ello, participará con la Secretaría y con la Secretaría de Energía en el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector;

II. …

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera;

IV. Regular a través de lineamientos, directrices, criterios u otras disposiciones administrativas de carácter general necesarias en las materias de su competencia y, en su caso, normas oficiales mexicanas, previa opinión de la Secretaría, en materia de protección al medio ambiente y de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa;

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la coordinación de las autoridades competentes para su aplicación;

VI. Emitir las bases y criterios para que los Regulados adopten las mejores prácticas de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente que resulten aplicables a las actividades del Sector.

Lo anterior incluirá el control y seguimiento geofísico en la operación cuando ésta lo requiera, las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, la restauración de los sitios impactados por las actividades del Sector, así como el control integral de sus residuos y sus emisiones de contaminantes;

VII. …

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su competencia.

Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así como llevar acabo visitas de inspección y supervisión.

Asimismo, en el ejercicio de sus atribuciones, podrá instruir la comparecencia de representantes de los Regulados. Para llevar a cabo la supervisión, la Agencia podrá ordenar visitas de inspección. En la sustanciación de las visitas, la Agencia aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en su caso, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para que lleven a cabo las actividades de supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente Ley;

X. …

XI. Imponer medidas de seguridad, de apremio o sanciones que resulten aplicables conforme a la legislación correspondiente;

XII. Resolver sobre las solicitudes de revocación, modificación y conmutación de multas, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las actividades del Sector;

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas;

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos;

XVI. Coordinar un programa de certificación en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, en relación con el cumplimiento de la normatividad y estándares de desempeño, con base en el principio de autogestión y conforme a los requisitos técnicos que para tal efecto establezca;

XVII. …

XVIII. Expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental, a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, en los términos de las disposiciones normativas aplicables;

XIX. …

XX. Regular y supervisar la producción, transporte, almacenamiento y distribución industrial de biocombustibles, cuando estas actividades estén directamente vinculadas al proceso de mezclado o preparación de gasolinas y/o diésel, en relación con las materias de su competencia, en coordinación, en su caso, con otras autoridades competentes y atendiendo a las disposiciones normativas aplicables;

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento de evaluación de la conformidad;

XXII. Realizar estudios de valoración económica de las externalidades ambientales y riesgos asociados a las instalaciones, actividades y operación del Sector, con base en una metodología que tome en cuenta las mejores prácticas internacionales;

XXIII. Impulsar un desarrollo regional sustentable y exigir que las actividades relacionadas con el sector se realicen, entre otras, con apego a la protección, conservación, compensación y restauración de los ecosistemas, flora y fauna silvestres, bienes y servicios ambientales, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

XXIV. …

XXV. Coadyuvar, con las dependencias competentes, al seguimiento de mecanismos, acuerdos y convenios internacionales en materia de su competencia;

Ahora bien, regresando al Decreto de reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013, se adicionó un último párrafo al artículo 28 constitucional para crear los órganos reguladores en materia energética, para quedar como sigue:

Artículo 28. …



El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.

Derivado de lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, define las atribuciones de dichos Órganos en los términos siguientes:1

Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán las siguientes atribuciones:

De I a IX

X. Otorgar permisos, autorizaciones y emitir los demás actos administrativos vinculados a las materias reguladas;

XI. Solicitar a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar la misma respecto de las actividades reguladas;

XII. …

XIII. Ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas;

Observado todo lo anterior, resulta relevante señalar y en todo caso promover la abrogación de las reglamentaciones locales que continúan estableciendo medidas obstaculizarían el libre establecimiento de las estaciones de servicio por regular materias y aspectos que desde la reforma energética, quedaron a cargo de la legislación federal misma que en su parte sustancial, ha sido aquí referida.

En este sentido, la COFECE señala que en todo caso, las regulaciones locales deben limitarse a establecer medidas de seguridad indispensables para prevenir los riesgos inherentes a estas actividades sin contravenir las disposiciones emitidas por la ASEA, en virtud de que los requisitos y disposiciones técnicas aplicables a la industria de los hidrocarburos, incluyendo la actividad de expendio al público de combustibles, deberían ser de exclusiva competencia federal.

Ahora bien, en el documento referido de la COFECE se abordan las legislaciones estatales con respecto a distancias y superficies mínimas de las estaciones de servicio. Sobre este particular, la COFECE señala su desacuerdo con la imposición de distancias mínimas entre comercios, no solo en lo referente al mercado de petrolíferos sino en general a cualesquier comercio.

Así, pueden identificarse las siguientes legislaciones locales que establecen distancias mínimas entre estaciones de servicio, las cuales al ser estatales, podrían ser replicadas a nivel municipal:


Estado

Distancia mínima establecida

Instrumento Jurídico

Artículo

Baja California

1,000m en zonas urbanas
10,000 m en carreteras

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California

117

Chihuahua

Entre 1,200 y 1,700 m en zonas urbanas

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua

150

Colima

800 m en zonas urbanas
3,000 m en zonas rurales

Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima

401

Michoacán

1,000 m en zonas urbanas
10,000 m en carreteras

Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo

281 bis

Nuevo León

1,500 m en libramientos y vías primarias
10,000 m en carreteras y autopistas

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León

150

San Luis Potosí

2,000 m

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí

145

Sinaloa

1,500 m en zonas urbanas
5,000 m en zonas rurales
20,000 m en carreteras federales
5,000 m en carreteras vecinales y rurales

Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa

105 bis

Sonora

1,000 m

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora

17 bis

Fuente: Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diésel. COFECE, 2016.

De igual forma, existen disposiciones locales que tienen por objeto regular el establecimiento de estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas y diésel, que entre otras cosas, establecen medidas mínimas para el predio donde se establecerá dicha estación, las cuales si bien están basadas en las dimensiones y requisitos que establece PEMEX, estas mismas regulaciones ya no corresponden al nuevo mercado libre y competitivo en el que, a decir de la COFECE, las estaciones de servicio tienen que competir por la preferencia de los clientes en términos de conveniencia, seguridad y calidad.

En el multicitado documento de la COFECE, se identifican los siguientes reglamentos municipales que establecen superficies mínimas:

Estado

Municipio

Instrumento jurídico

Artículo

Coahuila

Torreón

Reglamento para el establecimiento de Gasolineras y Estaciones de venta, almacenamiento de Gasolinas, Diésel y Plantas de almacenamiento para distribución y venta de Gas Licuado Petróleo del municipio de Torreón.

8

Colima

Colima

Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de Estaciones de Servicio de Gasolina, Diésel y Lubricantes en el municipio de Colima

19

Durango

Durango

Reglamento para el establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicios del Municipio de Durango

8

Jalisco

Guadalajara

Reglamento de Zonificación Específica para Estaciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara

16

Sinaloa

Mazatlán

Reglamento para el establecimiento de Estaciones de Servicio de Gasolina, Gas LP. (Licuado de Petróleo) y Diésel del municipio de Mazatlán, Sinaloa

8

Tamaulipas

Reynosa

Reglamento para el establecimiento de Estaciones de Servicios de Gasolina en el municipio de Reynosa, Tamaulipas

10

Fuente: Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diésel. COFECE, 2016.

De este modo, se menester que con respeto a la soberanía de las entidades federativas y observando la separación de poderes, tanto las legislaturas locales como los ejecutivos estatales y municipales, realicen una revisión minuciosa de la congruencia entre sus legislaciones y reglamentaciones locales con las disposiciones legales federales modificadas y/o expedidas durante la reforma energética.

Acorde con lo anterior, es deseable que las instituciones y autoridades encargadas de la reglamentación y demás disposiciones que atañen al ámbito de las estaciones de servicio y la competencia entre estas, cooperen con los estados y municipios en esta transición, toda vez que es trascendental para el mercado de hidrocarburos y para México.

Asimismo, de no realizarse las adecuaciones pertinentes esto provocaría en un futuro la apertura de procedimientos legales por parte de los interesados en establecer una estación de servicio y adicionalmente a los gastos demoras que causarían estas incidencias, se produciría una inhibición a la competencia y la inversión en este sector.

Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a las 31 Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México así como a los gobiernos estatales y de la Ciudad de México a que en pleno respeto de la soberanía de las entidades y en el marco de sus respectivas atribuciones, de manera conjunta realicen una revisión de las normatividades locales respecto a la seguridad, medio ambiente y protección civil en materia de estaciones de servicio de gasolina y diésel con la finalidad de armonizarlas conforme a las Leyes de Hidrocarburos y de la Agencia Federal de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos con el fin de brindar mayor certidumbre y seguridad jurídicas a dicho mercado en todo el territorio nacional.

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Federal de Competencia Económica a que de manera coordinada y en conjunto con las legislaturas y los gobiernos locales de los 31 estados y de la Ciudad de México, a que en absoluto respeto a la soberanía de los estados y en el marco de su atribuciones, realicen un programa de información y revisión de leyes y reglamentos estatales que pudieran contravenir las disposiciones en materia federal con respecto al establecimiento de estaciones de servicio y despacho de gasolinas y diésel, con el objetivo de contribuir a la consolidación de la transición hacia un mercado competido de gasolinas y diésel en nuestro país así como para ofrecer mayor certidumbre y seguridad jurídica a los potenciales inversionistas en este sector.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.

1 Ídem





Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los entes públicos y a las universidades del país que se encargan de expedir documentos de carácter oficial, a actualizar y reforzar los elementos y candados de seguridad de éstos, con la finalidad de combatir todos los ilícitos derivados de la falsificación de documentos en el país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La falsificación de documentos en general se ha convertido en un ilícito de gran alcance, el cual afecta directa e indirectamente a miles de personas físicas o morales, e incluso, al propio Estado. Ante esta problemática, no es dable permanecer inerte, puesto que las consecuencias que emanan de un documento apócrifo son múltiples y se extienden a daños y perjuicios de diversa magnitud.

El Diccionario de la lengua española define la palabra falso como: “adjetivo dicho de una cosa que se hace imitando otra que es legítima o auténtica, normalmente con intención delictiva”;1 en el mismo sentido dice que falsificar significa “fabricar algo falso o falto de ley”.2 Cuando se habla en estricto sentido de un documento, la falsificación de este tiene varias repercusiones, pues pese a no tener validez plena, en numerosas ocasiones son utilizados para fines que pueden afectar a las personas titulares de los documentos originales o derivar en diversos ilícitos.

Tal y como se ha sostenido, la falsificación de documentos desemboca en situaciones delicadas, pues su utilización comúnmente deriva en la obtención de bienes de manera ilegal, para usurpar alguna profesión, titulo, nombramiento o grado, para suplantar la identidad de otras personas, solicitar préstamos bancarios a nombre de otro, fraudes financieros, etcétera.

El Código Penal Federal en el Título Decimotercero, Capitulo IV, contempla las hipótesis y sus respectivas consecuencias por la Falsificación de documentos en general. El artículo 243 se encarga de sancionar la falsificación tanto de documentos públicos como de documentos privados; señala una agravante cuando el sujeto activo sea un servidor público y otra más en caso de que los documentos falsificados sean de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Aunado a lo anterior, las disposiciones siguientes también especifican situaciones complementarias: el artículo 244 enlista los medios por los que se puede cometer este delito; el 245 establece los requisitos necesarios para que el delito sea sancionable; y el 246 enlista una serie de conductas que también pueden ser sancionadas por estar íntimamente relacionadas con la hipótesis principal.

Como es posible inferir, la tipificación de esta conducta encuentra su justificación en los bienes y valores a proteger, así como en el alcance de los daños que genera a la sociedad, al Estado o a un tercero. Medios de comunicación dan cuenta que la falsificación de documentos representa para la Procuraduría General de la República el abrir anualmente un promedio de 3 mil averiguaciones previas o carpetas de investigación por este delito. De acuerdo con el Instituto Forense y Pericial de Latinoamérica, la falsificación de documentos en México representa focos rojos en al menos seis ciudades: Ciudad de México; Tijuana; Mexicali, Baja California; Cancún, Quintana Roo; Tonalá y Tapachula, en Chiapas.3

A manera de ejemplo, basta analizar la situación en la Ciudad de México, lugar que se ha convertido en un “paraíso” para la falsificación de documentos. De acuerdo con Estadísticas Delictivas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), de enero a julio de este año se tiene reporte de 752 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el delito de falsificación y uso de documento falso, de lo anterior se infiere que el promedio diario en lo que va del año es de 3.5, tal y como se desprende de la siguiente tabla:

Averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el delito de Falsificación y uso de documento falso (Ciudad de México)

2017

Mes

Total

Promedio Diario

Enero

111

3.6

Febrero

79

2.8

Marzo

99

3.2

Abril

108

3.6

Mayo

107

3.5

Junio

146

4.9

Julio

102

3.3

TOTAL

752

3.5

Fuente: Elaboración Propia con Estadísticas Delictivas 2017 de la PGJCDMX

Con los datos expuestos, se visualiza un panorama poco alentador, aun sin contar la cifra negra de este delito, es decir, aquellos ilícitos que no son denunciados ante las autoridades, y que por ende, quedan impunes.

Esta impunidad es uno de los factores que incentivan la prevalencia de conductas como la falsificación de documentos. Un reportaje realizado a principios de este año, detalla cómo un falsificador de la zona de la Plaza de Santo Domingo, ubicada en la Ciudad de México, expide certificados de educación, identificaciones oficiales, pasaportes, entre otros documentos. El sujeto especifica los materiales y la forma de crear el documento apócrifo, explicando además que los datos que se utilizan en cada documento si existen, es decir, pertenecen a otra persona. Por si lo anterior fuera poco, el sujeto que accedió a dar la entrevista refiere que ha sido detenido en cuatro ocasiones en los operativos contra este ilícito, no obstante, también aseguró que pese a ello hay forma de seguir con ese “negocio”, expresando textualmente lo siguiente: “Solamente que hagas bisne (sic) con los policías antes de llegar al Ministerio Público o en el Ministerio Público. Puedes salir, ahora sí que con un dinero ¿no? Unos 50 mil, 60 mil pesos para que ya te dejen salir y no te vayas al reclusorio”.4

La impunidad de la mano con la corrupción es uno de los peores males, y en el caso del ilícito en comento, fungen como cómplices en el crecimiento desmedido de estos negocios ilegales. La problemática se extiende si se toma en consideración la utilización de datos de otras personas para la expedición de documentos falsos, pues a su vez implica un enorme peligro de que al titular legítimo de esos datos le roben su identidad.

El robo de identidad es otro ilícito que va en aumento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contabilizó hasta julio de este año 105 carpetas de investigación abiertas por el delito de usurpación o suplantación de identidad, lo que significa un aumento del 45 por ciento en comparación con las 69 carpetas de investigación contabilizadas al cierre de 2016. El aumento se torna aún más alarmante si se compara con las 40 carpetas registradas en el periodo de 2007 a 2015; es decir, un aumento de poco más del 160 por ciento con respecto a las contabilizadas en el presente año.5

En otro rubro relacionado, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en 2016 se registraron 78 mil 788 posibles casos de robo de identidad, aunque la cifra disminuyó con respecto al 2015, cuando se reportaron más de 100 mil casos, el número casi duplica la cifra reportada en 2012;6 esto nos habla de la prevalencia del referido ilícito.

En correlación con lo expuesto, es de conocimiento público la forma de operar de los falsificadores de documentos, quienes comúnmente a plena luz del día ofrecen los servicios de falsificación para facilitar algún trámite oficial. Además, la corrupción retoma protagonismo si se toma en cuenta que para la expedición de estos documentos también se presume la participación de servidores públicos, o incluso de personal de las universidades en el caso de títulos y cedulas profesionales.

Con el paso del tiempo se han perfeccionado las técnicas utilizadas por las personas que se dedican a elaborar documentos apócrifos, desde la falsificación de sellos, firmas, hologramas y demás distintivos, hasta la complicidad con servidores públicos en la gestión de estos. De forma paralela, la demanda de estos se amplía debido a la necesidad de aquellos que pretenden acreditar alguna situación en particular o realizar una actividad contraria a la ley.

Por ejemplo, conseguir un empleo conlleva una serie de dificultades para algunas personas, una de las causas principales es que la mayoría de los empleadores les solicitan un grado mínimo de estudios con el fin de respaldar un buen desempeño en las actividades propias de la encomienda; lo anterior resulta un obstáculo para aquellas personas que difícilmente tuvieron acceso a la educación o que por diversas causas la dejaron inconclusa, situación que los orilla a conseguir por una “vía rápida” e ilegal documentos que acrediten un grado de estudios que realmente no cursaron.

La falta de oportunidades laborales y la necesidad económica son argumentos que llevan a las personas a gestionar documentos apócrifos, no obstante, difícilmente es justificable recurrir a la ilegalidad para ello. Los documentos que comúnmente se falsifican con estos fines son los certificados de educación básica, de educación media superior, títulos de educación superior, grados académicos y cédulas profesionales.

De acuerdo con registros de la Secretaría de Educación Pública, las carreras de Enfermería, Medicina y Derecho son las más solicitadas para falsificaciones, la dependencia tiene bajo resguardo 3 mil 147 cedulas apócrifas correspondientes al periodo 2002-2012.7 Lo anterior es un dato alarmante debido a la naturaleza de las profesiones en cuestión, pues el obtener una cedula falsa se traduce en un ejercicio profesional deficiente que puede afectar a la sociedad, verbigracia, una enfermera sin aptitudes para el cuidado de una persona, un médico sin los estudios necesarios poniendo en peligro la salud e incluso la vida de otros, y un abogado sin la preparación indispensable para defender la propiedad o la libertad de una persona.

Como es viable inferir, el aumento de documentos falsos difícilmente es atribuible a una sola causa, por tanto, se trata de un problema multifactorial que requiere de la atención específica de cada una de las autoridades correspondientes; sin embargo, como se ha expuesto, una de las razones que ha facilitado significativamente la falsificación de documentos es que los sellos, firmas, hologramas, y demás distintivos o candados de seguridad han sido alcanzados por las herramientas que actualmente utilizan los falsificadores.

De esta manera, partiendo de la premisa de que los documentos comúnmente falsificables son certificados de educación básica, media superior, títulos de educación superior, cedulas profesionales, credenciales de elector, pasaportes, entre otros, es legítimo solicitar a las diversas instituciones y autoridades facultadas para expedirlos, actualicen los candados de seguridad de cada documento, a fin de combatir el desmedido incremento de este ilícito con elementos que difícilmente se puedan falsificar.

Por otro lado, es factible solicitar a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas, lleven a cabo operativos efectivos encaminados a desmantelar grupos delictivos dedicados a la falsificación de documentos en caso de tener conocimiento de su asentamiento en determinados lugares.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el  siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los entes públicos y a las universidades del país que se encargan de expedir documentos de carácter oficial, a actualizar y reforzar los elementos y candados de seguridad de estos con la finalidad de combatir todos los ilícitos derivados de la falsificación de documentos en el país.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas, a que lleven a cabo operativos efectivos encaminados a desmantelar grupos delictivos dedicados a la falsificación de documentos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Véase en el Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 23ª edición [en línea], disponible en:
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=HZC1ih6

2 Véase en el Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 23ª edición [en línea], disponible en:
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=falsificar

3 Meraz, Andrea. “Hay foco rojo en 6 ciudades por falsificar documentos”, Excélsior, 22 de abril de 2017, consultado el 30/08/2017 [en línea], artículo disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/22/1159091

4 Noticieros Televisa. “Como operan los falsificadores de documentos en la CDMX, exclusiva en Despierta”, Noticieros Televisa, Ciudad de México, 22 de marzo de 2017, consultado el 30/08/2017 [en línea], reportaje disponible en:
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-03-22/como-operan-falsificadores
-documentos-cdmx-exclusiva-despierta/

5 Zavala, Misael. “Aumentan casos de robo de identidad: FEPADE”, El Universal, 2 de agosto de 2017, consultado el 31/08/2017 [en línea], artículo disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/08/2/aumentan-
casos-de-robo-de-identidad-fepade

6 Leyva, Jeanette, “Crecen robo de identidad y fraudes”, El Financiero, 10 de abril de 2017, consultado el 31/08/2017 [en línea], artículo disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crecen-robo-de-identidad-y-fraudes.html

7 Tapia Hernández, Rocío. “SEP detecta miles de títulos pirata”, El Universal, 21 de enero de 2014, consultados el 31/08/2017 [en línea], articulo disponible en:
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/sep-detecta-miles-de-titulos--39pirata-39-981061.html






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el hostigamiento y fraudes que se están realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de contribuyentes por parte de supuestos funcionarios del SAT. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a derogar el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, en relación con la exclusividad que guarda Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A DEROGAR EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AEROPUERTOS, EN RELACIÓN CON LA EXCLUSIVIDAD QUE GUARDA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES EN EL OFRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS TRANSPORTISTAS Y OPERADORES AÉREOS, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Desde 1979, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo descentralizado sectorizado a la SCT, es el encargado de prestar los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los transportistas aéreos.

El Reglamento de la Ley de Aeropuertos vigente (decretada en 2003), en su artículo Noveno Transitorio otorgó a ese organismo la exclusividad de ofrecer dichos servicios en los aeropuertos en territorio nacional, en los siguientes términos:

Artículo Noveno Transitorio.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares continuará prestando, de conformidad con la legislación aplicable, los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos. Consecuentemente, ni los concesionarios, permisionarios o algún tercero podrán prestar los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible; hasta en tanto la Secretaría determine lo contrario. Ello en el entendido de que cuando se pretenda que dichos servicios sean prestados por los particulares, la Secretaría podrá licitar la prestación de los mismos. Se exceptúa de lo anterior a las personas que actualmente prestan el servicio de suministro de combustible.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares deberá adecuar sus programas al crecimiento de los aeródromos de servicio al público y será responsable de cualquier daño que ocasione por la prestación del servicio de combustible, para tales efectos celebrará con los concesionarios y permisionarios un convenio en el que se determinen los términos y condiciones necesarios para que dichos servicios se presten de forma segura y eficiente, precisando la contraprestación y forma de pago correspondiente para los concesionarios y permisionarios por el acceso y el uso de sus instalaciones para la prestación del servicio de suministro de combustible en cada aeródromo. Todos los conflictos que surjan con motivo de la prestación de los servicios relativos a combustible, serán resueltos por la Secretaría.

Dicho artículo no fue derogado durante la reforma energética y en consecuencia resulta del todo incongruente con la Ley de Hidrocarburos, la cual establece la posibilidad de que cualquier interesado solicite ante la CRE un permiso para desarrollar esta actividad. No obstante, los títulos de concesión aeroportuarios preservan este monopolio en favor de ASA, el cual impide la entrada de nuevos oferentes y afecta las condiciones de suministro de combustibles para aeronaves (turbosina) en detrimento de los operadores aéreos y los consumidores finales.

Esto, a su vez, podría afectar a empresas en el ramo de gasolinas y diésel que pretendan diversificarse y acceder al mercado de turbosina. ASA tiene actualmente 60 estaciones de almacenamiento y vende alrededor de 3 mil 800 millones de litros de turbosina al año, equivalentes a 40 mil millones de pesos. El 40 por ciento del combustible es distribuido a la Ciudad de México, mientras que en segundo lugar está Cancún con el 18 por ciento. Las ventas de turbosina han crecido en alrededor de 7 por ciento anual, tasa que se mantendrá y que podría llegar hasta 10 por ciento una vez que esté operando el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 3 años. 

Al día de hoy, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 65 permisos para el expendio de turbosina en terminales aéreas, de los cuales 61 han sido otorgados a ASA. Con respecto a ello, cabe señalar que es sumamente importante generar competencia en el sector, toda vez que estudios de la misma ASA indican que el costo del combustible representa alrededor del 30% del costo de un vuelo, de suerte que generar las mejores condiciones de competencia, redituarían en la disminución de costos para las aerolíneas y en consecuencia para los usuarios.

En razón de lo anterior, es relevante derogar explícitamente el Noveno transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, así como modificar aquellos títulos de concesión aeroportuarios conforme a los cuales únicamente ASA puede suministrar combustibles. Lo anterior, sin perjuicio de que la CRE determine reglas para el inicio de una Temporada Abierta aplicable a la infraestructura de almacenamiento de ese organismo descentralizado, a efecto de promover el ingreso de nuevos competidores a través de la garantía de acceso abierto y no discriminatorio de dicha infraestructura.

Dicha modificación del reglamento es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo cual se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta  respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que en virtud de la próxima temporada abierta para que potenciales inversionistas participen en el mercado de turbosina, así como lo establecido en la Ley de Hidrocarburos con respecto a los permisos a particulares en esta actividad, derogue el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, que contiene la exclusividad que guarda Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los transportistas y operadores aéreos, con el fin de ofrecer mayor certidumbre y seguridad jurídica a los inversionistas interesados.

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la red consular en los Estados Unidos de América, con el fin de desplegar una estrategia integral de atención a las comunidades mexicanas que se vean afectadas por la eliminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La tradición histórica que se tiene entre México y Estados Unidos de América sobre migración, es compleja y constante, tanto en el pasado, como en la actualidad. La importancia que tiene la migración para ambos países los ha llevado a tomar decisiones a favor y en contra del flujo migratorio, tanto como país receptor como expulsor.

Este flujo migratorio parece inevitable, ya que las condiciones geográficas de estos dos países, actúan como un puente natural para el desplazamiento de personas. La frontera de 3,114.7 kilómetros hace de ella una de las más grandes del mundo, pero también de las más peligrosas. Tan sólo en lo que va de este año los muertos y desaparecidos en la frontera norte suman 231, lo que representa un aumento de 38% con respecto al mismo periodo en 2016.1

Aun con los riesgos que conlleva cruzar la frontera, los migrantes mexicanos siguen desplazándose hacia Estados Unidos con el fin de mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Un fenómeno que se ha dado durante la historia de ambos países son las condiciones en las cuales interactúan para recibir y expulsar mano de obra; muchos son trabajadores temporales que participan de manera intermitente y abierta en la vida económica y social de ambas naciones.

Esto se da por la particularidad que hay en las relaciones bilaterales entre los dos países y la política exterior que ha mantenido Estados Unidos; por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana se constituyeron de manera simultánea los factores de atracción y expulsión de migrantes. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial derivaron en una mayor demanda de mano de obra en los complejos industriales en Estados Unidos, mientras que en México, los movimientos armados se convirtieron en un factor para el desplazamiento de la población a lugares de menor riesgo, así se dieron las condiciones para que hubiera reclutamiento “de obreros para los sectores: agrícolas, minero y ferrocarrilero de Estados Unidos”.2 Esto se configuró como la primera oleada masiva de migrantes mexicanos hacia el país vecino del norte.

Siguiendo el contexto histórico; el México postrevolucionario entró en una faceta de industrialización y urbanización que ocasionó un desplazamiento de la población de las zonas rurales a zonas urbanas principalmente de campesinos proletarios que no fueron absorbidos por la industria que entraba. Por otro lado la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial repitió el mismo ciclo de oferta y demanda para mano de obra entre los dos países en comento; la falta de mano de obra en Estados Unidos y la necesidad de un mercado laboral en México obligó a ambos países a elaborar los convenios laborales conocidos como el “Programa Bracero”, “a través del cual ingresaron a Estados Unidos más de 4 millones de mexicanos con permisos para trabajar y un número mucho mayor de mexicanos sin documentos”.3

Este corte histórico es relevante para entender el fenómeno migrante entre estos dos países, a 22 años de dichos convenios, Estados Unidos decidió poner fin con dicho programa, y formalmente se inició el período de la inmigración de mexicanos indocumentados a Estados Unidos, en el año de 1964.

Para 1965, surge en los Estados Unidos el Acta de Reforma de Inmigración y una enmienda que limitaba cuantitativamente la inmigración de mexicanos, posteriormente se realizaron numerosas revisiones, donde el principal objetivo era   reducir la inmigración a través de la legalización de los emigrantes que ya se  encontraban en el país; sin embargo, todo este entramado histórico tiene implicaciones sociales y antropológicas, que han hecho de la migración un problema grave para Estados Unidos, ya que su dependencia hacia los trabajadores migrantes parece inviable.

Es pertinente entender que el problema migratorio afecta a los dos países; sin embargo, con el arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos de América, se ha propagado la falsa idea de que aquel país ha entrado en una crisis económica, entre otras cosas, por el gran número de migrantes en su mercado laboral, ya que desplaza la mano de obra local. En contra parte, la investigadora Nelly Salgado de Snyder refuta esta idea, señalando que se ha documentado que: “en la mayoría de los casos, los trabajadores mexicanos no desplazan la mano de obra norteamericana porque corresponden a un mercado de mano de obra cuya reglas no son aceptables para los trabajadores estadounidenses. Cuando un patrón norteamericano contrata indocumentados, no crea plazas para cualquier trabajador, sino para aquellos que están en condiciones altamente vulnerables y explotables, como los trabajadores indocumentados”.4

Todo este contexto histórico de expulsión y recepción, ha formado una sociedad binacional residiendo en Estados Unidos, las personas que tuvieron acceso al “Programa Bracero”, formaron familias y construyeron redes que permitieron un mayor desplazamiento de personas entre los dos países, la primera generación de migrantes se desarrolló y creció de manera parcial en Estados Unidos; sin embargo,     la llegada de la segunda generación empezó a generar individuos con una identidad más alejada de sus lugares de origen, donde en ocasiones ni el idioma se comparte.

Sumergido en esta complejidad, el ex Presidente Barack Obama en el año de 2012 decretó el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA,  por sus siglas en inglés),5 en el cual se protegían a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Los dreamers (que es como son llamados los beneficiarios de DACA) pueden solicitar la suspensión de la deportación y residir legalmente durante dos años para seguir sus estudios.

Las cifras oficiales de la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS por sus siglas en inglés) señalan que 787,580 jóvenes se han beneficiado de DACA, de los cuales 618,342 son mexicanos (78% del total).6 Asimismo, USCIS ha aprobado 799,077 solicitudes, hasta el mes de junio, de renovación, de las cuales 622,170 son de mexicanos. Este programa ha representado vivir sin miedo a ser deportados; a seguir sus estudios y trabajar para miles de jóvenes emigrantes; sin embargo, la declaración de Donald Trump de poner fin al programa, deja en total indefensión a estos jóvenes que tienen su estabilidad económica puesta en DACA.

Es importante mencionar que, cuando Obama creó el Programa de Acción Diferida, el Gobierno mexicano desplegó una estrategia integral de atención a las comunidades mexicanas en ese país, con el único fin de lograr que más mexicanos obtuvieran los beneficios. Hasta 2015, los consulados organizaron más de 7 mil talleres informativos a lo largo del territorio estadounidense, fortalecieron alianzas con organizaciones locales y ofrecieron apoyo a jóvenes mexicanos indocumentados.7

Este mismo apoyo debe implementarse, con mayor razón, en estos tiempos de crisis para los millones de migrantes que se ven perseguidos por la autoridad estadounidense. Es condenable la desaparición de DACA, programa que se había convertido en un vehículo central para reducir la brecha de derechos entre ciudadanos e inmigrantes, donde sus beneficios están a la luz para las dos naciones: más del 70% de los beneficiados han ingresado al mercado laboral, lo que ha impulsado la economía de Estados Unidos y 46% se ha vuelto económicamente independiente.8

La cancelación de DACA implica ya no aceptar nuevas solicitudes para acceder al programa y se da un plazo de 6 meses para que el Congreso Norteamericano busque una solución legislativa e intente impulsar una reforma migratoria “responsable”; empero, resulta difícil creer que los resultados serán benéficos para los migrantes.

Es importante destacar que el Gobierno mexicano, en respuesta a la política anti-migrante emprendida por Donald Trump, impulsó mediante la coordinación de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el programa “Somos Mexicanos”, con el objetivo de fortalecer la política orientada la reinserción social de las personas mexicana al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico. Esto representa una opción para una posible repatriación de los jóvenes mexicanos suscritos al DACA.

Y así lo menciona la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado emitido el mismo día del anuncio de la eliminación del Programa de Acción Diferida, donde se dice que el Estado mexicano reitera su compromiso con los jóvenes dreamers que posiblemente regresan a nuestro país, dicho comunicado versa:

“Por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, las dependencias del gobierno federal están fortaleciendo sus acciones con objeto de ofrecerles el mayor apoyo; aprovechar sus talentos y capacidades; e integrarlos plenamente a la sociedad y economía nacional.

Por ello, se realizarán las siguientes acciones específicas, adicionales a las que ya se realizan bajo el programa Somos Mexicanos”.9
Las acciones a las que se refiere el comunicado son: Bolsa especial de trabajo en México para dreamers, a través de los Consulados; programas de crédito para los jóvenes dreamers en Estados Unidos y México; oferta de becas en México y otros países; acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata; afiliación al Seguro Popular.

Acciones que parecen naturales como respuesta a las lamentables decisiones del Presidente de Estados Unidos de América y que representan lo mínimo como una respuesta de apoyo a todos los migrantes y jóvenes beneficiados por el programa DACA.

Por estas razones, se cree pertinente exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que fortalezca la Red Consular en los Estados Unidos con el fin de desplegar una estrategia integral de atención a las comunidades mexicanas que se ven afectadas por la eliminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), con el objetivo de proporcionar asesoría jurídica a los jóvenes dreamers, que así lo soliciten; asimismo, solicitar a los Consulados emprendan una campaña de información sobre las implicaciones de la eliminación de dicho programa y se eviten abusos por parte de autoridades migratorias en Estados Unidos.

Por otro lado, se exhorta respetuosamente al Gobierno Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, se sigan fortaleciendo las acciones del programa “Somos México”, en beneficios de los connacionales deportados para su pronta adición a la vida académica, económica y cultural de nuestro país.

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos no es un proceso que puede ser frenado con decisiones radicales. El fenómeno migratorio necesita ser estudiado a fondo y comprenderse, no solo como un problema estructural, sino como un fenómeno complejo que afecta a personas con aspiraciones, sentimientos y preocupaciones. Sólo así, entendiendo todas sus implicaciones, será posible prevenir más consecuencias negativas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que:

a) Fortalezca la Red Consular en los Estados Unidos con el fin de desplegar una estrategia integral de atención a las comunidades mexicanas que se ven afectadas por la eliminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), con el objetivo de proporcionar asesoría jurídica a los jóvenes dreamers, que así lo soliciten.

b) Emprenda una campaña de información, a través de la Red Consular, sobre las implicaciones de la eliminación de DACA y se eviten abusos por parte de autoridades migratorias en Estados Unidos de América.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, siga fortaleciendo las acciones adicionales del programa “Somos México”, en apoyo a los jóvenes migrantes que puedan ser deportados de los Estados Unidos de América, por consecuencia de la eliminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 “En 2017 han muerto más migrantes al intentar cruzar la frontera entre México y EU, advierte ONU”, Animal Político, [en línea], consultado el 11 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/08/migrantes-frontera-mexico-eu-onu/

2 Salgado, Nelly. “Motivaciones de la Migración de Mexicanos hacia Estados Unidos”, IIJ UNAM, [en línea], consultado el 11 de septiembre de 2017, disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/357/8.pdf

3 Ibídem.

4 Ídem.

5 “¿sabes qué es daca”, Secretaría de Relaciones Exteriores, [en línea], consultado el 11 de septiembre de 2017, disponible en: https://consulmex2.sre.gob.mx/nuevayork/images/departamentos/comunidades/daca-mida-2016.pdf

6 “La SER manifiesta su beneplácito ante decisión del Gobierno de Estados Unidos por mantener vigente el Programa DACA”, Secretaría de Relaciones Exteriores, [en línea], consultado el 11 de septiembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/la-sre-manifiesta-su-beneplacito-ante-decision-del-
gobierno-de-estados-unidos-de-mantener-vigente-el-programa-daca?idiom=es

7 Lara Juan Carlos. “DACA: una historia de éxito”, El Universal, [en línea], consultado el 11 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/06/15/daca-una-historia-de-exito

8 Ídem.

9 “Comunicado No. 338”, Secretaría de Relaciones Exteriores, [en línea], consultado el 11 de septiembre de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-lamenta-profundamente-
la-cancelacion-del-programa-de-accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia-daca






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud, en vísperas de su comparecencia con motivo de la glosa del V Informe Presidencial, a informar sobre la situación de las cesáreas en nuestro país, dadas las notas de la Organización Mundial de la Salud y a la información vertida en medios de comunicación al respecto. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SALUD, DOCTOR JOSÉ NARRO ROBLES, EN VÍSPERAS DE SU COMPARECENCIA CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL V INFORME PRESIDENCIAL, A INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CESÁREAS EN NUESTRO PAÍS, DADAS LAS NOTAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y A LA INFORMACIÓN VERTIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL RESPECTO , bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Esta soberanía ha estado atenta al tema de las cesáreas en México y su desmesurada tendencia contemporánea al incremento. La memoria legislativa lo confirma, así como confirma que el asunto no ha sido atendido en su fase diagnóstica del porqué. Lo imaginamos pero esta institución requiere respuestas amplias y profundas con enfoque técnico, político y verosímil. En diversas ocasiones se han emitido exhortos. Nuestra representación ha estado interesada en desarrollar ese tema desde la perspectiva legislativa; sin embargo al no contar con un informe pormenorizado del sector Salud no podemos avanzar. Pudimos hacer una excitativa pero esperamos que en esta ocasión el gobierno nos responda.

Reiteramos los puntos de un acuerdo que se aprobó en octubre del 2013. Suscribía: Primero.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que se elabore un informe detallado que señale las causas que han originado el incremento desproporcional de los nacimientos por cesáreas en México. Segundo: Exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que se informe a esta Soberanía de la existencia de programas dedicados a orientar a las mujeres, sobre los beneficios de los partos naturales y las complicaciones que se pueden derivar de una cesárea no indicada y de no existir dichos programas, que se informe sobre las estrategias y acciones que dicha Secretaría está considerando para atender el incremento de cesáreas en México. Y Tercero.- exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía si existe un proyecto para reducir las cifras de nacimientos por cesáreas, que esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, y de no haberlo, que se informe qué acciones planea el Gobierno Federal para solucionar el excedente de cesáreas practicadas en México.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44124

2. Y no sólo es un interés interno en este tema. Recientemente han aparecido en un diario español, investigaciones al respecto. Tomaré algunas apreciaciones de El Pais de dos investigaciones extraordinarias para dejar en el diario de los debates la huella de nuestro interés:

https://www.nytimes.com/es/2017/08/28/una-epidemia-de-cesareas-innecesarias-en-mexico/ de Jennifer Juárez.
https://elpais.com/elpais/2017/08/24/planeta_futuro/1503582688_802126.html de Meritxell Freixas.

“Dos de cada tres cesáreas que se realizan en México son innecesarias. A nivel nacional, 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud, realizadas en 2015. Es el triple del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también parte de un fenómeno que afecta a varios países de América Latina y el Caribe: seis de los diez países con mayores tasas de cesárea en el mundo están en esta región.

República Dominicana encabeza el conteo mundial de los países con mayor proporción de cesáreas (un 56,4 por ciento). Le sigue Brasil, en segundo lugar, con un 55,6 por ciento. La tasa de México lo pone en quinto lugar, según un estudio comparativo en el que participaron científicos de la OMS, publicado en 2016. Las mujeres en México con más riesgo de ser sometidas a cesáreas que no se requieren son las mismas que tienen mayores privilegios en otros ámbitos: son las que pertenecen a estratos económicos altos, las que se atienden en servicios de salud privados, las que tienen altos niveles de educación, las que viven en zonas metropolitanas, las que son primerizas y las de 35 años o más.

La creencia de que las cesáreas son inocuas es una de las principales razones por las que la práctica ha aumentado en América Latina. No obstante, esta intervención aumenta la probabilidad de hemorragia, de infección, de extirpación de la matriz y de lesiones a órganos vecinos.

En su larga carrera como ginecobstetra, Bremen de Mucio, asesor regional en Salud Sexual y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha consultado a parejas que solicitan cesáreas por diversos motivos no médicos, como que el hijo nazca el día que cumple años el abuelo e incluso en la fecha que cambia el signo zodiacal. Otros factores más contundentes, como el temor a la incontinencia posparto o al dolor de parir, pueden ser más difíciles de negociar con los pacientes, dice el especialista.

Teresa Aceves tiene 30 años y vive en el municipio más rico de Jalisco: Zapopan. Estudió Comunicación en una universidad privada de Guadalajara y es ama de casa. Durante su cesárea, en noviembre de 2016, se le rompió una vena. “Me estaba desangrando. Mi ginecólogo tuvo que hablarle al doctor del hospital para que entre los dos buscaran qué vena me habían roto”.

La hemorragia es la primera causa de muerte materna en el mundo y la segunda en México. Durante su embarazo, el médico nunca le había informado a Teresa sobre los riesgos de la cesárea, pero sí le advirtió sobre toda clase de peligros de un parto vaginal: que podrían apretarle el cerebro a la bebé con fórceps, causarle incomodidad e infecciones al limpiarle la vagina, dejarle un pedazo de placenta que se pudriera dentro del útero y que podrían atravesarse venas que el médico no alcanza a ver. “Me vendió la cesárea como el mejor esquema para mí y para la bebé”, dice Teresa. “Como era mi primer hijo, le creí”.

Para el sector público, las cesáreas se traducen en pérdidas (en 2011, un reporte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria preveía que México podía ahorrarse 12.000 millones de pesos de 2011 a 2015 si se sustituyeran las cesáreas excedentes por partos). Pero para la iniciativa privada son ganancias, ya que una cesárea cuesta en promedio un 50 por ciento más que un parto, según la Procuraduría Federal del Consumidor. Cuando Teresa le preguntaba a su ginecobstetra cuánto le cobraría por la cesárea, este evadía el tema y le contestaba: “Después, señora. Ahorita no; primero su salud”, recuerda Teresa. Pero en el octavo mes, cuando ella le informó que daría a luz en el hospital Santa María Chapalita, el médico le dio un precio 30 por ciento mayor que sus honorarios regulares. Teresa lo cuestionó sobre el aumento y la respuesta del médico fue: “Cobro de acuerdo al hospital. Porque, si tienes dinero, pues paga”.

“La mujer ahora, trabajadora, profesionista, que muchas veces es el sostén de su casa, pues deja en un segundo o tercer lugar la maternidad”, sostiene la médica Raquel Ocampo, directora general del Hospital Ángeles del Pedregal en Ciudad de México, uno de los hospitales privados más exclusivos del país. “Es algo en lo que muchas veces hay un parámetro que es el laboral, antes que el personal, el de pareja o el familiar. Es lo que nos toca atender”. Ocampo dice que el 67 por ciento de los nacimientos en este hospital en 2016 fueron por cesárea y explica que muchos de estos casos son de mujeres de 35 años o más.

Los especialistas coinciden en que cada vez más mujeres tienen hijos después de los 35 años. Además, en México, ocho de cada diez mujeres de entre 20 y 40 años tienen obesidad abdominal, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016; casi una de cada diez tiene hipertensión y dos de cada cien han sido diagnosticadas con diabetes, factores relacionados con el estilo de vida que aumentan el riesgo de complicaciones del embarazo y del parto. La tasa óptima de cesáreas a nivel global podría ser mayor que el 15 por ciento recomendado por la OMS e incrementarse hasta un 19 por ciento, según un estudio publicado a finales de 2015 por la Universidad de Stanford.

Pero el índice nacional mexicano sigue siendo de más del doble de lo que indica el estudio de la Universidad de Stanford. Y las instituciones privadas en México hacen más del doble de cesáreas que las públicas. En los hospitales privados prácticamente ocho de cada diez bebés nacen por cesárea y solo dos por parto (79,1 fueron cesáreas en 2015). En las públicas, el índice de cesáreas es de 36,7 por ciento, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud a The New York Times en Español.

La explicación es esta: que muchas de las prácticas se han convertido, en vez de médicas, de carácter socioecónomico. Es decir: la mujer puede decidir y ella, sin tener toda la información, pues decide, sobre todo en clínicas privadas”, dijo la directora de Atención a la Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Liliana Martínez Peñafiel.

Patricia García tiene 38 años, vive en la colonia Nápoles en Ciudad de México y dirige un negocio familiar de abarrotes en la Central de Abastos capitalina. Hace cuatro años parió a su primogénito, un deseo que su médico ayudó a cumplir pero priorizando en todo momento la agenda del médico, cuenta Patricia, lo cual llevó a una pesadilla obstétrica para la familia que casi termina en una cesárea innecesaria. La norma que regula la atención al parto en México, NOM 007, señala que si se realizan la inducción y ruptura artificial de membranas debe ser “previa información y autorización de la paciente, mediante el consentimiento informado”. Sin embargo, el ginecobstetra de Patricia no esperó a que llegara el trabajo de parto espontáneo. Cuando tenía solo 39 semanas de embarazo (el máximo son 42) le hizo en su consultorio una maniobra de Hamilton, sin explicarle que se trata de una técnica de inducción del parto. Además, la indicación de la Secretaría de Salud para lograr un parto vaginal exitoso es esperar a que la mujer presente un trabajo de parto espontáneo, en lugar de inducir este proceso. También advierte que “realizar inducciones innecesarias incrementa el número de cesáreas”. No obstante, el médico le programó el parto para el fin de semana. “El sábado me dijo: ‘Mejor mañana domingo, porque así yo puedo dedicarle el día’, recuerda Patricia. El argumento del médico, explica, era que si ella daba a luz el lunes, él iba a tener que atravesar parte de la ciudad para ir de su consultorio hasta el hospital de ella, un trayecto que dura unos 50 minutos considerando el tráfico de la capital mexicana. El tiempo del especialista es el factor principal en términos logísticos y económicos. Una cesárea programada dura aproximadamente una hora, mientras que un parto natural suele prolongarse unas 12 horas en promedio. Aquel domingo, el médico le indujo el parto con oxitocina, de nuevo sin explicarle las desventajas de la inducción, y al caer la noche le hizo un borramiento manual del cuello uterino, un tacto doloroso utilizado para acelerar el parto. Tras 12 horas de labor de parto, alrededor de las diez de la noche del domingo, el médico le dijo a Patricia que su bebé estaba atorado en el canal de parto y le propuso intentar la cesárea. “Todavía me decepcionó mucho más que me dice: ‘Su bebé, ni para atrás ni para adelante, ¿qué hacemos?’. Y yo no dije nada, pero en mi cabeza lo único que pensaba era: ‘Pues el doctor es usted, ¿no?, ¿o cómo?’”.

“El personal de salud ya no sabe atender partos normales. Ya le tienen muchísimo miedo a atender partos”, dice Jimena Fritz, médica y epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quien en 2017 publicó un estudio en el que analizaron la atención obstétrica en 24 hospitales y lograron reducir en 20 por ciento la tasa de cesáreas.

Fritz explica que, al temer que se presente una eventual complicación que no puedan resolver, optan por hacer cesáreas y así pierden la práctica de la atención del parto. Jassiel Pérez tiene 34 años, es mercadóloga y vive en una zona residencial del Estado de México. A los 32 años tuvo el embarazo perfecto, dice, y su ginecóloga le aseguraba que su bebé nacería por parto. En la semana 40 ingresó a un hospital privado en Lomas Verdes, donde inmediatamente la acostaron en una camilla de la que ya no le permitieron levantarse, pese a que la NOM 007 recomienda poder caminar. En la sala de parto, cuenta Jassiel, escuchó al anestesiólogo decirle a la ginecobstetra: “Métele un chingo de oxitocina para que esto sea rápido”. Al preguntarle si respondió algo en ese momento, Jassiel, con voz quebrada, contesta que no: “Yo ya estaba en sus manos. No soy dejada, pero me hice chiquita, me daba pavor enfrentarme a lo desconocido”.

Karen Luna, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirma que una cesárea innecesaria sí es violencia obstétrica, porque el médico incumple con su deber de informar al paciente sobre los riesgos y beneficios de cada procedimiento. Algunas mujeres que en otros ámbitos de su vida son valientes y decididas, toleran este tipo de agresiones durante el parto porque en ese momento la relación de poder es sumamente desigual, explica la investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Karen Luna. “La vulnerabilidad es una cuestión que poco tiene que ver con las mujeres y todo con el personal médico”, dice. Con las contracciones de oxitocina, los latidos del bebé de Jassiel se redujeron significativamente y le hicieron una cesárea de emergencia. “En la inductoconducción les pueden meter hasta 60 o 100 unidades de oxitocina (lo indicado son 10)”, dice Fritz. La médica explica que el cerebro secreta naturalmente la oxitocina, una hormona que provoca las contracciones, pero al saturar con oxitocina sintética a los receptores en el útero, el sistema puede colapsar y llegar a imposibilitar las contracciones, provocando no solo una urgencia de cesárea, sino una hemorragia e incluso la histerectomía (extirpación de la matriz).

Varios estudios recientes han encontrado que los niños nacidos por cesárea pueden tener mayores índices de obesidad, síndrome de colon irritable, diabetes, esofaguitis, asma, alergias ambientales y alimentarias y alejamiento del seno materno. Regina Zonana es una psicóloga de 30 años que vive en el poniente de la Ciudad. En septiembre de 2014 llegó al Hospital ABC pasado el mediodía con más de 17 horas de trabajo de parto a cuestas. Cuando, tres horas después, le dijeron que su dilatación no avanzaba y que su bebé nacería por cesárea, se puso a llorar y a pedir que esperaran a su pediatra, a quien consideraba su última esperanza para apoyarla en un proceso natural. “Entré a quirófano llorando mucho y el anestesiólogo me dijo, superagresivo: ‘Si sigues llorando, te voy a sedar. Si te sigues moviendo, te voy a sedar. Te voy a dormir’. Pensé: ‘Mejor me voy a portar bien, me voy a portar bien. A la mitad del parto, como que se me resbaló un brazo (porque estaba amarrada) y el anestesiólogo me dijo: ‘¡Ya te dije que no te muevas!’”, cuenta Regina, emulando un tono amenazador. El especialista cumplió su advertencia: la sedó completamente y Regina no pudo recibir a su bebé. Ya desde su embarazo el médico le insinuaba que le haría cesárea. “Mi ginecólogo se burlaba de que yo lo quería hacer natural. Me decía —recuerda Regina—: ‘No, mamita, por aquí no va a salir, estás muy chiquitita, estás muy flaquita, vamos a hacer lo posible’”. Cuando nació su hija, Regina fue sedada completamente a mitad de la cesárea y no pudo recibir a su bebé. El Hospital ABC, donde nació la bebé de Regina, tuvo un índice de 63 por ciento de cesáreas en 2015, según datos de la Secretaría de Salud. El hospital no quiso dar una entrevista a The New York Times en Español para hablar sobre las cesáreas, argumentando que “es un tema que no queremos abordar desde la institución”.

En un estudio sobre violencia obstétrica en salas de maternidad, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública han documentado desde aventones a las piernas de una mujer parturienta que se retorció de dolor por un tacto vaginal, hasta insultos y alusiones a la vida sexual de las pacientes (“No lloren, aguántense, acuérdense cómo lo estaban haciendo, ahí sí lo gozaban”).

La violencia obstétrica se describe como la acción u omisión por parte del personal médico que daña física o psicológicamente a la mujer durante el embarazo, parto y posparto, como la negación de la atención médica; los tratos crueles o degradantes; la medicalización innecesaria y el obstaculizar el poder de decisión informada sobre estos procesos. No es un problema exclusivo de las cesáreas, pero sí uno compartido en América Latina. En una investigación publicada en 2012, cuatro de cada diez mujeres en la tercera maternidad más grande de Argentina reportaron maltrato verbal; ocho de cada diez ruptura artificial de membranas y un 96 por ciento medicalización para acelerar el parto.

La violencia obstétrica y el fenómeno de las cesáreas innecesarias tienen un carácter casi invisible y, al mismo tiempo, institucional, debido a la conjunción de elementos asimilados en la cultura y las prácticas enquistadas y naturalizadas, como la educación médica jerarquizante, una relación dispar de poder entre médico y paciente, los intereses económicos, la saturación del sistema y la carencia de métodos eficaces de denuncia y reparación del daño.

Fritz considera que parte de la solución es sensibilizar al personal de salud y enfatiza la importancia de que las pacientes se informen sobre el embarazo, parto y posparto y empiecen a exigir, “porque es un tema de derechos, derechos para ti y para tu bebé”.

La epidemióloga dice que la educación e incorporación de parteras profesionales al sistema de salud, como se hace en países como Gran Bretaña, ayudaría a no medicalizar rutinariamente el proceso natural del parto, en los ocho de cada diez embarazos que la OMS indica que no requieren cesárea.

Liliana Macías tiene 32 años, es antropóloga y actualmente trabaja en el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Chetumal, una ciudad con menos de 200.000 habitantes en el sureste de México, donde nació y vive actualmente. Hace tres años le extirparon el útero como consecuencia de una cesárea realizada en un hospital público del IMSS en Chetumal. Los médicos del IMSS que atendieron su embarazo y sus primeras horas de parto dijeron que tendría un parto natural, pero cuando le faltaba solo un centímetro de dilatación de los 10 reglamentarios, hubo un cambio de turno en el hospital y el médico vespertino decidió hacerle cesárea. Liliana dice que le propuso intentar el parto, pero el médico la amenazó: “Me voy a dar una vuelta por el hospital para visitar a todos los pacientes, y si cuando regrese tu bebé tiene sufrimiento fetal, es tu responsabilidad”. “Yo no voy a recuperar mi vientre, pero algún día, si ella así lo quiere, va a ser madre”.

Dos días después del alta por su cesárea, Liliana volvió al IMSS con 39 grados de fiebre y dolor abdominal intenso. La internaron y durante cinco días varios médicos del hospital la revisaron, hasta que la dieron de alta de nuevo con el diagnóstico de una infección urinaria, sin informarle lo que médicos de un hospital particular descubrieron esa misma tarde: tenía una hemorragia e infección porque durante la cesárea le perforaron el útero y la vejiga. “Al revisar mi expediente confirmé que el médico me dejó los vasos abiertos, intentó parchar la perforación que me hizo en la vejiga con mi útero”, dice Liliana. La histerectomía que le hicieron en el hospital particular le salvó la vida, pero la dejó incapacitada para embarazarse y tener los otros tres hijos que añoraba.

Hoy, la hija de Liliana tiene tres años y una colección de alergias que se asocian con el nacimiento por cesárea: no puede tomar leche porque es alérgica a la proteína láctea, así como a los mosquitos y las cucarachas. Sus síntomas son brotes de ronchas, enrojecimiento e inflamación de la piel, tos y reflujo gastroesofágico.

Liliana dice que ha pensado en renunciar a la demanda que interpuso al hospital por negligencia médica tras su histerectomía, para por fin dejar todo eso atrás, pero persevera por algo más grande que su pérdida: “Yo no voy a recuperar mi vientre. Pero mi hija algún día, si ella así lo quiere, va a ser madre”.

“Muchas mujeres empiezan a investigar después de su primer parto y se dan cuenta de la oportunidad preciosa que perdieron de vivir un proceso más pleno”, afirma Gonzalo Leiva. El matrón recomienda diseñar planes de parto y presentarlos a los hospitales, clínicas y médicos para que sean las propias mujeres las que empiecen a impulsar un cambio en el sistema de salud chileno, apropiándose de su propio cuerpo y proceso. Michelle Sadler considera que la transformación pasa por evolucionar del actual modelo tecnocrático a otro más personalizado, a todos los niveles: desde la educación sexual para los niños hasta los contenidos de las carreras de salud (Obstetricia, Enfermería, Neonatología, Pediatría), o las capacitaciones de los equipos. En la versión original de la noticia aparecía, por error, que el porcentaje de cesáreas recomendado por la OMS es de entre un 15% y un 20%, cuando es entre un 10% y un 15%.

1. Las notas anteriores develan una investigación de campo relevante y valiosa que cita experiencias mexicanas, de investigadores y funcionarios. No puede ser pasada por alto, por ello las reproducimos. Además expone aspectos intolerables de nuestro sistema de Salud y omisiones de informes de clínica profesional que urgen en este Senado. Es por ello que ante la próxima comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, y con el fin de que se prepare un informe puntual del tema citado, se propone lo siguiente:

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Salud, Doctor José Narro Robles, en vísperas de su comparecencia con motivo de la glosa del V Informe Presidencial, a informar sobre la situación de las cesáreas en nuestro país, dadas las notas de la Organización Mundial de la Salud y a la información vertida en medios de comunicación al respecto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se cuente con el suficiente recurso para el correcto funcionamiento del Programa Nacional de Prevención del Delito, mismo que se ejecuta en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Cámara de Diputados.

Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad mexicana es, sin lugar a dudas, la inseguridad que se vive en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) este año se reportó que 72.4 por ciento de los ciudadanos considera en términos generales que México es inseguro.

La corrupción, la criminalidad y cualquier tipo de abuso deben ser perseguidos y castigados como la ley lo estipule, de manera puntual para cerciorarnos de que no haya espacio para la impunidad, que es también un factor ligado a la inseguridad que lastima a nuestra sociedad. La ciudadanía ha sufrido un atropello a su paz y tranquilidad, y es una monumental tarea para todos recuperarla.

Existen muchas medidas que se pueden implementar para combatir la delincuencia en la nación, lamentablemente una de las formas que más se pasan por alto a la hora de hacerle frente a esta problemática, es la de prevención del delito y programas que aborden e integren a personas en situación de vulnerabilidad tanto económica, psicológica o de cualquier otra índole que lo haga caer en la necesidad de perpetrar un ilícito, o peor aún, llegar a las garras del crimen organizado.

En 2012 se aprobó la “Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” que tenía como objetivo cimentar las bases para que la federación en su conjunto pudiera generar acciones coordinadas de combate a las causas sociales que permiten o impulsan el crimen y por ende la inseguridad.

Este fue un gran avance en la materia, un marco legal, para, con la ley en la mano poder reducir la violencia no con las armas, sino con inteligencia y el desarrollo social de nuestras comunidades que inspirara confianza en las instituciones y promoviera la convivencia ciudadana.

Sin embargo, el desarrollo efectivo del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) quedó en entredicho cuando la asociación “México Evalúa” revisó las más de 5,500 acciones realizadas. Por ejemplo, de los 5 mil millones de pesos que se asignaron en el año 2014, la mayor parte fue destinada a la recuperación de espacios públicos con 13.5 por ciento, mas solamente el 36 por ciento de estas áreas se identificaban como un lugar seguro.

Tras estas críticas y los grandes recortes presupuestales del año 2016 el programa no se dio por terminado oficialmente, sin embargo no recibió un solo peso y en 2017, para efectos prácticos, a nivel federal, fue cancelado.

Es por ello que respaldo el llamado de financiar y renovar este y cualquier programa que nos permita como sociedad combatir la delincuencia antes de que esta suceda.

En Quintana Roo la versión estatal del PRONAPRED todavía funciona, solamente en mayo se realizó una inspección exhaustiva de los centros de atención a la prevención del delito.

Como ciudadana me sumo al clamor social a través de este medio, pero en mi responsabilidad como legisladora, me pronuncio para exhortar respetuosamente a todas las autoridades competentes para que se propicien los recursos necesarios y se revise el programa original para, con renovada energía e instrumentos legales, darle combate efectivo a la delincuencia con oportunidades y espacios para nuestros jóvenes y sociedad en general.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, se cuente con el suficiente recurso para el correcto funcionamiento del programa nacional de prevención del delito, mismo que se ejecuta en el Estado de Quintana Roo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.






De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, sea suficiente para poder detonar el turismo sustentable en la zona arqueológica Xcabal, Quintana Roo. Se turna a la Cámara de Diputados.

Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México destaca como un país de una riqueza cultural como pocos países en el planeta, esto sumado a las maravillas naturales, monumentos históricos y la calidez de su gente lo hace un referente mundial en la preferencia del turismo para extranjeros y propicia que nuestros propios ciudadanos se desplacen internamente para conocer el territorio nacional.

Quintana Roo es el principal destino turístico del país, 56 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado proviene de esta actividad económica y si bien es cierto que se ha trabajado arduamente para lograr que se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses a través de esta industria, también ha generado un problema de desigualdad entre la parte norte y los municipios del sur.

Mientras que en el norte se concentran las blancas arenas y cristalinas aguas de Playa del Carmen y Cancún, el sur, cuenta principalmente con la opción de dar a los vacacionistas una aproximación al conocido “turismo de aventura” que invita a explorar, sobretodo, los secretos de la cultura maya que tanto han aportado a nuestra identidad nacional.

En 1995 se descubrió el sitio arqueológico de Xcabal, ubicado en el municipio de Bacalar, años más tarde con los trabajos de recuperación se le llegó a denominar “el nuevo Egipto” ya que las dimensiones de las ruinas eran gigantes. Es uno de los centros políticos y religiosos más importantes de la milenaria cultura maya, se cree que pudo haber tenido una importancia más amplia en aquella sociedad que Chichén Itzá en Yucatán.

Sin embargo, los trabajos, principalmente por faltas presupuestarias, fueron cancelados y hubo graves fallas por parte del gobierno federal en retomar el proyecto que revitalizaría el turismo en la zona hasta fechas recientes, cuando se firmaron convenios entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el actual ejecutivo estatal.

Hoy día existe la voluntad por la inauguración de Xcabal como atractivo turístico y cultural al reposicionar la ruta arqueológica del sur de Quintana Roo. Se espera que reciba alrededor de 800 mil visitantes al año, revitalice el aeropuerto de Chetumal y genere inversiones públicas por 600 millones de pesos y 2 mil millones por parte del sector privado.

La reconocida revista National Geographic ya prepara un documental de la zona, y se presentarán exhibiciones en Nueva York, Washington y Ciudad de México para dar a conocer al mundo Xcabal.

En términos simples, se fomentará el empleo, las industrias culturales y turísticas del sur de Quintana Roo y la equidad económica del Estado.

Para poder fundamentar esta propuesta es necesario referir la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual expresa lo siguiente:

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a III…

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;”

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, sea el suficiente para poder detonar el turismo sustentable en la zona arqueológica Xcabal, Quintana Roo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete.






De los Senadores Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigue y, en su caso, sancione los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2017, en que funcionarios públicos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entregaron despensas en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, utilizando los colores y una tipografía similar a la usada por Miguel Ángel Yunes Linares durante su campaña política. Asimismo, se exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que, a través del Organismo Público Electoral del estado de Veracruz, investigue y, en su caso, sancione a los presuntos responsables de estos hechos. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a atender las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El pasado jueves 7 de septiembre, un fuerte sismo sacudió el sureste de México. Según datos del Sismológico Nacional, se trató de un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, originado a las 23:49 horas, con epicentro a 143 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

Hasta las 6 de la mañana del lunes 11 de septiembre, el Sismológico Nacional ha reportado un total de 1,067 réplicas como consecuencia del reacomodo de las placas tectónicas.

El sismo fue perceptible en once estados de la república: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Tlaxcala. Según datos oficiales 50 millones de personas sintieron el movimiento telúrico.

Sin embargo, las afectaciones más fuertes las llevaron el estado de Chiapas (donde se originó el sismo), el estado de Oaxaca, siendo Juchitán el municipio más afectado, con 76 fallecidos y aproximadamente 12 mil viviendas afectadas; y el estado de Tabasco donde el sismo cobro la vida de 4 personas.

Los estragos dejados por este sismo en Chiapas, afecta a más de 350 mil familias en 82 municipios del estado, siendo Tonalá, Villa Flores, San Cristóbal y Comitán los municipios más afectados. Los datos oficiales, arrojan que aproximadamente 1 millón de personas fueron afectadas, además, hay 40 mil 633 viviendas con daños, de estas, 5 mil 12 están colapsadas en su totalidad y lamentablemente el sismo también  cobró la vida de 15 personas.

Por otro lado, las afectaciones llegaron a edificios históricos con daños y monumentos que se vieron afectados con fracturas o colapsos parciales, además, Chiapas tuvo la mayor afectación con casi mil escuelas dañadas de las cuales unas 47 serán demolidas, dentro de los daños se encuentran 49 iglesias, 101 comercios y 9 tramos carreteros afectados.

Como Chiapaneco, expreso mis más sinceras condolencias a las personas que perdieron a sus familiares en este sismo y mi apoyo para los damnificados. Como legislador, exhorto a los compañeros del Senado a ser solidarios con nuestros compatriotas Chiapanecos y Oaxaqueños que han sido víctimas de este fenómeno natural considerado en México como el más intenso en casi 100 años.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, para que de manera coordinada, a través del Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas, fortalezcan los mecanismos para proteger y preservar la integridad de los habitantes de los municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017, así como realizar las acciones necesarias para evaluar el estado de los edificios y promover las demás medidas de prevención de riesgos secundarios.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se asigne de manera inmediata los recursos presupuestales extraordinarios al  Sistema estatal de Protección Civil de Chiapas suficientes que permitan sostener y alentar las actividades de rescate, reconstrucción y protección civil en los municipios dañados por el temblor por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se asigne de manera inmediata los recursos presupuestales extraordinarios para la creación de un fondo para atender los daños o pérdidas totales de las viviendas en las zonas afectadas.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se asigne de manera inmediata los recursos presupuestales extraordinarios para la reparación de edificios históricos y monumentos del estado de Chiapas, afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República,
el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Zoé Robledo Aburto.






Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 un fondo extraordinario para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en los estados de Chiapas y Oaxaca y a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a incrementar los recursos destinados y se acelere la ayuda a la población. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde explique cuáles fueron las razones y las causas que motivaron la ampliación del presupuesto asignado a la Comisión Estatal Electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director de la Comisión Federal de Electricidad a reestablecer el suministro de energía eléctrica al 100 por ciento en las zonas afectadas de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua a consecuencia de la falla técnica en la operación de la Subestación San Jerónimo, en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se turna a la Comisión de Energía.








De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Morón Orozco, Óscar Román Rosas González y Mario Delgado Carrillo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal a realizar los ajustes necesarios en el Presupuesto de Egresos 2018, en materia de ciencia, tecnología e innovación para incentivar el crecimiento del sector. Se turna a la Cámara de Diputados.








De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Deporte de la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto destinado al deporte. Se turna a la Cámara de Diputados.








Las excitativas se turnarán a las comisiones correspondientes.

EXCITATIVAS

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, en relación con la minuta sobre violencia política aprobada por el Senado de la República.








Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.








Informo a la Asamblea que los textos de la intervención del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de él,
es abandonar el campo de batalla sin haber luchado

Napoleón Bonaparte. (1769-1821) Emperador francés.

El bien mas valioso y apreciado de todo ser humano es la vida, tanto la propia como la de sus seres queridos. Por ello, que parezca increíble que las personas podamos recaer en en estados de ánimo tan lamentables, como para llegar a pensar en el suicidio.

Se trata de un dolor psicologico extremo que llega a hacer sentir a alguien, como que si ese fuese el único recurso o la última puerta de escape.

Una situación que no resulta nada escasa. De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud de título “Prevención del Suicidio: Un Imperativo Mundial”, mas de 800 mil personas se quitan la vida en el mundo cada año. Aunque la cifra podría ser mucho mayor por causa de subregistro, ya por los estigmas asociados al suicidio, la falta de registros confiables y en otras de las veces por sanciones de índole religioso.

Lo cierto es que detrás de cada suicidio existe una tragedia que llegó al extremo en el que una persona optó por la falsa salida. Razones de sobra por las que la misma OMS y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) promocionen desde el año 2003, cada 10 de septiembre como “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

Como lo señala la OMS, un día especial para unirnos y recordar lo importante que es tender la mano a quien lucha contra un sufrimiento que puede orillarlo al suicidio, para de esa manera lograr salvar vidas que definitivamentee no devieran apagarse de manera tan anticipada.

Para conseguir el objetivo se considera imprescindible brindar apoyo y comprensión a personas vulnerables y con riesgo de suicidio, promover su detección, atención y coadyuvar con las personas y organizaciones especializadas en esta tarea.

Vale la pena, pues recordemos que por cada persona que logra el suicidio, existen 20 que lo intentan. Si ello lo multiplicamos por las casi 3 mil casos diarios que ocurren en el mundo, daremos cuenta de la magnitud de este problema.

En el marco del “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, una fecha propicia para reflexionar sobre la necesidad de preocuparnos por nuestro prójimo, tenderle la mano, escucharlo, apoyarlo y trabajar por evitar una de las causas de muerte prematura más prevenible: El suicidio.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día de los Niños Héroes”.

EFEMÉRIDE

Sobre la Conmemoración de los Niños Héroes

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde:

Este miércoles 13 de septiembre de 2017, celebramos un episodio histórico de nuestro país, que ocurrió en 1847, cuando en el gobierno del entonces presidente Antonio López de Santa Anna, se llevó a cabo una guerra impulsada por los Estados Unidos en contra de México, con la finalidad de expandir su territorio a partir de la anexión de las provincias mexicanas de Arizona, Alta California y Nuevo México, y por otra parte, retener a Texas que ya se había rebelado en contra del gobierno mexicano, e incluso Estados Unidos tomó como pretexto su invasión por supuestas violaciones al estado de Texas.

La guerra tuvo una duración de casi dos años, ya que comenzó un 13 de mayo de 1846 con la declaración de guerra de Estados Unidos, hasta el 30 de mayo de 1848 con la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Durante el periodo de guerra, Estados Unidos envió parte de su ejército a varias expediciones en territorio mexicano a fin de apoyar a los insurrectos del estado de Texas, que en general eran migrantes ilegales anglosajones, además de los insurrectos que se ubicaban en California y Nuevo México, y para asegurar la posesión de estos territorios avanzaron a otras ciudades importantes como Monterrey y Ciudad de México, en esta última se llevaron a cabo la Batalla de Churubusco y de Padierna, asimismo, para llegar a la Ciudad, era una ventaja para el ejército estadounidense entrar por Chapultepec a causa de las condiciones del terreno.

De esta forma, la intervención e invasión de Estados Unidos en México incluye varias campañas, entre las que destacan la de Veracruz, y por otra parte la batalla de Chapultepec, la cual fue una de las últimas en el periodo de guerra. Precisamente, fue el 13 de septiembre de 1847, cuando las fuerzas norteamericanas tomaron el castillo de Chapultepec, lugar donde se alojaba desde tres años antes el Colegio Militar de México, y en el cual varios jóvenes estudiaban para formarse como militares. El Colegio Militar de Chapultepec era de las últimas defensas de la capital.

En esa fecha, se recuerda a seis cadetes que dieron su vida para contrarrestar al ejército estadounidense, anteponiendo con valor y patriotismo los intereses, la dignidad y la defensa de México ante la intervención e invasión estadounidense con fines expansionistas, aunque lamentablemente, a estos jóvenes les costó la vida. Los nombres de dichos cadetes fueron los siguientes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, y Francisco Márquez, mismos que tenían edades de entre 13 y 17 años, por lo que realmente se les consideró unos niños, de ahí la idea de llamarlos Los niños héroes.

Es importante resaltar, que los Niños Héroes no fueron los únicos combatientes mexicanos, hubo más cadetes que entregaron su vida, sin embargo, posiblemente fue la edad y la valentía de estos 6 cadetes lo que sorprendió y nos sigue sorprendiendo hoy en día y nos hace reflexionar sobre la resolución patriótica de estos niños para defender nuestra nación, nos hace reflexionar también sobre la convicción de no rendirse ante la invasión de cualquier extranjero en nuestro país, y luchar con valentía hasta el último suspiro, por esa razón, hoy en día se reconoce a los Niños Héroes, que a pesar de su corta edad dieron todo por nuestro querido México.

Por esas razones, el día 13 de septiembre de cada año son recordados todos los héroes que dieron su vida para defender la dignidad de nuestra patria frente a Estados Unidos. Y aunque lamentablemente perdimos una gran parte del territorio nacional, no se puede reprochar a los mexicanos valientes la defensa de México y su soberanía.

En esta fecha, en la Ciudad de México se realiza un desfile con la armada mexicana, y por otra parte, en el Castillo de Chapultepec se realiza una ceremonia en conmemoración de los Niños Héroes. Asimismo, en toda la república mexicana, se les recuerda con ceremonias cívicas. 

Por ello, en este día celebramos y recordamos a estos héroes nacionales que dieron su vida en la defensa de México frente a Estados Unidos, no olvidemos jamás su valentía y patriotismo. En hora buena ¡Viva México!

Por su atención muchas gracias.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur”.

EFEMÉRIDE

“Día de las Naciones Unidad para la Cooperación Sur-Sur”
del día 12 de septiembre de 2017

Resulta de gran importancia en todo el mundo, la cooperación entre las naciones vecinas, es por ello que el día de hoy celebramos la Cooperación Sur-Sur.

A través de acuerdos y coordinación entre los países, resulta mucho más fácil la creación de alianzas que favorecen a ambas partes, con la creación de empleos, una economía estable, el cuidado del medio ambiente.

Se trata de trabajar como hermanos, sin distinción de nacionalidad, sino con un fin en común como lo es, el bienestar mundial.

Existen los objetivos básicos de acuerdo al Plan de Acción de Buenos Aires:

• “Fomentar la independencia de los países en desarrollo a través de la mejora de su creatividad para que encuentren soluciones a sus problemas de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones, valores y necesidades específicas;

• Promover y reforzar la independencia colectiva de los países en desarrollo intercambiando experiencias; aportando, compartiendo y usando sus recursos técnicos y de otro tipo, así como complementándose en el desarrollo de capacidades;

• Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para que ellos mismo identifiquen y analicen sus prioridades de desarrollo, y formulen las estrategias necesarias para abordarlas.

• Incrementar la cantidad y la calidad de la cooperación internacional para el desarrollo, aportando y compartiendo capacidades con el fin de mejorar la efectividad de los recursos dedicados a ese tipo de cooperación;

• Crear capacidades tecnológicas en los países en desarrollo, así como fortalecer las existentes, con el fin de mejorar su efectividad, además de aumentar la capacidad de estos países de absorber y adaptar la tecnología y las habilidades para que se ajusten a sus necesidades;

• Aumentar y mejorar las comunicaciones entre los países en desarrollo para crear conciencia acerca de sus problemas comunes y ampliar el acceso al conocimiento y la experiencia disponibles, así como la creación de conocimiento nuevo para abordar sus problemas de desarrollo;

• Reconocer los problemas y las necesidades de los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países más afectados por los desastres naturales y otras crisis, para poder así dar respuesta a los retos.

• Permitir a los países en desarrollo una mayor participación en la actividad económica internacional y ampliar la cooperación internacional para el desarrollo”.1

Estos objetivos nos trazan una clara línea de acción para los países involucrados, es por eso que ante las crisis, debemos de ser solidarios y apoyar a los países vecinos, no solo Sur-Sur, sino a cada país que lo requiera.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.un.org/es/events/southcooperationday/





Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec.

EFEMÉRIDE

Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec
13 de septiembre

El 13 de mayo de 1846 los Estados Unidos declararon la guerra a México, con la intención de apoderarse de la Alta California, Nuevo México y otros territorios del norte del país.

El 8 de septiembre los invasores norteamericanos se apoderaron del Molino del Rey, para ir al último reducto militar mexicano en su camino a la Ciudad de México: el Castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar en el que se encontraban más de 50 cadetes.

La defensa del Castillo fue confiada al general Nicolás Bravo, antiguo insurgente; sin embargo, el general contaba con más de 800 soldados para defender la fortaleza contra los más de 7 mil soldados de Estados Unidos.

El general Bravo dio la orden que los cadetes menores de edad se retiraran, pero la mayoría no lo hizo. La madrugada del 12 de septiembre de 1847 las baterías estadunidenses iniciaron un intenso bombardeo sobre el Castillo, el efecto fue devastador.

Al amanecer del día 13 nuevamente bombardearon el Castillo pero a las nueve de la mañana el fuego cesó, y los soldados estadunidenses iniciaron el ascenso del cerro, por la parte oeste. La lucha se libró cuerpo a cuerpo, los mexicanos combatieron con fiereza pero los invasores ganaban terreno y lograron llegar al Castillo por el lado occidental.

Al llegar los norteamericanos al Castillo sólo unos cuantos soldados y cadetes permanecían en el edificio. La historia guarda memoria, muy en especial, de seis de ellos a quienes recordamos como los Niños Héroes: Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera, que ofrendarían su vida en el asalto estadunidense al Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847.

Fue el Presidente Benito Juárez el primero en honrar oficialmente la gesta de los Niños Héroes, al decretar el 13 de septiembre día de luto nacional, en memoria de los cadetes que murieron en el Castillo de Chapultepec.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

EFEMÉRIDE

Día Internacional de la Alfabetización
8 de septiembre

El 8 de septiembre de cada año conmemoramos el Día Internacional de la Alfabetización. En 2017 se celebrará en todo el mundo bajo el lema de “La alfabetización en la era digital”.

Con el objetivo de reducir la carencia de capacidades en lectoescritura y las desigualdades, la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización de este año pondrá de relieve los desafíos y las oportunidades en la promoción de la alfabetización en la era digital, en un mundo en que, a pesar de los logros alcanzados, unos 750 millones de adultos y 264 millones de niños no alfabetizados carecen aún de competencias básicas en lectoescritura.

Las tecnologías digitales están cambiando a un ritmo cada vez más creciente el modo en que las personas viven, trabajan, se instruyen y sociabilizan en todas partes del mundo.

Estas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que mejoren en todos los aspectos de su vida, incluido en el acceso a la información; a la gestión de los conocimientos; a las redes, los servicios sociales, la producción industrial y las diversas modalidades de trabajo.

No obstante, quienes carecen de acceso a las tecnologías digitales, a los conocimientos y a las habilidades y competencias necesarias para navegar por conducto de las redes pueden quedar marginados en el seno de sociedades cada vez más digitalizadas. La alfabetización es, en este sentido, una de estas competencias esenciales.

En el marco de este día también se reconocerá y premiarán las buenas prácticas en materia de alfabetización en todo el mundo en lo relativo al lema de la edición de este año y como elemento clave para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: La Educación ocupa un lugar central en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo y reúne a los gobiernos, las organizaciones multilaterales y bilaterales, las ONG, los partes interesadas del sector privado, las comunidades, los docentes, los estudiantes y los especialistas de este ámbito. Se trata de destacar los logros alcanzados y de reflexionar acerca de cómo hacer frente a los restantes obstáculos con miras a promover la alfabetización como parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida dentro y fuera del marco de la Agenda 2030 de Educación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 14 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:04 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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