Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 18 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Septiembre de 2017

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

APERTURA

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: (11:58 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las Senadoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 81 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias. Se abre la sesión del jueves 7 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la Ciudad de México a las doce horas con veintinueve minutos del día martes cinco de septiembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Junta Previa del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibió del Instituto Belisario Domínguez, su informe de actividades 2016-2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José María Martínez Martínez, su informe de actividades legislativas, correspondiente al Segundo Año de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, el informe de su participación en la XXVII reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, su quinto informe de actividades legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Sonia Mendoza Díaz, el informe de su participación en las reuniones de trabajo sostenidas en Nueva Zelandia, del 18 al 23 de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Andrea García García, su informe de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, los informes de sus participaciones en la 4ª Cumbre de Líderes Económicos, que se celebró en Changchun, China, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2015, la Reunión del grupo parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre asuntos fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015, en París, Francia y, la 4ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se efectuó del 3 al 5 de febrero de 2016, en París Francia.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, el informe de su participación en el Encuentro de Presidentes de Parlamentos, realizado el 18 de agosto de 2017, en Lima, Perú.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Salvador Vega Casillas, oficios por los que solicitan hacer constar su respectiva intención de voto de manera pública e indeclinable en contra de la aprobación de cualquier dictamen basado en la minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, mientras dicha aprobación continúe activando la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General; y a favor de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, proponiendo la eliminación de la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Dolores Padierna Luna, oficio por el que informa que se separa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y que se mantendrá como senadora sin grupo parlamentario.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, oficio por el que informa su incorporación al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa a la Comisión de Energía el 16 de agosto de 2017.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa a la Comisión de Energía el 16 de agosto de 2017.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos Norma de la Salud Álvarez Girard, Jimena Marván Santín y Neus Peniche Sala.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos Francisco Granados Rojas, Fernando Ruiz Nasta y Guillermo Zúñiga Martínez.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrada por los ciudadanos Néstor Martínez Romero, Ramón Antonio Massieu Arrojo y Alfonso Reyes Pimentel.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los siguientes ciudadanos:

• Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

• José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

• Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

• Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

• Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República Democrática de Timor-Leste.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

• José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Libanesa.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

• Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái, República Popular China.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

• Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la comunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República Fiji y República de Vanuatu.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

• José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

• Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Islandia.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

• Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

• Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

• María del Socorro Flores Liera, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Suiza.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

• Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América.- La Mesa Directiva informó que este asunto fue turnado de manera directa, el 1 de septiembre de 2017, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 128 ejemplares del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del país.- La Presidencia informó que los ejemplares de este documento se recibieron el viernes 1 de septiembre y se distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.- La Presidencia comunicó que dichos Informes se distribuyeron entre las senadoras y los senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las Fichas de Monitoreo y Evaluación de diversos programas presupuestarios del sector ambiental.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estudio sobre Presupuesto y Derechos Humanos, Ensayos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos y Presupuesto Público y Derechos Humanos: por una Agenda para el rediseño del Gasto Público en México.- Se remitieron a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Se recibió del Instituto Nacional Electoral, copia de la Resolución aprobada por el Consejo General el 20 de julio de 2017, por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral.- Quedó de enterado. Se remitió copia a los integrantes de la Asamblea.

 

Se recibió invitación del congreso del estado de Guerrero, para asistir a la sesión solemne en conmemoración del 204 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, a realizarse el miércoles 13 de septiembre del año en curso, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.- Se designó en comisión a los Senadores del estado de Guerrero.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron once oficios con los que remiten respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, 59 proyectos de Decreto originados en la Cámara de Diputados, 3 proyectos de Decreto devueltos con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional y 4 expedientes de proyectos de Decreto devueltos desechados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Los proyectos se recibieron desde el 5 de junio de 2017.La lista de asuntos con sus respectivos turnos se encuentra publicada en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.- La lista de asuntos con sus respectivos turnos se encuentra publicada en la Gaceta.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al Senador Miguel Barbosa Huerta como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, en sustitución del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de julio de 2017.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 1 y la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y diversos diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76 fracción II; y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Pronunciamiento)

El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la solicitud de los grupos parlamentarios, emitió un pronunciamiento en relación con la cancelación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia en los Estados Unidos de América.- Por los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Marcela Guerra Castillo del PRI; Gabriela Cuevas Barron del PAN; Benjamín Robles Montoya del PT; Martha Palafox Gutiérrez del PRD; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Mario Delgado Carrillo del PT; y Fidel Demédicis Hidalgo del PT. Asimismo, el Senador Rabindranath Salazar Solorio se refirió al proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior, presentado el 4 de abril de 2013. La Mesa Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. El pronunciamiento fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a reconsiderar la decisión de trasladar Radio Opus del 102 FM al 1510 de AM.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a respetar los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Efemérides)

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Beneficencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 48 aniversario de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Luis Toledo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Luis Toledo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 151 aniversario de la Batalla de Juchitán contra el Ejército Imperial Francés.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 155 aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió intervención para referirse a la situación política en Venezuela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y un minutos y citó a la siguiente el jueves siete de septiembre a las once horas.

 

Fin de la Sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias. Aprobada el acta.

Antes de pasar al siguiente asunto, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de diversos sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México, invitados por el Senador Armando Neyra Chávez.

Es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su agenda legislativa para el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LXIII Legislatura.








Una, de la Comisión de Cultura, con la que remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su informe de actividades del segundo año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.








Y una, de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su viaje de trabajo, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación, a la ciudad de Washington, D.C., del 16 al 18 de junio de 2013.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el el informe correspondiente al primer semestre de 2017, sobre el desarrollo y los avances de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.






SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Informo al Pleno que recibimos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la terna de candidatos para la designación de un Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los ciudadanos: Lara Patrón Rubén Jesús, Silva Díaz Ricardo Antonio y Villafuerte Castellanos Rolando.



Este expediente se turnó desde el 3 de julio del año en curso a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.






INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Compañeros Senadores: Recibimos un oficio del Instituto Nacional Electoral, relativo a la Iniciativa Ciudadana que propone un proyecto de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis.



Sobre este asunto les informo: Dicha Iniciativa Ciudadana se recibió el 28 de junio de 2017, en términos del artículo 71, fracción IV de la Constitución General de la República.

En cumplimiento de lo que marca el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General, el 4 de julio de 2017 se dio cuenta del proyecto al Instituto Nacional Electoral para la verificación del número equivalente de al menos el 0.13 por ciento de firmas de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

Y el 30 de agosto de 2017, se recibió la respuesta del Instituto Nacional Electoral por la que informa que de los registros encontrados en la Lista Nominal de Electores y que respaldan dicha iniciativa, no se alcanza a cubrir el porcentaje requerido.

En consecuencia, la Iniciativa Ciudadana con proyecto de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis, se devolverá a los autores del mismo. Se declara el asunto como concluido y se ordena su archivo.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron seis oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo al Pleno que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.






CONTROLORÍA INTERNA

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2016.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Esta Asamblea ha quedado enterada.

El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos Senadores y se pondrá a consideración de la Asamblea en próxima sesión.

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de derechos indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE PLANEACIÓN, LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hoy presentamos una iniciativa que tiene como propósito modificar algunas leyes, particularmente la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

¿Cuál es el propósito? Dar un marco legal para efecto de reconocer más derechos.

Por muchos años, por muchas generaciones, los pueblos originarios han sido objeto de excesos de las decisiones de gobierno, de abusos, en el reconocimiento de la posesión física de sus tierras, y lo más grave es no reconocerles su derecho de ser parte incluyente, participativa en las grandes decisiones para el desarrollo de sus comunidades.

Buscamos, con ello, que el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales puedan incluir en los proyectos de gobierno o en los proyectos de inversión de infraestructura en obra pública para que se consulte, que se haga una consulta a las comunidades, que se consulte a los pueblos originarios, que se les reconozca de manera plena sus derechos.

Y es por eso que procuramos fortalecer este marco jurídico y ello está también fundamentado en nuestra propia Constitución, en el artículo 2o., donde se habla de la libre determinación de los pueblos indígenas, así como el derecho a poder ser consultados y retomar también, retomar para esta propuesta, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde señala conceptos muy claros de lo que debe de ser la responsabilidad que debe de tener el gobierno o las instituciones para poder desarrollar acciones en los territorios de los pueblos indígenas.

Estamos conscientes de la condición de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas en México.

Asimismo, de esa discriminación estructural, por lo que consideramos que debemos de apoyar esta iniciativa para poder tener el reconocimiento a la consulta, de una consulta libre, una consulta que pueda permitir la participación de todas las comunidades indígenas de los pueblos originarios.

Creo que es importante también mencionar que el 31 de mayo de este año, aquí en el Senado de la República se llevó a cabo un Conversatorio, que fue promovido por Proyectos de Derechos Económicos y Sociales, Culturales, PRODESC, una asociación civil a quien va nuestro reconocimiento, así también por lo que lo  organizó la Comisión de Derechos Humanos, el tema fue: “El Derecho a la Consulta de Comunidades y Pueblos Indígenas de México”, donde se pide, precisamente, se exige el respeto pleno a sus derechos humanos, el derecho a la consulta de los pueblos, y de ello es de donde también surge esta iniciativa.

Hemos expresado que la inclusión debe ser valor fundamental para que los pueblos originarios puedan tener una mayor participación en estas tareas que vienen desarrollándose con inversiones muy importantes a través de lo que da la propia Reforma Energética, donde se autoriza o se dan en concesión para el aprovechamiento, explotación de los recursos naturales.

Lo único que pedimos es que se reconozca la libre determinación y la consulta de los pueblos originarios y que de esta manera podamos seguir trabajando y fortaleciendo la relación que debemos de tener como Estado mexicano con los pueblos originarios.

Por lo tanto, hoy presentamos esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Particularmente vamos a precisar algunos artículos que consideramos que son muy importantes, como es el artículo 1o. de la Ley de Planeación, donde debe señalarse en el artículo 4o., que las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, debe de considerarse los mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos y colectivos.

Es importante poner aquí el reforzamiento de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios.

El artículo 2o. de esta Ley de Planeación, también presentamos que deba de reformarse, donde en la fracción IX señala que se debe “diseñar y operar en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígena, estableciendo los procedimientos técnicos, metodológicos”, pero debe de agregarse que se deben de tomar en cuenta los mejores estándares también de la materia de nuestra Constitución mexicana.

Y, por último, sobre esta misma Ley de Planeación, señala que se debe de consultar de manera libre, previa e informada a todos los pueblos originarios.

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:

La CIBIOGEM, además, realizará los estudios y consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los OGMs que se liberen al ambiente en el territorio nacional, y establecerá los mecanismos para realizar la consulta de manera libre, previa e informada y la participación de los pueblos y comunidades indígenas…”

Artículo Cuarto. Se reforma el inciso a) del artículo 7o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indigenas, para quedar como sigue:

Inciso a).- En la Ciudad de México y en las demás entidades federativas con municipios y comunidades que hablen lenguas indígenas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán de manera libre, previa e informada, cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que planteen las lenguas indígenas.

Por lo tanto, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, es muy preciso este momento para hacer un exhorto respetuoso, de que una vez que se remita a comisiones nos puedan apoyar con el análisis, con la discusión de lo que deba de ser el reconocimiento pleno.

Ya no más limitaciones, ni mucho menos mezquindades en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Ya no más momentos del pasado, donde se toman decisiones desde el centro para impulsar grandes proyectos de inversión, o de explotación de los recursos naturales o de desarrollo regional de obra pública a través de grandes infraestructuras como son los caminos, las carreteras, sino que pueda ser, sí el desarrollo regional, sí, la inversión sí la obra pública, pero sí también con la participación de las comunidades.

No cuesta nada, es un tema de voluntad política, es más, quizás no hubiese ni necesidad de tenerlo que proponer para incluirlo en un marco normativo, debe de ser el reconocimiento pleno, la deuda histórica que por muchos años hemos tenido con los pueblos originarios donde debe de reconocerle sus derechos, su patrimonio, su territorio, su cultura y, sobre todo, debe de consultárseles para efecto de las acciones que deban de desarrollar, y así de manera conjunta, gobiernos y pueblos originarios, estamos convencidos que alcanzaremos el anhelo de poder tener el desarrollo regional de los pueblos originarios.

Muchas gracias. Y buen día.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senador Sofío Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: El Senador Rabindranath Salazar.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señora Presidenta, sólo para felicitar a mi compañero Senador por esta iniciativa. Creo que todos estamos llamados a recuperar estos valores que encontramos en nuestros pueblos originarios y estamos obligados a apoyar este tipo de iniciativas.

Le pido, si es tan amable de consultarle si podemos suscribirla para apoyarla. Creo que es muy importante.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Acepta la suscripción, señor Senador?

El Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Con gusto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Se suma también el Senador Luis Sánchez. Muchas gracias, señores Senadores.






MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea: Quiero pedirles su atención y solicitarles que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio por los ciudadanos mexicanos: Gustavo Rodríguez Hernández, Jorge Pérez, Yair Vizuet Rubio y Benjamín Vizuet Rubio, quienes perdieran la vida en el estado de Texas, realizando labores de rescate en apoyo a los afectados por las inundaciones provocadas por el huracán “Harvey”, el pasado mes de agosto.

Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 constitucional, en materia de resoluciones de Asambleas ejidales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.

Como todos sabemos, hoy se negocia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay un grupo de compañeras y compañeros Senadores que hemos acompañado al gobierno federal en este proceso. Están sobre la mesa distintas posiciones por parte de los tres países en relación con temas trascendentales para cada una de sus sociedades.

Voy a ser muy breve y muy puntual para referirme a uno de ellos que se ha planteado del lado mexicano, me refiero al de la productividad y la competitividad del campo. El Tratado de Libre Comercio en cifras macro, indudablemente ha generado beneficios para la industria agroalimentaria y ganadera, sobre todo si se compara con las cifras existentes antes de la entrada en vigor del tratado, sin embargo, por diversas razones los beneficios que han llegado a la industria no han propiciado la reactivación del campo mexicano como uno de los principales motores de nuestra economía, y mucho menos han permitido trasladar esos beneficios económicos a la vida de los pequeños productores, de los ejidatarios y de los comuneros.

En el año de 1992, como todos recordamos, se implementó una reforma de enorme trascendencia, una reforma al artículo 27 constitucional. El reconocimiento de la personalidad jurídica del ejido y la posibilidad de comuneros y ejidatarios de incorporarse al régimen de propiedad privada fue, sin duda alguna, un cambio trascendental en la vida del campo mexicano; sin embargo, hoy esa estructura queda corta, ya no alcanza para propiciar el desarrollo económico del campo mexicano y mucho menos para permitir que se le coloque en niveles de competitividad y de productividad suficientes para afrontar la competencia del comercio internacional que ahora se propone.

Los distintos esquemas de asociación y de inversión que hoy existen para detonar el desarrollo de otros sectores, están fuera de toda posibilidad cuando se habla del campo mexicano por diversas razones, pero por una fundamental: la falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, pero sobre todo, en la relación con la asociación de ejidatarios y comuneros entre sí, con el Estado o con terceros que pueden ser inversionistas o, incluso, instituciones financieras.

Hoy, ante la amenaza de una decisión irresponsable por parte del gobierno de los Estados Unidos, es urgente asegurar ya no sólo el abasto interno de diversos productos de primera necesidad, sino también el fortalecimiento decidido del campo mexicano y de nuestra autosuficiencia alimentaria.

Debe quedar claro, compañeras y compañeros, que una decisión irresponsable del Presidente Trump, con su propia economía, como sería terminar con el tratado, preocupa a México en cuanto vecinos y socios, pero no le asusta. Nuestra economía y nuestra capacidad de salir adelante no debe estar en duda de nadie.

Así, compañeras y compañeros Senadores, me he permitido presentar ante esta Asamblea la presente iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, fracción VII, mediante la cual se busca fundamentalmente lo siguiente:

Primero, otorgar una verdadera certidumbre jurídica a las asociaciones de largo plazo del ejido con terceros, sea con el Estado o con instituciones privadas.

Debemos buscar erradicar la extorsión que se presenta con el cambio de cada autoridad ejidal, que inhiben y afectan no sólo la inversión productiva del campo, sino sobre todo las posibilidades de desarrollo de los propios comuneros y ejidatarios. Establecer condiciones efectivas para la salvaguarda de derechos de comuneros y ejidatarios en dichos esquemas de asociación de largo plazo, permitiendo que sea la ley de la materia la que detalle los casos específicos en que la autoridad pueda y deba intervenir en beneficio de la propiedad social.

Adicionalmente, he preparado una serie de iniciativas de modificación a la Ley Agraria y otros ordenamientos para propiciar lo siguiente:

Primero.- Reorientar el presupuesto y la burocracia gubernamental dedicada al campo para garantizar su eficacia. Proponemos la creación de una oficina gubernamental que, con información de la Secretaría de Economía, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y también de Bancomext y de ProMéxico, se convierta en un aliado permanente del ejido y de los pequeños productores en estos esquemas de asociación de largo plazo.

Proponemos también revisar los incentivos fiscales a la actividad productiva del campo, si hay un espacio de oportunidad, es precisamente ahí, a nadie le debe quedar duda que el actual esquema tributario lastima y disminuye el desarrollo de la actividad productiva del país.

Propongo igualmente la conformación de un fondo trilateral de financiamiento, que conjuntamente con los Estados Unidos de América y Canadá se instrumente a través de los bancos de desarrollo de cada país, para apoyar proyectos productivos que impliquen asociaciones de largo plazo, en los que se aprovechen experiencias exitosas de financiamiento, como lo son en México los fondos de garantía y contra garantía que han permitido abaratar el acceso al crédito.

México tiene ante sí la enorme oportunidad y la obligación de promover que los beneficios del intercambio comercial efectivamente lleguen al campo mexicano, pero sobre todo a los pequeños productores.

Compañeras y compañeros: Cuando hablamos de libre comercio y de libre mercado, hablamos de un tratamiento arancelario igualitario, que propicie el intercambio comercial y debe generar iguales oportunidades de competencia; sin embargo, el libre mercado encierra un problema que puede destruir su propio ideal de libertad y de tratamiento igualitario, dar el mismo acceso a todos, a las mismas tarifas, sin preocuparnos por colocar en el mismo punto de partida a quienes están compitiendo en clara desventaja acabará por aniquilar sus oportunidades.

En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio está en deuda con el campo mexicano, no perdamos la oportunidad de cambiar la historia.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Gracias, compañeros.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senador Héctor Flores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.

¿Senador López Brito?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para solicitar a mi amigo, compañero Senador Héctor Flores, si me permite suscribir su importante iniciativa que acaba de presentar.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Flores Ávalos, ¿acepta usted? Senadora Martha García, el compañero Senador y el Senador Pedroza para el mismo efecto.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos años hemos tenido importantes avances médicos que han permitido ofrecer a las personas con alguna enfermedad mejorar sus condiciones por medio de un trasplante de órgano.

Además, el desarrollo de fármacos ha mejorado la respuesta inmunológica y reducido la posibilidad de rechazo o daño del órgano trasplantado; en consecuencia, este padecimiento hoy es una alternativa segura y viable para miles de personas.

A esto, debemos agregar que se han ido sumando a la lista de posibles trasplantes de órganos y tejidos que abarcan el reemplazo de córnea, trasplante de hueso, de médula ósea, de riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas, mano o miembros.

Pese a la importancia adquirida, esta práctica ha recibido múltiples cuestionamientos éticos y sociales, por lo que se han establecido guías que retoman como sustento conceptos básicos que la ética médica ha decretado, tales como la dignidad humana, beneficencia, integridad, vulnerabilidad, autonomía, responsabilidad y justicia, con el objetivo de proteger el principio de autonomía de cada persona, quien es la única responsable de decidir sobre su cuerpo o tejidos, y qué hacer con ellos en vida o después de ella. Esto llevó al establecimiento de una base de Principios Rectores por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Siguiendo dichos principios en la Ley General de Salud, se acepta para la donación de órganos dos opciones: primero, manifestar el consentimiento por escrito y, segundo, el consentimiento tácito que considera que si no se expresa por escrito el deseo de no donar y si los familiares y responsables lo aceptan, se pueden obtener los órganos de la persona que falleció.

En su diagnóstico, el Centro Nacional de Trasplantes señala que en el primer trimestre del presente año, tuvimos una lista de más de 21 mil personas esperando un trasplante.

Es, en contraste, apenas se han realizado 4 mil 712 trasplantes, si consideramos un crecimiento promedio anual de 35 por ciento en la lista de espera, a todas luces es muy difícil o casi imposible poder depurarla en el corto plazo, situación que además de representar un alto costo económico para las instituciones, se traduce en angustia y sufrimiento para muchas familias.

Por lo anterior, es necesario fortalecer esfuerzos para aumentar el número de personas que decidan donar sus órganos, ya que organizaciones ciudadanas especializadas en el tema han señalado que la falta de donadores se debe principalmente a la necesidad que tenemos de llevar a cabo campañas de sensibilización en el tema.

Es decepcionante que exista una cultura en la que frente a un problema cuando no tenemos necesidad somos o seamos totalmente indiferentes, porque estoy segura que ojalá no, pero si alguno de nosotros tuviera la necesidad de un trasplante para un familiar o para nosotros mismos, lo donaríamos de manera inmediata.

En consecuencia, debemos sensibilizar a nuestra población de la situación que se vive en el tema, para evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte.

Como Poder Legislativo, debemos legislar para fomentar la donación en estricto apego al principio de autonomía del individuo despenalizando cualquier situación que vincule al donador, al receptor, familiares o personal médico.

Estamos frente a un tema muy sensible, donde el Estado debe permitir el desarrollo de estos procedimientos y no castigarlo cuando se encuentren apegados a la normativa que estipulen las instituciones médicas y respetando la sensibilidad de nuestra gente, sus creencias y estilos culturales.

La Ley General de Salud, en su artículo 321, configura para la donación el consentimiento tácito o expreso bajo dos formas: cuando una persona lo haya manifestado en los términos que disponga la ley, o bien cuando una persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componente sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de alguno de sus familiares.

Esta redacción ha dado como resultado una cantidad muy reducida de trasplantes, ya que el consentimiento de los familiares se obtiene en muy pocas ocasiones y no existen mecanismos para asegurar que las familias estén informadas sobre los alcances de la donación de órganos y ellos llegan a ser el principal obstáculo para poder acceder a estos órganos sin contemplar que el cuerpo de un donante puede llegar a salvar o ayudar hasta 50 personas.

En cuanto al principio de autonomía del individuo como centro de toda intervención médica, es necesario llevar a cabo acciones contundentes que nos ayuden a mejorar la situación actual de miles de pacientes.

Con la presente iniciativa, proponemos cambiar la figura del consentimiento tácito para hacerlo presunto. Esto quiere decir que pasamos a determinar una regla de orden público justificado, porque actuamos en beneficio ajeno a menos que alguien exprese lo contrario.

Este modelo de consentimiento presunto, ha funcionado en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia, Lituania y España; pues es una figura en la que basta no haber expresado una negativa para poder ser donante, es decir, a menos que se exprese lo contrario, todos seríamos parte de un universo de donantes potenciales.

Con esto se complementa la figura de donante expreso, en la que una persona ha manifestado su deseo de ser donante sin la necesidad del consentimiento de la familia, ya que a pesar de que alguien haya manifestado por escrito su aprobación, los familiares llegan a decir cómo disponer de los órganos y tejidos de la persona.

En contraparte, si una persona no desea convertirse en donador, podrá manifestarlo a través de un escrito simple, de carácter personal, o hacerlo constar en algunos de los registros públicos, ya sea por escrito o electrónicos, que para este propósito implemente la Secretaría de Salud.

Finalmente, consideramos que las leyes reglamentarias de la presente propuesta ha de trabajarse de manera meticulosa la parte operativa, en cuanto a que debemos impulsar campañas de difusión en todos los rincones del país para que las personas tengan conocimiento del ordenamiento público, pero especialmente hacerle saber de la gran ayuda que hacen al permitir donar algún órgano o tejido y evitar conflictos legales por vía del amparo.

Estamos frente a un reto en el que necesitamos de mucha voluntad política, alejarnos de los colores de partidos y anteponer la salud de nuestra población, cumpliendo con nuestra responsabilidad estatal a favor del derecho a la salud de miles de mexicanos que esperan con anhelo un trasplante que pueda devolverles la esperanza de vida a familiares y pacientes de nuestro país.

Quiero agradecer y reconocer públicamente el apoyo de mis compañeras y compañeros Senadores de todos los partidos que se han mostrado sensibles a apoyar esta propuesta y en la cual estoy segura, vamos a dar el mejor esfuerzo para que salga adelante lo más pronto posible.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320. 321, 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años hemos tenido grandes avances médicos que han permitido ofrecer a las personas con alguna enfermedad mejorar sus condiciones por medio de un trasplante de órganos.

El trasplante es un procedimiento quirúrgico donde se implanta un órgano o tejido sano con el fin de sustituir el tejido enfermo que no funciona para mejorar o incluso salvar la vida de una persona.

El desarrollo de fármacos ha permitido mejorar la respuesta inmunológica y reducir el la posibilidad de rechazo o daño del órgano trasplantado; en consecuencia estamos ante una alternativa cada vez más segura y viable para miles de personas

En los últimos 25 años las cifras de trasplantes exitosos han aumentado sustancialmente con tasas de sobrevida cada vez más altas, además se han ido sumando a la lista órganos y tejido posibles de ser trasplantados, abarcando el reemplazo de córnea, el trasplante de hueso, de medula ósea, de riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas, mano o miembros.

Pese a la importancia adquirida, esta práctica médica ha recibido múltiples cuestionamientos éticos e incluso religiosos; en consecuencia se han establecido múltiples guías en esta área que retoman como sustento conceptos básicos de la Ética Médica tales como la dignidad humana, beneficencia, integridad, vulnerabilidad, autonomía, responsabilidad y justicia con el objetivo de proteger el principio de autonomía de cada persona, quien es la única responsable de decidir sobre su cuerpo o tejidos, y qué hacer con ellos en vida o después de ella; esto llevó al establecimiento de una base de Principios Rectores por parte de la Organización Mundial de la Salud, que establecen lo siguiente:

Principio 1

Los órganos de personas fallecidas pueden ser retirados con el propósito de trasplante si:

• Se obtiene cualquier consentimiento requerido por la ley; y

• No hay ninguna razón para creer que la persona fallecida se opuso a tal retiro, en la ausencia de cualquier consentimiento formal expresado durante toda la vida de la persona.

Principio 2

Los médicos que determinan que se ha producido la muerte de un donador potencial no deben estar directamente implicados en el retiro de órganos de los donadores y los procedimientos de trasplante subsecuente, o ser responsables del cuidado de los destinatarios potenciales de esos órganos.

Principio 3

Los órganos para el trasplante deben tomarse preferentemente de personas fallecidas. Sin embargo, personas adultas vivas pueden donar órganos, pero en general esos donadores deben estar genéticamente relacionados a los receptores. Puede haber excepciones en el caso de trasplante de médula ósea y otros tejidos con capacidad de regeneración aceptable.

Un órgano puede tomarse de un donador adulto con el fin de trasplante, si éste da su libre consentimiento. El donador debe estar libre de cualquier influencia y presión indebidas, y suficientemente informado para poder comprender y sopesar los riesgos, beneficios y consecuencias del consentimiento.

Principio 4

Ningún órgano debe extraerse del cuerpo de un menor en vida con el fin de trasplante. Puede haber excepciones en la legislación nacional en el caso de tejidos con capacidad de regeneración.

Principio 5

El cuerpo humano y sus partes no pueden ser objeto de transacciones comerciales. Por consiguiente, dar o recibir el pago (incluyendo cualquier otra compensación o recompensa) de órganos debe prohibirse.

Principio 6

Debe prohibirse el publicitar la necesidad o la disponibilidad de órganos, con el fin de ofrecer o buscar pago por ellos.

Principio 7

Debe prohibirse a los médicos y otros profesionales de la salud a participar en los procedimientos de trasplante de órganos si tienen razones para creer que los órganos han sido objeto de transacciones comerciales.

Principio 8

Debe prohibirse a cualquier persona o institución involucradas en procedimientos de trasplante de órgano el recibir cualquier pago que exceda una cuota justificable por los servicios prestados.

Principio 9

A la luz de los principios de justicia y equidad, los órganos donados deben hacerse disponibles para pacientes sobre la base de su necesidad médica, y nunca sobre otras consideraciones, como las financieras.

De estos principios señalamos lo siguiente:

• En México la Ley General de Salud acepta ambas opciones para la donación de órganos: la que debe manifestarse por escrito; y tácita, que considera que si no se expresa por escrito el deseo de no donar, y si los familiares o responsable lo aceptan, se pueden obtener los órganos de la persona que falleció.

• Nuestro país debe discutir lo que se considera como muerte legal, para evitar que las personas involucradas en el proceso de trasplante puedan tener conflictos de interés en la decisión del momento en que se considera que la persona ha fallecido y puede ser candidato a donar sus órganos.

• En el caso de personas que deciden donar órganos en vida se encuentra aún en revisión pues en términos generales debe existir una relación genética donador-receptor, aunque hay países que no lo aplican de esa manera. Nuestro país lo permite si son cumplidos los siguientes requisitos.

• Obtener una resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución en que se haga el procedimiento.

• El donador debe otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público, mismo que puede ser revocado en cualquier momento.

• Cumplir con los requisitos legales para comprobar que no se está lucrando con el trasplante.

En el caso de donadores extranjeros, se pide que tengan acreditado un expediente y seguimiento clínico por al menos 6 meses antes del procedimiento si no se tiene parentesco, o dos semanas en familiares hasta cuarto grado.

• Nuestra legislación protege de manera muy particular a los menores de edad, incluido su cuidado.

• En el caso de turismo de trasplantes, es decir, la búsqueda de donadores en países en vías de desarrollo, para receptores con una mayor capacidad económica, seguimos las directrices de la Declaración de Estambul, que establecen que el comercio de órganos es una práctica que debe prohibirse, pues está ligada inevitablemente a una condición de falta de justicia.

Es claro que hemos tenido importantes avances para fortalecer y desarrollar institucionalmente el tema en nuestro país, además de que existe la percepción de un manejo transparente, honesto y apegado a estándares éticos internacionales. Bajo ese contexto, el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), señala, al primer trimestre del presente año, que tenemos una lista de más de 21 mil personas esperando un trasplante, de las cuales más de la mitad, 13,087, esperan un riñón, 7,799 una córnea, 399 un hígado, 52 un corazón y 6 son de riñón-páncreas. En contraste, se han realizado 2493 trasplantes de córnea, 2071 de riñón, 124 de Hígado, 23 de corazón y 1 de pulmón, es decir 4,712 trasplantes; tomando en cuenta que se estima un crecimiento anual del 35 por ciento en la lista de espera, a todas luces es muy difícil poder depurarla en el corto plazo, situación que se traduce en angustia, sufrimiento y gastos innecesarios para muchas familias.

Si bien se ha fomentado el aumento en el número de personas que deciden donar sus órganos, es necesario fortalecer esfuerzos en este sentido ya que organizaciones ciudadanas especializadas en el tema han señalado como causa de la falta de donadores, además del desconocimiento, la desconfianza en las instituciones y las creencias religiosas, para poder alcanzar la meta de donación.

La negativa generalizada actual ante la extracción y donación de órganos es comprensible e involucra hábitos culturales para la disposición de los cadáveres de los seres queridos o de uno mismo, las familias suelen no aceptar el consentimiento para la extracción de órganos.

En consecuencia debemos sensibilizar a nuestra población de la situación que se vive en la materia, para evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte y de manera muy particular, como Poder Legislativo, debemos legislar para fomentar la donación, legislando en estricto apego a la autonomía del individuo despenalizando cualquier situación que involucre al donador, al receptor, familiares o personal médico.

Estamos frente a un tema sensible donde por un lado el Estado no puede imponer medidas coercitivas y, por el otro, las instituciones medicas deben atenerse de respeto a la sensibilidad popular, sus creencias y estilos culturales.

La Ley General de Salud, en su artículo 321, configura para la donación el consentimiento tácito o expreso que se da bajo dos formas: cuando una persona lo haya manifestado en los términos que disponga la ley; o bien cuando una persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de alguno de sus familiares.

De acuerdo con la teoría del derecho el “consentimiento” se da cuando se permite algo o condescender que se haga algo; para este caso no es un acuerdo de voluntades como lo sería en el Derecho Civil cuando se celebra un contrato; pues en el ámbito del Derecho Penal, cobra importancia en determinados delitos y su existencia puede dar lugar a la atipicidad. En consecuencia, se da cuando un precepto permisivo hace surgir una causa de justificación que ampara la conducta de un tercero en la medida en que obre con el consentimiento del titular del bien jurídico.

Como puede verse, la redacción existente en la Ley del ramo ha dado como resultado una cantidad muy reducida de trasplantes, ya que el consentimiento de los familiares se obtiene en muy pocas ocasiones y no existen mecanismos adecuados para asegurar que las familias estén informadas sobre los alcances de la donación de órganos.

Además, esta situación ha contravenido el sentido de las recomendaciones de la OMS, que ya han sido señaladas, en cuanto al principio de autonomía del individuo como centro de toda intervención medica, en consecuencia, es necesario llevar a cabo acciones contundentes que nos ayuden a mejorar la situación actual de miles de pacientes.

Para ello se propone legislar sobre la figura del consentimiento bajo términos en donde no se requiere el consentimiento expreso, sino que basta un consentimiento presunto es decir, un consentimiento que debe presumirse cuando alguien actúa en beneficio ajeno, hasta que el titular del interés no expresa su voluntad en contrario.

Este modelo de consentimiento presunto ha funcionado en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia, Lituania y España. ES una figura en la que basta con que no se haya expresado una negativa para poder ser donante, es decir, a menos que se exprese lo contrario, todos somos parte de un universo de donantes potenciales.

Con esto se complementa la figura de donante expreso, en la que una persona ha manifestado su deseo de ser donante sin la necesidad del consentimiento de la familia, ya que a pesar de que alguien haya manifestado por escrito su aprobación, los familiares llegan a decidir como disponer de los órganos y tejidos de la persona.

En contraparte, si una persona no desea convertirse en donador, podrá manifestarlo a través de un escrito simple de carácter personal, o hacerlo constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaria de Salud.

Como vemos, y en opinión de muchos especialistas transitar hacia el consentimiento presunto implica problemas pues difícilmente puede considerarse un auténtico consentimiento, en consecuencia, debe irse de la mano de un proceso previo de concientización en la sociedad, donde se les haga saber que a menos que indiquen lo contrario son donantes, y en consecuencia se debe facilitar el rechazo, situación que puede ser complicada si llega a politizarse.

Necesitamos de mucha voluntad política, alejarnos de los colores de partidos y anteponer la salud de nuestra población, cumpliendo con nuestra responsabilidad estatal a favor del derecho a la salud de miles de mexicanos que esperan con anhelo un trasplante que pueda cambiar su condición de vida.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY  GENERAL DE SALUD

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá? donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.

 


Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 322.- La donación expresa podrá? constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes.

 

Articulo 324.- Habrá? consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicara? la prelación señalada en este articulo.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá? ser privado o publico, y deberá? estar firmado por este, o bien, la negativa expresa podrá? constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.


Articulo 325.- El consentimiento tácito solo aplicara? para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente.

En el caso de la donación tacita, los órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

 

Articulo 326.- El consentimiento tendrá? las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I. El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será? valido, y

II. El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será? admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.

Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el merito y altruismo del donador y de su familia.

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargara? de definir el formato del documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que estos sean utilizados en trasplantes.

Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá? donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título,

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios electrónicos disponibles, y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes.

Articulo 324.- Habrá? consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

 

 

 


El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá? ser privado o publico, y deberá? estar firmado por este, o bien, la negativa expresa podrá? constar en alguno de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Articulo 325.- El consentimiento presunto solo aplicara? para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente.

En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.


Articulo 326.- El consentimiento tendrá? las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será? valido, y

II. El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será? admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.

Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el merito y altruismo del donador y de su familia.

Asimismo, garantizará que ni el receptor de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los familiares del donante conozcan la identidad del receptor.

El registro de personas no donantes deberá ser público y disponible bajo los términos que establezca esta institución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 320. 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Salud

Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá? donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título,

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios electrónicos disponibles, y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes.

Articulo 324.- Habrá? consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá? ser privado o publico, y deberá? estar firmado por este, o bien, la negativa expresa podrá? constar en alguno de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Articulo 325.- El consentimiento presunto solo aplicara? para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente.

En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

Articulo 326.- El consentimiento tendrá? las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será? valido, y

II. El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será? admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.

Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el merito y altruismo del donador y de su familia. Asimismo, garantizará que ni el receptor de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los familiares del donante conozcan la identidad del receptor.

El registro de personas no donantes deberá ser público y disponible bajo los términos que establezca esta institución.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 7 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

Síntesis que tiene como base el análisis expresado en:
http://innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Cuéllar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 constitucional, en materia de indemnización por expropiación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores Fernando Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, José María Martínez Martínez, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Ernesto Ruffo Appel, Raúl Gracia Guzmán, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, Sandra Luz García Guajardo, Francisco Salvador López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza y César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Ciudadano: Tú no eres dueño de nada, esto es lo que dice el artículo 27 de nuestra actual Constitución de la República.

Actualmente el gobierno, y no el ciudadano, es el dueño último de la propiedad que tienen los mexicanos.

Como dice el maestro Arturo Damm: “No está en la Constitución plenamente reconocido el derecho a la propiedad ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado”. Qué grave.

La propiedad del fruto del trabajo, del esfuerzo diario es una mera concesión por la gracia del Estado y no un derecho humano fundamental de toda persona.

Los políticos tienen la facultad discrecional de dictar las modalidades que se entiendan por interés público, totalmente discrecional para poder proceder a expropiar, no tienen que fijar un precio real, sino el que quieran establecer por la discrecionalidad que existe y, por supuesto, que no tienen que pagar en el momento por esa expropiación suponiendo que estuviera bien justificada por interés público verdadero. El plazo puede ser el que ellos decidan.

El artículo 27 constitucional establece esto que yo considero un robo legal de la propiedad de las personas por parte de los gobernantes.

Este es un error histórico que tiene ya cien años, derivado de la Constitución de 1917, y es causante en una parte muy importante del atraso político y económico de México frente a las naciones desarrolladas del occidente, todas ellas naciones exitosas, tienen consagrado el respeto al derecho a la propiedad.

La actual Constitución rompió con el proyecto liberal del respeto a los derechos humanos de la generación de Benito Juárez y su Constitución de 1857, en donde sí estaba claramente consagrado este derecho.

La Constitución de 1857 sabía del profundo valor del derecho a la propiedad del ciudadano frente al autoritarismo de los gobiernos, sabían la imperiosa necesidad de proteger este derecho, sabían y reconocían a la propiedad como un derecho que debe ser consagrado y respetado.

Reconocer el derecho a la propiedad del ciudadano es reconocer la dignidad de la persona, es limitar el poder autoritario del gobierno y es empoderar al ciudadano para que pueda ejercer plenamente su libertad.

El derecho a la propiedad, del fruto del esfuerzo del trabajo de los mexicanos, es fundamental para proteger otros derechos humanos frente al gobierno, como la libre expresión, el libre tránsito, el derecho al trabajo, a la independencia personal y a la autodeterminación de cada ser humano.

Ejemplos los hay por montones, simplemente tenemos enfrente, en 1982 la expropiación bancaria, la destrucción del exitoso sistema financiero mexicano que tenía más de 200 años y que fue reemplazado por un oligopolio de banca extranjera que tiene una penetración de las más bajas de los grandes países latinoamericanos.

Otro ejemplo, el despojo de propiedad que denuncié el año pasado, de don Mario Villalpando, una persona de Valle de Bravo, de 88 años, cuyo pecado fue tener un terreno a la orilla del lago que le interesaba al gobierno para hacer un embarcadero.

Los demás propietarios eran gente muy reconocida, de mucha solvencia económica y poder, y las autoridades del Estado de México se fueron por lo más fácil, despojar o querer despojar a don Mario, por ser alguien que ofrecía menos resistencia.

Y qué decir de lo que sucedió con el ex gobernador Roberto Borge, quien expropió a ejidatarios en Quintana Roo para después entregar esta propiedad a prestanombres de prominentes políticos nacionales.

Es momento de saldar una deuda histórica, esto es lo que le digo a mis compañeros legisladores.

Y yo le digo al ciudadano también que el fruto de tu trabajo es tuyo, de tu familia, de tus hijos, no del gobierno. Tu esfuerzo es para tu familia.

Cuando vivamos en un país que permita y reconozca que cada persona debe ser dueño del resultado de su esfuerzo, se liberarán las energías creadoras de nuestros mexicanos.

Ya basta de un sistema que mantiene a la persona sometida y dependiente, sólo mexicanos libres pueden desarrollar el potencial que tiene nuestro país.

Esta iniciativa de reforma constitucional busca restituir el derecho a la propiedad de las personas y al fruto de su esfuerzo y de su trabajo.

Esta iniciativa abandona el error histórico de toda concepción en donde el Estado es más que el ciudadano.

Esta iniciativa busca saldar una deuda histórica que tenemos los políticos con los mexicanos.

Muchas gracias.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de evaluación del desempeño.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Presidenta.

Reconociendo además la presencia, el trabajo y el desempeño de nuestro compañero Senador Búrquez Valenzuela. Muchas gracias por estar con nosotros.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Las normas que hemos establecido, hasta este momento, para tratar de lograr un uso eficiente de los recursos públicos parecieran insuficientes.

Los casos de corrupción, desavío de recursos son noticia de todos los días, esa es la intención de esta iniciativa, abonar a que esto no continúe.

Un gobierno que sirve a la gente es uno que se guía bajo los preceptos de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. El cumplimiento de estos criterios, tiene como finalidad la provisión de servicios públicos de calidad para la ciudadanía, cuyos miembros a través del poder soberano del que son depositarios constantes correctamente exigen que la administración pública se transforme para que le rinda la mayor utilidad posible.

Quienes conformamos el Congreso de la Unión fungimos meramente como agentes a la orden de la totalidad de las y los mexicanos. Para la vigilancia de las acciones que nosotros como agentes realizamos, se han establecido diversos mecanismos de control que limitan y reglamentan la acción gubernamental, pero es obvio que son insuficientes.

Por tanto, esta iniciativa tiene como objeto específico los programas y proyectos que emplean recursos públicos federales y que son transferidos a los estados y municipios de la nación.

Al respecto, actualmente existe el Sistema de Evaluación del Desempeño, SED, por sus iniciales, su fundamento reside en el artículo 134 constitucional y su finalidad es verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos planteados por organismos públicos de los tres órdenes de gobierno.

La tarea anterior implica la creación y el análisis de indicadores estratégicos y de gestión. A partir de estos se busca conocer el impacto social de los programas y proyectos que son objeto de estas medidas, con el fin de conocer la utilidad de implementar distintos mecanismos de acción colectiva que involucran al gobierno y el empleo de estos recursos federales.

La supervisión de los programas implica un gran esfuerzo por parte de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la revisión del ejercicio correspondiente a 2016, este organismo realizó 502 auditorías, a partir de las cuales emitió 2 mil 424 acciones de distinta índole; de éstas, 1 mil 116 fueron recomendaciones, 583 pliegos de observaciones, 555 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, 140 solicitudes de aclaración y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Muchas de estas acciones versaron respecto a los programas y proyectos vinculados al gasto federal y su naturaleza permitió observar patrones de fallas que se repitieron a lo largo de todo el espectro de acciones gubernamentales.

Podría decirse que se descubrió un modus operandi.

Específicamente, la Auditoría Superior de la Federación identificó cuatro áreas de gestión gubernamental que presentan deficiencias sistemáticas en el ejercicio del gasto público y que ponen en riesgo las operaciones realizadas por distintas entidades del gobierno a lo largo de sus tres órdenes.

Estas deficiencias son: el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Evaluación de Desempeño, SED: la medición del impacto social de los programas; la calidad de las Matrices de Indicadores para Resultados, MIR, por sus siglas y la utilización de los resultados para la asignación del presupuesto.

Es decir, las fallas identificadas por la Auditoría Superior se hacen presentes, principalmente, a nivel estatal y municipal, claro, aun cuando las fallas en el gobierno federal pudieran ser de considerable impacto también.

Desde el inicio hasta el final de las evaluaciones de los programas y proyectos, por lo cual es necesario especificar en la ley los requerimientos sobre los cuales se analizará el desempeño de estos dos órganos de gobierno.

Los señalamientos anteriores hacen énfasis específicamente en el fortalecimiento de la implementación y operación del SED en las entidades federativas, ya que en los estados y municipios se han desarrollado los equipos y mecanismos necesarios para su realización.

Las recomendaciones específicas de la Auditoría Superior son las siguientes:

Contar con una normativa clara y precisa que oriente la acciónes de los operadores de los programas presupuestarios.

Perfeccionar el diseño del sistema para que la gestión pública se oriente a resultados.

Determinar los parámetros para contar con evaluaciones del impacto social de los programas.

Mejorar la calidad de los indicadores para que la integración de información permita identificar, de manera clara, la eficacia, eficiencia, economía, la calidad y el impacto social en la Administración Pública Federal de los programas presupuestarios evaluados en los informes trimestrales, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Tomar en consideración los resultados de las instancias evaluadoras, a fin de armonizar la evaluación del desempeño en el gobierno federal.

Y, por último, asignar el presupuesto con base en el resultado del desempeño de los programas presupuestarios.

Por esto, en esta iniciativa proponemos adicionar un segundo y tercer párrafo a la fracción I del artículo 85 y reformar el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De esta forma, el SED sería obligatorio no sólo para los ejecutores del gasto sino también para las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México, con esta reforma se busca fortalecer los dos pilares que sustentan el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Desempeño, esto es: el seguimiento y la evaluación de los bienes y servicios que se entregan para beneficio de la población.

Es necesario realizar estos cambios para tener mejor información respecto a la realización de proyectos y programas que se fundan total o parcialmente con dinero federal, siendo un paso indispensable para el mejoramiento de sus diseños bajo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Siendo los recursos federales de naturaleza pública, es responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno a cometer estas acciones, pues la calidad de la provisión de los servicios públicos que reciben los mexicanos depende de ello.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

Las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En esta LXIII hemos estado trabajando para modernizar en muchas áreas nuestro marco jurídico; incluso para que nuestro aparato gubernamental genere resultados bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, para que los servicios públicos sean de calidad y cumplan con las expectativas ciudadanas, para que las políticas públicas puedan evaluarse de manera objetiva y bajo el principio de oportunidad.

Para cumplir con lo anterior hemos realizado reformas legislativas que establecen mecanismos de control para los recursos federales que son transferidos a las entidades federativas, ya que son los gobiernos de las entidades federativas los que están más vinculados con la ciudadanía  y cuentan con una percepción más amplia y detallada de los problemas y necesidades de la población de nuestro país.

Por lo que nuestras reformas legislativas materializan de alguna forma el  reconocimiento concreto de que los estados cuenten efectivamente con los recursos para atender las demandas sociales y para conducir con eficiencia y eficacia los servicios propios que otorgan los gobiernos estatales.

Sin embargo, existen áreas de oportunidad para mejorar los mecanismos de control sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas. Por ejemplo, el sistema de evaluación del desempeño (SED) que permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión para conocer el impacto social de los programas y proyectos.1

Ahora bien, el SED tiene como fundamento el artículo 134 de nuestra Carta Magna en relación con los recursos económicos con los que disponga la Federación para que se administren bajo los principios de  eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados, pero lo cierto es que lo anterior no ha podido concretarse. Esto lo demuestra la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su primer informe, correspondiente al ejercicio 2016.2

En dicho informe, la ASF señala que llevó a cabo 502 auditorías de las 1,836 programadas para este año. Y como resultado se emitieron 2,424 acciones que se clasifican en: 1,116 recomendaciones, 583 pliegos de observaciones, 555 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, 140 solicitudes de aclaración y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.3

En este mismo sentido, señala que muchas de las recomendaciones están vinculadas al gasto federalizado, toda vez que de las 502 auditorías practicadas, 378 se vinculan con el gasto federalizado.

Es nuestro deber seguir perfeccionando los  mecanismos legislativos para promover una hacienda pública responsable, eficaz, eficiente, transparente y que rinda cuentas a la sociedad mexicana y que al mismo tiempo promueva condiciones de equidad e igualdad en la distribución de riqueza y bienestar social. No obstante, la ASF ha identificado cuatro áreas de la gestión gubernamental que presentan deficiencias en el ejercicio del gasto público y ponen en riesgo la operación de las entidades públicas, la consecución de sus objetivos y el adecuado uso de recursos públicos.4

Dichas áreas destacan por tener un impacto considerable en términos económicos y sociales por lo que, desde la perspectiva de la ASF, constituyen temas prioritarios para incluirse en la agenda legislativa, en el debate público y en la mesa de discusión de los integrantes del SNA.5

Incluso existen pruebas documentadas por la ASF sobre actos en donde los recursos fueron usados con fines distintos a los previstos en la normatividad y que han sido recuperados por la misma ASF:

Recuperaciones operadas al 31 de diciembre de 20166

Cuenta Pública

Monto de recuperacione(Millones de pesos) (mdp)

2001-2006

26,747.20

2007

5,464.70

2008

8,879.90

2009

12,333.50

2010

11,504.00

2011

14,428.10

2012

16,448.60

2013

7,887.80

2014

5,192.50

Total

108,886.30

Para la ASF puede tratarse de fallas en el diseño de los mismos programas, o de errores en su implementación y evaluación, o la falta de coordinación entre las distintas instancias involucradas, o las deficiencias operativas que obstruyen la correcta ejecución de los procesos o la limitada medición de resultados.7 Lo anterior se traduce en deficiencias en la aplicación de las políticas de control interno, contraloría social y del mismo SED.

Como hemos señalado en el 2016 de las 502 auditorías practicadas por la ASF, 378 se vinculan con el gasto federalizado; es decir, que las 378 auditorías relativas al gasto federalizado están relacionadas con las capacidades de gestión del sector público en el ámbito estatal y municipal, lo que dificulta la correcta aplicación de los recursos y, en consecuencia, el cumplimiento de las metas y objetivos de los fondos transferidos.8 Es más en el 2015 la ASF identificó debilidades en los siguientes aspectos: cumplimiento de los objetivos del SED, medición del impacto social de los programas; calidad de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), y utilización de los resultados para la asignación del presupuesto.9

Por ello, el SED debe constituir un factor determinante para que los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia, economía y transparencia a fin de satisfacer los objetivos para los que estén destinados, como lo establece el artículo 134 constitucional. Con base en lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer precisamente la implementación y operación del SED en las entidades federativas ya que es todavía limitado en los gobiernos estatales y más aún en los municipales como lo recomienda la misma ASF:

Con respecto al SED, las auditorías y la evaluación realizadas por la ASF han generado las siguientes recomendaciones y sugerencias:

• Contar con una normativa clara y precisa que oriente la acción de los operadores de los programas presupuestarios;

• Perfeccionar el diseño del sistema para que la gestión pública se oriente a resultados;

• Determinar los parámetros para contar con evaluaciones del impacto social de los programas;

• Mejorar la calidad de los indicadores para que la integración de información permita identificar, de manera clara, la eficacia, eficiencia, economía, la calidad y el impacto social en la Administración Pública Federal (APF) de los programas presupuestarios evaluados en los informes trimestrales, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la rendición de cuentas;

• Tomar en consideración los resultados de las instancias evaluadoras, a fin de armonizar la evaluación del desempeño en el Gobierno Federal, y

• Asignar el presupuesto con base en el resultado del desempeño de los programas presupuestarios.10

De esta forma, el SED será obligatorio no sólo para los ejecutores de gasto sino también para las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México, con esta reforma se fortalecerán los dos pilares que sustentan el funcionamiento de la SED: el seguimiento y la evaluación de los bienes y servicios que se entregan para beneficio de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de las y de los Senadores lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona un segundo y tercer párrafo a  la fracción I del artículo 85 y se reforma el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 85.-

I.- Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes, y.

La Secretaría y el Consejo serán los responsables de coordinar el proceso de implementación y desarrollo del sistema de evaluación del desempeño sobre los recursos federales transferidos. Dicha coordinación abarcará a los gobiernos locales y a las dependencias federales responsables de los fondos y programas.

Los resultados de la evaluación  a la que se refiere esta fracción, serán publicados en los portales de transparencia de las entidades locales, las dependencias federales responsables de los fondos, así como de la Secretaría y el Consejo.

II. …

Artículo 111.- …

El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los ejecutores de gasto, para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en lo que corresponde a los recursos federales que les sean transferidos. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes trimestral es, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los indicadores estratégicos en las dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de administración.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Suscriben.

1 Conforme a lo previsto en los artículos 2, 27, 85, y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Conforme a lo previsto en los artículos 2, 27, 85, y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2 Auditoria Superior de la Federación, Consideraciones para la Labor Legislativa, Entrega de Informes Individuales, Cuenta Pública 2016, junio 2017.

3 Idem.

4 Auditoria Superior de la Federación, Informe General Cuenta Pública 2015, Cámara de Diputados, México, 2015, p. 65. Disponible en:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf.

5 Idem.

6 Tabla elaborada por la Auditoria Superior de la Federación. Ibidem, p. 48. Disponible en:
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf.

7 Ibidem, p. 56 Ibidem, p. 56

8 Auditoria Superior de la Federación, Consideraciones para la Labor Legislativa, Entrega de Informes Individuales, Cuenta Pública 2016, junio 2017.

9 Auditoria Superior de la Federación, Informe General Cuenta Pública 2015, Cámara de Diputados, México, 2015, pp. 79 y 80.

10 Auditoria Superior de la Federación, Informe General Cuenta Pública 2015, Cámara de Diputados, México, 2015

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Luis Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Saludamos la presencia en esta sesión de Kevin MacKenzie, Director General del British Counsil México; de Edgardo Bermejo, Director de Arte del British Counsil México, invitados por la Senadora Yolanda de la Torre.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de apoyos para actividades laborales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

“Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta”. Aristóteles.

La precariedad laboral es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, no solamente representada en salarios que apenas rebasan la línea de ingresos del bienestar mínimo, sino también en la ausencia de modelos tradicionales de la seguridad social.

En 1943, por vía de Decreto presidencial, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien a través de su director Antonio Ortiz Mena, en la década de los 50’s, fijó una postura garantista a través de la creación del régimen obligatorio donde Estado, Empresa y Trabajador contribuían de manera tripartita en la seguridad social de los trabajadores y sus familias, siendo uno de sus principales aportes la pensión para el retiro.

Hoy el dinamismo de la economía de mercado, la incorporación de nuestro país a la globalización y las presiones externas sobre la economía nacional, se ha reflejado en un cambio en las relaciones laborales.

Igualmente, la oferta laboral en la población ha creado nuevos tipos de contratación y servicios, cada vez más jóvenes se integran al mundo laboral de forma distinta a la de generaciones anteriores.

Así, los regímenes de honorarios por servicios profesionales, la contratación temporal y el denominado outsourcing o subcontratación definen nuevas relaciones laborales que no sólo no coinciden con los postulados del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ante esta realidad, millones de jóvenes no están incluidos en la seguridad social, lo cual no sólo incurre en la posibilidad de una vejez en pobreza, sino también en el colapso del sistema nacional de pensiones.

Los sistemas de pensiones están diseñados de forma que las nuevas generaciones contribuyan con su trabajo al sostenimiento de las generaciones pasadas, ya que sus recursos se invierten en instrumentos de crédito que solventan las necesidades de las generaciones actualmente pensionadas.

Es lógico que si cada vez menos personas tienen acceso a la seguridad social de forma constante el sistema mexicano de pensiones irá en declive.

Más aún, actualmente 4 de cada 10 jóvenes se encuentran en una condición de pobreza, y alrededor de 7 millones no cuentan con un ingreso superior a la línea de bienestar mínimo.

Asimismo, se detecta que 4 de cada 10 no tienen empleo, predominantemente las mujeres, quienes también tienen una tasa alta de deserción o de discontinuidad laboral, debido a que a las mujeres se les han asignado roles y estereotipos del cuidado de la familia.

Las mujeres jóvenes de México usualmente dejan de trabajar para dedicarse al cuidado de la familia, recordando también que nuestro país ostenta un alto índice de embarazo adolescente.

Asimismo, el rezago educativo presente en los jóvenes se materializa en precariedad laboral, puesto que según datos recopilados por la iniciativa que presentamos hoy, y en el análisis y la investigación de la misma, al menos 30 por ciento de los jóvenes ingresa a su primer empleo realizando actividades básicas y pobremente remuneradas, entre uno y dos salarios mínimos.

De igual forma, la ruralidad y la marginación en zonas urbanas juega un papel fundamental para el desarrollo y la participación económica de los jóvenes de México, ya que para estos grupos es más difícil conseguir un empleo digno y sobre todo conservarlo.

Alrededor del 30 por ciento de los jóvenes que ingresaron al mercado laboral, perdieron su empleo antes de cumplir cinco años y también la mayoría tardó alrededor de cuatro meses para conseguir un empleo en las mismas condiciones.

Por ello, la iniciativa motiva para que el Instituto Mexicano de la Juventud realice convenios y campañas sobre la “precariedad laboral” entre las y los jóvenes, y así promover la inserción, conservación y crecimiento en el empleo. Pero, de igual forma, incentiva al propio Instituto Mexicano de la Juventud a consolidar convenios con instituciones de seguridad social, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de crear nuevas formas de incorporación al ahorro para el retiro, para que los jóvenes que hoy día emprenden sus propios negocios y ofrecen servicios por su cuenta, puedan prever esta situación.

Así estaremos previniendo una crisis futura con un México envejecido y carente de pensiones dignas que permitan una vida acorde al bienestar y porque consideramos que es muy importante esta nueva cultura para las y los jóvenes, y que puedan prever desde hoy una vejez digna, me parece que es importante la presentación de esta iniciativa y esperamos el apoyo en las comisiones para poder generar bases que permitan al propio Instituto Mexicano de la Juventud, trabajar y prever en favor de los jóvenes de hoy, pero sobre todo en una precariedad laboral para prever su vejez.

Por su atención y apoyo, mucha gracias.

Iniciativa

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, EN MATERIA DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS JÓVENES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente México vive una etapa demográfica donde una gran parte de su población es joven, es decir menor de 30 años, lo cual representa una oportunidad histórica en su proceso de desarrollo, pero esta etapa tiene diversas aristas una de ellas, es que, así como hoy día la mayor parte de la población goza de su etapa productiva más importante en la vida, en 30 años el país habrá envejecido considerablemente y si no se toman las previsiones necesarias sobre la calidad de vida de su población joven, se enfrentarán retos sociales podrían colapsar las instituciones de salud y seguridad social entre muchas otras.

Uno de los principales retos que se identifican actualmente a la población joven es el trabajo precario carente de un esquema de seguridad social para ellos, algunos datos revelan que el 70% de los jóvenes que trabaja no cuenta con un sistema de ahorro para el retiro.

Adicionalmente según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE revela que en México solo se ahorra para el retiro el 6.50% de los salarios, una de las cifras más bajas entre los países que la integran.

Las contribuciones al sistema son bajas para poder garantizar un nivel de ingreso de más del 50% del último salario de los trabajadores. De acuerdo con los cálculos de la OCDE una contribución del 6.5% en el mejor de los casos, para un asalariado medio, podría dar lugar a una tasa de remplazo de sólo el 26%.

Esta baja tasa de remplazo se debe principalmente a la baja tasa de contribución obligatoria. Cómo el estudio muestra, una tasa de remplazo del 50% se alcanzaría con una probabilidad del 75%-90% con una contribución media durante 40 años de alrededor del 13%-18%.1

La OCDE refiere al final del documento que una de las áreas de oportunidad es incentivar a la población para tener mayores elementos en cuanto al ahorro para el retiro.

De acuerdo con el documento titulado Encuesta de Trayectorias Laborales 2015,2 publicado por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el mercado laboral y de seguridad social en México tiene los siguientes indicadores.

• La edad promedio de inicio de la carrera laboral es de 20.8 años, con una diferencia por género favorable para los hombres 19.5 y 22.1 para las mujeres.

• El 53.8% de las personas mantuvo el mismo trabajo por cinco años consecutivos.

• Es visible que los trabajadores escalan en su posición laboral, ya que los puestos dedicados a las actividades elementales representan el 27% entre los trabajadores de primer ingreso, mientras que solo representan el 17% entre los empleados con mayor trayectoria.

• El 85% de las mujeres que abandonó su trabajo se debió a que debía dedicarse al cuidado de su hogar.

• El ingreso promedio es de 3.56 Salarios mínimos en el sector formal y de 2.56 en el informal.

• El nivel de ingreso diferenciado por el nivel de instrucción se comporta de la siguiente forma: 4.68 S.M., trabajadores con formación universitaria, 2.55 S.M., solo educación media superior, 2.12 secundaria, 1.97 Primaria y .93 sin instrucción.

• El 60 % de los trabajadores alguna vez ha estado afiliado al IMSS.

• El porcentaje de la población que nunca ha estado afiliado a la seguridad social, se distribuye en 17.2% Mujeres y 15.2% Hombres, sumando 32.4%.

• Los trabajadores con un empleo formal IMSS, tienen alta probabilidad de contratarse nuevamente con Seguridad Social. Sin embargo, ocurre lo mismo para un trabajador informal, quien tiene una elevada probabilidad de permanecer en dicha modalidad.

Ahora bien, cruzando los datos anteriores con los disponibles en el documento Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud,3 publicado por el INEGI recientemente se tienen los siguientes datos:

La población en México continúa siendo predominantemente joven. Sin embargo, aspectos demográficos como la disminución de la mortalidad, el descenso de la fecundidad y la migración predominantemente joven, han propiciado un incremento paulatino en la edad mediana de su población, pasando de 22 a 27 años. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en cuanto a la estructura por edad y sexo de la población joven, 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres; 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años de edad.

Información de la Encuesta Intercensal 2015, indica que el monto de población de 15 a 29 años que asiste a la escuela es de 10.1 millones de personas, que representan 32.9% del total de población joven.

En cuanto a los niveles de escolaridad de la población joven, resultados de la Encuesta Intercensal muestran que, de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, 2.9 tiene inconclusos sus estudios de primaria. Por grupos de edad, destaca que 3.9% de los jóvenes de 25 a 29 años no han concluido la primaria.

Por otro lado, uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años (27.5%) cuenta con algún grado aprobado en el nivel superior y, de ellos, 65.8% asiste a la escuela. Aunque una proporción similar de jóvenes de 25 a 29 años declaro? tener ese mismo nivel de estudios (27.8%), sólo 18.5% continúa asistiendo a la escuela. En general no asistir a la escuela se vuelve un rasgo muy particular de los jóvenes conforme avanza su edad: 74.2% y 92.5% de los jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años cumplen con esta condición.

La tasa de desocupación para adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es de seis por cada 100 personas económicamente activas. Los adolescentes de 15 a 19 años muestran un nivel de desocupación de 6.9% y los jóvenes de 20 a 24 años de edad de 6.5%, mientras que para el grupo de 25 a 29 años es menor la tasa de desocupación (5.1 por ciento).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años en el primer trimestre de 2017 se encuentran ocupados; 60.6% (9 millones) de ellos lo está en el sector informal.

Este fenómeno ha sido estudiado a detalle por diversos investigadores, cuyos artículos sustentan la Exposición de Motivos, los cuales le han asignado el nombre de “Precariedad Laboral”.

Es de particular interés para la Exposición de Motivos citar el siguiente artículo de opinión que si bien tiene alrededor de una década de su publicación, revela importantes condiciones que mantienen en la precariedad laboral a los jóvenes.

La precariedad de las relaciones y condiciones laborales implica la vulnerabilidad social de amplios sectores de la población y el debilitamiento del trabajo como uno de los mecanismos básicos de integración y movilidad social. El cuadro se torna aún más dramático cuando se trata de la población juvenil que ingresa a temprana edad al mercado de trabajo. En un contexto de escasez de empleos y desregulación de las relaciones laborales, la fuerza de trabajo más joven esta? expuesta a condiciones laborales extremadamente precarias.

[…]

Estudios realizados a partir de datos censales, de encuestas laborales y de la ENJ 2000 nos dan un panorama amplio acerca del trabajo juvenil en el país. Los aspectos tratados comprenden, entre otros, los niveles de participación económica de los jóvenes, las características sociodemográficas de la población activa juvenil, así como las condiciones laborales del primer trabajo y del trabajo actual (captado en el momento de la encuesta). Se destacan de igual forma las diferencias por sexo y grupos de edad de los jóvenes trabajadores, y los cambios ocurridos en su inserción laboral en diferentes momentos en el tiempo. Atención especial se da a la relación entre educación y trabajo.

[…]

Se ha documentado, para la década de 1990, que el tamaño del lugar de residencia juega un papel clave en la explicación de los niveles de participación económica, así como de las condiciones laborales de la mano de obra juvenil. Los jóvenes varones presentan una participación laboral más elevada en las áreas menos urbanizadas, y las jóvenes en las más urbanizadas, pero las diferencias en favor de los varones se mantienen en ambos casos. La precariedad laboral de los y las jóvenes menores de 20 años, definida de acuerdo con sus niveles de ingreso, jornada de trabajo y prestaciones laborales, es más acentuada en las áreas menos urbanizadas en comparación con las más urbanizadas. De igual forma, las condiciones laborales presentan variaciones considerables de acuerdo con la edad y sexo de los jóvenes (12 a 24 años): los menores de 20 años ingresan en el mercado de trabajo con menores niveles de escolaridad y presentan peores condiciones laborales que los de 20 a 24 años.

[…]

Si bien es cierto que más de 77 por ciento de los asalariados cuenta con local de trabajo, menos de 20 por ciento accede a alguna otra prestación laboral además del salario base, y los que cuentan con contrato laboral no llegan a 40 por ciento de los casos (de éstos, 53 por ciento no tiene contratos indefinidos). Además, únicamente 21.9 por ciento de los jóvenes asalariados realiza actividades relacionadas con sus estudios, y 16 por ciento tiene jornadas de trabajo excesivas (más de 50 horas a la semana).4

Es entonces que es necesario revalorar el papel de la participación económica en los jóvenes de acuerdo a lo anteriormente citado, ya que las condiciones de trabajo precario inciden directamente en la seguridad social, en otros términos, cada joven que acceda a un trabajo precario, significará en el futuro un adulto mayor pobre y con múltiples carencias sociales.

Ahora bien, de acuerdo al Anexo Estadístico de la Pobreza 2010 – 2014 publicado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en 2014, el 47.1% de los Jóvenes se encontraba en condición de pobreza alrededor de 17,5 millones, de los cuales 3.6 se encontraban en pobreza extrema, igualmente 7.3 millones tenían un ingreso inferior a línea de bienestar mínimo.

Es necesario que las autoridades, principalmente el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, firmen un convenio de colaboración donde coincidan en las necesidades de la población juvenil y sobre todo a través de la creatividad e innovación tengan la posibilidad de incorporar a esta población a esquemas diferenciados de ahorro para el retiro que consideren, entre otros factores:

• La Precariedad Laboral, determinada en ingresos cuantitativos.

• La Situación de Pobreza y Carencias de los Jóvenes en México.

• La Inestabilidad e Intermitencia laboral de los Jóvenes.

Actualmente investigadores sociales han identificado la ruptura de las condiciones laborales del periodo denominado “Desarrollo Estabilizador” comprendido entre 1950 y 1976, donde a raíz de la creación y desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se concibió un modelo laboral y de seguridad social basado en la permanencia del trabajador en empleos permanentes que colaboraban en función tripartita (Estado, Empresa y Trabajador) al ahorro para el retiro a través de una pensión otorgada por el mismo Instituto, hoy día este modelo laboral y de seguridad social, ha sufrido diversas modificaciones derivado de un sistema de mercado donde las relaciones laborales no siempre son altamente estables y donde otras formas de contratación y trabajo como el outsourcing, no coinciden con el modelo tripartita de ahorro para el retiro, por tanto es necesario que se revisen los actuales escenarios de la demanda laboral y a través de la creatividad y la innovación se consideren nuevas formas para que los jóvenes puedan acceder a una pensión.

De lo contrario al no tomar medidas conducentes podríamos enfrentar una crisis de seguridad social alrededor del año 2050, colapsando las finanzas públicas. México debe encontrar la forma para que más personas se incluyan en la seguridad social a través de una pensión digna que les permita subsistir por cuenta propia.

De igual forma es necesario que el Instituto Mexicano de la Juventud diseñe y difunda campañas que estimulen el ahorro voluntario entre los jóvenes, señalando la importancia de pensar en una estabilidad económica en la vejez, destinando la mayor cantidad de recursos posibles.

Así la Iniciativa pretende incidir en un problema futuro, una posible crisis derivada de la precariedad laboral, visibilizando y motivando a las Instituciones responsables a identificar áreas de oportunidad y encontrar soluciones.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Iniciativa

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. XI.-…

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;


XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. XI.-…

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral, incluyendo el acceso a la seguridad social y el ahorro para el retiro, previniendo la precariedad laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión, vivienda, derechos laborales, acceso a la seguridad social y ahorro para el retiro.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman las fracciones XII y XIII del Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. XI.-…

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral, incluyendo el acceso a la seguridad social y el ahorro para el retiro, previniendo la precariedad laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión, vivienda, derechos laborales, acceso a la seguridad social y ahorro para el retiro.;

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

Bibliografía:
Lamas, M. (2002). Cuerpo: diferencia sexual y género. México: Taurus.Mendoza, J. C., & Garcia, K. B. (2009). Discriminación salarial por género en México. Prob. Des., 40(156), 78-99.

1 Estudios de la OCDE, sobre los sistemas de pensiones México, 2015, disponible en:
https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/OECD-Review-Pension-Systems-Mexico-Highlights-ESP.pdf

2 Encuesta de Trayectorias Laborales 2015, Consar México, 2016, disponible en:
https://www.gob.mx/consar/documentos/encuesta-de-trayectorias-laborales

3 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, INEGI, 2017, disponible en :
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf

4 Oliveira, Orlandina de; Jóvenes y Precariedad Laboral en México, Papeles de Población, Vol. 12 No. 49, julio – septiembre 2006. Pp. 37 – 73, UAEM, Toluca, Estado de México.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora De la Torre Valdez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 constitucional, en materia de economía social y solidaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco)

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y Senadores:

La economía deber servir a los seres humanos y no los seres humanos a la economía. A las y los mexicanos se nos han pedido sacrificios económicos sin fin para lograr una economía de apertura a los mercados internacionales.

¿Cuándo estos últimos gobiernos federales se han puesto verdaderamente al servicio de los sectores más vulnerables y han sacrificado algo de su visión de libre mercado?

Hoy prácticamente se ha caído el Tratado de Libre Comercio. Debemos voltear hacia nuestro país e impulsar las economías locales y fomentar la solidaridad y la comunidad.

En México, las raíces históricas de la organización comunitaria tienen su origen en las sociedades indígenas.

En la reforma constitucional que proponemos, que modificaría el artículo 25, se parte del siguiente supuesto: tanto el cooperativismo como otras formas de organización económica y social son indispensables para el desarrollo nacional y es urgente y necesario poner al día el derecho de las y los mexicanos a organizarse económicamente con una vocación social solidaria, cooperativista y comunitaria. Para lo anterior, es estrictamente necesario que estas figuras de la economía social se reconozcan como “de interés nacional y estratégicos” para el desarrollo del país, con el fin de promover el desarrollo económico y social de nuestro país.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta nuestra economía nacional y que hacen indispensable que se impulse un modelo de economía solidaria como estrategia para lograr un proceso de democratización económica?

Deuda creciente, bajo crecimiento y recortes al gasto social han caracterizado la política económica de México durante los últimos años.

Para 2017 la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público ha recortado de 2.26 por ciento, a 1.72 por ciento el crecimiento del Producto Interno Bruto. El mismo sector privado ha manifestado su desconfianza ante una posible evolución positiva de la economía mexicana en 2017.

Esta expectativa de crecimiento que sostenía en 2013 el gobierno federal no sólo ha resultado equívoca, también ha sido dolorosamente acompañada de un incremento a la corrupción a gran escala por parte de autoridades y gobernadores en que se advierte un escandaloso despilfarro de recursos públicos, mientras la economía de millones de mexicanas y mexicanos se precariza y se incrementan las desigualdades tanto económicas como sociales. La tasa de corrupción que el país está pagando es altísima y destruye las mismas bases de la economía nacional.

Los estados del sur y centro del país, que son los que presentan el más alto grado de rezago social, con un estancamiento económico estructural, son también los más afectados por esta crisis económica que parece de gran alcance.

Por lo anterior, y como Senador por el estado de Michoacán, tengo la obligación política y moral de presentar esta reforma al artículo 25 de nuestra Carta Magna para estimular el crecimiento y desarrollo de las cooperativas y de otras forma de organización, producción y consumo de la economía social, así como para impulsar que estas mismas figuras económico-sociales generen beneficios en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. El Estado mexicano, los gobiernos de todos niveles se deben comprometer con el crecimiento económico de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como de comunidades vulnerables, económica y socialmente.

¿Cuál es la gran preocupación, por ejemplo, tanto de los habitantes de muchos municipios de Michoacán y de otros estados, en particular de las y los mexicanos en general? Que las pequeñas y medianas empresas del Estado sigan desvinculadas de otros mercados actuales y potenciales, que no haya esa derrama económica tan prometida y que tampoco se genere inversión por parte de los grandes inversionistas, que se siga excluyendo a los estados más vulnerables de la construcción de infraestructura, que los salarios sean castigados nuevamente; que no haya una redistribución importante de la riqueza y que la mano de obra barata sea el nexo principal entre sociedad y los grandes capitales invertidos; que no se genere el deseado desarrollo regional y local.

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reconoce en la inversión extranjera un papel principal para el desarrollo, pero también ha manifestado que deben implementarse políticas de regulación y vigilancia para que este mismo desarrollo sea incluyente con empresas regionales, sociedades locales y que también sea explícita la estrategia de integración económica de la región.

Debemos transitar de una economía de castigo a las y los mexicanos, basada en los ajustes estructurales que en realidad a quien castigan económicamente es a la sociedad mexicana, mediante la reducción del gasto social, a una economía solidaria. El Estado mexicano debe reorientar su papel como el principal actor responsable del desarrollo económico y estimular la articulación municipal, estatal, nacional e internacional de estados como Michoacán, entre muchos otros.

El Estado mexicano debe recuperar su capacidad de intervenir positivamente en la política económica en todos sus niveles, estimulando la articulación entre municipios, estados y Federación, con plena convicción de establecer un nuevo pacto redistributivo que privilegie tanto el incremento del gasto social y su plena racionalidad bajo un modelo de economía social y solidaria.

Para esto, se le deben dar capacidades al Estado mexicano para que la misma ley lo mandate a cumplir con las responsabilidades de construir un orden económico redistributivo, que también genere inversión, infraestructura y productividad en economías con vocación solidaria, comunitaria y de abasto popular. El Estado mexicano debe ser responsable de establecer una relación de crecimiento económico entre las economías locales y regionales, esto es para ampliar e integrar el mercado interno nacional.

Así, esta reforma al artículo 25 constitucional que hoy proponemos, tiene como eje la creación un mecanismo y herramienta jurídica, en las obligaciones del mismo Estado mexicano, para pasar de una economía de castigos a la sociedad mexicana, a una economía de solidaridad y justicia redistributiva, es decir, democratizar la economía nacional sin “repliegues proteccionistas” ni nacionalismos deformantes, pero que fortalezca tanto al mercado interno como la inserción de economías regionales y estatales a los mercados internacionales.

El artículo 25 constitucional determina la rectoría económica del Estado, la exclusiva conducción de la economía nacional por parte de éste, así como el respeto a los derechos individuales y sociales consagrados en la misma Carta Magna. Estipula también los fundamentos y las reglas que definen a nuestra economía nacional como “mixta”, sin establecer un sistema rígido de relaciones económicas, pero privilegiado el desarrollo económico siempre con responsabilidad y vocación sociales, lo mismo para los sectores tanto público, social y privado.

Este “mejoramiento económico”, con responsabilidad social, tiene como marco actual una etapa de globalización económica en el que debe redefinirse lo que se entiende por “economía social”. Es así que el cooperativismo y las distintas formas de organización económica con vocación solidaria y comunitaria han entrado en una fase de desafios ante las crisis estructurales y cíclicas de las economías tanto nacional como mundial.

Joseph Stiglitz, Premio Nacional de Economía 2001, mencionó en la Tercera Cumbre de Cooperativas, en Quebec, Canadá, celebrada en marzo de 2017, que la economía mundial será volátil en el futuro, y que “las cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar estos riesgos”. El Premio Nobel también aseguró que en la próxima década las cooperativas serán “la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que fomenta la desigualdades. Las medidas que hemos tomado han llevado no solamente a una mayor desigualdad, sino también a un desaceleración del crecimiento, con más inestabilidad y un deterioro desempeño económico”. Esas son sus palabras.

Por lo anterior, proponemos la modificación al artículo 25 de nuestra Carta Magna para que la actividad económica del sector social, es decir, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, sean considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país, esto bajo los principios de una economía social, solidaria y de vocación redistributiva de la riqueza.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito  someter a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de nuestra historia contemporánea es posible identificar una fuerte tendencia de la sociedad mexicana hacia formas de organización económica solidarias y/o comunitarias, que colocan en primer lugar el interés general y no el enriquecimiento de un sector determinado.

La primera cooperativa mexicana la fundan tejedores de rebozos el 4 de noviembre de 1872, se hizo llamar Cooperativa Unión Progreso; su objetivo era eliminar a intermediarios que se llevaban la mayor parte de las ganancias y del beneficio de su trabajo. Los primeros esfuerzos cooperativistas privilegiaron el consumo por encima de la comercialización de sus productos. El primero taller cooperativista fue el del Círculo Obrero de México, que se fundó el 16 de septiembre de 1873, en Tlalpan. Fue en 1882 que se fundó la primera cooperativa de crédito en el puerto de Veracruz.

Ya en 1929, el 1 de octubre, se inaugura el Primer Congreso Cooperativista Nacional, en Tampico, al cual asisten cinco mil delegados de todo el país y en el cual se crea el Departamento Autónomo de Fomento Cooperativo, así como el Consejo Técnico de Cooperativas. En la Constitución de 1917, en su artículo 123, el cooperativismo es considerado de “utilidad social”; y en el 28 se define a las sociedades cooperativas como de “interés general” y “no monopólicas”. Así, la primera Ley General de Sociedades Cooperativas se aprueba en diciembre de 1926; se publica el10 de febrero de 1927. En 1933 se aprueba la Ley Cooperativa y Lázaro Cárdenas del Río impulsa otra Ley de Cooperativa en 1938.

El cooperativismo en México proviene de mediados del siglo XIX, se transforma en un derecho social en el siglo XX, así como una figura de vital importancia en el desarrollo económico de nuestro país, tanto así que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo reconoce, así como a otras figuras de la economía social, como los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y “todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”, como parte de una economía mixta y de los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos.

Además, en México, las raíces históricas de la organización comunitaria tienen su origen en las sociedades indígenas y en sus economías, esto antes de la llegada de los conquistadores. Tal y como afirma la historiadora Alicia M. Barabas, en su investigación “El trabajo comunitario en las poblaciones indígenas actuales”: “el trabajo comunitario es uno de los pilares de los sistemas normativos que integran la ´costumbre´. Se muestran las diversas formas de trabajo colectivo, todas ellas sustentadas en las relaciones de reciprocidad”.

En la reforma constitucional que proponemos, que modificaría el artículo 25, se parte del siguiente supuesto: tanto el cooperativismo como otras formas de organización económica y social son indispensables para el desarrollo nacional y es urgente y necesario poner al día el derecho de las y los mexicanos a organizarse económicamente con una vocación social solidaria, cooperativista y comunitaria. Para lo anterior, es estrictamente necesario que estas figuras de la economía social se reconozcan como “de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país”, con el fin de promover el desarrollo económico y social de nuestro país.

¿Cuál son los desafíos que enfrenta nuestra economía nacional y que hacen indispensable que se impulse un modelo de economía solidaria como estrategia para lograr un proceso de democratización económica?

Deuda creciente, bajo crecimiento y recortes al gasto social han caracterizado la política económica de México durante los últimos años. En diciembre de 2013, el Gobierno Federal afirmaba: “Las propuestas de reforma que se encuentran en discusión en el H. Congreso de la Unión (la energética y la financiera), la Reforma Social y Hacendaria que acompaña al Paquete Económico 2014, al igual que las aprobadas en materia de telecomunicaciones, educación y mercado laboral, tienen la capacidad de incrementar, de manera sostenida, el potencial de crecimiento de la economía. Se estima que este conjunto de reformas podría aumentar el crecimiento potencial de la economía mexicana de cerca de 3.5 por ciento a 5.4 por ciento en el mediano plazo. El crecimiento adicional que se tendría entre 2015 y 2019 podría traducirse en una generación adicional de más de 300 mil empleos formales por año, por lo que ésta superaría el millón de plazas anuales”.

Para 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recortado de 2.26% a 1.72% el crecimiento del PIB. El mismo sector privado ha manifestado su desconfianza ante una posible evolución positiva de la economía mexicana en 2017. La incertidumbre económica y el aumento en la brecha de desigualdades sociales y económicas es lo que distingue a este último tramo del actual sexenio.

Esta expectativa de crecimiento que sostenía en 2013 el Gobierno federal no sólo ha resultado equívoca, también ha sido dolorosamente acompañada de un incremento de la corrupción a gran escala por parte de autoridades y gobernadores en el que se advierte un escandaloso despilfarro de recursos públicos, mientras la economía de millones de mexicanas y mexicanos se precariza y se incrementan las desigualdades tanto económicas como sociales. La tasa de corrupción que el país está pagando es altísima y destruye las mismas bases de la economía nacional.

Los estados del sur y centro del país, que son los que presentan el más alto grado de rezago social, con un estancamiento económico estructural, son también los más afectados por esta crisis económica que parece de gran alcance.

Por lo anterior, y como Senador por el estado de Michoacán, tengo la obligación política y moral de presentar esta reforma al artículo 25 de nuestra Carta Magna para estimular el crecimiento y desarrollo de las cooperativas y de otras formas de organización, producción y consumo de la economía social, así como para impulsar que estas mismas figuras económico-sociales generen beneficios en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. El Estado mexicano, los gobiernos de todos niveles, se deben comprometer con el crecimiento económico de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como con comunidades vulnerables económica y socialmente.

Por ejemplo, en términos generales, en las últimas décadas, el municipio de Lázaro Cárdenas no ha podido superar la también relativa desarticulación respecto a otras zonas del estado y a estados vecinos, y muchos menos constituirse en un motor de gran alcance para el desarrollo, a pesar de sus múltiples ventajas geoeconómicas como lugar estratégico respecto a los mercados internacionales.

Ha sido muy débil el enlace de actividades económicas; en este municipio es observable la segmentación social y territorial a pesar de la industrialización del Puerto y de la zona urbana: hay empresas de gran magnitud con actividad metalúrgica y mecánica que están integradas a los mercados internacionales, pero esto no ha logrado integrar en los últimos tres ciclos de inversión económica al resto de la población de la región costera y mucho menos del interior del estado.

¿Cuál es la gran preocupación tanto de los habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas en particular, y de las y los michoacanos en general? Que tanto las pequeñas y medianas empresas del estado sigan desvinculadas de otros mercados actuales y potenciales, que no haya esa derrama económica tan prometida y que tampoco se genere inversión por parte de los grandes Inversionistas, que se siga excluyendo al estado de la construcción de infraestructura, que los salarios sean castigados nuevamente; que no haya una redistribución importante de riqueza y que la mano de obra barata sea el nexo principal entre sociedad y los grandes capitales invertidos; que no se genere el deseado desarrollo regional y local.

En aquellas regiones donde el pacto social es más débil y la precariedad de la vida se ha profundizado, ¿por qué no establecer mecanismos abiertamente redistributivos si el objetivo es también disminuir la pobreza y propiciar el desarrollo?

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reconoce en la inversión extranjera un papel principal para el desarrollo, pero también ha manifestado que deben implementarse políticas de regulación y vigilancia para que este mismo desarrollo sea incluyente con empresas regionales, sociedades locales y que también sea explícita la estrategia de integración económica de la región.

Seguimos viviendo bajo el modelo de “economías de enclave” del siglo XIX. Empresas extranjeras adquieren amplios territorios a precios muy bajos, contratando mano de obra sumamente barata para invertir en un bien de exportación o en alguna riqueza natural que extraerían sistemáticamente sin involucrar en sus beneficios a los mercados locales; es decir, no diversifican la producción ni elevan la capacidad de producción hacia otros sectores de la economía que no sean los estrictamente ligados a actividades primarias de extracción de riqueza; acentúan la dependencia económica de países como México, sin contar con verdaderos contrapesos jurídicos ni con grandes empresas comprometidas socialmente que transfieran permanente estos valores y riquezas a su propio país.

Debemos transitar de una economía de castigo a las y los mexicanos, basada en los ajustes estructurales que en realidad a quien castigan económicamente es a la sociedad mexicana, mediante la reducción del gasto social, a una economía solidaria. El Estado mexicano debe reorientar su papel como el principal actor responsable del desarrollo económico y estimular la articulación municipal, estatal, nacional e internacional de estados como Michoacán.

El Estado mexicano debe recuperar su capacidad de intervenir positivamente en la política económica en todos sus niveles, estimulando la articulación entre municipios, estados y federación, con plena convicción de establecer un nuevo pacto redistributivo que privilegie tanto el incremento del gasto social y su plena racionalidad bajo un modelo de economía solidaria.

Para esto, se le deben dar capacidades al Estado mexicano para que la misma Ley lo mandate a cumplir con la responsabilidad de construir un orden económico redistributivo, que también genere inversión, infraestructura y productividad en economías con vocación solidaria, comunitaria y de abasto popular. El Estado mexicano debe ser responsable de establecer una relación de crecimiento económico entre las economías locales y regionales, esto para ampliar e integrar el mercado interno nacional.

México es víctima del veredicto económico que muy bien ha descrito Thomas Piketty en su célebre libro El capital en el siglo XXI: “Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso –lo que sucedía hasta el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI–, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”.

Las extraordinarias ganancias de unas cuantas empresas y de un sector económico privilegiado no se han transformado en mayor productividad y un mejor ingreso para los mexicanos. Es hora, como lo dice también Piketty, de que “la democracia y el interés general logren retomar el control” de la economía y del destino de millones de seres humanos.

Así, este reforma al artículo 25 constitucional tiene como eje la creación de un mecanismo y herramienta jurídica, en las obligaciones del mismo Estado mexicano, para pasar de una economía de castigos a la sociedad mexicana a una economía de solidaridad y justicia redistributiva, es decir, democratizar la economía nacional sin “repliegues proteccionistas” ni nacionalismos deformantes, pero que fortalezca tanto el mercado interno como la inserción de economías regionales y estatales en los mercados internacionales.
El artículo 25 constitucional determina la rectoría económica del Estado, la exclusiva conducción de la economía nacional por parte de éste, así como el respeto de los derechos individuales y sociales consagrados en la misma Carta Magna. Estipula también los fundamentos y las reglas que definen a nuestra economía nacional como “mixta”, sin establecer un sistema rígido de relaciones económicas, pero privilegiando el desarrollo económico siempre con responsabilidad y vocación sociales, lo mismo para los sectores tanto público, social y privado.

El concepto legal de “áreas prioritarias” lo podemos encontrar en el Artículo 6 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el cual dice:

ARTICULO 6o.- Para los efectos de esta Ley, se consideran áreas estratégicas las expresamente determinadas en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Se consideran áreas prioritarias las que se establezcan en los términos de los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución, particularmente las tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares.

Esta reforma que proponemos obedece al espíritu que define este artículo en lo que se refiere a la “satisfacción de los intereses y bienes nacionales”, como también se puede entender que fortalece y amplía los argumentos con los que, el 3 de febrero de 1983, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 25, cuyo objetivo era precisamente estimular y alentar tanto cooperativas como organizaciones de trabajadores que actúen con responsabilidad social:

“El Artículo 25 propuesto indica que la rectoría del Estado se realizará, de manera fundamental, a través del proceso de planeación, cuyo impulso se inicia en las áreas estratégicas y las actividades prioritarias, con la participación de los sectores sociales, en los términos delimitados por la propia norma primaria. El concurso de todas las fuerzas productivas del país queda así establecido y orientado bajo criterios de equidad social. Las organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades y otras formas de participación recibirán, a través de la ley, estímulo y aliento, junto con los particulares y sus empresas en la medida que éstos se responsabilicen con el interés público y actúen con responsabilidad social.”

Además, el Artículo tercero constitucional define a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Este “mejoramiento económico” con responsabilidad social tiene como marco actual una etapa de globalización económica en el que debe redefinirse lo que se entiende por “economía social”. Es así que el cooperativismo y las distintas formas de organización económica con vocación solidaria y comunitaria han entrado en una fase de desafíos ante las crisis estructurales y cíclicas de las economías tanto nacional como mundial; hoy más que nunca debemos fortalecerlos.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, ha mencionado, en la Tercera Cumbre de Cooperativas en Quebec, Canadá, celebrada en marzo de 2017, que la economía mundial será volátil en el futuro y que “las cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar esos riesgos”. El Premio Nobel también aseguró que en la próxima década las cooperativas serán “la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que fomenta las desigualdades… Las medidas que hemos tomado han llevado no solamente a una mayor desigualdad, sino también a una desaceleración del crecimiento, con más inestabilidad y un deterioro del desempeño económico”, esto en una crítica al modelo económico actual que se conoce como “neoliberalismo”.

Esto implica que en los próximos años se impulsarán reformas a diferentes ordenamientos tanto constitucionales como de leyes secundarias que tenderán a buscar un equilibrio entre las leyes de inversión extranjera, que privilegian el lucro y las ganancias de unas cuantas empresas, y modelos de economías solidarias y de raíz comunitaria.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Asamblea el siguiente:

DECRETO

Por el cual se reforma el contenido del artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 25.

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, los cuales serán considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país.

Estas formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, son reconocidas, en esta Constitución, como áreas prioritarias del desarrollo nacional. La ley impulsará y alentará la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios bajo el principio de una economía social solidaria y de vocación redistributiva de la riqueza.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Raúl Morón Orozco.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senador Morón Orozco.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Beristain Navarrete.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Quisiera felicitar al Senador Morón por tan excelente iniciativa, y quería pedirle si me permite sumarme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Morón, ¿acepta usted?

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Sí, con gusto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado. La Senadora Lorena Cuéllar también.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Rabindranath Salazar, ¿para el mismo propósito?

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Sí.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado, Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario.

Este dictamen se presenta en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio 211/2013, por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California, que ordenó la reposición del trámite iniciado con la propuesta del Ejecutivo Federal. Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA;
Y DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias. Aprobado el dictamen. Se instruye a la Dirección Jurídica de esta Cámara a notificar el contenido del dictamen y la resolución de la Asamblea para constancia de la sentencia dictada en el Amparo 211/2013, de conformidad con lo que prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Colegio de Abogados de Toluca, Estado de México, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

El Senado de la República expresa un gran beneplácito por su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Compañeros Senadores, como es de su conocimiento, el pasado 27 de abril este Pleno aprobó el Acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y designó a la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, como Presidenta del Órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un nuevo periodo de cuatro años.

Debido a que en esa fecha concluyó el periodo de sesiones de esta Cámara, no fue posible tomar la protesta a la Comisionada Presidenta. Este día procederemos a cumplir con el acto formal de su protesta.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, por lo que le solicito a las Senadoras y a los Senadores Héctor Larios Córdova, José Ascención Orihuela Bárcenas, Ana Gabriela Guevara, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Gerardo Flores Ramírez y José de Jesús Santana García, la inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Le solicitamos a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Ciudadana Alejandra Palacios Prieto, en la sesión del 27 de abril del año en curso, el Senado de la República la designó Presidenta del órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, el día de hoy la hemos convocado para que acuda a rendir la protesta a este nuevo cargo.

En consecuencia, le consulto, ciudadana Alejandra Palacios Prieto: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Presidenta del Órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, para un nuevo periodo de cuatro años, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Alejandra Palacios Prieto: ¡Sí, protesto!

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Presidenta Palacios Prieto!

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su cargo, y solicito a la comisión designada acompañe a la señora Presidenta cuando desee retirarse del salón.

Continuamos con la discusión de dictámenes.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Federalismo que contiene punto de Acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, aprobado el 31 de enero. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta. Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.

En virtud de no existir oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta al Congreso del estado de San Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo, con punto de Acuerdo por el que queda sin materia la proposición que exhorta al Congreso del estado de Campeche a resolver favorablemente la iniciativa de Decreto para que se autorizara al municipio del Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos bancarios. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo, con punto de Acuerdo por el que queda sin materia la proposición que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a los 60 municipios del mismo. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta.

Solamente para hacer un comentario, dado que pocas veces las comisiones dictaminan los puntos de Acuerdo.

Que en este caso, el 25 de abril, presenté aquí, como integrante del Partido del Trabajo ante este Honorable Senado, la solicitud para que esta proposición con punto de Acuerdo se turnara para llamar la atención del gobernador del estado de Tlaxcala, refiriendo que así, en días de funciones de la actual administración, el gobernador no había tenido acercamiento alguno con la ciudadanía ni con los municipios de la entidad para dar a conocer los lineamientos que permitan elaborar sus respectivos programas de gobierno, así como la estructura y contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, lo que genera incertidumbre a los ayuntamientos de la entidad.

Los ayuntamientos no podían aprobar sus planes municipales de desarrollo en el seno de sus cabildos ya que, de hacerlo, estarían incumpliendo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Municipal de la entidad, disposición que a la letra dice:

“Los ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, este programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo”.

Lo anterior dejaba en estado de indefensión a los municipios para alinear sus respectivos planes con el estatal, además de que también es un requisito para la recepción de la primera cuenta pública, correspondiente al primer trimestre del año en curso de cada ayuntamiento que debe presentar al órgano de fiscalización superior del estado, plazo que vencía el 30 de abril del presente año.

Y en caso de no presentarla, de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala y sus municipios, los presidentes municipales y tesoreros, se harían acreedores a una multa económica.

Por último, esta proposición tenía la finalidad de que el Ejecutivo del estado tomara conciencia y voluntad política sobre este tema y que apoyara a los municipios de la entidad a cumplir con los requerimientos que establece la ley de la materia.

Por ello, bien dice la comisión dictaminadora, del 21 de junio del 2017, o sea, hace casi tres meses que esto ya se resolvió por sí solo en el estado de Tlaxcala.

Solamente eso y desde luego votaremos en favor de que sea negativo, porque ya no tiene materia de ser.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Palafox.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar a los Estados Unidos de América. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el dictamen que acaba de dar lectura la Secretaría.

Se inserta la intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulto si alguien quiere hacer uso de la palabra. En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen presentado.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el dictamen. Comuníquese. La Senadora Guerra nos avisará cuando esté lista para pasar.






Pasamos a la discusión del segundo dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense, por atentar contra los derechos humanos de los migrantes. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias. En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a mandatar a las áreas de protección de los 50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de la Orden Ejecutiva Presidencial publicada por el Presidente Donald Trump. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.

Y, en efecto, este punto como fue presentado ya hace tiempo y se liga mucho con el anterior de la presidenta Marcela Guerra.

Yo quisiera complementar alguna parte de la argumentación de lo que estamos viendo en este momento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en materia energética, porque es muy probable que en los próximos meses ocurra una nueva reforma energética, derivada de los acuerdos que se están tomando en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio.

El gobierno, las empresas y el capital financiero de Estados Unidos ven a México ya no sólo como un suministrador seguro y confiable del petróleo, una visión que prevaleció a lo largo de muchos años, sino también ahora quieren un mercado seguro para sus productos.

Los Estados Unidos quieren tener un mayor acceso al mercado energético de México, más garantías, más protecciones, y prácticamente homologar nuestras leyes mexicanas a las leyes norteamericanas.

A la vista de lo que está ocurriendo, no puedo más que concluir que se está gestando una nueva reforma energética que profundizará la liberalización y la privatización de la energía en nuestro país.

La presión para una nueva reforma viene de afuera, de Estados Unidos, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde La Casa Blanca ha incluido el tema de energía, con dedicatoria exclusiva para México.

La presión también es interna, de los intereses creados, de aquellos que ya entraron al negocio energético y quieren mayores garantías a las que se les está otorgando en los contratos; pero también los propios funcionarios mexicanos están empeñados en desmantelar a Pemex y CFE y terminar con el papel empresarial del Estado en el sector energético.

Mientras se lleva a cabo la renegociación del Tratado, el gobierno trabaja a marchas forzadas para hacer irreversible la reforma de 2013, pero va más allá. La administración va por nuevas reformas de segunda generación, esto sin dejar de aprovechar la primera reforma para extender al máximo la privatización.

Quieren consolidar lo que han logrado, pero de ser posible, ir más allá. La renegociación del Tratado de Libre Comercio les brinda la oportunidad de ampliar y profundizar las reformas de mercado, la consigna es privatizar todo lo que se pueda antes de que termine el actual gobierno.

Esta conclusión se deriva del estudio de al menos cuatro documentos que todos debemos de leer:

La agenda de Trump para el sector energético mexicano, que fue entregada al Congreso, al Senado de Estados Unidos.

La agenda de las petroleras en el TLCAN.

La actitud del gobierno frente a Donald Trump y las petroleras;

Y el avance en la implementación de la reforma energética de 2013.

De Donald Trump, en los objetivos que propone en materia de energía son muchos, pero diré algunos:

Propone la protección y la ampliación de las inversiones estadounidenses en México, así como el acceso al mercado energético mexicano sin ninguna restricción.

Promover nuevas reformas de mercado que abran más el sector energético de México.

Establecer más reglas que reduzcan o eliminen los obstáculos a las inversiones de los Estados Unidos en México.

Garantizar que los derechos en línea con los principios y la práctica jurídica con los Estados Unidos, dicho de otro modo, que no se respete la Constitución ni las leyes mexicanas, sino estén en línea con las leyes estadounidenses.

Obtener compromisos por parte de México en materia regulatoria que faciliten el acceso a los mercados energéticos.

Promover la mayor compatibilidad entre las regulaciones de ambos países; es decir, hacer que México aplique las leyes de Estados Unidos acá.

Otro que se llama disciplinar a Pemex y a CFE, aplicando reglas asimétricas para ir achicando velozmente a Pemex y a CFE.

Cambiar el régimen jurídico de Pemex y de CFE para que los derechos de propiedad se ejerzan a través de una participación accionaria, es decir, privatizar más rápido a Pemex y a CFE vía la Bolsa de Valores.

Eliminar los subsidios otorgados a Pemex y a CFE por parte del gobierno e impedir que las empresas públicas sean utilizadas para otorgar subsidios a la población o a sectores nacionales.

Garantizar una regulación imparcial para todas las empresas públicas y privadas, ello implicaría una regulación asimétrica aplicada contra Pemex y CFE, de tal manera de que todos los países que tienen petróleo, pues defienden a sus petroleras. Aquí se está haciendo exactamente lo contrario.

Posibilitar a Pemex y a CFE que sean llevadas a juicio a las cortes estadounidenses.

Dejar que Pemex y CFE únicamente presten servicios públicos en todas las actividades que sean incosteables o que no quiera realizar el sector privado, entre muchas más.

Hay toda una lista de solicitudes que piden las petroleras entregadas ya a la comisión, pero aquí lo importante es qué propone el gobierno mexicano.

Y lejos de rechazar las pretensiones de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha hecho suya la agenda y la propuesta de La Casa Blanca.

Propone la modernización del Ttratado, brinda la oportunidad de ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuarlos al siglo XXI.

Estados Unidos le exige a México no tocar las inversiones estadounidenses realizadas, es decir, preservar y fortalecer esas inversiones; tener un mayor acceso a los mercados y continuar con la apertura de las reformas.

El gobierno mexicano le responde diciendo que una de sus prioridades será actualizar el alcance de las disposiciones en materia de energía.

Estados Unidos exige a México nuevas prácticas regulatorias, y que se comprometa a facilitar el acceso al mercado y a promover mayor compatibilidad de las regulaciones mexicanas con las estadounidenses. En respuesta el gobierno mexicano dice: que una de sus prioridades será promover las buenas prácticas en el proceso de planeación, emisión, implementación y revisión de las regulaciones; una nueva reforma energética.

A Estados Unidos le urge a México que en materia de contratación pública, establezca reglas que obliguen a que las compras de gobierno mexicano se priorice a Estados Unidos. Eso significa que ya no le compraría a Pemex y a CFE, sino que le compraría el gobierno mexicano a Estados Unidos.

Estados Unidos le exige a México disciplinar a las empresas públicas en clara alusión a Pemex y a CFE. Y el gobierno mexicano le responde diciendo: que una de sus prioridades será consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado para que les permitan una operación comercial especial.

A Estados Unidos le urge que se constituyan empresas públicas, pero de participación accionaria minoritaria en relación a las acciones mayoritarias privadas.

Y el gobierno mexicano responde diciendo: que una de sus prioridades será consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado que les permitan una operación comercial en la bolsa, etcétera.

Hay también una serie de aspectos que prohíben.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Padierna, permítame, por favor.

Senadora Guerra, ¿con qué objeto?

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Simple y sencillamente para buscar que la oradora se constriña al tema del tercer dictamen en comento, que ella misma promovió, y que en este momento está tocando un tema que no tiene nada que ver con el resolutivo del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Porque ese ya se abordó, y ya se votó, por todos, entonces.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Estamos ya en tiempo  sobrepasado.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Ya nada más me faltan dos aspectos, señora Presidenta, si usted me permite, dos minutos.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Termine usted.

La Senadora Dolores Padierna Luna: En fin, están pidiendo también que no se le den más subsidios que la CFE, que la CFE ya no dé subsidios, y pareciera que entonces las tarifas eléctricas en agricultura, en bombeo de agua y otras cosas más, podrían eliminarse.

Mientras tanto, la privatización continúa, llevamos 70 contratos de exploración y producción que involucran 66 compañías petroleras; 30 contratos en proceso de licitación; 3 licitaciones adicionales y, por todo esto, se solicita la presencia del Secretario de Energía, y de los Presidentes de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que vengan a informar todo lo que están acordando sin informar al Congreso ni al pueblo mexicano sobre las negociaciones en materia energética en el Tratado de Libre Comercio.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Padierna.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tiene la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, para la presentación de los cinco dictámenes como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Bueno, pues venimos a presentar tres dictámenes en positivo, los cuales los presento a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

El primer dictamen se refiere a un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los migrantes fallecidos durante los primeros tres meses del año 2017, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

Ustedes saben el viacrusis que pasan nuestros connacionales, cómo se han endurecido las medidas de control migratorio en Estados Unidos, así como la persistencia de organizaciones criminales que se benefician del tráfico de personas. Esto coloca en una situación de vulnerabilidad a estas personas.

A esos dos hechos se suma el incremento en el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias y en contra de todos nuestros connacionales.

Los riesgos para llegar a Estados Unidos se han aumentado y con ello el número de muertes de todos aquellos que intentan cruzar la frontera para alcanzar el sueño americano.

Es por esta razón que al tiempo de expresar nuestra profunda preocupación por esta situación, se propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, fortalezcan las estrategias de atención e información respecto a los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas en su intento de cruce a los Estados Unidos de América.

El segundo dictamen, aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, se refiere a las declaraciones y políticas abiertamente antiinmigrantes que han caracterizado a lo largo de este tiempo a la administración del Presidente Trump.

Como ustedes saben, el martes negro para los jóvenes, además la historia de todos los DACA que son más de 660 mil jóvenes, pero en este sentido, en este primer resolutivo hemos resuelto que el Senado de la República se una a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense, que además persiste, compañeras y compañeros, ustedes pueden constatarlo en los medios de televisión, en los medios escritos, la forma en que el Presidente Trump ha dividido a su país.

Ha dividido basado en continuar con los discursos de odio, con los discursos divisorios racistas y xenófobos.

Así pedimos votar a favor de estos dos dictámenes, y un tercer dictamen que es al que se refería la Senadora Padierna que, por supuesto, no tenía nada que ver con el dictamen que ella misma promovió.

Pero bueno, aprovechó ciertamente para posicionar algunos temas de su interés.

Este tercer dictamen está siendo puesto a consideración de esta Soberanía, y se refiere a la aprobación de un resolutivo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mandate a las áreas de protección de los 50 consulados, por supuesto de Estados Unidos, a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las cortes de distritos federales el recurso de habeas corpus, es decir, una especie de amparo en contra de la Orden Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el que el Presidente Trump, a fin de evitar la violación de sus derechos humanos, esto fue presentado por Trump; sigue habiendo una serie de tipos de argumentación ante la Corte, precisamente hace poco un connacional, joven, se dio a la tarea de demandar al Presidente Trump.

Y ante esta situación de deportaciones en curso, misma que pudiera agravarse, vale la pena que se utilicen todos los recursos legales posibles para la defensa de los mexicanos.

Cabe además decir, que este Senado de la República, a través de la Operación Monarca, en su momento tuvo a bien hacer una gestión con el señor Presidente de la República directamente para asignar 50 millones de dólares a toda la Red Consular para la protección de nuestros connacionales.

Pido se voten a favor estos tres dictámenes.

Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, Senadora Marcela Guerra.

Nos visitan alcaldesas de Gran Morelos, Carichí, Valle de Zaragoza y Casas Grandes, del estado grande, del estado de Chihuahua; ellas son invitadas del Senador Patricio Martínez García.

¡Bienvenidas, señoras presidentas municipales!






Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte de México. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.

Al no haber lista de oradores, consulte la Secretaría, perdón.

Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Senadora Ortiz. Yo me quedo extrañado por cómo está redactado el resolutivo primero de este dictamen: “Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rechaza”.

¿Habrá razones para que el Senado de la República no deseche este punto de Acuerdo, donde se pretendía protestar, rechazar la construcción del muro?

Yo le pediría a la presidenta de la comisión, que es la Senadora Marcela Guerra, nos dé las razones que tuvieron para que se deseche esta propuesta con punto de Acuerdo.

Ni sé de quién es, ni sé de quién es la propuesta.

Pero aprobado así, yo no encuentro forma de entender que nuestro Senado deseche una propuesta en la que se rechaza la construcción del muro fronterizo.

No sé si tenga voluntad la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, de subir a tribuna y explicarnos las razones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Hay algún comentario por parte de la comisión?

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Sí, claro.

Esto tiene que ver, primero, porque esa decisión, la proposición de que se solicite un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América.

Dicho informe ya se remitió y además es de todos conocido, para ilustrar no sólo aquí a la Asamblea, sino además al señor Senador, de que se asignaron ya en tiempo y forma, que son los recursos extraordinarios que se solicitaron para la protección consular.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Eso es materia del siguiente dictamen.

Aquí lo que se está votando es un dictamen que parece no tener importancia, pero yo creo que la forma en como está redactado no es la mejor, como para que se establezca que se deseche un punto de Acuerdo por el cual se pedía que el Senado se pronunciara en contra de la construcción del muro.

No veo lógica. Yo, en todo caso, sin estar en contra, creo que hay una formulación inadecuada de este resolutivo.

No sé, lo pongo a consideración de la propia comisión, con todo respeto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Tiene alguna propuesta?

Vamos a retirar el dictamen, en tanto platicamos con la señora Presidenta.

Vamos a seguir con el siguiente dictamen para ver cómo resolvemos este tema.

Senador Manuel Cárdenas, ¿para el mismo motivo?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Sí.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Adelante, por favor.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Lo que escucho de nuestro compañero Barbosa, es que es un acuerdo para la no construcción del muro.

Pues el muro ya está construido. En todo caso que fuera para la destrucción del muro. El muro ya está construido. Entonces, no entiendo, en cualquier evento, y si nos fuéramos al derecho positivo mexicano, estaría sobreseída la petición.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Cárdenas. Se ratifica la disposición que establecemos.






Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que solicita un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentario de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, está a discusión.

Senadora Guerra, ¿quiere hacer algún comentario sobre este punto de Acuerdo que estamos planteando?

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) En atención a la inquietud del señor Senador, yo propongo que la secretaría técnica en este momento se siente con el Senador para dilucidar cualquier situación.

Y en su momento podemos hacer una revisión y lo podemos reenlistar en la siguiente sesión con muchísimo gusto.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: A ver, estamos ahorita, me parece correcto si el Senador Barbosa lo acepta, ahorita estamos en el otro punto.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Los dos dictámenes que se desechan, los podemos volver a reenlistar en la próxima sesión, a fin de que quede todo muy claro para la tranquilidad de todas las Senadoras y Senadores.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Incluso este dictamen que estamos ahorita en este momento?

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Incluso este dictamen.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿No solamente el anterior?

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Así es.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Retiramos, en consecuencia, los dos dictámenes para que la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, acuerde con quienes han mostrado inquietud, y entonces estamos retirando el número 4 y el número 5.

Pasamos entonces al siguiente punto, que es proposiciones.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las estrategias en materia de alfabetización digital.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias. Con su venia, señora Presidenta.

La educación es el instrumento por excelencia para que las niñas, niños y adolescentes puedan adquirir las herramientas que les permitan enfrentar con éxito los retos que impone el siglo XXI.

Bajo esta premisa, acudo a esta tribuna para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, a fortalecer sus estrategias en materia de alfabetización digital.

Cabe mencionar que el asunto en cuestión tiene como punto de partida el Día Internacional de Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre, el cual fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para hacer énfasis sobre la importancia de la alfabetización de las personas, comunidades y sociedades, así como la necesidad de intensificar las acciones para lograrlo.

En la edición 2017, el tema central “Alfabetización en un Mundo Digital”, cuyo objetivo consiste en hacer el llamado a impulsar las acciones que sean necesarias para que la población pueda adquirir las herramientas suficientes para aprovechar las múltiples ventajas que le ofrece la era digital.

Bajo esta tesitura, como se expresa en el punto de Acuerdo, la pertinencia del presente asunto queda de manifiesto en el contexto global del cual formamos parte, mismo que hace imprescindible que la población en su conjunto utilice correctamente las tecnologías de la comunicación y la información.

Igual de importante es señalar que emana de una responsabilidad del Estado mexicano, debido a que el artículo 3o. de la Constitución Federal dispone que: nuestro país toda persona tiene derecho a recibir una educación que esté encaminada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano para lo cual es indispensable garantizar una alfabetización digital.

Además, la Ley General de Educación establece que entre los fines de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial, deben fomentar actitudes que estimulen la investigación, la innovación científica y tecnológica, así como su comprensión y su uso responsable.

En este mismo ámbito internacional, vemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su punto número 4, propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Lo anterior es de vital importancia para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todas y todos, lo que a su vez deriva en mejores expectativas de vida para las personas y el desarrollo sostenible.

En complemento a lo expresado señala que hay que destacar que la alfabetización resulta indispensable para construir un futuro más sostenible en el que se empodere a las personas, comunidades y sociedades.

En relación al exhorto, cabe precisar que en las últimas décadas, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza, se ha convertido en una necesidad ineludible, prueba de ello es que según las cifras del Inegi, en México, el 47 por ciento de los hogares tiene una conexión a internet, y el uso de internet está asociado al nivel educativo, debido a que entre más estudios, mayor uso de la red.

El presente punto de Acuerdo responde a una realidad que observamos todos los días, y es incuestionable que las tecnologías de la información y comunicación tienen una notable injerencia en la forma en que vivimos: trabajamos, aprendemos e interactuamos de manera cotidiana.

Dicha situación deriva de una dualidad de escenarios opuestos, porque la misma forma que ofrece una amplia gama de posibilidades de calidad de vida y conexión a escala global, también puede marginar a quienes carecen de las competencias esenciales para utilizarlas.

Bajo esta tesitura, es claro que la ausencia de alfabetización digital implica estar prácticamente fuera de la sociedad actual, de ahí la relevancia del punto de Acuerdo que hoy se presenta ante esta Soberanía.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como ocurre desde 1967, el 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, el cual fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante su 14ª sesión celebrada el 26 octubre de 1966 y surgió como un recordatorio de la importancia de la alfabetización de las personas, comunidades y sociedades, así como la necesidad de intensificar las acciones para lograrlo.

El tema central de este año es: “Alfabetización en un mundo digital”, cuyo objetivo consiste en que la población pueda adquirir las herramientas suficientes para aprovechar las múltiples ventajas que ofrece la era digital. La idoneidad del presente punto de acuerdo emana del contexto global del cual formamos parte, el cual hace imprescindible que la población en su conjunto utilice correctamente las tecnologías de la comunicación e información.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta es que en sus dos primeros párrafos, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en nuestro país toda persona tiene derecho a recibir una educación que esté encaminada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, así como a fomentar el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional.

Además, el artículo 7, fracción VII de la Ley General de Educación establece que entre los fines de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial está fomentar actitudes que estimulen la investigación, así como la innovación científica y tecnológica, así como su comprensión, aplicación y uso responsable.

En el contexto internacional, vemos que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 4 propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que permita promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, el objetivo es contribuir a mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Para ponderar la pertinencia de ello, cabe mencionar que a nivel mundial 103 millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de alfabetización.1

Asimismo, resulta oportuno señalar que la alfabetización representa un instrumento vital e indispensable para construir un futuro más sostenible en el que se empodere a las personas, comunidades y sociedades. En relación al exhorto formulado, es de vital importancia precisar que durante las últimas décadas la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza se ha convertido en una necesidad ineludible.

Por sus características, las TIC se encuentran presentes en diversos ámbitos por lo que tienen una notable injerencia en la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos e interactuamos cotidianamente. Dicha situación deriva en una dualidad de escenarios opuestos, porque de la misma forma que ofrecen una amplia gama de posibilidades de calidad de vida y conexión a escala global, también pueden marginar a quienes carecen de las competencias esenciales para utilizarlas.

Bajo esta tesitura, es claro que la ausencia de alfabetización digital implica estar prácticamente fuera de la sociedad actual, de ahí que la comprensión y correcta utilización de las TIC se ha posicionado como un tema prioritario dentro de las agendas de todos los niveles de gobierno, institucional y gubernamental, tanto a nivel mundial como nacional. De la misma forma en que ocurre con la escolarización, entre mayor sea el grado de alfabetización digital, se incrementan las posibilidades de incursionar con éxito en las diferentes facetas de la sociedad.

Aunque se han llevado a cabo importantes esfuerzos para que las TIC sean accesibles para toda la población, es una realidad que este anhelo sigue lejos de poder materializarse en su totalidad. No obstante, reconocemos acciones como la Estrategia Digital Nacional, impulsada por la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de construir un México Digital, en el que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de desarrollo del país.

Otros proyectos son Habilidades Digitales para Todos (HDT); Programa Piloto de Inclusión Digital; @prende.mx; MexicoX; Prepa en Línea –SEP; y Universidad Abierta y a Distancia de México, las que coinciden en buscar mejorar la calidad de la educación, desarrollar habilidades digitales en nuestros estudiantes y hacer que México incursione con éxito en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Aunado a lo anterior, en noviembre de 2016 la Secretaría de Educación Pública presentó el programa digital @prende 2.0, el cual contempla la capacitación de maestros; plataforma con contenidos; instalación de aulas con el equipamiento y conectividad, y evaluación constante. Lo anterior, con el objetivo de que las TIC sean incorporadas a la educación de nuestro país a través de un proyecto integral que requirió un análisis profundo de 10 años y experiencias internacionales.2

En este tenor, con el “Programa de Inclusión Digital 2016 -2017”, se busca mejorar la calidad de los procesos de estudio y reducir las brechas digitales que todavía se presentan en la sociedad, mediante la implementación de las estrategias: el acceso a la tecnología, el desarrollo de recursos digitales vinculados a los temas curriculares y la formación de los docentes.

Como podemos advertirlo, los esfuerzos y acciones en la materia son evidentes, no obstante, reiteramos que el contexto en el que nos encontramos inmersos y el impacto que tienen las TIC en la actualidad, hacen necesario fortalecer las estrategias en materia de alfabetización digital.

Para ponderar la pertinencia del exhorto solicitado, es oportuno señalar que según cifras oficiales, en la actualidad el número de conexiones móviles que hay en el mundo es de 7 mil 819 millones, número que supera el total de población global de 7 mil 349 millones de habitantes. En el ámbito nacional, podemos destacar que de 2013 a 2015, el número de usuarias y usuarios de Internet se incrementó más de 34%, llegando a más de 62 millones de personas, quienes representan a más de la mitad de la población total del país.3

Igual de importante es mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 68.5% de los cibernautas tienen menos de 35 años; 47% de los hogares tienen una conexión a internet; el uso de internet está asociado al nivel de estudios debido a que entre más estudios, mayor uso de la red; el internet se utiliza principalmente como medio de comunicación, obtención de información y contenidos audiovisuales; y los usuarios de teléfono celular representan el 73.6% de la población de seis años o más, y tres de cada cuatro usuarios cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone).4

Bajo esta tesitura, el presente asunto busca contribuir a fortalecer la alfabetización digital para que todos los sectores de la población cuenten con las competencias y elementos necesarios para tener una utilización y comprensión crítica de las TIC, y así aprovecharlas de manera óptima. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de septiembre, fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización digital.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

2 https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-programa-prende-2-0

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162354/NUEVO_PROGRAMA__PRENDE_2.0.pdf

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dorantes. Túrnese a la Comisión de Educación.






Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Me encuentro ante ustedes, frente a ustedes para hablar de un gran problema que estamos enfrentando.

Apenas hace unos días veíamos a Texas bajo el agua.

Hoy tres huracanes simultáneos arrasan con todo lo que encuentran por su ruta, por su paso en el Caribe.

Escuchábamos en las noticias que el Director General de la Conagua, el maestro Roberto Ramírez de la Parra, comentaba de cómo está cambiando la trayectoria “normal”, entre comillas, de estos huracanes, y hoy se desplazan por rutas que hoy son y están siendo vistas de forma increíble.

Esto nos habla de los tiempos que estamos viviendo, pero también nos habla de las medidas que no hemos tomado.

El cambio climático, como está en las noticias, como está en el sector científico, académico, no solamente es moda, compañeros y compañeras, es una de las mayores amenazas que la humanidad enfrenta, no sólo por los desafíos inherentes al aumento de la temperatura global, sino por las olas de calor, las sequías, el derretimiento de los glaciales, las inundaciones, pues hoy, la temperatura de la tierra es más alta y se evapora más agua en los mares, y esto con las corrientes, con los vientos, pues obviamente provocará más humedad y más fuerza. Estamos viviendo momentos históricos que no habíamos tenido.

Pero el efecto multiplicador de otros riesgos, entre ellos, la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza, tenemos que encender los focos.

Al paso de estas lluvias que tenemos en gran parte del territorio nacional, vamos a ver cuántas cosechas se han perdido, hablando de la agricultura, pero también la ganadería, y en algunos estados sigue la sequía.

Es difícil entender esto, aunque 195 países, y hoy que Estados Unidos se retractó de haber firmado el Acuerdo de París, con un presidente que todavía con estas cachetadas que le dan de guante húmedo, todavía no puede entender cuál es la magnitud de este fenómeno. Lo lamento por todos los habitantes de Estados Unidos.

No obstante lo anterior, Climate Action Tracker afirma, en uno de sus estudios, que habrá 2.8 grados de calentamiento. Así todos los esfuerzos de que se firmara el Acuerdo de París, nos hablen del 1.5 que no suba de esa temperatura, no será posible.

Hay muchas pruebas, compañeros, que existen, que el sistema atmosférico de la tierra, para mediados de siglo, habrá rebasado el 1.5 grados de temperatura.

Y cuando un ser vivo tiene temperatura alta, pues significa que está enfermo y que hay que curarlo. Y nosotros tenemos que tomar la decisión y las acciones necesarias, y entender, entender que en el país no solamente están los problemas económicos y de inseguridad, que hay muchos problemas que nos van a afectar, y este es uno de ellos, y tenemos que tomar las medidas necesarias.

Un clima inestable incrementará la vulnerabilidad de la sociedad, por ello, en diversos foros internacionales han identificado al cambio climático como una amenaza de seguridad nacional, de seguridad global.

Es momento que volteemos a ver al cambio climático como un fenómeno que se le tiene que poner atención desde la seguridad.

Hay muchas conferencias que han tratado estos temas. En el 2003, la Conferencia Especial de Seguridad, celebrada aquí en la Ciudad de México, la Organización de los Estados Americanos adoptó la Declaración de Seguridad de las Américas, donde reconoce que el cambio climático global puede constituir una amenaza, una preocupación o un desafío para la seguridad de los estados del hemisferio.

En 2007, en Reino Unido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo un debate sobre la posibilidad de considerar al cambio climático como una amenaza de seguridad global.

En el 2011, en Alemania, impulsó un segundo debate sobre el tema, haciendo énfasis en vulnerabilidad de pequeños estados insulares en desarrollo.

La Asamblea General de Naciones Unidas emitió en junio de 2009 una resolución, y externó su preocupación por las repercusiones del cambio climático que podría tener para la seguridad, invitando a los órganos pertinentes de Naciones Unidas en sus respectivos marcos y mandatos, intensificar los esfuerzos para examinar el cambio climático, incluidas sus posibles repercusiones para la seguridad.

Con el fin de brindar insumos a la elaboración de este informe, el gobierno de México remitió a la ONU comentarios sobre el vínculo entre cambio climático y seguridad, en donde señaló: “Que la crisis provocada por el cambio climático es global, progresiva y amenaza a la supervivencia del ser humano en el planeta”, características que evidentemente hacen del cambio climático un asunto de seguridad.

En el 2013, los Ministros de Relaciones Exteriores del G8, emitieron un comunicado que define al cambio climático como un reto global, que de no ser controlado podría tener consecuencias dramáticas, no sólo en el medio ambiente, sino también en la prosperidad económica, y ya lo estamos viendo, y vemos que a estas personas les interesa mucho esto, como a todos, pero qué bueno que estén tomando en cuenta que vamos a tener serios problemas.

Y así en el 2015 miembros del G7, igual, identificaron siete riesgos muy importantes donde, por ejemplo, habla de la falta de seguridad en los medios de subsistencia y migración, eventos extremos climáticos y de desastres, precios de la comida y el abasto.

Durante la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul, en mayo de 2016, el Presidente Narum solicitó al Secretario General de Naciones Unidas el nombramiento de un representante especial sobre cambio climático y seguridad.

En seguimiento a lo anterior, en agosto de 2007 los pequeños estados insulares en desarrollo reiteraron su solicitud de nombrar un representante especial.

Cabe señalar que del 6 al 17 de noviembre se va a celebrar la COP 23, en Bonn, Alemania, y por primera vez en la historia la preside un pequeño país insular en desarrollo, República de Fiji.

En tal sentido, reviste una especial importancia que el gobierno de México fortalezca sus acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones, por lo que presenté un punto de Acuerdo para solicitar tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Medio Ambiente, remitan a esta Soberanía un informe actualizado sobre las acciones que han adoptado respecto al tema de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional, incluyendo el posible nombramiento del Representante Especial de la ONU sobre cambio climático y seguridad.

Compañeras y compañeros Senadores, en estos días mandaré a cada una de sus oficinas la Ley de Seguridad Climática Nacional, donde me gustaría mucho, con sus asesores, pudieran estudiarla y firmarla esta Soberanía, todos, este es un tema que no permite divisiones políticas, este es un tema de responsabilidad y de la más alta responsabilidad que la patria nos llama, ojalá y espero contar con el apoyo de todas y todos ustedes para esta iniciativa, para esta Ley de Seguridad Climática Nacional.

Por su atención, muchísimas gracias.

Con su permiso, Senadora.

Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS POSIBLES REPERCUSIONES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cambio climático es una de las mayores amenazas que la humanidad enfrenta, no sólo por los desafíos inherentes al aumento en la temperatura global (olas de calor, sequías, derretimiento de glaciares, inundaciones, etc.), sino también por su efecto multiplicador de otros riesgos, entre ellos la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza.

Para minimizar los impactos del cambio climático, 195 países del mundo acordaron, bajo el Acuerdo de París, limitar el aumento de temperatura “muy por debajo de los 2 grados centígrados”, y estabilizar la temperatura en 1.5 grados por medio de reducciones voluntarias de gases de efecto invernadero y acciones de mitigación por parte de las naciones firmantes.

No obstante lo anterior, de acuerdo a estudios de Climate Action Tracker (CAT), los compromisos de acción climática contraídos en virtud del Acuerdo de París en 2015, darán lugar a un calentamiento de 2.8 grados centígrados, con pocas probabilidades de que el calentamiento se mantenga por debajo de 3.1°C. El CAT también evaluó las políticas de los gobiernos firmantes que se han implementado desde entonces y ha encontrado pocos cambios desde 2015. Las políticas aún conducen a un calentamiento de 3.6°C, ahora incluso más lejos del límite de calentamiento acordado globalmente de 1.5°C.1

De esta manera, cada vez hay más pruebas de que, incluso con las ambiciosas medidas de mitigación bajo el Acuerdo de París, el sistema atmosférico de la Tierra llegará, a mediados de siglo, a un calentamiento cercano a los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y es probable que los impactos del cambio climático, como las olas de calor, ya sean inevitables.

En el Reporte “Bajemos la temperatura” del Banco Mundial se confirma lo indicado en el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Panel Gubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) y las versiones anteriores de Bajemos la temperatura, de que, en ausencia de medidas de mitigación a corto plazo y mayores compromisos de reducción de emisiones, se incrementa la posibilidad de alcanzar o superar un calentamiento de 4°C en este siglo. De esta manera, el reporte concluye lo siguiente en virtud de las políticas vigentes, existe un 40 % de posibilidades de superar los 4 °C para el 2100 y un 10 % de posibilidades de superar los 5 °C, por lo que advierte que:

Si el planeta continúa calentándose hasta los 4°C, las condiciones climáticas, el calor y otros fenómenos extremos que hoy se consideran sumamente inusuales o sin precedentes se convertirán en la nueva realidad climática, un mundo de mayores riesgos e inestabilidad. Las consecuencias para el desarrollo son graves, ya que se reducirían las cosechas, cambiaría la disponibilidad de los recursos hídricos, las enfermedades alcanzarían nuevas proporciones y subiría el nivel del mar. Con 2°C de calentamiento, será mucho más difícil promover el desarrollo humano, erradicar la pobreza, aumentar la prosperidad mundial y reducir la desigualdad en el mundo.2

Asimismo, el AR5 del IPCC concluye que el cambio climático plantea un riesgo a la seguridad nacional y global:

El cambio climático conducirá a nuevos desafíos para los estados y configurará cada vez más las condiciones de seguridad y las políticas de seguridad nacional. Los aspectos físicos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, los eventos extremos y las interrupciones hidrológicas, plantean retos importantes a las infraestructuras vitales de transporte, agua y energía. Algunos estados están experimentando grandes desafíos a su integridad territorial, incluidos los pequeños estados insulares y otros estados altamente vulnerables al aumento del nivel del mar. Algunos impactos transfronterizos del cambio climático, como los cambios en el hielo marino, los recursos hídricos compartidos y la migración de las poblaciones de peces, tienen el potencial de aumentar la rivalidad entre los estados. La presencia de instituciones robustas puede manejar muchas de estas rivalidades, de modo que la seguridad humana no se vea gravemente erosionada.3

De esta manera, un clima inestable incrementará la vulnerabilidad de las sociedades. Por ello, diversos foros internacionales han identificado al cambio climático como una amenaza para la seguridad global.

Durante la Conferencia Especial sobre Seguridad (Ciudad de México, 27 a 28 de octubre de 2003), la Organización de los Estados Americanos adoptó la Declaración sobre Seguridad en las Américas, en cuyo párrafo 41 se indica: “Reconocemos que el cambio climático global puede constituir una amenaza, una preocupación o un desafío para la seguridad de los Estados del Hemisferio. Nos comprometemos a trabajar coordinadamente en aras de mitigar los efectos adversos que el cambio climático global pueda tener sobre nuestros Estados y a desarrollar mecanismos de cooperación en concordancia con los esfuerzos internacionales en esta materia.”4

A instancias de Reino Unido, en 2007 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya responsabilidad primordial es mantener la paz y la seguridad internacionales, sostuvo un debate sobre la posibilidad de considerar al cambio climático como una amenaza para la seguridad global. En 2011 Alemania impulsó un segundo debate sobre el tema, haciendo énfasis en la vulnerabilidad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés).

La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió en junio de 2009 una Resolución,5 mediante la cual externó su preocupación por las repercusiones que el cambio climático podría tener para la seguridad, invitando a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a que, en el marco de sus respectivos mandatos, intensificaran sus esfuerzos para examinar el cambio climático, incluidas sus posibles repercusiones para la seguridad, y solicitó al Secretario General que presentara a la Asamblea un informe amplio relativo a las posibles repercusiones del cambio climático para la seguridad.

Con el fin de brindar insumos para la elaboración de este informe, el gobierno de México remitió a Naciones Unidas comentarios sobre el vínculo entre cambio climático y seguridad,6 al siguiente tenor:

• “Bajo la perspectiva de la seguridad ampliada o multidimensional, sustentada en la naturaleza de las nuevas amenazas a la sociedad internacional y en las siete esferas de la seguridad humana propuestas en 1994 por el PNUD en el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano (económica, política, personal, ambiental, social, alimentaria y de salud), la seguridad se refiere a las condiciones de estabilidad que se suponen benéficas para el desarrollo de los individuos, un país o de la comunidad internacional.”

• “En este sentido, el impacto, la magnitud y la prevista durabilidad de los fenómenos ambientales, sociales y económicos detonados por el cambio climático lo convierten en un asunto prioritario que repercute de manera directa en cada una de las esferas de la seguridad antes mencionadas, llegando a poner en situación de riesgo la supervivencia humana, la de diversas especies y las condiciones vitales del planeta.”

• “La crisis provocada por el cambio climático es global, progresiva y amenaza la supervivencia del ser humano en el planeta, características que evidentemente hacen del cambio climático un asunto de seguridad.”

• (…) “las catástrofes ambientales que estallarán debido al cambio climático podrían provocar un incremento en el número de desplazados y refugiados ambientales, una mayor tensión sobre los recursos naturales y por ende conflictos tanto al interior como al exterior de los Estados. Se trata de un tema que por su magnitud obliga a la reforma de las leyes de migración nacionales y del derecho internacional en materia de refugiados y del Derecho del mar, pues seguro es que se presentarán conflictos concernientes al establecimiento de fronteras marítimas y terrestres y a la violación de derechos humanos, entre otros.”

• “Cada uno de los problemas producidos por el cambio climático (…) amenaza con agudizar los demás asuntos de la actual agenda de seguridad tales como el terrorismo, la descomposición del Estado, el tráfico ilegal de armas, el crimen organizado transnacional y mermar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Planes Nacionales de Desarrollo.”

• “En México, los impactos del cambio climático provocarán aumento en la intensidad de períodos de sequías, lluvias y ciclones tropicales, lo cual exacerbará las iniquidades en empleos, la salud, acceso a los alimentos, agua y otros recursos; esto puede ser un detonante que afecte las condiciones de seguridad en las diferentes regiones y sectores del país.”

Como una medida para atender la problemática anterior, el gobierno de México propuso institucionalizar la articulación de las agendas nacionales de cambio climático y gestión de riesgos en desastres a través de la Comisión intersecretarial de Cambio Climático.

Tras concluir la consulta con los gobiernos de distintos países, la Asamblea General publicó en septiembre de 2009 un informe, detallando las cinco vías por las cuales el cambio climático podría afectar a la seguridad:7

a. “Vulnerabilidad: el cambio climático representa una amenaza para la seguridad alimentaria y la salud humana, y aumenta el grado de exposición de los seres humanos a fenómenos extremos;

b. Desarrollo: si como consecuencia del cambio climático se produce una desaceleración o una reversión del proceso de desarrollo, aumentará la vulnerabilidad y la capacidad de los Estados para mantener la estabilidad podría verse menoscabada;

c. Reacciones y seguridad: la migración;

d. Apatridia: la pérdida por un Estado de su condición de tal como resultado de la desaparición de su territorio tiene consecuencias para los derechos;

e. Conflictos internacionales: los efectos del cambio climático en los recursos internacionales compartidos o no delimitados pueden repercutir en la cooperación internacional.”

En 2013 los Ministros de Relaciones Exteriores del G-8 emitieron un comunicado que define al cambio climático como un reto global que, de no ser controlado, podría tener consecuencias dramáticas no sólo en el medio ambiente, sino también en la prosperidad económica. En este tenor, los Ministros del G-8 reconocieron que el cambio climático es un factor que contribuye al incremento de riesgos globales tanto en materia económica como de seguridad.

En 2015 los países miembros del G-7 encargaron un reporte independiente8 que identificó siete riesgos vinculados al cambio climático que pueden representar serias amenazas a la estabilidad de las sociedades: 1) Competencia por los recursos locales, 2) Falta de seguridad en los medios de subsistencia y migración, 3) Eventos climáticos extremos y desastres, 4) Precios de la comida y abasto volátiles, 5) Manejo transfronterizo del agua, 6) Aumento en el nivel del mar y degradación costera, 7) Efectos no intencionales de las políticas climáticas. El reporte señala que el cambio climático multiplicará otros riesgos, entre ellos la degradación ambiental, el crecimiento de la población, la demanda creciente de recursos y el crecimiento económico inequitativo.

Durante la Cumbre Mundial Humanitaria (Estambul, mayo de 2016), el Presidente de Nauru solicitó al Secretario General de Naciones Unidas el nombramiento de un Representante Especial sobre Cambio Climático y Seguridad, cuyas responsabilidades incluirían:

• Mejorar el entendimiento sobre los aspectos de seguridad vinculados al cambio climático.

• Reportar regularmente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las amenazas emergentes de seguridad y cambio climático.

• Facilitar la cooperación regional sobre asuntos transfronterizos que puedan ser afectados por el cambio climático.

• Auxiliar a países vulnerables a evaluar sus circunstancias nacionales de seguridad y a desarrollar planes de acción para incrementar su resiliencia.

• Identificar y monitorear puntos críticos potencialmente peligrosos y sus vínculos con el cambio climático y la seguridad.

• Involucrarse, de ser el caso, en actividades de diplomacia preventiva.

• Apoyar en situaciones de post-conflicto ocasionadas por el cambio climático, en particular cuando existan factores de riesgo que afecten la estabilidad.

En seguimiento a lo anterior, en agosto de 2017 los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico reiteraron su solicitud de nombrar un Representante Especial sobre Cambio Climático y Seguridad a efecto de iniciar discusiones de una manera abierta y transparente sobre el tema. La propuesta fue presentada por el Embajador de Nauru ante Naciones Unidas durante el retiro convocado por el Secretario General con el fin de analizar posibles reformas a dicho organismo.

Cabe destacar que del 6 al 17 de noviembre de 2017 se celebrará en Bonn, Alemania, la Vigésimo Tercera Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual será presidida por primera vez por un Pequeño Estado Insular en Desarrollo: la República de Fiji.

En tal sentido, reviste especial importancia que el gobierno de México fortalezca sus acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de las actividades de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a que remita a la brevedad posible a esta Soberanía un informe actualizado sobre las acciones que ha adoptado dicha Comisión respecto al tema de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo de Negociaciones Internacionales de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a que remita a la brevedad posible a esta Soberanía un informe actualizado sobre la posición del gobierno de México respecto al tema de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad internacional, incluyendo el posible nombramiento de un Representante Especial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Seguridad.

Dado en el salón de sesiones, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Climate Action Tracker, “Major challenges ahead for Paris Agreement to meet its 1.5deg warming limit” (2016), disponible en: http://climateactiontracker.org/news/265/Major-challenges-ahead-for-Paris-Agreement-to-meet-its-1.5deg-warming-limit-.html

2 Banco Mundial,“Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente a la nueva realidad climática”, Síntesis Ejecutiva, (2012),. p. 1, disponible en:
http://documents.worldbank.org/curated/en/602511468226209555/pdf/927040v10Spani09SPAspa0010NOEmbargo.pdf Banco Mundial,“Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente a la nueva realidad climática”, Síntesis Ejecutiva, (2012),. p. 1, disponible en:
http://documents.worldbank.org/curated/en/602511468226209555/pdf/927040v10Spani09SPAspa0010NOEmbargo.pdf

3 Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, Contribución del Grupo de Trabajo II al 5to Reporte de Evaluación del IPCC”, Capítulo 12, Seguridad humana, (2014), disponible en:
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap12_FINAL.pdf

4 Organización de los Estados Americanos, “Declaración sobre Seguridad en Las Américas”, OEA/Ser.K/XXXVIII, CES/dec.1/03 rev. 1 (28 de octubre de 2003), disponible en:
http://www.oas.org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf. Cabe señalar que Estados Unidos no se unió al consenso en torno a este párrafo toda vez que consideró que presentaba “una imagen errónea de la naturaleza de los desafíos a largo plazo que plantea el cambio climático global, que no es de origen hemisférico ni se presta a soluciones a corto plazo, (…)”

5 Naciones Unidas, Asamblea General, “El cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad”, A/63/281 (11 de junio de 2009), disponible en:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/281&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r63_resolutions_table_eng.htm&Lang=S

6 Gobierno de México, “Comentarios de México sobre cambio climático y seguridad nacional e internacional”, 2009, disponible en: http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/ga-64/cc-inputs/Mexico_CCIS_spanish.pdf

7 Naciones Unidas, Asamblea General, “El cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad. Informe del Secretario General”,A/64/350 (11 de septiembre de 2009), disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/509/49/pdf/ N0950949.pdf?OpenElement
Naciones Unidas, Asamblea General, “El cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad. Informe del Secretario General”,A/64/350 (11 de septiembre de 2009), disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/509/49/pdf/ N0950949.pdf?OpenElement

8 Lukas Rüttinger et al., (2015). A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks, Alemania. Lukas Rüttinger et al., (2015). A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks, Alemania.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchísimas gracias, Senadora Silvia Garza. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, señora Presidenta, para, por favor, preguntarle a la Senadora Silvia Garza si me permite sumarme a este importante punto de Acuerdo.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Garza. Yo creo que es un tema en el que nos sumamos todos. El Senador Jorge Luis Lavalle, Senador Lozano, Senadora Dorantes, Senadora García, Senadora Palafox, Senadora Margarita, Senadora Diva, Senadora Verónica Martínez, Senadora Hilaria Domínguez, Senador Patricio Martínez, me parece que todos estamos sumados al tema.

¡Felicidades, Senadora!






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a implementar diversas acciones que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

Vengo a presentar esta proposición para exhortar al gobierno a que garantice el interés superior de la niñez.

En México existen múltiples grupos vulnerables que en virtud de sus características se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violentados, uno de estos grupos son las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados, la mayoría de estos infantes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones que tienen una severa crisis humanitaria, pues figuran en la lista de países con más problemas y violencia del mundo, comparados con Irak y Siria, esto ocasiona que miles de personas adultas, así como niñas y niños adolescentes, busquen una mejor calidad de vida y decidan emigrar a los Estados Unidos de América.

En este sentido, México es un país de origen y tránsito de migrantes que se dirigen hacia el vecino país del norte, es precisamente en territorio nacional donde las niñas y los niños adolescentes migrantes no acompañados, se enfrentan a la violación de sus derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los infantes son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, policías y militares, y retenidos en cárceles comúnmente llamadas estaciones migratorias.

Al respecto, el organismo documentó que del 2010 al 2015 se han iniciado mil 443 averiguaciones y/o carpetas de investigación, en las que figuran adolescentes extranjeros como víctimas, siendo los estados con mayores denuncias Sonora, con 409; Chiapas, con 454; y Baja California, con 188.

Detener a un infante sin causa justificada viola el artículo 11 de la Constitución federal, que habla sobre la libertad de tránsito y precisa que ingresar al territorio nacional de manera ilegal no es un delito, sino una falta administrativa.

Por tal razón, y en apego al artículo 4o., párrafo noveno de la Constitución federal, se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, poniendo principal énfasis en los grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, quienes intentan escapar de sus países de origen porque en ellos sólo existe pobreza, marginación y violencia.

México debe ser un Estado garantista con una visión de derecho cosmopolita, es inaceptable que de 242 niños migrantes no acompañados, que solicitaron refugio en el 2016, sólo a 91 les reconoció la condición de refugiado, y resulta aún más alarmante que únicamente 26 recibieron protección complementaria.

Con base en estas consideraciones, se propone al Pleno del Senado de la República exhortar al gobierno federal a implementar programas sociales, políticas públicas y acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados.

Asimismo, al Instituto Nacional de Migración a enviar a esta Soberanía un informe detallado de la situación que guarda el número de solicitudes recibidas por este Instituto, para obtener la condición de refugiado y protección complementaria de las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados.

Es importante mencionar que tanto las normas jurídicas nacionales como las internacionales protegen a las niñas y niños adolescentes, más aún cuando se encuentran fuera de su país, a estos infantes se les debe garantizar una protección especial de su integridad y brindarles la condición de refugiado y la protección complementaria, es garantizar por encima de todo el interés superior de la niñez.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011, se reconoció que toda persona gozará de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección. Dicha modificación se puede entender como un derecho cosmopolita; es decir, un conjunto de derechos humanos «pro persona» que deben ser respetados, garantizados y protegidos por toda la comunidad internacional.

En este sentido el Artículo Primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Sin embargo, lo anterior no siempre se lleva a cabo en México, pues existen múltiples grupos vulnerables que en virtud de sus características se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violentados, uno de estos grupos son las niñas, niños y jóvenes migrantes no acompañados.

La mayoría de los infantes migrantes no acompañados provienen del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones que tiene una severa crisis humanitaria, pues figuran en la lista de países más violentos del mundo comparados con Irak y Siria,1sólo por mencionar dos ejemplos:

• En San Pedro Sula, Honduras, existe el índice más alto de homicidios en el mundo: 171 por cada 100,000 habitantes al año.

• Guatemala es el undécimo país a nivel mundial con mayor número de muertes violentas; el 54% de la población vive en condiciones de pobreza y el 13% en condiciones de pobreza extrema.

Ante tal panorama, no es de extrañar que en dichos países prevalezcan la falta de oportunidades educativas y laborales, y predominen problemas sociales y económicos como son la inseguridad, violencia, crimen organizado, entre otras tantas problemáticas; por tal razón, los infantes buscan una mejor calidad de vida y deciden emigrar a los Estados Unidos de América.

Para nadie es secreto que México es un país de origen y tránsito de migrantes que se dirigen hacia el vecino país del norte, precisamente en territorio nacional es donde a las niñas, niños y jóvenes migrantes no acompañados se les violan sus derechos humanos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) algunos derechos violados por autoridades mexicanos son:2

• Debido proceso.

• Interés superior de la niña, niño o adolescente.

• Protección de la salud.

• Integridad personal.

• Vida libre de violencia.

• Seguridad jurídica.

• Escuchado.

• Prestación debida de servicio público.

• Trato digno.

• Seguridad personal.

• Reunificación familiar

Los infantes, son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policías y militares, y retenidos en cárceles comúnmente llamadas “estaciones migratorias”. Al respecto la CNDH documentó que de 2010 al 2015 se han iniciado 1,443 averiguaciones y/o carpetas de investigación, en las que figuran adolescentes extranjeros como víctimas, siendo los estados con mayores denuncias Sonora con 509, Chiapas con 454 y Baja California con 188.3

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señaló que en el año 2015 se aseguró a 38,514 niñas, niños y adolescentes de los cuales 20,368 fueron en Contexto de Migración internacional no acompañados (NNACM), y de enero a julio del año 2016; 19,383, de los cuales 9,326 correspondieron a no acompañados. Sin embargo, el INM informó que durante el año 2015 fueron detenidos 36,174, NNACM en distintas entidades federativas, lo que genera 2,340 personas menos que lo reportado por la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la SEGOB.4

Sin embargo, un medio de comunicación, da cuenta que en el año 2013 detuvieron y deportaron a 8 mil 577 infantes no acompañados. En 2014 fueron 18 mil 169; en 2015 se duplicó a 36 mil 921. Y de enero a noviembre de 2016 fueron 30 mil 438 menores.5

Es decir, no existen cifras oficiales de cuántas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados son detenidos y deportados a su país de origen, pero los datos disponibles dan cuenta que el número de infantes que ingresan a territorio nacional en calidad de migrantes no acompañados va en aumento al igual que la violación a sus derechos humanos, esto sin duda no está a discusión y es una problemática que debe ser atendida.

El detener a una persona (infante) sin causa justificada viola el artículo 11 de la Constitución Federal, que habla sobre la libertad de tránsito; por su parte, el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley de Migración establece: “En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.

Es decir, el ingresar a territorio nacional de manera ilegal no es un delito, sino una falta administrativa, en este sentido el precepto 68 de la ley en comento, señala que:

La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.

Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. 

Con lo anterior queda demostrado que los migrantes no cometen delito alguno al ingresar al territorio de manera irregular, al mismo tiempo no pueden ser privados de su libertad por el simple hecho de no contar con la documentación que acredite su ingreso al país de manera legal.

Con lo que refiere a los menores de edad, la Constitución Federal en su artículo 4, párrafo noveno, obliga al Estado a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, el artículo 1 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes menciona que uno de los objetivos de dicha norma jurídica es:

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

Por su parte, el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ordena que: “En ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria”.

Sin embargo, de acuerdo a la CNDH y con base a los registros del UPM de la SEGOB en 2014 se registraron 9,090 detenciones; en 2015, 16,231 y de enero a junio de 2016, 7,314 niños no acompañados con edades entre 12 a 17 años. Por lo que se refiere a niñas y niños menores de 12 años dicho instituto detuvo en 2014 a 1,853. En 2015 a 2,419 y de enero a junio de 2016 a 740.

En 2015 la autoridad migratoria mexicana detuvo a 38,514 NNACM que representa el 17% de los migrantes presentados. El 97.2% corresponde a niñas, niños y adolescentes centroamericanos: guatemaltecos (50.46%), hondureños (26.39%) y salvadoreños (20.35%). Las mujeres representan el 36% de los detenidos.6

Es claro que en México las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados son privados de su libertad y enviados a estaciones migratorias, lo anterior no sólo quebranta los ordenamientos legales nacionales sino también internacionales. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 4 hacen referencia a que los Estados Partes están obligados a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, así como adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos. Asimismo, el artículo 37 ordena que:

Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda;

Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

En este sentido el Estado Mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, poniendo principal énfasis en los grupos vulnerables, como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, quienes intentan escapar de sus países de origen, porque en ellos solo existen pobreza, marginación y violencia.

México debe ser un Estado garantista, con una visión del derecho cosmopolita, es inaceptable que de 242 niños migrantes no acompañados que solicitaron refugio en 2016, solamente 147 hayan concluido el procedimiento y sólo a 91 se les reconoció la condición de refugiado; únicamente 26 recibieron protección complementaria.7

En el 2015, 142 niños solicitaron la condición de refugiados, se reconoció a 44 y se otorgó protección complementaria a 13; en 2014 la cifra de solicitantes era de 78, a 22 se les reconoció y únicamente a 3 se les brindó protección complementaria.8 Al respecto, el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Federal menciona que “por causas de carácter humanitario se recibirá refugio”.

Es importante mencionar que tanto las normas jurídicas nacionales como las internacionales protegen a las niñas, niños y adolescentes, más aún cuando se encuentran fuera de su país (migrantes no acompañados), a estos infantes se les debe garantizar una protección especial; brindarles la condición de refugiado y la protección complementaria, siempre velando por el interés superior de la niñez.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas y acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez, a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito de sus facultades y atribuciones, brinden protección y un trato digno, velando siempre por el interés superior de la niñez de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados:

• Informen a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días naturales, la situación que guarda y el número de solicitudes para la condición de refugiados y protección complementaria de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
• Promover, generar y llevar a cabo las condiciones y procedimientos necesarios para aceptar de manera más rápida las solicitudes de refugiados y protección complementaria de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

1 “Migrantes: voces, rostros y sueños compartidos”, CNDH, México, 2016, pág. 174

2 Ibídem, pág. 184-185

3 Informe Sobre la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en Contexto de Migración Internacional no Acompañados en su Tránsito por México, y con Necesidades de Protección Internacional, CNDH, [en línea]. Consultado el 18 de julio de 2017, disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_NNACMNA.pdf

4 Ibídem.

5 Flores, Nancy “México expulsa a 94 mil niños migrantes no acompañados”, en Contralínea [en línea]. Consultado el 18 de julio de 2017, disponible en: 
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/01/24/mexico-expulsa
-a-94-mil-ninos-migrantes-no-acompanados/

6 “Migrantes: voces, rostros y sueños compartidos”, CNDH, México, 2016, pág. 179.

7 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en números 2016 [en línea]. Consultado el 18 de julio de 2017, disponible en: https://www.gob.mx/comar/galerias/la-comar-en-numeros-enero-marzo-2016

8 “Migrantes: voces, rostros y sueños compartidos”, CNDH, México, 2016, pág. 174

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Monreal. Túrnese a las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Consejo Estudiantil Universitario, integrado por diversas universidades del área metropolitana, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia.

¡Sean ustedes muy bienvenidos!






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para presentar a nombre propio y del Senador Isidro Pedraza Chávez, un punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Este punto de Acuerdo que presentamos, tiene que ver en mucho con la presentación que acaba de hacer nuestra compañera del Partido Acción Nacional, Silvia Garza.

El cambio climático obliga para su comprensión y tratamiento, de un enfoque intergubernamental y es vinculatorio al concepto de seguridad hídrica que es, a su vez, un tema de seguridad nacional.

Se trata de conceptos estratégicos que por su peso y relevancia demanda la mayor comunicación, empatía y coordinación entre el gobierno y la sociedad.

Los Consejos de Cuenca, son un instrumento de gestión y coordinación que tienen amplio fundamento jurídico en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Son órganos colegiados que se constituyen como instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión Nacional del Agua y las instancias del ámbito federal, estatal y municipal, los representantes de los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad.

Por ello, los consejos son un instrumento de gestión social e institucional de la mayor relevancia para la seguridad climática y seguridad hídrica del país.

Los persistentes problemas que presenta el sector agua, que han sido profusamente documentados en abundantes investigaciones científicas, evaluaciones, auditorías y referidos en las últimas dos décadas, son, por lo menos, los últimos cuatro programas nacionales sectoriales, están asociados a la escasa atención que han tenido estos órganos de integración mixta en la programación y presupuesto.

La plena operación de los Consejos de Cuenca exigirá, a la autoridad en la materia, precisar escalas de planeación, orientar programas y presupuestos a prioridades técnicamente necesarias y socialmente consensuadas, que deberán someterse a permanente escrutinio público, transparencia, rendición de cuentas y, en consecuencia, a la economía, eficiencia y eficacia gubernamental.

Actualmente hay en el país 26 Consejos de Cuenca y 215 órganos auxiliares, su constitución ha sido un enorme esfuerzo de los diferentes sectores y usuarios del y de la institución que es necesario evaluar, revalorar y recuperar para el bien de la nación.

Inexplicablemente, durante los últimos años, los Consejos de Cuenca han tenido una aguda astringencia presupuestaria, que no guarda correspondencia con las importantes funciones, atribuciones y corresponsabilidades que les mandata la Ley de Aguas Nacionales, y que hoy día, de haber sido debidamente direccionados, tendrían una trascendente tarea en el ámbito preventivo, en impactos asociados al cambio climático, a la seguridad hídrica y al cumplimiento de objetivos y metas del Programa Nacional Hídrico y otros objetivos nacionales igualmente trascendentes.

Los Consejos de Cuenca y la Conagua, son entes pensados para hacer funcionalmente complementarios, su coordinación es fundamental para avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional, regional, estatal, municipal y local, sus funciones, como puede apreciarse reiteradamente en el articulado de la actual Ley de Aguas Nacionales, es de primera importancia para la planeación, prospección, desarrollo, implantación y evaluación de la política hídrica, nacional, regional y local, sus potencialidades hacen de los Consejos de Cuenca un eficaz instrumento de control y vigilancia, de programación y ejercicio presupuestal para el sector.

Es de la mayor relevancia entender que sólo con el adecuado funcionamiento de los Consejos de Cuenca, se podrá gradualmente revertir de manera consistente las negativas y persistentes tendencias de los indicadores más sensibles en el sector y con ello avanzar en los propósitos y objetivos de la estrategia nacional de cambio climático.

Por lo anterior, solicitamos a esta Soberanía, solicitar la comparecencia al titular de la Conagua, para que nos explique los motivos por los cuales los Consejos de Cuenca no han contado con la atención institucional mandatada por ley y cuál será su actuación ante la presencia de las catástrofes y del requerimiento de atención a lo que concierne al agua y a los recursos hídricos de nuestro país.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senadores de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México cuenta con una Ley General de Cambio Climático (LGCC), un Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018 (PECC), y una Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10 – 20 – 40.  En sus diversas disposiciones, los documentos de referencia hacen explícita alusión a la necesidad de atender con atingencia y visión preventiva la conservación de los recursos hídricos del país y, en ello, promover la participación de la sociedad conforme las disposiciones indicadas en el marco jurídico nacional.

Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018, señala como prioridad detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, así como (…) desarrollar, promover y aplicar instrumentos de participación para fortalecer la gobernanza ambiental[1] .

La multidimensionalidad del cambio climático, obliga a un enfoque de carácter transversal, intersectorial e intergubernamental en el que los recursos hídricos se constituyen en factor de alta prioridad toda vez que previsiblemente aumentará el contraste en las precipitaciones entre las regiones húmedas y secas y entre las estaciones húmedas y secas con todas las implicaciones que esto significa para la seguridad de la población, de la infraestructura urbano industrial y de servicios públicos.  En observancia a las reiteradas recomendaciones contenidas en diversos instrumentos internacionales vinculantes[2] , el Programa Nacional Hídrico 2014-2018,  señala que: “La visión del Estado Mexicano en relación con el agua ha sido gradualmente articulada (…) con el medio ambiente, biodiversidad, ordenamiento territorial, energía, clima, agricultura, uso del suelo y desarrollo económico.[3]

El concepto de seguridad hídrica está indisolublemente ligado al tema de la seguridad climática. Se trata de un concepto que corresponsabiliza obligadamente a las instituciones de gobierno y a la sociedad en los objetivos a cumplir y en los esfuerzos compartidos y complementarios que se demandan para darle viabilidad a las estrategias nacionales en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.

Los Consejos de Cuenca (CC) son órganos colegiados de integración mixta que se constituyen cómo instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión Nacional del Agua y las instancias del ámbito federal, estatal  y municipal, los representantes de los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad. Por ello, los Consejos son un instrumento de gestión social e institucional de la mayor relevancia para la seguridad climática y la seguridad hídrica del país.

Los Consejos de Cuenca tienen fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Ley General de Cambio Climático y de manera explícita y directa en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento[4] .

Los Consejos de Cuenca y la CONAGUA son entes pensados para ser funcionalmente complementarios. Su coordinación es fundamental para avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional, regional, estatal, municipal y local. Sus funciones, como puede apreciarse reiteradamente en el articulado de la actual Ley de Aguas Nacionales, es de primera importancia para la planeación, prospección, desarrollo, implantación y evaluación de la política hídrica nacional, regional y local. Sus potencialidades hacen de los Consejos de Cuenca un eficaz instrumento de control y vigilancia de programación y ejercicio presupuestal para el sector.

Es de la mayor relevancia entender que sólo con el adecuado funcionamiento de los Consejos de Cuenca se podrá gradualmente revertir de manera consistente las negativas y persistentes tendencias de los indicadores más sensibles  en el sector y con ello, avanzar en los propósitos y objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

La plena operación de los Consejos de Cuenca exigirá a la autoridad en la materia compatibilizar y precisar escalas de planeación, orientar programas y presupuestos a prioridades técnicas y socialmente consensuadas y someterse a permanente escrutinio público, transparencia, rendición de cuentas y en consecuencia a la eficiencia y eficacia gubernamental. Igualmente obligará a la institución al pleno alineamiento y coordinación interna y externa para proporcionar un mejor servicio a la sociedad y a la nación.

Actualmente hay en el país 26 Consejos de Cuenca y 215 Órganos Auxiliares. Su constitución ha sido un enorme esfuerzo social e institucional del país que es necesario evaluar, valorar y recuperar,

La situación presupuestal de los Consejos de Cuenca:

Durante los últimos años los Consejos de Cuenca han tenido una aguda astringencia presupuestaria que no guarda correspondencia con las importantes funciones y responsabilidades que les mandata la Ley de Aguas Nacionales.

Presupuesto año fiscal

Proporción del gasto en Consejos de Cuenca vs Presupuesto total de la CONAGUA


Presupuesto año fiscal

Total CONAGUA
(Miles de millones de pesos)

Asignación a Consejos de Cuenca
Recursos Federales
(Millones de pesos)

Porcentaje

2014

50.0

48.0

0.00000010%

2015

43.4

50.3

0.00000012%

2016

40.2

38.6

0.00000010%

2017

26.0

0

                 0%

Fuente: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

Los presupuestos asignados por CONAGUA a los Consejos de Cuenca –que por mandato de Ley estarían destinados al fortalecimiento de la política interna y que hoy día tendrían una trascendente tarea en el ámbito preventivo en impactos asociados al cambio climático y la seguridad hídrica-, anulan de facto cualquier posibilidad real de apoyo y aportación de éstos al cumplimiento de objetivos y metas del Programa Nacional Hídrico y otros objetivos nacionales igualmente trascendentes.

Contrasta el abandono presupuestario de la política hídrica interna –  los Consejos de Cuenca-, con los recursos destinados a tareas de escaso o francamente nulo interés público, como es el supuesto impulso y reforzamiento de la CONAGUA en foros internacionales que, por lo demás, no  han tenido impacto significativo alguno en la recuperación de un bien estratégico y de seguridad nacional y de los compromisos de México con la comunidad de naciones en materia de seguridad hídrica y climática.
El diagnóstico sectorial.

Los persistentes problemas que presenta el sector agua, han sido ampliamente documentados en cientos de investigaciones científicas arbitradas, evaluaciones, auditorías y referidos en por lo menos los últimos cuatro Programas Nacionales Sectoriales.  En este sentido, es de destacar que en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, se señala: “La problemática identificada – en el sector agua -, se concentra en tres aspectos: sobreexplotación, sobre-concesión y contaminación de los recursos hídricos. Existen aprovechamientos que carecen de títulos de concesión o asignación, la medición del agua extraída y la verificación de los aprovechamientos y descargas son bajas e insuficientes. En las zonas de libre alumbramiento no se tiene control de los aprovechamientos; además de que prevalece un incremento de obras que invaden zonas y cauces federales que generan riesgos a la sociedad.

En este mismo sentido destaca la reiterada, diversa e insistente intervención de la Auditoría Superior de la Federación en el tema que nos ocupa. En reciente documento[5] , haciendo referencia únicamente a la situación de las aguas subterráneas, el ente auditor señala:

“En la Ley de Aguas Nacionales (LAN) se establece que el agua es un recurso estratégico y de seguridad nacional, por lo que es conveniente implementar medidas para mejorar y fortalecer su administración, a fin de lograr su preservación, en cantidad y con calidad, para las generaciones presentes y futuras. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es responsable de la protección y conservación de ese recurso y de atender la problemática de sobreexplotación y deterioro del agua, a efecto de garantizar su disponibilidad, mediante la gestión del vital líquido, en términos de la medición de la cantidad y la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas, así como de la vigilancia de las extracciones y las visitas de inspección de las descargas de aguas residuales en acuíferos (…). La auditoría practicada a la CONAGUA respecto de la administración de las aguas subterráneas contenidas en los 653 acuíferos del país (…) evidenció que, en 2016, existieron deficiencias en la administración de las aguas subterráneas por parte de la Comisión (…) En 371 de los 653 acuíferos del país no se evaluó la calidad del agua, por lo que se desconoció la condición de esos cuerpos hídricos; se vigiló (…) sólo el 1.7 por ciento de los 275,300 concesionarios registrados y no se inspeccionaron las descargas de aguas residuales en 5 de cada 6 acuíferos.

Asimismo, la entidad implementó (…) proyectos de recarga artificial que fueron insuficientes para la atención de los acuíferos con escasez del recurso; no publicó 99 decretos de veda y 234 reglamentos para la protección de 333 cuerpos hídricos, por lo que no se logró el ordenamiento de los usos del agua; tampoco se consideró el establecimiento de declaratorias de rescate y reserva del recurso en los cuerpos hídricos que presentaron las condiciones para ese propósito (…) el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016. Este conjunto de factores (…) representan un riesgo para garantizar el vital líquido a los 119.5 millones de habitantes del país, en especial para los 60 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados, así como para las generaciones futuras. De persistir la problemática de sobreexplotación y deterioro de las aguas subterráneas, la – propia- CONAGUA prevé que en treinta años las dificultades para la extracción, tratamiento y traslado del agua aumentarán, debido a la creciente demanda y a la escasez del recurso (…)  Se estima que, para 2050, se dispondrán de 81.7 por ciento menos que la cantidad disponible en 1962. El acceso y la disposición de agua subterránea en forma suficiente y salubre están en riesgo. La ASF sugiere que en la asignación de recursos, en el PEF 2018, para la atención del problema del agua se tome en cuenta que el recurso hídrico es considerado como estratégico y está calificado como un asunto de seguridad nacional”.

En consideración a  lo anterior y con fundamento en las evidencias e indicadores oficiales disponibles, se concluye que la CONAGUA no ha cumplido satisfactoriamente con el mandato de Ley para desarrollar el ciclo completo de la planeación sectorial, apoyándose para ello -en todas las etapas y escalas explícitamente referenciadas en la LAN como necesarias para lograr una adecuada gestión integrada de los recursos hídricos- en los Consejos de Cuenca y órganos auxiliares.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua ante esta soberanía  a fin de que informe la situación actual de los Consejos de Cuenca y su posible relación con el comportamiento de los indicadores sustantivos en el sector.

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Sistema Nacional Anticorrupción y cómo parte de éste a la ASF a revisar, evaluar y dictaminar sobre las funciones y atribuciones que asigna a los Consejos de Cuenca la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y determinar su relevancia para lograr avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos y el cumplimiento de los propósitos, objetivos y metas del actual Programa Nacional Hídrico y los compromisos de México en materia de seguridad climática.

Tercero.- El Senado de la república exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a revisar la correspondencia existente entre el mandato de Ley a los Consejos de Cuenca y los recursos presupuestarios asignados a éstos por la CONAGUA para el cumplimiento de sus propósitos, determinando las consecuencias que pudieran derivarse de la baja o insuficiente asignación presupuestaria y en consecuencia el bajo perfil operativo de los Consejos de Cuenca.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua  a presupuestar recursos federales suficientes para que los Consejos de Cuenca puedan cumplir adecuadamente con sus funciones y responsabilidades.

Quinto.- El Senado de la república Solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice un levantamiento de opinión a cargo de entidad académica, acreditada y competente, entre todos los Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares, a efecto de conocer a detalle la problemática aquí referida y posibles alternativas de solución.

Sexto.- el Senado de la república exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fin de que se tomen las decisiones necesarias para la recuperación de los Consejos de Cuenca y su fortalecimiento, simplificación y plena operación a efecto de constituirlos en verdadero soporte y apoyos a la política hídrica y climática nacional.

Séptimo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda en función del mandato de Ley, se considere una reasignación presupuestaria suficiente que garantice para el ejercicio fiscal 2018, los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

[1]   Ver: http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/PECC-2014-2018.pdf
[2]   Ver:  https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-internacional-17057
[3]  Programa Nacional Hídrico 2014-2018, pp.14
[4]  El Capítulo IV de la LAN denominado “Consejos de Cuenca”, dedica íntegramente al tema los artículos, 13, 13 BIS, 13 BIS 1, 13 BIS 2, 13 BIS 3, y 13 BIS 4.  De manera complementaria hay diversas y sustantivas referencias a los Consejos de Cuenca en: Art. 3° fracc. XV, XXVIII, XXIX y XXXV.  Art. 5° Fracción I.  Art. 7° BIS fracc. II y X.  Artículo 9  Fracc. XXVIII y XLVII.  Artículo 11, Fracc. VII. Artículo 12 BIS.  Art. 12 BIS 1. Artículo 12 BIS 2. Artículo 12 BIS 6, Fracc. XV, XIX y XXI. Artículo 14 BIS 5 Frac. IV y VIII. Artículo 15, Frac. II y X segundo párrafo. Art. 22, 2°párrafo. En el Reglamento de la LAN, hay referencias a los Consejos de Cuenca en los  artículos: 15, 16, 21, 22, 25 y 73, 2° párrafo
[5]   Ver: Consideraciones para la labor legislativa, entrega de informes individuales. Cuenta Pública.  Auditoría Superior de la Federación, pp. 47, junio de 2016.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Palafox. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre la aprobación a Petróleos Mexicanos, de un periodo adicional a 101 asignaciones de exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta prórroga a las otras.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Para la otra sesión, por favor, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Lo turnaríamos entonces para la siguiente sesión. Gracias, Senadora Padierna.

Tiene la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

México ocupa una de las primeras posiciones a nivel mundial en longitud de litorales y cuenta con 22 puertos, de los cuales, casi el 50 por ciento se localiza en el litoral del Pacífico y el resto, en las costas atlánticas del Golfo de México y del Caribe.

El transporte marítimo es un elemento fundamental para el comercio exterior, además de que conecta regionalmente con el territorio continental.

Nuestro país se encuentra dentro de los 10 primeros importadores del mundo, siendo el más fuerte en Latinoamérica, con una participación del 43 por ciento a escala regional.

Desde el 2005, el 82 por ciento del volumen de las importaciones de los productos petrolíferos se han efectuado a través de las instalaciones marítimas de Pemex, este volumen de 2005 al 2016 creció en un 204 por ciento de manera sostenida.

Pemex cuenta con un total de 15 instalaciones marítimas para el manejo de hidrocarburos y la importación de combustibles; cuenta también con cinco importantes terminales de operación marítima y portuarias en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Sonora.

Estas instalaciones, Pemex utiliza el 83 por ciento de capacidad de almacenamiento, y sabemos muy bien que hoy por hoy uno de los ejes estratégicos de nuestro país para poder ser más competitivos está precisamente en las cadenas intermedias de comercialización, almacenamiento, distribución e importación de hidrocarburos para poder aspirar a tener no solamente mejor infraestructura, sino mejores costos y mejores condiciones para todos los mexicanos.

Las reglas que se tienen para el acceso abierto en la infraestructura de transporte y almacenamiento de petrolíferos en terminales marítimas, derivadas de la reforma energética, no serán óptimamente implementadas si no se desarrolla una nueva infraestructura o se realizan las adecuaciones necesarias.

Los principales puertos mexicanos de importación de gasolinas presentan insuficiencias en diferentes dimensiones.

Por una parte, las condiciones físicas de los puertos como el tirante de agua, el calado, la capacidad de los muelles, el almacenamiento y la evacuación de los buques. Y, por otra parte, hasta hoy la capacidad de las instalaciones para atender las embarcaciones es también limitada, no obstante, es un hecho que existe interés por parte de terceros para invertir en el desarrollo y la mejora de todas estas nuevas instalaciones.

La Cofece ha mencionado de la gran importancia que tienen las instalaciones portuarias para la importación de petrolíferos y su transporte dentro del territorio nacional, en pro de la consolidación de un mercado competitivo de petrolíferos, así como también de las necesidades de infraestructura que podrían existir para la realización de las actividades por parte de nuevos competidores.

Por ello, en primera instancia es menester contar con el diagnóstico de los programas maestros que se encuentran en marcha y las acciones que éstos contienen en materia de construcción o mejoramiento de terminales para la carga y descarga de petrolíferos, para garantizar el acceso abierto y, sobre todo, efectivo de ductos y terminales ubicado en los puertos marítimos de nuestro país.

Por otra parte, toda vez que las inversiones en este sector provienen también de particulares, es sumamente importante que se emita a la brevedad una Norma Oficial Mexicana por parte de la Agencia, la ASEA, con el objeto de brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a dichas inversiones.

Y lo hemos dicho muchas veces, para poder garantizar la confianza y la certidumbre tiene que haber orden, y para que exista ese orden, tienen que existir reglas claras.

Nos interesa mucho conocer los mecanismo y medidas regulatorias con los cuales la ASEA dará viabilidad y certidumbre a estos proyectos, garantizando, por una parte, la seguridad industrial, el cuidado y la protección al medio ambiente, tanto de los puertos de nuestro país como de todas y cada una de sus instalaciones.

La ASEA, todos sabemos que trae cargas de trabajo importantes, también tiene tiempos limitados y los urgimos por ello para darle certidumbre a todas estas inversiones estratégicas en nuestro país con las decisiones y con esta Norma Oficial Mexicana que urge que ya den a conocer.

México atraviesa por un momento complejo, el desempeño de nuestra economía y la coyuntura internacional exige que utilicemos al máximo y sin ningún titubeo las herramientas jurídicas que se concretaron con la aprobación de las grandes reformas.

Por ello, lo que les he comentado, en este punto de Acuerdo estoy exhortando a la SCT a que nos informe el nivel de avance en el desarrollo de infraestructura en materia de puertos, relacionada con el almacenamiento y transporte de petrolíferos, así como a la ASEA para que emita las especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en las instalaciones marítimas asociadas con el manejo de petrolíferos.

Por su atención y su apoyo, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES O ADECUACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN LOS PROGRAMAS MAESTROS PORTUARIOS ANTE LA LIBRE IMPORTACIÓN Y EXPENDIO DE PETROLÍFEROS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE EXHORTA A LA ASEA A EMITIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE LAS INSTALACIONES MARÍTIMAS DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por su localización marítima, México ocupa de las primeras posiciones a nivel mundial en longitud de litorales y cuenta con 22 puertos, de los cuales casi el 50% se localiza en el litoral del Pacífico, y el resto en las costas Atlánticas del Golfo de México y el Caribe.

Podemos considerar al transporte marítimo como un elemento fundamental con el comercio exterior, además de que conecta regionalmente con el territorio continental. Dado a esto, podemos encontrar al país dentro de los 10 principales importadores del mundo, siendo que es el más fuerte en Latinoamérica, con una participación del 43% a escala regional.

Dado a esto, vía marítima se transporta más del 80% de las exportaciones del país, además de que el sistema portuario mexicano apoya la producción y la exportación de industrias tan importantes como lo es la petrolera, siderúrgica, la cementera, la automotriz y la petroquímica.

En los últimos años, los puertos mexicanos han destacado su elevado crecimiento de volúmenes de mercancías manejadas, debido a la diversificación de sus actividades dentro de las áreas de oportunidad para las nuevas inversiones y generación de empleos en las terminales, instalaciones y negocios portuarios, comerciales e industriales.

Desde el 2005, el 82% del volumen de las importaciones de los productos petrolíferos se han efectuada a través de las instalaciones portuarias marítimas de Pemex, este volumen de 2005 al 2014 creció en un 204% el cual se ha mantenido hasta la fecha.

Por ejemplo, al cierre del 2006, el impacto que tuvo el subsector marítimo portuario en el PIB de la economía del país fue de 13.7 mil millones de pesos, de los cuales 9.2 mil millones fueron originados por actividades portuarias y 4.5 mil millones por servicios de transporte por agua. El valor del comercio exterior, movilizado por los puertos del país representa el 21% del total nacional. Durante este año, podemos mencionar que el número de empleos generados fue aproximadamente de 157 mil, de los cuales 57 mil son directos y 100 mil indirectos, así como las actividades portuarias generaron 88 mil.

Para continuar con el impulso de su desarrollo, el Gobierno Federal creó durante el 2004 una Política Pública para Cruceros, la cual establece criterios y estrategias para la construcción de nuevas terminales, promoción de rutas y mejora en la calidad de los servicios. La infraestructura marítima y portuaria que existe en los puertos habilitados ha sido el resultado de inversión por parte del sector público y el sector privado, ello ha hecho posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender en el corto plazo la demanda de servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno, y en general, el aparato productivo nacional.

Pemex cuenta con un total de 15 instalaciones marítimas, para el manejo de hidrocarburos y la importación de combustibles. Cuenta con 5 importantes Terminales de Operación Marítima y Portuarias en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Sonora. En estas instalaciones Pemex utiliza el 83% de capacidad de almacenamiento.

Las reglas que se tienen para el acceso abierto en la infraestructura de transporte y almacenamiento de petrolíferos, en el caso de terminales marítimas, no serían implementadas si no se tiene el acceso a las instalaciones portuarias y marítimas (incluyendo las de Pemex), que resultan indispensables para hacer uso de la infraestructura.

Los principales puertos mexicanos de importación de gasolinas, presentan insuficiencias en diferentes dimensiones. Por una parte, las condiciones físicas de los puertos como lo son; el tirante de agua, calado, capacidad de muelles, almacenamiento y evacuación, dificultan las operaciones. Por otra parte, la capacidad de las instalaciones para atender a las embarcaciones es limitada. Esto resulta alarmante, debido a que la limitada capacidad con la que cuenta Pemex en sus instalaciones portuarias, esto puede tener como consecuencia a que exista interés por parte de terceros para el desarrollo de nuevas instalaciones.

La COFECE menciona la gran importancia que tienen las instalaciones portuarias de Pemex para la importación de petrolíferos y su transporte dentro del territorio nacional, y por otra, las necesidades de infraestructura que podrían existir para la realización de las actividades por parte de nuevos competidores.

Una de las recomendaciones que hace la COFECE con respecto a la infraestructura portuaria, es permitir el uso de las instalaciones y servicios portuarios que sean necesarios; esto se obtendrá por medio de un diagnóstico en los Programas Maestros que se implementarán. De acuerdo con la COFECE dichos programas no contemplan terminales para la carga y descarga de petrolíferos, esto puede convertirse en una barrera para el desarrollo de nueva infraestructura portuaria para la importación de petrolíferos como para su transporte vía marítima.

Con ello para garantizar el acceso abierto y sobre todo efectivo de ductos y terminales ubicados en los puertos mexicanos, debe preverse el acceso a instalaciones portuarias y marítimas.

Cabe mencionar que dentro de la Ley de Puertos en su artículo 1, tiene por objeto la regulación de sus puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias, así como también esta puede restringir la utilización de las instalaciones de Pemex por parte de terceros, y  le corresponde a la SCT, adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua.

Así ante el incremento de la producción y las exportaciones nacionales, el fortalecimiento de la infraestructura es clave para lograr los objetivos de crecimiento económico nacionales.

El Gobierno Federal, publicó un Programa de Infraestructura Nacional para 2014-2018, donde se establecen proyectos con un valor 600,000 millones, en dicho proyecto se establece un punto principal el cual consiste en el desarrollo de infraestructura, siendo esta la forma más concreta de transformar a una nación. Dicho proyecto establece 6 la importancia de ser sectores estratégicos como lo son: comunicaciones y transportes, energía, hidráulico, salud, desarrollo urbano y vivienda, turismo.

Las fuentes de financiamiento con las que contará el Programa requieren de 4, 884,077 mdp en recursos del sector público, 2, 866,472 mdp  de recursos privados, destinados de la siguiente forma en los sectores: Para Comunicaciones y Transportes se destinará 1, 320,109 mdp, para el Sector Energía 3, 897,902, Sector Hidráulico 417,756 mdp.

En su conjunto, el Programa Nacional de infraestructura prevé una inversión global de 7.7 billones de pesos.

Con respecto a lo mencionado, es importante hacer énfasis con respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de Noviembre en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en el cual en materia de Infraestructura portuaria, se destinaron recursos por 1,700 millones de pesos, lo que equivale a una reducción de 51% respecto a los recursos destinados en 2016.

Por ejemplo; en el Caso de Campeche, un estado petrolero, el cual aporta 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto al país, en sus actividades portuarias para el 2017, se le dio un recorte del 62% con respecto al 2016, es decir 542,356,476 millones de pesos menos con respecto al 2016.

Así como también podemos observar recortes para la SCT, a la cual se le contempla un gasto de 77,723 millones de pesos, es decir,  14% inferior a lo propuesto a inicios de año.

Es por ello que el desarrollo económico y social de un país depende de la cantidad de infraestructura para apoyar la integración económica, y el bienestar de la sociedad. Así como también la infraestructura portuaria tiene las necesidades para atender el sector petrolero, así como el abasto de insumos con el sector pesquero y agroindustrial, es necesario llevar a cabo los proyectos, de remodelación, ampliación y entre otro en los puertos mexicanos, para garantizar los servicios que Pemex otorga a terceros.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe pormenorizado sobre los avances en las acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios con el objeto de que, ante la libre importación y expendio de petrolíferos, existan las condiciones de infraestructura necesarias para que en el corto plazo exista un pleno manejo de dichos elementos de manera segura y adecuada.

Segundo: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a emitir una NORMA Oficial Mexicana ya sea permanente o de emergencia, que establezca las especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente de las instalaciones marítimas de almacenamiento de petrolíferos con el fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídicas a los posibles inversionistas en este importante mercado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Lavalle. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senador Cárdenas, ¿tiene algún comentario?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Si el Senador ponente me permite adherirme al punto de Acuerdo que acaba de presentar.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Lo autoriza el Senador? Añadido el Senador Cárdenas. Gracias.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Gastélum Bajo, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta a presentar un informe sobre las acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de las mujeres y niñas.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señora Presidenta.

Este es un punto de Acuerdo que mi grupo parlamentario presenta, preocupado y con la necesidad de conocer en las 32 entidades este esfuerzo que hemos venido realizando cada día 25 de cada mes.

Es una manera de llamar la atención y de denunciar la violencia en contra de las mujeres.

Es verdad que muchos esfuerzos se han hecho desde la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pasando por presupuestos con perspectiva de género, la Ley de Igualdad, ha habido grandes esfuerzos legislativos y políticas públicas también encaminadas a terminar con este flagelo social.

Pero pareciera que entre más esfuerzos hay, la violencia en contra de las mujeres ha alcanzado dimensiones impresionantes.

El feminicidio ha crecido importantemente, y podemos hablar que uno de los mecanismos más importantes para revisar la violencia más alta que son los crímenes de odio en contra de las niñas y mujeres de este país no ha mermado, no ha bajado, y la alerta de género dejó de ser un instrumento solamente político.

Hoy existen once estados de la República que tienen esta alerta de género en algunos municipios, que ha arrojado datos muy interesantes para atenderla; pero es muy importante, y para mi grupo parlamentario significa un instrumento de gran valía este informe que estamos pidiendo, en ¿qué ha contribuido este “Día Naranja” de cada mes, qué avances hemos tenido, qué resultados favorables, en el afán de buscar mecanismos que contribuyan a parar esta violencia en contra de las niñas y mujeres de este país.

Lo presentamos conociendo que si más de la mitad de la población no cuenta con los mínimos de integridad, de seguridad, de desarrollo, difícilmente podemos hablar de un desarrollo general en el país, entonces ése es el interés que tiene el grupo parlamentario.

Por lo tanto, estamos pidiendo un informe pormenorizado de las acciones realizadas, los alcances y los retos que tenemos y, sobre todo, seguramente habrán en este informe también datos interesantes, qué más se propone hacer para poder parar la violencia en contra de las mexicanas.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia contra las mujeres y niñas representa un fenómeno que lacera e inhibe el desarrollo de nuestro país, asimismo, constituye una transgresión a los derechos humanos, cuyos efectos pueden derivar en un impacto irreversible. En consecuencia, uno de los mayores desafíos y pendientes que tenemos como nación es la erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas.

Conscientes de la importancia de avanzar en la prevención, solución y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y en general el Congreso de la Unión en su conjunto, hemos impulsado diversos instrumentos legislativos en la materia como iniciativas, exhortos y campañas de concientización e información, por mencionar algunos.

Entre los esfuerzos, el 30 de abril de 2014, el Pleno del Senado de la República, aprobó modificaciones a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de sancionar la violencia obstétrica para dar mayor protección en la atención médica durante el embarazo, parto y puerperio; y de ofrecer mayores garantías a las trabajadoras y más certera, al incentivar la equidad de género en la actividad empresarial.

El 09 de marzo de 2017, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres. Entre otras cuestiones, se incorporó al orden jurídico nacional el concepto de violencia política de género; y se reconocieron las modalidades, y se estipulan las infracciones y sanciones correspondientes, así como los agravantes.

Respecto a las proposiciones con punto de acuerdo, se encuentra la aprobada el 02 de diciembre de 2013 con la que se llegó a la determinación de exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a sumarse a la celebración del Día Naranja, el 25 de cada mes, iluminando de color naranja los edificios y monumentos más emblemáticos de los estados, a fin de concientizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.1

Desde su aprobación, el punto de acuerdo en comento ha contribuido a visibilizar este fenómeno que de manera inaceptable e injustificada sigue vigente en todo el mundo, sin que México sea la excepción. Con el exhorto realizado a los gobiernos de las entidades federativas, cada vez son más frecuentes las manifestaciones de apoyo a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Si bien es cierto que acciones como iluminar de naranja edificios públicos o portar prendas del mismo color en el marco del Día Naranja, observado el 25 de cada mes, son significativas, también lo es que dichas medidas sólo representan una parte de la solución y no son suficientes para erradicar la violencia de género. Precisamente, es en esta última consideración que el informe solicitado en el presente punto de acuerdo encuentra su motivación.

Para ponderar la pertinencia del exhorto, cabe advertir que conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), podemos destacar las siguientes cuestiones respecto a la violencia contra la mujer:

• Comprende cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

• Incluye la violencia física, sexual y psicológica que se tenga lugar en cualquier ámbito, entre ellos, en el lugar de trabajo e instituciones educativas.

• Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Lo anterior, deja de manifiesto una problemática preocupante que se agrava aún más si tenemos en cuenta que de acuerdo con información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por su pareja, mientras que en México el 47% ha sido víctima por parte de su pareja. Asimismo, señala que en nuestro país, una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral y que en 2015, se registró un promedio de 6.2 asesinatos de mujeres al día.2

Por su parte, ONU Mujeres indica que aunque el 39% de los países del todo el mundo ha utilizado algún tipo de sistema de cuotas encaminados a incrementar la representación de las mujeres en la política, al año 2017, en la integración de los Parlamentos sólo el 23.4% corresponde a mujeres.

Otro aspecto que advierte ONU Mujeres es el relativo al mercado laboral, donde señala que a nivel mundial las mujeres ganan 0,77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Además, preocupan prácticas como el matrimonio infantil y la mutilación genital, al respecto, refiere que a nivel mundial, al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación genital y más de 750 millones se casaron antes de cumplir los 18 años.

En México, el panorama no es muy distinto, prueba de ello es que a pesar de esfuerzos como los mencionados y otros de igual naturaleza, se continúan presentando prácticas discriminatorias y nocivas en detrimento del desarrollo de nuestro país, entre las cuales se encuentran violaciones en el ejercicio de sus derechos reproductivos, hostigamiento y acoso sexual; disparidad en la carga del trabajo doméstico y cuidados no remunerados; y desigual participación en los puestos de decisiones y liderazgo.3

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con el Gobierno Federal en que es fundamental legislar con perspectiva de género, lo que implica revisar y asegurar que la política nacional tenga como base cimientos firmes y armonizados que se encuentren más allá de cuestiones de buena voluntad de los gobernantes.

En este orden de ideas, cabe mencionar que también emana de un  compromiso internacional debido a que entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 5 es relativo a la Igualdad de Género, con el que además de lograr igualdad entre los géneros, se busca empoderar a todas las mujeres y niñas. Para ello se plantean una serie de metas, entre las que destacan las que a continuación se refieren.4

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos, público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

 • Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado.

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

En concordancia a las metas enunciadas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 5 fracción VIII, establece que los Derechos Humanos de las Mujeres son los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.

A partir de las consideraciones vertidas, el objetivo del presente punto de acuerdo es contribuir a terminar con arraigadas e injustificadas prácticas que implican violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que presenten un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas en el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como los avances y resultados que se han alcanzado para erradicar este fenómeno.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y amplíen sus acciones, planes y programas en materia de prevención, combate y erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora Diva Gastélum. Túrnese a la Comisión Para la Igualdad de Género.

1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44907

2 http://www.cinu.mx/noticias/la/violencia-contra-mujeres-y-nin/

3 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/legislar-con-perspectiva-de-genero-para
-alcanzar-el-desarrollo-sostenible?idiom=es

4 http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality






Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación con su Presidencia.

Solicito a la Secretaría dé lectura al contenido del Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, está a discusión el Acuerdo.

De no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén a favor porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el Acuerdo por el que se designa a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo como Presidenta de la Junta de Coordinación Política para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. Comuníquese.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Es para mí motivo de gratitud, pero sobre todo, de enorme responsabilidad, la confianza que hoy se me ha dado en la Junta de Coordinación Política, y por este Pleno, que es, desde luego, nuestro máximo órgano de decisión.

Estoy consciente de que asumo una responsabilidad prácticamente en el cierre de las dos legislaturas para las que fuimos electos.

Consciente de estar en uno de los dos órganos de gobierno de esta Cámara de Senadores.

El primer año tuve la gran oportunidad de estar en la Junta de Coordinación Política, como integrante.

El segundo año, gracias también a la confianza de mi grupo parlamentario, del propio Pleno, tuve la oportunidad de ser Vicepresidenta y, por supuesto, que quiero asumir el compromiso de representar con dignidad, con responsabilidad, con absoluta imparcialidad este órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, para lograr lo que estamos obligados todos los días, acuerdos a favor de nuestro país, acuerdos a favor de las mayorías de los mexicanos.

Han sido cinco años de Acuerdos, cinco años de logros concretos de enriquecer con la visión de todos y cada uno de los Senadores y Senadoras el trabajo parlamentario, y estoy cierta, que este último año no será la excepción.

Hago votos porque así sea, y por supuesto que me comprometo con todas y todos ustedes a ser una facilitadora para alcanzar con imparcialidad, con responsabilidad, estos Acuerdos.

Muchas gracias por su confianza.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Ana Lilia Herrera.

A nombre de la Mesa Directiva, le quiero expresar nuestro beneplácito y nuestra satisfacción de que sea usted la responsable de coordinar los trabajos de la Junta de Coordinación Política.

Estoy seguro que será usted factor de construcción de mayorías, factor de estabilidad en este Senado de la República, y estoy seguro que trabajaremos muy de la mano la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.

¡Felicidades, Senadora!










Les informo que las proposiciones referidas y solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.

Solicito a la Secretaría informe del listado de las proposiciones que se turnan a la Cámara de Diputados.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura, señor Presidente, a las proposiciones que se turnan a la Cámara de Diputados.

Una, del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, que exhorta a considerar la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CONSIDERE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES AL PROYECTO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LAS ZONAS ÁRIDAS (PRODEZA) Y A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA), al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para el 2050, la escasez de agua en varias zonas del mundo amenazará la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia, puesto que se necesitará un 60% más de alimentos por lo que la agricultura seguirá siendo el mayor consumidor de agua a nivel mundial.

Por ello, a través de la tecnología y las prácticas de gestión, los agricultores, especialmente los pequeños campesinos, tendrán que encontrar maneras de aumentar su producción con una limitada disponibilidad de tierra y agua. En la actualidad, la escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una proporción que alcanzará los dos tercios para 2050.

En ese sentido, las mejoras destinadas a ayudar a los agricultores a aumentar la producción de alimentos utilizando recursos hídricos cada vez más limitados son muy necesarias. También será fundamental empoderar a los agricultores para que gestionen mejor los riesgos asociados a la escasez de agua, según la FAO y el Consejo Mundial del Agua.

La problemática actual, radica en un consumo excesivo de agua para la producción alimentaria y agrícola. Por ejemplo, en grandes zonas de Asia meridional y oriental, en el Próximo Oriente, África del Norte y América del Norte y Central, se utiliza más agua subterránea de la que puede reponerse de forma natural.

Tal es el caso de los habitantes de las zonas áridas de México quienes se encuentran en la disyuntiva de recuperar su entorno y mantener sus actividades productivas, por lo que el apoyo del gobierno y el trabajo conjunto son la clave para lograr que se mejoren las condiciones de vida de sus pobladores y al mismo tiempo se conserve ese hábitat.

El principal promotor del desarrollo de las zonas áridas en nuestro país es la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), organismo que por medio de apoyo financiero y técnico implementa las políticas públicas en materia de abastecimiento de agua para la agricultura y ganadería, además de la utilizada para consumo humano.

Uno de los más importantes proyectos de las CONAZA es el PRODEZA (Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas) cuyo eje central es mejorar la vida de los productores agropecuarios en localidades de alta marginación de zonas áridas y semiáridas de México.

Por otro lado, a través del componente Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), se otorga a los productores locales los apoyos y servicios que les permiten contar con proyectos que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de suelo, agua y vegetación utilizados en la producción agropecuaria.

Parte del COUSSA es el Proyecto Estratégico Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas (POH) cuyo objetivo es apoyar la construcción de pequeñas obras de captación y almacenamiento de agua para su uso en la etapa de estiaje, o para el consumo doméstico en las localidades rurales que carecen de abasto permanente.

En las zonas áridas los principales proyectos que se apoyan, aunque numerosos y variados, están dirigidos básicamente a la producción agrícola y ganadera, explotación de recursos vegetales, mantenimiento y generación de infraestructura, conservación y recuperación de suelos.

??En ese tenor, la CONAZA ha implementado proyectos de captación de agua de lluvia en varios estados de la República entre los que se encuentran Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León.

Las tecnologías de cosecha de agua de lluvia que proveen de este líquido para consumo humano y para uso ganadero en las zonas áridas de México, son indispensables pues en estas zonas, el agua de lluvia que se evapora supera por mucho a la que se precipita, lo que genera una baja disponibilidad permanente para consumo humano.

Por ejemplo, Baja California Sur es uno de los estados con mayor problemática de explotación de sus reservas de agua, de acuerdo con el estudio “Diagnóstico del agua en las Américas”, elaborado por la Red Interamericana de Academias de las Ciencias.

Este diagnóstico establece que una de las problemáticas más agudas en torno al recurso del agua en el país, es la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. Dicha sobrecarga a la capacidad de recuperación de los pozos, provoca la intrusión y sobre saturación de diversos contaminantes que depende de la zona geográfica donde se da la sobreexplotación.

Por la cercanía de los pozos locales con el mar, el problema de la sobreexplotación de aguas subterráneas en Baja California Sur, se traduce en la intrusión de agua salobre, situación que provoca la pérdida de los pozos en cuestión.

De acuerdo con este estudio en México hay 17 acuíferos en creciente afectación por la sobreexplotación, tres de los cuales se encuentran en Baja California Sur: el de La Paz, el de Comondú y el de Loreto.

Para un estado con una modesta producción ganadera, es de suma importancia el aprovechamiento óptimo del recurso hidráulico, pues la explotación ganadera es de tipo extensivo en su mayoría y de libre pastoreo. Además, la actividad es limitada por los índices de agostadero que se observan en casi la totalidad de las superficies destinadas a esta actividad, mismos que registran hasta 80 hectáreas por unidad animal y donde uno de los problemas elementales que atraviesa este subsector es la falta de fuentes de abastecimiento de agua para abrevar el ganado ya que se considera muy escasa la precipitación pluvial que se presenta en todo el territorio estatal, de ahí la necesidad de una infraestructura que permita la utilización del agua al máximo.

Es entonces que la sustentabilidad de la ganadería y la agricultura, se puede mejorar con programas como el COUSSA, pero además esto puede ser un auxiliar en la captación de agua, para uso doméstico, pues en los 5 municipios del estado se enfrentan problemáticas diversas, en lo que se refiere a la administración del agua, incluyendo, por supuesto el abastecimiento a las comunidades rurales.

Es importante considerar que la base productiva del sector rural se encuentra en sus recursos humanos y materiales y que dentro de los segundos, el suelo, el agua y la vegetación representan el principal activo con el que cuentan los habitantes del medio rural; de poco serviría a la población rural contar con maquinaria y equipo agropecuario si sus activos productivos primarios se degradan y se vuelven improductivos, por ello, su uso, manejo apropiado y conservación se vuelven prioritarios no sólo para el disfrute de bienes para la población rural, sino para toda la población y las futuras generaciones, considerando que la suficiencia y disponibilidad de servicios ambientales como el agua y  el aire que todos disfrutamos hoy, están íntimamente relacionados a un manejo racional y sustentablemente del suelo, el agua y la vegetación en los territorios rurales.

En ese sentido, es de suma importancia que se destinen mayores recursos a los programas enfocados en la conservación y uso sustentable del agua en las zonas áridas, tales como el PRODEZA y COUSSA, ya que varios estados de la república como Baja California Sur, se encuentran en situación de sobreexplotación de sus acuíferos  y escasez de recursos hídricos, derivadas de las condiciones climáticas en las zonas áridas, siendo necesario que se impulsen proyectos de captación de agua de lluvia como alternativas para que en esas regiones se cuente con el agua indispensable para vivir y desarrollar sus actividades agropecuarias.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).

Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.






Tres, de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN:

La que exhorta a asignar recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán.

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE DURANTE EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASIGNE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA BACA - YAXKUKUL, CON LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 176 MÉRIDA - MOTUL, KILÓMETRO 20 + 800, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación son el medio que acerca a los seres humanos, para la convivencia mutua y el intercambio de bienes y servicios, acrecienta la economía de los integrantes de la sociedad, les facilita el traslado para comerciar sus productos, en especial tratándose de la infraestructura carretera, la cual debe permitir el tránsito eficiente y seguro de las personas.

Una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y aun bajo costo. Con una infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.1

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, establecen desarrollar la visión de llevar a México a su máximo potencial y contribuir al cumplimiento de las Cinco Metas Nacionales y las Tres Estrategias Transversales.

En el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en:

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros.

2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios de mercado.

3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades.

4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes.

5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional.

En la Meta Nacional un “México Próspero” que beneficie a todos los mexicanos, encontramos el desarrollo de infraestructura en materia de comunicaciones y transportes. Para aprovechar todo el potencial de México, es necesario mejorar y ampliar carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y servicios de telecomunicaciones.

Nuestra República se encuentra enmarcada por una serie de entidades federativas, municipios y poblados que con el transcurso del tiempo se van transformando en grandes manchas urbanas en donde se van asentando conglomerados humanos, que van forjando un estilo de vida y requiriendo de todos los equipamientos necesarios que les permita salir adelante.

Estas poblaciones van abriendo sus propios caminos y vías de comunicación y acceso hacia las demás, en busca de una mejor calidad de vida y sustento para sus familias, de una forma de estar comunicadas y facilitar a los miembros de la sociedad una movilidad más ágil, segura y transitable, para ello requieren de una buena infraestructura vial.

Esa infraestructura vial debe representar una mejor conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, que fomente la construcción de nueva infraestructura, que favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. En el sector carretero se señala mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores y llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques distribuidores y accesos.

En el caso concreto de Yucatán se está necesitando de la construcción de un distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca - Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida a Motul, kilómetro 20 + 800, la cual permitirá que ya no ocurran más accidentes viales en los cuales los únicos afectados han sido los pobladores de Baca y poblados vecinos que concurren a laborar a la citada población.

Este tramo carretero se ha convertido en un entronque de alta peligrosidad, debido a que no existe un puente vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida – Motul, y que por sus características de vía rápida ha generado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, dejando a familias enlutadas por esta situación.

Es importante resaltar que se demanda de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, la cual requiere de una inversión económica, misma que resultará mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población de las quince localidades y cabecera municipal del municipio de Baca.

Cabe destacar, que son carreteras muy transitadas en donde la obra de construcción de un distribuidor vial, les vendría de mucha ayuda y tranquilidad para las familias que día a día atraviesan por esta vía, para acudir a su trabajo, a la escuela o para realizar alguna otra diligencia personal, con la seguridad de que no correrían el riesgo de sufrir alguna tragedia que enlute a una familia más.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea aprobado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca - Yaxkukul, con la carretera federal número 176 Mérida - Motul, kilómetro 20 + 800, en el estado de Yucatán.

Dado en el Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013





La que solicita asignar recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán.

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE DURANTE EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASIGNE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE TIXMÉHUAC-KIMBILÁ EN EL ESTADO DE YUCATÁN, ASIMISMO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A CONSIDERAR DENTRO DE SU PLAN DE TRABAJO LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CITADO TRAMO DE CARRETERA, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno; conjuntamente con la Ley de Planeación, establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas.1

El Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surge de abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución, así el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial.

En la Cuarta Meta de un México Próspero, señala que una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo. Una Infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.

Actualmente la red carretera del país suma 374, 262 km. De ellos, 49,169 km conforman la red federal (8,459 km son autopistas de cuota y 40,710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24,308 km se consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de las poblaciones del país. Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial, ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito.

En el Objetivo 4.9 se señala contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. La Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

En cuanto a las líneas de acción, apunta fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. Así como, evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

En el sector carretero, asienta:

Consolidar y/o modernizar los ejes troncales transversales y longitudinales estratégicos, y concluir aquellos que se encuentren pendientes.

Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores.

Conservar y mantener en buenas condiciones los caminos rurales de las zonas más marginadas del país, a través el Programa de Empleo Temporal (PET).

Modernizar las carreteras interestatales.

Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos.

Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento.

Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el transito intermodal.

Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la red y sistemas inteligentes del transporte.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, en Materia de Comunicaciones y Transportes se resume en:

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros.

2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios de mercado.

3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades.

4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes.

5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional.

Al ser las carreteras vías de comunicación de suma importancia para las poblaciones permitiéndoles conectarse a fin de que se les facilite a los pobladores el flujo de productos y servicios, así como el traslado de las personas de una manera ágil, eficiente, a un bajo costo y con seguridad, es necesaria la modernización y/o reconstrucción de la infraestructura de carreteras, para que estas se encuentren en buen estado, robustecer la conectividad del país, facilitando el desplazamiento oportuno de los mexicanos, así como el crecimiento de la actividad económica para incrementar la competitividad del país.

Por lo anterior, vengo a proponer a esta soberanía, se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá, ubicada aproximadamente a 45 kilómetros al este de la ciudad de Mérida.

Es importante resaltar, que es una carretera muy transitada que al encontrarse en mal estado, solo perjudican a los pobladores y no contribuyen con el fin establecido en el PND 2013–2018, al encontrarse la población sin un traslado de manera ágil y seguro, por lo que solicito se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de su presupuesto y de su plan de trabajo, sobre construcción, modernización y conservación de la red carretera, se incluya el proyecto de reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán.

De lo anteriormente expuesto, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea aprobado, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, asigne recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán.

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a considerar dentro de su plan de trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción de la carretera de Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán.

Dado en el Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 www.nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013





Y la que solicita asignar recursos al sector apícola del estado de Yucatán.



Son todas las proposiciones, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica el turno de dichas proposiciones a la Cámara de Diputados.






Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna)

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es indiscutible el hecho de que en nuestro país, desde finales del siglo XX a la fecha, el modo predominante en el traslado de carga y de personas ha sido la vía terrestre. Los caminos, carreteras, puentes y autopistas han transportado a millones de mexicanos y mercancías todos los días. No obstante, a nivel nacional se han incrementado los accidentes carreteros en vías federales y en la mayoría de los casos tienen que ver con la circulación de autotransporte de carga.

En este mismo sentido y de conformidad con el documento emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Principales Estadísticas del Sector de Comunicaciones y Transportes 2015,1 en ese año se trasladaron un total de 233.5 millones de toneladas vía terrestre en nuestro país, sin embargo, ese traslado se ha realizado con unidades que presentan un promedio de antigüedad de 17.3 años (17.5 años en tractocamiones, y 17.1 años en las unidades de arrastre), quedando en evidencia que la modernización de los mismos no se ha logrado, originando contar en nuestro país con un parque vehicular de tractocamiones en estados físico-mecánicos obsoletos y peligrosos en su mayoría.

Ahora bien, datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revelan que en el 2016 se registraron 12,553 accidentes, siendo Veracruz el estado con más incidencia al registrar 1,061.2 De acuerdo con el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales del 2015,3 del Instituto Mexicano del Transporte, las colisiones en la Red Carretera Federal registradas por la Policía Federal ascendieron a un total de 17,241 percances que dejaron un saldo de 3,546 personas muertas y 15,727 lesionadas.

De los 17,241 percances se registraron 27,185 vehículos, entre los que se incluyen vehículos ligeros (17,780), artículados (2,736), camiones unitarios (2,305), motocicletas (1,276), doble articulados (1,112), autobuses (741), bicicletas (188) y otros (1,047) incluye no identificados, diversos y ferrocarril. Cabe resaltar que si bien los automóviles y camionetas pick-up encabezan el listado, para 2015 los vehículos articulados superaron a los camiones unitarios y los doble articulados a los autobuses.4

Más adelante en ese mismo documento el Instituto Mexicano del Transporte ha determinado que alrededor del 3 por ciento del total de los accidentes que se registran en el país, es ocasionado por los también llamados “Full trailer”, precisando que los dobles remolque han generado el 2.2 por ciento de las fatalidades y el 1.6 del total de las lesiones en los accidentes que ocurrieron entre 2008 y 2012.5

Fórmulas a las que se tiene que agregar que los doble remolque o como los denomina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los vehículos extralargos al tener una mayor capacidad, pueden transportar mayores toneladas, lo que dificultará su frenado de emergencia, poniendo en riesgo no sólo al conductor de la unidad, sino también a la sociedad, lo que ha llevado a que en muchos Municipios, Estados e incluso en la Ciudad de México se restrinja  la circulación de esas unidades en vías específicas y horarios determinados. Sin embargo, ese noble esfuerzo no ha sido suficiente para disminuir esas estadísticas, y por el ámbito de competencias, muchos de esos esfuerzos son locales y no impactan de manera directa a la seguridad que todos aspiramos al transitar en las carreteras y autopistas federales.

Ante este incremento y con el fin de sobreponer la seguridad sobre el interés económico, es urgente que se replantee las normas aplicables al sector, con el ánimo de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para todas las personas que circulan por las carreteras, caminos, puentes, avenidas y calles de nuestro país, por lo que esta iniciativa de ley, se centra en dos grandes rubros:

1. El conductor, el cual sólo podrá conducir por un plazo máximo de ocho horas continuas, y en caso de que las condiciones de conducción no sean óptimas, se le impone la obligación de detener la unidad, hasta que esas condiciones se vean mejoradas.

Lo anterior, a fin de disminuir los riesgos causados por el factor humano y/o climático, con el propósito de garantizar la seguridad no solo del conductor, sino de las personas que transitamos por las autopistas y carreteras de nuestro país.

2. El tractocamión y los remolques: en la iniciativa, en específico en el artículo 39, se adiciona la obligación que los vehículos de transporte federal y privado de carga, deban contar con diversas ayudas al conductor, entre ellas están la geolocalización satelital y medición de velocidad de manera remota; instalación de equipos de prevención de cambio de carril involuntario y mantenimiento de distancia entre vehículos.

En el artículo 50, se adiciona un último párrafo a fin de prohibir la circulación de los vehículos extralargos y estableciendo una longitud máxima de 25 metros, y supeditado a un tonelaje fijado expresamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Como se puede observar esos dos grandes ejes, buscan contribuir con la seguridad de todas las personas que se encuentran circulando en las autopistas y carreteras de nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, someto a  la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo séptimo del artículo 36, se reforma el artículo 39 y se adicionaun cuarto párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como a continuación se presentan:

Artículo 36. …

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso o rebasar los máximos de velocidad, de peso, capacidad y dimensiones establecidas por la Secretaría.

Los conductores de vehículos de autotransporte federal están obligados a detener su unidad en un lugar seguro al conducir por un plazo máximo de ocho horas continuas; si las condiciones de visibilidad son mínimas y si las condiciones climática son desfavorables.

Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de rastreo satelital en tiempo real que permitan su geolocalización y la medición de velocidad máxima, el cambio de carriles involuntarios y la distancia entre vehículos.

Artículo 50. …

Queda prohibida la circulación de autotransporte de carga de dos o más articulaciones, remolques, semirremolques o que excedan de longitud los 25 metros y cuyo tonelaje exceda a los que señale para tal efecto la Secretaría.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los autotransportistas federales contarán con un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para la implementación o adecuación de sus unidades con las herramientas tecnológicas a las que se refiere en el artículo 39.

Tercero. Los vehículos a los que se refiere el último párrafo del artículo 50, deberán de dejar de circular a partir del primer mes de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, esto a fin de que puedan dar cumplimiento a las obligaciones que hubieren pactado previamente.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, disponible en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/Principales-Estadisticas-2015.pdf (fecha de consulta: 01/09/2017)
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, disponible en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/Principales-Estadisticas-2015.pdf (fecha de consulta: 01/09/2017)

2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Estadísticas y Accidentes de Tránsito del 2016. Disponible en:
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/ (fecha de consulta 01/09/2017).

3 Instituto Mexicano del Transporte-SCT, disponible en:
http://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt66.pdf  (fecha de consulta: 01/09/2017).
Instituto Mexicano del Transporte-SCT, disponible en:
http://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt66.pdf  (fecha de consulta: 01/09/2017).

4 Idem.

5 Idem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 253 BIS Y 381 QUINQUIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO F) AL PÁRRAFO 2 Y UN PÁRRAFO 6 AL ARTÍCULO 156 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO F) AL PÁRRAFO 2 Y UN PÁRRAFO 6 AL ARTÍCULO 156 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS MEDIANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE DONACIÓN PUEDA CONTENERSE EN LA CREDENCIAL DE ELECTOR; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El siglo XX trajo innumerables avances científicos y tecnológicos que en un tiempo fueron inimaginables y hasta cosa de ciencia ficción. Uno de los más impresionantes en el mundo de la medicina, fue sin duda, el trasplante de órganos.

Se trata de la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir las funciones perdidas, que para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma.

Así, la donación y trasplante de órganos y tejidos se constituye como una oportunidad para que miles de personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida cuando no quedan más alternativas terapéuticas.

Sin embargo, los alcances siguen siendo limitados en virtud de que de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país tenemos un rezago importante en esta asignatura, en el que al año se realizan entre 5 y 6 mil trasplantes, mientras que cerca de 20 mil se integran en la lista de espera.

Razones de peso por las que es indispensable seguir avanzando en la promoción y cultura de la donación de órganos bajo el régimen de los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad.

De conformidad al artículo 331 de la Ley General de Salud, la procuración y extracción de órganos para trasplantes se hará preferentemente de personas en las que se haya comprobado la pérdida de la vida, sin embargo, también es posible entre personas vivas cuando no se afecten las funciones que requiere el organismo para mantener un buen estado de salud; por lo que la donación de órganos puede ser en ambas hipótesis.

En cualquier caso, el consentimiento informado es un eje fundamental, de acuerdo a los Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos Humanos y la legislación nacional misma.

Para el caso de trasplantes por causa de muerte, esto es, cuando una persona fallece y alguno o algunos de sus órganos son extraídos con fines de trasplante, entre otros requisitos, el relativo al consentimiento se da en las vertientes de expreso o tácito, de acuerdo a la fracción II del artículo 334 de la Ley General de Salud.

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos;

El consentimiento expreso, es evidentemente aquel que consta por escrito por parte del donante.

En caso del segundo, el consentimiento tácito, se trata de aquel en el que la persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. En esta hipótesis, será necesario de acuerdo al artículo 324 de la legislación invocada, obtener también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

Esto es, el consentimiento tácito está sujeto al consentimiento expreso de los familiares del donante. Así, siendo objetivos, la mejor manera de fortalecer la cultura de la donación es a través del consentimiento expreso del disponente directo.

Sobre este respecto, cabe destacar que con el ánimo de promover y fortalecer la cultura de la donación de órganos, hacer más factibles los procedimientos y garantizar el consentimiento de las personas, en nuestro país se cuenta con un mecanismo en el que podemos otorgar consentimiento expreso a través de diversos documentos públicos, como es el caso de las identificaciones, por ejemplo, la licencia de conducir.

De hecho, así fue la esencia manifestada en el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000, en materia de Donación, Trasplantes y Pérdida de Vida, que a la letra dispuso:

TERCERO. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, promoverá ante las demás dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas, que se otorguen facilidades para que en los documentos públicos que les corresponda expedir a los particulares, éstos puedan asentar su consentimiento expreso o negativa para la donación de órganos y tejidos.

Otro caso concreto de estas acciones, lo es el convenio celebrado en septiembre del año pasado por la UNAM y la Secretaría de Salud para fortalecer la cultura de la donación de órganos entre su comunidad, de manera que las credenciales universitarias puedan contener la voluntad expresa de donar órganos.

Sin duda, un buen mecanismo, no obstante, hablando de credenciales o identificaciones, no hace falta mucho argumentar para tener en cuenta que el principal documento de este tipo lo es la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en su momento, el Instituto Federal Electoral (IFE), al tratarse del primordial de identificación ciudadana.

Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, la credencial de elector es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, también lo es que al tratarse del documento más utilizado y aceptado como medio de identificación ante terceros, lo vuelven el principal documento en su tipo en nuestro país, esto es, un documento público como a los que hace referencia el invocado artículo tercero transitorio.

Pese a ello, este importante documento no es utilizado como una forma para facilitar al ciudadano su aceptación, incluso su no aceptación a la donación de órganos, al tratarse de un derecho también tutelado.

Debemos tomar en cuenta que la credencial de elector debe estarse a los requisitos previstos en el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre los que no se encuentra la hipótesis planteada.

Es de destacar, que la Ley General de Salud contempla como documento de aceptación el formato que defina el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), que será expedido a las personas que lo soliciten, sin embargo, debemos ser realistas, la mejor forma es facilitar y acercar a los ciudadanos las opciones para otorgar este tipo de consentimiento, en base a la mencionada cultura de la donación de órganos.

De acuerdo con la Tercera Consulta Global sobre Donación de Órganos y Trasplantes de la OMS, en 2012, en el país existían apenas 2.8 donantes por millón de personas, mientras que la media latinoamericana es de 6.5 donantes por millón.

Lo anterior ha motivado a las autoridades a emprender programas de difusión que han mostrado resultados, y según el CENATRA, en 2016 se incrementó a 4 donantes por millón de personas. Cifras aún no se consideran suficientes.

Algunas de las principales causas de muerte en nuestro país pueden resolverse con trasplantes, como enfermedades del corazón, pulmonares, del hígado y del riñón, por citar algunas.

Por ello, es necesario fortalecer el programa de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante mediante la concienciación de los mexicanos, el incremento del registro de donantes y el acercamiento de los mecanismos de consentimiento expreso a los ciudadanos. Ello elevaría el número de trasplante y como resultado reduciría la cantidad de personas en la lista de espera.

En la sugerencia contenida en el presente documento, a través de la posibilidad de que la credencial de elector pueda contener un espacio para asentar la aceptación expresa, incluso, de su negativa.

Dicha propuesta, mediante las adecuaciones propuestas para el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone los requisitos que habrá de contener la credencial de elector.

No pasa inadvertido que las normas relacionadas con la materia electoral no pueden ser modificadas en pleno curso del proceso electoral, como tampoco, que la propuesta realizada implica una reforma a las mismas y que estamos ante el inicio inminente del proceso electoral 2017-2018; sin embargo, nada impide que pueda ser valorada una vez concluido el mismo.

Lo importante es avanzar en el fortalecimiento de la donación y trasplante de órganos y tejidos en nuestro país, cuyo día nacional conmemoramos precisamente en este mes.

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN INCISO F) AL PÁRRAFO 2 Y UN PÁRRAFO 6 AL ARTÍCULO 156 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS MEDIANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE DONACIÓN PUEDA CONTENERSE EN LA CREDENCIAL DE ELECTOR.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso f) al párrafo 2 y un párrafo 6 al artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 156.

1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva;

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

d) Domicilio;

e) Sexo;

f) Edad y año de registro;

g) Firma, huella digital y fotografía del elector;

h) Clave de registro, y

i) Clave Única del Registro de Población.

2. Además tendrá:

a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;

b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;

c) Año de emisión;

d) Año en el que expira su vigencia; __

e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde el Extranjero”; y

f) El asiento del consentimiento expreso o negativa para donación de órganos y tejidos de conformidad con las disposiciones aplicables.

3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio.

4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que determine el Consejo General.

5. La credencial para votar tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.

6. Con relación al inciso f), los ciudadanos podrán omitir pronunciarse sobre su consentimiento o no, en cuyo caso se omitiría el asiento correspondiente.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3o., SE ADICIONA UN DÉCIMO CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4o. Y SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXII Y XXIII, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California para que, en el ámbito de sus atribuciones instrumente las acciones necesarias para detonar el desarrollo tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja California, en virtud de que es una obra de cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin funcionar. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019, establece entre sus objetivos establecer las condiciones óptimas para la creación de nuevas empresas a través de procesos de innovación con alto valor agregado. Para ello, una de sus estrategias era la de fortalecer el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que participen gobierno, universidades y empresas, para otorgar mayores recursos al Consorcio Tecnológico, para innovación, investigación, desarrollo tecnológico e incubadoras de empresas.1

No obstante, a casi cuatro años del inicio de la Administración de la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, el Consorcio Tecnológico lejos de convertirse en un centro de innovación y surgimiento de nuevas empresas, se encuentra prácticamente en el abandono.

El Consorcio Tecnológico de Baja California, surge ante la carencia de una oferta de servicios tecnológicos acreditados, investigación y desarrollo tecnológico e innovación en dicha entidad.2

El Consorcio representó uno de los proyectos más costosos de la administración del gobernador José Guadalupe Osuna. La inversión requerida en las distintas etapas de su construcción requirió una inversión de cerca de 190 millones de pesos, obtenidas de financiamiento público, tanto local como federal.3

La construcción del Consorcio no estuvo exenta de irregularidades, de acuerdo a un dictamen del 21 de enero de 2016, se presentaron diverso  pagos indebidos en el uso del Fondo Mixto 2013, en los que podemos destacar los siguientes:

Se realizaron pagos por casi 437 mil pesos por el suministro y colocación de equipo hidroneumático y dos tanques de presión que ya habían sido pagados previamente.

Se presentaron sobre costos en materiales por un monto de casi 457 mil pesos.4
A pesar de haberse identificado estos pagos indebidos, el Comité del Fideicomiso no requirió la reintegración de los recursos a la empresa constructora.

En el año 2011, el Consorcio Tecnológico de Baja California inicio operaciones con dos centros públicos adscritos al Consejo nacional de Ciencia Tecnología: el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi).

El Cideteq es un centro líder en la investigación y el desarrollo de tecnología en electroquímica en México, que proporciona diversos servicios a la industria; tales como: análisis de metales, análisis de aguas, caracterización de materiales y análisis de fallas. Desde su llegada a Baja California en 2011,  brindó servicio a más de 100 empresas.5

El Cidesi se fundó en 1984 y cuenta con sedes adicionales en Nuevo León, Estado de México y Baja California. En Tijuana, contaba con laboratorios de ensayo, medición y calibración acreditadas que podían proporcionan servicios a empresas gasolineras para sus máquinas de abastecimiento de gasolina.6

Sin embargo, ante la falta de certeza jurídica, Cideteq y Cidesi ya no se encuentran en funcionamiento, en virtud de que mediante un acuerdo administrativo el Gobierno del Estado se había comprometido a donar el inmueble que estas instituciones ocupaban.7 Ante el incumplimiento de dicho acuerdo dichas instancias se encontraban en la imposibilidad de seguir invirtiendo en un inmueble que no era de su propiedad.

Para los legisladores del PRI resulta preocupante, la falta de compromiso del gobierno del Estado de Baja California por promover el desarrollo tecnológico y la innovación, en virtud de que éstos son aspectos primordiales para el desarrollo económico de la entidad y condiciones necesarias para incorporarse a la economía del conocimiento.

En virtud de la inversión realizada en el Consorcio Tecnológico de Baja California, resulta apremiante, que se potencialice que sus instalaciones sean el motor del surgimiento de nuevas empresas tecnológicas mediante la asignación de mayores recursos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la de Baja California para que, en el ámbito de sus atribuciones instrumente las acciones necesarias para detonar el desarrollo tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja California, en virtud de que es una obra de cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin funcionar.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 7 de septiembre  de 2017.

Atentamente.

1 Actualización Plan Estatal de Desarrollo 2014 – 2019, Gobierno de Baja California,
< http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%
20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf> Consultado el 4 de septiembre de 2017.

2 Cideteq Subsede Tijuana < http://www.cideteq.mx/subsede-tijuana/> Consultado el 4 de septiembre de 2017.

3 “Kiko” y Bonfante arruinaron 189 mdp invertidos en tecnología”, Zeta,
< http://zetatijuana.com/2017/08/kiko-y-bonfante-arruinaron-189-mdp-invertidos-en-tecnologia/> Consultado el 4 de septiembre de 2017.

4 Ibìd.

5 “El Consorcio Tecnológico De Baja California, Un Pueblo Fantasma” San Diego Red,
< http://www.sandiegored.com/es/noticias/143161/El-Consorcio-Tecnologico
-De-Baja-California-Un-Pueblo-Fantasma> Consultado el 4 de septiembre de 2017.

6 Ibìd.

7 Ibìd.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar una estrategia integral tendiente a erradicar el alto índice de homicidios, así como para dignificar a los elementos encargados de la procuración de justicia en la capital. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.








De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar diversas acciones respecto del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO DEL PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los arrecifes de coral son ecosistemas productivos de gran importancia, provechosos e invaluables. Una gran cantidad de personas ha disfrutado de su riqueza biológica y su productividad. Además, los arrecifes aportan beneficios tan importantes como la protección costera ante fenómenos naturales adversos, como tormentas, tropicales y huracanes. Asimismo, son la base de diversas actividades económicas, incluidas las turísticas, así como de la integración de las comunidades que habitan en sus cercanías.1

Estos ecosistemas juegan un papel muy importante para la estabilidad económica, social y ambiental. Son el hogar de los cientos de especies de peces con importancia comercial, además, son el medio de subsistencia de casi 100 millones de personas en el mundo. De igual manera, a nivel mundial, los arrecifes representan un valor económico, tan sólo para el sector turístico, de 36 mil millones de dólares. Hay más de 70 países que poseen arrecifes, cuyo valor por kilómetro cuadrado oscila en un millón de dólares, México es uno de los países que goza de estos beneficios2.

Los arrecifes coralinos son lugares con una gran importancia ecológica y se les conoce como hábitats críticos por su diversidad de funciones. Tienen un papel muy importante en la dinámica costera al prevenir la erosión y disminuir la fuerza del oleaje, además de constituir la estructura de protección más efectiva contra las tormentas tropicales y huracanes.

Los arrecifes son lugares de crianza, refugio, alimentación y reproducción de muchas especies de invertebrados y vertebrados, principalmente de especies de carácter comercial dando alimento a una gran parte de la población mexicana3.

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV),  se considera único en el Golfo de México por su tamaño, número de especies que alberga y por la resiliencia de sus colonias coralinas. Con una superficie de 65,516 hectáreas, el PNSAV está integrado por al menos 28 arrecifes, algunos de los cuales presentan lagunas arrecifales con pastos marinos, playas, bajos, islas o cayos. Los arrecifes coralinos son el principal ecosistema y objeto de conservación de este Parque Nacional ya que contribuyen a la mitigación de los impactos a la costa provocados por tormentas, huracanes y vientos como los “nortes”. Asimismo, los arrecifes mantienen la línea de costa relativamente estable, producen oxígeno y captan bióxido de carbono (CO2)

A pesar de la gran importancia ecosistémica que representan los arrecifes, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales e anunció que se llevaría a cabo la ampliación del Nuevo Puerto de Veracruz en una zona fuera del Parque Nacional, aunque colindante en cuatro de los vértices del polígono de esta área natural protegida.

Es importante mencionar que dicho proyecto presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)4. Como respuesta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en noviembre 2013 del mismo año emitió su autorización condicionada para el proyecto. Por medio de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se ha supervisado el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación acordadas en el resolutivo de la MIA. Las principales son las siguientes:

1. Programa de rescate y reubicación de organismos arrecifales en punta Gorda Sur y Bahía de Vergara. Cabe destacar que a la fecha se ha reubicado más de 48,000 colonias coralinas y organismos marinos en la zona de influencia de los trabajos de ampliación, con una tasa de supervivencia comprobada del 95%.

2. Retención de los sedimentos generados a causa de la construcción del rompeolas poniente. Con una inversión de $31.9 millones de pesos se ha avanzado en un 90% en la contención de sedimentos en las zonas de obra a base de mallas anti dispersión, salvaguardando la integridad de los arrecifes aledaños.

3. Monitoreo de flora y fauna marinas y parámetros físico-químicos en el PNSAV realizado por la Universidad Veracruzana.

En diciembre de 2016, un grupo de habitantes de la región asesorados por Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), pidieron la suspensión de las obras de ampliación portuaria. Ofrecieron pruebas periciales realizadas por los expertos en temas específicos con el fin de demostrar las afectaciones que las obras ocasionarán al derecho a un medio ambiente sano de los demandantes. Particularmente, se ofrecieron pruebas que determinan los impactos ambientales que el proyecto tendrá en relación con el arrecife de La Loma, y los impactos acumulativos en la región.

No obstante, el 21 de abril de 2017 un Juzgado de Distrito negó la suspensión definitiva de las obras debido a que consideró que los demandantes no habían demostrado tener interés legítimo para solicitarla, al no haber acreditado una afectación real y apreciable causada por dichos trabajos. Además, el Juzgado  manifestó que detener una obra como la ampliación del puerto de Veracruz iría en contra del interés social y orden público que impulsó al Estado mexicano a su realización en beneficio de la economía y la población

El 9 de junio de 2017 el  Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito admitió el recurso de revisión presentado por las demandantes, en contra de la negativa del Juzgado de Distrito a otorgar la suspensión definitiva del proyecto.

Pese a todo lo anterior, mediante acuerdo de 3 de julio de 2017, el juez  Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito desechó tales pruebas, considerando que no estaban encaminadas a demostrar el interés legítimo de los demandantes para acudir al amparo. Al desechar las pruebas periciales, no se podrán analizar las graves irregularidades ocurridas al otorgar las autorizaciones de Impacto Ambiental  para la ampliación portuaria.

Una de las principales irregularidades es que  el proyecto se presentó fragmentado en por lo menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Semarnat, sin considerar todos los impactos acumulativos y sinérgicos.  Además, se omitió manifestar y evaluar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto5.

Por lo anterior, el 13 de julio de 2017 se presentó un recurso de queja, argumentando que las pruebas periciales buscan comprobar los posibles impactos acumulativos de la (fragmentada) ampliación del puerto y específicamente del arrecife de La Loma, que no fue considerado en la Evaluación de Impacto Ambiental y el cual sigue en litigio.

No se trata de un tema nuevo, y tampoco es la primera vez que surgen trabas dentro de los procesos que buscan defender el medio ambiente por encima de los intereses económicos y sectoriales. El estado mexicano debe actuar respetando lo que establece nuestra Constitución Federal y los Tratados Internacionales en materia de Medio Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que remitan a la brevedad posible a esta Soberanía un informe detallado sobre las posibles afectaciones que se han dado hasta ahora en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, a raíz de  la ampliación del Nuevo Puerto de Veracruz.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus facultades gire sus instrucciones para que se vigile de manera permanente el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, durante el tiempo que dure la ampliación del Nuevo Puerto de Veracruz, de manera que, si se llega a detectar cualquier afectación  al ambiente, personal de la dependencia pueda actuar de manera inmediata. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 CostaSalvaje (2017). Resumen del Marco Jurídico de los Arrecifes de Coral en México. Consultado en línea el 22 de agosto de 2017.

2 The Nature Conservancy (2017). How Tourism Can Be Good for Coral Reefs. Disponible en:
https://global.nature.org/content/coral-reef-tourism. Consultado en línea el 22 de agosto de 2017.

3 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Arrecifes, Información consultada el 21 de agosto de 2017, disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html

4 Ivette Lira, ONGs preguntan si vale la pena dar más puerto a empresarios y matar un ecosistema en Veracruz, Sin Embargo, informacion consultada el 21 de agosto de 2016, disponible en: http://www.sinembargo.mx/13-04-2017/3189797

5 Ibidem.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz a considerar la supresión de sus ordenamientos jurídicos de la prisión vitalicia, a fin garantizar la reinserción social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad. Se turna a la Comisión de Justicia.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sistema penitenciario en México lamentablemente yace olvidado, las acciones llevadas a cabo por las autoridades responsables carecen del impacto requerido para cumplir con los objetivos planteados nacional e internacionalmente. La administración actual y las que le anteceden, poco se han preocupado por las condiciones que imperan en los centros penitenciarios, los cuales lo último que logran es la reinserción social de los sujetos sentenciados.

Desde su promulgación en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 regula, entre otras cosas, lo relacionado con el sistema penitenciario del país. Al día de hoy, este precepto ha tenido ocho reformas, de las cuales vale la pena mencionar dos de las más trascendentes:

En la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008,1 uno de los cambios fundamentales fue la sustitución del término readaptación por el de reinserción, palabra clave en la estructura del Sistema Penitenciario hoy en día. Asimismo, se adicionó la salud y el deporte como medios para lograr la principal finalidad del sistema, complementando al trabajo y a la educación que ya se contemplaban.

La emblemática reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,2 también alcanzó al artículo en comento, toda vez que estableció el respeto a los derechos humanos como una base sobre la cual debe organizarse el sistema penitenciario, aunado a los otros medios para lograr la reinserción social.

Las dos reformas referidas con antelación son fundamentales, debido a que robustecen normativamente el marco por el que debe guiarse el sistema penitenciario. El alcance de la primera modificación es expuesto mediante la jurisprudencia (constitucional) P./J. 31/2013 (10a.), en la cual se sostiene que:

“…se sustituyó el término `readaptación social´ por el de `reinserción del sentenciado a la sociedad´ el cual, a diferencia del primero, reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte.”3

Como puede observarse, el término reinserción es más amplio; sin embargo, este objetivo no se ha logrado alcanzar debido a las deplorables condiciones que rigen actualmente el funcionamiento de los centros penitenciarios del país. Por otro lado, la importante reforma en materia de derechos humanos “evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas”.4 Como se ha expuesto, la reforma en comento suma como medio para lograr la reinserción social de los sentenciados el respeto a los derechos humanos.

Actualmente el artículo 18 constitucional, contempla en su segundo párrafo el “deber ser” del sistema penitenciario mexicano, al decir que:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”

En ese tenor, la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal define a la reinserción social como la “restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”, resultando ser también objeto principal de dicho ordenamiento, el cual regula los medios para alcanzar esa reinserción social.

Tal y como se ha sostenido, la reinserción social es toral para el funcionamiento y fines del sistema penitenciario, aspecto que denota un verdadero avance para afrontar la incidencia y reincidencia delictiva, así como para reconstruir el tejido social. Pese a lo anterior, la realidad en el país es devastadora, la profunda crisis en la que se halla inmerso el sistema penitenciario es producto de numerosos problemas que aún no son atendidos: la sobrepoblación penitenciaria, la corrupción, el autogobierno, las malas condiciones materiales e higiene, los deficientes programas de prevención de adicciones y de desintoxicación, etcétera.

Los inconvenientes referidos son verdaderos obstáculos para la reinserción social, muestra de ello es lo arrojado por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016,5 la cual da cuenta que “a nivel nacional, 25.9% de la población privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual; y 24.7% estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario”; es decir, prácticamente una cuarta parte de la población penitenciaria es reincidente, lo cual significa que hay un verdadero problema en la tarea de reinserción social.

Quien suscribe el presente documento, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado por la importancia de atender la incidencia delictiva desde el fondo, con un enfoque multidisciplinario encaminado a fortalecer las políticas públicas y programas en materia de prevención del delito; sin embargo, la reacción de las autoridades siempre es tardía; es decir, se actúa una vez que los delitos ya han dañado a la sociedad. El sostener que con solo endurecer las penas se puede prevenir que la población cometa la conducta es una idea inadecuada y de escasa ayuda, por ello se dice que “la eficacia de una pena no se desprende de lo estricto de la misma, sino de que ésta sea aplicada, menos impunidad y menos corrupción es parte del funcionamiento del sistema”.6

En México, diversos códigos y leyes en materia penal contemplan la imposición de penas de larga duración, muchas de estas carentes de argumentos que validen su utilidad en la disminución de la incidencia delictiva, la duración de estas puede ir desde los 40 años en algunos ordenamientos hasta los 140 años de prisión contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Como es posible notar, paulatinamente el derecho penal está siendo utilizado en su máximo sentido represivo, situación que en un marco de consolidación de los derechos humanos se contrapone a los fines de la pena privativa de libertad, y por ende, a la reinserción social como objeto del sistema penitenciario.

Una cuestión preocupante, es que mientras más se endurecen las penas, es mayor el tiempo que los sentenciados permanecen en los centros penitenciarios, incluso la pena privativa de libertad que les es impuesta puede rebasar su expectativa de vida, equiparándose prácticamente a una cadena perpetua. Lo anterior tiene efectos contraproducentes, pues implica que permanezcan en el centro de reclusión toda su vida y con un nulo interés por alcanzar la reinserción social, un fin improbable para ellos. Además, esta cuestión puede agravar el problema de sobrepoblación penitenciaria, el hacinamiento y otras dificultades que no han sido resueltas debidamente por las autoridades.

Ahora bien, si lo anterior representa un inconveniente, el hecho de que algunos ordenamientos locales contemplen la prisión vitalicia es alarmante. La tesis aislada P. XXI/2006 en materia constitucional-penal, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere que:

La prisión vitalicia o cadena perpetua es la que se impone por una duración igual a la vida del delincuente; sin embargo, también lo es aquella cuya duración prolongada es tal que sería imposible que llegue a compurgarse en su totalidad, al rebasar ostensiblemente el límite de vida del ser humano, pues aun en el supuesto de que el sentenciado pudiera tener derecho a determinados beneficios que en su caso establezca la legislación correspondiente, como el de la remisión de la pena, por una parte, tal circunstancia no se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que es el legislador ordinario quien determina su regulación; y por la otra, no obstante la posible aplicación de esos beneficios, aun así el delincuente no estaría en condiciones de recobrar su libertad, dado lo prolongado de la pena en relación con la expectativa del promedio de vida”.7

Tal como lo refiere la tesis citada, la prisión vitalicia, eufemismo empleado para referirse a la pena de cadena perpetua, únicamente tiene como objetivo mantener recluido al sujeto sentenciado, puesto que al no estar en condiciones de poder recobrar su libertad, se fomenta indebidamente un desinterés por la reinserción social.

El tema ha sido abordado con preocupación por académicos expertos y por organismos de derechos humanos, tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual mediante el pronunciamiento Racionalización de la pena de prisión,8 expresa que el incremento punitivo motivado por la demanda social de mayor seguridad y justicia frente a los altos índices de incidencia delictiva se aparta de la racionalización de la pena, así como del fin constitucional de reinsertar a la sociedad a los sentenciados. Sobre esta problemática la CNDH plantea algunas consideraciones, de la cuales vale la pena citar las siguientes:

1) Es necesario modificar el marco normativo de los delitos donde se sancione con pena privativa de libertad por encima de la esperanza de vida de las personas, y se retome el criterio del tope máximo de penalidad para todos los delitos y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas en diferentes causas penales, a fin de que resulte coherente con los criterios de derechos humanos consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado parte.

2) …

3) Es prioritario promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten incompatibles con el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de política criminal que enfatiza largas condenas de prisión, no tiene un efecto preventivo general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo único que consigue es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y humanos exorbitantes.

4) Es preciso establecer un programa de prisión permanentemente revisable para aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los 30 años y en vitalicias, a fin de que se evalúe la pertinencia de la excarcelación bajo argumentos humanitarios, sobre el cumplimiento de programas de reinserción social efectiva y disminución de riesgo social.

5) …

6) Es necesario que se adopten programas de acompañamiento psicológico, educativo, recreativo, entre otros, que ayuden a mitigar algunos de los resultados más dañinos del encarcelamiento durante largos periodos que ayuden a compensar estos efectos de manera positiva y pro-activa para poder sobrellevar una larga condena.

En este sentido, el organismo nacional remarca la necesidad de retomar el respeto a los derechos humanos como base del sistema penitenciario para alcanzar la reinserción social. En el mismo documento, la CNDH asevera que “la abolición fáctica a la reinserción social a través de la imposición de penas vitalicias, excesivamente prolongadas o de acumulación de sentencias, sin la posibilidad de acceder a beneficios de liberación anticipada, degenera en una venganza y convierte a la prisión en un castigo contradictorio a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, en virtud de que se anula cualquier posibilidad a la reinserción social de los sentenciados”.

Resulta fundada la preocupación que se tiene en general sobre la prisión vitalicia, toda vez que el contemplarla, lejos de auxiliar, complica considerablemente la situación en la que la mayoría de los centros penitenciarios del país se encuentra. La insistencia porque se cumpla el fin primordial del sistema penitenciario a través de los medios adecuados no es aislada, y resulta oportuna derivado de la trascendencia de los derechos humanos.

La prisión vitalicia, pese a no ser calificada como inconstitucional actualmente, tiene un importante antecedente dentro de las determinaciones de la SCJN. En un primer momento, mediante la jurisprudencia (constitucional, penal) P./J. 127/20019 se sostuvo que la prisión vitalicia constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena.

Posteriormente, el sentido de esa tesis fue modificado sustancialmente por el Tribunal en Pleno, en su sesión del 29 de noviembre de 2005, quedando aprobada la diversa P./J. 1/2006,10esta jurisprudencia ahora sostiene que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, bajo el argumento de que no se ubica en alguno de los siguientes supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos.

Frente a este argumento, María Elena Lugo Garfias, investigadora en derechos humanos, apunta que es necesario solicitar una nueva modificación al criterio jurisprudencial, pues derivado del análisis que efectuó, concluye que la prisión vitalicia cumple con dos de los tres supuestos para considerar inusitada esta pena.11 En este sentido, la argumentación se enriquece para suprimir de todo ordenamiento la expresión “prisión vitalicia”, toda vez que como se ha sostenido, atenta contra la finalidad del sistema penitenciario: la reinserción social.

Asimismo, por medio de diversos instrumentos internacionales se ha plasmado una serie de principios marco para asegurar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En primer lugar es preciso decir que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)”,12 en la regla 4.1, señalan como principio fundamental que:

“Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo”.

Además, complementando lo anterior, la regla 88.1 que hace referencia a los reclusos penados, establece que “en el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su exclusión de la sociedad, sino, por el contrario, en el hecho de que continúan formando parte de ella”. En el mismo sentido la regla 91, sobre el tratamiento, perfecciona el principio fundamental citado con antelación al decir que:

“El tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en la medida en que la duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a |la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar su sentido de la responsabilidad”.

Los “Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos”,13 no omiten expresar que “con la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables  para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones  posibles”.

Por otro lado, en los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”,14 se apunta que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad”.

La voluntad internacional ha tenido a bien plasmar su preocupación por las condiciones de los establecimientos penitenciarios, así como de la materialización de los fines de la pena privativa de libertad. Esa misma intranquilidad debe orientar al sistema penitenciario nacional e incluso a la sociedad en general para hacer del derecho penal realmente la ultima ratio.

Tal como se ha expuesto, el tema de la prisión vitalicia ha inquietado a muchos, contradice en gran parte a los principios instituidos por la comunidad internacional y sobre todo difiere de los fines del sistema penitenciario establecidos en la Constitución Federal. Actualmente cinco entidades de la república contemplan la prisión vitalicia en su legislación penal local: Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.15

Igualmente, otros estados contemplan penas de larga duración que, a decir de la CNDH, no se apegan al principio de racionalización de la pena de prisión ni mucho menos a la finalidad constitucional de reinserción social.

La alarmante situación de inseguridad que aqueja al país, y los altos índices de incidencia delictiva que acosan a la población, si bien son base de una demanda social valida por un país más seguro, no deben fungir como argumentos para contraponerse a los fines de la reinserción social en un marco de consolidación de los derechos humanos. La crisis penitenciaria solo puede ser enfrentada a través de la colaboración efectiva de las autoridades responsables, pues mientras subsista la corrupción, la sobrepoblación, las malas condiciones materiales y de higiene, la impunidad, el autogobierno y demás problemas, el sistema penitenciario seguirá siendo mal catalogado y poco retribuirá a la sociedad.

Por lo anterior, es legítimo hacer un respetuoso pedimento a las legislaturas locales de las entidades federativas que contemplan la prisión vitalicia en sus legislaciones locales, a fin de que consideren suprimirla para cumplir con la finalidad constitucional de la pena privativa de prisión, es decir, la reinserción social. En sentido similar se hace la solicitud para que en aquellas entidades que contemplan penas de larga duración en sus legislaciones penales locales, se analice la viabilidad y utilidad de las mismas, y en su caso se hagan las modificaciones congruentes bajo el principio de racionalización de la pena de prisión.

La consolidación del sistema penitenciario mexicano es una tarea ardua que requiere del esfuerzo de toda la sociedad y de la oportuna intervención de las autoridades en la materia. No es posible ser ajeno a las problemáticas que aquejan a los centros penitenciarios del país, pues a corto o largo plazo su funcionalidad se refleja en la convivencia social e impacta directamente en la reconstrucción de una sociedad fragmentada por la impunidad, la corrupción y la desigualdad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, dentro del marco del respeto a la soberanía de las entidades federativas, a los Congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, para que consideren suprimir de sus ordenamientos jurídicos la prisión vitalicia a fin garantizar la reinserción social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, dentro del marco del respeto a la Soberanía de las entidades federativas, a los 32 Congresos locales para que, en caso de contemplar en sus ordenamientos locales penas de prisión de larga duración que rebasan la expectativa real de vida, analicen la viabilidad y utilidad de estas, y en su caso realicen las modificaciones conducentes bajo el principio de racionalización de la pena y reinserción social.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Véase el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 18 de junio de 2008. Versión electrónica disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.pdf

2 Véase el “DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 10 de junio de 2011. Versión electrónica disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf

3 Tesis: P./J. 31/2013, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, p. 124.

4 Presentación, “Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría General de Acuerdos, consultado el 09/08/2017, disponible en:
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html

5 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016”, Presentación ejecutiva nacional, julio de 2017, consultada el 09/08/2017, documento disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

6 Lugo Garfias, María Elena, “La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional”, comentario jurisprudencial contenido en Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, año 3, número 7, México, 2008,  p.217.

7 Tesis: P. XXI/2006, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, p. 1179.

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “Racionalización de la pena de prisión”, Pronunciamiento, México, 2016, consultado el 09/08/2017, documento disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160331.pdf

9 Tesis: P./J. 127/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, p. 15.

10 Tesis: P./J. 1/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, p. 6.

11 Lugo Garfias, María Elena, op. cit., p.219.

12 Resolución 70/175 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015. Documento disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10266.pdf?view=1

13 Resolución 45/111, adoptada por la Asamblea a General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. Documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2007.pdf

14 Resolución 1/08 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de marzo de 2008. Documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI118A.pdf

15 Código Penal del Estado de Chihuahua: articulo 29 (catálogo de penas); artículo 32 (de la prisión); articulo 127 (homicidio bajo diversas condiciones). Código Penal del Estado de México: articulo 23 (prisión); articulo 68 (cosos de concurso); articulo 94 (reglas generales de la prescripción); artículo 242 (homicidio bajo diversas condiciones); articulo 266 (extorsión bajo circunstancias específicas); articulo 274 (violación bajo circunstancias específicas); articulo 281 (feminicidio); artículo 290, fracción IV (causar muerte con motivo de un robo). Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla: articulo 41 (prisión); articulo 302 (secuestro bajo condiciones específicas); artículo 302 ter (muerte a causa del secuestro). Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: artículo 118, fracción II (secuestro bajo condiciones específicas). Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave: articulo 45 (de las penas); artículo 48 (prisión); artículo 88 y 89 (concurso de delitos); articulo 130 (homicidio calificado); articulo 132 (homicidio en razón del parentesco); articulo 163 (secuestro).






De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Marcela Guerra Castillo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar la figura del Síndrome de Alienación Parental, preponderando el Interés Superior de la Niñez. Se turna a las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la eficiente operación del Registro Nacional de Cáncer. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Energía y los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y Pemex para explicar las medidas para evitar la escasez de combustibles y alza de precios tras el paso del huracán “Harvey” en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Energía.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 20 de julio del año en curso, la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), informó a la opinión pública que durante un patrullaje en inmediaciones de la Delegación Tláhuac, en apoyo a la Procuraduría General de la República y de trabajos de investigación de la Policía Federal y de la Ciudad de México, personal naval repelió una agresión con armas de alto poder, hechos que derivaron en la muerte de ocho presuntos infractores de la ley, entre ellos Felipe de Jesús “N”.1

 Al respecto, cabe destacar que el líder criminal abatido era reconocido por movilizar importantes cantidades de droga y ordenar una serie de ejecuciones en diferentes demarcaciones de la Ciudad de México; responsable de una red de traficantes que operaba en la UNAM; y por contar con protección por parte de la autoridades delegacionales (según testimonio de vecinos de la delegación).

Asimismo, se hicieron del conocimiento del dominio público diversos señalamientos de que el criminal abatido tenía a su servicio a autoridades de la delegación y elementos policiacos de la Ciudad de México para poder llevar a cabo actividades ilícitas en diferentes lugares como Tláhuac, Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Chalco2.

Por otro lado, se evidenció que Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional de Tláhuac, tenía nexos con el líder criminal abatido. Vecinos de la demarcación, refieren que el narcotráfico llegó a Tláhuac hace más de una década y se intensificó hace dos años, precisando que los moto taxistas de la zona conocida como la Nopalera, eran los principales operadores y distribuidores de droga.

Ante este panorama, en el Senado de la República se presentaron diversos puntos de acuerdo para que se llevaran a cabo las investigaciones que permitieran que los hechos fueran esclarecidos sin mayor dilación. Por su parte, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México llamó a comparecer al jefe delegacional de Tláhuac y militante de MORENA, Rigoberto Salgado Vázquez, a fin de esclarecer sus presuntos vínculos con Felipe de Jesús “N”.

En la misma fecha se dio a conocer que el gobierno federal y de la Ciudad de México, investigaban de manera conjunta su grado de complicidad.      

En la comparecencia, integrantes de la Comisión de Gobierno aseguraron que se contaba con los elementos suficientes para solicitar su remoción y la mayoría también lamentó la falta de respuestas ante sus interrogantes. Asimismo, se exhibieron documentos que vinculan a trabajadores de la demarcación con familiares de Felipe de Jesús Pérez Luna”.3

El delegado de Tláhuac también fue señalado por extralimitar sus facultades como funcionario al otorgar permisos para la operación de 700 mototaxis y al menos 50 organizaciones que presuntamente cumplen funciones de halcones y traficantes, así como por incentivar la ingobernabilidad y desestabilización en la demarcación.

Asimismo, los legisladores locales hicieron énfasis en que la administración de Rigoberto Salgado Vázquez se ha caracterizado por la impunidad debido a que, desde hace años ha sido parte de la función pública, por lo que tiene amplio conocimiento de la situación de inseguridad, venta de drogas, extorsión y desapariciones que vulneran a la demarcación, sin tomar medidas al respecto.

Por otro lado, fue cuestionado por su presunto enriquecimiento ilícito, precisando que a partir de su declaración patrimonial en la que manifiesta que de octubre de 2015 a la fecha ha tenido un ingreso de 1, 635,623.00 pesos, no se justifica el valor actual de su vivienda que asciende a más de seis millones de pesos, de acuerdo a un avalúo que entregara a la autoridad correspondiente.

En el mismo tenor, se expresó que no se puede ser omiso ante el hecho de que el delegado ha incurrido en conflicto de interés en beneficio de personas que lo favorecieron con donaciones para su campaña, entre ellos constructoras.

Ante este panorama, el 5 de agosto de 2017 la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México inició formalmente el proceso de destitución del delegado. Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de la máxima importancia que se dé celeridad a las investigaciones en relación a los presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes; asimismo, se solicita presenten un informe sobre los avances de dichas indagatorias.

Aunado a lo anterior, cabe tener en cuenta una serie de consideraciones, entre ellas, que el restaurante “La Carreta del Pacifico” que presumiblemente es propiedad del delegado, así como sus nuevas sucursales, presuntamente son utilizadas como una fachada para lavar dinero del Cartel de Tláhuac, por lo que resulta necesario que el Servicio de Administración Tributaria realice las investigaciones conducentes para detectar operaciones irregulares.

Por otro lado, que con base a testimonio de vecinos de la delegación, la casa de la madre del delegado de Tláhuac pasó de ser una propiedad como cualquier otra en la demarcación a una con múltiples modificaciones que no corresponden a los ingresos que percibe como delegado.

Además, no es la primera ocasión en la que el delegado se encuentra inmerso en temas de este tipo, recordemos que incluso fue señalado por recibir recursos de procedencia ilícita provenientes del Cártel de Tláhuac, para financiar su campaña como jefe delegacional en 2015; así como contratos por un monto de alrededor de 33 millones de pesos a Patricia Lizeth Vázquez Sánchez y sus familiares, lo anterior como pago al apoyo que le fue brindado en su campaña como jefe delegacional.  

En atención a la naturaleza y dinámica de los hechos, es evidente que el ahora occiso tenía a su servicio a autoridades de la delegación y elementos policiacos de la Ciudad de México, de otra forma no podríamos explicarnos como desarrollaba sus actividades ilícitas en diferentes lugares como Tláhuac, Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

Es por ello que los legisladores del PRI, consideramos de la mayor importancia que los presuntos vínculos entre el jefe delegacional de Tláhuac e integrantes del autodenominado “Cartel de Tláhuac” sean esclarecidos, a fin de evitar que grupos delictivos sigan vulnerando la tranquilidad, paz y orden público.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones legales y constitucionales agilicen las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes; asimismo, se solicita presenten un informe sobre los avances de dichas indagatorias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1https://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-en-
coordinacion-con-fuerzas-federales-y-de-seguridad-publica-de-la-ciudad-de-mexico-
repelen-agresion-de-presuntos-narcomenudistas-en-tlahuac

2 http://lanoticiaenconcreto.com.mx/ec/2017/06/23/opera-enunam-celula-delcartel-de-tlahuac-pgr/

3http://www.aldf.gob.mx/comsoc-deja-mas-dudas-que-respuestas-jefe-delegacional-
tlahuac-durante-su-comparecencia-aldf--34553.html






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar la adhesión de México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, próxima a celebrar su 12ª Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los Humedales de Importancia Internacional, conocidos como sitios Ramsar. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, realice las investigaciones conducentes para deslindar posibles vínculos entre el ex gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia ilícita. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas desde su gestión hasta nuestro días, ha sido involucrado en la comisión de presuntos ilícitos que van desde la operación de una red de espionaje política, la promoción extraterritorial de su imagen con fines políticos, hasta su relación personal con presuntos delincuentes.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, mantenía vínculos con Othón Bravo Muñoz. Dicha relación, quedó demostrada en diversas fotografías publicadas en páginas de internet y redes sociales de en donde se observa su cercanía, ejemplo de esta situación, es la “Cabalgata de la Amistad” desarrollada en el estado de Tamaulipas.

Es importante indicar que Othón Bravo Muñoz, es investigado por dirigir una banda delictiva que usaba negocios como gasolineras y restaurantes para cometer presuntos delitos como lavado de dinero de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, sus principales fuentes de ingresos eran la extracción de hidrocarburos y la presunta comercialización en sus gasolineras, particularmente en el municipio de Puebla de Zaragoza.

Por lo menos tres de estas instalaciones ubicadas en la Diagonal Defensores de la República, Bulevar Valsequillo y en la colonia Santa Catarina, fueron clausuradas por la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla por presentar inconsistencias en sus programas internos de protección civil, así como cobro indebido de sanitarios y nulas medidas preventivas contra incendios.1

Por estas irregularidades, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en el “El Secreto, en Lomas de Angelópolis”, que es uno de los fraccionamientos más exclusivos de la capital del estado de Puebla. Durante estas acciones, también se decomisaron armas de diferentes calibres, vehículos blindados, celulares y estupefacientes.

Otro personaje implicado es el actual diputado local por el Partido Acción Nacional, Sergio Moreno Valle, quien a través de la notaría pública número 24 desde el 2011 ha escriturado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio diversos establecimientos del presunto empresario dedicado a la venta de lubricantes e hidrocarburos como gasolina y diésel.

Aunado a lo anterior durante el periodo 2011- 2017, en Puebla se documentaron presuntas omisiones y la ausencia de estrategias efectivas para identificar y prevenir el robo de hidrocarburos en los ductos de la empresa productiva del Estado “Petróleos Mexicanos”. Esta falta de políticas públicas, derivaron en el incremento de los índices delictivos y en consolidar al estado de Puebla dentro las entidades con el mayor número de tomas clandestinas en el país.

Para dimensionar este crecimiento, basta decir que en el año 2010 se identificaban 49 tomas clandestinas y el año 2016 se localizaron un total de 1 mil 533, lo que significa un crecimiento de por lo menos 3 mil 28%2. Entre los municipios que más tomas presentaron destacan Palmar de Bravo, Acajete, Acatzingo y Quecholac.

En el denominado “Triángulo Rojo”, también se incrementaron los robos, asaltos y extorsiones a empresarios, pequeños comerciantes y familias que se trasladan diariamente a la capital del estado para adquirir productos de primera necesidad, lamentablemente durante el trayecto son despojados de sus vehículos y pertenencias.

Frente a este contexto, el Consejo de Organismos Empresariales, ha sostenido que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se descuidó la seguridad del estado, lo cual permitió la proliferación de organizaciones dedicadas a la extracción y venta de hidrocarburos de manera irregular.3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, realice las investigaciones conducentes para deslindar posibles vínculos entre el ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia ilícita.

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Procuraduría General de la República para que, fortalezcan sus acciones, a fin de identificar y sancionar conforme a derecho el ejercicio de operaciones con presuntamente recursos de procedencia ilícita por parte de Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como líder de organizaciones dedicadas a la extracción y venta irregular de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Atentamente.

1 El Universal. (2017). Clausuran tres gasolineras presuntamente de "El Cachetes" en Puebla. 31/08/2017, del sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/clausuran-3-gasolineras-presuntamente-de-el-cachetes-en-puebla

2 Martín Hernández Alcántara. (2017). Robo de combustible: Cerró Moreno Valle con crecimiento del 3 mil 28%. 31/08/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/02/03/robo-de-combustible-sexenio/

3 Mariana Flores. (2017). Crisis en el Triángulo Rojo es culpa de Moreno Valle: COE. 31/08/2017, de Diario Cambio Sitio web: http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/9631-crisis-en-el-triangulo-rojo-es-culpa-de-moreno-valle-coe






Del Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de hombre ilustre para Antonio Gómez Rodríguez, para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, así como los homenajes póstumos que al efecto se determinen. Se turna a la Comisión de Gobernación.








Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación operativa y tarifaria que garanticen una competencia de mercado justa y brinden seguridad en el servicio para los usuarios, en los puertos del estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El transporte marítimo históricamente ha sido uno de los medios más utilizados y más antígüos de la historia para transportar mercancías y pasajeros.

En nuestro país uno de los principales antecedentes de los que se tiene registro se remonta al siglo XVI, en el que se da cuenta del establecimiento de la ruta marítima entre La Nueva España y las Islas Filipinas, así como de la inauguración del puerto de Acapulco.

En otra etapa de la historia de México, en la época de Porfirio Díaz se tiene registro de importantes proyectos de navegación para los Puertos de Veracruz, Manzanillo y Salina Cruz. Esta etapa se dedicó específicamente a las construcciones marítimas, lo cual a su vez encausaba al país a aprovechar sus recursos marítimos, lo cual abriría la puerta al comercio, pero además al turismo ya que en las expediciones comerciales también se trasladaban personas tanto locales como extranjeras deseosas de conocer nuestro país.

La navegación ha ido evolucionando a la par de nuestra sociedad. La posición geoestratégica de México lo convierte en un país clave para el transporte marítimo tanto nacional como internacional. Hoy en día México cuenta con 16 puertos marítimos, distribuidos entre algunos Estados de la República, algunos de ellos, importantes en materia de turismo y de transporte local diario, se encuentran en los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Refiriéndonos a esto, el transporte marítimo insular y peninsular se vuelve el medio único viable para el correcto desempeño económico y social de la comunidad, por lo que el costo del servicio se hace un elemento integral de los costos de la comunidad. Por poner un ejemplo, la Isla de Cozumel e Isla Mujeres mueven sólo de pasajeros en cabotaje más de 8.5 millones de pasajeros al año.

En otras palabras, el transporte marítimo mixto de pasajeros y de carga, y sólo pasajeros, representan hoy por hoy, un insumo esencial para el correcto desempeño de las actividades diarias de miles de personas; es un servicio de naturaleza pública y por lo tanto un asunto de interés social que debe ser atendido y regulado para garantizar su prestación dentro de las mejores condiciones en cuanto a costos accesibles, embarcaciones adecuadas y condiciones de seguridad necesarias.

En este contexto, durante los últimos años en algunos puertos de México que presentan esta modalidad de servicio se ha venido presentando un problema serio de regulación del transporte marítimo de pasajeros en cabotaje, tanto en la parte portuaria como en la navegacion, que afectan el desarrollo económico de la región y ponen en riesgo la seguridad de usuarios locales y de turistas nacionales como internacionales; es el caso de los puertos de Quintana Roo.

El afamado paraiso caribeño tiene a su tutela puertos que atienden embarcaciones y personas entre puertos internacionales y puertos locales.

Uno de los principales problemas que existe hoy en día se presenta en la inexistente regulación económica del transporte marítimo local por parte de las autoridades federales, principalmente en las rutas Cancún-Isla Mujeres, Holbox-Chiquila y Playa del Carmen-Cozumel, en las que todos los días se trasladan turistas nacionales como internacionales, además de la movilidad cotidiana de los habitantes de las islas a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen.

El artículo 28 constitucional en su párrafo tercero indica que “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”

Lamentablemente, en los puertos de referencia no existe regulación algúna que garantice la disposición constitucional.

Un ejemplo representativo de esta ausencia de regulación es el caso de Isla Mujeres, en donde con un trafico de 4.3 millones de pasajeros al año, la Isla cuenta con un solo prestador del servicio, con múltiples y constantes quejas de la poblacion por los costos tan altos en el servicio público de transporte marítimo, y a pesar de eso, ni la Secretaría de Economía, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la propia Comision Federal de Competencia Economica han intervenido en este mercado.

La falta de regulación por parte del gobierno federal, para ordenar el transporte marítimo y brindar seguridad personal y comercial a prestadores del servicio y usuarios, ha ocasionado problemas como los siguientes:

a. La existencia de una incorrecta asignación de las instalaciones portuarias; en el caso de Isla Mujeres, la terminal Puerto Juárez se encuentra asignada de forma exclusiva a un solo operador, hoy llamado ULTRAMAR, mañana con otro nombre.

b. Mercados Monopolicos y Oligopolicos sin competencia efectiva.

c. El servicio que prestan los ferries mixtos de carga y de pasajeros, hasta el 2016, en todos los mercados de Quintana Roo eran monopolio.

d. No existe una lógica económica en las asignaciones de los costos portuarios, lo que ocasiona sobre cobros en Cozumel, por parte de la administración portuaria, para subsidiar a los demás puertos.

e. La existencia de una venta discriminatoria del servicio de transporte marítimo, atendiendo al lugar en donde es vendido el boleto y al tipo de usuario: local, o turista nacional o extranjero.

f. La existencia de depredacion de precios y subsidios cruzados entre competidores con el objeto de desplazar a sus actuales o posibles competidores.

g. Sobreprecios en ciertas rutas que no corresponden a la lógica de los precios cobrados en rutas similares, lo que evidencia que no hay una relación precio costo en los operadores.

La falta de regulación federal del transporte marítimo en Quintana Roo a permitido que unos cuantos, con mayor poderío económico, en algunos casos de dudosa procedencia, impongan sus reglas convirtiendose en verdaderos depredadores del resto de los prestadores del servicio, y acaparadores de los usuarios a quienes imponen sus cuotas tarifarias de manera discriminatoria.

Lamentablemente hay empresas de transporte muy fuertes que con la finalidad de sacar del mercado a otras empresas más pequeñas, han impuesto tarifas bajas, contra las cuales las empresas pequeñas no han podido competir, y después de cierto tiempo han quebrado, dejando libre el mercado a las empresas fuertes que habían impuesto sus tarifas bajas. Una vez que estas se convierten en los únicos prestadores del servicio incrementan sus tarifas muy por encima de lo que estaban en el mercado, o se ponen de acuerdo entre competidores.

Por conductas monopólicas similares existen varios antecedentes registrados, en cuyos casos se han impuesto sanciones económicas, sin que ello haya detenido dichas prácticas, las cuales por el contrario han evolucionado a través de estrategias diferentes pero con el mismo fin.

En el 2011 el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió imponer multas que suman alrededor de 45 millones de pesos a las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y a Naviera Magna, empresas que incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte marítimo de pasajeros en los puertos de Quintana Roo, según consta en el expediente DE-002-2014.

En el 2016, las mismas empresas reincidieron en prácticas absolutas en el transporte marítimo de pasajeros en dos rutas principales: Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, por lo que la COFECE volvió a sancionar a dichas empresas imponiéndoles una sanción económica por un monto de 25 millones 750 mil pesos.

Sin embargo dichas sanciones económicas no han sido suficientes para evitar que continuen prestando el sevicio y para que dejen de tener practicas monopolicas.

Elproblema de orígen se encuentra en la estructura del mercado, el cual tiene altas barreras de entrada y salida, altos costos de operación, una estructura rígida de costos fijos que, ante la falta de regulación, ha permitido que se sobreoferte el mercado de forma tal que los operadores necesariamente llegan a un punto de pérdida en el cual eventualmente no compiten y deciden elevar y coordinar posturas, o en su caso la situación es aprovechada por alguna empresa depredadora para desplazar a sus competidores.

Al no existir las condiciones que permitan una competencia efectiva los operadores caen necesariamente en alguno de los supuestos de prácticas monopolicas relativas o absolutas referidas por la COFECE y por lo tanto la falta de regulación cobra gran relevancia, ya que al ser un mercado en el cual actualmente se puede invertir de forma indetectable y mantener las perdidas operativas por un periodo de tiempo para lograr la quiebra del competidor en turno, y de esa manera lograr un mercado sin controles de cobro en efectivo y sin factura, hace a este mercado altamente vulnerable al lavado de dinero y al ingreso de capital de dudosa procedencia.

Aunado a lo anterior existe otro problema grave, la falta de regulación de rutas marítimas. Cozumel es el ejemplo maestro del desorden que impera en ese rubro. La autorización abusiva y discriminada de rutas durante el día origina un problema grave de operatividad  y de seguridad para los usuarios, ya que durante su marcha las embarcaciones invaden las trayectorias de otras, y entre sí pelean por los espacios en el muelle, el cual se sobre satura durante el ascenso y descenso de los pasajeros, generando un alto grado de inseguridad para éstos.

Igualmente el flujo de pasajeros en este muelle (casi 4 millones de pasajeros al año) y la falta de regulacion ha generado que se vuelva un mercado de otros bienes y servicios en el cual se ha privilegiado el comercio por encima de la operación portuaria.

Es urgente la intervención de las autoridades federales para regular y ordenar el transporte marítimo insular y peninsular, tanto en el servicio mixto de carga y pasajeros, como de sólo pasajeros, en todo el país, pero principalmente en destinos de alta demanda de dicho servicio, como lo es en los puertos de Quintana Roo; es fundamental establecer reglas de mercado que permitan una sana competencia entre los prestadores del servicio y quienes aspiren al mismo, de tal manera que se impulse un verdadero desarrollo económico para los pobladores de la región y que estimule el turismo nacional y extranjero.  En el caso de que el mercado no permita la competencia efectiva será necesario que la autoridad determine entonces los precios máximos y las condiciones de operación requeridas.

El procedimiento para determinar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia se encuentra previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y las disposiciones regulatorias correspondientes. El artículo 60 de la LFCE señala los elementos que se deben considerar para determinar la existencia de un recurso esencial, y a la fecha las autoridades federales han sido omisas en su aplicación.

Sin duda alguna resulta urgente la intervención de las autoridades federales para regular el trasporte marítimo a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, el cual a pasado a segundo termino para quienes hoy en día prestan el servicio.

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que en uso de sus facultades y atribuciones intervenga inmediatamente en la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en los puertos del Estado de Quintana Roo, realice las acciones necesarias para verificar las condiciones operativas del mercado de transporte marítimo de pasajeros y carga, y establezca las normas de regulación operativa y tarifaria que garanticen un correcto desempeño del servicio al costo adecuado, brinden seguridad a los usuarios, certeza jurídica a los operadores para funcionar a largo plazo, y fomenten la inversión.

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que, previo el desahogo del resolutivo primero, presente ante esta Soberanía un informe detallado de las acciones realizadas para resolver el problema expuesto.

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a iniciar el proceso de investigación para determinar insumos esenciales o barreras a la competencia en el mercado de transporte marítimo en cabotaje de pasajeros, transporte marítimo en cabotaje mixto de carga y pasajeros e instalaciones portuarias para cabotaje de estos medios de transporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a suspender el proyecto de exploración y explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los posibles daños medioambientales a causa de la prospección petrolera en el área protegida en 2016. Se turna a la Comisión de Energía.








Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a  solicitar al Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la Licitación Pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia de dicho proceso, así como al Congreso del estado de Veracruz realizar un análisis pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la capacidad real de pago del gobierno del estado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a atender lo acontecido en los municipios de Hidalgo y Mina, referente a la muerte de  tres menores y un adolescente por causas desconocidas. Se turna a la Comisión de Salud.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informen sobre la aprobación a Petróleos Mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta prórroga a las otras 7. Se turna a la Comisión de Energía.

Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, INFORMEN SOBRE LA APROBACIÓN A PETRÓLEOS MEXICANOS DE UN PERÍODO ADICIONAL A 101 ASIGNACIONES DE EXPLORACIÓN CONCEDIDAS DURANTE LA RONDA CERO, ASÍ COMO LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONCEDIÓ ESTA PRÓRROGA A LAS OTRAS 7, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 28 de agosto, la Secretaría de Energía dio a conocer que concedió a Petróleos Mexicanos la aprobación de una extensión de vigencia por dos años en 101 asignaciones de exploración concedidas durante la Ronda Cero en 2014. De estas, 36 cumplieron al 100% con la actividad física; en tanto 65 cumplieron parcialmente las metas de actividad.

De igual modo, en ese Comunicado, la Secretaría de Energía refirió que de las 108 asignaciones concedidas en la Ronda Cero1, 2 migraron a un contrato de Exploración y Extracción en el Farm Out Trion y 2 no presentaron solicitud de extensión. Por otra parte y, con relación a las 65 asignaciones que cumplían parcialmente sus metas, la Secretaría de Energía precisó:

El 68% de los recursos prospectivos de Pemex se localizan en estas asignaciones.

Representan un ingreso mensual para el Estado de aproximadamente 125 millones de pesos por concepto de derechos e impuestos.

Captarían una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos en el futuro inmediato.

Pemex incluirá algunas de ellas en un programa de Farm Outs intensivo para incrementar inversión y generar descubrimientos.

Inviabilidad para ser licitadas y adjudicadas en un periodo menor a dos años, por lo que se retrasaría la captación de inversión.

La inversión para exploración entre 2015 y 2017 se redujo 37%, situación ocasionada por el entorno internacional del precio del barril de petróleo.1

La importancia en el cumplimiento de las metas de actividad3 radica en que, de acuerdo con el Decreto de reforma constitucional en materia energética, si la CNH consideraba que Pemex cumplías estas metas, procederá a otorgarle un periodo adicional de hasta dos años para seguir explorando. Por el contrario, si la CNH determinaba que Pemex no cumplió habría cancelado la asignación. Las áreas que Pemex no logre conservar serán ofrecidas a la iniciativa privada a través del mecanismo de rondas petroleras, como las que se han venido realizando desde finales de 2014, como lo refiere el comunicado de la Secretaría de Energía.

No debe pasar inadvertido que la Secretaría de Energía debió considerar que Pemex es una empresa productiva del Estado que depende del presupuesto público. Por tanto, la disponibilidad de ingresos ha sido impactada por la caída del precio del petróleo. Con todo y reforma energética, Pemex sigue siendo una empresa pública cuya autonomía está limitada y su presupuesto depende de la decisión que tome el Congreso de la Unión en materia de ingresos y gasto público. Si a Pemex le ha faltado dinero para explorar, el Congreso tiene responsabilidad en ese resultado.

No puede obviarse que el presupuesto de Pemex fue recortado en 62 mil millones de pesos (mdp) en 2015, y al año siguiente en 100 mil mdp. Como parte del esfuerzo de austeridad del Gobierno Federal, Pemex Exploración y Producción (PEP) recortó su presupuesto de 226 a 168 mil millones de pesos en febrero de 2016.4

En su momento, el Director General detalló en el caso de Pemex Exploración y Producción, que el ajuste sería de 46 mil 800 millones de pesos, incluyendo un diferimiento en inversiones por 27 mil 500 millones de pesos, un recorte de 10 mil millones de pesos en proyectos en aguas profundas y de 6 mil 200 millones de pesos al dejar de operar campos con costos superiores a los 25 dólares por barril.5 El recorte final fue aún más importante.

Un aspecto adicional que debió considerar la dependencia es que el Gobierno Federal no le ha resarcido a Pemex el valor de las inversiones hechas en las áreas que no retuvo en la Ronda Cero, resarcimiento previsto en el párrafo quinto del Artículo Sexto Transitorio de la Reforma Constitucional. En la Nota 12e, de sus Estados Financieros Dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2015, Pemex cuantificó esta afectación en un monto estimado de 70,600 millones de pesos, considerando los campos en producción y las áreas exploratorias. Sin embargo, la Secretaría de Energía soló quiere reconocerle 4,600 millones de pesos. El regateo continúa, sin embargo, si el gobierno hubiera tenido disposición y hubiera cubierto al menos una parte del adeudo, el recorte en exploración no hubiera sido tan drástico.

Por otra parte, las “asignaciones de resguardo” que la administración federal le impuso Pemex le han mermado recursos que la empresa hubieran podido emplear en exploración. Recordemos que sin una clara base jurídica, la Secretaría de Energía le dejó a Pemex 95 campos en “resguardo” mientras éstos esperan su turno para ser licitados por la CNH en las llamadas “Rondas del Estado”. A lo largo de tres años Pemex Exploración y Producción ha tenido que asumir los costos del mantenimiento de campos que no solicitó por incosteables. Es importante destacar, que la figura de "campo en resguardo" no aparece en ninguna disposición emitida por este Poder Legislativo.

Por otra parte, el régimen fiscal aprobado durante la reforma energética para las asignaciones de Pemex resultó más oneroso que el anterior debido a que en su diseño no se previó una caída tan abrupta en el precio del petróleo. Las medidas correctivas decretadas por la SHCP no han sido del todo efectivas y la carga tributaria sigue siendo excesiva. Además, el fisco no le reconoce a Pemex los costos que si le reconoce a los operadores privados. La asimetría fiscal penaliza a la empresa pública y le resta recursos para invertir en exploración.

Un aspecto relevante sobre este período adicional, es que, varias de estas asignaciones fueron renovadas, con la condición de que Pemex se asocie con el sector privado, y migre las asignaciones al sistema de contratos (esquema conocido como farmouts). Es un despropósito, toda vez que establecer estos condicionamientos pueden llevar a la privatización de las operaciones y activos petroleros que Pemex recibió durante la Ronda Cero,.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Energía, informe sobre la aprobación a petróleos mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta prórroga a las otras 7, asimismo, precise el número de áreas en que la continuidad de las operaciones y participación de Pemex en las áreas asignaciones está sujeta a la celebración de alianzas con otras empresas petroleras.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a Petróleos Mexicanos a informar las causas por las que no se solicitó una extensión de período en 2 de las asignaciones de exploración, así como la situación de las 3 a las que no hace referencia el Boletín de Prensa 060 de la Secretaría de Energía.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 El listado completo está disponible en http://asignaciones.energia.gob.mx/_doc/Excel/Asignaciones.xlsx

1 Disponible en:
https://www.gob.mx/sener/prensa/la-sener-aprobo-a-petroleos-mexicanos-un-periodo-
adicional-a-101-asignaciones-de-exploracion

3 Norma Zúñiga, “Llega para Pemex tiempo de decidir”, Reforma viernes, 26 de mayo de 2017.

4 Idem

5 Nayeli González, “Recorte en Pemex se concentrará en exploración y producción”, Excélsior, 29/02/2016.






Comunico a la Asamblea que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la conmemoración del “Día Nacional del Manatí”.

EFEMÉRIDE

Para referirse a la conmemoración del Día Nacional del Manatí

 “Día Nacional del Manatí”
7 de septiembre

El manatí (Trichechus manatus manatus), también llamado manatí antillano es un mamífero acuático marino que habita las aguas costeras someras, estuarios, bahías, lagunas y ríos de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo1.

Su apariencia es la de un organismo masivo con una aleta caudal redondeada y comprimida horizontalmente. El manatí no posee extremidades posteriores, sin embargo, poseen extremidades anteriores muy flexibles, con la forma de remos, que le permiten al animal el fácil movimiento en el fondo, así como rascar, tocar e incluso abrazar otros manatíes, además de llevar alimento a su boca o limpiar ésta. El manatí tiene una cabeza relativamente pequeña, generalmente rodeada por pesados pliegues y no presenta un cuello, es el único mamífero con 6 vértebras cervicales. El rostro es cuadrado, con labios suaves, carnosos y movibles, además de contar con vibrisas rígidas. Su coloración va de gris a café en los adultos y es más oscura en las crías2.

El manatí es herbívoro y se alimenta de vegetación sumergida, pastos marinos y plantas flotantes o emergentes, tanto en ecosistemas salinos como de agua dulce. Cumple la función ecosistémica de reciclar nutrientes en los lugares donde habita, a la vez que promueve el crecimiento de varias plantas marinas y de otros animales3. Las crías al nacer pesan en entre 18 y 27 kg, miden aproximadamente 1 m de longitud y pueden pasar hasta dos años con su madre. Un organismo adulto puede medir de 3 a 3.5 m de longitud y pesar de 500 a 1,000 kg. En cuanto a su comportamiento el manatí es un animal no gregario, la única asociación estable la conforma la madre y la cría, por lo que se le considera un animal moderadamente social4.

Los factores ecológicos que determinan la presencia del manatí son principalmente tener vegetación acuática disponible como alimento, agua dulce o salobre y temperatura agradable (entre 16 y 30 ºC). Por el contrario, las principales amenazas que enfrenta son la caza ilegal, el deterioro de su hábitat, las colisiones con embarcaciones y la posibilidad de quedar enredados en redes de pesca5.

En nuestro país el manatí se protegió legalmente por primera vez desde el 25 de noviembre de 1921, fecha en el que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la veda permanente del manatí en el territorio nacional; dicha medida fue corroborada en 1925, cuando se promulgó el decreto que establece la "veda absoluta para la pesca de manatí en las aguas del Golfo de México, Mar de las Antillas y en todas las aguas interiores de los Estados del Golfo y del territorio de Quintana Roo”, con sanciones y multas monetarias a los que llevaran a cabo actividades de caza y/o tráfico de productos, reiterando esta medida en 1934, 1945, 1981, 1987, 1992, continuando vigente hasta la fecha. Adicionalmente el manatí se encuentra protegido por la NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y faunas silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial; y que establece especificaciones para su protección por lo cual es indispensable contar con la autorización de la autoridad competente para poder realizar algún tipo de actividad relacionada con la misma6.

A nivel internacional desde el año 1975 el manatí fue considerado como una especie en peligro de extinción por lo que fue incluido dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)7. En su última actualización la Lista Roja de las Especies Amenazadas, publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (IUCN) considera al manatí antillano como una especie en peligro de extinción8.

El Día Nacional el Manatí se celebra en México desde 1999. Desde entonces cada año se realizan diversas actividades con el objetivo de informar a la población sobre las características, las amenazas que enfrentan y la función en el ecosistema del manatí, promoviendo así su conservación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 CONANP. Día Nacional del Manatí. Consultado en línea:
http://entorno.conanp.gob.mx/postales/Dia_Nacional_manati13%20SOMEMMA.pdf

2 CONABIO. Manatí del Caribe. Descripción. EncicloVida. Consultado en línea:
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1

3 Cortina E. UV. Comunicación Universitaria. 7 de Septiembre día Nacional del Manatí. Consultado en línea:
https://www.uv.mx/noticias/2014/09/06/7-de-septiembre-dia-nacional-del-manati/

4 CONABIO. Manatí del Caribe. Comportamiento y Estrategia trófica. EncicloVida. Consultado en línea:
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1

5 CONABIO. Manatí del Caribe. Hábitat y Amenazas. EncicloVida. Consultado en línea:
http://bios.conabio.gob.mx/especies/8011881#ref1

6 SERNAPAM Tabasco. Día Internacional y Nacional del Manatí. Consultado en línea:
http://sernapam.tabasco.gob.mx/content/d%C3%ADa-internacional-y-nacional-del-manat%C3%AD

7 Ibídem.

8 IUCN. The Red List of Threatened Species. Consultado en línea: http://www.iucnredlist.org/details/22105/0






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Alfabetización”.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.








De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Nacional del Manatí”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Nacional del Manatí

Con su venia Presidente,

México es uno de los 17 países con mayor diversidad biológica, que en su conjunto albergan el 70% de todas las especies del planeta. Por ello, tiene el compromiso de proteger y conservar a todas aquellas especies de flora y fauna silvestre.

Recordemos, que gracias a la situación geográfica en la que se encuentra México, el clima y otros factores, permiten que seamos el primer país con mayor número de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios, el quinto en plantas y el catorceavo en Aves.

Sin embargo, la pérdida de hábitats, la introducción de especies exóticas invasores, sobreexplotación de los recursos y el tráfico de especies, han provocado la disminución de diversas poblaciones de flora y fauna silvestre.

El manatí (Trichechus manatus) es una de las especies que se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Asimismo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en lista a esta especie en el apéndice I, considerándola como una especie en peligro de extinción y prohibiendo su comercio internacional.

El manatí es el único mamífero marino herbívoro que posee un sistema auditivo muy desarrollado, habita aguas costeras someras, estuarios, bahías, lagunas y ríos.

En nuestro país, esta especie ha sido de gran interés para la comunidad conservacionista, por ello se ha trabajado diversas acciones para protegerla y lograr su recuperación. De acuerdo con el Programa de acción para la conservación de Manatí, los esfuerzos y logros más significativos en materia de protección y conservación del manatí en nuestro país son:

• 1993 Participación de México en el Plan de Recuperación del Manatí en el Caribe, CEP-UNEP.

• 1994 Inclusión del manatí en la primera lista de especies mexicanas en riesgo (NOM-059).

• 1995 Decreto de la laguna de Catazajá como reserva municipal “Santuario del Manatí”.

• 1996 Decreto Estatal de la Bahía de Chetumal como reserva estatal “Santuario del Manatí”.

• 1996 Surgimiento de la ONG “Amigos del Manatí” en Quintana Roo.

• 1999 Establecimiento del Subcomité Técnico Consultivo para el Manejo y Conservación del Manatí.

• 2001 Publicación del Proyecto de Recuperación del Manatí en México (PREP).

• 2004 Primer nacimiento de un manatí en cautiverio en México (Acuario de Veracruz).

• 2008 Incorporación de representantes de las Cooperativas Pesqueras de Alvarado al Subcomité.

• 2010 Publicación del Programa de Acción para la Conservación de Especies: Manatí (Trichechus manatus)

Asimismo a partir del 2001 se dio inicio a la celebración del día nacional del Manatí el 7 de septiembre con la finalidad de dar a conocer las acciones que permitan continuar con la preservación de la especie.

En el Partido Verde, reconocemos que gracias al trabajo coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y las comunidades que conviven con esta especie, las poblaciones de manatí han ido poco a poco recuperándose. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se han tenido registros de grupos recientes de manatí en sitios donde ya no se veían.

Sin embargo esto no nos permite eliminar o reducir las acciones que hasta el momento han permitido la recuperación de esta especie.

Por ello, el día de hoy debemos fortalecer las acciones de concientización que permitan a toda la sociedad conocer esta especie y las razones por las cuales se ha puesto en peligro.

En este sentido, tanto el Gobierno Federal, como el Poder Legislativo, tiene una gran tarea, trabajar para proteger a esta especie y en general toda la biodiversidad a través de la generación de políticas pública y reformas al marco jurídico que permitan salvaguardar nuestros elementos biológicos.

Por ello, el proyecto de la Ley General de Biodiversidad debe analizarse y permitir la transformación legislativa que permita proteger la diversidad biológica de nuestro país.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de septiembre de 2017.

Partido Verde Ecologista de México.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Alfabetización

La alfabetización es una habilidad primordial para promover el desarrollo sostenible de la sociedad y la expansión de las oportunidades de vida de todas las personas.

En 1820, solo el 12% de la gente sabía leer y escribir, y para 2010 la tendencia se ha revertido, de modo que solamente el 17% de la población mundial es analfabeta.1

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1946, busca promover la alfabetización como parte fundamental al acceso y el derecho a la educación, permitiendo que la población mejore su calidad de vida.

Dentro de la agenda de 2030 de Desarrollo Sustentable, la UNESCO promueve la alfabetización resaltando la importancia que las redes digitales ofrecen a la sociedad dentro de la educación, acceso a la información, a la producción y situación laboral con el tema “Alfabetización en un mundo digital”2.

Por ello, las Naciones Unidas promueven la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, a fin de reforzar esfuerzos de los gobiernos y la sociedad civil concientizando sobre la importancia de la alfabetizacón en la población, así como las concecuencias que pueden tener las personas analfabetas, destacando la marginación, pobreza y baja calidad de vida.

México es un país con niveles de analfabetismo bajo, de modo que al año 2015, 1.2% de jóvenes entre 15 a 29 años es analfabeto y no cuenta con escolaridad, y 1.6 % cuentan con tres años de escolaridad.3

Para atender esta situación, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha trabajado desde 1981 para promover la conclusión de la educación básica de la población joven y adulta del país.

Uno de los programas relevantes del INEA es “Alfabetización Tecnológica”, que promueve es uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación (TICs) con un enfoque a disminuir el analfabetismo en el ambito rural4.

Gracias a estos esfuerzos, de Diciembre de 2012 a Junio de 2016 se logró que:

• 958,931 personas se alfabetizaron

• 1,534,583 concluyeron la primaria

• 2,621,148 concluyeron la secundaria

• El rezago educativo total en la población de 15 años y más, muestra una reducción de 4.6%, pasando de 37.4% a 32.8%

• El índice de analfabetismo se redujo en 1.4%

• El retraso en primaria disminuyó 1.7%

• El retraso en secundaria disminuyó 1.5%

En el Estado de México se ha trabajado con la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo junto con el Programa Especial de Certificación del Instituto Nacional de Educación para Adultos Mayores.

Por lo que se ha logrado que de los 900 mil certificados que ha entregado el INEA, más de 100 mil son para mexiquenses, incluyendo certificados de primaria, secundaria y constancias de alfabetización.

Ayudando a disminuir el analfabetismo dentro de los municipios, con resultados favorables en Amecameca, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco y Cuautitlán.

A pesar de estos importantes avances, es necesario continuar con los esfuerzos de alfabetización y conclusión de los estudios de educación básica, con énfasis particular en los programas y acciones para la “Alfabetización Tecnológica”, como indica la UNESCO, en la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización.
El Partido Verde, comprometido con la educación de calidad en todo el país, ha promovido el aumento de clases de inglés y computación, como un complemento necesario para la formación adecuada de los estudiantes.

Por lo que seguiremos impulsando todos los esfuerzos que coadyuven a promover la alfabetización tecnológica de jóvenes y adultos, a fin de que tengan mejores oportunidades de desarrollo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina (2016) – ‘Literacy’.Recuperado en septiembre de 2017 de:
https://ourworldindata.org/literacy/

2 Naciones Unidas. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. Recuperado en septiembre de 2017 de:
http://www.un.org/es/events/literacyday/index.shtml

3 INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

4 INEA. Programa de Plazas Comunitarias en zonas rurales. Recuperado en septiembre de 2017, de:
https://www.gob.mx/inea/articulos/alfabetizacion-en-un-mundo-digital-111812?idiom=es






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Alfabetización

“Un país no es más fuerte por el número de soldados que tiene,
sino por su índice de alfabetización”
-Malala Yousafzai- Premio Nobel de la Paz en 2014.

El 8 de septiembre de cada año se celebra el “Día Internacional de la Alfabetización”, proclamado hace 51 años por la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Una asignatura indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del marco de la Agenda 2030, aprobados en septiembre de 2015 en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de los estados miembros de Naciones Unidas (ONU), que incluye un conjunto de 17 objetivos y 169 metas concretas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Por ello, es necesario implementar mayores esfuerzos para consolidar el derecho a la alfabetización como una realidad, a fin de que pueda en verdad incidir en la autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todos los mexicanos.

Señala la propia UNESCO, que una sociedad globalizada demanda un ciudadano con más habilidades y conocimientos para poder desenvolverse mejor dentro de una sociedad. Para poder sacar provecho de la sociedad globalizada de nuestros días se necesita mucho más que información, un adecuado conocimiento y un mejoramiento en la educación y además lograr que todas las culturas sin importar cual marginadas sean, tengan acceso a dicha educación.

Por ello, los días 7 y 8 de septiembre de este año, este organismo internacional debatirá sobre las habilidades necesarias para formar parte de sociedades cada vez más digitales, así como las políticas y los programas de alfabetización efectivos para que las personas puedan aprovechar las ventajas que ofrece la era digital.

En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 40 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 a 6.9%. Y aunque en el país la educación primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir.

Por eso, en el marco del “Día Internacional de la Alfabetización”, una oportunidad para celebrar los esfuerzos que en México se realizan para lograr la deseada alfabetización y una educación de calidad que permita a nuestra población mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida.

Un sincero reconocimiento muy especial a todos aquellos que luchan por salir del analfabetismo, como también, a quienes con su trabajo y esfuerzo inciden positivamente en la alfabetización de los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su muerte1.

A nivel global, cerca de 800 mil personas mueren por suicidio cada año. Además, por cada suicidio que ocurre, pueden ocurrir más de 20 intentos. De este modo, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El 78% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios.2

Con base en estas cifras, la OMS considera al acto suicida como un problema grave de salud pública; sin embargo, puede ser evitado con intervenciones oportunas, basadas en evidencia y de bajo costo.

Una de las acciones más relevantes es el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020, que compromete a los países miembros de la OMS a trabajar para alcanzar la meta de reducir en 10% la tasa de suicidio para el año 20203.

A fin de continuar impulsando acciones en esta materia, la Asociación Internacional para Prevención del Suicidio (IASP) y la OMS promueven la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre de cada año.

Esta efeméride tiene el objetivo de crear consciencia acerca de la prevención del suicidio alrededor del mundo. En 2017, el tema de esta conmemoración es “Toma un minuto, cambia una vida”, resaltando la responsabilidad de todos, para poner atención a aquellos que pueden estar en riesgo de suicidio4.

En México, se registraron 6,337 suicidios durante 2014, que representan el 1% del total de muertes ocurridas. El 80% de los suicidios fueron consumados por hombres y 20% por mujeres.5

También destaca que el 40.2% de los suicidios es efectuado por jóvenes de 15 a 29 años. Entre este grupo de edad, la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada cien mil jóvenes6.

Para atender esta situación, el gobierno mexicano ha implementado diversas acciones, entre las que destacan el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 y el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018.

El Estado de México, entidad que represento, es la sexta entidad del país con menor tasa de suicidios. Sin embargo, no podemos bajar la guardia en la atención de esta problemática.

Por ello, desde 2014 contamos con un “Programa de Prevención del Suicidio", el cual comprende las siguientes acciones:7

• Desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas.

• Participación de la comunidad en la canalización de personas con tendencia al suicidio.

• Línea telefónica de emergencia para casos de crisis.

• Atención a personas con tendencia al suicidio, mediante los servicios de salud mental.

• Participación de los municipios en el programa.

• Fomento de una cultura de auto-afirmación de la dignidad humana, dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Estos avances son importantes; sin embargo debemos continuar trabajando en la atención oportuna de la depresión y la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes, ya que estos son algunos de los factores más importantes relacionados con el suicidio.

En este sentido, los legisladores del Partido Verde hemos promovido la adopción de diversas políticas públicas para prevención del suicidio, privilegiando acciones preventivas, dirigidas a buscar el bienestar de las niñas, niños y jóvenes mexicanos.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, reafirmamos nuestro compromiso para continuar promoviendo programas y acciones de prevención del suicidio, con enfoque integral y multisectorial.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 INEGI (2006) Suicidio. Marco de referencia sobre el suicidio. México

2 WHO (2017). Media centre. Suicide. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/

3 OMS/OPS. (2017) Suicidio, Nota Descriptiva. Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

4 IASP. (2017) World Suicide Prevention Day 2017, Recuperado en septiembre de 2017, de:
https://iasp.info/wspd2017/

5 INEGI.(2016) “Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre)” Boletín del 7 de septiembre de 2016 Recuperado en septiembre de 2017, de:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf

6 Ídem

7 Gaceta del Gobierno del Estado de México. (2014) Decreto número 267. Recuperado en septiembre de 2017, de: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/jul183.PDF






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El día 10 de septiembre conmemoramos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio para crear conciencia entre los gobiernos y la sociedad de que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura1.

El suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Este problema es multifactorial, que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, sociológicos y ambientales; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión, abuso del alcohol y otras sustancias, así como de quienes han intentado suicidarse, permite la reducción de las tasas de suicidio2.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en México se ha presentado la siguiente situación:

• Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.

• Ocho de cada diez suicidios (80.2%) fueron consumados por hombres y 19.8% por mujeres.

• Campeche (10.2%), Aguascalientes (8.6%), Chihuahua (8.4%) y Yucatán (8.4%) son las entidades que presentan mayor tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.

• En 40.2% de los suicidios en 2014 se trató de un joven de 15 a 29 años. En este grupo de edad, la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada 100 mil jóvenes.

• La Secretaría de Salud, en 2014, registró 2,292 egresos a causa de lesiones autoinflingidas.

• Un importante porcentaje de la población que cometió suicidio registró no tener trabajo (32.2%). Por otro lado, la condición de actividad en el mercado laboral  es una característica que varía entre el género masculino y femenino, ya que la mayoría de las mujeres que murieron por esta causa no trabajaban (70.9%), en tanto que la mayor parte de los hombres sí lo hacía (73.4%).

• En lo que respecta al acceso a los medios para quitarse la vida, cabe señalar que en 2014, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se ubica como el principal método utilizado por la población que comete suicidio (78.9%).

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Salud, constituye un derecho a la salud la prevención y el control de los efectos nocivos de los efectos ambientales en la salud de las personas. Así también, el artículo 3 hace referencia a que es materia de salubridad general el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol. Finalmente, el artículo 72 de dicha Ley señala que es de carácter prioritario la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento.

Hay varios factores de riesgo que actúan acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida, entre los que se encuentran: 1) Dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria; 2) Fácil disponibilidad de los medios utilizables para suicidarse; 3) Sensacionalismo de los medios de difusión en lo concerniente a los suicidios, que aumenta el riesgo de imitación de actos suicidas; 4) Estigmatización de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas o por problemas de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas4.

Existen diversas estrategias para contrarrestar estos factores de riesgo, entre las que se encuentran: 1) Las de prevención “universal”, diseñadas para llegar a toda una población; 2) Las estrategias de prevención “selectiva” que van dirigidas a grupos vulnerables y 3) Las estrategias “indicadas” se dirigen a personas vulnerables específicas.

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio reitero mi firme compromiso de impulsar acciones legislativas que contribuyan al desarrollo de mecanismos de detección y prevención de trastornos mentales, entre ellos, el suicidio, tales como las campañas informativas, instalación de módulos de orientación en las unidades de atención médica de primer y segundo nivel, capacitación a médicos de primer nivel en el abordaje a los aspectos relacionados al suicidio, entre otros.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-la-prevencion-1/

2 https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-11158

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf

4 http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf






Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

EFEMÉRIDE

Sobre el Día Internacional de la Alfabetización.

El día 8 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Alfabetización con el fin de movilizar a la comunidad internacional y nacional para fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades1.

El tema del año 2017 es “Alfabetización en un mundo digital” ya que en los eventos programados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se debatirán las habilidades necesarias para formar parte de sociedades cada vez más digitales, así como las políticas y los programas de alfabetización efectivos para que las personas puedan aprovechar las ventajas que ofrece la era digital2.

En este sentido, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Así también, la Ley General de Educación dispone en su artículo 39 que en el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos, y que, de acuerdo con las necesidades específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.

Corresponde al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) proponer y desarrollar modelos educativos, elaborar y distribuir materiales didácticos, aplicar sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acreditar y certificar la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios3.

Asimismo, es atribución del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) brindar servicios de educación inicial y básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas y/o con rezago social4.

Según se desprende del 5º Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, en México, durante el año 2016, el INEA logró que más de 2 millones de personas concluyeran la alfabetización de primaria y/o la secundaria5. Así también, en el mismo Informe se destaca que el INEA desarrolla una política de informática educativa a través de las Plazas Comunitarias, cuya finalidad es ofrecer servicios de asesoría educativa para que los jóvenes y adultos aprendan, se desarrollen, acrediten y certifiquen su alfabetización, primaria y/o secundaria. Luego entonces, las Plazas Comunitarias son espacios educativos abiertos a la comunidad que cuentan con equipo de cómputo e internet, discos compactos, videos y libros.

Por su parte, el CONAFE capacitó en educación inicial a madres, padres y personas que participan en el cuidado de niñas y niños de cero a tres años 11 meses de edad, mujeres embarazadas, que habitan en localidades con un mínimo de ocho familias, preferentemente con alta y muy alta marginación y/o rezago social en los 1,012 municipios que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH).

Finalmente, cabe señalar que, según el Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, de 2012 a 2016, el índice de analfabetismo se redujo en 1.4%; el retraso en primaria bajó en 1.7% y en secundaria 1.5%.

En el Día Internacional de la Alfabetización reitero mi firme compromiso de impulsar el desarrollo de los servicios educativos de la población en riesgo de exclusión para la construcción de una sociedad más justa y próspera.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de septiembre de 2017.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/
international-days/literacy-day/

2 http://www.un.org/es/events/literacyday/

3 https://www.gob.mx/inea/que-hacemos

4 https://www.gob.mx/conafe/que-hacemos

5 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno 2016-2017, pag. 268; disponible en
http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 12 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:52 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2927&lg=63&anio=3