Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 18 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 2



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Septiembre de 2017

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

APERTURA

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (12:29 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se abre la sesión del martes 5 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA JUNTA PREVIA CELEBRADA EL JUEVES
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las veintiún horas con cincuenta y cuatro minutos del jueves treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa y, en cumplimiento al artículo 61 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia declaró abierta la Junta Previa.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la Junta Previa de esta fecha, debido a su difusión.

(Comunicaciones)

Se recibió de los integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio, el Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo Histórico y Memoria Legislativa.

 

Se recibió de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Segundo Año de Ejercicio, el Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo Histórico y Memoria Legislativa.

(Elección de la Mesa Directiva)

Se procedió a la elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura.- La Presidencia informó que se realizarían dos votaciones por cédula para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; la primera votación dio inicio a las veintiún horas con cincuenta y siete minutos, para elegir al Presidente; a las veintidós horas con dieciséis minutos la Secretaría de la Mesa Directiva declaró el resultado de la elección de 77 votos y 2 abstenciones, a favor del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo. Se emitieron 3 votos para otros candidatos.

La segunda votación, se realizó a las veintidós horas con diecisiete minutos para elegir a tres Vicepresidentes y cuatro Secretarios; a las veintidós horas con treinta y tres minutos la Secretaría de la Mesa Directiva declaró el resultado de 77 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, a favor de:

Vicepresidentes:
SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA

Secretarios:
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA
SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS
SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se informa su integración para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.- Intervinieron los Senadores: Fernando Herrera Ávila del PAN; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Adriana Dávila Fernández del PAN; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Raúl Gracia Guzmán del PAN; Javier Lozano Alarcón del PAN; Marcela Torres Peimbert del PAN; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Roberto Gil Zuarth del PAN; Emilio Gamboa Patrón del PRI y Miguel Barbosa Huerta del PT. El asunto se consideró suficientemente discutido. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con una Vicepresidencia de su Mesa Directiva.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la designación del Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Protesta de los integrantes de la Mesa Directiva)

El Senador Ernesto Cordero Arroyo, a las cero horas con cuatro minutos, rindió su protesta legal como Presidente de la Mesa Directiva y posteriormente tomó la correspondiente protesta a la Vicepresidenta, Vicepresidentes, Secretarias y Secretario electos, como integrantes de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, lo anterior para los efectos de lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso General.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de instalación de la Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura.- Se comunicó por escrito de la instalación de la Cámara de Senadores y de la elección de la Mesa Directiva, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las legislaturas de las entidades federativas.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un mensaje alusivo al inicio del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

 

El Presidente citó a Sesión de Congreso General el viernes primero de septiembre, a las diecisiete horas; y a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el martes cinco de septiembre, a las once horas.

 

La Presidencia dio por concluida la junta previa a las cero horas con ocho minutos.

 

Fin de la Sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la Junta Previa del 31 de agosto se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su informe de actividades 2016-2017.








Una, del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de actividades legislativas, correspondientes al segundo año de la LXIII Legislatura.








Una, de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la XXVII reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá.








Una, del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su quinto informe de actividades legislativas.








Una, de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten el informe de su participación en las reuniones de trabajo sostenidas en Nueva Zelandia, del 18 al 23 de junio de 2017.








Una, de la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual Legislatura.








Una, del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La 4ª Cumbre de Líderes Económicos, que se celebró en Changchun, China, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2015.

La Reunión del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre asuntos fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015, en París, Francia.

Y la 4ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se efectúo del 3 al 5 de febrero de 2016, en París, Francia.








Y otra, de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el Encuentro de Presidentes de Parlamentos, realizado el 18 de agosto pasado, en Lima, Perú.








Así también, se recibieron sendas comunicaciones de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, por las que solicitan hacer constar su respectiva intención de voto de manera pública e indeclinable en contra de la aprobación de cualquier dictamen basado en la minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, mientras dicha aprobación continúe activando la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General; y a favor de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, proponiendo la eliminación de la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Recibimos de la Mesa Directiva, una comunicación suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, por la que informa que se separa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y que se mantendrá como Senadora sin grupo parlamentario.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, recibimos una comunicación de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su incorporación al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese también a las Secretarías Generales del Senado.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Compañeros Senadores, les informo que el pasado mes de agosto se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con las propuestas de designación de:

El ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.








Y del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.



Ambos expedientes se turnaron de manera directa a la Comisión de Energía el día 16 de agosto.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con las siguientes propuestas:

Una terna para designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos: Norma de la Salud Álvarez Girard, Jimena Marván Santín y Neus Peniche Sala, para cubrir la vacante del ciudadano Noé Navarrete González, quien concluyó su periodo el 31 de diciembre de 2016.








Otra terna para designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos: Francisco Granados Rojas, Fernando Ruiz Nasta y Guillermo Zúñiga Martínez, a partir de la vacante que se generará el 31 de diciembre de 2017.








Y otra terna para designar un Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrada por los ciudadanos Néstor Martínez Romero, Ramón Antonio Massieu Arrojo y Alfonso Reyes Pimentel, a partir de la vacante generada por el ciudadano Néstor Martínez Romero, quien concluyó su periodo el 14 de mayo de 2017.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese la documentación descrita a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente.






Informo ahora al Pleno que se recibieron 14 nombramientos de personal diplomático, mismos que se turnaron de manera directa a las comisiones correspondientes, el 1° de septiembre pasado.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con dichos nombramientos y los turnos que se les asignaron.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura: Se recibieron nombramientos a favor de las ciudadanas y los ciudadanos:

Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador.








José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua.








Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador.








Y Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.



Se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.






Asimismo, se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos:

Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República Democrática de Timor-Leste.








José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Libanesa.








Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái, República Popular China.








Y Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Comunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República Fiji y República de Vanuatu.



Se turnan a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.






También se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos:

José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.








Y Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Islandia.



Ambos se turnan a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.






Igualmente, se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos:

Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.








Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América.








María del Socorro Flores Liera, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Suiza.



Estos tres nombramientos se turnan a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.






Se recibió el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.






Les informo que el pasado 1 de septiembre recibimos de la Secretaría de Gobernación, 128 ejemplares del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.








Asimismo, recibimos los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.

Todos han sido ya distribuidos a las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Recibimos un oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las Fichas de Monitoreo y Evaluación de diversos programas presupuestarios del sector ambiental.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2017.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los siguientes documentos: Estudio sobre Presupuesto y Derechos Humanos, Ensayos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos y, por último, el Presupuesto Público y Derechos Humanos: por una Agenda para el rediseño del Gasto Público en México.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha información a la Comisión de Derechos Humanos.






INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo, señor Presidente, que también se recibió un oficio del Instituto Nacional Electoral, con el que remite copia de la Resolución aprobada por el Consejo General el 20 de julio de 2017, por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de dicha resolución a los integrantes de la Asamblea.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió del Congreso del estado de Guerrero, una invitación para asistir a la sesión solemne en conmemoración del 204 Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, a realizarse el próximo miércoles 13 de septiembre, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia designa en comisión a los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Esteban Albarrán Mendoza y Armando Ríos Piter.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También damos cuenta que se recibieron 11 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y también por la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo al Pleno que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.






CÁMARA DE DIPUTADOS

Hago de su conocimiento que la Cámara de Diputados nos remitió la siguiente documentación:

59 proyectos de Decreto originados en dicha Colegisladora, 3 proyectos de Decreto devueltos con modificaciones, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional y 4 expedientes de proyectos de Decreto devueltos desechados, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.



Estos 66 expedientes se recibieron después de concluir el periodo de sesiones en el mes de abril de 2017 y todos ellos fueron turnados de manera directa a las comisiones correspondientes el 5 de julio pasado. La lista de asuntos con sus respectivos turnos se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: La Cámara de Diputados nos remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma y deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN PERMANENTE

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Recibimos de la Comisión Permanente, el inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Les informo que dicho inventario contiene 50 proposiciones con punto de Acuerdo. El listado correspondiente está publicado en la Gaceta con el turno asignado a cada proposición.






Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con el Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

De no haber ningún legislador apuntado en participar, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que es aprobado el Acuerdo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Senador Miguel Barbosa Huerta, como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de septiembre del año en curso.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de presupuesto para el mes de septiembre del año en curso. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que es aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre del año 2017.

El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2017.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración el informe de presupuesto ejercido al mes de julio de 2017.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en materia de desarrollo sostenible.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1 Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, querido Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, señor Presidente.

Es un gusto para mí aperturar, con la presentación de iniciativas en este último tramo del Senado de la República.

Y esta propuesta que traigo es un Decreto de reforma a los artículos 1 y 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Como ustedes saben, en el 2000, en Nueva York, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, México y otras 188 naciones suscribimos lo que se le llamó los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Es innegable que pudimos avanzar. Eran, para este propósito, 8 objetivos con 21 metas y 48 indicadores, y en el 2008 se incrementaron a 70 indicadores.

Mucho se pudo hacer en este tema, que era sobre la pobreza, sobre la enseñanza de educación primaria, temas de salud materna, pero hubo un nuevo momento, muy importante, en el 2011 fue expedida la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el objetivo de dotar al Poder Ejecutivo con los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación y fomento del desarrollo internacional; México, en este contexto.

Pero hay un nuevo momento, y a eso me quiero referir y esa es la búsqueda de esta iniciativa, que los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, estén incorporados en esta legislación.

Es valioso tenerlo, porque esta Agenda 2030, de la que ya este Senado de la República ha hecho una serie de actividades, que ya hemos visto cómo más de 16 comisiones la hemos integrado para poder orientar y alinear estos objetivos de acuerdo a la tarea que hace ese país, especialmente en el apartado legislativo.

Hoy la nueva propuesta tiene 17 objetivos con 169 metas, y hay cosas muy importantes que se han incorporado, como la igualdad de género, el tema ambiental con otra connotación y la participación activa en este implementación de la Agenda 2030 por parte de México.

Por lo tanto, vengo a proponer esta reforma al párrafo tercero del artículo 1 y a la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue.

Artículo 1. …

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable y sostenible, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la creación de energías limpias y renovables; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos y seguridad humana.

El artículo 25 habla de garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Esto es muy importante poderlo incorporar a esta Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque marcará la pauta de la agenda internacional de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1° Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En septiembre del año 2000 se celebró, en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en donde México y otras 188 naciones se comprometieron con el contenido de la Declaración del Milenio: compuesta por los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que iban desde la reducción de la pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza básica universal para el año 2015, constituyendo así uno de los esfuerzos más importantes de la historia contemporánea para el desarrollo humano.

De esta manera en 2002, Naciones Unidas, con la asistencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estableció para monitorear el cumplimiento y avance de cada país: 21 metas y 48 indicadores cuantitativos, que en 2008 incrementaron a 70 si se consideran las desagregaciones por sexo o geográficas. Los ODM se integraron de la siguiente forma.1

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

- Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día.

- Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes.

- Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

- Meta 2A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

- Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015.

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

- Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

- Meta 5A: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna

- Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

- Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.

- Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten.

- Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

- Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.

- Meta 7B: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010.

- Meta 7C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

- Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales.

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

- Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

- Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.

- Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General).

- Meta 8D: Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo.

En este orden de ideas como parte del compromiso del Estado Mexicano con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2011 se expidió la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el objetivo de dotar al Poder Ejecutivo con los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre nuestro país y otros Estados y organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.2

Además, se estableció que “Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad”

El paso a una nueva agenda, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

La movilización en el mundo tras los ODM generó el movimiento contra la pobreza con mayor éxito de la historia. El compromiso transcendental que asumieron los países en el año 2000 de “no escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema”, fue plasmado en el marco de trabajo de los ocho objetivos.

Los ODM ayudaron a que más de mil millones de personas escaparan de la pobreza extrema, a combatir el hambre, a facilitar que más niñas asistieran a la escuela como nunca antes, y a proteger nuestro planeta. Generaron nuevas e innovadoras colaboraciones, impulsaron la opinión pública y mostraron el inmenso valor de establecer objetivos ambiciosos. Al ubicar a las personas y sus necesidades inmediatas en un primer plano, los ODM reconfiguraron la toma de decisiones tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.

Sin embargo, a pesar de los notables logros que se lograron, las desigualdades y el progreso siguieron dándose de forma desigual. La pobreza siguió predominando en algunas partes del mundo. Aunado a ello en 2011, casi el 60% de los mil millones de personas extremadamente pobres del mundo vivía en solo cinco países.

De igual forma muchas mujeres murieron durante el embarazo o debido a complicaciones del parto.

Las experiencias y las pruebas de los esfuerzos para alcanzar los ODM demostraron que se debía hacer en ese momento. Pero para lograr mayores progresos se necesitaba mayor voluntad política inquebrantable y un esfuerzo colectivo a largo plazo.

Es por ello que, para continuar con estos esfuerzos, se crearon los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que complementan y profundizan el trabajo. Los ODS buscan terminar la labor que comenzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin dejar a nadie atrás.

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.3

El Estado Mexicano a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) da seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, que inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Esta importante agenda sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.4

Los 17 objetivos que integran dicha Agenda son:5

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Con la finalidad de erradicar la pobreza en todas sus formas, dado que ésta sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en extrema pobreza disminuyó en más del 50% (de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015), aún demasiados seres humanos luchan por satisfacer incluso las necesidades más básicas.

A nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de US$1,25 al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El crecimiento económico acelerado de países como China e India ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero el progreso ha sido disparejo. La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad.

Para el año 2014, en México se estimó que un total de 55.3 millones de personas (46.2% de la población) vivían en condición de pobreza y 11.4 millones de personas (9.5% de la población) en condición de pobreza extrema.

2. Hambre cero, para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, asegurando el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Para 2014 en México 28 millones de personas vivían en pobreza alimentaria.

Para agosto de 2015, se identificaron 6.2 millones de personas en pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación.

3. Buena salud con la finalidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y de reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

Aunado a ello poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años., las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles, entre otros.

Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

En nuestro país Para 2014, en México 58.5% de la población tenía carencia por acceso a la seguridad social 58.5% y 18.2% carencia por acceso a los servicios de salud.

4. Educación de calidad con el objetivo de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Hasta el 2015, 6 millones de niñas y niños entre 3 y 17 años no asistían a la escuela en México.

5. Igualdad de Género con la finalidad de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, así como de poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

En México la población de mujeres, 57.5 millones (conforme a datos 2014 de INEGI), a pesar de ser mayoría se considera como un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la discriminación y múltiples violaciones a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Aunado a ello las mujeres tienen una menor participación en actividades económicas, pues sólo el 43.22% de las mujeres forman parte de la población económicamente activas, frente al 78.55% de la población masculina.

6. Agua limpia y saneamiento para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, teniendo como una de sus principales metas lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos.

Para 2014, 9.9 millones de personas no tenían acceso al agua en sus viviendas, mientras que 9.7 millones no cuenta con drenaje.

7. Energía asequible y sostenible con la finalidad de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, esto para que para el año 2030, se asegure el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos y se aumente sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.

8. Trabajo decente y crecimiento económico con el fin de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Para 2015, el número de mexicanos con empleo informal representaba el 57.8% de la población ocupada.

Para 2014 en México 5.8 millones de jóvenes trabajan en la informalidad y 1.3 millones de jóvenes de 15 a 24 años laboran sin recibir remuneración.

9. Industria, innovación, infraestructura

Para construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015, en México existían aproximadamente 4 millones 15 mil empresas, de las cuales 99.8% son PYMES, generando una fuerza laboral formal del 72% y que contribuyen con la producción del 52% del Producto Interno Bruto del país.

México ocupó el lugar 75 de 130 en el Índice Global de Emprendedores 2015, el cual analiza la capacidad emprendedora, cayó 9 lugares con respecto al 2014 por una baja evaluación en el desarrollo de habilidades y aspiraciones emprendedoras.

10. Reducir inequidades entre los países, dado que para 2030, se pretende lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

Asimismo, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

En el caso de nuestro país en 2012 el 10% de la población con más riqueza en México, concentró el 38.9% de todo el ingreso en el país. De igual forma el ingreso mensual per cápita en el medio rural es de $1,685 pesos, mientras que en el medio urbano es de $3,645 pesos en 2012.

11. Ciudades y comunidades sostenibles, para conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En 2014, en la Ciudad de México al menos el 65% de las mujeres habían sido víctimas de algún tipo de violencia de género en el transporte público.

12. Consumo responsable y producción con la finalidad de Garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles.

En 2015 en México se estima que 10 millones 431 toneladas de comida al año van a dar a la basura.

13. ACCIÓN CLIMÁTICA, con el fin de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

El promedio de emisiones de CO2 fue de 3,9 toneladas métricas por habitante al año durante el periodo 2011-2014, se elevó un punto con respecto al periodo 2008-2010.

El gobierno mexicano se comprometió voluntariamente en marzo del 2015 a reducir en un 25% las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para el año 2030. Para el 2014 el país generó 1 millón de toneladas de residuos electrónicos, colocándose por debajo de Estados Unidos y Brasil en el top lo de países en América con mayor producción de residuos.

14. Vida marina para conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

En 2013 México ocupó el 4° lugar por su volumen de pesca en América, con un total de 272,533 personas dedicadas a dicha actividad.

15. Vida en la tierra con el fin de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.

La superficie cultivable de México perdió 146 millones de hectáreas desde 2000, 6% menos del total. 40% de la superficie nacional tiene un severo grado de erosión y pierde 400,000 hectáreas de bosques cada año según datos del 2014.

16. Paz, justicia e instituciones fuertes, con la finalidad de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

México ocupa el noveno lugar en América Latina, con una tasa de 21,5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es equivalente al número de homicidios en toda Europa en un solo año. En el 2014 la tasa de asesinatos fue de 16 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, en el primer semestre del 2015 la incidencia delictiva fue de un millón 300 delitos. De igual forma se estimó que el costo nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2012 fue de $215.2 mil millones de pesos.

Aunado a ello 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia en algún momento de su vida.

17. Alianzas para los objetivos con la finalidad de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

En este sentido si bien existe en la práctica, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo no incorpora de manera explícita la Agenda 2030.

Al respecto nuestro país ha sido un actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda.6

México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances que destacan son7:

• México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible.

• Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal.

• El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, que hasta momento se encuentra integrado por distintas Comisiones: Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de Desarrollo Social; de Población y Desarrollo; de Autosuficiencia Alimentaria; de Salud; de hacienda y Crédito Público; de Derechos Humanos; de Justicias; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Para la Igualdad de Género; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Trabajo y Previsión Social; de Recursos Hidráulicos; de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; y la Comisión Especial de Cambio Climático.

Las cuales realizarán actividades encaminadas para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, así como la promoción de las acciones necesarias que desde el Congreso de la Unión se requieran para la aplicación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México.

• Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por lo que resulta necesario que dicha Agenda sea incorporada dentro de este marco jurídico con la finalidad de que el Estado Mexicano actué conforme a los compromisos internacionales que ha adquirido respecto de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este tenor el OBJETIVO de la presente propuesta reforma los Artículos 1° y 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, agregando lo referente a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Derivado de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del Artículo 1 y la fracción IX del Artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable y sostenible, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la creación de energías limpias y renovables; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos y seguridad humana, fortalecimiento del Estado de derecho, igualdad de género, promoción del desarrollo sustentable y sostenible, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

Artículo 25. En la orientación de la política de cooperación internacional, el Programa deberá:

I.a VIII. …

IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así como con aquellos otros acuerdos y convenciones internacionales que incidan en la cooperación internacional y de los que México forme parte.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la Republica, el 5 de septiembre de 2017.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

CUADRO COMPARATIVO

LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 1.

La presente Ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional, y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.
Esta Ley tiene por objeto dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países así como con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

Artículo 1. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable y sostenible, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la creación de energías limpias y renovables; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos y seguridad humana, fortalecimiento del Estado de derecho, igualdad de género, promoción del desarrollo sustentable y sostenible, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

Artículo 25. En la orientación de la política de cooperación internacional, el Programa deberá:

I. Estimular la participación de las dependencias y entidades del sector público, así como de los centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico, y de los organismos culturales, también pertenecientes al sector público, en las acciones de cooperación internacional;

II. Establecer los lineamientos para garantizar el apoyo a la cooperación internacional de México por parte de las representaciones diplomáticas y consulares del Gobierno Federal en el exterior;

III. Impulsar la concertación de convenios, acuerdos marco y otros instrumentos jurídicos de cooperación internacional;

IV. Promover la diversidad cultural y la proyección de México en el exterior como un Estado pluriétnico y multicultural;

V. Privilegiar la demanda de cooperación internacional para fortalecer la formación de recursos humanos en las áreas de mayor importancia estratégica para el desarrollo nacional.

VI. Promover el fortalecimiento institucional para la cooperación internacional, con especial énfasis en la formación de recursos humanos especializados en la gestión de la oferta mexicana en la materia;

VII. Propiciar la celebración de acuerdos internacionales para la realización de proyectos de cooperación internacional de gran impacto y largo alcance, participando de manera activa en los organismos de cooperación internacional de distinta índole de los que México forme parte;

VIII. Incorporar lo dispuesto en las leyes mexicanas en lo relativo a la prestación de ayuda humanitaria en casos de desastres, y

IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, así como con aquellos otros acuerdos y convenciones internacionales que incidan en la cooperación internacional y de los que México forme parte.

Artículo 25. En la orientación de la política de cooperación internacional, el Programa deberá:

I. a VIII. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así como con aquellos otros acuerdos y convenciones internacionales que incidan en la cooperación internacional y de los que México forme parte.

 

1 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/

2 Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

3 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/

4 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

5 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview.html

6 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

7 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Diva Gastélum. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar a nombre propio y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código Penal Federal, en materia de robo de identidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 430 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, me llena de satisfacción el poder presentar esta iniciativa de ley en esta primera sesión, una iniciativa de reforma que pretende solucionar un problema que desafortunadamente está en crecimiento y que de manera preocupante está afectando el patrimonio y la tranquilidad de miles de mexicanos.

El robo de identidad o la usurpación de identidad, es una conducta ilícita que se está extendiendo, una actividad que implica pérdidas de millones de pesos diarios para personas físicas, para familias e instituciones bancarias.

Prácticamente, todos los que estamos aquí y seguramente los que nos están viendo a través del Canal del Congreso, tienen algún conocido incluso ellos mismos han sido víctimas de la falsificación de sus documentos oficiales, que posteriormente son utilizados para cometer algún fraude, contratar irregularmente servicios, realizar compras, adquirir bienes, realizar retiros de efectivo u obtener créditos.

Es importante que veamos el ritmo abrumador de crecimiento de este delito. De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, durante el año 2015 se registrarón un poco más de 60 mil casos de robo de identidad. Hablando monetariamente, el monto total reclamado por los usuarios afectados ascendió a 118 millones de pesos, el 19 por ciento más de lo reclamado en el año 2014.

Para 2016, por lo menos 5 millones 376 mil usuarios de la banca sufrieron robo de identidad o fraude, cifra mayor en 33.6 por ciento con relación a la del año 2015.

La iniciativa que presento, en este momento, busca tipificar la usurpación de identidad como un delito federal, que este delito pueda ser sancionado con rigor.

Hoy cada entidad federativa sanciona el delito, cada una lo hace de manera distinta e incluso hay casos donde no se tiene contemplado en los códigos penales locales.

Lo que no debemos permitir es que esa actividad ilícita siga creciendo fomentada por vacíos legales o por la falta de una adecuada persecución.

Es común también que hoy los ministerios públicos locales, se laven las manos porque los delitos se cometen en entidades distintas al del lugar de residencia de la víctima.

Es común también que se dé carpetazo a las querellas interpuestas por la equivocada justificación de que los bancos al ser instituciones de índole nacional, no pueden ser requeridas por las autoridades locales.

Necesitamos poner un alto a esta discrecionalidad, darle soluciones a quienes han sido presas de este delito y dejar muy claro que no se pueden salir con la suya todos aquellos que roban identidad o usurpan la identidad de alguien más.

Espero contar con el apoyo de más compañeros Senadoras y Senadores para acompañar esta iniciativa de ley.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los que suscriben, Sen. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Sen. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 430 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el ámbito jurídico, la usurpación se define como la arrogación de personalidad, título, calidad, facultades o circunstancias de que se carece. Apropiación indebida de lo ajeno; especialmente de lo inmaterial.1

Por lo que respecta a la identidad, de acuerdo con la Real Academia Española, la define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En la actualidad, se suele hacer referencia a categorizaciones de la identidad, tal es el caso de la identidad electrónica o digital, que está constituida por datos personales sensibles que incluyen claves de acceso a cuentas bancarias, redes para la comunicación y operación de las personas que rebasan los límites de las fronteras siendo susceptibles de un apoderamiento no autorizado, dando como resultado una problemática a nivel nacional e internacional, ya que los casos más recurrentes de estos hechos son aquellas operaciones con el uso de datos personales.

Es importante señalar que la usurpación de identidad es un tema que rebasa fronteras y lo que propicia que no se llegue a un concepto general sobre el tema de hurto, robo o suplantación de identidad.

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un acervo documental relativo al robo de identidad, en específico la publicación: “Las conductas vinculadas a la suplantación de identidad por medios telemáticos: Una propuesta de acción legislativa”, elaborado por el investigador Rodolfo Romero Flores, quien señala que en la actualidad el acceso al Internet ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica o identidad digital, que fundamentalmente está constituida por datos personales sensibles que pueden incluir claves de acceso a cuentas bancarias o redes, mediante los cuales las personas se comunican u operan en redes informáticas o telemáticas y cuya que circulación transfronteriza es potencialmente peligrosa ante su posible apropiamiento no autorizado.2

En ese sentido, el concepto de identidad ha cobrado una importante relevancia debido a que se enfoca en la individualización del ser humano frente a la sociedad, contando con un conjunto de atributos singulares de cada persona que permite el desarrollo de sus relaciones sociales y de los efectos jurídicos que las mismas pudieran producir.

En los últimos años, en el plano nacional e internacional se han multiplicado los casos en los que especialmente por medios informáticos o telemáticos, se obtienen fraudulentamente datos personales para luego llevar a cabo ciertos hechos u operaciones con tales datos, fundamentalmente en el ámbito económico, imputándose falsamente a los verdaderos titulares de dichos datos. Es que lo se conoce como robo o usurpación de identidad, considerado como uno de los delitos del siglo XXI.

No obstante, es importante señalar que a nivel internacional se ha tratado de regular dicho mecanismo de fraude, tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, institución que emitió el “Manual sobre los delitos relacionados con la identidad”, mismo que fue elaborado tras la publicación del estudio de la Naciones Unidas sobre el fraude y la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos en el año 2007, solicitado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Dicho estudio, hizo aportaciones destacadas, entre ellas, la adopción de un enfoque amplio del concepto de “delito relacionado con la identidad” y lo concibió abarcando todas las conductas ilícitas relativas a la identidad, incluidos los delitos frecuentemente denominados “fraude de identidad” y “hurto de identidad”. Asimismo, abordó los problemas planteados por el delito relacionado con la identidad desde una perspectiva en el derecho penal.

Por lo que respecta al plano nacional, en varias entidades federativas se ha regulado tan complejo tema, esto ha ocurrido en entidades como Colima, el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México, entre otros. A pesar de dichos esfuerzos por combatir estos hechos, el índice continua a la alza, ya que de acuerdo con el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) durante el año 2015 se registró poco más de 60 mil casos de robo de identidad. En cuanto a las reclamaciones presentadas por usuarios de la banca, Santander, Citibanamex y HSBC fueron los bancos que registraron el mayor número; juntos concentraron el 76 por ciento del total. Hablando monetariamente, el monto total reclamado por los usuarios afectados ascendió a 118 millones de pesos, el 19 por ciento más de lo reclamado en el año 2014. Además, de cada 10 reclamaciones, 9 son respecto a tarjetas de crédito y 1 de tarjetas de débito.3

Mientras tanto, en el año 2016, de acuerdo con la CONDUSEF, por lo menos 5 millones 376 mil usuarios de la banca sufrieron robo de identidad o fraude, cifra mayor en 33.6 por ciento con relación a la del año 2015.

Por lo que respecta al primer trimestre de este 2017, los casos por robo de identidad aumentaron 18 por ciento, con un total de 19 mil casos, frente a los 16 mil casos mismo periodo. De acuerdo con el Buró de Entidades Financieras, los usuarios de BBVA Bancomer son los más afectados, siguiendo de Citibanamex y Santander.

Ante dicho incremento, expertos señalan que este delito hace falta homogeneizar las sanciones en el sistema jurídico, según lo señala la obra “Delito de usurpación de identidad”, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) de Jafet Arreola González. A decir del autor, los delincuentes se han apropiado de las nuevas tecnologías para apoderarse de la identidad desde algún dispositivo móvil o a través de estudios biométricos. Dentro de los elementos de identidad que son susceptibles de ser usurpados se encuentran los datos académicos, de salud, familiares, financieros, patrimoniales, procedimientos judiciales, personas fallecidas, información de seguros de vida, correos electrónicos, entre otros.

Añade que en la actualidad es habitual que los delincuentes cometan los fraudes a través de programas cibernéticos, sitios de Internet falsos, clonación o tallado de tarjetas de crédito o débito, suplantación de identidad en plataformas digitales, videojuegos en línea o falsificación de huellas.

Por lo tanto, es necesario que nuestra legislación federal subsane dicha laguna para que verdaderamente se persiga y sancione a los delincuentes. Es preciso actuar a nivel federal para frenar la comisión de este delito, así como la impunidad de la que gozan los delincuentes aprovechando los vacíos legales, afectando y vulnerando a quienes son víctimas. En ese sentido, es importante mencionar que ante dicha problemática y en el esfuerzo de atender el tema, se encuentra ya en este recinto la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en Materia de Usurpación, remitida por la Cámara de Diputados el pasado mes de diciembre, previo a la aprobación del dictamen que fue avalado por unanimidad, es por ello que se debe trabajar con urgencia en el análisis de la minuta y reforzar su alcance para que su tipificación pueda incidir en la disminución de este hecho; esta es precisamente la razón y motivación de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en los siguientes términos:

PROYECTO DE DECRETO

Título Vigésimo Séptimo

Delito contra la Identidad de las Personas

Usurpación de Identidad

Artículo 430. Se impondrá pena de uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa al que por algún medio informático usurpe, asuma, transfiera, utilice, se apodere, suplante o se apropie de la identidad de otra persona sin autorización para el uso ilícito de sus datos personales generando un daño en su patrimonio con el fin de obtener un lucro para sí o para otro.

Se aumentarán las penas previstas en el presente artículo hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por algún servidor público que aprovechándose de sus funciones use ilícitamente datos personales a los que tenga acceso, asimismo, si el sujeto activo cuenta con un grado académico dentro del rubro de la telemática o informática se aplicará la privación del ejercicio de su actividad profesional.

Si al usurpar la identidad se hiciere uso de la información se acumularan la pena de usurpación de identidad y el delito que por medio de ella hubiere cometido el delincuente.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de septiembre de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Francisco Salvador López Brito.

1 Romero, Flores Rodolfo. Las Conductas Vinculadas a la Suplantación de Identidad por Medios Telemáticos: Una Propuesta de Acción Legislativa. México. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf

2 Romero, Flores Rodolfo. Las Conductas Vinculadas a la Suplantación de Identidad por Medios Telemáticos: Una Propuesta de Acción Legislativa. México https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf

3 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (2011-2015), México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95937/com71_reclamaciones-robo-identidad.pdf

El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de radios comunitarios e indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su venia, señor Presidente.

Si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado por la opinión de los gobiernos, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear, es cómo nace y cómo se forma una opinión pública.

Esta pregunta se la hacía Giovanni Sartori en su libro “Homo Videns. La sociedad teledirigida”, haciendo alusión a la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción de una opinión que se cree propia, la cual está alimentada por contenidos dirigidos, especialmente, a intervenir en la edificación de un criterio del cómo vemos al gobierno y su actuar.

Dicha influencia es percibida diariamente con información engañosa, alianza de grandes medios de comunicación, bombardeo de spots y contenidos con intención de formar una opinión dirigida a los intereses de quienes tienen controlados los medios de comunicación y alcance masivo.

Pero el mundo ha sufrido una transformación a la hora de llevar información a la población. En la última década, el imperio de las televisoras fue dominado por la dinámica de la hiperconectividad, las nuevas tecnologías han abierto ventanas de oportunidad para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información.

Lamentablemente, México siempre ha ido en contra de la dinámica aún y cuando la rebelión de los medios de comunicación alternativos están en su máximo auge.

El gobierno mexicano llevó a cabo la reforma de telecomunicaciones, la oportunidad que se tenía de democratizar a los medios de comunicación se esfumó, los intereses de empresas que aglutinan gran parte de la audiencia hicieron imposible aterrizar las demandas para desaparecer esa concentración monopólica de los medios de comunicación.

Dicha reforma estuvo muy lejos de representar un verdadero cambio y democratización, por el contrario, significó un retroceso nacional donde se ignoraron los intereses de las audiencias, ejemplo de ello, son las radios comunitarias e indígenas, las cuales fueron sometidas al control presupuestal que puede traducirse en la imposición de contenidos.

El público objetivo de las radios comunitarias e indígenas es muy distinto al de los medios de comunicación de uso comercial. Esas radios han emprendido la lucha para sobrevivir en un contexto de persecución política, falta de recursos económicos y un espectro radioeléctrico insuficiente.

La trascendencia de las emisoras indígenas o comunitarias, está sustentada en ser para la mayoría de las comunidades su único medio de información, haciendo de éstas, un servicio importante para la vida cotidiana de sus pobladores.

En México, las radios comunitarias e indígenas están sujetas a un movimiento de reivindicación social de sectores vulnerables; su misión está relacionada con el ejercicio de los derechos ciudadanos, las radios indígenas de uso comunitario están destinadas a hacer espacios que incentiven la recomposición del tejido social, la representación de diferentes identidades y el fortalecimiento de la democracia.

Por tal razón, es necesario un apoyo directo para su desarrollo y consolidación. El uso del espacio público es esencial en el debate interno sobre los retos y formas de comprender la sociedad, cuando el Estado no garantiza los espacios necesarios para el ejercicio de la comunicación social, es prácticamente imposible construir un país democrático con principios republicanos. Tal y como lo dice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental inalienable, inherente a todas las personas. Es además, un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática”.

Las radios comunitarias e indígenas son pilares fundamentales para la promoción de la cultura.

Actualmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en su artículo 89, fracción VII, que los entes públicos federales pueden asignar el 1 por ciento de su presupuesto de comunicación social y ser ocupado por la radio de uso social.

De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones se han otorgado 31 concesiones hasta el mes de marzo de 2017, de las cuales 15 concesiones son para uso social, por primera vez después de tres años de haber sido aprobada la nueva ley, se les asignó el 1 por ciento del presupuesto de Comunicación Social y Publicidad del ejercicio 2017 del mismo Instituto.

Este porcentaje correspondió a la paupérrima cantidad de 90 mil pesos, mismos que el Instituto Federal de Telecomunicación asignó a 15 concesiones de uso social para el año 2017; representa una acción insuficiente que no sacará de los problemas económicos en los que se encuentran varias estaciones de radio comunitaria e indígena.

Esto se agravará con el paso de los años, pues el incremento de concesiones de uso social irá en incremento y a la par demandará mayor presupuesto, lo que hace insostenible su subsistencia.

Gracias a la ambigüedad de la ley, para asegurar ese 1 por ciento a las radios comunitarias e indígenas, ninguna entidad pública, con excepción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha otorgado el porcentaje que corresponde a las concesiones de uso social.

No podemos decir que no hay presupuesto cuando el gasto en comunicación del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2016 fue de 8 mil 500 millones de pesos, 9 mil 444 veces más grande que el otorgado a las concesiones de uso social para este año.

El gasto excesivo y discrecional por parte de la Administración Pública Federal, enmarca la desigualdad que se vive en el acceso a los medios necesarios para hacer uso del derecho humano a la información y a la libre expresión.

Son por estas razones que se propone reformar el artículo 89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de obligar a los entes públicos federales, a destinar por lo menos el 5 por ciento de su presupuesto a la compra de espacios publicitarios en las radios indígenas o comunitarias, lo que garantizará cada año solvencia económica para la subsistencia y desarrollo pleno. De aprobarse la presente iniciativa, el Estado cumplirá con el mandato constitucional, de garantizar el goce de todos los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna, así como lo estipulado en los tratados internacionales de los que México es parte en relación al acceso de herramientas que permitan mantenernos informados con pleno uso de nuestra libre expresión.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democracia no puede ser entendida sin el ejercicio pleno de las libertades que otorga un Estado de Derecho, como lo son: la libertad de expresión, de prensa, de tránsito y de asociación, entre otras. Es el Estado quien está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El respeto a la libertad de expresión está plasmado en el Artículo Sexto, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,el cual señala:

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Asimismo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que:

• La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además, un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática.

• Por otro lado, la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.

• Por último, los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

Bajo esta premisa las radios comunitarias han emprendido la lucha para sobrevivir en un contexto de persecución política, falta de recursos económicos y un espectro radioeléctrico insuficiente, estas radios se han abierto paso en sus comunidades gracias al apoyo colectivo de sus miembros. Cabe mencionar que dichas emisoras, son para muchos, el único medio de información con el que cuentan, haciendo significativo su funcionamiento diario e ininterrumpido.

Comprender la naturaleza de las radios comunitarias es entender la organización autogestiva de educación social y promoción de los usos y costumbres de las comunidades. Este ejercicio comunicacional tiene como objetivo la trasformación social, desde un proyecto cultural relacionado con la colectividad y la realidad en las que están sumergidas.

Las radios comunitarias e indígenas en México están sujetas a un movimiento de reivindicación social de sectores vulnerables. Su misión está relacionada con el ejercicio de los derechos ciudadanos; las radios indígenas de uso comunitario están destinadas a dar espacios que incentiven la recomposición del tejido social, la representación de diferentes identidades y el fortalecimiento de la democracia.

En México, el contexto de creciente violencia, el alto índice de agresiones a periodistas, la represión hacia movimientos sociales, la criminalización de la protesta social, la crisis de derechos humanos y la concentración del poder político, hacen del ejercicio de la libre expresión, un reto colosal para periodistas independientes y radios comunitarias.

El uso del espacio público es esencial en el desarrollo de un debate interno sobre los retos y formas de comprender la vida y la sociedad, cuando el Estado no garantiza los espacios necesarios para el ejercicio de la comunicación social, es prácticamente imposible construir un país democrático con principios republicanos.

Asimismo, se reconoce la disposición constitucional del artículo 28, párrafo 19, donde se marca textualmente: “Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley...”. Sin embargo, la subsistencia de las radios que ostentan una concesión de uso social, han tenido, históricamente, problemas para sobrellevar las carencias económicas con las que se enfrentan cada año.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo 89, enlista las fuentes de ingreso financiero para concesiones de uso social, donde se destaca la venta de publicidad para entidades públicas federales, la cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizados en sus respectivos presupuestos.

Dicho de esta disposición, las restricciones que se establecen para la obtención de recursos financieros, menoscaban la subsistencia de las radios indígenas o comunitarias poniéndolas en claro estado de indefensión. Para Gabriel Sosa Plata, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en telecomunicaciones y medios, “la ley deja en situación de vulnerabilidad a las radios comunitarias, al recortar las fuentes de financiación”. Además, la norma establece que el Gobierno “puede destinar”, sin especificar obligatoriedad, el 1% del presupuesto de publicidad oficial a las radios públicas y sociales, “lo que llegaría a provocar situaciones de codependencia”.1

De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se han otorgado 31 concesiones hasta el mes de marzo del 2017 y solo 15 concesiones para uso social comunitario o indígena, por primera vez después de tres años de haber sido aprobada la nueva Ley, se les asignó el 1% del presupuesto de Comunicación Social y Publicidad del ejercicio 2017 del IFT.2

Gracias a la ambigüedad de la Ley, para asegurar ese uno por ciento a las radios concesionadas para uso social, ninguna entidad pública Federal, con excepción del IFT, ha otorgado el porcentaje que corresponde a las radios comunitarias o indígenas. En el año 2017, 15 concesionarios de uso social obtendrán en promedio 90 mil pesos, esto proveniente del presupuesto del IFT, única entidad pública Federal encargada de otorgar recursos para publicidad en radios indígenas y comunitarias.

Sin embargo, con el paso de los años, el incremento de concesiones de uso social derivará en una mayor demanda de venta de publicidad para las entidades públicas, lo que hará insostenible su subsistencia con sólo el uno por ciento otorgado por parte del IFT.

Por ejemplo, en Oaxaca existen más de 70 radios comunitarias, pero sólo una de ellas, en Tlahuitoltepec, Sierra Mixe, logró en julio del 2016 la transición de permisionaria a régimen de concesiones del IFT.3 Además, es notoria la solvencia presupuestaría de las entidades públicas Federales, que les permitiría, sin perjudicar su planeación, otorgar un porcentaje mínimo a las radio  comunitarias.

Presupuesto 2017, de las dependencia públicas.

Dependencia

Presupuesto 2017 en millones de pesos

IFT

1,980.0

CÁMARA DE SENADORES

4,541.9

CÁMARA DE DIPUTADOS

7,629.4

SHCP

26,857.8

SEGOB

58,187.0

SCT

84,627.7

SEP

267,655.1

SECRETARÍA DE SALUD

121,817.5

SEDESOL

105,339.6

CNDH

1,728.5

Fuente: Presupuesto de egresos de la federación para el año 2017

La Ley de Telecomunicación y Radiodifusión no marca explícitamente la obligatoriedad de las entidades públicas Federales, para otorgar un porcentaje de su presupuesto a la compra de publicidad en las radios concesionadas para uso social, si bien, como se mencionó anteriormente, el IFT ya cedió el uno por ciento de su presupuesto, es necesario que otras dependencias del gobierno federal y los poderes legislativos y judiciales canalicen recursos a este tipo de emisoras.

En esta tesitura, podríamos hacer la inferencia entre cuánto gastó el Gobierno Federal en el sector de comunicación social durante el año de 2016 y cuánto se le asignó a las radios comunitarias o indígenas durante 2017. Asociaciones civiles como “Artículo 19”, han denunciado el control discrecional del incremento del presupuesto de las dependencias federales, para la compra de publicidad oficial. En 2016 se asignó una bolsa de 2 mil 408 millones de pesos, pero al cierre del año, el gasto creció hasta llegar a los 8 mil 500 millones, según datos de la Cuenta Pública presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.4 Si lo comparamos con los 90 mil pesos que recibirán las radios comunitarias e indígenas, el presupuesto gastado por el Gobierno Federal para comunicación social es 9,444 veces más grande que lo otorgado a las concesiones de uso social.

Secretarías de Estado superaron entre 70 y 90 veces el gasto que se le asignó para publicidad oficial, tal como lo muestra la siguiente tabla:

Gasto en publicidad y comunicación social 2016

Dependencia

Aumento %

Aprobado

Ejercido

Turismo

+9,342%

8,540,754

806,437,735

Sedatu

+7,797%

5,131,217

405,193,439

Relaciones Exteriores

+1,942%

10,150,000

207,253,418

Desarrollo Social

+799%

57,211,848

514,229,994

Salud

+618%

200,457,123

1,439,027,123

Hacienda

+354%

192,634,312

873,820,074

Semarnat

+123%

77,734,660

172,986,447

Presidencia

+11%

42,327,360

47,023,921

Fuente: Cuenta Pública 2016

El gasto excesivo y discrecional en comunicación social, por parte de la Administración Pública Federal, enmarca la desigualdad que se vive en el acceso a los medios necesarios para hacer uso del derecho humano a la información y libre expresión.

En esta misma tesitura los medios de comunicación comerciales que más recurso público por parte del Gobierno Federal reciben, son Televisa y TVAzteca, quienes concentran en publicidad oficial; en conjunto, más de 900 millones de pesos, lo que representa mil veces más, que lo otorgado para todas las concesiones de uso social en el 2017. En 2014, la televisión fue el medio que absorbió la mayor cantidad de recursos erogados, en total, 34% del gasto se destinó a este tipo de medio; seguidos de la radio y medios impresos con el 16% y el 15%, respectivamente, es importante mencionar que la radio que recibió recurso público es la que cuenta con concesiones de uso comercial.5

Es importante mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, referente al Libre Pensamiento y de Expresión, menciona: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección”.

Sin embargo, en México, como se ha venido mencionando, han practicado políticas que incentivan los oligopolios y atentan contra lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la libertad de difundir información e ideas. Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo primero, enfatiza que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse”.

De ese modo, la presente iniciativa tienen como uno de sus objetivos fundamentales fortalecer desde a las radios comunitarias con plena confianza en el desarrollo de sus proyectos donde se cuenten con espacios para la toma de decisiones colectivas; una radio con mecanismos de desarrollo de su trabajo; una radio capaz de establecer alianzas acordes a sus objetivos; una radio que establece un diálogo con su audiencia; una radio que fortalece su propuesta radiofónica con la revisión de su proyecto cultural.

Para lograr lo anteriormente mencionado, esto debe ir acompañado por soluciones integrales para los conflictos sociales y la violencia; con esto las radios comunitarias se vuelven más relevantes, ya que estos espacios también son ocupados por entidades Federales para la reproducción de información en las comunidades originarias y permiten la participación de todos sus integrantes con mecanismos como la denuncia ciudadana.

Gracias a la lucha para abrirse espacios de comunicación, las comunidades han emprendido movimientos sociales que promueven las radios indígenas o comunitarias, y que parecían haber dado frutos con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual reconoció por primera vez dicha figura de radio; sin embargo, este logro histórico se vio opacado por las restricciones que les impusieron en términos económicos. Actualmente la Ley otorga incertidumbre económica para las radios de uso social, al marcar como medio de ingreso el 1 por ciento del monto, de los entes públicos federales, mediante su presupuesto dirigido al servicio de comunicación social y publicidad que se otorga al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes.

Román Hernández Rivas, coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero señala que: “La reforma de telecomunicaciones es inconstitucional”, “La ley no contempla la regulación del artículo segundo, que establece la obligación de que las normas secundarias garanticen los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información. En vez de esto, tiene un enfoque mercantil, de regulación de mercados”.6

Para algunos conocedores del tema, las restricciones sobre la sostenibilidad económica de las radios comunitarias puede ser utilizada como medio de presión, así lo señala Gisela Martínez, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), al decir que “más bien lo que quieren es censurar y castigar a las emisoras críticas con el gobierno federal, estatal o municipal”.7

El artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con relación a la comercialización, hace notar la inequidad con la que se trató el tema de ingresos para las radios comunitarias e indígenas. Se limita de forma tajante las fuentes de ingresos, con la restricción de comercializar espacios publicitarios y la no obligatoriedad de los entes públicos Federales de otorgar apenas el uno por ciento de su presupuesto en comunicación social, a las radios con concesiones de uso social.

La naturaleza que da la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 76 estipula que las concesiones de uso social, se catalogan como: “prestadoras de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científico, educativos o a la comunidad sin fines de lucro”. Esto marca el precedente que señalan activistas y líderes sociales al aseverar que se trata de una regulación de mercado y no de apoyo a la libre expresión, a la información y el derecho de las audiencias.

Pero aun cuando el propio IFT haya aportado el presupuesto que les corresponde a las radios comunitarias, la acción no sacará de las dificultades económicas a dichas emisoras, y con base en las ya mencionas restricciones de comercialización, están condenas a desaparecer entre la penumbra financiera.

Es por estas razones que se reforma el artículo 89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de obligar a los entes públicos Federales, a ocupar por lo menos, el cinco por ciento de su presupuesto a la compra de espacios publicitarios en las radios indígenas o comunitarias. Lo anterior garantizará, cada año, solvencia económica para su subsistencia y desarrollo pleno; de esta manera el Estado cumplirá con el mandato constitucional, de garantizar el goce de todos los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna, así como lo estipulado en los Tratados Internacionales en los que México es parte en relación al acceso de herramientas que permitan difundir información y ejercer la libre expresión.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN EN MATERIA DE RADIOS COMUNITARIAS

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 89 fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para queda como sigue:

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes:

I a VI…

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales deberán destinar, por lo menos, el cinco por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los entes públicos federales destinaran por cada año de ejercicio fiscal, un mínimo del cinco por ciento de su presupuesto autorizado para servicios de comunicación social y publicidad, que será asignado al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes:

I a VI…

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes:

I a VI…

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales deberán destinar, por lo menos, el cinco por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de septiembre de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Chouza, Paula. “Ley de telecomunicaciones orilla a la ilegalidad a las radios indígenas”, El País, [en línea], consultado el 29 de agosto de 2017, disponible en:
https://economia.elpais.com/economia/2014/08/06/actualidad/1407288985_806923.html

2 “(Comunicado 57/2017) IFT”, Instituto Federal de Telecomunicaciones, [en línea], consultado el 29 de agosto de 2017, disponible en:
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/concesionarios-de-radio
-de-uso-social-ya-sea-comunitario-o-indigena-recibiran-presupuesto-de

3 “Gobierno y radios comunitarias indígenas, en diferentes canales”, El Economista, [en línea], consultado el 1 de septiembre de 2017, disponible en:
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/07/19/gobierno-radios-comunitarias-
indigenas-diferentes-canales

4 “Presentación Cuenta Pública 2016”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, [en línea], consultado el 1 de septiembre de 2017, disponible en: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2016

5 “¿En qué medios gasta más el gobierno? En Televisa, Azteca, Grupo Fórmula”, Aristegui noticias, [en línea], consultado el 1 de septiembre de 2017, disponible en:
http://aristeguinoticias.com/1307/mexico/en-que-medios-gasta-mas-el-gobierno-en
-televisa-azteca-grupo-formula/

6 Ídem.

7 Ídem.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador David Monreal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de diversos Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se reforma el tercer párrafo del Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, en materia de procedimiento para la designación del Fiscal General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, PUBLICADO EL 10 DE FEBRERO DE 2014

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de diversos Diputados del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

La presente iniciativa, es una iniciativa que signan las y los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, encauzados por el Diputado Francisco Martínez Neri, el Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, la Diputada Cristina Gaytán Hernández, la Diputada María Concepción Valdés Ramírez, el Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, el Diputado Francisco Xavier Nava Palacios, la Diputada Cristina García Bravo, la Diputada Karen Hurtado Arana, la Diputada Evelyn Parra Álvarez, el Diputado Agustín Basave Benitez, el Diputado Omar Ortega Álvarez y su servidora.

¿Por qué los Diputados y Diputadas determinan que esta iniciativa pase por el Senado de la República a partir de que nosotros lo hemos signado? Pues porque el proceso para resolver la materia de esta iniciativa está precisamente en el Senado de la República.

¿Qué pretende esta iniciativa? Pues reformar el tercer párrafo, adicionar un segundo párrafo y recorrer el que es segundo a tercer párrafo del Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, que fue publicada el 10 de febrero de 2014.

Y que en concreto tiene que ver con uno de los temas más importante que debemos resolver en el Congreso Permanente, pero Cámara de origen, efectivamente el Senado de la República, sobre un asunto de gran relevancia para la sociedad mexicana, planteado por Organizaciones No Gubernamentales, especialistas, de todas las tendencias, de todos los colores, que se han unificado para pedirle, para exigirle, para plantearle, y no es la primera iniciativa, por cierto también de la sociedad civil, que le damos curso en este Senado de la República, que resuelva de una vez por todas darle un definición clara y precisa respecto de la transparencia que tiene que tener, debe tener, debemos asegurar, debe tener el proceso hacia la configuración de lo que tiene que ser la Fiscalía General de la República.

Como todas y todos ustedes saben, este transitorio de la Constitución determina el pase automático en la medida en que se publique la Ley General de la Fiscalía General de la República a quien hoy, o en el momento de la publicación de esta ley, ocupe la Procuraduría General de la República para constituirse en el Fiscal General de la República.

Una figura que está enmarcada en una reforma estructural de gran calado, que México transita a la constitución de un sistema acusatorio con una gran cantidad de normas legales que ponen a México en esta ruta de tener una nueva doctrina de la naturaleza penal.

Pero también, además de transitar a un sistema acusatorio, también la constitución de distintos entes que tienen que estar articulados de manera autónoma, las de la procuración de justicia tanto a nivel de la Federación como de las 32 entidades federativas que, efectivamente, cumplan con el presupuesto de plena autonomía. No solamente independencia de plena autonomía de los poderes gubernamentales y, particularmente, la que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, plena autonomía del Presidente de la República, de las y los Secretarios y del Gabinete amplio que tiene el Poder Ejecutivo Federal y que necesariamente debe lograrse que con esta autonomía nadie escape de ninguna manera al visor que desde la Fiscalía, desde la procuración de justicia en determinado caso tendrían que ser revisados conforme a la ley.

No quiero enumerar la gran cantidad de asuntos relevantes, pero la iniciativa de las y de los compañeros Diputados enmarcan de manera puntual su preocupación respecto a asuntos como el caso de Odebrecht, que también se señala la participación de distintos funcionarios o ex funcionarios que hoy pareciera pueden estar siendo protegidos con la impunidad, precisamente, derivada de la cercanía que no garantiza ni esta independencia, ni esta autonomía por quien hoy ocupa la Procuraduría General de la República.

Nos parece relevante, además de que seguimos reafirmando la importancia y urgencia de corregir ese transitorio de la Constitución, también por el clima que debemos garantizar a nuestro país, este clima de tranquilidad, de paz, no de estar permanentemente insistiéndoles desde todas las voces, desde todas las formas a los ámbitos gubernamentales, incluyendo, por supuesto, el Congreso de la Unión, y de manera particular el Senado de la República, como Cámara de origen, resuelva esto que nos exigen todas las Organizaciones No Gubernamentales.

Seguramente tendremos que recibirlas mañana.

Por cierto, señor Presidente, seguramente usted tiene ya la solicitud o la tendrá en las próximas horas de esta comisión amplia de organizaciones, insisto, plurales, representativas desde distintos aspectos, importantes de nuestra sociedad, que están exigiéndole al Senado de la República que resuelva ya, no solamente la iniciativa que mandó el Presidente Peña para corregir ese transitorio y quitar el pase automático hacia la constitución del Fiscal General de la República, sino también la revisión del artículo 102, apartado A. Es decir, debemos revisar para que demos las garantías desde la Constitución, de que este proceso cumpla con el objeto de su creación y que, lo repito, está enmarcado de manera debida, de manera fundamentada, docta, respecto de ese tránsito que México ha emprendido desde el 2008, antes desde el 2005, con el Sistema de Justicia para Adolescentes hacia la constitución de un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y, por supuesto, la plena autonomía, la plena independencia de los órganos que están encargados de la procuración de justicia.

De tal manera que tienen ustedes, está en el Diario de Debates, también está en la Gaceta. Le voy a pedir al Presidente que de manera puntual se inscriba en el Diario de Debates la iniciativa de las y los compañeros Diputadas y Diputados del Partido de la Revolución Democrática que nosotros, acá desde el grupo parlamentario del PRD en el Senado, le damos curso para que entre a discusión con las iniciativas que ya están en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Termino pidiéndoles a las señoras Senadoras, a los señores Senadores, por supuesto al señor Senador Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; desde esta tribuna, yo he referido comentarios, incluso respecto a mi opinión en otros procesos de dictaminación de la constitución, gestados, articulados de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside mi amigo el Senador Enrique Burgos, no tengo empacho en decirlo, pero también quisiera, Senador, que necesitamos ponernos de acuerdo, sabemos que usted ya tiene ahí un borrador que ha estado construyendo para dictaminar la iniciativa del Presidente Peña, y nuestras iniciativas que distintas Senadoras y Senadores hemos planteado y que hoy se suma esta iniciativa de las y los Diputados del PRD.

De tal manera, que es totalmente plausible ponernos de acuerdo para darle una buena noticia a las organizaciones que vendrán mañana con este propósito.

Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer y empecemos bien ya la discusión concreta de la Comisión de Puntos Constitucionales resolviendo de manera favorable ese dictamen que sé que se está gestando en la comisión.

Espero no haya impedimento, por parte del gobierno, para que no se logre esta iniciativa de reforma, se inicia el proceso de rectificación en el resto del Congreso Permanente, y se acallen, se acallen las murmuraciones, los trascendidos respecto de que el PRI ha tomado la decisión de aprobar con una mayoría, puesto que es votación absoluta la Ley de la Fiscalía General de la República para ya garantizar así que el actual procurador se convierta en un Fiscal General de la República.

Termino, se podrá tener, si se pretende semejante argucia, se podrá tener mayoría absoluta, no la mayoría calificada que ocupamos para la reforma de la Constitución.

Pero, ¿saben qué? Va a ser una votación, si se proponen a hacer eso, va a ser totalmente ilegítima y va a ser señalada contundentemente desde distintos aspectos, ámbitos, esferas de la sociedad civil y de las expertas y expertos y entonces, además de los partidos que nos vamos a sumar a ese cometido, prevengamos para que eso no pase, y demos una respuesta contundente desde el Senado de la República de que ese trascendido simplemente es un rumor que no tiene fundamento.

De ese tamaño es el reto.

Gracias, a todas y a todos ustedes, por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.






En una segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad de género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes. Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Gracias, señor Presidente, por otorgarme el uso de la voz para presentar a ustedes esta iniciativa, la cual tiene por objeto reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Esta ley busca la participación activa y constante de las organizaciones basadas en el principio de coparticipación. Una sinergia entre lo público y lo privado.

Así, tenemos que la ley fomenta las diversas actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil como son la asistencia social, el apoyo a la alimentación popular, las cívicas, las de asistencia jurídica y las de promoción de la equidad de género, entre muchas otras.

Aquí hago una pausa. El concepto de equidad es un principio ético normativo asociado a la idea de justicia, bajo la idea de equidad, se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada.

Mientras que la igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte, el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos, se trata de un principio consagrado en distintos instrumentos internacionales.

La igualdad va de la mano con el principio de la no discriminación. El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unos y otros.

Por lo anterior, propongo que se reforme el texto de la ley, específicamente en el artículo 5, fracción VI, para que dentro del objeto de la ley se modifique y sean objeto de fomento aquellas organizaciones promotoras de la igualdad de género.

La importancia, estimadas compañeras y compañeros, de utilizar un apropiado lenguaje, es el fundamento de esta iniciativa, un esfuerzo de armonización legislativa para el uso adecuado de los términos en materia de género.

Agradezco mucho su atención y, sobre todo, su apoyo a la presente iniciativa.

Muchas gracias, estimado Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ANABEL ACOSTA ISLAS, Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5 FRACCIÓN VI DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo a su objeto es fomentar las diversas actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil como son: La asistencia social, el apoyo a la alimentación popular; las cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; las de asistencia jurídica; el  apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; la aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;  la cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural; el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; la promoción del deporte; la promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias; el apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales; la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; el fomento de acciones para mejorar la economía popular; la participación en acciones de protección civil; la prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley; la promoción y defensa de los derechos de los consumidores;  las acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y la promoción de la equidad de género. Es en esta última en donde se establece un término que cuando fue aprobada la Ley en 2004 era un término  utilizado indistintamente. Sin embargo tras la reforma constitucional en Derechos Humanos  de 2010 que incorpora los Tratados Internacionales como norma vigente dentro del sistema jurídico nacional los conceptos de igualdad y equidad cobran relevancia.

Es así que el concepto de equidad es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia; bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada, mientras que  la igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Se trata de un principio consagrado en distintos instrumentos internacionales. Así, por ejemplo, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (1945) se reafirma “la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Instrumentos internacionales en favor de la igualdad entre mujeres y hombres n Desde la fundación de la ONU, la discriminación en función del sexo de las personas fue prohibida; el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de junio de 1945.  La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) también menciona el principio de igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación basada en el sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos. La Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1954) propone poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) propone una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) los Estados Parte se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma o sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979, tiene por objeto eliminar la discriminación contra las mujeres y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Además de ser el instrumento internacional más amplio en materia de derechos de las mujeres, la CEDAW tiene carácter vinculante para los Estados que la han ratificado, 188 a la fecha. Esto quiere decir que los Estados Parte de la Convención están obligados a cumplir lo que está establecida en ella. Con este fin, la Convención establece la obligación de los Estados para emprender todas las medidas a su alcance para el logro de la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, y les conmina a instrumentar medidas especiales de carácter temporal para lograr el cambio. La CEDAW se centra en la discriminación contra las mujeres al reconocer que éstas han sido y siguen siendo objeto de diversas formas de discriminación por el simple hecho de ser mujeres.

Además, tal como está expresado en la CEDAW, la igualdad va de la mano con el principio de la no discriminación, y en este sentido, la igualdad sólo será posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres. En síntesis, el derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación, y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros. Asimismo, para garantizar el derecho a la igualdad, los Estados están obligados a instrumentar acciones específicas para eliminar la discriminación de género. Además, referirse a la igualdad de género consiste no sólo en suscribir un enfoque de derechos, sino en mantener consistencia conceptual con efectos prácticos en términos de políticas públicas ya que, como señala el Comité CEDAW, la igualdad es el término que se utiliza en la Convención y el principio que subyace al establecimiento de todas las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a lograr la igualdad de facto entre mujeres y hombres. La igualdad, tal como está establecida en la CEDAW, no se propone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio de los derechos de ambos; en pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados.

Es así que en el texto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, específicamente en el artículo 5 inciso  enuncian las diversas organizaciones sujeto a fomento. Llama nuestra atención la fracción VI que establece como sujeto  aquellas que se dediquen a la “Promoción de la equidad de género”lo cual es un término rebasado al día de hoy por lo que proponemos la siguiente reforma

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Dice:

Debe Decir:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I... a V…

VI. Promoción de la equidad de género;

….

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I... a V…

VI. Promoción de la igualdad de género;

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que sea turnada la presente Proposición con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforman el artículo 5 fracción VI de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I... a V…

VI. Promoción de la igualdad de género;

VII…..

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, reglamentaria de los artículos 76, fracción II; y 89, fracción XVII constitucional y reforma diversas disposiciones en la materia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE GOBIERNOS DE COALICIÓN, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN II; Y 89, FRACCIÓN XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Mucho se ha hablado hace ya años en cuanto al cambio de régimen político en México, mucha tinta ha corrido, mucha saliva se ha gastado.

Esta es una propuesta que contempla justamente el qué hacer en caso de que haya un gobierno de coalición.

En el largo camino recorrido desde la reforma constitucional en el año 1963, que incluyó la figura de Diputados de partido, a la llamada “apertura democrática”, cuyo resultado fue las reformas constitucionales de 1977, que permitieron otorgar registro condicionado a la formación de nuevos partidos políticos, hasta la denominada “reforma política” con múltiples reformas que han venido ensayándose desde 1996; la transición democrática mexicana ha tenido como eje de atención relevante la transformación del sistema electoral y de partidos, pero sólo recientemente en las reformas constitucionales del año 2014, que permiten la reelección legislativa y la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, es que se abre la posibilidad de cambio en el régimen de gobierno, que no por incipiente, debe resultar menos significativo.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Destacan, para este propósito, las disposiciones relacionadas con las facultades tanto del Presidente de la República como del Congreso de la Unión, para conformar un gobierno de coalición y específicamente, la fracción XVII del artículo 89, que faculta al Presidente de la República a determinar en cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

En la exposición de motivos, para justificar la necesidad de esta reforma, se reconoce que, y cito: “la pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo inacabado de transición democrática, esta pluralidad demuestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario”. Concluye la cita.

Tal consideración reconoce que la experiencia mexicana de transición democrática se sostiene significativamente en un largo camino de consolidación de la pluralidad política, social y cultural como rasgo categórico de la construcción de la democracia en México.

Por esta razón, se consideró necesario un nuevo arreglo institucional del régimen presidencial que permita asumir la corresponsabilidad del gobierno y de la gobernabilidad del país en el contexto de un sistema pluripartidista.

Es evidente que el país enfrenta una crisis que va más allá del régimen de gobierno, vivimos una crisis del Estado mexicano, de efectos progresivos y cada vez más negativos: pobreza, descomposición social, desigualdad económica, inseguridad, corrupción extrema, narcotráfico, espionaje, entre muchos otros graves problemas que reflejan las fallas estructurales de la democracia que hasta hoy hemos construido: un Estado débil, ineficaz e incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía. Nunca antes la desconfianza y el malestar social respecto de la élite política alcanzaron los niveles actuales. Nunca antes los ciudadanos estuvieron tan frustrados y enojados con un Poder Ejecutivo que se percibe abusivo y fuera de control en los tres órdenes de gobierno, pues mantienen facultades y atribuciones excesivas tanto de jure como de facto.

La posibilidad de establecer un gobierno de coalición abre la oportunidad de redireccionar la trayectoria de crisis del Estado mexicano y buscar opciones no experimentadas hasta ahora en nuestro país.

La reforma constitucional de 2014, es una reforma incipiente del régimen de gobierno que conlleva una gran potencialidad, ya que permite convenir de manera más plural un programa de gobierno y da corresponsabilidad a la gobernabilidad a través de un gabinete convenido de manera pluripartidista.

Con esta posibilidad se abre la oportunidad de iniciar la superación de las limitaciones de las reformas iniciadas en 1996, las cuales dieron cauce a los supuestos de competencia partidaria, buen gobierno, gobernabilidad y participación ciudadana, mismas que facilitaron la alternancia en el poder a partir del año 2000, pero que no han cumplido con las expectativas de un cambio sustancial del sistema político y del régimen de gobierno, cambios necesarios para crear la fortaleza de un Estado democráticamente consolidado.

La reforma vigente que otorga al titular del Poder Ejecutivo la decisión de conformar o no un gobierno de coalición, mantiene el riesgo de preservar el verticalismo del sistema presidencial por la vía de un presidencialismo de coalición o un neopresidencialismo, esta valoración se sostiene a considerar que la reforma establece que el gobierno de coalición sólo será posible si el presidente lo decide, independientemente de la correlación de fuerzas resultantes del proceso electoral. En el proceso de reflexión y debate de la citada reforma fue objetada la propuesta sensata de que el gobierno de coalición sería obligatorio cuando la votación del presidente electo estuviera por debajo del 40 por ciento del total. Existe una diferencia sustancial entre que el presidente electo decida si opta o no por dicha alternativa, a que esté obligado a adoptarla cuando carezca de la confianza del 60 por ciento del electorado, sobre todo, cuando es difícil, casi imposible, que en México cualquier candidato a la presidencia alcance más del 50 por ciento del electorado, como viene ocurriendo ya desde 1994.

Que el presidente electo decida unilateralmente si considera conveniente un gobierno de coalición, significa confiar en que, sin duda, el Ejecutivo asumirá una visión histórica y dejará de lado una visión patrimonialista del poder, que será sensato e invertirá en la democracia, apostando por el interés del Estado nacional y no por los intereses de la clase política; sin embargo, no se trata de confiar, sino de establecer las normas que trasciendan el voluntarismo unipersonal.

El objetivo es claro, México demanda garantizar una sólida representatividad y gobernabilidad que predominen en el largo plazo, es decir, diseñar un régimen de gobierno que aporte poder real a los ciudadanos-electores como solución al problema de mayorías divididas que enfrenta el presidencialismo en un contexto pluripartidista.

Bajo estas consideraciones, la posibilidad de establecer un gobierno de coalición, así sea por decisión voluntaria del Presidente de la República, es una oportunidad para iniciar otra etapa en la construcción democrática de nuestro país, la etapa que cierre el largo camino de transición que, iniciado con la apertura democrática y pasado por la alternancia, nos lleve, al fin, al rediseño del régimen de gobierno, la transformación del sistema político y la consolidación de un estado democrático de derecho.

Con fundamento en esa certeza, propongo a esta Legislatura la iniciativa de ley que regula al gobierno de coalición en el entendido de que su contenido diseña normas que proyectan, hasta donde es posible, un cambio de régimen, reiterando el compromiso de pugnar por una reforma constitucional claramente diseñada en ese sentido.

El Decreto que pongo a su consideración tiene como cimiento sustantivo el proyecto de iniciativa elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a petición del Centro de Estudios de Derechos de Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados, misma que aparece publicada en el libro “Estudio sobre el sistema presidencial mexicano”, coeditado por la Cámara de Diputados y ese Instituto.

De igual forma, doy cuenta que en la redacción de la misma hago eco de algunas aportaciones consideradas de las diversas iniciativas que abordan la materia en cuestión.

Con ese sustento, se proponen las siguientes aportaciones sustantivas:

Crear la jefatura de gabinete del gobierno de coalición, que hace las veces de jefe de gabinete. Se trata de la creación de una nueva institución que asumirá las facultades y las atribuciones relacionadas exclusivamente con la conducción del gobierno de coalición; sus atribuciones son: ser la instancia de coordinación, conducción y dirección del gobierno de coalición, encargada de conducir las relaciones del gobierno de coalición con el Congreso y los órdenes de gobierno estatales y municipales; convocar y coordinar al gabinete en la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento y evaluación del programa de gobierno de coalición y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo; es portavoz del gobierno de coalición y preside el gabinete por mandato, y en ausencia del Presidente de la República.

Respecto de la potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del gabinete del gobierno de coalición, se indica que el Presidente de la República designará al jefe de gabinete del gobierno de coalición y nombrará a los secretarios. El jefe de gabinete del gobierno de coalición entrará en funciones al momento de su designación.

Los demás Secretarios de Estado que integren el gabinete del gobierno de coalición entrarán en funciones al momento de su nombramiento por el Presidente de la República como encargados de despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumple el proceso de ratificación por parte del Senado de la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el artículo 76, fracción II de la Constitución.

También se establece que los subsecretarios y directores generales no estarán sujetos a la distribución de carteras que corresponden al convenio de coalición. La estructura y organización de las dependencias de la Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de carrera, eficiencia y eficacia. Se busca que en la definición de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal prevalezcan los criterios de profesionalización al servicio civil de carrera y las capacidades y habilidades propias para asumir esas responsabilidades.

Respecto del control y evaluación del gobierno de coalición, se establece la participación de la Cámara de Diputados, otorgándole la facultad de emitir el voto de desaprobación en relación con los integrantes del gabinete.

Se establecen los plazos y los procedimientos para conformar el gobierno de coalición, su ratificación por el Senado de la República y las sustituciones, en su caso.

Se incluye a los presidentes nacionales de los partidos políticos coaligados en la firma del convenio de coalición y el programa de gobierno.

Y por último, se establece la modalidad de inclusión o ajuste de los contenidos entre el programa del gobierno de coalición y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo al momento de constitución, ya fuese al inicio del mandato del Ejecutivo o en el ejercicio mismo.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

Iniciativa

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE GOBIERNOS DE COALICIÓN, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN II, Y 89, FRACCIÓN XVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el largo camino recorrido desde la reforma constitucional del año 1963 que incluyó la figura de diputados de partido, a la llamada “apertura democrática”, cuyo resultado fue las reformas constitucionales de 1977, que permitieron otorgar registro condicionado a la formación de nuevos partidos políticos, hasta la denominada “reforma política” con múltiples reformas que han venido ensayándose desde 1996; la “transición democrática mexicana” ha tenido como eje de atención relevante la transformación del sistema electoral y de partidos, pero sólo recientemente, en las reformas constitucionales del año 2014, que permiten la reelección legislativa y la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, es que se abre la posibilidad de cambio en el Régimen de Gobierno, que no por incipiente, debe resultar menos significativo.

El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Destacan, para este propósito, las disposiciones relacionadas con las facultades tanto del Presidente de la República como del Congreso de la Unión, para conformar un Gobierno de Coalición y, específicamente, la fracción XVII del artículo 89 que a la letra dice:

“Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: …XVII. En cualquier momento, optar por un Gobierno de Coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso. El Gobierno de Coalición se regulará por el convenio y el programa respectivo, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del Gobierno de coalición”.

En la Exposición de Motivos para justificar la necesidad de esta reforma se reconoce que "…la pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad muestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario…” Tal consideración reconoce que la experiencia mexicana de transición democrática se sostiene, significativamente, en un largo camino de consolidación de la pluralidad política, social y cultural como rasgo categórico en la construcción de la democracia en México. Por esta razón, se consideró necesario un nuevo arreglo institucional del Régimen presidencial que permita asumir la corresponsabilidad del gobierno y de la gobernabilidad del país en el contexto de un sistema pluripartidista.

Es evidente que el país enfrenta una crisis que va más allá del Régimen de Gobierno, vivimos una crisis del Estado Mexicano, de efectos progresivos y cada vez más negativos: pobreza, descomposición social, desigualdad económica, inseguridad, corrupción extrema, narcotráfico, espionaje, entre muchos otros graves problemas que reflejan las fallas estructurales de la democracia que hasta hoy hemos construido: un Estado débil, ineficaz e incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía. Nunca antes la desconfianza y el malestar social respecto de la élite política alcanzaron los niveles actuales. Nunca antes los ciudadanos estuvieron tan frustrados y enojados con un Poder Ejecutivo que se percibe abusivo y fuera de control en los tres órdenes de gobierno, pues mantienen facultades y atribuciones excesivas, tanto de jure como de facto.

La posibilidad de establecer un Gobierno de Coalición abre la oportunidad de redireccionar la trayectoria de crisis del Estado Mexicano y buscar opciones no experimentadas hasta ahora en nuestro país. La Reforma Constitucional de 2014 es una reforma incipiente del Régimen de Gobierno que conlleva una gran potencialidad, ya que permite convenir de manera más plural un Programa de Gobierno y da corresponsabilidad a la gobernabilidad, a través de un Gabinete convenido de manera pluripartidista.

Con esta posibilidad se abre la oportunidad de iniciar la superación de las limitaciones de las reformas iniciadas en 1996, las cuales, dieron cauce a los supuestos de competencia partidaria, buen gobierno, gobernabilidad y participación ciudadana, mismas que facilitaron la alternancia en el poder a partir del año 2000, pero que no han cumplido con las expectativas de un cambio sustancial del Sistema Político y del Régimen de Gobierno, cambios necesarios para crear la fortaleza de un Estado democráticamente consolidado.

La reforma vigente que otorga al Titular del Poder Ejecutivo la decisión de conformar o no un Gobierno de Coalición, mantiene el riesgo de preservar el verticalismo del sistema presidencial por la vía de un presidencialismo de coalición o un neo-presidencialismo. Esta valoración se sostiene al considerar que la reforma establece que el Gobierno de Coalición solo será posible si el Presidente así lo decide, independientemente de la correlación de fuerzas resultante del proceso electoral. En el proceso de reflexión y debate de la citada reforma fue objetada la propuesta sensata de que el Gobierno de Coalición sería obligatorio cuando la votación del presidente electo estuviera por debajo del 40% del total. Existe una diferencia sustancial entre que el presidente electo decida si opta o no por dicha alternativa, a que esté obligado a adoptarla cuando carezca de la confianza del 60% del electorado. Sobre todo, cuando es difícil, casi imposible, que en México cualquier candidato a la presidencia alcance más del 50% del electorado como viene ocurriendo ya desde 1994.

Que el Presidente electo decida unilateralmente si considera conveniente un Gobierno de Coalición, significa confiar en que, sin duda, el Ejecutivo asumirá una visión histórica y dejará de lado una visión patrimonialista del poder; que será sensato e invertirá en la democracia, apostando por el interés del Estado Nacional y no por los intereses de la clase política. Sin embargo, no se trata de confiar sino de establecer las normas que trasciendan el “voluntarismo” unipersonal.

El objetivo es claro: México demanda garantizar una sólida representatividad y gobernabilidad que predominen en el largo plazo, es decir, diseñar un Régimen de Gobierno que aporte poder real a los ciudadanos/electores, como solución al problema de mayorías divididas que enfrenta el presidencialismo en un contexto pluripartidista.

Bajo estas consideraciones, la posibilidad de establecer un Gobierno de Coalición, así sea por decisión voluntaria del Presidente de la República, es una oportunidad para iniciar otra etapa en la construcción democrática de nuestro país, la etapa que cierre el largo camino de transición que, iniciado con la apertura democrática y pasado por la alternancia, nos lleve, al fin, al rediseño del Régimen de Gobierno, la transformación del Sistema Político y la consolidación de un Estado Democrático de Derecho.

Con fundamento en esa certeza, propongo a esta legislatura la Iniciativa de Ley que regula el Gobierno de Coalición, en el entendido de que su contenido diseña normas que proyectan, hasta dónde es posible, un cambio de Régimen, reiterando el compromiso de pugnar por una Reforma Constitucional claramente direccionada en ese sentido.

El Decreto que pongo a su consideración tiene como cimiento sustantivo el proyecto de iniciativa elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM), a petición del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP), misma que aparece publicada en el libro: Estudio sobre el sistema presidencial mexicano coeditado por la Cámara de Diputados y el IIJUNAM. De igual forma, doy cuenta que en la redacción de la misma hago eco de algunas aportaciones consideradas de las diversas iniciativas que abordan la materia en cuestión.

Con ese sustento, se proponen las siguientes aportaciones sustantivas:

1. Se crea la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Coalición que hace las veces de Jefe de Gabinete. Se trata de la creación de una nueva Institución que asumirá las facultades y las atribuciones relacionadas exclusivamente con la conducción del Gobierno de Coalición. Sus atribuciones son: Ser la instancia de coordinación, conducción y dirección del Gobierno de Coalición, encargada de conducir las relaciones del Gobierno de Coalición con el Congreso y los órdenes de gobierno estatales y municipales; convocar y coordinar al Gabinete en la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento y evaluación del Programa de Gobierno de Coalición y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo; es portavoz del Gobierno de Coalición y preside el Gabinete por mandato y en ausencia del Presidente de la República.

2. Respecto de la potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición, se indica que: El Presidente de la República designará al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y nombrará a los Secretarios. El Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición entrará en funciones al momento de su designación. Los demás Secretarios de Estado que integran el Gabinete del Gobierno de Coalición entrarán en funciones al momento de su nombramiento por el Presidente de la República como encargados de Despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumple el proceso de ratificación por parte del Senado de la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el artículo 76, fracción II, de la Constitución

3. Se establece que los Subsecretarios y Directores Generales no estarán sujetos a la distribución de carteras que corresponden al Convenio de Coalición. La estructura y organización de las dependencias de la Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de carrera, eficiencia y eficacia. Se busca que en la definición de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal prevalezcan los criterios de la profesionalización, el servicio civil de carrera, y las capacidades y habilidades propias para asumir la responsabilidad.

4. Respecto del control y evaluación del Gobierno de Coalición se establece la participación de la Cámara de Diputados otorgándole la facultad de emitir el voto de desaprobación en relación con sus miembros integrantes.

5. Se establecen los plazos y los procedimientos para conformar el Gobierno de Coalición, su ratificación por el Senado de la República y las sustituciones, en su caso.

6. Se incluye a los Presidentes Nacionales de los Partidos Políticos coaligados en la firma del Convenio de Coalición y el Programa de Gobierno.

7. Se establece la modalidad de inclusión o ajuste de los contenidos, entre el Programa de Gobierno de Coalición y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con el momento de constitución, ya fuese al inicio de mandato del Ejecutivo o en el ejercicio del mismo.

De acuerdo con la anterior pongo a su consideración el siguiente Decreto:

ARTÍCULO PRIMERO.-Se expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76, Fracción II, y 89, Fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

LEY FEDERAL DE GOBIERNOS DE COALICIÓN

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1. Del Objeto

1. La presente ley regula la facultad del Presidente de la República para constituir, en cualquier momento de su mandato, un Gobierno de Coalición, conformado con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión; y establecer los principios, organización, programa, procedimientos y plazos para su formación.

Artículo 2. Conceptos

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

1.Gobierno de Coalición: Es un instrumento para la gobernabilidad democrática que consiste en la unión de uno o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, convocados de manera expresa por el Presidente de la República, para elaborar un Programa de Gobierno de Coalición compartido que se somete a la aprobación del Senado. El Programa será ejecutado y evaluado por el Gabinete que se acuerde en el Convenio de Coalición.

2. Gabinete de Gobierno: Es el Gabinete integrado por un Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y Secretarios del Despacho por cartera que, bajo la conducción del Presidente de la República, prepara y aplica el Programa de Gobierno de Coalición, el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas de orden federal. Los Secretarios actúan individualmente, en pleno de Gabinete y en Comités permanentes y especiales, bajo los principios de responsabilidad y unidad política, coherencia y lealtad programática, solidaridad y sujetos al sentido republicano del régimen constitucional y a las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción.

3. Jefatura de Gabinete del Gobierno de Coalición. Es la instancia de coordinación, conducción y dirección del Gobierno de Coalición, encargada de conducir las relaciones del Gobierno de Coalición con el Congreso y los órdenes de gobierno estatales y municipales; convocar y coordinar al Gabinete en la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento y evaluación del Programa de Gobierno de Coalición y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo; es portavoz del Gobierno de Coalición y preside el Gabinete por mandato y en ausencia del Presidente de la República.

4. Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición: Es el órgano político de vinculación permanente entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, conformado por la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Coalición y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso de la Unión.

5. Consejo Político del Gobierno de Coalición: Es el órgano político consultivo conformado por el Presidente de la República, el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso de la Unión y sus dirigentes nacionales.

6. Convenio del Gobierno de Coalición: Es el documento que contiene el acuerdo entre el Presidente de la República y dos o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión para conformar un Gobierno de Coalición.

7. Programa del Gobierno de Coalición: Es el documento que contiene la ordenación racional y sistemática de las acciones públicas, así como su previsión presupuestal, que el Presidente de la República y los partidos coaligados establecen para cumplir con los fines de justicia, equidad, desarrollo y seguridad del Estado constitucional e integrado en los propósitos del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Plan Nacional de Desarrollo, conforme a lo determinado por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Partido en el Gobierno. Es el partido político que haya postulado al Presidente de la República.

9. Partidos Políticos Coaligados: Son los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión que acuerdan con el Presidente de la República formar y sostener un Gobierno de Coalición.

10. Nombramiento: Es el acto del Presidente de la República por medio del cual propone a la persona a quien le confía el despacho de los asuntos de cada una de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de Coalición.

11. Ratificación: Es el procedimiento parlamentario que consistente en la aprobación por el Senado de la República de las personas nombradas por el Presidente de la República, como Secretarios del Gobierno de Coalición, excepto los expresamente señalados en el artículo 76, fracción II de la Constitución.

12. Sesión de Evaluación: Es la sesión que tiene por objeto escuchar el informe de los trabajos del Gobierno de Coalición y los cuestionamientos correspondientes a las acciones o las omisiones del Gabinete del Gobierno de Coalición, los cuales deberá responder, en primera instancia, el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición.

13. Sesión de Control: Es la sesión de la Cámara de Diputados que tiene por objeto discutir y aprobar en su caso, la emisión de un Voto de desaprobación sobre alguno de los integrantes del Gabinete de Gobierno. Tratándose de las facultades que en exclusiva determina la Constitución para la Cámara de Senadores, esta cámara del Congreso de la Unión tendrá en excepción llamar a sesión de control.

14. Voto de desaprobación: es el procedimiento de control parlamentario mediante el cual se reprueba la gestión y el desempeño de los Secretarios integrantes del Gabinete de Gobierno, el cual, se comunica al Presidente de la República para los efectos que estime procedentes.

TÍTULO SEGUNDO

Del Convenio de Coalición y del Programa de Gobierno de Coalición

Artículo 3. Marco regulatorio básico del Gobierno de Coalición.

1. La integración de un Gobierno de Coalición no tiene efecto alguno sobre el registro legal, derechos y obligaciones de cada uno de los partidos que en él participen, ni tampoco en la existencia y personalidad jurídica de sus respectivos Grupos Parlamentarios. El Gobierno de Coalición se regulará por la Constitución, esta Ley, el Convenio y el Programa respectivos, los cuales, deberán ser aprobados en sesión exprofeso por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

2. El Convenio de Coalición y el Programa no podrán modificar o trasgredir los principios constitutivos de la República plasmados en la Constitución.

Artículo 4. Del objeto del Convenio.

1. El Convenio de Coalición expresa el acuerdo del Presidente de la República y los partidos políticos coaligados para conformar un Gobierno de Coalición que elabore, apruebe, ejecute y controle el Programa de Gobierno de Coalición correspondiente; así como también, la conformación del Gabinete de Gobierno y la integración, cometidos y facultades de los Comités permanentes y especiales.

2. El Convenio de Coalición incluirá las propuestas de designación del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y el nombramiento de los Secretarios que integren el Gabinete del Gobierno de Coalición, de conformidad a la proporcionalidad reflejada en la composición de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 5. Cláusulas del Convenio del Gobierno de Coalición

El Convenio del Gobierno de Coalición establecerá:

1. La denominación oficial de los partidos políticos y la de sus respectivos Grupos Parlamentarios, que son convocados por el Presidente de la República a participar en el Gobierno de Coalición.

2. El objeto del Convenio consistente en el acuerdo para elaborar un Programa de Gobierno de Coalición común entre el titular del Ejecutivo Federal y los partidos políticos coaligados, así como la conformación del Gabinete del Gobierno de Coalición encargado de su ejecución y control.

3. Las cuestiones de principios en las cuales difieren el titular del Ejecutivo Federal y los partidos políticos coaligados o entre éstos, así como la forma de su tratamiento público.

4. La obligación de los miembros de los partidos políticos coaligados integrantes del Gabinete de asumir colectivamente la aprobación y ejecución del Programa de Gobierno de Coalición, salvo en aquellos aspectos expresamente convenidos por los partidos políticos coaligados que pueden ser materia de diferencia.

5. La obligación de los Grupos Parlamentarios coaligados en la Cámara de Diputados de aprobar el aprovisionamiento presupuestal contenido en el Programa del Gobierno de Coalición, tanto en la Ley de Ingresos de la Federación como en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

6. La obligación de los miembros de los partidos políticos coaligados de no apoyar en sede parlamentaria iniciativa de ley o gestiones presupuestales que sean contrarias a los acuerdos formales del Gabinete del Gobierno de Coalición.

7. El tratamiento de las iniciativas de ley individuales que presenten Diputados o Senadores de los partidos coaligados y de las contravenciones a la obligación establecida en el párrafo anterior.

8. El procedimiento sancionatorio por el incumplimiento u omisión de acuerdos establecidos en el Convenio de Coalición que no constituyan motivo de disolución.

9. La temporalidad de las facultades y obligaciones políticas asumidas por las partes en el Gobierno de Coalición sujeta como máximo al periodo constitucional establecido para el Presidente de la República que corresponda.

10. La identificación de las Secretarias de Estado cuyos titulares integran el Gabinete del Gobierno de Coalición; señalando las carteras que corresponden a cada uno de los partidos políticos que participan en dicho Gobierno conforme a lo referido en artículo 4, numeral 2 de este ordenamiento.

11. Las causas y los mecanismos para la modificación de la proporcionalidad en la asignación de Secretarias que le corresponden a cada partido político del Gabinete del Gobierno de Coalición, de conformidad a la proporcionalidad reflejada en la composición del Congreso de la Unión.

12. La integración de la Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición.

13. La integración del Consejo Político del Gobierno de Coalición.

14. Las causas de disolución del Gobierno de Coalición, en adición a las previstas por esta ley.

Artículo 6. Constitucionalidad y legalidad del objeto del Convenio de Coalición

1. Las competencias constitucionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son indelegables de un Poder a otro. Los partidos políticos coaligados promoverán, en el Gabinete y en las Cámaras del Congreso de la Unión, la convergencia de decisiones que hagan viable el Programa de Gobierno de Coalición correspondiente.

2. En ningún caso serán objeto lícito del Convenio del Gobierno de Coalición las facultades de nombramiento o de propuesta de nombramiento de los servidores públicos que la Constitución expresamente confiere al Presidente de la República.

3. Tampoco lo serán las potestades que la Constitución le confiere al Presidente en el artículo 29 para llevar a cabo oportunamente las acciones necesarias en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; y las relativas a su participación en los asuntos de Gobierno de la Ciudad de México establecidos en el artículo 122, inciso B, fracciones I, II, III y IV y la Base Quinta, inciso e).

4. No podrá ser objeto lícito del Convenio del Gobierno de Coalición las obligaciones y potestades de las Cámaras del Congreso de la Unión referidas a la intervención en las entidades federativas en los artículos 76, fracciones V y IX, de la Ley Fundamental; la función electoral en el supuesto previsto por el artículo 84; y las que le confiere la Constitución a las Cámaras del Congreso de la Unión en los artículos 110 y 111 para exigir responsabilidad a los servidores públicos.

5. Asimismo no será considerado objeto lícito del Convenio de Coalición de Gobierno el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según disponen los artículos 96 y 98 de la Constitución. Tampoco lo será el ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 99, fracción X, referida a la elección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y las equivalentes de los cuerpos de Gobierno y titulares de los órganos autónomos que la Constitución establece en los artículos 28, 41 y 102.

Artículo 7. Del contenido del Programa del Gobierno de Coalición

1. El Programa de Gobierno de Coalición establecerá las políticas públicas y prioridades de la acción del Gobierno que deberán incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales.

2. Si el Gobierno de Coalición se constituye en los primeros seis meses del inicio del mandato, el contenido del Programa de Gobierno de Coalición deberá incluirse en la elaboración y contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si el Gobierno de Coalición se constituye con posterioridad a lo indicado en el párrafo anterior, el Programa del Gobierno de Coalición deberá establecer las prioridades o modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo que correspondan.

3. Se podrán excluir del Programa de Gobierno de Coalición aspectos en los que los partidos políticos coaligados mantengan posiciones diferentes; el sostenimiento de estas diferencias no será un motivo para la terminación del Gobierno de Coalición.

Artículo 8. Modificación del Programa de Gobierno de Coalición.

1. Los partidos coaligados podrán someter al Senado de la República las modificaciones al Programa de Gobierno de Coalición que estimen adecuadas, fundando y motivando la propuesta correspondiente.

Artículo 9. Formalidades del Convenio

1. El Presidente de la República, los Presidentes Nacionales o su equivalente de los partidos coaligados y los Coordinadores de sus respectivos Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, firmarán de manera autógrafa el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición que el titular del Poder Ejecutivo presentará al Senado de la República para su aprobación en términos del artículo 89, fracción XVII, de la Constitución.

2. El acuerdo en la conformación del Gobierno de Coalición deberá constar en acta de reunión que, conforme a su normatividad interna, los respectivos Grupos Parlamentarios de los partidos políticos que participan en el mismo, celebrarán para aprobar el Convenio de Coalición, haciendo constar el número de Diputados y Senadores que lo aprobaron a efecto de verificar que se cumple el requisito de respaldo de la mitad más uno de los integrantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. Si este requisito no se satisface, el Gobierno de Coalición no se tendrá por acreditado.

3. Al Convenio deberá anexarse:

I. La documentación que acredite la personalidad y el cargo con el que actúan quienes lo suscriben salvo la del Presidente de la República.

II. El acta de la reunión donde conste que, conforme a su normatividad interna, los respectivos Grupos Parlamentarios de los partidos políticos coaligados aprobaron el Convenio.

Artículo 10. Construcción informada del Gobierno de Coalición

1. Con objeto de convenir de manera informada sobre el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición, los partidos políticos convocados por el Presidente de la República podrán realizar las consultas pertinentes para allegarse la información necesaria.

Artículo 11. De la aprobación del Convenio y del Programa de Gobierno de Coalición por el Senado

1. El Presidente de la República, por conducto del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, presentará al Senado de la República para su aprobación el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición.

2.- Recibidos el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores los turnará de inmediato a las comisiones correspondientes, a fin de analizar los documentos y elaborar los proyectos de dictamen relativos al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.

3. El Pleno del Senado de la República sesionará, dentro del plazo no mayor de cinco días naturales a partir de la recepción del Convenio y del Programa del Gobierno de Coalición, para resolver sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los mismos, así como someter a votación ambos documentos.

En dicha sesión, el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición acudirá ante el Pleno del Senado de la República para exponer los contenidos del Convenio y Programa del Gobierno de Coalición. La Mesa Directiva emitirá el acuerdo parlamentario respectivo a fin de normar el procedimiento de discusión y votación, primero, del Convenio del Gobierno de Coalición y, segundo, del Programa del Gobierno de Coalición, considerando que la votación será a favor o en contra de la totalidad de los documentos sin posibilidad de introducir enmiendas.

4. Aprobados, en su caso, el Convenio y el Programa del Gobierno de Coalición por el Senado de la República, serán enviados al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

5. En el caso de que el Presidente de la República opte por el Gobierno de Coalición sin estar reunido el Congreso, el plazo comenzará a correr a partir de que se instale la Cámara de Senadores en periodo extraordinario de sesiones.

Artículo 12. Formación del Gobierno de Coalición durante el receso del Congreso de la Unión.

1. Si el Congreso de la Unión se encuentra en receso al momento en que el Presidente opta por conformar un Gobierno de Coalición, la Comisión Permanente convocará a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario para pronunciarse sobre la formación del Gobierno de Coalición de conformidad con el procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 13. Prerrogativas de los Grupos Parlamentarios durante el periodo del Gobierno de Coalición.

1. Los Grupos Parlamentarios que integran el Gobierno de Coalición conservarán su identidad, registro y prerrogativas parlamentarias dentro de su respectiva Cámara.

Artículo 14. Disciplina de voto de los partidos políticos coaligados.

1. Es obligación de cada partido político coaligado apoyar el Programa de Gobierno de Coalición en sede parlamentaria de acuerdo a sus normas estatutarias y de Grupo Parlamentario.

Artículo 15. Variación en la integración interpartidista del Gobierno de Coalición.

1. Los partidos integrantes del Gobierno de Coalición pueden aceptar la incorporación de otros partidos, si esto no supone la modificación del Programa de Gobierno de Coalición.

Artículo 16. Causas de disolución del Gobierno de Coalición.

1. El Presidente de la República, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, podrá disolver el Gobierno de Coalición.

2. Causas ordinarias de disolución:

a) El cumplimiento del Programa de Gobierno de Coalición.

b) La expiración del periodo contemplado en el Convenio sobre la duración del Gobierno de Coalición.

3. Causas anticipadas de disolución:

a) El incumplimiento de alguna de las cláusulas del Convenio, y en especial la abstención o votación en contra de uno de los partidos coaligados en cada sede parlamentaria sobre:

I. Las reformas y adiciones al Programa de Gobierno de Coalición.

II. La aprobación de la Ley de Ingresos.

III. La aprobación del Presupuesto de Egresos.

IV. Las leyes que conforman el paquete legislativo del Programa de Gobierno de Coalición.

V. La no ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición que sustituyan a los que cesen en sus cargos por renuncia, remoción o defunción.

b) La disolución de un Grupo Parlamentario de alguno de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso de la Unión que resulte en la pérdida de la mayoría parlamentaria.

c) La decisión de un partido político de no continuar formando parte del Gobierno de Coalición que resulte en la perdida de la mayoría parlamentaria en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 17. Formalidad de la disolución.

1. La disolución del Gobierno de Coalición por alguna de las causas contempladas en el artículo anterior se formalizará con la declaratoria del Presidente de la República, quien la hará del conocimiento de las Cámaras del Congreso de la Unión y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 18. Subsistencia del Convenio por retirada de un partido político coaligado.

1. Cuando en el Gobierno de Coalición, constituido por más de dos partidos con representación mayoritaria ante las cámaras del Congreso de la Unión, uno de los Grupos Parlamentarios de alguno de los partidos políticos coaligados se disuelva o decida ya no formar parte del Gobierno de Coalición pero persista la mayoría referida.

TÍTULO TERCERO

Del Gabinete del Gobierno de Coalición

Capítulo 1

Del Gabinete

Sección 1

De la responsabilidad política

Artículo 19. De las potestades constitucionales del Presidente y su responsabilidad política.

1. El Presidente de la República responde ante la Nación por el ejercicio de la prerrogativa constitucional de optar por un Gobierno de Coalición, así como por su decisión para la disolución del mismo.

Artículo 20. De la responsabilidad política del Gabinete.

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición es un órgano colegiado de conducción, planeación, decisión política y de gobernabilidad que toma sus acuerdos por consenso de los miembros presentes, y asume la responsabilidad política por la dirección y gestión del Gobierno, bajo la conducción del Presidente de la República. El Gabinete actuará en pleno y en Comités, mismos que actuarán bajo las mismas reglas y principios que el pleno.

Artículo 21. De las obligaciones y responsabilidad política de los Secretarios de Estado.

1. Los acuerdos del Gabinete y de sus Comités son vinculantes para los Secretarios. Estos son responsables de la dirección y desempeño del Gobierno de Coalición, y están individualmente obligados a promover y cumplir las decisiones y políticas públicas del Gobierno de Coalición.

2. En adición a la responsabilidad política a la que se refiere el párrafo anterior, cada uno de los miembros del Gabinete asumirá individualmente la responsabilidad política de su respectiva actuación en el ámbito de su competencia específica como titular de una Secretaría.

Artículo 22. De la responsabilidad política de los Subsecretarios de Estado.

1. Los Subsecretarios de Estado sólo integrarán el Gabinete por ausencia justificada de los titulares, y se encuentran obligados por el Convenio de Coalición y su Programa de Gobierno de Coalición.

Sección II

De la formación, interacción y potestades del Gabinete del Gobierno de Coalición.

Artículo 23. Marco jurídico del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición se rige por las disposiciones de esta Ley y por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo conducente.

2. Los Subsecretarios y Directores Generales no estarán sujetos a la distribución de carteras que corresponden al Convenio de Coalición. La estructura y organización de las dependencias de la Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de carrera, eficiencia y eficacia.

Artículo 24. Composición del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición se integrará por el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y los titulares de las demás Secretarías contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Las entidades de la Administración Pública Federal serán coordinadas por el Gabinete del Gobierno de Coalición a través de las respectivas cabezas de sector.

Artículo 25. Estructura del Gabinete.

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición se organizará y realizará su trabajo a través de las Secretarías y de las demás dependencias que integran la Administración Pública Federal, así como por los Comités permanentes y especiales del Gabinete del Gobierno de Coalición.

2. Los Comités se integrarán por acuerdo del Presidente de la República con el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición.

3. Los Comités incluirán a los Secretarios y Subsecretarios conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 26. Apoyo técnico del Gabinete.

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el Presidente de la República determine, de acuerdo con el presupuesto asignado para el funcionamiento de dicho órgano colegiado.

Artículo 27. Potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Presidente de la República designará al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y nombrará a los Secretarios. El Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición entrará en funciones al momento de su designación. Los demás Secretarios de Estado que integran el Gabinete del Gobierno de Coalición entrarán en funciones al momento de su nombramiento por el Presidente de la República como encargados de Despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumple el proceso de ratificación por parte del Senado de la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el artículo 76, fracción II, de la Constitución.

Artículo 28. Procedimiento de nombramiento y ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El presidente hará los nombramientos correspondientes de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición y solicitará al Senado de la República, por conducto del Jefe de Gabinete, la ratificación colectiva de los mismos, salvo aquellos a los que se refiere expresamente el artículo 76, fracción II, de la Constitución.

2. El Pleno del Senado de la República sesionará, dentro del plazo no mayor de cinco días naturales a partir de la aprobación del Convenio y del Programa del Gobierno de Coalición, para resolver sobre la ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición.

En dicha sesión asistirá el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición para responder a los cuestionamientos que le formulen las Senadoras y los Senadores a través de los Coordinadores de sus respectivos Grupos Parlamentarios, para cumplir con las facultades y obligaciones que le asigna el artículo 38 de esta Ley.

3. La Mesa Directiva emitirá el acuerdo parlamentario respectivo a fin de normar el procedimiento de discusión y votación de la ratificación colectiva de los integrantes del Gabinete de Coalición.

4. El Senado de la República evaluará mediante audiencias en las Comisiones correspondientes a los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición nombrados por el Presidente, sobre la base de sus conocimientos y su competencia general en la materia de la dependencia que les fue asignada. El Senado de la República expresará su opinión sobre la idoneidad de la persona nombrada por el Presidente para cada Secretaría.

5. El voto de ratificación del Senado de la República se expresará para el conjunto de los miembros del Gabinete del Gobierno de Coalición. Se emitirá de conformidad con los principios, criterios y procedimientos establecidos en los artículos 29 y 30 de esta Ley.

6. Aprobada, en su caso, la ratificación de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición, los nombres de los funcionarios y las dependencias a su cargo serán enviados al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 29. De la evaluación de los miembros del Gabinete de Gobierno.

1. Una vez recibida la solicitud del Presidente de la República para someter a ratificación a los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición, la Mesa Directiva del Senado de la República determinará el calendario de audiencias y las Comisiones respectivas encargadas de evaluar a los Secretarios propuestos, atendiendo el plazo establecido en el numeral 2 del artículo 28 de esta Ley.

2. Cada uno de los funcionarios nombrados por el Presidente de la República para integrar el Gabinete del Gobierno de Coalición cuya ratificación corresponda al Senado de la República comparecerá en audiencia única ante la Comisión o Comisiones competentes del Senado de la República.

3. El nombramiento del Presidente de la República para cada uno de los Secretarios de Estado que se presentará a la consideración del Senado de la República, se acompañará de los siguientes documentos:

a) Currículum vitae.

b) La declaración de impuestos de los últimos cinco años del funcionario propuesto.

c) La declaración de situación patrimonial y de conflicto de interés, si la hubiera, hasta de los últimos cinco años del funcionario propuesto, así como la de su cónyuge, ascendientes y descendientes en primer grado.

d) La declaración de intereses privados.

Artículo 30. De las audiencias para la ratificación del Gobierno.

1. Para organizar la presentación de los Secretarios propuestos, la Mesa Directiva del Senado de la República acordará lo conducente con el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición. Las audiencias para la evaluación serán realizadas en sesión de comisión o comisiones correspondientes. Dichas comisiones podrán coordinarse a través de los Presidentes de las mismas mediante la instalación de una Conferencia de Presidentes de la Comisiones involucradas.

2. Las audiencias serán públicas y se desarrollarán en circunstancias y en condiciones de equidad que garanticen que todos los Secretarios propuestos tengan las mismas posibilidades de exponer sus consideraciones.

3. Antes de la celebración de las audiencias, con la debida antelación y a través del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, las Comisiones del Senado de la República presentarán preguntas escritas a los Secretarios nombrados. Para cada funcionario nombrado se presentarán dos preguntas comunes que serán formuladas por la Conferencia de Presidentes de las Comisiones participantes, refiriéndose la primera de ellas a cuestiones de su competencia general, y la segunda a la gestión de su cartera y la cooperación con las Cámaras del Congreso de la Unión. En la Comisión competente o en las Comisiones conjuntas cada Grupo Parlamentario podrá formular hasta tres preguntas.

4. Se pedirá al Secretario evaluado hacer una exposición oral preliminar. En la medida de lo posible, las preguntas formuladas durante la audiencia se agruparán por temas. El tiempo en el uso de la palabra se asignará equilibradamente entre la participación del secretario y la participación de los Grupos Parlamentarios. El desarrollo de la audiencia habrá de favorecer un diálogo político plural entre los miembros propuestos del Gabinete del Gobierno de Coalición y los Senadores de la República.

5. El Presidente de la Mesa Directiva y los miembros de la Junta de Coordinación Política recibirán los informes que les presente cada uno de los Presidentes de las Comisiones del Senado de la República, inmediatamente después de las audiencias. Bajo un formato único de evaluación, los Presidentes de cada Comisión expresarán la opinión de la Comisión respectiva sobre si el funcionario nombrado por el Presidente de la República posee las cualificaciones profesionales y políticas para ser miembro del Gabinete del Gobierno de Coalición, así como para ejecutar debidamente las funciones específicas de la Secretaría correspondiente.

6. Se realizará una única declaración de evaluación para cada Secretario de Estado sujeto a ratificación. Se incluirán en la misma las opiniones de todas las Comisiones participantes en la audiencia.

7. Cuando las Comisiones necesiten información adicional para completar su evaluación sobre un Secretario del Gobierno de Coalición, el Presidente de la Comisión se dirigirá por escrito a la Mesa Directiva del Senado para que, con este fin, se solicite al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición la respuesta que será sometida a consideración de la Comisión.

8. El Presidente de la Mesa Directiva en acuerdo con la Conferencia de Presidentes de Comisiones examinará las evaluaciones y declarará formalmente clausuradas las audiencias. Las evaluaciones de las Comisiones se harán públicas en un plazo de veinticuatro horas posteriores a la celebración de la reunión citada.

9. Concluidas las audiencias de los Secretarios de Estado, el Presidente de la Mesa Directiva convocará a sesión del Pleno del Senado de la República para efectuar la votación de ratificación del Gabinete, en los términos que para tal efecto se establecen en el artículo 28 de esta Ley. El Senado de la República decidirá la ratificación del Gabinete mediante votación nominal de sus miembros presentes.

10. En caso de modificación del Gabinete o de cambio sustancial de la titularidad de las Secretarías que lo conforman durante el periodo establecido en el Convenio del Gobierno de Coalición, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) Cuando deba cubrirse una vacante por causa de renuncia, cese o defunción, el Senado de la República invitará al Secretario nombrado como sustituto por conducto del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, a participar en una audiencia en condiciones y plazos iguales a las establecidas para la primera integración del Gabinete del Gobierno de Coalición.

b) Cuando se proponga un cambio en la titularidad de las Secretarías que conforman el Gabinete, se convocará a comparecer, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, a los funcionarios propuestos antes de asumir sus responsabilidades.

Artículo 31. De las sesiones parlamentarias para la evaluación y el control del Gobierno de Coalición.

1. La sesión parlamentaria de evaluación del Gobierno de Coalición se celebrará mensualmente durante el periodo ordinario de sesiones y de manera alterna en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. En dicha sesión el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición presentará el informe correspondiente y dará respuesta a las preguntas orales que sobre el mismo objeto le sean formuladas. Durante los recesos del Congreso la sesión de evaluación se celebrará de forma extraordinaria ante la Comisión Permanente.

2. La sesión parlamentaria de control del Gobierno de Coalición será convocada por la Cámara de Diputados, bajo el acuerdo parlamentario correspondiente, a efecto de discutir y aprobar la emisión de un voto de desaprobación. A la misma deberá asistir el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición para responder lo conducente.

Artículo 32. Reglas de debate del Gabinete.

1. Los Secretarios que integran el Gabinete del Gobierno de Coalición expresarán libremente sus opiniones en el seno de éste con el propósito de alcanzar una decisión colectiva que tendrán la obligación política de defender públicamente. Concluido el debate el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición resumirá la decisión del cuerpo colegiado, misma que la Secretaría Técnica del Gabinete registrará por escrito en la minuta correspondiente. Del mismo modo se procederá en el seno de los comités, con la intervención de sus Presidentes y Secretarios Técnicos.

2. Las sesiones del Gabinete y de sus Comités serán privadas. Las comunicaciones por escrito que se hayan vertido para este propósito se archivarán y el acceso público a ellas se regirá por las disposiciones de la materia.

Artículo 33. Reglas de funcionamiento del Gabinete.

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición funcionará con fundamento en su Reglamento sobre las bases siguientes:

I. El Presidente de la República convocará y presidirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Gabinete del Gobierno de Coalición, asistido por el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición.

II. El Presidente de la República fijará el orden del día de las sesiones de Gabinete del Gobierno de Coalición.

III. Los acuerdos tomados por el Gabinete del Gobierno se registrarán en un acta en la que se hará constar fecha y lugar de la sesión, así como el nombre y cargo de los asistentes.

IV. El Presidente de la República podrá delegar las facultades a que se refiere este artículo en el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición.

Artículo 34. Obligaciones y potestades del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición conocerá y aprobará:

I. La Iniciativa de Ley de Ingresos.

II. La Iniciativa de Presupuesto de Egresos.

III. Las iniciativas de ley que componen el Paquete Legislativo del Programa de Gobierno de Coalición.

IV. Las reformas y adiciones al Programa de Gobierno de Coalición y las someterá a la aprobación del Senado de la República, previa firma del Convenio modificatorio por parte de los partidos políticos coaligados.

V. La evaluación y control del Programa de Gobierno de Coalición.

2. El Gabinete del Gobierno de Coalición conocerá y analizará:

I. La reglamentación de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión presentadas por el Gobierno de Coalición.

II. Los tratados internacionales antes de ser remitidos para su ratificación al Senado de la República.

3. No obstante el principio de colegialidad que rige al Gabinete del Gobierno de Coalición, cada uno de sus miembros asumirá la responsabilidad política de su acción en el ámbito de la competencia de su respectiva dependencia.

Artículo 35. Del procedimiento legislativo del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Presidente de la República ejercerá la facultad de iniciativa de ley y de presupuesto establecida en los artículos 71, fracción 1, y 74, fracción IV, de la Constitución, previo análisis y discusión en el Gabinete del Gobierno de Coalición. El mismo procedimiento se aplicará para los casos de modificación o reasignación de partidas del presupuesto durante el ejercicio fiscal.

2. El procedimiento para elaborar una iniciativa de ley se iniciará en la Secretaría competente o en el Comité correspondiente al tema de la iniciativa, para que a quien le corresponda elaborarla presente un anteproyecto a la consideración del Gabinete del Gobierno de Coalición, acompañado de los estudios e informes que sustenten la necesidad y oportunidad de la misma, su vinculación al Programa de Gobierno de Coalición, la estimación presupuestal de su puesta en ejecución, e indicadores para evaluar sus resultados. El titular de la Secretaría turnará el anteproyecto al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición quien lo someterá a la consideración del Gabinete por acuerdo del Presidente de la República.

3. Aprobado el proyecto de Ley por el Gabinete del Gobierno de Coalición, el Presidente de la República lo remitirá al Congreso de la Unión por conducto del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición como iniciativa de ley con una exposición de motivos, así como con los antecedentes, estudios, informes, consultas y dictámenes que se hayan generado para su elaboración y aprobación en el seno del Gabinete.

Artículo 36. Del procedimiento reglamentario del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Presidente de la República ejercerá la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción 1, de la Constitución, con la participación del Gabinete del Gobierno de Coalición.

2. El procedimiento para elaborar y aprobar un reglamento podrá iniciar en la Secretaría correspondiente, la cual presentará un anteproyecto a la consideración del Gabinete del Gobierno de Coalición acompañado de los estudios e informes que sustenten la necesidad y oportunidad del reglamento, su vinculación a la ley, y la estimación presupuestal de su puesta en ejecución. El titular de la Secretaría turnará el anteproyecto al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición quien lo someterá a la consideración del Gabinete por acuerdo del Presidente de la República.

3. Aprobado el proyecto de reglamento por el Gabinete del Gobierno de Coalición, lo refrendará el Secretario de Estado competente y el Presidente de la República lo rubricará, promulgará y publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 37. Diferendos convenidos y de la forma de su tratamiento.

1. El Convenio de Coalición podrá indicar las cuestiones de principios en las cuales difieren el titular del Presidente de la República y los partidos políticos coaligados o entre éstos, así como la forma de su tratamiento público por parte del Gobierno.

Capítulo II

Del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición

Artículo 38. Facultades y obligaciones del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición serán las siguientes:

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias del Gabinete del Gobierno de Coalición por acuerdo del Presidente de la República.

II. Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

III. Cuando sea el caso, tomar las votaciones del Gabinete del Gobierno de Coalición y refrendar sus acuerdos.

IV. Vigilar la debida ejecución de los acuerdos del Gabinete del Gobierno de Coalición.

V. Fungir como interlocutor del Gobierno de Coalición ante las Cámaras del Congreso de la Unión y los demás órdenes de gobierno.

VI. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Presidente de la República.

VII. Comparecer cada mes, de manera alternativa, a sesión de control ante las Cámaras del Congreso de la Unión para informar acerca de los trabajos del Gobierno. Podrá asistir acompañando por Secretarios de Estado quienes también podrán hacer uso de la palabra.

Capítulo III

De los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios

Artículo 39. Renuncia de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Secretario de Estado renunciará:

I. Por no estar en disposición de aceptar la responsabilidad política del Gabinete del Gobierno de Coalición.

II. Por razones personales.

Artículo 40. Remoción de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. El Presidente de la República podrá remover individualmente a los miembros del Gabinete del Gobierno de Coalición por decisión propia o a propuesta del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, por las causas siguientes:

I. Por no estar en disposición de aceptar la responsabilidad política del Gabinete del Gobierno de Coalición.

II. Por conducta inapropiada.

III. Por bajo desempeño de las políticas y programas públicos de la Secretaría bajo su responsabilidad.

IV. Por falta grave al orden jurídico.

Artículo 41. Desaprobación de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición.

1. Los Secretarios integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición serán cesados por el Presidente de la República cuando se actualice el segundo voto de desaprobación por parte de la Cámara de Diputados en sesión de control, en dos periodos ordinarios sucesivos.

2. En caso de negativa del Presidente al segundo voto de desaprobación, se considerará la disolución del Gobierno de Coalición, asumiendo en Ejecutivo federal las facultades plenas que le concede el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 42. Función y nombramiento de los Subsecretarios de Estado.

1. Los Subsecretarios de Estado asistirán a los titulares de la dependencia y serán adscritos a los comités del Gabinete.

2. Los Subsecretarios serán nombrados por el Presidente de la República escuchando la opinión de los respectivos Secretarios de conformidad con lo establecido en el artículo 23 numeral 2 de este ordenamiento. De la misma forma serán nombrados los demás altos funcionarios de cada dependencia.

3. Los subsecretarios estarán obligados a lo establecido por el 5 bis de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Capítulo IV

Del Presidente de la República sin partido político.

Artículo 43. Del Presidente de la República emanado de una candidatura independiente o de una candidatura por Coalición Electoral.

1. La presente Ley es aplicable para el caso del Presidente de la República que emane de una candidatura de coalición electoral o de una candidatura independiente sin apoyo de partido político en términos del artículo 35, fracción II, de la Constitución. No resultan aplicables en estos casos las referencias al Partido en el Gobierno contenidas en la presente ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un título cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

TITULO CUARTO

De la Administración Pública en un Gobierno de Coalición

CAPITULO ÚNICO

Del Gobierno de Coalición y la Administración Pública

Artículo 57.- Cuando el Presidente de la República opte por crear un Gobierno de Coalición conforme a lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución, el Gabinete del Gobierno de Coalición asumirá las atribuciones de orden político, la creación e instrumentación de políticas públicas y la aplicación del Programa de Coalición en su vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 58.- Los servidores públicos de la administración Pública Federal quedarán sujetos a las determinaciones del Presidente de la República y del Gabinete de Coalición, y serán considerados como parte de una instancia administrativa y profesional (no política), sujeta a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito e igualdad de géneros conforme a lo establecido por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

El Convenio de Coalición al que se refiere la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, no podrá establecer cláusula alguna en la que se determine que los nombramientos de Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores de Área, Jefes de Departamento y Enlaces administrativos estén a propuesta de los Partidos Políticos coaligados.

Artículo 59.- Los Secretarios del Gobierno de Coalición asumirán las facultades que para los Secretarios de Estado establece está Ley por cuanto a las atribuciones de orden político y la conformación de políticas públicas.

Los Subsecretarios estarán a cargo de la operatividad administrativa de las Secretarías de Estado, con excepción de aquellas que por mandato constitucional no forman parte del Convenio de Gobierno de Coalición.

Artículo 60.- El Gabinete del Gobierno de coalición será coordinado y representado por el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición que no formará parte de la Administración Pública Federal y cuyo despacho sustituirá al cargo facultades del Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los cometidos y facultades del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, estarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Gobiernos de Coalición.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un artículo 5 bis a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1.- ….

Artículo 2.- ….

Artículo 3.-….

Artículo 4.- …

Artículo 5.- …

Artículo 5 bis.-Tratándose de un Gobierno de Coalición, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Gobiernos de Coalición y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Sistema incluirá el rango de Subsecretario de Estado.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. De conformidad con el artículo décimo segundo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el presente Decreto entrará en vigor el 1° de diciembre de 2018.

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Luis Sánchez Jiménez.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equipamiento con Internet en casillas electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 255 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecerle a la Senadora Andrea García, que anda repartiendo los “huesos” en el Senado, agradecerle que me dejó uno ahí en mi escaño.

Déjenme comentarles algunas cosas sobre lo que pasó en la elección del Estado de México, y lo que a su servidor le tocó vivir.

Yo soy de Chiapas, ustedes lo saben, y yo la verdad que pensé que un proceso electoral en el Estado de México iba a ser completamente diferente al que se vive en mi estado, el más pobre, el que tiene menos vías de comunicación, en el que se ha vivido recientemente, en 2015, en la elección local, uno de los peores fraudes electorales de la historia del estado, que terminó, incluso, con la remoción de los integrantes del órgano electoral local.

Pero al llegar al Estado de México me doy cuenta que no había mucha diferencia.

Déjenme darles algunos datos. En 2015, en Chiapas, hubo 721 secciones electorales, con más de 70 por ciento de participación, y más de 80 por ciento de votos a favor de un sólo partido, lo que se conocía antes como una casilla zapato.

La sección 318, de Copainalá, por ejemplo, tuvo 89 por ciento de los votos para el Partido Verde.

La sección 154, de Bochil, tuvo 73 por ciento de los votos para el Partido Verde.

Incluso en Berriozábal, el 94 por ciento de los votos para el Partido Verde.

Yo honestamente pensé que eso sólo pasaba en Chiapas. Pero resulta que en el Estado de México hubo 179 secciones con una participación ciudadana mayor al 60 por ciento, pero con una votación a favor del PRI, mayor también, del 60 por ciento, lo cual llama, por lo menos, a ver una anomalía electoral.

¿Qué tienen en común estos dos conjuntos de secciones? Pues están en zonas rurales, están apartadas, es difícil llegar a ellas. Pero hay una condición también que comparten estas secciones atípicas electoralmente en el Estado de México y en Chiapas, en ninguna de ellas hay acceso a Internet.

Por eso es que estamos impulsando esta iniciativa llamada “Sin Internet hay fraude”.

¿De qué se trata?

Son dos cosas muy simples y que creo que estamos en la posibilidad, como nación, de hacerla realidad en el 2018, y que va a generar certeza para todos los partidos políticos. Aquí no hay un asunto de que sea bueno para uno o malo para uno, es casi, se puede decir así, cancha pareja para absolutamente todos.

Dos cosas simplemente:

Primero. Que el INE fortalezca la capacidad institucional de los funcionarios de casilla, aquellos que van a ser insaculados, aquellos que le van a dar a la nación y a la democracia un domingo del próximo año para ir a contar los votos, a organizar la elección, los secretarios, el presidente, los suplentes, que los dote de una sola cosa, un teléfono móvil inteligente, un teléfono móvil con conexión a Internet.

Somos un país, el único del mundo, que repartió 10 millones de televisiones para hacer la Transición Digital Terrestre. Repartimos 10 millones de televisiones.

¿Y no podríamos dar 150 mil teléfonos celulares a todos y cada uno de los presidentes de las casillas el próximo año?

No es un asunto presupuestal. Hubo lana para los 10 millones de televisiones, puede haber para los 154 mil funcionarios de casilla que harían muchísimo mejor su trabajo si tienen un dispositivo de internet al cual puedan empezar a sumar la votaciones, las incidencias, incluso, los casos donde haya amenazas de fraude.

Y lo otro, algo que tampoco escapa de las posibilidades de una nación del tamaño como la nuestra, la novena economía del mundo, y es una cosa todavía más simple, que en cada casilla electoral haya una conexión a Internet, porque de nada servirá que el funcionario tenga el día de la elección su teléfono inteligente con todos los dispositivos que necesita, los programas cargados para ir reportando la elección, si no tiene Internet.

¿Cómo se logra eso? De verdad es que es relativamente fácil también.

Hoy hay 100 mil puntos en todo el país, en escuelas, en bibliotecas, en parques, en plazas públicas, del Programa “México Conectado”, así lo acaban de reportar en el informe incluso, 100 mil puntos de conexión a Internet gratuita, ya está la capacidad instalada.

Hay una cosa muy rara, cuando instalan casillas en poblaciones o secciones donde hay puntos de “México Conectado”, lo hacen en un lugar distinto, en una escuela sin Internet, ¿por qué no hacerlo en la escuela que el Estado mexicano ya dotó de Internet.

Me parece que, o hay un error muy grave, o hay una intencionalidad muy clara de buscar que la oscuridad que representa hoy en día no tener Internet, siga ocurriendo en las elecciones. Aún más, todos ustedes, como integrantes de partidos políticos o incluso como independientes, van a tener representación electoral el día de la elección.

¿No les parece que sus representantes de casilla o sus representantes generales harían mejor su trabajo si tienen la posibilidad de conectarse a Internet? Les facilitaríamos las cosas también a los observadores electorales, a los nacionales y extranjeros. Le facilitaríamos las cosas a la prensa, que muchas veces tiene que levantar sus notas y salir corriendo para poder buscar un sitio de Internet, para empezar a hacer sus transmisiones. Todos ganan si en las elecciones hay Internet.

Yo estoy convencido, de verdad, que sin Internet hay fraude, porque estas correlaciones atípicas en las que casillas zapato, que es una de las especies en extinción que hemos logrado revivir, ocurran en lugares donde no hay Internet, no puede ser producto de la causalidad. Y les puede pasar a todos, no es un asunto de unos o de otros, nos conviene tener Internet, tenemos la capacidad instalada para hacerlo, tenemos la capacidad económica para hacerlo.

Ya el INE tomó una buena decisión, no van a hacer su edificio de mil millones de pesos, esos recursos, que son vastos, los podrían utilizar para 150 mil aparatos para los funcionarios de casilla, no para los partidos, para los funcionarios.

Esa gente hace su trabajo de manera patriótica, cívica, con una enorme responsabilidad. Démosles las herramientas para que lo hagan bien, démosles las herramientas para que puedan, entonces, de verdad, defender la democracia, que es para lo que van a estar ahí el próximo 1º de julio.

Creo que es una iniciativa que podría, además, reorientar no solamente los recursos del INE, sino la forma como está gastando su dinero y su presupuesto el instituto.

Le daría certeza, confianza y seguridad de los resultados, a todos, si tenemos la forma de ver desde antes qué está pasando, no solamente en las casillas, donde muchos de nosotros vamos a ir a votar, que están conectadas en centros urbanos, en lugares que no van a tener problema seguramente, no son esas a las que queremos cubrir, son las de las sierras, son las de las rancherías, son las de los ejidos, son de los lugares donde hay crimen organizado, a esas son a las que queremos ayudar.

No creo que halla aquí nadie que no quiera ayudar a la democracia. ¡Esto ayuda a la democracia!

Está comprobado en el mundo, que en el momento en el que hay involucramiento del Internet en los procesos electorales, éstos mejoran cualitativamente. Creo que es hora de hacerlo y de dejar que las cosas que podemos hacer como nación las dejemos al último, como algo que no es importante.

Les agradezco mucho su atención a todos. Gracias.

Iniciativa

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 255 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la pasada jornada electoral del domingo 4 de junio se observaron diversas irregularidades a favor del PRI, tanto en el Estado de México como en Coahuila. A pesar de que nos encontramos en espera de los resultados oficiales, no podemos evitar reconocer que todo indica que los organismos públicos locales electorales nos volverán a mostrar su vocación de servilismo a ciertos grupos de poder y a evidenciar las deficiencias de la reforma en materia político-electoral (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014), por lo menos no en lo que refiere a los procesos electorales.

A menos de un año de la próxima elección federal, en la que se elegirá un nuevo presidente de la República, se renovará el Congreso de la Unión, se elegirán nueve titulares de los poderes ejecutivos locales (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), treinta estados tendrán elecciones municipales y la renovación de veintisiete congresos locales, nos encontramos imposibilitados legalmente para intentar realizar una nueva reforma electoral debido a que los plazos constitucionales no permitirían construir un diseño adecuado, ni lograr construir los consensos para su validación.

Sin embargo, a pesar de que los poderes públicos están dispuestos a interferir en los comicios, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, deben asumir su carácter autónomo respecto de los gobiernos federal y locales, para garantizar los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral y demostrar que se encuentran a la altura de las necesidades democráticas del pueblo mexicano.

JUSTIFICACIÓN

Por estas razones, debemos tomar en cuenta que la ubicación de casillas en espacios con acceso a internet, disminuye de manera considerable la posibilidad de existencia de irregularidades en los comicios electorales. Al favorecer el acceso a las telecomunicaciones permiten la conectividad entre los individuos, por lo que si en los lugares donde serán instaladas las casillas electorales se encuentra cerca un punto de acceso a los servicios de internet, podrá facilitar la existencia de denuncias ciudadanas sobre anomalías y demás ilícitos electorales. Al facilitar que los observadores electorales cuenten con acceso directo a internet para poder denunciar en tiempo real cualquier incidente y acceder de inmediato a los instrumentos electrónicos que desarrolla el Instituto para emitir denuncias ciudadanas.

De esta manera, el acceso a los servicios de telecomunicaciones se podría convertir en un elemento inhibitorio para la generación de acciones ilícitas durante la jornada electoral. Asimismo, el acceso a internet no solo es un Derecho Constitucional, sino que se termina por transformar en un pilar de la democracia. Por ello, todas las instituciones públicas deben garantizar el Estado de Derecho y la democracia termina por consolidarlo.

En este sentido, se podría fomentar la existencia de conectividad en los espacios destinados para las casillas electorales. Por una parte el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene la facultad de regular el proceso de definición, ubicación y número de casillas; mismas que al ser una elección concurrente, será única la Federal y la Local.

Por otro lado, el Programa México Conectado despliega redes de telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral puede aprovechar el Programa México Conectado, para instalar las casillas en puntos con conectividad, sin generar costos adicionales.

SITUACIÓN ACTUAL

Por ejemplo, mientras que en las elecciones federales del 7 de junio de 2015 se instalaron 5,975 casillas por el Instituto Nacional Electoral y, en las elecciones locales del 19 de julio de 2015 se instalaron 5,958 casillas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el estado de Chiapas existe un total de 4,130 puntos de México Conectado, mismos que podrán ser aprovechados para la instalación de dichas casillas, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales.

Sin embargo, en el entendido de que los puntos donde se encuentra instalado México Conectado no necesariamente coinciden con las necesidades geográficas de la instalación de las casillas, es necesario que el gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones fortalezcan la política de inclusión digital universal y cobertura universal, garantizando el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet; tal y como lo establece el artículo 6º Constitucional.

COMPARATIVO ENTRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LA PROPUESTA:

Se adicionan un inciso g) al numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificando la puntuación de los incisos e) y f), para quedar como sigue:

Ley Vigente

Texto Propuesto

Artículo 255.

1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos, y

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

 

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales deberán observar que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos.

Artículo 255.

1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos;

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares, y

g) Contar con conectividad a internet.

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales deberán observar que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos.

OBJETO DE LA INICIATIVA

De convertirse esta propuesta en Ley, el Instituto Nacional Electoral puede aprovechar el Programa México Conectado, para instalar las casillas en puntos con conectividad, sin generar costos adicionales, facilitando las denuncias en tiempo real de cualquier incidente y el acceso inmediato a los instrumentos electrónicos que desarrolla el Instituto Nacional Electoral, por parte de los observadores electorales y la ciudadanía en general.

De lo que trata esta iniciativa es de generar incentivos de confianza en la ciudadanía, sin importar el partido por el cual voten, porque la trampa que hacen algunos partidos para poder encabezar  los resultados electorales, inhibe la participación ciudadana porque pareciera que no vale la pena votar cuando tu participación no se ve reflejada en los resultados.

Con el internet además los funcionarios de casilla podrían tener un conteo más rápido y próximo a los resultados de las elecciones, de manera tal, que se demostrara que los votos realmente están contando y no hay alta participación y concentración de votos por un solo partido, porque éste puede ser un indicador de la irregularidad a la hora de hacer el conteo.

FUNDAMENTO

El Congreso de la Unión tiene facultad para regular las materias electoral y de conectividad a internet, de conformidad con la interpretación sistemática y relacionada de los artículos 2º apartado B, fracción VI; 6º tercer párrafo y apartado B; 41 fracción V; y 73 fracciones XVII, XXI inciso a, XXIX-U y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial han emitido con relación a las facultades del Congreso para emitir legislación concurrente.

Por este motivo, se considera que existen elementos suficientes en nuestra normatividad constitucional vigente para expedir una regulación secundaria que permita atender este problema, sin necesidad de modificar nuestra Ley fundamental.

No obstante lo anterior, toda vez que el artículo 105 constitucional, en su fracción II, establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales y, toda vez que ya nos encontramos dentro de ese lapso, se propone en el régimen transitorio de esta iniciativa, que el inicio de la vigencia de esta disposición normativa sea concluida la jornada electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1. DEL ARTÍCULO 255 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un inciso g) al numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificando la puntuación de los incisos e) y f), para quedar como sigue:

Artículo 255.

1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a)         Fácil y libre acceso para los electores;

b)         Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c)         No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

d)         No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;

e)         No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos;

f)          No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares, y

g)         Contar con conectividad a internet.

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales deberán observar que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 2 de julio de 2018.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de septiembre de 2017.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.

Tesis: P./J. 142/2001; de rubro: FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; Pág. 1042

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva justificada.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

Ustedes, en las entidades federativas que representan, se han de haber percatado de la ola delictiva, que sin excepción se expande por el territorio nacional.

Académicos, procuradores de justicia y fiscales, así como algunos servidores públicos de elección popular, todos por igual atribuyen la inseguridad a los juicios orales.

Desde un punto de vista neutral, el súbito incremento delictivo que se debe, más bien, a la inadecuada aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Toca, entonces, al Senado, instancia en donde se deposita el Pacto Federal, tomar medidas legislativas para contener la delincuencia, revertir el incremento criminal y sentar las bases para retomar la paz y la tranquilidad en el corto plazo.

Todos sabemos que la delincuencia se nutre principalmente de los sujetos que se dedican al robo de baja cuantía.

Por las noticias que tenemos nos enteramos de sujetos que son detenidos, que cuentan con numerosos ingresos a los cuerpos de policía, y que casi de inmediato recuperan su libertad.

Estos sujetos, a los cuales la criminología bautizó como “Delincuentes Habituales”, son los que están multiplicando los ilícitos, y que aunados a la lucha entre los grandes grupos de la delincuencia nos han colocado en una situación de notoria inseguridad.

Cuando un delincuente contumaz, a pesar de haber sido detenido en flagrancia, regresa de inmediato a las calles, entonces se disloca el estado de derecho.

Las víctimas y la comunidad entera no ven sentido alguno en la presentación de denuncias.

La ley y las instituciones encargadas de aplicarlas se desgastan, pierden credibilidad, y lo que es peor, comienzan a proliferar acciones de justicia por propia mano, cuantiosos linchamientos a los cuales tenemos acceso a través de las redes sociales.

Docenas de personas, cientos de personas con un modo honesto de vida, se encuentran en prisión por haber defendido su hogar o su negocio frente a este tipo de malhechores que se dedican al robo de manera habitual.

En algunas entidades de la República, en un esfuerzo desesperado por contener esta ola delictiva, se han expedido Decretos que extiende la legítima defensa al sólo hecho de repeler a un intruso en la morada.

En Baja California, estado que me honro en representar en esta Cámara, se han registrado aumentos hasta del 70 por ciento en robos violentos, del 40 por ciento en secuestros, y se registra un número de homicidios nunca antes visto: mil 50 homicidios sólo en lo que va de este 2017, en Baja California.

En Tijuana los asaltos han llegado, inclusive, a zonas que hasta hace poco se consideraban resguardadas.

Un factor determinante para la inseguridad radica en que la prisión preventiva justificada ha quedado en letra muerta.

El artículo 19 de la Constitución General de la República, establece en su párrafo segundo: “Que los jueces podrán decretar la prisión preventiva de los imputados que representen un riesgo para la víctima o el ofendido, los testigos, y lo más importante, que representen un riesgo para la sociedad”.

También este artículo constitucional establece que se deberá poner tras las rejas a los imputados que se encuentren sujetos a otro proceso o hayan recibido una condena, en ambos casos, por delito doloso.

¿En cuántas ocasiones las procuradurías de justicia o las fiscalías generales en los estados y la misma PGR, pregunto, han pedido, para proteger a la sociedad, la prisión preventiva justificada? Casi, y sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que en ningún caso.

La parálisis en las instituciones de procuración de justicia se debe a que la prisión preventiva justificada elevada a rango constitucional no se proyecta adecuadamente en la ley secundaria.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación, como del fuero común, la dejan de lado, como si no existiera.

Por ello propongo un paquete de reformas y adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, se trata de facilitar a los fiscales el ejercicio de la facultad que les permita llevar a prisión a los miles de delincuentes que se dedican al robo a casa-habitación, a transeúntes y a establecimientos.

Se trata de levantar una barrera a los grupos criminales para que dejen de reclutar halcones y sicarios entre los delincuentes habituales.

El Código Nacional limita al Ministerio Público, ya que sólo se puede tomar como base, para pedir la prisión preventiva justificada, las circunstancias del hecho punible por el que haya sido detenido el imputado.

Esto implica que el imputado haya llevado a cabo acciones o dirigido amenazas concretas a la víctima de causarle un daño futuro, lo cual es muy difícil de probar, pues, en la dinámica de un robo que dura 2 ó 3 minutos, y en ocasiones unos cuántos segundos, este tipo de delincuentes se concentran más en obtener el botín, y una vez sometida la víctima, y no pierden minutos valiosos para ellos, en buscar causar zozobra de los sujetos pasivos.

En pocas palabras, se requiere dar mayor oportunidad en un esquema razonable para que el Ministerio Público pueda aportar pruebas sobre el riesgo que los imputados representan para la sociedad.

Por ello, y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, propongo que se cuente con una red informática judicial. Esta red permitiría a los juzgados penales federales y del fuero común, conocer si la persona que se presenta a su disposición se encuentra sujeta a procesos penales previos o ha sido condenado por delitos dolosos.

Bastaría el reporte de la red judicial para poner en prisión preventiva al imputado, aun cuando el delito por el que se le acuse no amerite prisión preventiva oficiosa.

En atención a que en muchos lugares todavía no cuentan con recursos electrónicos, se establece en esta iniciativa que el juez deberá solicitar al Ministerio Público, le informe si al menos en la Procuraduría de Justicia o Fiscalía General que esté ejerciendo acción penal, se cuenta con registros de juicios o condenas previas por delitos dolosos.

Propongo también que el Ministerio Público adjunte al pliego consignatario un reporte de las infracciones a bandos de policía y buen gobierno, así como carpetas de investigación en contra del imputado, las cuales serán el detonante para que se practiquen al sujeto tres periciales para dilucidar si representa un riesgo para la sociedad.

Los voy a enumerar:

Primero, en materia de psicología, para verificar la falta de control de impulsos que lo hacen propenso a delinquir.

Segundo, en materia de criminología, para determinar si el ambiente en que se desenvuelve el imputado constituye un incentivo permanente para que lleve a cabo conductas antisociales.

Y un tercero, de criminalística para verificar si con base en el modus operandi del hecho por el que ha sido consignado, se pueda identificar un grado de sofisticación que resulte indicativo de una experiencia acumulada en la comisión de delitos.

Pido a mis compañeros Senadores su respaldo para analizar estas iniciativas, no dejemos que una gran reforma que nos ha permitido el acceso a los derechos humanos de reciente generación, no permitamos que esto se siga descomponiendo y que en vez de poner por encima de todo y delante de todo el derecho de la persona, estos criminales utilicen estos derechos para castigar a nuestra maltrecha sociedad.

Muchas gracias.

Es cuanto.

Iniciativa

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 105; EL TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 QUE CONSTA DE LAS FRACCIONES I Y II; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 163; LAS FRACCIONES DE LA XII A LA XVI AL ARTÍCULO 167; LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL SEXTO DEL ARTÍCULO 170 Y SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; EL PRIMERO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 156 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISION PREVENTIVA JUSTIFICADA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la seguridad pública.

En un Estado Social y Democrático de Derecho se ha de guardar un equilibrio entre los derechos de todas las personas, en particular entre aquellos que entran en colisión. De ahí que la sociedad en su conjunto así como cada una de las personas que la integran tienen derecho a la paz, a la tranquilidad y a una convivencia armoniosa.

A raíz de la implementación inadecuada del Código Nacional de Procedimientos Penales que se ha traducido en la instauración de los juicios acusatorios, públicos y orales en la totalidad de la República sin el ejercicio de todas y cada una de las atribuciones del Ministerio Público, se ha registrado un incremento significativo en la incidencia criminal. La ola delictiva que se caracteriza por el alza de ilícitos como homicidios, robos con violencia y secuestros tiene su origen en la omisión en que han incurrido las instituciones de procuración de justicia así como las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el esquema de colaboración que han de desarrollar con aquellas. El aumento de conductas delictivas no deriva de la vigencia del principio de presunción de inocencia, sino de que las procuradurías de justicia así como las fiscalías generales se han abstenido de solicitar la prisión preventiva justificada. En la mayoría de las entidades federativas el crimen va en aumento. Como muestra basta hacer referencia a los delitos cometidos en Baja California, estado representado en el Senado por el autor de esta iniciativa. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, de enero a julio de 2017 se registraron 30,586 delitos de robo en todas sus modalidades contra 26,834 en el mismo período del 2016. Se incrementó alrededor del 13%1

En 2017 hubo 7,264 delitos de robo con violencia contra 5,124 en el 2016: Un aumento del 70%

Homicidio Doloso: En 2016 se registraron 610 contra 1,098 en 2017 en el período de enero a julio. Un incremento del 80%

Secuestros: En el período de enero a julio en el 2016 hubo 7 y en 2010 10: aumentó el 40%

La delincuencia habitual, sensible a cualquier circunstancia que le favorezca, se ha percatado de que el catálogo de delitos que traen aparejada la prisión preventiva de oficio se ha reducido significativamente pasando de cientos de ilícitos a sólo una docena. La persona que de manera reiterada es detenida por cometer infracciones a los bandos de policía y buen gobierno o delitos previstos y sancionados en los Códigos Penales o en las leyes penales en blanco seguirán desplegando su conducta criminal a menos que se levante una barrera, con carácter excepcional, para contenerlos. Para esta clase de delincuentes los beneficios de libertad se han convertido en un auténtico factor criminógeno. Los números no mienten y un delincuente habitual seguirá incurriendo en su conducta delictiva destruyendo y poniendo en riesgo los más altos bienes jurídicos de la sociedad, sabedor de que aún en el caso de resultar detenido en flagrancia, cuasi flagrancia o por caso urgente, la única consecuencia que sufrirá será recuperar casi de inmediato su libertad.

Una preceptiva que resultó insuficiente.

La denominada por la doctrina como prisión preventiva justificada ha sido acogida en la Recomendación número 80 del Comité de Ministros del Consejo de Europa en caso de delitos graves; en el marco de disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre medios no privativos de libertad (Reglas de Tokio) en el Apéndice 2, Número 8, Regla 6 apartado 9) que autoriza la prisión preventiva para proteger a la sociedad y las víctimas y en la Recomendación sobre tratamiento no privativo y privativo de la libertad del delincuente en el Octavo Congreso Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y el tratamiento al delincuente de 1990.

A pesar de que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda claridad dos supuestos extraordinarios en que se puede aplicar la prisión preventiva, las instituciones de procuración de justicia del país han caído en una parálisis en ocasión de un malentendido humanismo de la nueva ley penal.

El artículo 19 invocado establece con claridad en su segundo párrafo que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Sin embargo esta norma en defensa de la sociedad no tiene el desarrollo necesario para hacerla valer en la ley secundaria. En efecto, el precepto relativo a las reglas generales de las medidas cautelares que es el 153 se refiere únicamente al riesgo en que se puede colocar a la víctima u ofendido y a los testigos pero omite la referencia a la sociedad. Por otra parte, si bien es cierto al valorar el otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva se ha de aplicar cabalmente el principio de proporcionalidad, también lo es que la decisión judicial requiere de una ponderación donde se tomen en cuenta también el derecho a la seguridad pública de la sociedad, con miras a que los imputados no hagan un uso abusivo como si fuera una patente de corso de un beneficio concebido bajo el más alto humanismo.

La prisión preventiva justificada establecida en el segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental deviene prácticamente en letra muerta cuando en el artículo 170 se restringe notoriamente la posibilidad probatoria para hacerla realidad. Éste numeral constriñe a las partes y al juez a tomar únicamente en cuenta las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentren la víctima u ofendido, los testigos o la comunidad.

Oportunidad probatoria.

Es bien sabido que durante la dinámica delictiva los sujetos activos por lo general no incurren en actos, indicios o hechos que denoten riesgo para los sujetos aludidos en el futuro, ya que en la lógica del Iter Criminis el delincuente busca desplegar una fuerza aplastante, principalmente a través de la violencia, para vencer la resistencia pero únicamente la relativa al ilícito que pretende cometer. Por ello, la referencia al análisis de las circunstancias del hecho resulta notoriamente insuficiente para demostrar el riesgo que habrán de afrontar principalmente la sociedad, en su conjunto, que no comunidad a la que ha sido degradado el concepto constitucional por el citado artículo 170 del Código Nacional.

En este orden de ideas, para que el Juez pueda llevar a cabo una ponderación integral tomando en cuenta desde luego los derechos del imputado en particular la aplicación del principio de proporcionalidad en contraste con el interés social de preservar a la sociedad en su conjunto a salvo de muy probables nuevos ataques o vulneraciones a altos bienes jurídicos, se requiere obligadamente de llevar a cabo un análisis entorno a la conducta del imputado. A efecto de que la valoración se realice de manera objetiva, el autor de la presente iniciativa considera que se debe asegurar la objetividad, para lo cual propone la práctica de tres dictámenes:

Uno psicológico para acreditar la ausencia de control de impulsos que predispone al imputado a delinquir,

Otro, en materia de criminología, para determinar el ambiente propicio que estimula al imputado a desplegar conductas antisociales y, finalmente,

Uno de criminalística que revela el grado de sofisticación mostrado por el imputado al cometer el hecho y que demuestra una trayectoria y experiencia criminal acumuladas que hacen de alta probabilidad el riesgo para la sociedad de nuevas infracciones.

La única forma tangible, al correr del periodo de detención cuando los imputados han sido detenidos en flagrancia, cuasi-flagrancia o por caso urgente, consiste en confrontar los registros que revelen infracciones a bandos o reglamentos de policía o buen gobierno, o la integración de carpetas de investigación que no hayan sido aún llevadas a juicio. De ahí que el detonante para saber si el imputado resulta un riesgo para la víctima o el ofendido, los testigos o la sociedad se materializa en los registros policiales. Cabe mencionar que los antecedentes policiales o de carpetas de investigación no se tomarán en cuenta por sí mismos para valorar el riesgo, sino que dan pie a la práctica de los dictámenes periciales mencionados, sin perjuicio de que los especialistas en cada disciplina consideren necesario tomar en cuenta dicho material registral.

Por otra parte, es frecuente casi una práctica generalizada que los Agentes del Ministerio Público se concentran en llevar los casos al órgano judicial sin preocuparse por saber si el imputado se encuentra en los supuestos procesales que justifiquen la prisión preventiva. Por ello, y en razón de que se encuentra sumamente avanzado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito judicial tanto federal como local, se propone que de manera sistemática y permanente el juez habrá de verificar el reporte para saber si le asiste a la sociedad, aunque no haya sido pedido ni por el M.P. ni por las víctimas u ofendidos ni por los testigos, decretar la prisión preventiva justificada por encontrarse sujeto a juicio o haber sido condenado previamente el imputado. Lo anterior sin perjuicio de que simultáneamente el Juez pida la misma información al Ministerio Público al menos respecto a la noticia que tenga la Procuraduría o Fiscalía General a la que pertenezca de procedimientos penales o condenas previas al imputado.

Las bondades derivadas de la reducción al mínimo del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, se ha traducido en el temor de las víctimas u ofendidos así como de los testigos de presentar denuncias puesto que en unas pocas horas se percatan de que el delincuente se encuentra de nuevo en las calles, además de que es frecuente que de llegar a presentar la denuncia, el delincuente por el solo hecho de hacerse acompañar de otros sujetos con indudable apariencia criminal induce, aun sin pedirlo, a la víctima o el ofendido a entrar a una conciliación que resulta así forzada y distorsiona los altos fines de los juicios orales. Por ello, se faculta como un nuevo sujeto procesal que puede solicitar la prisión preventiva justificada a cualquier persona, a las asociaciones de vecinos y comités de participación ciudadana o a los organismos empresariales y sindicatos siempre interesados en elevar el nivel de seguridad de la sociedad.

Finalmente, en la presente iniciativa se hace eco de una demanda reiterada por parte de los Agentes del Ministerio Público tanto de la Federación como del fuero común y que consiste en que se incluya en la tabla de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio al menos a la evasión de presos con violencia, a la privación de la libertad y al abuso sexual así como la violación entre cónyuges o concubinos. Mención aparte se ha de hacer al robo con violencia cometido sin armas pero destruyendo chapas y cerraduras, removiendo protecciones o rompiendo ventanas, se ha de tener presente que el robo es el delito que más se comete en México, principalmente motivado por la adicción del sujeto activo. La proliferación de robos a casa habitación así como establecimientos cuando el sujeto activo piensa que se encuentran vacíos, ha dado lugar a acciones de justicia por propia mano, linchamientos que han culminado con la muerte ya sea del sujeto activo o de la víctima y a resultados no deseados de la implementación de los juicios orales, ya que en casi todos los Estados hay personas que se encuentran ellos sí tras las rejas en prisión preventiva por haber privado de la vida a intrusos que penetraron a su domicilio o establecimiento que con posterioridad se sabe iban únicamente a sustraer objetos pero que al ser sorprendidos tratan de hacerse con algún arma y en la contienda resultan privados de la vida por la víctima que pasa así a victimario injustamente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 105; EL TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 QUE CONSTA DE LAS FRACCIONES I Y II; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 163; LAS FRACCIONES DE LA XII A LA XVI AL ARTÍCULO 167; LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL SEXTO DEL ARTÍCULO 170 Y SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; EL PRIMERO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 156 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción IX al artículo 105; el tercer párrafo al artículo 157 que consta de las fracciones I y II; el segundo párrafo al artículo 163; las fracciones de la XII a la XVI al artículo 167; los párrafos del segundo al sexto del artículo 170 y se reforman el primer párrafo del artículo 153; el primero y el tercer párrafo del artículo 156 y la fracción III del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal

Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:

I. a VIII.

IX. Las personas habilitadas por este Código para solicitar la prisión preventiva justificada.

...

Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares.

Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o de la comunidad, o evitar la obstaculización del procedimiento.

...

Artículo 156. Proporcionalidad

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución, salvo en los supuestos del segundo párrafo de este precepto constitucional en cuyo caso deberá ponderar también brindar seguridad a la comunidad.

...

En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Para efectos de ponderar la prisión preventiva justificada establecida en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, el Ministerio Público tiene el deber de aportar los medios de prueba establecidos en el artículo 170 de este Código.

Artículo 157. Imposición de medidas cautelares

...

...

Lo anterior con excepción de la prisión preventiva justificada, la cual podrá ser decretada por el juez en los términos del artículo 170 de este Código aun cuando no haya sido solicitada por los sujetos procesales legitimados para ello.

Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida

...

Tratándose de prisión preventiva justificada cuando se encuentre en riesgo la comunidad, cualquier persona, asociaciones de vecinos o civiles, organismos empresariales o sindicatos, o comités de participación ciudadana podrán solicitar la prisión preventiva justificada y el desahogo de las pruebas conducentes al órgano judicial.

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

...

...

..:

 I…

II…

III. Violación prevista en los artículos 265, 265 bis, 266 y 266 Bis;

 IV…

V…

VI…

VII…

VIII…

IX…

X…

XI…

XII. Robo en cualquiera de sus modalidades siempre que se cometa con violencia en las personas o en las cosas.

XIII. Evasión de presos prevista en los artículos 150, 152 y 154.

XIV. Privación de la libertad, previsto en el artículo 364.

XV. Abuso sexual previsto en el artículo 260.

XVI. Delitos relacionados con la portación y acopio de armas de fuego y cuartuchos previstos en los artículos 83,del 83 Bis al 83 Quintus y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

...

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad

...

Para garantizar el derecho de la víctima, los testigos y la comunidad a mantenerse a salvo de afectaciones a sus bienes jurídicos, cuando el imputado represente un riesgo, el órgano judicial procederá de la siguiente manera:

Verificará en el Sistema Judicial y solicitará al Ministerio Público le informe si el imputado ha sido procesado o sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez solicitará un reporte a la justicia municipal o de barandilla donde tenga su residencia el imputado, a la propia institución de procuración de justicia que esté ejerciendo acción penal en su contra así como a la delegación de la Procuraduría General de la República respectivamente sobre infracciones a bandos o reglamentos de policía y buen gobierno municipales o delitos por los cuales el imputado sea investigado.

Siempre que el imputado cuente con al menos dos de los registros establecidos en el párrafo anterior en el lapso de un mes, el órgano judicial ordenará la práctica de los dictámenes siguientes:

I. De psicología con el objeto de conocer la ausencia o bajo control de impulsos del imputado en función de su propensión a delinquir.

II. De criminología con el objeto de determinar si el imputado se encontraba con anterioridad al hecho en un ambiente que propicia la comisión de delitos que haga inviable la medida cautelar diversa de prohibirle acudir a dicho lugar.

III. De criminalística con el propósito de establecer el grado de sofisticación en el delito y modalidad derivado de los hechos, que revele una arraigada conducta delictiva.

Con base en las circunstancias del hecho, cualesquiera otro posterior que resulte idóneo, a las condiciones particulares en que se encuentren los sujetos a proteger y en los dictámenes anteriores observando siempre un criterio de ponderación objetivo, el juez resolverá sobre la prisión preventiva justificada.

La prisión preventiva justificada se podrá solicitar por quienes tienen derecho a ello en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en primera instancia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Poder Judicial de la Federación en coordinación con los Poderes Judiciales de los Estados y la Ciudad de México deberá implementar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto el Sistema Judicial que contenga los juicios penales y condenas que se hayan dictado para efectos de ordenar la prisión preventiva justificada.

Sede del Senado de la República, el 5 de septiembre de 2017.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Véase la página web : https://www.seguridadbc.gob.mx/Estadisticas/2016/inci_Estado.pdf?id=243488178

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Blásquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Compañeras y compañeros Senadores, les informo que a solicitud de los grupos parlamentarios, la Mesa Directiva acordó emitir un pronunciamiento referido a la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en los Estados Unidos de América.

Antes de la lectura del pronunciamiento, abriremos una ronda de intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios en orden decreciente.

Concluidas las intervenciones, daré lectura al pronunciamiento y lo pondremos a su consideración, en votación económica.

INTERVENCIONES

En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia.

Bueno, pues el día de hoy recibimos esta noticia, verdaderamente es una mala noticia, la cual lamentamos en nuestro partido, el Revolucionario Institucional.

La Acción Diferida para los llegados en la infancia, los famosos DACA o también conocidos como "dreamers", por sus siglas en inglés, fue anunciada el 15 de junio del año 2012 por el Presidente Barack Obama, para evitar que cientos de jóvenes, miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, fueran deportados por el Departamento de Seguridad Interna, y a partir de esa fecha y mediante procesos individuales, miles de menores han logrado la ampliación de este programa hasta por tres años para tener esa permanencia en Estados Unidos.

Se estima que desde el año 2012, más de 600 mil jóvenes mexicanos han sido beneficiados con este programa.

Exactamente cinco años de haberse creado el programa DACA, y bajo la administración del Presidente Trump, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos publicó en su página web de este programa, que estaría vigente el programa, es decir, que permanecería activo y sin cambios.

De pronto el día de hoy el Fiscal General de Estados Unidos Jeff Sessions, anunció el fin del programa DACA.

Lamentamos esta decisión por la incertidumbre y temor que implica en los jóvenes, éstos no decidieron ser trasladados a otros países que no fueran el suyo y que, por lo tanto, no son culpables de ninguna falta ni delito.

Por eso, ante esto, ante esta realidad y sabiendo que el Presidente Trump solicitó al Congreso de los Estados Unidos que legisle en torno al futuro de estos jóvenes.

Nos pronunciamos porque la Secretaría de Relaciones Exteriores intensifique la labor informativa y de protección que lleva a cabo a través de la red consultar en Estados Unidos, exhortamos también a las autoridades mexicanas a redoblar los esfuerzos para atender en forma expedita a todos los jóvenes que permanecerán en una indefinición migratoria en Estados Unidos y que pueden ser sujetos a deportación y a repatriación voluntaria.

Y aquellos que retornen asimismo al país, para ser apoyados de forma voluntaria, como ya lo dije, con programas de crédito para jóvenes, incorporándolos al sistema educativo sin dilación, pero además que se les validen sus estudios; también es necesario diseñar bolsas especiales de trabajo para los jóvenes "dreamers", y facilitar su acceso al sistema de salud.

Sin embargo, también debemos de reconocer las tareas de sensibilización que ha hecho la embajada nuestra en Estados Unidos, y bueno, para aumentar las capacidades, el talento y las aportaciones de todos estos jóvenes que se les ha dado una serie de inducción y han sido atendidos personalmente por nuestros consulados.

Pero también, para que estos sean reconocidos por todas las instancias de Estados Unidos a nivel local y federal.

Hacemos entonces también un llamado a los legisladores de Estados Unidos para que a partir de hoy que regresan, por cierto, de su receso legislativo, privilegien este tema y trabajen en beneficio de este grupo de jóvenes que tanto han apoyado la economía y la sociedad estadounidense.

Recordemos que el Departamento de Seguridad Interna, es decir, Homeland Security, emitido una declaración el día de hoy 5 de septiembre y dice así:

"Juzgará de manera individual, caso por caso, las solicitudes ingresadas para obtener una autorización de empleo.

También este departamento rechazará todas las solicitudes iniciadas de DACA, y solicitudes asociadas para los documentos de autorización de empleo presentados después de la fecha de este memorándum del día de hoy 5 de septiembre.

Se adjudicará individualmente caso por caso a solicitudes asociadas a documentos de autorización de empleo de beneficios.

Se rechazarán todas las solicitudes de revocación de DACA y las solicitudes asociadas para los documentos de autorización de empleo, presentados fuera de los parámetros específicos anteriormente".

Ustedes pueden ver esta declaratoria en la página de Homeland Security, vale la pena verla, para darle seguimiento a este tema.

Es cuanto, y esperemos, esperemos verdaderamente que nuestros colegas legisladores en Estados Unidos puedan actuar en consecuencia, con justicia por todos estos jóvenes.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Marcela Guerra.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

690 mil jóvenes mexicanos que se encuentran hoy estudiando en los Estados Unidos, de los cuales el 97 por ciento no sólo estudia, también trabaja; el 5 por ciento de estos 690 mil jóvenes mexicanos en Estados Unidos ya emprendieron su propio negocio, y hoy el racista, xenófobo y cruel Donald Trump ha decidido terminar con los sueños de estos 690 mil jóvenes mexicanos que se veían beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

El único pecado de estos 690 mil jóvenes mexicanos, es que sus padres decidieron llevarlos a los Estados Unidos cuando ellos aún eran muy pequeños. La mayoría no conoce más patria que los Estados Unidos, muchos ni siquiera hablan nuestro idioma; sin embargo, en los próximos meses muchos de ellos pueden enfrentar una deportación, es decir, no solamente Donald Trump termina con las posibilidades de estudiar, de trabajar o de crear algún negocio, sino que también puede regresarlos a una realidad que difícilmente puede darles las mismas oportunidades.

Esta decisión no solamente es cruel y discriminatoria, sino que también evidencia que Donald Trump no solamente es un mal Presidente para nuestra región, es un mal Presidente para el mundo; pero, sobre todo, es un mal Presidente para los Estados Unidos.

Con esta decisión Donald Trump termina con el posible crecimiento de 433.4 mil millones de dólares en el PIB estadounidense por los próximos diez años.

Hace apenas algunos meses Donald Trump reconocía a estos jóvenes, reconocía su talento, su entrega y, sobre todo, la capacidad que han demostrado en estos años bajo el programa DACA creado por el Presidente Barack Obama.

Para nosotros hoy nos tocan distintas tareas. Por supuesto, en primer lugar, condenar y reclamar que nuestros jóvenes no pueden ser utilizados como piñata electoral del xenófobo Donald Trump.

Trump ha utilizado a nuestro país como piñata electoral, nos ha llamado criminales y violadores; nos amenaza día tras día con terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; habla de muros y que nosotros lo pagaremos. Y con esta retórica apela a su electorado, el electorado que aplaude el racismo, la xenofobia y el aislamiento, justamente tres de las premisas que hoy el planeta si quiere vivir en paz no puede permitirse.

Es inaceptable que en el contexto que hoy estamos viviendo, hoy el último día de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hoy sea Donald Trump quien una vez más ataca a los mexicanos y, en este caso, a aquellos más vulnerables.

Por ello es indispensable, primero, que nosotros como Senadores y Senadoras de la República tengamos la mirada siempre clara en la protección de los más vulnerables, que levantemos la voz en la defensa de sus derechos humanos, que unamos nuestras manos y vayamos más allá de las diferencias y colores partidistas en la defensa de estos 690 mil jóvenes que requieren urgentemente del apoyo del Estado mexicano.

En segundo lugar, es muy importante que apostemos por la diplomacia parlamentaria, que hagamos un trabajo arduo y a conciencia con nuestros pares en Estados Unidos y el cabildeo de la manera más respetuosa, pero también urgente y responsable en favor de una verdadera reforma migratoria.

No se pueden politizar los derechos humanos como hoy pretende hacerlo Donald Trump.

En tercer lugar, también es muy importante hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se refuerce la protección consultar.

Es indispensable que hoy esté todo el personal de nuestros consulados atentos y decididos a la defensa de nuestros connacionales en una promoción activa donde conozcan sus derechos, donde los puedan ejercer y donde también de una forma más activa puedan involucrarse en sus comunidades.

En cuarto lugar, también resulta muy importante que la Secretaría de Gobernación, que ya cuenta con el Programa "Somos Mexicanos", pueda destinarles más recursos para una oportuna atención ante el posible incremento en los flujos de deportaciones y, por supuesto, asegurar su plena integración y desarrollo en nuestro país.

Quinto, hace apenas algunos meses votamos en este Senado de la República una reforma en materia educativa para buscar la correcta inserción de nuestros jóvenes que pudieran ser deportados.

Hoy es el momento más importante para que la Secretaría de Educación Pública implemente esta reforma, y por ello hacemos un llamado, sí muy respetuoso, pero también urgente.

Y, sexto, las políticas de repatriación no se pueden implementar únicamente en los albergues de la sociedad civil en la frontera, necesitamos que los estados y los municipios cuenten realmente con políticas de acogida, políticas que le ayuden a estos jóvenes, que muchos no han vivido en nuestro país, a poder encontrar una casa, un empleo, una escuela.

Parece que Donald Trump no se ha dado cuenta que decidió expulsar a los futuros cerebros de Estados Unidos; expulsa a 690 mil jóvenes mexicanos preparados, trabajadores, innovadores, emprendedores.

Por favor, seamos capaces en México, no sólo de abrirles la puerta, sino también de aprovechar su talento, su compromiso y su honestidad que Trump no está aprovechando y que bien nos hacen falta en nuestro país.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Cuevas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Sin duda que el debate que hoy nos congrega es fundamental para el país, por eso en nombre del grupo parlamentario de PT-Morena en este Senado, quiero exponer lo siguiente:

El debate, compañeras y compañeros, el debate no son los migrantes, el debate es la humanidad.

El golpe de Trump es contra el corazón de la humanidad porque preocupa de verdad el nivel de insensibilidad y cobardía al que ha llegado el gobierno de los Estados Unidos. Porque esta no es sólo una medida administrativa, esta es una medida humanitaria, y no ataca a los migrantes indocumentados, sino a los seres humanos sin etiquetas.

Nosotros decimos que debe haber reciprocidad y empatía, eso es lo que debemos exigir. Hay un principio, aquí lo sabemos, un principio de política internacional, que es el de reciprocidad internacional, debido al cual un estado concede a otro un trato semejante al que recibe de él.

Por eso digo que yo sería incapaz de pedir un trato semejante a los nacionales estadounidenses en todo el mundo; pero de lo que estoy seguro es que los americanos que hoy se encuentran fuera de su país están a favor y comprenden a los migrantes ofendidos, pues ellos son parte de eso.

Compañeras y compañeros, México no sólo debe condenar, sino debe liderar la condena internacional. La comunidad internacional debe unirse en estas horas difíciles, necesitamos que los gobiernos y organizaciones de otras partes del orbe se pronuncien con firmeza ante este atentado humanitario.

La migración no es un asunto privativo de Norteamérica, pero este nivel de cobardía sí lo es.

Por eso México debe pasar de la condena a las acciones diplomáticas concretas accionando los mecanismos de política internacional que tenga a la mano, sobre todo los relacionados con garantizar los derechos humanos.

Esta es una advertencia al mundo. Si Trump es capaz de expulsar a gente de bien de su país, entonces, puede ser capaz de todo.

Está cumpliendo los peores pronósticos, el pueblo de los Estados Unidos necesita también escuchar esta advertencia, porque los déspotas pierden la razón muy pronto, y así como reacciona, sin escrúpulos contra los extranjeros, tarde o temprano lo hacen contra sus propios ciudadanos.

Por eso, yo digo que también hay que hacer un llamado al pueblo de los Estados Unidos.

Los ciudadanos estadounidenses necesitan escuchar solidariamente. Llegó la hora de ser congruentes con los valores de libertad que han pregonado durante tantos años alrededor del mundo.

Una América grande es aquella que respeta a las personas sin importar su raza, pero Trump se empeña en colapsar a América una y otra vez.

Nos hemos enterado con gran preocupación, pero también con gran indignación de la decisión de Donald Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés.

DACA es un programa lanzado, ya se ha dicho aquí, durante la administración de Obama para evitar precisamente la deportación y otorgar permisos de trabajo a inmigrantes llevados a los Estados Unidos que sin su autorización, cuando eran niños.

Y se han hablado ya de las cifras, que este programa benefició a alrededor de 800 mil inmigrantes de los cuales el 80 por ciento es de origen mexicano.

Por lo tanto es importante subrayar, compañeros y compañeras un aspecto, los beneficiarios de DACA gozan de una importante aceptación de la sociedad norteamericana porque su situación migratoria se deriva de una circunstancia ajena a su voluntad, ya que se trata de gente que fue llevada a este territorio estadounidense desde edad muy corta.

El mensaje de Trump, del gobierno de Trump es claro, y por ello, compañeras y compañeros, exigimos una postura firme del gobierno mexicano, una postura distinta a la tibia lamentación que externó ante el anuncio de la cancelación del DACA.

Mientras por otro lado, se pone de rodillas en las mesas de la negociación del TLC o le hace el trabajo sucio en la OEA con el tema de Venezuela, aquí necesitamos una actitud distinta.

El gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto no puede seguir pidiéndole limosna a Trump, y menos ante esta clase de acciones que constituyen verdaderas agresiones en contra de la comunidad migrante y en contra de miles de personas de origen mexicano.

Yo espero, Senador Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros todos, que el pronunciamiento de rechazo contundente de este Senado sea la punta de lanza para una serie de acciones y defender a nuestros paisanos, a los migrantes, a la gente de origen mexicano que se fue allá sin que le pidieran su opinión, que ya tienen una vida hecha, y tienen derechos humanos que hay que hacer respetar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

En primer lugar, quiero agradecer la generosidad de las compañeras y compañeros Senadores del PRD por permitir incorporarme a su bancada, para la realización de la agenda parlamentaria en la que coincidimos, respetando mi filiación partidista del PT. Muchas gracias, compañeros.

DACA o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El programa DACA fue creado en el año 2012 con el fin de ayudar a los jóvenes migrantes que llegaron a los Estados Unidos sin documentos legales, por el presidente Barack Obama.

Este programa fue concebido para evitar las deportaciones de los jóvenes que cumplieran con los requisitos de poder comprobar el haber entrado a los Estados Unidos sin haber cumplido 16 años de edad, no tener antecedentes penales, y haber residido en los Estados Unidos de manera ininterrumpida.

Desde su campaña, Trump anunció que echaría abajo los dos programas de la administración Obama que favorecían a inmigrantes ilegales, uno de ellos nunca entró en efecto; mientras que el otro era el DACA.

De acuerdo a un comunicado emitido por el procurador de justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, la administración Trump anunció la terminación del programa, y que dejará de recibir nuevas solicitudes a partir del 5 de septiembre del corriente, a partir de ahora, y a lo largo de 6 meses comenzará la etapa de desarticulación del programa por completo. Esto deja en la incertidumbre jurídica a los cerca de 800 mil beneficiarios del programa federal.

Alrededor de 800 mil "dreamers", entre ellos, 622 mil 170 jóvenes indocumentados mexicanos, han podido vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportados, gracias al programa DACA.

Según la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios, los mexicanos representan un 79 por ciento de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA, es decir, al menos 622 mil 170 jóvenes indocumentados mexicanos se verán totalmente afectados por la decisión de Trump de eliminar el DACA.

Tras las declaraciones de Jeff Sessions, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión de la administración Trump, y anunció que por conducto del Embajador Gerónimo Gutiérrez, se han enviado cartas a Senadores y congresistas en donde se expone el valor de los jóvenes beneficiarios del DACA y se les exhorta a encontrar una solución que les brinde certidumbre jurídica.

También se anunció que el gobierno de México redoblará los esfuerzos para ofrecer protección a los jóvenes afectados, a través de la embajada y la red consular. Ahí se les otorgará asistencia consular y legal a todo quien lo solicite, así lo esperamos.

Estas acciones realizadas por Trump fomentarán las violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos que verán truncados no sólo sus sueños de una vida mejor, sino que tendrán que abandonar el país donde han llevado la mayor parte de su vida, simplemente por la visión xenófoba, fascista, de una crueldad enfermiza del personaje como es el actual presidente de los Estados Unidos.

Desde el Senado de la República condenamos este acto realizado por Donald Trump y demandamos al gobierno federal otorgar toda la protección necesaria a quienes se verán afectados por la eliminación del DACA.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Martha Palafox.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

En efecto, pues como ya todas mis compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la tribuna, el día de hoy es un día que lamentamos esta decisión adoptada por la administración del Presidente Trump, pero no hay que perder de vista cuál es el origen de esta decisión, porque es verdad, hay que señalar con toda claridad la postura de la administración del Presidente Trump y, particularmente, del Presidente Donald Trump.

Sin embargo, la decisión que hoy adopta la Casa Blanca está estrechamente relacionada con una amenaza que recibió el gobierno del Presidente Trump el 29 de junio de 2017, es una amenaza orquestada por el procurador del estado de Texas, apoyado por nueve procuradores de otros estados de los Estados Unidos, básicamente son Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia del Oeste, todos estos diez estados, estados ganados efectivamente por Donald Trump en las elecciones de 2016, pero se trató de una amenaza mediante la cual esos estados le exigieron a Donald Trump que diera por terminado el 5 de septiembre, es decir, hoy, el programa conocido como DACA. De lo contrario, la amenaza consistía en que llevarían este programa a un litigio ante una Corte de los Estados Unidos.

Esa es, desde luego, creo, la razón central de por qué esa decisión se toma hoy, sin subestimar, desde luego, las posturas esbozadas anteriormente por el Presidente Trump.

De acuerdo con cálculos de algunos especialistas, este programa hacía potencialmente elegibles acerca de 2 millones de jóvenes indocumentados que podrían haber aplicado al beneficio de estar protegidos temporalmente de deportación, sabemos, ya se han dado cifras aquí, de que cerca de 800 mil jóvenes se acogieron a este programa, de los cuales un poco más de 600 mil son mexicanos.

Ya hoy la Cancillería emitió un comunicado que yo celebro, del cual yo destacaría lo que ya está ofreciendo la Cancillería, la Embajada y la red consular, que es básicamente hacer una labor ante las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, llevar a cabo un diálogo con las autoridades que van a estar involucradas en las posibles medidas que se tengan que implementar en los siguientes seis meses, que es el espacio que dio el Presidente Trump, y una labor de protección básicamente a través de la asistencia consular y legal a los jóvenes que requieran del apoyo de nuestra red consular en los Estados Unidos.

Por eso, yo reconozco la disposición de la Cancillería y su postura para proteger con todos los recursos posibles o disponibles a los jóvenes que estén en situación de riesgo.

Ahora, lo que hizo el Presidente Trump el día de hoy, con la medida que adoptó, es abrir un espacio de seis meses para que el Congreso de los Estados Unidos resuelva esta cuestión, es una cuestión que hay que decirlo también, ha estado vigente o en discusión en el Congreso de los Estados Unidos desde 2001, cuando justamente, empezó a discutirse lo que hoy se conoce como la Dream Act.

Es una ley o una pieza legislativa, que en su momento fue aprobada en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el año 2010. Ese es uno de los instrumentos legislativos que hoy están ya aprobados, cuando menos por una de las Cámaras, hay otro que son dos iniciativas presentadas este mismo año, una en la Cámara de Representantes también, que es la conocida como la Ley para Reconocer a los Niños de América, o la Recognizing America's Children, desde marzo de 2007; y hay otra iniciativa que es la Dream Act de 2017, promovida por dos Senadores, un Senador del Partido Republicado, el Senador Lindsey Graham; y un Senador Demócrata que es el Senador Dick Durbin.

Estos tres instrumentos legislativos es muy importante que podamos nosotros, como ya lo dijo la Senadora Gabriela Cuevas, en esta tribuna, y como también lo dice la Cancillería en su comunicado, es muy importante que trabajemos desde el Congreso de México y, desde luego, la Cancillería, para que el Congreso de Estados Unidos solucione pronto este impasse legislativo que ha habido para poder llegar a una solución legislativa para los "dreamers".

De acuerdo con cifras del Migration Policy Institute de los Estados Unidos, la iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes en 2010, haría elegibles para residencia permanente, que es una característica que no ofrece el programa que hoy suspende el Presidente Trump, la residencia permanente, las tres iniciativas en discusión sí la ofrecen, la que ya está aprobada en la Cámara de Representantes ofrecería residencia permanente para potencialmente 233 mil personas ó 233 mil jóvenes.

La otra iniciativa presentada en marzo en la Cámara Baja haría elegibles a 938 mil jóvenes para residencia permanente.

Y la iniciativa presentada en julio en el Senado de los Estados Unidos, haría elegibles para residencia permanente a 1 millón 511 mil jóvenes.

Entonces, es muy importante que como legisladores de México, acompañando a la Cancillería, hagamos un trabajo de diálogo, de cabildeo con el Congreso de los Estados Unidos, para que puedan aprobar en este lapso de seis meses alguna de estas piezas legislativas, yo diría, de acuerdo a los números que he expresado, que desde mi punto de vista, la más adecuada sería la presentada recientemente en el Senado de los Estados Unidos.

No quiero terminar sin decir que es paradójico que el estado de Texas, un estado que ha vivido en los últimos días en la zozobra, particularmente en la ciudad de Houston, una situación donde hemos conocido dos extremos de la vida humana: uno, el heroísmo, representado a través de Jesús Contreras, un joven DACA, considerado ya un héroe en Estados Unidos por las labores de rescate que lo caracterizaron en estos días; y el otro extremo, el caso de Alonso Guillén, otro joven que decidió emprender labores de rescate, que lamentablemente falleció, es paradójico que Texas, que es donde se vive en estos momentos de zozobra, que han conocido momentos de heroísmo de estos jóvenes DACA, sea uno de los estados que haya promovido esta lamentable decisión.

Por eso, yo creo que hay que, por un lado, repudiar la política extremista que está adoptando el estado de Texas, hacer un reconocimiento a los jóvenes DACA mexicanos que participaron en las labores de rescate, destacar el heroísmo que ya señalé, de Jesús Contreras, y honrar la memoria de Alonso Guillén, quien falleció lamentablemente en estos días haciendo labores de rescate.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Gerardo Flores.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, pedirle respetuosamente la palabra, para hechos, para poder intervenir en este posicionamiento.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Permítame hacer la consulta, usted está registrado como Senador sin partido, ¿es correcto? ¿Es parte de un grupo parlamentario?

Le pediría que nos apegáramos a lo establecido en esta Mesa Directiva, de un pronunciamiento por cada uno de los grupos parlamentarios, es el Acuerdo que se tomó en la Mesa Directiva, es el Acuerdo que se tomó con los coordinadores parlamentarios, y le pediría que lo pudiéramos respetar, Senador. Gracias, Senador.

Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo apelo al derecho que tengo como parlamentario, de hacer uso de la palabra en un asunto tan delicado como éste que estamos tratando.

Los Acuerdos, es cierto que tenemos que honrarlos; sin embargo, sí le solicito respetuosamente que me autorice hacer uso de la tribuna con base a eso, soy un parlamentario y quiero fijar mi posición con respecto a este tema.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Demédicis.

En virtud de que yo creo que somos muchos los que nos gustaría expresar nuestro desacuerdo y nuestra enérgica protesta por esta decisión unilateral en Estados Unidos, que lastima a tantos jóvenes talentosos mexicanos, les propongo algo, que nos entreguen sus participaciones y que se integren al Diario de los Debates y nos permitan y podamos respetar el tema de los posicionamientos pactados con los coordinadores parlamentarios de antemano.

Les pediría que hiciéramos un esfuerzo y me entregaran algo por escrito y lo integramos al Diario de los Debates, para que quede constancia, y no sólo a los dos Senadores que han pedido el uso de la voz, sino a cualquier Senador que así desee hacerlo, se integre en el Diario de los Debates el posicionamiento de cada uno de los Senadores.

Adelante, Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Perdóneme que insista.

Quiero fijar mi posición, y le ruego que respete mi derecho como parlamentario, de hacer uso de la tribuna

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, una respetuosísima sugerencia.

¿Por qué no consulta si hay más interés por parte de más Senadores, y así poder evaluar cuánto tiempo más nos llevaría esto y atender su propuesta, o que nos dieran la oportunidad de participar tres minutos?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece una propuesta razonable, Senador Delgado.

Por favor, ¿hay alguien más que quiera hacer uso de la tribuna?

Podríamos hacer una excepción al Acuerdo que se había establecido, en atención al gran interés que ustedes tienen. Y les pediría si pueden circunscribir su participación a no más de tres minutos.

Senador Demédicis, ¿seguro?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy amable.

Senador Mario Delgado, por favor haga uso de la tribuna.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.

Hace poco más de un año, hace menos de una semana que se cumplió un año de aquella visita de Donald Trump a Los Pinos, que marcó en definitiva la relación del actual presidente de los Estados Unidos con nuestro país.

La debilidad que percibió en aquella visita nos está costando muy caro. Y estamos ante el puro estilo Trump. Que no se nos olvide, vino a México y se regresó a decir que había acordado con el Presidente que iba a pagar el muro.

La primera visita de Videgaray a los Estados Unidos, lo recibe con un tweet, confirmando la construcción del muro, lo mismo en la reunión del G20. Inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y los funcionarios americanos reciben a los funcionarios mexicanos con un discurso agresivo.

Y hoy, como lo señalaba la Senadora Gabriela Cuevas, hoy que termina la segunda ronda de negociaciones, que está aquí Robert Lighthizer, nos vuelve a dar una puñalada Trump, por la espalda.

Lo que no podemos aquí es separar dos realidades, por un lado, el gobierno mexicano en la mejor disposición en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, esta constante del gobierno americano de hacerle daño a México.

En esta ocasión son jóvenes que estudian y trabajan en los Estados Unidos, que lo único que quieren es cumplir su sueño, de tener éxito en la vida, contribuyendo a ese país.

Me parece que es una medida artera, ventajosa y muy lamentable por parte del Presidente Trump. Pero ante la falta de respuesta, ante un gobierno que se ha visto débil, pues se envalentona y hace este tipo de medidas.

Entonces, ¿qué creo que debería ocurrir? Pues que no veamos hoy en la noche abrazos y felicitaciones y caras felices, al término de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Debe haber un pronunciamiento fuerte por parte del gobierno, porque ésta es la conclusión de la segunda ronda, es la confirmación de una relación que va a ser muy difícil con este presidente, y que vuelve a apuñalar a México por la espalda en un momento importante.

Ésta es la conclusión de la segunda ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la suspensión de DACA por parte del Presidente Trump; tiene que haber una respuesta del gobierno mexicano.

¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que pedirle al Congreso americano que avance en esa ley. Pero también creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, qué podemos hacer como país, o qué país somos si no somos capaces de recibir a 690 mil jóvenes que tienen un promedio de educación por encima de los jóvenes mexicanos.

¿Qué, acaso no podemos establecer un plan entre el gobierno y las empresas mexicanas para recibirlos? ¿Por qué no aprovechar su talento? Para otros países sería un gran regalo recibir a jóvenes con esta preparación, que hablan inglés y que tienen una carrera.

También volteemos a ver a nosotros mismos. Puede ser éste el símbolo para que rescatemos a esta generación de jóvenes en México, los que no se ven, los que no tienen empleos, los que están mal pagados, los que no tienen acceso a las comunicaciones, al crédito y son las víctimas de la violencia.

¡Qué bueno que condenemos a Trump!, pero hay que ver lo que nosotros estamos haciendo, y la falta que tiene este país con la mayor generación de jóvenes que hemos tenido en nuestra historia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Delgado.

Aprovechando el paso del Senador Demédicis a la tribuna, quiero aprovechar para dar la cordial bienvenida a un grupo de regidores de diferentes municipios del estado de Morelos, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, es un gusto para el Senado contar con su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Senador Demédicis, tiene usted el uso de la palabra, hasta por tres minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente.

En este momento me alegro de haber depositado mi confianza en usted, para hacer valer el derecho sagrado de un parlamentario de decir su palabra.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

No estamos discutiendo un tema común y corriente, estamos discutiendo un tema de una provocación de un país a otro país en un momento en que se está discutiendo un Tratado de Libre Comercio, Trump está midiendo el temple del gobierno de México, depende de la reacción que tenga el gobierno de México frente a este atentado contra los soñadores que viven en Estados Unidos, pues será el resultado que tengamos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Estos jóvenes que ni la deben ni la temen, se encuadran dentro de ese lenguaje soez, agresivo, irrespetuoso de toda cortesía del derecho internacional, al tratarlos como delincuentes. Dentro de seis meses serán eso, sólo indocumentados que no van a encontrar refugio donde actualmente tienen su vida hecha.

Vamos a ver si el gobierno del Presidente Peña Nieto da la cara por sus gobernados. O vamos a ver si Peña Nieto nuevamente dobla las manos ante una agresión del Presidente Trump y hasta le da las gracias por lo que hizo. De ese tamaño es lo que Trump está provocando.

Peña Nieto que haga lo que quiera, porque nunca ha dado la cara por los mexicanos.

¿Cuántos muertos hemos tenido?

¿Cuántos deportados?

Pero el Senado no puede convertirse en cómplice de esta felonía. Tenemos no sólo que condenar el hecho, sino señalar que el Senado mexicano no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio, si uno sólo de estos jóvenes es expulsado de ese país.

Tenemos que demostrarle al pueblo de México que si no cuenta con un Presidente digno, sí cuenta con un Senado a la altura de las circunstancias, porque finalmente el Tratado de Libre Comercio tendrá que pasar por aquí.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

No podemos ser cómplices de esta medida racista de este presidente fascista.

Tenemos una obligación, y hay que cumplirla. Sacar la cara por este grupo de soñadores que quieren, que quieren tener una vida digna, y este individuo, que todos detestamos, pero que pocos hemos decidido dar la cara, no permitamos que se salga con la suya.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Demédicis.

Agotada la lista de oradores, daré lectura al pronunciamiento que la Mesa Directiva presenta a su consideración sobre este asunto.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Rabindranath Salazar.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para un recordatorio, si es tan amable, para que quede en el Acta. Un servidor presentó una iniciativa de ley en abril del año 2013, que se denomina: "Ley de Atención y Protección a Mexicanas y Mexicanos en el Exterior", y esto tiene que ver mucho con este debate.

Más allá del tema de Trump, que por supuesto es una persona que demuestra su falta de calidad como ser humano y su ignorancia al no reconocer la aportación que han hecho los mexicanos y los latinoamericanos para la construcción de esa nación, fuera de todo esto, ¿qué estamos haciendo los mexicanos?

Y en ese sentido, recordarles que fue turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos para el dictamen y aprobación.

Entonces, un recordatorio muy atento, que quede en actas, para que retomemos esta ley que es, sin duda, un instrumento jurídico para apoyar a los más de 11 millones de compatriotas que, lamentablemente, por necesidad, han tenido que emigrar al hermano país del norte.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Salazar Solorio. Su recordatorio será atendido y traducido en una excitativa de la Mesa Directiva para la dictaminación en las comisiones correspondientes.

Se inserta intervención de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ahora si, vamos con el pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que ha sido aprobado.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el pronunciamiento sobre la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Comuníquese.






Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del segundo año de ejercicio)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a reconsiderar la decisión de trasladar Radio Opus 102 FM al 1510 de AM. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a respetar los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en el territorio nacional. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides y de la agenda política se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer Indígena”.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena

El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, ocasión en la que se rinde homenaje a todas las mujeres indígenas originarias que dan su vida por sus familias y a las que se entregan en cuerpo y alma. El origen del Día de la Mujer Indígena se remonta al Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en el que se realizó un homenaje a Bartolina Sisa, una mujer valiente que luchó oponiéndose a la opresión de los conquistadores.1

La conmemoración de este día sirve para enseñar al mundo la situación de estas poblaciones y para que los gobiernos hagan conciencia de cómo viven estas personas, se acaben las exclusiones y tengan los mismos derechos y oportunidades de vivir y desarrollarse en el mundo como cualquier otro ciudadano.

A partir de la Encuesta Intercensal aplicada en México en el año 2015 se cuantifica un total de población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, de éstas, 6 millones 146 mil 479 son mujeres y 5 millones 879 mil 468 son hombres. En la distribución de la población indígena a nivel geográfico en números absolutos de cada 100 personas indígenas, 75 se concentran en las siguientes entidades federativas: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero e Hidalgo.

La Encuesta Intercensal 2015 también estima que dentro de la población rural de México, existen un total de 3 millones 141 mujeres y 3 millones 9 mil hombres, es decir, que por cada 100 mujeres hay 95.8 hombres y de aquéllas el 11.6% no percibe ingresos, 32% gana un ingreso menor a un salario mínimo, 28% de 1 a 2 salarios mínimos y 16% percibe más de 2 salarios mínimos.2

El Día Internacional de la Mujer Indígena es ocasión propicia para refrendar mi compromiso con el impulso de iniciativas, con perspectiva de género, que fomenten el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 http://www.dia-de.com/mujer-indigena/

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178101/2016_12_27_MAT_cndpi10a-PAEI.pdf






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Beneficencia”.

“La caridad es un deber; la elección de la forma, un derecho.”
Concepción Arenal (1820-1893).
Escritora y socióloga española.

La beneficencia, vista de una manera sencilla, consiste en una forma de dar o ayudar, actuar de modo dirigido a propiciar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos o grupos vulnerables.

Constituye una alta y valiosa expresión de la solidaridad y la cooperación, generalmente destinada a las personas más pobres o en alguna situación de crisis humanitaria.

De acuerdo con Naciones Unidas (ONU), la beneficencia, junto con el voluntariado y la filantropía, “constituye una verdadera vinculación social y contribuye a la creación de sociedades inclusivas y resistentes al permitir aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención a la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia”.

Por ello, como un reconocimiento del papel de la caridad para mitigar el sufrimiento humano, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 5 de septiembre de cada año como “Día Internacional de la Beneficencia”.

La fecha fue elegida para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, el 5 de septiembre de 1997.

Una efeméride propicia para recordar la necesidad de practicar el apoyo y solidaridad a las personas más necesitadas, como un deber humano y un camino en la que la caridad y la justicia se fusionen.

Un sincero reconocimiento muy especial a todos aquellos que practican la virtud del apoyo voluntario y desinteresado, como hábito de vida en favor de los más necesitados.

Dado en la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 48 Aniversario de la Inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México.

EFEMÉRIDE

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT-Metro) fue inaugurado el 4 septiembre de 1969, con una línea de 12.7 kilómetros y 16 estaciones. Desde entonces pretendía constituirse en la columna vertebral del transporte y mitigar el exagerado auge del vehículo automotor privado.

La idea comenzó en 1950, cuando el tráfico comenzaba a incrementarse y el sistema del autobús no era suficiente para cubrir todas las demandas de las personas que vivían fuera de la ciudad. En aquel entonces, como hoy, no se trató sólo del viajar en el más moderno sistema colectivo, sino de generar condiciones para una movilidad integral, ágil, segura, accesible, sustentable e incluyente, como sinónimo de incremento en la calidad de vida de todas las personas.

A la fecha, este lunes 4 de septiembre se conmemora el 48 aniversario de la inauguración de esa primera línea del Metro. Una oportunidad para recordar la necesidad de priorizar mejores esquemas de movilidad urbana, como el propio Sistema Metro, que de alguna manera simboliza la equidad en la inversión pública y el modelo de transporte capaz de contribuir a la recuperación de la inclusión social, la reducción de la desigualdad y vulnerabilidad de las personas, además de sus aportaciones en materia energética y medioambiental.

Modelo que también celebro se replique en otros lugares, como reconocimiento a la preeminencia que el transporte público colectivo y el alterno no motorizado tienen en el nuevo paradigma de la movilidad que habrá de impulsarse en nuestro país.

Por las razones dadas, En el marco del 48 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el 4 de septiembre, hago propicia la ocasión para reiterar la necesidad de lograr sistemas de transporte público capaces de satisfacer la mayoría de las funciones sociales relacionadas con la movilidad de las personas, de una manera eficiente, económica, segura, con menos contaminación, consumo de energía y por ende, capaz de ofrecer una opción preferible al automóvil particular.

Sin duda, un componente que habrá de persistir en los futuros esquemas de movilidad urbana en México.

Dado en la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 2017.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Mujer Indígena”.

EFEMÉRIDE

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Las mujeres indígenas son las fortalezas y puntales de nuestras comunidades; gracias a ellas nuestras culturas han sobrevivido y ahora se fortalecen.

Han sido gestoras en las luchas históricas de los pueblos de América; han insinuado y fomentado el espíritu de trasformación en sus hombres y sus hijos; muchas de ellas han encabezado gestas libertarias.

Gracias a esa voluntad y esas fortalezas, los pueblos indígenas americanos tienen futuro y viven el presente en la consolidación de sus derechos y libertades.

No siempre fue así. La lucha por reclamar su libertad y su derecho a conservar sus culturas, tradiciones, lenguas y territorios los y las llevó al suplicio y al martirio.

Ese fue el caso de Bartolina Sisa, una indígena aymará, quien al estallar la insurgencia aymará-quechua fue una de quienes la encabezaron y fue jefa de batallones indígenas que pusieron en jaque al ejército español, hasta que fue capturada y ejecutada el 5 de septiembre de 1782.

En su honor, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, reunido en Tihuanacu, Bolivia, el 5 de septiembre de 1983, se instauró el Día Internacional de la Mujer Indígena.

Bartolina Sisa nació el 24 de agosto de 1753, en Sullkawi del Ayllu, Bolivia; junto a sus padres, que se dedicaban al comercio de la hoja de coca, pudo vivir en carne propia los atropellos que soportaban las poblaciones indígenas de la época.

Casó con el caudillo Tupac Katari y, juntos con Túpac Amaro II y su esposa Micaela Bastidas, organizaron la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el imperio español, en el Cuzco, Perú.

En mayo de 1781, el ejército aymará de Bartolina peleó por conquistar La Paz; ahí, ella fue capturada por el general realista Sebastián Segurola  y condenada a muerte con la siguiente sentencia:

“A Bartolina Sisa Mujer del Feroz Julián Apaza o Tupaj Catari, en pena ordinaria de Suplicio, que sea sacada del Cuartel a la Plaza mayor atada a la cola de un Caballo, con una soga al cuello y plumas, un aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano y conducida por la voz del pregonero a la Horca hasta que muera, y después se clave su cabeza y manos en Picotas con el rótulo correspondiente, para el escarmiento público en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro, y Pampajasi donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas; y después de días se conduzca la cabeza a los pueblos deAyo-ayo y Sapahagui en la Provincia de Sica-sica, con orden para que se quemen después de un tiempo y se arrojen las cenizas al aire, donde estime convenir”. 1

Finalmente, Bartolina Sisa fue torturada, ahorcada y descuartizada. Eran los tiempos de la barbarie.

Como Bartolina Sisa, hoy muchas mujeres indígenas luchan de liberación de sus pueblos, contra el racismo y la exclusión étnico-cultural. Por eso ella es una referente de la gran aportación de las mujeres indígenas a la cultura mundial, de sus aspiraciones y sus esperanzas.

Muchas de ellas reconocidas en nuestra Constitución política, la que establece en su artículo 2° la composición pluricultural de la nación “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” y en la fracción V señala:

“Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo…favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria”.2

A pesar de todo ello, de la larga lucha histórica y de los reconocimientos constitucionales, sobre las mujeres indígenas pesa todavía la carga de la desigualdad y la discriminación.

He denunciado, porque así lo he visto, que en muchas ocasiones, quienes dicen defender a las mujeres indígenas lo hacen sólo para fortalecer su presencia política o para ser políticamente correctos, porque en su vida diaria su actitud es de menosprecio para las indígenas de carne y hueso.

Celebrar este Día Internacional de la Mujer Indígena implica asumir el compromiso de lograr su igualdad sustantiva, con acciones positivas que las acerquen a los avances nacionales, sin que pierdan sus identidades culturales.

Hacer de ellas partícipes plenas de la responsabilidad del desarrollo de sus pueblos, con bases en sus propias concepciones y características, pero también darles posibilidades de participación y decisión, desde la integración de sus asambleas comunitarias, hasta acceder en paridad con los varones en los cargos de sus localidades, pero también en los órganos de gobierno regionales, estatales y nacionales.

Esos son algunos de los compromisos que, por lo menos, debemos asumir para celebrar responsable y dignamente esta fecha.

Hacernos solidarios con sus sueños y compartir la sororidad que debe prevalecer entre todas las mujeres, pero especialmente entre las indígenas.

A eso debemos comprometernos, por eso debemos de luchar, no sólo hoy, sino para hacer de todos los días el Día Internacional de la Mujer Indígena.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.


1http://educacionsantacruz.gov.ar/images/EIB/material_para_docentes/MEIB_5_de_Septiembre
_Dia_Internacional_de_la_Mujer_Originaria.pdf(consultado el 1 de septiembre de 2017).

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consultado el 1 de septiembre de 2017).






Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 151 aniversario de la Batalla de Juchitán contra el Ejército Imperial Francés.

EFEMÉRIDE

CLI ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE JUCHITÁN CONTRA EL EJÉRCITO IMPERIAL FRANCÉS.

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En 1866, y tras cuatro largos años de guerra colonial, parecía que el ejército imperial francés había llegado para quedarse en tierras mexicanas e imponer a un rubio emperador a los millones de morenos mexicanos que habitaban la república.

A eso nos había conducido el interés de un pequeño grupo de mexicanos que seguían viendo la historia patria con los ojos puestos en los privilegios que el imperio español había puesto en sus manos.

Para conservar esos privilegios y canonjías, un grupo de supuestos notables mexicanos viajaron a París a convencer a Napoleón III sobre las bondades de un imperio en América y, después de sus negociaciones, ofrecieron a Maximiliano de Habsburgo la corona imperial en el castillo de Miramar.

Era 1862 e iniciaba una larga y cruenta guerra que llevó al presidente Benito Juárez a recorrer todos los caminos de México, hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, antes de iniciar el regreso que lo llevó de nueva cuenta al Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

El ejército mexicano era de chinacos, indígenas y mestizos, campesinos en su mayoría, que enfrentaban a un ejército profesional que había luchado y vencido en muchas partes del mundo, para afianzar un imperio, el francés.

En 1866 parecía que controlaban México y que los conservadores mexicanos habían concretado su venganza por la derrota en la Guerra de Reforma.

En esos momentos de triunfo, allá en el sur de México, en la planicie costera del Istmo de Oaxaca, se prendió una chispa que desencadenó una tormenta de triunfos que llevaría al general Porfirio Díaz a reconquistar Puebla y después la Ciudad de México.

El 5 de septiembre de 1866, en la laguna de Biahuidó, unos kilómetros al poniente de Juchitán, un batallón francés se empantanó y fue derrotado en toda la línea por un conglomerado de indígenas mal armados, pero insuflados por el coraje de la defensa de su patria y su voluntad de ser libres.

No vencieron a cualquier destacamento del ejército conservador, el batallón derrotado en su nombre llevaba su fama, se hacían llamar la Cola del Diablo y estaban conformados por soldados franceses, húngaros y algunos mexicanos; eran terribles y temerarios, pero pudo más el honor y la justica que inflamaba el espíritu de los istmeños, que la tecnología bélica y la organización militar de los invasores.

Ese enfrentamiento se conoce con el nombre de la Batalla de Juchitán y el grueso de la tropa eran de ese pueblo zapoteco, pero juntos estuvieron soldados de El Espinal, los hombres de los barrios de Tehuantepec, especialmente los de Xihui y San Blas Atempa, así como la gente de Ixtepec, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro y un grupo de chiapanecos, comandados por Francisco “Pancho” León, el mismo que años después construiría el palacio municipal de Juchitán.

En la batalla destacaron, de Juchitán, Albino Jiménez, “BinuGada”; Anastasio Castillo, Rufino Pineda, Pedro Gallegos, Mariano Martínez, Albino y Felipe López Lena. De los pueblos vecinos se recuerda a Primo y Norberto Rasgado, de Ixtaltepec; Marcos y Amós Matus, y Francisco Cortés, de San Blas Atempa; Ortega y Benítez de El Espinal; el dominico Fray Mauricio López, de Ixtepec; Crisóforo Canseco, de la ciudad de Oaxaca; Benigno y Zabulón Cartas, de Tehuantepec.

Pero, a decir verdad, en la batalla del 5 de septiembre de 1866 brillaron estratégicamente las mujeres de Juchitán, entre ellas las hermanas María Inés, Rosalía, Patricia y Simona Robles, Paulina Vázquez, María “Tachu’” y Petrona Esteva, la heroína de nuestra historia regional, “TonaTaati’”.

Fueron ellas, en la madrugada del 5 de septiembre, cuando el desánimo cundía entre las tropas irregulares de la república, en la voz de TonaTaati, las que incitaron al triunfo, con la arenga que pudo estar en boca de una romana en la época clásica.

“¿Qué dicen pues? —dijo furiosa Tona Taati a los desanimados soldados republicanos que conocían la noticia de la llegada de los franceses a las abandonadas cabañas de Juchitán—, ¿qué no les ganaron en Puebla? Si tienen miedo, préstennos las armas, pónganse nuestras enaguas y verán si los derrotamos o no”.

“¿Xhinaatu pue, ñe cadi ma gudiiñetu laacabe Puebla la? Pacadxibitu, latanee xquibatuca laadu, ne lagaacu xpizudidu, ti gu’yatu pa zaguiñedu laacabe o co’”, dijo en lengua za.

Lo que siguió lo sabemos todos en el Istmo de Tehuantepec. Los hombres armados con machetes, hachas, palos y uno que otro viejo fusil, las mujeres con hondas y piedras, se abalanzaron sobre las tropas invasoras, quienes, tras una inicial resistencia resolvieron regresar a Tehuantepec, pero por el camino equivocado, los pantanos de Biahuido’, donde se atascaron con sus tres cañones que sirvieron para las siguientes batallas y triunfos de Miahuatlán y luego La Carbonera, y hasta hoy se exhiben en Juchitán, Oaxaca, desafiando a la posteridad.

Ahí están las piezas francesas, al pie de una escultura de estilo contemporáneo, con una bella águila junto a la figura de Benito Juárez; a la derecha se simboliza a la agricultura y una antorcha representando a la libertad; del lado opuesto, está la familia y la educación.

El monumento conmemora la unión de los pueblos del Istmo para derrotar al que parecía un enemigo invencible.

En estos 151 años de esta memorable batalla, la rememoramos y celebramos, como ejemplo para las futuras generaciones, para que todos sepamos que, cuando por la patria se lucha, no hay obstáculos insuperables.

Atentamente

Sen. Jorge Toledo Luis.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 155 aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 155 aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza.

Hoy conmemoramos el centésimo quincuagésimo quinto aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza, distinguido mexicano que es reconocido por sus notables aportaciones en favor de la defensa de la soberanía nacional en la heroica batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

El marco de esta conmemoración, es propicio para hacer una breve pero sustancial remembranza de los principales acontecimientos en la vida de este prócer de la patria, cuyos padres fueron Miguel G. Zaragoza y María de J. Seguín. Nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu, Texas (cuando aún era territorio nacional) y falleció el 8 de septiembre de 1862 en Puebla a causa de una fiebre tifoidea.

Realizó sus primeros estudios en Matamoros y después ingresó a la secundaria en el Colegio Seminario de Monterrey. Su disciplina castrense la obtuvo desde el seno familiar por lo que en la adolescencia intentó alistarse en el ejército pero al ser rechazado se dedicó al comercio hasta 1853, año en el que ingresó a la Guardia Nacional de Nuevo León con el grado de sargento primero.

El General Ignacio Zaragoza se distinguió por ser un ferviente, permanente e incansable defensor de las instituciones republicanas de nuestro país, prueba de ello es que luchó arduamente para hacer posible la proclamación del Plan de Ayutla, defendió la Constitución de 1857 cuando el entonces presidente Ignacio Comonfort pretendió desconocerla, se desempeñó con excelencia en el Ministerio de Guerra, encabezó el Ejército de oriente y dirigió a la tropas que se erigieron con el triunfo en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

En 1853 se alistó como sargento en Nuevo León, en la Guardia Nacional, y más tarde se incorporó al ejército regular como capitán. En 1854, al levantarse en armas con cien hombres, contribuyó a que Juan N. Álvarez pudiera proclamar el Plan de Ayutla, con el que se buscaba terminar con la dictadura de Antonio López de Santa Anna.

En 1860 tuvo una férrea defensa de la Constitución de 1857. En esta etapa destaca su participación en la batalla de Calpulalpan, donde hizo frente a fuerzas conservadoras, a las que venció con facilidad y gracias a un valeroso contraataque, los liberales pusieron fin a la Guerra de Reforma con lo que se pudieron instaurar las bases de un nuevo sistema republicano.

Durante el mandato de Benito Juárez, el General Zaragoza fue reconocido por su capacidad estratégica, valor, liderazgo, lealtad y patriotismo. Por ello, después de que Juárez decretó una moratoria y suspensión de los pagos de la deuda externa, el 5 de mayo de 1862 su carrera alcanzó su mayor plenitud.

Ocupó diversos cargos, entre los que destacan los de Ministro de Guerra y Marina del gabinete, donde se enfrentó a las fuerzas francesas, las cuales habían invadido México con la pretensión de imponer a Maximiliano de Habsburgo. Sobresale que en abril de 1862 dirigió las tropas que combatieron al ejército francés en las Cumbres de Acultzingo, impidiendo su incursión a la ciudad de Puebla.

En esta Batalla emblemática dentro de la historia de México, el General Ignacio Zaragoza dirigió a sus soldados un mensaje que trascendió en el tiempo y que a la letra decía: “Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria”, lo que fortaleció el nacionalismo y el compromiso de sus tropas.

La euforia provocada por el liderazgo de Zaragoza fue complementada con una brillante estrategia que se ejecutó en dos frentes, por un lado, Miguel Negrete, y por el otro lado, Felipe Berriozabal, al tiempo que el General Zaragoza gritaba con firme convicción, “tras ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro”.

De esta manera se logró materializar una de las gestas heroicas más importantes y simbólicas de México, aquél día nuestras fuerzas armadas se impusieron al entonces considerado ejército más poderoso del mundo. En consecuencia, dicha batalla se puede sintetizar con esta frase: “las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza”.

Desafortunadamente, de manera prematura, meses después el General Ignacio Zaragoza falleció el 8 de septiembre de 1862 a causa de fiebre tifoidea, dejando un legado extraordinario que se caracteriza por su permanente defensa de las causas liberales y el combate incesante en contra de las fuerzas que buscaban limitar las libertades en México.






AGENDA POLÍTICA

Del grupo parlamentario del PVEM, para referirse a la situación política en Venezuela.

(No se registran intervenciones)






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 7 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:51 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2926&lg=63&anio=3