Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 16 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 18



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 23 de Agosto de 2017

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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

APERTURA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: (11:54 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Señores y señoras legisladores, conforme al registro de asistencia electrónico, se ha acreditado la asistencia de 30 compañeros legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

LISTA DE ASISTENCIA



Señora Presidenta, se tiene un registro de 37 legisladores que han pasado asistencia personalmente ante esta Secretaría. Hay quórum

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del día de hoy miércoles 23 de agosto de 2017, correspondiente al receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Compañeras y compañeros legisladores, comparto con ustedes que el día de hoy es cumpleaños de nuestro Coordinador, el Senador Emilio Gamboa Patrón. Tenga usted muchas bendiciones hoy en su cumpleaños. Reciba una felicitación a nombre de la Comisión Permanente.

El Orden del Día está disponible, para su consulta, en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y siete minutos del miércoles dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, con una asistencia de veinticinco legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el martes ocho de agosto de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 23 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia, los días 29 y 30 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período abril-junio de 2017, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2017.- Se remitió a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe Semestral de Actividades de 2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2017, desagregada por tipo de fondo, de Acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Pronunciamiento sobre el Derecho de las Personas Procesadas y Sentenciadas Penalmente a una Identificación con Validez Oficial.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su Informe semestral de actividades del período enero a junio de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Gobernación y de Población de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del gobierno del estado de Zacatecas, oficios con los que remite 2 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada del 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, el informe de su participación en el Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los días 6 y 7 de junio de 2017, en París, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Luis Sánchez Jiménez, el informe de la participación de la delegación del Senado mexicano en la “Primera reunión del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos de las Interparlamentarias México-Cuba”, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de junio de 2017, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación mexicana ante la reunión de directivas del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el informe de actividades de dicha reunión, celebrada el 10 de abril de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, los informes de sus participaciones en:

• Un Programa Bilateral de Alto Nivel, enmarcado en la celebración del Año Dual, realizado los días 22 y 23 de octubre de 2015, en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

• La Convención Nacional IMEF, celebrada el 18 de noviembre de 2015, en Cancún Quintana Roo y

• La VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada del 2 al 4 de diciembre de 2015, en Lima, Perú.

Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el informe de su participación en el Foro Político del Ato Niel sobre Desarrollo Sostenible, realizado en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos de América, del 17 al 19 de julio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Andrea García García, el informe de su participación en Mesa Redonda de Alto Nivel del Foro Global de Mujeres Parlamentarias “Digitalización: Por un futuro digitalizado” celebrada los días 5 y 6 de abril de 2017, en Düsseldorf, Alemania.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Cristina Díaz Salazar, el informe de su participación en el Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a cabo los 5 al 7 de junio de 2017, en París, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 16 de agosto de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 127 Bis, 127 Ter, 127 Quáter y 127 Quintus a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el día 3 de septiembre como el Día de los Caídos en Servicio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones I y III del artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Lía Limón García, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las facciones IV y IX del artículo 7; y la fracción VII del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Jesús Priego Calva, a nombre de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29; y se deroga el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre los actos de odio cometidos en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública a definir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de policía de las entidades federativas.

2. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de la Ciudad de México a vigilar el cumplimiento de las normas ambientales a fin de evitar que se dañen los terrenos del Ejido San Francisco Tlaltenco, y en las riberas de la Ciénaga de Tláhuac.

3. Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe respecto del cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de incineración de basura con relación a la construcción de la planta de termovalorización de basura.

4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar de los avances en capacitación de las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial en la Ciudad de México; y a informar de los avances en materia de capacitación y mejoramiento de los centros penitenciarios y programas de preliberación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016.

5. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar un análisis de los Decretos que en su caso apruebe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, a efecto de que dicha normatividad cumpla con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Que exhorta al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Nayarit a observar el cumplimento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendiendo al principio de máxima publicidad y acceso a la información pública en su portal electrónico.

7. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de sus preferencias sexuales o de género.

8. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar los protocolos de actuación ante casos de emergencias y garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de dicho Sistema.

9. Que exhorta al gobierno de Michoacán a informar sobre los avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

10. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar y, en su caso, considerar modificaciones al reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal, a fin de brindar certeza jurídica para su funcionamiento y coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social.

11. Que exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a evaluar y considerar la restauración y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando”, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

12. Que exhorta a los congresos locales a concretar la armonización de sus constituciones en materia de derechos humanos, de conformidad la reforma constitucional de junio de 2011, en aquellos casos en los que no se hayan realizado las adecuaciones mandatadas.

13. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a remitir un informe sobre los hechos ocurridos el 21 de julio de 2017, en los alrededores de la cervecera Constellations Brands.

14. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a formular e implementar políticas de prevención y combate a los delitos, con mayor énfasis en aquellos municipios que reportan incidencia delictiva alta conforme a los reportes emitidos por el INEGI.

15. Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la incidencia delictiva en la Ciudad de México y los acontecimientos suscitados en la Delegación Tláhuac.

16. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa al cobro de fotomultas en la Ciudad de México.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los dieciséis dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiocho dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los Acuerdos alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, en el marco de su visita oficial a México los pasados días 5 a 7 de julio.

2. Por el que se dan por atendidas 6 proposiciones sobre abasto de medicamentos, derecho a la salud, el pueblo wixárika, violencia de género y adicciones.
3. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones en torno a las denuncias de espionaje presuntamente realizadas a través del malware conocido como Pegasus, presentadas por periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos.

4. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones adoptadas para la mejora de la prestación de los servicios de inmunización a nivel nacional.

5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar con las medidas de fortalecimiento del Programa Nacional de Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo básico, así como la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela.

6. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instrumentar acciones que promuevan el empleo temporal entre jóvenes estudiantes de educación media superior y superior, durante las vacaciones de verano 2017.

7. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el anuncio de la construcción de un muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de América, así como la aprobación de recursos por la Cámara de Representantes para tal efecto; asimismo, remite a las Cámaras del Congreso de la Unión la propuesta para que presenten argumentos ante las instancias respectivas de los Estados Unidos para rechazar cualquier financiamiento en la construcción de un muro fronterizo entre ambas naciones.

8. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a adoptar las medidas de vigilancia y fomento sanitario, además de las que consideren necesarias, a efecto de atender la contaminación de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, Jalisco y garanticen el consumo de agua potable.

9. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la aprobación de una ley para prevenir y castigar todas las violencias contra las mujeres en Túnez y envía una felicitación al Parlamento y pueblo de esa Nación por el avance en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.

10. Por el que se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia un informe sobre la situación que guardan los albergues y casas hogar, públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, así como de las acciones para restituir los derechos de ese sector de la población.

11. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a continuar y fortalecer las acciones que dan cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

12. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado que guarda el Programa de Orientación Educativa.

13. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere la posibilidad de asignar recursos adicionales al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

14. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar las acciones necesarias para sancionar los actos de discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez.

15. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre el Seguro Popular, el caso de los albergues “Ciudad de los Niños”, sobre migrantes, el etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas, el pago de cuotas escolares y sobre Venezuela.

16. Por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un informe relativo a la implementación de los denominados vales de cultura.

17. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio de Mariana “N” en el municipio de Ecatepec; asimismo, exhorta a las autoridades correspondientes continúen con las investigaciones y sancione a los responsables de dichos actos y tomen las medidas presupuestales y administrativas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

18. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas que participan en las labores de combate al narcotráfico en la franja fronteriza con la República de Guatemala a impulsar y fortalecer sus actuaciones en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos, en particular con las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano.

19. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Mexicano de Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a analizar la viabilidad técnica y presupuestal de instrumentar acciones para optimizar las estancias infantiles en desuso y habilitarlas como residencias de día para personas adultas mayores.

20. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de imponer de manera unilateral aranceles a México; y exhorta a la Secretaría de Economía a impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio entre las naciones.

21. Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre las acciones dirigidas a la igualdad de género, derivadas de la aplicación del presupuesto ejercido por las dependencias a su cargo, con especial énfasis en la atención y prevención de la violencia feminicida.

22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las campañas de información sobre el uso adecuado de antibióticos y los riesgos a la salud por la automedicación.

23. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a otorgar apoyos económicos a los representantes del país que han clasificado en las diferentes competencias internacionales a realizarse este año.

24. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar y fortalecer el Programa de Becas dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos, garantizando el acceso al derecho a la educación.

25. Que exhorta a los gobiernos locales a fortalecer las acciones para sancionar y erradicar la pornografía infantil.

26. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las campañas y acciones de desparasitación; asimismo, solicita un informe sobre los efectos de la parasitosis en la población.

27. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte un informe sobre el estado que guarda la operación y funcionamiento del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje.

28. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre maltrato infantil, planificación familiar, embarazo, el mieloma múltiple, el Programa Pensión para Adultos Mayores y sobre Venezuela.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión, en atención a su petición se guardó un minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de violencia. Sin discusión, los veintiocho dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía informe las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN.

2. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer pública la información sobre los permisionarios para experimentar con transgénicos en México.

3. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las investigaciones y acciones necesarias a fin de preservar la cuenca del río Apulco y los territorios pertenecientes a Ixtacamaxtitlán, con pleno respecto a los derechos humanos de sus habitantes.

4. Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a considerar el establecimiento de una estrategia para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y hacer público un informe sobre la situación que se seguirá con relación a las diferencias salariales entre México-Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

5. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre la situación que guarda la obra del túnel emisor oriente, el monto y plazo de ejecución original de la obra y las modificaciones de su costos y su aplazamiento; asimismo, se informe sobre el impacto de los retrasos de la obra en el sistema de desagüe del Valle de México.

6. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar la posibilidad de actualizar la norma oficial mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002, “Protección ambiental-incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisiones de contaminantes”, con el fin de ajustarla a las nuevas formas de generación de energías limpias.

7. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones y medidas tendientes a evitar que los empleadores ejerzan actos discriminatorios en personas con antecedentes penales y mujeres embarazadas.

8. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe el estado que guarda la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica.

9. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las comisiones estatales del agua de las entidades federativas y a las autoridades municipales en la materia a fortalecer las acciones tendientes a garantizar el derecho de las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

10. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los Acuerdos celebrados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como el contenido de los mismos y, en su caso, el impacto presupuestal respectivo.

11. Por el que se desecha la proposición por la que se convocaba al sector empresarial a establecer una mesa de diálogo, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

12. Por el que se da por atendida la proposición en torno al proyecto denominado “Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México. Entre EDOMEX y el DF”.

13. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar sobre el avance y penetración de la banda ancha móvil en México.

Sin discusión, los trece dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a las autoridades competentes de los gobiernos estatales a fortalecer las estrategias de prevención de los delitos al interior de los centros comerciales, en beneficio de los consumidores.- Intervino el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre las acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México y a evaluar la pertinencia de redefinir y fortalecer el Programa Operativo de Lluvias.- Intervino la Senadora Verónica Martínez Espinoza del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer y mantener en forma permanente los operativos para abatir casos de explotación laboral, trata de personas, abuso sexual en contra de niñas y niños, así como del delito de extorsión.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el dictamen fue aprobado en votación económica.

4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe que detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse a fin de que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, se implemente de manera adecuada por la ciudadanía.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI; y Diputada María del Carmen Pinete Vargas del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Agenda Política)

La Presidencia de la Mesa Directiva, por Acuerdo de los grupos parlamentarios, dio paso a la agenda política para referirse al inicio de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Intervinieron los legisladores: Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD; Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; y Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. Para rectificación de hechos intervino el Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con el inicio de las negociaciones de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 79 Bis a la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz y del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 207 Bis al Código Nacional de Procedimiento Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Alfredo Basurto Román y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 83 QUAT de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 27 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Daniel Torres Cantú, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 111, y se deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 67 Bis de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Se turnó a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 46, la fracción III del artículo 133, las fracciones XIII y XV del artículo 134; y se adicionan la fracción XIV del artículo 134 y el artículo 135 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a revisar el procedimiento y las regulaciones para la importación de carne de cerdo al país, procedente de Estados Unidos y Canadá, para eliminar cualquier condición de dumping o de comercio desleal que afecte a los productores o la industria nacional al generar condiciones inequitativas de competencia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la gobernadora del estado de Sonora, al Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, a los integrantes del congreso local del estado de Sonora, así como al Presidente Municipal de Ures, a realizar diversas acciones respecto al derrame del Río Sonora, con la finalidad de garantizar los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano de los afectados por el desastre ecológico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informe en torno a los programas de cirujanos rurales y de sustitución terapéutica, así como de la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 ayuntamientos a llevar a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar las instituciones policiales, a fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a revisar y reforzar las acciones establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a fin de estar en condiciones de alcanzar los objetivos señalados para 2018.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República toda la información respecto de los presuntos hechos de corrupción en los que se encuentra involucrado Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, con la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a asegurarse de que se lleven a cabo las medidas necesarias para disminuir el nivel de decibeles producidos por los ferrocarriles que transitan sobre la Avenida Inglaterra, en Guadalajara, Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a emitir e impulsar un Decreto y programa de regularización de vehículos extranjeros internados ilegalmente en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación en relación al origen de los recursos destinados por el Partido MORENA en la promoción de sus candidatos a puestos de elección popular en la Ciudad de México y en actividades partidistas, toda vez que hay la presunción que diversos servidores públicos, como el delegado de Tláhuac, tienen vínculos con el crimen organizado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, a tomar las acciones pertinentes para la colocación de botes de basura, de Acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, en particular en las calles altamente concurridas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en torno a los presumibles actos de corrupción de los funcionarios públicos de PEMEX con la empresa multinacional Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un informe sobre el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda pública del estado de Nayarit.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a constatar el pago que debió haber realizado la empresa d.s Servicios Petroleros S.A. de C.V. a favor de los comuneros ejidatarios asentados en el corredor Ébano-Pánuco-Cacalilao del activo integral Poza Rica-Altamira.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto del Deporte de Guerrero, así como a las direcciones municipales del deporte o sus homólogas en los 81 municipios del estado de Guerrero, a generar esquemas y formatos de competencia que permitan el desarrollo y la integridad de los deportistas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar una supervisión integral y exhaustiva a todos los albergues del estado, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado, al Sistema DIF y la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a investigar de manera exhaustiva e implementar medidas de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes internados en el albergue Ciudad de los Niños del estado de Guanajuato.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ampliar las carpetas de investigación en torno a la presunta complicidad de Karime Macías Tubillas con el ex gobernador Javier Duarte en la comisión de diversos delitos, así mismo para que sean integrados a dichas carpetas los elementos probatorios aportados por el gobernador de Veracruz, con la finalidad de impedir que se sustraiga de la acción de la justicia, recuperar los bienes y recursos desviados, así como evitar cualquier sospecha de un probable pacto entre el Gobierno Federal y Javier Duarte.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna y del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a los hechos de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrecht, así como la posible relación con Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones de reforestación en la Sierra de los Morones en el estado de Zacatecas y en la conservación del pino azul afectado por los últimos incendios forestales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones necesarias para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrezcan servicios de internet, telefonía fija y telefonía móvil en la modalidad de contratos sin plazos forzosos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a redoblar esfuerzos para disminuir y prevenir el índice de los incendios forestales en dicho estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar los procedimientos, fundamentos y cuestión financiera respecto a la compra de ropa hospitalaria, para atender los requerimientos para el 2017 y principios de 2018, desarrollados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Flor del Ángel Jiménez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de los recursos asignados al municipio de Copainalá en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por el clima de tensión política que vive la República del Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la concertación entre los distintos actores políticos, en pro de la estabilidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Cecilia Soto González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la protección de la zona de Cuatro Ciénegas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a explicar y revertir la decisión de ceder las operaciones del estadio de futbol “Agustín Coruco Díaz”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a instalar módulos de orientación en los aeropuertos internacionales con la finalidad de auxiliar a los usuarios en temas relacionados con documentos migratorios y trámites extraordinarios.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Movilidad ante la Comisión de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a destinar recursos suficientes para la adecuada operación de la Ciudad de las Mujeres, ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar una supervisión integral a los albergues públicos y privados de los estados de Guanajuato y Michoacán, a fin de salvaguardar el principio del interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a implementar acciones a favor de la comunidad venezolana que ha migrado a México a causa de la crisis política, económica y de seguridad en su país, particularmente a aquéllos que ingresan por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que no son atendidos por el consulado de su país, y quienes están siendo afectados ante la negativa de entrada a territorio mexicano.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita información relacionada con el número de personas que han obtenido el beneficio de su libertad anticipada y de las que se encuentran en proceso de obtenerla, en virtud de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y del artículo décimo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por los probables delitos relacionados con hechos de corrupción en la asignación de contratos por parte de Petróleos Mexicanos y la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a las autoridades del Estado de México a dar a conocer los causales de la suspensión y desglose presupuestal del Programa de Empleo Temporal en el municipio de Texcoco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero a instalar una mesa trabajo con las compañías mineras que operan en la entidad, con el objeto de promover el desarrollo, implementación y armonización de prácticas ambientales adecuadas y políticas y prácticas de salud que aseguren la producción, uso y reciclaje y disposición de metales para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, impulsando un sentido de responsabilidad de todos aquellos involucrados en la industria minera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a realizar una auditoría integral a los recursos solicitados por conceptos de créditos que derivaron en deuda pública por el exgobernador del estado durante el período 2010-2016, por diversas irregularidades como subejercicios y malversación de fondos en rubros como salud, educación, seguridad, turismo, finanzas públicas y comunicaciones y transportes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de Nayarit en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar y actualizar el salario mínimo para que al menos compense la pérdida del 11.1% por el efecto inflacionario en el transcurso del gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar una campaña nacional de prevención, concientización y sensibilización sobre el respeto a los derechos de las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a combatir de manera eficaz la inseguridad y la violencia para apoyar y garantizar la integridad de la población.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la República y al gobierno del estado de Chiapas a acelerar los procesos de toma de decisiones para la viabilidad presupuestal que requiere la modernización, reparación y ampliación de los tramos carreteros que enlazan a San Cristóbal de las Casas y Palenque, Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar los protocolos de actuación ante casos de emergencias, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador Rubén Moreira Valdez a suspender el proceso de entrega-recepción de la administración del estado de Coahuila, con el fin de salvaguardar los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad que deben regir este proceso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a los actos de odio cometidos en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las acciones para prevenir el delito de robo de identidad a usuarios de servicios financieros en todo el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario             Morena, con punto de Acuerdo que         exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a redoblar sus esfuerzos e implementar los mecanismos necesarios para disminuir el índice de obesidad de las mujeres en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar medidas para solucionar la escalada de violencia e inseguridad en el estado de Veracruz, y para otorgar medidas especiales de protección para activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de Baja California a investigar prácticas que podrían constituir conflicto de intereses por parte del gobernador del estado, al condicionar el otorgamiento de contratos a la adquisición de suministros a empresas ligadas al Secretario de Economía de dicha entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a instruir a su Unidad de Transparencia a que mantenga constantemente actualizada la lista de medicamentos innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres años, dé difusión de ésta y promueva el uso de la cláusula “Bolar”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Bravo García y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las indagatorias respecto a la posible comisión de delitos que dio a conocer la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a rendir un informe respecto de la situación financiera, infraestructura, personal y condiciones generales en que se encuentra la organización y funcionamiento del SUPERISSSTE.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a realizar las acciones necesarias en seguridad pública para garantizar la labor periodística en su territorio y a coadyuvar con las investigaciones que realiza el municipio de Ahome con respecto a la agresión sufrida por el periodista Juan Pablo Espinoza Mendívil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza de la Ciudad de México a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de La Candelaria de los Patos y la Merced.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac a informar sobre los avances en la solventación de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño al erario público por más de un millón de pesos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación sobre los posibles actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos implicados en la asignación de contratos a la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo y gobierno de Egipto por los hechos ocurridos en Alejandría el 11 de agosto de 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social informe sobre el proceso licitatorio LA-019GYR120-E7-2017 para la adquisición de ropa hospitalaria que presuntamente fue filtrado a proveedores y agentes externos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar un informe de las acciones realizadas, derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-0321 del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a acreditar documentar las acciones que haya emprendido para fortalecer el control interno en atención a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, como resultado del estudio denominado “Evaluación del funcionamiento del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el contexto de su sistema de control interno”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa entre la población sobre la prevención y el tratamiento del cáncer de esófago.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar acciones inmediatas para investigar y sancionar los actos de corrupción en los que se encuentran involucrados el ciudadano Emilio Lozoya Austin y la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Colima a garantizar la impartición del idioma inglés en las escuelas de tiempo completo en la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a generar un diagnóstico y análisis de las elecciones estatales de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alva y Alva, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo relativo a la protección histórico-cultural del maguey.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Salvador Zamora Zamora, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al titular de la Agencia para Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios a determinar el ingreso objetivo del maíz en cuando menos, cinco mil pesos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el marco de inicio del ciclo escolar 2017-2018, fortalezca las acciones para prevenir y, en su caso, sancionar a los comercios y escuelas privadas que incurran en prácticas que transgredan los derechos del consumidor de los padres de familia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a suspender el proyecto de exploración y explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un llamado a la paz y a disminuir las tensiones que existen entre los Estados Unidos de América y la República Democrática Popular de Corea.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar al ciudadano Emilio Lozoya con motivo del presunto soborno entregado por la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo estatal de Jalisco a garantizar el oportuno abasto de medicamentos en las instituciones del sector salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Verónica Delgadillo García y de los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proteger a las abejas de plaguicidas nocivos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a instrumentar una campaña informativa sobre la prevención y tratamiento del virus del papiloma humano y su afectación tanto en hombres como en mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a atender las observaciones, aclaraciones y demás acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, resultado de las auditorías a los recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 asignados y ejercidos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Victoriano Wences Real, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en aras de garantizar los derechos de los consumidores de la región de la montaña en el estado de Guerrero, instruya al personal de dicha dependencia a realizar operativos de revisión en las empresas del servicio de grúas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA a realizar las acciones necesarias que mantengan la sustentabilidad y eviten el daño ambiental causado por el muelle ubicado en el predio del Crea, KM 3.5 de la zona hotelera de Cancún.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta la Procuraduría General de la República a elaborar y publicar un protocolo de actuación para el Ministerio Público de la Federación en el que se definan las hipótesis o circunstancias en las que se deberá iniciar una investigación por lavado de dinero, cuando ya se tenga una investigación de alguno de los delitos procedentes y se cuente con indicios fundados de que éstos han generado recursos ilícitos, lo cual ha provocado que se tenga un bajo número de investigaciones derivadas de delitos procedentes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Energía, a la Secretaria de la Función Pública y al Director de Petróleos Mexicanos para que esclarezcan si existen y en qué etapa se encuentran las investigaciones por posibles actos de corrupción y de conflicto de interés cometidos por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin en colusión con el consorcio internacional brasileño Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas para prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza el uso de la fuerza o la intervención militar como solución a la grave crisis política, económica y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela; respalda la “Declaración de Lima” en la que se condena la ruptura del orden democrático en la república sudamericana; y rechaza la destitución de la Fiscal General, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la aplicación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 destinados a programas de desarrollo social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la modernización de la autopista a la frontera desde Comitán del estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a observar los principios constitucionales de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias y el interés general en la resolución del Amparo en Revisión 1100/2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para incrementar el número de abogados defensores públicos e intérpretes certificados para garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas indígenas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rocío Matesanz Santamaría, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación pública de las entidades federativas a intensificar las acciones de capacitación y formación continua que se imparte a los docentes, incluyendo criterios y conocimientos especializados que permitan la plena inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes que presentan cualquier tipo de discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a exponer el proyecto de capacitación de docentes de materias socioemocionales de la currícula obligatoria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance del proyecto para dotar de agua potable al municipio de Chiapa de Corzo del estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a acreditar y documentar las acciones que haya emprendido para fortalecer el control interno, en atención a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación como resultado del estudio denominado “Evaluación del funcionamiento del OIC en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el contexto de su sistema de control interno”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas en situación de calle, sobre todo en las delegaciones en que existe una mayor concentración de personas en esta condición.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Nacional de Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del cambio climático.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al fortalecimiento y aplicación de recursos del Presupuesto de Egresos 2017 a programas de desarrollo rural sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la modernización y ampliación de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a acreditar y documentar las acciones de mejora que hayan establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a crear e incorporar al Atlas Turístico de México, la ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense, y al Director General del Consejo de Promoción Turística de México a incluir en sus programas, promociones y estrategias de fomento al turismo, a la ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a informar, actualizar y publicar las acciones, gasto, avances y resultados en la implementación de los órganos de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, en formato de datos abiertos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a entregar un informe de la transformación de plazas que realizaban funciones de orientación educativa, así como de los procesos de creación de plazas de perfil docente en labores paraacadémicas en materias socioemocionales de la currícula obligatoria básica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del  grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de modernización la         carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco a remitir las acciones de mejora que ha establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Prospera Programa de Inclusión Social: Componente de salud, así como la información remitida a la Auditoría Superior de la Federación para la atención de las auditorías 2014 y 2016 de dicho programa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a las irregularidades identificadas por la Secretaría de la Función Pública en la “Construcción de camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo” y la “Construcción del Colector Hidráulico”, en el municipio de Tuxpan, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la República de Argentina, el pasado domingo 13 de agosto, se caracterizaron por una alta participación ciudadana, lo cual fortalece la democracia en los países de américa latina.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Olga Catalán Padilla y María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a remitir un informe sobre las estrategias que han y están implementando para combatir el problema de desabasto de medicamentos en las 32 entidades del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de ampliación de la carretera que va de Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la CONAVIM a informar el estado actual de las acciones llevadas a cabo para erradicar la violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios, y a presentar un estado de resultados sobre las alertas de género vigentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a coordinar una promoción general con la federación mexicana de fútbol en favor de la Liga MX Femenil, para que sus partidos se celebren en los mismos estadios donde juegan los equipos varoniles de primera división.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Colima a garantizar la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de nivel básico del estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes y de los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a considerar, con base en las facultades conferidas en la fracción XI del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, objetar el Decreto que deroga los artículos 148 bis y las fracciones I y VIII del artículo 204 del Código Penal del Estado de México, aprobadas el pasado 9 de agosto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la construcción del Hospital General de Tapachula del estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales a realizar diversas acciones para atender el caso de corrupción y sobornos vinculados a la empresa brasileña Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a llevar a cabo las acciones encaminadas a fortalecer la cultura de cuidado del entorno natural entre la población, a fin de prevenir y reducir los riesgos de desarrollo de incendios forestales en la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer público en medios electrónicos, redes sociales y de forma oficial a la vista de los usuarios en los aeropuertos, el listado de países en los que se aplican cargos por concepto de equipaje, con la finalidad de que en este periodo vacacional se intensifique una campaña de información sobre este tema y evitar cobros injustificados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de alienación parental, preponderando el interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la construcción de las clínicas de salud en Tonalá y en Cintalapa en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a acreditar y documentar las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Silvia Rivera Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades que aún no cuentan con el servicio de impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio asequible.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a modificar la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos de los municipios de Mérida, Valladolid, Izamal, Motul, Progreso, Tekax y Tizimín, del estado de Yucatán, a efecto de que se deje de aplicar la tarifa 1C en los mismos y les sea aplicada la tarifa 1D.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de operación del Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar exhaustivamente las entidades de la Secretaría de Salud Jalisco y del Sistema de Protección Social en Salud, en virtud de las irregularidades y carencias que tienen los centros de salud del estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla y a la Secretaría de la Contraloría de la entidad a auditar los recursos y licitaciones realizados para la asignación de contratos para la operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco ante posibles irregularidades, como falta de transparencia en su ejercicio, sobrecostos y malversación de fondos públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco, así como a la Secretaría de Salud de la entidad a promover el alcance oportuno a todas las mujeres, respecto de los servicios médicos en obstetricia, ginecología y de neonatología.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las acciones implementadas durante lo que va del sexenio para impulsar la infraestructura turística de Chiapa de Corzo como patrimonio de la humanidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer al Ejecutivo la realización de la ampliación del campo laboral de todo mexicano que radica en el extranjero, así como considerar un ajuste y aumento del salario de los trabajadores mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a remitir un informe sobre la situación que guardan los intérpretes de lengua de señas mexicana en el sistema educativo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Patricia García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo a las personas con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las obras de mejora de las vías de comunicación entre Chiapa de Corzo y Emiliano Zapata, Parral, la Concordia, Rizo de Oro y Chicomuselo en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a discutir, analizar y, en su caso, aprobar un incremento al salario mínimo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Guanajuato a enviar un informe sobre el costo de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del gobernador de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018 que permitan alcanzar los objetivos y llevar a cabo las acciones establecidas en la “Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las obras de modernización los libramientos norte y sur de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California a auditar los recursos asignados para la remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana-Tecate, por diversas irregularidades.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Patricia García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de la Secretaría de Salud federal y estatal de Aguascalientes a continuar con el equipamiento e iniciar la operación y contratación de personal del hospital Hidalgo en Aguascalientes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del   grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las obras de rehabilitación de la Carretera Motozintla-Tapachula en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a   la Auditoría Superior de Michoacán a informar si han realizado o están llevando a cabo auditorías a las obras adjudicadas a las empresas Torecoma, S.A. de C.V., Qualiti Construcciones, S.A. de C.V. y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V., vinculadas al alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita la presencia del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en reunión de trabajo explique el estatus de los “11 Compromisos para mejorar el servicio del Metro”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita que el caso de Odebretch se investigue en el marco del nuevo sistema nacional anticorrupción y se determine el destino del dinero de los sobornos pagados por la empresa en México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Charlottesville en Virginia, Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe el estado que guardan las acciones “No Notificadas” de las auditorías a los recursos federales totales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 hechas al ayuntamiento del municipio de León en la administración de María Bárbara Botello Santibáñez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar un plan inmediato para recuperar la seguridad y la tranquilidad en la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en torno al fortalecimiento a las acciones institucionales de los tres órdenes de gobierno, encaminadas a la protección de la economía de las familias mexicanas con motivo del inicio del ciclo escolar 2017-2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe el estado que guardan las acciones “No Notificadas” de las auditorías a los recursos federales totales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 hechas al ayuntamiento del municipio de León en la administración de María Bárbara Botello Santibáñez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a autoridades federales de la Ciudad de México y de la Delegación Xochimilco a informar y actuar en la situación de deterioro que existe en el Parque Ecológico Xochimilco.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los actos de intimidación y persecución política en que ha incurrido el gobernador de Coahuila en contra del candidato del PAN a la gubernatura del estado, Guillermo Anaya.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un reconocimiento a la destacada labor de la Armada de México, y envía una felicitación al personal naval y a los civiles que realizaron los operativos en el Puerto de Manzanillo, Colima, que permitieron incautar 38 toneladas de precursor, haciendo frente a las amenazas y riesgos que se presentan en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en relación a las diligencias de cateo y las acciones arbitrarias llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 21 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Paz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a incorporar un esquema integral de prevención, detección y atención de los trastornos de la conducta alimentaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a impulsar las acciones conducentes a fin de fortalecer los sistemas de protección de datos personales y procurar la prevención de fuga o robo de bases de datos con información personal de las empresas y prestadores de servicios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, emitir medidas cautelares en contra de Emilio Lozaya Austin por los probables vínculos de corrupción con la empresa Odebrecht, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y promover el consumo del amaranto; asimismo, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para fomentar el cultivo de amaranto en el territorio nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a incorporar en el programa “Más Mercados” medidas alternativas de cobro, como medios digitales, así como vales y tarjetas de apoyo de programas sociales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas operadoras en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de Jalisco en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a reforzar las políticas públicas relacionadas con la promoción y creación de empleos de calidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de Zacatecas en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a establecer la “Presea Francisco Gabilondo Soler” como reconocimiento al fomento musical infantil en México, en antesala a la celebración del 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler, a conmemorarse el 6 de octubre.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a iniciar una auditoría a los recursos ejercidos por el gobierno de la entidad, para desarrollar los trabajos de remodelación, mantenimiento y ampliación del Hospital General del Sur “Doctor Eduardo Vázquez Navarro” por diversas anomalías como inundaciones constantes de aguas negras, trabajos inconclusos y de mala calidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la prohibición de las cuotas escolares y que no se condicione el ingreso a las escuelas a cambio de algún pago.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe en relación al proyecto “Construcción del parque del Cerro de Amalucan en el municipio de Puebla”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lucely Alpízar Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a fortalecer los servicios de salud destinados al diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico uterino en sus diversas fases, mediante la incorporación de diversos medicamentos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar y fortalecer los programas de empleo destinados a la población joven, a fin de potenciar el bono demográfico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Araceli Guerrero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Salud del Gobierno Federal a que, en el programa piloto “Salud en tu Escuela”, se incorpore un psicólogo a la brigada de salud, así como los municipios de Guadalupe y Pinos, del estado de Zacatecas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios del estado de Yucatán por presunto daño a la hacienda pública.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios del estado de Yucatán que efectuaron transferencias de recursos del Programa Prospera a cuentas bancarias de forma injustificada y carente de comprobación de ejercicio del gasto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios del estado de Yucatán que generaron un subejercicio en el Programa Seguro Popular.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios del estado de Yucatán que omitieron el reintegro de recursos por concepto de rendimientos financieros correspondientes a los destinados para la construcción del centro de convenciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Peatón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración de la Noche Triste.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración de la Batalla de Otumba.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Interamericano de la Calidad del Aire.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Peatón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Adulto Mayor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 63 aniversario luctuoso de Hermila Galindo Acosta, revolucionaria, feminista y política mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse al papel de los jóvenes en el futuro de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a los hechos de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrech y la posible relación del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintitrés de agosto, a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con 43 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Hago de su conocimiento que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, en cada uno de los casos, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.

Pasamos al siguiente punto.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-junio de 2017.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño de la Diputada Maricela Contreras Julián, ¿con qué objeto, Diputada?

La Diputada Maricela Contreras Julián: (Desde su escaño) Señora Presidenta, para solicitarle respetuosamente un minuto de silencio para el periodista Cándido Ríos, corresponsal de un diario regional y que fue asesinado en Veracruz el día de ayer. Este periodista estaba en el Programa Gubernamental de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y aun así ha sido asesinado, es el número 3 de Veracruz, y el número 36 en este periodo en nuestro país.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con mucho gusto tomamos en consideración su propuesta y permítanos hacer ahorita un paréntesis para efecto de llevar a cabo ese momento.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el que se informa que durante el mes de julio de 2017 se dio destino a las mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.






COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con respuesta a un Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Hago de su conocimiento que la respuesta se ha remitido a los legisladores promoventes y a la comisión correspondiente, y se encuentra publicada, a su vez, en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron oficios del Instituto Federal de Telecomunicaciones,  con los que se remite:

El informe anual 2016-2017 del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones.








Y el Informe Previo de Resultados de Gestión 2017 del órgano interno de control.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió un oficio de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el primer informe semestral 2017 de resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente:

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS








Del gobierno del estado de Chihuahua.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA








Y del gobierno de la Ciudad de México.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Informo al Pleno que dichas respuestas se han remitido a los promoventes y a las comisiones correspondientes, en cada caso, y también, a su vez, se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PT, con la que remite el informe de su participación en el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y El Caribe, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017.








Una, del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, con la que se remite su quinto informe de actividades legislativas.








Una, del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, con la que remite el informe de su participación en la 24ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrado en Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de enero de 2016.








Una, del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la que remite el informe de la participación de la  delegación del Congreso mexicano en la XV Reunión Interparlamentaria España-México, celebrada en Baiona, Galicia, España, del 9 al 11 de julio de 2017.








Una, del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la “Reunión de trabajo para el intercambio de experiencias y conocimientos de los sistemas de salud México-Israel”, que se llevó a cabo en Tel Aviv, Israel, del 16 al 18 de julio de  2017.








Una, del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el informe de su participación en el 2º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático “Energías Renovables”, que se llevó a cabo en Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de agosto de 2017.








Y una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, a nombre de la Delegación Mexicana, con la que remite el informe de las actividades del 2º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático “Energías Renovables”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de agosto de 2017.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Proceda la Secretaría.






La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Julián Nazar Morales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir de hoy, 23 de agosto.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia al Diputado Julián Nazar Morales, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 23 de agosto de 2017.”

Al no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Julián Nazar Morales, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día de hoy, 23 de agosto del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






LEGISLATURAS

Compañeros legisladores, les informo que hemos recibido diversos votos aprobatorios de Congresos estatales al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 constitucionales, en materia de justicia cotidiana.



Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de votos recibidos.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se va a realizar el escrutinio de votos recibidos.

(Se realiza escrutinio)

Señora Presidenta, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 18 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Solicito a las ciudadanas y ciudadanos legisladores ponerse de pie a efecto de realizar la declaratoria de aprobación.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente correspondiente. Favor de tomar asiento.

Para referirse a este Decreto, diversos legisladores han solicitado el uso de la palabra.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Buen día, señora Presidenta. Integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros:

En palabras del jurista Mario de la Cueva: “La justicia es el más bello poema de la vida social”. Y, desde nuestra perspectiva, representa un anhelo permanente que nos constriñe en la obligación de fortalecer y actualizar el marco jurídico, de acuerdo con los desafíos actuales.

Bajo esta tesitura, los integrantes del grupo parlamentario del PRI celebramos que la reforma de justicia cotidiana en materia de legislación única procesal civil y familiar, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2016, haya alcanzado la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.

Para dimensionar la magnitud del asunto, basta señalar que, en términos generales, la justicia cotidiana implica soluciones que se generan día con día en las interacciones del hogar, la oficina, la escuela o en otros entornos para una convivencia armónica y en paz.

Se eleva a rango constitucional la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, entre ellos: la negociación, la mediación, conciliación y arbitraje.

La declaratoria de constitucionalidad de las diversas reformas en materia de justicia cotidiana, representa un hecho de gran trascendencia, en virtud de que coadyuvarán al fortalecimiento del estado de derecho.

Estas modificaciones son producto de una discusión amplia, plural y transparente, de las cuales surgieron soluciones para garantizar una efectiva impartición de justicia a través de mecanismos alternativos.

En materia regulatoria, es importante resaltar que se logra una simplificación del ordenamiento jurídico, con lo que se busca poner fin a la sobrerregularización y la duplicidad normativa, a fin de generar leyes y trámites simples para la ciudadanía.

Con esta reforma se avanza hacia un gobierno más transparente y se inhiben los actos de corrupción, que es una de las principales exigencias de la ciudadanía.

Uno de los grandes avances de las modificaciones en materia de justicia administrativa, es el hecho de que se lleva la justicia cívica a los rincones más apartados del país.

La armonización y homologación del funcionamiento de los registros civiles de todo el país constituyen una cuestión fundamental para garantizar el derecho a la identidad, en ello radica la importancia y trascendencia de facultar al Congreso para legislar sobre una ley en dicha materia.

Estas modificaciones responden a la necesidad de dar solución a la problemática de altos índices de subregistro, o la falta de documentos oficiales que dificultan el acceso al derecho a la identidad, derecho medular para hacer asequible el pleno desarrollo individual.

En el mismo sentido, se protege este derecho humano al impulsar la modernización permanente de los registros civiles, al permitir que a través de la tecnología de la información se pueda obtener un acta de nacimiento o un acta de matrimonio sin importar el lugar en el que se encuentre el interesado.

Como podemos ver, estamos ante un hecho sin precedente ya que estas modificaciones representan un cambio de paradigma en el sistema jurídico nacional en virtud de que se establecen reglas claras, el acceso al sistema de justicia cotidiana en materia de legislación única procesal civil y familiar.

Compañeras y compañeros: Hoy nuestro país consolida modificaciones relevantes para acercar la justicia a las personas, en particular a los grupos más vulnerables, quienes antes de esta reforma no tenían garantizado el acceso a derechos fundamentales como el de la identidad, lo cual es crucial para ejercer otros como la salud, educación y vivienda digna.

Las reformas aprobadas a nuestra Constitución permitirán la resolución expedita de conflictos que antes implicaban procesos desgastantes y costosos.

En el grupo parlamentario del PRI nos congratulamos por la discusión y aprobación responsable por parte de las legislaturas locales, debido a que dichas reformas responden a las necesidades diarias de la población.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Martínez Espinoza.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy, en esta Comisión Permanente, recibimos los oficios de los congresos estatales donde nos remiten la aprobación a las reformas constitucionales de los artículos 16, 17 y 73, en materia de justicia cotidiana, que fueron aprobados por el Senado de la República el pasado 13 de diciembre de 2016.

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia no basta que estén instituidos tribunales en favor de la justicia y del indefenso, es necesario, además, que lo hagan de manera inmediata, en forma expedita, y principalmente que estos conflictos se resuelvan de fondo y les brinden certeza jurídica a todas y todos los mexicanos.

La justicia civil y familiar en la actualidad enfrenta una gran problemática que origina que la sociedad perciba al sistema de justicia como lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso.

El modelo de justicia civil que, como saben, está construido a partir de una autonomía de los estados en el país, se ha vuelto con varias características que lo hacen obsoleto y que genera contiendas civiles y familiares que pueden alargarse durante muchísimo tiempo y que, en consecuencia, genera esta falta de confianza en las instituciones.

El hecho de que cada entidad federativa tenga una legislación procesal en materia civil y familiar genera también una multiplicidad de criterios que derivan en la inseguridad e incertidumbre jurídica.

Las situaciones que agudizan esta problemática son, por ejemplo, las dificultades para lograr una notificación personal rápida, el uso excesivo de medios de impugnación y los obstáculos para ejecutar sentencias judiciales.

Además de lo anterior, los sistemas de justicia en las distintas entidades federativas padecen inconvenientes institucionales que ponen en relieve la falta de capacitación de personal y alguna insensibilidad respecto a los asuntos que se les presentan, especialmente en los que se refieren a niños, niñas, adolescentes y grupos vulnerables y de género.

El planteamiento de incorporar al primer párrafo del artículo 16 constitucional el postulado de que tratándose de juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio que deban desarrollarse en forma oral, será suficiente que quede constancia de lo actuado en cualquier medio cierto de su contenido y de que a través de esa actuación no se generen actos de molestia ni acciones de autoridad sin competencia o sin fundamento y motivación, resulta fundamental en nuestro texto constitucional.

Cabe destacar que la competencia del Poder Legislativo en materia procedimental penal, no incide de ninguna manera en la competencia para que las entidades federativas establezcan y determinen las conductas que tienen carácter sustantivo.

Lo que esta reforma constitucional implica es la necesidad y la facultad de que, a partir de la misma, el Congreso de la Unión pueda legislar en materia procedimental civil y familiar, como ya lo tenemos actualmente en materia penal.

Se trata de generar procedimientos civiles y familiares únicos a partir de la legislación que emita el Congreso de la Unión, esto ayudará justamente a evitar la multiplicidad de criterios que vemos en los ordenamientos procesales de todas las entidades federativas.

Otro aspecto preponderante en este sentido radica en privilegiar las cuestiones de fondo que se han planteado por las partes más allá de las cuestiones meramente procesales, es decir, las entidades federativas, a partir de sus propias decisiones y de las decisiones de sus congresos estatales, seguirán emitiendo las disposiciones sustantivas en materia civil y familiar, pero el procedimiento se regirá por una legislación única, con ello se fortalecerá un debido proceso, se fortalecerá la oralidad de los procedimientos y con la incorporación al artículo 16 constitucional, también que se establezca que tratándose de estos procedimientos será suficiente que quede constancia de lo actuado, se reducirá el gran problema que tenemos hoy de la complicación de largos y gruesos expedientes, y de una duración enorme que provoca, además, que en estos temas que son tan sensibles, que implican una relación directa en el desarrollo de la vida familiar de quienes están sujetos de los justiciables y además de asuntos que involucran su propio patrimonio, se pueda agilizar de manera debida.

El derecho de acceso a la justicia será fundamental a partir de esta reforma constitucional que lo que previene es establecer disposiciones que justamente se orienten hacia allá, a buscar que todos los mexicanos y mexicanas cuenten con las herramientas necesarias para hacer posible este derecho.

Por lo tanto, en el grupo parlamentario de Acción Nacional nos congratulamos de que finalmente hoy lleguemos a esta declaratoria, que será el antecedente para que finalmente podamos, en breve, comenzar a trabajar en la legislación secundaria que hará realidad esta norma constitucional en la vida de todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Martínez Neri.

El Diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores.

A nombre de los legisladores del PRD, integrantes de esta Comisión Permanente, refrendo nuestra postura a favor de la reforma a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución, que fue aprobada por amplio consenso y que al contar con el respaldo de 18 legislaturas locales pasará al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

La adición al artículo 16 establece que “en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que se quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo”.

Este es un paso correcto para agilizar la impartición de justicia y se supera la tendencia a que, por cuestiones de procedimiento, se evite llegar al fondo del caso.

Este espíritu de agilizar los procedimientos se expresa también en el artículo 17, donde se agrega un nuevo tercer párrafo y se recorren los subsecuentes, para establecer que “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.

En esta reforma, se modifica además la fracción XXX del artículo 73 para otorgarle facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.

El conjunto de estas reformas constituye la columna vertebral de un nuevo andamiaje jurídico sobre la llamada “justicia cotidiana” en nuestro país.

Nuestros grupos parlamentarios señalaron, en repetidas ocasiones, la necesidad de enfrentar los rezagos existentes en las instituciones de procuración y administración de justicia, a nivel federal y local, que reproducen vicios e inercias negativas, especialmente en los primeros espacios de contacto entre la autoridad jurisdiccional y los ciudadanos.

Por esa razón, ahora vemos con beneplácito una reforma que atiende y enfrenta esa problemática. La motivación de la reforma es terminar con un vasto entramado burocrático que entorpece la administración de justicia con enredados procedimientos jurídicos, que lejos de resolver con prontitud las demandas y solicitudes ciudadanas, son una verdadera tortura procedimental que favorece la corrupción y la ineficacia constitucional.

Con estas reformas constitucionales se perfeccionan aspectos complementarios de la oralidad de los juicios y se privilegia la solución alternativa de los conflictos legales, por encima de la prolongación de juicios interminables y desgastantes.

En síntesis, el PRD avala y se congratula de esta reforma, porque permitirá a los ciudadanos el acceso a la justicia y de esta manera se favorecerá el bienestar colectivo.

Ahora, quedamos emplazados a llevar los beneficios de esta reforma constitucional a su sentido práctico a través de las leyes generales correspondientes.

Finalmente, aprovecho la ocasión para reconocer a quienes, desde la sociedad civil y la academia, contribuyeron con sus ideas y enriquecieron estas reformas que hoy son objeto de declaratoria constitucional.

Enhorabuena y gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Martínez Neri.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena, tiene el uso de la tribuna el Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, con su permiso, Diputada Presidenta.

Efectivamente, hay un consenso en torno a la reforma constitucional en el tema, es evidentemente, pues, un fin adecuado, noble, poder facilitar la impartición de justicia cotidiana, la administrativa, la civil, se tendrán que derivar las leyes secundarias al respecto.

Efectivamente, la reforma tiene una idea de homologar lo que sucede en todo el país, facilitarlo, evitar los conflictos, evitar la cárcel como primer recurso, evitar gastos de las personas para resolver conflictos, etcétera. Obviamente habría que estar pendiente de la implementación de esto y el curso que corren las leyes secundarias.

Aquí lo que me preocupa es que esta intención de facilitar, simplificar la justicia, tratar de sacar de la vía judicial la resolución de conflictos y llevarla a otros mecanismos, pues pueda tener la suerte que algunos le quieren dar al nuevo Sistema Penal Acusatorio, en donde, efectivamente, habría un fin que uno pudiera considerar similar, que hubiera oralidad, que se presentaran los argumentos de forma distinta, que se simplificara la resolución de los mismos y que, efectivamente, pues el encarcelamiento no fuera la manera primaria de resolver conflictos.

Esa fue, me parece, la parte central de la reforma al Sistema Penal Acusatorio, además de que fueran las pruebas del Ministerio Público las que sí pudieran determinar si una persona se le establece un proceso, si pasa ese proceso en la cárcel o no, etcétera.

Y ahora hay como una suerte temprana de arrepentimiento en donde a estas ideas garantistas, estas ideas de simplificación de justicia, de repente nos ganan estas otras ideas de encarcelamiento, así como aprobamos esta reforma, la que hoy celebramos su promulgación, todos los días en la Cámara de Diputados estamos aprobando una reforma que incrementa las penas o que mete al derecho penal la posibilidad de resolver un problema social.

Creemos que el sistema penal y la cárcel resuelve problemas de política pública, el máximo que llegamos, y eso me avergüenza como Diputado, fue aquella vez que cambiamos el tipo penal para que tuviera una mayor pena de cárcel las personas que chocan y estuvieran usando un teléfono celular, o también aprobamos, por ejemplo, que las peleas de perro las tipificamos como un delito de cárcel.

Todo el tiempo estamos tratando de pensar al derecho penal y a la cárcel como la solución del problema, si hay un problema, bueno, entonces hay que implementar las penas, hay que hacerle un tipo, hay que utilizar ese tipo de aproximación para resolverlo.

Y, por otro lado, aprobamos este tipo de reformas que quieren lo contrario, que quieren simplificar, que quieren resolver conflictos fuera del sistema judicial, que quieren que las personas no necesariamente recurran a ese tipo de alternativas.

Entones, tenemos una posición, el país tiene una discusión esquizofrénica con respecto a la impartición de justicia; por un lado, queremos tener una aproximación garantista, de respeto a los derechos, de simplificación; y por otro lado, tenemos una fe enorme en el sistema penal y pensamos que metiendo a las personas a la cárcel de manera masiva es como vamos a resolver los problemas.

Y ahí es donde la implementación de una reforma de esta envergadura, que requiere una participación muy amplia de gobiernos locales, del Poder Judicial, de la Procuraduría, etcétera, no sé si va a naufragar.

O sea, de repente queremos una ley de seguridad interior que da unos poderes supraconstitucionales al ejército, que permite intervenir comunicaciones, que le permite al ejército actuar como Ministerio Público y de repente queremos estas otras leyes en donde las personas no tienen que recurrir al Poder Judicial para resolver los problemas.

Entonces, permítanme poner una nota de pesimismo a lo que hoy estamos celebrando, que en sí mismo es importante, que en sí mismo es un avance, pero si uno analiza el rumbo que está tomando y la discusión que está teniendo, y la culpa que le están poniendo autoridades irresponsables, como el gobierno a la Ciudad de México, a la reforma del Sistema Penal Acusatorio, no estoy seguro de que esta reforma vaya a llegar a buen puerto.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes, compañeros.

Una de las definiciones de justicia que más me gusta es la que nos dio Ulpiano, jurisconsulto romano hace mil 800 años, que ya la conocen seguramente, decía Ulpiano, asesor jurídico podemos decir del emperador Alejandro Severo, que “justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde”.

Y fíjense ustedes cómo en este concepto hay dos ideas fundamentales: en primer lugar, una voluntad constante y perpetua de todos los días, no de excepción, no al capricho de quien imparte justicia, no a la casualidad; y el segundo concepto importante, es dar a cada quien lo que le corresponde, igualdad de oportunidades, de derechos y, por supuesto, igualdad en cumplimiento de obligaciones.

Después de analizar esta concepción latina, caeremos en cuenta que México es un país, como decimos los médicos, crónica y endémicamente injusto; crónicamente ha habido desigualdad de oportunidades en el Virreinato, en la Independencia, siglo XIX, en la época de la Revolución, actualmente; y endémicamente esto es en todos lados.

De tal manera que considero yo, y así la fracción que represento, muy oportuna esta reforma constitucional que pretende fortalecer la justicia cotidiana, la justicia de todos los días.

Hay que reconocer que tenemos un Poder Judicial obeso, y no dejo de reconocer que el Poder Legislativo, del cual formo parte también, es obeso y letárgico, pero valga decirlo, del Poder Judicial, que hay un abuso del amparo que se debe de vigilar, que se abusa también de las formas, nos están ahogando las formas impidiendo que se haga justicia y que se aplique la ley en muchos casos concretos y muchos problemas más, hay nepotismo y, por supuesto, el fantasma de la corrupción.

Frente a esto estamos con una reforma constitucional que promueve, en forma muy pertinente, la justicia oral, una simplificación de trámites, promueve el acceso a la tecnología, promueve la oralidad y disminuye las formas, insisto, estas formas que nos ahogan y nos aturden a los mexicanos.

De tal manera que expreso mi apoyo a esta reforma y también hago mención y señalo el compromiso de las legislaturas federales y locales para aplicarlas hasta las últimas consecuencias y con sensatez; para que así los mexicanos tengan más igualdad de oportunidades, para que se hagan propio a través de la experiencia cotidiana de la justicia una cultura de la legalidad que tanto nos falta.

Es cuanto tengo que decir.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo.

Para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Diputada Presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

Desde mi punto de vista, la regulación de nuestra legislación penal para poder implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal, todos lo sabemos, ha sido larga, ha sido compleja, pero la justicia penal, me parece, es sólo una parte de nuestro sistema de justicia. Un sistema que, en general, adolece de deficiencias, de vicios y que el ciudadano nos está exigiendo solucionar.

La justicia, por lo tanto, y sobre todo la justicia cotidiana, debe ser mucho más accesible, debe ser eficaz, debe ser eficiente, y por ello me parece, compañeras Diputadas y Diputados; compañeras Senadoras y Senadores, me parece muy importante que estemos avanzando en este sentido, en lo que plantea esta reforma.

Y quiero llamar, y creo importante hacerlo, quiero llamar su atención, compañeras y compañeros, sobre la necesidad de poner énfasis en el tema de justicia restaurativa, porque creo que no debemos perder de vista que para muchos especialistas lo que estamos legislando sobre justicia restaurativa en este Sistema de Justicia Penal, según la opinión de ellos, es insuficiente y por ello debemos garantizar una regulación eficiente en otras materias, como la civil y como la familiar.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, como podemos ver, se trata de modificaciones que generarán beneficios directos para las personas y para los ciudadanos; que de funcionar adecuadamente contribuirán a fortalecer la confianza en las instituciones y en las autoridades, pues son tan necesarias también para la gobernabilidad democrática.

También me parece muy importante reconocer en esta tribuna la voluntad de todas las fuerzas políticas para construir un acuerdo alrededor de esta reforma, para dejar de fuera un mecanismo de elección, de jueces que ponía, desde mi punto de vista, en grave riesgo la independencia de los poderes judiciales en las entidades, ya que le daba manga ancha a los ejecutivos locales para su designación.

Creo que hubiese sido un atentado que el Congreso aprobara esos métodos de la elección y por eso lo expreso con beneplácito, ya que lejos de constituirse como un mecanismo efectivo, un mecanismo de contrapesos entre los poderes constituía, lo reitero y lo subrayo, una intromisión de gobernadores, del Jefe de Gobierno y los poderes judiciales y, por lo tanto, la oportunidad de colocar en ellos a sus cuates y sus cuotas.

Por eso, Diputada Presidenta, celebro la voluntad de eliminar dichos métodos y que ahora en lugar de ello estemos hablando de una reforma con la que se pretende dar certeza al contenido de juicios, de procedimientos orales, de privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales.

En otras palabras, compañeras y compañeros, me parece claro que lo que se pretende es hacer justicia mucho más práctica, mucho más accesible para quienes acudan a ella, sin que por ello se violenten los procedimientos y que, por lo tanto, Diputada Presidenta, compañeras legisladoras y legisladores, estoy concluyendo, creo este es un avance en favor del ciudadano que exige de un sistema de justicia mucho más eficaz, mucho más eficiente y, sobre todo, mucho más cercano.

Es la posición del Partido del Trabajo.

Gracias.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KARLA KARINA OSUNA CARRANCO

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del grupo parlamentario del PRI.

La Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su permiso, ciudadana Presidenta.

Una cualidad de la justicia es hacerla pronta y expedita, una justicia con dilación es injusticia. En beneficio de una justicia más eficaz que resuelva los problemas de la vida diaria de los mexicanos, los legisladores hemos impulsado reformas para eliminar tecnicismos y formalismos excesivos que dificulten el acceso de los ciudadanos a la justicia; impulsar reformas que aseguren el acceso de las personas a una justicia pronta y expedita.

Hemos hecho y pugnado para que el marco legal e institucional pueda establecer un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y transparente, así lo asumimos y seguiremos impulsando todo este trabajo para lograrlo.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el nivel de confianza de los mexicanos respecto a la justicia es inferior al 45 por ciento.

Además, como lo ha señalado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 69.5 por ciento de los ciudadanos considera ineficaz a un sistema de justicia de impartición por ser este no pronto ni expedito.

Sensible a esta realidad y comprometido a consolidar un México donde haya justicia eficaz y oportuna en una realidad cotidiana, el Presidente Enrique Peña Nieto encomendó al CIDE la organización de un diálogo nacional para la justicia plural y transparente, en el cual más de 425 expertos en la materia participaron, así como también 26 instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, quienes ubicaron los principales retos que en materia de justicia tiene nuestro país y, sobre todo, propusieron soluciones para ello.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió a implementar dichas soluciones y envió ocho iniciativas de reforma constitucional, una nueva ley general y cuatro iniciativas de reforma legal.

En tiempo y forma, el Congreso de la Unión hemos discutido y aprobado las reformas legales relativas a la justicia cotidiana que nos han correspondido, y en su conjunto considero que éstas abonarán y permitirán simplificar los procedimientos e introducir la oralidad y los juicios mercantiles sin importar su cuantía.

Podrá transformarse la justicia laboral para hacerla más eficaz, cercana y democrática; se unificarán los criterios y los alcances de la justicia alternativa en todo el país, con excepción de la materia penal; facilitará la instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que permita contar con trámites gubernamentales más rápidos y sencillos; promoverá, a su vez, el uso de una justicia cívica para solucionar conflictos menores y definir las bases para el funcionamiento de una justicia itinerante que llegue a todo México; homologará la organización de registros civiles a las entidades federativas para que, entre otros beneficios, sea posible obtener actas de nacimiento o actas de matrimonio sin importar en donde se encuentre el interesado.

Se crearán nuevos procedimientos administrativos que privilegien por encima de formalismos procesales la resolución de fondo de las controversias en materia fiscal.

Ahora corresponde seguir legislando en beneficio de una justicia pronta, expedita e imparcial, como escribió José Martí: “En la justicia no cabe la demora y el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí”.

Tras recibir 18 votos aprobatorios de las legislaturas locales, la declaratoria de reforma constitucional complementa el paquete de justicia cotidiana del Presidente Enrique Peña Nieto al elevar a rango constitucional la obligación de las autoridades de privilegiar la resolución de fondo en todos los conflictos, evitando que los formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a los mexicanos, faculta al Congreso de la Unión para crear un código nacional de procedimientos civiles y familiares, logrando que en todos los estados prevalezcan las mejores prácticas.

El progreso y la justicia son dos caras de la misma moneda, por eso debemos apostarle a una justicia eficaz para asegurar el futuro que merecemos: un México próspero, justo y en paz.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Félix Niebla.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal, en materia de compensación a cónyuge en caso de divorcio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 288 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Edgar Romo García: Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeros legisladores:

El día de hoy presento una iniciativa que tiene su razón de ser fundamental en una problemática social de gran profundidad y por la cual hoy muchas mujeres se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

Les voy a explicar. Cuando se conforma un matrimonio hay varias formas o varias maneras en que los cónyuges contribuyen a las cargas económicas y familiares que el mismo amerita; ya sea que ambos cónyuges se dediquen a trabajar, a producir las remuneraciones económicas para el sostenimiento del hogar, o bien que uno de ellos trabaje y el otro se quede dedicado a las labores del hogar, al cuidado de los hijos y al sostenimiento familiar.

En la actualidad hay muchos casos en donde, por decisión de los cónyuges, las mujeres son quienes se dedican a las labores del hogar, a hacerse cargo de los hijos, a educarlos y de todo lo necesario para que el matrimonio subsista de la mejor manera.

Sin embargo, aquellas mujeres que deciden dedicarse exclusivamente a las labores del hogar quedan desprotegidas porque ese tiempo no les permite generar un patrimonio propio, es decir, no pueden tener o no tienen la oportunidad de trabajar, generar su propia economía y construir su propio patrimonio.

Esta situación pareciera que es irrelevante, en aquellos casos que deciden casarse por el régimen de sociedad conyugal, en este caso al disolverse el matrimonio pues a cada cónyuge se les divide por partes iguales el patrimonio construido durante el matrimonio.

Pero, yo les pregunto, ¿qué sucede en aquellos casos en que los cónyuges están casados bajo el régimen de separación de bienes y deciden disolver el matrimonio?, ¿qué pasa con aquella mujer o aquel cónyuge que está dedicado a las labores del hogar?, ¿de qué va a vivir?, ¿cómo va a sostener a su familia, si cuando tuvo la oportunidad de trabajar no lo hizo porque estuvo al cuidado de los hijos?

¿Qué pasa con el cónyuge que, en aras del funcionamiento del matrimonio, asumió determinadas cargas domésticas y familiares sin poder desempeñarse profesionalmente o de recibir remuneración económica a cambio?

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos quien asume esta responsabilidad del hogar queda totalmente indefensa y desprotegida, ya que al no haberse podido desempeñar en el mercado laboral, pues carece de recursos económicos para el sostenimiento del propio hogar e incluso se ven amenazadas con no divorciarse, toda vez que no tendrían forma de subsistir económicamente.

Creo que esa situación es totalmente injusta, no sólo es una desproporción al patrimonio que se abstuvieron de generar, sino también resulta injusto que por falta de retribución, que merecen al realizar las labores del hogar, queden simple y sencillamente al arbitrio del cónyuge que sí tuvo esta oportunidad de construir un patrimonio.

Según un informe publicado por el Inegi durante el año 2016, en la mayoría de los casos las mujeres son quienes realizan las labores del hogar, labores domésticas y no remuneradas, pero que sí sirven y que sí aportan al sostenimiento del hogar.

Para poner una perspectiva, en los casos en donde las mujeres cuentan con un empleo formal, destinan un 65 por ciento de su tiempo a las labores domésticas y no remuneradas; mientras que destinan únicamente el 32.3 por ciento a actividades por las que regularmente se recibe un ingreso monetario. Esto sin contemplar a aquellas mujeres que se dedican al 100 por ciento a las labores del hogar y no cuentan con una actividad preponderantemente económica o una labor formal que les permita recibir algún ingreso.

En contraste, los hombres orientan principalmente en un 73.9 por ciento de su tiempo al trabajo total de las labores remuneradas y otorgan únicamente el 22.8 por ciento a las funciones domésticas y a los cuidados del hogar.

Estas cifras hablan por sí solas, las mujeres realizan una labor determinante en el hogar que no es remunerada y que representa muchísimo para el sostenimiento del matrimonio y del hogar.

Las mujeres deben tener el derecho para que en caso de que su patrimonio sea mucho menor al del cónyuge, derivado de que no desempeñó ninguna actividad laboral o que lo hizo en una proporción menor, y habiendo realizando labores domésticas determinantes en el hogar, el cuidado de los hijos, deben tener derecho a que se les compense y se equilibre su situación en caso de una disolución del matrimonio.

Por esta razón, esta iniciativa busca que en caso de divorcio las mujeres puedan obtener una compensación que les permita recibir una remuneración por las determinantes labores que hicieron para el sostenimiento del hogar.

En ese sentido, queremos o buscamos, con el apoyo de todos ustedes, reformar el artículo 288 Bis del Código Civil Federal, para establecer que, en los casos de divorcio de los matrimonios bajo el régimen de separación de bienes, si uno de los cónyuges fuera el que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, y no hubiere generado bienes o incluso que si los hubiere generado sean menores a los que generó el otro cónyuge, el juez deberá declarar en la sentencia que él o la ex cónyuge podrán tener derecho a una compensación y deberá dictar dicha compensación mediante una resolución expedita de manera incidental.

Compañeras y compañeros legisladores, la única intención de esta iniciativa es hacer más justa la vida de muchas personas, particularmente de quienes tras un divorcio no se le retribuye ni se les compensan las labores que durante mucho tiempo desempeñaron para el sostenimiento del hogar y el cuidado de los hijos.

Espero que tenga todo el apoyo de todos ustedes porque vamos a resolver una situación de vulnerabilidad que hoy viven muchas mujeres.

Muchas gracias, compañeros.

Es cuanto.

Iniciativa

El suscrito, EDGAR ROMO GARCÍA, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 288 Bis AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

El matrimonio se considera desde dos puntos de vista, como un acto jurídico y como un estado permanente de vida de los cónyuges: efecto del acto jurídico de la celebración del matrimonio.

Así, el matrimonio no se limita al momento de la celebración de éste, sino a sus propias consecuencias, a los derechos y obligaciones que de él nacen.

Cabe mencionar, que el matrimonio no es una creación del derecho, pues la unión entre el hombre y la mujer es un hecho natural, elevado como institución jurídica a través del matrimonio, en razón de la necesidad de organizarla y sancionarla; tan es así, que en sus orígenes se trataba de una institución religiosa.

Los derechos y obligaciones derivados del matrimonio tienen como finalidad la protección de los intereses superiores de la familia: la protección de los hijos (cuando estos existen) y la mutua colaboración y ayuda de los cónyuges.

Tradicionalmente se ha dicho que el fin más importante dentro del matrimonio es la procreación y la educación de los hijos, incluso por encima de la mutua colaboración y ayuda debida entre los cónyuges; sin embargo, la evolución social ha modificado esta percepción, y, como se ha observa al referir el concepto de matrimonio, la procreación no es necesariamente un fin del matrimonio, sino una mera posibilidad.

Respecto al caso que nos ocupa, debemos decir, que la mutua colaboración y la ayuda mutua, es uno de los fines más importantes del matrimonio, dado que es el eje central de la relación de pareja; conlleva no sólo el auxilio y apoyo moral sino también al económico, como lo es el sostenimiento del hogar.

No obstante, se debe decir que los fines aludidos en realidad no son la esencia del matrimonio, pues nada impide que se realicen independientemente de la existencia del matrimonio, sin embargo, es mediante éste que se da certeza jurídica a los miembros de la familia, lo que la fortalece y con ello permite una mejor convivencia social, de ahí la insistencia en que el matrimonio es una institución de interés público.

II. PROBLEMÁTICA

La institución y el funcionamiento práctico del matrimonio se asienta sobre unas determinadas bases económicas, que originan el denominado régimen económico del matrimonio, el cual puede definirse como la solución que el ordenamiento jurídico ofrece respecto de la manera en que se responde a las necesidades del grupo familiar originado en el matrimonio, tanto en el aspecto interno, referente a la contribución de cada uno de los cónyuges al sostenimiento de las cargas familiares, como en el externo, referente a la responsabilidad de los dos cónyuges frente a terceros acreedores por las deudas familiares.

Uno de los límites derivados del interés público y social del Estado en proteger el desarrollo integral de los miembros de la familia, así como del respeto a su dignidad y otros valores constitucionales, constituye la institución jurídica de la compensación.

El origen de dicha institución descansa en la necesidad de encontrar un mecanismo paliativo de la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen económico de separación de bienes, que no permite la comunicación entre las masas patrimoniales de los cónyuges. La finalidad, entonces, tanto de la extinta indemnización como de la compensación, es resarcir el perjuicio económico sufrido por el cónyuge que, en aras del funcionamiento del matrimonio, asumió determinadas cargas domésticas y familiares sin recibir remuneración económica a cambio.

En este sentido, aquella persona que durante el tiempo que duró el matrimonio reportó costos de oportunidad que generaron un efecto desequilibrador en su patrimonio, tendrá derecho a exigir un resarcimiento por ello.

Este mecanismo compensatorio se complementa con la obligación de los cónyuges de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, tal como ha sido prescrita en diversos Códigos Civiles Estatales, entre otros, tales como: Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal hoy Ciudad de México, Michoacán.

En efecto, que dos personas se casen bajo el régimen de separación de bienes no les libera, como ya se ha dicho, de la obligación de contribuir a sostener las cargas económicas familiares, y uno lo puede hacer con dinero y el otro mediante el trabajo.

Aquel cónyuge que dedique su tiempo en mayor medida a realizar estas actividades no tendrá oportunidad de dedicar su fuerza de trabajo a obtener ingresos propios por otras vías.

Por esta razón, la ley entiende que la forma en la que contribuye al sostenimiento de las cargas matrimoniales y familiares le perjudica en una medida que puede verse como desproporcionada al momento de disolver un régimen económico de separación de bienes.

En términos económicos, y como ya se ha dicho, se trata de compensar el costo de oportunidad asociado a no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional, en donde habría obtenido la remuneración económica correspondiente.

En este orden de ideas, al estar enfocada en la necesidad de equilibrar una situación de desigualdad derivada de las actividades que cada uno de los cónyuges realizó durante el matrimonio, la compensación debe entenderse como una medida legislativa tendiente a asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo, como lo establece tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.1
Específicamente, tal medida reivindica el valor del trabajo doméstico y de cuidado, largamente invisibilizado en nuestra sociedad.

En ese mismo sentido, lo ha sostenido diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a través de los siguientes criterios que transcribo a continuación:

DIVORCIO. COMPENSACIÓN EN CASO DE. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008 AL 24 DE JUNIO DE 2011. La finalidad del mecanismo compensatorio previsto en el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente del 4 de octubre de 2008 al 24 de junio de 2011, es corregir situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injustos derivadas de que uno de los cónyuges asuma las cargas domésticas y familiares en mayor medida que el otro. A partir de esa premisa originada de la interpretación teleológica de la norma se obtiene que, cuando la disposición citada establece los supuestos en que debe operar la compensación, el elemento común e indispensable es que el cónyuge solicitante se haya dedicado a las labores domésticas y de cuidado, en detrimento de sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad en el mercado laboral convencional. Así, al disolver un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, tendrá derecho a exigir la compensación hasta en un 50% de los bienes de su contraparte, el cónyuge que se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, sufriendo con ello un perjuicio patrimonial tal que, en consecuencia, 1) no haya adquirido bienes, o 2) haya adquirido notoriamente menos bienes que el otro cónyuge que sí pudo desempeñarse en una actividad remuneratoria. Corresponderá al juez en cada caso, según lo alegado y probado, estimar el monto de la compensación con el objeto de resarcir el perjuicio económico causado.

INDEMNIZACIÓN AL CÓNYUGE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE AL HOGAR, O AL CUIDADO DE LOS HIJOS. ELEMENTOS QUE DEBEN ATENDERSE PARA FIJAR SU PORCENTAJE. El artículo 289 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, donde se otorga el derecho a cobrar tal indemnización (actualmente contenido en la fracción VI del artículo 267 del código citado), tiene como presupuesto el reconocimiento de un hecho notorio, consistente en que cuando uno de los cónyuges, generalmente la mujer, emplea la mayor parte de su tiempo y esfuerzos al cuidado y labores del hogar, y en su caso, de los hijos, con este trabajo contribuye económicamente y de manera importante a la acumulación de riqueza en el seno del matrimonio, aunque no se haga su conversión a dinero, y con esto coadyuva a que el otro consorte utilice los recursos económicos obtenidos con sus actividades, a la adquisición de bienes o al ahorro, pues de no haberse efectuado las labores no remuneradas indicadas, parte o todo ese dinero se habría tenido que destinar a pagar los servicios a terceras personas. Por esta razón, se determinó que los bienes y derechos obtenidos por un cónyuge durante el matrimonio, al ser producto del trabajo de marido y mujer, les pertenecen en común, en proporción a la actividad invertida para su adquisición, de modo que esa labor no remunerada puede estimarse equivalente hasta a la mitad del patrimonio acumulado. La disposición legal no precisa un porcentaje determinado e invariable para todos los casos, sino deja la decisión al arbitrio del juzgador, atendiendo a las circunstancias probadas en cada caso, y sólo señala un tope máximo del cincuenta por ciento. Para su fijación, en principio, se deben considerar únicamente los bienes obtenidos con la combinación de las aportaciones y esfuerzos de los cónyuges, y no los que ya hubieran tenido al celebrarse el matrimonio; tampoco los recibidos por donación o herencia, etcétera. Para ponderar las labores del consorte, el juzgador debe verificar en autos, si el solicitante realizó la totalidad de las acciones necesarias para el cuidado del hogar o de los hijos, si fueron ejecutadas en forma personalísima, o si estuvo auxiliado por otras personas, verbigracia, si las labores materiales de limpieza, lavado, planchado, preparación de alimentos, etcétera, se llevaron a cabo totalmente por la persona, parcialmente, con la ayuda de alguien más, o cabalmente por terceros, y el cónyuge tuvo como única tarea, la programación, dirección y vigilancia de su ejecución, inclusive si el otro cónyuge contribuyó con esas actividades, ya que al trabajo ejecutado directamente por una persona, para ahorrar el costo de su mano de obra, por ejemplo, y aprovechar ese dinero para la satisfacción de otras necesidades del hogar y de los hijos; que administró cuidadosamente el dinero aportado por el otro cónyuge, mediante la adquisición exclusiva de lo necesario, sin hacer gastos superfluos y si esa labor se prolongó por tiempo considerable, su contribución no puede tener igual valor que la de otra persona que se auxilie de empleados y se dedique sólo a programar, dirigir y vigilar la ejecución de las actividades del hogar y la atención de los hijos, o de quien desempeñare esas funciones por poco tiempo.

INDEMNIZACIÓN DE HASTA EL 50% DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL MATRIMONIO. PROCEDE INAPLICAR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, CUANDO SE DEMOSTRÓ QUE AMBOS CÓNYUGES CONTRIBUYERON A SU ADQUISICIÓN, PERO SÓLO UNO DE ELLOS APARECE COMO PROPIETARIO. Con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, procurando siempre la protección más amplia para la persona; lo que implica que las autoridades jurisdiccionales del orden común, para hacer respetar esos derechos, tienen facultades para inaplicar los dispositivos o porciones normativas que contravengan esos ordenamientos. Ahora bien, el artículo 277 del Código Familiar para el Estado de Michoacán abrogado, establece: "Al demandar el divorcio, los cónyuges podrán reclamar del otro, una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido, durante el matrimonio, siempre que: I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez de primera instancia, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.". En dicho numeral se contiene una especie de compensación económica que tiene como propósito equilibrar las inequidades patrimoniales que enfrenta uno de los cónyuges cuando se decreta el divorcio, por no haber obtenido bienes u obtenerlos en cantidad menor, al haberse dedicado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Se trata pues, de una indemnización destinada a corregir aquellas situaciones de enriquecimiento o empobrecimiento injusto que se presente en uno de los cónyuges al disolver el régimen patrimonial de separación de bienes. De ese modo, el requisito que establece la fracción II del artículo citado consiste en que, quien pide la indemnización se haya dedicado, preponderantemente, al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos; no debe ser exigible cuando queda acreditado que ambos cónyuges trabajaron y contribuyeron del mismo modo para la adquisición de los bienes; en cuyo caso, procede inaplicar la fracción aludida, con el fin de equilibrar la desigualdad económica que genera en perjuicio de uno de los cónyuges el hecho de que la mayoría de los bienes aparezcan sólo a nombre del otro, por afectarse el derecho humano a usar y disfrutar los bienes que legalmente le corresponden y a no ser privado de ellos sino mediante el pago de una indemnización justa, como lo establecen los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; inaplicación que procede en atención al principio de mayor beneficio previsto en el artículo 1o constitucional.

Así pues, actualmente las disposiciones legales respecto al sostenimiento del hogar, son menos discriminatorias, al establecer que estará a cargo de ambos cónyuges, y que se da a la mujer la libertad de trabajar, dejando a un lado el paradigma de que la mujer debe quedarse al cargo de la dirección del hogar, lo que también implica un reconocimiento a la actividad de la mujer dentro del hogar, como una forma de apoyo para el sostenimiento doméstico y como una actividad digna de considerarse en términos económicos.

De tal forma que, si bien es cierto, que algunas disposiciones legales estaduales ya contemplan esta figura jurídica “compensatoria”, también es cierto, que el Código Civil Federal no lo contempla, lo que conlleva a que las personas que contraen matrimonio bajo esta Ley Federal no cuentan con el derecho que hemos referido, así como tampoco aquellas personas que contraen matrimonio en consulados mexicanos radicados en el extranjero.

Por lo anterior, con la presente Iniciativa se pretende legislar y atender la institución jurídica de compensación en aquellos matrimonios que se hayan celebrado bajo el régimen de separación de bienes, con la finalidad de otorgarle valor económico a aquellas personas, ya sea mujer u hombre que se hayan dedicado durante el matrimonio preponderantemente a las labores del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, y no hubiere generado bienes o habiéndolos generado estos no alcancen la proporción equivalente en valor a los generados por el otro

III. PROPUESTA

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento de poner orden en el fenómeno social de las compensaciones en los matrimonios que se hayan celebrado bajo el régimen de separaciones de bienes.

Bajo este contexto, es nuestra propuesta reconocer este derecho de índole económico, para retribuir al cónyuge que queda en la peor situación después del divorcio como consecuencia de haberse dedicado a la familia en detrimento de su formación y promoción profesional-laboral.

Se trata de equilibrar una situación de desigualdad derivada de las actividades que cada uno de los cónyuges realizó durante el matrimonio, otorgando valor económico a los cónyuges que se dedicaron a las labores del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, por tanto, esta figura jurídica debe entenderse como una acción afirmativa tendiente a asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges en cuanto al matrimonio.

IV. CONTENIDO DE LA REFORMA

La reforma que se propone al Código Civil Federal es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente para atender los derechos de todos aquellos cónyuges que, durante su matrimonio celebrado en el régimen de separación de bienes, se dedicaron preponderantemente a las labores del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, y no hubiere generado bienes o habiéndolos generado estos no alcancen la proporción equivalente en valor a los generados por el otro.

En tal virtud, se propone adicionar el artículo 288 Bis al Código Civil Federal, para hacer justicia a favor de todos aquellos cónyuges que se durante el matrimonio dedicaron su vida a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, si los hubiere, y que, al encontrarse ante el divorcio, se ven desamparados.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma por adición el artículo 288 Bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 288 Bis.- En los casos de divorcio de los matrimonios bajo el régimen de separación de bienes, si uno de los cónyuges fuera el que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, y no hubiere generado bienes o habiéndolos generado estos no alcancen la proporción equivalente en valor a los generados por el otro, el juez declarará en la sentencia que él o la ex cónyuge podrá tener derecho a una compensación, y deberá decretar dicha compensación mediante resolución vía incidental, bajo los principios de equidad y solidaridad, misma que podrá ser hasta del cincuenta por ciento del valor de dichos bienes.

Para determinar dicha compensación, el juez deberá tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;

II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;

III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;

IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;

V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y

VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

El derecho a la compensación a que se refiere este artículo, se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio.

El Juez, en la sentencia de divorcio y en la resolución incidental correspondiente, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Edgar Romo García.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Romo García. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 3.
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
Artículo 23.
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 17. Protección a la Familia.
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Minerva Hernández Ramos, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley de Planeación, en materia de cambio climático.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 21 TER A LA LEY DE PLANEACIÓN

(Presentada por la Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre propio, del Diputado Javier Antonio Neblina Vega y de los Diputados del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Minerva Hernández Ramos. Con su permiso, señora Presidenta. A nombre del Diputado Javier Neblina Vega, la Diputada Ángeles Rodríguez y del mío propio, presento esta iniciativa de ley.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para que el desarrollo humano sea sustentable éste debe ser compatible con el respeto al medio ambiente.

México es uno de los países con mayor biodiversidad y cuenta con una enorme riqueza de especies de flora y fauna tanto terrestres como marinas.

La preservación de los recursos naturales debe atender al crecimiento económico sin perjudicar el desarrollo de las generaciones futuras, por ello, debemos promover una perspectiva medioambiental para que en toda política pública se incluya el elemento ecológico que asegure su sustento a corto, mediano y largo plazos.

El uso responsable de los recursos naturales, el fomento de energías renovables, el combate al cambio climático y la adopción de una cultura del reciclaje son medidas que el país demanda para asegurar su viabilidad como nación, así como la vida, salud e integridad de las personas.

Es tiempo ya de que en México se instrumenten políticas públicas de Estado cuyo alcance sea para un beneficio mayor y que trasciendan a los gobiernos en turno, ello demanda, entre otras medidas, hacer cambios en la Ley de Planeación para que esta visión sexenal, predominantemente cortoplacista, de modo que aquellos planes y programas nacionales que destaquen por su relevancia e impacto en el país deba dárseles continuidad, revisión y mejora. Entre estos programas, se encuentran aquellos que buscan mitigar los efectos del cambio climático.

Como ustedes saben, hay evidencia científica de que las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación, incrementan la emisión de gases de efecto invernadero, ocasionando la elevación gradual de la temperatura a nivel mundial con diversos efectos en el clima y en perjuicio de la salud humana.

Y en apoyo a los acuerdos y tratados internacionales sobre cambio climático, el Estado mexicano se fijó diversas metas para los años 2020 y 2050. Dentro de estas metas está la generación del 35 por ciento de electricidad con tecnologías limpias para 2024, a fin de reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero.

Junto a estos compromisos específicos, nuestro país suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos se encuentra adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

En este tenor, el Estado mexicano aprobó un conjunto de leyes que conforman nuestro marco jurídico para preservar el medio ambiente, el combate al cambio climático, la protección de la biodiversidad en nuestro país y el fomento al desarrollo sustentable. Pero en los hechos, este conjunto de leyes no guarda total congruencia con el ejercicio de planeación nacional del desarrollo que establece la Ley de Planeación, porque de acuerdo con el artículo 22 de esta ley, no pueden exceder del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieren a un plazo mayor.

Por esta razón, el grupo parlamentario de Acción Nacional propone en esta iniciativa, que hoy presento, reformar la Ley de Planeación para establecer que el Ejecutivo Federal incluya, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, consideraciones de corto, mediano y largo plazo en la política nacional de cambio climático, con un horizonte de 10, 20 y hasta 40 años.

Esta iniciativa de reforma nos permitirá, efectivamente, reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero, al tiempo de cumplir con metas para los años 2020 y 2050, que se comprometió el Estado mexicano.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Iniciativa

El suscrito Diputado JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 21 TER. A LA LEY DE PLANEACIÓN, al tenor del siguiente:

Exposición de Motivos

Existe evidencia científica de que las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación incrementan la emisión de gases efecto invernadero, ocasionado la elevación gradual de la temperatura a nivel mundial con diversos efectos en el clima y en perjuicio de la salud humana.

En apoyo a los acuerdos y tratados internacionales sobre cambio climático, el Estado mexicano comprometió diversas metas para el año 2020 y 2050, entre ellas generar 35 por ciento de electricidad con tecnologías limpias para 2024, a fin de reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero.

Junto a estos compromisos específicos, nuestro país suscribió La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece 17 objetivos con el compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental; dentro de estos objetivos se tendrá que cumplir el número 13 que busca: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

La legislación ambiental incluye diversas disposiciones para avanzar al respecto. La Ley General de Cambio Climático obliga a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 30% para el 2020 sobre la línea base y, en un 50% para el 2050 sobre lo emitido en el año 2000; a producir en el 2024 el 35% de energía eléctrica a través de fuentes limpias. Crea el Registro Nacional de Emisiones (RNE) en el que los siguientes sectores tienen la obligación de reportar sus emisiones GEI (a través de la Cédula de Operación Anual -COA): I) Energía; II) Transporte; III) Industrial; IV) Agropecuario; V) Residuos; y VI) Comercio y Servicios.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estableció las bases para el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) para que las empresas, de manera voluntaria adopten prácticas de regulación ambiental, a fin de incrementar sus niveles de observancia de la normatividad en la materia y así contribuir al desarrollo sustentable y obtener alguno de los tres certificados que expide la PROFEPA: Certificado de Industria Limpia, Certificado de Calidad Ambiental Turística y Certificado de Calidad Ambiental.

A través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se creó la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, que tiene por objeto promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.

En 2015, se expidió la Ley de Transición Energética cuyo objeto es regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Esta ley establece apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia.

Estas leyes que establecen acciones concretas desde organismos responsables, programas, normas, apoyos, estímulos fiscales, sanciones y hasta metas específicas para combatir el cambio climático, no guardan total congruencia con el ejercicio de planeación nacional del desarrollo que establece la Ley de Planeación.

Efectivamente, la Ley de Planeación fija las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo el Plan Nacional de Desarrollo y los respectivos programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deben guardar congruencia con el Plan, pero de acuerdo al artículo 22 de esta ley no pueden exceder del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.

La Ley de Planeación, en el artículo 21, establece:

“El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá, como parte del Plan, consideraciones de largo plazo, con un horizonte de hasta veinte años, respecto de la política nacional de fomento económico a que se refiere este.

La política nacional de fomento económico de largo plazo podrá ajustarse durante el proceso de emisión del Plan Nacional de Desarrollo para el período de gobierno correspondiente; manteniendo en todo momento el horizonte de hasta veinte años para la política nacional de fomento económico.

Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo que corresponda, con el horizonte de veinte años y la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional”.

Como se puede observar, la visión de largo plazo es sólo sobre la política nacional de fomento económico. Sin embargo, una de las variables que es transversal del desarrollo nacional y está afectando el fomento económico, es la variable de sustentabilidad, siendo uno de los argumentos de la reforma a esta ley en 2002 para que se considerara que en el ejercicio de planeación como una obligación del Estado el desarrollo integral y sustentable del país.

En este sentido, se mandata considerar en objetivos, estrategias, prioridades, e indicadores la materia de sustentabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los demás programas que derivan de él. No obstante, la formulación, seguimiento, instrumentación y evaluación de estos planes y programas corresponden al periodo de gobierno en turno, es decir, a seis años, lo cual implica una restricción en el ejercicio de planeación y en cumplimiento a los compromisos en materia de cambio climático.

Prueba de ello, es que en 2013 se estableció la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), instrumento que define los pilares de la política nacional de cambio climático en materia de adaptación y mitigación hacia un desarrollo bajo en emisiones. La ENCC prevé una ruta a 10, 20 y 40 años, con prioridades y criterios de atención a nivel nacional y regional, pero por su carácter orientador para la primera mitad de este siglo, esta Estrategia no define acciones concretas ni responsables particulares.

De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece las bases de las acciones a seguir en el corto plazo y se complementan con el Programa Especial de Cambio Climático y los Programas Estatales de Cambio Climático.

Por lo que proponemos en esta iniciativa reformar la Ley de Planeación para establecer que el Ejecutivo Federal incluya, como parte del Plan, consideraciones de corto, mediano y largo plazo de la política nacional de cambio climático, con un horizonte de diez, veinte y hasta cuarenta años, a fin de que exista continuidad y congruencia en las acciones de coordinación entre ámbitos de gobiernos como en aquéllas de colaboración con los sectores social y privado.

Cabe destacar como antecedente de esta visión de largo plazo que exige nuestro territorio, sociedad y medio ambiente para lograr un desarrollo armónico más incluyente equitativo y en pleno respeto a los derechos humanos para las presentes y futuras generaciones, que ya la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el pasado 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mandata contar con una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial como política pública de largo plazo, de 20 años, formulada y aprobada por el Ejecutivo Federal. El Decreto de esta nueva ley consideró también reformar la Ley de Planeación.

En reconocimiento a la importancia de una planeación de largo plazo, el Presidente Peña Nieto anunció el pasado mes de abril que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para incorporar en la Ley de Planeación, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecieron en La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y elaborar la Estrategia Nacional al respecto.

México requiere urgentemente de medidas legales y de política pública integrales que permitan reducir las emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y evitar en lo inmediato, en su caso, contingencias ambientales que paralicen las actividades físicas de las personas, las industrias y de transporte.

Es nuestra obligación como legisladores preocupados por controlar y evitar toda actividad que implique una disminución de nuestra biodiversidad, el establecer las bases que permitan armonizar y lograr la congruencia entre nuestro marco jurídico y el ejercicio de planeación, por lo que esta iniciativa abona al respecto para que se realice una planeación prospectiva a fin de incidir en el uso eficiente y sostenible de nuestros recursos, mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente.

Esta reforma nos permitirá efectivamente, reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero, al tiempo de cumplir con metas para el año 2020 y 2050 que comprometió el Estado Mexicano.

Esta iniciativa se suma al trabajo permanente del Partido Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, por incidir en el pleno ejercicio de derechos fundamentales como disfrutar de un medio ambiente sano a personas, familias y comunidades, para ser efectivamente una nación sustentable y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia de cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero.- Se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 21 Ter.- El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de corto, mediano y largo plazo de la política nacional de cambio climático, a fin de enfrentar los efectos adversos del cambio climático y lograr la protección al ambiente, el desarrollo sustentable y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá como parte del Plan consideraciones de corto, mediano y largo plazo, con un horizonte de diez, veinte y hasta cuarenta años, en concordancia con los instrumentos y mecanismos de planeación de la política nacional de cambio climático y los acuerdos internacionales suscritos por el país en la materia.

Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo que corresponda, con los tiempos establecidos en este artículo y la Ley General de Cambio Climático.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal observará las disposiciones del presente Decreto para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo presidencial 2019-2024, e instruirá a las dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal, para que en la elaboración de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales respectivos a dicho periodo, se cumpla con esta planeación de corto, mediano y largo plazo a la que refiere el presente Decreto.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Javier Antonio Neblina Vega.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Hernández Ramos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de sanciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señora Presidenta.

Vengo a presentar esta iniciativa de reforma a los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

México actualmente es considerado un país megadiverso, debido a que posee una gran cantidad de especies de animales y plantas. Esta distinción se debe principalmente a que el país cuenta con diversidad de ecosistemas.

Por lo anterior, es importante decir que el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influye en su desarrollo y en su actividad se le denomina medio ambiente. Por tanto, es también fundamental para el progreso de la vida humana.

El medio ambiente es un tema discutido en los últimos años, pero que ha retomado mayor importancia a raíz de las problemáticas que lo aquejan, de tal suerte que se ha vuelto una prioridad para la comunidad internacional, debido a que, hoy en día, se concibe como un derecho humano.

El medio ambiente como derecho humano se consolidó hasta el establecimiento de la tercera generación, es decir, en aquella formada por los llamados derechos de los pueblos o solidaridad, los cuales responden a una necesidad de cooperación entre las naciones.

El medio ambiente es uno de los bienes que engloban los derechos de la generación referida.

En ese tenor, la colaboración internacional es toral para la protección y respeto de este derecho, para muestra está lo plasmado en los instrumentos internacionales tales como la Declaración de Estocolmo, documento donde apareció por primera vez el derecho al medio ambiente; y en América, el Protocolo de San Salvador, que expresa en su artículo 11 que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, no omite señalar que “los Estados Parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

Tal como se desprende en la lectura de este artículo, el medio ambiente tiene un doble enfoque: como derecho de las personas y como un deber de los Estados a garantizar un medio ambiente sano.

Nuestra Constitución, en el quinto párrafo del artículo 4o. consagra este doble enfoque, incluyendo además que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley.

En el país se ha planteado la visión del medio ambiente como un derecho humano y, al mismo tiempo, como un deber del Estado respecto a su preservación.

Es básico que la Carta Magna contemple la responsabilidad por daño o deterioro, puesto que sancionarlo es una tarea que garantiza este derecho.

En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental reglamenta lo previsto en la Constitución, teniendo por objeto la protección, preservación y restauración del medio ambiente y el equilibrio ecológico.

Pese a la claridad del objeto, los daños al ambiente están a la orden del día, menoscabando, por ende, este derecho de la población.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sólo en el 2016 se recibieron un total de 6 mil 557 denuncias de daño al medio ambiente, con las cuales se dio cuenta la autoridad sobre posibles actos u omisiones que producen o pueden producir daños ambientales; en el 2015 la cifra fue de 6 mil 671 denuncias; y en el 2014 de 7 mil 217, es decir, la cifra se mantiene relativamente año tras año.

Aunado a la definición que la ley en comento dispone sobre el término “daño al ambiente”, el ordenamiento también establece que cuando ese perjuicio es ocasionado por un acto u omisión ilícito doloso, además de la reparación de los daños y la compensación ambiental, el responsable debe pagar una sanción económica.

La sanción económica, pese a tener una naturaleza accesoria, es indispensable debido a que tiene como finalidad lograr una prevención general y especial para inhibir en el futuro estos ilícitos.

La imposición de sanciones con fines preventivos es necesaria para evitar daños al ambiente; por un lado, la prevención general se encarga de disuadir a la sociedad para que se abstenga de cometer el ilícito, y en especial se dirige a evitar que quien ha cometido el ilícito no vuelva a reincidir.

Por lo anterior y con base en que el daño al ambiente violenta el derecho humano a un ambiente adecuado y saludable, a través de la presente iniciativa se pretende retomar la función preventiva de la sanción económica que contempla la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Se propone, concretamente, aumentar los mínimos contemplados en las fracciiones I y II del artículo 19, respecto a la imposición de la sanción económica.

En primer lugar, cuando sea una persona física la que dañe el ambiente, se le deberá imponer un pago equivalente de mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de los 300 a 50 mil, con el fin de que el monto mínimo realmente cumpla con su función preventiva general y disuada a todas las personas para que se abstengan de dañar al medio ambiente.

En segundo lugar, cuando se trate de una persona moral, se le deberá imponer el pago equivalente de 10 mil a 600 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de mil a 600 mil, esto con la única finalidad similar a la propuesta anterior, aunado a que comúnmente son personas morales las que generan los peores daños ambientales derivado de sus actividades, razón que respalda elevar el monto mínimo de la sanción.

Por otro lado, se propone modificar el primer párrafo del artículo 20. El texto vigente establece una atenuante a la sanción económica que se impone a las personas morales si se hallan insertas en algún supuesto que el precepto despliegue, reduciendo su sanción en una tercera parte.

Considero que la sanción no debe disminuirse en esta proporción, debido a que no se puede ser tan flexible con las personas morales que dañan al ambiente y menoscaban, a su vez, un derecho humano.

Por tanto, se propone que esta reducción sólo se dé en una cuarta parte con la intención de robustecer la prevención general como finalidad primordial de la sanción económica.

Si seguimos permitiendo esta flexibilidad, esta facilidad que a través de pequeñas sanciones o castigos, seguimos exponiendo el medio ambiente a su deterioro, por eso esta iniciativa.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El medio ambiente es un tema que ha sido materia de discusión en los últimos años, en consecuencia todo lo relacionado al tema se ha vuelto prioridad para la comunidad internacional por tratarse hoy en día de un derecho humano que deben gozar todas las personas; es decir, el derecho al medio ambiente sano, adecuado y saludable.

A través de su estudio se ha encontrado que el medio ambiente no se limita a la relación humanidad-naturaleza; sin embargo, sus diversas acepciones comúnmente los manejan en concordancia, verbigracia, la Real Academia Española refiere que el medioambiente es el “conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”,1 de lo anterior se desprende que el medio ambiente es fundamental para el progreso de los seres vivos, incluida lógicamente la especie humana.

Derivado de la relación referida, se ha procurado que ésta se entable en un plano de respeto, cuidado y equilibrio, puesto que dañar al ambiente puede traducirse a la postre en un menoscabo al sano desarrollo de las personas. A la par del afianzamiento de los derechos humanos, su respectiva evolución se ha dado de acuerdo al contexto y necesidades de la humanidad, desarrollo que se dio a través del establecimiento de generaciones.

El medio ambiente como derecho humano se consolidó hasta la tercera generación, es decir, en aquella formada por los llamados Derechos de los Pueblos o Solidaridad, los cuales surgieron como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las integran. Es decir, el medio ambiente destaca, a la par de la paz y el desarrollo, como uno de los bienes que engloban los derechos de dicha generación.

Al respecto, Mercedes Franco señala que hay algo que no se puede olvidar, que “el medio ambiente es condición sine qua non de nuestra propia existencia. Sin unas condiciones ambientales adecuadas no podemos sobrevivir, careciendo de sentido los demás derechos”.

La colaboración internacional es toral para la procuración, protección y respeto de este derecho, muestra de ello son los diversos instrumentos que plasman la preocupación de la comunidad con el fin de reconocerlo plenamente. El concepto de derecho al medio ambiente apareció por primera ocasión en la Declaración de Estocolmo,2 la cual en su principio número uno expresa que:

“El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Asimismo, el principio número cinco de la referida declaración proclama que “el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos”; por tanto, el medio ambiente como derecho recobró su importancia ante el contexto internacional.

Del mismo modo vale la pena citar lo establecido en América por el Protocolo de San Salvador,3 el cual en su artículo 11 expresa que:

“1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”

Visto lo anterior, es posible inferir que el medio ambiente se concibe como un derecho de las personas y como un deber de los Estados; estos últimos se han encargado de regularlo bajo una o ambas perspectivas en sus constituciones nacionales, siendo México uno de estos casos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preserva el doble enfoque de este derecho, de tal suerte que en el quinto párrafo del artículo 4 consagra que:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

En México se ha planteado la visión del medio ambiente como un derecho humano que les asiste a todas las personas en el territorio nacional y al mismo tiempo como un deber del Estado respecto a su preservación. La Carta Magna añade la responsabilidad por daño o deterioro al ambiente, un aspecto básico en la tarea de garantizar este derecho y que es objeto de la presente iniciativa.

En este sentido, algunos de los preceptos reglamentarios de lo previsto por el artículo 4 constitucional se hallan insertos en la Ley federal de Responsabilidad Ambiental, ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, y que tiene por objeto “la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental”.

El objeto de la ley es claro, no obstante, los daños al ambiente lamentablemente se dan con regularidad, menoscabando materialmente el entorno, y por ende, a la población. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en 2016 se recibió un total de 6 mil 557 denuncias, con las cuales se dio cuenta a la autoridad sobre posibles actos u omisiones que producen o pueden producir daños ambientales. En 2015 la cifra ascendió a 6 mil 671 denuncias y en 2014 a 7 mil 217, es decir, la cifra se mantiene relativamente año tras año.4

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental define como daño al ambiente la “pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan”, cuando este daño es ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, además de la reparación de los daños y la compensación ambiental, el responsable debe pagar una sanción económica.

De acuerdo con el ordenamiento en comento, la sanción económica es un pago que la autoridad judicial impone a quien comete la conducta ilícita dañosa; asimismo, tiene como finalidad lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro estos comportamientos prohibidos. La naturaleza de esta sanción es que es accesoria a la reparación o compensación del daño; sin embargo, ello no implica que tenga menos importancia.

La imposición de sanciones con fines preventivos es indispensable para evitar daños significativos al ambiente, por un lado la prevención general se encarga de disuadir a la sociedad para que se abstenga de cometer el ilícito, o en su carácter especial, se dirige a evitar que quien haya cometido el ilícito, no vuelva a reincidir. Por esta razón, la sanción económica que se impone por daño ambiental debe ajustarse a la par de las necesidades del contexto actual, pues los daños al ambiente son recurrentes y los responsables, ya sean personas físicas o morales, deben ser sancionados de manera ejemplar y en función al daño que producen.

Como se ha referido, es muy estrecha la relación del medio ambiente con las personas, al grado de ser concebido como un verdadero derecho humano; por esto, no es posible minimizar los daños que se ocasionan al ambiente, pues a corto o largo plazo, estos vulneran el desarrollo de las personas, y consecuentemente constituyen una violación al derecho humano a un ambiente adecuado y saludable.

En este sentido, a través de la presente iniciativa se propone retomar la función preventiva de la sanción económica que debe imponerse a aquellos que dañan al medio ambiente, siendo importante elevar los mínimos contemplados en el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En primer lugar, a la persona física que genere un daño al ambiente, se le deberá imponer un pago equivalente de mil a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de trescientos a cincuenta mil, con el fin de que el monto mínimo realmente cumpla con su función preventiva general, y disuada a todas las personas para que se abstengan de dañar al medio ambiente.

En segundo lugar, cuando se trate de una persona moral, se le deberá imponer el pago equivalente de diez mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de mil a seiscientos mil, esto con una finalidad similar a la propuesta anterior, aunado a que comúnmente son personas morales las que generan los peores daños ambientales derivado de sus actividades, razón que respalda elevar el monto mínimo de la sanción.

Por último, se propone hacer una modificación al primer párrafo del artículo 20, el cual establece una atenuante a la sanción económica que se impone a las personas morales.

Esta reducción no debe parecer un beneficio para las personas morales, aun cuando se hallen identificadas en alguno de los supuestos que el artículo en referencia despliega; de tal suerte que es viable que la sanción económica solo se reduzca en una cuarta parte y no en una tercera, esto con la intención de robustecer la prevención general como finalidad de esa sanción.

La responsabilidad ambiental no solo debe traducirse en reparar el daño ocasionado, más bien funge como un compromiso que deben tener todas las personas con el medio ambiente, a fin de que el mismo sea propicio para el desarrollo de las generaciones futuras. Es imposible escatimar esfuerzos en la consolidación de los derechos humanos, por tanto el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable legitima la necesidad de evitar más daños al entorno y de procurar un efectivo respeto a los compromisos que el país ha adquirido internacionalmente por el bien común.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones I y II del artículo 19; y el primer párrafo del artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como  sigue:

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. De mil a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De diez mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su cuarta parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

 

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

 

 

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. De mil a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De diez mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su cuarta parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Sen. David Monreal Ávila.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

1 Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, 2005, búsqueda de la palabra “medioambiente”, consultado el 18/08/2017 [en línea], disponible en: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=yytQmvG7mD6IxlSgEy

2 Véase la “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano”, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano el 16 de junio de 1972, consultada el 18/08/2017, documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf

3 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", ratificado por México en 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, consultado el 18/08/2017, documento disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf

4 Véanse los Informes Anuales de Actividades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 2014, 2015 y 2016, consultados el 18/08/2017, documentos disponibles en: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/353/1/mx/informes_anuales_de_la_profepa.html y en https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-profepa-2016






Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, en materia de inversión para la salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

(Presentada por el Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso de la Diputada Presidenta.

En la Legislatura pasada se aprobó una ley, que a mí me parece muy importante aunque no ha tenido francamente mayor uso, que es la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

En teoría, esta ley sí da las bases institucionales legales para hacer política industrial. La idea, el planteamiento, por muchos años en México, es este de “la mejor política industrial es no tenerla”, y entonces, lo que tenemos que hacer muchos tratados comerciales para que seamos una potencia exportadora, que eso jale al resto de la economía y haya modernización y haya absorción de tecnología. Bueno, esto no sucedió.

En realidad, México sí se convirtió en una potencia exportadora, con sectores muy dinámicos y muy modernos que no logran jalar al resto de la economía.

Si la economía crece 2 por ciento en promedio, porque hay sectores muy dinámicos que crecen 4, 5, 7 por ciento en el bajío y en algunas partes del occidente y el norte del país, y el resto de la economía prácticamente no crece, entonces en promedio crecemos 2 por ciento al año desde hace mucho tiempo.

De hecho, ha convergido el ritmo de crecimiento de México al de Estados Unidos, lo cual es una tragedia, porque uno no puede crecer al mismo ritmo de una economía ya desarrollada.

Desde ahí ha venido una crítica importante al modelo de comercio, al modelo de política industrial del gobierno mexicano que, de alguna forma, con la Ley de Competitividad tuvo alguna rectificación.

En esta administración se iniciaron, al principio, algunas inversiones que tenían que ver con generar tecnología, generar ventajas comparativas endógenas, pero como pasó con otros sectores, pasó el tiempo y se dejó de invertir.

El gasto en ciencia y tecnología ha bajado, pues, de más o menos, un punto del PIB va a la mitad durante toda la administración. Lo mismo otras inversiones que tenían que ver con estos temas.

Yo preparé y presenté ante esta comisión una ley de industria que tiene como fundamento, que tiene como idea generar desarrollo tecnológico, absorción de tecnología y ventajas comparativas endógenas.

Mientras tanto, creo que podemos seguir trabajando en esta Ley de Competitividad, que tiene un consejo de competitividad que no se reúne y que no ha tenido, hasta este momento, recomendaciones precisas al gobierno federal en materia de competitividad.

De tal forma que no sea solamente un enfoque de medio ambiente de negocios, es decir, de facilitar el desarrollo de los negocios, sino de generar instrumentos, sí de desarrollo, por medio de inversión, por medio de formación de capital humano, por medio de políticas públicas.

En esta ocasión hago eco de un interés que hay importante en la industria médica mexicana, que es una industria que tiene buenos potenciales de crecer, de exportar, de que el médico se convierta en un hub de servicios médicos, para que el tema de salud también sea parte de un tema de productividad.

Ya es muy claro cuáles son los padecimientos, cuáles son las enfermedades que tienen impacto en la productividad de los trabajadores.

Y si pudiéramos tener políticas públicas que incidieran en eso, en cuáles son los padecimientos que hacen que los trabajadores pierdan más días de su vida laboral, porque no le estamos dando la atención médica adecuada, son padecimientos que ya conocemos con precisión, pues podemos tener, casi de manera automática, una mejora en la productividad del país. Esto es casi un espejo, tenemos las instituciones para hacerlo, instituciones de salud, instituciones, además, que ofrecen servicios médicos justo a la población que está teniendo empleos formales, que podemos medir, que podemos ver cuál es su impacto y entonces tener instrumentos para incidir en esta productividad.

Es una manera inteligente, es una manera costo-efectiva de lograr que la productividad de los trabajadores pueda mejorar en un aspecto que no depende de ellos, depende en realidad de que el Estado pueda proporcionar las intervenciones médicas en prevención y en atención en esos temas.

Entonces, la propuesta consiste en establecer, en la Ley de Productividad, un capítulo que tenga que ver específicamente con que el Estado tenga que realizar políticas públicas en materia de salud para incrementar la productividad y reducir los días no laborales de los trabajadores por razones médicas.

Gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Las sociedades más saludables tienen una ventaja competitiva que aumenta la productividad respecto de aquellas que enfrentan a problemáticas de salud. Este tipo de poblaciones suelen ser más productivas, generar mayores ganancias para sus empleadores y mayor estabilidad en los ingresos fiscales. Asimismo, tener trabajadores saludables, incluso, genera menores costos para los empleadores y para los respectivos sistemas de salud pública.

2. En este sentido, es claro que existe una relación estrecha entre la salud y la productividad económica en la medida en que ambos aspectos funcionan de manera estrecha en la formación y conservación del capital humano.

De no ser así, la falta de condiciones de salud puede generar repercusiones importantes para la economía, entre las que se encuentra la pérdida de trabajadores, o la reducción del tiempo y las capacidades laborales lo que, en consecuencia, produce una disminución de las capacidades productivas de la sociedad.1

3. Para mostrar el impacto positivo de la salud de la población sobre el crecimiento económico, se puede considerar el vínculo entre el nivel de inversión en la salud de una sociedad y la tasa de ahorro de los individuos. En los países donde el gobierno invierte relativamente poco en salud, la gente tiende a ahorrar más dinero por enfermedad imprevista, ya que esto puede necesitar ser pagado de su bolsillo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la tasa de ahorro, menor será el nivel de consumo.

4. Otro de los aspectos positivos derivados de la existencia de adecuadas condiciones de salud de la población en relación con las posibilidades de mejoramiento de la productividad económica, es el aumento de la esperanza de vida total. Las poblaciones que viven más tiempo son productivas durante períodos de tiempo más largos y consumen más durante esa vida prolongada. Así, de acuerdo con reportes especializados del año 2013, alrededor del 11 por ciento del crecimiento económico en los países de ingresos bajos y medianos se debe a reducciones en la mortalidad medida en sus cuentas de ingreso nacional.2

5. Por el contrario, y a diferencia de aquellas comunidades con altos índices de salud, las poblaciones que enfrentan problemáticas de este tipo suelen generar aumentos en el gasto público; reducciones en el monto de los ingresos tributarios de aquellas personas que se retiran de la fuerza laboral por condiciones de enfermedad, o a través del aumento de las tasas de morbilidad; un mayor número de jubilaciones anticipadas, entre otros aspectos que impactan negativamente al escenario económico de la sociedad como aquellos costos adicionales en los que incurren los sistemas de apoyo social y las familias.

6. El crecimiento de los gastos sanitarios es una prueba de esta tendencia. En 2012, el gasto mundial en salud representó casi el 10% del producto interno bruto (PIB) mundial.3 Mientras que, en los últimos 50 años, el costo de la asistencia sanitaria ha superado constantemente el crecimiento en la OCDE, con un promedio del 2%.4

7. En este sentido, no resulta descabellado señalar que la mala salud afecta más que el gasto sanitario. Las personas con problemas de salud requieren más días para aliviarse de una enfermedad en comparación con sus colegas sanos, y durante el tiempo en que están en el trabajo, son menos productivos. La pérdida de productividad asociada es considerable. Por ejemplo, el absentismo y la pérdida de productividad relacionado con la obesidad y el sobrepeso generó costos de casi 989 mil millones de dólares en 2014.5

8. En el caso de México, esta situación no es diferente. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C “los costos sociales asociados a la diabetes tipo 2 ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año. De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura. Esto equivale a la mitad del presupuesto para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.”

Asimismo, dicho Instituto ha reportado que “que cada año se pierden más de 400 millones de horas laborables por diabetes asociada al sobre peso y a la obesidad, lo que equivale a 184,851 empleos de tiempo completo. Esto a su vez representa el 32% de los empleos formales creados en el año 2014.”6

9. Sobre esta base, también existe una estrecha relación entre los problemas de salud, la productividad económica y las condiciones de pobreza de una sociedad. De hecho, las poblaciones no sanas son más vulnerables a la pobreza y a las pérdidas económicas si, como sucede por lo general en México, son ellas quienes deben de absorber los gastos económicos derivados de la atención a problemas de salud. Esta situación se enmarca un en fenómeno de mucho mayor alcance en el que a nivel mundial, aproximadamente cien millones de personas han sido empujadas por debajo de la línea de pobreza porque tienen que pagar por el cuidado de la salud de su bolsillo.

10. Tener que pagar por el tratamiento de salud de bolsillo sigue siendo la norma para la mayoría de la gente, ya que no pueden pagar un seguro. Si ellos o alguien dentro de su familia necesita tratamiento, los ahorros de la familia se pueden agotar rápidamente. Por tanto, las personas que caen por debajo de la línea de pobreza requerirán ayuda social del gobierno, lo cual tiene un impacto en el desarrollo económico del país.

11. Las poblaciones sanas son un motor clave del creciemiento socioeconomico, sin embargo, las acciones colectivas no reflejan la importancia y prioridad que debe asignarse a invertir en la salud de individuos y sociedades. El ecosistema de la salud es complejo, pero también lleno de oportunidades y puntos de inflexión para que las poblaciones obtengan estados de salud mas sanos con las respectivas ganacias socieconomicas que estas inversiones podrían entregar.

12. Por ello, y si se toma en consideración que existe una importante relación entre la salud y la generación de mayores condiciones de productividad, es necesario también generar condiciones de equilibrio, de modo que el ámbito económico y productivo sea capaz de propiciar condiciones para el mejoramiento de la situación de la salud en nuestro país. En este punto, el derecho a la salud y la economía juegan en un mismo equipo que tiende a asegurar mayores condiciones y oportunidades de desarrollo no sólo sociales, sino también personales, con el objetivo de elevar los niveles de crecimiento y competitividad de nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso f) de la fracción I del artículo 8 de la Ley Para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional para quedar como sigue:

Capitulo Segundo

De la Política Nacional de Fomento Económico

Articulo 8.- La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberán considerar, por lo menos, los aspectos siguientes:

I. Políticas de carácter transversal, que promuevan, entre otros, los objetivos siguientes

a)

(…)

f) Impulsar la inversión y el financiamiento sostenido de programas y proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de salud individual y social, así como de asistencia sanitaria en el país, con el objetivo de fortalecer la productividad y competitividad económicas.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Vidal Llerenas Morales.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas. Túrnese a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados.

1 Alfred C. Wolf, “La Salud como Factor del Desarrollo Económico Internacional”, Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, abril 1967, p. 289

2 Dean T Jamison, Lawrence H Summers et. al., “Salud Global 2035. Un mundo convergiendo en el lapso de una generación”, The Lancet, disponible en http://globalhealth2035.org/sites/default/files/launch/global-health-2035-spanish.pdf

3 Banco Mundial, Gráfico: Gasto en salud, total (% del PIB), disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS

4 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 201-2013, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf

5 Milken Institute School of Public Health, Weighing Down America. The Health and Economic Impact of Obesity, 2016.

6 Instituto Mexicano para la Competitividad, Kilos de Más, Pesos de Menos. Los Costos de la Obesidad en México, 2015.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 113, 114 Y 115 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora Presidenta.

Las formalidades, y en particular las jurídicas, tienen su origen en la desconfianza que nos tenemos unos a otros, y en un país como éste, en que la confianza es cada vez más rara, en peligro de extinción ominosamente, pues todavía se abusa más de estas formalidades, de tal manera que se impide que se aplique la ley y se haga justicia.

Se lo dije hace unos momentos con ocasión de mi discurso apoyando las reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana, y lo digo de nuevo a la luz de esta iniciativa que presento hoy, a nombre de mi coordinador Clemente Castañeda, para simplificar y modificar las formalidades en la Ley sobre el Contrato de Seguro y hacer la vida más fácil para los mexicanos y que la ley se cumpla con más cabalidad.

En particular me quiero referir a las formalidades cuando hay accidentes de tráfico, todos tenemos seguro contra accidentes de tráfico por disposición de ley, y cuando ocurre uno de estos se paraliza el tráfico, la gente no puede mover sus vehículos hasta que llega la aseguradora a dar fe y demás, si de por sí las aseguradoras son una terrible carga para los mexicanos, lo son más aún con esas formalidades, porque al exigir que no se muevan los vehículos se interrumpe el tráfico, se contamina el medio ambiente, pierde tiempo la gente, se alimenta la neurosis crónica que todos tenemos y demás.

De tal manera que vengo a proponer, para que se modifique la ley, para que cuando haya accidentes de tráfico simplemente se dé fe a través de fotos, películas, testimonios, medidas de la circunstancia y se puedan mover los vehículos para que pueda fluir el tráfico y la gente pueda así desplazarse sin mayor inconveniente.

Así de sencilla es la propuesta, así de sensata, por lo cual les pido su aprobación cuando llegue el momento.

Gracias y buenas tardes.

Iniciativa

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 113, 114 Y 115 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. En México, cuando sucede un accidente de tránsito, los involucrados que tienen asegurados sus vehículos deben dar aviso a su compañía aseguradora y esperar al ajustador, sin mover los vehículos para no poner en riesgo la cobertura de los gastos del siniestro, tal y como se desprende del artículo 114 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, que señala: “Sin el consentimiento de la empresa, el asegurado estará impedido de variar el estado de las cosas”.

El tiempo en que un ajustador llega al lugar del accidente puede variar de una a tres horas, dependiendo de la cobertura de la compañía de seguros, de lo que se puede concluir que un choque implica la obstrucción de las vialidades durante un amplio periodo de tiempo que deriva en diversas consecuencias. La congestión del tránsito urbano provoca contaminación ambiental debido a que la mayor contaminación del aire es provocada por el consumo de combustible en vehículos que circulan en tráfico a baja velocidad, provocando además mayores niveles de ruido en el entorno.

De acuerdo a un estudio elaborado en 2012 por Todd Littman, México ocupa el primer lugar en caos vial; consecuentemente, el índice de malestar de los ciudadanos es el más alto en el mundo, siendo la ciudad de México la que consiguió el puntaje más alto, por encima de ciudades como Beijín, Nairobi o Nueva Delhi.1 Con la finalidad de contextualizar el problema del caos vial que generan los accidentes de tránsito, destacamos que durante el año 2014 se registraron 378,240 accidentes de tránsito en las zonas urbanas del país.2

Por lo anterior, consideramos viable y necesario reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación en las vialidades de nuestro país en casos de accidentes viales.

II. Las legislaciones sobre tránsito y vialidad regulan el comportamiento de los usuarios de la movilidad. Dichas normas pueden ser de carácter federal o por disposición del artículo 115 Constitucional pueden ser municipales o estatales. A este complejo entramado legal en materia vial, se suman las disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

El artículo 114 de dicha Ley genera innumerables afectaciones, ya que obliga a los involucrados a no modificar la escena, provocando congestionamiento vial, obstaculizando la llegada de ambulancias y personal de protección civil, y de los mismos ajustadores de las compañías aseguradoras.

Además, debe señalarse que dicha disposición de la Ley, pretende, en todo caso, salvaguardar el interés privado de las compañías aseguradoras, en lugar del interés público. Sostenemos lo anterior, porque “el interés privado se encuentra constituido por pretensiones que se satisfacen únicamente para beneficio de determinados sujetos, mientras que el interés público se relaciona con necesidades colectivas”.3 En este sentido, la actual redacción del citado 114 de la Ley sobre el contrato de seguro privilegia los derechos de unos cuantos en perjuicio de la colectividad y del medio ambiente.

Mediante la presente iniciativa, se planta reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro, garantizando el interés público, y al tiempo permitiendo que las compañías aseguradoras y sus asegurados puedan salvaguardar la protección de sus intereses particulares.

En este sentido, se propone reformar los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro para que:

• En caso accidente vial, los involucrados puedan mover sus vehículos para no obstaculizar la vía pública, siempre y cuando lo permita el estado de salud de los mismos.

• Los automovilistas involucrados en un accidente puedan documentar las características del incidente.

• Las aseguradoras deban proporcionar al asegurado la información que le permita documentar debidamente la escena del accidente.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Que reforma los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 113.- Al ocurrir el siniestro, el asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, pedirá instrucciones a la empresa aseguradora, quien deberá proporcionar al asegurado la información que le permita documentar debidamente la escena del accidente.

[…]

Artículo 114.- Tratándose de accidentes viales y siempre que el estado de salud de los involucrados lo permita, procurarán marcar la posición de los autos y de las cuatro ruedas, tomar fotografías, video o datos de los testigos de la escena del accidente con la finalidad de documentar el siniestro y proceder a despejar los vehículos para no obstaculizar la vía pública.

Artículo 115.- Si el asegurado viola la obligación de evitar o disminuir el daño, la empresa aseguradora tendrá el derecho de reducir la indemnización hasta el valor a que ascendería si dicha obligación se hubiere cumplido. Si dicha obligación es violada por el asegurado con intención fraudulenta, éste quedará privado de sus derechos contra la empresa.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “DF, primer lugar en el mundo en caos vial”, El Universal, (2013)
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/115390.html

2 “Estadísticas a propósito del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico”, INEGI (2015).
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf

3 Fuente: Enciclopedia Jurídica Online, disponible en: http://mexico.leyderecho.org/interes-privado/

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, para presentar a nombre del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94 y 104 constitucionales, en materia de tribunales colegiados laborales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94 Y 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

El 28 de abril de 2016, el Presidente de la República presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados con el objeto de modificar los artículos 107 y 123 constitucionales, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de febrero de 2017.

Con la entrada en vigor de este Decreto, la justicia en materia laboral quedó legalmente incorporada al Poder Judicial.

El mundo está cambiando vertiginosamente y nuestro país no puede quedar rezagado, razón por la cual resulta necesario que el sistema judicial especializado en la impartición de justicia asuma también la responsabilidad de atender las controversias de corte laboral.

Es importante recordar que el Constituyente de 1917 encomendó la impartición de justicia laboral a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con una integración tripartita y democrática que se integraba por un representante del gobierno e igual número de representantes del capital y del trabajo.

Si bien las Juntas de Conciliación y Arbitraje contaron con facultades jurisdiccionales, estas pertenecían al Poder Ejecutivo, lo cual es una incongruencia con el tenor del fortalecimiento de los Poderes de la Unión y el principio de contrapesos.

De ahí que la reforma constitucional en materia de justicia laboral acentuara la independencia de los juicios laborales para integrarlos al Poder Judicial de la Federación.

También, dado que el artículo 17 constitucional advierte que son los tribunales los órganos encargados de la administración de la justicia, hoy ya no es posible contar con un órgano jurisdiccional adscrito al Poder Ejecutivo.

En el mismo tenor de estas modificaciones, la presente iniciativa busca dar orden y congruencia al ordenamiento constitucional con la finalidad de establecer de forma expresa la actividad jurisdiccional en materia laboral con atribución del Poder Judicial.

La presente iniciativa adiciona el artículo 94 de la Carta Magna, en donde se establece que “el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito”, adicionándole a este primer párrafo el término de Tribunales Laborales, con el objeto de dejar en manifiesto que, en concordancia con la anterior reforma en materia de justicia laboral, las controversias jurídicas laborales quedarán a cargo del Poder antes referido.
De igual forma, se prevé una modificación al artículo 104 para advertir que los Tribunales Federales conocerán de la materia.

En síntesis, el objetivo central es otorgar armonía y orden a una reforma ya aprobada por el Congreso de la Unión, estableciendo de manera expresa aquellos elementos que ya han quedado sentados en el artículo 123, Apartado A y 107, fracción V, inciso d).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

Artículo Único. - Se modifica por adición los artículos 94 y 104 de la Constitución General de la República:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados, Laborales y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I. (…)

II. De todas las controversias del orden civil, mercantil o laboral que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

III. al VIII. (…)

Esta iniciativa la presento en representación del Senador Isaías, quien con toda su experiencia laboral ha visto que es necesario armonizar este tema de justicia en materia laboral.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción Ii, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción Ii, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 94 Y 104 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el máximo orden jurídico que determina la estructura de nuestro país, regula los poderes de la unión y establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Si bien ésta fue promulgada en 1917, a lo largo de sus 100 años ha sido reformada con el objeto de adecuar la estructura y ordenamiento de conformidad con los retos y las transformaciones sociales y políticas de México y el Mundo. Fue así como el pasado 28 de abril de 2016, el Presidente de la República presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados con el objeto de modificar los artículos 107 y 123 constitucionales.

El objeto de la iniciativa enviada por el ejecutivo a esta representación buscó transformar la justicia en materia laboral para incorporarla al poder al poder judicial.

Lo anterior porque, como el presidente Enrique Peña Nieto expresó: “A casi 100 años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La sociedad mexicana no es la misma que la de hace un siglo. Las grandes transiciones por las que ha discurrido nuestro devenir histórico, la demográfica, la de la salud y la de la urbanización y los sentimientos humanos en las ciudades han dado un distinto perfil al país. El mundo ha cambiado vertiginosamente. Nuestro país también” y por ello, resulta necesario que el sistema judicial, especializado en la impartición de justicia asuma también la responsabilidad de atender las controversias de corte laboral.

Es importante recordar que el constituyente de 1917 encomendó la impartición de la justicia laboral a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con una integración tripartita y democrática que se integra por un representante de gobierno e igual número de representantes del capital y del trabajo.

Si bien, las juntas de Conciliación y Arbitraje contaron con facultades jurisdiccionales que fueron otorgadas por la jurisprudencia y la legislación laboral ordinaria, éstas pertenecían al poder ejecutivo, lo cual es una incongruencia con el tenor del fortalecimiento de los poderes de la unión y el principio de contrapesos.

Esto bajo el principio establecido en el artículo 59 que advierte la importancia de un equilibrio entre los órdenes que gobiernan a México con orden, armonía y congruencia.

De ahí que la reforma constitucional en materia de justicia laboral acentuara la independencia de los juicios laborales para integrarlos al poder judicial de la federación.

También dado que el artículo 17 de la Constitución advierte que son los tribunales los órganos encargados de la administración de la justicia, hoy ya no es posible contar con un órgano jurisdiccional adscrito al poder ejecutivo.

Fue por ello que la reforma constitucional modificó el artículo 23 apartado “A” de la Constitución con el objeto de establecer que el poder judicial de la federación, a través de los tribunales laborales, fueran los encargados de resolver tales conflictos. Así la fracción XX de dicho artículo se modificó para quedar de la siguiente forma:

La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción 111 y 122 Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

De esta forma se estableció armonía jurídica, congruencia y legalidad en el marco jurídico laboral. Ello a través de la integración de dicha impartición de justicia al poder competente para administrar la justicia.

En el tenor de estas modificaciones la presente iniciativa busca dar orden y congruencia al ordenamiento Constitucional con el objeto de establecer de forma expresa, la actividad jurisdiccional en materia laboral como atribución del poder judicial.

Así es importante recordar que el artículo 94 de la Carta Magna establece que el poder judicial se deposita en “Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito”. En este primer párrafo se integra el término tribunales laborales con el objeto de dejar en manifiesto que, en concordancia con la anterior reforma en materia de justicia laboral, las controversias jurídicas laborales quedarán a cargo del poder antes referido.

De igual forma, se prevé una modificación al artículo 104 para advertir que los tribunales federales conocerán de la materia.

Es importante advertir que esta iniciativa no pretende modificar el tenor de las actuales reformas aprobadas, únicamente otorga armonía y orden a una reforma ya aprobada por Congreso de la Unión. Estableciendo de manera expresa aquellos elementos que ya han quedado sentados en los artículos 123 aparato A y 107 fracciones V inciso d).

Ahora, en el Capítulo relativo al poder judicial de la federación se integra la materia laboral en concordancia con lo anterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de:

Decreto

ARTICULO UNICO.- Se modifica por adición los artículos 94 y 104 de la Constitución General de la República:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados, Laborales y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Párrafo Primero al Doce. (…)

Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I. (…)

II. De todas las controversias del orden civil, mercantil o laboral que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

III. al VIII. (…)

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Sen. Isaías González Cuevas.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora María del Rocío Pineda Gochi. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Tiene la palabra la Diputada Karla Osuna Carranco, para presentar a nombre del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y se adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en materia de transparencia de la balanza comercial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Karla Karina Osuna Carranco, a nombre del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Con su venia, Senador Presidente. Compañeras y compañeros.

La Ley de Hidrocarburos define a los petrolíferos como los productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas natural y que derivan directamente de hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y gas licuado de petróleo, entre otros, distintos de los petroquímicos. Además, la NOM-016-CRE-2016, emitida por la Comisión Reguladora de Energía, incluye en esta definición al combustóleo intermedio, diésel agrícola-marino, diésel automotriz, diésel industrial, gasavión, gasóleo doméstico y a la turbosina.

De la revisión de los documentos oficiales y archivos digitales de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, de Petróleos Mexicanos y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no fue posible identificar un documento concreto y sencillo en el que se especifique a qué países les compramos los petrolíferos que consumimos, ni tampoco se informa el porcentaje que se compra a cada nación, el tipo de producto adquirido, su calidad, así como el costo total de la adquisición de cada uno de los productos.

Si bien es cierto que la página de la Secretaría de Energía cuenta con una sección denominada “Prontuario del Sector Energético”, la información que se presenta en forma general no incluye todas las especificaciones mencionadas, además de que sólo hay información disponible de 2015 y 2016.

Por su parte, la Secretaría de Economía ofrece en su página de Internet una sección denominada “Comercio Exterior/Información Estadística y Arancelaria”, en la que se ofrecen diversas alternativas para conocer el intercambio comercial de México con otras naciones, pero la información se refiere exclusivamente a los principales productos importados en términos del valor en miles de dólares.

También se revisó el Balance Nacional de Energía, elaborado por la Secretaría de Energía, y aunque la información presentada fue un formato más amigable y con mejor información, sólo se identificó, por una parte, información sobre el volumen del comercio exterior de gas LP.

Y aunque en el inciso de petrolíferos se puede apreciar el volumen y valor de importación de algunos petrolíferos, esta información sólo se refiere al periodo comprendido entre enero y abril de 2017.

Si hablamos de los informes de Pemex, encontramos que la información de la balanza comercial presenta diferencias relevantes respecto a la forma en que se presentan los datos de las exportaciones e importaciones.

En síntesis, actualmente no contamos con información pública suficiente, sobre todo lo concerniente a la compra de los petrolíferos que nuestro país consume.

Para subsanar esta deficiencia, Acción Nacional propone modificar la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos, para que tanto la Secretaría de Energía como Pemex realicen un esfuerzo en conjunto para transparentar la información mencionada.

Se busca que ambas instituciones presenten información en todas sus plataformas digitales y en la elaboración de sus informes anuales sobre la balanza comercial, detallando el volumen, valor, calidad y países involucrados en las importaciones y exportaciones de todos los productos que integran a los hidrocarburos y los petrolíferos en un formato homogéneo, amigable y de fácil comprensión para la ciudadanía, puesto que la compra de gasolinas y diésel, representó más de 265 mil millones de pesos.

La sociedad merece conocer con absoluta transparencia a qué países se le compra, qué tipo de gasolinas se adquieren y el costo total de cada producto adquirido.

Por lo anterior, y tomando en cuenta la trascendencia del sector energético para nuestro país, consideramos indispensable la aprobación de esta reforma, esperamos contar con su apoyo para sacarla adelante y fortalecer la transparencia.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y ADICIONA UNA FRACCIÓN V Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, al tenor del siguiente

Exposición de motivos

La Ley de Hidrocarburos,1 define a los Petrolíferos como los productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas,2 diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los Petroquímicos. Además, la NOM-016-CRE-20163 emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) incluye en esta definición al Combustóleo intermedio, Diésel agrícola/marino, Diésel automotriz, Diésel industrial, Gasavión, Gasóleo doméstico y a la Turbosina.

De la revisión de los documentos oficiales y archivos digitales de la Secretaría de Energía (Sener), de la Secretaría de Economía (SE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no fue posible identificar un documento concreto y sencillo en el que se especifique a que países les compramos los petrolíferos que consumimos, el porcentaje que se compra a cada nación, el tipo de producto adquirido (gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros), calidad, así como el costo total de la adquisición de cada uno de los productos.

Para ser más explícito, enlisto a continuación los documentos, paginas oficiales y archivos digitales que se revisaron a detalle, sin que alguno de ellos ofrezca información en los términos planteados en este proyecto:

• Indicadores petroleros Enero de 20174

• Comercio exterior

• Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados5

• Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos6

• México: balanza comercial7

• Información a la CNBV8

• 3er. Informe de Labores de la Secretaría de Energía9

• 4to. Informe de Labores de la Secretaría de Energía10

• Informe Anual de Pemex 201311

• Informe Anual de Pemex 201412

• Informe Anual de Pemex 201513

• Informe Anual de Pemex 201614

• Anuario estadístico de Pemex 201415

• PLAN de Negocios de Pemex 2017-202116

• Balanza comercial de mercancías de México Anuario estadístico 2014 (INEGI)17

Si bien es cierto la página de la Sener cuenta con una sección denominada Prontuario del Sector Energético,18 la información se presenta en forma general y no se incluyen todos los productos que componen la gama de los petrolíferos, además, no se clasifica la información en función de la calidad del producto, el país a quien se le compraron los petrolíferos y sólo hay información disponible de 2015 y 2016.19

Por su parte, la SE ofrece en su página de internet una sección denominada Comercio Exterior / Información Estadística y Arancelaria,20 en la que se ofrecen diversas alternativas para conocer el intercambio comercial de México con otras naciones, la información se refiere exclusivamente a los principales productos importados en términos del valor en miles de dólares, como ejemplo Estados Unidos:

http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/G8ppm_e.html

También se revisó el Balance Nacional de Energía,21 elaborado por la Sener y aunque la información presenta un formato más amigable y con mayor información, sólo se identificó, por una parte, información del comercio exterior de Gas L.P, identificando el volumen y valor de las importaciones de este producto, sin especificar la nación o naciones a quienes se les compra. Por su parte, en el inciso de Petrolíferos, se puede apreciar el volumen y valor de importación de algunos petrolíferos, pero sólo de enero a abril de 2017 y no existe opción disponible para conocer la información de otros meses u otros años.22 Debemos insistir que esta plataforma no transparenta a qué países se les compra cada uno de los productos que integran los petrolíferos, ni diferencia la calidad de los productos, como podría ocurrir con las gasolinas Premium y Magna.

Si hablamos de los informes de Pemex, la información de la balanza comercial presenta diferencias en cuanto a la forma en que se presentan los datos de las exportaciones e importaciones y para ejemplificar esta situación me refiero al informe de 2015:

Exportaciones 2015:

Tipo de crudo

Participación

Volumen
(miles de barriles diarios)

Divisas provenientes de la Exportación
(millones de dólares)

Maya

72.9%

854.2

12,701.2

Istmo

15.5%

194.0

3,489.5

Olmeca

10.6%

124.2

2,333.7

La exportación de petróleo crudo por país de destino fue la siguiente: Estados Unidos (58.9%), España (13.8%), India (9.1%), Italia (2.9%), Holanda (1.4%), China (1.3%), Portugal (0.5%) y otros (12.1%).

Importaciones 2015:

“La importación de petrolíferos alcanzó 18,983.8 millones de dólares, 25.5% menor a lo registrado en 2014 debido al comportamiento de los precios, lo que se reflejó en particular en el caso de gasolinas y diésel. Las importaciones de gasolinas fueron de 415.3 Mbd, cifra superior en 15.5% a la registrada en 2014, lo cual se atribuye a la reducción de la producción nacional y a un incremento en la demanda. En el caso del volumen de la importación de diésel fue de 145.3 Mbd, lo que significó un incremento de 9.3% respecto a 2014, debido principalmente a una reducción de la producción del hidrocarburo”.

Como se puede apreciar, el informe de Pemex de 2015 no se presenta en términos homogéneos, ya que en las exportaciones se hacen precisiones respecto al tipo de crudo, volumen de exportación, así como el país al que se le vende nuestra producción. En contraste, en las importaciones no se identifica a qué país se le compra cada uno de los productos que integran a los petrolíferos, tampoco hay precisiones respecto al volumen importado y menos el costo total de cada producto adquirido.

Por otra parte, el informe de Pemex 2016, remitido a la Comisión Permanente el 3 de mayo del presente año, omite información que ya se incluía en 2015, como se muestra a continuación:

Exportaciones 2016:

Tipo de crudo

Participación

Volumen
(miles de barriles diarios)

Divisas provenientes de la Exportación
(millones de dólares)

Maya

78.2%

933.7

Información no disponible

Istmo

12.8%

152.7

Información no disponible

Olmeca

9%

108.0

Información no disponible

Importaciones 2016:

“Las importaciones de petrolíferos y gas licuado fueron de 799.5 Mbd, cifra superior en 8.1% a la registrada en 2015, por la reducción en la producción nacional y por un incremento en la demanda.”

Balanza comercial de hidrocarburos (millones de dórales)
Importaciones

Petrolíferos y gas licuado

17,684.3

De acuerdo a lo anterior, la información presentada en el informe de 2016, es mucho más general que la del año anterior y en el caso de las exportaciones se dejó de enlistar a los países a los que exportamos nuestro petróleo y el porcentaje.

A partir de lo anterior, Acción Nacional identifica un área de oportunidad para modificar la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos para que tanto la Sener como Pemex realicen un esfuerzo conjunto para transparenta en todas sus plataformas digitales y en la elaboración de sus informes anuales, la balanza comercial, detallando el volumen, valor, calidad y países involucrados en las importaciones y exportaciones de todos los productos que integran a los hidrocarburos y petrolíferos, en un formato homogéneo, amigable y de fácil comprensión para la ciudadanía, como el que se anexa como ejemplo:

Hidrocarburo

País

Porcentaje

Volumen
(miles de barriles)

Divisas
(miles de dólares)

• Petróleo crudo

 

 

 

 

• Condensados

 

 

 

 

• Gas natural seco

 

 

 

 

• Gasolina natural

 

 

 

 

• Petrolíferos (detallar cada producto)

 

 

 

 

• Gas licuado

 

 

 

 

• Petroquímicos

 

 

 

 

Petrolífero

País

Porcentaje

Volumen
(miles de barriles)

Divisas
(miles de dólares)

Gasolinas
• Premium
• Magna

 

 

 

 

Diésel

 

 

 

 

Gas Licuado de Petróleo

 

 

 

 

Querosenos

 

 

 

 

Combustóleo

 

 

 

 

Gasavión

 

 

 

 

Turbosina

 

 

 

 

Otros

 

 

 

 

Para Acción Nacional, los recursos empleados para la adquisición de petrolíferos, concretamente en la compra de gasolinas y diésel, no puede considerarse un gasto menor, puesto que en 2016 representaron más de 265 mil millones de pesos23 y en consecuencia la sociedad merece conocer con absoluta transparencia a qué país se le compra, qué tipo de gasolina se adquiere y el costo total de cada producto adquirido (gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros).

Finalmente, aprovecho esta intervención para sugerir que en los trabajos de dictaminación de esta propuesta se pueda invitar a los funcionarios de la Sener, de Pemex y algunos Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que se puedan conciliar aquellos formatos en los que podría presentarse la información sin que se ponga en riesgo las actividades comerciales de Pemex y garantizar la máxima publicidad de la información, cómo lo establece nuestra Constitución.

Por todo lo anterior y tomando en cuenta la trascendencia del sector energético y reconociendo que por el momento Pemex es responsable del abasto de los petrolíferos que se consumen en México, consideramos indispensable la aprobación de esta reforma para que sea publica la balanza comercial de hidrocarburos y petrolíferos y que la información sea mucho más explícita, de fácil comprensión y que el Gobierno Federal y Pemex sumen esfuerzos para que sea pública la información de la última década.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

DECRETO por el que se adiciona una fracción III al artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y adiciona una fracción V y se recorre la subsecuente al artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Artículo Primero. - Se adiciona una fracción III al artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:
Artículo 88.- …

I. El número de Asignaciones y permisos que se encuentran vigentes, así como sus términos y condiciones;

II. La información sobre las áreas a concursar en Contratos para la Exploración y Extracción, incluyendo su programa quinquenal, y

III. La Balanza Comercial de hidrocarburos y petrolíferos, especificando en la exportación de hidrocarburos el país de destino, porcentaje, volumen, tipo de crudo y las divisas generadas; y en la importación de petrolíferos el país al que se le compra, porcentaje, diferenciando por tipo de producto, calidad, volumen y divisas de la transacción.

Artículo Segundo. - Se adiciona una fracción V y se recorre la subsecuente al artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 113.- …

I. a III. …

IV. Un reporte sobre el ejercicio de su presupuesto, en el que se incluyan las desviaciones en montos, tiempo y alcance de ejecución de los contratos que se lleven a cabo;

V. Balanza Comercial de Petróleos Mexicanos, especificando en la exportación de hidrocarburos el país de destino, porcentaje, volumen, tipo de crudo y las divisas generadas; y en la importación de petrolíferos el país al que se le compra, porcentaje, diferenciando por tipo de producto, calidad, volumen y divisas de la transacción, y

VI. La evaluación del Consejo de Administración sobre la ejecución de los programas anuales de Petróleos Mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Ulises Ramírez Núñez.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf

2 Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91.
Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87.

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016

4 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx

5 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ebalanza_esp.pdf

6 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/eimporpetro_esp.pdf

7 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ebalcomx_esp.pdf

8 http://www.pemex.com/ri/reguladores/financiera%20no%20dictaminada/4Q_2016.27feb17_Envio.pdf

9 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25591/3erInformeLabores.pdf

10http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/149989/4to._Informe_de_Labores_de_la_Secretar_a_de_Energ_a.pdf

11 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Informe%20Anual%20Archivos/2013_ia_00_vc_e.pdf

12 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf

13 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_2015.pdf

14 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-03-1/assets/documentos/INFORME_ANUAL_PEMEX.pdf

15 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/2014_ae_00_vc_e.pdf

16 http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf

17 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825073657

18 https://www.gob.mx/sener/documentos/prontuario-del-sector-energetico

19 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200980/12_Cifras_relevantes_Dic_16.pdf

20 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-informacion-estadistica-y-arancelaria

21 https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia

22 http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=DIIE_C20_ESP

23 Considerando un tipo de cambio de 19 pesos por dólar.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Karla Osuna. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.






MINUTO DE SILENCIO

Esta Presidencia informa a la Asamblea que, como fue solicitado oportunamente por la Diputada Maricela Contreras Julián, se pide a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio, en memoria del periodista Cándido Ríos Vázquez.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.






Por este conducto, les informo que la Mesa Directiva ha realizado un pronunciamiento en relación con el atentado terrorista ocurrido en Barcelona, España.

PRONUNCIAMIENTO



Nos han solicitado diferentes Senadores y Diputados el uso de la tribuna en un tema tan delicado como este, y se le confiere el uso de la palabra al Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

El Diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En primer lugar, y a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, quiero manifestar nuestra solidaridad con España y Cataluña, particularmente con los habitantes de la hermosa Ciudad de Barcelona. Hoy sus hogares están de luto.

La violencia es inaceptable en todas sus formas, las y los Diputados turquesa declaramos nuestra total condena a los actos de terrorismo y queremos expresar nuestras condolencias para las víctimas y sus familiares.

Con España y Cataluña nos une un lazo que va más allá del idioma o las costumbres, las acciones que se perpetraron contra la población y los visitantes de Barcelona nos hieren, porque no sólo cobró la vida de 15 personas y dejó heridas a más de 40, sino porque inocula el miedo en toda la población.

Nuestro mensaje para los afectados es que no podemos permitir que el miedo gane la batalla, los extremistas son la minoría y no podemos admitir que limiten la libertad y la seguridad del planeta.

Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este tipo de violencia en cualquier parte del mundo, porque estas acciones no sólo han afectado a Barcelona, Londres o Niza, sino que se presentan de manera casi cotidiana en países como Siria, Irak, Afganistán, Nigeria o Somalia.

El objetivo de un acto de esta índole es lograr un estado de conmoción y que el terror sea el medio para comunicar un mensaje de odio e intolerancia.

No permitamos que quienes usan la violencia como mecanismo de difusión consigan sus objetivos, la paz sólo puede prevalecer con la unión de todo el concierto de naciones.

México quiere formar parte en la consolidación de un mundo libre de terrorismo y en Nueva Alianza haremos lo que nos corresponde para lograr ese objetivo.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Méndez Salas.

Para fijar el posicionamiento sobre este tema, tiene el uso de la palabra, desde su escaño, el Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Muchas gracias, Diputada Presidenta.

Para quienes formamos parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por supuesto que, ante el atentado en Barcelona, como en cualquier otra parte del mundo, pues nos obliga a expresar nuestro rechazo.

Todos, todas debemos actuar contra el terror.

Sabemos el significado, sabemos sus implicaciones.

Por supuesto que aprovechamos para expresar nuestra enorme solidaridad para con el pueblo de la Madre Patria, para con el pueblo español de Cataluña. La verdad es que es el momento en que todos los países del mundo, todos los congresos del mundo debemos, no solamente expresar nuestra solidaridad, sino nuestro rechazo.

Lo que buscan es que, producto del temor, se ceda ante esos grupos beligerantes.

A las familias de quienes lamentable perdieron la vida, nuestra solidaridad del Partido del Trabajo, en su momento lo hizo, y lo reitera en ésta, la más alta tribuna de nuestro país.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Robles Montoya.

Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta.

A nombre de mi partido, el de la Revolución Democrática, nos sumamos a la condena de esta ola de terrorismo presentada el jueves 17 de agosto, en España, en Barcelona concretamente, y que perdieron la vida 13 ciudadanos.

Creemos nosotros que es momento de reflexionar con oportunidad la política internacional que hasta hoy ha ido generando en el mundo el levantamiento de pueblos y la confrontación en el terrorismo.

Es particularmente la actitud del imperio norteamericano el que ha ido generando en el mundo circunstancias de inestabilidad y que México tiene que jugar un papel importante para poder establecer condiciones y una posición política que permita el entendimiento de los pueblos.

No podemos nosotros ser arrastrados en esta política. Y aquí, en este Senado, condenamos que el propio gobierno de México fuera incluso copartícipe de estas acciones porque también mandamos fuerzas de paz en la ONU, nos incorporamos a los Cascos Azules.

Nosotros no podemos estar inmersos en la pelea que el gobierno norteamericano está llevando, ellos son los responsables de esta política en el mundo.

Nosotros acabamos de ver ayer que este señor acaba de dedicar hora y media a denostar y a tener un terrorismo verbal, no solamente con otros pueblos, sino particularmente contra México, y creo que no hay más o mejor oportunidad que ésta que condenar ese terrorismo verbal, ya sea de otros pueblos, como del propio presidente norteamericano.

No podemos dejar pasar estas cosas y sentir que no son el momento de rechazarlas, ni decir que vamos a poner la cabeza fría porque estamos pensando en otra estrategia. Tenemos que tener por delante la dignidad para poder defendernos.
Así empiezan, con agresiones verbales.

Tenemos un vecino que ha estado, desde que llegó a La Casa Blanca, tratando de generar inestabilidad, no solamente en México, sino en el mundo. Ahí tiene ya la amenaza contra Corea del Norte; ahí está generando problemas con Rusia; está generando problemas con China.

Creo que en este momento nosotros debemos trazar una ruta en la política que ha tenido México siempre para llamar a las naciones, a que los conflictos se resuelvan sobre la vía pacífica y la no intervención.

Por eso es un momento oportuno para que esto, en este Senado, se analice de manera correcta.

Condenamos estos ataques terroristas, nos solidarizamos con los hermanos españoles, con España, con una República con la que tenemos muchos puntos en común, muchas coincidencias, y claro que esto genera, de nuestra parte, el enojo y el momento de la condena.

Son vidas las que se pierden, pero también, compañeros, hagamos el espacio para reflexionar en México.

A veces por estos espacios evitamos la discusión interna de los problemas graves que el país tiene. Hoy cerramos los ojos ante una actitud irresponsable y sínica de un Secretario de Comunicaciones y Transportes que dice que no le debe cuentas al pueblo, que le debe cuentas al Presidente de la República, y va a cargar sobre su espalda la responsabilidad de haber generado dos muertes.

No podemos, en el marco de abrir esto, obviar la discusión de los temas nacionales. Aquí se ha hablado y se ha señalado de funcionarios nuestros que han sido cómplices en los sobornos, y no ha sido una ocasión para discutirlo.

Esto daña igual y tiene un alcance igual que lo que tienen los actos de terrorismo en el país.

Por eso, compañeros, a veces tratar de darle la vuelta a la discusión con temas como éstos, no abrir el debate en los temas que importan para tratar de dimensionar los asuntos internacionales habla de que están esquivando la responsabilidad de abordar de frente los problemas que el país tiene.

Sí condenemos eso, pero también condenemos la actitud sumisa que a veces se asume en este Senado.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Pedraza.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Primero, por un lado, lamentablemente Europa se ha convertido en el objetivo de los atentados terroristas yihadistas.

Desde 2004, los países europeos han vivido 15 ataques terroristas que han cobrado la vida de 576 personas, principalmente en Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.

El modus operandi se ha destacado por la creación de células locales o lobos solitarios, que mediante explosivos caseros, armas automáticas o cuchillos buscan quitar la vida o herir a civiles con el único fin de sembrar miedo.

Para ello se valen de las redes sociales, para obtener un foco mediático sin precedentes llevando el terror de un extremo del mundo al otro; al alcance de un clic y en cuestión de segundos el mundo entero está informado y aterrorizado.

Nuevamente Europa fue blanco de un atentado terrorista, en esta ocasión las ciudades catalanas de Barcelona y Cambrils fueron escenario de dos atentados que le costaron la vida a 15 personas.

En Barcelona una furgoneta realizó un atropello masivo en la avenida de Las Ramblas, una de las arterias más importantes de la capital catalana, que quitó la vida a 13 personas e hirió a 120 más.

Hoy 43 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 7 están en estado crítico, 10 graves y 26 estables.

Sorprende que las investigaciones arrojaron que los terroristas planeaban atentados de mayor impacto utilizando bombas caseras compuestas por gas butano en monumentos concurridos de la capital catalana, entre ellos, la Basílica de la Sagrada Familia.

Los terroristas se hicieron de detonadores y clavos que tenían pensado utilizar          como metralla e infringir el mayor daño posible en los transeúntes. Pero los planes terroristas se aceleraron tras una explosión accidental en su centro de operaciones, en Alcanar.

Condenamos enérgicamente los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils, pues utilizar el terror como un arma para difundir postura a sus ideologías siempre será un crimen contra la humanidad.

Hoy más que nunca, en un mundo globalizado e interconectado, debemos ser solidarios frente a actos de terror, como los vividos en estas ciudades españolas.

Debemos evitar difundir por redes sociales imágenes de las víctimas que atenten contra su dignidad y no dar foco a los terroristas para que realmente, pues no puedan cumplir su cometido.

Desde México queremos enviar un mensaje de solidaridad, esperanza y paz al pueblo español.

Exhortamos, respetuosamente, al gobierno federal a fortalecer la cooperación en materia de seguridad y de inteligencia para combatir eficazmente el terrorismo a nivel global.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto del legislador Tony Rivero, Presidente del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales y Nacionales de la Cámara de Representantes, quien viene acompañado de 24 legisladores integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado del estado de Arizona, así como un grupo de empresarios de esa entidad, invitados a esta sesión de la Comisión Permanente por el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario!

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena, desde su escaño, nos ha solicitado el uso de la palabra el Diputado Vidal Llerenas Morales.

El Diputado Vidal Llerenas Morales: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Por supuesto manifestamos nuestra solidaridad ante una nación tan cercana a México como es España, ante una comunidad tan cercana a México como es la de Cataluña, condenamos enérgicamente estos hechos y manifestamos la preocupación que existe porque estas manifestaciones, estas posturas de ultraderecha han generado un clima de odio, un clima propicio para este tipo de acontecimientos.

Ojalá esta ola de pronunciamientos y de posiciones políticas extremistas de derecha, racistas, que no buscan la integración de las comunidades, sino buscan el bien común de todos, ya no sigan prevaleciendo porque estas son las que explican este tipo de violencia.

Gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Vidal Llerenas.

Para fijar el posicionamiento, en torno a este tema, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

Este es un tema que nos lastima, que también nos hermana con España, y que no podemos dejar a un lado la situación que hoy están viviendo, que están sufriendo por parte del terrorismo.

Recordemos que este jueves 17 de agosto, ese atentado terrorista volvió a ocurrir en Europa, en esta ocasión en España, en Barcelona, cobrando la vida de, hasta el momento, 15 personas, dejando decenas de heridos.

Este es el atentado más grave que ha vivido en España. También en Madrid, el 11 de marzo del 2004 fueron lastimados, y 5 de los miembros de la célula terrorista fueron abatidos pocas horas después del suceso, evitando que perpetraran un atentado más que tenían pensado hacer.

Este último, el lunes pasado, después de asesinar a un ciudadano más, a quien le robó su auto para continuar con su huida, y este grupo terrorista del Estado Islámico se adjudicó la autoría de los ataques, horas después.

Algo que ya lo tenían planeado, pensado, y es algo lo que nosotros no podemos soslayar, dejar a un lado estos acontecimientos tan severos.

Con este suman 8 los atentados terroristas cometidos en Europa, y en los que el arma principal han sido vehículos motorizados, estos ataques han dejado como saldo más de 100 muertos y 400 heridos en el último año.

El terrorismo constituye una de las principales amenazas a la paz, a la seguridad internacional, además los ataques terroristas han dado lugar al endurecimiento de las leyes migratorias, en algunas partes del mundo ya han hecho resurgir con mayor fuerza a los grupos extremistas, racistas, perjudicando los derechos humanos de miles de migrantes, particularmente musulmanes.

Entre las naciones civilizadas y democráticas las relaciones deben darse con base a los principios de tolerancia, de respeto, de convivencia pacífica, de diálogo, de armonía entre los pueblos.

El terrorismo es una práctica inhumana, carente de toda justificación, que debe ser rechazada y condenada por todo el mundo; no sólo causa dolor en los pueblos que son víctimas de éste, sino que además atenta contra los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, el desarrollo de la democracia y la dignidad humana en general. El terrorismo es contrario a cualquier idea de cooperación y a los principios básicos de una convivencia.

Independientemente de los fines que se persigan, el terrorismo no tiene cabida en las sociedades modernas; antes bien, es un mal que aqueja a todos los Estados en su conjunto y a los intereses internacionales de paz.

Después del atentado en Barcelona, la sociedad internacional externó su enérgica condena, así como su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España, reiterando su compromiso con la lucha contra el terrorismo.

México, compañeras y compañeros, como miembro de las Naciones Unidas y como  parte de diversos instrumentos internacionales que tienen como objetivo prevenir y combatir al terrorismo, hoy expresamos total repudio y condena hacia estos actos terroristas.

El Congreso de la Unión siendo un recinto plural donde el diálogo, el respeto y la tolerancia constituyen principios rectores, debe manifestar también su condena a los acontecimientos ocurridos en Barcelona y su rechazo a todo acto terrorista en cualquier parte del mundo.

Así que hoy, nuestra solidaridad, respeto y cariño absoluto al pueblo español.

Es cuanto.

Gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Hernández Lecona.






Pasamos ahora a la discusión de 40 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión.

Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta de sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 40 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

1.- Que exhorta al gobierno del Estado de México a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta a dar celeridad a los acuerdos para la emisión de la normativa correspondiente a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a analizar el Reglamento de Tránsito.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de la adquisición de autobuses de doble piso para el servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 del Metrobús.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a ejercer con eficiencia los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a revisar el origen de los recursos erogados por el Partido Morena en la promoción de sus aspirantes a puestos de elección popular en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a tomar acciones para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta al municipio de Copainala, Chiapas, a remitir un informe respecto de los proyectos denominados “Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre” y “Modernización del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de las medidas que ha llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la Delegación Tláhuac.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a brindar celeridad a las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector salud.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Que exhorta al gobierno del estado de Sonora a remitir un informe sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado Gasoducto-Guaymas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a informar sobre la existencia de procedimientos administrativos y/o penales en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud durante la administración 2011-2016.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre el estado que guarda la construcción del Túnel Emisor Oriente.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Que exhorta a la Fiscalía General del Estado de México a brindar celeridad a las averiguaciones conducentes al esclarecimiento del homicidio del ciudadano Gregorio Delgadillo Santos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se remiten las proposiciones relativas a los Diputados del Congreso local de San Luis Potosí, para su atención y análisis, a la Comisión Bicamaral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Que exhorta a continuar con las investigaciones respecto de los hechos dados a conocer por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Que exhorta a la Delegación Venustiano Carranza a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y la Merced.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Que exhorta a la Delegación Tláhuac a informar respecto de los avances en la solventación de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Que exhorta a publicar protocolos de actuación para el Ministerio Público de la Federación en los procedimientos de investigación por lavado de dinero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas en situación de calle.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Que exhorta al municipio de Tuxpan, Michoacán, a remitir un informe respecto de las obras denominadas “Construcción de camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo” y la “Construcción del Colector Hidráulico”, de dicho municipio.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- Que exhorta a las entidades federativas que aún no cuentan con el servicio de impresión del acta de nacimiento vía Internet, a agilizar la digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio asequible.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe sobre la operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a enviar un informe sobre el costo de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del gobernador de la entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








27.- Que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California a auditar los trabajos para la remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana-Tecate.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








28.- Por el que se solicita al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro un informe sobre los avances en el cumplimiento de los “11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








29.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar el estatus jurídico en que se encuentra el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco, A.C.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








30.- Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere decretar el 21 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Paz”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








31.- Que exhorta a considerar la incorporación de medidas alternativas de cobro en el Programa “Más Mercados”, como medios digitales, a fin de incentivar la economía en los sectores vulnerables.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








32.- Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus protocolos de manejo de emergencias y contingencias sanitarias.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








33.- Que exhorta a considerar mejoras al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








34.- Que exhorta a las Procuradurías y Fiscalías de todas las entidades federativas a agilizar la implementación del protocolo establecido para activar la Alerta AMBER.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








35.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








36.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el estado de Veracruz.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








37.- Por el que se determina que han quedado sin materia las proposiciones respecto del ciudadano Manuel Mireles Valverde.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








38.- Por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición que exhorta a realizar un documento diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








39.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








40.- Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Hemos recibido el texto de presentación de los dictámenes por parte de la Presidenta de esta Primera Comisión, la Senadora Graciela Ortiz González, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los dictámenes. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría. No obstante de mencionar que, de los anteriores dictámenes, recibimos exposiciones de los legisladores que manifestaron su interés para referirse a los correspondientes puntos de Acuerdos, mismos textos que se remitirán al Diario de los Debates para su publicación.

Se insertan intervenciones del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, en relación con los siguientes dictámenes:

Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de la adquisición de autobuses de doble piso para el servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 del Metrobús.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere decretar el 21 de septiembre de cada año como "Día Nacional de la Paz".

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Al no haber intervenciones ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos ahora a la discusión de 49 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta con sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 49 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

1.- Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir de manera regional los calendarios escolares distintos que se aplicarán en el ciclo escolar 2017-2018.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta a analizar esquemas que permitan el ingreso a los planteles de alumnos independientemente de la portación o no de uniforme.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas sobre la prevención del embarazo adolescente.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Que exhorta a continuar con las investigaciones necesarias para sancionar los casos de abuso sexual infantil en el kínder “Juan Ruiz Cabañas y Crespo”, en el municipio de Chapala, Jalisco.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Morelos un informe sobre el estado que guarda la operación y funcionamiento del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar con las acciones de promoción y creación de infraestructura para la lactancia materna.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a analizar la viabilidad de promover acciones referentes a licencias médicas por dismenorrea incapacitante.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la situación política en la República del Ecuador.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta a realizar una supervisión integral de los albergues públicos y privados.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que la Comisión Permanente se congratula por el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Sevilla al doctor Miguel León-Portilla.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a continuar y fortalecer las acciones de orientación y asesoría sobre trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales de nuestro país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Que exhorta a analizar la viabilidad técnica y jurídica de instrumentar las acciones administrativas y normativas que consideren respecto a la aplicación de la denominada Cláusula Bolar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que la Comisión Permanente expresa su solidaridad con el pueblo de Egipto, así como con las víctimas y sus familiares del choque de trenes ocurrido en Alejandría el pasado 11 de agosto.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención y, en su caso, atención del cáncer de esófago.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Colima a continuar y fortalecer las acciones que garanticen la impartición de idioma inglés en las escuelas de tiempo completo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que la Comisión Permanente refrenda su compromiso con el principio de política exterior de solución pacífica de controversias entre las naciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, prevención y, en su caso, atención del Virus del Papiloma Humano.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, prevención y, en su caso, atención de las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a continuar y fortalecer las acciones de promoción sobre las defensorías de oficio e intérpretes certificados en lenguas indígenas en el fuero común.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar y fortalecer la capacitación del personal docente para el desarrollo de competencias y habilidades en la plena inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el aula regular.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado que guarda el Servicio de Atención Técnica a las Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados toda la información con la que cuente respecto al Programa de Inclusión Social Componente de Salud en el estado de Jalisco.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de las elecciones primarias en la República de Argentina, celebradas el pasado 13 de agosto de 2017.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover ante la Federación Mexicana de Fútbol, la realización de partidos de la Liga MX Femenil en los estadios donde se celebra la Liga Varonil de Primera División.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre el estado que guardan las clínicas de salud en Tonalá y en Cintalapa, así como el Hospital General de Tapachula.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo al uso de la fuerza o intervención militar en la solución de la situación política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








27.- Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre el estado que guarda la situación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en el Sistema Educativo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








28.- Que exhorta a la Secretaría de Salud y a su homóloga del estado de Aguascalientes a continuar y fortalecer las acciones necesarias a efecto de garantizar la operación del Centenario Hospital “Miguel Hidalgo”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








29.- Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento a la labor de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México en el desempeño de las labores que, día a día, desarrollan en favor de la población civil de nuestro país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








30.- Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención de los trastornos de la conducta alimentaria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








31.- Que exhorta a la Secretaría de Cultura a analizar la viabilidad de instaurar la presea “Francisco Gabilondo Soler” para el fomento musical infantil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








32.- Que exhorta al Consejo de Salubridad General a analizar la viabilidad técnica, normativa y presupuestal de incorporar otros tratamientos del cáncer cérvico-uterino en los esquemas de atención a la salud que considere.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








33.- Que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a continuar y fortalecer la promoción de los programas de empleo destinados a la población joven, con el fin de potenciar el bono demográfico.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








34.- Que exhorta a promover el consumo de amaranto.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








35.- Que exhorta al Instituto del Deporte de Guerrero a continuar y fortalecer las acciones que fomenten la práctica y competencia deportiva en la entidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








36.- Que exhorta a considerar la posibilidad de incorporar en el programa piloto “Salud en tu Escuela”, a implementarse en el estado de Zacatecas, a un psicólogo como parte del personal de las brigadas de salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








37.- Por el que se desecha la proposición que exhorta a transparentar la información relativa a los boletos otorgados para el concierto “90´s Pop Tour”, a la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








38.- Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








39.- Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar acciones para fomentar el cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








40.- Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de Paris, en materia de cambio climático.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








41.- Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil en nuestro país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








42.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








43.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las campañas sobre la importancia de donación de órganos y tejidos humanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








44.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las acciones de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








45.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








46.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las acciones de promoción y respeto de los derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones migratorias.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








47.- Que exhorta a impulsar y fortalecer las acciones de prevención de la diabetes, incluyendo campañas de información sobre los factores de riesgo que la ocasionan y el riesgo de ceguera, poniendo énfasis en niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








48.- Que exhorta a los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las acciones necesarias que garanticen la instrumentación de los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








49.- Que exhorta a analizar la viabilidad de incorporar en los contenidos de libros de texto gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia del respeto y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, para efecto de hacer la presentación de los dictámenes, en su calidad de Presidenta de la Segunda Comisión.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidenta.

A nombre de mis compañeras y compañeros integrantes de la Segunda Comisión, presentamos 34 dictámenes que abarcan 56 asuntos. Quiero decir que 15 estaban reservados desde el inicio de esta Comisión Permanente, por tal razón son 49.

Entre los temas que destacan, de los aprobados en la pasada Décimo Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión, tenemos el que refrenda nuestro compromiso con el principio de política exterior, de solución pacífica y controversia de conflictos entre las naciones.

Formulamos un llamado para que disminuyan las tenciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República Democrática Popular de Corea.

Además, rechazamos el uso de la fuerza o intervención militar en la solución de la situación de la República Bolivariana de Venezuela, y hacemos votos para que se resuelvan por la vía del diálogo.

Un tema fundamental es la petición que realizamos para que el DIF Nacional y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, realicen una supervisión integral de los albergues públicos y privados con la finalidad de evitar que en ellos se den prácticas de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños.

En materia de salud impulsamos la creación de infraestructura para la lactancia materna, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una cultura de su donación.

También acciones de prevención y atención del Virus del Papiloma Humano, el cáncer cervico-uterino y del cáncer de esófago y de las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal.

De igual forma proponemos un exhorto a la Secretaría de Salud y a la Sagarpa para que promuevan el consumo del amaranto, así como el fomento de su cultivo con la capacitación a agricultores para mejorar su producción.

Buscamos que la Secretaría de Cultura instaure la presea "Francisco Gabilondo Soler" para el fomento musical infantil, con la finalidad de reconocer a compositores, autores y formadores musicales, en el marco de la conmemoración del 110 aniversario del natalicio de "Cri-crí".

Exhortamos al Instituto Mexicano de la Juventud para que fomente la promoción de programas al empleo destinados a la población joven, con el fin de potenciar el bono demográfico.

Un tema adicional es el llamado a la Secretaría de Educación Pública para que capacite al personal docente en el desarrollo de competencias y habilidades en la plena inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Solicitamos también fortalecer a los defensores, a las defensorías de oficio e intérpretes certificados en lenguas indígenas para garantizar el ejercicio y el acceso a la justicia de esa población.

Finalmente, proponemos que la Comisión Permanente se congratule por el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Sevilla al doctor Miguel León-Portilla, dado el importante trabajo que ha realizado a favor de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.

Esos son los temas que a mi consideración son los más relevantes y pedimos su voto a favor.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Contreras Julián.

Están a discusión los dictámenes. Consulto a la Asamblea si alguien desea reservar alguno de los dictámenes enunciados, informando a su vez que de estos dictámenes recibimos las exposiciones de legisladores que manifestaron su interés para referirse a los correspondientes dictámenes o puntos de Acuerdo, cuyos textos, de igual forma, serán insertados íntegros para su publicación.

Se insertan intervenciones de los siguientes Legisladores:

Del Senador Jesús Priego Calva, en relación con los siguientes dictámenes:

Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar acciones para fomentar el cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos.



Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a impulsar y fortalecer las acciones de promoción y respeto de los derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones migratorias y estancias provisionales.



De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, en relación con los siguientes dictámenes:

Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil en nuestro país.



Que exhorta a las autoridades de los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior de la niñez.



Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas sobre la prevención del embarazo adolescente.



Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las acciones de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar.



Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer las acciones de prevención de la diabetes, incluyendo campañas de información sobre los factores de riesgo que la ocasionan y el riesgo de ceguera, poniendo énfasis en niñas, niños y adolescentes.



Que exhorta a los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las acciones necesarias que garanticen la instrumentación de los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre el estado que guarda la situación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en el Sistema Educativo.



De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, en relación con los siguientes dictámenes:

Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas sobre la importancia de donación de órganos y tejidos humanos.



Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, prevención y, en su caso, atención de las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica.



Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento a la labor de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México en el desempeño de las labores que, día a día, desarrollan en favor de la población civil de nuestro país.



Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, en relación con los siguientes dictámenes:

Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado mexicano en su promoción.



Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las autoridades estatales respectivas a realizar una supervisión integral a los albergues públicos y privados y fortalezcan las acciones de promoción y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, salvaguardando el principio del interés superior de la niñez.



Que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a continuar y fortalecer la promoción de los programas de empleo destinados a la población joven, con el fin de potenciar el bono demográfico.



De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, en relación con los siguientes dictámenes:

Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de incorporar en los contenidos de libro de texto gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia del respeto y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes.



Que exhorta a la Secretaría de Cultura a analizar la viabilidad de instaurar la presea "Francisco Gabilondo Soler" para el fomento musical infantil, con la finalidad de reconocer a compositores, autores y formadores musicales, en el marco de la conmemoración del 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler "Cri Cri".



Y de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, en relación con el dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención y, en su caso, atención del cáncer de esófago.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señora Presidenta, aprobados los anteriores Acuerdos.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de 55 dictámenes correspondientes a la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no existen reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta de sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 55 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tiene reserva para su discusión.

1.- Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política ambiental de nuestro país ante los retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe las acciones que se implementarán para garantizar que se continúe con el combate a la concentración de los mercados y la lucha contra las prácticas monopólicas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta a fortalecer la cobertura de las campañas de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos turísticos del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se solicita a la Secretaría de Economía informe sobre los beneficios que conllevaría celebrar o ampliar acuerdos comerciales con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta a que en todas las acciones jurídicas que se planteen con relación al modelo de producción de energía eléctrica denominado Generación Limpia Distribuida, se fortalezcan los principios constitucionales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento en los recursos destinados al Programa Empleo Temporal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a considerar la inclusión en la “Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a establecer un mecanismo que conlleve a la restricción total de la venta de bebidas alcohólicas en los paraderos de las carreteras federales y estatales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía informe respecto de la calidad y los componentes de las gasolinas importadas, así como del estado que guarda nuestra industria de refinación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Que exhorta a verificar que la dictaminación de los proyectos que se concursan, se realice en apego a sus reglas de operación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas a fortalecer las medidas de atención en torno a la contaminación del río “Sabinalito”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Que exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales, y garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de los apoyos económicos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta a fortalecer las medidas de protección de los datos personales que manejan las empresas que ofertan información sobre antecedentes laborales de las personas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Que exhorta a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere proyectos de infraestructura que permitan la conclusión de obras en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Que exhorta a implementar campañas informativas y de concientización ciudadana sobre el cuidado y la protección de las mascotas, así como actividades permanentes de rescate y esterilización de perros en situación de calle.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Que exhorta a aquellas autoridades estatales y municipales del país que no cuentan con regulación sobre publicidad exterior, a que emitan los reglamentos o normas en la materia.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Por el que se solicita información del seguimiento y evaluación del Programa Especial para el Cacao.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Que exhorta a evaluar la viabilidad de homologar el subsidio eléctrico de las actividades agrícolas y ganaderas con la actividad acuícola nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Por el que se solicita información sobre las estrategias a implementar para la producción y uso de las energías renovables.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Que exhorta a abonar las aportaciones adeudadas, en su caso, integrando los respectivos intereses, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Que exhorta a elaborar el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Que exhorta a reforzar las acciones emprendidas para eliminar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Por el que se solicita información sobre los avances en materia de distribución y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- Que exhorta a considerar la viabilidad de reclasificar la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, aplicada al municipio de Mérida, Yucatán.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- Por el que se solicita realizar estudios urgentes sobre los efectos meteorológicos y en el medio ambiente derivados del uso de los cañones antigranizo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- Por el que la Comisión Permanente manifiesta su congratulación por expedir el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, en beneficio de la industria acerera de nuestro país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








27.- Por el que la Comisión Permanente felicita y reconoce al Instituto Federal de Telecomunicaciones por emitir el Acuerdo sobre especificaciones de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








28.- Por el que se solicita información sobre la atención que se le dio a la propuesta para adecuar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








29.- Que exhorta a realizar las adecuaciones presupuestales para garantizar la operación de este fideicomiso y la implementación de las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








30.- Que exhorta a fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, financiamiento y comercialización de la pitahaya en la región mixteca del estado de Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








31.- Que exhorta a considerar la emisión de disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrecen y otorgan créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








32.- Que exhorta a verificar el cumplimiento del Artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, en materia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








33.- Por el que se solicita información sobre los permisos concedidos para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación de los de Burgos y Dos Laredos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








34.- Que exhorta a informar de los proyectos de modernización de las redes de distribución en diversas colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








35.- Que exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar la posibilidad de destinar recursos para la modernización de diversos tramos carreteros en el estado de Yucatán.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








36.- Que exhorta a realizar las operaciones de control y combate a la contaminación del medio ambiente marino frente a las costas de Baja California Sur.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








37.- Que exhorta a continuar promoviendo e informando respecto a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








38.- Que exhorta a garantizar la participación de los productores de caña independientes en el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio la Providencia, en el municipio de Cuichiapa, Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








39.- Que exhorta a informar de las acciones para fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de instituciones públicas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








40.- Que exhorta a escuchar los planteamientos de todos los sectores productivos, en especial la industria del mezcal, en el marco del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








41.- Que exhorta a atender de manera inmediata los problemas de contaminación de la cuenca del río Duero y revisar las acciones y medidas orientadas a su rescate y saneamiento.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








42.- Que exhorta a realizar las gestiones correspondientes para otorgar certeza jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de Marginación Social “Ciudad de las Mujeres”, o “Ciudad Mujer” ubicado en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








43.- Que exhorta a llevar a cabo las acciones correspondientes para la limpia y desazolve en el Cañón del Sumidero, así como la atención de la contaminación en la cuenca del río Suchiapa, que actualmente afecta a los municipios de Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corso, en el estado de Chiapas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








44.- Que exhorta a determinar si existe daño por el derrame de agua de la mina “La Perla”, en el municipio de Camargo, Chihuahua.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








45.- Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la Reunión Regional de Expertos, organizada por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








46.- Que exhorta a reforzar la promoción del ecoturismo en los geo-parques mundiales de la Mixteca Alta, en Oaxaca, y la Comarca Minera, en Hidalgo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








47.- Que exhorta a considerar la gestión de la donación al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de lotes urbanos de jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








48.- Que exhorta a realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








49.- Que exhorta a garantizar las condiciones óptimas de las carreteras federales en el estado de Chiapas, poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han presentado más percances.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








50.- Que exhorta a vigilar que las disposiciones reglamentarias no limiten la libre concurrencia y competencia establecida en el artículo 28 constitucional en la expedición de permisos para pescadores libres.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








51.- Que exhorta a informar sobre las acciones en favor del fomento de la producción de miel orgánica en las entidades federativas del sureste mexicano.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








52.- Que exhorta a considerar el establecimiento de medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








53.- Que exhorta a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere integrar la ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








54.- Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones con relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








55.- Por el que se da por atendida la proposición que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a informar por qué las conductas sancionadas no afectarán las cuentas individuales de los usuarios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los anteriores dictámenes.

Consulto a la Asamblea si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría, señalando a su vez a esta Asamblea, que hemos recibido exposiciones de diferentes legisladores que han manifestado su interés por referirse a alguno de los temas correspondientes a estos puntos de Acuerdo, mismos que serán agregados al Diario de los Debates para su publicación.

Se inserta intervención del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, en relación con el dictamen que solicita a la Comisión Federal de Electricidad informe sobre las estrategias a implementar para la producción y uso de las energías renovables para dar cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Al no existir intervención alguna, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, plantel Salvatierra, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

Esta Comisión Permanente expresa su beneplácito por su visita.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario!






Tenemos la discusión de un dictamen correspondiente a la Tercera Comisión, que exhorta a convocar a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa de Pueblos Mágicos. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta del dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Tiene el uso de la palabra la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta.

Parafraseando a Chavela Vargas: “México tiene magia, basta con conocerlo para encontrarla”.

Tiene magia de un país donde la riqueza natural se extiende a lo largo y a lo ancho del territorio y sólo es superada por su enorme patrimonio cultural, por eso México también aloja un enorme potencial turístico que se debe explotar. Sector estratégico y prioritario para el país, el turismo representa una oportunidad de crecimiento para toda la nación.

Consciente de que México tiene una vocación turística incuestionable, de la que da cuenta su riqueza natural y cultural, nuestro país ha logrado un crecimiento histórico en el repunte en materia turística.

El número de visitantes extranjeros ha crecido en más del 50 por ciento, además, como lo anunció la Organización Mundial del Turismo, hoy México es el octavo país más visitado del mundo y el segundo país que más turistas recibió en el Continente Americano durante el año 2016, sólo detrás de los Estados Unidos de América.

Desde el 2001 se creó el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, cuyo principal objetivo es resaltar el valor cultural de diversas poblaciones, beneficiar a distintas localidades e impulsar su desarrollo económico, igualmente 111 lugares en México ya gozan de esa denominación.

Los Pueblos Mágicos son aquellos que a través del tiempo y frente a la modernidad han conservado y defendido la herencia histórica, cultural y natural que los hace únicos e inigualables.

Comprado, como ha dicho el programa, constituye y contribuye a mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de diferentes regiones para consolidarlas como destinos turísticos que generen crecimiento económico y que lleven prosperidad a sus habitantes.

Resulta pertinente revisar la lista de todas aquellas localidades que aspiran a ser parte de este programa en aras de que cada día sumemos más a este noble y extraordinario proyecto de Pueblos Mágicos.

La ley general en la materia lo establece en su artículo 4, que la Secretaría de Turismo será la instancia responsable de formular y conducir la política turística promoviéndola en el ámbito nacional e internacional.

Solicito su voto a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Turismo, en coordinación con el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección, considere convocar en los próximos días a las localidades que aspiren a convertirse en Pueblos Mágicos, detonando así el turismo de nuestro país.

Sí, una de las sensaciones más placenteras de este mundo es despertar en un lugar desconocido, como escribiera Freya Stark.

Fomentemos, pues, cada vez más personas, para que sigan descubriendo lo mucho que tiene que ofrecer nuestro querido México.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Pinete Vargas.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a impulsar la producción y conservación del maguey. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta del dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Se inserta intervención del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las acciones para garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de aerolíneas y de autobuses para adultos mayores. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señora Presidenta. Integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros:

Los adultos mayores representan un grupo vulnerable, no sólo por la pérdida gradual de capacidades físicas propias de la edad, sino también por su dependencia económica y la falta de acceso a la seguridad social.

Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señala que el 43 por ciento de los adultos mayores que hay en nuestro país se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

Los adultos mayores también son objeto de exclusión social de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en nuestro país.

Cerca del 28 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad.

En ello radica la importancia del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, en virtud de que busca que se respete el otorgamiento de descuentos a los adultos mayores que realicen viajes en líneas de autobuses. Con este mecanismo se busca promover y garantizar el derecho a la movilidad de este sector de la población.

Cabe señalar que desde el año 1982 se encuentra vigente el acuerdo por el que se autoriza la tarifa especial para ancianos, afiliados al Instituto Nacional de la Senectud, actualmente Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que tienen la finalidad de que las empresas de autotransportes de pasajeros otorguen el 50 por ciento de descuento en el precio de los pasajes para las personas de 60 años o más.

Por ello es pertinente el exhorto que hacen los proponentes para que la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes supervisen que dicho descuento sea aplicado y respetado de manera permanente por las líneas de autobuses.

Como lo señalan los proponentes, en ocasiones los permisionarios se niegan a otorgar este beneficio, por lo que ha aumentado el número de beneficiarios de las tarjetas INAPAM que reportan que en autobuses locales y regionales no se les hace válido el descuento al que tienen derecho.

Compañeras y compañeros: En los últimos años la población adulta de nuestro país se ha incrementado como consecuencia de una transición demográfica. Proyecciones del Consejo Nacional de Población estiman que, para el año 2050, casi una tercera parte de la población tendrá más de 60 años de edad. Esta situación obliga a las instituciones del Estado mexicano a tomar las previsiones y acciones necesarias para atender las principales necesidades de este sector de la población.

En este sentido, en el grupo parlamentario del PRI reconocemos las políticas instrumentadas por el gobierno federal para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores, no obstante, consideramos que se deben fortalecer las acciones institucionales que contribuyan a un desarrollo pleno de este sector de la población en el que participen los tres órdenes de gobierno.

Los legisladores del PRI consideramos apremiante consolidar las políticas públicas y acciones que contribuyan a terminar con la marginación, exclusión y discriminación hacia las personas adultas mayores, motivo por el cual votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Verónica Martínez Espinoza.

Consultaré a la Asamblea si alguien más desea intervenir; de no ser así, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer acciones para apoyar a los sectores agrícola y ganadero afectados por los fenómenos de sequía y desertificación. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión.

Nos ha solicitado el uso de la tribuna, y con mucho gusto se lo damos, la Senadora Diva Hadamira Gastélum.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todas y a todos.

Este es un tema muy importante no solamente para los estados eminentemente agrícolas, sino para el tema alimentario de este país, va más allá de la revisión que tiene que ver con dos temas: el de la sequía y la desertificación, y son dos conceptos que tienen su propia definición; la desertificación tiene que ver con la degradación continua de la tierra en áreas áridas, semiáridas, subhúmedas a causa de varios factores, incluyendo variaciones climáticas y actividades humanas en los ecosistemas.

Y la sequía, pues la hemos vivido en muchas regiones del país, y lo que acarrea es pobreza, problemas muy serios, sobre todo en la producción agrícola.

Este punto de Acuerdo tiene un sentido muy importante, porque en el último fenómeno que hemos tenido, 19 entidades del país tuvieron este problema de la desertificación y la sequía.

Ha habido proyectos muy importantes de apoyo y subsidio a los productores agrícolas y del tratamiento sobre todo en el tema de las tierras que se requiere un poco más porque va más allá de la economía local, y tiene que ver, incide en el sistema alimentario de este país.

Por eso mi grupo parlamentario está muy comprometido con que se desarrolle una estrategia sectorial que encabece Sagarpa con Conagua y todas las dependencias afines para tratar de mejor manera el problema de la desertificación y la sequía.

Vale la pena votar por este punto de Acuerdo porque ayuda a muchos sectores, al sector agrícola, al ganadero, al agroalimentario.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Consulto a la Asamblea si alguien más desea hacer uso de la tribuna. Bueno, no habiendo más oradores, le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






COMUNICACIÓN

Recibimos en la Mesa Directiva una comunicación suscrita por la Diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir de este día, 23 de agosto de 2017.



En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“ÚNICO.- Se concede licencia a la Diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 23 de agosto de 2017.”

Se encuentra a discusión, no habiendo quien haga uso de la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez para separarse de sus funciones legislativas, a partir de este día, 23 de agosto de 2017. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Compañeros legisladores: Les informo que se turnarán a las Comisiones de la Cámara del Congreso las iniciativas inscritas en la agenda de hoy. Los turnos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si una persona del pasado tuviera la oportunidad de viajar por el tiempo y conociera nuestro actual modo de vida se sorprendería gratamente, pues tendría frente a sí casas con agua corriente, drenaje y baños; medios de comunicación para establecer contacto en tiempo real en cualquier parte del mundo; almacenes atiborrados de mercancías y transportes con la capacidad para llevarnos en poco tiempo al destino de nuestra elección. Pero si ese individuo ficticio pudiera ver los costos que hemos tenido que pagar por obtener un nivel de vida que sería la envidia del más poderoso monarca medieval, seguramente también quedaría sorprendido y se preguntaría si todo ese adelanto realmente valió la pena, pues a la par de nuestros grandes logros coexisten ecosistemas alterados, ríos muertos, bosques desmontados, campos yermos, flora y fauna reducidas a su mínima expresión y aire enrarecido.

Tengamos por seguro que, de existir ese viajero fruto de nuestra imaginación, se quedaría pasmado frente a uno de los tiraderos que existen a las afueras de las grandes ciudades del orbe. Preguntaría qué es esa imagen que tiene frente a sus ojos y de dónde proviene ese olor a fetidez, cuál es la causa de tanta descomposición, qué es lo que hace tanta gente hurgando entre la podredumbre y la suciedad. Tendríamos que explicarle entonces lo que es la sociedad de consumo y las consecuencias de un modelo de desarrollo que privilegia la satisfacción de necesidades a veces artificiales por sobre la viabilidad de la vida en nuestro planeta, un paradigma que genera riqueza, progreso y bienestar pero que trae consigo una cantidad infinita de basura con la que no sabemos lidiar adecuadamente.

Los retos que genera la basura no son cosa de ciencia ficción, ni se tratan de distopías escritas por un literato de imaginación febril, sino de realidades con las que debemos convivir cotidianamente, sobre todo en las sociedades donde aún no ha sido posible erradicar las redes clientelares que existen alrededor de los desperdicios ni mucho menos se hace uso de tecnología que nos ayude a procesar mejor la cantidad infinita de desperdicios que generamos, es decir, en aquellos lugares donde la modernidad se ha tardado en abrirse paso.

Pocas ciudades ilustran esta situación mejor que la Ciudad de México, entidad donde diariamente se generan anualmente cerca de 5 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU),1 pues ahí subsiste un sistema de gestión plagado de deficiencias que redunda en perjuicio del medio ambiente y de la salud de los capitalinos, caracterizado por problemas tales como la compra de plazas entre los empleados del servicio de limpia, el pago por conducir un camión recolector, la recolección por parte de personal ajeno a la plantilla burocrática y desprovisto de derechos laborales, colusión de intereses fácticos y redes clientelares y, lo que es peor, desidia institucional para enfrentar dichos males.2 A lo antes señalado debemos sumar la generación de biogases, la liberación de sustancias agotadoras de ozono, la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua, proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades tales como diarrea, tifoidea, paludismo, giardiasis, dengue, peste, tifus, leptospirosis y toxoplasmosis.

A fuerza de ser sinceros debemos reconocer que los problemas antes mencionados no son privativos de la capital de la República, sino que se reproducen en todas las grandes urbes del país, por lo que la gestión adecuada de los RSU es un tema que incumbe a las autoridades de los tres niveles de gobierno, situación que se vuelve urgente si tomamos en cuenta que en 2015, la generación de RSU alcanzó 53.1 millones de toneladas, lo que representó un aumento del 61.2% con respecto a 2003, es decir, 1.2 kilogramos en promedio diariamente en el mismo año.3

Dentro del universo de los RSU, aquellos que deben preocuparnos más son los de difícil procesamiento, aquellos que por su composición resultan de difícil desintegración y que pueden permanecer sin descomponerse siglos enteros. Nos referimos también a aquellos de uso cotidiano cuyos materiales resultan sumamente agresivos hacia el medio ambiente, tales como las pilas, la ropa, la basura tecnológica y los envases producidos a partir de PET, es decir, tereftalato de polietileno.

En el caso de las pilas, éstas contienen elementos sumamente agresivos hacia el medio ambiente, entre ellos cadmio, litio, manganeso, mercurio, níquel, plata, plomo y zinc, metales que pueden producir alergias, edema pulmonar, disfunciones eréctiles, cáncer, sordera y daños en pulmones, riñones y al corazón. Es una verdad sabida que arrojar una pila alcalina usada a la basura puede contaminar hasta 100 mil litros de agua4 y es por ello que en el año 2004 se reformó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a efecto de caracterizarlas como residuos de manejo especial.

Contrario a lo que se pudiera pensar, la ropa puede llegar a ser fuente importante de polución, debido a que los hábitos de consumo han cambiado profundamente durante los últimos años, pues ahora la tendencia es usar las prendas por poco tiempo y desecharlas con prontitud para seguir las tendencias y estar a la moda. Este modelo es conocido como fast fashion y genera cantidades ingentes de desechos, muchos de los cuales contienen pigmentos sumamente agresivos para los cuerpos de agua, sobre todo en el caso de la mezclilla. De igual forma, las prendas modernas contienen nonilfenoles etoxilados5, que se descomponen para formar nonilfenol6, una sustancia química tóxica y persistente, considerada disruptor hormonal, que se acumula en la cadena alimentaria y resulta nociva incluso a niveles muy bajos.7 Si bien es cierto es difícil encontrar cifras que ilustren sobre el tamaño del problema en México, basta con ver las consecuencias que la producción de prendas de mezclilla ha provocado en diversos ríos del país, sobre todo en el centro del país.

Por cuanto hace a la basura tecnológica, ésta constituye uno de los principales retos en la gestión de residuos sólidos, pues hasta 2016 cada mexicano producía entre siete y nueve kilogramos de esta clase basura anualmente, lo que significa entre 840 a mil 80 toneladas, cifra que convierte a México en el tercer lugar como generador en América, sólo detrás los Estados Unidos y Canadá.8Los aparatos electrónicos provocan una enorme contaminación atribuida al tipo de sustancias que se utilizan en su fabricación, pero también por la ausencia de sistemas adecuados para su recolección. En la manufactura de las computadoras y electrodomésticos se emplean frecuentemente dos grupos de sustancias que son nocivas para la salud humana y para el ambiente: los compuestos orgánicos policromados, llamados también retardadores de flama (bifeniles polibro minados o éter difenil hexavalente), que se usan como aditivos en los plásticos, y metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromo en la elaboración de los dispositivos electrónicos. Además, contienen oro y arsénico, por lo que la contaminación por residuos electrónicos está alcanzando una magnitud alarmante. Tales materiales contaminan el suelo, el agua, el aire y en general los ecosistemas, y representan un problema de salud para la población. Por ejemplo, se ha reportado que la contaminación del agua con materiales tóxicos como el plomo, cadmio o mercurio (los mismos que se utilizan comúnmente en la fabricación de material informático) es hasta 190 veces más alta que la aceptada por la Organización Mundial de la Salud.9

Por cuanto hace a los envases fabricados a partir de tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, por sus siglas en inglés, éstos han alcanzado una enorme popularidad tras por su portabilidad, fácil desechamiento y el gusto que existe entre los consumidores por los refrescos y las bebidas endulzadas. De acuerdo con cifras extraoficiales, cada año se producen en México 800 mil toneladas de PET y sólo 15 por ciento se recicla.10 Lamentablemente, esta clase de plástico no es degradable y se produce a partir de combustibles fósiles, lo que significa una huella ecológica difícil de borrar, esto aunado al hecho de que el PET, al depositarse en los tiraderos genera lixiviados que se infiltran en los acuíferos y los contaminan de forma grave.

Las latas que utilizamos diariamente como envase para alimentos y bebidas también constituyen una fuente importante de contaminación, pues constituyen un 4% de los residuos que se desechan en las zonas urbanas, pero cuentan con la ventaja de que son perfectamente reciclables y que sus materiales no pierden valor al ser transformados. Algunas informaciones periodísticas señalan que al día se consumen 15 millones 400 mil latas, mismas que representan un volumen de 240 toneladas. Esto significa que al año se utilizan 10 mil 348.8 millones de latas que pesan 80 mil 640 toneladas. Desgraciadamente, en el país hay sólo 23 empresas recicladoras de metal, las cuales son insuficientes para transformar las latas recolectadas en México, a pesar de lo cual, del total de la basura que se recicla en el país, el aluminio ocupa 26 por ciento, lo que significa un volumen cercano a 700 mil toneladas anuales.11

Héctor Aguilar Camín escribió hace algunos días que las pequeñas cosas son el último eslabón de las grandes, el verdadero escaparate de qué es lo que funciona y lo que no funciona en una sociedad. Por su parte, Luis Rubio señaló que al final de cada día, las pequeñas cosas son las verdaderamente grandes. A partir de estas ideas es que formulamos la presente iniciativa, la cual busca reducir los volúmenes de contaminantes, proteger los ecosistemas, preservar la salud humana y mejorar el entorno urbano, ello desde una mejor gestión en el tratamiento de los RSU que involucre a los ciudadanos.

Nuestra propuesta no es otra que una reforma al artículo 10 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para incluir que, en aquellos municipios en los que la población sea mayor a cien mil habitantes, los ayuntamientos procurarán ordenar la colocación de contenedores en lugares públicos para la recolección de pilas, ropa, latas, residuos tecnológicos y envases elaborados a partir de tereftalato de polietileno.

Soluciones como la aquí propuesta ya se llevan a cabo en la Ciudad de México, donde es común ver contenedores para pilas. También existen empresas privadas que han empezado a colocar sus contenedores en algunas tiendas de autoservicio, a fin de reciclar envases de PET y latas de fierro. En este último caso, la persona que entrega la lata recibe un peso por cada lata y ese dinero puede servir para pagar servicios como telefonía celular o TAG’s de peaje.12

De aprobarse la presente propuesta, lo que haremos es generar espacios en los que cualquier persona pueda depositar los desechos antes referidos a efecto de que se proceda al reciclaje de los mismos. Así de sencilla y de profunda es nuestra propuesta. Una idea que, de llevarse a la práctica, generará un efecto benéfico en nuestra salud y entorno, pero que necesariamente deberá de venir acompañada de todo un sistema de gestión que permita alcanzar los niveles de procesamiento adecuados y una cadena de mercado que genere empleos y riqueza.

Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro sinóptico:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente;

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes;

III. Controlar los residuos sólidos urbanos;

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;

VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en esta Ley;

IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos;


X. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y

 

 

 

 


XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente;

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes;

III. Controlar los residuos sólidos urbanos;

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;

VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en esta Ley;

IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos;

X. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos;

XII. Procurar, en aquellos municipios en los que la población sea mayor a cien mil habitantes, la colocación de contenedores en lugares públicos para la recolección de pilas, ropa, latas, residuos tecnológicos y envases elaborados a partir de tereftalato de polietileno, y

XIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:
I. … a X. …

XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos;

XII. Procurar, en aquellos municipios en los que la población sea mayor a cien mil habitantes, la colocación en lugares públicos de contenedores para la recolección de pilas, ropa, latas, residuos tecnológicos y envases elaborados a partir de tereftalato de polietileno, y

XIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema1

2 Se recomienda la lectura de Rapahel, Ricardo, “Corrupción y basura”, 17 de julio de 2017, El Universal, México. http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2017/07/17/corrupcion-y-basura

3 Fuente: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema1

4 Consultado en < http://www.razon.com.mx/spip.php?article157667>, el 4 de agosto de 2017 a las 8:55 horas.

5 Nonilfenoles etoxilados (NPE): grupo de preparados químicos sintéticos, que existen únicamente como resultado de actividades humanas. Estos compuestos pertenecen a un grupo más amplio de sustancias químicas, conocidas como alquilfenoles etoxilados (APE), utilizadas en su mayoría como surfactantes, incluidas las formulaciones de uso textil.

6 Nonilfenol (NP): el NP se fabrica para varios usos industriales especializados, incluida la producción de NPE. Tras su uso, los NPE pueden volver a descomponerse en el NP a partir del que se produjeron. Del NP se sabe que es persistente, bioacumulable y tóxico, y que puede actuar como disruptor hormonal, así como que se acumula en los tejidos de peces y otros organismos, y se magnifica a través de la cadena alimentaria.

7 Consultado en
<http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/Dirty%
20Laundry-Hung%20Out%20to%20Dry%20(WEBspain).pdf>, el 30 de mayo de 2017 a las 17:51 horas.

8 Consultado en < http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_184.html>, el 4 de agosto de 2017 a las 9:20 horas.

9 Consultado en < https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol23num1/articulos/basuras/index.HTML>, el 4 de agosto de 2017 a las 9:25 horas.

10 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/14/industria-del-reciclaje-vale-3-mil-mdd-en-mexico-6637.html

11 Consultado en http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/mexico-recolecta-latas-y-otros-las-aprovechan.html

12 Consultar la página electrónica https://www.reciclalalata.mx/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por el Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del PAN)

Ulises Ramírez Núñez, Diputado Federal de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 77 y 78 del del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 6 DE LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (LFLL)1 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de julio de 2008, con objeto de responder al reto que enfrentaba la difusión del libro y la promoción de la lectura.

La LFLL fue aprobada por el Congreso de la Unión como una herramienta para cristalizar la política pública que convertiría a la lectura en un hábito en nuestra sociedad e incentivaría la creación de más librerías. A partir de lo anterior, este nuevo instrumento jurídico introdujo el término “precio único”, para garantizar que los libros tengan el mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional y con ello favorecer su disponibilidad en todas las librerías del país. Además, la aprobación de esta ley planteó un desarrollo mucho más armónico del mercado del libro, garantizándole a las pequeñas y medianas librerías la consolidación de sus negocios ya que estaban empezando a cerrar las librerías tradicionales porque las más grandes ofrecían descuentos exorbitantes con la única intención de echar del mercado a los pequeños competidores.

Si bien es cierto, que con esta ley hemos facilitado el crecimiento de la industria editorial mexicana, respecto a la producción y distribución de ejemplares, no debemos perder de vista, que aún no hemos capitalizado en forma eficiente el objetivo principal de la LFLL: “el fomento de la lectura”.

A este respecto, debemos reconocer que el hábito de la lectura en nuestro país no avanza al ritmo que todos deseamos, ya que, mientras que en el 2006 los mexicanos leían en promedio 2.6 libros al año, en 2016 el promedio se ubicó en 3.8 ejemplares, de acuerdo con los resultados del Módulo de Lectura (MOLEC) levantado por el Inegi2, muy lejos de los 12 que se leen en Alemania.

El estudio “Hábitos de Lectura”, elaborado por la OCDE3 y la UNESCO4 en 2014/20165, coloca a México en el puesto 107 de 108 naciones y se reveló que el 40% de los mexicanos jamás han visitado una librería y el 13% de la población nunca ha leído un libro. Adicionalmente, en cuanto al tiempo semanal que se dedica a la lectura los mexicanos empleamos 5.5 horas, mientras que en países como la India o Tailandia le dedican 10.7 y 9.4 horas a la semana, respectivamente.

Además de presentar muy bajos niveles de lectura en nuestro país, lo que llama aún más la atención es que lo que se llega a leer se comprende poco. Así lo evidencian los resultados de la Prueba PISA6 del año 2012. En esa medición el resultado obtenido por las y los alumnos de secundaria fue de 424 puntos; un nivel inferior al promedio de 495 puntos obtenido por los países integrantes de la OCDE. Como referencia Japón obtuvo 538 puntos; Corea del Sur 536; Suiza 509; en Francia y Noruega 504 puntos; mientras que en Reino Unido y en Estados Unidos los resultados fueron de 499 y 498 puntos, respectivamente. En consecuencia y de acuerdo con diversos especialistas, el rezago de México es de aproximadamente 15 años en términos de capacidad lectora y del uso apropiado del lenguaje respecto a otras naciones7.

Para el Partido Acción Nacional ésta es una situación preocupante, porque la política pública emprendida por el Estado no nos ha permitido acercarnos al ideal de ser una sociedad con un hábito lector mucho más desarrollado.

De manera particular coincido con todos aquellos que correlacionan el bajo nivel de lectura en nuestro país con la situación economía de nuestras familias, sumado a la ausencia de esquemas amigables que permitan parcializar el costo de los libros.

Algunos legisladores estarán de acuerdo que para un sector de la población la adquisición de un libro puede clasificarse como un “artículo de lujo” y si tenemos claro que buena parte de la población en nuestro país vive con menos de cinco salarios mínimos8, la adquisición de un libro podría estar fuera de su presupuesto y más de uno se ha encontrado en la disyuntiva de comprar el ejemplar que tanto desea leer (costo entre los 300 y los 500 pesos) o atender las prioridades de su hogar como la alimentación, el vestido o el transporte. No debemos perder de vista que algunas especialidades como la medicina requiere un esfuerzo adicional, dado que algunos ejemplares superan los 1,500 pesos y los alumnos ocupan entre 5 o 10 libros a lo largo de su carrera.

Si podemos mostrar un poco de sensibilidad y entender que la compra de una novela que oscila entre los 300 y los 500 pesos no puede ser costeada por algunos ciudadanos en una sólo exhibición, porque no atrevernos a cambiar esa realidad y propiciar alternativas para ganar más lectores.

Si esos 300 o 500 pesos los parcializamos en 2 o 3 mensualidades (por citar un ejemplo), quizá incentivemos  a la sociedad a que se acerque a las librerías y si el modelo tiene éxito le daríamos la oportunidad a más mexicanos de acceder a un libro.

Como están las cosas posiblemente nada cambie en el corto y mediano plazo y si tomamos en cuenta que la inflación de junio de 2017 alcanzó su tasa anual más alta en más de ocho años, al ubicarse en 6.31 por ciento9, esto significa que con el mismo ingreso se compran menos cosas que las que podíamos adquirir en diciembre pasado y ante el inicio del próximo ciclo escolar, la inflación representa un reto aún más grande para que las familias puedan cubrir las necesidades de sus hijos al regresar a clases.

Bajo este escenario el propósito de esta Iniciativa es adicionar una fracción al artículo 6 de la LFLL para facultar a la Secretaría de Cultura (SC) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que definan el número de meses en el que los vendedores de libros podrán parcializar el costo de los libros y por otra parte adicionar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la facultad de la SC y de la SEP para participar en la determinación de estímulos fiscales para el fomento para la lectura y el libro.

La intención de esta reforma es que la SC y de SEP, lideren un proceso de negociación con la “cadena del libro” 10 para que se materialice un acuerdo que defina el esquema de parcialización del precio del libro en condiciones de competencia para todos los que se dedican a esta actividad y que dicha mesa de negociación también sea el escaparate para definir posibles incentivos fiscales que potencialicen esta reforma.

Quiero decirles que hemos identificado que algunas librerías ofrecen 3 o 6 meses sin intereses cuando se superan los mil pesos de compras (El Sótano); en otros establecimientos se ofrecen meses sin intereses a partir de los 1,500 (Gandhi); otro tipo de establecimientos ofrecen 6 o 12 meses, pero son pocos los libros de especialidad que ofrecen y en su mayoría se venden novelas (Sanborns). En el resto de las librerías consultadas no se ofrece ningún esquema de parcialización (Porrúa, Péndulo, Fondo de Cultura económica y Librería Educal), por lo que se identifica un área de oportunidad para analizar, negociar y consensuar un esquema homogéneo de parcialización del costo del libro.

Como ya lo mencioné, la aplicación del “precio único”, ha permitido un desarrollo sostenible del sector y si generaron los incentivos correctos, estoy convencido que contribuiremos a dos propósitos, el primero, facilitarle a la sociedad la adquisición de un libro y en segundo, las librerías podrían incrementar sus ventas al fomentarse la lectura en nuestra sociedad.

Que quede claro y lo subrayo, lo último que queremos con esta propuesta es que se diga que provocaremos una batalla entre todas las librerías por ofrecer el mayor número de mensualidades y que esto representa una amenaza a la estabilidad de las librerías tradicionales o pequeños negocios. Como ya lo dije, la parcialización del precio ya está ocurriendo, no todos lo aplican, pero los que lo hacen deciden el monto mínimo para autorizar la parcialización.

En consecuencia, el Partido Acción Nacional considera fundamental ajustar la LFLL para que el Gobierno Federal incida positivamente en la estrategia para fomentar la lectura y que todos ofrezcan el mismo producto, al mismo precio y parcializando el costo en el mismo número de meses, dependiendo del monto de la compra.

Si los más pequeños sólo están en posibilidad de ofrecer la parcialización del costo del libro en dos o tres meses en compras de 300 o 500 pesos (por citar un ejemplo), que sea esa la medida que rija a todos los establecimientos, de tal forma que favorezcamos el modelo de negocio de las pequeñas y medianas empresas.

Exhortamos al Gobierno Federal, para que la negociación que se realice encuentre el punto medio en el que todos ganemos y que la ciudadanía acceda a los ejemplares que tanto necesita o que tiene deseos de leer.

Con esta propuesta, estamos seguros en Acción Nacional que podremos apoyar la economía familiar e impulsar una alternativa novedosa para que la ciudadanía se acerque a las librerías. No perdemos nada con intentarlo.

Estoy seguro que en materia educativa, más estudiantes podrían adquirir los ejemplares necesarios para enriquecer su conocimiento e incluso favoreceríamos a que menos alumnos deserten de las carreras por la dificultad para costear sus libros.

Esta iniciativa también tiene como finalidad exhortar a la cadena del libro para que se solidarice y de manera conjunta materialicemos el ideal de hacer de México un país lector.

Que la sociedad no lea se atribuye a múltiples circunstancias y el objeto de este posicionamiento no es repartir culpas, sino invitar a todas las fracciones parlamentarias a que reevaluemos con las autoridades federales lo que hemos hecho hasta el momento y analizar la pertinencia de ajustar algunos programas y estrategias que posibiliten que la sociedad se acerque un poco más a la lectura.

La publicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en 2008, fue un gran acierto para generar condiciones de competencia en el sector, y la propuesta que hoy someto a su consideración busca potenciar el objetivo de la Ley e impulsar el fomento de la lectura.

Considerando que la lectura es el insumo más poderoso para comprender la complejidad de nuestro entorno, representa una actividad irremplazable y quien tiene ese hábito, normalmente desarrolla actitudes y capacidades que benefician su desenvolvimiento y su interacción en la sociedad.

Les recuerdo que leer aviva la creatividad, despliega la imaginación y potencializa nuestra capacidad para expresarnos y nuestra nación no podrá transitar hacia una democracia consolidada, si la ciencia y la cultura, como formas del conocimiento, no son parte de nuestra cotidianidad.

A partir de todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXXI recorriendo la subsecuente del artículo 38 y se adiciona la fracción XXIV recorriendo la subsecuente del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXX. …

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado. Aquellas estaciones de radio que incorporen en su programación contenido cultural deberán tomar en consideración las directrices que en esta materia le proponga la Secretaría de Cultura;

XXXI. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento para la lectura y el libro, y

XXXII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXII. …

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, en asuntos de su competencia;

XXIV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento para la lectura y el libro, y

XXV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción III al artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:

I. Elaborar el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura.

II. Poner en práctica las políticas y estrategias contenidas en el Programa, estableciendo la coordinación interinstitucional con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los distintos sectores de la sociedad civil.

III. Definir el número de meses en el que los vendedores de libros podrán parcializar el costo de los libros, a que se hace referencia en los artículos 22 y 26 de la presente Ley.

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura será expedido por el Secretario de Cultura.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Ulises Ramírez Núñez.

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5054258&fecha=24/07/2008
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_171215.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

5 https://queretaro.quadratin.com.mx/Mexico-lugar-107-108-naciones-lectura-libros/
https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=JOBLWbvMMubX8geQ1I2YAw&gws_rd
=ssl#q=En+el+estudio+%E2%80%9CH%C3%A1bitos+de+Lectura%E2%80%9D,+
elaborado+por+la+OCDE+y+la+UNESCO,+M%C3%A9xico+se+posicion%C3%B3+
en+el+puesto+107+de+108+pa%C3%ADses&spf=1498144807722

6 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Se examina el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje.

7 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/26/1026048

8 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/02/26/7-graficos-sobre-fragilidad-salario-mexico

9 http://tinyurl.com/ybulvjql
http://tinyurl.com/ybwhs2cp

10 La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, define en el artículo 2 a la Cadena del libro como el conjunto de personas físicas o morales que inciden en la creación, producción, distribución, promoción, venta y lectura del libro.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS 3 A LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Presentada por los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputados Federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS 3 A LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México tiene una riqueza natural y cultural extraordinaria que se explica, en gran parte, por su ubicación geográfica, su compleja historia geológica, su accidentada topografía, además de su gran litoral frente a dos océanos y un mar propio. Esto ha permitido que en nuestro país se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas terrestres, así como la mayor parte de los ecosistemas marinos presentes en el mundo.1

Los ecosistemas nos proporcionan servicios ambientales que son esenciales para nuestra sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, nos brindan alimentos, maderas, fibras y principios activos para elaborar medicinas. Estos captan el agua de lluvia que se infiltra en el suelo abasteciendo cuerpos de agua naturales (manantiales, ríos, lagos y humedales) y artificiales; son responsables de renovar el suelo y mantener su fertilidad; capturan el bióxido de carbono de la atmósfera, disminuyendo el potencial del calentamiento global; y albergan a los polinizadores imprescindibles para la fertilización de las plantas. Además, los ecosistemas nos ofrecen beneficios recreativos, culturales y espirituales (Sarukhan et al, 2009).2

En virtud de ello, debemos entender que la vida silvestre constituye un patrimonio de incalculable valor, de hecho, su inmensa diversidad coloca a nuestro país como una región especial. Por si fuera poco, el alto grado de endemismos que presentan las especies al interior de nuestras fronteras incrementa aún más la importancia de concentrar esfuerzos que den como resultado su conservación.3

Bajo este contexto, desde hace varias décadas el objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre ha sido la protección y conservación, mediante esquemas de aprovechamiento sustentable; de este modo se pretende incrementar el bienestar de la población que vive en regiones de alta diversidad, al tiempo que se mantienen y promueven la restauración y la integridad de los ecosistemas.4

Lo anterior, debido a que las actividades humanas han impactado negativamente en nuestro patrimonio biológico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2010 y 2015 la población en México se incrementó en siete millones de habitantes, los cuales representan 1.4% de crecimiento promedio anual. Asimismo, las proyecciones del Consejo Nacional de Geografía (CONAPO) al 2030 indican que habrá 16 millones de personas más que en la actualidad, lo cual implica una mayor demanda de bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas, algunos de los cuales enfrentan actualmente graves procesos de deterioro.5

En este contexto, la organización independiente Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), ha señalado que la vida silvestre está desapareciendo a un ritmo sin precedentes, toda vez que en las últimas cuatro décadas, se produjo una reducción del 58% de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles a nivel mundial, a causa de la degradación y la sobreexplotación de recursos naturales que afectaron el hábitat de las especies. Las que más disminuyeron fueron las poblaciones de agua dulce en un 81%, seguida por las terrestres, quienes sufrieron una reducción del 38% y en último lugar, las marinas con un 36%.6

Del mismo modo, WWF ha indicado que se estima una disminución de dos terceras partes de la vida silvestre para el 2020, año en que se implementarán los proyectos de conservación alcanzados en la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, cuyo fin es emprender cambios en todos los sectores y ámbitos de la sociedad para detener la degradación de la biodiversidad y lograr su conservación, y para ello es necesario implementar reformas a efecto de proteger la vida silvestre.7

Por otra parte, de acuerdo a datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una parte significativa de cada familia animal está amenazada: un 33% de los corales, un 25% de los mamíferos, un 13% de las aves y un 41% de los anfibios.8

Por lo que hace a las especies de aves silvestres, es de indicar que las mismas forman un grupo particularmente importante en nuestro país, ya que ocupan el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies (1,100 aproximadamente), pues se presenta una mezcla de avifauna de origen neártico y neotropical, así como un número importante de endemismos (más de 100 del total de especies mexicanas, lo que equivale a un 9% aproximadamente). Las aves se clasifican en 29 órdenes, de los cuales 22 están presentes en México.9

Al respecto, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha realizado un catálogo de aves, el cual, de acuerdo con su última publicación oficial en 2013, señala que de las 10,507 especies de aves que hay en el mundo, un total de entre 1,123 y 1,150, es decir, cerca del 11% del total mundial habitan en México, lo cual representa más de las que en conjunto existen en Estados Unidos y Canadá.

Lo anterior coloca a México como uno de los países con mayor riqueza avifaunística, además de que ocupa el cuarto lugar en cuanto a la proporción de especies endémicas, pues son entre 194 y 212 especies las que tienen algún grado de endemismo, lo cual representa aproximadamente entre el 18 y 20% del total de especies registrado en el país.10

Ahora bien, en nuestro país la captura de aves silvestres para mantenerlas como animales de compañía o con fines ornamentales ha sido una actividad común desde tiempos prehispánicos. Ello en virtud de que los variados y melodiosos cantos de las aves, así como los brillantes colores de sus plumajes, resultan atractivos para el ser humano, por lo que se les ha considerado un bien de consumo en los mercados nacional e internacional.11

Se estima que en nuestro país se extraen cada año miles de ejemplares de aves silvestres de sus hábitats naturales, con la finalidad de satisfacer la demanda existente, la cual se encuentra en crecimiento en muchos mercados.12

Para regular estas capturas el Gobierno Federal ha aplicado desde la década de 1960 diferentes medidas y estrategias encaminadas a lograr un aprovechamiento sostenible de las aves. No obstante los esfuerzos realizados, aún existe el comercio ilegal de aves en algunos estados del país. Este mercado ilícito se deriva de una serie de factores que van desde la falta de alternativas económicas para la población que vive de la captura de aves, hasta el déficit de personal y de recursos para evaluar periódicamente sus poblaciones, revisar solicitudes y emitir permisos de captura.13

A partir de 1997 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha implementado el mecanismo conocido como Unidades de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre (UMA), con el propósito de promover esquemas alternativos de aprovechamiento de vida silvestre, mediante el establecimiento de incentivos para los involucrados en la conservación.14

Los productos aprovechados a través de las UMA cuentan con un certificado oficial expedido por la Dirección General de Vida Silvestre, el cual garantiza al comprador que la captura de esa ave se realizó de manera adecuada sin menoscabo del hábitat o de las poblaciones de la especie y pueden identificarse por el anillo de marcaje provisto por la misma. Esto tiene como objetivo combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y permitir la exploración de los mercados internacionales, los cuales tienen mayores restricciones con respecto a las aves que compran.15

En este contexto, el tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o delito en la legislación ambiental mexicana, e involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Este ilícito comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de éstos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellas que han sufrido algún proceso de transformación.16

Entre las especies más comercializadas ilegalmente en México, se encuentran el tucán pecho amarillo (Ramphastos sulfuratus), el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador (Aulluata palliata), la tarántula rodillas rojas (Brachypelma smithi), la iguana negra (Ctenosaura pectinata), la iguana verde (Iguana iguana), las víboras de cascabel (Crotalus sp) y el halcón de Harris (Parabuteo unicinctus).17

Por lo que hace a las aves silvestres, hay cifras que señalan que hasta un 90% de las aves capturadas ilegalmente en México tiene como destino final el mercado doméstico, ya que existe en México una cultura y tradición de adquisición de aves como animales de compañía o con fines ornamentales.18

A nivel internacional, México es considerado por la Interpol y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un país de origen y destino de ejemplares y productos de especies silvestres, en virtud de ello, se estima que entre 4 y 14% de las aves capturadas de manera ilegal tienen como destino final Estados Unidos, y en menor medida Europa, donde España es señalado como el principal punto de entrada de las mismas.19

En ese sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que es la autoridad facultada para realizar acciones de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, en marzo del presente año informó que la veda impuesta para el aprovechamiento extractivo de pericos, loros y guacamayas decretado en 2008 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), disminuyó en 24% el tráfico ilegal de psitácidos.20

Asimismo, de acuerdo a un reporte elaborado por las organizaciones no gubernamentales Teyeliz y Defenders of Wildlife, dicha medida ha permitido también que se implementen otros proyectos de conservación como el monitoreo de nidos en la costa del estado de Jalisco, logrando con ello detener el saqueo ilegal y destrucción de nidos por 4 años consecutivos, en lo que va de la presente administración federal.21

En ese mismo periodo, incrementó en casi un 25% el número de inspecciones y operativos que permitieron el aseguramiento de esas especies listadas en alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, logrando evitar en algunos casos su desaparición por el saqueo ilegal.22

Estas acciones de gobierno han permitido que desde el 2008 se críen psitácidos en cautiverio sólo con fines de conservación. Asimismo, gracias a la veda, por primera vez en México ejemplares en peligro de extinción provenientes de criaderos fueron utilizados con éxito para proyectos de reintroducción.23

Dentro de los diversos programas que ejecuta la PROFEPA se encuentra el de Operativos Estratégicos, el cual contiene uno denominado “Operativo contra el tráfico ilegal de aves”, en virtud de ello, en su informe anual 2016 la institución señala que realizó un operativo contra el tráfico ilegal de aves en un mercado municipal y en un centro de acopio, ubicados en Celaya, Guanajuato. Derivado de dicho operativo 1,600 aves fueron aseguradas precautoriamente y tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Cabe señalar que 1,000 de los ejemplares asegurados fueron liberados en el municipio de Apaseo el Alto.24

Aunado a lo anterior, también informó que derivado de una investigación conjunta entre PROFEPA e INTERPOL México se efectuaron acciones de combate al tráfico internacional de aves, pues en el mes de noviembre de 2016 fueron detenidos dos ciudadanos españoles que pretendían viajar a su país desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 73 aves silvestres ocultas en dos maletas.25

De los 73 ejemplares de aves silvestres, se identificaron 34 ejemplares de tres especies que se encuentran catalogadas como especies sujetas a protección especial de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM–059–SEMARNAT–2010.26

Los hechos descritos nos permiten advertir que, a pesar los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal para combatir el tráfico ilegal de aves silvestres y lograr un aprovechamiento sostenible de las aves, en nuestro país se siguen presentando conductas ilegales que atentan en contra de la conservación de la biodiversidad.

Si bien el tráfico ilegal de las especies de aves silvestres en veda se redujo en una cuarta parte, lo cierto es que en el caso de las demás especies, su comercio ilegal, lejos de detenerse, ha registrado un incremento.

Bajo esta lógica, a la luz de los resultados obtenidos tras la prohibición impuesta para el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia y comerciales de las aves correspondientes a la familia de los psitácidos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008, en la que también se prohibió la importación, exportación y reexportación de las especies mencionadas, se hace necesario evaluar la posibilidad de extender la prohibición a más especies de aves silvestres con la finalidad de evitar pérdidas futuras que serían devastadoras nuestro patrimonio natural.

En virtud de lo anterior, con la presente iniciativa proponemos que sea prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de ave silvestre, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS 3 A LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como a continuación se presenta:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo 60 Bis 2.- (…)

Artículo 60 Bis 3.- Ningún ejemplar de ave silvestre, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines comerciales.

La Secretaría sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia, conservación o investigación científica.

Únicamente se otorgarán autorizaciones para investigación científica a instituciones académicas acreditadas.

Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de ave silvestre, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.

Artículo 60 TER.- (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de ejemplares de aves silvestres, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, otorgados con anterioridad a la publicación del presente decreto mantendrán su vigencia, pero no podrán renovarse.

TERCERO. Los criaderos de ejemplares de aves silvestres cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, legalmente acreditados ante la Secretaría, podrán continuar operando únicamente con fines de conservación en los términos
del presente decreto.

CUARTO. Los efectos presupuestales que, en su caso, pudiera generar el presente Decreto, deberán ser cubiertos con la suficiencia presupuestal asignada anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela De Los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Cfr. https://www.gob.mx/conabio/articulos/estrategia-nacional-sobre-biodiversidad
-de-mexico-y-plan-de-accion-2016-2030?idiom=es

2 Ibídem

3 Cfr. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/conservacion-de-la-vida-silvestre-en-mexico

4 Ibídem

5 Cfr. https://www.gob.mx/conabio/articulos/estrategia-nacional-sobre-biodiversidad-de
-mexico-y-plan-de-accion-2016-2030?idiom=es

6 Cfr. http://www.wwf.org.mx/que_hacemos/especies/

7 Ibídem

8 Cfr. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36885#.WZxRiijyiM8

9 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animales/aves/aves.html

10 Cfr. http://www.ib.unam.mx/m/revista/pdfs/56.-_1577.pdf

11 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv83art3.pdf

12 Ibídem

13 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv83art3.pdf

14 Ibídem

15 Ibídem

16 Cfr. http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001601.pdf

17 Ibídem

18 Cfr. http://www.ibnanalytics.com/asuntos-internacionales/trafico-ilegal-de-aves-en-mexico/

19 Ibídem

20 Cfr. https://www.gob.mx/profepa/prensa/disminuye-24-trafico-ilegal-de-psitacidos-en
-ultima-decada-profepa

21 Ibídem

22 Ibídem

23 Ibídem

24 Cfr. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf

25 Ibídem

26 Ibídem






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

Alejandro González Murillo, Diputado Federal por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, en lo referente al sector social de la economía, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, México enfrenta, con entereza y fortaleza, distintos problemas tanto domésticos como globales con efectos locales, tales como el efecto invernadero, la desigualdad, la pérdida de la biodiversidad; afectaciones con los sistemas productivos y sistemas de movilidad, limitaciones en los suministros energéticos y, en general, con todas las necesidades que, con el paso del tiempo, se van incrementando y complejizando en razón del aumento de la población y que, paulatinamente, dificultan su solución.

Dar atención a todos los problemas requiere de esfuerzos creativos y acciones eficientes que detonen el crecimiento de nuestro país; el Congreso debe ser corresponsable de la búsqueda de caminos de solución junto con el Gobierno de la República.

Una de las vías para coadyuvar a resolver, simultáneamente, la arista económica y social de la agenda nacional y que ahora se propone, reside en impulsar al emprendimiento social, toda vez que es una actividad que tiene por objeto generar valor agregado al mercado y la comunidad, a fin que la sociedad reciba provecho y beneplácito con la generación de riqueza y mejora en las condiciones de vida de los mexicanos menos favorecidos.

El emprendimiento social así entendido, aparejado con la existencia de una disposición vigente que habla sobre el cooperativismo, promovido desde la educación, representa una posibilidad para que, en el futuro, exista una conciencia en los educandos en el sentido que emprender, desde el mercado y lo social, es una conducta benéfica que multiplica beneficios de gran calado para el país.

Entorno internacional

La Comisión Europea presentó y aprobó, en 2011, una iniciativa para implementar el concepto de emprendimiento social; la propuesta responde a la necesidad de incentivar, dentro de la sociedad, la creación de empresas con un enfoque social y ambiental.

De este modo, la Comisión Europea ideó un marco legal seguro, que permitiera a la sociedad europea participar, emprender y generar empresas con enfoque y vocación social, sustentable y acorde con los objetivos de la Estrategia Europea 2020.

La legislación atiende 3 aspectos1 que facilitan la implementación de los proyectos de carácter social:

• Mejorar el acceso al financiamiento;

• Mejorar la visibilidad de las empresas Sociales y,

• Mejorar el entorno jurídico.

Guardadas todas las proporciones y respetando la realidad latinoamericana y nacional, no parece haber disenso en el sentido que nuestro país requiere contar, urgentemente, con un marco legal similar para fomentar el emprendimiento social, especialmente en niveles educativos en los que tenga proyección hacia el futuro.

A fin de poder encontrar una definición más amplia del concepto de emprendimiento social, a continuación se comparten algunas de las definiciones y expresiones internacionales analizadas al efecto.

Ashoka

Ashoka es una empresa de carácter social, la cual se encarga de proyectar, a todas esas personas que tienen el interés de desarrollar sus ideas con un enfoque social y ambiental. Define al emprendimiento social como:

“El emprendimiento social es el proceso mediante el cual los ciudadanos construyen o transforman instituciones o sistemas para resolver problemas sociales. Implica la creación de nuevos equipos y recursos que mejoren la capacidad de la sociedad para abordar problemas y así, maximizar el impacto social a través de la sustentabilidad y la sustentabilidad.”2
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship

Dicha organización, se enfoca en facilitar plataformas regionales y globales para destacar modelos de innovación social sostenible, mediante el apoyo a una comunidad de emprendedores sociales, en colaboración con el Foro Económico Mundial; para lo cual, establece la siguiente definición de emprendimiento social:

“El emprendimiento Social es un término un acercamiento practico, innovador y sustentable a los problemas económicos y sociales, un acercamiento que divide sectores y disciplinas basándose en ciertos valores y procesos comunes para todos los emprendedores sociales independientemente de cual sea su enfoque, o su organización es con fines de lucro o sin fines de lucro.”3

The Grameen Creative Lab

Se trata de una organización, fundada por el Premio Nobel de la Paz el Profesor Muhammad Yunus y por Hanz Reitz quien es fundador y director creativo de CIRC4 (empresa dedicada a la incubación de empresas y proyectos innovadores); se trata, de una organización dedicada principalmente a la incubación de ideas de negocios sociales; a través de la investigación académica, experimentos empresariales y sociales; además, de estudios de las iniciativas empresariales que busquen la autosuficiencia; define como concepto de emprendimiento social:

“A diferencia de los negocios tradicionales, una empresa social opera por el beneficio de atender necesidades sociales que permiten a las comunidades funcionar de manera más eficiente. Las empresas sociales proveen un marco necesario para atender problemáticas sociales combinando el conocimiento de los negocios con el deseo de mejorar la calidad de vida.”5

Finalmente, añadimos un último concepto que hace referencia al emprendimiento social, a las empresas sociales y a la forma en la que los emprendedores sociales se desempeñan.

En el Libro “Emprendimiento Social: Lo que todos necesitan saber” (Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know6), de David Bornstein y Susan Davis, los autores definen claramente las necesidades y los razonamientos para incluir el concepto de emprendimiento social, el cual es definido de la siguiente manera:

“Un emprendedor social es una persona que tiene tanto una idea poderosa para causar cambio social positivo y la creatividad, habilidades, determinación y empuje para transformar la idea en realidad. Los emprendedores Sociales combinan comprensión, oportunismo, optimismo e ingenio de emprendedores de negocios, pero se dedican a perseguir cambio social o “utilidad social” en lugar de utilidad financiera.”7

Como se podrá observar, las diferentes definiciones de emprendimiento social se enfocan en la noción de crear empresas sustentables y que, a su vez, puedan generar beneficios sociales para la población.

En tiempos de un nuevo modelo educativo es pertinente incorporar, dentro de la Ley General de Educación, al concepto de emprendimiento social, ya que coadyuva con lo que ya está previsto para el cooperativismo; así las cosas, el emprendimiento social atenderá a cubrir funciones y actividades sociales, económicas y sociopolíticas.

Del mismo modo, convergen en la necesidad de establecer la utilidad financiera y la generación de impacto y negocios sociales autosustentables, eficientes y exitosos, desde la educación.

Resulta relevante profundizar, sobre la importancia que tendrá el incorporar al Sistema Educativo Nacional la promoción y el desarrollo del emprendimiento social para la vigencia y vivencia de la economía social y solidaria en los educandos de nuestro país.

La promoción que se pretende realizar atiende a incrementar la visión social de los educandos, incursionándolos a un ámbito en el que no solamente estén comprometidos con sus estudios, sino que a su vez se comprometan con el entorno económico, social y tecnológico.

El impulso de políticas públicas encaminadas a fomentar, desde lo educativo, la cultura del emprendimiento social, es acertado, toda vez que cumple con los objetivos ya establecidos por la SEP en una nueva época originada en una reforma estructural de gran calado al fenómeno educativo nacional y ante la existencia de un nuevo modelo educativo.

Precisamente el nuevo modelo, presentado por el Gobierno Federal, establece en su apartado de Escuelas al Centro un punto muy importante que reside en fortalecer la participación social en la educación8.

Tal aspecto, que se refiere a la participación activa de los padres de familia en las actividades de las escuelas, así como a la generación de proyectos de carácter social encaminados al mejoramiento de su comunidad, marca un antes y un después en la realidad educativa y social mexicana.

Por otra parte, en el nivel superior se establece la participación de los educandos en proyectos de emprendimiento; en este aspecto y, de acuerdo con lo establecido en el nuevo modelo educativo, resulta idóneo incorporar el emprendimiento social para que los educandos tengan una visión más comprometida con su entorno y en el marco de un mundo globalizado que, con el paso del tiempo, demanda acciones locales necesarias para mitigar aspectos como el calentamiento global entre otros.

Con la presente reforma, se pretende entre otros aspectos, impulsar el desarrollo económico y social en miles de localidades en el país, ya que éstas a su vez contarán con recursos humanos que promuevan el crecimiento de proyectos que generen ganancias y que a su vez contribuyan a la generación de estabilidad social.

La finalidad de orientar a los educandos al emprendimiento social tiene una visión humanista con la cual se pretende que se vean beneficiadas más personas y que no solamente sean proyectos que generen intereses personales.

El beneficio social que tendrán las comunidades, será determinante para ser autosuficientes en distintas materias, mediante la generación y aplicación de proyectos creados bajo el panorama del emprendimiento social. Emprender socialmente requerirá de todo el esfuerzo de la comunidad y el acompañamiento del Estado para poder concretar los proyectos y, de este modo, impactar en el tejido social.

Según cifras del Global Entrepreneurship Monitor9, en el país, uno de cada seis mexicanos se encuentra inmerso en actividades emprendedoras y, de ellos, 18% son jóvenes de entre 18 y 24 años.

De lo anterior, podemos observar que los jóvenes son quienes han tenido un incremento en el interés por emprender, por lo cual, el estimular desde una edad temprana al emprendimiento social, ciertamente beneficiará su entorno y a la sociedad en su conjunto.

Otro dato proporcionado de gran relevancia, es el emitido por parte de La Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el que se demuestra que el 14 % de los emprendedores en nuestro país deciden iniciar el camino de los negocios a partir de la experiencia que reciben en los colegios10.

Con los datos arrojados por parte de la STPS, se demuestra que el lugar en donde empieza el interés por emprender es en las aulas; por esto, la propuesta de abordar el emprendimiento social desde temprana edad es viable y de mucha utilidad hacia el futuro.

El emprendimiento social, entendido como una nueva forma de la denominada nueva economía social y solidaria, es una aportación luminosa a la Ley General de Educación, toda vez que atiende a reforzar la utilidad social y la inserción sociolaboral y, con ello, un crecimiento ordenado de nuestra sociedad.

Retomar las experiencias internacionales en la materia y aprovechar el área de oportunidad que puede representar el emprendimiento social para abonar al impulso económico y educativo de nuestro país, es una respuesta legislativa para bien de México.

No son pocas las naciones que han apostado por el emprendimiento social, como medio para la generación de fuentes de trabajo y riqueza en las comunidades donde se establecen las mismas. Y es por ello, que, como representantes populares, debemos apuntar a su impulso, a fin que beneficie a todas las familias mexicanas.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Reforma a la Ley General de Educación,
en lo referente al Sector Social de la Economía.

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 7: La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Artículo 7: La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes

I a XII.- (...)

I a XII.- (...)

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo, así como los del emprendimiento social.

XIV a XVI (…)

XIV a XVI (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación, en lo referente al Sector Social de la Economía.

Artículo Único. Se reforma la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7: La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes

I a XII.- (...)

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo, así como los del emprendimiento social.

XIV a XVI (…)

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Alejandro González Murillo

Referencias
• Iniciativa de emprendimiento social de la comisión europea http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/sbi-brochure/sbi-brochure-web_es.pdf
• Que es el emprendimiento social por Juan del Cerro:
http://ebook.disruptivo.tv/wp-content/uploads/2015/10/%C2%BFQu%C3%A9-es-el-emprendimiento-social_-1.pdf
• Social Entrepreneurship What Everyone Needs To Know
http://ashokau.org/wp-content/uploads/2010/12/Social-Entrepreneurship-What-Everyone-Needs-to-Know-Teaching-notes-final.pdf
• Modelo Educativo para la educación obligatoria, Secretaria de Educación Pública Pág. 115
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199494/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf
• Educación: El motor del emprendimiento social (Sitio Web), Consultado en:
http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/educacion-el-motor-del-emprendimiento-social
Cifras obtenidas del estudio de Global Entrepreneurship Monitor 2012 llevado a cabo por el Tecnológico de Monterrey, Consultado en:
http://www.gemconsortium.org/docs/3076/gem-mexico-2012-report.
• Educación: El motor del emprendimiento social (Sitio Web), Consultado en:
http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/educacion-el-motor-del-emprendimiento-social
Cifras obtenidas del estudio ¿Quiénes son los emprendedores innovadores mexicanos?, realizado por la Fundación IDEA y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

1 La iniciativa de emprendimiento social de la comisión europea, (Iniciativa a favor del emprendimiento social logros obtenidos hasta la fecha), consultado en:
http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/sbi-brochure/sbi-brochure-web_es.pdf

2 Ashoka México y Centroamérica, Todos podemos ser agentes de cambio, consultada en: http://mexico.ashoka.org/preguntas-frecuentes

3 Que es el Emprendimiento Social, Definiciones de Emprendimiento Social Pagina 12, Consultada en:
http://ebook.disruptivo.tv/wp-content/uploads/2015/10/%C2%BFQu%C3%A9-es-el-emprendimiento-social_-1.pdf

4 Página Principal de CIRC, consultada en: http://www.circ.de/en/

5 Que es el Emprendimiento Social, Definiciones de Emprendimiento Social Pagina 13, Consultada en:
http://ebook.disruptivo.tv/wp-content/uploads/2015/10/%C2%BFQu%C3%A9-es-el-emprendimiento-social_-1.pdf

6 Social Entrepreneurship What Everyone Needs To Know, consultado en:
http://ashokau.org/wp-content/uploads/2010/12/Social-Entrepreneurship-What-Everyone-
Needs-to-Know-Teaching-notes-final.pdf

7 Que es el Emprendimiento Social, Definiciones de Emprendimiento Social Pagina 13, Consultada en:
http://ebook.disruptivo.tv/wp-content/uploads/2015/10/%C2%BFQu%C3%A9-es-
el-emprendimiento-social_-1.pdf

8 Modelo Educativo para la educación obligatoria, Secretaria de Educación Pública Pág. 115, consultada
en:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199494/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf

9Educación: El motor del emprendimiento social (Sitio Web), Consultado en:
http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/educacion-el-motor-del-emprendimiento-social,
Cifras obtenidas del estudio de Global Entrepreneurship Monitor 2012 llevado a cabo por el Tecnológico de Monterrey, Consultado en: http://www.gemconsortium.org/docs/3076/gem-mexico-2012-report.

10Educación: El motor del emprendimiento social (Sitio Web), Consultado en:
http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/educacion-el-motor-del-emprendimiento-social
Cifras obtenidas del estudio ¿Quiénes son los emprendedores innovadores mexicanos?, realizado por la Fundación IDEA y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se generó una transformación en las estructuras del mercado y los beneficios del consumidor, tales como la eliminación del cobro por servicio de larga distancia, servicios celulares de prepago sin costo alguno, portabilidad numérica, incremento en la calidad determinada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y también se propició un flujo de inversión que derivó en una mayor competencia en el sector.

Esta reforma constitucional refrendó la importancia de las telecomunicaciones como servicio público de interés general, procurando sentar las bases para garantizar que los servicios se presten en condiciones adecuadas de competencia, cobertura, calidad y precio.

Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo encargado de regular el espectro, las redes, los servicios y la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión; se impulsaron acciones para el acceso a Internet de banda ancha; y se empezó a instalar una red compartida en telecomunicaciones.

Pero no se debe perder de vista que el eje rector de la Ley es el usuario; así se consideró para determinar menores precios y eliminación de cargos, como lo fue el cobro de larga distancia.

La reforma Constitucional publicada el 11 de julio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, tuvo como propósito fundamental el beneficio al usuario, por eso se incluyó dentro sus objetivos, posibilitar el acceso de la población a las tecnologías de la información y a la comunicación incluyendo la banda ancha, así como el establecimiento de condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; siempre con la pretensión de que un mayor número de usuarios acceda a dichos servicios en términos de calidad y mucho mejores términos de precio; el espíritu de la reforma constitucional fue, que todo el nuevo andamiaje, se tradujera en un beneficio concreto para toda la población.

En esa misma vertiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el propósito de regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radio eléctrico que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las redes públicas y sobre todo, la telefonía fija y móvil.

Si el usuario es el motor de la Ley, debemos seguir trabajando y legislando en el mismo sentido, por ello resulta indispensable escuchar los reclamos y traducir correctamente las voces que piden un alto a los cobros indebidos.

Y es que en los últimos meses no han cesado de incluirse cobros indebidos en la telefonía, sea por "seguros" amañados o incluso por auténticos "anzuelos" ofertando un mes gratis y posteriormente incluyendo cobros que jamás fueron pactados.

Por esta razón, la reforma implica que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones, se abstengan de realizar cobros que no estén previamente contratados, donde incluya un consentimiento expreso del usuario; con ello estaremos terminando de una vez por todas, con los cobros indebidos que no cesan de realizarse bajo diferentes triquiñuelas dejando en indefensión al usuario que termina pagando por disposiciones que jamás aceptó expresamente.

Además la reforma implica el reembolso, porque de nada sirve al usuario la sanción al concesionario si su dinero no se le devuelve íntegramente, sin ningún descuento, y sin ningún pretexto, si fueron 100 pesos los que le cobraron indebidamente, 100 pesos se le deben devolver, de manera inmediata. Por eso la reforma textualmente dispone un plazo, porque los concesionarios han abusado del usuario, y en el mayor de los casos terminan agotándolo en un mar de tramitología.

El reembolso no requerirá mayor comprobación más que el reclamo del usuario, porque es el concesionario el que deberá demostrar que el usuario expresamente plasmó su consentimiento para la realización de un cobro adicional. Con esta reforma, estaremos fortaleciendo el eje rector de la Ley, que es la defensa del usuario.

Como se puede constatar, con esta nueva Fracción, se estará garantizando que el usuario pague lo que expresamente convino; y que jamás pague cobros que no haya pactado y consentido, además de que se posibilita el reembolso en un plazo breve y definido.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona una fracción X, al Artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. al IX. …

X. Abstenerse de realizar cobros adicionales a los contratados sin el  consentimiento explícito de los usuarios.

En caso de incumplimiento a lo establecido en la fracción X del presente artículo, los concesionarios reembolsarán íntegramente los recursos a los usuarios, en un plazo no mayor a 15 días.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 18 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

(Presentada por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Diputada Eloísa Chavarrías Barajas del grupo parlamentario del Partido  Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Hoy en día el INFONACOT es una organización que fomenta el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar, promoviendo el acceso al mejor crédito del mercado y otros servicios financieros, para la obtención de bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos.”

Desde su creación en los años setentas de siglo XX hasta su transformación en Instituto el FONACOT hoy INFONACOT (Decreto por el que se crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. DOF 24-04-2006) se ha distinguido por ofrecer créditos más accesibles para la adquisición de bienes y servicios a mejores tasa que las que ofrecen comúnmente los bancos y otras instituciones de crédito.

A partir de la Reforma Laboral, aprobada durante la LXII Legislatura, el Instituto concede crédito en efectivo. El monto depende del sueldo del trabajador. La última reforma publicada  fue el 10 de enero de 2014.

El  incremento de la afiliación al Instituto FONACOT se debió, entre otros factores, a la Reforma Laboral, que establece como una prestación de Ley el crédito FONACOT y la obligatoriedad de los centros de trabajo a afiliarse al Instituto para que sus trabajadores tengan derecho a los créditos contribuyendo así al crecimiento de la colocación de estos.

Esta reforma es de gran importancia fue impulsada desde la administración 2000-2006, pero es hasta finales de  2014, cuando se vio publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El Crédito Fonacot es un financiamiento para los trabajadores, con la intención de permitir la compra de diversas cosas para su casa, artículos o servicios que cuando son compradas por otro tipo de financiamiento, resultan muy caras para el trabajador. El FONACOT, se creó como una institución financiera que ayuda a los trabajadores al crecimiento de su patrimonio familiar.

Los trámites para obtener créditos son más sencillos, que en la banca comercial además de que el préstamo se   descuenta mensualmente vía nómina y los pagos son fijos.

La  Capacidad máxima de descuento mensual del 20% del ingreso.

El Sistema del INFONACOT cuenta con una tarjeta semejante a una de crédito, por esta razón es aceptada en variados comercios e instituciones educativas.

La tarjeta cuenta con un chip y es aceptada en cualquier establecimiento que cuente con una terminal que acepte tarjetas bancarias.

Este medio de pago, forma parte de uno de los tantos productos del instituto en materia de financiación. Este es uno de los tantos Crédito FONACOT.

La tarjeta FONACOT con chip no significará un costo adicional para los trabajadores y cuenta con medidas de seguridad contra fraudes.

Los trabajadores por honorarios  de la Cámara de Senadores, Diputados y Congresos Locales cuentan con pocas prestaciones laborales dada la naturaleza de su trabajo, una forma de elevar su nivel de vida es mediante el crédito accesible el INFONACOT es una manera viable y sencilla de lograrlo.

La Incorporación a los servicios del ISSSTE, se otorgó durante la LXI Legislatura, la vía fue mediante un punto de acuerdo, en una votación histórica se logró que los trabajadores por honorarios, en especial Asesores y Asistentes contaran con la prestación, que vale la pena decirlo es voluntaria, puesto que si un trabajador después de un año de servicio decide no contar con los servicios lo puede hacer.

En la actualidad la Cámara de Diputados ha contratado los servicios de variadas empresas para el pago del “bono de pavo” que se da al final de cada año, como una prestación, por lo tanto existen las posibilidades legales para que la opción de Tarjeta INFONACOT sea aplicada.

Mediante una sencilla reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Los Trabajadores se lograría el beneficio de cientos de trabajadores y sus familias, sin que esto tenga un impacto económico en las finanzas de los Congresos, y además es totalmente voluntario.

Es un reconocimiento a los asesores, asistentes, técnicos que día con día contribuyen al quehacer parlamentario siendo totalmente voluntario contra con los servicios del INFONACOT.

Por todo lo anterior, se propone a esta honorable soberanía el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 8 y la fracción VIII del artículo 18  de Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. para quedar como sigue:

Artículo 8.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con las siguientes atribuciones:

I…

VIII. Celebrar convenios con las entidades federativas y gobiernos de los municipios, así como con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Poder Legislativo Federal y Estatal, y al Poder Judicial a fin de que el Instituto otorgue a los trabajadores respectivos los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 de esta Ley;

Artículo 18.- Además de las señaladas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo tendrá las atribuciones indelegables siguientes:

I…

VIII. Autorizar las políticas generales para la celebración de convenios con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y del Poder Legislativo Federal y Estatal, al Poder Judicial a fin de que el Instituto otorgue a los trabajadores respectivos los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 de esta Ley;

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Eloísa Chavarrías Barajas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIII BIS AL ARTÍCULO 27, LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 32, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 34, LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 35, LA FRACCIÓN XIII BIS AL ARTÍCULO 38, LA FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 39 Y LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 41; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Diputado José Santiago López, grupo parlamentario del PRD)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El enfoque de seguridad que las nuevas autoridades de Estados Unidos de América han dado al tema migratorio, tendrán un impacto negativo para millones de migrantes mexicanos, en su mayoría indocumentados, que están del otro lado del Río Bravo, ante las inminentes deportaciones que se avecinan, es necesario que las autoridades mexicanas respondan con prontitud y den atención a los migrantes nacionales, y a sus familiares más cercanos, que regresen a sus comunidades de origen.

ARGUMENTOS

México vive momentos muy críticos, no sólo por las consecuencias mismas de los grandes problemas nacionales que no hemos sido capaces de superar, tales como: pobreza, inseguridad, estancamiento económico, desempleo, falta de oportunidades educativas para niños y jóvenes, corrupción, deterioro de servicios públicos, entre otros, sino también por los embates y agravios que desde el exterior estamos recibiendo, particularmente por el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América.

La llegada del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca, ha significado un duro golpe a las relaciones diplomáticas entre ambos países, en especial, en lo que tiene que ver con el tema migratorio. Las órdenes ejecutivas que el Presidente de la Unión Americana ha emitido para construir un muro entre México y Estados Unidos de América a lo largo de la frontera, así como las medidas restrictivas y las deportaciones contra los migrantes, dejan claro que el enfoque de la nueva administración en el tema migratorio será el policiaco, militar y de seguridad.

El Pew Hispanic Center, ha señalado que cada año cruzan entre 400 mil y 500 mil mexicanos hacia Estados Unidos de América.1 La Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, BBVA Bancomer y el Migration Policy Institute, refieren que existen, hoy, 11.7 millones de migrantes indocumentados en el vecino país del norte, de ellos 5.5 millones son mexicanos.2

Otros datos que nos ayudan a dimensionar el fenómeno migratorio, son los siguientes: de los 42.4 millones de migrantes contados en la Unión Americana, 20 millones ya están completamente naturalizados, es decir, son ciudadanos y quedarían fuera de peligro de deportación. Pero también están 11.3 millones de personas con permisos legales de residencia total o permanente, de entre ellos 3.2 millones son mexicanos, y muchos no han tomado la ciudadanía estadounidense pese a ser elegibles, ya sea por tener la esperanza de volver a México, por los costosos trámites, o por falta de información.3

Sin lugar a dudas, el retorno de los migrantes mexicanos tendrá un impacto social, económico y político muy significativo para nuestro país.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su análisis “Justicia Cotidiana”, señala que los migrantes mexicanos sufren de condiciones muy precarias y carecen de medios idóneos para reinsertarse en sus comunidades de origen, lo que genera situaciones extremas de marginación, por lo que recomienda fortalecer los programas y generar políticas que garanticen la reinserción de éstos en sus comunidades, poniendo especial énfasis en la incorporación a los sistemas públicos de educación y salud.4

Por eso, propongo la adición de la fracción XXX Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Gobernación, dado su naturaleza jurídica de la encargada de la política interna y migratoria del país, pueda coordinar a las Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; Salud y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas encaminados a atender a los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen.

Con la reforma a la fracción VII del artículo 28, se propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda intervenir en todas las cuestiones relacionadas con la migración.

La adición de la fracción X Bis del artículo 32, se plantea que la Secretaría de Desarrollo Social pueda y deba elaborar políticas, planes y programas de apoyo e inclusión a los migrantes mexicanos, a su cónyuge, concubina o concubino, y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen.

La adición de la fracción XV Bis al artículo 34, plantea la posibilidad de la que Secretaría de Economía diseñe y ejecute políticas que permitan a los migrantes mexicanos asociarse con las actividades productivas e industriales de sus comunidades de origen, y que brinde asistencia técnica y otros medios que se requieran para ese propósito.

La adición de la fracción I Bis al artículo 35, propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dentro de la política general de desarrollo rural, dé preferencia al impulso de proyectos productivos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen.

La adición de la fracción XIII Bis al artículo 38, plantea que la Secretaría de Educación pueda otorgar becas y establezca programas específicos de aprendizaje a los hijos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen.

La adición de la fracción XVII Bis al artículo 39, propone que la Secretaría de Salud, pueda poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud de los migrantes mexicanos y sus familiares más cercanos.

La adición de la fracción XV Bis al artículo 41, plantea la posibilidad de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, realice y aplique políticas y programas de vivienda para los migrantes mexicanos y sus familiares más cercanos, que regresen a sus comunidades de origen.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos ciertos que el enfoque que debiera prevalecer en el tema, es el de la cooperación entre ambas naciones, porque no se detendrá el flujo migratorio con redadas, deportaciones o militarizando la frontera.

La ignorancia, el racismo y la xenofobia en el tema migratorio, prevalecen cuando se olvida que la humanidad es una sola, sin distingos de origen, raza, color de piel, idioma o frontera, y no entienden que en un mundo globalizado las coordenadas son puentes de comunicación, cooperación y desarrollo, no muros de contención o fuentes de discriminación y retroceso.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, imponen el deber al Estado mexicano de asumir al migrante como sujeto de Derecho pleno y actor fundamental en el desarrollo humano, económico, cultural, social y político.

Es momento de que las autoridades de México retribuyan con algo, de lo mucho con lo que los migrantes nacionales han contribuido a través de las remesas, su valor, su talento y su amor por México.

Por lo antes expuesto, propongo adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Texto propuesto

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXX. …

No existe correlativo.

 

 

 

 

 

XXXI. …

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXX. …

XXX Bis. Coordinar a la Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; Salud y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas encaminados a atender a los migrantes mexicanos que regresan a sus comunidades de origen.

XXXI. …

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VI. …

VII. Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización;

VIII. a XII. …

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VI. …

VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad, naturalización y migración;

VIII. a XII. …

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a X. …

No existe correlativo.

 

 

 

 

XI. a XXIII. …

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a X. …

X Bis. Elaborar políticas, planes y programas de apoyo e inclusión a los migrantes mexicanos, a su cónyuge, concubino o concubina, y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

XI. a XXIII. …

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XV. …

No existe correlativo.

 

 

 

 


XVI. a XXXIII. …

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XV. …

XV Bis. Diseñar y ejecutar políticas que permitan a los migrantes mexicanos asociarse con las actividades productivas e industriales de sus comunidades de origen, y brindar la asistencia técnica y otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

XVI. a XXXIII. …

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. …

No existe correlativo.

 

 

II. a XXII. …

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. …

I Bis. Dentro de la política general de desarrollo rural, se dará preferencia al impulso de proyectos productivos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen;

II. a XXII. …

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XIII. …

No existe correlativo.

 

 

XIV. a XXXI. …

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XIII. …

XIII. Bis. Otorgar becas y establecer programas específicos de aprendizaje a los hijos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen.

XIV. a XXXI. …

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVII. …

No existe correlativo.

 

 

 

XVIII. a XXIV. …

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVII. …

XVII Bis. Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud de los migrantes mexicanos y sus familiares más cercanos, como cónyuge, o concubina o concubino, e hijos.  

XVIII. a XXIV. …

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XV. …

No existe correlativo.

 

 

 

 

XVI. a XXIII. …

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XV. …

XV Bis. Cooperar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la realización y aplicación de políticas y programas de vivienda para los migrantes mexicanos, su cónyuge, concubino o concubina y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen.

XVI. a XXIII. …

 FUNDAMENTO LEGAL

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO por el que se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 27, la fracción X Bis al artículo 32, la fracción XV Bis al artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la fracción XIII Bis al artículo 38, la fracción XVII Bis al artículo 39 y la fracción XV Bis al artículo 41; y se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 27, la fracción X Bis al artículo 32, la fracción XV Bis al artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la fracción XIII Bis al artículo 38, la fracción XVII Bis al artículo 39 y la fracción XV Bis al artículo 41; y se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXX. …

XXX Bis. Coordinar a la Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; Salud y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas encaminados a atender a los migrantes mexicanos que regresan a sus comunidades de origen.

XXXI. …

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VI. …

VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad, naturalización y migración;

VIII. a XII. …

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a X. …

X Bis. Elaborar políticas, planes y programas de apoyo e inclusión a los migrantes mexicanos, a su cónyuge, concubino o concubina, y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

XI. a XXIII. …

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XV. …

XV Bis. Diseñar y ejecutar políticas que permitan a los migrantes mexicanos asociarse con las actividades productivas e industriales de sus comunidades de origen, y brindar la asistencia técnica y otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

XVI. a XXXIII. …

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. …

I Bis. Dentro de la política general de desarrollo rural, se dará preferencia al impulso de proyectos productivos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen;

II. a XXII. …

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XIII. …

XIII. Bis. Otorgar becas y establecer programas específicos de aprendizaje a los hijos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen.

XIV. a XXXI. …

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVII. …

XVII Bis. Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud de los migrantes mexicanos y sus familiares más cercanos, como cónyuge, o concubina o concubino, e hijos. 

XVIII. a XXIV. …

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XV. …

XV Bis. Cooperar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la realización y aplicación de políticas y programas de vivienda para los migrantes mexicanos, su cónyuge, concubino o concubina y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen.

XVI. a XXIII. …

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Promovente

Dip. José Santiago López.

1 Moreno Pérez, Salvador. “Migración, remesas, trasmigrates y deportaciones”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados LXII Legislatura, México, 2015,  p. 19. Disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/Migracion_remesas.pdf (Última consulta: 23 de julio de 2017)

2 Monjarás, Jorge Arturo. “La batalla por los migrantes”, ALTONIVEL, año 28, número 341, enero 2017, p. 44. 

3 Ibídem, p. 45.

4 “Justicia Cotidiana”, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, abril, 2015, p. 147. Disponible en:
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf [Última consulta: 9 de marzo de 2017]






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA        LEY DE AMNISTÍA PARA LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POR          MOTIVOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE OAXACA DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 2000

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE AMNISTÍA PARA LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE OAXACA DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 2000.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La amnistía es el acto jurídico que causa la extinción de la responsabilidad penal. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define amnistía como: “… olvido legal de los delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores…”.

La naturaleza legislativa de esta figura permite que una pluralidad de individuos que habiendo sido declarados culpables de un delito, se consideren inocentes por la desaparición del hecho tipificado.

La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de cambios sociales o de regímenes políticos y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos.

Dentro del Derecho Internacional, la aplicación de leyes de amnistía general es defendida por el protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en donde se dispone a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que establece lo siguiente:

“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de su libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el Conflicto Armado”

En la historia mundial se ha recurrido a la amnistía cuando se han producido hechos de elevado impacto político en un Estado-Nación y, muy especialmente, en situaciones o coyunturas en las que se busca la reconciliación nacional tras alguna conmoción interna.

Así, en España, por ejemplo, se decretó una amnistía general durante la etapa de transición hacia la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco; en Venezuela, se aplicó la ley de amnistía como inicio de lo que se denomina “etapa de transición a la democracia” después de terminado el régimen dictatorial militar. En este sentido, se pueden señalar también los casos de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y por supuesto México. 

En el caso concreto de nuestro país, la disidencia política y la libre manifestación pública de dicha discrepancia es un privilegio constitucional que se ha mantenido permanentemente no sólo dentro del ideario de la democracia mexicana, sino en su legislación. Las consituciones de los estados federados de la república mexicana refrendan este principio rector, el Estado de Oaxaca no es la excepción, por ello, como respuesta al reclamo de los oaxaqueños de transitar en la construcción de la reconciliación, se vuelve inminente instituir los medios legales para decretar una amnistía que propicie el retorno de la armonía entre los oaxaqueños y que a la vez les brinde una oportunidad histórica a aquellos mexicanos que al amparo de una ideología política pudieron haber realizado acciones tipificadas como delitos por el Código Penal Federal.

Esta armonía que el pueblo de México, y especialmente el de Oaxaca reclaman, fue fracturada a raíz de la aparición del grupo armado denominado Ejército Popular Revolucionario (E.P.R.) el 28 de agosto de 1996, en diversas comunidades del Estado de Oaxaca.

Derivado de esta incursión, las autoridades judiciales del fuero común y del federal emitieron órdenes de aprehensión en contra de quienes presuntamente intervinieron en dichos actos violentos, motivo por el cual se realizaron operativos para ejecutar órdenes de captura, derivando en la tramitación de un sin número de procedimientos penales, muchos de los cuales se encuentran concluidos con sentencias condenatorias e innumerables órdenes de aprehensión que aún se encuentran pendientes de ejecutar.

Cabe destacar que en lo concerniente al fuero común, desde el 8 de diciembre del año 2000, el gobierno del Estado de Oaxaca decretó una Ley de Amnistía a favor de quienes participaron en los delitos relacionados con tales hechos, por lo que en las averiguaciones previas y causas penales relativas se dictó el correspondiente acuerdo de archivo.

A partir de estos hechos, se manifestaron grupos armados similares que, por propio dicho, estaban motivados por causas de reivindicación social y, coincidentemente, las personas detenidas, vinculadas con los mismos, son en su mayoría indígenas de la región Loxicha de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, quienes se encuentran recluidas en diversas cárceles estatales.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República considera que una injusticia no puede ser combatida con otra, y la miseria a la que está condenada la mayor parte de los habitantes de esa comunidad de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca anula las condiciones de bienestar en el presente y les priva de toda posibilidad de acceder al bienestar social en el futuro.

Convencidos de que el pueblo de Oaxaca ha optado por una transición pacífica en el Estado, señalo enfáticamente que la paz y el progreso no podrán ser alcanzados si no se resuelven los conflictos históricos por la vía de paz, dialogo y reconciliación, es que el suscrito considera que ha llegado el momento sanar las heridas del pasado y convertirlas en mejores perspectivas de futuro.

Sin duda, ha llegado la hora de actuar en pro de la justicia social y expedir esta Ley de Amnistía como una expresión más de voluntad política, conciliatoria e incluyente que contribuya a impulsar el retorno de la paz y la armonía en el Estado de Oaxaca, pues bajo su amparo, sin distingo de razas, credos religiosos e ideologías políticas, se abrirían las puertas de la comprensión cediendo paso al progreso.

El proyecto de Ley de Amnistía que hoy pongo a su consideración, tiene como única intención procurar, a favor de la paz y de la reconciliación nacional, el reconocimiento de la disidencia política y la libre manifestación pública de dicha disidencia como tal y no como una infracción o crimen.

En consecuencia, se propone una amnistía para extinguir toda acción penal por delitos sancionados por leyes federales cuyo propósito es que sus beneficiarios: CIRILO AMBROSIO ANTONIO, DELFINO MATÍAS JUÁREZ, GREGORIO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ O RICARDO MARTÍNEZ ENRÍQUEZ, GREGORIO AMBROSIO ANTONIO, JUAN DÍAZ GÓMEZ, URBANO RUIZ CRUZ O FÉLIX PEDRO HERNÁNDEZ JUÁREZ, ARNULFO RAMÍREZ SANTIAGO O ESTANISLAO RAMÍREZ SANTIAGO, AGUSTÍN LUNA VALENCIA, ABRAHAM GARCÍA RAMÍREZ, ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ, FORTINO ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, ELEUTERIO HERNÁNDEZ GARCÍA, MARIO AMBROSIO MARTÍNEZ, JUSTINO HERNÁNDEZ JOSÉ, ZACARÍAS  Y PASCUAL GARCÍA LÓPEZ, se reinserten a la vida a la vida política, pacífica y productiva de la nación a más de 21 años de lo ocurrido.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide Ley de Amnistía para los Presos y Perseguidos por Motivos Políticos en el Estado de Oaxaca, para quedar como sigue:

LEY DE AMNISTIA PARA LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE OAXACA

ARTICULO 1.- Se decreta amnistía en favor de Cirilo Ambrosio Antonio, Delfino Matías Juárez, Gregorio Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Enríquez, Gregorio Ambrosio Antonio, Juan Díaz Gómez, Urbano Ruiz Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez, Arnulfo Ramírez Santiago O Estanislao Ramírez Santiago, Agustín Luna Valencia, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Mario Ambrosio Martínez, Justino Hernández José, Zacarías  y Pascual García López, por los delitos cometidos como resultado de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Oaxaca impulsados por móviles de reivindicación social a partir del día 28 de agosto de 1996 hasta el 31 de diciembre del año 2000.

Los órganos judiciales en los cuales conste registro alguno o antecedentes de personas con protección de la Justicia Federal, deberán, previa notificación y autorización de la Procuraduría General de la República y del Tribunal Superior de Justicia, eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas.

ARTICULO 2.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo anterior, podrán beneficiarse de la amnistía.

ARTICULO 3.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

ARTICULO 4.- Las personas a quienes beneficie esta Ley no podrán, en lo futuro, ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna, por los hechos que comprende esta amnistía.

ARTICULO 5.- En cumplimiento a esta Ley, el Ministerio Público Federal declarará extinguida la acción persecutoria en las averiguaciones previas que al respecto haya iniciado; las autoridades judiciales y administrativas del orden federal, cancelaran, en su caso, las ordenes de aprehensión que estuvieren pendientes de ejecución, sobreseerán los procesos en trámite y pondrán en libertad a los procesados y sentenciados que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Esta Ley entrara en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Esta ley deberá ser difundida a través de los medios de comunicación en todo el territorio del estado de Oaxaca, y deberá ser fijada en bandos en las diversas poblaciones que se encuentran en las zonas en donde se produjo el conflicto, tanto en idioma español como en las lenguas que se hablan en dichas zonas.

TERCERO.- En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio, dictara auto de sobreseimiento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Sen. Benjamín Robles Montoya.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 423 DE CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del grupo parlamentario de Morena)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA

La presente propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 423 del Código Civil Federal, busca eliminar el castigo corporal como forma de educar, ya que conlleva el riesgo de dañar física y emocionalmente a la niña o al niño. Por lo que se deben propiciar otras formas de corrección que promuevan acciones adecuadas para que se les eduque sin violencia.

Con esta reforma al Código Civil Federal, se erradicaría de su articulado el maltrato infantil, ya que todas las niñas y niños tienen derecho a vivir libres de violencia. De la violencia que perjudica su desarrollo físico y mental, la violencia que traba el progreso de la sociedad, ya que, la violencia contra la infancia es un problema que se puede y debe prevenir.

ARGUMENTOS

En nuestro país habitan 41 y medio millones de niños, niñas y adolescentes, lo cual significa que el 37% de la población cuenta con menos de 18 años,1 esta población enfrenta muchos y muy graves problemas de diversa índole, pero de todas ellas resalta lo referente a la violencia y el maltrato que cotidianamente les afecta.

La violencia contra los niños y niñas, incluye el abuso, el  maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, en las escuelas, los orfelinatos, en las calles, entre otros lugares enunciativos más no limitativos. Esto puede afectar la salud física y mental de las y los niños y perjudicar su habilidad para aprender y socializar y, más adelante quebrantar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves la violencia contra las y los niños conduce a la muerte.

Es  importante resaltar que la violencia en los infantes no  solo se circunscribe al grupo familiar, también se presenta en otras esferas de la sociedad, como el grupo de amigos, sus espacios educativos, clubes deportivos, entre otros, de esto se desprende que la sociedad en su conjunto es determinante en dichos maltratos, por ello, es una obligación para que el Estado sancione a quienes comenten estos abusos.

En el Diagnóstico de Percepción de la violencia de la organización de la sociedad civil “Save the Children”, 7,655 niños, niñas y adolescentes fueron entrevistados, arrojándose lo siguientes resultados:

• 58% ha vivido violencia en su escuela, 47% en su familia y 43% en su comunidad.

• 52% conocen a alguien que es miembro de una pandilla.

• 33% se han sentido discriminados.

• 72% ha visto a alguien consumiendo drogas

• 54% ha presenciado un pleito entre pandillas

• 83% creen que pueden salir lastimados por la violencia.

• 38% confiesa que tiene miedo a salir 2

Según las cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), estima que, en México, por lo menos en 3 de cada 10 hogares, alguno de sus miembros es víctima de violencia familiar, en donde el 85% de los casos el agresor es el jefe de la familia, el 12% la madre y el 3% restante corresponde a otros miembros de la familia incluidos tíos, abuelos, primos, etc., en núcleo familiar los hijos son más agredidos, verbal y físicamente, por sus madres.

El maltrato infantil es uno de los fenómenos de violencia contra la infancia más generalizado; la diversidad de sus formas, su dimensión oculta en muchos casos, y la aceptación socio-cultural del fenómeno, no han permitido que se vuelva un tema prioritario en las políticas públicas, a pesar del derecho de la niña o el niño a una vida libre de violencia (Art.19 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Según el derecho internacional de los derechos humanos, "es tan ilegal golpear, abofetear o pegarle a un niño o niña, como lo es dar ese trato a un adulto", independientemente de que se denomine a este tipo de violencia "disciplina" o "corrección razonable".3

Al analizar la legislación, ubicamos que el castigo corporal en el hogar sigue siendo legal, ya que no está prohibido en la mayoría de los códigos civiles ni penales, ni en las leyes de educación. Las leyes que regulan a las instituciones de asistencia tampoco prohíben ni sancionan el castigo corporal. En ocasiones incluso, aparece como una forma justificada de corrección o disciplina.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas, encontró que; “esta forma de violencia es una de las más extendidas en la región además de estar autorizada en la normativa de varios Estados como una potestad de los padres en el proceso de crianza de los hijos. Las evidencias revelan que la violencia tiene efectos dañinos y duraderos en el desarrollo de las y los niños, en su integridad personal y salud, contribuyendo a reproducir una cultura en la que la violencia se presenta como un medio aceptado para resolver las discrepancias o para imponerse a los otros”.4  

El castigo físico es una forma de violencia que se acepta en algunos países del mundo, incluido el nuestro. Tradicionalmente se ha admitido que la corrección es, a la vez, un derecho de los padres unido al de educación. Los padres, tutores y familiares con niñas y niños a su cargo han considerado históricamente que con el castigo a base de golpes se educa y corrige a las y los niños, pero esta idea es un gran error, ya que la violencia tanto física como psicológica, tiene consecuencias negativas en el desarrollo de los menores de edad. El uso de la violencia nunca puede tener fines educativos. Se debe respetar la integridad física y psíquica de las y los niños y adolescentes, así como el desarrollo de su personalidad y su dignidad.

Cuando en la relación entre padres e hijos, las niñas, los niños y adolescentes son respetados como personas, sí son escuchados y su voz es tomada en cuenta en los asuntos que les afectan, se habrán construido los pilares fundamentales para la resolución de los conflictos por vías distintas al uso de cualquier tipo de violencia.

La investigación de Ririki Intervención Social A.C. Atrás de la puerta que estoy educando, concluye que; Cuatro de cada 10 padres y madres entrevistadas admitieron utilizar la violencia como medio para lograr que sus hijos e hijas les obedezcan y respeten. La mayoría no puede asegurar que los malos tratos son efectivos para educar o corregir, sin embargo justifican sus acciones. Uno de cada tres niños de entre 6 y 9 años reporta ser tratado con violencia en familia. No importa si es rural, urbana popular o clase media. Las familias, contrario a lo que podemos creer, siguen educando (o creen que educan) a golpes.

Quienes participaron en el estudio aseguran que cuando sus hijos hacen algo que no les gusta les regañan, golpean y castigan. Solamente el 16% de padres de clase media usa el diálogo para resolver los problemas. En el ámbito rural y popular, el 10% cree en el diálogo como método de resolución de conflictos.5

Con lo anterior, es notorio que nuestra sociedad considera que las correcciones, incluyendo “golpes leves” y formas psicológicas de violencia -humillación y amenazas-, no son violencia, tan solo forman parte de una estrategia de disciplina positiva que no lastima a la niña y no le duele al niño. Todo indica que seguimos formando a las personas desde el autoritarismo; entonces cómo sorprendernos de que las personas promuevan la intolerancia, exista el control policíaco y la represión social si ya en casa hemos conocido y aceptado esa regla.

La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a promulgar medidas preventivas y a velar por que todas las y los niños tengan una vida libre de todo tipo de violencia. No obstante, a pesar de que esa disposición es clara y tajante en muchos Códigos Civiles Estatales y el Código Civil Federal conservan cláusulas legales que "justifican" la agresión en contra de los menores de edad, si se ejerce por los padres de manera “moderada y razonable”.

Datos del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revelan que Estados Unidos, México y Portugal, son los países donde el índice de mortalidad de menores de edad por maltrato físico es más elevado, con cifras 10 o 15 veces mayores que en el resto de las naciones desarrolladas, ya que en 29 países del mundo es ilegal pegarle a un niño y en 113 países se prohíbe el castigo corporal en las escuelas. Sin embargo; en otros países, como el nuestro y muchos otros de América Latina, la violencia física se ve como un método para disciplinar a las y los niños.

Asimismo, la UNICEF estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.

Por otra parte, la Consulta Infantil y Juvenil 2015, realizada por el instituto Nacional Electoral (INE), arrojan entre otros, los siguientes resultados:

El 11.9% de niñas y niños -entre 6 y 9 años-, reconocen que en su familia los golpean.

En el caso de las y los niños, entre 10 y 13 años, han sufrido algún tipo de violencia en su hogar: 9% física; 16.4% verbal; 6.6% emocional; y, 2.6% sexual. Asimismo, reconocen el 21.1% no saber a quién o donde pedir ayuda si tienen un problema o están en peligro.

Los adolescentes de 14 a 17 años, indican que el 19.5% sufren o han sufrido violencia donde viven: el 44% física; 67.3% verbal; 32.8% psicológica; y, 11.6% sexual. Sin embargo, sólo el 5% se acercaría a una institución del gobierno en caso de tener problemas o estar en peligro.

Como podemos ver, lo anterior, es preocupante pues aun cuando las niñas, niños y adolescentes saben que viven en hogares donde son violentados, el 95 por ciento de ellos no se acercarían a recibir apoyo de alguna institución gubernamental.

Por ello, es importante que en México erradiquemos el maltrato infantil, como lo han hecho otros países, el nuestro no puede quedarse atrás. El castigo corporal no entra dentro de las facultades de un derecho de corrección. Si se tiene en cuenta la regulación de la violencia física y el trato degradante en el ámbito familiar, el derecho de corrección de los padres se reduce a reprender y corregir a través de la palabra. Ello supone un avance en el respeto a la dignidad y derechos humanos de las y los menores de edad.

La violencia contra las y los niños está en todos los espacios, pero muchas personas prefieren no verla. Se le oculta tras las puertas, debe ser invisible. Todas las niñas y niños tienen derecho a vivir libres de violencia, para no perjudicar su desarrollo físico y mental.

Sin duda, la violencia traba el progreso de la sociedad y por tanto se puede y debe prevenir. Así entonces, debemos comprometernos y decir claramente que la violencia es inaceptable. Debemos hacer visible lo que era invisible.

Para ello, es importante que el legislador suprima del artículo 423 del Código Civil  Federal la frase “facultad de corregir”, para dar respuesta a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño. Y que el ejercicio de la patria potestad habrá de realizarse siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica, con ello, toda actuación en el ámbito familiar debe ir encaminada al Interés Superior del Niño.

Se debe señalar que el interés superior del niño es un principio general del derecho. Su carácter de principio general permite reformular todo el Derecho de Familia cuyo eje de gravedad será ahora el menor de edad, debido al carácter superior de su interés sobre cualquier otro concurrente.

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 423 del Código Civil Federal.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 423 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores de edad bajo su custodia, tienen la obligación de respetar su integridad física y psicológica, así comoobservar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.

Queda prohibido infligir al menor de edad actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Suscribe:

Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana.

1 Inegi, datos del Censo General de Población 2010.

2 World Vision México, Mapeo y análisis del sistema de protección de la niñez, México, 2013.

3 Ibídem.

4 CIDH exhorta a Estados a erradicar violencia contra la niñez a 10 años de la publicación del Estudio Mundial de las Naciones Unidas, 5 de marzo de 2016, /www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/026.asp

5 Detrás de la puerta, que estoy educando, Ririki Intervención Social A.C, México, 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, a fin de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el orden jurídico mexicano, los derechos humanos se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional y legal, como en los tratados internacionales de los que el Estado es parte. Así fue establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando en 2011 se realizó una trascendental reforma en materia de derechos humanos. El texto del artículo 1° de la Carta Magna señala que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”. Por su parte, el artículo 133 Constitucional dispone que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.

Uno de los tratados más importantes que ha signado nuestro país en materia de derechos humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el “Pacto de San José”, documento aprobado en San José, Costa Rica en 1969. Es necesario entender el contexto y antecedentes de dicha convención: tras la Segunda Guerra Mundial, a nivel global se comenzaron a crear sistemas de protección internacional de los derechos humanos, tanto en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, como a escala regional, en América, Europa y África.

En ese sentido, la protección regional en nuestro continente fue concebida en el seno de la Organización de Estados Americanos, en donde se aprobó la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. En 1956, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano encargado de vigilar la protección de los derechos humanos mediante visitas in loco, relatorías sobre temas prioritarios y conociendo de peticiones individuales de personas sobre la violación de sus derechos.1

Posteriormente, en 1969 se aprobó el tratado base del sistema interamericano de protección de derechos humanos: la Convención Americana o “Pacto de San José. Asimismo, la Comisión Interamericana dispuso la creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue instaurada en 1979. La Corte es la intérprete última de la Convención Americana y tiene competencia contenciosa en los casos individuales de violaciones de derechos humanos que le remita la Comisión. La Corte tiene facultad para emitir sentencias en las que se determine la responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a derechos humanos, así como las medidas de reparación del daño a las víctimas.2

México ratificó “el Pacto de San José el 24 de marzo de 1981, con dos declaraciones interpretativas, una referente al derecho a la vida correspondiente al párrafo 1 del artículo 4o., y la otra relativa a la libertad de conciencia y religión en el artículo 12 de dicho instrumento, así como una reserva al artículo 23, párrafo, 2 de los derechos políticos. Sin embargo, en aquél momento no reconoció la competencia contenciosa de la Corte”3.

No fue sino hasta 1998 que nuestro país aceptó la competencia contenciosa de la CIDH. “El instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte fue depositado ante el secretario general de la OEA el 16 de diciembre de 1998 y dicha declaración fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999”4.

DECRETO Promulgatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a todos los que el presente vieren, sabed:

El veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, se adoptó en la ciudad de San José, Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", a la que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhirió el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno.

En ejercicio de la facultad que el artículo 62, numeral 1, de la Convención citada, otorga a todo Estado Parte, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue aprobada por dicha Cámara el primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho del propio mes y año, en los términos siguientes:

DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado.

El instrumento de aceptación, firmado por mí el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, fue depositado ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el dieciséis de diciembre del propio año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria del Despacho de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica.

Mediante su competencia contenciosa, la Corte Interamericana dirime controversias,  culminando con la emisión de resoluciones que, en su caso, declaran la violación a los derechos e imponen la obligación del resarcimiento a la víctima. Las formas de reparación que la Corte impone en las sentencias condenatorias pueden ser “pecuniarias, donde es posible incluir daño material, moral e incluso al proyecto de vida de los afectados o sus sobrevivientes, o de diversa especie, tales como la orden de realizar investigaciones reales, profundas y efectivas para determinar fehacientemente los responsables de la violación de derechos humanos; la anulación de leyes -con efectos generales- cuyos contenidos son contrarios a la Convención, la obligación de modificar la legislación interna, que puede ser ordinaria o hasta constitucional; la expedición de normas que hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana, entre otras medidas.”5

Las violaciones a derechos humanos señalados por la Corte Interamericana en sus sentencias, deben ser subsanadas por los órganos internos de cada Estado, ya que la CIDH no tiene facultades para reparar dichas violaciones en el ámbito interno. A decir del académico Héctor Fix-Zamudio, dichos fallos: “son obligatorios para los Estados respectivos, es decir, tienen carácter imperativo, por no ejecutivo, ya que son los propios Estados los que deben cumplirlos en el ámbito interno.”6

A la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido 8 casos y emitido 6 sentencias condenatorias en contra del Estado Mexicano. Los casos son:

1) Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México (sentencia de 2004)

2) Caso Castañeda Gutman vs. México (sentencia de 2008)

3) Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (sentencia de 2009)

4) Caso Radilla Pacheco vs. México (sentencia de 2009)

5) Caso Fernández Ortega y otros vs. México (sentencia de 2010)

6) Caso Rosendo Cantú y otra vs. México (sentencia de 2010)

7) Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (sentencia de 2010)

8) Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México (sentencia de 2013)

En los casos Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México y García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto.

Cabe destacar que la sentencia del caso Castañeda Gutman vs. México es la única que se ha señalado totalmente cumplida.7En el resto de las mismas, existen obligaciones que se han impuesto al Estado Mexicano y que este ha cumplido sólo de forma parcial o ha incumplido de plano.

Un ejemplo de ello es la emblemática sentencia Radilla Pacheco vs. México, sobre un caso de desaparición forzada durante la Guerra Sucia. El Estado ha incumplido diversos puntos de dicha resolución de la Corte Interamericana, dos de ellos revestidos de especial importancia, los relativos a la investigación y a la obligación de brindar servicios de salud para la familia Radilla: en cuanto al primer aspecto, no ha existido una investigación efectiva que dé con el paradero de Rosendo Radilla por parte de la PGR, y por lo que hace al segundo, los servicios de salud brindados a los familiares del desaparecido han sido muy deficientes y carentes de medicamentos.8

De la misma manera, respecto de la sentencia González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, relativa a casos de feminicidio, el Estado Mexicano cumplió con las partes menos complicadas, entre ellas, la de modificar su legislación, pero aún se desconoce quiénes fueron los responsables o cómplices de los delitos.

Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ha señalado que de los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la reparación a las víctimas, en ninguno ha cumplido de manera integral.9 Asimismo, ha indicado que “Es más fácil cumplir con las partes “cosméticas”, como una disculpa pública, una reforma legislativa o pagarle a las víctimas. Lo pendiente es que los hechos no se repitan. México tiene la sentencia del Campo Algodonero y al día de hoy tenemos alertas de género en Jalisco, Morelos, Edomex…”10

Eduardo Román González identifica dos obstáculos fundamentales en la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana que condenan al Estado mexicano: “a) el primer obstáculo, lo constituye la definitividad de las resoluciones de los organismos nacionales encargados de la jurisdicción constitucional; b) el segundo obstáculo, consiste en la no existencia de normas que señalen cómo debe darse en el ámbito interno el cumplimiento a las resoluciones de la Corte IDH y de otros organismos supranacionales cuya competencia haya sido reconocida por el gobierno mexicano.”11

Sobre el primer obstáculo, se puede señalar lo siguiente: El diseño jurisdiccional mexicano, hace posible que prácticamente cualquier acto de autoridad  en el cual se alegue una violación a derechos fundamentales, pueda derivar en un procedimiento ante algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, ya que la jurisdicción constitucional en nuestro país está encomendada a ellos. En consecuencia, todos los actos que llegan a la jurisdicción de la Corte Interamericana en los que se alegan violaciones a derechos humanos, han sido conocidos con anterioridad por algún órgano del Poder Judicial de la Federación.12

Sin embargo, si hipotéticamente, la Corte Interamericana señalara que al emitirse una sentencia interna se violó algún derecho consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en su resolución internacional requiere el reexamen de una sentencia interna definitiva, hoy día no existe algún recurso para impugnar dichas sentencias definitivas. Es por ello que la presente iniciativa plantea dotar -en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 103 Constitucional13- al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de conocer recursos de revisión contra resoluciones internas firmes o ejecutoriadas, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que dichas resoluciones fueron dictadas en violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello permitiría dar un mejor cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, para que las víctimas sean efectivamente reparadas en el ámbito interno. En la actualidad, países como España han adoptado reformas legales en este sentido, para permitir que el Tribunal Supremo tenga un cauce procesal para ejecutar las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.14

En cuanto al segundo obstáculo, cabe señalar que actualmente en México no existe ningún ordenamiento que obligue al cumplimiento irrestricto de las sentencias de los tribunales internacionales. El incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana es consecuencia de deficiencias estructurales. En ese sentido, la  Auditoría Superior de la Federación señaló en un informe reciente que la Secretaría de Relaciones Exteriores no da seguimiento a los tratados para cuidar su cumplimiento y tampoco cuenta con un documento regulatorio en el que establezcan procedimientos de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales y dirigidas al Estado mexicano.15

Asimismo, otros obstáculos que dificultan y limitan el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, son los que ha introducido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversas resoluciones. En 2010, la Suprema Corte resolvió el incidente “Varios 912/2010”, respecto de los efectos que tendría la sentencia Radilla Pacheco vs. México. Esa representó un gran avance para nuestro orden jurídico, ya que entre otras cosas, se reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus criterios vinculantes y orientadores; se reconoció la facultad del Poder Judicial de la Federación de ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana; y se reconoció a todos los tribunales del país la facultad de realizar el control difuso de la constitucionalidad.

Sin embargo, un año después, la Suprema Corte emitió la primera de sus decisiones regresivas, al resolver la contradicción de tesis 293/2011. En ella, por un lado, se da un avance importante al reconocer la existencia del llamado “bloque de constitucionalidad”, “constituido por las disposiciones contenidas en la propia Constitución, pero ampliado por los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México sea parte”16. Sin embargo, en la misma resolución, la Suprema Corte volvió inoperante el “bloque de constitucionalidad”, al establecer que si nuestra Constitución incluyese alguna restricción a un derecho humano, aunque la misma no existiera en los tratados firmados por México, dicha restricción debe prevalecer.

Finalmente, en 2015, la Suprema Corte emitió la resolución respecto del incidente “Varios 1396/2011”, sobre los efectos de dos resoluciones de la Corte Interamericana, Fernández Ortega y otros vs. México  y Rosendo Cantú y otra vs. México. En ella, la Corte reitera que las resoluciones de la CoIDH son obligatorias para México, haya o no sido parte en el caso, e introduce una excepción: “... en el entendido de que, si alguno de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, debe prevalecer ésta en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011.” Santiago Corcuera señala al respecto que: “La SCJN, claramente le está enviando un mensaje a la CoIDH, en el que le dice: si en algún momento la CoIDH llegare a considerar que, por ejemplo, el arraigo es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por constituir una detención arbitraria, a la SCJN eso no le importará. Preferirá mantener la arbitrariedad constitucionalizada, y no se sentirá obligada a cumplir con la sentencia de la CoIDH que pudiera ordenarle al Estado mexicano la eliminación del arraigo de la Constitución, las leyes y la práctica.”17

Como se puede advertir, nuestro Máximo Tribunal  está haciendo cada vez más estrecho el margen de cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, y permitiendo que figuras violatorias de derechos humanos, como el arraigo, persistan bajo una visión de supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales. Ello viola el artículo 27 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados, el cual indica que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. De la misma manera, se está contraviniendo el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.”

El enfoque de derechos humanos que se introdujo en nuestra Constitución Política a partir de 2011, exige no sólo cambios discursivos y buenas intenciones, sino que exista una protección efectiva a los derechos humanos de todas las personas. De nada nos serviría ser parte en los tratados y convenciones más avanzadas y progresistas en la materia, si el Estado Mexicano es incapaz de garantizar la protección de sus derechos a las y los mexicanos, incumpliendo con sus deberes internacionales.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. … III.

III BIS. Del recurso de revisión en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, federales o locales, cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya declarado que dicha sentencia firme o ejecutoriada, laudo o resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.

IV. … XIII.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 México y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/36-Mex-Siste-DH.pdf

2 Íbid.

3 PUENTE DE LA MORA, Gloria Margarita, El Estado Mexicano y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Algunas consideraciones respecto al margen de apreciación en los casos contenciosos. Retos y perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3160/14.pdf

4 Íbid.

5 RANGEL HERNÁNDEZ, Laura,  Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional, Revista IUS, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200008

6 ROMÁN GONZÁLEZ, Eduardo, La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, disponible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/14/14_12.pdf

7 Íbid.

8 El Estado ha incumplido sentencia de la Coidh sobre Rosendo Radilla, señalan, La Jornada Guerrero, disponible en: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/10/08/index.php?section=sociedad&article=005n2soc

9 Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética”, Proceso, disponible en:
http://www.proceso.com.mx/475933/jacinta-alberta-teresa-una-disculpa-cosmetica

10 Íbid.

11 Íbid.

12 Íbid.

13 Que a la letra señala: “Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se susciteI. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
II. … III.

14 CARMONA CUENCA, Encarna, La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España, Council of Europe, disponible en: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)007-spa

15 México no cumple con los tratados internacionales sobre derechos humanos, Animal Político, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/02/tratados-derechos-humanos-mexico/

16 CORCUERA, Santiago, Otra vergonzosa decisión de la SCJN, El Universal, disponible en:  http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/santiago-corcuera/nacion/politica/2015/08/29/otra-vergonzosa-decision-de

17 Íbid.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

(Presentada por el Diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 6 de septiembre del 2016 presenté en sesión del Pleno en la Cámara de Diputados una iniciativa que adicionaba diversos artículos al Código Penal Federal (CPF), en dicho documento expongo que el abigeato ha sido un problema grave para nuestro país y que con el paso del tiempo ha ido en aumento el número de robo de ganado en diferentes estados de la República Mexicana.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y  dictaminada en sentido positivo.

El 5 de abril del presente año, por unanimidad, con 368 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, el proyecto de decreto es aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados,  aprobando como delito grave y calificado el abigeato o robo de ganado, con penas que van de 2 a 10 años de prisión y de 3 a 15 años cuando sea cometido por familiares, empleados, servidores públicos o con violencia.

 La Minuta del Proyecto de Decreto correspondiente, se presentó ante la Cámara de Senadores, el 6 de abril del presente año; dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Senadores el 28 de abril  por unanimidad de votos, con 82 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El dictamen define el concepto de ganado, para los efectos de este delito, a las especies bobina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de más de una colonia de abejas. Por la comisión de este delito se impondrán de dos a diez años de prisión y se equiparará con la misma pena, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Posteriormente y en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, el día 23 de junio del 2017, en el Diario Oficial de la Federación se expide el siguiente decreto:

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMA EL ARTÍCULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 381 TER Y 381 QUATER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo Único. Se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381 Bis.- Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales.

Artículo 381 Ter.- Comete el delito de abigeato, quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.

Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, independientemente de la actividad típica del animal.

Por tal delito, se impondrán de dos a diez años de prisión.

Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Artículo 381 Quater.- El delito de abigeato se considera calificado y se aumentará la pena hasta en una mitad, cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral, o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado.

De igual manera se impondrá la pena establecida en el párrafo anterior, cuando el delito se ejecute mediante violencia física o moral, o bien cuando lo comenta un servidor público.

Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, respecto de la descripción legal de la conducta delictiva contenida en los artículos 381 Ter y 381 Quater del Código Penal Federal, que en el artículo 381 Bis se contemplaba como delito y que por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo siguiente:

I. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público de la Federación las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte;

II. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades,                y

III. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.- Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas."

En razón de los antecedentes anteriormente expuestos  pongo a consideración a esta Honorable Cámara de Diputados una Iniciativa  que  adiciona la fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Reforma recién aprobada al CPF y en el caso específico del artículo 381 Quater en su último párrafo hace mención a una asociación delictuosa, banda o pandilla.

El concepto de pandilla ya se encuentra definido en el artículo 164 bis del citado CPF:

“Artículo 164 bis.-…

Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito

…”

Consideramos de suma importancia que si bien es cierto que en el CPF se menciona las figuras de asociación delictuosa, banda o pandilla, también se incorpore el concepto de “Delincuencia Organizada”, entendida como la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves; se refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la unión, como  forma de conjuntar esfuerzos en grupo y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, para realizar actividades ilegales y en este caso, al robo de ganado.

En tal sentido, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece en el artículo segundo:

“Artículo 2º.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:”

Desafortunadamente, la delincuencia en nuestro país ha venido evolucionando aceleradamente en los últimos años; en la actualidad los infractores de la ley se organizan para cometer  los delitos con mayor rapidez, saña e impunidad, por lo que es urgente que el robo de ganado o abigeato se frene. Por lo que propongo tipificar dicho delito en la  Ley Federal  de Delincuencia Organizada. 

El nivel de organización  de la delincuencia para el robo de ganado es cada día mayor y más sofisticado, lo que repercute en pérdidas millonarias para los productores del campo y se ha vuelto una práctica muy común  en las diversas regiones de nuestro país.

Por tal motivo, propongo que se adicione una fracción XI al artículo 2 de la Ley antes mencionada con la finalidad de que el delito se castigue con penas más altas y que el sector ganadero vuelva a tener la confianza de presentar sus denuncias y así evitar el abigeato, que día a día se acrecienta, provocando a los ganaderos un problema latente afectando a su patrimonio.

El sector agropecuario en México debe ser considerado un tema de prioridad nacional; el problema del campo es de todos y la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor. En este sentido es que propongo modificaciones a la Ley Federal contra la delincuencia Organizada para que exista justicia para nuestros productores agropecuarios en el tema fundamental del abigeato.

Por lo anterior, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2°.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por este solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I-X…

XI Abigeato, previsto en los artículos 381 Ter y 381 Quater, del Código Penal Federal.

TRANSITORIOS

Uno.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo.- Para fines de adecuación de las Legislaciones Locales, las Entidades Federativas tendrán un plazo no mayor a 6 meses a partir de la publicación de este Decreto.

Salón sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Gerardo Federico Salas Díaz.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

(Presentada por las y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La contabilidad gubernamental es un instrumento fundamental, permanente y recurrente en la toma de decisiones, razón por la cual nuestro marco jurídico facilita el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos con el objetivo de establecer mecanismos que nos permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Esta información debería ser una es pieza clave tanto para el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados como para la sociedad en general.

Sin embargo, se han detectado problemas normativos y de gestión por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Por mencionar algunas de las anomalías encontradas por la ASF en sus auditorías en las 32 Entidades Federativas señala que una de las causas que explica el incumplimiento de los objetivos de los fondos y programas del gasto federalizado se debe a una ministración tardía por parte de las tesorerías estatales sobre los recursos provenientes de la Federación a los entes ejecutores.1

No se puede perder de vista que la contabilidad gubernamental está en constante desarrollo y debe ser lo suficientemente dinámica para que los entes ejecutores puedan cumplir con los objetivos de los fondos y los programas de desarrollo social ajustándose a los mecanismos de control previamente establecidos para favorecer no sólo su cumplimiento, aplicabilidad y evaluación, sino también para fortalecer la transparencia y trazabilidad del gasto federalizado, lo que toma mayor relevancia lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe General Cuenta Pública 2005, en el que señaló:

“…[l]as secretarías de finanzas o similares de las entidades federativas, que son las receptoras iniciales de los recursos no los transfieren a los ejecutores, o no lo hacen con oportunidad, ni en la cantidad prevista”.2

En este sentido, la inclusión textual del tiempo para que las tesorerías estatales ministren los recursos provenientes de la federación favorecerá al principio de oportunidad en el ejercicio del gasto público. El plazo antes señalado toma mayor relevancia en virtud de que se estaría armonizando con la obligación contemplada en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fisical, que señala a la letra en la parte conducente lo siguiente:

Artículo 48. …

Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente de cada uno de los Fondos contemplados en el Capítulo V del presente ordenamiento.

Por lo expuesto y fundado, someto a  la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para quedar como sigue:

Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las tesorerías de las entidades federativas, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Suscriben.

1 857-DS-GF, 900-DS-GF, 1151-DS-GF, 1191-DSGF, 1313-DS-GF, 1354-DS-GF, 1398-DS-GF, 1760-DS-GF, 645-DSGF, 986-DS-GF, 1024-DS-GF, 1066-DS-GF, 1630-DS-GF, 1717-DS-GF, 816-DS-GF, 1233-DS-GF, 511-DS-GF, 608-DS-GF, 686-DS-GF, 734-DSGF, 1108-DS-GF, 1273-DS-GF, 1475-DS-GF, 1598-DS-GF, 1437-DS-GF, 1517-DS-GF, 1560-DS-GF, 1673-DS-GF, 549-DS-GF, 581-DS-GF, 778-DSGF, 947-DS-GF. Auditoria Superior de la Federación, Consideraciones para la Labor Legislativa, Entrega de Informes Individuales, Cuenta Pública 2016, junio 2017, p. 33.

2 Informe General Cuenta Pública 2005, página 98, apartado “4.2.3.2. Recursos no entregados a los ejecutores, que permanecen en cuentas administradas por las secretarías de finanzas o similares, sin la suficiente transparencia de su manejo”, visible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del grupo parlamentario de Morena)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 343 BIS, 343 TER Y 343 QUÁTER Y SE ADICIONA UN 343 QUINTUS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS T) Y U), Y SE ADICIONA EL INCISO V) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 25; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL INCISO A) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Diputado José Santiago López, grupo parlamentario del PRD)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El empoderamiento de la juventud, como sector poblacional estratégico y mayoritario del país, es condición necesaria para el desarrollo democrático de México. Al ser los partidos políticos entidades de interés público, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política, resulta imprescindible que éstos destinen anualmente una parte del financiamiento público a que tienen derecho, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes.

ARGUMENTOS

El artículo 2º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud refiere que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población joven es aquella cuya edad comprenda entre los 12 y 29 años.

En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que en México había más de 30 millones 106 mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad, además, el INEGI puntualizó que la edad promedio de la población nacional era de 26 años.

No es erróneo afirmar que el recurso más importante con el cual cuenta nuestro país es su población joven. El propio Consejo Nacional de Población (CONAPO), hace algunos años acuñó el término “bono demográfico” para referirse a la importancia que tiene la juventud del país en el desarrollo nacional, al ser el sector predominante en la pirámide poblacional. Situación que continuará, ya que el CONAPO estima en las “Proyecciones de la Población 2010-2050”, que en México hay más de 38.2 millones de jóvenes.1

Para que la juventud mexicana responda a los nuevos desafíos, es necesario propiciar las condiciones que atiendan los requerimientos de este sector poblacional en materia de educación, deporte, cultura, salud, recreación, medio ambiente, seguridad y participación en la vida pública y en la toma de decisiones. 

John Stuart Mill dijo de manera contundente que: “el hombre que no participa en los asuntos políticos de su país, ve agotadas sus capacidades intelectuales y morales, limitados y frustrados sus sentimientos”.2

México está agobiado de problemas, vivimos momentos muy críticos como Nación. El cambio que necesita nuestro país debe provenir de quienes saben y pueden plantear un proyecto, conocen los problemas y han reflexionado acerca de las opciones para solucionarlos, los jóvenes de México son los constructores de una patria más libre y justa, poseen  conocimiento pero también arrojo, audacia y capacidad. Por lo que resulta imprescindible fomentar su participación en la vida pública y en la toma de decisiones.

Hoy, un desarrollo deficiente de los jóvenes mexicanos en la participación de la vida pública y en la toma de decisiones, mañana se traducirá en rezagos sociales, capital humano poco productivo, menor potencial de crecimiento, en la reproducción de la pobreza, en más inseguridad y en falta de cohesión social.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, señala que los partidos políticos son entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

En tal virtud, los partidos políticos tienen que ser el vehículo para la formación y participación de un sector poblacional relevante en el país, como lo es la juventud. Por eso, a través de la reforma a los incisos t) y u), y la adiciona del inciso v) al numeral 1 del artículo 25; así como la reforma a las fracciones IV y V) del inciso a) numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley General de Partidos Políticos, propongo que sea obligación de los partidos políticos destinar anualmente el 3 por ciento de su financiamiento público al que tienen derecho, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, a fin de fortalecer el sistema legal que tienda a garantizar el apoyo a éstos procurando su participación en la vida democrática, no sólo partidaria, sino del país. 

Por tal motivo, propongo diversas reformas y adiciones a los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

Texto vigente de la Ley General de Partidos Políticos

Texto propuesto

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a s) …

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone, y

u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

 

No existe correlativo

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a s) …

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;

u) Cumplir con lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción VI, para la capacitación, promoción y el desarrollo político de la juventud; y

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. a III. …

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.

No hay correlativo

 

 

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. a III. …

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo; 

 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario; y

VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.

 FUNDAMENTO LEGAL

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO por el que se reforman los incisos t) y u), y se adiciona el inciso v) al numeral 1 del artículo 25; y se reforman las fracciones IV y V) del inciso a) numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley General de Partidos Políticos.

ÚNICO.- se reforman los incisos t) y u), y se adiciona el inciso v) al numeral 1 del artículo 25; y se reforman las fracciones IV y V) del inciso a) numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;

u) Cumplir con lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción VI, para la capacitación, promoción y el desarrollo político de la juventud; y

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.
Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. a III. …

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo; 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario; y

VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Promovente

Dip. José Santiago López.

1 “Proyecciones de la población 2010-2050”, Consejo Nacional de Población. Disponible en:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones (Última consulta: 27 de enero de 2017)

2 Citado por Bachrach, Peter. “Critica de la teoría elitista de la democracia”. Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1973, pp. 22-23.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Diputado Moisés Guerra Mota, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito Diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY AGRARIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Sufragio efectivo, no reelección”, al mencionar esta frase no podemos dejar de lado que fue primordial en la lucha revolucionaria de nuestro país, este principio históricamente justificado estaba pensado inicialmente solo para el presidente de la república, sin embargo, se hizo extensivo tanto para diputados como para senadores, convirtiéndose con los años en una afectación para la orientación política del país .

La reelección legislativa estuvo prohibida por 81 años, de 1933 a 2014. El 29 de abril de 1933 en el Diario Oficial de la Federación se publicó por primera vez la prohibición de la reelección tanto de diputados como de senadores. Sin embargo, esta prohibición llegaría a su fin el 23 de mayo de 2014 .

“La reelección es la posibilidad jurídica de un individuo que haya desempeñado algún cargo de elección popular, para contender nuevamente por el mismo cargo al finalizar el período de su ejercicio” .

Existen diversas opiniones respecto al tema de la reelección, tanto a favor como en contra, sin embargo, en el siglo XXI los avances en la participación de los representados y el interés que actualmente ponen en quien y como los representa, abre la oportunidad de que la reelección sea aprovechada a favor de ellos en todos los ámbitos, ya que no solo califica a quien está en el cargo, sino que también otorga la facilidad de desaprobar su desempeño, lo cual en caso de aprobación generaría una serie de factores que contribuirían al máximo aprovechamiento del dirigente al ya contar con la experiencia y poder darle continuidad a los proyectos iniciados durante su gestión. Algunos autores como Benito Nacif, mencionan que la reelección brinda la oportunidad al electorado de calificar en las urnas el desempeño de sus representantes; o Jhon Carey quien afirma que al no permitir la reelección de representantes, estos por tener poco tiempo, no priorizan la comunicación con  sus representados, lo cual deja en desventaja a los segundos .

En opinión de Giovanni Sartori respecto al caso de la reelección legislativa en México, al que él llama “la extravaganza mexicana”, menciona que al no existir la reelección se está limitando a los legisladores y se les impide gozar de los beneficios que un trabajo bien realizado les pueda otorgar y poder seguirlo desarrollando de manera efectiva .

Después de la reforma aprobada en 2014, en nuestro país la reelección es un  realidad y un privilegio que solo los ciudadanos le pueden otorgar a sus representantes ya que quedó en sus manos por medio de su voto, de esta manera los votantes podrán ratificar su labor, exigir una profesionalización a los representantes políticos que sean reelegidos, así como una adecuada y estricta rendición de cuentas .

Formar dirigentes dotados del rigor profesional que se requiere para ocupar cargos, no es tarea exclusiva solo de los legisladores, aún existen cargos que se deben homologar a la legislación nacional.

De acuerdo al Registro Agrario Nacional (RAN), el territorio mexicano cuenta con una superficie total de 196, 437, 500 Ha, de los cuales 99, 858, 804.34 Ha abarcan la propiedad social, lo que representa el 51% del total de la superficie total . La propiedad social está constituida por ejidos y comunidades.

La Ley Agraria contempla como autoridades en los núcleos agrarios a la Asamblea (artículo 22), el Comisariado Ejidal (artículo 32) y el Consejo de Vigilancia (artículo 35); En la Asamblea participan todos los ejidatarios o comuneros, por lo que se considera el órgano supremo; EL Comisariado Ejidal está integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, es el que ejecuta los acuerdos derivados de la Asamblea, así como la representación y gestión administrativa; finalmente las labores del Consejo de Vigilancia son como su nombre lo indica vigilar las acciones del Comisariado observando que estas se encuentren dentro de la legalidad correspondiente y al mismo tiempo revisa sus operaciones y sus cuentas, está integrado por un presidente y dos secretarios. Los integrantes del Comisariado y del Consejo de Vigilancia de acuerdo al artículo 39 de esta misma Ley, solo podrán permanecer en el cargo por un periodo de tres años, sin que se les permita reelegirse u ocupar otro cargo dentro del ejido .

El que las autoridades agrarias no contemplen la oportunidad de reelegirse impide que los ejidatarios puedan tener mayor oportunidad de aprovechar los beneficios que la reelección otorga al tener acceso a ella, ya que estos pueden hacer uso de su experiencia para profesionalizarse y poder darle continuidad a las gestiones o proyectos iniciados durante su dirigencia, al igual que permitir una adecuada rendición de cuentas, ya que serán responsables de los resultados inmediatos de la gestión que los antecede, proporcionando a los miembros de la asamblea una mayor tranquilidad y confianza en sus autoridades, además de agilización en los trámites y servicios.

Por lo antes mencionado propongo reformar el artículo 39  de la Ley Agraria, para quedar de la siguiente manera:

TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 39.- Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio.

Si al término del período para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios.

Artículo 39.- Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. Mismos que podrán ser reelectos en cualquiera de sus cargos por un lapso igual de 3 años consecutivos solamente.

Si al término del período para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios.

Al mismo tiempo no debemos olvidar que la Ley Agraria permite en su artículo 40 la remoción de cualquiera de los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, por medio de voto secreto el cual se puede realizar en cualquier momento el que se reúna la asamblea o a petición de la Procuraduría Agraria; esto permite dotar a los representados de la facultad para ser ellos quien en todo momento tengan el poder de mantener o retirar del cargo a sus dirigentes .

Por lo que la democratización y soberanía de los núcleos agrarios seguirían protegidos por la legislación y al mismo tiempo gozarían de los beneficios que esta modificación propone.

CONSIDERANDOS

La comunidad comunal tiene antecedentes prehispánicos, desde Mesoamérica, aunque, fue  durante la Colonia que este concepto fue incluido en las leyes y la Corona entrego tierras a los indígenas, sentando así las bases históricas de la propiedad social: el ejido y la comunidad agraria. A pesar de haber enfrentado despojos e injusticias, como resultado de la Revolución se logró acceder a un régimen de propiedad el cual fuera justo y lograra la restitución de las tierras a las comunidades y ejidos; fue así como el 6 de enero de 1915 nace la Ley Agraria en la que se busca cumplir con estos requerimientos; posteriormente dentro de la Constitución se consagra en el artículo 27 los principios de funcionamiento y existencia de los núcleos agrarios. Ya en 1992 con la promulgación de la nueva ley Agraria quedan reconocidas tres formas de propiedad: pública, privada y social; esta última es la que se incluyen las comunidades agrarias y los ejidos .

En 1992 se pública la nueva Ley Agraria en la que se le otorga reconocimiento  tanto a los ejidatarios como a los comuneros, además de reconocer a dos nuevos sujetos: los posesionarios que podrán tener derecho a una parcela y los avecindados quienes podrán acceder a un solar para uso habitacional. Además de marcar las reglas para las autoridades, así como para su organización y funcionamiento .

CEDRSSA en su estudio  “La propiedad social rural y su perfil productivo”, menciona que el aumento en el número de núcleos agrarios se ha incrementado de un total de 29 mil 983 en 1991 a 31 mil 980 en 2014. Por lo que del total de núcleos agrarios, es del 93% que corresponde a 29 mil 609 ejidos, los cuales están desplegados en todos los estados de la república, el 7% se refiere a 2 mil 371 comunidades presentes en 29 estados .

La propiedad social representa el 51% del total nacional, distribuida en 17 estados en los que constituye 50% o menos de su territorio; en 15 tiene más del 50%; aunque se tienen registrados tres: Oaxaca, Nayarit y Guerrero, en los que abarca el 80% .

Actualmente la propiedad social sigue predominando en el territorio nacional y el municipio es el eslabón más cercano entre el gobierno y la sociedad, la cual en su mayoría habita en ejidos. La ley agraria establece que los núcleos agrarios, para contar con una organización fuerte, deberá contar con una representación legítima y normas claras para su convivencia.

La legislación actual, contempla en su Artículo 39 que: Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante  no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio . Sin embargo, al reformar el artículo 39 permitiendo que las autoridades ejidales sean reelectas y de esta forma no queden exentas de la dinámica nacional en materia electoral, debido a  que se originan por el sufragio de los integrantes del ejido, se presenta esta iniciativa  a fin de establecer que los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años, con posibilidad de reelección. Aplicando el criterio anterior para que las autoridades ejidales, que se presumen se constituyeran bajo el voto libre y secreto de las personas que integran el ejido, puedan someterse a la reelección de los integrantes de los comisariados y consejos de vigilancia.

Por lo que se propone homologar la citada ley con la dinámica y el contenido actual de política electoral que vive nuestro país, misma que hoy permite la reelección  en el contexto de lo legislativo.

DECRETO

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria.

Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 39.- Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. Mismos que podrán ser reelectos en cualquiera de sus cargos por un lapso igual de 3 años consecutivos solamente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Moisés Guerra Mota.

Gamboa C., Valdez, S. & González, J. (2003). Reelección de Legisladores. Agosto 11, 2017, de Dirección General de Bibliotecas SIID Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/DPI-ISS-08-03.pdf

Sánchez, W. A. Reelección legislativa en el México moderno. Teorías y debates sobre la democracia participativa en la ciencia política contemporánea. Pág. 214.

Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados. Serie II, Léxico y discurso parlamentario, volumen I, tomo I, México, 1997, pág.816.

Sánchez, W. A. Reelección legislativa en el México moderno. Teorías y debates sobre la democracia participativa en la ciencia política contemporánea. Pág. 214.

Ibídem.

Ayala, B.  (2017). La reelección: Mantener su cargo tiene sus reglas. Agosto 12, 2017, de El Economista Sitio web: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/15/reeleccion-mantener-cargo-tiene-sus-reglas

Registro Agrario Nacional. (2016). Situación Agraria Nacional. agosto, 2017, de SEDATU Sitio web:
http://www.ran.gob.mx/ran/inf_intnal/RAN_Info_interes_nal-2016.pdf

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (febrero 26, 1992). Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación, febrero 26, 1992. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_270317.pdf

Ídem.

INEGI. (2017). Catastro de la Propiedad Social. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Preview.aspx

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (febrero 26, 1992). Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación, febrero 26, 1992. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_270317.pdf

Reporte del CEDRSSAR. (2015). La propiedad social rural y su perfil productivo. 2017, de CEDRSSAR Sitio web: file:///C:/Users/itztl/Downloads/Reporte%2030%20La%20Propiedad%20Social%20Rural%20(1).pdf

Ídem

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (febrero 26, 1992). Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación, febrero 26, 1992. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_270317.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

(Presentada por el Diputado José Santiago López, grupo parlamentario del PRD)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ley Federal del Trabajo es el ordenamiento jurídico tendiente a regir las relaciones de trabajo entre particulares, tal y como lo establece el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el propio artículo 1º de la mencionada Ley Federal, por lo que el actual texto del artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, no debiera señalar que “las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, toda vez que la Ley a la cual debiera hacer referencia el referido artículo 32, en términos de los dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna y a la propia naturaleza que regula, es a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional. 

ARGUMENTOS

El fundamento constitucional de la materia laboral en nuestro país está establecida principalmente en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro de sus dos apartados: el A) y el B). El primero tiene por objeto la reglamentación de las relaciones laborales entre particulares, de ahí deriva la Ley Federal del Trabajo. Mientras el segundo se refiere a las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, motivo por el cual  existe la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

Dan cuenta del objeto y alcances de cada ámbito en materia laboral, la respectiva Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

El artículo 1º de la Ley Federal del Trabajo señala que “la presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución”. En tanto que el artículo 1º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, establece que “la presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal [hoy Ciudad de México], de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos”.

Derivado del mandato de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2013, los cuales establecían hacer las modificaciones legales y crear los organismos necesarios para que la mencionada reforma se pudiera llevar a buen término, es que se expidió, entre otras la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, publicada en el DOF el 14 de julio de 2014, misma que en el artículo 1º da cuenta de que se crea el “organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión…”.

Al ser dicho Sistema parte de la Administración Pública Federal descentralizada, es consecuente que la relación laboral de sus trabajadores sea con el Estado. Motivo por el cual se propone la reforma del artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, toda vez que la redacción actual de dicho artículo es desafortunada y no corresponde propiamente a la materia que debiera regular. A la letra dicho artículo 32 dice: “Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Como se puede apreciar, existe un error no sólo de técnica legislativa sino terminológico muy grave, ya que la Ley Federal del Trabajo no es reglamentaria del apartado B) de la Carta Magna, la Ley a la que le corresponde regular dicho apartado es a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

Por tal motivo, propongo reformar el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. 

Texto vigente del artículo
32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano

Texto propuesto

Capítulo VIII
Del Régimen Laboral

Artículo 32. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo VIII
Del Régimen Laboral

Artículo 32. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

FUNDAMENTO LEGAL

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO por el que se reformar el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

ÚNICO.- Se reformar el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, para quedar como sigue:

Capítulo VIII

Del Régimen Laboral

Artículo 32. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Promovente

Dip. José Santiago López.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia debe ser definida como aquél acto que involucra la fuerza física intencional, las amenazas contra uno mismo o en detrimento de otra persona o un grupo de ellas; acto que genera, o del que pudieran emanar, con respecto de la o las víctimas, efectos adversos tales como traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte.1 Se comprende entonces que la pretensión primera de la violencia consiste en el daño o perjuicio físico, emocional, o psicológico de sus víctimas. Al uso de la fuerza física contemplada en la definición, pudiérase sumar el abuso de poder ya que él engendra iguales secuelas nefastas para las personas que lo sufren.

Por otra parte, pero en referencia al mismo tenor, es prudente mencionar que la tropelía se enmascara tras diversos rostros, algunos de los cuales, a causa de su antagónica acción inscriben en sus agraviadas huellas que análogamente resultan tan imperceptibles como indelebles, situación que dificulta el discernimiento de la violencia como responsable directa del sufrimiento o del daño que aqueja al o los individuos que la sufren. Así, resulta conducente advertir la existencia de la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia económica, la negligencia, el maltrato a ancianos, el maltrato infantil, la violencia de género; éstas, sólo por mencionar algunas formas en la que la acción violenta halla su expresión.

Existe en el registro de diversas instituciones, nacionales e internacionales, dedicadas a la prevención, a la captación y a la atención de hechos que implican agresión y/o abuso de poder, datos que se ofrecen para nuestra disertación sobre el índice de violencia que los habitantes de la urbe capital de México deben sortear cotidianamente en la vía pública. Tal es el caso que sobre el incremento de un 11.74% se detectara durante el 2016, en comparación con el registrado durante el año precedente a él, respecto del índice de homicidios dolosos que denunciara el Observatorio Nacional Ciudadano en su documento intitulado “Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México”,2 dato que a su vez fuera extraído de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el caso de la violencia a la que por su condición femenina se ven sometidas una gran cantidad de mujeres en México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de un total de 24,566,381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, se registró que 11,018,415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, en tanto que en el ámbito nacional 31.8% de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de alguna agresión pública, que pueden ir desde insultos hasta violaciones; de estas mujeres, 86.5% sufrieron intimidación, 38.3 fueron víctimas de abuso sexual y 8.7% violentadas físicamente,3 cifras que revelan una altísima incidencia de violencia a la que debe ponerse freno de forma inmediata.

El diagnóstico que a partir de la inscripción de casos realizan las diversas instancias jurídicas, gubernamentales y demás involucradas en los temas de detección, prevención y combate de la violencia, las faculta a elaborar estrategias por medio de las cuales se contribuya a intentar erradicar dicho fenómeno, así como a regular la normatividad por medio de la cual habrá de juzgarse cada caso en el que la violencia se presente como factor taxativo de agresión, tanto como para sancionar a quienes se encuentre responsables de la acometida de actos violentos. 

Hay, sin embargo, otro tipo de violencia, una que bien pudiera ser definida como “silente”. Una violencia que, al estar compuesta tanto por factores que develan un excesivo uso de poder a la vez que, de una agresión inmoderada, adquiere graves dimensiones, la cual suele mostrar una muy escasa representación en los registros gráficos de instituciones legales nacionales o de las organizaciones mundiales. Se habla aquí de la violencia generada al interior del seno familiar, de aquellos actos violentos en los que se descubre a las figuras parentales o de familiares cercanos como ejecutoras de acciones indolentes encaminadas al perjuicio moral, físico y psicológico de los miembros más jóvenes de su propia familia, nuclear o extendida. Muy en particular se intenta subrayar en este rubro el abuso sexual y el maltrato físico que al interior de sus hogares padecen muchos menores de entre los 0 y 12 años de edad.

El anonimato que gira en torno a este tipo de violencia encuentra su razón de ser en diversos factores que resultan determinantes, quizá uno de los más preponderantes sea el representado por el amor filial. A causa de esta emoción y por la lealtad que ella sugiere, el niño abusado teme formular la denuncia con la que pudiera exponer a su agresor al castigo legal.

Otro causa que propicia el enmudecimiento, en el caso de niños muy pequeños, es su lógica incapacidad para reconocer el abuso sexual o físico; por una parte, el menor ha aprendido que sus padres, de quienes depende en forma absoluta, deben ser los depositarios de toda su confianza, partiendo de este supuesto, al infante le resulta inverosímil recibir la agresión de ellos e intenta explicar el hecho desde razonamientos que acrediten la vivencia agresiva, puede incluso llegar a culpabilizarse, a admitirse como causante y acreedor de la violencia. Por otra parte, el niño aún no es capaz de discernir entre las manifestaciones de sexualidad adulta y las expresiones amorosas que deben prodigarle sus padres o familiares cercanos.

Pueda también mencionarse que el secreto en el que los infantes guardan el abuso sexual o físico sea causado por temor a las consecuencias que suponen pudieran derivarse a partir de su denuncia, por ejemplo, la venganza o pérdida de afecto del padre agresor acusado; el castigo o desaprobación del progenitor al que habrían de acudir en busca de apoyo. Al temor de que con su acusación pudiera ser causante del quebrantamiento y pérdida de su hogar.

Un último factor que pudiera contemplarse como causal de la escasez de denuncias de maltrato infantil ante las instancias judiciales pertinentes puede ser imputado a la resistencia que ofrecen los padres en cuanto a la admisión de que sea al interior de su propio hogar donde se produzcan aquellos hechos aberrantes tan condenados socialmente, que tales actos, además, sean ejecutados por familiares cercanos o bien, por el propio cónyuge. En un sin fin de ocasiones es a causa del relato confuso que sobre los hechos violentos ofrece el niño, el que suscita en el familiar elegido por el infante como soporte de confianza y protección, la dubitación sobre si trasladar la queja del menor al fuero legal.

Sería imprudente soslayar el impacto que a nivel social tiene el fenómeno de la violencia intrafamiliar, física o sexual, sufrida por los menores. Al respecto valga retomar aquella frase del dominio público que reza, “la violencia genera violencia”, con la intención de explicitar el círculo vicioso por medio del cual se observa el incremento en los índices de actos en los que la agresión y el abuso de poder se ven involucrados. Un niño, luego de cobrar conciencia acerca del agravio que sobre él cometieran uno o ambos progenitores, o alguno de sus familiares próximos, queda presa no sólo del desasosiego que le causa el saber traicionada su confianza, también es víctima de desamparo pues nadie hay ya que pueda inspirarle seguridad. Es también dominado, tanto por la impotencia que en él surge a partir de auto reprocharse la inmadurez que lo incapacitara a comprender oportunamente el significado de lo que sus victimarios le obligaran a vivir, así como por no haber ofrecido a ellos una respuesta que guardara correspondencia al agravio que le infligieran. Los menores, aun cuando conscientes, continúan a reprimir, a causa de la dependencia económica y moral que los ata a sus victimarios, el cúmulo de afectos negativos que hacia ellos experimentan. La simiente de violencia crece a la par del individuo que la retiene y es posteriormente dirigida en contra de la sociedad circundante. Así pudiera ser definida la transformación de víctima en victimario.

Por lo hasta aquí expuesto se comprende que el abuso sexual y físico de los menores resulta, por la escasez de su denuncia, un hecho débilmente abordado, que, sin embargo, por la gravedad que engendran sus consecuencias requiere de acciones prontas y contundentes para su combate y erradicación.

Es a partir de la anterior premisa que se sugiere una reforma al artículo 49 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a efecto de establecer en dicho dispositivo la contribución de las escuelas, públicas y privadas, así como de profesionales especialistas de la salud, física y mental, para conformar un dispositivo interdisciplinario que contribuya a la detección y denuncia de la violencia, sexual y psicológica, ejercida en contra de menores. Así, tras las sospechas de casos, el personal docente alertaría a médicos y psicólogos adscritos al DIF sobre la necesidad de acudir al colegio para llevar a cabo, frente al directivo escolar, la exploración física y/o mental pertinente del o los menores en cuestión. Para tal efecto, sería deseable también contar con la presencia de los padres de los menores involucrados, a quienes, por causas lógicas, no se les formularía aviso previo sobre la razón a la que obedece la presencia de los especialistas en el plantel. Este dispositivo indagatorio pudiera extenderse al resto de la población estudiantil del centro escolar. En caso de detectar en cualquier alumno huellas que denunciaran el uso indiscriminado de poder parental o familiar en cuanto a maltrato físico o abuso sexual, el hecho sería de inmediato denunciado ante las instancias correspondientes a efecto de que se tomen las medidas de castigo y protección pertinentes, con relación al agresor y su víctima respectivamente.

La presente iniciativa se formula a partir de un hecho concreto: la escuela es la institución idónea para la detección de casos de abuso en contra de menores, porque ella alberga diariamente a miles de niños, niñas y adolescentes que pudieran estar padeciendo, al interior de sus hogares, violencia física y/o abuso sexual. Porque los profesores, por el conocimiento que emanado del trato cotidiano adquieren de sus alumnos, están en condiciones de detectar en ellos variaciones del comportamiento que pudiera ser indicativos de posible violencia intrafamiliar.

Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro sinóptico:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.

En los casos específicos de abuso sexual y maltrato físico ejercidos en contra de niños, niñas y adolescentes, los protocolos de atención deberán involucrar la participación del personal docente y directivo de las escuelas, públicas y privadas, del nivel educativo básico, así como la contribución que por medio de equipo médico especialista en la atención de la salud física y psicológica pudiera brindar el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lo que se refiere a la detección y denuncia de dichos eventos violentos.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.

En los casos específicos de abuso sexual y maltrato físico ejercidos en contra de niños, niñas y adolescentes, los protocolos de atención deberán involucrar la participación del personal docente y directivo de las escuelas, públicas y privadas, del nivel educativo básico, así como la contribución que por medio de equipo médico especialista en la atención de la salud física y psicológica pudiera brindar el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lo que se refiere a la detección y denuncia de dichos eventos violentos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Consultado en < http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf?ua=1>, el 14 de agosto de 2017 a las 19:22 horas.

2 Fuente: < http://onc.org.mx/2017/06/29/incidencia-de-los-delitos-de-alto-impacto-en-mexico/>, consultada el 14 de agosto de 2017 a las 19:30 horas.

3Fuente:http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/702825048327.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN)

Quien suscribe, la Senadora Martha Elena García Gómez integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de 1924 por primera ocasión estableció la protección especial de los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.1

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para las niñas y niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó esta Convención en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.2

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:
Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para la niñez y adolescencia.

Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto es imperante que en la aplicación de un enfoque de derechos para la niñez se observe en todo momento el principio del Interés Superior, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Es así que un avance trascendental en la materia es la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por el Congreso de la Unión el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 4 de diciembre del mismo año.

Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se encarga de determinar la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y coordina de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Asimismo, se contemplan requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a través de protocolos de actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas.

Ahora bien, la LGDNNA considera el derecho de niñas, niños y adolescentes a “la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo” en su Capítulo Primero, en específico, su artículo 16 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.

También la Ley en su Capítulo Octavo contempla el “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal” y establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Así también, que las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados3.

Es así que el 19 y 20 de mayo de 2015, México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, resaltando la publicación y entrada en vigor  de la LGDNNA.

En ese sentido, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre los informes cuarto y quinto consolidados de México, en el apartado de “Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia” menciona lo siguiente:

32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también debe: 

(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia; 

(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el “derecho a corregir” sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El Estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños; 

Ahora bien, respecto al castigo corporal el “Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la gravedad y seriedad de esta práctica por lo que decidieron realizar un informe temático sobre el tema.

En dicho informe se establece la siguiente definición de Castigo Corporal adoptada por el Comité de los Derechos del Niño:

La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que en su Observación General Nº 8 adoptada en el 2006, definió el castigo “corporal” o “físico” como “todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños (“manotazos”, “bofetadas”, “palizas”), con la mano o con algún objeto –azote, vara cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante.4

Este informe también establece las medidas legislativas que deben de adoptar los estados y que a continuación se enuncian:

A. Medidas Legislativas

95. Por medidas legislativas dirigidas a proteger a los niños contra el castigo corporal, la Comisión comprende tanto la derogación de normas que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a menores de 18 años; como la eliminación de criterios de “corrección moderada” que aún en muchos países forman parte de las regulaciones correspondientes a la institución de la patria potestad; así como la adopción de normas que explícitamente prohíban el castigo corporal.5

Por último, el Informe de referencia hace hincapié que además de las medidas legislativas y educativas, la erradicación del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes exige la acción del Estado en forma integral. Sobre este punto conviene precisar, que la Comisión no pretende agotar en esta sección la diversidad de medidas que podrían ser de utilidad para la creación de una política de Estado orientada a la erradicación del castigo corporal. No obstante, es posible enunciar algunos ámbitos en los cuales sería necesaria una acción inmediata del Estado como son: salud, justicia, seguridad interna, entre otros.

En el caso específico de México, los datos arrojan que el 31 por ciento de los niños y niñas hasta 14 años de edad son educados sin violencia; 44 por ciento sufre algún castigo físico y en más de la mitad la disciplina se aplica mediante agresión psicológica, esto de conformidad con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015.

Esta misma encuesta refleja que el 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes de uno a catorce años de edad, ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar; esto es, 6 de cada 10 niñas, niños o adolescentes experimentan recientemente algún tipo de disciplina violenta.

Asimismo, en 8 de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables responsables6.

A raíz de estas problemáticas es que el pasado 12 de julio de 2016, el Estado mexicano fue unos de los primeros cuatro países en sumarse a la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”. La Alianza busca sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre  el impacto que tiene la violencia en la vida de la niñez; así como movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad para que lleven a cabo acciones prioritarias.

En consecuencia, el día 15 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), cuyo acuerdo de creación fue aprobado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en su sesión del 18 de agosto de 2016.

El objetivo de la COMPREVNNA es articular las principales iniciativas y procesos en materia de prevención y respuesta a la violencia contra esta población, así como de atender las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano, como su participación como país pionero en la Alianza Global promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

A partir del 27 de marzo pasado, se iniciaron con los grupos de trabajo para elaborar un Plan de Acción de México para prevenir y Atender la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y se dividieron en las siguientes temáticas:

1. Entornos Seguros

2. Apoyo a los Padres y a los Cuidadores

3. Ingresos y Fortalecimiento Económico

4. Normas y Valores

5. Educación y Aptitudes para la Vida

6. Servicios de Respuesta y Apoyo

7. Aplicación y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes.

En este último grupo participa de forma activa la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado. Otros participantes en el grupo de trabajo son la Comisión Nacional de Seguridad, el SIPINNA, el UNICEF, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y diversas organizaciones de la Sociedad Civil.

Es así, que el Plan de Acción de México fue aprobado en lo general por unanimidad el pasado 28 de junio en la 1º Sesión Ordinaria de la COMPREVNNA cuya misión es prevenir, atender y responder a todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes con la colaboración integral y multisectorial entre los órdenes de gobierno y actores sociales y privados.

Entre las acciones que conforman el Plan en el apartado de Implementación y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes, le corresponde específicamente al Congreso de la Unión las siguientes tareas:

• Elaborar la Ruta Crítica que facilite el seguimiento o propuestas de Reformas Legislativas a favor de la prevención y atención integral de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

• Armonización legislativa estatal que incluya los temas de prohibición explícita del castigo corporal en todos los ámbitos y del matrimonio infantil.

Por lo anterior y en atención a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que corresponde al Congreso de la Unión respecto a la “Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes” y al Plan de Acción de México, es que se pone a su consideración esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se prohíbe explícitamente el castigo corporal.

 En primera instancia se plantea una reforma al Código Civil Federal con el objeto de que en las relaciones familiares se erradique esta práctica comúnmente utilizada como un correctivo o método de crianza, pues el castigo corporal y humillante se da primordialmente en ese ámbito, tal y como se señaló anteriormente.

El estudio presentado por Laura Chioda, “Fin a la Violencia en América Latina” Una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta, señala que “los padres y familiares pueden por lo tanto servir como puertas de entrada para la aplicación de políticas contra el crimen y la violencia, en su capacidad de ayudar a los niños a autorregular y “desaprender” la violencia. Asimismo, el vínculo entre la familia y delito parece ser mucho más profundo que una mera ventana de oportunidad para la crianza durante estas etapas iniciales.

También menciona que el maltrato es un factor determinante en el comportamiento criminal futuro. Estos resultados sugieren que, si bien no todos los abusados se convierten en delincuentes, el maltrato es uno de los principales factores determinantes de comportamiento delictivo a futuro.

Además, siguiendo con las recomendaciones del Comité, se prohíbe el castigo corporal a nivel federal a través de las reformas a este ordenamiento, en su artículo 323 ter.

Por otro lado, se encuentra la reforma a la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para estipular la prohibición expresa del castigo corporal y añadir el castigo humillante que como bien señala el Comité en su Observación General Número 8, existen otras formas de castigo que no son físicas pero de igual manera son humillantes y degradantes, por lo que no se puede dejar fuera su prohibición en la legislación general.

Finalmente, en atención al derecho a la participación de la LGDNNA que señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y en específico, al artículo 74 del mismo ordenamiento en donde obliga a los diferentes órdenes de gobierno a que informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta, es que esta iniciativa da respuesta a sus peticiones y opiniones vertidas en el “10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México”, que se llevó a cabo en la H. Cámara de Diputados en febrero pasado, y que en las declaratorias de las 15 comisiones se coincidió en la petición de la erradicación de la violencia familiar.

Si bien, la Ley General ha sido uno de los avances más representativos en materia de niñez y adolescencia en México, sabemos que los retos continúan, por lo que estas reformas están encaminadas a reforzar el cambio de paradigma de titularidad de derechos de niñez, y generar su pleno respeto.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Que reforma el primer párrafo del artículo 323 ter del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes.

Artículo Segundo.- Que reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 105

Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:
I a III …

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes eviten cualquier tipo de violencia en su contra, en particular, queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

4 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 de agosto de 2006, párrafo 11. Adicionalmente, en la Observación General 8 en el párrafo 11, el Comité también señaló que “hay otras formas de castigo que no son físicas, pero son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles para la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”.

5 Corte I.D.H., Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntos http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf

6 Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, Menores maltratados, Enero- Diciembre, Sistema Nacional DIF, México 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN   EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 40 Y EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado José Santiago López, grupo parlamentario del PRD)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La actual Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene algunos errores que es necesario subsanar a la brevedad para armonizarla con lo dispuesto en la Norma Fundamental del país, por un lado, y por el otro, para poder cumplir con el objeto de este medio de defensa constitucional, a fin de otorgarle mayor grado de protección y garantías a los gobernados.

ARGUMENTOS

El juicio de amparo es el medio jurisdiccional por excelencia de control constitucional en el sistema jurídico mexicano, cuya finalidad primaria es la tutela de las garantías del gobernado que, a su vez, protegen derechos humanos.

Por eso, no es extraño que a la par de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, también se dieran las reformas constitucionales en materia de amparo, de las cuales derivó la actual Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.

Sin embargo, la Ley de Amparo mencionada, contiene algunos errores que es necesario subsanar a la brevedad para armonizarla con lo dispuesto en la Norma Fundamental del país, por un lado, y por el otro, para poder cumplir con el objeto de este medio de defensa constitucional, a fin de otorgarle mayor grado de protección y garantías a los gobernados.

El último párrafo de la fracción V del artículo 107 de la Carta Magna, le da la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de un amparo directo que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Dispone el texto de la Constitución federal, que la facultad de atracción del máximo tribunal del país se hará de manera oficiosa o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito que esté conociendo del caso, del Fiscal General de la República en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno.

Sin embargo, este mandato constitucional no es respetado en la legislación secundaria, ya que el artículo 40 de la Ley de Amparo omite obviar al Tribunal Colegiado de Circuito y al Ejecutivo Federal, mediante su Consejero Jurídico, como aquellas instancias que también pueden solicitar al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraigan un caso que por su interés e importancia lo ameriten.

Así, mientras la disposición constitucional del último párrafo de la fracción V del artículo 107 es clara y señala que el Tribunal Colegiado de Circuito, el Procurador General de la República y el Ejecutivo Federal a través del Consejero Jurídico, pueden pedirle fundadamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conozca de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, el artículo 40 de la Ley de Amparo dispone que sólo el Procurador General de la República puede solicitar al máximo tribunal constitucional del país la facultad de atracción, excluyendo tanto al Tribunal Colegiado de Circuito como al Ejecutivo Federal.

Consecuente con lo anterior es que se propone la reforma tanto del primer párrafo como de la fracción I del artículo 40, para armonizar el texto de la Ley de Amparo con lo dispuesto en la Constitución, a fin de que el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ejercer, de manera oficiosa o a solicitud fundada del Ejecutivo Federal por conducto de su Consejero Jurídico, del Procurador General de la República o de los Tribunales Colegiados de Circuito, la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a éstos últimos, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten.

Por otro lado, el artículo 85 de la Ley de Amparo señala que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, “por sus características especiales” deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme a lo dispuesto en el referido artículo 40. Nótese que la Constitución federal prevé que la facultad de atracción se ejerza cuando un asunto sea de “importancia y trascendencia”, habiendo superado la expresión subjetiva “características especiales” que en 1987 se incluyó en materia de amparo, pero que en 1995 fue substituida por la de importancia y trascendencia, misma que actualmente emplea el artículo 107 constitucional, para referirse al requisito que debe reunirse para que sea dable ejercer esa facultad en amparo en revisión, por lo que se concluye que el artículo 85 de la Ley de Amparo está desactualizado. En virtud de lo anterior, se propone la reforma al artículo 85 de la Ley de Amparo para sustituir la expresión “por sus características especiales” por la de “interés y trascendencia”, tal y como lo señala la Carta Magna.

Por lo antes expuesto, propongo reformar el primer párrafo y la fracción I del artículo 40, así como el artículo 85, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto vigente de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto propuesto

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:


I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Procurador General de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;

 


II. …

III. …

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud fundada del Ejecutivo Federal por conducto de su Consejero Jurídico, del Procurador General de la República o de los Tribunales Colegiados de Circuito, la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a éstos últimos, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Consejero Jurídico del Gobierno Federal, el Procurador General de la República o el tribunal colegiado de circuito a través de su magistrado presidente, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;

II. …

III. …

Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, por sus características especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 40 de esta Ley.

Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, por su interés y trascendencia deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 40 de esta Ley.

FUNDAMENTO LEGAL

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO por el que se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y el artículo 85 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y el artículo 85 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud fundada del Ejecutivo Federal por conducto de su Consejero Jurídico, del Procurador General de la República o de los Tribunales Colegiados de Circuito, la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a éstos últimos, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Consejero Jurídico del Gobierno Federal, el Procurador General de la República o el tribunal colegiado de circuito a través de su magistrado presidente, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud;
II. …

III. …

Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, por su interés y trascendencia deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 40 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Promovente

Dip. José Santiago López.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vehículos a exceso de velocidad, menores a bordo de motocicletas, autos estacionados en lugares prohibidos, lugares para discapacitados usurpados por gente sin impedimentos físicos, choferes carentes de vocación de servicio, señalamientos vandalizados, ciudadanos que con sólo tomar un volante se transforman en energúmenos, policías venales y conductores dispuestos a infringir los reglamentos, a sabiendas de que su acción será impune o fácilmente perdonada tras el pago de un soborno. Tal es el paisaje diario de nuestras carreteras y calles, de nuestros estacionamientos, autopistas y caminos rurales. Lugares hostiles para el peatón en los que la convivencia se vuelve una batalla diaria en la que el perdedor eterno es el respeto a la ley.

Hablamos de un mal democrático, pues aqueja a nuestra sociedad por igual, sea que se trate de microbuses en la ciudad de México o de traileros en una autopista, de jóvenes irresponsables a bordo de motocicletas de alto cilindraje o de vehículos costosos, de personas que, acicateadas por la prisa por llevar a los menores a los colegios cada mañana, violan las normas de tránsito vigentes, dando así clases de conductas antisociales a quienes debieran de educar con el buen ejemplo.

Nos referimos a una parte de nuestra vida diaria marcada por el egoísmo y la fantochada, por las influencias reales o ficticias, donde rige una serie de antivalores que premian la irresponsabilidad y sancionan el acatamiento de las normas de tránsito, en el que el consumo irresponsable de alcohol o drogas, mezclado con la conducción de un automotor no sufre de sanción social suficiente, sino que es visto como una gracejada, como una experiencia o una aventura que en algún momento de la existencia debe vivirse.

El problema que genera la falta de acatamiento a las normas de tránsito constituye una clara muestra de nuestra escasa cultura cívica, de lo poco que ha permeado entre nosotros la legalidad, del atraso que padecemos como sociedad frente a otros naciones que, a la par de su progreso económico, se precian de ser respetuosas de la ley, garantes de derechos y prerrogativas tales como la vida, la salud y la propiedad privada, sin cuya observancia plena no se puede hablar de democracia ni de libertad.

La falta de respeto a los reglamentos de tránsito trasciende a la cuestión sociológica, pues se traduce con demasiada frecuencia en accidentes que cuestan la vida de miles de personas o que redundan en lesiones que merman vidas y carreras, que dan al traste con trayectorias prometedoras. Baste señalar que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 hubo 382,066 accidentes de tránsito terrestres, los cuales ocasionaron 4,636 muertos y 107,202 heridos, 1 lo que nos ubica como la séptima nación con más accidentes de esta clase en el mundo.2

Vale la pena mencionar que, los accidentes más comunes en 2015 fueron las colisiones entre vehículos automotores (255,863) los atropellamientos (14,621), las colisiones con objetos fijos (48,279) y las colisiones con motocicleta (32,019).3

El problema a que nos referimos también constituye una muestra palpable del poco arraigo que tiene entre nosotros la cultura de la legalidad, lo que ayuda a explicar otros fenómenos como la delincuencia y la violencia. Conviene citar al respecto la encuesta presentada hace dos años por la organización México Unido contra la Delincuencia, en la cual se otorgó una calificación nacional de 5.5 puntos, sobre 10, respecto de la receptividad para que las personas modifiquen conductas que difieren de una cultura de la legalidad. La encuesta levantada en todo el país por una empresa privada precisó que los mexicanos -sobre todo las mujeres- tienen poca disposición a cambiar conductas como no utilizar el cinturón de seguridad al manejar; comprar piratería; ceder su lugar a personas con alguna discapacidad o dar mordida por alguna razón, conclusión sumamente desalentadora.4

Empero, nuestro país no está predestinado a vivir como hasta ahora lo ha venido haciendo. La posibilidad de una convivencia social más sana y que redunde en mejores niveles de solidaridad y progreso depende sólo de nosotros y no del cumplimiento de profecías. Otros países han encontrado las vías para salir del atraso y constituirse como ejemplos de prosperidad. Nosotros también podemos hacerlo. Dicho lo anterior, y toda vez que la ausencia de respeto a las normas de tránsito no es más que el reflejo de una deficiencia de nuestro sistema educativo, resulta entonces lógico plantear que sea, precisamente a partir de la educación desde donde se resuelva esta problemática.

Eduardo Caccia, columnista y escritor, planteaba este fin de semana la experiencia que vivió hace años en el estado de California:

“Llevaba a uno de mis hijos a la escuela y afuera de ésta había un operativo cotidiano: los niños de primaria dirigían el tráfico de vehículos y peatones (bajo la supervisión de un adulto, padre de familia o maestro). Investidos con chalecos brillantísimos, un silbato y uno de los símbolos más fuertes de la legalidad del vecino país, la señal de STOP, los pequeños verdaderamente eran la autoridad vial en ese momento, no estaban jugando al tráfico, estaban practicando las bases de un Estado de derecho como parte de su formación básica.

“El caso es que de pronto una chiquilla de unos 10 años atravesó mi campo visual frente al parabrisas con una señal de STOP. Me detuve al instante y observé cómo cruzaban la calle otros chicos y sus mamás. De pronto e involuntariamente aflojé el pedal de freno y mi auto se movió unos centímetros. La pequeña oficial captó mi desacato y con su silbato y su mano me señaló como si en la escuela hubiera carteles con mi foto y la leyenda "se busca". Uno de los adultos supervisores anotó mis placas y al poco tiempo recibí una amable carta de la directora donde me invitaba a respetar las normatividades viales afuera del colegio.”5

Dicha vivencia resulta aleccionadora respecto de lo que se puede logar en un ámbito en el que se procesan y difunden valores de convivencia social y en el que la falta de observancia de las normas trae consecuencias. Hace no muchos años era frecuente ver esta clase de acciones en la ciudad de México, pero con la diferencia de que eran realizadas por los padres de familia. Hoy, estos operativos brillan por su ausencia y han sido sustituidos por segundas y terceras filas de autos que ahorcan hasta la vialidad mejor planeada en las horas de mayor concentración de vehículos, así como por la reticencia a hacer uso del transporte escolar.

Es en esta tesitura que se propone una reforma al artículo 7º de la Ley General de Educación, a efecto de establecer como uno de los fines de la educación fomentar la cultura vial a través de contenidos y acciones que resulten ejemplares para la sociedad, esto último con el apoyo de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno. De lo que se trata es de infundir entre los alumnos, dentro y fuera del aula, la importancia de respetar las normas viales, a fin de que ellos reproduzcan lo aprendido entre sus adultos más cercanos. Aunque suene paradójico, lo que deseamos es educar a nuestras niñas y niños en el ámbito de la cultura vial, para que éstos, a su vez, eduquen a sus mayores.

Cierto es que en el texto vigente del artículo cuya reforma se pretende ya existe una referencia a la cultura de la legalidad, pero creemos que, por su importancia en el ámbito de la salud y la vida humanas, en la economía y la convivencia social, la cuestión vial tiene que ser mencionada de forma aparte.

Tenemos la certeza de que una adición como la aquí propuesta, acompañada de un fuerte impulso social e institucional puede redundar en una mayor armonía entre los mexicanos, en un fortalecimiento del Estado de Derecho.

Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro sinóptico:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español;

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo;

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro;

XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos;

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español;

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo;

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro;

XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos;

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, y

XVII. Fomentar la cultura vial a través de contenidos y acciones que resulten ejemplares para la sociedad, esto último con el apoyo de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

“I.- … a “XV.- …

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, y

XVII. Fomentar la cultura vial a través de contenidos y acciones que resulten ejemplares para la sociedad, esto último con el apoyo de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/accidentes/default_t.aspx

2 Fuente: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&
id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-mundial-muertes-accidentes-transito-ops&Itemid=

3 Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/accidentes/default_t.aspx

4 Consultado en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/11/poca-cultura-legalidad-sin-ganas-cambiar

5 Caccia, Eduardo, “Nueva generación”, Reforma, 13 de agosto de 2017. Página 10.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 56; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL ACTUAL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por los Senadores Fernando Torres Graciano y Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del PAN)






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO II “DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO” DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Presentada por el Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD y Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales)

El que suscribe, Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción I y 164 numeral 1 y 2, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO II DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Federal del Derecho de Autor, contempla en su Capítulo II, la figura denominada Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, considerado como un instrumento sui géneris para otorgar protección a los títulos de difusiones, publicaciones periódicas, personajes ficticios y de caracterización humana, nombres de artistas y grupos artísticos y promociones publicitarias.

En algunos de estos casos, confluye la materia marcaria y la materia de derechos de autor; es decir, que ambas legislaciones pueden proteger el mismo objeto, por ello, es de gran importancia revestir de mayor fuerza, esta figura contenida en la Ley Federal del Derecho de Autor, creada ex profeso para el cuidado de estas obras y dejar a la Ley de la Propiedad Industrial, lo relativo a las marcas, ya que se considera que estos objetos cumplen con dos aspectos: uno será el artístico y otro el comercial; razón por la cual la figura que lo salvaguarde, necesariamente debe ser específica.

Tal y como su nombre lo indica, la reserva de derecho al uso exclusivo, confiere al titular el uso exclusivo de su creación, por lo que será él y solamente él, quien pueda usar o disponer del título, personaje o nombre artístico. Precisamente como titular del derecho, la ley le confiere al titular la posibilidad de que un tercero autorizado pueda utilizar este derecho, a través de figuras como la cesión y lo que doctrinariamente se conoce como licencia de uso (aunque la Ley no lo reconoce).

De aquí proviene uno de los conflictos detectados, particularmente en el rubro de los nombres de artistas o grupos artísticos. Es bien conocido que a través de la historia artística de nuestro país, diversos artistas o grupos artísticos se han enfrentado a larguísimos procesos jurisdiccionales cuya Litis es por la potestad del derecho sobre su nombre.

Así, tenemos el ejemplo de la denominada “Sonora Santanera”, que hasta la fecha sigue un proceso litigioso con otros grupos formados por miembros que se separaron del mismo y formaron otros grupos, que además cuenta con un alto grado de confusión para el público, tales como “La Sonora Santanera de Carlos Colorado”, “La Nueva Sonora Santanera”, “La Sangre Nueva de la Sonora Santanera”, “La Única e Internacional Sonora Santanera”, sin que hasta el momento exista claridad sobre cuál es la original, pero al parecer no son los únicos, existen otras agrupaciones como la “Banda Limón”, “Dinamita”, “Grupo Cañaveral”, que a lo largo de su carrera se han enfrentado a la misma problemática. (Pineda, 2015)

Entenderemos como nombre artístico como aquel que utiliza la persona o grupo de personas para llevar a cabo su actividad artística y con el cual, son identificados por el público al que va dirigida su obra. En este caso, el nombre de la persona o integrantes del grupo, generalmente es desconocido por el público y únicamente se identifican los nombres artísticos. (Schmit, 2003)

Esto genera un vínculo entre la persona o personas “reales” con el artista, aunque para el caso de los grupos artísticos, sus miembros pueden ir cambiando sin que por ello cambie la denominación.

Si se entiende esta relación, también se entenderá que el titular del derecho, es quien puede realizar la reserva de uso, que para el caso de los grupos, debiera concederse a todos los integrantes por igual, salvo algún pacto en contrario. Ciertamente, la Ley prevé que la solicitud de reserva hecha con mala fe en perjuicio de algún titular o violentando algún contrato suscrito previamente, puede ser cancelado, pero para ello, debe mediar un procedimiento seguido en forma de juicio que se ventila ante el Instituto y seguramente una serie de otros instrumentos legales que se pueden promover; por ello, resulta fundamental que se realicen adecuaciones a la Ley que permitan por un lado, fortalecer esta figura y darle el mismo alcance que el derecho marcario y por otro lado, evitar los abusos que se den cuando un tercero pretende o registra un nombre artístico bien sea sin consentimiento de su titular o aprovechándose de aquél, como ha sucedido en los casos de los denominados “representantes” o “mánagers” o cuando existe escisión en el grupo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este sentido, se han identificado claramente tres aspectos para evitar que el manejo inadecuado de la reserva de derechos de uso exclusivo, pueda dar a la pérdida de derechos que se debe garantizar al creador de la obra.

Es por ello, que para el análisis más claro de la problemática presentada, podemos dividirlos de la siguiente manera:

1. Revocación de poderes, en este caso resulta sustancial que los titulares de reservas de derechos, notifiquen al Instituto de forma pronta que quienes contaban con algún tipo de mandato legal, han dejado de tenerlo. Lo anterior supone que se no se realice un registro indebido, posiblemente a nombre de quien entonces contaba con poder amplio y suficiente para realizar el registro de la reserva, dejando al titular temporalmente en estado de indefensión, por lo menos durante el tiempo que se realice el procedimiento de nulidad.

2. Por similitudes, dentro de la ley no se ha cuidado la inclusión de algunas definiciones que sí existen dentro de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, al ser una figura particular con un ámbito de aplicación muy acotado, se requiere que sea más clara. Por otra parte, el Instituto deberá ser más minucioso en la revisión del grado de similitud o semejanza respecto a otra reserva, con la finalidad de que no exista grado de confusión para el público al que va dirigida la obra.

3. Por vencimiento de la reserva, para los temas que se derivan de este supuesto y a pesar de que la ley prevé lo que podemos denominar como un “plazo de gracia”, se considera que difícilmente alguna persona que no esté familiarizado con la reserva de derecho, sabe cuándo se vencen los plazos para realizar la renovación de la misma; por ello, el Instituto deberá cerciorarse que no existe dolo o mala fe, o contravención a algún tipo de contrato celebrado con anterioridad.

OBJETO

En razón de lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de otorgar mayor protección a los artistas y grupos artísticos a través de la reserva de derechos al uso exclusivo, como figura sui generis del Derecho Mexicano, se propone adicionar el artículo 176 BIS, por el cual se establece la procedencia del dictamen previo, con la finalidad de que el Instituto realice una revisión armónica de las causales establecidas en el artículo 188 de la propia Ley, fortaleciendo la revisión de cualquier otra solicitud de reserva que sea similar o semejante en grado de confusión.

Con la finalidad de otorgar mayor sustento a las peticiones de reserva de derechos que revisa el Instituto, se adiciona una segunda parte al artículo 178, por la que se mandata que la solicitud deberá estar firmada por todas las partes que tengan interés en la reserva.

Se modifica el contenido del artículo 181, a fin de se informe al Instituto sobre los poderes que han sido revocados, para que éstos no puedan ser utilizados para tramitar a nombre propio una reserva de derecho de uso exclusivo, dejando al titular en estado de indefensión.

Se adiciona la fracción I al artículo 182, estableciendo que el Instituto emitirá constancia del otorgamiento de la reserva. En consecuencia, se recorren las demás fracciones.

Se modifica el contenido de los artículos 185 y 186, para clarificar el apartado de caducidad de la reserva.

Se adiciona un párrafo al artículo 188, fracción f), para definir lo que debe entenderse como notoriamente conocido. Lo anterior, cobra relevancia cuando existen dos o más solicitudes para reserva, cuya ponderación resulta ser la notoriedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración del Pleno de este Senado de la República la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Artículo Único. Se adiciona un BIS al Artículo 176; un párrafo al artículo 181, fracción I del Artículo 182, un párrafo al Artículo 185, un párrafo al Artículo 188, fracción f), se modifican los artículos 178, 186 el artículo 178, de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 176 BIS.- Previamente al otorgamiento de una reserva de derechos, se deberá solicitar al Instituto un dictamen previo sobre su procedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.

El resultado de este dictamen, no implica obligación de otorgamiento de la reserva, ni confiere al o los solicitantes ningún orden de prelación.

Artículo 178.- Cuando en la misma solicitud de reserva de derechos, se incluyan dos o más personas, se entenderá que todos serán titulares por partes iguales, salvo pacto en contrario. Para tal efecto, la solicitud deberá estar suscrita por todos los solicitantes o por representante legal con poder especial notarial para la realización del trámite.

De igual manera, el o los solicitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad el número de personas, nombres y domicilios de aquellos que pudieran tener derecho a la reserva, lo anterior a efectos de que sean notificados personalmente para que deduzcan sus derechos correspondientes, la omisión de tal requisito o la falsedad dará lugar a la nulidad de la reserva que sea otorgada.

Artículo 181.- Los titulares de las reservas de derechos deberán notificar al Instituto las transmisiones que por cualquier título realicen sobre los derechos que amparan los certificados correspondientes.

Asimismo, deberán de comunicar al Instituto, la revocación de poderes que hayan sido otorgadas a tramitadores o sociedades de gestión.

Artículo 182.- El Instituto realizará las anotaciones y, en su caso, expedirá las constancias respectivas en los supuestos siguientes:

I. Cuando se acepte la Reserva

II al V. …

Artículo 185.- Las reservas de derechos caducarán cuando no se renueven en los términos establecidos por el presente capítulo.

En estos casos, la caducidad operará de plano, por lo que no requerirá declaración administrativa por parte del Instituto.

Artículo 186.- La declaración administrativa de nulidad, cancelación o caducidad se podrá iniciar en cualquier tiempo, de oficio por el Instituto, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación.

Artículo 188.- No son materia de reserva de derechos:

f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido.

Se entenderán como notoriamente conocidos, aquellos títulos, nombres, denominaciones o características que por su difusión, uso o explotación habituales e ininterrumpidos durante tres años en el territorio nacional o en el extranjero, sean identificados por un sector determinado del público.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Cultura contará con 180 días naturales para armonizar el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto del contenido del presente Decreto. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Sen. Adolfo Romero Lainas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por la Diputada Lillian Zepahua García, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Lilian Zepahua García, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración pública se ha caracterizado por la presencia de trámites que se realizan en un marco de opacidad, en los cuales siempre ha prevalecido la discreción por parte de servidores públicos, caracterizados por la ausencia de una cultura de rendición de cuentas, lo que se convirtió en un escollo y objetivo de las reformas en las últimas décadas.

La transparencia en la administración pública implica favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que estos puedan evaluar el desempeño del gobierno.

Es responsabilidad de nosotros los legisladores, como servidores públicos, generar un escenario de transparencia que permita identificar las actividades o relaciones que interfieran con el ejercicio de nuestras funciones o en la toma de decisiones; y sobre todo, posibilitar el acceso de la ciudadanía al conocimiento pleno de quiénes son nuestros colaboradores y asesores parlamentarios.

La responsabilidad política es evaluada y juzgada con mayor medida por los ciudadanos cuando, asumen el papel de electores en un sistema democrático, valorando el uso que los gobernantes han hecho del poder a su cargo, aplicando todo tipo de criterio para evaluar su desempeño. Evaluando la responsabilidad política que es fundamental para la vida democrática.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, establece las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Acabar con el nepotismo en el Congreso, contribuirá a la recuperación de la confianza perdida y la credibilidad en la labor que desempeñamos.

Es fundamental que nosotros, los legisladores, pongamos el ejemplo de legalidad y de ética, que contribuya a la responsabilidad y a la confianza de nuestro trabajo; de esta forma prescindir de la contratación de familiares, abonará al correcto ejercicio de nuestras actividades y a la recuperación de la confianza social.

Aun cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya establece y prohíbe incluir como colaboradores a familiares, tenemos el compromiso de reforzar la confianza que los mexicanos han perdido hacia el Poder Legislativo; ya que se ha visto envuelto en varios escándalos, respecto a que diferentes figuras políticas llevan años pagando con dinero público la “asesoría” de hijos, esposas, y demás parientes cercanos.

Con ello se intenta poner fin a corruptelas económicas instaladas en la vida pública nacional.

Desterrar el nepotismo es compromiso de todos, y nosotros debemos poner el ejemplo; logrando con ello, recuperar en gran medida y con mayor fuerza la confianza de los mexicanos, propiciando una mayor participación de la ciudadanía que se interesa en mejorar la calidad de su gobierno, disminuyendo la corrupción que lacera y agravia al país.

Como ejemplo de superación del nepotismo tenemos La “Ley de Confianza en la vida pública” aprobada recientemente por La Asamblea Nacional Francesa y la Cámara de Diputados; disposiciones que prohíben a los ministros y parlamentarios, contratar a familiares como asistentes. Esta medida forma parte de la denominada “Ley de la moralización de la vida pública” y “por la confianza en la vida pública” promovida por el nuevo gobierno del presidente Emmanuel Macron.

De esta forma, en Francia, funcionarios, ministros, diputados y otros cargos de representación popular no tendrán la opción de contar específicamente con los servicios de cónyuges, padres o hijos. Aquellos miembros del aparato administrativo francés que cometan este nuevo delito, arriesgarán una pena de tres años de prisión y una multa de 45 mil euros. En algunos casos, incluso, podría implicar la devolución de los dineros pagados a ese familiar.

Como se puede constatar, la moralización de la vida pública pasa por el Congreso, pongamos el ejemplo. Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y la última Fracción se recorre para quedar de la siguiente manera:

Artículo 8.

1. …

I. a XX. …

XXI. Prescindir de la contratación de familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad y segundo grado por afinidad.

XXII. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Lillian Zepahua García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 8, EL TITULADO DEL CAPÍTULO IX, Y EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

VER DOCUEMNTO






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por la Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del grupo parlamentario del PRI)

Quien suscribe, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Diputada integrante de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por la ubicación geográfica del país y sus condiciones geológicas, se encuentra expuesto a fenómenos naturales, como: los sismos, ciclones tropicales, inundaciones, lluvias intensas, deslizamiento de laderas, erupciones volcánicas, heladas, sequías, etc. Estos fenómenos seguirán ocurriendo debido a la naturaleza dinámica de nuestro planeta y más aún, los efectos ya visibles del cambio climático, están provocando un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Por otro lado, el crecimiento del país, en muchas ocasiones sin una planeación adecuada, el incremento de la población, su concentración en grandes urbes, la degradación ambiental, la ocurrencia de fenómenos destructivos de origen químico-tecnológico, sanitario ecológicos y socio-organizativos, así como las condiciones de vulnerabilidad que imperan a lo largo del territorio nacional, han derivado en un mayor riesgo de desastres, mismo que se manifiesta a través de una tendencia a incrementar año con año su impacto económico.

De hecho, de acuerdo con la evaluación del impacto económico realizada por el CENAPRED, entre el 2000 y el 2015, el monto de daños y pérdidas a consecuencia de la ocurrencia de desastres suma más de 30 mil millones de dólares1. Montos que podrían ser destinados a programas sociales que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la población.

Resulta aún más lamentable la pérdida de vidas humanas que los desastres han provocado en el pasado reciente. De acuerdo con el CENAPRED, de 1980 a 1999 el promedio anual de muertes fue de 506 y del 2000 al 2015 fueron 176 defunciones por año.  Lo anterior significa que en los últimos 36 años cerca de 12,000 personas han perdido la vida por la presencia de los fenómenos perturbadores.

Por otro lado, los desastres tienen también implicaciones en el bienestar y desarrollo de la población.  Tan solo en 2013, 3.1 millones de habitantes, 61,635 viviendas, 2,360 escuelas y más de 980 mil hectáreas de diferentes cultivos resultaron afectados por algún desastre.

En 2014, la población afectada sumó 1.4 millones de personas, además se registraron daños en 39 mil viviendas, 1.263 escuelas, 26 hospitales o centros de salud y más de 178 mil hectáreas de diferentes cultivos. Para 2015 el impacto de desastres en la infraestructura y en la población también fue significativo, a que 2.8 millones de personas fueron afectadas, 14,257 viviendas registraron daños 769 escuelas, 86 hospitales o centros de salud 42 mil hectáreas de diversos cultivos.

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de protección civil incorporando una visión de gestión integral de los riesgos a través de mecanismos y esquemas innovadores para hacer frente a las amenazas a las que está expuesta nuestra nación, a reducir los riesgos que históricamente se han ido construyendo y mitigar el impacto de los desastres, anteponiendo como premisas que lo más valioso es la seguridad y la vida de las personas.

Justamente, los Sistemas de Alerta Temprana han demostrado su efectividad, a nivel mundial y en nuestro país, al reducir el número de muertes ante la presencia de algún fenómeno perturbador. Su principal objetivo es proteger la vida de las personas, sus bienes, la infraestructura y el medio ambiente, por lo que deben ser considerados como un elemento de vital importancia en las estrategias de prevención y reducción de riesgos.2Una alerta clara, recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y cómo reaccionar en cada caso puede significar para las personas y sus comunidades la diferencia entre la vida y la muerte.”

La importancia de un Sistema de Alerta Temprana radica en que permite a la población expuesta conocer anticipadamente en muchos casos y con cierto nivel de certeza, en qué tiempo y espacio, un fenómeno perturbador, ya sea natural o antropogénico puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas. Con ello pueden ponerse en práctica acciones y protocolos de respuesta orientadas a salvaguardar la integridad de las personas y tomar las medidas para reducir el impacto de la infraestructura y el medio ambiente. Para algunos fenómenos en los que la alerta brinda más tiempo (ciclones tropicales, lluvias intensas, erupciones volcánicas, etc.), incluso es posible que la población las propias autoridades lleven a cabo acciones orientadas a salvaguardar sus bienes, la infraestructura pública, reduciendo así el impacto económico por la ocurrencia del fenómeno.

Esta importancia ha sido señalada en diversos foros internacionales, como quedó de manifiesto en el año 2005 durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en la cual los gobiernos participantes, entre ellos México, se comprometieron a tomar medidas para reducir el riesgo de desastres y adoptaron el Marco de Acción de Hyogo como una guía para reducir las vulnerabilidades frente a los fenómenos perturbadores.  Entre las prioridades de acción de este marco se estableció la necesidad de “mejorar los Sistemas de Alerta Temprana.”3

En congruencia con lo anterior, el presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó en mayo de 2013: “Crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, que nos permita contar con información, en tiempo real, para aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro4

Por otro lado, tanto el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, así como la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Visión 10-20-40) incluyen entre sus estrategias, prioridades y líneas de acción para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población ante los efectos de cambio climático, el fortalecimiento de sistemas de comunicación y de sistemas de alerta temprana. Estable como una de sus metas “incrementar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para dar aviso oportuno a la población” ante eventos hidrometeorológicos extremos.

En este mismo sentido, el Gobierno de la República comunicó a las Naciones Unidas sus compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2013 y estableció en este informe como una de sus metas “establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo en todos los órdenes de gobierno”

En fechas recientes, específicamente en marzo del año pasado, durante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, los países participantes adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Nuevamente, esta guía señala como una de sus metas “Aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples.5

En el año 2013 un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México señala como uno de los retos de México, la reducción de riesgos, que implica entre otros temas, una combinación de medidas estructurales y no estructurales, pasando por la educación sobre riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana. En el mismo estudio señala como una recomendación el extender los Sistemas de Alerta Temprana.6

Actualmente se tienen importantes avances en México en materia de Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana. Existen dependencias e instituciones académicas encargadas del monitoreo, seguimiento o la emisión de alertas sobre diferentes peligros. Así, por ejemplo:

• La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se encarga de la elaboración de avisos sobre las condiciones meteorológicas, y el pronóstico del tiempo.

• El Centro Nacional de Prevención de Desastres alerta sobre las condiciones de actividad del volcán Popocatépetl.

• En el 2012 se creó el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT) y el Centro de Alerta de Tsunamis dependiente de la Secretaría de Marina, con el objetivo primordial de avisar sobre la presencia o no de un tsunami después de la ocurrencia de un sismo en las costas del Pacífico Mexicano o algún sismo lejano que pudiera generar un tsunami con impacto en nuestras costas.

• El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano financiado principalmente por el Gobierno de la Ciudad de México y operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES) alerta sobre la ocurrencia de sismos en las zonas donde cuenta con cobertura. Primer sistema a nivel mundial en hacer públicas las alertas de sismos.

• Adicionalmente, existen otras dependencias nacionales, estatales y del orden local que monitorean diferentes fenómenos como incendios forestales, marea roja, condiciones hidrológicas de ríos, índices de contaminación, radiación ultravioleta, alertas Amber, alertas plata, emergencias químicas, emergencias asociadas a fenómenos socio-organizativos, etc.

Sin embargo, el común denominador de estos sistemas es que no se cuenta con un mecanismo de difusión masivo a través de múltiples canales de comunicación para hacer llegar la información a toda la población en riesgo. Particularmente a las comunidades que se encuentra ubicada en zonas remotas y de alto riesgo, como quedó lamentablemente evidenciado en las muertes provocadas por el ciclón tropical “Earl” en agosto de 2016.

Actualmente, la difusión de las alertas se apoya en el mejor de los casos en medios de comunicación como radio, televisión, redes sociales, internet, sin ninguna legislación al respecto.

Para el caso de la Alerta Sísmica, el CIRES desde más de 20 años, instaló y opera un sistema pionero que avisa públicamente el inicio de un sismo en las regiones donde tiene cobertura, y alerta a poblaciones alejadas que en cuestión de segundos arribarán las ondas sísmicas con potencial destructivo para que la población y autoridades implementen medidas de seguridad y se activen los protocolos de respuesta.

Para realizar la difusión de las alertas sísmicas, además de solo algunas televisoras y radiodifusoras, se han instalado transmisores de radio en el Valle de México y las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Puebla y Morelia, lo que equivale a un potencial de 25 millones de personas que pueden recibir la alerta sísmica.

Parte de la problemática identificada:

• No existe un modelo o sistema que integre en una misma plataforma, los avisos, boletines o alertas que generan las diversas instituciones o dependencias de los fenómenos perturbadores.

• Se requiere de una infraestructura sólida, eficiente y redundante para hacer llegar a toda la población expuesta, así como a las autoridades, las alertas y avisos oportunos para tomar las medidas necesarias ante la presencia del impacto de un fenómeno o una situación de emergencia y salvaguardar con ello la vida, proteger la infraestructura y el medio ambiente.

• Hacen falta medios alternos y un sistema unificado, estandarizado y regionalizado que permita emitir alertas a nivel nacional, estatal, regional o nivel local, a través de múltiples canales de comunicación, basado en estándares y protocolos internacionales. Actualmente no se utilizan los diferentes canales y medios de comunicación para la difusión de alertas (radio, televisión, satélite, telefonía fija y móvil, internet, transmisores VHF, redes sociales, radiocomunicaciones, televisión digital, etc.).

• No se cuentan con un protocolo común de alerta para intercambiar información de múltiples fenómenos y transmitirla de manera certera y redundante a la mayor cantidad de personas, incluyendo comunidades rurales que se encuentran en sitios remotos.

• Se identifica también la necesidad de mejorar la coordinación entre los generadores de la información, quienes validan el nivel de la emergencia, los medios de comunicación públicos y privados y los concesionarios de las telecomunicaciones

Como se ha descrito hasta ahora, tanto a nivel internacional como al interior del país se reconoce como una necesidad de contar con sistemas de alerta temprana centrados en la gente, garantizando que los mensajes lleguen a la población. Se tienen avances importantes, sin embargo, aún quedan retos que superar para dar sustento y garantizar la operación y sostenibilidad de los sistemas.

Como puede apreciarse con lo anteriormente descrito, la tendencia internacional es establecer sistemas de alerta temprana como parte de las acciones para reducir riesgos y mitigar el impacto de los desastres, por ello es vital definir e incorporarlos como un elemento de vital importancia dentro de la gestión integral de riesgos.

Los desarrollos tecnológicos y los avances en las telecomunicaciones facilitan la difusión de las alertas, así como comunicar e informar a la ciudadanía en casos de emergencia por la presencia de múltiples amenazas. Países como Estados Unidos han desarrollado un sistema de alerta nacional que utiliza cualquier tipo de telecomunicaciones y radiodifusión, para informar a la población sobre situaciones de riesgo.

Se requiere un marco legal sólido, así como mejorar aspectos técnicos, sociales y operativos de los sistemas de alerta en todos los niveles, desde lo comunitario hasta lo nacional.

Adicional a los aspectos tecnológicos, la efectividad de los sistemas de alerta depende también de la capacidad de las autoridades para comunicarse entre sí y con la población, para que cada parte comprenda y actúe oportuna y eficazmente. La participación social es determinante para evitar la pérdida de vidas y reducir los daños sociales y económicos considerando también para ello la equidad de género e identificación de grupos en situación de vulnerabilidad para crear sociedades más fuertes, con mayor capacidad de respuesta en casos de emergencia y desastre.

Durante la Tercer Conferencia Internacional sobre Sistemas de Alerta Temprana celebrada del 27 al 29 de marzo en Bonn, Alemania, organizada por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU, se definió que los Sistemas de Alerta comprenden cuatro elementos esenciales: el conocimiento de los riesgos, los sistemas de monitoreo, los mecanismos de comunicación y la capacidad de respuesta7. Esto mismo fue ratificado durante la pasada Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en Cancún, México en mayo de 2017 en la Conferencia de Sistema de Alerta Multi-Amenazas8.

Por ello, la presente iniciativa tiene el objetivo de incorporar en la Ley General de Protección Civil la definición de lo que es un sistema de alerta temprana, incorporar a estos sistemas como una de las acciones prioritarias en materia de Protección Civil y la Gestión Integral de los Riesgos. Dentro de la propuesta se definen los elementos que componen los sistemas de alerta y las características mínimas que deben contemplar para ser sistemas efectivos y cumplir su objetivo de salvar vidas, así como precisar conceptos relativos a los sistemas de monitoreo y de alerta.

Es necesario contar con un marco legal que mandate, dé certeza y respalde el desarrollo y la sostenibilidad de los Sistemas de Alerta como un componente esencial en las políticas de Protección Civil que deben observar los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en todos sus niveles y de manera transversal.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable Soberanía la presente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

PRIMERO. Se adicionan una fracción LXII al artículo 2, una fracción VIII al artículo 4, una fracción VIII al artículo 10, una adición al texto del artículo 16, una fracción IX del artículo 19, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a LXI. …

LXII. Sistema de alerta temprana: El conjunto de elementos que proveen, a la población y autoridades, información de manera oportuna y eficaz, sobre la presencia y el desarrollo de un fenómeno perturbador potencialmente peligroso, que permita a las personas e instituciones expuestas tomar acciones anticipadas para evitar o reducir riesgos, prepararse para una respuesta efectiva y con ello proteger su integridad física, mitigar los daños en su patrimonio, proteger el medio ambiente y reducir afectaciones en los servicios estratégicos.

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. a VII. ...

VIII. El desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana

Artículo 10. La Gestión Integral del Riesgo considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:

I. a VII.

VIII. El desarrollo y operación de Sistemas de Alerta Temprana.

Artículo 16. …

Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas de monitoreo y sistemas de alerta temprana sobre los fenómenos perturbadores.

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. a VIII.

IX. Instrumentar y, en su caso, operar sistemas de monitoreo y sistemas de alerta temprana, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas; un sistema de alerta temprana, es el mecanismo que genera una respuesta organizada del Sistema Nacional de Protección Civil y participación social, con el fin de contribuir a evitar la pérdida de vidas y disminuir el impacto negativo que emergencia o desastre puede ocasionar en comunidades expuestas y vulnerables antes de su ocurrencia.

Artículo 25. Las autoridades correspondientes de los órdenes de gobierno, en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, modernizar y operar los sistemas de monitoreo y sistemas de alerta temprana de los distintos fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos, encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y puedan provocar daños a la población.

Capítulo XIX

Del Monitoreo y Sistemas de Alerta Temprana

Artículo 95. Las autoridades de los órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos, instituciones académicas y de investigación científica y tecnológica, impulsarán el desarrollo de sistemas de monitoreo y de alerta temprana en coordinación con las autoridades de Protección Civil.

Artículo 96. Para el desarrollo e implementación de los Sistemas de Alerta se considerarán los siguientes elementos: a) conocimiento del riesgo que se va a alertar; b) equipos para la detección, el monitoreo, seguimiento y en su caso, pronósticos de la ocurrencia e intensidad de los fenómenos perturbadores; c) mecanismos de difusión y comunicación de las alertas a la población en riesgo; y d) la capacitación y preparación de autoridades y población en la respuesta esperada ante las alertas.

Los Sistemas de Alerta Temprana deberán sustentarse en estándares y un protocolo común de alertamiento para múltiples fenómenos perturbadores y deberán difundirse de manera local, estatal, regional o nacional, según corresponda de acuerdo con el área de probable impacto del fenómeno perturbador, a través de múltiples medios y canales de comunicación redundantes para alertar a la población en riesgo.

Asimismo, deberán incorporar criterios de perspectiva de género, de inclusión y participación de las personas en situación de vulnerabilidad y la presencia de turistas en Zonas de Riesgo.

Las características del desarrollo, implementación, coordinación y operación de los Sistemas de Alerta Temprana se precisarán en el Reglamento, en los términos de esta Ley, lineamientos internacionales y demás disposiciones administrativas en la materia.

Artículo 97. Los particulares y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en los sistemas de alerta temprana, previo acuerdo y bajo la coordinación de las autoridades responsables, en los procesos de preparación, difusión y respuesta, en términos de lo dispuesto por el Reglamento y Normas Oficiales en la materia.

Artículo 98. Las autoridades de los órdenes de Gobierno promoverán que los inmuebles públicos accedan a las alertas tempranas oficiales y sean considerados en los programas internos de protección civil.

Artículo 99. Los medios de comunicación masiva, los concesionarios de las telecomunicaciones y radiodifusión, los proveedores de servicios, participarán en la difusión gratuita de las alertas, basados en un protocolo común de alerta en los términos que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Coordinación Nacional de Protección Civil, contará con un plazo de seis meses contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para establecer los lineamientos específicos en el Reglamento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Noemí Zoila Guzmán Lagunes.

1 SERIES ESPECIALES /IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS DESASTRES EN MÉXICO
http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/buscar_buscaSubcategoria?categoria=
SERIES+ESPECIALES+%2F&subcategoria=IMPACTO+SOCIOECON%26Oacute
%3BMICO+DE+LOS+DESASTRES+EN+M%26Eacute%3BXICO&palabraClave=de+los+Desastres+en

2 UN, Global Survey of Early Warning Systems. Report of the Secretary-General
http://www.unisdr.org/2006/ppew/info-resources/docs/SGreport62-340.pdf

3 Marco de Acción de Hyogo http://www.eird.org/herramientas/esp/socios/eird/MAH.pdf

4 Instalación y Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil 28 de mayo 2013.
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/instalacion-y-sesion-ordinaria-del-consejo-
nacional-de-proteccion-civil

5 Marco de Sendai https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

6 Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-el-sistema-
nacional-de-proteccion-civil-en-mexico_9789264200210-es

7 Tercer Conferencia Internacional sobre Alertas Tempranas
http://www.unisdr.org/2006/ppew/info-resources/ewc3_website/

8 Conferencia de Sistema de Alerta Multi-Amenazas http://www.wmo.int/earlywarnings2017/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Presentada por la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México, como el resto del mundo, ha sido parte de la evolución de la humanidad a través de sus instrumentos e invenciones en distintas materias, desde las ciencias hasta la tecnología, desde las matemáticas hasta la medicina, en todos los rubros, la humanidad se ha desarrollado dependiendo de sus necesidades y gustos, siguiendo esta temática, el Deporte no es la excepción, no tendría porqué; antes de los hermanos Wright no se concebía que una persona volara, ahora, muchos años después, vemos personas caer del cielo sin necesidad de ir sobre monstruos de acero a través del paracaidismo; antes se buceaba tanto como el pulmón aguantara, después nos sumergimos a través de trajes a la medida usando cascos gigantes conectados a una manguera, hoy por hoy, podemos descender varios metros de profundidad con tan solo un tanque de oxígeno amarrado a la espalda; como es fácil ver, los deportes, las invenciones, los instrumentos y el hombre, han ido evolucionando de la mano, apoyándose y logrando así crecentar las capacidades de las personas, sorprendiéndose cada vez más la humanidad, de lo que es capaz de hacer, sin embargo, en México, se ha olvidado un instrumento que debería ir también de la mano con innovaciones como el buceo y el paracaidismo; las Leyes.

En doctrina se habla de una tridimensionalidad del derecho, es decir, los hechos sociales, la axiología y las normas jurídicas van de la mano, no se puede dar una sin que conlleve a la otra; siguiendo la idea, en México ya existen y se llevan a cabo Deportes Extremos (hecho social) en los cuales podríamos encuadrar a los casos ya mencionados de paracaidismo y buceo, así como, montañismo, motocross, kayak y otros más; dichas actividades son bien vistas por la sociedad (axiología), saben que realizar alguno de estos Deportes podría significar una experiencia totalmente nueva que sirva como distracción de las responsabilidades diarias, como un relajante perfecto y como una vía para enfocarse en realizar actividades de recreación personal en vez de desorientarse hacía caminos que a México le podrían afectar; en cuanto a lo que a normas jurídicas se refiere, actualmente nuestra normatividad define al Deporte como una actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones.

Como podemos observar, las nuevas generaciones de Deportes, como las ya mencionadas, van mucho más allá de la simple y llana de la definición actual, la cual si bien podría encuadrar perfectamente para un deporte como el Golf, se quedaría muy corta en cuanto a regulaciones se refiere si hablamos de un Deporte Extremo como el Automovilismo.

En resumen, la práctica de Deportes Extremos ha sido bien acogida por los mexicanos y las mexicanas. Lamentablemente, hoy por hoy, no hay las regulaciones necesarias que le permitan a México salvaguardar correctamente la vida de las personas que realicen estas prácticas.

¿QUÉ HACER? ¿CÓMO ENCUADRAR EL DERECHO A ESTA REALIDAD SOCIAL?

Lo que hoy propongo, con la finalidad de evitar problemas futuros, es precisamente darle definición a los Deportes Extremos dentro de la ley, así como, empezar su regulación a través de mecanismos que le garanticen a todo mexicano o mexicana, que desee realizar una de estas actividades, que la hará con la total seguridad posible, siendo así, una actividad que conlleve a ser una recreación personal y no termine siendo una desgracia para las familias mexicanas; aun cuando, ya hay esfuerzos nobles sobre el tema en legislaciones locales, como el caso del Estado de Morelos, debemos brindar la confianza alrededor del asunto dentro del ámbito federal, para así, uniformar el sistema jurídico mexicano en pro de la correcta realización de dichas actividades.

Por último, también consideré la tarea penal, no existiría mejor aseguramiento de que la Ley se cumpla que la de apuntalar su sanción, propongo pena de prisión de dos a cinco años, para personas que presten un servicio sin cumplir con los lineamientos establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; y el pago total de daños y perjuicios a cualquier persona afectada.

Es responsabilidad de todas las diputadas y diputados el velar por los intereses de la sociedad mexicana, el interés que hoy pretendo proteger con esta iniciativa, es el más importante de todos, el de la vida.

Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente proyecto de Decreto:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la Fracción IX al Artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 5.

IX.- Deporte Extremo: Actividad deportiva, que por sus circunstancias o situaciones particulares impliquen un mayor peligro para la integridad física de la persona que lo práctica, la cual puede realizarse en espacios naturales ya sea en aire, tierra o agua según su modalidad o en espacios cerrados y acondicionados especialmente para tal efecto; y que por su naturaleza, requiera de protecciones y equipos especializados para desarrollarse, con la mayor seguridad posible.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el Artículo 156 a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 156.- A las personas que incumplan con los lineamientos establecidos por la presente Ley y su reglamento, acerca de la prestación de servicios que conlleven la instrucción o realización de algún Deporte Extremo; se le impondrán de dos a cinco años de prisión, y el pago total de daños y perjuicios a cualquier persona afectada.

ARTÍCULO TERCERO.-  Se crea el Capítulo VIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Capítulo VIII
DE LOS DEPORTES EXTREMOS

Artículo 157.- Es obligación de quienes presten un servicio que conlleve la instrucción o realización de algún Deporte Extremo, contar con los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad lo más segura posible.

El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos para realizar cada actividad considerada como Deporte Extremo.

Se establecerán los requisitos atendiendo a la naturaleza del Deporte Extremo que reconozca esta Ley o su Reglamento.

Cualquier persona que pretenda brindar un servicio que conlleve la instrucción o realización de algún Deporte Extremo, deberá cumplir con todos los lineamientos establecidos por la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 158.- Para efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considerarán como Deportes Extremos los siguientes:

I.- Buceo;

II.- Espeleología;

III.- Paracaidismo;

IV.- Montañismo, Alpinismo, Rapel;

V. Recorridos rápidos o kayak;

VI. Vuelo en parapente;

VII. Motocross, motociclismo acrobático, ciclismo de montaña;

VIII. Automovilismo;

IV. Vuelo Ultraliviano;

X. Paintball;

XI. Skate;

XII. Bungee Jumping;

XIII. Esquí;

IX. Windsurf; y

XX. Los demás que se establezcan en el reglamento o representen peligro directo e inmediato a la integridad física de las personas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal tendrá hasta 90 días para adecuar el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de agosto de 2017.

Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 423 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 88 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6º, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 423 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 88 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, en materia de desconexión laboral, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La posibilidad de que gozan las y los trabajadores al descanso constituye una cuestión de explorado derecho sobre la que pareciera que ya no hay mucho qué decir, pues el estudio y la reglamentación de tal prerrogativa han sido de sobra legislados desde mucho antes de la expedición de la Constitución de 1917, la cual establece en su artículo 123, apartados A, fracción IV y B fracción II, que por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario o el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.

Pese a que actualmente las vacaciones constituyen una prerrogativa de naturaleza contractual pactada de común acuerdo entre los patrones y los trabajadores, dicha institución tiene en el mundo occidental sus orígenes en dogmas religiosos, concretamente en la Biblia, la cual establece en el ‘Génesis’ la creencia de que Dios descansó al séptimo día de la creación, una vez que hubo concluido ésta, así como en los Evangelios, en los que se asienta que Jesús de Nazareth resucitó tres días después de haber sido ejecutado.

La fuerza con la que se asentó la institución del descanso semanal fue tal, que, durante la Edad Media y la Reforma religiosa, las autoridades civiles y eclesiásticas recorrían las poblaciones para verificar que nadie se quedara en casa trabajando y, en vez de ello, acudiera a la iglesia, so pena de recibir fuertes reprimendas que iban desde la vergüenza pública hasta la aplicación de castigos físicos. Incluso, dicho beneficio fue extendido a favor de los esclavos de las plantaciones y minas en América, pues los conquistadores europeos pensaban que el descanso semanal era necesario para dedicarlo a la evangelización. Muestra de lo anterior lo constituyen el llamado Código Negro expedido por Luis XIV y los reglamentos de esclavos aplicados por las autoridades españolas en sus colonias de ultramar.

Con la llegada de la Revolución Industrial, el descanso fue concebido a partir de dos hechos fundamentales: el alejamiento de los trabajadores de sus hogares y la alienación. En efecto, con la aparición de las fábricas y talleres mecanizados, las personas pasaron de ser propietarias de sus propios talleres que estaban ubicados en sus domicilios a asalariados cuyo centro de trabajo se encontraba localizado en un sitio diferente al de su hogar, lo que trajo consigo la necesidad de crear espacios de tiempo suficientes para recuperar la convivencia familiar perdida tras la separación de los trabajadores de sus casas.

Por cuanto hace a la alienación, la teoría marxista considera que los trabajadores no se desempeñan para sí mismos, sino para un capitalista que, a cambio del pago de un salario, les utiliza como fuerza de trabajo, despojándolos así de su condición humana, siendo reducidos a una especie de bestias de carga cuya conciencia se adormece sobre todo tras la realización de labores repetitivas derivadas de la operación cotidiana de máquinas.

Ambos fenómenos, aunados a la existencia de jornadas de trabajo inhumanas y a la explotación inhumana de los obreros trajeron como consecuencia fuertes movilizaciones en busca de mejores condiciones laborales, las cuales condujeron al establecimiento de periodos de descanso con goce de sueldo, pero ahora utilizados para disfrutar del ocio y no para el cumplimiento de deberes religiosos. Con el advenimiento del Estado benefactor, el disfrute del descanso y las vacaciones vino acompañado de la creación de instituciones especializadas, siendo ejemplo de ello en nuestro país el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (TURISSSTE). El primero de ellos opera de forma directa o subroga diversos centros vacacionales como La Trinidad, Malintzin, Oaxtepec y Metepec; mientras que el segundo, se especializa en el otorgamiento de asesoría y créditos, al igual que en la venta de servicios tales como transporte, hospedaje o paquetes turísticos.

Hasta aquí no hay algo nuevo bajo el sol. Empero, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que constituyen el conjunto de dispositivos y de los conocimientos que permiten el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos y que favorecen que las personas desarrollen comunicaciones, ha venido a modificar de forma determinante nuestro modo de vida. Para nadie es extraña la visión de gente caminando por las calles mientras observa su teléfono celular; comensales que en los restaurantes combinan la ingesta de alimentos con la consulta al dispositivo móvil; familias que, pese a estar reunidas alrededor de una mesa, no mantienen contacto entre ellas, pues se encuentran absortas en las pantallas de sus teléfonos inteligentes o también llamados smartphones. Cierto es que este fenómeno obedece a múltiples factores que inciden negativamente en la comunicación humana, siendo de señalarse que uno de ellos lo es la conexión permanente que se establece entre los trabajadores y sus patrones, gracias a la existencia de programas informáticos y aplicaciones tecnológicas que permiten la comunicación a distancia y en tiempo real, como, por ejemplo los correos electrónicos y los llamados chats, que replican estos últimos la experiencia de los mensajes de texto o SMS pero a través de conexión de internet.

De esta forma, la posibilidad de establecer contacto ha derivado en una pérdida de la libertad personal que se supone debía existir más allá del cumplimiento de un horario, lo que significa en nuestra consideración se prolonguen las jornadas laborales, pues ahora la gente, sobre todo en el gobierno y en el sector de los servicios, se encuentra sujeta prácticamente a disposición de su empleador de forma permanente y sin posibilidad de negarse a contestar requerimientos de toda índole, no importando día ni hora de la semana, pues la tecnología le permite llevar a la oficina a todas partes.

Si bien real y cotidiano, el problema aquí descrito debe dejar de ser visto con naturalidad, pues se trata de una suerte de extensión de la jornada laboral que se traduce muchas veces en el aumento de los niveles de estrés del trabajador y, por ende, en un problema de salud que no debe dejar de observarse en esta dimensión y con todas sus letras.

En efecto, si bien es cierto que las tecnologías de la información y de la comunicación han venido a mejorar sustantivamente las condiciones laborales, a aumentar la productividad de las empresas y a mantener una eficiente comunicación entre trabajador y empleador, como entre los diversos factores de la producción, una gestión equivocada de estas tecnologías fuera de las horas de trabajo o de los días de descanso obligatorio pueden acarrear un impacto serio en la salud de los trabajadores, lo que no es bueno para el trabajador desde luego pero tampoco para la empresa o sector público. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, un ambiente sano de trabajo y trabajadores sanos permiten instituciones públicas y empresas sanas.

Por el contrario, una alienación que trastoca las relaciones humanas, como el mantener una conexión interminable entre el trabajador y el patrón a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, no se traduce de ninguna manera en una mayor productividad.

De ahí que lo que lo que estemos proponiendo es que en las relaciones laborales entre trabajador y empleador, entre servidor público y gobierno, haya un uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación, como correos electrónicos, mensajería instantánea y llamadas por teléfono, que busque, por un lado, el entendimiento entre las partes para un mejor desempeño del trabajador durante sus horas laborales y, en segundo término, abonar a la conciliación real de la vida laboral y familiar de los trabajadores de México.

No se trata de prohibir que en las relaciones laborales haya comunicación a través de estos medios digitales y electrónicos, pues muchas veces una llamada telefónica o una solicitud se encuentra justificada, sino permitir un entendimiento y acuerdo para establecer en los reglamentos interiores de trabajo, para el caso del sector privado, y en las condiciones generales de trabajo, para el caso del de las instituciones del sector público, los términos y condiciones a través de los cuales habrá de hacerse uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las relaciones laborales, que permitan protocolos o reglas que privilegien la productividad, el derecho efectivo del trabajador a sus días de descanso obligatorios, la corresponsabilidad y, desde luego, el uso razonable y efectivo de estas herramientas.

Consideramos que debe ser en los reglamentos interiores de trabajo y en las condiciones generales de trabajo donde se establezcan de común acuerdo entre las partes las disposiciones tendentes a regular el uso racional de las tecnologías de la información y la comunicación, al ser estos instrumentos indispensables para el buen desarrollo de las actividades que se realizan en toda empresa, establecimiento o institución pública, pues su implementación contiene de forma expresa y detallada las disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones, así como los derechos que se imponen recíprocamente.

No obsta a quien suscribe el hecho de que precisamente en los reglamentos internos de trabajo y en las condiciones generales de trabajo se establecen las horas de entrada y salida de los trabajadores, los tiempos destinados para las comidas y periodos de reposo o descanso durante las horas de trabajo, el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, los permisos y licencias, con lo que se entendería o supondría que el derecho a la desconexión se tiene implícitamente, pues lo que se busca es precisamente que este derecho quede de forma explícita en los reglamentos interiores de trabajo, acuerdo al que se debe llegar a través de la negociación colectiva y adaptarlo a las diferentes particularidades de cada sector productivo, empresa o institución pública.

Es por ello que proponemos reformar y adicionar una fracción XI al artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, recorriendo la actual fracción XI para pasar a ser la fracción XII, así como una fracción VI al artículo 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, recorriendo la actual fracción VI para pasar a ser la fracción VII, para que establezcan que el reglamento y las condiciones generales de trabajo contendrán y establecerán, respectivamente, las disposiciones tendentes a regular el uso racional de las tecnologías de la comunicación para garantizar el respeto del tiempo de descanso fuera de los horarios de trabajo y de las vacaciones.

Establecer en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el llamado derecho a la desconexión, que no es otra cosa que la reiteración de la obligación que tienen los patrones y el Estado de respetar los tiempos de descanso de los trabajadores, esto a partir de un uso racional de las tecnologías de la comunicación pactado entre ambas partes en los reglamentos y las condiciones generales de trabajo, según sea el caso.

La inclusión de esta institución no es nueva, sino que ha sido reconocida recientemente en Francia, país que ha modificado su Código del Trabajo a partir del reconocimiento de que es necesario preservar las jornadas de trabajo y los términos en que son celebradas las condiciones que rigen las relaciones obrero–patronales.

La adición propuesta significaría la actualización en la práctica de diversos instrumentos avalados por el Estado Mexicano, los cuales tienen como objetivo respetar la jornada laboral y reconocer el derecho al descanso, a saber:1

• Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1). Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30). Estos dos Convenios establecen la norma general de 48 horas regulares de trabajo a la semana, con un máximo de 8 horas al día.

• Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47). Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116). Estos instrumentos establecen el principio de la semana de 40 horas de trabajo.

• Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14). Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106). Establecen la norma general de que los trabajadores deben disfrutar de un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada 7 días.

• Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132). Toda persona a la que se aplique el Convenio debe disfrutar de al menos tres semanas laborables de vacaciones anuales pagadas por cada año de servicio.

• Convenio sobre trabajo nocturno, 1990 (núm.171). Estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán tomar medidas para la protección de trabajadores nocturnos conforme con la naturaleza del trabajo nocturno. El trabajo nocturno está definido como todo trabajo que se realice durante un período de por lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo comprendido entre medianoche y las cinco de la mañana. También contempla alternativas al trabajo forzoso que han de ofrecerse a las mujeres para períodos específicos durante y después del embarazo.

• Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175). Estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán garantizar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección, el mismo salario básico, la misma seguridad social, así como unas condiciones de empleo equivalentes a las que han sido acordadas a los trabajadores a tiempo completo comparables.

Cierto es que en otra iniciativa anterior propusimos el impulso del llamado teletrabajo, es decir, de aquél que es realizado en casa y a distancia gracias al uso de las TIC, pero la formulación de la presente iniciativa que se somete a la consideración de los diputados no implica una contradicción con aquélla, pues en ambos casos partimos de la necesidad de racionalizar la utilización de la tecnología para no volvernos esclavos de ella.2
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

 

Artículo 423. El reglamento contendrá:
I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y períodos de reposo durante la jornada;

II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo;

IV. Días y lugares de pago;

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción V;

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios;

VII.- Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades;

IX. Permisos y licencias;

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción; y

XI. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo.

Artículo 423. El reglamento contendrá:
I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y períodos de reposo durante la jornada;

II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo;

IV. Días y lugares de pago;

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción V;

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios;

VII.- Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades;

IX. Permisos y licencias;

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción;

XI. Disposiciones tendentes a regular el derecho del trabajador a la desconexión de las tecnologías de información y comunicación, para garantizar el respeto del tiempo de descanso fuera de la jornada de trabajo y en el periodo vacacional, y
XII. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGALAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITITUCIONAL.

 

ARTICULO 88.- Las condiciones generales de trabajo