Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 21 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 17



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Agosto de 2017

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

APERTURA

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (11:57 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Señoras legisladoras y señores legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 25 ciudadanos legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.



Se tiene el registro de 37 legisladores que han pasado asistencia personalmente ante la Secretaría.

Señor Presidente, hay quórum.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de agosto de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible, para su consulta, en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE LA DIPUTADA
KARLA KARINA OSUNA CARRANCO

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y nueve minutos del martes ocho de agosto de dos mil diecisiete, con una asistencia de veintinueve legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles dos de agosto de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 36 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre los resultados de la Competencia “Fuerzas Comando 2017”, que se llevó a cabo del 17 al 28 de julio de 2017, en Asunción Paraguay.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la visita de trabajo que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa y su participación en la Cumbre de Líderes del Grupos de los 20, en la República Federal de Alemania, los días 6 a 8 de julio de 2017.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el informe del primer semestre de 2017 de las operaciones a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, oficio suscrito por el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey y Presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, por el que informa que en la primera sesión ordinaria de 2017 de la Asamblea General de dicha Conferencia se aprobó un punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a realizar las reformas necesarias para que delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y acopio de las mismas y de robo de hidrocarburos sean considerados con prisión preventiva oficiosa.- Se remitió a las Comisiones de Justicia de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del Gobierno de la Ciudad de México, oficios con los que remite 14 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Primer Informe Semestral de 2017 de resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Veracruz, proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo XVIII al Título Sexto y adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el informe de su participación en la Misión a Barbados, como Coordinadora de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, efectuado el 21 de julio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ninfa Salinas Sada, el informe de su participación en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 7 al 18 de noviembre de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Ernesto Ruffo Appel, su informe de actividades legislativas correspondiente al Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Claudia Sánchez Juárez, a nombre del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 211 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de   la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 fracción II, 3 fracción VI, 56 y 72 y se adiciona un capítulo V al Título Tercero, recorriéndose el actual capítulo V al VI del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

El Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 65 Ter 2 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

La Diputa Karla Osuna Carranco, a nombre de la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 y se adiciona la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión. En la discusión intervinieron los legisladores: Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, a favor; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM, a favor; Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; y Diputado Yericó Abramo Masso del PRI, a favor. El dictamen con punto de Acuerdo fue aprobado por 29 votos a favor y 1 abstención. En consecuencia, se ratificó al ciudadano Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.-Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión.En la discusión intervinieron los legisladores: Diputado Enrique Salazar Farías del PVEM, a favor; Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor; Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Diputado Jesús Rafael Méndez Salas de NA, a favor; Senador Ernesto Cordero Arroyo del PAN, a favor; y Senador Miguel Barbosa Huerta del PT, a favor. El dictamen con punto de Acuerdo fue aprobado por 29 votos a favor. En consecuencia, se ratificó a la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia. La embajadora rindió su protesta de ley.

(Agenda Política)

El Presidente de la Mesa Directiva, por Acuerdo de los grupos parlamentarios, dio paso a la agenda política para referirse a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Intervinieron los legisladores: Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Benjamín Robles Montoya del PT, en atención a su petición se guardó un minuto de silencio en memoria del caricaturista Eduardo del Río García y del periodista Jaime Avilés Iturbe; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Diputado Yericó Abramo Masso del PRI; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; y Diputada Maricela Contreras Julián del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Isidro Pedraza Chávez, se integraría al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido.

(Dictamen a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se invita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al gobernador del estado de Morelos a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que informen el estado que guardan las investigaciones vinculadas con la obra denominada “paso express” de la carretera México-Cuernavaca.-El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la SenadoraLisbeth Hernández Lecona, se integraría al Diario de los Debates.Sin discusión, el dictamen con punto de Acuerdo, fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió del Diputado Luis Alejandro Guevara Cobos, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 14 al 27 de agosto de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Proposición)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a la proposición del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación operativa y tarifaria en los puertos del estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 69 Bis y 69 Ter a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Daniel Torres Cantú, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 286 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 376 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se adicionan los artículos 168 Ter y 368 Sexies al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción X del artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Arlet Mólgora Glover, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lilian Zepahua García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lilian Zepahua García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación con relación a una presunta infiltración del crimen organizado en la estructura administrativa de la Delegación Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las acciones contra el narcotráfico emprendidas en la frontera con la República de Guatemala, al tiempo que le insta a que no supongan actos de intimidación contra las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano ni la militarización de la frontera sur.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a instrumentar un programa para la orientación de recursos y la conversión de estancias infantiles en desuso en residencias de día para adultos mayores.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que la legislación secundaria en materia de justicia laboral cumpla con los         principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que le dieron origen.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, así como a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar urgentemente la restauración y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando” ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Cultura y de Turismo a fomentar, difundir y promocionar al puerto de la ciudad de Veracruz, en remembranza de la llegada de los primero españoles a Chalchicueyecan, hoy San Juan de Ulúa y la fundación de los 500 años de la Villa Rica de la Vera cruz.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional de Tláhuac de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo ante la Comisión Permanente y explicar los presuntos nexos que se le atribuyen con el Cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades y tráfico de influencias en dicha demarcación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación a los mecanismos para la inspección y verificación de las importaciones de huevo y sus productos y derivados, de Acuerdo con la NOM-159-SSA1-1996.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el feminicidio de la joven Mariana Joselin Baltierra, cometido en el fraccionamiento Las Américas, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a acreditar y documentar las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a reevaluar la implementación de una norma de verificación para las motocicletas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y Auditoría Superior de la Federación a realizar una indagatoria por posible coacción de la empresa Seguritech, S. A. de C.V. por la contratación de sus servicios y una auditoría de los gastos ejercidos en la partida 33701 “Seguridad pública y nacional” y el posible favorecimiento por parte de funcionarios de alto nivel de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Morelos a instrumentar una estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir los altos índices de violencia y delincuencia que se presentan en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de México en el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a realizar las acciones necesarias para la protección del periodista michoacano José Maldonado Salgado; y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes sobre los posibles actos ilícitos realizados al cobijo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud a fortalecer las campañas informativas sobre el uso de anticonceptivos entre los adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir embarazos no deseados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo en materia de acciones para detener y erradicar la violencia feminicida en el Estado de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Ernestina Godoy Ramos, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus constituciones en materia de derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar que la implementación de sus nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente por las instituciones bancarias, con el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sonora a informar sobre el manejo de la deuda pública contratada en la presente administración.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a realizar las acciones necesarias para el saneamiento del Parque Nacional Cañón del Sumidero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario Nacional a impulsar acciones que garanticen la regularización total de aquellos predios ejidales y comunales de la región del altiplano en el estado de San Luis Potosí, que por problemas e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa FANAR.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Coahuila a presentar la contabilidad respectiva al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar las investigaciones para dar con los responsables de los actos violentos en los cuales fueron víctimas los periodistas Lydia Cacho, Pedro Canché y Amir Ibrahim.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar como una alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o tabletas a alumnos y alumnas que, a causa de padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel básico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar respecto al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales y diversos puntos contemplados en su contraloría social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California a rendir un informe sobre el operativo que realizó en contra de las manifestaciones que se realizan en las inmediaciones de la construcción de la Planta Cervecera Constellation Brands en Mexicali.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Sofía del Sagrario de León Maza y María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la atención de migrantes y refugiados extranjeros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas de sensibilización sobre el uso adecuado de los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población y los profesionales de la salud para evitar el aumento de la resistencia a los antibióticos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar las condiciones ambientales de la región afectada por el derrame de ácido clorhídrico en el río Baluarte, en el estado de Durango.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer e intensificar sus estrategias de prevención y combate de la delincuencia, ante el aumento en la comisión de delitos del fuero común, registrado durante el primer semestre del año 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de la Planificación Familiar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reevaluar las condiciones actuales del desastre ambiental ocurrido en los ríos Bacanuchi y Sonora el 6 de agosto de 2014, para determinar las acciones que permitan resarcir los daños vigentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir inmediata e irrevocablemente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, en virtud de su negligencia en diversos asuntos de su competencia y particularmente por la nula implementación de medidas tendientes a disminuir los accidentes ocasionados por camiones de doble remolque.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a garantizar la seguridad de los viajeros en el tramo Jalpa-Compostela.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el avance de la construcción del tren interurbano México-Toluca, así como del impacto que tendrá el cambio de trazo en el costo final y la fecha de entrega.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el cobro de fotomultas a vehículos foráneos que circulan en la ciudad; asimismo, a suspender el cobro indebido realizado a los conductores que han sido objeto de esta sanción y restituir el monto cobrado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la razón por la cual la cifra de homicidios dolosos se ha incrementado desde 2015 y ejerza una política focalizada en los municipios con mayor incidencia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los dichos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles de manera unilateral y sus pretensiones de construir un muro en la frontera.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Desarrollo Social y de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a desarrollar acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger, atender y sancionar de manera integral el maltrato infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a los objetivos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Oaxaca informe la política pública aplicada, los programas que ejercen las dependencias y el destino de los recursos destinados a la equidad de género, y de manera específica, a la prevención y combate del feminicidio en esa entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación un informe sobre la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad pública en el territorio nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía una serie de informes respecto a la red de suministro de gas natural en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez y del Senador Isidro Pedraza Chávez, con punto de Acuerdo en relación a la implementación de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al impulso y apoyo a jóvenes deportistas del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se llama a comparecer al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos para que informen y justifiquen Acuerdos, planes, proyectos y contratos de importación de petróleo crudo de los Estados Unidos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía a actualizar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, a efecto de que incluyan una "tarifa social" aplicable a los usuarios finales que sean jubilados, pensionados, adultos mayores, beneficiarios del seguro de desempleo o personas con discapacidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública que replantee, para los siguientes ciclos escolares, un programa integral de becas y trabajo social que dé impulso a la educación y garantice el pleno derecho de los niños al mejor desarrollo educativo, como lo mandata la Constitución.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,   con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a una reunión de trabajo al Secretario de Hacienda y Crédito Público para conocer la estrategia de manejo del gasto público en el segundo semestre de 2017, así como los criterios generales de recorte al gasto en 2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a ampliar y reforzar las acciones para prevenir y disminuir el índice de niñas y adolescentes embarazadas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre el resarcimiento a Petróleos Mexicanos de los activos fijos ubicados en las áreas asignadas en la Ronda 1.3, así como de las realizadas en materia de exploración en los campos no asignados en la Ronda cero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud incluir el mieloma múltiple en el cuadro básico del Servicio Popular.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría de Gobernación sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Gendarmería Nacional en los Informes de la Cuenta Pública de los años 2014 y 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a revisar las "Políticas Generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CFE" aprobadas mediante Acuerdo CA-020/2014, a efecto de que se incluya una política para cancelar adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico, cuyos ingresos mensuales asciendan a dos salarios mínimos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que informe sobre los efectos de la parasitosis en la población mexicana y, a su vez, a que implemente una campaña nacional de desparasitación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Deporte a informar la situación que guarda el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía una explicación científica y económica sobre el impulso que se le está dando al gas natural sobre el gas licuado de petróleo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Deporte considere la factibilidad de otorgar apoyo económico a los representantes del país que han clasificado en las diferentes competencias internacionales a realizarse este año.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Cuitláhuac García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente la detención arbitraria e ilegal de que fueron objeto los periodistas Alejandro Ávila, Carlos Navarrete, Horacio Zamora, Roberto Méndez Rodríguez, Víctor Hugo Yáñez y José Juan García en el Puerto de Veracruz, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a cancelar la licitación del Bloque 30 e informar los detalles técnicos, económicos y ambientales con base a los que decidió incorporar el Bloque en la licitación 2.4.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de prestación de servicios, arrendamiento y adquisición de activos de la plataforma ABKATUN-POL-CHUC del ejercicio fiscal 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco, a la Comisión de los Derechos Humanos y al presidente municipal de Chapala a tomar medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas por abuso sexual contra los menores del jardín de niños “Juan Ruiz Cabañas y Crespo” en el municipio de Chapala, Jalisco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Cuitláhuac García, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Veracruz a atender de manera urgente el problema de pornografía infantil que afecta a esa entidad federativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Armenta Mier, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a orientar el presupuesto público para fortalecer el sistema de educación superior pública.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar la probable responsabilidad administrativa del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del Secretario General de Conciliación y Asuntos Individuales por emitir laudos de manera discrecional en juicios de devolución de saldos de afores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta el Director General del Metro de la Ciudad de México a comparecer ante la Comisión Permanente para informar las razones del deterioro del Sistema y establecer un programa emergente de mantenimiento para resolverlo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita la remoción del cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ante el deterioro de la seguridad en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lucely Alpízar Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, durante el mes de agosto de 2017 se ilumine la fachada principal de ese recinto legislativo, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cérvico Uterino.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez y de la Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con la Asamblea Nacional de Venezuela.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y de la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, a abstenerse de vender dos predios de propiedad municipal, ubicados en la zona conocida como “El Dean”, los cuales pretenden ser destinados a la construcción de miles de viviendas y que representan un atentado contra la salud de las personas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a implementar un programa de intervención en la zona de Anapra en Ciudad Juárez, dirigido a prevenir la violencia, atender a la población en situación de riesgo, regularizar la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en colaboración con las instituciones del Estado de México, elabore una estrategia integral contra la inseguridad en esa entidad, así como el reforzamiento de operativos contra la delincuencia que garanticen la seguridad de habitantes, trabajadores y ciudadanos que transitan por la entidad mexiquense.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a su Consejo de Administración a ofrecer alternativas efectivas de crédito accesible para los derechohabientes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo a reforzar las medidas de seguridad, a través de la implementación de dispositivos portátiles detectores de metal al momento de ingresar a las estaciones, con el fin de dar una mejor protección a los usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción   Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la sustentabilidad sea un eje transversal en los diversos temas de actualización del Tratado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a concluir los trabajos de ampliación y construcción de las Líneas 1 y 3 del Tren Ligero de Guadalajara y hacer una rigurosa revisión técnica de la obra en materia de seguridad y calidad antes de su inauguración.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a diseñar e implementar una estrategia de seguridad focalizada para las zonas de conflicto y en especial para el estado de Guerrero, y que garantice la protección y la integridad física de los funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos económicos o en especie correspondientes a programas sociales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos en las entidades federativas a informar y publicar el ejercicio del gasto efectuado en el primer semestre de 2017 de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para la implementación de dichos modelos y los resultados obtenidos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Doctor Miguel León-Portilla, con motivo del doctorado honoris-causa que le otorgó la Universidad de Sevilla.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a instalar, en breve término y en condiciones óptimas, las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, a fin de darle plena vigencia al mandato constitucional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en materia de medidas cautelares.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a agilizar los trámites correspondientes a la emisión de la alerta de violencia de género contra las mujeres en sus respectivas entidades federativas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reformar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con el objeto de eliminar la imposición de multas de tránsito a través de medios electrónicos, también denominadas “fotomultas”, en razón de ser consideradas inconstitucionales por el Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México a identificar, prevenir y eliminar los factores que inciden en el alto indicador de embarazo adolescente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar acciones para promover incapacidades laborales por motivos de dismenorrea incapacitante (dolor menstrual intenso).- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe técnico sobre la planeación de la Línea 7 del Metrobús y la respectiva justificación de la adquisición de 90 autobuses de doble piso para el servicio de transporte de pasajeros.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al poder ejecutivo de las entidades federativas a promover la creación de un padrón de operadores de servicio público.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a generar una alerta de auxilio mediante aplicaciones celulares que sea instalada a nivel nacional, a fin de prevenir el mayor número de casos de homicidios de mujeres en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe de las acciones, estrategias y políticas públicas emprendidas por la actual administración, para garantizar el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la entidad, ante las denuncias de violaciones a sus garantías como falta de acceso a la justicia, violencia escolar, trabajo infantil y nula atención médica durante el embarazo en adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para ampliar la red de bancos de leche, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una cultura de la donación de lecha materna.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo  parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de supervisión de los productos ofrecidos por las aseguradoras para garantizar la protección y defensa de los usuarios.- Se turnó a la Tercera  Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Los afro-mexicanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a las acciones realizadas en materia de turismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la divulgación pública de la conversación telefónica entre los Presidentes de México y Estados Unidos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la  sesión, a las quince horas con once minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles dieciséis de agosto, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite 23 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Hago de su conocimiento que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, en cada caso, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la Ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia, los pasados días 29 y 30 de junio.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-julio de 2017, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: La Secretaría de Gobernación nos envía un oficio con los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondiente al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítanse los informes a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el Primer Informe Semestral de Actividades de 2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2016.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el pronunciamiento sobre el Derecho de las Personas Procesadas y Sentenciadas Penalmente a una Identificación con Validez Oficial.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a la documentación a las Comisiones de Derechos Humanos; y de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su informe semestral de actividades del periodo enero a junio de 2017.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase a las Comisiones de Gobernación y de Población de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron oficios del gobierno del estado de Zacatecas, con dos respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Hago de su conocimiento que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizado del 8 al 10 de junio pasados, en Panamá, Panamá.








Una, de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PT, con la que remite el informe de su participación en el Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los días 6 y 7 de junio del año en curso, en París, Francia.








Una, del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, con la que remite el informe de la participación de la Delegación del Senado mexicano en la “Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos de las Interparlamentarias México-Cuba”, que se llevó a cabo los pasados días 28 y 29 de junio, en La Habana, Cuba.








Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación mexicana ante la Reunión de Directivas del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, con la que remite el informe de actividades de dicha reunión, celebrada el 10 de abril de 2017, en Panamá, Panamá.








Una, del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PT, con la que remite los informes de sus participaciones en:

El Programa Bilateral de Alto Nivel, enmarcado en la celebración del Año Dual, realizado los días 22 y 23 de octubre de 2015, en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.



La Convención Nacional IMEF, celebrada el 18 de noviembre de 2015, en Cancún, Quintana Roo.



Y en la VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada del 2 al 4 de diciembre de 2015, en Lima, Perú.








Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, realizado en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos de América, del 17 al 19 de julio pasado.








Una, de la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Mesa Redonda de Alto Nivel del Foro Global de Mujeres Parlamentarias “Digitalización: Por un futuro digitalizado”, celebrada los días 5 y 6 de abril del año en curso, en Düsseldorf, Alemania.








Y una, de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en el Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a cabo los días del 5 al 7 de junio de 2017, en París, Francia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir de este día.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 16 de agosto de 2017.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Miriam Denisse Ibarra Rangel, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de hoy 16 de agosto. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que propone un premio de Migración por Defensa de Derechos Humanos.

Esta Mesa Directiva aprovecha para darle una cordial felicitación por el día de su cumpleaños. Que la pase usted muy bien Diputado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 127 BIS, 127 TER, 127 QUÁTER Y 127 QUINTUS A LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Benjamín Medrano Quezada: Muchas gracias. Qué mejor momento que estar trabajando.

Amigas y amigos legisladores. Queridos amigos que nos ven a través del Canal del Congreso.

Esta mañana he venido aquí para hacer de su conocimiento la presentación de una iniciativa con proyecto de Decreto que quiero adicionar en el artículo 127 Bis, 127 Ter, 127 Quáter y 127 Quintus de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Esto tiene que ver con la migración. La migración hoy se debe ver como un punto, como una forma de escape de la marginación, objeto de análisis, de justificación para el activismo, motivo para resolver problemas cotidianos e incorporar a la gente al desarrollo.

Es decir, la migración tiene que ser atendida como un fenómeno que acompaña a nuestra especie desde su aparición en el planeta y sin la cual sería imposible concebir los avances que hemos conseguido.

Nuestro país no es ajeno a este fenómeno, y la mejor muestra de ello es que de acuerdo a las cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, hasta el 2016 se tenía registrados más de 12 millones de compatriotas residiendo en el extranjero, de los cuales el 97 por ciento vive en la Unión Americana.

A pesar de las contribuciones de nuestros compatriotas a la economía de la Unión Americana, al aumento de su poder adquisitivo y del peso en el sistema electoral de aquella nación, hemos visto cómo se ha exacerbado el ánimo antimexicano en un segmento de la población estadounidense.

El resultado de esto es la insensata pretensión de construir un muro fronterizo, el aumento de las deportaciones, la postergación de cualquier reforma migratoria que separa a las familias y el enrarecimiento de la relación bilateral.

Frente a esta envestida proveniente de la Casa Blanca no estamos indefensos, contamos con recursos para hacernos respetar; lo que se requiere y que se está desarrollando en una política multidimensional que pone en el centro de nuestra atención la defensa de los intereses nacionales y la preservación de la soberanía.

Hoy mismo, una delegación mexicana se encuentra en Washington, justamente viendo lo del Tratado de Libre Comercio y su revisión. Felicidades y suerte para esta delegación mexicana.

Ahora bien, como existe un catálogo vasto de injusticias al norte de nuestra geografía, también existen otras que se cometen diariamente en perjuicio de los ciudadanos centroamericanos que cruzan nuestro país, nos referimos a extorsiones, secuestros, violaciones y homicidios. La situación impone la realización de acciones tendientes a revertir esas conductas. Es ahí donde cobra importancia la función caritativa realizada por colectivos de ciudadanos, como Las Patronas, aquellas abnegadas mujeres veracruzanas a quienes reconocemos el día de hoy, pero que han hecho del cuidado y la alimentación de los migrantes centroamericanos un apostolado. Lejos de ignorar semejantes actos de bondad, lo que debemos hacer es publicitarlos y estimular públicamente a quienes la llevan a cabo.

Por lo cual, este día, vengo a promover la reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a efecto de crear un Premio Nacional de Migración, un reconocimiento del Estado mexicano para conferirse a las personas que se hayan destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos de los migrantes, así como el enaltecimiento de los mexicanos residentes en el extranjero. Es decir, este premio tendría un doble propósito: Exaltar a quienes dan lustre a nuestras comunidades asentadas en el extranjero, pero también a aquellos dolidos por la suerte de muchos que se asientan en nuestro territorio, pero que son víctimas de funcionarios banales o de pandillas del crimen organizados; incluso a aquellos quienes, desde el mundo de las ideas, ayudan a entender el tránsito de las personas a través de nuestro país.

Este Premio Nacional de Migración que propongo, consistiría en un diploma, una medalla y numerario, esto es, sería entregado anualmente por el Presidente de la República; y dicho premio se tramitaría ante las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, las cuales emitirían las reglas para la integración del Consejo de Premiación correspondiente, el cual se conformaría o estaría conformada por personas reconocidas ampliamente por su calidad moral, académica o intelectual y además que fueran representativas de los sectores público y privado, así como por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los Colegios de la Frontera Norte y Sur.

Amigas y amigos, el Premio Nacional de Migración se entregaría en dos categorías: Promoción y defensa de los Derechos de Migrantes; así como el enaltecimiento a los mexicanos residentes en el exterior, con las cuales se cubrirían los flancos internos y externos de la migración.

Momentos como éste, requieren de la exaltación de lo mejor de nosotros mismos, de la reafirmación de nuestros valores y del reconocimiento de los que se empeñan en esto. La presente iniciativa apunta justamente en este sentido y que, por ello, estamos seguros que contará con la aquiescencia y buena voluntad de los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea.

Yo solamente quiero con esto, anticipadamente, resaltar la bondad de aquellos migrantes que en el extranjero han puesto el nombre de México muy en alto.

Muchas felicidades a todos ellos, y muchas gracias por su atención.

Iniciativa

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 127 BIS, 127 TER, 127 QUATER Y 127 QUINTUS A LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

César Millán nació en Sinaloa en 1969 y llegó a vivir a California veinte años después. A pesar de no saber inglés, su experiencia con animales de granja le permitió dedicarse a pasear perros y fue en el ejercicio de esa actividad que notó que contaba con talento para tratar con canes agresivos y difíciles de controlar. Sin proponérselo, su habilidad lo llevó a la fama debido al exitoso programa televisivo “El Encantador de Perros”, en el que muestra a los poseedores de mascotas la forma correcta de educarlas y corregir sus malos hábitos.

José Hernández es hijo de migrantes mexicanos y nació hace exactamente 55 años en California. A pesar de lo estrechez de su situación económica, pudo graduarse como ingeniero eléctrico en la Universidad del Pacífico y después proponerse como integrante del programa espacial de los Estados Unidos, al cual se pudo integrar tras once fracasos previos. En 2009, fue enviado en una misión de catorce días a la Estación Espacial Internacional. Intentó ser elegido como representante ante el Congreso y aunque la suerte no acompaño su primera tentativa, parece que lo intentará de nuevo el próximo año.

Dolores del Río inició su carrera en Hollywood en 1925, convirtiéndose en una sensación de las pantallas durante la época del cine mudo. Películas como Joanna, High Sttepers, Pals First, What Price Glory, The loves of Carmen y Resurrection la consagraron como el primer símbolo sexual latino femenino de la historia. Después de regresar a México y triunfar en la industria nacional con numerosas actuaciones memorables, Del Río volvió a Estados Unidos y participó en cintas como Cheyenne Autumn y Estrella de Fuego, bajo la dirección de John Ford y al lado de la estrella de rock & roll, Elvis Presley, respectivamente.

Norma Romero y varias de sus amigas viven en el municipio de Amatlán, Veracruz y desde hace más de veinte años lanzan alimentos que ellas mismas preparan a los migrantes que viajan montados en el lomo del tren conocido como La Bestia. Romero y más de una decena de mujeres son conocidas ahora como Las Patronas y cuidan de las personas, en su mayoría centroamericanas, que cruzan nuestro territorio a fin de llegar a los Estados Unidos y escapar así de las condiciones de miseria que los obligaron a abandonar sus países de origen. La abnegación mostrada por este grupo de mujeres les ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Nacional de Derechos Humanos, Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria y Sergio Méndez Arceo. Su historia ahora es conocida debido a diversos documentales y cortometrajes, producidos en México y España.

Jorge Bustamante Fernández nació en Chihuahua en 1938 y es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fundador y director del Colegio de la Frontera Norte, obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Notre Dame. Ha publicado diversas obras sobre el fenómeno de la migración, tales como Migración internacional y Derechos Humanos; Migración, derechos humanos y vulnerabilidad, de la migración de México a Estados Unidos, de la Coyuntura al Fondo; Infancia Migrante: la cara triste de la niñez; La responsabilidad de Estado y las migraciones internacionales, y Vulnerabilidad y circularidad migratoria. También ha colaborado en diversos periódicos, como Reforma y Milenio.

Las cinco anteriores semblanzas comparten un hilo conductor: la migración, sea vista desde el mundo del espectáculo, la ciencia y la tecnología, la defensa de los derechos humanos o la academia.

La migración vista como forma de escape de la marginación, como objeto de análisis, como justificación para el activismo, un motivo para resolver problemas cotidianos e incorporar a la gente al desarrollo. Es decir, la migración entendida y ejercida como lo que es: un fenómeno que acompaña a nuestra especie desde su aparición en el planeta y sin el cual sería imposible concebir los avances que hemos logrado. Desde la aparición de los primeros homínidos en África y hasta los tiempos actuales, hemos migrado incesantemente y si los avances en la exploración del espacio continúan, tal vez sea posible llevar algún día esta actividad hacia nuevos mundos, lo que haría de esta la tarea más ambiciosa de toda nuestra historia.

Sea por fuerza o de manera voluntaria, la migración ha logrado el poblamiento casi total del planeta, el intercambio comercial, el encuentro entre culturas y el reconocimiento y aprecio por nuestras diferencias. Sin embargo, es parte de la naturaleza humana desconfiar y protegerse de quien es distinto. Este impulso instintivo constituye un mecanismo primario de defensa, pero también un elemento integrador que contribuye a formar identidades, lo cual no significa que deba aprobarse su utilización para generar miedo, crear falsos enemigos y fomentar el odio, la intolerancia y el racismo, sobre todo si tomamos en cuenta que le genética ha demostrado con suficiencia que los humanos somos una misma especie, más allá de nuestro aspecto físico, ya que éste es el resultado de un proceso evolutivo.

Nuestro país tampoco es ajeno a la migración y la mejor muestra de ello lo es diáspora mexicana, la cual ha provocado que nuestra población se esparza por el mundo. De acuerdo con cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, hasta 2016 se tenía registrados a más de doce millones de nuestros compatriotas residiendo en el extranjero, de los cuales el 97 % habita en los Estados Unidos de América.1

A pesar de las evidentes contribuciones de nuestros compatriotas a la economía de la Unión Americana, al aumento de su poder adquisitivo y a su peso específico en sistema electoral de aquella nación (o tal vez por eso), hoy se ha exacerbado el ánimo antimexicano que siempre ha existido en un segmento de la población estadunidense, sobre todo desde la independencia de Texas. El discurso xenofóbico de Donald Trump, sustentado en el intelectualismo racista enarbolado hace más de dos décadas por Samuel Huntington han prohijado un entorno de intolerancia hacia nuestros connacionales, pues se les ha culpado, sin razón, de buena parte de los males que aquejan a nuestro vecino del norte. El resultado de esto es la insensata pretensión de construir un muro fronterizo, el aumento en las deportaciones, la postergación de cualquier intento de reforma migratoria, la separación de familias de inmigrantes y el enrarecimiento de la relación bilateral.

Frente a la embestida proveniente de la Casa Blanca no estamos indefensos. Contamos con recursos para hacer respetar a nuestro país y a nuestros compatriotas. Lo que se requiere y se está desarrollando es una política multidimensional que ponga en el centro de nuestra atención la defensa de los intereses nacionales y la preservación de la soberanía.

Ahora bien, así como existe un catálogo vasto de injusticias al norte de nuestra geografía, también existen otros, no menos graves, que se cometen diariamente en perjuicio de ciudadanos centroamericanos que cruzan nuestro país para así llegar a los Estados Unidos e iniciar una mejor vida. Nos referimos a hechos de todos conocidos que se traducen en transgresiones graves a los derechos humanos de los migrantes, los cuales abarcan desde extorsiones hasta secuestros, violaciones y homicidios. La situación impone la realización de acciones tendientes a revertir tales conductas criminales. Es ahí donde cobra importancia la función caritativa realizada por Las Patronas, pues de manera desinteresada ayudan a quienes carecen de ramas a las cuales asirse. Lejos de ignorar semejantes actos de bondad, lo que debemos hacer es publicitarlos y estimular públicamente a quienes los llevan a cabo.

Es por esto que promovemos la inclusión de cuatro nuevos artículos a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a efecto de crear el Premio Nacional de Migración, un reconocimiento que el Estado Mexicano conferiría a las personas que se  hayan  destacado en la promoción  efectiva  y  defensa  de  los  derechos  de los migrantes, así como en el enaltecimiento de los mexicanos residentes en el extranjero. Es decir, el premio como doble propósito enaltecer a quienes dan lustre a nuestras comunidades asentadas en el extranjero, pero también a aquellos que, dolidos por la suerte de muchos de los que se asientan en nuestro territorio, son víctimas de funcionarios venales o de pandillas del crimen organizado. Incluso, a quienes desde el mundo de las ideas ayudan a entender un hecho tan complejo como es el tránsito de personas.

Cierto es que en el cuerpo de la ley cuya reforma se pretende ya se encuentra previsto un Premio Nacional de Derechos Humanos, pero estamos convencidos de que la migración, dado su carácter complejo, debe ser abordada de manera independiente a cualquier otro tema, por lo que este nuevo premio obedecería a su propia lógica.

El Premio Nacional de Migración que proponemos consistiría en diploma, medalla y numerario y sería entregado anualmente por el Presidente de la República. Dicho premio se tramitaría ante las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, las cuales emitirían las reglas para la integración del Consejo de Premiación correspondiente, el cual se conformaría por personas de reconocida calidad moral, académica o intelectual y representativas de los sectores público y privado, así como por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur, instituciones ambas dotadas de la solvencia intelectual suficiente para coadyuvar en éste propósito.

El Premio Nacional de Migración se entregaría en dos categorías, a saber: i) promoción y defensa de los derechos de los migrantes, y ii) enaltecimiento de los mexicanos residentes en el exterior, con las cuales se cubrirían los flancos interno y externo de la migración.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente Proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan los artículos 127 bis, 127 ter, 127 quater y 127 quintus a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

CAPITULO XXIV

Premio Nacional de Migración

ARTICULO 127 bis.- El Premio Nacional de Migración es el reconocimiento que el Estado Mexicano confiere a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos de los migrantes, así como en el enaltecimiento de los mexicanos residentes en el extranjero.

ARTICULO 127 ter.- El Premio Nacional de Migración consistirá en diploma, medalla y numerario y será entregado anualmente por el Presidente de la República.

ARTICULO 127 quater.- Para tal efecto, el Premio se tramitará ante las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, las cuales emitirán las reglas para la integración del Consejo de Premiación correspondiente, el cual se conformará por personas de reconocida calidad moral, académica o intelectual y representativas de los sectores público y privado, así como por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur.

ARTICULO 127 quintus.- El Premio Nacional de Migración se entregará en las siguientes categorías:

I. Promoción y defensa de los derechos de los migrantes, y

II. Enaltecimiento de los mexicanos residentes en el exterior.

CAPÍTULO XXV

Disposiciones Generales

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Fuente: http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/estadistica_poblacion.html

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Benjamín Medrano Quezada. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio y del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delimitación de competencias.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Señoras y señores legisladores:

A nombre del Senador Luis Humberto Fernández y de su servidora, venimos a presentar una iniciativa que consideramos de gran relevancia para complementar una reforma que ha sido de gran trascendencia para el desarrollo de nuestro país en cuanto a construir un sistema nacional de combate a la corrupción.

Uno de los retos más importantes y complejos para nuestro país es justamente el combate a este terrible fenómeno de la corrupción, es un deber y una exigencia inexcusable de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión asumir el compromiso permanente con la sociedad para promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país y que, sin duda, amerita seguir generando instrumentos legislativos que fortalezcan este sistema que ha sido una de las reformas más importantes impulsadas en el Congreso de la Unión. Es un problema que afecta a la economía del Estado, que resta credibilidad y confianza a las instituciones, que daña a la sociedad en su conjunto.

Como ustedes saben, el 27 de mayo de 2015 se reformaron diversos artículos de la Constitución General para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se sustenta en tres pilares normativos: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

De esta forma, el Sistema Nacional Anticorrupción está concebido como un conjunto de instituciones que cuentan con una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Como ustedes saben también, el 18 de julio de 2016 se emitió el Decreto por el que se expide, entre otras normas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicha ley, de acuerdo a sus artículos transitorios Primero, Segundo y Tercero, entró en vigor el 19 de julio de 2017, establece: “Que el Congreso de la Unión debe expedir las leyes y realizar adecuaciones normativas correspondientes, entre las que se encuentra la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.

Es por ello que consideramos importante realizar las adecuaciones necesarias en los marcos normativos correspondientes, para armonizar el desarrollo de este sistema en los tres poderes del Estado mexicano.

Por otro lado, cabe precisar que nuestra Constitución dispone que, para la investigación, procedimiento, resolución en posición de las sanciones de los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones en lo que hace justamente al Poder Judicial.

En este contexto, es el Consejo de la Judicatura Federal la entidad responsable de la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a quienes se sancionará por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus cargos.

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que tiene para tal efecto la Auditoría Superior de la Federación.

Por estas razones, la propuesta que hoy sometemos a consideración de esta Soberanía pretende delimitar las funciones investigadoras, sustanciadoras y resolutoras de los procedimientos administrativos sancionadores como en los procedimientos de disciplina jurisdiccional en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de la Administración del Tribunal Electoral.

De tal modo que, en tanto la Visitaduría Judicial será el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal facultado para inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito, Plenos de Circuito, Centro de Justicia Penal Federal y Unidades de Notificadores Comunes y supervisar la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran con el fin de contribuir a la mejora de la impartición de justicia, este órgano continuará como autoridad responsable de la vigilancia e investigación de estos órganos, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional, independiente en la función jurisdiccional y evitar actos que la demeriten.

Pero también establecemos, en esta propuesta de iniciativa, las distintas funciones a la actual Dirección General de Responsabilidades Administrativas, de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, y la creación de una Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas que sea independiente de la Contraloría y que funja como un órgano auxiliar del consejo.

Este nuevo órgano auxiliar fungiría como autoridad investigadora en los procesos de posible responsabilidad administrativa por el manejo, custodia y aplicación y de fondos y recursos, es decir, distinguimos lo que es la función jurisdiccional de manera concreta de la responsabilidad administrativa que puedan cometer los integrantes del Poder Judicial de la Federación y que no tenga que ver, propiamente dicha, con su función jurisdiccional.

De esta manera se propone elevar también a rango de ley a la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha comisión, en la propuesta que les presentamos, tendrá entre su cargo, entre otras funciones, la de supervisar a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Esta propuesta sigue en la lógica del funcionamiento vigente de la Comisión de Disciplina, que tiene a su cargo la de supervisar a la Visitaduría General y que, por razones de armonización legislativa se ha propuesto también elevar esta facultad a rango de ley.

Por otra parte, las entidades a quienes compete la sustanciación e instrucción de los procedimientos de responsabilidad administrativa, en el ámbito de sus atribuciones, serían:

La Secretaría Ejecutiva de Disciplina, a quienes se instituye como el área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, responsable de sustanciar los procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos.

Y la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, que actualmente ya está en funciones como autoridad sustanciadora, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos instaurados contra servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación.

Por último, con excepción de los procedimientos incoados a los funcionarios que prestan su servicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, está reservada al Pleno de la Judicatura Federal, y se establece en qué casos esto se llevará a cabo.

De manera complementaria, en la misma propuesta que estamos presentando, se establece un régimen también de responsabilidades para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que actualmente funciona este sistema de responsabilidades a través de una Comisión de Administración que está formada por magistrados del Tribunal Electoral y por consejeros de la Judicatura Federal.

Se establece esta Comisión de Administración de manera muy puntual con sus atribuciones y se establece también de manera legal, porque actualmente la mayoría de estas responsabilidades están dentro de un reglamento del propio tribunal, pues la funciones de la propia Visitaduría Interna que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo tanto, creemos que es una propuesta muy robusta que establece un sistema de responsabilidades para el Poder Judicial federal en su conjunto, y uno de manera específica para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto derivado de la propia autonomía que la Constitución le da dentro del Poder Judicial a este órgano electoral.

Nosotros estamos muy satisfechos de los resultados de la presentación de esta iniciativa que concretamente establece un régimen de responsabilidades para los servidores del Poder Judicial de la Federación, estableciendo de manera diferenciada las tres fases, es decir: la de investigación, por un órgano; la de sustanciación del procedimiento y la de resolución por órgano distinto, de manera armónica con lo que hoy establece la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Creo que podemos, a partir de esta propuesta, generar consensos necesarios para que a la brevedad pudiera ser dictaminada esta propuesta, ya que estamos también en un proceso pleno de implementación del sistema y creo que era muy necesario establecerle un régimen disciplinario de responsabilidades al Poder Judicial, por lo tanto, consideramos que esta propuesta es de gran relevancia y espero pronto pueda tener el consenso necesario para su dictaminación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Se concede la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presenta una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el día 3 de septiembre como el “Día de los Caídos en Servicio”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE COMO EL “DÍA DE LOS CAÍDOS EN SERVICIO”

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeros legisladores; Diputados, Senadores, Senadoras y Diputadas.

¡Al Pueblo de México!

¡A mis paisanos de Tabasco, con mucho cariño y afecto!

Es un honor para mí que el día de hoy nos acompañe, aquí arriba, en las gradas, el hombre más valiente de México, según el Washington Post y según Mexico´s Bravest Man, el hombre más valiente de México, del neoyorquino Charlie Minn, donde se narra parte de la vida, mayormente, durante su paso por la policía, obvio, hablo del Teniente Coronel Julián Leyzaola, Diplomado del Estado Mayor Presidencial, quien fue Secretario de Seguridad de Tijuana, donde tuvo el valor de encarcelar a los narcos y disminuir en el 80 por ciento la inseguridad de Tijuana. Posteriormente fue Secretario de Seguridad de Ciudad Juárez, donde acabó con los feminicidios.

Ha sido un hombre que ha puesto su pecho por la patria, es un hombre que ha recibido 7 atentados, el último con más de 27 balazos en su cuerpo y que hoy nos acompaña aquí en las gradas, el Teniente Coronel Julián Leyzaola. Muchas gracias por acompañarnos Teniente Coronel, y les pido a mis compañeros un aplauso.

Ustedes se preguntarán cuántos héroes caídos han muerto en la lucha contra la delincuencia organizada, con la inseguridad, la verdad es que son muchos miles en las últimas dos décadas; sin embargo, hablar de número es un error, porque cada caído tiene nombre y apellido, no hay que hablar de una estadística para personas, deben tener nombre y apellido.

Por eso hoy vengo con satisfacción, compañeras y compañeros legisladores, a esta tribuna, a presentar un proyecto de Decreto para rendir un homenaje a nuestras fuerzas armadas y cuerpos policiales en sus diferentes niveles.

Se ha dicho que nuestro Ejército mexicano, Fuerza Aérea y Armada de México poseen características que hacen necesaria e indispensable su participación en las operaciones para reducir la violencia y garantizar la paz social, particularmente, en las regiones en las que la violencia no cede.

Debido a su constante entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuestas y de fuego, representan un auténtico pilar para hacer frente no sólo a grupos delictivos organizados, sino también para auxiliar decididamente en circunstancias graves de desastres naturales. Hemos sido testigos de esta valiente actividad.

De este modo, se ha reconocido que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al igual que la Armada de México, cumplen con el propósito de coadyuvar al mantenimiento de la seguridad interior para mantener nuestro orden constitucional, para cumplir con ese objetivo las Fuerzas Armadas realizan operaciones para reducir la violencia, coordinando esfuerzos de manera conjunta entre dependencias.

De erradicación intensiva en las áreas de mayor cultivo de enervantes, intercepción para inhibir el tráfico de armas, drogas y personas, y para incrementar la seguridad de las instalaciones estratégicas nacionales.

Como que hay mucho cuchi, cuchi otra vez aquí, señor Presidente.

Lamento que, un café allí en Tepito, así me recordaron aquí en el Congreso.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme unos minutos, por favor, Senador.

Le pedimos a la Asamblea guardar silencio.

Adelante, por favor.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Estamos hablando de algo que honra a la patria y que debería ser muy serio y aquí todo el mundo en el cuchi, cuchi.

Decía que para incrementar la seguridad de las instalaciones estratégicas nacionales.

Conforme al Cuarto Informe de Gobierno, las Fuerzas Armadas, de septiembre de 2015 al mes de agosto de 2016, realizaron actividades de patrullamiento con un promedio mensual de 128 mil 954 efectivos y 183 mil 713 patrullajes, 181 mil 396 fueron terrestres y 2 mil 309 aéreos.

Por su parte, la Secretaría de Marina, Semar, en Coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, los gobiernos estatales y municipales de diversos estados de la República, ejecutaron operaciones en favor de la seguridad interior con una participación promedio mensual de 602 elementos.

Relevante la participación de nuestras Fuerzas Armadas en materia del Plan DN-III-E, para cumplir con las funciones básicas de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil en los casos de desastre natural.

De esta manera, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, participaron con motivo de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en estados como Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Desafortunadamente, como resultado de las tareas que desarrollaron, han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, no sólo elementos de las fuerzas armadas, sino también de los cuerpos policiacos, de la esfera federal y local.

De acuerdo al informe entregado a solicitud de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en julio de 2011, se dio a conocer que en el sexenio de Calderón, 2 mil 886 policías habían sido asesinados, de los cuales mil 296, que equivale al 45 por ciento eran municipales; 963, 33 por ciento eran agentes estatales y el 22 por ciento, o sea, 627 eran soldados, marinos, policías ministeriales, federales, custodios federales, policías aduanales, agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, y de la Unidad Especializada de Inspección Fiscal y Aduanera.

Conforme a la estadística del personal militar y civiles agresores fallecidos y heridos con motivo de las agresiones a personal militar, elaborado por la Sedena, el oficio 946/17, de la Unidad de Transparencia de la Semar, los saldos concretos para soldados y marinos es de 285 efectivos muertos y mil 538 heridos desde diciembre de 2006 hasta mayo de 2017.

Se señala también que los combates han ocurrido prácticamente en las 32 entidades federativas de la República, aunque marcadamente Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Michoacán y Jalisco.

Además de que las tropas de las tres Fuerzas Armadas Mexicanas cuentan 4 mil 276 enfrentamientos armados en un periodo de 10 años.

Por su parte, el documento, “Campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos” de la Sedena, señala que en el periodo de diciembre de 2006 al 1 de julio de 2017, han fallecido 518 militares con motivo de dicha campaña.

Compañeras y compañeros legisladores, con la iniciativa que presento, se propone hacer un pleno reconocimiento, un verdadero homenaje y conmemoración a quienes siendo parte de las Fuerzas Armadas y de las instituciones policiacas, estando en servicio ofrendan su vida, en un acto heroico con gran valor y amor a la patria, anteponiendo su fidelidad a la sociedad y el cumplimiento de su deber.

Es esta importante labor que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas, en operación conjunta con la Policía Federal y otras instituciones de seguridad y justicia, no deben de dejarse de ser reconocida.

Es necesario y justo conmemorar a esos héroes que han caído con lealtad en el cumplimiento de su misión.

En memoria y en honor a ellos, propongo que mediante Decreto del Congreso de la Unión se declare el día 3 de septiembre de cada año, como el “Día de los Caídos en Servicio”.

Que la conmemoración del “Día de los Caídos en Servicio” se desarrolle en ceremonia solemne, en la que se rinda honores a la Bandera, se entone el Himno Nacional, se realice una guardia de honor y un toque de silencio, y se concluya con una salva y desfile de honor.

En dicha fecha, la Bandera Nacional deberá izarse a media asta en escuelas, edificios y plazas públicas, así como en embajadas y consulados de México.

Finalmente, las Secretarías de Defensa Nacional, Marina y la Policía Federal, deberán establecer los mecanismos de coordinación para erigir el Muro de Honor y Lealtad, en el que se inscriban los nombres de los caídos en servicio, de cada uno, con nombre y apellido; así como para establecer el Registro Único Oficial de los mismos, a efecto de garantizar a sus deudos el acceso oportuno y efectivo a las medidas correspondientes de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño, previsto en la Ley.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva inserte en el Diario de los Debates la versión íntegra de mi iniciativa.

Que a todos estos héroes anónimos, que no los sepulte el olvido y los tape el silencio.

Ojalá, compañeros Senadores, Senadoras, Diputados federales, apoyen esta iniciativa porque sería un honor defender la patria, como nosotros aquí en el Congreso deberíamos de estarla defendiendo.

Muchas gracias por su atención.

Y agradezco los aplausos desnutridos de este Congreso.

Iniciativa



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Fernando Mayans. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Denle, por favor, volumen al Diputado, ¿con qué objeto, Diputado Salazar Farías?

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: (Desde su escaño) Sólo solicitarle al Senador Mayans, que me permita suscribir su iniciativa, sería un honor para mí.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Mayans. Que con mucho gusto, Servicios Parlamentarios recoge la firma.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Antes de darle el uso de la tribuna al Senador David Monreal, permítanme informarles que se encuentra con nosotros un grupo de jóvenes integrantes de la tercera edición del Parlamento Juvenil de México 2017, el cual fue inaugurado el pasado 14 de agosto en esta sede y concluirán sus trabajos el próximo día viernes.

Esperamos que su estancia en estas instalaciones haya sido fructífera y que los resultados de este ejercicio coadyuve en su desarrollo.

Es un gusto para la Comisión Permanente tenerlos aquí, y les pido que les brindemos un aplauso. Si se ponen de pie, por favor.

Muchas gracias.






Y ahora la iniciativa del Senador David Monreal Ávila ha sido recibida en esta Mesa Directiva y será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)








Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Lia Limón García, para presentar a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 7 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en materia de normas oficiales mexicanas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO 7; Y LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por la Diputada Lia Limón García, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez y de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

La Diputada Lia Limón García: Con su venia, señor Presidente.

Buscaré apegarme al tiempo que se me otorga.

Estoy aquí para presentar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de Diputados, una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos sólidos, relevante para el Partido Verde, pero también de enorme relevancia para el país, porque tiene que ver con la regulación del manejo integral de residuos, en general, en todas sus etapas.

En los últimos años el crecimiento de la población, el desarrollo industrial, los cambios en el modelo de producción y los hábitos de consumo han generado un aumento considerable en la generación de residuos sólidos, rebasando, en muchos casos, la capacidad de los sistemas de limpia municipal para manejarlos de manera adecuada.

Para el año 2012, en México la generación de residuos era de aproximadamente 102 mil 895 toneladas diarias, lo que equivale a 37.56 millones de toneladas anuales; es decir, que cada mexicano generaba al día 0.852 kilogramos de residuos sólidos urbanos.

Esta generación per cápita aunque es inferior al promedio reportado para América Latina y el Caribe, refleja que México se sigue enfrentando a grandes retos en este tema, al existir deficiencias técnicas y económicas en la mayoría de los municipios, lo que se ve reflejado en un manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos.

En efecto, en lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México presenta un rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas; es decir, ni siquiera cada una de las entidades federativas tiene una planta, las cuales sólo recuperan aproximadamente el 10 por ciento del 40 por ciento de los residuos que son susceptibles de aprovechamiento a través de reciclaje.

Lo anterior da como resultado que un volumen muy significativo de residuos sea destinado a los sitios de disposición final, agotando con rapidez la vida útil de dichos sitios e impactando de manera significativa y negativa en el ambiente.

Así, la inadecuada gestión de los residuos trae consigo problemas ambientales, sociales, políticos y, sobre todo, problemas de salud incosteables e irreversibles; por lo que resulta de gran importancia promover la prevención, aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los mismos a través de la participación de los diferentes sectores de la población, incorporación de nuevas tecnologías y adecuación de la legislación aplicable.

Si bien es cierto que la Federación actualmente tiene facultades para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos, lo cierto es que no cuenta con facultades para expedir normas oficiales mexicanas explícitas para la gestión integral completa de los residuos sólidos urbanos.

En el Partido Verde Ecologista de México nos preocupa y ocupa el incorrecto manejo y gestión integral de los residuos sólidos urbanos por falta de una adecuada normatividad, por ello presentamos esta iniciativa para otorgar facultades específicas a la Federación para regular el manejo integral de residuos en todas sus etapas, así como para verificar su cumplimiento, para la cual se propone reformar las fracciones IV y IX del artículo 7, así como la fracción VII del artículo 10 de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Lo anterior, con la finalidad de alinear el marco normativo a la política nacional establecida por la Federación en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial con el objeto de reducir el impacto negativo que genere el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Y, por supuesto, congruente con la agenda verde del Partido Verde Ecologista de México.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO 7, ASÍ COMO LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme a lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción XXIX-G, el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Por su parte, el artículo 115, fracción III, inciso c), establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Asimismo, en el artículo 7, fracciones I, IV y V de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se establecen como facultades de la federación formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos, elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial; así como expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y normas oficiales mexicanas que establezcan los criterios para determinar qué residuos estarán sujetos a planes de manejo, que incluyan los listados de éstos, y que especifiquen los procedimientos a seguir en el establecimiento de dichos planes.

En dicha Ley, en el artículo 9, fracciones I, III, IV y VI, se establecen como facultades de las Entidades Federativas; formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la Federación los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes a los programas referidos.

Igualmente, las Entidades Federativas podrán autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo, en coordinación con la Federación y de conformidad con los referidos programas y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados.

Lo anterior, debiendo verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones jurídicas referidas en materia de residuos de manejo especial e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables, estableciendo el registro de planes de manejo y programas para la instalación de sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan, en el ámbito de su competencia.

De la misma manera, en su artículo 10, fracciones II y IV, se establece que los Municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, las cuales consisten en la recolección, traslado, tratamiento y disposición final, así como la emisión de los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la referida Ley y en las disposiciones legales que emitan las Entidades Federativas correspondientes; así como prestar, por sí, o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por la Ley y la legislación estatal en la materia.

De lo antes expuesto se puede concluir que por lo que hace a nuestras leyes vigentes, la Federación actualmente tiene facultades para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos. Sin embargo, no cuenta con facultades para expedir normas oficiales mexicanas para la gestión integral completa de los residuos sólidos urbanos, sólo para las etapas de disposición final, desempeño ambiental y planes de manejo de residuos de manejo especial.

En este sentido, a través de la presente iniciativa, se pretende dar facultades específicas a la Federación para regular el manejo integral de residuos en todas sus etapas, así como para verificar su cumplimiento, con la finalidad de alinear el marco normativo a la política nacional establecida por la Federación en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.

Lo anterior, atendiendo a que en los últimos años el crecimiento de la población, aunado al desarrollo industrial, a los cambios en el modelo de producción y a los hábitos de consumo, se ha generado un aumento considerable en la generación de residuos sólidos, rebasando en muchos casos, la capacidad de los sistemas de limpia municipal para manejarlos adecuadamente.

Una inadecuada gestión de los residuos trae consigo problemas ambientales, sociales, políticos, financieros y de salud incosteables e irreversibles; por lo que resulta de gran importancia promover la prevención, aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los mismos, a través de la participación de los diferentes sectores de la población, incorporación de nuevas tecnologías y adecuación de la legislación aplicable.

Para el año 2012, en México la generación de residuos era de aproximadamente 102,895 toneladas diarias, lo que equivale a 37.56 millones de toneladas anuales; es decir, que cada mexicano generaba al día 0.852 kilogramos de residuos sólidos urbanos, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010).

Esta generación per cápita es inferior al promedio reportado para América Latina y el Caribe, la cual, ronda los 0.93 kilogramos diarios por habitantes, según datos reportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2010).

A pesar de esto, México sigue enfrentándose a grandes retos en la materia, al existir deficiencias técnicas y económicas en la mayoría de los municipios, lo que se ve reflejado en un manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos.

La composición de los residuos sólidos urbanos en nuestro país arroja que el 38% de éstos son residuos orgánicos, el 40% son residuos susceptibles de reciclaje y el 22% restante, son residuos que por sus características son poco viables para su aprovechamiento.

Estas cifras dan muestra del potencial que tenemos para reincorporar a cadenas productivas un volumen significativo de residuos (alrededor del 78%, si se considera el porcentaje de residuos orgánicos y el de residuos susceptibles de ser reciclados o reutilizados) ya sea a través del reciclaje, compostaje, biodigestión con generación de energía, reúso o co-procesamiento, lo que representaría una buena oportunidad de evitar que estos materiales terminen en los sitios de disposición final, atenuando parte de los impactos ambientales ocasionados por la inadecuada disposición de los mismos y la explotación de nuevas materias primas.

La cobertura del sistema de recolección es otro elemento fundamental en el manejo de los residuos, ya que es a través de éste que se pretende concentrar los residuos generados y minimizar impactos ambientales ocasionados por la dispersión o mal manejo de los mismos. A nivel nacional, la cobertura promedio de recolección de residuos sólidos urbanos es del 84%.

Al respecto, en nuestro país ciertas Entidades Federativas reportan un alto nivel de cobertura, tales como Colima, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit y Quintana Roo, con prácticamente el 100%.

A pesar de dicha condición, existen otras entidades en las que persisten los problemas en la prestación del servicio, provocando en muchos casos el surgimiento de tiraderos clandestinos resultando un foco de infección y propagación de fauna nociva.

De las 32 Entidades Federativas, sólo en 13 se realizan actividades para la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos, actividad asociada a la separación de origen que tiene como objetivo facilitar el proceso de valoración; las restantes, siguen empleando la recolección mixta o mezclada, es decir, el 89% de los residuos son recolectados sin que hayan sido separados.

Muy pocos estados y municipios son exitosos en los esquemas de separación de residuos, por lo que una gran cantidad de éstos son enviados a los sitios de disposición final, aumentando los impactos ambientales asociados a esta actividad.

En lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México presenta un rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas, las cuales recuperan aproximadamente el 1.31% del total de residuos sólidos urbanos generados, sumándole el 4.24% de los residuos recibidos en los centros de acopio, y el 4.07% de la actividad informal; por lo que únicamente se recupera el 9.63% del 40% de los residuos que son susceptibles a aprovechamiento a través de reciclaje según el más reciente Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR, 2012).

El aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos mediante compostaje es prácticamente inexistente en México; de acuerdo a los últimos reportes del entonces Instituto Nacional de Ecología (ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), existían 98 instalaciones de compostaje en el país, de los cuales, en 22 casos no fue posible verificar si continúan en operación (INE, 2006)

Lo anterior da como resultado que un volumen significativo de residuos sea destinado a los sitios de disposición final (79% de los residuos sólidos urbanos generados), agotando con rapidez la vida útil de dichos sitios e impactando de manera significativa al ambiente (DBGIR, 2012).

Una disposición inadecuada de los residuos trae consigo grandes costos ambientales, debido a la contaminación del suelo, agua y aire; hecho que afecta a millones de personas de manera directa o indirecta. Además, con el crecimiento urbano cada vez resulta más difícil encontrar sitios apropiados para la construcción de nuevos rellenos sanitarios, por lo que es indispensable recuperar aquellos residuos valorizables, disminuyendo de esta manera el volumen que es destinado a disposición final.

Para el caso específico de México, el 79% de la generación total de los residuos sólidos urbanos es enviada a disposición final, mientras que la tendencia mundial es reducirla considerablemente y aprovechar al máximo los residuos, lo que representa un área de oportunidad importante.

De esta cantidad, el 61% es depositado en 238 rellenos sanitarios y 50 sitios controlados; el 16% en tiraderos a cielo abierto y el 2% restante, se desconoce dónde se deposita, lo cual representa que alrededor de 6.8 millones de toneladas al año de residuos sólidos urbanos no se disponen adecuadamente, ocasionando impactos negativos en contra del ambiente y la salud humana, resultando indispensable la rehabilitación o en su caso la clausura de los tiraderos a cielo abierto.

Respecto al manejo de los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, si bien las facultades de su manejo y control se encuentran establecidos para los municipios y entidades federativas, resulta necesaria la intervención de la Federación para establecer las normas oficiales mexicanas con los criterios y lineamientos a nivel nacional, así como la posibilidad de su verificación que aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos en la política nacional en la materia diseñada y publicada por la Federación.

Por lo antes expuesto, con la presente iniciativa se pretende otorgar facultades a la Federación para expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas en materia de regulación y manejo integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, así como para verificar su cumplimiento, a través de adecuaciones a las fracciones IV y IX del artículo 7, así como la fracción VII del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En mérito de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO 7, ASÍ COMO LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y IX del artículo 7, así como la fracción VII del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

I. a III. […]

IV. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; así como su desempeño ambiental sin perjuicio de las facultades de los municipios y de las entidades federativas respectivamente;

V. a VIII. […]

IX. Verificar el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia, así como de las referidas en el artículo 97 de la presente, e imponer las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que en su caso correspondan; sin perjuicio de las facultades de los municipios;

X. a XXIX. […]

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. a VI. […]

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; sin perjuicio de las facultades de la Federación;

VIII. a XII. […]

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal realizará la actualización y armonización de Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del GPPVEM

Dip. Jesús Sesma Suárez.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela de los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Lia Limón. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 35 constitucional, en materia de ratificación de instrumentos internacionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente.

El día 9 de agosto de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, que incluye diversas figuras de participación ciudadana; entre ellas, la consulta popular.

Dichas modificaciones constitucionales fueron un avance en la vida democrática del país considerando que los ciudadanos ahora estarán en condiciones de pronunciarse sobre acciones del Ejecutivo Federal en aspectos trascendentales para la vida del país y que serán capaces de ratificar o rechazar leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.

Con la incorporación de la figura de la consulta popular a nuestro marco normativo, México se integró a la larga lista de países a nivel internacional que han hecho de estas prácticas una costumbre democrática totalmente aceptada por la comunidad internacional.

Sin embargo, a pesar del avance existen lagunas jurídicas que impiden el completo ejercicio de esta figura.

Por un lado, en el texto constitucional, el artículo 35, fracción VIII, numeral 3o., están claramente establecidas las áreas sobre las que no habrá consulta popular como “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución los principios consagrados en el artículo 40 de las mismas; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estados la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, pero existen áreas como los tratados internacionales, que a pesar de su importancia no ha quedado clara la forma de participación de la sociedad para debatir y decidir sobre el rumbo nacional.

Considerando que la Constitución federal, los tratados internacionales y la jurisprudencia en materia electoral nos señalan la obligación del Estado mexicano para recurrir a mecanismos de democracia directa y “que el elemento definitorio de estos mecanismos consiste en someter de forma directa a la ciudadanía, un tema trascendente, que puede ser una norma de carácter general, o un acto de gobierno”, es imperioso reconocer la existencia de una laguna legislativa en nuestra Constitución al no incorporar la ratificación de los tratados internacionales como objeto de consulta popular, como ejemplo muestro lo siguiente:

México pasó de ser una economía esencialmente cerrada a una economía muy abierta, demasiado, diría yo, con flujos de comercio en bienes, servicios y capitales, sin que para esto hubiera sido tomada la opinión de la sociedad en su conjunto.

En estos momentos ni pensar en una consulta popular, mediante el voto universal directo y secreto. Eso debe cambiar de inmediato.
La estrategia de vinculación internacional, de una apertura comercial extrema, debe ser evaluada objetivamente.

Las consecuencias de las políticas aplicadas en los últimos años han sido muy graves para la población en el marco de un contexto internacional muy competitivo.

La decisión de reducir el tamaño del sector público y la apertura de prácticamente todas las actividades de la economía a la inversión privada, ha desembocado en una grave concentración de ingreso, que ha convertido en una condición estructural que sólo el 40 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de formalidad laboral y cerca de 50 millones de mexicanos viven el condiciones de pobreza.

Según datos de la Secretaría de Economía al 31 de mayo de 2016 actualmente, contamos con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además México participa activamente en diversos foros multilaterales y regionales para impulsar un sistema multilateral de comercio.

México, que en 1994 era prácticamente autosuficiente en la alimentación, para 2014 se convirtió en un importador neto de alimentos básicos.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el país ha importado alimentos por 275 mil millones de dólares y el 80 por ciento de los cuales proviene de Estados Unidos, mientras se incrementa el número de mexicanos con deficiencia alimentaria y el campo nacional se encuentra en el abandono, transformado en una enorme fábrica de pobres.

En 1994 se importaron alimentos por 1,800 millones de dólares y en 2014 por 21 mil millones de dólares. Actualmente el país importa el 75 por ciento del consumo nacional de arroz, 30 por ciento del maíz y el 42 por ciento de trigo.

También compra principalmente en Norteamérica carne, lácteos, huevos, leche, aves, semillas, entre otros. Su exportación se limita a hortalizas, plantas, raíces, tubérculos, frutas, bebidas y vinagre. México ya dejó de ser autosuficiente en productos del mar.

Cabe recordar que desde la campaña del actual presidente de Estados Unidos, hizo el compromiso de revisar el Tratado de Libre Comercio y, ahora, esa promesa se ha hecho realidad.

Ya hoy comenzaron las negociaciones.

Esta iniciativa que propongo plantea que la renegociación del TLC y de todos los tratados comerciales, algunos casos tan importantes como el sector energético que hoy pretende Donald Trump meterlo a la negociación, sean sometidos a consulta popular por seguridad nacional de nosotros.

La postura de Morena es clara y democrática, los tratados internacionales en materia comercial, económica y energética, sí deben ser sometidos a ratificación, y muchos temas llevarlos a consulta popular.

Por ello, estoy proponiendo una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se anexe el siguiente texto:

“Serán sometidos a ratificación en consulta popular los tratados internacionales en materia de integración comercial, económica y energética, negociados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 76 de esta Constitución”.

Espero que sea aprobada esta iniciativa.

Es cuanto.

Iniciativa

NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA en mi carácter de Diputado Federal de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 1º y 3º párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior  del H. Congreso de la Unión, me permito someter a consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 9 de agosto del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, que incluye diversas figuras de participación ciudadana; entre ellas, la consulta popular.1

Dichas modificaciones constitucionales son una avance en la vida democrática del país considerando que los ciudadanos ahora estarán en condiciones de pronunciarse sobre acciones del Ejecutivo Federal en aspectos trascendentales para la vida del país, que serán capaces de ratificar o rechazar leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, todo esto con efectos jurídicos vinculantes en caso de cumplir con los requisitos Constitucionales y Legales.

La figura jurídica de la consulta popular, tiene como finalidad que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo promueva las condiciones para el pleno y libre desarrollo de las capacidades humanas esenciales de todos los miembros de la sociedad.

En este sentido, la consulta popular se alinea con el ideal democrático de una ciudadanía atenta, informada y organizada en el desarrollo de los asuntos públicos, capaz de elegir libremente entre las distintas alternativas de participación y superación social, evitando que los intereses de algunos grupos tienen preponderancia sobre el interés colectivo.

La consulta popular se caracteriza por ser un instrumento a través del cual los ciudadanos manifiestan su opinión o propuestas sobre algún tema de interés público relacionado con el ejercicio de las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. Dicha institución surge para evitar que las instancias representativas, el Ejecutivo y el legislativo, monopolicen la representación y se constituyan en protagonistas exclusivos de la formación de la voluntad del Estado.2

En el constitucionalismo democrático moderno las formas de democracia directa o semi directa, se conciben como instrumentos para complementar las instituciones de la democracia representativa no para sustituirla.3

Para efectos de la presente iniciativa reforma a nuestra Carta Magna, la consulta popular es el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos a intervenir y participar colectivamente en las decisiones públicas, conforme a lo establecido en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La consulta popular, es mecanismo que constituye el género que engloba al plebiscito y referendo, de tal suerte que cada legislación reguladora le otorga un tratamiento de acuerdo el objetivo que persiga el tipo de consulta. De esta forma, la consulta popular, plebiscito o referendo, son términos que se utilizan indistintamente; en algunos casos se distingue bajo esa figura entre consulta directa al pueblo sobre materias políticas trascendentes (plebiscito) y consulta popular sobre la aprobación de textos constitucionales y legales (referendo).4

Solo para efectos de mejor comprender los alcances de las distintas figuras que puede abarcar la figura de consulta popular y sin que sea el objetivo de esta iniciativa, es necesario hacer una precisión sobre los términos plebiscito y referéndum.

El Plebiscito es el instrumento de participación directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones del Ejecutivo Federal y que sean trascendentes para la vida pública del país.

El plebiscito consiste en una consulta directa al cuerpo electoral, pero no sobre una decisión legislativa, sino sobre algún asunto de excepcional importancia para la comunidad, que puede comprometer su futuro.

Como ejemplo de lo anterior podemos señalar que, en épocas recientes, el ingreso a la Unión Europea y la ratificación del Tratado de Maastrich, fueron sujetos a consultas plebiscitarias, así como en Canadá, en donde la provincia francófona de Quebec ha realizado varios plebiscitos, en el intento de constituirse en un nuevo Estado, o el plebiscito realizado el 5 de octubre de1988 en Chile que termino con la dictadura de Augusto Pinochet.

Por otra parte, el referéndum, es el instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes competencia del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente, que ya han sido aprobadas.

El referéndum es una manifestación de la democracia constitucional, mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa en el proceso del poder, lo que hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio del referéndum y el plebiscito.

En términos jurídicos, la naturaleza de esta forma de participación popular se considera como un acto de ratificación o rechazo. Un acto decisorio autónomo, que al sumarse al de los representantes populares, da origen a la disposición legal, y solo adquiere validez cuando ha sido sometida a la votación popular y aprobada por ella.

Los legisladores formulan la ley, pero ad referéndum, es decir, a reserva de lo que el cuerpo electoral resuelva, constituyéndose el voto popular en condición suspensiva a que se somete la legitimidad, validez y eficacia de la ley.

La diferencia esencial con el referéndum consiste en que el plebiscito no afecta a actos de naturaleza normativa, se refiere a cuestiones de hecho, actos políticos y medidas de gobierno. Especialmente afecta cuestiones de carácter territorial y a materias relativas a la forma de gobierno y su ejercicio.

Cabe señalar que esta iniciativa versa única y exclusivamente sobre la consulta popular de acorde a lo dispuesto al artículo 35º fracción VIII apartado 3º de la Carta Magna.

La experiencia internacional ha mostrado las bondades de la figura de la consulta popular en sus distintas manifestaciones, plebiscito y referéndum, como una forma pacífica de dirimir las controversias y el debate nacional sobre cuestiones de interés público en todo el mundo, al proporcionar libertad como a las naciones bálticas; Lituana; Letonia y Estonia, en los años noventa, y en el sudeste asiático a Timor Oriental en años recientes. A través del planeta, desde Quebec, en Canadá, hasta la Patagonia, en Chile, y de Checoslovaquia, hasta los países Bálticos.

En este orden de ideas, con la incorporación de la figura de Iniciativa Popular a nuestro marco normativo, México, se incorporó la larga lista de países a nivel internacional que han hecho de estas prácticas una costumbre democrática, bien vista y totalmente aceptada, encaminándose con ello a la construcción de un Estado Democrático de Derecho.

Sin embargo, a pesar del avanece existen lagunas jurídicas que impiden el completo ejercicio de esta figura.

Por un lado, en el texto constitucional están claramente establecidas las áreas sobre las que no habrá consulta popular, a saber son “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente” (artículo 35 fracción VIII numeral 3º)  pero existen áreas, como los tratados internacionales, que a pesar de su importancia no ha quedado clara la forma de participación de la sociedad entera, a través de la consulta popular para debatir y decidir sobre el rumbo nacional.

Estas lagunas dentro de la Carta Magna parecieran entrar en contradicción con normas constitucionales y convencionales de aplicación obligatoria en nuestra nación. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos señala:

“Título Primero

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

…”

Por otra parte, México se ha adherido a diverso instrumentos internacionales que garantizan derechos humanos fundamentales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,5 que en su artículo 23 párrafo primero inciso a) señala:

“Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

…”

Así como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,6 que en su artículo 25 indica: 

“Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

…”

Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido de manera categórica, mediante jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades que “La inclusión de la iniciativa ciudadana y consulta popular en el artículo 35, fracciones VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica el reconocimiento de los mecanismos de democracia directa, como vías para el ejercicio del derecho humano de votar” tal y como se señala a continuación:

“MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. EN SU DISEÑO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR.- La inclusión de la iniciativa ciudadana y consulta popular en el artículo 35, fracciones VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica el reconocimiento de los mecanismos de democracia directa, como vías para el ejercicio del derecho humano de votar, lo cual es acorde a lo establecido en los artículos 23, apartado 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25, párrafo primero, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevén el derecho de participación política de manera directa o mediante representantes libremente elegidos. En ese contexto, el elemento definitorio de estos mecanismos consiste en someter de forma directa a la ciudadanía, un tema trascendente, que puede ser una norma de carácter general, un acto de gobierno o hasta la revocación de mandato de un representante electo democráticamente. Por ello, toda vez que se trata del ejercicio del derecho humano de sufragio activo, en su desarrollo legislativo, se deben observar tanto los principios del voto, universal, libre, secreto y directo, como las demás garantías constitucionales y convencionales establecidas para su ejercicio, entre las que destacan la organización del proceso por un órgano que desarrolle sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; así como un sistema de medios de impugnación para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos que conforman el proceso.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-5225/2015.—Actor: Omar Pavel García García.—Autoridad responsable: Otrora Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.—27 de enero de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Andrés Carlos Vázquez Murillo y Roberto Jiménez Reyes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 96 y 97.”

Luego entonces, considerando que la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y la jurisprudencia en materia electoral nos señalan la obligación del Estado mexicano para recurrir a mecanismos de democracia directa y que “el elemento definitorio de estos mecanismos consiste en someter de forma directa a la ciudadanía, un tema trascendente, que puede ser una norma de carácter general, un acto de gobierno”, es imperioso RECONOCER la existencia de UNA LAGUNA LEGISLATIVA por no incorporar la ratificación de los Tratados Internacionales como objeto de consulta popular.

En un mundo globalizado, donde las fronteras y límites jurídicos entre las naciones se diluyen, se hace indispensable que se legisle al respeto de incluir a los Tratados Internacionales dentro de las áreas que deben ser sometidas a consulta popular.

Al respeto cabe señalar que México de ser una economía esencialmente cerrada ha transitado en el proceso que la ha convertido en una economía muy abierta a los flujos de comercio en bienes, servicios y capitales, sin contar con la voluntad consciente de la población. Desafortunadamente, la estrategia de vinculación internacional, de una apertura comercial al extremo, ha desembocado en un retroceso del país en el plano internacional.

En los últimos años, los gobiernos federales han impulsado importantes cambios en las relaciones sociales. Esto es, el pacto social que predominó en México básicamente desde el fin del movimiento revolucionario y que, como se estableció en el artículo 25 de la Constitución, incorporado en 1982, comprendía tres grandes sectores económicos: el público, el social y el privado, se fue modificando. Desde entonces, se ha ido reduciendo el sector público y desplazando al sector social.

Desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, se fueron observando los cambios como el retiro del Estado de la economía y, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, la búsqueda de la estabilidad de precios, mediante la contención del salario y la transferencia de la renta de la tierra del campo a la ciudad vía la fijación de precios básicos, como condición, decían, para lograr el desarrollo.

Se redujo la participación del Estado, en actividades que no estaban determinadas como exclusivas del Estado o que no se encontraban en el imaginario público como prioritarias, aunque eran muy importantes, como sucedió, por ejemplo, con los ferrocarriles, la CONASUPO, Fertimex, las siderúrgicas, la banca, los seguros y empresas básicas como Productora Nacional de Semillas, por citar algunos de los casos más relevantes, además de que con las reformas de 1992 se buscó incorporar la tierras ejidales al mercado.

Se extranjerizó la banca y se debilitaron a PEMEX y a CFE, permitiendo cada vez más una mayor intervención de intereses privados en su administración, después fue la reforma laboral que aprobó el outsourcing y precarizó las condiciones laborales de los trabajadores, la cual fue aprobada a finales del pasado sexenio. Todo en el marco de las condiciones internacionales del mercado.

Es a partir de 2013 cuando el proceso de desincorporación del patrimonio nacional y de empresas públicas alcanzó su punto más destacado mediante el Pacto por México. Éste permitió construir mayorías legislativas dispuestas a aprobar la apertura en telecomunicaciones, en el sistema de ahorro para el retiro y en el sector energético.

Incluso, en 2014 se especuló que podría proponerse una reforma para privatizar el servicio de agua potable a las ciudades, y otra sobre el campo, que tendría como objetivo, proponer un retroceso a la reforma agraria incluso más allá de las reformas de 1992; no lo hicieron abiertamente, pero sí por medio de las reformas en el sector energético que permiten el uso de tierras ejidales y comunales para la explotación privada de sus recursos y ventajas naturales.

Las consecuencias de las políticas aplicadas en los últimos años han sido muy graves para la población. La decisión de reducir el tamaño del sector público y la apertura de prácticamente todas las actividades de la economía a la inversión privada, ha desembocado en una grave concentración del ingreso, que ha convertido en una condición estructural que sólo 40% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de formalidad laboral7 y cerca de 50 millones de mexicanos vivan en condiciones de pobreza.8

El Tratado de Libre Comercio, los cambios legislativos y el retiro del Estado de la economía, acompañados de una creciente corrupción de los altos funcionarios, elevada concentración del patrimonio y el ingreso, acompañado de empleos precarios o de plano altos niveles de desempleo y la pobreza, implicaron una recomposición de las relaciones sociales, del pacto social aceptado por la mayoría de la población, lo que ha coincidido, como ya se señaló, con crecientes niveles de violencia y expresiones de rechazo a una situación cada vez más insoportable para amplios sectores de la sociedad.

Según datos de la Secretaría de Economía actualizados al 31 de mayo de 2016 actualmente, contamos con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. México participa activamente en diversos foros multilaterales y regionales para impulsar un sistema multilateral de comercio.9

El proceso de apertura comercial de México se ha dado cronológicamente10 de la siguiente manera:

• 1986 se ingresa al GATT.

• 1992 se firma el ALADI con Chile 1993 se ingresa a la APEC.

• 1994 entra en vigor el TLCAN y se ingresa a la OCDE.

• 1995 se firman los TLC con Bolivia, Costa Rica, y con el llamado G3 con Colombia y Venezuela (que posteriormente Venezuela lo abandona el 19 de noviembre de 2006).

• 1998 se firman los acuerdos mediante el ALADI con Panamá, Ecuador, Cuba, Uruguay y se firma el TLC con Nicaragua,

• 1999 entra en vigor el TLC con Chile y el ALADI con Argentina.

• 2000 México firma el TLCUEM (con la unión Europea), el TLC con Israel y el ALADI con Perú y Paraguay,

• 2001 se firma el TLC AELC (Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein) y el TLC con el triangulo del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador),

• 2002 se firma el ALADI con Brasil y con el Mercosur (acuerdo marco y en automotor),

• 2004 entra en vigor el TLC con Uruguay.

• 2005 se firma el Acuerdo de Asociación Económica con Japón.

• México tiene tratados de apertura y libre comercio con más de 45 países, lo que le da acceso a un mercado potencial de exportación de más de mil millones de consumidores y al 75% del PIB mundial.

Y el problema no termina ahí, porque las reformas de 2013 han creado tal grado de vulnerabilidad que ahora la “estabilidad”, que ha sido la razón de todos los cambios que desde el salinismo han debilitado al país y a la población, depende de los capitales especulativos y ahora hasta el comportamiento de los precios de las gasolinas depende de que esos capitales sigan llegando, obviamente mediante el cobro de altas tasas de interés. Por cierto, otra razón de esos cambios, fue el combate a la corrupción, que desde las elecciones fraudulentas, hasta la apropiación de los bienes públicos, más bien ha crecido de manera explosiva e insostenible.
Cabe recordar que si bien hubo fuerzas políticas y sociales que propusieron evaluar mejor las decisiones que condujeron a la situación actual, e incluso propusieron someter a consulta algunas de esas reformas, en particular la energética, la mayoría legislativa rechazó esa posibilidad.

México que en 1994 era prácticamente autosuficiente en la alimentación, para 2014 se convirtió en importador neto de alimentos básicos en América Latina. De acuerdo al periodista mexicano, Carlos Fernández-Vega, desde la entrada en vigor del TLCAN el país ha importado alimentos "por 275 mil millones de dólares y el 80 por ciento de los cuales proviene de EEUU, mientras se incrementa el número de mexicanos sin acceso a los alimentos y el campo nacional es una enorme fábrica de pobres".11

En 1994 se importaron los alimentos por 1.800 millones de dólares y en 2014 por 25 mil millones de dólares. Actualmente el país importa el 75 por ciento del consumo nacional de arroz, 30 del maíz y el 42 por ciento de trigo. También compra principalmente en Norteamérica carne, lácteos, huevos, leche, aves, semillas etc. Su exportación se limita a hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, frutas, bebidas y vinagre. México ya dejó de ser autosuficiente en productos del mar teniendo 12 millas de mar territorial y 200 millas de zona económica exclusiva y su flota pesquera prácticamente ha desaparecido.12

Todo esto explica, en parte, por qué el 60 por ciento de 112 millones de habitantes de México son pobres y sin acceso a la seguridad social. El TLCAN tampoco ha traído el prometido trabajo completo.

Actualmente casi 30 millones de mexicanos trabajan en la informalidad (60.1 por ciento de la población ocupada) con el sueldo mínimo de 167 dólares al mes. Según los informes gubernamentales, el índice de obesidad y sobrepeso de los habitantes del país aumentó en estos 20 años del 32 al 78 por ciento debido a la mala alimentación y la falta de acceso a la alimentación nutritiva que ha sido reemplazada por la comida chatarra importada de EEUU. Tal es la situación que tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con obesidad.

Estados Unidos también obtuvo su "progreso" tanto en términos económicos y financieros a través del TLCAN como en los geopolíticos y geoestratégicos. Sus corporaciones energéticas recibieron el acceso al petróleo mexicano (10.500 millones de barriles) que el actual presidente del país Enrique Peña Nieto logró privatizar, además la banca norteamericana tomó control del sector financiero nacional.13

Hoy, nuevamente se vive la necesidad de tomar decisiones de gran trascendencia para los mexicanos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio impulsada por el actual gobierno de Estados Unidos, ha creado la urgente necesidad de definir entre el actual modelo económico neoliberal, excluyente, generador de pobreza, dependencia alimentaria y pérdida de soberanía, o en su lugar se convoca a la sociedad a participar en el diseño de una economía nacional fuerte, incluyente, eficiente, verdaderamente moderna y democrática, que contribuya con sus socios comerciales en acuerdos de mutuo beneficio y respeto, y esa disyuntiva obliga a hacer partícipe a la sociedad mexicana de una decisión que, se advierte, podría tener importantes repercusiones en la soberanía, en la conducción del país y en las condiciones de vida de la población.

El futuro en juego, otra vuelta de tuerca

Cabe recordar que desde la campaña del actual presidente de Estados Unidos, hizo el compromiso de revisar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, con el argumento de que ese acuerdo entre los tres países había perjudicado las condiciones de vida de los trabajadores estadounidenses. Esa fue una de las razones por las cuales, cuando Trump resultó triunfador en las elecciones de noviembre de 2016, se observó una gran volatilidad en el tipo de cambio a finales de ese año que lo llevó cerca de 22 pesos por dólar, reflejo de la dependencia y vulnerabilidad de la economía nacional.

Si bien la debilidad del tipo de cambio se corrigió después de la toma de protesta de Trump el 20 de enero de este año, eso se debió a que los mercados, los inversionistas y en particular los especuladores, no encontraron en el nuevo presidente el ímpetu que mostraba durante la campaña, como sucedió con otras de sus promesas, para revisar los términos del acuerdo trilateral. Además, esto sucedía al tiempo que la opinión de la población del vecino país sobre Trump se deterioraba rápidamente y avanzaban las acusaciones sobre posibles violaciones a la Ley por parte del nuevo presidente. Por eso los especuladores dejaron de apostar a favor del dólar y comenzaron a buscar las altas tasas de interés de los países emergentes, como México.

Ese período de relativa debilidad del dólar se ha prolongado, lo que se ha reflejado en un fortalecimiento del peso, a entre 17 y 18 pesos por dólar, en un comportamiento que también se observó en las divisas de otros países emergentes. Esto ha devuelto la “confianza” en los funcionarios del Banco de México y de Hacienda, acerca de sus posibilidades de mantener un tipo de cambio fuerte. El problema es que esa “fortaleza” se debe a la debilidad del dólar y, además, se concretó mediante la captación de capitales de riesgo, que fue posible por el alza de tasas de interés en México y la menor presión por la renegociación. Todo indica que la debilidad del dólar se mantendrá un tiempo, hasta que la actividad en Estados Unidos dé mayores señales de fortaleza, cuando se espera que la Reserva Federal retome la normalización de su política monetaria. Como es de suponer, si la Reserva Federal aumenta sus tasas, mantener la paridad del peso obligará al Banco de México a elevar nuevamente sus tasas, lo que implicará un mayor costo.

Debido a que la causa del fortalecimiento del peso fue la debilidad internacional del dólar, ese movimiento sucedió a pesar de la mala negociación del acuerdo azucarero, que fue considerada por empresarios mexicanos como una mala señal: firmeza por parte del gobierno de Trump y poca capacidad de negociación de la representación mexicana, encabezada por el secretario de Economía. Es decir, no se puede suponer que la economía mexicana tiene buenas expectativas.

Incluso, la debilidad del dólar, que refleja la complejidad de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, podría continuar debido a que persiste el exceso de dólares en circulación y, porque además Trump ofreció aumentar la inversión en infraestructura, lo que independientemente del esquema de financiamiento, podría influir en una mayor inflación en Estados Unidos y más debilidad del dólar. Por eso se podría decir que. la fortaleza del peso -y de las monedas de países emergentes- se ha mantenido no obstante o gracia a que el partido republicano, el de Trump, ha logrado algunos éxitos en elecciones locales, fortaleciendo su posición y sus posibilidades de lograr avances en su agenda.

En ese contexto, el 18 de mayo la representación comercial de la Casa Blanca notificó formalmente al Congreso de su país la decisión de revisar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, iniciando un período de consulta de 90 días en ese órgano legislativo, tras lo cual las negociaciones podrían iniciar este 16 de agosto. Vale recordar que esa notificación fue posible hasta que se ratificó al representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, lo que sucedió a principios de mayo.

Finalmente, en un mensaje difundido el 7 de junio por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump volvió a advertir que de no renegociar de manera total el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos dejará el acuerdo para siempre y recordó lo que sucedió con los Acuerdos de París y el Transpacífico (TPP).

Los objetivos de Trump, abanico de riesgos

Todo indica que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revisar el Tratado de Libre Comercio firmado con México y Canadá, busca aprovechar la debilidad institucional de nuestro país, propiciada por la enorme corrupción que ha caracterizado a los últimos gobiernos y sus congresos sometidos. Incluso, es posible que para funcionarios de Peña amigos de Trump, como Videgaray, se considere que esa renegociación es la condición que permitirá hacer irreversibles los cambios que promovió en 2013. Por eso, Trump ha justificado la renegociación con el falso argumento de que Estados Unidos ha sido el perdedor del TLCAN. De esa manera impulsa el objetivo de obtener mayores concesiones del gobierno de Peña Nieto, introduciendo sin necesidad más elementos de inestabilidad en una relación que con acuerdos constructivos y respetuosos podría ser mejor para las tres partes, México, Canadá y Estados Unidos.

 En la notificación que hizo al Congreso, el gobierno de Trump argumenta que busca establecer mecanismos para una “implementación efectiva” de los compromisos hechos por México y Canadá y que la aplicación de las normas comerciales “debería mejorarse en el contexto del TLCAN”.

Lo cierto es que Trump y sus funcionarios se han referido a la renegociación de una manera tan general -y así lo confirma el documento que presentó la oficina comercial de la Casa Blanca14 el 17 de julio de 2017- que habría que tener mucho cuidado con ello. Por ejemplo, entre lo que han dicho los funcionarios del gobierno de Trump acerca del TLCAN, consideran que necesita ser mejorado en temas comerciales, como la facilitación aduanal, modificaciones apropiadas de los procedimientos de reglas de origen trilateral, barreras técnicas al comercio en servicios, comercio digital, medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero también se han referido a los derechos de los trabajadores, migración temporal, el marco normativo y el trato a pequeñas empresas, y otros más que requieren un análisis más cuidadoso como inversiones y derechos de los inversionistas, competencia, licitaciones gubernamentales, derechos de propiedad intelectual, empresas estatales, seguridad alimentaria y protección del medio ambiente, y esto a pesar de que Trump renunció al acuerdo de París.

Uno de los temas que más han llamado la atención en México, son los comentarios de la administración de Trump, acerca de modificar las reglas de origen, para definir cuando un bien tiene el porcentaje de contenido regional para gozar de las preferencias arancelarias. El secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, ha dicho que las reglas de origen del TLCAN deben endurecerse para evitar que productores fuera de la región se beneficien de acceso libre de tarifas al mercado estadounidense.

Pareciera que esa decisión va contra la estrategia de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, que en 2006, en lugar de fortalecer la producción nacional, buscó mediante el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX) y la firma de decenas de acuerdos comerciales con países ajenos a la región, que las partes y componentes importados de esos países se consideraran de origen para asegurar el contenido regional. Parte de esa estrategia se ha estado corrigiendo con la instalación de empresas de autopartes y componentes en el país, pero ¿Cuál es el porcentaje real de integración regional de las exportaciones mexicanas y cómo supervisaremos el porcentaje de integración regional de las importaciones estadounidenses?

Frente a eso, industriales del ramo automotriz, incluso estadounidenses, que tienen plantas de partes en países fuera de la región, han señalado que endurecer las reglas de origen podría ser perjudicial y dañaría la competitividad del sector en Estados Unidos, México y Canadá.

Otros productores y empresarios estadounidenses, incluso algunos que apoyaron al mandatario y fueron fundamentales en su triunfo electoral, han hecho llamados a la prudencia para no afectar a sus actividades y su posición en el mercado. A mediados de mayo, líderes empresariales de Estados Unidos, pidieron cuidar el TLCAN como un acuerdo trilateral y evitar que su modernización desquicie las cadenas de suministro en Norteamérica. En marzo de este año, agricultores de Iowa, demandaron al gobierno de Trump evitar una disputa comercial con México, por temor a poner en riesgo sus exportaciones hacia nuestro país, por cerca de 3 mil millones de dólares. Por su parte, los senadores republicanos Cory Gardner, John McCain y Ben Sasse, que votaron en contra de la ratificación de Lighthizer, se dijeron preocupados porque el funcionario no aprecia los beneficios del TLCAN y su proceso de confirmación mantuvo su apreciación de que no entiende los beneficios económicos que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para sus respectivos estados.

La propuesta económica del gobierno estadounidense tiene además otras complicaciones, como la que provocaría la reforma fiscal de Trump para reducir las tasas de impuestos a las utilidades y en ese mismo sentido, su negativa, en principio, para firmar la Convención Multilateral para la Implementación de Medidas Relacionadas con Tratados Tributarios para Prevenir la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS).

O la intención de influir en los términos de la paridad, como se desprende de las declaraciones que el viernes 3 de marzo hizo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien expresó que un pacto comercial sensato de su país con México impulsaría al peso y agregó que debería haber un nuevo mecanismo para hacer más estable el tipo de cambio peso-dólar, dejando abierta la posibilidad de obligar a México a mantener un peso fuerte, que le restaría competitividad y le impediría generar inversiones y empleos.

Además, no hay que olvidar que persiste el riesgo de una mayor debilidad del dólar, frente a lo cual las autoridades del Banco de México deben aplicar medidas para evitar un mayor fortalecimiento del peso.

Conviene recordar que el resumen de la Oficina Comercial de la Casa Blanca establece que a través de mecanismos apropiados, se evitará que los países del TLCAN manipulen el tipo de cambio para ganar ventajas competitivas. Lo cual es absurdo en nuestra relación con el dólar, cuyos períodos de sobrevaluación no sólo han afectado a Estados Unidos, sino que han tenido un fuerte impacto en México, porque las autoridades monetarias de México, aplicando un acuerdo no escrito, siguieron su comportamiento dañando a la economía nacional. Y lo mismo sucedería si el dólar se mantiene débil. No se puede obligar a México a aceptar esa situación, al contrario. La pérdida de competitividad podría afectar no sólo a México, sino a cada uno de los países y a toda la región en su conjunto, como sucedió en los primeros años de este siglo.

Todo lo anterior, sin considerar que el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer es un defensor del proteccionismo y de las inversiones estadounidenses, que seguramente va a tratar de aprovechar cada una de las disposiciones permisivas, incluidas en los contratos en los que el gobierno de Enrique Peña y sus funcionarios de Hacienda y Energía, ceden parte de la soberanía nacional y flexibilizan los términos en beneficio de las utilidades de las trasnacionales petroleras y energéticas en general.

En ese sentido, es inaceptable la propuesta que dio a conocer la oficina de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, de establecer que en el caso de las inversiones se eliminen todas las barreras a las inversiones estadounidenses y, en lo que se refiere a las controversias relacionadas con el tratado, ya no se apliquen las disposiciones y salvaguardas vigentes, al grado que demandan eliminar el Capítulo 19 del Tratado, referente a solución de controversias.

En México, una consulta limitada, sin respaldo social

Después de promover la entrega de la banca, las telecomunicaciones y  los energéticos, autorizar la depredación de las mineras y el outsourcing, el gobierno de México ha puesto énfasis en que no aceptará que se incrementen los aranceles en el comercio de productos ni que se impongan cupos u otros mecanismos relacionados con el “comercio administrado”. El problema es que la negociación en materia de azúcar demostró la vulnerabilidad de la economía mexicana y la falta de competencia de los negociadores, lo que puede afectar ámbitos mucho más importantes que los simples términos del intercambio.

La consulta en México es coordinada por la Secretaría de Economía, con participación del Senado de la República, que es el órgano legislativo que constitucionalmente tiene facultades para abordar los temas en materia de política exterior. Cabe recordar el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción primera señala:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

El problema para los mexicanos es que el presidente Peña Nieto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y los demás integrantes del gabinete, aparentemente ven la propuesta de Trump sólo desde el punto de vista comercial y sin transparentar a la sociedad las posibles consecuencias de las decisiones que impulsaron en el pasado. Y tampoco se debate, con la sociedad, cómo los mexicanos podemos superar esos retos. Al contrario, siguen tratando de imponer gobernadores y organizando rondas para terminar de entregar los energéticos, permitiendo la apreciación del peso y cediendo soberanía, como si eso fuera a detener a Trump.

Y en ese sentido, el gobierno de Enrique Peña, por medio del secretario Guajardo, se ha limitado a cuestionar el señuelo, la deliberadamente equivocada visión del déficit comercial de Donald Trump, sin advertir a la sociedad del riesgo de fondo y la complejidad de la negociación que se avecina, lo cual parece confirmar la complicidad de miembros del gabinete de Peña, con la estrategia de Trump. Además, el actual cuerpo senatorial no ha demostrado sensibilidad para apreciar las preocupaciones de los mexicanos.

Propuesta del gobierno mexicano, ceder y conceder para que todo sea irreversible

Lo más grave es que la propuesta del gobierno mexicano contiene aspectos  inaceptables de negociar. De acuerdo con el documento de la Secretaría de Economía “Prioridades de México en las Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, sólo la primera se refiere a las relaciones netamente comerciales, pero lo acompaña de un trato descuidado del tema del campo.

Así, la primera prioridad, “Fortalecer la competitividad de América del Norte” se refiere a eliminar barreras, agilizar los trámites aduaneros, transparentar la regulación y cooperación regional para el desarrollo de competencias laborales y nuevos modelos educativos.

En este eje se reconoce la importancia que ha ganado el país por su posición geoestratégica, en la instalación de plantas de partes y equipos terminados para exportar a Estados Unidos o a otras regiones del mundo. Es una actividad que genera empleos y valor agregado que hasta ahora se han utilizado sólo para equlibrar la balanza comercial, sin contribuir a construir un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida para los trabajadores.

Desafortunadamente, la propuesta de Peña incluye en esta primera prioridad al campo, sector que requiere un tratamiento diferente, porque no se puede mantener la apuesta de los últimos gobiernos, basada en la agroindustria para producir perecederos, buscando desplazar a los productores para dejarles las tierras a inversionistas privados. Se requiere una visión diferente, una visión que no pueden tener los funcionarios de Peña preocupados por algunas firmas trasnacionales, y no por los millones de productores del país.

La segunda prioridad no es parte de una negociación. En ésta, “Avanzar hacia un gobierno inclusivo y responsable” menciona la necesidad de promover a las pequeñas y medianas empresas y también el cumplimiento de las disposiciones nacionales y compromisos internacionales en materia laboral, anticorrupción y medio ambiente. El problema es que en este eje se contemplan temas que son parte de la urgente agenda nacional. Salvo lo relativo al impulso a las pequeñas y medianas empresas, la prioridad afirma que se deben cumplir las obligaciones laborales, el combate a la corrupción y la impunidad y el respecto al medio ambiente. Para ello no es necesario renegociar el acuerdo, sólo se requiere tener voluntad política, lo que no se observa en el régimen mexicano, como se comprobó con la corrupción y la impunidad en la elección del Estado de México o con la permisividad con las empresas mineras de Canadá o el impulso al fracking, a pesar de que representa un dumping ecológico. Pero, hay que advertirlo, con o sin TLCAN, la sociedad va a avanzar en estos aspectos.

La tercera prioridad “Aprovechar las oportunidades del Siglo XXI” se refiere a las reformas de 2013, en las que hay un intenso debate y no debe incluirse en un acuerdo comercial. Lo mismo sucede en el sector telecomunicaciones, en donde cualquier negociación debe incluir reservas en materia cultural y garantías para las radios y televisoras públicas y comunitarias. Lo del sector financiero habría que evaluarlo en función de la mala calidad de la supervisión de las autoridades mexicanas. Salvo lo relativo al comercio electrónico, sólo la consulta popular puede legitimar la intención del gobierno de Peña, de actualizar el alcance de las nuevas disposiciones sobre energía, integrar los mercados de telecomunicaciones o facilitar el acceso, seguramente recíproco, de los mexicanos prestadores de servicios financieros a Estados Unidos y Canadá.

La cuarta prioridad tampoco es aceptable. ¿Qué incluye la intención de “Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte”. ¿Por que propone incluir en la renegociación la consolidación del régimen legal de las Empresas Productivas del Estado? Asimismo, en los mecanismos de solución de controversias, Inversionista-Estado; Estado-Estado, lo único aceptable serìa que México garantice desarrollar su propia política económica, incluyendo un sector público y su normatividad, que impulse el desarrollo de sus empresas en un marco legal y transparente, pero en condiciones asimétricas con Estados Unidos.

Por otra parte, llama la atención que el documento de la Secretaría de Economía no rechace la pretensión de Trump de vigilar la política cambiaria y monetaria de México. Tampoco advierte al riesgo de un cambio unilateral en la política fiscal, como amenazó Trump.

Parece que los funcionarios de Peña más bien buscan adecuarse a las propuestas de Trump y no han advertido de los problemas que se pueden presentar o, quizás salgan con “sorpresas” negativas para el país, por falta de previsión y compromiso con el país.

Lo cierto es que el gobierno, el legislativo, los sectores productivos, la sociedad y la academia, todos en conjunto, aún podemos influir para impedir un retroceso en la relación con Estados Unidos. Para lograr ese impulso nacional, el ejecutivo mexicano está obligado a involucrar a más actores a la discusión, impulsando la relación y la comunicación con los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, con sus Congresos, con los gobiernos y congresos de sus estados, para destacar la ventaja de vivir en una región con estabilidad y colaboración responsable, y para que los mexicanos conozcan los riesgos y tengan elementos para juzgar los eventuales costos y beneficios de las negociaciones que están por iniciar.

En ese sentido, podemos y debemos aprovechar el impulso de organizaciones y políticos de Estados Unidos que proponen cambios para controlar las corporaciones, garantizar el cumplimento de derechos laborales, las disposiciones medioambientales y de transparencia durante el proceso de negociación. De esto se ha discutido poco o nada en México, pero no podemos ignorar que es una agenda de enorme importancia en el vecino país del norte y fundamental para la eventual aprobación del documento renegociado.

Por ejemplo, el economista Dani Rodrik, señaló en una ponencia en la Cámara de Diputados, que los acuerdos de comercio deben cambiarse para fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, facilitar políticas económicas nacionales, como las industriales, no limitar al comercio como el objetivo principal de los tratados y buscar alternativas para la movilidad de trabajadores.

Por eso mismo, esta iniciativa retoma la propuesta de someter la renegociación a consulta popular. Lo que pretende incluir el gobierno de Peña y lo que espera obtener el gobierno de Trump son aspectos demasiado importantes para el futuro del país, como para dejarlo a la voluntad de un gobierno y un Senado que no han demostrado compromiso con el país.

Por las razones arriba expuestas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTÍCULO 35. Son derechos del ciudadano:

I…

II…

III...

IV…

V…

VI…

VII…

VIII. Votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetaran a lo siguiente: 

1o…

2o…

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. la suprema corte de justicia de la nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el congreso de la unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

Serán sometidos a ratificación en consulta popular los tratados internacionales en materia de integración comercial, económica y  energética, negociados por el ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 76 de esta Constitución.

4o…

5o…

6o....

7o…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Norma Rocío Nahle García.

1 DOF 9 agosto de 2012.  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia política.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwju2qefzM3VAhXnslQKHQLBCgAQFggpMAA&url=http%
3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5262910%26fecha%
3D09%2F08%2F2012&usg=AFQjCNEUgTeDavp6r3WJFY3qG8TY5a22tQ

2 Martínez, Sospedra, Manuel, Derecho constitucional español, Valencia, Fundación Universitaria San Pablo CEU, 1995, p. 307.
https://books.google.com.mx/books?id=iUvwqwqtYYIC&pg=PA87&lpg=PA87&d
q=Mart%C3%ADnez,+Sospedra,+Manuel,+Derecho+constitucional+espa%C3%B
1ol,+Valencia,+Fundaci%C3%B3n+Universitaria+San+Pablo+CEU,+1995,+p.+307
&source=bl&ots=dFaAEc72t0&sig=2c9QrV5UwJRLWj6KolakMICakrQ&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiVkuzR2s3VAhXKq1QKHcWHBngQ6AEIKzAB

3 Idem.

4 Zovatto, Daniel, “Las instituciones de democracia directa”, en Lissidini, Alicia; Welp, Yanina Zovatto, Daniel Compiladores, Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 13-70.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1by84M3VAhXIwlQKHaAbBlQQFggmMAA
&url=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F8
%2F3717%2F3.pdf&usg=AFQjCNE5WXSdTHBzq2YZ2qaiKX57dWDkFg

5 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Ratificada por el Senado de la República, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta. Conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son Ley Suprema y, por tanto, de observancia obligatoria para todos los tribunales del país, según lo previsto en el artículo 1° de la misma Constitución.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad
=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi18IKZq83VAhXoqVQKHRp1DToQFggqMAA&
url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b32_convencion_
americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYs-y71C593j4Exm_0UqeMrw

6  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_te2prM3VAhVKxFQKHbkpC4oQFggmMA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages
%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg
Lugar y fecha de adopción: Nueva York, 16 de diciembre de 1966; Aprobación Senado: 18 dic 1980;
Publicación DOF Aprobación: 9 ene 1981; Vinculación de México: 23 mar 1981; Adhesión Entrada en vigor internacional: 23 mar 1976; Entrada en vigor para México: 23 jun 1981; Publicación DOF Promulgación: 20 may 1981 Fe de Erratas: 22 jun 1981.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_Frs3VAhVLllQKHVKHB_YQFggsMAE&Ç
url=http%3A%2F%2Ftransparencia.qroo.gob.mx%2Fdocumentos%2F2016%2F11%
2F13746c4b688ce01f7d3d2294fda45dcd.pdf&usg=AFQjCNEWO6oCNMSRV5
-RCFBJKSrhl2L3-g

7 Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo (15 y más) (INEGI)

8 http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

9 México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio. Secretaria de Economía.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezc6m1tjVAhWP14MKHeO9AFAQFggyMAI
&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fse%2Farticulos%2Fmexico-cuenta-con
-12-tratados-de-librecomercio%3Fidiom %3Des&usg=AFQjCNH7Wvq _WPo0
YXs XAtxI PouE _Sp8tA

10 El impacto de los tratados de libre comercio en la economía de México. Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali. Octubre de 2014. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad
=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDn5_x3NjVAhWBwYMKHSreBewQFggvMAE&
url=http%3A%2F%2Fwww.alafec.unam.mx%2Fdocs%2Fasambleas%2Fxiv%2
Fponencias%2F8.01.pdf&usg=AFQjCNFtg0g92ZDPHEgJ_vmv5zJV8Ypcsw

11 El Tratado de Libre Comercio que destruyó México - Sputnik Mundo. 8 de abril de 2015.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq95f70djVAhWE3oMKHQFkC38QFghaM
Ak&url=https%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Ffirmas%2F20150408
1036193368%2F&usg=AFQjCNFo3-n6Fs2hJwjS4f2F5RvHoDUTFQ

12 Idem.

13 Ibid.

14 Summary of Specific Negotiating Objectives for the Initiation of NAFTA Negotiations, Office Of de United States Trade REpresentative, Executive Office of the President; Monday, july, 2017.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Norma Rocío Nahle García. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Priego Calva, para presentar a nombre de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, en materia de procedimiento sancionador fiscal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Jesús Priego Calva, a nombre de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Priego Calva: A nombre de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que presenta la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, en materia de presunción de inocencia y garantía de audiencia en el procedimiento sancionador fiscal.

Para prevenir las posibles arbitrariedades y excesos que pudiera cometer la autoridad en el ejercicio de sus facultades, la presunción de inocencia se erige como un derecho humano que salvaguarda la libertad personal y patrimonial de la persona frente al Estado.

En este sentido, es importante destacar que en materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un procedimiento sancionador previsto en el artículo 69-B mediante el cual se pueden imponer sanciones administrativas a los contribuyentes.

Por tal motivo, la presente iniciativa propone que tratándose de la sanción administrativa, prevista en el artículo 17-H, fracción X del Código Fiscal de la Federación, relativa a la facultad del Servicio de Administración Tributaria para dejar sin efectos los certificados fiscales que emita el contribuyente, se deberá notificar previamente al contribuyente afectado, así como, darle la garantía de audiencia correspondiente, en términos de lo previsto en el señalado artículo 69-B del citado Código Fiscal.

En razón de lo anteriormente expuesto, se estima que el Código Fiscal de la Federación, en la porción normativa de la fracción X del artículo 17-H, deja en estado de indefensión al contribuyente frente al poder coactivo del Servicio de Administración Tributaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FISCAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presunción de inocencia es la piedra de toque del Estado Constitucional de Derecho. Para prevenir las posibles arbitrariedades y excesos que pudiera cometer la autoridad en el ejercicio de sus facultades, la presunción de inocencia se erige como un derecho humano que salvaguarda la libertad personal y patrimonial de la persona frente al Estado.

En nuestro país, la presunción de inocencia como derecho humano ha quedado reconocida en el artículo 16, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere a dicho derecho como una de las garantías esenciales del imputado de un delito en un proceso penal.

Ahora bien, si en materia penal nuestro texto constitucional reconoce dicho derecho humano a la presunción de inocencia, su aplicación debe considerarse universal para cualquier otra materia donde la persona se vea afectada en su esfera jurídica de derechos y libertades, en concreto, hacemos alusión a la libertades personal y patrimonial que se ven coartadas en caso de sanciones administrativas.

En este sentido, es importante destacar que en materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un procedimiento sancionador previsto en el artículo 69-B mediante el cual se pueden imponer sanciones administrativas a los contribuyentes cuando:

“Artículo 69-B.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes (…)”

En este tenor de ideas, el artículo 69-B desarrolla un procedimiento de notificación y garantía de audiencia con el objeto de que el contribuyente pueda desvirtuar las imputaciones que le realiza la propia autoridad hacendaria, al tenor de lo siguiente:

“Artículo 69-B.- (…)

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

(…)”

No obstante lo anterior, el propio Código Fiscal de la Federación establece diversos supuestos al anteriormente descrito en relación con actos sancionadores del Servicio de Administración Tributaria respecto de los cuales la autoridad hacendaria es omisa en notificar previamente al contribuyente de su imposición, así como, de otorgarle garantía de audiencia para su debida defensa.

Por tal motivo, la presente iniciativa propone que tratándose de la sanción administrativa, prevista en el artículo 17-H, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, relativa a la facultad del Servicio de Administración Tributaria para dejar sin efectos los certificados fiscales que emita el contribuyente, se deberá notificar previamente al contribuyente afectado, así como, darle la garantía de audiencia correspondiente, en términos de lo previsto en el señalado artículo 69-B del citado Código Fiscal.

En este sentido, el artículo 17-H, fracción X, destaca las cuatro causales respecto de las cuales procede la sanción correspondiente:

“Artículo 17-H.- (…)

X. (…)

a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

(…)”

En razón de lo anteriormente expuesto, se estima que el Código Fiscal de la Federación en la porción normativa de la fracción X del artículo 17-H, deja en estado de indefensión al contribuyente frente al poder coactivo del Servicio de Administración Tributaria, e, incluso viola el derecho humano al mínimo vital, reconocido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis “DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR” (Registro 2002743. I.4o.A.12 K), al tenor de lo siguiente:

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR. En el orden constitucional mexicano, el derecho al "mínimo vital" o "mínimo existencial", el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123; aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera.), por lo que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido: "la obligación mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión.". Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales, en su connotación de interdependientes e indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos, es que su contenido se ve definido, al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso.

(Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Pág. 1345)

Por lo tanto, se reitera que la presente iniciativa incorpora la notificación previa y la garantía de audiencia en tratándose del procedimiento sancionador de dejar sin efectos los certificados fiscales de los contribuyentes, mismo procedimiento que desahoga la autoridad hacendaria violando con ello el derecho al mínimo vital y el principio de presunción de inocencia de los contribuyentes.

Para mayor claridad se anexa cuadro comparativo:

Texto vigente

Iniciativa

Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:

(…)

X. Las autoridades fiscales:

 


a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:

(…)

X. Previa notificación y desahogo del procedimiento administrativo señalado en el artículo 69-B de este ordenamiento, las autoridades fiscales:

a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

(…)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR FISCAL

ÚNICO.- Se modifican el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación en los siguientes términos:

Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:

(…)

X. Previa notificación y desahogo del procedimiento administrativo señalado en el artículo 69-B de este ordenamiento, las autoridades fiscales:

a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

(…)

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senador Jesús Priego Calva. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para el Control de Tabaco, en materia de espacios libres de humo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Maricela Contreras Julián: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero antes de iniciar mi exposición celebrar las primeras resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la Constitución de la Ciudad de México, donde se confirma la visión progresista para el respeto y reconocimiento de los derechos de las y los capitalinos, de manera particular el que se haya aceptado que el 50 por ciento de las candidaturas sean territoriales y el otro 50 por ciento sea por asignación proporcional; y el otro tema importante para las mujeres es el de la paridad de género.

Vamos bien y ganando las controversias que se presentaron, los ataques que se han hecho a la Constitución de la Ciudad de México, esperemos que la Suprema Corte de Justicia continúe así con los asuntos que quedan pendientes.

Mi iniciativa tiene que ver con espacios 100 por ciento libres de humo, para esto hemos hecho las siguientes consideraciones:

El tabaquismo es la causa evitable de muerte más importante del mundo, con más de 5 millones de defunciones al año, es decir, un deceso cada seis segundos a nivel mundial asociado a este hábito.

Fumar es una actividad de responsabilidad individual y colectiva, y aunque a todos nos afecta el humo de segunda mano, la población más vulnerable son las niñas y los niños.

En materia de salud una de las prioridades en las políticas públicas del Estado mexicano, debería ser el reducir el consumo del tabaco en todo el país; y cumplir a cabalidad con los compromisos internacionales que han sido suscritos por México para contar con espacios 100 por ciento libres de humo.

Se han hecho esfuerzos importantes para inhibir el consumo del cigarro como la expedición de la Ley General del Control del Tabaco.

Actualmente, se contempla la posibilidad de zonas exclusivas para fumar en los lugares con acceso público, como los interiores de trabajo, incluidas las universidades e instituciones de educación superior.

Si bien se han obtenido resultados por la formación de cultura cívica y conciencia social de las personas que asumieron la disposición de no fumar en los espacios públicos, es preciso avanzar ahora en garantizar espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco.

Hay muchas razones, por ejemplo, el 26.3 por ciento de las y los mexicanos son fumadores y anualmente mueren en nuestro país 66 mil personas por causas relacionadas al tabaco, es decir, 180 personas diarias.

Se estima que en 2002 y en 2011 el número de adolescentes fumadores creció en 33 por ciento y la mayoría inició el consumo antes de los 14 años.

Nuestro sistema de salud, además, eroga al año el 8.3 por ciento de su gasto total destinado únicamente a atender enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y estamos hablando de 50 mil millones de pesos anuales.

Los datos revelan que estamos frente a un problema de salud pública y si bien hemos atendido de manera oportuna, debemos tomar medidas de manera progresiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya adoptó un criterio en el sentido de que cualquier limitante que se imponga para inhibir el consumo de tabaco en lugares públicos no vulnera la garantía de igualdad de los consumidores.

Y en el Congreso de la Unión se han presentado muchas iniciativas a este respecto que abarca las siguientes propuestas:

Uno, incrementar a 50 por ciento los pictogramas de las cajetillas de cigarros con advertencia que muestran sus efectos nocivos.

Proteger a los niños y niñas y adolescentes de iniciarse en el consumo de tabaco.

Prevenir las enfermedades asociadas al consumo de tabaco.

Disminuir los costos al sector salud por el tratamiento de enfermedades asociadas con el tabaquismo.

La iniciativa que hoy presentamos busca reducir la exposición de no fumadores al humo de tabaco con la eliminación de zonas exclusivas para fumar.

A más de ocho años de la entrada en vigor de dicha ley, es preciso contar con espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, lo cual contribuirá, sin duda, a inhibir su consumo y disminuir los riesgos asociados a este.

Se trata de salvar vidas y de hacer todo lo posible en nuestro país para que podamos llegar a ello.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, de la Diputada MARICELA CONTRERAS JULIÁN, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

ARGUMENTOS

El tabaquismo es la causa evitable de muerte más importante en el mundo, con más de cinco millones de defunciones al año, es decir, hay un deceso cada seis segundos a nivel mundial asociado a este hábito; a pesar de que casi para nadie es desconocido que el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas es nocivo para la salud.

En México mueren a diario 130 personas por tabaquismo, al año se reportan 46 mil 400 decesos, además de que las patologías asociadas a este producto le cuestan al gobierno unos 50 mil millones de pesos anuales; los costos indirectos también son importantes, como la reducción de los años de vida productiva por incapacidad o muerte anticipada, ruptura familiar por muerte prematura, pérdidas económicas al reducir la fuerza laboral por enfermedad y la disminución en general de la calidad de vida de fumadores activos e involuntarios.

La adicción al tabaco en nuestro país es alarmante; su humo contiene más de 3 mil 500 partículas sólidas, de las cuales 70 sustancias son cancerígenas; contiene aproximadamente 500 gases, de los cuáles el más dañino es el monóxido de carbono que reduce la oxigenación en la sangre de manera crónica y aguda, es el responsable de infartos y otros eventos cardiovasculares; y por si fuera poco, la nicotina, que es el elemento deseado por el fumador al inhalar, no solamente tiene un enorme poder adictivo (mayor que el del alcohol, marihuana y cocaína) desde el punto de vista oncológico aumenta la agresividad de los tumores, empeorando el pronóstico de los pacientes.1

Fumar es una actividad de responsabilidad individual y colectiva, el daño a otras personas causa doscientas mil muertes al año y aunque a todos nos afecta el humo de segunda mano, la población mas vulnerable son las niñas y los niños; por lo que en materia de salud una de las prioridades en las políticas públicas del Estado Mexicano, debiera ser reducir el consumo del tabaco en todo el país; ya que según arrojó la última encuesta nacional de adicciones en 2011, a nivel nacional en la población de adolescentes entre 12 a 17 años la prevalencia de fumadores activos es de 12.3% (1.7 millones de adolescentes fumadores), de 16.4% en hombres (1.1 millones) y de 8.1% en mujeres (539 mil); y muchos de ellos en edad adulta seguirán siendo adictos.

Se han hecho ya esfuerzos importantes para inhibir el consumo del tabaco, desde la implementación de Programas informativos, hasta reformas legales que han sido progresivas; por ejemplo, la expedición de la Ley General para el Control del Tabaco.

Es importante destacar que la disposición contemplada en el artículo 27 respecto a la posibilidad de existir zonas exclusivamente para fumar en los lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, se fue modificando respecto a la obligatoriedad de la misma, ya que de su publicación original del 30 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación que utilizaba el imperativo “deberá”, mediante una reforma publicada el 6 de enero de 2010 en el mismo órgano de difusión, se felxibilizó sustituyéndose por la palabra “podrá”

Decreto del 30 de mayo de 2008 del Diario Oficial de la Federación

Decreto del 6 de enero de 2010 del Diario Oficial de la Federación

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, deberán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias:

I. Ubicarse en espacios al aire libre, o

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores.

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán existir  zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias:

I. Ubicarse en espacios al aire libre, o

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores.

Lo anterior pudo cristalizarse por diversos factores, entre ellos la formación de cultura cívica y conciencia social de las personas que asumieron la disposiciones de no fumar en los espacios públicos o cerrados cuando hubiera más personas atendiendo a la protección de la salud de los no fumadores, además de los beneficios que tuvo la aplicación de los espacios libres de humo de tabaco en la salud de la población.

Es preciso avanzar ahora en garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco; lo cual contribuirá sin duda a inhibir el consumo de tabaco, o por lo menos a disminuir su consumo y los riesgos asociados a éste.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya adoptó un criterio en el sentido de que cualquier limitante que se imponga para inhibir el consumo de tabaco en lugares públicos no vulnera la garantía de igualdad de los fumadores; puesto que cuando en febrero de 2008 se aprobó la modificación a la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en el Distrito Federal y la reforma a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, a fin de convertir todos los espacios públicos cerrados en áreas 100% libres de humo de tabaco; nuestro Máximo Tribunal determinó que el trato diferenciado que establece la norma no es desproporcionado con respecto a los objetivos perseguidos, ya que el trato desigual resulta tolerable por la importancia del fin perseguido: La salud de la población en general, señalando asimismo que se trata de un objetivo indudablemente protegido por las previsiones de nuestra Constitución Federal, que en su artículo cuarto establece que:

“(…) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. […] Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”

Concluyendo con esto que a la vista de la dimensión del problema humano y sanitario involucrado, “(…) No hay ningún tipo de duda de que todas estas reglamentaciones están apoyadas en un objetivo constitucionalmente importante”

A más de siete años de la entrada en vigor de dicha Ley y a casi seis de las reformas para flexibilizar dicha disposición que da la oportunidad de contar con espacios exclusivamente para fumadores, es preciso avanzar en el sentido de garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco.

Las reformas que se proponen se detallan a continuación:

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias:
Párrafo reformado DOF 06-01-2010
I. Ubicarse en espacios al aire libre, o

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores.

Artículo 27. Se Deroga

Artículo 28. El propietario, administrador o responsable de un espacio 100% libre de humo de tabaco, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco establecidos en los artículos anteriores.

Artículo 28. El propietario, administrador o responsable de un espacio 100% libre de humo de tabaco, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco establecidos en los artículos anteriores.

      Artículo 29. En todos los espacios 100% libres de humo de tabaco y en las zonas exclusivamente para fumar, se colocarán en un lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, debiéndose incluir un número telefónico para la denuncia por incumplimiento a esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 29. En todos los espacios 100% libres de humo de tabaco y en las zonas exclusivamente para fumar, se colocarán en un lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, debiéndose incluir un número telefónico para la denuncia por incumplimiento a esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

FUNDAMENTO LEGAL

Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIONES IV Y V, 28 Y 29, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

Artículo único.- Se reforman los artículos 28 y 29, y se deroga el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 27. Se Deroga

Artículo 28. El propietario, administrador o responsable de un espacio 100% libre de humo de tabaco, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco.

Artículo 29. En todos los espacios 100% libres de humo de tabaco se colocarán en un lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, debiéndose incluir un número telefónico para la denuncia por incumplimiento a esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las modificaciones a los reglamentos respectivos deberán realizarse a más tardar a los 45 días después de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. El gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán adecuar sus Leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda, para que sean congruentes con la presente Ley.

Dado en el  salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscribe

Dip. Maricela Contreras Julián.

1 Revista Líderes Médicos. Tabaquismo y cáncer, Dr. Juan W. Zinser Sierra, Grupo Editorial Líderes Médicos, Febrero 2015, páginas 20 y 21.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Maricela Contreras. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






PRONUNCIAMIENTO



Muchas gracias.

Vamos a entrar al apartado de dictámenes. Tenemos 16 dictámenes de la Primera Comisión, 28 de la Segunda y 13 de la Tercera, 57 dictámenes que tienen Acuerdo para ser procesados en esta primera instancia.

Pasamos a la discusión. Denle, por favor, sonido a la Diputada Nahle García, ¿con qué objeto, Diputada?

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) En esta mención de la Primera Comisión nos habían reportado que de 32 dictámenes, bajaron ahora 16. Retiraron el dictamen número 6 sin consultarme. Es un dictamen mío, es un punto de Acuerdo mío y tengo que objetar el trámite y pedir que se incluya en el Orden del Día.

El punto de Acuerdo es sobre Odebrecht, donde me dictaminan en una forma ilógica que ya es un tema que está atendido, porque se reservó a cinco años. Cuando yo estoy pidiendo la comparecencia del Procurador y de la titular de la Función Pública, entonces es un dictamen ilógico y ustedes lo retiran hoy sin consultarme.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Diputada, muchas gracias.

Diputada, el actuar de la Mesa Directiva siempre ha consistido, desde el primer día de estas sesiones, por la mañana en la junta que se tiene con todas las fuerzas políticas representando a todos los grupos parlamentarios, el revisar cuáles son los temas de la agenda, justamente para ordenar lo que se va a ver en el día.

Ha sido una práctica común durante todas las sesiones que a petición de algún presidente de comisión o de algún grupo parlamentario, el dictamen pueda ser reservado para luego formarse al revés, para buscar acuerdos parlamentarios o para corregir por dos caminos:

El primero, que el Presidente de la comisión lo haga, o que un grupo parlamentario lo haga. No sucedió la primera. No fue a nombre de la Presidenta de la Comisión, sucedió lo segundo.

Dos grupos parlamentarios al revisar el punto resolutivo justamente de ese dictamen donde se daba por atendida una situación tan relevante, no estuvieron de acuerdo en que fuera procesada de esa manera.

Por lo tanto, esos dos grupos parlamentarios manifestaron que derivado de nuevos puntos de Acuerdo que se han presentado y que han sido turnados a las comisiones, se retirara porque no están de acuerdo en que sea procesado en esos términos, y que se lleve otra vez a las comisiones para revisar el tema con los nuevos puntos de Acuerdo y con lo que ha surgido. Por eso fue la resolución.

Déjeme decirle, usted ya lo comentó, pero déjeme darle lectura a éste.

Decía el resolutivo único, justamente de eso: “La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, determina que en virtud de la proposición aprobada de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 18 de junio de 2017, ha quedado atendida la proposición con punto de Acuerdo”.

Es por eso que dos grupos parlamentarios solicitaron retirarla, porque no están de acuerdo. Porque cambió la situación y porque hay nuevos puntos de Acuerdo.

Por eso se dio ese trámite, Diputada.

Denle volumen otra vez a la Diputada, y las veces que lo requiera.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Dos cosas:

Primero preguntar, ¿qué partidos políticos son los que pidieron que se retirara?

Y la segunda, ¿qué no sería más fácil que si hay otros puntos de Acuerdo fueran adicionales o se incluyeran con el mío?

Porque desde la semana pasada también se retiró. Esto ya tiene dos semanas.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Son dos grupos parlamentarios, el PRI y el PAN.

Y la razón que dieron a la Mesa Directiva, y eso se llevó por unanimidad por todas las fuerzas políticas, es el que le doy a conocer que ha cambiado la situación y que ellos no estaban de acuerdo en dar por atendido un tema tan importante que, por considerarlo así, debe de atenderse con profundidad. Ésa es la razón. Gracias, Diputada.

Vamos a continuar con los dictámenes, si nadie más quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor.






Pasamos a la discusión de 16 dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 16 dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Que exhorta a definir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de policía de las entidades federativas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de la Ciudad de México a vigilar el cumplimiento de las normas ambientales a fin de evitar que se dañen los terrenos del Ejido San Francisco Tlaltenco, y en las riberas de la Ciénaga de Tláhuac.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe respecto del cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de incineración de basura con relación a la construcción de la planta de termovalorización de basura.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar de los avances en capacitación de las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial en la Ciudad de México; y a informar de los avances en materia de capacitación y mejoramiento de los centros penitenciarios y programas de preliberación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar un análisis de los decretos que en su caso apruebe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, a efecto de que dicha normatividad cumpla con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Nayarit a observar el cumplimento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendiendo al principio de máxima publicidad y acceso a la información pública en su portal electrónico.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de sus preferencias sexuales o de género.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar los protocolos de actuación ante casos de emergencias y garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de dicho sistema.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta al gobierno de Michoacán a informar sobre los avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar y, en su caso, considerar modificaciones al Reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal, a fin de brindar certeza jurídica para su funcionamiento y coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a evaluar y considerar la restauración y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando”, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Que exhorta a los congresos locales a concretar la armonización de sus constituciones en materia de derechos humanos, de conformidad con la reforma constitucional de junio de 2011, en aquellos casos en los que no se hayan realizado las adecuaciones mandatadas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a remitir un informe sobre los hechos ocurridos el 21 de julio de 2017, en los alrededores de la cervecera Constellations Brands.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a formular e implementar políticas de prevención y combate a los delitos, con mayor énfasis en aquellos municipios que reportan incidencia delictiva alta conforme a los reportes emitidos por el Inegi.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la incidencia delictiva en la Ciudad de México y los acontecimientos suscitados en la Delegación Tláhuac.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa al cobro de fotomultas en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias.

Se ha recibido el texto de presentación de los dictámenes por parte de la Senadora Graciela Ortiz González, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión. No habiendo oradores, consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuniquense.






Pasamos a la discusión de 28 dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 28 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Por el que se solicita un informe sobre los acuerdos alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, en el marco de su visita oficial a México los pasados días 5 a 7 de julio.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Por el que se dan por atendidas 6 proposiciones sobre abasto de medicamentos, derecho a la salud, el pueblo wixárika, violencia de género y adicciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta a continuar con las investigaciones en torno a las denuncias de espionaje presuntamente realizadas a través del malware conocido como Pegasus.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se solicita un informe sobre las acciones adoptadas para la mejora de la prestación de los servicios de inmunización a nivel nacional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Que exhorta a continuar con las medidas de fortalecimiento del Programa Nacional de Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta a instrumentar acciones que promuevan el empleo temporal entre jóvenes estudiantes de educación media superior y superior, durante las vacaciones de verano 2017.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el anuncio de la construcción de un muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de América, así como la aprobación de recursos por la Cámara de Representantes para tal efecto; asimismo, remite a las Cámaras del Congreso de la Unión la propuesta para que presenten argumentos ante las instancias respectivas de los Estados Unidos de América para rechazar cualquier financiamiento en la construcción de un muro fronterizo entre ambas naciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Que exhorta a adoptar las medidas de vigilancia y fomento sanitario, además de las que consideren necesarias, a efecto de atender la contaminación de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, Jalisco.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Por el que la Comisión Permanente se congratula por la aprobación de una ley para prevenir y castigar todas las violencias contra las mujeres en Túnez.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se solicita un informe sobre la situación que guardan los albergues y casas-hogar, públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Que exhorta a continuar y fortalecer las acciones que dan cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana relativa al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se solicita un informe sobre el estado que guarda el Programa de Orientación Educativa.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Que exhorta a considerar la posibilidad de asignar recursos adicionales al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14.- Que exhorta a realizar las acciones necesarias para sancionar los actos de discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15.- Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre el Seguro Popular, el caso de los albergues “Ciudad de los Niños”, sobre migrantes, el etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas, el pago de cuotas escolares y sobre Venezuela.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16.- Por el que se solicita un informe relativo a la implementación de los denominados Vales de Cultura.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17.- Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio de Mariana “N” en el municipio de Ecatepec.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








18.- Que exhorta a las dependencias del gobierno federal respectivas que participan en las labores de combate al narcotráfico en la franja fronteriza con la República de Guatemala para impulsar y fortalecer sus actuaciones en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








19.- Que exhorta a analizar la viabilidad técnica y presupuestal de instrumentar acciones para optimizar las estancias infantiles en desuso y habilitarlas como residencias de día para personas adultas mayores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








20.- Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de imponer de manera unilateral aranceles a México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








21.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre las acciones dirigidas a la igualdad de género, derivadas de la aplicación del presupuesto ejercido por las dependencias a su cargo, con especial énfasis en la atención y prevención de la violencia feminicida.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








22.- Que exhorta a continuar y fortalecer las campañas de información sobre el uso adecuado de antibióticos y los riesgos a la salud por la automedicación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








23.- Que exhorta a otorgar apoyos económicos a los representantes del país que han clasificado en las diferentes competencias internacionales a realizarse este año.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








24.- Que exhorta a continuar y fortalecer el Programa de Becas dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos, garantizando el acceso al derecho a la educación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








25.- Que exhorta a fortalecer las acciones para sancionar y erradicar la pornografía infantil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








26.- Que exhorta a continuar y fortalecer las campañas y acciones de desparasitación; asimismo, solicita un informe sobre los efectos de la parasitosis en la población.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








27.- Que solicita un informe sobre el estado que guarda la operación y funcionamiento del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








28.- Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre el maltrato infantil, planificación familiar, embarazo, el mieloma múltiple, el Programa Pensión para Adultos Mayores y sobre Venezuela.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Muchas gracias. Se ha dado cuenta de estos 28 dictámenes.

Y por lo tanto, le concedemos el uso de la tribuna a la Presidenta de la Segunda Comisión, a la Diputada Maricela Contreras Julián, para que los presente en tribuna.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros:

Estamos presentando 35 dictámenes que abarcan 48 asuntos y que fueron aprobados en nuestra décima tercera y décima cuarta reunión de comisión.

Hemos acordado proponer un pronunciamiento, de lo más trascedente, respecto a la defensa de la soberanía y el interés nacional y la exigencia de un trato digno como nación frente a los Estados Unidos.

Proponemos que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condene enérgicamente el anuncio de la construcción de un muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de América, así como la aprobación de recursos por de la Cámara de Representantes a realizarla.

Resulta, a todas luces, inaceptable este tipo de políticas que atentan contra nuestros pueblos por una actitud xenófoba, por el racismo y la discriminación racial de Donald Trump.

No podemos quedarnos con los brazos cruzados y mucho menos aceptar ningún condicionamiento como Estado mexicano para expresar nuestro rotundo no a la construcción del muro.

Por ello, conminamos a la Cámara de Diputados y de Senadores de la República para que presenten los argumentos en contra de esta iniciativa que en nada va a beneficiar a nuestro país.

De igual forma, ante el inicio de las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio, condenamos la pretendida imposición unilateral de aranceles por parte de los Estados Unidos.

Destaca también un llamado que realizamos al Instituto Nacional de Migración para que respete los derechos humanos de personas migrantes, de manera especial, en las estaciones migratorias y estancias provisionales.

Es urgente poner el ejemplo en materia migratoria, por eso solicitamos que se investiguen y sancionen los actos de autoridades que han sido denunciadas como extorsión, maltratos y corrupción contra migrantes centroamericanos. Asimismo, para que no se vulneren los derechos humanos de migrantes de la zona fronteriza con Guatemala con motivo de operativos contra el narcotráfico.

No debemos ser el patio trasero de Estados Unidos en el maltrato a los migrantes.

De igual forma acordamos solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, puedan sancionar actos de discriminación.

De manera particular, destacan los cometidos contra las jugadoras de futbol Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez. Éstas integrantes de la Selección Femenil de Futbol tuvieron que irse a vivir a Islandia por los acosos, asedios y hostigamientos que fueron víctimas por parte del entrenador, al declarar su preferencia sexual. Fueron señaladas y discriminadas por el propio director técnico, lo cual es algo que no tiene cabida en una sociedad que debe respetar los derechos a la diferencia.

Atendimos varios temas en materia de educación, derechos de niñas, niños y adolescentes, además de temas de salud para fortalecer la infraestructura médica en diversos estados.

Destaco el llamado que hacemos a diversas autoridades federales, estatales y municipales para atender una problemática grave de salud por la contaminación de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, Jalisco, y se puedan garantizar el consumo de agua potable.

Hay 600 niñas y niños que han presentado enfermedades renales porque consumen agua contaminada y urge su pronta atención.

Proponemos un exhorto a los gobiernos locales para que fortalezcan la acción de sanción y erradicación de la pornografía infantil, ya que nuestro país es el primer productor a nivel mundial.

Finalmente, manifestamos nuestro beneplácito por la aprobación de una Ley para Prevenir y Castigar Todas las Violencias Contra las Mujeres en Túnez. Sin lugar a dudas, es un gran avance en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres ante la violencia y muerte que azota en todas las regiones del mundo.

Desde aquí no podemos dejar de externar nuestra indignación a ese horror de la violencia de género que se ha cometido en diversas entidades federativas, donde día a día tenemos noticias de mujeres asesinadas.

En una semana tuvimos dos lamentables hechos: El de Mariana Joselín, que fue encontrada en una carnicería totalmente destripada en Ecatepec, y la semana pasada fue encontrada muerta en Huixquilucan una joven de 29 años, una doctora que era muy querida en su comunidad.

En honor a todas esas mujeres asesinadas en nuestro país, respetuosamente solicito al Presidente de este Pleno, pueda obsequiar un minuto de silencio por todas las mujeres asesinadas y que en esta Segunda Comisión hemos dado cuenta a lo largo de este periodo de sesiones.

Es cuanto.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Maricela Contreras Julián.

Y en atención a la solicitud que nos ha hecho de guardar un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia, solicito a los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias. Están a discusión los dictámenes. Consulto a la Asamblea si algunos de las legisladoras o legisladores desean reservar algunos de ellos.

No habiendo reserva alguna ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquense.

Esta Presidencia desea saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¡Bienvenidos a esta Comisión Permanente!

De igual forma, damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de derecho del Colegio Tecnológico de México.

Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este recinto de sesión de la Comisión Permanente y nos complace mucho su presencia.






Pasamos a la discusión de 13 dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta únicamente de sus materias.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy cuenta con las materias de 13 dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

1.- Por el que se solicita información de las acciones que el gobierno federal ha tomado para fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales mexicanos ante la eventual modernización del Tratado de Libre Comercio.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta a hacer pública la información sobre los permisionarios para experimentar con transgénicos en México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3.- Que exhorta a llevar a cabo las investigaciones y acciones para preservar la cuenca del río Apulco y los territorios pertenecientes a Ixtacamaxtitlán.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4.- Por el que se solicita a considerar una estrategia para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5.- Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre la situación que guarda la obra del Túnel Emisor Oriente.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6.- Que exhorta a actualizar la Norma Oficial Mexicana, “Protección ambiental-incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisiones de contaminantes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7.- Que exhorta a fortalecer las acciones para evitar que los empleadores ejerzan actos discriminatorios en personas con antecedentes penales y mujeres embarazadas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8.- Por el que se solicita un informe sobre el estado que guardan los planes de manejo de residuos peligrosos por la industria farmacéutica.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9.- Que exhorta a fortalecer las acciones para garantizar el derecho de las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10.- Por el que se solicita un informe sobre los acuerdos celebrados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11.- Por el que se desecha la proposición por la que se convoca a establecer una mesa de diálogo, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12.- Por el que se da por atendida la proposición en torno al proyecto denominado “Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México entre Edomex y el DF”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13.- Por el que se desecha la proposición que exhorta a informar sobre el avance y penetración de la Banda Ancha Móvil en México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Están a discusión los dictámenes. Por lo que se consulta a las y los legisladores, si alguno de ustedes desea reservar algún dictamen.

No habiendo reserva alguna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a fortalecer las estrategias de prevención de los delitos en los centros comerciales. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigas y amigos legisladores.

El tema que nos toca posicionar y en donde el sentido del voto de los priístas será a favor, y que por ello apelamos a la Asamblea, es para hablar de este tema que no es menor.

La seguridad y la libertad es el principio que yo señalaría cuando hablamos de la situación de los centros comerciales, situación que implica ausencia de riesgos y amenazas. La seguridad es una condición indispensable para que cualquier persona pueda sentirse tranquila, pueda sentirse en paz, por tanto, garantizarla es una obligación de quienes somos sus representantes, de quienes son sus autoridades.

Para nadie es desconocido que en la actualidad los centros comerciales han venido a ocupar un lugar privilegiado sobre las tradicionales plazas, sobre los jardines y los parques públicos. Estos centros se han convertido en verdaderos lugares de reunión, de esparcimiento para muchas familias que van no solamente de compras, sino van también a participar de la convivencia cotidiana con sus familias.

Por eso es tan importante el que las autoridades de los distintos ámbitos, pero particularmente de los gobiernos de los estados, pongan énfasis en este asunto.

De acuerdo a cifras oficiales, a cifras de organismos de los Estados Unidos, México es el país que a nivel Latinoamérica tiene el mayor número de centros comerciales con alrededor de 600, y se espera que en los próximos meses se abran 38 más. Por eso no es casual que la delincuencia vea en estos espacios la oportunidad para cometer conductas en contra de la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Por ello es necesario que todos los ciudadanos que asisten a los centros comerciales a realizar sus compras o a encontrar este espacio de recreación sepan que su seguridad, la de su familia, la de su patrimonio, está más que garantizada.

Nuestra Constitución consagra en el artículo 21 la función entre Estado, Municipio y la Federación para garantizar la seguridad pública; mientras tanto también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala esta condición, esta obligación que tienen todos los órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de las familias mexicanas.

Por ello, para mí es una gran oportunidad estar en esta tribuna porque es consecuente con lo que hemos venido presentando en las últimas semanas respecto a una serie de iniciativas en materia de seguridad para todo el país; pero particularmente para mi estado, Querétaro.

Y bueno, coincidentemente yo no diría feliz coincidencia, sino al contrario, lamentable coincidencia, hace un par de horas, en plena capital del estado de Querétaro, en el centro comercial más importante que hoy tiene Querétaro y la zona del bajío, denominado Antea, acaba de haber una movilización policiaca en donde una vez más quisieron delinquir, quisieron aprovechar este momento para asaltar varios establecimientos comerciales de este importante centro comercial.

No es casualidad lo que se está planteando desde esta tribuna, y por ello hemos levantado la voz, para señalar la relevancia que tiene el garantizar y el cuidar, a través de políticas públicas, el aspecto de seguridad en robo a negocio y robo a vehículo.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, votaremos a favor del presente dictamen, para que las autoridades competentes, particularmente de los gobiernos estatales, pero en coordinación con los gobiernos municipales, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las estrategias de prevención de los delitos al interior de los centros comerciales en beneficio de los consumidores, pues tener certeza sobre su seguridad significa libertad para vivir.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Cabrera Ruiz.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre las acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta con el dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señora Presidenta.

En los últimos años las inundaciones provocadas por las precipitaciones pluviales son una constante en la Ciudad de México, una situación que no sólo afecta el patrimonio de las personas, sino también pone en riesgo su seguridad e integridad.

Esta situación evidencia una problemática de fondo y que se refiere al deterioro que presenta el sistema de drenaje de la Ciudad de México y que coloca a la capital del país en una situación de vulnerabilidad.

Desde el año 2014 se identificó que el 80 por ciento de las redes primarias y secundarias que conforman el sistema de drenaje de la Ciudad de México presentan algún tipo de deterioro, que van desde la corrosión de tubos colectores, hasta grietas y cuarteaduras.

Para atender las emergencias hidráulicas, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con un programa operativo de lluvias; sin embargo, este tipo de labores han sido insuficientes, por ello resulta necesario evaluar las acciones institucionales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para prevenir y mitigar los daños provocados por las lluvias.

En el grupo parlamentario del PRI nos manifestamos a favor de la cultura de la prevención.

Consideramos que ante los fenómenos climatológicos, se deben asumir las acciones de gobierno preventivas y no reactivas en virtud de que este tipo de situaciones no sólo afectan el patrimonio de los capitalinos, sino también ponen en peligro su salud e integridad.

El Artículo Décimo Quinto de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal dispone, entre otras cuestiones, que al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México le corresponde establecer las políticas públicas a seguir en las materias de prevención de desastres y protección civil, motivo por el cual el gobierno de la ciudad no puede continuar siendo omiso ante las constantes inundaciones que se presentan en la capital del país.

Compañeras y compañeros: Consideramos apremiante que el gobierno de la Ciudad de México atienda el problema de infraestructura que presenta el sistema de drenaje y evalúe sus políticas para atender las emergencias hidráulicas provocadas por las precipitaciones pluviales.

En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, pues con ello coadyuvamos a fomentar políticas de prevención que disminuyan los efectos adversos provocados por este tipo de fenómenos naturales.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer y mantener los operativos para abatir los casos de explotación laboral, trata de personas, abuso sexual en contra de niñas y niños, así como el delito de extorsión. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta con el dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

Esta Mesa Directiva hace del conocimiento de la Asamblea que hemos recibido por escrito la participación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, en torno a este tema.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a remitir un informe sobre los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse a fin de que la Norma Ambiental para el Distrito Federal se implemente de manera adecuada. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dar cuenta con el dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Hablar del tema del medio ambiente es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros; desde el ámbito de nuestra trinchera es importante poder colaborar, precisamente, con tener un medio ambiente en donde nuestras nuevas generaciones puedan caminar y respirar y, sobre todo, que puedan hacer conciencia de la importancia en el tema de la basura, el tema de reciclar.

La generación de basura en las grandes ciudades es uno de los problemas más importantes en los últimos años.

La Ciudad de México es considerada como una de las más pobladas del mundo, con cerca de 10 millones de habitantes, no escapa de este gran desafío. Por las dimensiones y servicios que tiene la Ciudad de México se posiciona en el segundo lugar nacional, después del Estado de México, en el volumen de residuos sólidos generados.

Diariamente se generan alrededor de 13 mil toneladas de residuos, lo que equivale a 1.5 kilos por persona al día.

La adecuada separación y la correcta clasificación de la basura se convierten, por ello, en un proceso indispensable y necesario para consolidar una ciudad sustentable.

No obstante, es importante mencionar que la situación ambiental para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no establece de manera explícita la forma en que la autoridad se encargará de incentivar o sancionar las acciones de la ciudadanía encaminadas a separar de manera efectiva los residuos sólidos.

Como se ha llegado a afirmar, no se están generando sanciones ni una ruta de obligatoriedad. Para que la implementación de dicha norma sea eficaz, es indispensable la búsqueda de medios que posibiliten su adecuado uso por parte de las y los ciudadanos.

Una experiencia de éxito en la materia, podemos localizarla en el departamento de inspección y concientización del ayuntamiento de Aguascalientes, encargado de sensibilizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de sus obligaciones en la materia de limpia y aseo público; así como de imponer las sanciones correspondientes ante su incumplimiento.

Se estima que diariamente esta área realiza 360 diálogos individuales de concientización y levanta 15 infracciones.

Un sistema de incentivos y sanciones en pro de la separación de basura hará de la norma un instrumento eficiente para el manejo de los residuos de la Ciudad de México.

Es importante que la ciudadanía cuente con incentivos que le impulsen a cumplir con la norma ambiental, además de que los conozca, que sepa sus especificaciones, criterios, técnicas bajo las cuales deberán realizar la separación de la basura.

La efectiva aplicación de la norma dependerá también de la generación de conciencia, de cultura, de civismo, de compromiso de las y los habitantes, así como del cumplimiento de estas metas.

Necesitamos trabajar de manera conjunta y coordinada muy cerca de la sociedad y proporcionarle las herramientas e información necesarias para lograr una visión asertiva sobre la gestión integral de los residuos sólidos.

Compañeras y compañeros legisladores: En un contexto en que los problemas asociados con el medio ambiente se han estado intensificando de manera considerable durante estas últimas décadas, es fundamental buscar y emprender acciones a favor del cuidado y protección de nuestro ecosistema; sobre todo en la consolidación de ciudades sustentables.

Es por ello que el grupo parlamentario del PRI nos unimos a esta causa que detonará indudablemente en una mejor calidad de vida, por lo que los invitamos a votar a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes de Cuautla, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario!

Tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. ¿Declina, Diputada? Declina la Diputada Maricela Contreras Julián.

En virtud de que ha declinado la Diputada Contreras Julián, tiene el uso de la palabra la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con su permiso, señora Presidenta.

Los desechos no tienen que ser basura, mientras la última implica desperdicio, los desechos pueden reciclarse y, por lo tanto, pueden reutilizarse.

En los últimos 50 años la producción de basura en los centros urbanos del mundo ha incrementado de manera estrepitosa, y según datos del Banco Mundial, se pronostica un aumento del 70 por ciento adicional para el año 2025, en perjuicio del medio ambiente, la calidad del aire y, sobre todo, la salud de todo ser humano.

En México, la Secretaría de Medio Ambiente ha informado que se generan al año más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos, lo que equivale a 175 veces el volumen de la Pirámide del Sol, en Teotihuacán; y 231 veces el estadio de fútbol más grande del país.

Es urgente la colaboración entre sociedad y gobierno para llevar a cabo distintas acciones que eviten que la generación de desechos continúe, y que este crecimiento frene, y se generen daños ambientales a la salud de todos los habitantes.

Nuestra Ley Fundamental reza, en su artículo 4o., que: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y para su bienestar”.

Por su parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos señala en su artículo 6o. que: “La Federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y de remediación”.

Derivado de lo anterior, el pasado 8 de julio entró en vigor para la Ciudad de México la Norma Ambiental NADF-024-AMBT, cuyo objetivo es establecer los criterios y especificaciones técnicas para las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México.

Y hoy fuimos testigos de la iniciativa presentada por la compañera Diputada Lía Limón, del Partido Verde Ecologista, donde solicita y exhorta para que a través de esta iniciativa se generalice esta norma a todo el país y a todas las entidades federativas.

Su correcta implementación resulta de vital importancia para alcanzar las metas trazadas. Sin duda alguna votaremos a favor del presente dictamen para que las autoridades correspondientes de la Ciudad de México implementen, a través de su personal de limpia pública, acciones, garantizando la recolección selectiva de la separación de residuos de conformidad con la mencionada norma, asimismo para que informe sobre el Programa de Separación de Residuos Sólidos, Orgánicos e Inorgánicos.

La Ciudad de México merece un sistema de recolección de basura que esté a la altura de la capital de todos los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Pinete Vargas.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






AGENDA POLÍTICA

Compañeras y compañeros legisladores, para la sesión de este día, la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios acordamos realizar un debate pactado, en el rubro de Agenda Política, en torno al inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Iniciaremos con una ronda de intervenciones para que los grupos parlamentarios, en orden progresivo, fijen sus posicionamientos en un máximo de cinco minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su venia, señora Presidenta.

Hoy inicia la discusión para renegociar el Tratado de Libre Comercio a iniciativa del gobierno de Estados Unidos, que entre sus objetivos busca establecer parámetros para la evolución del tipo de cambio, eliminar el Capítulo XIX, para que la resolución de controversias ahora se hagan con el sistema legal de Estados Unidos, la absoluta libertad de inversión estadounidense en este territorio y limitar, como ya lo hacen algunas de las reformas promovidas por el Presidente Peña, el papel de las empresas públicas.

La posición del gobierno mexicano, que no nos ha dado a conocer todos los detalles para no generar controversia, es la de ceder a esas exigencias a cambio de algunos logros en materia arancelaria, los que por cierto son a conveniencia de la operación de trasnacionales, es muy preocupante lo que hoy inicia en Washington.

A pesar de la disposición del Presidente, el pueblo de México debemos de estar atentos, no podemos aceptar que se negocie a costa de la política energética y del campo mexicano, de ceder más espacios y atribuciones a una inversión extranjera cuando perdemos soberanía, hay que tener un equilibrio prudente a la administración de una política monetaria y, en consecuencia, aceptar condiciones contrarias a la equidad en la solución de controversias.

Debemos de encontrar un equilibrio natural que sea benevolente para el pueblo de México.

De acuerdo con el documento de la Secretaría de Economía, que se llama “Prioridades de México en las Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, la propuesta de nuestro gobierno considera cuatro grandes ejes, el primero ellos lo han denominado “Fortalecer la competitividad de América del Norte”.

Segundo. “Avanzar hacia un gobierno inclusivo y responsable”.

Tercero. “Aprovechar las oportunidades del siglo XXI”.

Y cuarto. “Promover la certidumbre del comercio y las inversiones de América del Norte”.

El primero, “Fortalecer la competitividad”, es dedicado básicamente a eliminar barreras, agilizar los trámites aduaneros, transparentar la regulación, cooperación regional para el desarrollo de competencias laborales y nuevos modelos educativos.

Es quizá el único que el gobierno de México dedica específicamente al aspecto comercial, preocupado por los efectos de la renegociación del TLC sobre, por ejemplo, partes de plantas, equipos terminados, instaladas en nuestro país para exportar a Estados Unidos o a otras regiones que genera empleo y valor agregado.

Pero también incluye el campo, que requiere de un tratamiento diferente, la puesta no debe ser la de los últimos gobiernos, sólo de producir perecederos y abandonar la producción de básicos, buscando desplazar a los productores.

En el campo se requiere una visión diferente, una visión que debe incluir también a pequeños productores, que son los únicos que pueden garantizar una soberanía alimentaria, produciendo básicos y también productos comerciales con una estrategia diferente.

El segundo punto, que es “Avanzar a un gobierno inclusivo y responsable” se refiere a compromisos internacionales en materia laboral, anticorrupción y medio ambiente, principalmente, con los que se puede coincidir en algunas cosas, pero que incluye aspectos como el cumplimiento de las obligaciones laborales, el combate a la corrupción y la impunidad, y el respeto al medio ambiente.

Lo que hay que tener claro es que para avanzar en estos aspectos no es necesario renegociar el Acuerdo, sólo tener voluntad política.

Lo que no se observa en el régimen mexicano, como hemos estado comprobando en el ámbito de corrupción e impunidad, estamos más que reprobados.

O permitir a empresas que traen un impulso de alto impacto ambiental con el fracking, a pesar de que nos puede representar un dumping económico y ecológico, hay que estar muy atentos en lo que se va a negociar y cómo se va a negociar.

El tercer eje se refiere a las oportunidades que han generado las nuevas tecnologías en donde sí hay que actuar con mucha precaución, por las consecuencias que esto puede tener, como el intercambio de servicios financieros en los que las autoridades mexicanas han demostrado muy baja capacidad de supervisión.

Concluyo. En el cuarto eje tenemos que promover la certidumbre del comercio y las inversiones de América del Norte. Propone consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado y los mecanismos de solución de controversias, como inversionista-Estado, o Estado-Estado, comercio, servicios financieros y libre competencia.

En éste, la posición de la economía también es de alto riesgo porque parece ignorar en muchos términos las necesidades de México, de reservarse las posibilidades de desarrollar su propia política económica, incluyendo un sector público que impulse el desarrollo de sus empresas en un marco legal y transparente, pero sobre todo, en condiciones asimétricas con Estados Unidos.

Lo que hoy se inicia no es nada más porque fue un grupo y ellos van a decidir, y como son funcionarios, burócratas que envía nuestro Presidente, es lo que ya se dice, tenemos que ir a fondo.

Yo celebro que esté una comisión del Legislativo y en ellos también tiene que caer una responsabilidad.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputada Nahle García.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el Diputado Emilio Salazar Farías.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Gracias, Diputada Presidenta.

Diputada Félix, si me lo permites, antes de iniciar, ha sido espléndido el cómo ha conducido los trabajos de la Permanente el Senador Escudero, pero en ningún momento ha demeritado cada vez que la Diputada Pinete o la Diputada Félix han estado al mando de la Mesa Directiva. Y quiero hacerte este reconocimiento aquí, públicamente. Es la verdad.

Antes de iniciar con el Tratado de Libre Comercio, y pidiendo la atención a todos y cada uno de mis compañeros, quiero solidarizarme con mi compañera Rosy Álvarez, Diputada del Partido Verde, quien es mamá del jugador Rafael Márquez.

Los Diputados no estamos obligados, ni los Senadores, nadie, a ser ministerios públicos de la moral. Tampoco estamos obligados a ser jueces sumarios de nadie, mucho menos a ser quienes impulsan linchamientos mediáticos.

Desde esta tribuna he defendido a compañeros de todos los partidos, sin importarme su filiación.

Quiero pedir para alguien, que además es un futbolista destacado y lleno de admiración, prudencia y mesura al juzgarlo. Dejemos que sean las autoridades las que hablen y no nosotros, quienes a través de leer una u otra noticia, lo condenemos a una muerte moral, a una muerte económica, a una muerte social. No es justo, ni para con él, ni para con Julión Álvarez, y lo digo porque es un ánimo de justicia y de apoyo para Rosy Álvarez, mi compañera Diputada, quien además es una gente que como amiga siempre tiene los más altos valores, y como madre de familia, así se los ha enseñado a sus hijos.

Para ella un abrazo y para su hijo mi solidaridad, tiene así que ser.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio, negociar o no negociar, eso ya no es opción, tenemos que negociar y ahí está nuestra delegación. Que sean burócratas, o no, burócrata es una palabra que no debe ser despectiva, muchos lo hemos sido en diferentes épocas de nuestra vida, es trabajar para el gobierno, trabajar para la gente, y estoy seguro que han elegido a los mejores para que nos representen allá, gente con conocimiento, gente con amor a su patria, gente con capacidad para buscar los elementos que ayuden al país.

Que hay que adecuar el Tratado a los nuevos tiempos ¡por supuesto que hay que adecuarlo!, hay que modernizarlo, y no hay que ver a la negociación como algo malo, al contrario, es algo que nos puede ayudar muchísimo con el sector de comunicaciones, con el sector energético, con varios sectores, hay que verlo siempre con mucho ánimo y, sobre todo, ver que podemos tener logros.

Ya la discusión de Trump quedó atrás, ya la discusión política quedó atrás, hoy toca buscar lo económicamente mejor para el país, ése es el reto.

Ante la atención de mis compañeros, y ante el respeto que le tengo a los asesores, a quienes les digo que respeto mucho su trabajo y respeto más cuando lo guardan al mío y guardan silencio, como respeto a Steve Jobs y a su invento del Iphone, pero respeto más a quienes lo guardan cuando intervenimos, muchas gracias.

Es cuanto, señores.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Salazar Farías.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.

Este día inició la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y es precisamente cuando la ausencia de una política exterior del Estado mexicano se hace más evidente.

Muchas veces reiteramos la urgente necesidad de nuestro país, de construir una política de Estado que permitiera enfrentar los lineamientos del gobierno de Donald Trump.

Siempre se dieron largas o se entorpecieron los trabajos, el resultado es que hoy, cuando inician las negociaciones, el gobierno mexicano ocupa su lugar en la mesa sin una estrategia integral y sin el apoyo de la sociedad mexicana.

Queda claro que esta falta de interés para construir una verdadera estrategia de Estado no fue un accidente, o producto de las circunstancias. El Gobierno Federal y la Cancillería así lo definieron, con el objetivo de llegar a las negociaciones para poner en la mesa únicamente sus prioridades.

Dadas estas circunstancias, no existen garantías de que las posiciones que se expresen de parte de nosotros, los mexicanos, en la renegociación del TLCAN tengan el apoyo y la fuerza de la nación mexicana.

Por ejemplo, México debe rechazar cualquier intento de parte del gobierno norteamericano, de aplicar medidas proteccionistas, aranceles, cuotas o restricciones a las exportaciones. Si el gobierno de Estados Unidos insiste en estos temas, el gobierno mexicano debería considerar seriamente retirarse del proceso de negociación.

Tenemos claro que México no debe aceptar la eliminación del Capítulo XIX. En este tema, México debe ir de la mano con Canadá e impedir su eliminación en el contexto de un tratado entre países tan asimétricos como México y Estados Unidos. Es importante mantener un acuerdo que garantice que las disputas bilaterales se resolverán con paneles de expertos, y no mediante la aplicación de las leyes de un solo país.

Por el contrario, México debe aceptar la negociación en temas de modernización del Acuerdo y que al mismo tiempo beneficien al país mediante el impulso de una agenda en aspectos tales como la transparencia, el combate a la corrupción, los estándares de condiciones laborales, entre otros.

México no debería cometer el error original del TLCAN, y debe de pugnar por incluir el tema de movilidad laboral en el Acuerdo.

Si bien es imposible considerar que pudiera permitirse el libre tránsito de personas entre los países, no es del todo improbable llegar a un acuerdo en materia de trabajadores migratorios temporales.

¿Por qué no hablas con más, con menos decibeles, señor que acompaña a Emilio Gamboa?

¡Habla, pero más bajito!

Este tipo de migración ya existe, y el número de migrantes mexicanos que obtienen visas legales mediante este status, es importante, cerca de 200 mil al año. Esto podría regularizarse y ampliarse para el beneficio mutuo.

Y en todos estos temas. ¿Cuál es el papel del Congreso de la Unión?

El gobierno federal le asignó la simple función de observador y de convalidador de las decisiones que los representantes del gobierno ahí asuman.

El Poder Legislativo, representado por una comisión, de esa que conocemos, sólo tiene la obligación de cerrar filas con la sociedad mexicana. Sería lamentable que nos resignáramos a jugar el papel de simple convidador de piedra.

Yo, desde aquí, estoy seguro que el papel de los 7 u 8 Senadores que acompañan a los negociadores tiene que ser de una enorme dignidad. Los conozco a ellas y a ellos, tendrán que hablar por el Estado mexicano, y no solamente aceptar la información que se les entregue por parte de los negociadores nombrados.

El Senado debería de tener, insisto, un asiento entre los tres negociadores, un solo asiento: El Presidente del Senado debería de estar allí, y no diversificar con ocho integrantes, que al rato ninguno de ellos tenga, ni la información, ni la posibilidad de influir.

Gracias, señores Senadores y Diputados.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Compañeras y compañeros:

Esta tribuna es una tribuna que nos compromete a expresar la defensa de los intereses a los que hemos siempre manifestado proteger y defender.

Hoy voy a dar lectura a un documento donde 18 organizaciones mexicanas y 38 organizaciones sociales de Canadá y Estados Unidos sostuvieron un encuentro e hicieron una declaración política en el sentido de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Es una posición de la sociedad mexicana, estadounidense y canadiense, y va orientada, precisamente a llamar la atención en los puntos torales que hay que cuidar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

“Declaración política del encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México.

Las y los participantes en el encuentro Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, condenamos este modelo porque ha afectado gravemente al desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos, del medio ambiente y de nuestro sistema democrático.

Además, los Tratados de Libre Comercio han fracasado políticamente por no haber cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, detonando una severa crisis social.

Apostamos por la construcción de un modelo de integración, cooperación e intercambio entre los países, que garantice la participación democrática de la sociedad en la negociación de cualquier Acuerdo, que sea transparente en todos sus términos y condiciones y que con base en la cooperación internacional y la soberanía de cada país promuevan la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, regionales y locales, con pleno respeto a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales, culturales y del medio ambiente. Además, debe garantizar el trabajo digno, el salario remunerador, independientemente del origen y condición migratoria.

Ya que desde la implementación del TLCAN, en 1994, han sido los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los tres países, quienes han sufrido, mientras que los inversionistas ricos, las grandes corporaciones y sus ejecutivos han cosechado más ganancias y han adquirido más derechos y poder, ese poder ha tenido un efecto negativo en nuestras democracias.

Cualquier tratado comercial debe revertir esas tendencias innegables y conducir hacia un desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente compartido en toda América del Norte.

Hasta ahora no son alentadores los signos de que un nuevo TLCAN contribuya a las necesidades de las personas y las comunidades de América del Norte, y al medio ambiente, que todos compartimos.

Varios funcionarios en los Estados Unidos han mencionado utilizar el Tratado de Asociación Transpacífico como punto de partida para su revisión, aunque los trabajadores y las comunidades se oponen ampliamente al TPP con argumentos concretos y buenas razones.

Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y comunidades originarias rechazamos, no sólo los detalles técnicos del actual TLCAN y los posteriores acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en las Américas, sino también en las posiciones beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas del Presidente Trump, por lo que exigimos la plena vigencia del derecho internacional y la no intervención para garantizar la paz mundial.

Nos oponemos a los muros fronterizos en América del Norte y defendemos los derechos humanos y laborales de las personas que migran, así como su derecho a no ser obligados a emigrar por la pobreza y la inseguridad.

Por estas razones, cualquier tratado y proceso de negociación debe…

¡A ver, Senador Barbosa, ponga atención!

Avanzar a través de un proceso transparente, democrático y participativo en el que participen los pueblos y el Poder Legislativo de cada país.

Incluir en el texto del Acuerdo normas laborales y ambientales claras y efectivas, vinculantes y ejecutables, con plazos que se cumplan y que vayan más allá de los estándares internacionales establecidos.

Eliminar los privilegios a inversionistas extranjeros, así como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado, así como respetar el derecho de los pueblos a ejercer controles democráticos sobre las políticas públicas de cada país.

Me voy a tardar unos dos minutos más.

Establecer normas vinculantes que garanticen la preponderancia de los derechos humanos con base en los acuerdos y pactos internacionales.

Instaurar políticas integrales de género, que garanticen la equidad y la no discriminación como principios transversales, así como la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Garantizar la participación y el consentimiento previo e informado de las comunidades y pueblos originarios con el fin de respetar la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, sus territorios y sus culturas.

Incluir medidas en la legislación y prácticas que aumenten los salarios y el acceso al trabajo decente en los tres países, promoviendo la democracia y la libertad sindical, y la negociación colectiva trasnacional en los casos en que un empleador opere en dos o más países.

Garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles como un derecho social, indispensable en la construcción de las sociedades democráticas, con justicia social y para la emancipación de nuestros pueblos y la exclusión de la educación de los Tratados de Libre Comercio, pues, no es una mercancía.

Impulsar una política industrial en América del Norte que proteja de manera efectiva una producción compartida, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen y fortaleciendo el monitoreo para garantizar el bien norteamericano de componentes en industrias claves.

Salvaguardar la soberanía alimentaria, los mecanismos de gestión de la producción y su abastecimiento, la subsistencia rural y el derecho a saber que hay en nuestra alimentación y cómo y dónde se produce.

Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, la educación, la salud, la seguridad social, la energía, el agua, etcétera; proteger los derechos de las naciones a expandir la propiedad pública de los derechos y los servicios.

Incluir compromisos compartidos sobre los derechos de los trabajadores migratorios y los pueblos indígenas y mecanismos ejecutables para protegerlos, así como garantizar su organización sindical.

Rechazar los capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico, prioridad a los derechos de libertad de expresión, privacidad y acceso al conocimiento y medicamentos.

Preservar un internet libre y abierto integralmente y evitar la criminalización de los usuarios finales e impedir que los derechos de autor sean mecanismos de usura.

Incorporar compromisos compartidos para mejorar la infraestructura pública y la sostenibilidad de los tres países, promoviendo la justicia fiscal a través de impuestos justos y equitativos y progresivos sobre los beneficios.

Incluir obligaciones fuertemente vinculantes y ejecutables para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua.

Se debe de requerir a cada país para que cumpla con su contribución determinada para el Acuerdo de París sobre el cambio climático”.

Llevamos 23 años de TLC, compañero, no ha habido una evaluación de los alcances de este dañino Acuerdo, y hoy que se está dando la renegociación, planteamos pautas para que pueda establecerse un examen y una evaluación en el sentido de los intereses de nuestra nación.

Estas organizaciones que aquí firman, traen la propuesta para que esto pueda tener como espíritu la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Ya, por último, quiero decir que tenemos una Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. En base a esta ley, este Senado debe empezar a realizar foros verdaderos de consulta para recoger las opiniones de los diferentes sectores productivos de nuestro país para que ésta pueda ser incluida y sea el respaldo de las discusiones que se lleven a cabo en este Acuerdo.

Por la importancia de este Acuerdo y este hecho histórico, es que me he excedido en el uso de la palabra.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

Intervención



La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Hago uso de esta tribuna para hablar a nombre propio y de mis compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional, para manifestarme en torno al inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

A lo largo de nuestra historia, la relación de México con Estados Unidos, ha pasado por diversos momentos difíciles y, sin embargo, debemos de estar conscientes unos y otros, en que dada nuestra vecindad, debemos consolidar alianzas estratégicas de muchos temas de la relevancia para ambos.

Hoy comienzan las rondas para la renegociación del TLC que, sin duda alguna, ha sido un instrumento muy beneficioso para los tres países que lo conforman.

Tan sólo el año pasado, el intercambio comercial con nuestros dos socios del norte, representó un poco más de 500 mil millones de dólares, el TLCAN creó una de las áreas de comercio libre más grandes del mundo, 482 millones de personas, esto es 7por ciento de la población mundial, 28 por ciento del PIB mundial y 16 por ciento del comercio global.

Respecto a Estados Unidos, nuestra relación es tan dinámica, que en promedio, cada minuto se comercia un millón de dólares y entre los tres países, se comercian 108 millones de dólares por hora o 2 mil 600 millones de dólares al día.

Tan sólo en el año 2015, el comercio entre nuestras naciones fue, incluso, más grande que el existente entre Estados Unidos y Alemania, Corea del Sur y Japón, en conjunto.

El gobierno norteamericano no debe de soslayar el hecho de que aproximadamente seis millones de empleos estadounidenses dependen directamente del TLC y que el sector industrial de aquel país se encuentra fuertemente vinculado a las exportaciones mexicanas.

Las cifras anteriores nos dejan ver que este tratado comercial, en realidad ha sido uno de los mejores que se han firmado en la historia y no como ha afirmado el Presidente Donald Trump.

Sin embargo, en Acción Nacional, consideramos que ésta es una buena oportunidad para actualizar el contenido del mismo y posiblemente zanjar las controversias históricas que hemos tenido en torno a algunos productos como el azúcar, el atún, el autotransporte, la madera, entre otros.

Consideramos que, bajo ninguna circunstancia, debe eliminarse el Capítulo XIX del Tratado, en materia de solución.

En términos de balanza comercial, consideramos igualmente inaceptable una reducción al comercio, bajo el argumento de que el déficit es per se, algo dañino.

Coincidimos con el gobierno de Canadá en que los déficits o superávits, no deben de ser la única medida para evaluar si una relación comercial funciona.

En Acción Nacional nos congratulamos de que existe la mesa de negociación, apartado para transparencia y rendición de cuentas y estamos, por supuesto, a favor de la inclusión de medidas anticorrupción.

Asimismo, es necesario destacar los objetivos que persigue México en este proceso, como la necesidad de mejores condiciones para el comercio agrícola.

Senador Barbosa, por favor.

Asimismo, es necesario destacar los objetivos que persigue México en este proceso como la necesidad de mejores condiciones para el comercio agrícola, no sólo para los productores estadounidenses, sino también para los mexicanos.

Incrementar la participación de los emprendedores y promover el piso parejo en los intercambios comerciales.

También, integrar al sector energético y de telecomunicaciones a raíz de las reformas estructurales recientemente aprobadas.

Finalmente, entre estos retos está reforzar las regulaciones ambientales y profundizar las de propiedad intelectual.

Además, consideramos que la imposición de nuevos aranceles sería también inaceptable.

Compañeros, esta es la renegociación comercial más importante a la que se ha enfrentado el gobierno mexicano en muchos años y hay que entender que para el presidente estadounidense y su gobierno, este tema no es sólo técnico, es, sobre todo, político.

Esta misma mañana, Robert Lighthizer, el negociador comercial de Trump, dijo que el TLCAN les ha fallado a millones de estadounidenses.

Recordemos que el Presidente Trump ha hecho de la relación con México y con los mexicanos, el combustible del enojo de su base electoral, lo cual representa un complejo reto para nuestro gobierno.

Por eso, desde Acción Nacional consideramos que este tema es realmente más que un tema meramente comercial, es un asunto de Estado.

Por eso hemos acompañado a las negociaciones y fortalecido las posiciones de México en los espacios de diplomacia parlamentaria que nos corresponde.

Coincido, como han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, en que el papel del Senado debe de ser mucho más activo de aquí en adelante, en lo que corresponde al acompañamiento del gobierno federal en este tema.

Coincido en que hay que hacer mesas y que como lo hemos hecho en otros mecanismos, foros, procesos internacionales, el Senado debe construir una posición propia que abone a las definiciones del propio gobierno federal.

Finalmente, hacemos votos por el éxito de esta primera ronda de negociación esperando una modernización del tratado que le permita seguir siendo un instrumento de beneficio a la región y a los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Rojas Hernández.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias, señora Presidenta. Estimados compañeros legisladores:

A nombre de mi grupo parlamentario vengo a esta tribuna a fijar posicionamiento de nuestras expectativas y nuestro supremo interés respecto al inicio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sin lugar a dudas, dicho proceso marcará un hito en nuestras relaciones comerciales con nuestro principal socio comercial, pero también nos dará la pauta para reposicionar a nuestro país como socio estratégico en el concierto internacional.

México hoy tiene una economía sólida, con una gran experiencia y una pujante vocación exportadora que se ha consolidado durante los 23 años de vigencia de este importante tratado.

Aunque es innegable que existen críticas y que hay evidencia empírica sobre algunos rubros y sectores económicos, lo cierto es que hemos tenido grandes avances e importantes beneficios.

Visto exclusivamente como un Acuerdo de comercio, el TLCAN ha sido una historia de éxito para nuestro país porque hemos logrado consolidar un sector exportador altamente competitivo.

Hoy en día exportamos una lista de productos manufactureros, cuya participación en la economía representan alrededor del 65 por ciento de la producción total.

Cuando entró en vigencia el Acuerdo, en 1994, sólo una cuarta parte de la producción industrial era destinada a la exportación, y desde esa fecha ha crecido hasta un 665 por ciento.

Podemos mencionar algunos datos que hoy nos hacen ser un país realmente competitivo por ejemplo, México es el segundo exportador de autos en América Latina; nuestras exportaciones en la industria aeroespacial aumentaron en un 140 por ciento; somos el sexto exportador mundial de herramientas y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria; y el primero en pantallas planas.

Estos avances son contundentes, pero también tenemos otra realidad innegable. Desde la firma del Acuerdo se ha mantenido un magro crecimiento del PIB per cápita; nuestro crecimiento como economía emergente ha sido mediano; también hemos tenido costos en el tipo de cambio y la agenda migratoria.

Ante esta situación se vuelve fundamental fortalecer nuestra posición en esos rubros para avanzar hacia un comercio regional inclusivo; promover la certidumbre del comercio y las inversiones en la región ante una coyuntura internacional compleja, convulsa y cambiante de la cual, pues, hemos sido testigos.

Consideramos que hoy tenemos mayor margen de maniobra y estamos en una postura diferente. El panorama nacional e internacional ha cambiado sustancialmente y los grandes progresos tecnológicos abrieron nuevos horizontes para la cooperación y el intercambio; pero fomentaron el surgimiento de nuevas amenazas y riesgos que debemos considerar y enfrentar de manera trilateral.

La coyuntura internacional exige actuar con responsabilidad, de cara a los nuevos retos de la agenda global, como el cambio climático, el fenómeno migratorio, el crimen organizado, temas que no debemos pasar por alto a la hora de la renegociación.

Desde que el gobierno norteamericano planteó la necesidad de actualizar el TLCAN, nuestras autoridades consideraron oportuna esta intención y se han manifestado abiertas a la renegociación, al diálogo y a la construcción de acuerdos que beneficien a las tres naciones.

Estamos ciertos que nuestro país se ha preparado para llevar a cabo las negociaciones. Tenemos un equipo negociador, fuerte, con una experiencia sólida y, sobre todo, con una postura firme en la defensa de los intereses de los mexicanos.

Consideramos que la propuesta mexicana es innovadora porque considera temas de gran calado para la modernización del TLCAN con una mayor participación de las Pymes en el intercambio comercial y las cadenas de valor; la incorporación de la perspectiva de género; mecanismos de movilidad laboral; y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías del siglo XXI.

Compañeras y compañeros legisladores: Hoy ningún país puede permanecer aislado del mundo, el comercio con el exterior y la cooperación son fundamentales para el desarrollo y el progreso y la seguridad de las naciones.

Como miembros de una misma región, los socios del TLCAN debemos de impulsar la competitividad y el bienestar de Norteamérica y negociar un Acuerdo que beneficie a todas las partes.

Los legisladores del PRI respaldamos la postura del gobierno federal y estamos seguros que México llegará a buen puerto en este proceso determinante para el futuro de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Senadora Rocío Pineda Gochi.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Es evidente que en un mundo globalizado, como en el que nos desenvolvemos ya, las aperturas comerciales y económicas son absolutamente inevitables, sería una tontería no pensarlo así y negarse a admitir el fenómeno en sí mismo.

Debo decir, sin embargo, que para un mayor y mejor desempeño del Poder Legislativo, ahora que se han iniciado las pláticas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, debieron preguntarnos sobre nuestro deber, preguntarnos cómo ayudamos desde aquí, de mejor manera, a nuestros negociadores y cómo reforzamos el papel de la prestigiada Comisión Legislativa que está acompañando este proceso, que está ahí en una suerte de vigilancia.

Y yo digo, lo primero que debe hacerse es reconocer qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado; qué es lo que ha faltado y que ha dañado al país.

Decir simple y sencillamente que el TLC ha sido un éxito, así absoluto, completo, tajantemente, no creo que nos ayude, porque es cierto que ha beneficiado a un sector, especialmente al exportador, a una parte de este sector económico de nuestro país.

Pero también es verdad que ha dañado porque ha dejado en el abandono a otros sectores y, al mismo tiempo, ha contribuido en un esquema de estas características a aumentar la desigualdad social, especialmente en nuestro país, pero también Estados Unidos es un país con una enorme desigualdad social.

Y entonces yo digo, en un pronunciamiento nuestro, del Poder Legislativo, debieran incorporarse aspectos de estas características, no eludirlos, porque si nosotros simplemente decimos que todo ha sido un éxito, y que tenemos a los mejores negociadores nuestros allá, entonces, van a estar allá en un desempeño, como diciendo, bueno, lo que hagamos va a estar bien, porque somos los mejores negociadores.

Y que sepan en Estados Unidos y que sepan también los canadienses y, no dudo de su capacidad, por cierto, no; lo que estoy diciendo no pone en duda la capacidad y el papel profesional, etcétera, que tienen quienes integran la comisión negociadora por nuestro país.

Pero que sepan los demás que, pues no están solos, y que hay cosas que reclamamos, por eso yo digo, nosotros, la comisión negociadora debiera, por lo menos, tomar en cuenta los principios de equidad en las condiciones de las relaciones económicas, la creación de fondos compensatorios, que no los ha habido para el desarrollo regional, la libre circulación de la fuerza laboral, igualdad de los derechos para los migrantes, protección del empleo, respeto a las diferencias culturales, corresponsabilidad ambiental, entre otros.

Y, por cierto, aquí decía la Senadora Pineda, que debían avanzar en fortalecerse las cadenas comerciales, esto debiéramos decirlo expresamente porque no ha sucedido como tal, tal cual en un sentido general del desarrollo de nuestro país, no tenemos una política comercial que esté verdaderamente contribuyendo a un enlazamiento de las cadenas productivas.

Y hay que decirlo, en un pronunciamiento nuestro, que el nuevo modelo, el nuevo resultado de esta renegociación debiera orientarse a promover la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, como sugerimos, por cierto, una redacción en un pronunciamiento de la Mesa Directiva, regionales y locales con pleno respeto a los derechos humanos y que mejore las condiciones laborales garantizando el trabajo digno y el salario remunerador, independientemente de su origen o condición migratoria.

Yo creo que con pronunciamientos de este tipo son los que pueden ayudar y reforzar mejor el papel para que tengan mejores resultados nuestros negociadores allá, ahorita en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, Diputado Zambrano.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de Bachillerato Sabes, de la cabecera de Santa Catarina, Guanajuato, invitado por el Senador Gerardo Sánchez García.

De igual forma, saludamos la presencia en este recinto de la presidenta municipal electa de Tlachichilco, Veracruz, ciudadana Victoria Luis Calixto.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de la Comisión Permanente!






Compañeras y compañeros legisladores, a continuación, me permitiré dar lectura al pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con el inicio de las negociaciones de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas, TLCAN, entre Canadá, Estados Unidos y México.

PRONUNCIAMIENTO



Muchas gracias, compañeros legisladores.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: ¿Con que objeto, Senador Barbosa?

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Con el deseo de expresar, de mi parte, lo relacionado con esta propuesta de la Mesa Directiva. Si me permite, pues es mi derecho.

Mire, de verdad es una práctica parlamentaria muy mala, la que de Acuerdos de la Mesa Directiva sustituyan a un Acuerdo del Pleno de la Comisión Permanente; cuando se hace en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, sigue siendo una práctica parlamentaria muy mala.

Porque la Mesa Directiva representa al órgano, al Pleno y, de verdad, en este caso tendría que aclararse que es un Acuerdo de la Mesa Directiva, no del Pleno de la Comisión Permanente, para que no pasemos por él, quienes no estamos de acuerdo.

Si el propósito es que no se vote, bueno, digo, es un propósito válido, aunque ustedes bien podrían sacar por mayoría este Acuerdo, lo entiendo perfectamente, sí, pero aun cuando haya posibilidades legales, Garita, de hacer esto, es una práctica parlamentaria incorrecta, incorrecta hacer ver que la Mesa Directiva tiene una propuesta que no se vota, y con eso se queda la impresión de que pasa en nombre del Pleno del órgano del cual representa.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Senador, como usted bien pudo observar, en mi intervención señalé directamente que era un pronunciamiento de Mesa Directiva; en ningún momento tratamos de sustituir el debate, que incluso, ya hubo el momento oportuno para que cada una de las fracciones parlamentarias representadas en esta Comisión Permanente expresaran lo conducente respecto a este tema.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Con un concepto, Presidenta, y no es diálogo, es un procedimiento parlamentario, ¿quién dice que es diálogo?

A ver, entonces, abra el debate, abra el debate de esta propuesta. Momento, señores parlamentarios, la Agenda Política es un debate abierto, no tiene conclusiones, no tiene conclusiones.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame, Senador.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Una propuesta es algo que debe abrirse a debate.

Señores parlamentarios, aprendan más de procedimientos.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Permítame una precisión, Senador, nuevamente.

Le comento que, precisamente, el debate ya se dio, en el debate oportuno pactado, en Agenda Política, en donde cada uno de los grupos parlamentarios representados en esta Comisión Permanente tuvieron la oportunidad de manifestar lo conducente respecto a este tema.

La Mesa Directiva únicamente se limita a como Mesa Directiva emitir un pronunciamiento que en ningún momento sustituye el sentir o el pensar, o el posicionamiento de ninguno de los grupos parlamentarios presentados en esta comisión.

Adelante, Senador, dígame.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) En ese caso, se hubiera presentado por la Mesa Directiva el documento, el contenido del documento y a partir de eso se hubiera armado el debate, nadie que se presentó en tribuna se refirió al contenido de ese documento, digo, es así el procedimiento parlamentario, ¿eh? Es así, no es otro, no se puede presentar un documento después de que se armó un debate en Agenda Política, que nunca tiene conclusiones.

La Presidenta Diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Hechas las precisiones correspondientes y una vez concluido el debate, también pactado para ello, me permito dar continuidad al siguiente punto del Orden del Día.






Compañeros legisladores: Les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más todas aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 79 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, EDGAR ROMO GARCÍA, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 79 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

La educación es un derecho fundamental de todo hombre y toda mujer por su cualidad de seres humanos. Por ello, nuestras leyes fundamentales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, salvaguardan jurídicamente este derecho de todos los mexicanos, sin discriminación alguna.

La legislación del Estado mexicano establece la obligatoriedad de la educación básica y media superior, así como la gratuidad y laicidad de la que se imparta.

El artículo tercero constitucional forma parte “De los Derechos Humanos y sus Garantías” en donde se expresa una elección social fundamental, que forma parte de la clase de sociedad en la que queremos vivir, en otras palabras, es ahí donde el Estado Mexicano se obliga frente a las personas, y entre otros, a garantizar el derecho a la educación de los mexicanos.

Considerada el motor del desarrollo personal y social, la educación adquiere relevancia como uno de los derechos humanos fundamentales. Conocer cómo se está cumpliendo este derecho en nuestro país, cuáles han sido los avances y cuáles son los desafíos, es una tarea necesaria para la toma de conciencia y de las decisiones que conduzcan al ejercicio pleno del derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de la Constitución y en la Ley General de Educación.

La educación es el principal elemento para el crecimiento de un país, el valorar los conocimientos que podemos adquirir por personal capacitado ayudara mucho para que nuestro entorno práctico sea competitivo y cada persona busque ser el mejor, esté preparado en un nivel excepcional; un país con personas preparadas abonara a elevarnos y ser una gran potencia en educación, política, economía, cultura, arte, etc.

La importancia de la educación escolar radica en que representa el acceso formal -sistemático y organizado- a la cultura, a la formación cívica, al conocimiento y a la oportunidad de aprender a aprender. Además, la escuela es un espacio social que, en principio, deben compartir todos los niños, adolescentes y jóvenes como expresión de un bien social que se ha logrado en alguna medida y como fundamento de una convivencia justa y democrática.

Por la relevancia de la educación escolar, la tarea principal del Estado mexicano ha sido conseguir la universalización de la educación obligatoria, centrada en la cobertura del servicio educativo y en lograr el acceso de todos, primero a la educación primaria (1917), luego a la secundaria (1993) y al preescolar (2002). Sin embargo, como expresión de los cambios sociales y de una nueva situación mundial, hacia finales de la década de los ochenta del siglo XX, en casi todos los países comenzó a observarse un viraje importante en el discurso político sobre educación, del cual México no es ajeno. En las naciones en vías de desarrollo, al ampliarse la cobertura de los servicios educativos y avanzar de manera significativa en la universalización de la educación primaria, se introdujeron como conceptos centrales: la calidad y la equidad. Esto es, no bastaba con ofrecer el servicio, sino que éste debería ser bueno para todos.

Así las cosas, en el año 2013, el Estado Mexicano promulgó la Reforma Educativa consciente de que mejorar la calidad de la enseñanza requiere de una política educativa integral que ofrezca soluciones concretas y de largo plazo a los problemas de fondo.

Por tanto, dicha reforma trazo tres objetivos:

• Responder al reclamo social de mejorar la calidad de la educación básica y media superior. Para ello se trabajará en la profesionalización de la función docente, el establecimiento de estándares mínimos de funcionamiento de las escuelas, el mejoramiento de los planes y programas de estudio, el fortalecimiento de los programas destinados a mejorar instalaciones, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la realización de evaluaciones periódicas de todos los componentes del sistema educativo.

• Reducir la desigualdad en el acceso a la educación reforzando los programas que brindan asistencia a las escuelas que se encuentran en zonas con altos niveles de marginación, así como a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

• Involucrar a los padres de familia y a la sociedad mexicana en su conjunto en la transformación de la educación por medio de consejos de participación a nivel nacional, estatal, municipal y en los planteles educativos, así como con la realización de foros de consulta sobre la planeación del sistema educativo y las necesidades educativas regionales.

Así pues, debemos advertir que indudablemente las transformaciones en materia educativa son las vías para asegurar una educación obligatoria, gratuita, laica, de calidad e incluyente, que permita avanzar seriamente en el propósito de abatir el rezago y proporcionar a los alumnos una educación integral, para la convivencia armónica y el desarrollo personal y social, así como con las herramientas que les permitan competir en un mundo globalizado que hace uso del conocimiento y la tecnología.

Para concluir podemos señalar, que el tema de la educación en México, en todos los ámbitos, tanto el jurídico, económico y social, ha representado un reto a seguir, y ha dependido de la implementación y puesta en marcha de políticas públicas a través de reformas que pretendan modificar el rumbo de la educación en nuestro país, a fin de consolidar el sistema educativo estadual.

II. PROBLEMÁTICA

A raíz de que se ha incrementado el número de personas con automóviles, los estacionamientos públicos o privados indudablemente es un tema que se debe atender.

En la actualidad, diversas disposiciones legales locales, regulan el servicio de estacionamientos, y de los ligados a establecimientos, sin embargo, han dejado a un lado, algunos aspectos trascendentales, como son: los estacionamientos de escuelas, hospitales, vía pública, entre otros.

Sobre el caso que nos interesa, al hablar de escuelas, los espacios de los centros educativos intrínsecamente deben de tener el carácter educativo.

No se debe limitar las posibilidades del aprendizaje, por factores ajenos que nada tiene que ver con el derecho humano a la educación.

Los centros educativos deben de tener espacios diseñados para que el protagonista, que es el educando, tenga acceso sin restricción al proceso enseñanza-aprendizaje.

Ahora bien, actualmente se está presentando un fenómeno social en los centros educativos, el cual consiste en que las instituciones públicas y particulares han impuesto a los padres de familia o tutores de los educandos, inclusive a los propios educandos, el cobro por cajones de estacionamientos.

En otras palabras, los estacionamientos de las instituciones educativas se han convertido en verdaderos negocios, como si la actividad que se prestara en los centros educativos fuera el servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos, a cambio del pago de la tarifa autorizada, y no el servicio propio de su objeto, que es el educativo.

Estas cargas económicas que se han estado fijando a los educandos y sus familiares representan, por un lado, un gran negocio recaudatorio para las instituciones educativas, y por otro lado, una carga económica para los educandos y sus familiares, que muchas veces desincentiva, desmotiva y afecta económicamente al educando y sus familiares, haciendo a un lado al educando como protagonista de la educación.

Contrario a lo que sucede con la imposición de cuotas de estacionamientos por parte de las instituciones públicas y particulares, estas instituciones deben de fomentar el que los ciudadanos acudan a los centros educativos, no deben de existir óbices para que el alumnado acuda a clases.

Por ningún motivo, las instituciones educativas deben de realizar prácticas que discriminen a los educandos, que los distingan como si los que tuvieran la posibilidad de pagar una cuota de estacionamiento son los que gozarían de privilegios, sino todo lo contrario, las instituciones deben de realizar esfuerzos para atraer alumnado, deben de conducirse con inclusión y propiciar igualdad de oportunidades al educando, en aras de que exista un acceso universal a la educación.

Los establecimientos educativos deben garantizar espacios suficientes de calidad, máxime en las instituciones educativas en las que los educandos contribuyen económicamente mediante cuotas o colegiaturas. Los espacios en los centros educativos no se deben de limitar únicamente a contar con aulas pertinentes, sino también a contar entre otros, con espacios recreativos, espacios de estudio, espacios de estacionamiento, así como de cualesquier otro espacio que abone en las tareas educativas; las instituciones educativas deben de realizar acciones afirmativas en pro del educando y de la educación, y dejar a un lado las acciones y prácticas inocuas que en nada abonan al objeto principal de la educación, que es el aprendizaje.   

En esa inteligencia, y de conformidad con los principios que imperan en el derecho a la educación, entre otros, tales como: la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el acceso universal a la educación, la inclusión y la gratuidad; es que consideramos erradicar esta mala práctica que se ha venido implementando en algunos planteles educativos. 

Incentivar la generación de espacios educativos y ofrecer espacios en los que los alumnos sean los protagonistas de su formación, son acciones que toda institución educativa debería realizar, a efecto de alcanzar el objetivo verdaderamente fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje: garantizar el desarrollo integral del individuo.

Por lo anterior, con la presente Iniciativa se pretende legislar y atender la mencionada problemática social, para con ello prohibir a todas aquellas instituciones públicas y particulares a que impongan tarifas de cobro por cajones de estacionamiento a los padres de familia y tutores de los educandos, así como a los propios educandos.

III. PROPUESTA

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento de poner orden la problemática social respecto al cobro por cajones de estacionamientos en las instituciones educativas públicas o particulares.

Bajo este contexto, es nuestra propuesta el que en las instituciones educativas existan espacios intrínsecamente educativos para el alumnado y sus familiares, y no de otra índole, como la económica.

Con esta propuesta se pretende prohibir el que toda institución educativa pública o particular imponga el cobro por cajones de estacionamientos en sus respectivos centros educativos, a los padres de familia o tutores de los educandos, e inclusive a los propios educandos.

En ese sentido, no podría existir mejor mecanismo para garantizar el derecho humano a la educación, así como los principios rectores de este derecho, que el prohibir esta mala práctica que muchos de nosotros hemos sido testigos, de forma tal, que es de suma importancia analizar y en su caso aprobar esta Iniciativa de Ley por parte de esta H. Soberanía Popular, en favor de la educación y de todos los educandos.

IV. CONTENIDO DE LA REFORMA

La reforma que se propone a la Ley General de Educación es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente para prohibir a todas aquellas instituciones educativas públicas o particulares a que impongan el cobro por cajones de estacionamiento a los padres de familia o tutores de los educandos, así como a los propios educandos.

En tal virtud, se propone adicionar el artículo 79 Bis de la Ley General de Educación, para prever la prohibición para las instituciones educativas públicas y privadas de imponer tarifas de cobro por cajones de estacionamientos en sus establecimientos educativos, a los padres de familia y tutores de los educandos, así como a los propios educandos.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma por adición el artículo 79 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 79 Bis.- Queda prohibido para las instituciones educativas públicas y particulares, imponer tarifas de cobro por cajones de estacionamiento en sus establecimientos educativos, a los padres de familia, tutores o educandos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Edgar Romo García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Diputado Cuitláhuac García Jiménez)

El que suscribe, el Senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a nombre del Diputado Federal CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 23 de noviembre de 1983, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El 8 de febrero de 1984, se publicó el Decreto del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado mediante el cual se expide la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La Iniciativa fue motivada para renovar y engrandecer el culto a los símbolos patrios ratificando una firme adhesión a los principios superiores de la Nación Mexicana. La iniciativa estableció como antecedente la Ley del 17 de agosto de 1968, misma que regulaba las características y uso de la Bandera, el Escudo y el Himno, pero consideraba que era necesario reforzar en el ámbito normativo, la devoción por los símbolos patrios que representan dentro y fuera de nuestro país, aspectos fundamentales de la identidad y nuestra historia nacional a partir de los símbolos patrios, punto de afinidad indiscutible.

El Ejecutivo Federal planteó que en los valores de nuestra cultura está la esencia de  nuestro ser como país, en donde se reafirma lo mexicano como la voluntad de soberanía que ratifica nuestra devoción por cuanto nos es exclusivo y propio. Que ese nacionalismo no constituye una manifestación de xenofobia. Por el contrario, hay un principio de universalidad asociado con los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres.

Señalaba el Presidente de la República, que la ley que se abrogaría con la iniciativa que presentaba, ya no respondía a las circunstancias de aquel entonces. La anterior ley había sido modificada para evitar el uso indiscriminado de los símbolos patrios. Para evitarlo, se habían establecido prohibiciones que convirtieron a los símbolos en objetos distantes de nuestra vida cotidiana. Gracias a ello, se les rescató de un proceso de vulgarización que en nada contribuía a su culto. Dicho de otra forma, la iniciativa de ley del Presiente de la Madrid pretendía ser más flexible para acercar a los ciudadanos a los elementos que deberían ser los factores de identidad nacional. Para ello, la iniciativa estableció tres diferencias sustanciales.

“La primera sustituir un criterio restrictivo que tenía la ley anterior, por uno extensivo. Lejos de limitar el uso de los símbolos en cuanto a las personas y a las ocasiones, se propone que los mexicanos todos, y en cualquier momento, puedan identificarse con sus símbolos sin, por ello, incurrir en contravenciones legales. 

La segunda diferencia importante radica en reemplazar el concepto pasivo de la Ley, consistente en la enunciación de todo lo que no se puede hacer y de lo poco que sí se puede, por una idea promovedora, que estimule a todos los mexicanos a conocer y difundir el significado de los símbolos patrios, a participar en el culto que se les debe y a incorporar a la vida cotidiana del individuo y del grupo social la presencia inspiradora del Escudo, de la Bandera y del Himno.

La tercera gran diferencia reside en el énfasis centralista de la Ley y en el tono descentralizador de la iniciativa. Si bien, y para conservar criterios homogéneos, se deja en el Ejecutivo Federal la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la Ley, se adscriben facultades diversas a las entidades federativas y a los municipios, y se propone que los ayuntamientos funjan como coadyuvantes en la aplicación de las normas aquí propuestas.

En la exposición de motivos, se señaló que había ya un especial cuidado en no alterar las características que se contemplaban en la ley en ese entonces vigente, pero que la iniciativa procuraba mejorar la redacción para aclarar y precisar las características de los símbolos patrios.

La iniciativa estableció una apertura para el manejo de la bandera y el Escudo Nacional para flexibilizar su uso.

En el caso de Himno Nacional se incorporó la música y la letra en el cuerpo de la Ley, a fin de garantizar precisión y uniformidad en tormo a su canto, ejecución, reproducción y circulación. Y al respecto, el Ejecutivo señaló le iniciativa:

Con el propósito de propiciar una mayor difusión y conocimiento del Himno Nacional, se suprimen las prohibiciones de ejecutarlo en espectáculos y reuniones sociales que no sean cívicas y en toda clase de establecimientos públicos, previéndose solamente que su interpretación se haga siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad.

Otro aspecto que señaló la iniciativa en la justificación, es que se instituirían concursos nacionales sobre símbolos patrios y de manera muy especial un concurso anual de interpretación del Himno Nacional con la participación de niños de primaria y secundaria.

Es claro, después de analizar la iniciativa referida, que el Presidente de la República pretendía flexibilizar las disposiciones relacionadas con la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional para hacer más accesible su uso en la población, toda vez que señaló “…pero deja un ámbito reservado a la adhesión espontánea de los mexicanos. En esta medida, es una iniciativa de ley para convocar al consenso.  Hemos de confiar en el poder conciliador de los símbolos, igual que creemos en el poder transformador de las ideas.”.

Sin embargo, actualmente hay contradicciones en la práctica por falta de precisión en la Ley, diferencias que son distintas al espíritu de la iniciativa.

La exposición de motivos señaló que para garantizar precisión y uniformidad, en tormo a su canto, ejecución, reproducción y circulación, se incorporó la música y letra. En la Ley anterior sólo se incluían las estrofas y se especificaba cuáles se cantaban, en qué circunstancias y el orden correspondiente. En la Ley actual se incluye la partitura y eso es a lo que se refiere el artículo 38 que señala:

ARTÍCULO 38.- El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley.

Como se señaló con anterioridad, flexibilizar la ley que rige el uso de los símbolos patrios buscaba fortalecer el factor de identidad, razón por la cual se eliminaron prohibiciones como el cantar el Himno Nacional en actos fuera de ceremonias cívicas como actualmente se hace y se llevan a cabo concursos anuales en escuelas de nivel básico y secundaria, en el entendido de que deberá conservarse la solemnidad y el estilo. Por ello, se estableció en el artículo 39 la restricción de llevar a cabo arreglos o alteraciones.

ARTÍCULO 39.- Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos….

Artículo que de alguna manera genera complicaciones a los maestros de música que tienen que cumplir las indicaciones de las autoridades educativas que deben cumplir con lo que dispone el artículo 54 que señala:

ARTÍCULO 54.- Las autoridades educativas dictarán las medidas para que en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional, se profundice en la enseñanza de la historia y significación de los símbolos patrios. Convocará y regulará, asimismo, en los términos del reglamento correspondiente, concursos nacionales sobre los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero la ley no señala qué se debe hacer en caso de los concursos, ya que el artículo 40 sólo habla de las versiones diferentes en ediciones o reproducciones, espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, así como las trasmisiones de radio y televisión:

ARTÍCULO 40.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirán autorización de las secretarías de Gobernación y de Cultura. Los espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, que versen sobre el Himno Nacional y sus autores, o que contengan motivos de aquél, necesitarán de la aprobación de las Secretarías de Gobernación y Cultura, según sus respectivas competencias. Las estaciones de radio y de televisión podrán transmitir el Himno Nacional íntegro o fragmentariamente, previa autorización de la Secretaría de Gobernación, salvo las transmisiones de ceremonias oficiales.

Y se especifica qué hacer en caso de las diferentes ceremonias cuando el Himno es entonado, participan las bandas de música y bandas de guerra, lo cual con frecuencia no se cumple porque para mucha gente no es clara la diferencia que señala el artículo.

ARTÍCULO 43.- En el caso de ejecución del Himno Nacional para hacer honores al Presidente de la República, las bandas de guerra tocarán "Marcha de Honor"; cuando el Himno sea entonado, las bandas de guerra permanecerán en silencio, pero en el caso de honores a la bandera, la banda de música ejecutará el Himno y las de guerra tocarán "Bandera" simultáneamente. En ninguna ceremonia se ejecutará el Himno Nacional más de dos veces para hacer honores a la Bandera ni más de dos veces para rendir honores al Presidente de la República.

Inclusive suele suceder que para dar cumplimiento al artículo 44 las bandas de música no tocan el Himno Nacional porque llegan a confundir la diferencia entre la banda de guerra y la banda de música.

ARTÍCULO 44.- Durante solemnidades cívicas en que conjuntos corales entonen el Himno Nacional, las bandas de guerra guardarán silencio.

Muchos maestros de música, con el propósito de que los niños y jóvenes de las escuelas de educación básica y secundaria puedan interpretar el Himno Nacional en un registro vocal cómodo y afinado, realizan arreglos cambiando la tonalidad. Sin embargo, el jurado, en apego estricto a lo que dispone el artículo 39, contrario a la flexibilidad que argumentó el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos, descalifica a los grupos argumentando que no obstante que la ejecución es impecable, afinada, solemne y apegada al estilo marcial que caracteriza al Himno, queda descalificado por cambiar la tonalidad de la señalada en el artículo 58 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, lo cual es frustrante para los maestros de música y, sobre todo, para los integrantes del coro participante que fue descalificado aunque la ejecución haya sido espléndida.

El problema se agudiza cuando las autoridades educativas tienen que cumplir con la disposición del artículo 46,

ARTÍCULO 46.- Es obligatoria la enseñanza del Himno Nacional en todos los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Cada año las autoridades educativas convocarán a un concurso de coros infantiles sobre la interpretación del Himno Nacional, donde participen los alumnos de enseñanza elemental y secundaria del Sistema Educativo Nacional.

ya que la tonalidad en que está escrito el Himno de acuerdo con lo que establece el artículo 58 es Do Mayor, tonalidad que no es favorable de ninguna manera al rango de voz de los niños. En consecuencia, aplicar el anterior artículo, implica necesariamente apegarse a lo que dispone a los artículos 38 y 39, lo que implica que deben cantar en la tonalidad que establece la música de la partitura del artículo 58.

Por su puesto que cuando se lleva a cabo el concurso, la afinación se complica porque es difícil entonar correctamente algunas notas, lo cual trae como consecuencia la desafinación.

Lo más grave del asunto es que una persona puede tener lesiones en el sistema fonador, laringe o cuerdas vocales, como consecuencia por forzar y cantar en una tesitura que no corresponde a su voz, situación que puede ser de gravedad en caso de los adolescentes ya que al estar cambiando de voz, una lesión podría generar daños irreversibles que le imposibiliten para el canto, como lo señalan las investigadoras de la Universidad de San Isidro Labrador en Costa Rica1

Sea cual sea la perturbación, puede llegar a una patología de la voz afectando así el comportamiento de una buena comunicación y afectando de una mala manera su organismo al no saberlo cuidar adecuadamente.

Muchas veces estas situaciones se dan por descuidos en los cuales se considera normal al hacer esfuerzos innecesarios de la voz, esto puede llegar en algún momento una alteración más grave o crónica.

Causas funcionales: se cuenta con un sistema fono-articulador aparentemente intacto; pero se da por uno inadecuado de la altura tonal de la sonoridad o del timbre de la voz.

Las causas funcionales se dan aun cuando se posea una laringe en buen estado, o físicos en general sanos, y la causa es por el mal uso que se le da al sistema fono-articulador, exponiéndolo en ambientes de contaminación, consumiendo alimentos inapropiados o utilizando un tono que no es adecuado provocando daños en la producción de voz.

Desde luego que cantar una sola vez el Himno Nacional en una tonalidad que obliga a los niños o adolescentes a forzar el sistema fonador, no es grave. Sin embargo, estudiar para un concurso implica muchos ensayos por días continuos, lo que sí podría provocar daños graves a la laringe. Por supuesto que la afinación sería muy importante, pero la salud de los niños y jóvenes es aún más importante.

Al respecto la maestra Inés Bustos Sánchez refiere:

Factores funcionales: la disfonía por mal uso vocal.  Cuando le pedimos demasiado a la voz entonces aparece el esfuerzo. Una buena parte de las disfonías se producen por la aplicación inadecuada de mecanismos de esfuerzo que inciden en la estructura muscular y cartilaginosa de la laringe.… cuando el esfuerzo se cronifica (sic), las cuerdas vocales se defienden generando cambios en sus tejidos. Son las llamadas lesiones por hiperfunción:

Nódulos vocales bilaterales

Pseudoquiste seroso

Quiste mucoso por retención

Pólipo de cuerda vocal

Edema de Reinke

Todas estas lesiones, desde el punto de vista de su estructura celular muy diferentes entre sí, son el resultado de un esfuerzo vocal mal aplicado, en menor o mayor grado y durante un lapso de tiempo más o menos largo.

Algunas lesiones: los nódulos bilaterales, desaparecerán con la reeducación del hábito fonatorio, sobre todo en sus estadios iniciales. Pero el resto, en general, y a pesar de que la reeducación pueda ofrecer un aumento importante del bienestar y del rendimiento vocal, van a precisar una intervención de microcirugía endolaríngea para su total desaparición.  (Bustos, 2003. 76:79)2

Lo peor del caso es que en muchas ocasiones nunca se dan cuenta que el niño o el adolescente ha sufrido un daño permanente en la laringe o en las cuerdas vocales. Podrían suponer que repentinamente se quedó con la voz ronca pensando que es temporal por el cambio de voz o que ese cambio se dio de manera natural sin que jamás se atribuya a un abuso en el uso de la voz por cantar el Himno Nacional durante muchos ensayos para el concurso en un tono que le afectó físicamente por el resto de sus días.

La presente iniciativa debe tomarse muy en cuenta considerando los principios constitucionales señalados en la reforma constitucional del 29 de enero de 2016 a la fracción XXIX.P del artículo 73 que señala:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

1 a XXVIII…

XIX-A a XIX-O…

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

Cualquier maestro de música sabe perfectamente que cambiar de tonalidad el Himno Nacional, no sólo evitaría los daños a los que me he referido con anterioridad, sino que facilitaría la ejecución y permitiría además, dar cumplimiento a lo que señala el párrafo segundo del artículo 11 de la misma Ley

Artículo 11…

Las instituciones públicas y agrupaciones legalmente constituidas, podrán rendir honores a la Bandera Nacional, observándose la solemnidad y el ritual que se describen en esta Ley. En estas ceremonias se deberá interpretar, además, el Himno Nacional.

Así como la última frase del artículo 38.

Artículo 38… La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración del Senado de la República el siguiente:

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 38.- El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad.

Con el propósito de que la población en general interprete con el ritmo y afinación precisa para no desvirtuar involuntariamente la melodía original, al Himno Nacional se le podrá modificar la tonalidad original, quedando certeros de que la letra, la melodía y el ritmo sean respetados en todo momento,  con el fin de conservar la debida solemnidad. El arreglo correspondiente deberá ser autorizado por las Secretarías de Gobernación y de Cultura, en los mismos términos del artículo 40 de la presente Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Educación Pública deberá considerar esta reforma para la emisión de la Convocatoria del Concurso de Interpretación del Himno Nacional, que celebra anualmente en cumplimiento con el artículo 46 de la presente Ley. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Dip. Cuitláhuac García Jiménez.

1 Benavides Briones, Johanna; Cubero Madrigal Natalia y Ramírez Mora Roxana. El Cuidado de la voz. Capítulo II. Universidad San Isidro Labrador, Costa Rica. https://cuidadodelavoz.jimdo.com consultado el 3 de agosto de 2017.

2 Bustos Sánchez Inés, La Voz. La Técnica y la expresión. Paidotribo, Barcelona. 2003






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 207 BIS AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Dip. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO, 207 BIS, AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante exigencias internacionales sobre el respeto a los derechos humanos en el procedimiento penal, en junio de 2008 se publica el decreto sobre las reformas que dieron paso al sistema acusatorio, trayendo consigo un conjunto de cambios sustanciales y formales en la manera de impartir y procurar justicia.

Uno de esos cambios introdujo, a través del artículo 20, apartado A, fracción VII, Constitucional, la novedosa figura procesal del procedimiento abreviado, en apego al derecho fundamental de toda persona a la justicia pronta y, con ello, al debido proceso; estableciendo el beneficio de penas reducidas para aquellos imputados que, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, reconocieran su responsabilidad ante Juez y éste verificara el consentimiento del imputado con ese procedimiento ágil, así como el sustento que tuviese ese reconocimiento en los datos de prueba.

En concordancia con ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales reguló esa forma anticipada de terminación del procedimiento que tiene entre sus fines agilizar los procesos; sin embargo, el Constituyente permanente ha dejado fuera de su aplicación a todos aquellos procesados o acusados a los que no les resulta aplicable el sistema acusatorio.

Esto deriva del Artículo Transitorio Cuarto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que establece que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, es decir, conforme a las normas del sistema tradicional o mixto.

Es entendible que al tratarse de todo un sistema nuevo, que incluyó cambios no sólo formales, sino sustanciales también, el acusatorio no se haya aplicado a los casos iniciados con anterioridad a su inicio de vigencia, pues de lo contario se podrían generar algunas complicaciones infranqueables con las nuevas figuras e instituciones procesales; sin embargo, ello no impide que el procedimiento abreviado sí se pueda aplicar a los casos regidos por el anterior sistema, máxime que hace viable una exigencia fundamental como lo es el derecho a la justicia pronta y requiere, además de la anuencia del Ministerio Público, escuchar a la parte afectada por el delito y garantizar su derecho a la reparación del daño.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA

No es posible aceptar que en un mismo entorno existan procesados o acusados a los que se les haga efectivo su derecho a la justicia pronta, con beneficios de reducción de penas, a través del procedimiento abreviado que dispone el sistema acusatorio y, por otro, de manera por demás discriminatoria e injustificada, existan imputados que sólo por un fenómeno de temporalidad no puedan acceder efectivamente a esos beneficios.

Luego entonces, es necesario que en relación a todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio, siguiendo los fines perseguidos al instaurarse el procedimiento abreviado en el sistema acusatorio, se apliquen esas mismas reglas para que todos los procesados o acusados puedan gozar de los beneficios de esa forma anticipada de terminación del procedimiento.

Esto permitirá, por un lado, el respeto efectivo de los derechos humanos de los procesados o acusados y, por otro, abatir el problema de rezago de los asuntos del sistema tradicional o mixto, con la consiguiente reducción del gasto púbico que implica la tramitación de un procedimiento ordinario.

FUNDAMENTO LEGAL

Sobre este tema, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 9°, párrafo tercero, el derecho a la impartición de justicia en un plazo razonable. Lo mismo se ordena en el artículo 7°, párrafo quinto, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido1 que para determinar si a un inculpado se le ha respetado ese derecho, uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta es la actividad procesal del interesado; esto implica que, ante el criterio de dicho Tribunal de corte internacional, con independencia del sistema tradicional o acusatorio, si un procesado o acusado desea dar por terminado el procedimiento penal instaurado en su contra de manera ágil, no deseando ya actuar en su defensa al estar de acuerdo con un procedimiento abreviado y estando satisfechos los demás requisitos que marca la Constitución, se debe dar por terminado ese procedimiento, respetando así su derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 207 BIS AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 207 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 207 Bis. Aplicación a procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio.

Las disposiciones a que se refiere éste capítulo, también podrán aplicarse en lo conducente a aquellos procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto aplicable a aquellos procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial,  entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para el efecto de la aplicación del artículo 207 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en los subsecuentes transitorios sólo se denominará como Código, en lugar del previo requisito de la acusación, a que se refiere el artículo 201 fracción I del mismo ordenamiento, será necesaria la presentación de la solicitud respectiva por parte del Ministerio Público, acompañada de su escrito de conclusiones acusatorias en las que se expongan las pruebas que la sustentan, conteniendo la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de la reparación del daño.

TERCERO.- Asimismo, en lugar del requisito a que se refiere el inciso a), fracción III, del artículo 201 del Código, será necesario que el acusado reconozca ante el Juez de la causa estar debidamente informado de su derecho al período de instrucción para aportar las pruebas que estime adecuadas para su defensa, así como al período de juicio dentro de un procedimiento ordinario y de los alcances del procedimiento abreviado.

CUARTO.- En ese mismo sentido, en lugar del requisito previsto en el inciso b), fracción III, del citado artículo 201, será necesario que el acusado renuncie expresamente al período de instrucción y a la etapa de juicio o de primera instancia.

QUINTO.- Podrá promoverse dicho procedimiento abreviado una vez dictado el auto de procesamiento correspondiente y hasta antes de declarar visto el proceso.

SEXTO.- Por lo que hace al párrafo cuarto del artículo 202 del Código, si al momento de la solicitud del procedimiento abreviado, ya existen conclusiones del Ministerio Público, éste podrá modificar la acusación en la respectiva audiencia, ya sea oralmente o por escrito, levantándose el registro escrito correspondiente o agregándose a la causa el escrito de la modificación correspondiente.

SÉPTIMO.- En cuanto a la aplicación del primer y segundo párrafos del artículo 203 del Código, quien conocerá y resolverá sobre la autorización o no del procedimiento abreviado será el Juez de la causa y serán medios de convicción los medios de prueba que obren en la causa hasta el momento de la respectiva solicitud.

OCTAVO.- En relación al primer párrafo del artículo 205 del Código, bastará que el Ministerio Público presente su solicitud de procedimiento abreviado y su escrito de conclusiones acusatorias, de las cuales oportunamente se haya corrido traslado a las demás partes. El Juez de la causa resolverá la oposición que en su caso presente la víctima u ofendido, así como analizará el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la fracción III del artículo 201 del Código, observando las adecuaciones previstas en los artículos Segundo, Tercero y Cuarto.

Transitorios de éste Decreto; además deberá verificar que los elementos de convicción que sustenten el escrito de conclusiones acusatorias se encuentren debidamente integrados en la causa penal, previo al resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado.

NOVENO.- Para efectos del párrafo segundo del artículo 205 del Código, una vez que el Juez de la causa haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima u ofendido, a su Asesor Jurídico, de estar presentes, y después a la defensa; en todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.
DÉCIMO.- En relación al artículo 206 del Código, será el Juez de la causa el que pronuncie el fallo correspondiente.

Salón sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela De los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

1 Casos 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas; Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas; Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; entre otros.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por los Diputados Alfredo Basurto Román y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena)

ALFREDO BASURTO ROMÁN y JUAN ROMERO TENORIO, en nuestro carácter de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes al grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6 párrafo 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 83 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de que nuestro país tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de tenencia de armas de fuego, los datos que diversas investigaciones indican que el tráfico ilícito de armas representa un grave problema para México, por lo que resulta necesario prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

Algunas de las cifras que se desprenden de estudios especializados en torno al tema, señalan la gravedad del comercio ilícito de armas hacia nuestro país y han establecido un nexo causa-efecto con el escenario de inseguridad y de violencia que prevalece en amplias zonas de la geografía nacional.

Según el documento de trabajo, número 183 sobre TRÁFICO DE ARMAS: Entorno, propuestas legislativas y opinión elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública Documento de diciembre de 2014, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados “se ha estimado que las autoridades en nuestro país confiscan     sólo el 14% de las 252 mil armas que cruzan de forma ilegal anualmente por la frontera norte y que alrededor del 46.7% de las 51 mil armerías estadounidenses depende en alguna medida de la demanda mexicana. Para contextualizar lo anterior, se ha señalado que el número de tiendas de armas crece constantemente en la franja fronteriza sur de los Estados Unidos, en donde cerca de 6 mil 700 armerías se concentran en las zonas limítrofes con nuestro país de California, Arizona, Nuevo México y Texas, con un promedio de dos establecimientos por kilómetro. Lo anterior, ha contribuido a que en México circulen más de 15 millones de armas ilegales y que alrededor de un 80% de esa cantidad provengan de Estados Unidos, lo cual en parte explica que en nuestro país se hayan utilizado armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012”1.

Así mismo, según el trabajo de Magda Coss Nogueda entre 2000 y 2008 entraron ilegalmente al país alrededor de cinco millones de armas de fuego y que además, muchas de las armas que han sido objeto de rastreo por las autoridades han sido encontradas posteriormente en Guatemala. La autora ha señalado que organizaciones delincuenciales como el denominado Cártel de Tepito con sede en la ciudad de México, cuenta con al menos 35 puntos de venta de armas procedentes de los Estados Unidos o provenientes de los robos de armas a la Secretaría de Defensa Nacional”2.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que no se tiene un dato preciso sobre el tema, debido principalmente al carácter ilegal de esa actividad y porque sólo se llega a tener una medición aproximada al efectuar acciones encaminadas a frenar el trasiego, posesión, acopio o portación en flagrancia o cuando son usadas en algún enfrentamiento o ejecución. La dependencia menciona que los aseguramientos más significativos de armamento se han realizado como consecuencia de enfrentamientos entre grupos antagónicos, cateos o hallazgos, además de que las personas detenidas en posesión de armas de fuego, sistemáticamente se niegan a rendir declaración o refieren desconocer el origen de las armas que traían consigo3.

La PGR hace referencia a que además de las armas cortas y convencionales, a los grupos de la delincuencia organizada de nuestro país se les ha asegurado armamento con características especiales como su potencialidad, alcance, penetración y volumen de fuego, como es el caso de las armas tipo cohete antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37mm., amén de aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre .50”, así como armas de fuego denominadas “de nueva generación” como la subametralladora y la pistola FN Herstal de fabricación Belga, conocida como Five-Seven y que por sus características técnicas así como por las cualidades de su munición -subsónica, trazadora y de penetración- es capaz de traspasar blindajes y es llamada coloquialmente matapolicías4.

El informe denominado "El camino de las armas: estimado del tráfico de armas de fuego a través de la frontera entre Estados Unidos y México" elaborado por la Universidad de San Diego, California USA y el Instituto Igarapé, de Brasil, ha estimado que las autoridades en nuestro país confiscan sólo el 14% de las 252 mil armas que cruzan de forma ilegal anualmente por la frontera norte y que alrededor del 46.7% de las 51 mil armerías estadounidenses depende en alguna medida de la demanda mexicana.

El mismo informe indica que el tráfico de armas de Estados Unidos a México generó ganancias por 127 millones de dólares al año, cuatro veces más de lo que se recaudó en el periodo de 1997-1999 y más de seis veces de lo que estima el más reciente reporte de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, correspondiente a 20125.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que cobrara vigencia dentro del derecho penal mexicano desde el día 11 de enero de 1972, a la postre de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, promulgada en la administración del entonces Licenciado Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; ingreso al contexto jurídico penal  a menester de regular, entre otras cosas, la portación, posesión, acopio, transmisión y demás actividades todas relacionadas con la   las actividades concernientes a los artefactos bélicos. Esta legislación federal, a lo largo de su vigencia, ha sido sujeta de diversas reformas, ello tratando de compaginar la conducta de la sociedad con las necesidades del conglomerado social ello dentro de la situación contemporánea del País; singularidad que es de interacción básica, el saber que las demandas de la sociedad están en constante mudanza esto conforme a la vulneración del bien jurídico.

Bajo ese tenor atendiendo a las conductas que el legislador en su momento previo merecedoras de ser punibles, a la fecha son diversas a las que imperaban en los años que diera luz a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fundamentalmente debido a la aparición y desarrollo que en nuestra época contemporánea ha ostentado los grupos del crimen organizado. Dentro de ese marco, es menester abordar el tipo penal de posesión de cartuchos para arma de fuego, el cual se encuentra regulado en el arábigo 83 Quater de la ley federal de armas de fuego y explosivos, el cual al texto indica:

“Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.”

Este precepto legal, el cual cabe mencionar no ha sido objeto de modificación desde el año de 1998; nos establece los márgenes punitivos en la hipótesis de poseer cartuchos para arma de fuego, siendo que en el mismo únicamente marca dos distinciones, las cueles podemos resumir una cuando la acción recaiga sobre municiones para arma de fuego cortas y una diversa sobre los cartuchos para armas de fuego largas, penas las cuales en el primero de los casos prevé una sanción cuya media aritmética es de dos años seis meses y la segunda de estas es de cuatro años de prisión.

Este artículo en particular, no prevé agravante por la cantidad de municiones que el sujeto activo llegue a portar; dicho de otra forma, el legislador de ese momento, estableció como pena análoga, el poseer un cartucho que el tener en su tenencia miles de estos cartuchos.

Ante dicha postura, se ha de indicar en primer término que las condiciones por las que actualmente atraviesa el País, son totalmente adversas a las que imperaban en la República al momento que surgió a la vida legal el precepto que se analiza, el cual como se adelantó en líneas precedentes no ha sido objeto de modificación a lo largo de su vigencia; de ahí que nace la necesidad de un análisis sobre el presente como susceptible  de reforma respecto a la indicada conducta.No es legalmente posible que sea reprendido con la misma severidad un ciudadanoque posea un cartucho a quien tenga en su poder miles de estas municiones, esto por simple lógica elemental, por lo que no se equipara la puesta en peligro en que se coloca al conglomerado social el poseer grandes cantidades de cartuchos y esta conducta sea penada con la misma sanción irrisoria que se indica en el precepto legal represor.

Siendo que ante dicha postura, la solución no sería agregar al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa la posesión de estas municiones, sin antes no haber incrementado la sanción privativa de libertad, esto toda vez que  como se dijo en párrafos  anteriores, la media aritmética de cualquiera de las hipótesis delictivas que contempla el indicado numeral, estas no  rebasan los cinco años de prisión, con lo que indubitablemente el activo en la misma audiencia  inicial podría ser acreedor de una salida alterna al proceso, esto conforme lo establece el artículo 192 en su fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con lo que se tendría un nocivo efecto en la percepción de la sociedad, dado que bastaría con que, en el mejor de los casos, el Juez le impusiera dos años como plazo para cumplir diversas condiciones, empero esto en libertad.

Es de indicar, que la finalidad de incrementar la pena privativa de libertad en delitos de posesión de cartuchos, obedece a que, como es de dominio público, en la mayoría de las ocasiones, los sujetos que delinquen en esta materia lo hacen de manera reiterada, con lo que si bien es cierto al aumentar la sanción muy posiblemente el activo pudiera acceder algún sustitutivo de la pena establecidos en lo numerales 70 y 90 del Código Penal Federal, esto en el marco de las reducciones establecidas mediante el mecanismo de terminación anticipada, también lo es que con ello se le generaría un antecedente penal y en hipótesis de reiterar su conducta contraria a la norma, en el diverso que se  le instruyera, no podría acceder a estos; lo cual no sucedería en una suspensión condicional del proceso.

Por lo que se establece la marcada necesidad de reformar dicho precepto legal, esto es aumentar las penas a por lo menos como lo indica su semejante de portación de armas de fuego, (artículo 83); dado que un arma de fuego por muy alto calibre que esta sea, no sería lesiva al carecer de municiones, amén de agravar dicha conducta conforme la cantidad de cartuchos.

Las modificaciones que se proponen buscan fundamentalmente que quien se encuentre en posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército no accedan a los beneficios que les otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales y obtengan libertad provisional después de seis meses de estar recluidos.

Para mayor comprensión de las reformas que se proponen se presenta el siguiente cuadro comparativo

REDACCIÓN ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de dos a nueve años y multa de quinientas unidades de medida de actualización, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de tres a once años y multa de mil unidades de medida de actualización, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

En caso de que se posean más de quince cartuchos de la fracción I y más de treinta cartuchos de la fracción II, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.

Si la cantidad de cartuchos fuera superior a cien, la pena se aumentara al doble; para la fracción I se tomaran en cuenta las cantidades e hipótesis que indica el diverso artículo 50 de esta Ley.

Cuando tres o más personas, porten cartuchos de los comprendidos en la fracción II del presente artículo rebasando la cantidad establecida en el párrafo que antecede, la pena correspondiente se aumentará al doble.

Estas últimas agravantes se consideran esenciales, atendiendo al estudio indicado en líneas  precedentes, es decir no podemos  reprenden  por igual a la persona que posea un solo  cartucho a quien posea grandes cantidades de estos, dado que es mayor la puesta en peligro en que se coloca a la sociedad, quien es en este caso quien resiente la conducta punible. Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  

ÚNICO. Se adiciona reforma el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:

Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de dos a nueve años y multa de quinientas unidades de medida de actualización, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de tres a once años y multa de mil unidades de medida de actualización, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

En caso de que se posean más de quince cartuchos de la fracción I y más de treinta cartuchos de la fracción II, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.

Si la cantidad de cartuchos fuera superior a cien, la pena se aumentara al doble; para la fracción I se tomaran en cuenta las cantidades e hipótesis que indica el diverso artículo 50 de esta Ley.

Cuando tres o más personas, porten cartuchos de los comprendidos en la fracción II del presente artículo rebasando la cantidad establecida en el párrafo que antecede, la pena correspondiente se aumentará al doble.

TRANSITORIOS

ÚNICO. Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Juan Romero Tenorio.- Dip. Alfredo Basurto Román.

1 TRÁFICO DE ARMAS Entorno, propuestas legislativas y opinión pública. Documento de Trabajo, núm. 183, diciembre de 2014. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad
=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyqbi58XSAhVO3WMKHQl3BOYQFggpMAE&
url=http%3A%2F%2Fwww.casede.org%2FBibliotecaCasede%2FTrafico-de-armas-
docto183.pdf&usg=AFQjCNFz0g3csISU9RNdSjBRpzoLM1lcMw

2 Magda Coss Nogueda, Tráfico de armas en México, Grijalbo, México, 2011, pp. 74, 103, 110-111 y 117.

3 Procuraduría General de la República, “Tráfico de Armas México-USA”, PGR, México, 2008. 

4 De acuerdo con la PGR, el armamento en cita había estado en posesión de grupos delincuenciales como el Cártel del Golfo, Zetas, Cártel de los Hermanos Arellano Félix, Cártel del Pacífico y grupos afines como Mayo Zambada y Carrillo Fuentes.  

5 Topher McDougal, David A. Shirk, et. al, “The Way of the Gun: Estimating Firearms Traffic Across the U.S.-Mexico Border”, Trans-Border Institute University of San Diego, U.S.A. 2013. 






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La donación se encuentra regulada en el Libro IV, Título Cuarto del Código Civil Federal; la doctrina lo define como aquél contrato por el que el donante transfiere a un donatario la propiedad de uno o más bienes de su patrimonio. 

En la actualidad, este contrato se realiza de manera cotidiana y habitual en nuestro país, sobre todo ante los avances tecnológicos en materia de transferencias electrónicas interbancarias.

Sin embargo, una de las restricciones más importantes en su ejecución es la solemnidad prevista en el Código Civil Federal, específicamente en los artículos 2342, 2343 y 2344, en los que se señala que el perfeccionamiento de este contrato, para bienes muebles, podrá ser verbal cuando el objeto del contrato no exceda de doscientos pesos; deberá ser por escrito cuando excede de doscientos pesos pero no de cinco mil pesos; y, deberá de elevarse a escritura pública cuando supera los cinco mil pesos.  Tratándose de bienes raíces, el perfeccionamiento deberá seguir la formalidad que la ley exija para la transmisión de dichos inmuebles.

Las constantes modificaciones al sistema financiero mexicano y los montos comunes de la transmisión de los bienes y riquezas, han dejado de lado el espíritu con que fueron promulgadas estas disposiciones para regular las formalidades del contrato de donación.

En efecto, el Título Cuarto del Código Civil Federal “De las Donaciones”, ha permanecido intocado desde su publicación el 26 de mayo de 1928, es decir, desde la publicación misma del Código. 

Ante los movimientos naturales de capitales que existen en la actualidad, consideramos necesario la actualización y modificación de los montos máximos que se prevén en el Código Civil Federal para dar la formalidad y solemnidad debida a este contrato y así, brindar mayor certeza jurídica a los contratantes.

Adicionalmente, el artículo 17 fracción XIII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente en el país, establece un monto de identificación y aviso para la recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro, por esta situación se tendrá que mantener este umbral para operaciones que no excedan este monto sin que se den aviso a las autoridades correspondientes conforme a esta legislación.

En este orden, conforme al artículo segundo transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de nuestra Constitución Federal en materia de desindexación del salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de enero de 2016, quedaron establecidas todas las menciones al salario mínimo como referencia para determinar la cuantía de obligaciones previstas en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Misma que conforme a lo publicado en el DOF el 10 de enero de 2017, el valor diario de la UMA será el equivalente a $75.49 M.N. a partir del 1 de febrero del 2017, valor que consideramos necesario homologar.

Es por ello que se propone la modificación de los artículos 2342, 2343 y 2344 del Código Civil Federal, para facilitar la formalización de estas transacciones, así como homologar dichos montos con otros ordenamientos jurídicos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la aprobación de la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2343 y 2344 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2343. La donación verbal sólo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no sobrepase el valor de 662 Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 2344. Si el valor de los bienes muebles excede del valor señalado en el artículo anterior, la donación debe hacerse por escrito ante dos testigos.

Cuando los bienes muebles respecto de los cuales se celebre la donación, requieran formalidad específica para su transmisión, la donación deberá constar conforme a dicha formalidad.

Tratándose de bienes inmuebles, la donación deberá constar siempre en Escritura Pública.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Dip. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con la reforma Constitucional de 18 de junio de 2008 se introdujo en México el denominado sistema de justicia penal acusatorio adversarial. El mismo incluyó la novedosa figura para nuestro país del procedimiento abreviado.

Dicho procedimiento se estableció en apego al derecho fundamental de toda persona a la justicia pronta y, con ello, al debido proceso, otorgando el beneficio de penas reducidas para aquellos imputados que, voluntariamente, y con conocimiento de las consecuencias, reconocieran su responsabilidad ante el Juez y éste verificara el consentimiento del imputado con ese procedimiento ágil, así como el sustento que tuviese ese reconocimiento en los datos de prueba.

Ahora bien, uno de los requisitos para que el Juez autorice la sustanciación de esa forma anticipada de terminación del procedimiento consiste, en términos de la fracción II del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que la víctima u ofendido no presente oposición, entendiéndose que sólo será vinculante u obligatoria para el Juez la oposición que se encuentre fundada.

A su vez, el artículo 204 de dicho ordenamiento establece lo siguiente:

“La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño”.

De lo anterior se puede concluir que si el Juez advierte que la reparación se encuentra debidamente garantizada, y se actualizan los demás requisitos a que se refiere el artículo 201 referido, el Juez debe autorizar la tramitación del procedimiento abreviado.

Esto podría generar el desapego a uno de los fines esenciales del proceso penal establecido a nivel Constitucional en el artículo 20, apartado A, fracción I, que dispone que el proceso penal tendrá por objeto, entre otros, que los daños causados por el delito se reparen.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

El apartado A, fracción I, del artículo 20 Constitucional eleva a rango de derecho fundamental constitucional el concerniente a que las víctimas de los delitos obtengan en el proceso penal la reparación del daño. Derecho que de ninguna manera es trastocado por la diversa fracción VII del apartado A del mismo artículo Constitucional, que establece la figura del procedimiento abreviado.

En consecuencia, si tomamos en consideración que, de acuerdo al artículo 1 Constitucional, los derechos establecidos en el máximo cuerpo normativo de la nación no podrán restringirse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución autorice, debe concluirse que una Ley secundaria, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede restringir el derecho fundamental de las víctimas a la reparación del daño.

Por lo que se estima que la actual redacción del artículo 204 de dicho Código no resulta apegada a la Constitución, pues atenta, en la tramitación del procedimiento abreviado, con ese derecho de las víctimas; ya que al facultar al Juez para autorizar la tramitación de esa forma anticipada de terminación del procedimiento con el sólo hecho de que se garantice la reparación del daño, pone en franco riesgo la efectiva reparación del daño a favor de las víctimas, si se toma en cuenta que una de las formas de garantía es la póliza de fianza, que en la práctica llega a requerir, incluso, la tramitación de juicios por separado para obtener el pago correspondiente, existiendo casos, además, en los que después de un prolongado juicio no se obtienen resultados positivos.

Entonces, bajo estas consideraciones, se pueden presentar casos en los que el acusado obtenga, a través del procedimiento abreviado, beneficios reales e inmediatos, como por ejemplo, cuando la sentencia dictada en procedimiento abreviado permita su externamiento, ya sea porque la pena de prisión haya sido reducida por virtud de la aplicación de ese procedimiento a grado tal que permita la conmutación de la pena o porque sea una sentencia absolutoria; en cualquiera de éstos casos, el sentenciado podría obtener su libertad el mismo día de la audiencia del procedimiento abreviado, mientras que la víctima, al sólo estar garantizada la reparación del daño, tendría que esperar a obtener el cobro correspondiente, bajo riesgo de que, aun agotando los procedimientos de ley, no fuese posible dicho cobro.

Por lo que a través de la presente iniciativa se propone modificar el contenido del artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que sólo se pueda autorizar el procedimiento abreviado cuando, estando satisfechos los demás requisitos a que se refiere el artículo 201 de dicho Código, se encuentre además reparado el daño.

Asimismo, sin dejar pasar por alto que existirán casos en los que procesados o acusados tengan la real intención de reparar el daño, pero que, por su situación económica y por el monto del daño, no les sea posible repararlo previamente a la autorización del procedimiento abreviado, casos en los que, con el consentimiento expreso de la víctima u ofendido, se permitirá que, para la autorización del procedimiento abreviado, baste con que se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño.

Debe señalarse que esta iniciativa no contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos del inculpado, pues, en primer lugar, no se elimina su derecho a la obtención de una sentencia a través del procedimiento abreviado, ni los beneficios de reducción de penas que ello conlleva, sino sólo se establece una exigencia legal para la autorización de ese procedimiento, lo cual está permitido por la misma Constitución, al preverse en su artículo 20, apartado A, fracción VII, que será la Ley la que establezca los supuestos en que se podrá decretar la terminación anticipada de un procedimiento; y en segundo, porque no debe perderse de vista que uno de los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos, consiste en que se le repare el daño y con ésta iniciativa se da un efecto progresivo en la tutela de éste derecho fundamental; contrario a lo que ocurre con la redacción actual del artículo 204 de la Ley adjetiva de la materia, ya que pone en riesgo la real materialización del mismo y con ésta iniciativa se avanza positivamente en la efectiva reparación del daño como uno de los fines esenciales del proceso penal y como un derecho fundamental de las víctimas u ofendidos.

FUNDAMENTO LEGAL

El fundamento de esta iniciativa es el de evitar generar desigualdad procesal, la injusticia y el no apego a la Constitución, pues ésta es clara en señalar, en el apartado A, fracción I, del artículo 20, como uno de los derechos de las víctimas y ofendidos, el de obtener la reparación del daño.

A mayor abundamiento, el segundo párrafo de la fracción IV, apartado C, del artículo 20 de la Constitución, establece expresamente que la Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño, precepto Constitucional que si bien se refiere a la ejecución de sentencias, también lo es que de su contenido se desprende el claro ánimo del Constituyente Permanente de que el orden jurídico permita la agilidad en la reparación del daño.

Un fundamento más para advertir que el legislador, en el proceso acusatorio, pretende dar agilidad a la obtención de la reparación del daño por parte de la víctima, lo constituyen los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, que si bien es cierto son figuras procesales distintas a la del procedimiento abreviado, sí revelan tal intención legislativa, al no permitirse en éstas formas de solución alterna del procedimiento la extinción de la acción penal, si no se cumplen las obligaciones pactadas, entre ellas lo relacionado a la reparación del daño.

Por último, en el Código Penal Federal, también se evidencia una vez más, el decidido propósito de la Ley de tutelar la efectiva reparación del daño a favor de las víctimas, cuando, para la procedencia del perdón de la víctima o del legitimado para otorgarlo, se exige que se haya reparado la totalidad de los daños y perjuicios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo Único.- Se reforma el artículo 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 204. Oposición de la víctima u ofendido

La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra reparado el daño.

En aquellos casos en que se demuestre que el imputado desea la aplicación del procedimiento abreviado, pero por su situación económica y por el monto de la reparación del daño no le sea posible repararlo previamente a la autorización del procedimiento abreviado, previo consentimiento expreso de la víctima u ofendido, el Juzgador podrá autorizar el procedimiento abreviado siempre que se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela De Los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por nuestra Ley Suprema, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Sobre el particular, es importante precisar que el artículo 4°, del mismo ordenamiento normativo, establece que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

Como puede advertirse de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de la nuestra Ley Fundamental, el Estado Mexicano es el principal responsable de asegurar el derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a no sufrir hambre de toda persona que se encuentre dentro del territorio nacional.

En ese mismo tenor, es importante destacar que acorde con lo señalado por la Declaración Universal de Derechos Humanos1, se reconoce en general que el hambre constituye una violación contra la dignidad humana y un obstáculo para el progreso social, político y económico.

Bajo esta lógica podemos señalar que la obligación del Estado de satisfacer el derecho a los alimentos comprende dos elementos: la obligación de facilitar y la obligación de proporcionar.

Lo hasta ahora expuesto permite concluir que la nutrición constituye un derecho fundamental, por ende, existe una obligación expresa para el Estado Mexicano de garantizar este derecho; sin embargo, en la legislación general en materia de salud, únicamente se establece que el Estado participará en la promoción del mejoramiento de la nutrición.

Lo anteriormente señalado reviste una especial importancia, pues acorde con la redacción actual de la Ley General de Salud, se puede inferir que dentro del sistema jurídico mexicano se reconoce el derecho a tener una alimentación adecuada, lo cual implica que las personas deban tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa; sin embargo, se deja de lado de la obligación fundamental del Estado de garantizar, cuando menos, a los que aún no disfrutan del derecho a los alimentos mediante la implementación de oportunidades para que puedan acceder a ellos, en especial a los que por su edad, invalidez, desempleo u otras desventajas, no puedan valerse por sí mismos.

Luego enconches, se requiere reformar la redacción actual a la Ley General de Salud, en específico al artículo 27, fracción IX, para establecer con claridad la obligación del Estado de facilitar que las personas tengan acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa; así como prever que la implementación de oportunidades que garanticen que, quienes por su edad, invalidez, desempleo u otras desventajas, que no les permita valerse por sí mismos, puedan tener una nutrición adecuada.

No esta demás señalar que una buena nutrición contribuye a mejorar la eficiencia y los resultados en otros sectores, tal y como fue explicado por los Diputados Ciudadanos a través del Punto de Acuerdo “POR EL QUE SE EXHORTA AL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL, DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, REFUERCEN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A COMBATIR LA MALNUTRICIÓN EN EL PAÍS”en el que se señaló que:

“… los costos de una malnutrición van más allá de una afectación en el desarrollo físico y mental de quien la sufre, sino que además, representa un impacto negativo en las finanzas del Estado que cuesta cada año 28 mil 800 millones de dólares a México, es decir, que la malnutrición para nuestro país cuesta el equivalente al 2,3% del Producto Interno Bruto; esto debido no sólo a los gastos de salud pública o a los costos de las vidas humanas, sino también debido a sus efectos negativos sobre la educación, la productividad y el ausentismo laboral.”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN IX, DE LA LE GENERAL DE SALUD.

Único. Se reforma el artículo 27, fracción IX, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

De la I a la VIII []

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición para que las personas tengan acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa; así como prever la implementación de oportunidades que garanticen que, quienes por su edad, invalidez, desempleo u otras desventajas, que no les permita valerse por sí mismos, puedan tener una nutrición adecuada, y

X. []

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en esta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 1945).





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 111, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Daniel Torres Cantú)

El suscrito, Diputado DANIEL TORRES CANTÚ, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 111, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente los legisladores del H. Congreso de la Unión contamos con el fuero constitucional, el cual desde sus inicios fue concebido para salvaguardarlos de acusaciones sin fundamento en el ejercicio de sus atribuciones como un modo para equilibrar el actuar de cada uno de los Poderes del Estado frente a los otros. Lo anterior está dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

El artículo 61 Constitucional está diseñado para proteger el actuar de los legisladores federales exclusivamente en lo que refiere a las discusiones y toma de decisiones como legisladores.

Siguiendo con el desglose de los preceptos constitucionales tenemos el artículo 111, el cual advierte el procedimiento para que se pueda proceder penalmente en contra de algún servidor público que cuenta con fuero.

Básicamente, el juicio de procedencia se establece cuando algún servidor público enunciado en el artículo 111 Constitucional es sujeto a proceso penal por parte del Ministerio Público, es entonces que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se instaura como jurado para calificar si dicho funcionario puede o no ser sujeto del procedimiento, advirtiendo que si la cámara baja vota por mayoría absoluta sobre la negativa, el Ministerio Público deberá suspender todo procedimiento hasta en tanto el servidor público concluya el ejercicio de su cargo por el cual cuenta con el “fuero”.

Cabe hacer mención que el artículo en comento establece que para el caso del Presidente de la República solo puede ser acusado en términos del artículo 110 Constitucional, el cual señala que el Senado de la República instaurará el juicio político en su contra por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, teniendo como únicas sanciones la destitución y  su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para mayor comprensión de lo antes referido, se trascribe el artículo 111 Constitucional:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Siguiendo con la disertación, tenemos que el artículo 112 Constitucional menciona en su primer párrafo que los servidores públicos que se encuentren separados de su cargo sí pueden ser procesados penalmente, pero nos enfrentamos con una laguna jurídica en su segundo párrafo, el cual se entiende como el hecho de que, si un servidor público con fuero se separa de su cargo para contender a otro puesto de los enumerados en el artículo 111 Constitucional, al momento de ser nombrado o electo ya cuenta con fuero, por lo que para ser procesado penalmente es necesario el juicio de procedencia que debe resolver la Cámara de Diputados.

Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Desglosados los preceptos constitucionales que encuadran las figuras del fuero y el juicio de procedencia, se plantea la pregunta ¿si hasta el momento han servido para los propósitos por los cuales se instauraron?

Como podemos observar, el “fuero constitucional” es mencionado para las actividades de los legisladores federales con respecto a las opiniones vertidas por el desempeño de sus cargos, pero en la práctica es usado para recurrir a él como protección para no ser sujetos de la acción de la justicia.

Por su parte, el juicio de procedencia realmente no ha cumplido el mandato constitucional para el que fue creado, ya que a lo largo de 15 años se han recibido en la H. Cámara de Diputados cerca de 40 solicitudes de declaración de procedencia, de las cuales sólo se resolvieron 4.

Del dato proporcionado en el párrafo anterior, es evidente que a lo largo de 5 legislaturas funcionarios de alto nivel no solo en la estructura del Gobierno Federal, sino de las entidades federativas, se han cobijado al amparo de la inactividad por parte de la Cámara de Diputados para resolver los juicios de procedencia para no enfrentar un procedimiento penal que en la mayoría de las ocasiones está relacionado con el mal uso de sus funciones o del erario público en perjuicio de una sana gobernabilidad del país.

Las propuestas de la presente iniciativa son las siguientes:

1.- Eliminar el concepto de “fuero constitucional” con el que cuentan los diputados y senados del H. Congreso de la Unión.

2.- Establecer que tanto los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no pueden ser juzgados por sus opiniones, discursos o votos en el ejercicio de sus atribuciones. Esto con el objetivo de únicamente garantizar la inmunidad de tomar decisiones en base a su cargo público.

3.- Establecer que los servidores públicos que cuentan con dicha inmunidad exclusivamente para la toma de sus decisiones si pueden enfrentar un proceso penal, y sólo cuando el Ministerio Público cuente con los elementos necesarios para consignar el caso ante un juez, es que el servidor público deberá separase de su cargo para enfrentar el proceso penal.

El razonamiento anterior se fundamenta en que debido a la reforma constitucional en materia penal del año 2008 a través de la cual se instaura un procedimiento penal acusatorio y se garantiza la presunción de inocencia, se elimina el indicio del proceder en contra de los servidores públicos, y de cualquier persona por meras especulación, y se garantizará la impartición de justicia en contra de los servidores públicos que haciendo uso de cargo realicen actos sancionados por la Ley y que por ningún motivo se puedan considerar como actos propios de su función pública.

De igual forma es de considerarse que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece los medios alternativos de conclusión de un procedimiento penal, tal como el acuerdo de reparación de daños.

4.- Se estima conveniente establecer que los servidores públicos enunciados en el artículo 111 Constitucional deberán separarse de su cargo cuando, al ser parte de un proceso penal, el Ministerio Público cuente con los elementos suficientes para demostrar ante un juez su probable responsabilidad en la comisión de algún delito, y por tanto sea emitido el auto de vinculación a proceso, para que tal servidor público enfrente el proceso sin su participación en la toma de decisiones del Estado.

Una vez concluido el proceso penal, si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su cargo. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

5.- Se propone la derogación del artículo 112 Constitucional, en razón de que dicho artículo es complementario al juicio de procedencia que se pretende eliminar en el numeral 111 de la propia Carta Magna, pues el mismo advierte el caso de que el servidor público no se encuentre en funciones y cometa algún acto por el que se le instaure un proceso penal en su contra, donde no será necesario el juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados.

En síntesis, la presente iniciativa pretende eliminar el fuero de los diputados y senadores federales.

Establecer que tanto los legisladores federales cómo los servidores públicos de alto nivel de los otros dos poderes de la unión no pueden ser juzgados por sus opiniones, discursos o sus votos en el ejercicio de sus funciones.

Eliminar el juicio de procedencia. Dicho juicio que tiene actualmente la Cámara de Diputados como facultad para valorar si procede o no juzgar penalmente a alguno de los funcionarios de alto nivel de los poderes ejecutivo y judicial.

En consecuencia, con las modificaciones planteadas se permitiría al Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones necesarias de cualquier servidor público sin que exista el obstáculo de esperar a que la Cámara de Diputados lo apruebe o no. 

Por lo antes expuesto, propongo la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente:

DECRETO

Único. Se reforman los artículos 61 y 111, y se deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto y la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 111. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no pueden ser juzgados por sus opiniones, discursos o votos en el ejercicio de sus atribuciones. Si enfrentan un proceso penal en su contra, cuando se dicte el auto de vinculación a proceso se deberán separar de su cargo en tanto concluya el proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112. Se deroga.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Daniel Torres Cantú.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El embarazo precoz es un problema social que, si bien ha tenido un descenso a nivel global con respecto a las cifras registradas en 1990, se está extendiendo hacia un mayor número de países, especialmente como consecuencia de que los jóvenes en la actualidad inician su vida sexual a edades cada vez más tempranas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año dan a luz unos 16 millones de mujeres de entre 15 y 19 años, así como aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos.1

En nuestro caso, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es, tristemente, líder en cuanto respecta a los embarazos en adolescentes de entre los 12 y 19 años de edad. Cada día se registran en nuestro país mil 252 partos de madres que se encuentran en este rango de edad. Lo anterior significa que en uno de cada cinco alumbramientos en México está implicada una joven, pues se estima que el total nacional diario es de 6 mil 260.2

Para la OMS, el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y a la reproducción del círculo de enfermedad y pobreza. Asimismo, se señala que este fenómeno tiene repercusiones sociales y económicas negativas para las niñas y adolescentes, sus familias y sus comunidades. Un alto porcentaje de las adolescentes que resultan embarazadas se ven obligadas a dejar la escuela. Una adolescente con nula o escasa educación tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo que le permita desarrollarse plenamente. De igual forma, esto representa un costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiera generado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz.3

En respuesta a este fenómeno, la OMS publicó en 2011, en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, unas directrices que contienen recomendaciones puntuales sobre las medidas que los países deben adoptar para prevenir los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos de los mismos.

Una de esas directrices recomienda establecer medidas destinadas a “incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las adolescentes y sus hijos.”

En este sentido, durante los últimos tres años, en nuestro país se han registrado algunos avances en la materia. El gobierno de la República que encabeza el presidente Peña Nieto, ordenó en marzo de 2014, a la Secretaría de Salud, aplicar una política de cero rechazos a las mujeres embarazadas (muchas de ellas adolescentes y jóvenes menores de 20 años) que soliciten atención obstétrica en cualquier hospital de la red de salud pública, independientemente de que cuenten o no con algún tipo de seguridad social.

No obstante, lo anterior, en el caso particular de las niñas y adolescentes que se hayan convertido en madres precoces es necesario ir más allá del hecho de garantizarles la atención obstétrica. Especialmente porque, como ya se señaló, tanto éstas como sus hijos constituyen un grupo social en condiciones de extrema vulnerabilidad, pues al verse obligadas a dejar la escuela, sus posibilidades de alcanzar niveles adecuados de bienestar y de ejercer plenamente sus derechos se ven afectadas considerablemente.

Según el documento Embarazo adolescente y madres jóvenes en México, elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2012, los efectos colaterales del embarazo adolescente, además del alto riesgo de los mismos, son: deserción escolar; rechazo social; abandono; carencia en el ingreso; secuelas psicológicas; problemas para conformar un proyecto de vida y conflictos familiares.

Estos motivos, ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas encaminadas a brindar apoyo a las madres adolescentes, particularmente a aquéllas que no cuentan con el apoyo de su pareja o de su familia, con la finalidad de que puedan salir adelante, para lo cual resulta fundamental que regresen a la escuela y concluyan su formación.

Se estima que en nuestro país los embarazos precoces obligan a 80 por ciento de las jóvenes en esta condición a dejar inconclusa su formación académica.4 Esto se traduce en un promedio 280 mil deserciones cada año, según datos de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Indígena de la SEP.5

Con objeto de contribuir a la reducción del rezago educativo en el cual se encuentran una gran cantidad de niñas y jóvenes a consecuencia del embarazo prematuro, el gobierno federal creó en 2004 el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), programa mediante el cual se otorgan becas de apoyo a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad para que permanezcan en los servicios educativos de nivel básico.

El programa en mención ha crecido exponencialmente año con año, y al finalizar el 2013 había otorgado 71 mil 461 becas que contribuyeron para que miles de madres jóvenes y jóvenes embarazadas se reincorporaran al sistema educativo o permanecieran en éste.

A pesar de que el Promajoven ha resultado un valioso instrumento para abatir el rezago educativo, la magnitud del problema que representa el embarazo adolescente en nuestro país pone de manifiesto la necesidad de que éste se convierta en un derecho social al que por ley puedan acceder las madres adolescentes y jóvenes embarazadas en condiciones de vulnerabilidad, a fin de que estén en posibilidad de concluir su formación académica. Asimismo, resalta la necesidad de que el Promajoven se extienda más allá del nivel básico, pues no se puede soslayar que desde el año 2011, por mandato constitucional, la enseñanza media superior es obligatoria en nuestro país.

Por otra parte, consideramos imprescindible atender otro de los factores que condicionan seriamente la continuidad educativa de las madres jóvenes y adolescentes embarazadas, se trata del cuidado de los hijos. Para muchas jóvenes y adolescentes que se convierten en madres, al no contar con el apoyo de su pareja o de sus familiares, la condición de vulnerabilidad se prolonga más allá del tiempo que dura el periodo de gestación, pues para reincorporarse al sistema educativo se enfrentan al problema de no tener con quién dejar a sus hijos mientras asisten a la escuela.

Recordemos que muchas de las adolescentes que resultan embarazadas provienen de estratos sociales que presentan algún grado de precariedad en el ingreso, en este sentido, aun cuando reciben el apoyo de su familia éste no alcanza para cubrir la manutención de un nuevo integrante de la misma. Por este motivo tanto las jóvenes madres como sus familiares se enfrentan a la disyuntiva entre atender a los menores, o bien, salir a trabajar o laborar tiempo extra para conseguir mayores ingresos.

Lo anterior, sin duda, representa un fuerte obstáculo para que las adolescentes que se convierten prematuramente en madres puedan continuar con sus estudios.

Las alternativas que tienen las madres jóvenes con deseos de reincorporarse a la escuela sin descuidar a sus hijos, son: conseguir un empleo que les proporcione seguridad social, o bien, que les garantice ingresos suficientes para pagar una guardería particular, lo cual implica un gasto aproximado de entre mil quinientos y dos mil pesos mensuales. Lo anterior resulta poco probable pues muchas de ellas no cuentan con la capacitación suficiente para acceder a un empleo de calidad y cuando se emplean, la mayor de las veces, lo hacen en la informalidad.

Otra opción puede ser el Programa de Estancias Infantiles, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, cuya población objetivo son las madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la línea de bienestar, sin acceso a seguridad social y que tienen bajo su cuidado al menos un menor entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad, o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad en casos de niños con alguna discapacidad.

Sin embargo, de acuerdo a datos del tercer Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, a julio de 2015, el Programa de Estancias Infantiles benefició a 273 mil 290 madres y padres trabajadores. Lo anterior, si bien es plausible, como en el caso de las becas, deja en evidencia la insuficiencia de dichos esfuerzos, que hasta ahora se expresan bajo la forma de programa, para garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación de las adolescentes que se convierten en madres de manera prematura.

En este sentido, nuestra propuesta va encaminada a que las madres de familia de entre 12 y 21 años 11 meses de edad, en condiciones de vulnerabilidad, puedan acceder al seguro de guarderías que otorga la Ley del Seguro Social a sus derechohabientes con el sólo requisito de estar inscritas en los servicios educativos de nivel básico, medio superior y superior que presta el estado. Esta propuesta pretende aprovechar la capacidad instalada del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de guarderías, para evitar que el hecho de no contar con quien cuide a sus hijos siga siendo un obstáculo para las madres jóvenes que desean regresar a la escuela en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

En mérito de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, convirtiéndose la actual fracción IV Bis en IV Ter, para quedar como a continuación se presenta:

Ley General de Educación

Capítulo III
De la equidad en la educación

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a III. ...

IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

IV Bis. Otorgarán apoyos económicos a madres de familia y jóvenes embarazadas entre los 12 y 19 años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad que permanecen en los servicios educativos de nivel básico y medio superior que presta el estado.

IV Ter. Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad;

V. a XVII. ...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 201 de la Ley del Seguro Social, para quedar como a continuación se presenta:

Ley del Seguro Social

Capítulo VII
Del seguro de guarderías y de las prestaciones sociales
Sección Primera
Del ramo de guarderías

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

...

...

Asimismo, serán beneficiarias del seguro de guarderías las madres de familia de entre 12 y 21 años 11 meses de edad, en condiciones de vulnerabilidad, que comprueben estar inscritas en los servicios educativos de nivel básico, medio superior y superior que presta el estado y que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El gobierno federal cubrirá en forma integral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por la extensión del seguro de guarderías a las madres de familia a las que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 201.

Salón sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del GPPVEM.

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela De los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.- Dip. Enrique Zamora Morlet.

Notas
1. Véase, “El Embarazo en la Adolescencia”, Organización Mundial de la Salud, Nota Descriptiva no. 364, actualizada a septiembre de 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/
2. Véase, “México, líder en embarazos adolescentes de la OCDE”, Periódico El Economista, miércoles 24 de septiembre de 2014.
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/24/mexico-pr imer-lugar-ocde-embarazos-adolescentes
3. Op. cit., “El Embarazo en la Adolescencia”...
4. Op. cit., “México, líder en embarazos adolescentes de la OCDE”...
5. Véase, “Al año, 280 mil adolescentes dejan estudios por embarazo”, Milenio Diario, sábado 24 de enero de 2015. http://www.milenio.com/politica/ano-adolescentes-dejan-estudios-embarazo-abandono-educacion-parejas-escuela-dinero_0_451754850.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 67 BIS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 67 BIS A LA LEY GENERAL DE TURISMO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México posee una serie de ventajas comparativas en materia turística que le permiten ocupar un lugar privilegiado frente a sus competidores. Trátese de destinos de playa, sitios coloniales, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, reservas naturales, grandes ciudades o recintos culturales, nuestro país tiene todo lo que se requiere para ser una potencia en este sector.

El turismo ha constituido en estos años una fuente efectiva de recursos en medio de un entorno de incertidumbre económica, agravada por la llegada al poder de Donald Trump y el declive en el precio de los energéticos y la calidad de nuestras reservas petrolíferas. Aunado a esto, la actividad turística constituye una de las mejores formas de posicionarnos frente al mundo, pues permite a gente de cualquier nacionalidad compenetrarse nuestra cultura y valores, es decir, se trata de lo que algunos le llaman el “poder blando” o “soft power”.

La importancia de la actividad turística para nuestro país es tal, que al inaugurar la edición 2017 del Tianguis Turístico, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en los últimos cuatro años el número de visitantes extranjeros creció en más del 50 por ciento, al pasar de 23 millones a 35 millones, y al cierre de este año se esperaría llegar a los 37 millones lo cual llevaría a México en lo inmediato a subir del noveno al octavo lugar y seguir escalando posiciones. Respecto al ingreso de divisas, el primer mandatario señaló que creció 53 por ciento, de 12 mil millones de dólares en 2012 a 20 mil millones en 2016. Finalmente, el titular del ejecutivo Federal afirmó que el sector hoy emplea a 9 millones de mexicanos.1

A pesar de lo anterior, debe reconocerse que si deseamos que la actividad turística mantenga la trascendencia que hasta hoy posee, debemos enfrentar retos tales como la ampliación de la oferta, la diversificación de las herramientas de financiamiento, la inseguridad pública, la creación de infraestructura, la sustentabilidad de los destinos y la promoción.

Otro punto que resolver para los próximos años será la atracción de nuevos visitantes, pues hasta ahora la principal demanda proviene de los Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y América Latina. El aumento del poder adquisitivo de ciudadanos de países de Asia, como India, China y Corea del Sur, entre otros, es ahora una realidad y su avidez por conocer el mundo debe ser encauzada hacia nuestra nación.

El Gobierno Federal ha reconocido en el Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018 que uno de los desafíos que se deben afrontar para mantener la competitividad del sector turístico es la creación de un marco institucional que contribuya a motivar la productividad, la innovación y la creatividad en el sector; la generación de un ambiente de negocios con certidumbre; garantizar la existencia de infraestructura logística, servicios de auxilio y seguridad; asegurar la sustentabilidad ambiental y altos estándares de calidad de los servicios turísticos y de los recursos humanos, así como una elevada vocación turística.

De acuerdo con esto último, la presente administración estableció las siguientes líneas de acción:

• Impulsar una agenda legislativa y regulatoria que ubique al turismo como palanca del desarrollo nacional;

• Impulsar la actualización y modificación del marco jurídico del sector para otorgar las atribuciones y facultades suficientes e implementar la política turística;

• Actualizar la estructura organizacional y operativa del sector turístico para fortalecer su capacidad de gestión, administración, desempeño y evaluación, y

• Estimular la cooperación internacional e impulsar la celebración de instrumentos internacionales bilaterales, multilaterales y regionales que contribuyan al desarrollo turístico sustentable.

En atención a dichas líneas, a su intención de reformar el marco legal para fortalecer al sector turístico y después de una lectura a la ley y al reglamento de la materia, nos encontramos con que la verificación constituye una actividad primordial realizada por las autoridades federales, a fin de constatar en la realidad que los postulados establecidos en la ley son cumplimentados por aquellos a quienes están dirigidos.

En efecto, el artículo 66 de la Ley General de Turismo dispone que corresponde a la Secretaría de Turismo verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. Dicha dependencia, por sí o a través de los gobiernos locales y municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de verificación a que haya lugar.

Por otra parte, el artículo 67 del ordenamiento de mérito y los artículos 106 a 112 del Reglamento de la Ley General de Turismo contienen diversas reglas de procedimiento que deberán aplicarse durante la práctica de visitas de verificación. Amén de la parquedad con que están diseñadas las normas aplicables a esta clase de actos de autoridad, lo cierto es que la normatividad presenta una omisión inexplicable sobre la calidad de los servidores públicos que deben realizar tales actuaciones, es decir, los verificadores, a quienes les corresponde la delicada tarea de interpretar el acatamiento de las leyes y dotar a sus superiores de elementos suficientes para sancionar en caso de una infracción, lo que podría redundar en un menoscabo de los derechos humanos de los ciudadanos a quienes vayan dirigidos tales actos de autoridad.

Vista así, la función de verificación no puede ser delegada en manos de personas inexpertas, voraces o ignorantes. Por el contrario, debido a su trascendencia en el ámbito de los derechos fundamentales y de la viabilidad de una actividad que es trascendente para el desarrollo nacional, tiene que ser conferida a ciudadanos honorables y comprometidos con el cumplimiento de la ley, funcionarios debidamente capacitados para interpretarla y dispuestos a aplicarla imparcialmente. No queremos afirmar que actualmente no se cuente con servidores públicos que cuenten con esta clase de características, sino que a nivel de ley y reglamento no existe un catálogo de requerimientos para acceder al ejercicio de dicha función, situación que nos parece perfectamente subsanable a través de una reforma como la que estamos proponiendo, que no es otra cosa que la adición de un artículo 67 bis a la Ley General de Turismo, en la que se establezca que, para ser verificador se requiera de lo siguiente:

• Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

• Contar con título y cédula profesional de licenciatura;

• Demostrar, mediante concurso de oposición, conocimientos suficientes sobre turismo y otras materias afines, y

• No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

La propuesta antes referida no pretende tampoco dejar de lado que, según se desprende de algunos enlaces electrónicos de la Secretaría de Turismo,2 ya se están realizando concursos de oposición dirigidos a reclutar profesionistas cuyo perfil coincida con la necesidad institucional de realizar procedimientos de verificación administrativa, pero es el hecho que, al menos a nivel de ley, insistimos, no existe un catálogo de requisitos a satisfacer, omisión que deseamos subsanar a través de la presente.

De aprobarse esta iniciativa, generaríamos mayor certeza para los empresarios del ramo sobre la clase de servidores públicos con los que deben de tratar en un momento dado, pero también coadyuvaríamos en la mejora y dignificación del servicio público, reduciendo así cualquier margen de discrecionalidad a favor de administraciones federales futuras que no sean tan escrupulosas como la actual en la selección de sus recursos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 67 bis a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 67 bis. Para ser verificador se requiere:

I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con título y cédula profesional de licenciatura;

III. Demostrar, mediante concurso de oposición, conocimientos suficientes sobre turismo y otras materias afines, y

IV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El titular del Ejecutivo Federal contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.

TERCERO.- Los verificadores que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales adquiridos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. María Gloria Hernández Madrid.

1 Consultado en < http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/27/1154371>, el 30 de julio de 2017 a las 10:23 horas.

2 http://dof.gob.mx/vacantes/7465/005302.htm y http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/ADV-312-12.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los mexicanos se transportan por carretera y esto se puede acreditar a partir de cifras contenidas en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018, en el cual se menciona que la red de caminos y autopistas registró en 2012 la mayor parte de los desplazamientos de personas entre ciudades y estados, con un 98%, lo que significó haber transportado ese año 3,360 millones de pasajeros.

Esta situación, obviamente, ubica en un lugar marginal a otros medios como el avión y los ferrocarriles y se explica a partir del crecimiento acelerado que tuvieron las carreteras desde de la década de los cincuenta del siglo pasado, lo que ha traído como resultado la existencia de cerca de 333 mil kilómetros de caminos de todos tipos.1

A diferencia de hace tres décadas, la calidad del servicio que prestan los autobuses foráneos se ha elevado de manera sustancial, brindando de esa forma múltiples comodidades a los pasajeros, quienes ahora disponen de refrigerios, aire acondicionado, internet, cafetería, asientos reclinables, ventanillas panorámicas, audífonos, música, películas, sanitarios y asientos solitarios para preservar la privacidad. Hablamos de unidades que han incorporado tecnología de punta a efecto de ahorrar combustible, reducir emisiones de contaminantes y disminuir el ruido de los motores. Así, la experiencia de viajar en autobús se ha vuelto tan grata que, incluso, no es poca la gente que prefiere transportarse por este medio prescindiendo del automóvil de su propiedad.

Aunado a lo anterior, las líneas de autobuses ahora cuentan con terminales más modernas y cómodas, las cuales en no pocos casos cuentan con servicio de wi – fi, cafetería y comercios para abastecerse de lo necesario para el viaje. Incluso, ya existe la posibilidad de adquirir boletos por vía telefónica, a través de portales electrónicos, módulos ubicados en centros comerciales, aplicaciones electrónicas, agencias de viajes y en tiendas de conveniencia.

Las alianzas establecidas entre líneas de autobuses y aéreas ahora permiten que un pasajero descienda del avión y en el mismo aeropuerto aborde un camión que lo lleve al destino de su preferencia, tal y como ocurre en la terminal aérea de la Ciudad de México, desde donde es posible viajar a otras urbes como Puebla, Pachuca, Querétaro, Cuernavaca y Toluca, entre otras. Situación similar ocurre en otros puertos aéreos como los de Cancún, Toluca y Guadalajara, por citar sólo algunos ejemplos.

Lamentablemente, la mejoría en el servicio de autobuses foráneos de pasajeros coexiste con otros fenómenos que interfieren con el crecimiento de esta parte del sector de transportes, tales como asaltos en carreteras, robo y destrucción de unidades y alzas en el precio del diésel. Baste señalar que entre enero y septiembre del año pasado se cometieron 124 asaltos en contra de autobuses de pasajeros.2

Otro reto que enfrentan las concesionarias del servicio de transporte de pasajeros lo es la competencia desleal que representan las empresas irregulares que, disfrazadas compañías turísticas, trasladan personas y mercancías por buena parte del territorio nacional, sin contar con requerimientos básicos tales como el seguro de responsabilidad civil a favor de los viajeros, verificación obligatoria de sus condiciones mecánicas o choferes capacitados que se sujeten periódicamente a las revisiones realizadas por las autoridades competentes en medicina del transporte. Tales omisiones generan ahorros que le permiten a estas empresas ofrecer precios módicos a sus clientes, pero en condiciones de evidente ilegalidad.

Para dar muestra de lo anterior no se necesita más que caminar a unas calles de este recinto legislativo, pues en las inmediaciones de la Plaza de la República decenas de pasajeros abordan unidades con destino a Oaxaca y otras ciudades del sur del país. Igualmente, desde la Plaza de la Soledad, localizada a escasos metros del Palacio Legislativo de San Lázaro, es posible tomar autobuses que lo lleven a uno a entidades como Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Situaciones semejantes tienen lugar en otros estados de nuestra geografía.

La situación es tal que, de acuerdo con cifras extraoficiales, las unidades piratas representan un 20% del parque vehicular en estados como Veracruz, Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, y a nivel nacional se estima que hasta marzo del año pasado había unas 25,000 unidades.3

Por el bien de los pasajeros, la viabilidad del sector del autotransporte, la generación de condiciones favorables para la competencia y la preservación del Estado de Derecho es que se vuelve necesario impulsar medidas que sancionen con severidad la prestación de servicios precarios como los que hemos descrito en los párrafos precedentes.

Si bien es cierto el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dispone que la Policía Federal, podrá retirar de la circulación los vehículos cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente, no lo es menos que tal sanción permite la posibilidad de regularización a favor de las personas sancionadas, toda vez que no impide que quien haya sido infraccionado, posteriormente intente obtener una concesión, si tal fuera su deseo.

Dicha situación nos parece inequitativa, puesto que, de acuerdo con el artículo 17 de la propia Ley, el titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado estará imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva, mientras que quien no se haya tomado la molestia de obtener tales autorizaciones sí podrá acceder a uno con posterioridad a la imposición de la sanción.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente;

 

 

 


II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o del Distrito Federal, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la Secretaría;

III. Cuando excedan el tiempo autorizado para circular o transitar con motivo de su importación temporal y se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, debiendo dar vista a las autoridades correspondientes;

IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven, y
V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente.

El que sea sancionado en términos de la presente fracción estará imposibilitado para obtener el permiso dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que hubiere quedado firme la sanción respectiva;

II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o del Distrito Federal, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la Secretaría;

III. Cuando excedan el tiempo autorizado para circular o transitar con motivo de su importación temporal y se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, debiendo dar vista a las autoridades correspondientes;

IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven, y
V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente.

El que sea sancionado en términos de la presente fracción estará imposibilitado para obtener el permiso dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que hubiere quedado firme la sanción respectiva;

II. a V. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. María Gloria Hernández Madrid.

1 Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67636/CAP-04.pdf , consultado el 30 de julio de 2017 a las 21:05 horas.

2 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2016/11/asalto-carreteras-mexico/

3 Consultado en <http://www.transporte.mx/el-20-de-los-autobuses-que-circulan-en-mexico-son-irregulares/>, el 30 de julio de 2017 a las 22:32 horas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

(Presentada por la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada Federal YARITH TANNOS CRUZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción l, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El robo de ganado o abigeato es un delito que desafortunadamente se ha incrementado de manera considerable durante los últimos años, a largo y ancho del país, e inclusive llega a traspasar los límites fronterizos en Estados del sur, convirtiéndose en un fenómeno de escala trasnacional. Cabe precisar, que aunque este delito se relaciona principalmente con el ganado bovino, también se considera como ganado las siguientes especies: caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario.1

Dado que no existen cifras oficiales, ganaderos de Chiapas y Tabasco estiman que mensualmente ingresan de manera ilegal y sin revisión fitosanitaria, cerca de 50 mil cabezas de ganado bovino procedentes de Centroamérica, lo cual, además de poner en riesgo la salud de los mexicanos que consumen productos cárnicos y dañar la economía del sector, genera las condiciones para la compra-venta de semovientes robados.

De acuerdo al “Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016” que realiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se presentaron 6,663 denuncias por robo de ganado en el 2016. El estado de Tabasco es el que presenta el mayor número de denuncias que ascienden a 1,073 seguido por Jalisco 506 y Veracruz con 502.2

Llama la atención, que el estado de Chiapas, que es el 3er productor de ganado bovino a nivel nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3, sólo tenga 184 denuncias. Este hecho se explica por las declaraciones públicas de organizaciones de ganaderos, que refieren que la mayoría de las personas afectadas, tienen miedo a denunciar por temor a amenazas y porque este fenómeno ha escalado al crimen organizado.

Dado que este delito es del fuero común, las entidades federativas tienen asentados en sus Códigos Penales distintos tratamientos a este tipo penal, por lo cual existen diferencias importantes respecto a las penalidades y las reparaciones de los daños.

 Ante esta situación el Congreso de la Unión aprobó en el mes de abril reformas y adiciones al Código Penal Federal, que afortunadamente, son Ley vigente dado que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante el DECRETO por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal, el pasado 23 de junio de los corrientes4.

Esta reforma define de una manera más clara y precisa el delito de abigeato. Establece penalidades y agravantes para inhibirlo y, principalmente, marca la pauta y una base jurídica federal para combatir este delito en todas las entidades federativas, quedando definido de la siguiente forma:

Artículo 381 Ter.- Comete el delito de abigeato, quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.

Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, independientemente de la actividad típica del animal.

Por tal delito, se impondrán de dos a diez años de prisión.

Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Artículo 381 Quater.- El delito de abigeato se considera calificado y se aumentará la pena hasta en una mitad, cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral, o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado.

De igual manera se impondrá la pena establecida en el párrafo anterior, cuando el delito se ejecute mediante violencia física o moral, o bien cuando lo comenta un servidor público.

Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda.

Es importante ponderar, que este Decreto atiende a un sinnúmero de iniciativas y exhortos, tanto de legisladores estatales, federales y principalmente de reclamos por parte de las organizaciones ganaderas y de la población afectada.

Paralelamente, el Gobierno Federal ha hecho diversos esfuerzos para atender esta problemática. Tras la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, se creó el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, con el cual se establecen las características, especificaciones, procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los bovinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas.5

A partir de la publicación de esta Norma Oficial, que es de carácter obligatoria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) instrumentó el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) que es un programa que se en marca en las acciones del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN)6

Dicho sistema permite establecer las bases para mejorar, fortalecer y enlazar otros sistemas de información relacionados con el ganado. Contempla asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un banco central de información. Es así como, mediante una base dinámica de datos se permite orientar acciones integrales que conlleven a elevar los estándares de competitividad de la ganadería mexicana.

Con ello, se pretende instrumentar una herramienta para la planeación y evaluación de programas de apoyo al sector pecuario mediante procedimiento de autorización de los dispositivos de identificación oficiales para el SINIIGA y ventanillas de atención o centros operativos enfocados a fortalecer:

• Los programas de control sanitario;

• La movilización de los animales;

• El manejo técnico de los hatos;

• El mejoramiento genético;

• El combate al abigeato y contrabando;

• La optimización de los procesos comerciales;

• La Planeación y evaluación de los programas de apoyo en el sector pecuario; y

• La salud pública.

Sin embargo, dada la magnitud del robo de ganado en el país es fundamental que los esfuerzos del Gobierno Federal y el nuevo marco jurídico, se complementen con las acciones que realizan los primeros actores involucrados, que son las organizaciones ganaderas.

El propio Comité Técnico del SINIIGA se conforma por la SAGARPA, la Coordinación General de Ganadería (CGG) y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Esta última, tiene la función principal de inscribir los actos, documentos y demás elementos de significación jurídica de las asociaciones ganaderas ante el Registro Nacional Agropecuario, además de que se rige bajo las directrices de la Ley de Organizaciones Ganaderas.7

En este sentido, con la finalidad de que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, las nuevas disposiciones en el Código Penal Federal, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado tengan permeabilidad y cumplan con sus objetivos para los que fueron creados, que de manera general buscan en conjunto el fortalecimiento del sector ganadero nacional, el combate al abigeato y el contrabando de semovientes, es indispensable que las organizaciones ganaderas tengan la obligación de participar de manera proactiva en el cumplimento de este nuevo marco jurídico.

Para ello, se considera que los diferentes tipos de organizaciones y uniones ganaderas nacionales, tanto locales, regionales, especializadas, generales definidas en el artículo 4to de la Ley de Organizaciones Ganaderas, tengan la obligación de contemplar dentro de sus objetos como organización, contribuir con el registro e información que alimenta el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas y el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado que coordina la SAGARPA.

Consideramos que los legisladores no debemos escatimar nuestros trabajos, sobre todo en una de las actividades económicas más importantes para los mexicanos que es el sector agroalimentario. Que dicho sea de paso, el año pasado registró un aumento del 3.5 por ciento del PIB agroalimentario, superando el crecimiento registrado en el PIB nacional que se ubicó en 2.3 por ciento anual, y de manera particular, el sector ganadero creció 2.1 por ciento. Contrariamente, de enero a junio del año en curso, se han hecho 2,483 denuncias por robo de ganado, lo que sustenta la necesidad de combatir este delito por todos los frentes.8

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS.

Único.- Se adiciona la fracción XV, recorriéndose la subsecuente, al artículo 5o de la Ley de Organizaciones Ganaderas para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5o.- Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley tendrán por objeto:

I. a XIV. …

XV. Contribuir con la Secretaría con el registro e información necesaria para el funcionamiento y operatividad del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas y el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.

XVI. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Yarith Tannos Cruz.

1 Artículo 381 Ter. Del Código Penal Federal.

2 SEGOB. Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016. Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Sistema Nacional de Seguridad Pública. [En línea] [fecha de consulta: 13- julio - 2017] Disponible en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_122016.pdf

3 INEGI. Ganadería. Actividades económicas primarias. Economía. [En línea] [fecha de consulta: 13- julio - 2017] Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/gana/default.aspx?tema=E

4 DOF. DECRETO por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal. 23/06/2017 [En línea] [fecha de consulta: 13- julio - 2017] Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487917&fecha=23/06/2017

5 DOF. NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas. 29/05/2015 [En línea] [fecha de consulta: 13 julio 2017] Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394324&fecha=29/05/2015

6 SAGARPA. Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. [En línea] [fecha de consulta: 14 - julio - 2017] Disponible en:  http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Programas/Paginas/SINIIGA.aspx

7 CNOG. Organización Ganadera. [En línea] [fecha de consulta: 14 - julio - 2017] Disponible en:
http://www.cnog.org.mx/index.php/servicios/organizacion-ganadera

8 SEGOB. Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común Junio 2017. Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Sistema Nacional de Seguridad Pública. [En línea] [fecha de consulta: 14- julio - 2017] Disponible en:
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_052017.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario PRI)

La suscrita, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS, AL ARTÍCULO 44, DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres sucede en todas partes del mundo. Incluso en las regiones más desarrolladas del planeta.

La dinámica en las relaciones globales ha permitido una creciente participación en las esferas de las relaciones comerciales y en la migración de personas.

Cabe señalar que, según cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, fuera de nuestro país viven casi 12 millones de personas mexicanas, de las cuales el 97.79 por ciento radica en Estados Unidos de América.1

Otros datos de mismo Instituto señalan que de este total de personas viviendo en el extranjero:

54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

• La mayoría se encuentran en el continente americano (54 por ciento), seguido de Europa (40 por ciento), Asia (4 por ciento), Oceanía (2 por ciento) y (3.35 por ciento) en África.

• Los 10 países con el mayor registro de mexicanos en el exterior son: Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Argentina, Países Bajos, Costa Rica, Chile y Panamá.

• En EUA hay un total de 11 millones 793 mil 976 mexicanos y se estima que su edad es de 36 años, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres.

• Los mexicanos en Europa son 103 mil 814 con una edad promedio de 34 años; 58 por ciento son mujeres y 42 por ciento son hombres.

• Los 10 estados de la República con mayor presencia en Europa son Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, estado de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa.

• Los mexicanos residentes en África son, de acuerdo con los registros, 921, cuya edad promedio es de 33 años. El 54 por ciento son mujeres y el 46 por ciento son hombres.

• En Asia hay un total de 11,180 mexicanos residentes, de los cuales 49 por ciento son mujeres y el 51 por ciento son hombres, con una edad que oscila en los 35 años.

• Los mexicanos que residen en Oceanía son 4,098, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres con una edad promedio de 33 años.

Cabe señalar que, según diversas investigaciones, han señalado que “en los fenómenos migratorios contemporáneos destaca el incremento exponencial de la población de mujeres; en 2006, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA 2006) ya apuntaba que éstas constituían casi la mitad del total de migrantes internacionales. Sin embargo, antes del auge del feminismo político y académico poco se visibilizaba y conocía sobre la situación de las mujeres migrantes. A partir de la década de 1980, con los estudios de género, comenzó el intento por conocer y destacar las prácticas, contextos, motivos y proyectos que enmarcan la migración femenina, con objeto de analizar y comprender, desde la perspectiva de las mujeres, su experiencia migratoria y la repercusión que tiene en su vida, en su familia y en su comunidad (Arias 2009; Woo 2001)”.2

La misma investigación da cuenta de cómo una de las principales formas de violencia que sufren las mujeres migrantes es la de pareja; y afirman que las que son violentadas por la pareja, por lo general ya habían vivido violencia intrafamiliar en su país de origen, situación que era negada o aceptada por las mujeres y que, sin embargo, el proceso migratorio suele recrudecerla y llevarla a su límite.

Las mujeres migrantes son más vulnerables a la violencia de pareja debido a que existen factores legales, económicos, sociales y culturales que inciden en que no puedan terminar con la relación ni acceder a protección y asistencia. Tapia (2011)3 apunta que los agresores, por lo general están muy conscientes de esta situación, así que utilizan las diversas barreras que se generan en los contextos migratorios para sostener o intensificar la violencia que ejercen.

Las migrantes que son madres y tienen un estatus irregular, que desconocen sus derechos, que no cuentan con ingresos propios o tienen empleos precarios, que tienen un nivel educativo bajo y escasas redes sociales son aún más susceptibles y vulnerables a la violencia de pareja, además de que enfrentan mayores dificultades para cambiar o salir de esta situación. Otro factor que también incide en este sentido son sus experiencias previas con las autoridades en sus países de origen ya que, si éstas han sido negativas, se inhiben los intentos por buscar atención en otro país en el que además son inmigrantes, en ocasiones sin documentos, condición que las hace percibirse como sujetos carentes de derechos.

Así, el panorama para las mujeres que enfrenten violencia intrafamiliar en un contexto migratorio resulta aún más complicado. Sus posibilidades de acceder a la justicia y de contar con apoyo institucional resultan ser escasas o casi nulas, debido a la falta de mecanismos para que los sujetos, independientemente de su estatus migratorio, puedan llevar a cabo denuncias y procesos judiciales. En sus casos, además, ocurre que las autoridades desconocen o no saben cómo aplicar en forma adecuada los tratados internacionales en la materia o bien, que en lo práctico -más allá de lo establecido en la legislación-, la acción institucional se ve muy limitada al buscar trascender barreras geográficas y administrativas.

En este contexto, muchas de las mujeres viviendo en el exterior se han topado con condiciones de violencia similares o aún más graves de las que en muchas ocasiones se han visto envueltas a lo largo de su vida. Pero cuando ello ocurre muchas de las veces acuden a las embajadas o a las oficinas consulares a pedir ayuda, asesoría y protección.

Hay casos de mujeres que han reportado que no se les ha atendido con la sensibilidad del caso, con una mirada desde la posición de su género que en muchas ocasiones las ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad y en ocasiones, con el riesgo de perder lo más valioso que tienen, que es la vida.

Ante esta realidad, esta iniciativa pretende que las oficinas consulares ofrezcan a sus nacionales acompañamiento y asesoría jurídica con perspectiva de género y derechos humanos cuando esta sea solicitada y tenga como antecedente litigios legales relacionados con casos de violencia contra las mujeres, lo cual no resulta ajeno a los trabajos de la Secretaria en este tema, pues la Titular de la Unidad de Género de dicha dependencia informó en abril de 2016 que ofrecerían apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género para que realicen la denuncia correspondiente, y que funcionaria en embajadas y consulados mexicanos.4

Por lo que la propuesta es incorporar al artículo 44 de la citada ley la facultad de proporcionar dicha asesoría y en la medida de las posibilidades de cada oficina consular, entendiendo que en ocasiones las leyes de cada país limitan la participación de estas oficinas o incluso se pudiera entorpecer un procedimiento legal enderezado en un país determinado.

Es importante destacar que la Ley del Servicio Exterior Mexicano dispone la protección de las y los mexicanos que se localizan en otros países de conformidad con el artículo 1 Bis, el cual a la letra señala que:
Artículo 1 Bis.

XV. Oficina Consular: La representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, en la que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la presente Ley y su Reglamento. Según su importancia y ámbito de circunscripción se clasifican en: Sección Consular, Consulado General, Consulado, Agencia Consular y Consulado Honorario;5

Por otra parte, la presente propuesta también es armónica con lo dispuesto por el artículo 65 del propio reglamento de la Ley, el cual establece la asistencia jurídica en los siguientes términos:

Artículo 65. Es obligación prioritaria de los miembros del Servicio Exterior proteger los intereses de los mexicanos en el extranjero. Con este propósito prestarán sus buenos oficios, impartirán asistencia y protección consular y, llegado el caso, proporcionarán a la Secretaría los elementos para que ésta decida si el Estado mexicano ejercerá la protección diplomática.

La asistencia consular se impartirá cuando se requiera atender y asesorar a mexicanos en sus relaciones con las autoridades extranjeras. Para estos efectos los miembros del Servicio Exterior deberán:

I. Asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a sus relaciones con las autoridades e informarles sobre la legislación local, la convivencia con la población local, sobre sus derechos y obligaciones frente al estado extranjero en donde se encuentren, y sus vínculos y obligaciones en relación con México, en especial su registro en la oficina consular correspondiente;

II. Asesorar jurídicamente a los mexicanos, cuando éstos lo soliciten, entre otros a través de los abogados consultores de las representaciones;

III. Visitar a los mexicanos que se encuentren detenidos, presos, hospitalizados o de otra manera en desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia; y,

IV. Asumir la representación de los mexicanos que por estar ausentes o por otros motivos estén imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses.

Para los efectos del presente artículo y conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 2 de la Ley, en la Ley Federal de Derechos, y en otros ordenamientos legales aplicables, la Secretaría, escuchando las opiniones de las áreas directamente involucradas con los asuntos consulares, elaborará o revisará, cuando menos cada dos años, los programas y actividades a los que se destinarán los recursos recibidos por servicios prestados por las representaciones consulares de México en el extranjero. Tales programas y actividades se centrarán, prioritariamente, en los siguientes aspectos:

a) programa de repatriación de personas vulnerables;

b) atención y asesoría jurídica;

c) visitas a cárceles y centros de detención;

d) atención consular a través de servicios telefónicos;

e) seguridad de los migrantes;

f) consulados móviles;

g) prestación de servicios consulares en general;

h) atención al público; y,

i) en general, en todos aquellos aspectos relacionados con la protección consular.

La erogación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior se realizará conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 2 de la Ley, y observando los criterios generales o específicos que establezca la Secretaría.6

De ahí que la propuesta busca armonizar el texto con la posibilidad de que estas oficinas promuevan esta asesoría y acompañamiento de forma permanente y dentro de un contexto de institucionalización de esas prácticas; tomando en cuenta la situación de miles de mujeres que viven en otros países, en particular en el vecino país del norte, el cual ha mantenido una actitud hostil en contra de las mujeres y sus hijas e hijos, al tratarse de un gobierno que tiene como presidente a una persona misógina y xenófoba contra las y los mexicanos.

Es importante destacar que las oficinas consulares han tenido un apoyo permanente a mujeres y hombres que viven en el extranjero y desde la perspectiva de género se les ha brindado asesoría y acompañamiento bajo el esquema del Proigualdad, dividiéndose esta atención en casos relacionados con: repatriación de vulnerables, maltrato, mujeres privadas de su libertad y trata, lo cual nos parece sumamente acertado ya que esta propuesta coincide con lo que de forma regular han venido haciendo estas dependencias en relación con el tema central de la presente iniciativa.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el objeto de establecer que las oficinas consulares brindarán a sus nacionales acompañamiento y asesoría jurídica, con perspectiva de género y derechos humanos, cuando esta sea solicitada como consecuencia de litigios legales relacionados con violencia contra las mujeres

DECRETO

Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 44. (...)

I. (...)

I. Bis. Brindar a sus nacionales acompañamiento y asesoría jurídica, con perspectiva de género y derechos humanos, cuando esta sea solicitada como consecuencia de litigios legales relacionados con violencia contra las mujeres, y en la medida de las posibilidades de cada oficina consular.

II. a VII. (...)

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco

Notas
1 http://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-ext ranjero
2 Carrillo Hernández, Edith. Madres migrantes y sustracción familiar. Vulnerabilidad y violación de los derechos humanos de mujeres e infantes en contextos de migración. Revista electrónica Scielo, disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000300009
3 Tapia (2011) señala que “existe una experiencia diferenciada de mujeres y hombres en la migración a partir de tres factores: 1) el sistema de género que establece restricciones morales para la movilidad femenina, 2) la división del trabajo en función del género y 3) el machismo que impera en contextos de origen y destino”.
4 La nota completa puede leerse en
http: //www.univision.com/noticias/consulados/daran-ayuda-a-victimas-de-
violencia-de-genero-en-el-consulado-de-mexico-en-chicago
5 Texto disponible en http: //www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
6 Texto disponible en file: ///C:/Users/Usuario/Downloads/leysem.pdf
7 El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 2013-2018, es el programa insignia del gobierno federal para lograr la Transverzalización de la perspectiva de género en la actividad del estado mexicano. Fue publicado el 30 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. El mismo puede consultarse en: http://www.dof.gob.mx/nota_
8 Los informes de atención pueden consultarse en. https://transparencia.sre.gob.mx/datos_abiertos/DGPME/
AtencionaPoblacionVulnerablePerspectivadeGenero.csv

Referencias
www.diputados.gob.mx.
http: //www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000300009
Tapia, Marcela. 2011. La migración como escenario para la comprensión de la violencia de género entre migrantes internacionales. Amerique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 2. Disponible en https: //alhim.revues.org/3733
http: //www.dof.gob.mx/nota_
https://transparencia.sre.gob.mx/datos_abiertos/DGPME/At encionaPoblacionVulnerablePerspectivadeGenero.csv
file: ///C:/Users/Usuario/Downloads/leysem.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 26 BIS A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario PRI)

La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura.
Charlotte Bunch.

La suscrita, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 26 BIS, A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lesvia Gómez Entzin,1 es una mujer indígena que sufrió un disparo en el rostro por parte de su esposo, Jorge Navarro Hernández, y como consecuencia de las lesiones, el cual fue en realidad un intento de feminicidio, perdió la vista.

Las secuelas que estos crímenes dejan a las mujeres y victimas sobrevivientes de feminicidios, son desgarradoras.

Miles de mujeres, que después de haber sobrevivido a un ataque feminicida, quedan en el desamparo; sin recursos económicos, con una familia que mantener, con secuelas físicas y psicológicas y con el temor de volver a sufrir un ataque.

Viven con la zozobra, ante la incapacidad de nuestro sistema legal para brindarles protección y acceso a la justicia, y a que los feminicidas queden libres y ahora si terminen su obra.

Así como Lesvia, las mujeres sobrevivientes de feminicidio temen a diario por su vida. Se gastan los pocos recursos económicos con los que cuentan para su recuperación psicológica y física, y esto se le suma la manutención de sus hijos, los cuales, en el caso de Lesbia, son tres, todos menores de cinco años.

Muchas de las mujeres que son sobrevivientes de feminicidio fueron atacadas por sus parejas. Ellas y sus familias dependían económicamente del feminicida. Ya que en la mayoría de casos las mujeres violentadas por su pareja les impedían trabajar y hacer uso del dinero que ganan con las distintas formas de allegarse recursos, escasos éstos en la gran mayoría de las veces, ya que sus redes de apoyo son pocas.

En el caso de Lesvia, como en muchos otros, concurrieron varias condicionantes de vulnerabilidad: ser mujer, ser indígena y ser pobre, sin que haya habido por parte de ninguna autoridad, ayudas reales en el momento adecuado, para hacer frente a estas situaciones concretas, que se dan cuando se es sobreviviente de un feminicidio.

Consideramos que para atender la violencia en contra de las mujeres es necesaria una visión integral del problema. No basta con que los feminicidas sean procesados y, eventualmente, encarcelados. Se necesita una visión más comprehensiva del problema y que se atiendan a las sobrevivientes, a sus víctimas y se erradique la violencia hacia y contra las mujeres.

Cuando se habla de empoderamiento de las mujeres, se atiende a una lógica que ponga la mirada desde una perspectiva integral, que abarquen programas sociales para su incorporación al campo laboral y su independencia económica, su participación política, un aparato de justicia honesto, infalible y eficiente, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, oportunidades iguales que las de sus pares hombres, acceso a la educación, a las nuevas tecnología, al ejercicio pleno de todos sus derechos todo el tiempo.

Es entonces así que, en tanto no se vea a las mujeres como personas, sujetas plenas de derecho, la violencia en su contra continuará; teniendo al Estado, incluso, como su protagonista.

Consideramos vital, que la atención para las víctimas de la violencia sea vista como una actividad estratégica del Estado mexicano, pues mientras ello no ocurra la violencia hacia las mujeres seguirá siendo: “obstáculo para el logro de la igualdad, la equidad, el desarrollo, la paz y la participación social. Es una violación de los derechos humanos que limita su libertad personal, nulifica las garantías fundamentales como el derecho a la seguridad, a la integridad e incluso a la vida. Sus raíces son multifactoriales, las componen una diversidad de variables que debemos conocer para comprenderlas y analizarlas. Es multicausal y sus repercusiones son sociales e individuales por lo que su abordaje debe ser multidisciplinar e intersectorial. Es multidimensional por lo que su respuesta debe ser global, sistémica y holística desde la prevención, asistencia y protección hasta su recuperación”.2

Sabemos que la situación de riesgo de las mujeres es mayor, ya que el contexto de violencia feminicida en nuestro país se ha agravado. Se ha agravado en medio de esta crisis de seguridad, lo que eventualmente está generando que muchas mujeres queden como sobrevivientes de este delito; sin que existan programas gubernamentales que, bajo esta mirada y este contexto, atienda a las sobrevivientes de feminicidio.

Para darnos cuenta de la magnitud del problema, basta revisar los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en noviembre de 2016, a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, dio a conocer. Se trata de datos alarmantes que sitúan muy bien el contexto en el que se encuentra nuestro país en relación con la violencia de género.

El Inegi señaló que, entre las mujeres jóvenes, de 15 a 29 años, el 10.0 por ciento de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. En promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015), fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001-2006, era de 3.5.

Por otra parte, señala que de 1990 a 2015, los suicidios de mujeres aumentaron 4.6 veces; el mayor aumento se observa entre 2006-2012.

Que en 2015 fallecieron, por diversas causas, 291 mil 637 mujeres y niñas, y el 1.0 por ciento del total de las defunciones registradas se debieron a agresiones intencionales, es decir la causa del deceso fue por homicidio. Esta situación es aún mayor entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, ya que el 10.0 por ciento del total de las defunciones de este grupo fue por homicidio, lo que representa en estos grupos de edad la primera causa de muerte.

Reporta, también, que durante de 2014 se registraron 2 mil 408 defunciones de mujeres a causa de agresiones intencionales y, para 2015, se registraron 2 mil 383, lo que representa alrededor del 12.0 por ciento del total de los homicidios registrados para esos años: 20 mil 10 en 2014 y 20 mil 525 en 2015.

De la misma forma, que de 1990 a 2015 se registró el fallecimiento de 404 mil 15 personas a causa de agresiones intencionales y de ellas, 43 mil 712 eran mujeres. En el periodo comprendido de 2007 a 2015 se observa un incremento significativo en los homicidios totales. En estos nueve años se concentra 46 por ciento de los homicidios ocurridos en estos 26 años, mientras que el restante 56 por ciento ocurrió a lo largo de 17 años, lo que indica que durante los últimos años ha habido un aumento acelerado de homicidios.

Un dato relevador de ello lo es también el hecho de que a lo largo de esos 26 años (1990-2015), se han registrado 1,232 casos donde no ha sido posible identificar el sexo de la persona asesinada y el 73.8 por ciento de ellos corresponde precisamente a casos de defunciones registradas entre 2007 y 2015.

En estos últimos 26 años, se registraron 43 mil 712 homicidios de mujeres, 28.2 por ciento de ellos durante el sexenio 2007-2012, mientras que en los últimos tres años (de 2013 a 2015), ya han ocurrido 7 mil 439 asesinatos de mujeres, cifra semejante a la registrada durante el sexenio 2001-2006.

De los homicidios de mujeres ocurridos de 1990 a 2015, cerca de la mitad de ellos (45.2 por ciento) acontecieron en los últimos nueve años, entre 2007 y 2015. Los homicidios contra mujeres registrados en el último trienio (2013-2015) representan el 60.4 por ciento de aquellos del sexenio 2007-2012, lo que indica que de seguir esta tendencia rebasarán el máximo histórico registrado.

Que entre 1990 y 2006 fallecieron, en promedio, cuatro mujeres por día, debido a agresiones intencionales; en tanto que durante el sexenio 2007-2012, el promedio diario pasó a seis, y durante el trienio 2013-2015, asciende a cerca de siete homicidios de mujeres, diariamente.

Así, en 2015 se registraron, a nivel nacional, 31.0 defunciones por homicidio de hombres por cada 100 mil de ellos en el país y 3.8 por cada 100 mil mujeres. Se observa un ligero aumento respecto de la tasa de 2014 entre los hombres, pero no ocurre lo mismo entre las mujeres, donde la tasa se mantiene casi en el mismo nivel y donde el máximo alcanzado corresponde a 2011, con una tasa de 4.6 mujeres por cada cien mil.

La tendencia en la tasa de defunciones por homicidio muestra que entre los años 2000-2006 se registra una tendencia más o menos estable. Aun cuando en 2007 se aprecia una disminución moderada, a partir de 2008 y hasta 2011 el aumento es rápido y sostenido.

A partir de 2011 se observa una disminución hasta 2014 y en 2015 se aprecia un ligero repunte.

Más de la mitad de los hombres que murieron por causa de una agresión violenta tenían entre 20 y 39 años (55.1 por ciento), y entre las mujeres de las mismas edades, esta proporción fue de 47.9 por ciento.

Por otro lado, es necesario señalar que existe falta de información objetiva para documentar los casos de niñas y niños que han quedado en la orfandad por causas de delitos como el feminicidio. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene el registro de 65 casos de orfandad por feminicidio en un periodo de tres años.3

Ante estos datos y ante el creciente número de casos de mujeres sobrevivientes de feminicidios, consideramos urgente la creación de programas de desarrollo social y económicos que les permitan, a las mujeres y a las víctimas, el acceso efectivo a recursos para salir de ese estado de emergencia en el que se encuentran y poder contar con mayores elementos que satisfagan necesidades básicas; que les ayuden a tomar las mejores decisiones, fomentando su empoderamiento económico y su autoestima.

Hay que señalar que, en 2013, en el acuerdo número 57 del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, se estableció como compromiso de los estados el asegurar el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género, lo que evidencia la urgente necesidad de contar con programas que incidan en este tema.

El consenso dispuso que era necesario “hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/sida, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras...”4
De esta forma consideramos que los programas que pretendan atender a las víctimas de forma integral, deben considerar esta población de mujeres que no han podido encontrar el cobijo social ni institucional que les ayude a estar un poco mejor, pero que fomenté una mejor toma de decisiones, mayor autoestima e independencia; por que deben ser acompañadas de programas que les generen recursos económicos urgentes, ante tal contingencia.

La propuesta es adicionar un artículo 26 Bis al capítulo V, relativo a la Violencia Feminicida, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues consideramos que este apartado debe contar con un sentido holístico, agregando que la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios se coordinaran para el diseño y operación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para mujeres víctimas de feminicidio y para las víctimas de este delito. Esto último para los casos en los que efectivamente se le haya privado de la vida.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con objeto de establecer que los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para diseñar e implementar programas para mujeres sobrevivientes de feminicidio y de las víctimas mortales de este delito

Artículo Único. Se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 26 Bis. La federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, se coordinarán para el diseño e implementación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida, y para las y los dependientes de las víctimas mortales de este delito.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

Notas
[1] El caso de Lesvia Gómez puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=qGOJDZGmQ9I
2 López Angulo L, Apollinaire Pennini JJ, Array M, Moya Ávila A. Respuesta de estrés en las mujeres maltratadas en la relación de pareja. Una aproximación a su estudio. Medisur [serie en Internet]. Disponible en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S1727-897X2009000500013
3 La información puede consultarse en http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/desconocen-diputadas-informaci- n-sobre-orfandad-por-feminicidio.
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo /8/50708/2013-595-consenso_montevideo_pyd.pdf

Referencias
www.diputados.gob.mx.
http://revoluciontrespuntocero.mx/atencion-a-las-sobrevi vientes-de-intento-de-feminicidio/
http://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0008L agarde.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S1727-897X2009000500013
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo /8/50708/2013-595-consenso_montevideo_pyd.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 46 BIS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)

Mediante el trabajo la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa.
Simone de Beauvoir

La suscrita, LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Asamblea:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres en el país es enorme: diariamente son asesinadas 7.1 ONU Mujeres ha reiterado su preocupación ante la alarmante situación que enfrentan las mujeres en México, propios de una pandemia mundial.

Diversas fuentes señalan que en México, 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A 42.4 por ciento se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5 por ciento les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5 por ciento ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3 por ciento de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales.2

En relación con la violencia laboral, 20.6 por ciento de las mujeres declaró haberla sufrido; más de 4 por ciento refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de justicia: sólo 14 por ciento de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.3

La respuesta institucional no ha estado a la altura de las necesidades de seguridad y justicia que las mujeres reclaman. El dinamismo que caracteriza al derecho no ha estado del lado de las mujeres ni hoy ni nunca, pues se sigue teniendo una visión paternalista, androcéntrica y poco sensible a la realidad de violencia que viven a diario las mujeres.

No obstante los avances que significaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se ha comprendido que la ley per se no resolverá la problemática que entraña la violencia de género y contra las mujeres mientras no se entienda que la ley debe afectar el entendimiento de las demás normas que en teoría deberían proteger los derechos de los grupos sociales en desventaja o en condición de vulnerabilidad, como ocurre muchas de las veces con las mujeres trabajadoras.

Cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres o violencia de género, nos referimos a un contexto donde el ser mujer o construirse socialmente como mujer implica una especie de contexto donde la supremacía masculina tiene permitido abusar e intimidar a las mujeres.

De ahí que “el feminicidio no se entiende, analiza o diagnostica en abstracto, sino como una derivación momentánea y extrema de las violencias que las mujeres viven en los ámbitos personal, vecinal, comunitario, educativo, laboral y social”.4

Digamos que todas estas violencias, vistas desde una perspectiva general, son expresiones “tan extrema como normalizada, de “las representaciones culturales que existen en torno a las desigualdades de género y a la forma en que socialmente se estructuran y se ejercen las relaciones de poder... el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico: como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente en la prostitución), incesto y abuso sexual infantil extrafamiliar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y en el salón de clases), mutilación genital (clitoridectomía, escisión, infibulación), operaciones ginecológicas innecesarias(histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (mediante la criminalización de los anticonceptivos y el aborto), psicocirugía, negación de los alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugías cosméticas y otras mutilaciones en nombre de la belleza”.5

Y en contraparte de una visión particular significan “el capítulo final de un largo historial de violencia de pareja que se mantuvo impune o la furia de un desconocido motivados, en ambos casos, “por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”.6 Como conclusión, se trata de un “crimen que no genera ninguna recompensa material a cambio”, ni “el producto de una reacción emocional, como tradicionalmente se ha intentado justificar bajo la idea de un crimen pasional” sino “la recompensa por una especie de victoria que supone imponer la posición [cultural, ideológica] del varón [y de la comunidad] por encima de la vida de la mujer”.7

Castañeda concluye: “Eso significa la “razón de género” que envuelve un feminicidio, al que le siguen una estela de justificaciones lapidarias, en silencio o a voces, en la comunidad, la policía y la sociedad respecto a que ella se lo merecía o se lo buscó por romper su rol de género (por su transgresión) o por dejada (por su omisión), y que son parte de la narrativa cotidiana de la normalización de la violencia contra la mujer.8

De esta forma, consideramos que aún hay un largo trecho en la armonización de los textos legales que permitan a las mujeres acceder a la justicia, en este caso sin perder su trabajo, pues día a día surgen en los hechos realidades que las leyes no prevén o que de pronto aparecen ante la indiferencia de quienes en principio deberían hacer cumplir la ley.

El acceso a la justicia para las mujeres, es otra deuda que sigue temerosamente pendiente.

Hay un gran clima de impunidad por lo deficiente de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y por lo altos de niveles de corrupción, lo que propicia la poca credibilidad en las instituciones de parte de la sociedad.

Si también se considera que no existen mecanismos legales ni instituciones que tomen mucho en cuenta las condiciones particulares de las mujeres para acudir a las dependencias de gobierno a dar trámite a los procedimientos legales, sobre todo por cuestiones de violencia, el asunto de torna mucho peor.

Por otro lado, falta sensibilidad para considerar que muchas de las mujeres que están siendo violentadas se encuentran en horarios poco flexibles en sus centros de trabajo y, en ocasiones, con patrones que no dan permiso a veces ni para ir al baño, acabamos entonces con poca posibilidad de dar seguimiento a los juicios o procesos para que los responsables sean realmente sancionados.

El Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres) ha recomendado a nuestro país que se armonicen las leyes a fin de facilitar los procedimientos para que las mujeres hagan efectivo del derecho de acceso a la justicia, a lo que señala: “El acceso de las mujeres a la justicia, entendido como ‘el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales’, se ha visto obstaculizado por huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales, culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su condena contra el Estado mexicano por el caso González y otras (caso ‘Campo Algodonero’)”,9 de la cual por cierto el Estado mexicano está en calidad de incumplimiento, lo que en efecto pretende coadyuvar en revertir la presente iniciativa.

En particular, esta iniciativa persigue generar mecanismos legales que posibiliten el acceso a la justicia para las mujeres, adicionando una fracción a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132 y al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponiendo que las mujeres que sean víctimas de violencia familiar o de género, gozaran de un permiso de hasta treinta días laborables con goce de sueldo lo cual permitiría a la víctima ausentarse de su puesto de empleo mientras se recupera de las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de la violencia sufrida; permitirá disponer de ese tiempo para realizar los trámites vinculados con la denuncia, así como realizar las acciones necesarias para protegerse de la situación.

No escapa al análisis realizado por las y los autores de la presente propuesta, el cumulo de resistencias que aún subsisten en distintos actores políticos y del sector empresarial, originada principalmente por que aducen que esto afectaría la economía de las empresas y que no “hay forma de que comprueben dichas licencias”, lo cual resulta falaz, ya que existen medios idóneos para hacerlo, amén de que los costos de esta violencia tiene un valor de entre 1 y 4 por ciento del producto interno bruto de este país,10 por lo que reducir sus efecto tendría efectos positivos no solo en términos sociales sino económicos.

También se argumenta que este tipo de medidas son propias de economías de países más desarrollados y con otra cultura e idiosincrasia, entre otros argumentos. Esa razón resulta errónea pues en países con economías y realidades como la nuestra, este tipo de licencias y permisos se han empezada a otorgar para hacer frente a los factores que perpetúan la violencia, como la falta de acceso a la justicia de las mujeres, y han empezado a introducir en sus legislaciones laborales disposiciones que permiten a las mujeres atender los procesos que se derivan de una situación de violencia familiar o de género.

Así, por ejemplo, en Argentina se otorga desde septiembre de 2016 una licencia similar a mujeres que han sido víctimas de violencia familiar , de género o contra la mujer: “el proyecto presentado en abril de este año por la diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, que propone garantizar la creación de Licencias laborales con goce de haberes para todas las trabajadoras que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia machista, de acuerdo a lo que dispone la Ley Número 26.485, “De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.11

En Perú, desde 2015, en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, publicada hace poco, se agregaron nuevos derechos a los trabajadores que sufren violencia familiar, como prohibir su despido, entre otros. Así, el trabajador en esta situación mantendrá su puesto de trabajo con una denuncia policial por violencia familiar contra su cónyuge, conviviente o agresor miembro de su familia.12 En Nueva York, en el vecino país del norte, para ayudar a las mujeres a eliminar esa preocupación de perder el trabajo, el alcalde Bill de Blasio, acompañado de la primera dama, Chirlane McCray, anunció este año una legislación que permitirá a las víctimas a tomar permisos pagados de sus empleos, mientras se recuperan y buscan protección.

La nueva medida, denominada “licencia pagada segura” y que se presenta en la misma semana en que culmina el mes de concienciación sobre la violencia doméstica, busca evitar que los afectados pierdan sus trabajos y hogares en sus momentos más vulnerables. “Nadie debería decidir entre su seguridad y su salario”,13 expresó el alcalde al anunciar la legislación durante un evento en el Centro de Justicia Familiar de Manhattan, uno de los cinco lugares en la Gran Manzana donde víctimas de violencia doméstica pueden acudir a recibir servicios legales, sociales y policiales.

De esta forma, la presente propuesta plantea el otorgamiento de un permiso de treinta días laborables con goce de sueldo tomando en consideración el tiempo que tarda un mujer en presentar las denuncias, en promover las demandas y en asistir a las instituciones que brinden atención integral con la finalidad de sobreponerse a este situación. ¿Por qué treinta días? Pudieran ser más o menos días. Al respecto hay varios ejercicios financiados por la Cepal,14 que desde un enfoque de género permiten determinar los costos y de sus implicancias fiscales y socioeconómicas que podría ser una herramienta valiosa para determinar lo que más convenga y más proteja a las mujeres. En todo caso esta propuesta legislativa pone énfasis en que es necesario este permiso pues por esta causa muchas mujeres pierden sus empleos.

En virtud de lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y V Bis al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Primero. Se adiciona la fracción IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. (...)

I. a IX. (...)

IX Bis. Promover el otorgamiento de licencias por hasta treinta días, con goce de sueldo, a las trabajadoras víctimas de violencia familiar o de género, cuando el cumplimiento de sus actividades laborales suponga un riesgo para su seguridad e integridad personal y previo otorgamiento de una orden de protección por la autoridad correspondiente;

X. a XXVIII. (...)

Segundo. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 46 Bis. (...)

I. a V. (...)

V Bis. Promover el otorgamiento de licencias, con goce de sueldo, a las trabajadoras víctimas de violencia familiar o de género, cuando el cumplimiento de sus actividades laborales suponga un riesgo para su seguridad e integridad personal y previo otorgamiento de una orden de protección por la autoridad correspondiente;

VI. a IX. (...)

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

Notas
1 La información puede consultarse en http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-
mx/noticias/7406635/03/16/Siete- mujeres-mueren-al-dia-en-Mexico-victimas-de-la-violencia.html
2 Los datos completos de la Endireh 2011 pueden consultarse en
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi ales/endireh/2011/
3 Los datos forman parte del diagnóstico hecho a propósito del Proigualdad el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2 013
4 Castañeda Torres, Rubén. Diagnostico Situacional de Feminicidio en Jalisco. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Guadalajara, Jalisco. Diciembre de 2015, página 2.
5 Radford, J., y D. Russell (2006). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. México: UNAM. CEIICH: Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada.
6 Russell, D. E. (2006). “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en D. E. Russell; y R. A. Harmes (editores). Feminicidio: una perspectiva global. México: CEICH-UNAM.
7 ONU-Mujeres y OACNUDH, 2011, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).
8 Obra citada 4.
9 Comité de CEDAW en Diagnóstico del Proigualdad, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
10 El Banco Mundial, a través del grupo de soluciones para recortar la brecha de género, ha realizado investigaciones que indican que el costo económico de la violencia contra las mujeres y niñas representa entre el 1 y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto de un país. La nota puede consultarse en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/violencia-contra-mujeres-y-nina s-cuesta-entre-y-del-pib-de-cada-pais-bm.html
11 Para más datos puede consultarse el sitio http://www.laizquierdadiario.com/Licencias-laborales-por-violencia-de-g enero-un-derecho-para-todas
12 Para más datos puede consultarse http://gestion.pe/empleo-management/ley-prohibe-despido-trabajadores-qu e-sufren-violencia-familiar-2150344
13 La información puede leerse en el enlace
http://eldiariony.com/2016/10/26/victimas-de-violencia-d omestica-podran-faltar-sin-temor-al-trabajo/
14 La Cepal es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. El texto referido puede consultarse en
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40483/6/S1600701_es .pdf

Referencias
Castañeda Torres, Rubén. Diagnóstico situacional de feminicidio en Jalisco. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Guadalajara, Jalisco. Diciembre de 2015, página 2.
Radford, J., y D. Russell (2006). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. México: UNAM. CEIICH: Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada.
Russell, D. E. (2006). “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en D. E. Russell; y R. A. Harmes (editores). Feminicidio: una perspectiva global. México: CEICH-UNAM.
ONU-Mujeres y OACNUDH, 2011, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Obra citada 4.
Comité de CEDAW en Diagnóstico del Proigualdad, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi ales/endireh/2011/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/violencia-contra -mujeres-y-ninas-cuesta-entre-y-del-pib-de-cada-
pais-bm.html
http://www.laizquierdadiario.com/Licencias-laborales-por -violencia-de-genero-un-derecho-para-todas
http://gestion.pe/empleo-management/ley-prohibe-despido- trabajadores-que-sufren-violencia-familiar-2150344
http://eldiariony.com/2016/10/26/victimas-de-violencia-d omestica-podran-faltar-sin-temor-al-trabajo/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4048 3/6/S1600701_es.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 440 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada MIRIAM DENNIS IBARRA RANGEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la INICIATIVA DE REFORMAS AL ARTÍCULO 440 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE BASES APLICABLES A PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, en términos de la siguiente:1

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los procedimientos sancionadores son mecanismos que se siguen guardando las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de determinar si se ha cometido alguna infracción a la normatividad electoral, y por consecuencia, aplicar la sanción que proceda en términos de ley.

Existen dos tipos de procedimientos sancionadores:2

1. Especiales: Son los sustanciados durante un proceso electoral por denuncias sobre conductas que:

a) Violenten las normas constitucionales en materia de radio y televisión y propaganda gubernamental (Base III del Artículo 41 o el octavo párrafo del Artículo 134 de la Constitución Federal);

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

2. Ordinarios: Sustanciados por cualquier otra falta, dentro o fuera de un proceso electoral.

Ahora bien, el Artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE) señala que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

(…) a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;

b) Sujetos y conductas sancionables;

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y

IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales.

De las bases citadas, destaca que leyes locales deberán:

1. Establecer un procedimiento para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su resolución, tanto en el nivel federal como local (inciso d del Artículo 440 de la LGIPE);

2. Establecer reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los organismos públicos locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local (inciso e del Artículo 440 de la LGIPE);

3. Tener por denuncias frívolas, las que se presenten en términos de las Fracciones I a IV del inciso e del Artículo 440 de la LGIPE.

Al respecto, se reflexiona lo siguiente:

a) Sobre la remisión de expedientes al Tribunal Electoral para su resolución (inciso d del Artículo 440 de la LGIPE).

Tratándose de procedimientos sancionadores sustanciados por organismos públicos locales, ni la Constitución Federal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reconocen tal atribución a la Sala Superior ni a la Sala Regional Especializada, creada para conocer de esta clase de conflictos, ya que el Artículo 99, Fracción IX de la Carta Magna y el Artículo 186, Fracción III, inciso h) de la mencionada Ley Orgánica, señalan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo conocerá de asuntos que el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) someta a su conocimiento por violaciones, entre otras, a normas sobre propaganda política, correspondiéndole imponer las sanciones procedentes.3

De igual manera, el Artículo 195, párrafo tercero de la Ley Orgánica en cita, precisa que los procedimientos especiales sancionadores previstos en la LGIPE serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada con sede en el Distrito Federal, sin hacerse referencia a procedimientos sancionadores regulados en leyes locales.

Se debe agregar que el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se creó la citada Sala Especializada, publicado el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, señala lo siguiente:

La Sala Regional Especializada, deberá entrar en funcionamiento conforme a lo siguiente:

1. Antes del inicio del proceso electoral 2014-2015, el Senado deberá designar a los Magistrados integrantes de la Sala Especializada conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución. Una vez integrada dicha Sala, deberá iniciar funciones y ejercer las atribuciones que le otorga el presente Decreto.

2. El Instituto Nacional Electoral continuará conociendo de los procedimientos especiales sancionadores que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, así como de los que se interpongan posteriormente, hasta en tanto entre en funcionamiento la Sala Especializada establecida en el presente Decreto.

Así, se obtiene que al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para crear la Sala Especializada, se establece:

1. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá de asuntos que el INE someta a su conocimiento por violaciones, entre otras, a normas sobre propaganda política, correspondiéndole imponer las sanciones;

2. Que conocerá de los procedimientos especiales sancionadores previstos en la LGIPE (no en las leyes locales); y

3. El régimen transitorio solo prevé aplicación para procedimientos especiales sancionadores en trámite ante el INE, y no en los organismos públicos locales electorales.

Ante el escenario normativo contradictorio descrito, es pertinente conocer los pronunciamientos jurisdiccionales relacionados con el tema: El criterio asumido por la Sala Regional Especializada es, que en todo caso, corresponde a las autoridades locales resolver sobre los procedimientos sancionadores.

La Sala Especializada de referencia se ha declarado incompetente en diversos casos, argumentando esencialmente que el Artículo 134, párrafos octavo y noveno de la Constitución Federal,4 señalan algunas condiciones a la difusión, bajo cualquier modalidad de comunicación social, de la propaganda gubernamental de los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, y que las leyes, en su respectivo ámbito de aplicación, garantizarán el cumplimiento de esas condiciones. Asimismo, señala que el Artículo 27, párrafo 2 de la LGIPE dispone que el INE y los organismos públicos locales electorales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad y que eso justifica que las autoridades locales conozcan de los procedimientos sancionadores instaurados a nivel local.5

Ahora bien, por su parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey Nuevo León, el 23 de diciembre de 2014, al emitir la sentencia definitiva dentro del expediente SM-JE-2/2014, mediante la cual, revocó un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, órgano jurisdiccional al que la normatividad local de esa entidad federativa faculta para resolver los procedimientos especiales sancionadores, razonó lo siguiente:

(…) El procedimiento especial sancionador previsto en la Ley local es prácticamente idéntico al establecido en la [LGIPE] (…) En este sentido, la Sala Superior ha precisado que el propósito de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, explicitada en cuanto a los procedimientos sancionadores a través de la [LGIPE], es agilizar y hacer eficaz tales mecanismos (…) Aunado a ello, la Sala Regional Especializada de este Tribunal ha reconocido el principio de celeridad que rige en el procedimiento especial sancionador, conforme al cual la instrucción integral debe realizarse a la brevedad posible.

En este orden de ideas, es plausible concluir que la incorporación a nivel local de las disposiciones relativas al procedimiento especial sancionador federal, persigue la misma finalidad: agilizar su trámite y resolución”.

De esta forma, es pertinente realizar ajustes al Artículo 440 inciso d) de la LGIPE a fin de clarificar que las infracciones que impactan el ámbito local y los procesos electorales locales (salvo infracciones relacionadas con radio y televisión) deben resolverse por los órganos estatales, siendo que las entidades federativas pueden optar por una regulación similar a la prevista en la LGIPE respecto al procedimiento especial sancionador, según la cual, la autoridad administrativa electoral investiga e integra un expediente, y la autoridad jurisdiccional resuelve con base en esa investigación y expediente.

b) Reglas para que los organismos públicos locales sancionen la presentación de quejas frívolas así como definición de éstas (inciso e del Artículo 440 de la LGIPE).

Al respecto, se debe destacar que los poderes legislativos de las entidades federativas están imposibilitados para fijar reglas aplicables en el “nivel federal”, pues el ámbito de competencia legislativa que les corresponde es local.

Lo anterior, en términos del Artículo 41, párrafo primero de la Constitución Federal, precepto que precisa que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Estados “en lo que toca a sus regímenes interiores”.

Por lo que respecta a la definición contenida en el Artículo 440, inciso e) de la LGIPE de quejas frívolas, el Artículo Segundo, Fracción II, inciso f) de las disposiciones transitorias del decreto de reforma a la Constitución Federal del 10 de febrero de 2014, define, de manera diversa, tales denuncias, señalando que éstas serán “aquella[s] que se promueva[n] respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia”.

En consecuencia, es inadecuado ampliar las hipótesis previstas en el referido precepto de la Carta Magna, pues incluso, la citada definición constitucional, coincide plenamente con la que da la propia LGIPE en el Artículo 447, inciso d).6

De lo anterior se advierte que lo dispuesto en el Artículo 440, inciso e), Fracciones I a la IV, contraviene lo establecido en un precepto constitucional, y de igual forma, resulta contradictorio, pues también se aleja de lo previsto en el Artículo 447, inciso d) de la propia LGIPE.

En síntesis, es necesario realizar ajustes al Artículo 440 de la LGIPE a fin de clarificar que las infracciones que impactan el ámbito local y los procesos electorales locales (salvo infracciones relacionadas con radio y televisión) deben resolverse por los órganos estatales. Asimismo, que las leyes locales no reglamentarán aspectos del ámbito federal y ajustar la definición de denuncias frívolas conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal; esto en términos de lo siguiente:

Propuesta de modificación al Artículo 440 de la LGIPE.

LGIPE vigente

Propuesta de modificación

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) al c) …

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:

 

 


I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y

IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales.

Artículo 440.

 


a) al c) …

d) Procedimiento para dictaminación y remisión de expedientes a la autoridad electoral jurisdiccional local para su resolución, y

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, entendiéndose por tales, aquéllas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta consideración de esta Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 440, párrafo 1 en sus incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 440.

a) al c) …

d) Procedimiento para dictaminación y remisión de expedientes a la autoridad electoral jurisdiccional local para su resolución, y

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, entendiéndose por tales, aquéllas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel.

1 La exposición de motivos y el proyecto de decreto de la presente Iniciativa, fueron tomados de la tesis “Restricciones a la Función del Legislador Local en la Armonización en Materia Electoral” elaborada por Walter Yared Limón Magaña en octubre de 2015, para obtener el grado de Maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Durango, campus Aguascalientes.

2 Véase el Artículo 470 de la LGIPE.

3 Artículo 99, Fracción IX de la Constitución Federal: “(…) Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: IX. Los asuntos que el [INE] someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan”. Lo anterior es reiterado por el Artículo 186, Fracción III, inciso h). de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4 Artículo 134, párrafos octavo y noveno de la Constitución Federal: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.- Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.

5 Véase el Acuerdo del Pleno de la Sala Regional Especializada del fecha 5 de diciembre de 2014 dictado en el expediente SRE-PSD-5/2014 por el que se establece su incompetencia y se ordena la remisión de un procedimiento especial sancionador al Instituto Electoral del Estado de Puebla: “Efectivamente, además de tratarse la parte señalada de un servidor público local, las supuestas irregularidades se restringen a una sola entidad federativa por la supuesta propaganda personalizada; sin que haya referencia alguna al uso de la radio o la televisión para transmitir los hechos posiblemente irregulares; y no hay elementos que objetivamente refieran que los actos materia de la controversia incidan en el proceso electoral federal.- Por otra parte, es criterio de esta Sala Especializada que debe remitirse la denuncia aludida al Instituto Estatal Electoral de Puebla (…)”. Este criterio de incompetencia, se ha reiterado, véase también como ejemplo los acuerdos de incompetencia de la propia Sala Especializada, dentro de los expedientes SRE-PSD-1/2014, SRE-PSD-2/2014 y SRE-PSD-6/2014.

6 Artículo 447 de la LGIPE: “1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley: d) La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia, y…”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción II,  y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I. El movimiento transfronterizo de residuos peligrosos ha sido un tema importante de discusión en la agenda del Derecho Ambiental Internacional desde la década de los ochentas del siglo pasado. La más importante referencia de este tema a este nivel es la Convención de Basilea sobre Control del Movimiento Transfronterizo y la Disposición Final de Residuos Peligrosos la cual entró en vigor en 1989. Sin embargo, ya desde 1981 el Programa de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas resaltaba la importancia de que los países miembros tuvieran legislación nacional relativa al manejo de residuos peligrosos.

Vale la pena señalar que los motivos que dieron origen a la importancia de este tema fueron los descubrimientos hechos en aquella época de depósitos de residuos localizados en países en vías de desarrollo precisamente con residuos tóxicos provenientes de otros países.

Tales acontecimientos pusieron de manifiesto el actuar de empresas de países industrializados que, con objeto de reducir los costos para la disposición final de los residuos peligrosos, los enviaban a países cuya legislación ambiental era menos estricta que la del suyo.

II. A una escala regional, el Convenio de la Paz y su Acuerdo III de 1986 también contenía restricciones relativas a la importación y al movimiento transfronterizo de residuos peligrosos a nuestro país.

En nuestro país, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988 y luego la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) de 2003 contienen restricciones sobre este tema. Los principios que en nuestra legislación al respecto principalmente son:

A. la prohibición expresa de importar de residuos para su depósito, confinamiento, confinamiento o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;

B. la posibilidad de permitir la importación de residuos cuando sea con el fin de su reutilización o su reciclaje;

C. la obligación de retornar al país de su procedencia aquellos materiales y residuos peligrosos generados en los procesos de producción, transformación, elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia prima introducida al país bajo el régimen de importación temporal.

III. En paralelo a la reglamentación internacional sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, casi simultáneamente se desarrollaron acuerdos sobre otros temas coyunturales de igual preocupación global como:

A. El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono de 1987;

B. El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional de 1998.

C. El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) de 2001.

A diferencia de Basilea que trataba genéricamente a los residuos peligrosos, estos tratados internacionales se enfocaban en determinados contaminantes, así como en la forma de resolver la problemática relativa a su manejo, o en algunos casos, para lograr su erradicación.

IV. Es importante señalar, que a lo largo del tiempo estos acuerdos internacionales han tenido una importante evolución. Con el apoyo de la comunidad internacional, los secretariados de estos instrumentos han formado grupos de trabajo y apoyado la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar los retos que se identificaban en cada uno de estos acuerdos.

Hoy, décadas después de la celebración de convenios como el de Basilea o Montreal, gracias a la cooperación internacional y el desarrollo de nuevas tecnologías, el mundo puede enfrentar la problemática de forma distinta a través de acciones más efectivas que las originalmente previstas en estos convenios.

Cada uno de estos acuerdos, convenios o protocolos fomenta que la comunidad internacional esté en constante comunicación y a través de Reuniones de las Partes de estos instrumentos internacionales o bien a través de Decisiones de los Países Miembros se han formulado acuerdos que en muchos casos prevén nuevas y mejores formas de tratar alguna sustancia, material o residuo.

Bajo este escenario, la evolución de un instrumento jurídico internacional resulta más rápida y dinámica que la de una ley nacional.

V. Por señalar un ejemplo, el Protocolo de Montreal a través de la formación de un Grupo Especial de Trabajo sobre Tecnología de Destrucción ha presentado a lo largo del tiempo reportes al pleno sobre alternativas tecnológicas para la destrucción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y dichas alternativas han sido avaladas por los países miembros de dicho Protocolo.1

El caso referido en el párrafo anterior es un buen ejemplo de la evolución que ha tenido el régimen jurídico internacional en materia ambiental. De un punto de partida en el que se prohibía el movimiento transfronterizo de residuos entre países para evitar la posible disposición del material en otro territorio distinto a donde fue generado; bajo estas nuevas decisiones y esta visión moderna respecto del tema, si un país cuenta con una tecnología para destruir un residuo o sustancia y con ello puede ayudar a la comunidad internacional a destruir una sustancia que dañaría a la totalidad del planeta, los instrumentos internacionales apoyan la realización de dicha operación.

VI. Cabe agregar que estas alternativas de manejo y tratamiento de residuos pueden ser una mejor opción hoy en día ante realidades como la falta de sitios de disposición final de residuos peligrosos, los retos de sitios de manejo en grandes ciudades, el temor de afectar a comunidades marginadas o vulnerables.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE INICIATIVA

Con el objeto de actualizar la legislación ambiental mexicana al marco jurídico internacional y atender la problemática antes señalada, la presente iniciativa propone las siguientes reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y a la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que a continuación se presentan:

I. Se propone reformar el artículo 86, inciso I, de la LGPGIR con el objeto de permitir que la política ambiental en nuestro país pueda ir acorde a la dinámica moderna a nivel internacional en lo referente a la óptima valorización de residuos tendiente a facilitar su reuso, reciclaje y aquellos otros manejos que vayan permitiéndose bajo el marco de tratados internacionales de los que México ya es parte.

II. Se propone reformar los artículos 142 y 153, inciso II, de la LGEEPA con el mismo objetivo referido en el inciso anterior sin dejar de refrendar claramente la restricción de que en ningún caso pueda autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, confinamiento o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su Soberanía y jurisdicción.

Se considera que estas reformas permitirán (i) armonizar el marco jurídico de nuestro país con el marco internacional en esta temática lo cual evitará un debate innecesario por cuestiones de jerarquía de instrumentos legales nacionales e internacionales y (ii) brindar una solución ambiental y social a una problemática que afecta a nuestro país y a la comunidad internacional y que debe ser atendida de forma conjunta por estos mismos actores.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero: Se reforma el artículo 86, fracción I, de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 86.- (…)

I. Sólo se permitirá con el fin de reutilizar o reciclar los residuos; o bien, para hacer posible el cumplimiento de los fines previstos en los tratados internacionales vigentes, conforme a los términos previstos en el respectivo acuerdo internacional;

(…)

Segundo: Se reforman los artículos 142 y 153, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sólo se permitirá la importación de residuos con el fin de su reutilización, reciclaje o aquellos otros fines previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte, sujeto a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.

Artículo 153.- (…)

II. Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o reuso cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes; o bien, para dar cumplimiento a los fines previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte, sujeto a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos.

(…)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal llevará a cabo las modificaciones al Reglamento en la materia para adecuarlo a los términos de la presente reforma en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.

1 Reporte del TEAP, Abril 2002, Volumen 3B, Reporte del Grupo de Trabajo sobre Tecnologías de Destrucción, pags. 7-9. PNUMA, Secretariado del Ozone, Nairobi, Kenia, ISBN: 92-807-2229-8. Documento disponible en www.unep.org/ozone.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN    EL ARTÍCULO 46, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 133, LAS FRACCIONES XIII Y XV DEL ARTÍCULO 134; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 134 Y EL ARTÍCULO 135 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)








Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a revisar el procedimiento y las regulaciones para la importación de carne de cerdo al país, procedente de Estados Unidos y Canadá, para eliminar cualquier condición de dumping o de comercio desleal que afecte a los productores o la industria nacional al generar condiciones inequitativas de competencia. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y de los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de ésta honorable Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, A QUE REVISEN EL PROCEDIMIENTO Y LAS REGULACIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO AL PAÍS PROCEDENTE DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, PARA ELIMINAR CUALQUIER CONDICIÓN DE DUMPING O DE COMERCIO DESLEAL QUE AFECTE A LOS PRODUCTORES O LA INDUSTRIA NACIONAL AL GENERAR CONDICIONES INEQUITATIVAS DE COMPETENCIA; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la actualidad, las condiciones de comercio internacional de cualquier materia prima, producto, alimento o bien, deben de estar perfectamente reguladas para seguridad y certeza de las naciones comerciantes.

 Ello, no solo por cuestiones de sanidad, seguridad, calidad o un sinfín de aspectos relacionados; sino también por lo referente, a algo muy básico, la equidad en las condiciones del comercio y la competencia entre quienes comercian.

No garantizar lo anterior, en la actual dinámica de comercio internacional; implicaría, exponer a la industria interna a situaciones de competencia que les generaría afectaciones directas e indirectas. En nuestro país, con un sinfín de acuerdos comerciales entre las economías del mundo y con un tratado de libre comercio firmado con las naciones vecinas de Estados Unidos y Canadá que además en sus inicios fue pionero y ejemplo; la condición anteriormente señalada, debe de ser constantemente cuidada y garantizada.

Es por ello, que esta soberanía; está obligada a atender y abonar en solucionar, cualquier inconformidad o situación que atente contra la equidad en el comercio de nuestro país con alguna otra economía.

Como hoy lo es, la manifestada por la industria productora de carne de cerdo en nuestro país. Una industria clave y básica no solo en nuestra alimentación, sino también en la solidez y fuerza de toda nuestra economía.

Desde hace un tiempo a la fecha, nuestros productores nacionales han llamado la atención para externar y expresar; que hay inconsistencias en el cumplimiento de la legislación aplicable para la importación de carne de cerdo -particularmente pierna y espaldilla- a nuestro país, procedente de los Estados Unidos y de Canadá, que genera una inequidad en materia de competencia y márgenes de dumping entre 18 y 54%, lo que ha impulsado el crecimiento de importación de pierna y espaldilla de cerdo en los últimos dos años del 28% y una disminución de su precio del 34%.1 Todo esto, ha generado afectaciones graves y actualmente insostenibles, a nuestros productores nacionales; teniendo a la vez, un efecto multiplicador igualmente negativo contra toda la industria nacional productora de carne de cerdo en el país.

Por ejemplo, ha deprimido el precio de la producción nacional en un 33%, margen que está muy por debajo del costo de producción; como consecuencia además, de la utilización de solo el 57% de la capacidad nacional instalada.2 En la actualidad, lo anterior no es justo y muy probablemente ni siquiera completamente legal.

Es por ello, que nuestras autoridades correspondientes deben de revisar las actuales condiciones de importación de carne de cerdo al país, para garantizar que, en el caso de la pierna y la espaldilla de cerdo que ingresa, no se genere un daño serio a la producción nacional de éste alimento y bienes similares. Ante esta situación, los productores del ramo referido de carne de cerdo; se han estado organizado y recurriendo a los diversos mecanismos de los que se disponen, para expresar su inconformidad; pero desafortunadamente los resultados no han sido satisfactorios.

Por todo lo anterior, esta soberanía está obligada, a coadyuvar en la defensa, el fortalecimiento y consolidación de nuestra industria productora de carne de cerdo; contra cualquier afectación que atente de manera injusta o inequitativa contra su desarrollo y crecimiento. No solo por cuestiones de comercio internacional, sino también porque es el sustento de muchas familias mexicanas y la generadora de empleo y de un insumo base de nuestra alimentación.

Bajo este razonamiento, no puede haber la más ligera sospecha de la existencia de condiciones presumiblemente desleales en las importaciones de la carne de cerdo al país, que puedan estar presentes y que representen una afectación injustificada al sector nacional. Esto no debe ni puede pasar o permitirse, en el comercio de éste o cualquier otro producto que ingrese a nuestro país. 

Todo lo anterior, nos obliga a solicitar a las autoridades correspondientes en esta ocasión; que revisen en el marco de lo señalado en el derecho tanto nacional como internacional; el procedimiento y las regulaciones para la importación de carne de cerdo al país procedente de Estados Unidos y Canadá, para eliminar cualquier condición de dumping o de comercio desleal que afecte a los productores o la industria nacional al generar condiciones inequitativas de competencia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Economía, a que revisen el procedimiento y las regulaciones para la importación de carne de cerdo al país procedente de Estados Unidos y Canadá, para eliminar cualquier condición de dumping o de comercio desleal que afecte a los productores o la industria nacional al generar condiciones inequitativas de competencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Jose Luis Orozco Sánchez Aldana.

1 Organización de Porcicultores del País. México

2 Organización de Porcicultores del País. México






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del estado de Sonora, al Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, a los integrantes del congreso local del estado de Sonora, así como al Presidente Municipal de Ures, a realizar diversas acciones respecto al derrame del Río Sonora, con la finalidad de garantizar los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano de los afectados por el desastre ecológico. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO RÍO SONORA, A LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE URES, PARA REALIZAR DIVERSAS ACCIONES RESPECTO AL DERRAME DEL RÍO SONORA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA, A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO DE LOS AFECTADOS POR EL DESASTRE ECOLÓGICO, a partir de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A la fecha, se han cumplido tres años de uno de los desastres ecológicos más severos del país: el derrame de sustancias químicas en el río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014,  causado por las malas condiciones en las que se encontraba un tubo de polietileno en una de las piletas, así como por la falta de una válvula en una mina a cielo abierto, responsabilidad de la empresa minera Buenavista del Cobre, la segunda productora de cobre más grande del mundo y subsidiaria de Grupo México. Dicho desastre fue originado por el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre1.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), calificó al hecho como "el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos".2 Ante la presión ciudadana, obligó a Grupo México a crear un fideicomiso de 150 millones de dólares para reparar el daño de los 22.000 afectados. Además, provocó afectaciones en siete municipios de Sonora, en los cuales viven más de 24,000 personas.

Desde que las autoridades ordenaron a los agricultores y ganaderos de los siete municipios que conforman la región del río Sonora a alejar a sus familias y a sus animales del río, así como prohibir el uso de 322 pozos y norias, la economía de dicha región se ha paralizado3.

Ante la falta de acción por parte de las autoridades, los afectados por el derrame y pobladores en general, han emprendido una serie de acciones legales, tanto individuales como colectivas, con las que se busca el resarcimiento de los daños a los pobladores afectados, pero también por los provocados al medio ambiente. No obstante, desde hace 3 años a la fecha, pocos han sido los resultados.

Las acciones más recientes han sido dos recursos: una acción colectiva difusa que pretende la reparación del daño al medio ambiente, y otra acción colectiva en sentido estricto, que persigue la indemnización de manera individual para cada uno de los afectados, a raíz de lo que perdieron con el derrame tóxico (tierras, cosecha y ganado) y las afectaciones a su salud.4

Dos de las acciones más urgentes son abastecer de agua a los habitantes de las 24 comunidades repartidas en siete municipios que bordean el río afectado y crear la unidad para atención de afectados en la salud por la contaminación. En esa región, los pobladores utilizan el agua del grifo para consumo humano y para sus actividades agrícolas y ganaderas. La compañía se comprometió a crear 36 plantas potabilizadoras, que posteriormente se redujeron a 9 con base en un diagnóstico de necesidad5; no obstante, apenas hay una. Además, la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, reafirmó en abril pasado que las plantas se reducirían a sólo nueve, lo que no sólo incrementa las molestias de más pobladores afectados, sino que incumple las medidas de reparación del daño.6

En un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre empresas y derechos humanos, que fue dado a conocer a finales de junio de 2016, se detalló que la empresa justificó la ausencia de las plantas potabilizadoras argumentando que las autoridades municipales “no tenían capacidad” para operarlas, por lo que sería “irresponsable” su construcción.7

A pesar del daño ambiental y social que provocó la empresa, ésta sólo recibió una multa por 24 millones de pesos; un monto que representa solo el 0.22% del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. También le pidieron crear un fideicomiso por 2 mil millones, para la indemnización de los afectados. El informe del grupo de trabajo de la ONU señaló que el pago de indemnizaciones que hizo Grupo México a través del Fideicomiso fue arbitrario, “se estableció un número máximo de cabezas de ganado pagadas, sin tomar en cuenta el número real de animales afectados”.8

De acuerdo con los datos de la página del Fideicomiso Río Sonora, que se creó para el seguimiento del uso de estos recursos,  sólo hay reportes de pago por mil 028 millones de pesos, que el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) no reconoce hayan sido utilizados para beneficio de la población, ni el saneamiento del medio ambiente contaminado, mientras que por otro lado, se desconoce el destino de los recursos no ejercidos del fiedicomiso, que llegan a la cantidad de 750 millones de pesos.9

Además, el pasado 1º de agosto, ciudadanos afectados por el derrame, agrupados en los CCRS, anunciaron que ganaron un juicio de amparo con el que demuestran que dos pozos de la región presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con esta resolución han demandado a las instituciones de salud estatales (Isssteson) y federales (Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social) por haber desatendido su salud.

De igual forma, el Comité de Cuenca Río Sonora en Ures (CCRS-Ures) interpuso un Juicio de Amparo contra el Congreso de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich y el ayuntamiento de Ures, por no haber garantizado el derecho de la población a participar de forma directa e informada en el proceso de creación de la Zona Económica Especial para el Río Sonora (ZEE-RS).

Mediante el mencionado juicio de amparo, el CCRS-Ures, integrado por ciudadanos afectados por el derrame de Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014, solicitó al Juzgado de Distrito de Sonora que, como medidas de reparación del derecho violentado, declare inconstitucional la aprobación de la ZEE-RS.

De igual manera, se solicita que consulte a los habitantes de Ures antes de que el municipio dé su consentimiento para participar en dicho proyecto, y garantice que las personas de la localidad reciban información accesible, suficiente y oportuna de las implicaciones que conlleva formar parte de la ZEE-RS, a fin de que evalúen si darán o no su consentimiento para participar en la misma.10

Hoy, a tres años del desastre ecológico, los pobladores siguen buscando la restitución de sus derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano, todos reconocidos en nuestra carta magna y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Sonora, a los Integrantes del  Congreso Local y al Presidente Municipal de Ures a que, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las demás autoridades competentes, garanticen la futura participación y reciban información accesible, suficiente y oportuna de la ciudadanía en general, de las comunidades limítrofes y particularmente al Comité de Cuenca del Río Sonora en Ures, en la toma de decisiones relativa a la Zona Económica Especial del Río Sonora. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Sonora a que gire instrucciones e informe a esta Soberanía a la brevedad posible el motivo y la justificación técnica del por qué se disminuyeron de 36 a 9 plantas potabilizadoras, y si a pesar de esta reducción, será garantizado el acceso al agua del total de la población afectada.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Sonora a que, en coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, remitan a esta Soberanía, de manera urgente, un informe de la situación en la que se encuentra la construcción de la unidad para atención de afectados en la salud por la contaminación y en su caso, que se instale a la brevedad posible en la localidad que el Comité haya designado para su construcción.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Técnico del Río Sonora remitir a esta Soberanía un informe detallando el destino de los recursos no ejercidos del Fideicomiso.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Lammbers, Gerardo. Octubre 2014. “Río Sonora, la historia detrás del derrame”. Revista Crónica Ambiental. Disponible en: https://www.cronicaambiental.com.mx/ediciones/05/rio-sonora.pdf

2 Méndez Ernesto. 27 de agosto de 2014. “Grupo México causó derrame, afirma Semarnat”. Periódico Excelsior. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/27/978291

3 Op. Cit. p. 1

4 BIANCA CARRETTO, 8 de agosto de 2016. Expansion. “A 2 AÑOS DEL DERRAME CONTAMINANTE EN EL RÍO SONORA, UNA MANCHA QUE NO SE BORRA”. Disponible en:
http://expansion.mx/nacional/2016/08/08/a-2-anos-del-derrame-contaminante-en-el-rio-sonora-una-mancha-que-no-se-borra

5 Escobar, Amalia. 6 de agosto de 2017. “Exigen reactivación del Fideicomiso Río Sonora”. Periódico El Universal. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/08/6/exigen-reactivacion-del-fideicomiso-rio-sonora

6 ZORAYDA GALLEGOS, 3 de agosto de 2017. Periódico El País. “Los afectados por el derrame de ácido en el río Sonora demandan al Gobierno mexicano.” Disponible en:
https://elpais.com/internacional/2017/08/03/mexico/1501712046_113059.html

7 Ernesto Aroche Aguilar, 2 de agosto de 2017. Animal Politico. “Promesas incumplidas y pozos envenenados: así vive la gente cerca del contaminado Río Sonora”. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/08/rio-sonora-contaminado-demandan/

8 Ibidem.

9 Página del Fideicomiso Río Sonora, disponible en: http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/

10 Proceso. Agosto de 2017. Afectados por el derrame en el Río Sonora interponen amparo por Zona Económica Especial. Consultado el 7 de agosto de 2017. Disponible en:
http://www.proceso.com.mx/497326/afectados-derrame-en-rio-sonora-interponen-amparo-zona-economica-especial.






Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informe en torno a los programas de cirujanos rurales y de sustitución terapéutica, así como de la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 ayuntamientos a llevar a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar las instituciones policiales, a fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Lorena Corona Valdés, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a revisar y reforzar las acciones establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a fin de estar en condiciones de alcanzar los objetivos señalados para 2018. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República toda la información respecto de los presuntos hechos de corrupción en los que se encuentra involucrado Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, con la empresa Odebrecht. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrantes del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En días recientes, a través de reportajes especiales publicados en medios de comunicación, se dieron a conocer una serie de hechos que vinculan al entonces Director General de pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, con la comisión de actos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.

2. De acuerdo con la información publicada, Emilio Lozoya habría recibido de dicha empresa cantidades cercanas a los 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública. Dichas cantidades habrían sido transferidas a cuentas bancarias internacionales radicadas en instituciones bancarias de las Islas Vírgenes Británicas, de Mónaco y del Principado de Liechtenstein.

3. Entre las obras que el entonces Director de Pemex habría asignado a la empresa Odebrecht a cambio de la transferencia de importantes cantidades de dinero, se encuentran los trabajos de readecuación de la refinería “Miguel Hidalgo”, ubicada en Tula, Hidalgo.  De hecho, Odebrecht fue beneficiada por parte de la paraestatal a cargo de Emilio Lozoya al ganar dicha licitación por un total de mil 364 millones de pesos.

4. La información contenida en el conjunto de expedientes judiciales actualmente tramitados por las autoridades brasileñas que llevan a cabo una serie de investigaciones sobre corrupción, da cuenta de la participación detallada de quien fuera Director General de la mayor paraestatal mexicana y altos funcionarios de dicha empresa. Esta situación es particularmente relevante en la medida en que la información obtenida y publicada forma parte de un programa de beneficio denominado como “colaboración premiada” que permite obtener beneficios judiciales a quien otorgue información que permita continuar con el desarrollo de las investigaciones en Brasil.

5. Esta información también se relaciona con una serie de documentos radicados en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, en los que consta que la empresa Odebrecht y su filial Braskem aceptaron haber pagado a un “alfo funcionario” de una empresa paraestatal mexicana seis millones de dólares, entre diciembre de 2013 y finales de 2014, a través de lo que el conglomerado llamaba División de Operaciones Estructuradas.

6. Esto quiere decir que las imputaciones que recaen sobre Emilio Lozoya Austin no se basan únicamente en conjeturas o suposiciones carentes de valor, sino que forman parte de un conjunto de declaraciones juradas ante autoridades judiciales que adquieren un valor relevante en términos de persecución de delitos asociados con actos de corrupción en las más altas esferas del Poder Ejecutivo Federal Mexicano.

7. Los posibles actos de corrupción en los que habría incurrido Emilio Lozoya Austin no sólo se limitan a la recepción de millones de dólares, sino también al abuso de autoridad y al tráfico de influencias, los cuales fueron ejercidos desde que se desempañaba como Vicecoordinador de Vinculación Internacional del hoy Presidente de México, Enrique Peña Nieto, hasta que desempeñó el cargo de Director General de pemex, posición que utilizó para influir en las determinaciones del Consejo de Administración de dicha paraestatal para que la empresa Odebrecht resultara beneficiada de contratos de obra pública por parte del gobierno federal. 

8. En este sentido, es importante señalar que México es Estado Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual tipifica como actos de corrupción “el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”1.

9. En materia de soborno internacional, la misma Convención señala que “Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.”2

10. Asimismo, dicha Convención establece como obligación a cargo de los Estados que la han suscrito la de adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con dicha Convención cuando el delito se cometa en su territorio, así como la de adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con dicho instrumento internacional cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.3

11. Por ello, y tomando en consideración que las conductas imputadas a Emilio Lozoya Austin pueden incluir la comisión de faltas administrativas, así como de delitos tipificados por la legislación nacional como cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero e, incluso, delincuencia organizada; resulta fundamental que las autoridades mexicanas competentes encargadas de la investigación y persecución de este tipo de conductas emprendan investigaciones serias y diligentes a fin de esclarecer los hechos imputados y determinar las posibles responsabilidades y sanciones a las que el antiguo Director General de pemex podría hacerse acreedor.

12. Vale señalar que en nuestro país se ha configurado la creación y funcionamiento de un Sistema Nacional Anticorrupción integrado por diversos organismos e instituciones nacionales que a la fecha ha visto mermada su participación y funcionamiento en la persecución e investigación de actos de corrupción. En este sentido, el caso Lozoya-Odebrecht marca la pauta para que dicho Sistema Nacional Anticorrupción demuestre su potencial de actuación y ofrezca a la ciudadanía la confianza y certeza que la investigación de este tipo de conductas ilícitas amerita. A través del estudio de este caso, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene en sus manos la posibilidad de legitimarse y demostrar que su creación y puesta en marcha no es una ilusión más; un derroche de recursos económicos, ni un sistema destinado al fracaso.

13. Asimismo, la investigación de las acciones ilícitas cometidas por la empresa Odebrecht también presentan una vertiente de presión internacional. Ello es así en la medida en que otros países como Brasil, Perú y los Estados Unidos de América han logrado emprender investigaciones efectivas que han derivado en el arresto de servidores públicos y directivos de la empresa, algunos que, incluso, se encuentren privados de su libertad y son sujetos de investigaciones por la posible comisión de sobornos.

14. Esto quiere decir que México no puede ni debe quedarse atrás. Las autoridades mexicanas deben cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales y emprender investigaciones serias e imparciales a fin de esclarecer los hechos denunciados y a establecer las sanciones que resulten pertinentes en el marco de las disposiciones legales vigentes. Si lo que se pretende es combatir, prevenir y erradicar la corrupción, la única manera de hacerlo es comenzando con su debida y diligente persecución.

15. Por tal motivo, resulta fundamental que la Secretaría de la Función Pública inicie o continúe las diligencias necesarias a fin de determinar la posible comisión de faltas administrativas durante el tiempo en que Emilio Lozoya ocupó el cargo de Director General de pemex; que la Procuraduría General de la República inicie o continúe las acciones necesarias y solicite a los gobiernos extranjeros que posean información vinculada con este caso, todos los datos que permitan integrar una sólida investigación por actos de corrupción. Asimismo, resulta necesario que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría a todos los contratos celebrados por la paraestatal con la empresa Odebrecht durante el tiempo en que Emilio Lozoya estuvo a cargo de dicho organismo público, y que los órganos que integran al Sistema Nacional Anticorrupción activen los mecanismos que la ley les faculta para llegar al fondo del caso señalado.

16. El caso Odebrecht por su magnitud e impacto en nuestra incipiente vida democrática debe ser conocido y castigado por todas las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción. Esta representación popular debe conocer toda la información al respecto con objeto de tomar las medidas necesarias, en su ámbito de competencia, para evitar que este tipo de hechos se repitan. Al respecto no se puede invocar reserva alguna en virtud de que como lo establece la legislación de la materia en casos de corrupción no puede reservarse la información:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

“Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 112. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.”

Pero pretender la reserva de dicha información es más grave aún porque viola lo establecido en el artículo 6° constitucional, segundo párrafo, que garantiza ese derecho bajo el principio de máxima publicidad. En el caso de Odebrecht estamos frente a un evidente y escandaloso hecho de corrupción.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con base en los artículos 115, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 112, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita a la Procuraduría General de la República enviar a esta Soberanía toda la información que obre en su poder respecto de los presuntos hechos de corrupción en los que se encuentra involucrado Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, con la empresa Odebrecht sujeta a investigación por la Procuraduría General de Brasil.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción a emprender una investigación seria, independiente, efectiva e imparcial en torno a los presuntos actos de corrupción cometidos por el ex director general de Petróleos Mexicanos, con la empresa Odebrecht.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Vidal Llerenas Morales.

1 OEA, Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en la Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas, Venezuela, 29 de marzo de 1996. Instrumento ratificado por México el 27 de mayo de 1997, artículo VI.

2 Ibídem, artículo VII.

3 Ibídem, artículo V.






De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a asegurarse de que se lleven a cabo las medidas necesarias para disminuir el nivel de decibeles producidos por los ferrocarriles que transitan sobre la Avenida Inglaterra, en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de estas Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El ruido es uno de los principales problemas medioambientales y de los que más afecta a las personas. La contaminación sonora y constante exposición al ruido puede provocar una disminución importante en la capacidad auditiva (llegando hasta la sordera), así como problemas neuronales, trastornos psicológicos (paranoia, perversión), insomnio, estrés, agresividad; e incluso transtornos del sueño y daños fisiológicos por la excesiva exposición a la contaminación sónica.

La Organización Mundial de la Salud considera 65 decibeles como el límite superior deseable del ruido. Actualmente los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994 son 68 db de 6:00 horas a 22:00 horas y 65 db de las 22:00 horas a 6:00 de la mañana.1 Según un estudio llevado a cabo por la ONG Inspiraction, alcanzar de 90 a 130 decibelios (db) producirá un daño irreparable. Más de 130 decibeles, además de dolor podría causar la pérdida total de la audición.

Diariamente quienes viven en zonas residenciales afectadas por esta contaminación tienen que vivir con diagnósticos médicos que abarcan un amplio rango: estrés, irritabilidad, hipertensión, dolores de cabeza, taquicardias, fatiga, sordera, aceleración respiratoria y cardiaca, problemas cardiovasculares, problemas del sueño y molestias digestivas; así como la disminución de la capacidad y del apetito sexual, además de contribuir en el incremento del número de accidentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que -de por sí- el 76 por ciento de la población que vive en la zona urbana de una ciudad, sufre de un impacto acústico muy superior al recomendable y esto se refleja en su calidad de vida. Si a eso sumamos el ruido del silbato del tren, vivir tranquilamente se torna imposible.

Debemos considerar que en el artículo 4 de la Constitución Política se declara el derecho de todas las personas a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. También es importante mencionar que en el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se establece que los gobiernos deben exigir que se cumpla con la norma establecida previamente mencionada y que dicta:

“Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes”.

Como si ello no fuera suficiente, el Reglamento para la Protección de Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, publicada en el Diario Oficial de la Federación hace más de 30 años indica en su artículo 27 que: “Los operadores de ferrocarriles restringirán el uso de silbatos, bocinas, campanas, sirenas y demás aditamentos similares dentro de las zonas urbanas, de las veintidós a las seis horas del día, excepto en casos de emergencia, de conformidad con la velocidad máxima permitida y la reglamentación aplicable en el sistema ferroviario nacional.”

Los residentes de la zona que se ve afectada por el paso del ferrocarril en la Avenida Inglaterra, así como del resto de las avenidas por las que transita en Guadalajara, merecen que se proteja su salud tanto como en otras zonas de la ciudad y del país; y es imperante encontrar una solución a esto antes de que se convierta en un problema mayor de salud pública.

Por lo anterior propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a asegurarse de que se lleven a cabo las medidas necesarias para disminuir el nivel de decibeles producidos por los ferrocarriles que transitan sobre la avenida Inglaterra, en Guadalajara, Jalisco.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos.

1 En Europa se marca como límite del ruido en 65 decibelios durante el día y 55 por la noche.





De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a emitir e impulsar un Decreto y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros Internados Ilegalmente en el país. Se turna a la Tercera Comisión.

CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, Diputada Federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A EMITIR E IMPULSAR DECRETO Y PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS INTERNADOS ILEGALMENTE EN EL PAÍS; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde sus comienzos, la industria automotriz junto con el sector de autopartes, ha jugado un papel importante en la economía internacional; a grado tal, que algunos economistas la refieren como la sexta economía de categoría mundial.

Derivado de su importancia y trascendencia, varios países (incluido México) han celebrado tratados internacionales que han permitido y favorecido el desarrollo del comercio y la industria automotriz.

Muestra de ello, fue la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dirigido a atender el mercado interno para la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá; en esta norma de jerarquía superior se establecieron reglas de carácter general para la importación de vehículos usados, cuyo origen fueran los países miembros.

Ante la legalización de la importación definitiva de los autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, se ha causado un revuelo entre agrupaciones relevantes relacionadas con la industria automotriz de México y la administración pública federal, que ha generado diversas modificaciones al marco normativo sobre esta materia, a través de la promulgación de varios decretos que no han hecho más que generar una constante incertidumbre tanto para los inversionistas como para los consumidores.

Desde el 1 de julio de 2011, fecha en que se publica por primera vez el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, y sus decretos posteriores, se estableció la regulación únicamente para aquellos vehículos usados que hubieren sido fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, cuyo año modelo sea de cinco a nueve años anteriores al año en que sea realizada la importación.

De un análisis riguroso y serio podemos concluir, que las circunstancias económicas durante los últimos años no han sido propicias, ya que la frontera norte ha venido perdiendo competitividad, y el poder adquisitivo al igual que el ingreso per cápita ha disminuido; tal como lo dicen las estadísticas publicadas por el INEGI.

Ello, ha propiciado que las personas de escasos recursos, cuyo ingreso no supera los cuatro salarios mínimos, se vean obligados a comprar vehículos en el extranjero con un precio más bajo que en los Estados Fronterizos e introducirlos de forma indebida a nuestro país.

Incluso, a que muchos de ellos acudan a tramitar juicios de amparo, mediante los cuales les permitan circular sin importar el tipo de automóvil ni sus condiciones, sin contar con seguro por daños a terceros, sin cubrir impuestos, sin portar placas de circulación y sin pasar por los centros de verificación y control de emisiones al ambiente.

Además, han nacido una serie de supuestas asociaciones en defensa de los derechos de los usuarios de esos vehículos, que solo engañan a la gente y disminuyen su patrimonio.

Es decir, hoy día transitan por la zona fronteriza, infinidad de vehículos de motor de procedencia ilegal, amparados en las “placas” y “hologramas” que les proporcionan dichas agrupaciones; en pésimas condiciones mecánicas, que emiten emisiones negativas a la atmosfera, que ponen en peligro a todos los ciudadanos y ocasionan problemas de seguridad pública y saneamiento, amén de que no han cubierto los derechos e impuestos correspondientes.

Por otra parte, encontramos gente de escasos recursos, que quieren traer su automóvil debidamente registrado y reuniendo todos los requisitos de ley, pero que no cuentan con dinero suficiente para ello.

En resumen, el decreto actual no protege a los más necesitados, a los grupos vulnerables de la sociedad, que aparte de obtener un ingreso exiguo, tienen que cubrir un transporte caro y pésimo para trasladarse dentro de las ciudades existentes en la frontera norte.

Es de reconocerse, que se carece de políticas públicas que permitan alcanzar un esquema de movilidad urbana realmente sustentable, por lo que, mientras no se desarrollen opciones de transporte público y no motorizado, el control de la oferta de vehículos usados seguirá siendo limitado.

Resulta conveniente hacer notar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 claramente ordena que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En consecuencia, un derecho humano reconocido e inalienable al ser humano lo es, el derecho a la propiedad; por lo que no podemos limitar el derecho de importación definitiva a ese sector de la población.

Así las cosas, lo mínimo que como Estado Mexicano podemos hacer, es facilitar el acceso a bienes muebles que hoy en día se han convertido en sumamente necesarios, como lo es el tener un vehículo automotor.

Por otra parte, el TLCAN que entró en vigor el primero de enero de 1994, prevé en los anexos 300-A, apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro; que a partir del primero de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, no se puede prohibir ni restringir a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, en función del año modelo de antigüedad de los automóviles.

Así las cosas, el TLCAN permite la importación libre de aranceles de vehículos usados entre los países parte del mismo, siempre y cuando se certifique que tales automotores son de “origen regional”.

Por lo tanto, la problemática se circunscribe a la acreditación de tal circunstancia, que conforme al Decreto en comento y posteriores, sólo es posible mediante “certificado de origen”; lo cual se traduce en una traba contraria al propio tratado.

El numeral 501 del capítulo V del Instrumento Legal signado por México no establece ni por error, la hipótesis prevista en el diverso 3 del Decreto en mención y posteriores, por lo que es evidente que al excederse en requisitos, contraviene lo ordenado por el artículo 133 de nuestra Carta Magna y en consecuencia, al TLCAN.

En ese orden de ideas, debe considerarse, que para tener conocimiento respecto de si el bien califica como “originario”, basta, con el número de identificación vehicular, compuesto por diversos dígitos que se encuentran adheridos al vehículo y que son únicos, de los que se desprende el lugar de origen, año de fabricación, marca, modelo, entre otros, y que la autoridad hacendaria (ahora exhortada) siempre ha aceptado como válido y legal; ya que así lo estipula el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21, publicados el 29 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Igualmente, actualmente se le carga un gasto extraordinario a todo aquel que compra un vehículo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que para avalar que se ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental, se exige un certificado que es emitido por la autoridad competente de aquel país, el cual tarda alrededor de quince días; por lo que estas personas se ven obligadas a internarlo en un “estacionamiento”, el cual asciende a un costo mínimo diario de 25.00 dólares. (Veinticinco dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica).

Ante tal situación, deriva inexcusablemente lo siguiente:

UNICO. Es de imperiosa necesidad, el otorgar un marco de seguridad jurídica a los propietarios de autos usados, quienes, en ejercicio de sus derechos previstos en el TLCAN, han optado por adquirir un vehículo de esas características e internarlos ilegalmente al país; por lo que, URGE DECRETO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS ESTADOUNIDENSES O CANADIENSES (REGIONALES) QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS ILEGALMENTE EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS.

Por ello, deben evitarse regulaciones y restricciones arancelarias o no arancelarias respecto de la importación de autos usados, que puedan ser contrarias o impliquen mayores requisitos a los establecidos en el TLCAN, tal y como lo ordena el artículo 59 segundo párrafo de la propia Ley Aduanera (las que actualmente son impuestas por las autoridades exhortadas).

Lo que encuentra sustento en el diverso 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordena:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Actualmente, la lista de precios que resulta imposible de cubrir por parte de las personas que reciben hasta cuatro salarios diarios, y que además es contraria a la Constitución y al TLCAN, se encuentra agregada en el Anexo 2 de la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones”; la cual no nos dice cómo es que se determinó cada uno de los precios.

En corolario, se propone que el decreto de regularización considere los siguientes puntos:

1. Que para la importación libre de aranceles, se certifique el origen del automóvil, mediante el número de identificación vehicular, también conocido como VIN por sus siglas en inglés.

2. Que se consideren únicamente los vehículos que no sean clasificados como “de lujo”, que ya están internados en el país dentro de los seis Estados que hacen frontera con los Estados Unidos de Norteamérica.

3. Que para efecto del pago del impuesto de importación, se tome como base el valor de factura.

4. Que el trámite de la importación del vehículo usado, lo haga directamente el importador sin necesidad de agente o apoderado aduanal.

5. De conformidad con el Anexo 300-A del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo rubro es “Comercio e inversión en el sector automotriz”, los años modelo factibles de importar dentro del programa de regularización, serán aquellos de cinco a quince años con anterioridad al año que se pretende importar (hasta 2002); de vehículos originarios usados, provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica.

6. El cumplimiento de la normatividad ambiental de todas y cada una de las unidades que se pretendan importar, deberá ser acreditado mediante un certificado de origen norteamericano o documento expedido por autoridad competente mexicana o canadiense; en concordancia a lo dispuesto por el artículo 137 bis 5 fracción IV de la Ley Aduanera.

7. Aquellas personas que acrediten obtener un ingreso hasta de cuatro salarios mínimos generales diarios, podrán cubrir el impuesto general de importación, mediante un programa o convenio de pagos de cuatro parcialidades que abarcarán en su totalidad noventa días, contados a partir del momento de la importación.

8. Se firme un Convenio de Colaboración entre la Federación y las seis diversas Entidades Federativas Fronterizas, con la finalidad de que los derechos de tarjeta de circulación y placas, sean cubiertos con un 50% de descuento y en parcialidades, por quienes se apeguen al programa de regularización.

9. Se busque el acercamiento con las diversas compañías de seguros y siniestros, para que implementen una cobertura de fácil acceso y pago en parcialidades.

10. Que dicho decreto, sea temporal y no mayor a 6 meses. Una vez concluido ese periodo, todo aquel carro de motor que se pretenda importar, deberá sujetarse a la normatividad vigente, sin las facilidades que otorgue el decreto.

Señala la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), corroborado por estadísticas elaboradas por INEGI, que existen alrededor de siete millones de vehículos usados provenientes del extranjero internados en México de forma irregular, mismos que en un setenta por ciento han sido introducidos por personas de escasos recursos, los cuales no pueden comprar un auto nuevo ni son sujetos de crédito. Por lo tanto, no se afecta a las armadoras existentes en nuestra nación, con la presente propuesta de decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía, a que emitan Decreto y Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Internados Ilegalmente en el País, en el que se tome en consideración lo siguiente:

1. Que para la importación libre de aranceles, se certifique el origen del automóvil, mediante el número de identificación vehicular, también conocido como VIN por sus siglas en inglés.

2. Que se consideren únicamente los vehículos que no sean clasificados como “de lujo”, que ya están internados en el país dentro de los seis Estados que hacen frontera con los Estados Unidos de Norteamérica.

3. Que para efecto del pago del impuesto de importación, se tome como base el valor de factura.

4. Que el trámite de la importación del vehículo usado, lo haga directamente el importador sin necesidad de agente o apoderado aduanal.

5. De conformidad con el Anexo 300-A del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo rubro es “Comercio e inversión en el sector automotriz”, los años modelo factibles de importar dentro del programa de regularización, serán aquellos de cinco a quince años con anterioridad al año que se pretende importar (hasta 2002); de vehículos originarios usados, provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica.

6. El cumplimiento de la normatividad ambiental de todas y cada una de las unidades que se pretendan importar, deberá ser acreditado mediante un certificado de origen norteamericano o documento expedido por autoridad competente mexicana o canadiense; en concordancia a lo dispuesto por el artículo 137 bis 5 fracción IV de la Ley Aduanera.

7. Aquellas personas que acrediten obtener un ingreso hasta de cuatro salarios mínimos generales diarios, podrán cubrir el impuesto general de importación, mediante un programa o convenio de pagos de cuatro parcialidades que abarcarán en su totalidad noventa días, contados a partir del momento de la importación.

8. Se firme un Convenio de Colaboración entre la Federación y las seis diversas Entidades Federativas Fronterizas, con la finalidad de que los derechos de tarjeta de circulación y placas, sean cubiertos con un 50% de descuento y en parcialidades, por quienes se apeguen al programa de regularización.

9. Se busque el acercamiento con las diversas compañías de seguros y siniestros, para que implementen una cobertura de fácil acceso y pago en parcialidades.

10. Que dicho decreto, sea temporal y no mayor a 6 meses. Una vez concluido ese periodo, todo aquel carro de motor que se pretenda importar, deberá sujetarse a la normatividad vigente, sin las facilidades que otorgue el decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación en relación al origen de los recursos destinados por el Partido Morena en la promoción de sus candidatos a puestos de elección popular en la Ciudad de México y en actividades partidistas, toda vez que hay la presunción que diversos servidores públicos, como el delegado de Tláhuac, tienen vínculos con el crimen organizado. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el partido MORENA ha iniciado sus procesos para la selección de candidatos y organización electoral para los próximos comicios en la Ciudad de México. Por ello, algunos integrantes de dicho instituto político, se han registrado en el comité estatal, para ser contemplados en la elección de coordinadores organizativos y en las listas de candidatas y candidatos de elección popular.1 

El pasado 12 de agosto, el Comité Estatal determinó que será a través de una encuesta, el mecanismo de selección para el candidato que los representará en las elecciones de la capital del país, para ello, se estableció una terna conformada por Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Durante esa sesión, también quedaron definidas las ternas de precandidaturas para las alcaldías.2 Para posicionarse como los candidatos idóneos, las y los aspirantes ya están realizando reuniones vecinales y acercamientos de diferentes tipos con la ciudadanía y seguramente conforme se acerque la fecha de elección interna, el desarrollo de estas actividades se incrementarán con el objeto de tener el mayor apoyo partidista y ciudadano.

Para el desarrollo de estas actividades, se estarán utilizando recursos económicos que deben ser investigados para constatar su origen lícito, ya que no hay que perder de vista las múltiples denuncias públicas de posibles vínculos de integrantes del Partido MORENA con el crimen organizado, ejemplo de esta situación, es el delegado de Tláhuac al que se le ha vinculado con Felipe de Jesús Pérez Luna. Diversos medios, documentaron como el jefe operativo y líder criminal, presumiblemente tenía a su servicio a autoridades de la delegación y elementos policiacos de la Ciudad de México para poder llevar a cabo actividades ilícitas en diferentes lugares como Tláhuac, Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Chalco.

También se ha dado cuenta de quejas ciudadanas y vecinales de la demarcación en relación a la construcción del restaurante que lleva por nombre “Carreta del Pacífico” ubicado en avenida Tláhuac y Salvador Díaz Mirón, y que presuntamente es propiedad de Rigoberto Salgado, en el que se están utilizando recursos humanos y materiales de la delegación.3

Incluso, organizaciones vecinales aseguran que el Jefe Delegacional suspendió el suministro de agua durante por varios días, debido a las obras para colocar la tubería que abastecerá su restaurante, ya que a lado se encuentra la planta de bombeo Quetzalcóatl.

No es la primera ocasión en la que el delegado de Tláhuac se le vincula con posibles ilícitos como desvío de recursos públicos, producto de sus nulos controles en la fiscalización, evaluación y control de la gestión pública. Además también se ha manifestado el otorgamiento de apoyos económicos a la dirigencia de MORENA, ya que según testigos, entregaba fuertes cantidades de dinero a la delegación de MORENA en el estado de Durango, esto sucedió cuando su hermano Rosendo Salgado Vázquez, era el titular hasta que fue destituido por denuncias de acoso sexual.

Bajo esta contexto de irregularidades, es determinante que la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Electoral, realicen una investigación en relación al origen de los recursos destinados por el partido MORENA en la promoción de sus candidatos a puestos de elección popular en la Ciudad de México y en actividades partidistas, toda vez que hay la presunción que diversos servidores públicos como el delegado de Tláhuac tiene vínculos con el crimen organizado. En el PRI, estamos convencidos que el acceso a la información gubernamental, el uso eficiente de los recursos públicos y la sanción oportuna a cualquier ilícito como el financiamiento político por el crimen organizado, deben ser pilares elementales de regímenes democráticos como el nuestro.

Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no puede ser omisa ni indiferente a las denuncias y posibles evidencias del involucramiento con el crimen organizado y autoridades de la capital del país, específicamente en la delegación de Tláhuac. Debemos manifestarnos en contra de estas anomalías e instrumentar las acciones de prevención necesarias con el objetivo de que estas organizaciones criminales no generen redes de colaboración y corrupción con servidores públicos en el partido MORENA.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus respetivas atribuciones, realicen una investigación en relación al origen de los recursos destinados por el partido MORENA en la promoción de sus candidatos a puestos de elección popular en la Ciudad de México y en actividades partidistas, toda vez que hay la presunción que diversos servidores públicos como el delegado de Tláhuac tiene vínculos con el crimen organizado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente.

1 Nazario Norberto. (2017). En CDMX, inicia registro de precandidatos de Morena. 15/08/2017, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/08/3/en-cdmx
-inicia-registro-de-precandidatos-de-morena

2 Paulina Silva. (2017). Moreno eligió a 3 para candidatura de Jefatura de Gobierno. 15/08/2017, de El Excélsior Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/13/1181320

3 Ana Espinosa Rosete. (2017). La delegación Tláhuac renta a sus trabajadores para obras. 15/08/2017, de La Crónica Sitio web: http://www.cronica.com.mx/notas/2016/972773.html






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, a tomar las acciones pertinentes para la colocación de botes de basura, de acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, en particular en las calles altamente concurridas. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES TOME ACCIONES PERTINENTES PARA LA COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA DE ACUERDO CON LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-024-AMBT-2013, EN PARTICULAR EN LAS CALLES ALTAMENTE CONCURRIDAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la década de los setenta e el gobierno mexicano hizo suya la tendencia global de implementar sistemas de recolección y limpia de basura. El ex presidente Luis Echeverría señaló en diversas ocasiones la importancia del cuidado del medio ambiente en el desarrollo del país: “El problema de la contaminación no sólo se expresa en los grandes conjuntos, sino que se extiende al medio rural, a poblados, ríos, lagos y mares. Es el Valle de México el que reviste las características más alarmantes”1.

En tal contexto nace en 1971 la primera legislación ambiental mexicana: la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación2. Un año más tarde se crea la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, la cual dependía de la Secretaría de Salud. Esta Subsecretaría estaba a cargo  de los problemas de contaminación urbana. De este modo, la jefatura del entonces Departamento del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), lanza  por vez primera se una campaña “pon la basura en su lugar”, la cual consistió en la colocación de botes de basura en parques, jardines, explanadas, andenes del metro y zonas públicas en general altamente concurridos3.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. Dicha norma tiene como objeto establecer los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México.

La Ciudad de México se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional, después del Estado de México, en la generación de basura. Diariamente en la ciudad se generan 12,843 toneladas de residuos, lo que equivale a 1.5 kg por persona al día4. El 30% de los residuos corresponden a envolturas, envases y empaques, botellas, bolsas, cajas, papel y cartón. Todos estos materiales tienen el potencial de ser reciclados; sin embargo, generalmente se desechan mezclándolos con el resto de los residuos convirtiéndose así en basura.

La escala del problema y su complejo manejo hacen de la correcta disposición de los residuos para su reutilización y reciclaje uno de los principales problemas de la CDMX. Es importante mencionar que parte de las acciones que el gobierno de la  Ciudad de México está haciendo son la entrega de 159 camiones recolectores de basura nuevos, que optimizarán el servicio en las 16 delegaciones políticas; 36 cajas de transferencia que agilizarán el traslado de residuos sólidos, así como 11 barredoras y un equipo de hidrolavado, que facilitarán la labor de los trabajadores de limpia5.

Sin embargo no se cuenta con acciones específicas que mencionen botes de basura en las calles. Hoy resulta muy difícil encontrarlos y los que hay usualmente están repletos y no cuentan con la separación de residuos. Por ello, es necesario  exhortar a las autoridades a que, de conformidad con  la Norma Ambiental Para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, se tomen acciones pertinentes para la colocación de botes de basura en las calles altamente concurridas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión permanente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades tomen acciones pertinentes para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental Para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, en particular en las calles altamente concurridas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Cámara de Diputados. Informes Presidenciales. Luis Echeverría. Página 16.
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf. Consultado en línea el 7 de agosto de 2017.

2 Diario Oficial de la Federación. Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación. 1971.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4912145&fecha=02/01/1976. Consultado en línea el 7 de agosto de 2017.

3 Cámara de Diputados. Informes Presidenciales. Luis Echeverría. Página 87.
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf. Consultado en línea el 7 de agosto de 2017.

4 SEDEMA. Inventario de Residuos Sólidos CDMX-2015 (2015:11).
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/index.html.   Consultado en línea.

5 CDMX. Continúa CDMX con acciones que apoyan al medio ambiente.
http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/continua-cdmx-con-acciones-que
-apoyan-al-medio-ambiente-entrega-nuevo-equipo-de-recoleccion-de-residuos-solidos. Consultado en línea el 7 de agosto de 2017.






De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en torno a los presumibles actos de corrupción de los funcionarios públicos de Pemex con la empresa multinacional Odebrecht. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Diputados FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, FELIPE REYES ÁLVAREZ Y OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, del grupo parlamentario del PRD integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en cumplimiento del nuevo marco del espíritu, los objetivos, y alcances de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, y siendo sensible al clamor generalizado y unánime de la sociedad al Estado mexicano para combatir el flagelo de la impunidad y la corrupción. Particularmente en el caso de presumible corrupción por parte de funcionarios de la administración pública del Estado mexicano, en contubernio con la multinacional brasileña, Odebrecht.

Y con el objeto de acotar las brechas y resquicios, que socavan la transparencia y la rendición de cuentas del ejercicio de la gestión y administración, por parte de los servidores públicos, al mismo tiempo de coadyuvar a afianzar y robustecer las capacidades institucionales de las dependencias que conforman el nuevo paradigma del combate a la corrupción, se presenta el punto de acuerdo en comento, al tenor de los siguientes:

HECHOS:

1. De las revelaciones, del diario brasileño, O GLOBO, divulgadas en su edición del domingo 13 de julio, se desprende que, Emilio Lozoya Austin, Ex director de Pemex, habría recibido cuando menos 15 millones de dólares directo a las cuentas personales en el extranjero.

2. Documentos aportados y declaraciones (juramentadas ante los Tribunales Brasileños), por tres altos exejecutivos de la empresa Odebrecht – entre ellos la de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México-, aseguraron que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió sobornos en su calidad de testigo a la Fiscalía de Brasil.

3. Señalan la entrega de 10 millones de dólares del gigante de la construcción para que, Lozoya, les facilitara obra pública en México. A esta entrega, se suman a otros cinco millones que documentaron los brasileños, también  transferidos en el periodo 2012-2015, convenciendo al Consejo de Administración de la paraestatal, en la adjudicación del  proyecto de la Refinería de Tula, entre otros, a la multinacional brasileña.

4. Lo anterior, es congruente con la información divulgada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, sobre presuntos sobornos que realizó la multinacional en más de una docena de países, durante el periodo 2012-2015, con la variante del  acuerdo externo a las instancias jurisdiccionales (tribunales), a cambio de contribuir con información a la investigación y pagar una multa superior a los tres mil millones de dólares, y con ello, aminorar la sanciones penales y pecuniarias a los ex funcionarios de este conglomerado.

5. La Procuraduría General de la República (PGR) habría recibido desde febrero, en manos del su titular, Raúl Cervantes, la carpeta de información, y más de seis meses después, cuando ya fueron señalados y enjuiciados altos funcionarios, e incluso ex presidentes latinoamericanos, en México, se sigue encubriendo y protegiendo a Emilio Lozoya Austin.

Por lo anteriormente expuesto, es que resulta urgente la solicitud a la Procuraduría General de la República, para que abra una carpeta de investigación sobre las presumibles acciones ilícitas de los funcionarios públicos de PEMEX con el consorcio Odebrecht, ya que de confirmarse esta presunción, de inmediato habría que tomar medidas cautelares para asegurar el resarcimiento del daño o perjuicio al erario público, por concepto de delitos tan graves como lo pueden ser la defraudación fiscal y el lavado de dinero.

En razón de que existen diversos puntos de acuerdo sobre el tema, corresponde el turno a solicitar a los titulares responsables del seguimiento del asunto en cuestión a una reunión de trabajo con esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a abrir de manera inmediata una carpeta de investigación en torno a los presumibles actos de corrupción de los funcionarios públicos de PEMEX con la empresa multinacional Odebrecht.

Segundo. La Comisión Permanente solicita una reunión de trabajo, a los titulares de la Procuraduría General de la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade, la Auditoría Superior de la Federación, Contador Público, Juan Manuel Portal, de la Secretaría de la Función Pública, Mtra. Areli Gómez González, y al Director General de PEMEX, Dr. José Antonio González Anaya, con los integrantes de esta soberanía, a fin de esclarecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, el estado que guarda el deslinde de las responsabilidades u omisiones administrativas de funcionarios públicos de PEMEX involucrados en los presumibles actos de corrupción con la empresa multinacional Odebrecht.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Jesús Zambrano Grijalva.- Dip. Felipe Reyes Álvarez.- Dip. Omar Ortega Álvarez.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un informe sobre el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda pública del estado de Nayarit. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a constatar el pago que debió haber realizado la empresa D.S Servicios Petroleros S.A de C.V a favor de los comuneros ejidatarios asentados en el corredor Ébano-Pánuco-Cacalilao del activo integral Poza Rica-Altamira. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto del Deporte de Guerrero, así como a las direcciones municipales del deporte o sus homólogas en los 81 municipios del estado de Guerrero, a generar esquemas y formatos de competencia que permitan el desarrollo y la integridad de los deportistas. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Asamblea, proposición con punto de Acuerdo, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un Estado convulsionado por la violencia como Guerrero, urge implementar medidas encaminadas a recobrar la paz1. De acuerdo con los estándares internacionales, Naciones Unidas2, ha señalado que dentro del cumulo de actividades que los Estados deben ejercer para el mantenimiento de la paz en su territorio, se pueden mencionar las siguientes3:

• Prevención de conflictos y mediación

• Establecimiento de la paz

• Imposición de la paz

• Consolidación de la paz

Sobre este tópico, Naciones Unidas destaca que la prevención de conflictos y el establecimiento, la consolidación y la imposición de la paz rara vez se dan de forma lineal o secuencial, acorde con las experiencias obtenidas por dicho organismo internacional, estas actividades deben percibirse y ejecutarse como procesos que se refuerzan mutuamente.

Bajo esta lógica, podemos concluir que los esfuerzos que se produzcan desde el Estado para el mantenimiento de la paz, se deben de aplicar de manera sistemática, esto ha de permitir generar el enfoque exhaustivo requerido para abordar las causas profundas que generan la violencia y, en consecuencia, reducir el riesgo de la misma.

Es por ello, que en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos hemos abocado a construir instrumentos normativos que, bajo un enfoque transversal, buscan atender los conflictos más profusos que han desencadenado la grave crisis de seguridad que hoy flagela al estado de Guerrero.

En ese sentido, la ONU ha reconocido en el deporte un elemento importante para contribuir a los objetivos de desarrollo y paz, debido a su gran alcance, popularidad internacional y los valores positivos sobre los que se funda, llegando incluso a considerarlo como parte importante de la Agenda 2030 para el Desarrollo sustentable, señalando al efecto que:

“El deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible. Reconocemos la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuánto a su promoción de la tolerancia y el respeto y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social”4.

La trascendencia que ha alcanzado el deporte a nivel internacional, ha llevado a que la Asamblea General de la ONU haya declarado el 6 de abril el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de concientizar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social.

Sin embargo, en Guerrero no se ha dado la importancia que se merece al deporte; tal y como puede advertirse de los resultados obtenidos en la pasada Olimpiada Nacional 2017, donde Guerrero se ubicó en el último lugar en el medallero5

Los resultados alcanzados por la delegación guerrerense en la pasada Olimpiada Nacional, deja al descubierto las deficiencias en las políticas públicas empleadas por el Instituto del Deporte de Guerrero y sus homólogos en los municipios que integran el Estado.

Desde el 2015, fueron advertidas las profusas carencias que enfrentan los deportistas en el Estado, donde, entre otras cosas, se denunciaron unidades deportivas abandonadas y el alejamiento directivo de los entrenadores6; más recientemente, han sido reprochadas la falta de compromiso de las direcciones de deporte en los municipios7, en donde en algunos casos el apoyo a los deportistas es nulo y, en otros, como en el de Acapulco, el material que se les proporciona es inadecuado para sus prácticas (la delegación municipal de artes marciales hicieron pública su indignación por la entrega de uniformes que no correspondían a la talla de los deportistas, siendo en la mayoría de los casos extremadamente grandes, comparados con su complexión8).

Con base en lo hasta ahora expuesto y tomando en consideración la importancia que reviste al deporte como un elemento necesario para el desarrollo social y, como parte de la urgente pacificación que se requiere en el Estado de Guerrero, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG); así como a las Direcciones Municipales del Deporte o sus homólogas en los 81 municipios del Estado de Guerrero, para que, en el ámbito de sus competencias, generen esquemas y formatos de competencia que permitan el desarrollo y la integridad de los deportistas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 En general, se define la idea de paz por oposición a la guerra, por un concepto negativo, por la ausencia de violencia.

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU)

3 Naciones Unidas. Operaciones de mantenimiento de la paz. Paz y seguridad. Consultable en:
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peace.shtml

4 ONU. Asamblea General. Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Consultable en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1

5 CONADE. Olimpiada Nacional 2017. Concentrado General de Medallas. Consultable en:
http://historico.conade.gob.mx/eventos/on2017/MedalleroXGenero.aspx?IDEvento=59

6 Héctor Briseño. La Jornada Guerrero. Halla “problema complejo” en el Indeg el nuevo responsable del deporte en el estado. 24 de enero de 2016. Consultable en:
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/01/24/index.php?section=sociedad&article=007n1soc

7 O sus homologas.

8 Redacción. Radio Formula. En Guerrero, alcaldía da uniformes de adultos a niños deportistas. 18 de junio de 2017. Consultable en: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=692502&idFC=2017






De las Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar una supervisión integral y exhaustiva a todos los albergues del estado, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado, al Sistema DIF y la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a investigar de manera exhaustiva e implementar medidas de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes internados en el Albergue Ciudad de los Niños del estado de Guanajuato. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ampliar las carpetas de investigación en torno a la presunta complicidad de Karime Macías Tubillas con el ex gobernador Javier Duarte en la comisión de diversos delitos, así mismo para que sean integrados a dichas carpetas los elementos probatorios aportados por el gobernador de Veracruz, con la finalidad de impedir que se sustraiga de la acción de la justicia, recuperar los bienes y recursos desviados, así como evitar cualquier sospecha de un probable pacto entre el gobierno federal y Javier Duarte. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración  del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AMPLÍE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA PRESUNTA COMPLICIDAD DE KARIME MACÍAS TUBILLAS CON EL EX GOBERNADOR JAVIER DUARTE EN LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS, ASÍ MISMO PARA QUE SEAN INTEGRADOS A DICHAS CARPETAS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS POR EL GOBERNADOR DE VERACRUZ, MIGUEL ÁNGEL YUNES, CON LA FINALIDAD DE IMPEDIR QUE SE SUSTRAIGA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, RECUPERAR LOS BIENES Y RECURSOS DESVIADOS, ASÍ COMO EVITAR CUALQUIER SOSPECHA DE UN PROBABLE PACTO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y JAVIER DUARTE ; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El señor Javier Duarte Ochoa fue electo como Gobernador del Estado de Veracruz en el año 2010 cargo que finalizó en noviembre del año 2016. Su gubernatura se vio envuelta de una serie de irregularidades que han llevado al Estado de Veracruz a una posición crítica en materia de inseguridad y corrupción.

De forma oficial, Javier Duarte, envió una solicitud de licencia a partir del día 12 de octubre del año 2016, justamente a 48 días de concluir su administración. En esa ocasión, Senadores del PAN solicitamos a la “Procuraduría General de la República a que emitiese las medidas cautelares necesarias en contra del gobernador Javier Duarte para que una vez que concluya su mandato, se evitara se sustrajera de la acción de la justicia”. Sin que ello ocurriera.

Por lo que respecta a la esposa de Javier Duarte Ochoa, Karime Macías, se encontraba en Guatemala junto al exgobernador de Veracruz, pero ella no fue detenida ya que a decir de la PGR, no existía petición de detención en su contra. Conforme a notas periodísticas el 10 de marzo de 2017, se conoció que la Procuraduría General República afirmaba que la C. KARIME MACÌAS TUBILLA (esposa de Javier Duarte Ochoa) estaba relacionada con los probables delitos federales de lavado de dinero y delincuencia organizada. Asimismo, se señaló que estaba relacionada con la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016, (iniciada a fines de 2016 por el Ministerio Público Federal) en donde se manifestaba que la expresidenta del DIF estatal de Veracruz, estaba relacionada con contratos cedidos a empresas fantasma con las que Javier Duarte desvió recursos públicos.

Por su parte, la nota periodística del “Diario Reforma” de fecha de 17 de abril de 2017 señala que Karime Macías, sus papás, su hermana y su cuñado son indagados dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016. Se les atribuye haber adquirido con dinero del erario de Veracruz al menos 4 residencias en Houston; 3 lujosos departamentos en Torre Pelí- cano, en Boca del Río, y oficinas ejecutivas en Polanco. En marzo, REFORMA reveló una investigación del SAT que reportaba que desde el primer año en el Gobierno de Veracruz, en 2011, la esposa del entonces Mandatario gastó con una tarjeta de crédito 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles.

En febrero del presente año, el Gobernador Miguel Ángel Yunes reportó que en el cateo de una bodega en Xalapa hallaron documentos y objetos de Duarte y su familia; entre ellos, el diario personal de la señora Karime Macías en el que se detallaban negocios ilícitos.

El 24 de febrero de 2017, el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz dio a conocer en una entrevista exclusiva para el medio de comunicación “El Noreste”, que ya existía un proceso de investigación en contra de la ex primera dama de Veracruz Karime Macías Tubilla.

Conforme a datos del periódico “El Financiero” de fecha 16 de abril de 2017, informó que del vuelo en con itinerario de la ciudad de Toluca, Estado de México- Guatemala, en el que viajaban José Armando Rodríguez Ayache, concuño de Duarte; María Virginia Tubilla de Macías, y Mónica Ghihan Macías, madre y hermana de Karime Macías; y dos personas más, así como familiares, la aeronave pertenece a la compañía de vuelos privados Redwings y la aeronave era tipo H25B, con capacidad para 8 pasajeros.

Cabe mencionar que la empresa “REDWINGS” la cual rentó el avión, en su sitio web no tiene como destino ningún aeropuerto de Guatemala, sino únicamente a Estados Unidos, Argentina, Brasil, Europa, Asia y algunas ciudades de Australia. Es pertinente mencionar que, durante la administración del exgobernador Javier Duarte, Karime Macías, construyó una red de vínculos que le permitió tener acceso a recursos públicos y, no sólo a ella sino también a sus familiares. Incluso, de acuerdo con notas periodísticas, cuando Karime Macías fue presidenta del Patronato del Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, se presume desvió 41 millones de pesos.

Conforme a datos periodísticos, Karime Macías tenía en nómina a varios de sus familiares: su primo Jorge Fernando Ramírez Tubilla, quien fungió como Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y más tarde fue Subsecretario de Ingresos. Su prima, Brenda Tubilla, fue productora de diversos eventos ocupando el cargo de Directora de Programas Especiales y quien tuvo acceso libre a recursos públicos, se advierte que fue sin ningún tipo de vigilancia, entre otros.

En relación a la personalidad de Karime Macías, de acuerdo a información proporcionada por el diario “EL Universal”, Karime Macías, parecía una mujer “tolerante, sensible y comprensiva que siempre se emocionaba profundamente cuando recibía libros de regalo”, asimismo, se menciona que provenía de una familia económicamente bien posicionada  con educación de rigor, lo cual reflejaba en su forma de vestir, con una fuerte disciplina en la alimentación y con pasatiempos como montar a caballo.

En los primeros años de la gubernatura de Javier Duarte, se dice que era habitual verla caminando sola por plazas comerciales o con sus hijos, pero conforme avanzaba el gobierno de Duarte, tenía transformaciones de carácter; incluso presidia reuniones de gabinete y se mostraba con gran interés en asuntos de gobierno, por lo que después del cuarto año, tomó el control de la comunicación social. Quienes llegaron a tratar con ella en los últimos meses de la gestión de Javier Duarte aseguran que se volvió una persona intolerante.

Un año antes de que concluyera la administración de su esposo, perdió interés en las actividades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pues lo consideraba una carga que le quitaba tiempo para la atención de sus hijos”.

Por otra parte, se conoció de una relación extramarital de Javier Duarte con Xochitl Tress, quien inició su relación laboral en el gobierno de Veracruz en marzo del año 2014, cuando fue presentada como la nueva Secretaria del Consejo Técnico de Espacios Educativos, lo que dio como resultado una serie de críticas por su falta de experiencia y la especulación de una posible relación con Duarte. En dicho cargo duró solamente nueve meses, se presume fue removida por orden de Karime Macías.

De acuerdo a información de “El Financiero”, la Procuraduría General de la República ya investiga a Karime Macías, por el delito de lavado de dinero, asimismo, Jorge Winkler Ortiz, Fiscal General de Veracruz, menciona que desde la fiscalía estatal, no se le pueden imputar los delitos de enriquecimiento ilícito, como es el caso de otros funcionarios, ya que el cargo de ella, “Presidenta del Patronato del DIF estatal” sólo era un cargo honorario, por lo que en el caso de que sus finanzas hayan aumentado de forma injustificada, es competencia federal.

Aunado a lo anterior, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aportó pruebas contra Karime Macías, contando con testimonios, documentos y diarios que prueban que era parte de la red de colaboradores de Javier Duarte, entre ellos se encuentran al menos ocho familiares de ella. El gobernado declaró que “Karime Macías participó desde la etapa en que Duarte era subsecretario de Finanzas para defraudar a Veracruz para saquear las arcas públicas”. También dijo que entregó pruebas de que Karime Macías compró una casa de medio millón de dólares en Tucson, Arizona y que no fue una donación del padre de ella.

Actualmente, se sabe que Karime Macías y los hijos que procreó con Javier Duarte radican en Londres, donde aparentemente gozan de una vida muy cómoda y estable, es por ello que es importe que las autoridades correspondientes continúen con las investigaciones para conocer el origen específico de los recursos que empleó ella para adquirir los ostentosos bienes que se le adjudican, y sobre la vida tan lujosa que llevó cuando fue la primera dama del gobierno del estado de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, un gobierno lleno de corrupción, impunidad y plagado de casos de  malversación de recursos, sobre todo, resulta importante despejar la duda de saber si hay un acuerdo entre el gobierno federal con Javier Duarte para que su esposa sea inmune a toda acción de la justicia. Además es fundamental atender el reclamo público para que cada peso desviado por la familia Duarte-Macías sea devuelto al erario público.

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, menciona que corresponde al Ministerio Público de la Federación: investigar y perseguir los delitos del orden federal, así como “…ordenar la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia…”
Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente el titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República amplíe las carpetas de investigación en torno a la presunta complicidad de Karime Macías Tubillas con el ex Gobernador Javier Duarte en la comisión de diversos delitos, así mismo para que sean integrados a dichas carpetas los elementos probatorios aportados por el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, con la finalidad de impedir que se sustraiga de la acción de la justicia, recuperar los bienes y recursos desviados, así como evitar cualquier sospecha de un probable pacto entre el Gobierno Federal y Javier Duarte.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Senadora Dolores Padierna Luna y del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a los hechos de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrecht, así como la posible relación con Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA y Senador FERNANDO MAYANS CANABAL, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LOS QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADA LA EMPRESA ODEBRECHT, ASÍ COMO LA POSIBLE RELACIÓN CON EMILIO LOZOYA AUSTIN, EX DIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuevamente se han dado a conocer supuestos actos de corrupción en los que habría participado Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX durante la presente administración. Si anteriormente fue vinculado a abuso del poder público para favorecer a la compañía española OHL, ahora su nombre aparece ligado a la empresa brasileña Odebrecht, objeto de una multitud de investigaciones criminales por parte de las fiscalías de distintos países latinoamericanos.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicó públicamente la investigación sobre actos de corrupción de Odebrecht en doce países latinoamericanos, entre los que se encuentra México. En total, se informó que la empresa brasileña pagó 788 millones de dólares en sobornos, de los que 10.5 millones correspondieron a autoridades en nuestro país.1

Al respecto, un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Lozoya es el supuesto receptor de alrededor de 10 millones de dólares entre 2012 y 2014. La acusación se sustenta en los testimonios obtenidos de tres cooperantes con la fiscalía brasileña, entre los que destaca el del ex director de Odebrecht en México, el Sr. Luis Alberto Meneses Weyll.2

Weyll detalló su relación con Lozoya, que data del año 2012, cuando éste era Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto. En sus declaraciones indica que, en un primer momento, se realizó una transferencia por 4 millones de dólares a “Latin American Asia Capital Holding”, empresa en las Islas Vírgenes ligada a Lozoya. Esto, por haber apoyado la implantación de Odebrecht en Veracruz, donde obtuvo contratos con la administración del ahora enjuiciado exgobernador Javier Duarte y por la influencia que podría tener en el próximo gobierno de Peña Nieto.

De acuerdo con la información difundida, el pago fue realizado desde una empresa fantasma llamada Innovation Research Engineering and Development Ltd. y que está vinculada con la compleja red de corrupción de Odebrecht en toda América Latina.3 El mismo se realizó desde el inicio de la campaña presidencial de 2012 y hasta el final de la misma, en junio del mismo año. No obstante, a semanas de que iniciara el gobierno de Peña, se realizaron nuevos pagos, pero a una segunda empresa llamada Zecapan, S.A.

Posteriormente, Lozoya habría recibido 6 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, ya cuando fungía como director de PEMEX. Esto sería como pago por favorecer a la empresa brasileña en la licitación de las obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula Hidalgo. No debe pasar por alto que este contrato fue rescindido hace apenas unas semanas por “probables irregularidades administrativas”.4

Lozoya, a través de su abogado y de un comunicado personal, ha descalificado las acusaciones, objetando que las declaraciones de los testigos son falsas, y descalificando la metodología por medio de las cuales se obtuvieron. Pero estos señalamientos resultan totalmente insuficientes, pues la información proporcionada por los testigos es muy detallada y se sustenta en documentos que la acreditan como verídica. Además, no son producto de los medios de comunicación que la exponen, sino de investigaciones realizadas por las fiscalías de Estados Unidos y Brasil, cuyos procesos de obtención de pruebas se apega a los estándares aceptados internacionalmente.

Además, no se puede pasar por alto que Lozoya fue un directivo de alto nivel en otra empresa envuelta en escándalos de corrupción, que es la española OHL. Su nombre fue mencionado en una grabación, que data de 2015, donde José Andrés de Oteyza, ex presidente de OHL en México, señala gratitud para el ahora exdirector de PEMEX por su asistencia ilegal para la obtención de contratos públicos.5

Oteyza renunció a su cargo en OHL a causa de los escándalos en los que estaba envuelta la filial mexicana de dicha empresa, pero, ni Lozoya, ni Ruiz Esparza o Peña Nieto (también aludidos en la grabación) fueron objeto de alguna investigación seria por parte de las autoridades mexicanas.

Por este y otros casos, se observa la realización sistemática de actos de corrupción por parte de los miembros del gabinete de Peña Nieto. Además, esto desnuda la inoperancia de la PGR en casos donde la comisión de crímenes es manifiesta. Mientras que la rectitud de un funcionario depende de él mismo, la PGR es una institución de procuración de justicia, facultada para investigar actos de corrupción, por lo que su consistente incapacidad investigativa debe encender las alarmas, y cuestionarnos de su independencia.

El señalamiento anterior es producto del sistema de pesos y contrapesos democrático, donde el Legislativo vigila lo que el Ejecutivo hace. Así, lo que se busca es poner el foco en un tema que debe ser aclarado por las implicancias que tiene sobre el bienestar de las y los mexicanos. Y es que basta recordar el trato que la PGR ha dispensado al abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, al que elementos de la Procuraduría plantaron un arma de fuego y posteriormente detuvieron de manera ilegal, en una flagrante violación de a los Derechos Humanos. Paulo Díez conducía una denuncia en contra de Peña Nieto, Ruíz Esparza y Eruviel Ávila por actos de corrupción y fue objeto de ataques por parte de las procuradurías federal y del Estado de México.6

La corrupción es uno problemas más acuciantes para la sociedad en mexicana7, y las acusaciones vertidas sobre Lozoya lo colocan como uno de los actores más importantes de los casos más graves que han salido a la luz. Si México aspira a convertirse en un Estado plenamente democrático, las autoridades deben ser capaces de hacer valer la ley, demostrando la culpabilidad o no de los acusados en tramas de corrupción, y castigando a quienes resulten culpables, respetando en todo momento los derechos a los que es objeto.

Si la PGR actúa nuevamente con tibieza, será un duro golpe a la credibilidad de una institución. La inacción puede entenderse como complicidad, y la complicidad sería la manifestación de que en este país la justicia tiene dueño, y no pertenece a un pueblo soberano sino a quienes son capaces de comprarla.

Por otro lado, la administración de Peña Nieto debería pronunciarse al respecto, y hacer una investigación a fondo de todo lazo ilegal que pudiese existir entre Odebrecht y los colaboradores y excolaboradores del Presidente. El beneficio de la duda que se puede tener en su gobierno se agota cuando no existe la disposición a atender seriamente estas gravísimas acusaciones.

La prevalencia de la impunidad nos condena a habitar un país injusto, donde la falta de certeza jurídica alimenta la desconfianza que los mexicanos tienen en sus pares y en el régimen político en su conjunto. Y no solo es esto algo que atenta contra los valores de los preceptos democráticos, sino que afectan directamente el bienestar de quienes vivimos en México, limita el potencial de desarrollo del país.

Las consideraciones anteriores hacen al caso de interés público, y fundan la pertinencia de que el Poder Legislativo ejerza su función de vigilancia sobre la cosa pública. De la PGR es necesario obtener información respecto al camino que la investigación sobre Odebrecht ha tomado, el ritmo de la misma y si involucra a uno o más servidores públicos.

No debe pasar inadvertido que el tema de la corrupción de esta empresa ha sido materia ya de pronunciamiento de esta Comisión Permanente, solicitando a la Función Pública, a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre las investigaciones relacionadas con esta empresa. Al respecto, la primera informó que está en proceso de investigación “1 expediente en la Unidad de Responsabilidades en Pemex”.8 En tanto, la PGR señaló que “actualmente el Ministerio Público de la Federación integra una carpeta de investigación con apego irrestricto al debido proceso”9 y se han recibido declaraciones de 20 servidores públicos, 6 funcionarios de la empresa brasileña a través de mecanismos de cooperación internacional y se tiene citado a Lozoya para su comparecencia el próximo 17 de agosto.

Sin embargo, la investigación por parte de la Procuraduría está comprometido desde el momento en que su actual titular fue asesor legal de la campaña de Enrique Peña Nieto y, por lo tanto, pudo tener conocimiento de los hechos imputados. Por esta razón, es necesario que se garantice una adecuada acción de la PGR y se logre imponer las sanciones penales y administrativas a que haya lugar de forma clara. No es posible que nuestro país siga retrasando la investigación, pareciendo que somos el único gobierno al que no le interesa aclarar la red de Odebrecht.

Por si fuera poco, el caso Odebrecht se inserta en el nacimiento del mismo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es la prueba de fuego para comprobar su funcionamiento. Por esta razón, es necesario que, ante los señalamientos que se vierten a la Procuraduría, como son los que se hicieron en el párrafo anterior, el Comité acompañe la investigación, verificando que el funcionamiento de esta pieza del Sistema, esté dirigida a la adecuada sanción de este grave hecho de corrupción.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Procurador General de la República que se excuse de conocer cualquier asunto relacionado con las investigaciones por posibles hechos de corrupción imputados a la empresa Odebrecht, así como a Emilio Lozoya Austin y la red de corrupción de la que forma parte.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Comité de Participación Ciudadana a acompañar la investigación que realiza la Procuraduría General de la República en el caso Odebrecht/Lozoya, con el fin de analizar el adecuado funcionamiento de ésta en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos para informar sobre las acciones realizadas para investigar las probables irregularidades administrativas que derivaron en la rescisión del contrato celebrado con Odebrecht para la planta de Tula.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.

1 Disponible en: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download

2 Rodríguez Reyna, Ignacio y Xanic, Alejandra, “Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos” en Proceso, 13 de agosto de 2017,
http://www.proceso.com.mx/498716/odebrecht-lozoya-austin-nombres-vinculados-en-investigacion-sobornos, consultado el 15 de agosto de 2017

3 Olmos, Raúl, “En el marco de la campaña presidencial de 2012, así fueron los depósitos a presuntas cuentas del priista Emilio Lozoya” en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, 14 de agosto de 2017, https://contralacorrupcion.mx/odebrecht-lozoya/, consultado el 17 de agosto de 2017

4 Reuters, “Pemex cancela contrato por 1,800 mdp con Odebrecht” en El Economista, 11 de julio de 2017, http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/07/11/pemex-cancela-contrato-1800-mdp-odebrecht, consultado el 15 de agosto de 2017

5 Sin embargo, “Nuevo AUDIO de OHL: De Oteyza dice que agradeció a EPN por la “ayuda” de Lozoya y Ruiz Esparza” en Sin embargo, 16 de junio de 2016, http://www.sinembargo.mx/16-06-2016/3055074, consultado el 15 de agosto de 2017

6 Barajas, Abel, “Eximen a abogado de Infraiber por arma” en Reforma, 21 de marzo de 2107,
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1071967
&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1071967&v=4, consultado el 15 de agosto de 2017

7 Animal Político, “Perciben un México más corrupto; el país cae 28 sitios en índice de Transparencia Internacional” en Animal Político, 25 de enero de 2017, http://www.animalpolitico.com/2017/01/corrupcion-indice-transparencia-mexico/, consultado el 15 de agosto de 2017

8 Oficio CGOVC/113/1125/2017 suscrito por el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública

9 Oficio Número DGPPVCI/DV/0859/2017 del Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones de reforestación en la Sierra de los Morones en el estado de Zacatecas y en la conservación del pino azul afectado por los últimos incendios forestales. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones necesarias para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrezcan servicios de internet, telefonía fija y  telefonía móvil en la modalidad de contratos sin plazos forzosos. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Dip. ENRIQUE ZAMORA MORLET, a nombre de los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concepto de telecomunicación deriva del prefijo griego tele que significa lejos y del latín comunicare que significa comunicación, teniendo la interpretación como comunicación a distancia, siendo su definición el conjunto de toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos.1

El uso y goce de los servicios de telecomunicaciones es derecho de los ciudadanos mexicanos, el cual está garantizado en el artículo 6° de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, haciendo énfasis en el tercer párrafo, el cual a la letra dice: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.2

Acceder a las tecnologías de la información y comunicación, implica el entendimiento de tres conceptos fundamentales, estos son: internet, telefonía fija y televisión, lo anterior por ser en su generalidad, los tres servicios básicos que ofrecen los diversos proveedores de servicios de telecomunicaciones en nuestro país. Ahora bien, se entiende por internet al conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí y que proporcionan información.

Por telefonía fija se entiende al medio por el cual se proporciona la capacidad completa para la comunicación de voz entre usuarios; a través de líneas telefónicas, las cuales están conectadas a una central de conmutación automática, en donde para establecer la comunicación entre los usuarios no se requiere de la intervención de una operadora.3Finalmente, el concepto de televisión se comprende como la transmisión de imágenes y audio a distancia, derivándose la televisión restringida la cual se distribuye por medio de cables coaxiales, vía satélite o de fibra óptica.

Actualmente, estos tres servicios han evolucionado, siendo de gran demanda para el consumo de la población mexicana, por lo mismo, existen proveedores los cuales ofrecen estos tres servicios en paquete, dependiendo de las necesidades del consumidor. En México, cuando un usuario contrata alguno de los servicios mencionados con anterioridad, lo hace por medio de un contrato de adhesión, mismo que es elaborado unilateralmente por parte del proveedor, en este se establecen los términos y condiciones aplicables a la prestación del servicio.

Cabe señalar que cada empresa-compañía que ofrezca servicios en materia de telecomunicaciones, deberá registrar previamente sus contratos, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), como está estipulado en el artículo 86° de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual indica lo siguiente:

“La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento”.4

Cuando se hace referencia a la “Secretaría”, debe entenderse la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2, fracción III de la Ley en comento.

Ahora bien, para la elaboración del contrato de adhesión, la NOM-184-SCFI-2012, establece los elementos normativos y de información comercial que los proveedores deben cumplir en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como los requisitos mínimos que deben contener los mismos. Es menester, hacer énfasis en la definición de “plazo forzoso” que señala la NOM-184:

“Plazo determinado en el que se establece una vigencia mínima obligatoria para ambas partes para la prestación del servicio de telecomunicaciones”.5

Se debe agregar que la Secretaría de Economía es la autoridad que tiene facultad para formular, revisar, expedir, modificar, cancelar y difundir las normas oficiales mexicanas. 

Siendo que la Ley Federal de Protección del Consumidor y la NOM anteriormente señaladas son los documentos a través de los cuales los proveedores elaboran sus contratos de adhesión, y a los cuales se agrega la cláusula que se refiere al plazo forzoso. Este tipo de plazo tiene en la mayoría de los contratos una vigencia que oscila de 12 a 18 meses,6 permitiendo con ello sujetar al consumidor a cumplir con dicho periodo de tiempo por contrato, estableciendo una cláusula que de no cumplirse le será impuesta una penalización por incumplimiento de contrato.

La penalización por incumplimiento de contrato está establecida por la PROFECO, como lo menciona el artículo 191° de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la fracción V, que a la letra dice: “La PROFECO verificará que en los contratos de adhesión se establezcan penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor, y de suspensión temporal del servicio por falta de pago”.7

Por lo anteriormente expuesto, cabe citar que las principales quejas presentadas ante la PROFECO en contra de las empresas de telecomunicaciones tienen en común un mismo patrón, el cual refiere al establecimiento de cláusulas arbitrarias en los contratos de adhesión con las que se afecta directamente al consumidor, ya que cuando el cliente no se siente satisfecho con el servicio brindado no puede deslindarse de dicho contrato, hasta cumplir con el plazo forzoso, o bien, pagar la penalización establecida.

El año 2016 cerró con alrededor de 33,000 quejas por servicios de telecomunicaciones ante la PROFECO, siendo las que predominan las referentes a calidad (que se vaya la señal) y contenidos, mientras que en el 2015 predominaban las quejas por cobros excesivos o cargos no autorizados.8 Este un problema que ha enfrentado el consumidor por años y que se sigue agravando, según lo muestran las cifras. Tomando como referencia la nota que emite el sitio de internet La Jornada en línea, durante el primer trimestre de 2017 la PROFECO recibió 7 mil 373 quejas contra empresas de telecomunicaciones, es decir 2 mil 457 inconformidades cada mes; los motivos fueron la negativa de los proveedores para entregar los productos o proporcionar los servicios contratados, mala calidad en éstos y rechazo para hacer efectiva la garantía o a rescindir el contrato.9

Lo anteriormente señalado da cuenta, por un lado, de la demanda social ante los contratos de adhesión y por otro de la elaboración de dichos contratos, los cuales resultan favorables solo para proveedores de servicios de telecomunicaciones.

Cabe señalar que sí hay en el mercado empresas que brindan la opción al consumidor de obtener el servicio solicitado sin un plazo forzoso y que proponen un esquema donde el consumidor puede cancelar el servicio en el momento que desee.

En el contexto internacional, cabe señalar que los operadores de telecomunicaciones han desincentivando la modalidad de plazos forzosos, es decir, los mercados más avanzados en Europa, y en Estados Unidos optaron por eliminar todos sus planes con contrato.10

En consecuencia, se pretende que los proveedores ofrezcan diversas modalidades de contratación ya sea con plazos forzosos, pero también sin éstos, con ello se busca que el consumidor pueda elegir libremente el tipo de servicio que más le conviene con base en sus necesidades y satisfacción y no esté condicionado a un servicio ineficiente y a un periodo de tiempo establecido por dichas compañías.

Sin lugar a dudas esto incentivará a que las empresas ofrezcan un mejor servicio al consumidor para que continúen consumiendo sus servicios, volviendo las cláusulas de los contratos de adhesión equitativas tanto para los usuarios como para los proveedores.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones necesarias para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones, ofrezcan servicios de internet, telefonía fija y telefonía móvil en la modalidad de contratos sin plazos forzosos, en beneficio de los consumidores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Enrique Zamora Morlet.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela De Los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf

2 http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf

3 http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/telefonia-fija

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_281216.pdf

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012

6 https://www.tudecide.com/telecom/television/comparar/tv_paga_menor_precio/9/266/0/1/1/1

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf

8 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/12/19/telecom-lideran-las-quejas-mala-calidad-contenido

9 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/05/mas-de-7-mil-quejas-contra
-empresas-de-telecomunicaciones-en-primer-trimestre-profeco

10 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/iusacell-izzi-y-virgin-dejan-atras-los-plazos-forzosos.html






De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco a redoblar esfuerzos para disminuir y prevenir el índice de los incendios forestales en dicho estado. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Diputada MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, integrante del grupo parlamentario del Morena de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren el Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 58 y 59, somete a consideración de esta soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, QUE POR MEDIO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, PARA QUE REDOBLEN ESFUERZOS PARA DISMINUIR Y PREVENIR EL ÍNDICE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE JALISCO, con base en lo siguiente:

CONSIDERANDOS

La extensión territorial del país es de 196.4 millones de hectáreas, de la cual una gran parte tiene potencial forestal. De acuerdo con el estudio FRA2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) México se ubica en el lugar número 12 en cuanto a superficie forestal mundial. En el más reciente estudio sobre vegetación se estima que el país cuenta con 33.5 millones de hectáreas de bosques, 32.11 millones de hectáreas de selvas, 58.08 millones de hectáreas de zonas áridas y semiáridas, 2.58 millones de hectáreas de vegetación hidrófila, 6.95 millones de hectáreas de vegetación inducida y 12.38 millones de hectáreas de pastizales. De acuerdo con el reporte de la FAO FRA 2015 la superficie deforestada en México entre 2000 y 2010 fue de 348 mil hectáreas anuales promedio y entre 2005 y 2015 se estima de 260 mil hectáreas anuales promedio, hablando exclusivamente de la superficie clasificada como bosques y selvas de FAO. 1

1.- http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/dbf_mexico.html

De los tipos de deforestación el que es uno de los más graves son los ocasionados por el fuego. Los incendios afectan de manera negativa al medio ambiente por la deforestación, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y la generación de bióxido de carbono (CO2) que afectan al paisaje y al hábitat de la fauna silvestre.

La prevención del fuego es de vital importancia para evitar que se provoquen incendios forestales y minimizar sus consecuencias una vez declarados.

El peligro de incendios forestales durante las temporadas de sequía se acrecienta debido a la acumulación combustible orgánico seco en los bosques y selvas; asimismo señala la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que la principal causa se refiere a la acción humana representando más del 90 por ciento de los incendios, debido a las prácticas tradicionales de uso inadecuado del fuego para la agricultura y quemas intencionales por diversas razones en zonas forestales.

Hoy en día son más frecuentes e intensos los incendios debido al aumento de las temperaturas y la prolongación de las olas de calor.

En el estado de Jalisco se ha vuelto una problemática de grandes proporciones ya que en los meses del año 2017 es el estado con mayores incendios forestales en el país con cerca de 400, esto según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Se han registrado el siniestro en 80 mil hectáreas, pero sólo en unas 4 mil la afectación ha sido de arbolado adulto pues el resto son hojarasca, arbustos y hierbas, lo que sin embargo ha generado graves episodios de contaminación en áreas habitadas.

Es de destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) en Jalisco ha implementado acciones preventivas para prevenir a los posibles y futuros incendios forestales, pues además de combatirlos se trabaja con un programa para el manejo de fuego.

Entre las que destacan:

• La quema prescrita: La aplicación controlada del fuego en combustibles forestales en su estado natural o modificado, bajo condiciones ambientales específicas que permitan que el fuego sea confinado a un área predeterminada, y producir el comportamiento del fuego y  requerido para lograr objetivos previstos de manejo de recursos y de tratamiento.

• La brecha corta fuego: Es una franja que se abre entre los combustibles hasta dejar expuesto el suelo mineral, con el propósito de cortar la continuidad horizontal de la vegetación lo que contribuye a la confirmación de la línea de control en el caso de la presencia de un incendio forestal.

• Las líneas negras: Franja construida mediante la quema del combustible vegetal, con dimensiones y fines similares a la construcción de una brecha corta fuego que sirve para detener y controlar el avance del fuego.

Sin embargo, no son suficiente los esfuerzos para prevenir los incendios en el estado, es por eso que el gobierno estatal tiene que participar en coordinación con instancias federales, estatales, municipales, así como con el sector privado y social, en acciones dirigidas a prevenir y combatir los incendios forestales que se presentan en la entidad afectando su biodiversidad.

Por ello se deben de fortalecer las quehaceres de prevención, en los que también invitan a instituciones de educación media y superior, motivando la cultura y difusión sobre la protección y fomento de los recursos forestales, lo que puede incluir actividades públicas, labores de ingeniería, acondicionamiento de caminos y construcción de brechas corta-fuego; actividades preventivas, etc.

En atención a todo lo anteriormente, creemos que siempre será menos costoso implantar medidas preventivas en contra de los incendios así como en cualquier otro ámbito de actividad.

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al titular del ejecutivo estatal del estado de Jalisco, que por medio de la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial redoble los esfuerzos para disminuir y prevenir el índice de los incendios forestales.

Segundo. Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal para que en el diseño de la política ambiental de nuestro país, se privilegien las medidas y acciones preventivas, particularmente para enfrentar los problemática relacionada con los incendios forestales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal.






De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar los procedimientos, fundamentos y cuestión financiera respecto a la compra de ropa hospitalaria, para atender los requerimientos para el 2017 y principios de 2018, desarrollados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Asamblea, proposición con punto de Acuerdo, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 5, de la Ley del Seguro Social, prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social1, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.

Es importante señalar que el IMSS, al ser un organismo público, para la adquisición de bienes, como la ropa hospitalaria, se rige por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que su compra se deberá realizar a través de cualquiera de los mecanismos que señala el artículo 26, del mismo ordenamiento legal, a saber:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

Es importante precisar que en estos mecanismos se tiene como objetivo asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes,

En ese sentido, durante el mes de julio, “Nueve empresas se adjudicaron 50 de las 56 claves licitadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender el requerimiento de ropa hospitalaria durante 2017 y principios de 2018, por un monto total de 595 millones 150 mil pesos.”.2

Sin embargo, los medios de comunicación han documentado que durante los procedimientos de adquisición de ropa hospitalaria “La empresa Key Thinking SA de CV ganó dos licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 161 millones de pesos, a pesar de no tener empleados dados de alta ante esa institución, ni registros patronales desde hace casi tres años.”3

La instigación periodística realizada sobre este asunto revela además que:

“Mientras autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguran que la empresa proveedora de ropa hospitalaria Key Thinking se encuentra en orden, documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirman que los dos últimos años declaró en ceros.

Key Thinking ganó diez días atrás una licitación del IMSS en la Partida 29 para fabricar sábana de cama hospitalaria y la Partida 30 para la manufactura de sábana quirúrgica, valuadas ambas en un máximo de 161 millones 75 mil 94.36 pesos.

La declaración del Ejercicio 2015 para Personas Morales del Régimen General F18 con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) KTH1106248Y3, de la Razón Social Key Thinking S.A de C.V. presenta una empresa sin operaciones ese año.

Según documentos oficiales en poder de Aristegui Noticias, Key Thinking es una empresa en suspensión de actividades, que no ha sido dada de baja y que no sólo no tiene operaciones, sino que además no tiene activos, ni pasivos, ni capital ante las autoridades del SAT.

Las declaraciones anuales 2015 y 2016 para que Key Thinking pudiera participar en la contienda del IMSS, fueron presentadas el 9 de junio del año 2017, a las 14:55 y 15:00 horas, en ese orden.

Según información del propio Instituto, la empresa no cuenta con empleados de base, ni temporales, según el registro Y606075710-8 enviado a Aristegui Noticias.

A pesar de que hace dos años, en el 2015, Key Thinking, según autoridades del SAT y sus declaraciones anuales, no contó con operaciones financieras al presentar en ceros el ejercicio fiscal, el IMSS le adjudicó de forma directa 2 millones 218 mil607.88 pesos.

El 23 de junio del 2015, el IMSS adjudicó de forma directa mediante el pedido D5P0322 y la Orden de Compra 322, el contrato para fabricar 8 mil 186 sábanas para cama hospitalaria.

En ese entonces, la firma “fabricante” ofertó un precio de 116 pesos por unidad, mientras que para la licitación del 2017 Key Thinking ofertó 113.72 pesos por pieza. Una diferencia de 2 pesos con 28 centavos menos dos años después.

En ese mismo 2015, un mes después de esa adjudicación directa, el 27 de julio, el IMSS de nueva cuenta adjudicó de forma directa a Key Thinking por valor de 188 mil 529 pesos, para la maquila de 2 mil 167 sábanas clínica.

Hace dos años la empresa cuestionada, cotizó la unidad fabricada en 75 pesos, mientras que en la licitación del 17 de julio pasado, contrario al anterior rubro, sí mantuvo un precio a la alza de 78.12 pesos.

Para cerrar el 2015, el IMSS y Key Thinking cerraron una tercera adjudicación directa por 928 mil 570.72 pesos el mismo 27 de julio, para entregar 7 mil 84 unidades de sábana para cama hospitalaria.

Pese a que el producto era el mismo que el adjudicado un mes antes, una sábana para cama hospitalaria, con diseño de forma rectangular de una pieza, con dobladillo perimetral y seis emblemas del IMSS estampados de color verde, esta vez por una cantidad menor, el precio también fue menor al cerrar el trato en 113 pesos y no los 116 de cuatro semanas atrás.

El director de administración del IMSS, Patricio Caso, declaró el martes 25 de julio en su derecho a réplica, que Key Thinking es una empresa perfectamente constituída.

“Es un distribuidor que acredita tener, con todas las pruebas de calidad en todos los registros técnicos, que los productos que nos va a entregar cumplen con las características requeridas”, dijo en entrevista.

En ese sentido, la firma ganadora de la millonaria licitación, tampoco cumpliría la norma oficial, ya que tras el análisis existieron dos observaciones que impedirían seguir en la competencia.

En el informe técnico previo a la Licitación Nacional, en la “Prueba Contratada” de dicha empresa, uno de los requisitos es que se debe presentar el informe de resultados emitido por el laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido que fue contratado, para asegurar que se trata de la misma muestra.

El informe del resultado de la prenda LTL-2017-155A no presentó el lote de tela correspondiente.

“La omisión en la presentación de alguno de los documentos y requisitos solicitados en los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7, será causal de desechamiento de su proposición por afectar la solvencia de la misma”, establece el punto 8, Anexo 2A Términos y Condiciones en su quinta página.

Tras analizar la prenda de la Partida 29, el mismo IMSS reconoció que la prenda de Key Thinking “no presenta la constancia de conformidad que cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM.004-SCFI-2006, relativa a la información comercial etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y ropa de casa” de acuerdo al Anexo 1A.

Respecto a la sábana de la Partida 30, es el mismo caso, sólo que en el inciso I establece que el informe de resultados de la prenda, deberá referenciar el lote y marca de la tela correspondiente”.4

Como puede advertirse, existen irrealidades para con la empresa contratista del IMSS, para la adquisición de ropa hospitalaria; por lo que resulta apremiante instruir al órgano técnico de fiscalización de esta Cámara de Diputados, para que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, fiscalice los procedimientos, fundamentos y cuestión financiera respecto a la compra de ropa hospitalaria, para atender los requerimientos para el 2017 y principios de 2018, desarrollados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de delitos a cargo de servidores públicos o particulares, en términos del artículo 67, fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presente las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instruye a la Auditoria Superior de la Federación, a que audite los procedimientos, fundamentos y cuestión financiera respecto a la compra de ropa hospitalaria, para atender los requerimientos para el 2017 y principios de 2018, desarrollados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEGUNDO. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruye a la Auditoria Superior de la Federación, para que de la fiscalización que realice se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de delitos a cargo de servidores públicos o particulares, en términos del artículo 67, fracción III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presente las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 En adelante IMSS.

2 Redacción AN. Aristegui Noticias. 9 empresas se adjudicaron licitaciones del IMSS por 595 millones de pesos. 22 de julio de 2017. Consultable en: http://aristeguinoticias.com/2207/mexico/9-empresas-se-adjudicaron-licitaciones-del-imss-por-595-millones-de-pesos/

3 Redacción AN. Aristegui Noticias. Otorga IMSS contratos millonarios a empresa sin empleados. 24 de julio de 2017. Consultable en: http://aristeguinoticias.com/2407/mexico/otorga-imss-contratos-millonarios-a-empresa-sin-empleados/

4 Redacción AN. Aristegui Noticias. Declaraciones ante el SAT confirman inactividad de empresa contratista del IMSS. 1 de agosto de 2017. Consultable en: http://aristeguinoticias.com/0108/mexico/declaraciones-ante-el-sat-confirman-inactividad-de-empresa-contratista-del-imss/






De la Diputada Flor del Ángel Jiménez Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federació la fiscalización de los recursos asignados al municipio de Copainalá en el Presupuesto  de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Se turna a la Primera  Comisión.

La Diputada Federal por el Estado de Chiapas FLOR DEL ANGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LLEVAR A CABO LA TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ejercicio de los Recursos Públicos que año con año se destinan a las obras sociales por parte de la H. Cámara de Diputados, representa una importantísima labor para el país y para los mexicanos.

Como legisladores nos debemos a nuestros electores, como servidores públicos representamos una opción y debemos nuestro trabajo a nuestros ciudadanos.

En este sentido es de mencionar que los Comisariados Ejidales C. Rodasiano Guzmán y C. Erasmo Juárez Pérez de Campeche y Zaragoza respectivamente así como el Agente Municipal de Campeche C. Raúl Manuel Náñez, , el Presidente del Comité de COPLADEN de Zaragoza C. Limber Guzmán Hernádez, entre otros, todos del municipio de Copainalá, Chiapas, firmaron una petición mediante la cual solicitan fiscalizar y revisar el correcto ejercicio de los recursos públicos destinados para la construcción de la infraestructura carretera en los ejidos en mérito, asimismo resulta pertinente la fiscalización del domo en la localidad Agustín de Iturbide del mismo municipio.

Debido a que, en el Presupuesto de Egresos de 2016, fueron asignados recursos por más de 22 millones de pesos al municipio en comento, para la modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre tramo 0+000 al km 28+000 en el Municipio de Copainala; así como la Modernización del Camino E.C. Copainala-Tecpatán rivera Campeche, en el Tramo Km 0+00 al Km 8+800 y la Construcción de un domo en la localidad Agustín de Iturbide.

Todas las obras antes mencionadas darán un repunte muy importante a la economía de la zona, al beneficiar el transporte de personas, mercancías y productos; y al mismo tiempo en el caso del domo beneficiara a la práctica del deporte; así como el aprovechamiento de los espacios públicos.

Por ello es que en función de la solicitud realizada por estos Comisarios Ejidales cuyos nombres se rezan en las líneas anteriores, es que me permito presentar el presente Punto de Acuerdo, motivado por un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas por parte del órgano fiscalizador y dando siempre el seguimiento puntual a las demandas de la ciudadanía.

Lo anterior resulta de una relevancia aun mayor cuando decimos que la modernización de estos tramos carreteros implica la interconexión de las aludidas comunidades con la cabecera municipal de Copainalá, y con la capital del Estado Tuxtla Gutiérrez. Beneficiando a los habitantes de ese lugar para mejorar su calidad de vida; por ello la importancia de fiscalizar estos recursos.

Además, la idoneidad del presente instrumento legislativo, radica en fortalecer las acciones de auditoría, transparencia y el principio de rendición de cuentas; para observar el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos, ayudando con ello a las acciones que tienen como objeto sancionar actos de corrupción para que los presupuestos gubernamentales se ejerzan con economía y subsanen las necesidades para los cuales fueron aprobados.

En este orden de ideas y en atención a la solicitud que me hicieran los representantes en vos avecindados, es que me permito presentar el siguiente punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de manera respetuosa, a la Auditoria Superior de la Federación, para que en función de sus atribuciones, tenga  a bien fiscalizar y revisar de manera por demás acuciosa la correcta aplicación de los recursos destinados al Municipio de Copínala en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, poniendo un particular interés en los proyectos denominados, Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre; Modernización del Camino E.C. Copainala-Tecpatán rivera Campeche. Así como en la construcción del domo en la localidad de Agustín de Iturbide.

SEGUNDO.- Asimismo se le exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a que informe los resultados de la fiscalización de los recursos públicos de las obras mencionadas en el numeral primero del presente punto de acuerdo, a la Cámara de Diputados, a la promovente del presente punto de acuerdo; y en caso de existir aplique las sanciones a que haya lugar.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Flor del Ángel Jiménez Jiménez.






Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por el clima de tensión política que vive la República del Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la concertación entre los distintos actores políticos, en pro de la estabilidad. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, mariana Gómez del campo gurza y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EL CLIMA DE TENSIÓN POLÍTICA QUE VIVE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y HACE VOTOS PARA QUE PREVALEZCA EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES POLÍTICOS EN PRO DE LA ESTABILIDAD, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El ex presidente Rafael Correa llegó al gobierno de Ecuador a finales del año 2006 representado a la entonces nueva organización política de la república, es decir, Alianza PAIS, la cual estaba formada por varios políticos de izquierda y respaldado por los partidos tradicionales izquierdistas. Su toma de protesta como Ejecutivo de la República de Ecuador, se dio durante un contexto político caracterizado por el deterioro de los partidos tradicionales, una grave crisis política institucional, así como un fuerte rechazo a las medidas neoliberales como a la injerencia extranjera.

La propuesta de gobierno por parte de Correa apuntaba a lo que se llama “Revolución Ciudadana”, instalada en Ecuador el 15 de enero de 2007 y que tomó como antecedente la “Revolución de los Forajidos” del 13 de abril de 2005, liderada por la clase media de Quito y con el propósito de derrocar al entonces presidente Lucio Gutiérrez.

La Revolución Ciudadana, se consolidó como un proyecto político que prioriza a la población por encima tanto del capital como de las acciones de gobierno, con el objetivo de construir un Estado que se encuentre al servicio de las grandes mayorías; es decir que el nuevo sistema político, económico y social vigente, se centre en la lucha por la democracia; busque el fomento del empleo; de la educación y salud gratuitos; además de perseguir el respeto a la soberanía y dignidad del país, sin la existencia de la corrupción.

Se explicó dentro del discurso inicial de Correa como presidente de Ecuador, que su mandato implicaría que las relaciones de poder se revirtieran, puesto que este asumía de manera inmediata un cambio en las estructuras del poder, al asegurar que otorgaba el poder al pueblo. Argumento de apertura, que justificó en el año de 2008 la reforma constitucionales, que dio como resultado una nueva Constitución Política para la República del Ecuador, con el objetivo de establecer un Estado que reforzara las atribuciones del gobierno central así como de la función ejecutiva, para promover una política proteccionista, intervencionista, asistencialista y de integración latinoamericana; estableciendo al mismo tiempo un “Estado de derechos” sociales, culturales y ambientales, pero que subordinó a un grado jurídico inferior las garantías individuales de la anterior constitución y que adoptó entre sus principales cambios institucionales la reelección inmediata del poder Ejecutivo.

El ex presidente Rafael Correa tuvo un mandato único, puesto que permitió la reelección consecutiva por dos periodos seguidos luego de haber sido electo presidente de Ecuador en 2006, y reelecto en 2009 y posteriormente en 2013. Al terminar su último periodo presidencial en abril de 2017, Correa ofreció un discurso en el que celebró el triunfo del candidato perteneciente a la organización política Alianza PAIS, Lenin Moreno con el siguiente discurso: “Somos más, y nadie nos arrebatará lo logrado, por más medios de comunicación y campaña sucia; esta fiesta popular es para festejar esta increíble victoria electoral, así como la décima Revolución Ciudadana, en condiciones muy difíciles, luchando contra todo el viejo país junto”; al mismo tiempo de que refutó las acciones adoptadas por la oposición ecuatoriana para desestabilizar al país así como deslegitimar la victoria electoral de Moreno, a través aseverar que el país estaba “dividido”.

Al asumir la presidencia, Lenin Moreno, con el 51 por ciento de votos obtenidos durante la segunda vuelta, este buscó deshacerse de la carga que su antecesor dejaba al declarar que a pesar de “Los pueblos hacen la historia, los líderes aceleran los procesos” por lo que a pesar de que Revolución Ciudadana tenía como líder a Rafael Correa, a partir de ese momento él sería quien trabajara por un el pueblo ecuatoriano y por la revolución ciudadana.

Sin embargo, entre ambos ha existido un rompimiento debido a que el actual Presidente ha hecho diversos esfuerzos por diferenciarse de su antecesor al buscar el diálogo con la oposición, con la prensa y con el sector privado.. Tal tensión llegó a su punto más alto cuando el Presidente Moreno quitó sus actuales funciones al Vicepresidente Jorge Glass, cercano a Correa, el pasado 3 de agosto lo que ha desestabilizado políticamente al Gobierno de aquel país.

CONSIDERACIONES

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

3. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación por el clima de tensión política que vive la República del Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la concertación entre los distintos actores políticos en pro de la estabilidad. Al mismo tiempo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso de la situación política en la hermana república sudamericana.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 16 de agosto de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Diputada Cecilia Soto González, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la protección de la zona de Cuatrociénegas. Se turna a la Tercera Comisión.

CECILIA SOTO GONZÁLEZ, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero. Que constituye una garantía constitucional establecida en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona de gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Segundo. Que es facultad de este Congreso legislar en materia que establezca las competencias concurrentes entre los gobiernos federal, estatal y municipal para el equilibrio ecológico y la protección del ambiente; así como legislar en materia de monumentos y zonas arqueológicas, históricas y artísticas,

Tercero. Que el propio artículo 27 constitucional señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación así como para cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país (integral y sustentable), dictando las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, aludiendo a la facultad federal de llevarlas a cabo, así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, esto de manera concurrente entre los distintos órdenes de gobierno.

Cuarto. Que la importancia de Cuatrociénegas radica por su invaluable riqueza cultural y natural. Alberga 1,134 especies de flora y fauna, 70 de las cuales son endémicas. La NASA lo califica como uno de los espacios donde se puede conocer y entender la evolución en la Tierra debido a que en el interior de las pozas se encuentran estromatolitos, primigenias en el proceso de fotosíntesis. Es el sitio con más estromatolitos vivos del mundo, formados por una comunidad microbiana que lleva más de 3,500 millones de años. Son las únicas comunidades autosustentables de todo el planeta.

Quinto. Que Cuatrociénegas cuenta con diversas categorías de conservación. Es un área natural protegida federal bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, a través de la Conanp, dese 1994. Este mismo espacio está inscrito en la Lista Mundial de Humedales bajo la Convención Ramsar.

Sexto.- Que dentro de la declaratoria de veda de agua por la Comisión Nacional del Agua, se reconoce la existencia de diversos instrumentos, tales como:

ACUERDO por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2003, en el que se dio a conocer la disponibilidad del acuífero Cuatrociénegas, clave 0528, así como los límites del mismo;

• "ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos del Acuífero 0528 Cuatrociénegas y se modifican los límites y planos de localización que respecto del mismo se dieron a conocer en el Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2008

• "ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, se perfeccionaron los límites de los acuíferos que en el mismo se mencionan, siendo coincidente dicha delimitación geográfica, para el caso del acuífero Cuatrociénegas, clave 0528, a la establecida por el instrumento referido en el considerando anterior, y se desprende la existencia de una disponibilidad susceptible de ser concesionada de 11.084782 millones de metros cúbicos anuales en el acuífero antes mencionado”;

• Norma Oficial Mexicana "NOM-011-CONAGUA-2000, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002;

"AVISO por el que se informa al público en general que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región denominada Cuatrociénegas, ubicada en el municipio del mismo nombre, Estado de Coahuila, la cual fue establecida por Decreto Presidencial publicado el 7 de noviembre de 1994", mismo que establece como una de las políticas de manejo dentro de la zona de protección, la prohibición de desarrollo de nuevas obras o actividades que amenacen los flujos y ciclos naturales del agua; no obstante lo anterior, dicha limitación ha resultado insuficiente dado que el alumbramiento de agua del subsuelo sigue siendo libre mientras no se establezca en la zona el ordenamiento correspondiente, motivo por el cual se hace necesario reforzar la preservación del recurso hídrico;

Séptimo. Que debido a las particularidades geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, se necesita mayor profundidad en las investigaciones sobre los impactos ambientales del uso del suelo en esta región.

El área protegida y las regiones prioritarias de la Conabio enfrentan severos impactos por las transformaciones históricas en el espacio geográfico que comprometen la sustentabilidad de la región misma. Los recursos naturales, incluidos los aprovechamientos de yeso, sal y candelilla, están siendoestraídos con escasos lineamientos legales. Los recursos hídricos se explotan para cultivos agrícolas en una región que representa uno de los dos oasis en el desierto chihuahuense del suroeste estadounidense y el noreste mexicano.

Por ello, se considera pertinente que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas inicie el proceso de recategorización de esta área al nivel más alto de conservación, que es la Reserva de la Biosfera, área que por sus características reúne los requisitos para que se opte por esta categoría, además de ser incluida en el programa Man and the Biosphere de la UNESCO en la red mundial de este tipo de reservas.

Octavo. Que debido al valor ecológico de Cuatrociénegas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió ingresar la solicitud de incorporación a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO a la zona de Cuatrociénegas en el año de 2004, quedando en dicho organismo en la Lista Tentativa, es decir, las que tienen posibilidad de ser consideradas como patrimonio mundial. Sin embargo, desde ese año, poco o nada se ha hecho por parte del gobierno federal para avanzar hacia su declaración en las sesiones del Comité de Patrimonio Mundial.

En tal virtud, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que soliciten a la Oficina del Convenio sobre Patrimonio Mundial de la UNESCO la reactivación del procedimiento y lograr la inscripción de Cuatrociénegas en la Lista de Patrimonio Mundial Natural, en la 42 Sesión del Comité de Patrimonio Mundial de 2018, así como hacer pública la documentación sobre las acciones que han realizado desde 2004 para lograr su incorporación en dicha lista.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que evalúe la pertinencia de recategorizar el área de Protección de Flora y Fauna de Cuatrociénegas por la de Reserva de la Biosfera, así como hacer público las acciones de restauración de las pozas y protección de los endemismos que ahí se presentan.

Tercero. La Comisión Permanente  exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que haga público, de manera detallada, las acciones realizadas para garantizar la veda de agua en los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el Estado de Coahuila; las sanciones que ha impuesto a particulares por violaciones a la veda y las reparaciones del daño realizadas; así como las acciones encaminadas a restaurar y mantener el equilibrio ecológico a causa del aprovechamiento hídrico.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscribe

Dip. Cecilia Soto González.






Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a explicar y revertir la decisión de ceder las operaciones del estadio de futbol “Agustín Coruco Díaz”. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a instalar módulos de orientación en los aeropuertos internacionales con la finalidad de auxiliar a los usuarios en temas relacionados con documentos migratorios y trámites extraordinarios. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, Dip. ENRIQUE ZAMORA MORLET, a nombre de los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente existen diversos medios de transporte, éstos pueden ser por vía terrestre, aérea y marítima, la más eficaz para viajar por el ahorro de tiempo es por vía aérea; para realizar un viaje por este medio se requieren los siguientes documentos:

Dentro del país:

• Pase de abordar

• Identificación oficial con fotografía

Fuera del país:

• Pase de abordar

• Pasaporte vigente

• Visa del país de destino (dependerá de las políticas de cada país)

• Documentos migratorios, dependiendo de la calidad de migrante que se tenga

• Identificación oficial 1

En caso de que el viajero no cuente con alguno de los documentos previamente citados o que éstos no estén actualizados, o bien, que la vigencia sea menor de 6 meses pero si sea vigente durante el lapso que visitará al otro país la aerolínea opta por negar el abordaje al avión por parte el pasajero, causando que éste pierda el vuelo; estas situaciones suelen presentarse porque los usuarios no tienen pleno conocimiento sobre los trámites requeridos para abordar el avión ni de las facultades que tienen las aerolíneas ante estas situaciones, puesto que las únicas instituciones en las que recae la información sobre estos documentos es en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, siendo los aeropuertos puntos estratégicos los cuales no cuentan con la difusión de información necesaria para los usuarios sobre la documentación ya antes mencionada.

Por esta razón, existe inconformidad por parte de los usuarios, puesto que, las aerolíneas no son responsables ni la autoridad correspondiente sobre los trámites y/o documentos requeridos para realizar un viaje, asimismo, dichas aerolíneas no cuentan con instrumentos de información suficientes que permitan dar solución inmediata a los usuarios, causando diversas problemáticas con los viajeros, al punto de no dejarlos acceder al avión hasta que ellos mismos solucionen dichas problemáticas, causando que los pasajeros pierdan tiempo y dinero puesto que al perder el vuelo tienen que esperar a tomar otro y volver a comprar un lugar en otra aeronave, puesto que en algunos casos no hay rembolso por parte de estas aerolíneas, ante situaciones de este carácter.

Con relación a lo anterior, las situaciones ajenas al viajero como el robo o extravío de documentos personales, pueden ser: la revocación de un permiso ya sea de trabajo, de residencia, para prestar servicios oficiales a otro gobierno o el trámite de renovación de la documentación requerida para abordar al avión.

Por tal motivo, es de suma importancia la implementación de módulos de orientación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración en aeropuertos internacionales, ya que los usuarios que realizan un viaje de carácter internacional requieren de atención e información de manera eficaz que les permita conocer sus derechos y obligaciones, así como para su auxilio en el caso de pérdida, vigencia, renovación y expedición de documentos, y que con ello se facilite el derecho a viajar.

Cabe señalar, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene competencia en los siguientes trámites:

• Expedición de Pasaporte y renovación

Nacionalidad y Naturalización

Legalización de firmas de documentos públicos que deben surtir efectos en el extranjero

Constitución de fideicomisos

Convenio Fracción I del Art. 27 Constitucional

Adquisiciones por extranjeros

Trámite de permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras

Trámite de permiso para prestar servicios oficiales a un gobierno extranjero

Trámite de permiso para admitir del gobierno de otro país título o funciones

Exhorto o carta rogatoria internacional

Certificación de firmas del personal del servicio exterior mexicano2

En el Instituto Nacional de Migración se pueden solicitar los siguientes trámites:

• Expedición de tarjeta de residente por renovación

• Internación de visitante regional y visitante trabajador fronterizo

• Permiso de salida y regreso

• Cambio de condición de residente temporal a residente permanente

• Expedición de documento migratorio por canje

• Cambio de condición a residente permanente o temporal por vínculo familiar

• Autorización de visa por oferta de empleo

• Emisión y actualización de constancia de inscripción de empleador

• Regularización de situación migratoria por unidad familiar3

En consecuencia, es clara la necesidad de la instalación de módulos de trámites, información y orientación de los trámites anteriormente citado, pues éstos son fundamentales según el supuesto de cada persona para realizar un viaje ya sea en periodo vacacional, por trabajo o para establecerse en el extranjero, por ende, es necesario que ambas instituciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, colaboren proporcionando la transmisión de información que sea de su competencia  para resolver cualquier duda, aclaración o problema que tengan los usuarios en las instalaciones de los aeropuertos internacionales de manera rápida y oportuna.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración para que se instalen módulos de orientación en los aeropuertos internacionales con la finalidad de auxiliar a los usuarios que lo necesiten, en temas relacionadas con documentos migratorios y trámites extraordinarios.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Suscriben

Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Enrique Zamora Morlet.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Jorge Álvarez López.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. José Alberto Couttolenc Buentello.- Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.- Dip. Daniela De Los Santos Torres.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Mario Machuca Sánchez.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Adriana Sarur Torre.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Edgar Spinoso Carrera.- Dip. Wendolin Toledo Aceves.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.

1 http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/informacion-util-para-viajar

2 http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/tramites-y-servicios-18555

3 http://www.gob.mx/inm/articulos/conoce-los-tramites-que-puedes-solicitar
-en-el-instituto-nacional-de-migracion






De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Movilidad ante la Comisión de la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada Federal, NORMA XOCHITL HERNÁNDEZ COLÍN, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANTE LA COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 29 de abril de 2016, fue aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhortó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a ejecutar, por medio de la Secretaría de Movilidad, un programa integral de transportes y vialidad para resolver la problemática en la Delegación Tláhuac.

En el citado documento, menciono que actualmente, la Delegación Tláhuac se encuentra en transición entre un esquema rural a uno urbano, que se ubica entre una Delegación completamente urbanizada como Iztapalapa y otra totalmente rural como Milpa Alta, que juega un papel fundamental en la ecología de la Ciudad por la recarga del acuífero y por sus zonas de producción agropecuaria.

Se detalla que con base en el Programa General de Desarrollo Urbano, forma parte del Segundo Contorno de la Ciudad de México, conjuntamente con las Delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y La Magdalena Contreras; zona que se caracteriza porque su proceso de urbanización se ha manifestado de manera dispersa y desarticulada, en algunos casos, dentro de la zona de protección ecológica, lo que ha ocasionado cierto deterioro ambiental.

En materia de transporte, se dispone que a través de la Avenida Tláhuac, su avenida principal, circula la mayor parte del tránsito, en ella, circulan varias rutas de autobuses urbanos concesionados, siendo la ruta de acceso entre Milpa Alta, Míxquic y Tulyehualco en el sur, y la Central de Abasto, la Merced, y la estación del Metro Taxqueña en el norte, aunque algunas rutas sólo recorren pequeñas distancias.

Hasta inicios de 2010, una línea del Trolebús proveía servicio a través de la Avenida, desde el límite entre la Delegación Iztapalapa hasta Pueblo Culhuacán, sin embargo, el servicio fue suspendido por la construcción de la Línea 12 del Metro.

En la demarcación no existe adecuadas vías adecuadas de comunicación, ya que en una sóloa Avenida circula la gran mayoría del transporte, haciendo inaccesibles determinadas zonas a través del transporte público.

En las inmediaciones de las estaciones del Metro Atlalilco, Tláhuac, Tezonco, La Nopalera y Periférico, los autobuses que cubren el recorrido de la Línea 12, obligan a los vehículos a circular por un sólo carril, lo que incrementa considerablemente el tránsito.

En la Delegación, un traslado que debería tomar un máximo de 35 o 40 minutos, se convierte en una tortura de más de una hora y media, aunado al tiempo de traslado en el Metro desde o hacia los centros de trabajo, por lo que el tiempo de recorrido final puede llegar a ser de más de 2 horas y media, en promedio.

En aras de resolver el conflicto, se presentó el denominado Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, mismo que contenía un Plan Integral de Transporte y Vialidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 1997, que en términos generales mencionó: 

Objetivo: Propiciar el uso del transporte público y consolidar el sistema de vialidades.

Estrategias:

• Complementar el sistema multimodal de transporte público en el Distrito Federal;

• Establecer estaciones de transferencia, de manera que el cambio de modo se realice rápidamente y en condiciones de seguridad, en sitios que cuenten con estacionamiento de vehículos privados.

• Establecer áreas peatonales, libres de automóviles, en las zonas que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad;

• Mejorar la estructura vial primaria donde se concentran usos comerciales y de servicios, dándole continuidad a la retícula vial;

• Resolver las incorporaciones entre las redes primaria y secundaria.

Sin embargo, hasta la fecha no ha sido aplicado. Por tanto, resulta imprescindible, elaborar, aprobar y ejecutar un Programa Integral de Transporte y Vialidad, que provea una solución.

Es conveniente diversificar las rutas de transporte que respondan a la demanda de la población de la zona; además, es indispensable que se reorganicen las bases del transporte público concesionado, para agilizar su funcionamiento, mejorando así la circulación de los mismos, así como de los vehículos particulares.

Ante la omisión de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México y de su Secretaría de Movilidad, el día 18 de abril de 2017, es decir, casi un año después de haber realizado el primer exhorto, solicité a través de un Punto de Acuerdo, que el Jefe de Gobierno implementara estrategias para mejorar las condiciones de movilidad en la Delegación Tláhuac.

En el citado documento, se menciona que de acuerdo con el Fideicomiso para el Mejoramiento de Vías de Comunicación, durante las últimas décadas la capital del país ha vivido un proceso de despoblamiento de las delegaciones centrales a pesar de ser las de mayor infraestructura urbana. Esta situación ha sido acompañada de un crecimiento expansivo hacia las Delegaciones del poniente, oriente y sur; y hacia los municipios aledaños del Estado de México.

La configuración de estos polos ha creado corredores de viajes “Norte – Sur” y “Poniente – Oriente” que atraviesan la Ciudad como sus arterias más densas en materia de movilidad de personas y bienes, sin embargo, el crecimiento de la demanda de viajes no ha sido acompañado de la infraestructura para una movilidad adecuada. De esta forma, el traslado presenta distorsiones e insuficiencias tanto en los modos de transporte como en la red vial disponible.

Existe una contradicción entre una masa de más de 3 millones de automóviles y una red de vialidades saturadas con desarticulaciones e ineficiencias en la coordinación de los diversos modos de transporte que afectan la velocidad, los tiempos empleados en el traslado y el incremento de la emisión de contaminantes, todo en detrimento de la calidad de vida de las personas que habitan la Ciudad.

Se hizo hincapié en que la situación es aún más crítica en las Delegaciones periféricas, donde se aprecia la disminución sustancial del transporte público debido a la sustitución de autobuses de mediana capacidad, por microbuses y combis de mediana y baja capacidad, así como la reducción del transporte administrado por el gobierno.

Para el año 2000, de cerca de 21 millones de pasajeros transportados diariamente, casi 60 % lo hacían mediante microbuses, combis y taxis; resulta preocupante que un volumen tan alto de viajes se realizan en medios colectivos de baja capacidad, ya que genera el congestionamiento constante de las vías de comunicación.

Por su parte, el número total de vehículos muestra varios rasgos que complican su eficiencia, existe un claro predominio de los autos particulares, a pesar de que representan alrededor del 16 % de los viajes por persona al día. Además, de acuerdo con los datos del Programa de Verificación Vehicular, el 84 % de la contaminación atmosférica es producida por fuentes móviles, siendo que en términos de funcionalidad urbana, transportar personas en automóvil consume 50 veces más espacio que en el transporte público.

En el caso del transporte administrado por el Gobierno, el Metro constituye la infraestructura física, técnica y humana más importante para enfrentar la demanda de servicios de transporte, permitiendo el desahogo a la carga de las vialidades y aminorando considerablemente el impacto ambiental por pasajero transportado.

Sin embargo, existe una disminución del índice general de captación del sistema que indica rendimientos decrecientes, basta mencionar que sólo las Líneas 1, 2 y 3 captan el 59 % del total de usuarios; por el contrario, el trazo de las Líneas 4 y 6 no corresponde a los requerimientos de las personas usuarias, aunado a las constantes problemáticas que ha presentado la Línea 12.

Los modos de transporte no sólo se encuentran distorsionados, sino desintegrados. La red de transporte de alta capacidad administrada directamente por el gobierno, debe ser la columna vertebral del sistema, mientras que el servicio concesionado debe estar orientado a la alimentación de esta columna. En su lugar ocurre que la columna no está trazada según los “orígenes-destino” de los viajes, mientras que los servicios concesionados compiten, se sobreponen y provocan una sobre oferta de servicios que redunda en el congestionamiento de las arterias viales.

Es evidente la desarticulación de las redes viales y de transporte público; en general, la red vial presenta grandes problemas, sin embargo, en zonas como Tláhuac son apreciados los mayores conflictos, debido a que la movilidad se condiciona a un altamente deficitario sistema vial que impide los desplazamientos con un adecuado nivel de servicios, así como el establecimiento de un sistema de transporte público eficiente, con rutas que beneficien a la mayoría de las personas habitantes y a un costo accesible.

A la fecha, ha pasado casi un año y medio sin que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México hayan dado contestación y atención al exhorto realizado, lo que representa, como era de esperarse, que las condiciones de vialidad no han mejorado, por el contrario, se han visto aún más afectadas por los operativos en contra de los bicitaxis.

Con relación a lo anterior, es importante mencionar que en diversas Delegaciones, como en Tláhuac, se instauró este servicio con la finalidad de atender la necesidad de un transporte que proveyera del servicio en zonas donde el transporte público no tiene presencia y para fomentar el empleo en una de las zonas más pobres de la Ciudad.

En el año 2000, la Delegación Tláhuac emitió el Programa de Reordenamiento de Bicicletas Adaptadas, como una respuesta a la necesidad de los habitantes de la Delegación que requieren un transporte para recorrer distancias cortas y de autoemplearse, debido a las precarias condiciones económicas de la demarcación.

Se realizaron estudios técnicos sobre movilidad de la población, viajes generados y atraídos por zona, alternativas de transporte, vialidades, características de la demanda del servicio y acciones necesarias para regularizar el transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas.

El objetivo del programa fue promover la prestación de un servicio de transporte de pasajeros en su modalidad de bicicletas adaptadas, seguro, eficiente y racionalmente planeado, que coadyuve a la solución de las necesidades económicas de los conductores de bicitaxis y de transporte en distancias cortas de los usuarios, con criterios definidos por la Delegación, contribuyendo a fomentar la participación ciudadana y la organización democrática de quienes intervinieron.

En febrero de 2010, la Delegación Tláhuac publicó el Convenio de Colaboración que establece los lineamientos que debe observar el órgano político administrativo y aquellas personas interesadas en la prestación del servicio de bicicletas y motocicletas adaptadas y carros eléctricos, en él, se menciona que como parte de las obligaciones adquiridas por el Jefe Delegacional y para fomentar la cultura vial, se opera un programa de regularización, garantizando que las vialidades sean accesibles y seguras para los transeúntes.

En las Disposiciones Generales, el documento establece que el Convenio tiene por objeto regular la prestación del servicio de transporte en la demarcación, que es responsabilidad de la Delegación asegurar, controlar, promover y vigilar que el servicio se efectúe con apego a las disposiciones del propio convenio.

Para garantizar los derechos de los usuarios, la Delegación debió vigilar que el servicio se proporcione garantizando seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, no pudiendo exigir su ascenso o descenso fuera de los lugares establecidos dentro de las rutas establecidas.

La Delegación fue la encargada de otorgar los permisos a quienes cumplieron los requisitos previstos en el programa y en el convenio de colaboración, también emitió permisos para el establecimiento y operación del equipamiento auxiliar a quienes cumplieron con los requisitos dispuestos en los citados documentos. Menciona que la duración de los permisos podía ser de hasta 3 años, prorrogables por el mismo plazo.

En 2011, con el fin de reconocer la actividad de los bicitaxis como forma de empleo en la Ciudad, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones a la Ley de Transporte y Vialidad, enfocadas en garantizar la seguridad de los pasajeros, la salud de los conductores y evitar el monopolio.

El presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, señaló que se facultaba a la Secretaría del ramo para planear, ordenar, regular, reglamentar, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas; elaborar los estudios correspondientes y necesidades de esta modalidad del servicio de transportes de pasajeros y expedir el manual técnico del vehículo.

De igual manera la dependencia citada deberá otorgar los permisos por tres años a los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas de todo el Distrito Federal, así como mantener un padrón actualizado de todos los datos que determine el reglamento de esta modalidad del servicio de transporte de pasajeros.

Además, fueron derogadas las fracciones IX, X, XI, XII y XV del artículo 9, y se creó el artículo 9 Ter, en el que se especifican las obligaciones de las Delegaciones en materia de servicios de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas, como emitir opinión previa sobre la vialidad de las autorizaciones de la Secretaría a los permisionarios y el servicio de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas dentro de su demarcación.

Los jefes delegacionales debieron contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría enfocadas al servicio de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas, otorgar la eficacia y eficiencia necesarias que garanticen la seguridad de los usuarios, peatones y derechos de los permisionarios.

En 2012, el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial el decreto de reformas a la Ley de Transporte y Vialidad, con lo que se faculta a la Secretaría del ramo para que regule y controle la operación de los bicitaxis; con la entrada en vigor de estas modificaciones, la Secretaría de Transportes y Vialidad debió autorizar un modelo tipo para la prestación de este servicio y otorgar los permisos correspondientes por tres años.

La verificación administrativa para este modo de transporte en bicicletas adaptadas corresponderá al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, mientras la Secretaría del ramo, la Secretaría de Seguridad Pública y las delegaciones deberán coordinarse institucionalmente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.

En 2013, fue presentado un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados donde se establece que en las grandes metrópolis, en donde es casi inevitable que existan problemas asociados con el transporte y el congestionamiento de vialidades, sobre todo en aquellas zonas que presentan grandes concentraciones de personas, deben buscarse opciones de transporte que al tiempo de ser eficientes en cuanto se refiere a garantizar la movilidad de la población, deben también resultar sustentables. Para estos casos, los bicitaxis constituyen una excelente opción principalmente cuando se trata de distancias cortas.

A pesar de las condiciones, el Gobierno del Distrito Federal no hadado cumplimiento cabal a ninguna disposición, pues no existe aún un padrón que provea información certera y actualizada sobre los permisionarios y las unidades en que prestan el servicio y éstos siguen operando de manera por demás irregular, en el mejor de los casos con permisos otorgados por los gobiernos delegacionales antes de que entrara en vigor la reforma a la Ley de Transporte y Vialidad.

Ante el crecimiento de los bicitaxis, la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa buscó regular dicho modo de transporte, se mencionó que “la gente necesita trasladarse y es un medio de transporte no motorizado, no contaminante y que no está del todo regulado”. En consecuencia, fue presentado un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Movilidad que iniciara un registro de los bicitaxis que circulan por la capital.

A decir de la presidenta de la Comisión, con la regulación se buscó que dicho modo de transporte cuente con medidas de seguridad y que no exista un crecimiento desmedido como sucedió con los taxis de la capital, menciona que “es un buen sistema de transporte para las vialidades secundarias y más para las delegaciones que se encuentran en las periferias”.

En 2017, el Panel de Evaluadores Ciudadanos de las Conferencias de Consenso: Creando Apoyo y Participación Social, respecto al servicio de moto-taxis de la Delegación Tláhuac, establecieron las conclusiones a manera de peticiones para formalizar y dar sustentabilidad al servicio que se ofrece en la periferia de la Ciudad de México, las cuales se redactaron después de celebrarse las Conferencias entre Ciudadanos habitantes de Tláhuac, Líderes de Asociaciones y académicos expertos en la materia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, los días 17 y 24 de febrero de 2017, con los siguientes puntos:

1.- Sustituir en su totalidad las motocicletas que proporcionen el servicio por vehículos alternos sustentables para disminuir la contaminación ambiental.

1.1.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá crear un programa gubernamental basado en un diagnóstico integral y multidisciplinario del fenómeno que implique un proceso de cambio total de motocicletas por vehículos eléctricos sustentables, cuyos diseños deberán ser adaptados a las necesidades y usos ya establecidos en las periferias de la Ciudad de México donde se imparte el servicio. Esto con base en lo establecido en el eje estratégico 1, meta 2 del Programa Integral de Movilidad del Distrito Federal, 2013-2018.

1.2.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá implementar un programa para apoyar, a través de incentivos y servicios, a los dueños de vehículos motorizados que pretenden utilizar tecnologías sustentables, específicamente con inversión. Esto con base en el artículo 62 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

1.3.- Las asociaciones del servicio y el Gobierno de la Ciudad de México deberán buscar inversión privada para el diseño, tecnología y fabricación de las unidades sustentables. Es elemental que la fabricación de dichas unidades se realice en territorios de las alcaldías de la Ciudad de México para crear un sector productivo local, y así fomentar el empleo y disminuir los precios de las unidades alternas por utilizar.

1.4.- Las asociaciones del servicio y el Gobierno de la Ciudad de México deberán acercarse a las universidades públicas y privadas mexicanas que puedan apoyar con el diseño y oferta de tecnología sustentable para las unidades adaptadas que sean necesarias para proporcionar el servicio.

2.- Reformar e implementar lo establecido en la Ley de Movilidad del Distrito Federal y sus reglamentos y programas para dar adecuada regulación y reconocimiento al servicio.

2.1.-El Gobierno de la Ciudad de México deberá fomentar la formación de empresas que ofrezcan el servicio y sean preferentemente sociedades cooperativas manteniendo las bases de organización y administración hasta ahora establecida por las asociaciones del mismo. También, se deberán crear mecanismos para facilitar los permisos para el servicio con apoyo del Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, sus alcaldías e inversionistas privados; además de crear una Federación Productiva de dicho sector. Esto con base en lo dispuesto por los artículos 74 y 92 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

2.2.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá definir y homologar las tarifas del servicio por distancia y hora, así como el límite de velocidad del mismo con base en lo ya establecido hasta ahora por las asociaciones, a través de sus propios estudios diagnósticos y otros científico-académicos ya realizados. Las tarifas y el límite de velocidad deberán estar bien señalados, actualizados y mostrados dentro y fuera de las unidades con letra legible.

3.- Ampliar y formalizar la oferta de empleo que ofrece el servicio.

3.1.- Las asociaciones del servicio y el Gobierno de la Ciudad de México deberán implementar mecanismos para afiliar a más trabajadores a las asociaciones del servicio para que no existan unidades “pirata” (las no afiliadas a alguna asociación) con oportunidades de obtener un empleo formal que implique la otorgación de prestaciones y derechos laborales.

3.2.- Las asociaciones del servicio y el Gobierno de la Ciudad de México deberán diseñar e implementar mecanismos de incorporación de trabajadores más flexibles con opciones crediticias proporcionadas por inversionistas privados y programas del Gobierno de la Ciudad de México. Ello para agilizar la oferta de empleo y para apoyar a los choferes que quieran ser dueños de sus propias unidades para dar el servicio.

4.- Mejorar la administración interna y externa del servicio.

4.1.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá crear una asociación que evalúe el servicio y un comité de vigilancia del mismo a nivel colonia, ya que muchos choferes, inclusive algunos que pertenecen a asociaciones, suelen elevar los precios del servicio, no ofrecen cambio al cobrar, y conducen a velocidades muy altas, en estado de ebriedad o drogados. La vigilancia del servicio deberá cubrir todas las horas del día en las que se proporcione el mismo y deberá estar implementada en intersecciones clave, así como en sus bases.

4.2.- Las asociaciones del servicio deberán contar con un “historial de obediencia y buen servicio individual” de sus empleados para mejorar su calidad y seguridad. Dicho historial se puede apoyar en tecnologías de aplicaciones para teléfonos celulares utilizados por sus usuarios y administrados por las asociaciones.

5.- Ordenar el uso del espacio público que se utiliza al proporcionar el servicio y disminuir el tráfico vial ocasionado por el mismo.

5.1.- La alcaldía de Tláhuac deberá re-encarpetar el asfalto de las calles secundarias de sus colonias en su totalidad y con material de calidad, además de dar mantenimiento y limpiar de obstrucciones a todas sus banquetas, para que se pueda proporcionar correctamente el servicio, sin poner en peligro la integridad física de los choferes y usuarios, además de asegurar el libre flujo peatonal. Esto con base en lo establecido en el artículo 181 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

5.2.-Las asociaciones deberán implementar mecanismos de intercalado y distribución de unidades en las zonas donde se proporciona el servicio con el fin de propiciar la sana competencia entre las mismas y la satisfacción de la demanda de los usuarios.

5.3.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México deberá implementar la colocación de señalamientos, pinta de calles y banquetas y mobiliario urbano necesario para proporcionar el servicio adecuadamente y dar orden al mismo. Esto con base en lo establecido en el artículo 186 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

6.- Asegurar la seguridad de los choferes y usuarios del servicio.

6.1.- Las asociaciones del servicio deberán proporcionar capacitación adecuada a sus choferes sobre la apropiada forma de conducir las unidades, mecánica para las mismas y primeros auxilios. Las unidades deberán contar con una identificación visible y oficial dentro y fuera de las mismas, y los choferes deberán portar gafete de identificación en todo momento.

6.2.- Las asociaciones del servicio deberán revisar diariamente la imagen de sus unidades y choferes, por lo que ellos tendrán que ir uniformados y utilizando casco en todo momento, no llevar acompañantes y no llevar más de 4 pasajeros.

6.3.- Las asociaciones del servicio deberán dar mantenimiento y revisión diaria a sus unidades, así como tenerlas aseguradas y verificar el uso de aditamentos necesarios como amortiguadores, luces, espejos y asientos cómodos y acolchonados en todo momento para asegurar la integridad física de sus choferes y usuarios.

Por su parte, Bernardo Baranda, director para América Latina del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, urgió a las autoridades capitalinas a regular el servicio de bicitaxis que opera no sólo en Tláhuac sino en las delegaciones Iztapalapa y Azcapotzalco, si bien estaban prohibidas en la ley de movilidad han respondido a una necesidad de movilidad principalmente en áreas periféricas, pero se requieren reglas claras y un registro de operadores para que no se presten a actividades delincuenciales.

Como se aprecia, desde hace más de veinte años, las personas han solicitado al Gobierno de la Ciudad de México, a que implemente mecanismos para mejorar las condiciones de vialidad en la Delegación Tláhuac, más recientemente, la propia Cámara de Diputados solicitó la intervención de las autoridades de la Ciudad, sin embargo han hecho caso omiso, perjudicando a diario a las personas que se desplazan por la demarcación. Por lo que se estima necesario que, con base en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados1, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, comparezca ante la Comisión de la Ciudad de México de éste órgano legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, ante la Comisión de la Ciudad de México, a efecto de que exponga las medidas que ha llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la Delegación Tláhuac, en atención al exhorto aprobado el día 29 de abril de 2016.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de agosto de 2017.

Dip. Norma Xochitl Hernández Colín.

1 Artículo 158.- ...
VIII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean competencia de la comisión; (énfasis añadido)





De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a destinar recursos suficientes para la adecuada operación de la Ciudad de las Mujeres, ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Asamblea, proposición con punto de Acuerdo, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia de género es un comportamiento que, lastimosamente, permanece presente en nuestra sociedad. Resultan alarmantes las estimaciones realizadas por ONU-MUJERES, en las que se señala que:

“En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra mujeres es una pandemia mundial que ocurre en espacios públicos y privados1.

Sobre el particular, cabe señalar que la Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, señala que violencia contra la mujer, se entiende como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado de un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada2, este mismo ordenamiento, en su artículo 2º, de manera enunciativa, refiere que los actos de violencia contra las mujeres son:

“La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;” 3.

En el ámbito Nacional, las cifras son igual de crudas. Durante de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios, señaló que: “En México estamos en una crisis de violencia de género comprobada con datos estadísticos alarmantes, dos de tres mujeres viven violencia“4.

Dada esta profusa crisis generada por la violencia contra la mujer, le Estado Mexicano ha implementado varias acciones para combatir estas nocivas prácticas, una de ellas fue la creación de la Ciudad de la Mujer en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en la que, de acuerdo por el Boletín de Prensa publicado por la Secretaría de Desarrollo Social, se trata de un “acto de justicia social para erradicar la violencia en La Montaña”5

Es importante señalar que la Ciudad de las Mujeres proporcionará servicios de atención a la violencia de género, cuidado infantil, para adolescentes, salud sexual, médica general, capacitación para elaborar proyectos productivos, entre otros servicios encaminados a apoyar y respaldar a las mujeres, en especial a las de mayor pobreza y rezago social.

Pese a lo plausible que resulta la creación de este tipo de espacios dirigidos a erradicar la violencia de género; su principal deficiencia radica en el desinterés del Estado por su adecuado funcionamiento; pues para la abolición de la violencia de género no basta con la creación de instalaciones, sino que se requiere además de su adecuado funcionamiento, para lo cual se requieren recursos humanos y económicos suficientes, para atender a las 200 mil habitantes indígenas (mixtecas y tlapanecas) para las que originalmente se proyectó la Ciudad de las Mujeres6.

La indiferencia del Gobierno Federal para mantener el adecuado funcionamiento de la Ciudad de las Mujeres, quedó de manifiesto luego de que en este mes de julio, estallara una huelga laboral por parte las trabajadoras de esta institución, después de que recibieran una llamada por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante la cual les notificaran sobre el despido de 30 trabajadoras y la reducción salarial del 50% de las 29 que seguirían laborando7.

Lo anterior, a decir de las trabajadoras afectadas, deriva de una mala planeación en el Presupuesto de Egresos de la Federación que afecta directamente a la correcta operación de la Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort8; lo cual implica, a su vez, una afectación directa a las mujeres que acuden a estas instalaciones víctimas de violencia de género, acarreando consigo una revictimiación provocada por la indiferencia del Estado para implementar medidas que permitan el adecuado funcionamiento de dicha instancia. Por estos motivos, que proponemos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la medida que el techo presupuestal lo permita, se destinen recursos económicos sufrientes para la adecuada operación de la Ciudad de las Mujeres ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 ONU-MUJERES, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dieciséis Días de Activismo contra la Violencia de Género, Infografía: Violencia contra las mujeres, [en línea], 2016. Disponible en Internet:
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women.

2 Gobierno de la Republica, Secretaría de Gobernación, Orden Jurídico Nacional,  Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer,
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2018.pdf

3 Ibídem.

4 Agencia EFE. W radio. Internacionales. México enfrenta una crisis de violencia de género: Red Nacional de Refugios. 25 de noviembre de 2016 [en línea] Disponible en
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/mexico-enfrenta-una-crisis-de-violencia
-de-genero-red-nacional-de-refugios/20161125/nota/3314494.aspx

5 Secretaría de Desarrollo Social. Ciudad de las Mujeres, acto de justicia social para erradicar la violencia en La Montaña. 18 de julio de 2015. Consultable en: https://www.gob.mx/sedesol/articulos/ciudad-de-las-mujeres-acto-de-justicia-social-para-erradicar-la-violencia-en-la-montana

6 Ibídem

7 Rogelio Austin. Milenio. Va 4 días en paro en el Centro Ciudad de la Mujer en Tlapa. 3 de julio de 2017. Consultable en:
http://www.milenio.com/estados/van_cuatro_dias_en_paro_empleadas_del_centro
_ciudad_de_la_mujer_en_tlapa_0_986301697.html

8 Ibídem.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar una supervisión integral a los albergues públicos y privados de los estados de Guanajuato y Michoacán, a fin de salvaguardar el principio del interés superior de la niñez. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la presente administración, el reconocimiento, promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país se ha convertido en una de las directrices del Estado mexicano, por lo que garantizar las condiciones que hagan asequible el pleno desarrollo de este sector poblacional, constituye un tema de la mayor relevancia para los legisladores del PRI.

En consecuencia, es vital que toda conducta que, por acción u omisión, suponga riesgos o afectaciones a su esfera jurídica deba ser sancionada conforme a derecho proceda, garantizando la restitución integral de sus derechos.

Respecto al último aspecto, a mediados de julio del presente año, diversos medios de comunicación dieron a conocer que desde marzo del año pasado, se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato una denuncia anónima en relación a que más de cien menores de edad, que vivían en cinco albergues en la Ciudad de los Niños en Salamanca, eran víctimas de maltrato físico, verbal y abuso sexual1.

Por otro lado, detallan que a pesar de la presentación de la denuncia respectiva y las recomendaciones emitidas por una jueza, las autoridades municipales y estatales permitieron que dichos albergues siguieran operando. Dicha situación continuó hasta que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, llevó a cabo una visita al albergue Ciudad de los Niños en esa entidad, donde se tuvo conocimiento de que una niña fue víctima de quemaduras como castigo por parte de personal del centro donde radica2.

Medios de comunicación detallan que durante el proceso judicial se evidenció una serie de abusos físicos, sexuales y psicológicos, así como que los albergues no contaban con documentos como la certificación del Consejo Estatal de Asistencia Social, el dictamen de idoneidad expedido por la Procuraduría Social o la certificación de los servicios de asistencia por parte del DIF estatal.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en julio de 2017, la Secretaría de Gobernación comenzó una revisión a los trámites que Pedro Gutiérrez Farías, titular del albergue, realizó para registrar como sus hijos a 134 niños del albergue La Ciudad de los Niños de Salamanca, a quienes tuvo a su cargo por más de 40 años.

Debido a la magnitud de los hechos en comento y al conjunto de bienes jurídicos afectados, el 02 de agosto de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR),3 dio a conocer que inició una carpeta de investigación sobre presuntos actos de violencia física, psicológica y sexual en contra de menores de edad en los albergues Ciudad de los Niños en Guanajuato y también en el de Ciudad Juvenil en Michoacán, a fin de verificar si los hechos ocurridos pudieran configurar algún delito federal y, en su caso, proceder legalmente en contra de los responsables. 

En relación al asunto en comento, la propia PGR señaló que se estableció un esquema de coordinación entre diversas instancias estatales y federales, como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, para elaborar un plan de restitución integral de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

Con antelación, el 19 de julio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)4, había anunciado que atraería el caso de los albergues denominados Ciudad de los Niños, en los estados de Guanajuato y Michoacán, e investigará presuntas violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que han sido probablemente víctimas de abusos físicos y sexuales. 

Igual de importante es referir que la CNDH hizo énfasis en que es fundamental visibilizar las problemáticas que atañen a niñas, niños y adolescentes, así como defender, proteger y restituir integralmente sus prerrogativas, ya que a los menores de edad se les debe ver como sujetos de derechos y no como objetos de asistencia, aspectos con los que nos coincidimos y adherimos.

En este tenor, uno de los principios más importantes en los que se basan las decisiones y actuaciones del Estado mexicano es el interés superior de la niñez, que en términos de la segunda porción normativa del noveno párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Al respecto, en la fracción I del artículo 1º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dispone que dicho ordenamiento jurídico tiene como objeto el del reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo anterior en términos de los dispuesto en la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, existen diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño o el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima para trabajar, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se encuentran tutelados los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los albergues deben ser espacios en los que se procura el asilo, alojamiento, abastecimiento alimentario, apoyo o bienestar físico y mental a niñas y niños, así como para atender sus necesidades económicas y humanas para que su integración a la sociedad sea asequible, y no sitios en los que sus derechos son vulnerados y en los que vivan con miedo e incertidumbre.

Por ello, no podemos ser indiferentes ante casos como el que motiva el presente punto de acuerdo, por el contrario, debemos actuar de inmediato con acciones efectivas para que este tipo de situaciones dejen de ser parte de la realidad social y gradualmente materialicemos la protección integral de la niñez mexicana.

Es fundamental sumar esfuerzos para que con base al principio del interés superior de la niñez consagrado en nuestra ley suprema, materialicemos en favor de las niñas y niños, derechos básicos como los de la alimentación, la salud, la educación, el vestido, la vivienda, el afecto, el respeto, el recreo, la identidad y la nacionalidad.

Con el presente punto de acuerdo, se busca prevenir conductas que vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en los albergues de ambas entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y  a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una supervisión integral a los albergues, públicos y privados, de los estados de Guanajuato y Michoacán, a fin de salvaguardar el principio del interés superior de la niñez.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplié sus investigaciones respecto a los hechos ocurridos en los albergues “Ciudad de los Niños” en Guanajuato y “Ciudad Juvenil” en Michoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 16 de agosto de 2017.

Atentamente.

1 http://www.animalpolitico.com/2017/07/ninos-albergues-abuso-sexual/

2 http://www.animalpolitico.com/2017/07/cndh-investiga-albergues-ciudad-de-ninos/

3 https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1124-17-inicia-pgr-carpeta-de-
investigacion-por-hechos-ocurridos-en-los-albergues-ciudad-de-los-ninos-y-ciudad-juvenil?idiom=es

4 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_238.pdf






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a implementar acciones a favor de la comunidad venezolana que ha migrado a México a causa de la crisis política, económica y de seguridad en su país, particularmente a aquéllos que ingresan por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que no son atendidos por el consulado de su país, y quienes están siendo afectados ante la negativa de entrada a territorio mexicano. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, mariana Gómez del campo gurza y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A IMPLEMENTAR ACCIONES A FAVOR DE LA COMUNIDAD VENEZOLANA QUE HA MIGRADO A MÉXICO A CAUSA DE LA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD EN SU PAÍS, PARTICULARMENTE A AQUELLOS QUE INGRESAN POR LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, QUE NO SON ATENDIDOS POR EL CONSULADO DE SU PAÍS, Y QUIENES ESTÁN SIENDO AFECTADOS ANTE LA NEGATIVA DE ENTRADA A TERRITORIO MEXICANO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La situación en Venezuela es muy preocupante, pues el Presidente tiene secuestrados el Poder Judicial con jueces nombrados por la Asamblea Legislativa anterior dos semanas antes de que juramentara el siguiente Parlamento de mayoría opositora; un Consejo Nacional Electoral que le negó a los venezolanos su derecho a un referendo revocatorio pero agilizó el proceso de elección de una Asamblea Constituyente ilegal; la prohibición de manifestarse contra un fraude contra la democracia; el asesinato sistemático de ciudadanos que levantan la voz por un país mejor; más de 400 presos políticos; el asedio de fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana contra diputados, representantes democráticamente electos, en el recinto de la Asamblea Nacional.

Nicolás Maduro hace evidente cada día la naturaleza dictatorial de su régimen; ha sostenido que sólo ellos eran la vía pacífica para Venezuela y aún peor, declaró que si el pueblo no le favorecía en las urnas pasaría al conflicto armado, pues señaló “lo que no consigamos por los votos, lo haremos por las armas”.

Como solución a los problemas de Venezuela, Maduro le apostó por reformar la Constitución abrogándola con una Asamblea Nacional Constituyente que es una ilegal porque no se sometió a referendo la determinación de establecerla; cabe recordar que cuando Chávez convocó la Constituyente en 1999, se sometió a referendo popular la convocatoria, se votó por sufragio directo a la totalidad de los integrantes y se refrendó la Constitución producto de ese proceso. Es decir, los venezolanos fueron 3 veces a las urnas, en esta ocasión se pretende que sólo se haga una elección.

Al menos diez muertes marcaron el día de las cruciales y polémicas elecciones en Venezuela para elegir una Asamblea Constituyente (Los fallecimientos, según la fiscalía, ocurrieron en protestas en los estados de Lara (1), Mérida (3), Sucre (1), Táchira (4) y Zulia (1). Entre las víctimas, hay dos adolescentes de 13 y 17 años y un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana.

La comunidad internacional ha condenado y desconocido los resultados de las elecciones para la Constituyente, así lo hicieron Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, México, Costa Rica, Suiza, Chile, España, Reino Unido y Estados Unidos. Además, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y decenas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.

La Constituyente apenas tomó posesión, destituyó a Luisa Ortega como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, quien ha sido una voz crítica del régimen de Maduro desde hace unos meses, lo cual demuestra que será un instrumento de represión política contra todo aquel que piense diferente al madurismo.

En ese contexto, miles de venezolanos han salido de su país huyendo de tan deplorables condiciones de vida. En México, los venezolanos se han convertido en la 5° comunidad extranjera con más de 15 mil residentes el año pasado, según datos del Consejo Nacional de Población, cuando en 2010 la comunidad venezolana no se encontraba en los diez primeros lugares.

Según datos de la Secretaría de Gobernación, las tarjetas de residente para venezolanos pasaron de mil 552 en 2013 a 4 mil 826 en 2016; generalmente entran al país como turistas o con permisos de trabajo.

Más de 6 mil venezolanos viven en Quintana Roo. Según datos de la Asociación de Venezolanos en Yucatán (AVEYUC), más del 90 por ciento de venezolanos que intentan ingresar al país no son admitidos aun teniendo una visa de trabajo otorgada por el gobierno mexicano. Además, denuncian que los viajantes son encerrados en instalaciones no adecuadas por largos periodo de tiempo desde su arribo a los módulos de migración y hasta que son notificados de que no serán admitidos.

Se ha reportado que algunas aerolíneas se ocupan voluntar