Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 21 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
2o
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 16



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Pablo Escudero Morales

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Agosto de 2017

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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KARLA KARINA OSUNA CARRANCO

APERTURA

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: (11:59 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Señoras y señores legisladores, conforme al registro de asistencia electrónico, se ha acreditado la asistencia de 28 ciudadanos legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.



Hay 37 legisladores presentes que han registrado su asistencia personalmente.

Hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 8 de agosto de 2017, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y un minutos del miércoles dos de agosto de dos mil diecisiete, con una asistencia de veintinueve legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 20 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.- La Mesa Directiva informó que el nombramiento se turnó de manera directa a la Segunda Comisión el 26 de julio pasado.

 

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con similares de la Secretaría de Economía, con los que remite:

• “Informe al Senado sobre el Inicio de Negociaciones para Modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” y

• El documento denominado “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.

Se remitieron a las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al primer semestre de 2017.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite:

• El documento denominado “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, correspondiente al primer semestre de 2017 y

• Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2017; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2016. Asimismo, comunica que en el Informe Trimestral se incluye el apartado correspondiente al Avance de Gestión Financiera.

Se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, el “Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente al primer semestre del año 2017”.- Se remitió a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, la información relativa a “Contrataciones por Honorarios”, Reporte del Monto y ejercido de los Subsidios Otorgados” y Reglas de Operación”, correspondientes al período enero-junio del ejercicio fiscal 2017.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información de las unidades responsables sobre el destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, el Informe de Resultados correspondiente al período abril-junio de 2017 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al segundo trimestre de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del Gobierno de la Ciudad de México, oficios con los que remite 5 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta.

 

Se recibió del congreso del estado de Puebla, Acuerdo en torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio.- Se remitió a las Comisiones de Justicia de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, los informes de sus participaciones en el 61º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 13 al 24 de marzo de 2017 y en la Conferencia Nacional de Síndicos, realizada en Chihuahua, México, del 23 al 25 de febrero de 2017.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, en su calidad de Coordinadora General de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, el informe de sus actividades en la Misión España-Italia, celebrada del 27 de junio al 6 de julio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el informe de su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 10 al 18 de julio de 2017.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Matías Nazario Morales, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 28 de julio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 31 de julio de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, oficio por el que solicita la dictaminación de la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, oficio por el que exhorta a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a abocarse al análisis, discusión y dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del grupo parlamentario Morena, oficio por el que exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos negros afromexicanos.- Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de agosto de 2017.- Intervinieron los legisladores: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Senador Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senador Jesús Casillas Romero del PRI; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Senador Jesús Priego Calva del PRI; Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI; Senador Ernesto Cordero Arroyo del PAN; Senador Miguel Romo Medina del PRI; Senador Fernando Mayans Canabal del PRD; y Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de junio de 2017.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre de la Diputada Rocío Matesanz Santamaría y del Diputado Baltazar Martínez Montemayor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 2 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con punto de Acuerdo por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva, a nombre de los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 68 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo IV a la Ley General de Bibliotecas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Biblioteca y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, quince dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a proporcionar la capacitación necesaria al personal de limpia para garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de Acuerdo a la norma ambiental.

2. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a considerar las observaciones vertidas en el informe sobre desapariciones en el estado de Nuevo León, realizado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

3. Que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a informar respecto de la donación de 150 hectáreas a favor de la empresa paramunicipal de participación mayoritaria denominada Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V. y haga del conocimiento de esta Soberanía el Acuerdo CEDOC 15-14287-1.

4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar sus políticas para la atención integral de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las casas hogar o albergues a su cargo.

5. Que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a considerar la viabilidad de incluir en el Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial del país los carnavales que se celebran en los pueblos y barrios originarios de las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México.

6. Que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con las autoridades del estado de Oaxaca, implemente las acciones necesarias para la atención a los pobladores de la comunidad de San Mateo del Mar, distrito de Juchitán, por las afectaciones sufridas a consecuencia del mar de fondo.

7. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en coadyuvancia con autoridades estatales de Chiapas y del municipio de Tapachula, implementen acciones para reforzar la seguridad pública en ese municipio, en virtud de la entrada en operaciones del CEFERESO 15.

8. Que exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a ampliar las auditorías a los conceptos de obra del parque El Mexicanito.

9. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a publicar y mantener actualizados en sus páginas institucionales sus respectivos atlas de riesgos.

10. Que exhorta los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Veracruz a impulsar la formulación e instrumentación de políticas públicas para la atención y protección de los derechos de la población afrodescendiente.

11. Por el que se solicita al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio un informe respecto del proceso de implementación del sistema penal acusatorio.

12. Que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a resolver el procedimiento relativo a la patente de Notario Público Número 12 para el Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

13. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la Trata de Personas.

14. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el país.

15. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a las acciones en materia de prevención, monitoreo, alerta y protección a la población durante la actual temporada de lluvias y huracanes en el estado de Chiapas.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, los quince dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintinueve dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a impulsar y fortalecer las campañas de prevención de adicciones, con especial énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes; y exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de revisar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y reforzar las disposiciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

2. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística Geografía a analizar la posibilidad de realizar un censo nacional sobre el desplazamiento interno en México en el que se incorpore sus causas y efectos.

3. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a analizar la viabilidad de emitir la declaratoria de patrimonio cultural intangible de las manifestaciones tradicionales y de expresión cultural que se realizan al interior de los mercados públicos y centrales de abasto.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud, a sus homólogas locales y a los congresos de los estados a adoptar las medidas administrativas, legislativas y de promoción de estilos de vida saludables que consideren, tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y disminuir los riesgos a la salud por la ingesta de alcohol.

5. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre la situación que guarda el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y exhorta a las autoridades federales y estatales respectivas a continuar con la atención de la problemática que presenta dicha institución de salud.

6. Por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde personas migrantes perdieron la vida y expresa sus sinceras condolencias a sus familiares; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proporcionar a los familiares de los migrantes mexicanos fallecidos la asistencia necesaria y reforzar los mecanismos que permitan combatir el tráfico de personas, velando en todo momento por el respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a adoptar las medidas de atención necesarias, además de intensificar las campañas de difusión, para prevenir y alertar a la población sobre los riesgos a la salud por los efectos de las altas temperaturas que se registran en la entidad.

8. Que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar y fortalecer acciones tendientes a erradicar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia sanos velando en todo momento por el interés superior de la niñez.

9. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a fortalecer las acciones de información, diagnóstico y atención de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, poniendo especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cursan la educación básica y media superior.

10. Que exhorta a las instituciones de educación media superior y superior y a las escuelas particulares en todos los niveles de enseñanza a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos que doten de mayor certidumbre a los aspirantes que realicen un examen de ingreso, garantizando el pleno respeto a sus derechos en los trámites de admisión.

11. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a analizar la viabilidad de elaborar un estudio científico de la bebida energética llamada “four loko” para determinar sus efectos en la salud de sus consumidores y, derivado de ello, adoptar las acciones normativas, de fomento sanitario y demás que considere necesarias.

12. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la posibilidad de incluir en los contenidos de los nuevos libros de texto del sistema educativo nacional, la promoción de la responsabilidad social dirigida a la protección civil con un enfoque de gestión integral de riesgos, poniendo especial énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad.

13. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de fortalecer las medidas de verificación de datos en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas.

14. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere la posibilidad de asignar recursos para el funcionamiento de las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes y de los programas y políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

15. Por el que se solicita a las instancias integrantes del sistema nacional de salud un informe sobre las acciones que han implementado para la prevención y atención de la violencia obstétrica.

16. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Migración un informe sobre la situación y acciones realizadas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

17. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su preocupación por las nuevas medidas de seguridad aeroportuaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas a impulsar y fortalecer las medidas de asesoría y asistencia a connacionales que viajan a dicho país.

18. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre las acciones realizadas respecto a las observaciones que se han emitido al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, además de la información relativa al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados toda la información con la que cuente relativa a dicho Fondo y al Censo.

19. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la prohibición del cobro de cuotas como condicionante para la inscripción en las instituciones de educación pública.

20. Por el que se remite el “Manifiesto Alto a la Desaparición Forzada” que suscribe el Consejo Supremo Indígena de Michoacán a las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado de Michoacán para los efectos que haya lugar.

21. Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Población a impulsar y fortalecer los programas de planificación familiar que garanticen el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en mujeres y pueblos indígenas.

22. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la posibilidad de ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos relacionada con los hechos acontecidos en el Centro de Atención Social denominado “La Ciudad de los Niños Salamanca, A.C.”

23. Por el que se remite al Senado de la República y a la Cámara de Diputados la propuesta para fortalecer e impulsar la prestación de servicio social en las áreas de trabajo legislativo e investigación a su cargo.

24. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a impulsar y fortalecer las campañas de difusión sobre los posibles riesgos a la salud por el uso de cigarros electrónicos.

25. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere la posibilidad de asignar recursos que ayuden a consolidar los proyectos culturales y actividades encaminadas a la prevención de la violencia en las entidades federativas, de manera particular a la Secretaría de Cultura del estado de Guerrero.

26. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas de información sobre los riesgos a la salud ocasionados por el consumo de bebidas azucaradas, con especial énfasis a niñas, niños y adolescentes.

27. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a analizar la viabilidad de realizar un diagnóstico integral sobre la situación de la infraestructura física, equipamiento, insumos médicos y recursos humanos del sistema estatal de salud y su red hospitalaria.

28. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a que, como una estrategia de fomento a la lectura y apoyo a la economía familiar, analicen la viabilidad de promover esquemas que faciliten la adquisición de libros.

29. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones en materia de violencia de género, suicidio y sobre el virus coxsackie.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los veintinueve dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiséis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a continuar implementando campañas informativas tendientes a advertir al público sobre el uso de las criptomonedas.

2. Que exhorta a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, así como a los ayuntamientos y alcaldías a tomar las acciones pertinentes para implementar medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto.

3. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar cuáles han sido las acciones jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante el cobro por parte de las aerolíneas, de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia Estados Unidos y Canadá.

4. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a considerar la asignación de recursos extraordinarios y suficientes para la ejecución inmediata de un convenio finiquito que solucione en este año y de manera definitiva, el conflicto social en el medio rural derivado de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada que padecen las comunidades indígenas de San Andrés, San Sebastián y Santa Catarina; en Mezquitic, Jalisco.

5. Que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a analizar la viabilidad de aplicar algún descuento en las tarifas de peaje del país, durante el período vacacional de verano.

6. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la realización de campañas en medios de comunicación con el fin de promover la venta y el consumo del arroz morelense; asimismo, a seguir vigilando la inocuidad del arroz que se vende y consume en nuestro país.

7. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar la realización de las gestiones necesarias para declarar a la Piedra de Huixtla, ubicada en el estado de Chiapas, como zona de desarrollo turístico sustentable.

8. Por el que se solicita a la Comisión Ambiental de la Megalópolis informe las causas por las que no se han realizado las sesiones bimestrales con los integrantes de la Comisión, las acciones que se llevan a cabo para la publicación de su Reglamento de operaciones y las medidas implementadas para atender las recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor mediante el documento llamado Propuesta de Actuación Inmediata para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Megalópolis.

9. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe respecto a la aplicación del beneficio de la deducción al 100por ciento en la inversión de maquinaria y equipo utilizado en la generación de energía de fuentes renovables, establecido en el artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de su entrada en vigor.

10. Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar el análisis e incorporar en el sistema los indicadores de propósito y componente de los programas presupuestarios que ejercen recursos etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación; y a cumplimentar las recomendaciones derivadas de la Evaluación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

11. Por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informen las acciones que han implementado o implementarán para evitar que las entidades bancarias, financieras y comerciales condicionen la prestación de un servicio obligando a los usuarios a la contratación de otro; en especial, los que se refieren a la contratación de notarios.

12. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer las medidas de conservación y protección de las especies exclusivas de pesca deportiva para hacer frente a la pesca ilegal, con fines de comercialización de estas especies.

13. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones encaminadas a proteger y garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras del país.

14. Que exhorta a la Secretaría de    Medio Ambiente y de Recursos Naturales a establecer una hoja de ruta con las líneas de acción a realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, así como fechas de evaluaciones intermedias para cumplir con el objetivo de dicha estrategia.

15. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a elaborar los estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete un área de exclusión pesquera dentro del polígono de protección de la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo.

16. Que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a la Policía Federal y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los programas y operativos en materia de seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el período vacacional de verano 2017.

17. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a evaluar la pertinencia de instalar estaciones de monitoreo permanente de la calidad del aire en los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas en la República Mexicana.

18. Que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en cumplimiento de la Ley de Transición Energética, presente los mecanismos de impulso y promoción para la generación distribuida a fin de acelerar el crecimiento de la misma.

19. Por el que se solicita al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informe respecto la situación jurídica que guarda la unidad habitacional FOVISSSTE Estadio II, ubicada en Guadalajara, Jalisco.

20. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a hacer público el número de torres celulares por operador instaladas, número de suscriptores móviles por torre y operadores en las mismas.

21. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional Forestal a considerar y destinar los recursos necesarios del Fondo Forestal Mexicano para el combate y control de contingencias ambientales causadas por plagas y enfermedades forestales en bosques del estado de Oaxaca.

22. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las estrategias de comunicación y concientización ciudadana para disminuir el uso de bolsas de plástico que son lesivas a nuestro medio ambiente.

23. Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo informe sobre el estado que guarda el Programa “Pueblos Mágicos”, así como el listado de los pueblos que se hayan postulado al nombramiento de pueblo mágico y que aún no concluyan el proceso de incorporación.

24. Que exhorta a las autoridades de movilidad de las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas de educación vial y respeto a los peatones y ciclistas.

25. Por el que se solicita al Instituto de Antropología e Historia informe sobre el estado que guarda la emisión de los permisos para la construcción de la línea 4 del Mexibus dentro del polígono de la zona de monumentos históricos de la Calzada del Albarradón de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México.

26. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a Petróleos Mexicanos a garantizar el pago resarcitorio por los daños generados por el incendio de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”.

Sin discusión, los veintiséis dictámenes con puntos de Acuerdo, fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Auditori?a Superior de la Federación informe respecto al proceso de solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro SCT-Tabasco, derivado del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2015.- La Mesa Directiva informó de la propuesta de modificación del Senador Fernando Mayans Canabal del PRD, la Asamblea rechazó integrar la propuesta al dictamen. Sin discusión, el dictamen fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario como consecuencia de la sequía que afecta a diversos estados del país.- Intervino el Diputado Benjamín Medrano Quezada del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para normar el debate en torno a la situación política en Venezuela.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Agenda Política)

El Presidente de la Mesa Directiva, de conformidad con el Acuerdo aprobado, dio paso al debate pactado para referirse a la situación política en Venezuela.- Por los grupos parlamentarios intervinieron los legisladores: Diputado Jesús Rafael Méndez Salas de NA; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Senador Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI. Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: Senador David Monreal Ávila del PT; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; y Diputada Maricela Contreras Julián del PRD. El asunto se consideró suficientemente discutido.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en torno a la situación política en Venezuela.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 480 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Armando Luna Canales, Waldo Fernández González y José Refugio Sandoval Rodríguez, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 8 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 159 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54, 56 y 63 y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 128, 128 Bis y 133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Arlet Mólgora Glover, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Adopción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 294 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 217 y se modifica la fracción III del artículo 227 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías de Protección de los Derechos Humanos determinadas por Tratados Internacionales.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a acudir a una reunión de trabajo a fin de que informe la situación del paso express en Cuernavaca y las obras en curso a cargo de dicha dependencia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobernadores y cámaras de diputados de las 32 entidades federativas a garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de sus preferencias sexuales o de género.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como sancionar los actos que contravengan las mismas, a fin de garantizar los derechos de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a promocionar el ecoturismo en los geoparques mundiales de la mixteca alta, en Oaxaca y la comarca minera, en Hidalgo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de celebrar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple con los requisitos de su constitución; y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una estrategia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que se declare un embargo de armas al gobierno de Nicolás Maduro.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fortalecer la estrategia nacional de inglés a través del fortalecimiento del Programa Nacional de Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo básico, y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, a fin de brindar acompañamiento, asesoría, formación continua, actualización y certificación al personal docente en servicio que imparte la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas de educación básica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar estudios sobre los efectos meteorológicos de los llamados “cañones antigranizo”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fortalecer los trabajos de cooperación internacional encaminados al uso de información espacial en sistemas de alerta temprana para la protección de la población civil en caso de desastres naturales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de la Ciudad de México a implementar de forma amplia y generalizada bases de operaciones mixtas en la Ciudad de México, particularmente con la encomienda de combatir el alza preocupante en los índices de violencia, narcotráfico y delitos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar de las acciones realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de Migración, ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades que se han suscitado por abuso y extorsión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los presuntos vínculos que existen entre las bandas de delincuencia organizada y el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de atraer el caso de los albergues “Ciudad de los Niños”, a fin de investigar y esclarecer los hechos y, en su caso, fincar o deslindar las responsabilidades derivadas de las acciones u omisiones constitutivas de delitos desplegadas por particulares y autoridades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a participar de forma activa, directa, diligente y efectiva en la solución del conflicto entre Yusa Autoparts México S.A. de C.V. y sus trabajadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ofrecer asesoría jurídica adecuada a los migrantes mexicanos que fueron víctimas en el caso del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, con el fin de que obtengan la visa tipo U.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar, mediante la infraestructura e instalación adecuadas, la estancia y tránsito seguro de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a presentar un análisis pormenorizado de la evolución de la deuda pública de la entidad en todos sus componentes, durante el período comprendido entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2017, así como las acciones realizadas para la reestructuración y/o financiamiento de la deuda pública de la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para que la Secretaría de Salud proponga una modificación sustantiva del etiquetado nutrimental frontal de alimentos y bebidas actual, siguiendo los requerimientos de la Organización Panamericana de la Salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a autoridades federales, estatales y municipales a atender la grave emergencia que en materia de salud y medio ambiente afecta al municipio de Poncitlán, Jalisco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente emite un mensaje de apoyo, de congratulación y alegría al parlamento tunecino y al pueblo de Túnez por la aprobación de una ley para prevenir y castigar “todas las violencias contra las mujeres”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a modificar la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio de Mérida, Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Silvia Rivera Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a investigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos de discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez, aplicando para ello las medidas de reparación que se estimen pertinentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Fabiola Rosas Cuautle, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar acciones para garantizar en el próximo ciclo escolar 2017-2018 que los planteles del sistema educativo nacional cumplan las disposiciones contenidas en el artículo 6º de la Ley General de Educación, que prohíbe el pago de cuotas escolares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Silvia Rivera Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que informe sobre la situación que guarda la seguridad pública en la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato separarse de su cargo por el mal uso de los recursos públicos utilizados para la promoción de su imagen personal con fines electorales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar las acciones pertinentes a fin de garantizar la instrumentación efectiva de los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a auditar los recursos ejercidos para la adquisición, mantenimiento y reparación de las “patrullas Police Interceptor” en el municipio de Puebla de Zaragoza.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Michoacán a informar sobre los avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Oaxaca gestionar la donación al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146,294.42 m2 de lo que fuera el área de talleres y 306,279.49 m2, donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y pensionados de FNML.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se propone contemplar como candidato al otorgamiento de la “Medalla Belisario Domínguez” al ciudadano Gilberto Horacio Aceves Navarro, nacido en la Ciudad de México en 1931, pintor y uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto de México.- Se turnó a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reactivar el sistema de autodiagnóstico empresarial, con la finalidad de que los empresarios dueños de micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con una herramienta que enriquezca su cultura empresarial y los ayude a orientar constantemente sus decisiones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente respalda la postura del Estado Mexicano respecto a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela; asimismo, hace votos para que se privilegien los valores de la democracia y se garantice el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a garantizar las condiciones óptimas en las carreteras de dicho estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de Acuerdo por el que se solicita la expedición de permisos de pesca para pequeños productores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud atender a las poblaciones excluidas para obtener el registro y atención del Seguro Popular.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Oaxaca a informar el número de órdenes de aprehensión, el número de autos de vinculación a proceso, el número de autos de no vinculación a proceso y las sentencias condenatorias respecto del delito de feminicidio, que haya dictado durante el período comprendido del mes de junio de 2012 a la fecha, respetando el derecho a la intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la identidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el anuncio sobre el inicio de la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación atienda las demandas de la marcha de ciudadanas y ciudadanos del estado de Morelos ante los abusos cometidos por el titular del gobierno del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a informar el número de denuncias, el número de carpetas de investigación, el número de formulaciones de imputación y el número de determinaciones de no ejercicio de la acción penal, respecto del delito de feminicidio, que haya recibido y realizado durante el período comprendido del mes de junio de 2012 a la fecha, respetando el derecho a la intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la identidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad las adecuaciones normativas y reglamentarias necesarias para el pleno respeto de los derechos de los usuarios de líneas aéreas, en el marco de las recientes reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a enviar un diagnóstico sobre la situación que guardan los albergues que resguardan a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a acudir a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión en para detallar el Informe de Estados Financieros al Primer Semestre de 2017, sus implicaciones a corto y mediano plazo para la empresa y las finanzas públicas del país y el cumplimiento de los objetivos planteados en la reforma energética, principalmente la baja de las tarifas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Julio Saldaña Morán, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, tomando en consideración la ampliación del Puerto de Veracruz, se lleve a cabo el incremento de la infraestructura médico hospitalaria que necesita la región.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a acudir a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión para detallar el Reporte de Resultados del Primer Semestre de 2017, sus implicaciones a corto y mediano plazo para la empresa y las finanzas públicas del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe de los resultados del Programa de Orientación Educativa del marco curricular común de la educación media superior y, en caso de haber sido suspendido, proporcione el nombre del programa que lo sustituyó, así como sus logros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a suspender la cuarta convocatoria de la Ronda 2 de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a expedir nueva normatividad relacionada con los mercados públicos de la ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación al procedimiento de aprobación de los lineamientos que permitan la práctica de la fractura hidráulica (fracking) en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre las acciones en favor de la miel orgánica, así como su postura con respecto a la resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Decreto 418/2016, que trata de declarar a Yucatán como zona libre de productos agrícolas genéticamente modificados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las estaciones migratorias y estancias provisionales de los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, en materia de derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Araceli Reyes Saucedo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a tomar las acciones necesarias para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, con la finalidad de dar tratamiento oportuno y evitar muertes por esta enfermedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Felipe Reyes Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento con pleno respeto de los derechos humanos de las 178 personas migrantes encontradas en Veracruz.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Araceli Reyes Saucedo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar acciones preventivas y curativas oportunas y de calidad, a fin de evitar ceguera en la población que padece diabetes, así como a establecer una campaña informativa permanente de los riesgos de ceguera a consecuencia de padecer diabetes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a sus homólogas de las entidades federativas, a rendir un informe de las condiciones en que se encuentran los centros de asistencia social públicos, privados o a cargo de asociaciones que albergan a niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer efectiva la expulsión inmediata de la Embajadora de Venezuela en México y el consecuente retito de nuestra Embajadora en aquel país, al tiempo de reestablecer y llevar a cabo medidas extraordinarias para recibir a ciudadanos venezolanos en situación de riesgo en su integridad física y sus libertades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Carlos Ruiz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a determinar una metodología para el establecimiento de tarifas, así como criterios de suspensión de servicio de energía eléctrica diferenciados, considerando las características climatológicas del territorio nacional a lo largo del año y las condiciones socioeconómicas de los usuarios básicos finales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Karina Padilla Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de Petróleos Mexicanos a informar sobre los avances respecto de los compromisos establecidos, los recursos aprobados y metas en el Plan Salamanca 2016-2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a dar total cumplimiento al Programa Pensión para Adultos Mayores en favor de los más de cuatro millones novecientos sesenta mil mexicanas y mexicanos que pertenecen al programa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a promover los ordenamientos necesarios para que los espacios, parques y áreas verdes incorporadas a las demarcaciones municipales por donaciones privadas preserven su carácter público.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, asigne mayores recursos en términos reales al Programa para la Inclusión y el Equidad Educativa, y garantice la ampliación de las oportunidades educativas para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el establecimiento de medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, con el fin de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en esa importante vialidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Karina Padilla Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se hace un extrañamiento a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Agencia de Seguridad Energía Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua por incumplir con la respuesta solicitada por el pleno de la Comisión Permanente respecto a los avances y/o resultados de las investigaciones realizadas en torno a la explosión e incendio ocurrido en el mes de marzo en las instalaciones de PEMEX, en Salamanca Guanajuato.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente desconoce los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 72 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la Semana Mundial de Lactancia Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Hepatitis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el CLVIII aniversario de la Promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Trata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Telefonista.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a los resultados económicos del país de los últimos trimestres.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la situación actual de la relación México-Estados Unidos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la creación de empleo durante la presente administración.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas y citó para la siguiente sesión el día martes ocho de agosto, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite 36 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Hago de su conocimiento que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, en cada caso, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: También se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe sobre los resultados de la Competencia “FUERZAS COMANDO 2017”, que se llevó a cabo del 17 al 28 de julio de 2017, en Asunción, Paraguay.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe de la visita de trabajo que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa y su participación en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, en la República Federal de Alemania, los días 6 al 8 de julio del año en curso.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el informe del primer semestre de 2017 de operaciones a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un oficio suscrito por el licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey y Presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, por el que informa que en la primera sesión ordinaria de 2017 de la Asamblea General de dicha Conferencia, se aprobó un punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a realizar las reformas necesarias para que delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y acopio de las mismas y de robo de hidrocarburos sean considerados con prisión preventiva oficiosa.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Justicia de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron oficios del Gobierno de la Ciudad de México, con 14 respuestas a Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones correspondientes, y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su consulta.

Pasamos al siguiente asunto.






UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió un oficio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el primer informe semestral de 2017 de resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Remítase el informe a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURA

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibió del Congreso del estado de Veracruz, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO XVIII AL TÍTULO SEXTO Y ADICIONA LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 994 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Misión a Barbados, como Coordinadora de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y El Caribe, efectuado el 21 de julio del año en curso.








Una, de la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con la que remite el informe de su participación en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 7 al 18 de noviembre del año pasado.








Y una, del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondientes al primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.



La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: La Asamblea ha quedado enterada de cada una de las comunicaciones.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados y Senadores:

“El trabajo, además de ser el medio legítimo de manutención del ser humano y su familia, debe de ser también el medio de desarrollo integral de la persona”, nueva cultura laboral, Secretaría del Trabajo.

Nuestro país atraviesa por un momento histórico de consolidación de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de la República, aprobadas en el marco del Pacto por México.

Especialmente también quisiera resaltar, la de 2012, de suma de esfuerzos de la pasada administración laboral, una de las reformas legales de mayor calado institucional en materia laboral.

Por su parte, la reforma sustantiva de 2012 que simplificó los esquemas de contratación y, por otra, la reforma de 2016 que transforma las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Tribunales Laborales de Plenitud, de Jurisdicción, para resolver los conflictos laborales.

En este contexto de justicia laboral, es donde las relaciones laborales entre patrones y trabajadores se desarrollan con retos y desafíos que representan áreas de oportunidad para optimizar la productividad en sus respectivas áreas de trabajo.

Un dato relevante para optimizar dicha productividad son los periodos, garantizados a las y los trabajadores, ya que México es considerado el país número uno de estrés laboral a nivel mundial y uno de los países con menos días de vacaciones al año, de acuerdo con un informe de la OCDE. Destaca dicho informe, lo siguiente: “Mientras los mexicanos cuentan con seis días de vacaciones en un año laboral, Brasil, Francia, Finlandia, Alemania y Suecia tienen 30 días al año; en tanto que Chile, Colombia, Venezuela y Guatemala disponen de 15 días de vacaciones”.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dos regímenes en materia laboral para regular los derechos y obligaciones de los trabajadores.

Por una parte, en el Apartado A, el artículo 123 de nuestra Constitución, regula lo relativo a la relación de trabajo que establece entre los trabajadores y los patrones, con excepción de lo relativo a los trabajadores de los Poderes de la Unión.

Por otra parte, nuestro Apartado B de nuestra Constitución, regula precisamente lo correspondiente a la relación de trabajo que establece entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.

Los trabajadores de los Poderes de la Unión tienen un periodo vacacional garantizado de 20 días al año, mientras que los trabajadores que se rigen por el Apartado A, sólo tienen seis días garantizados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

Por tal motivo, la presente iniciativa propone homologar los periodos vacacionales de ambos tipos de trabajadores al realizar una reforma al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el periodo anual de vacaciones no podrá ser inferior de 20 días laborales, pudiendo llegar a su máximo de 30.

Con esta iniciativa, reiteramos nuestro compromiso en defensa de los intereses de los trabajadores del país, promoviendo iniciativas que garanticen trato equitativo y mayor productividad laboral, partiendo de los derechos que deben garantizarse a los trabajadores, entre ellos, de manera primordial, sus periodos vacacionales.

Contrario a lo que algunos piensan, que a más días de trabajo más productividad, se ha demostrado en el mundo que los periodos vacacionales son muy importantes para coadyuvar a la productividad; si las y los trabajadores tienen tiempo de estar con su familia, de descansar, de recargar energías, van a ser más productivos, pero además tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con la equidad, con la justicia, con que no haya trabajadores de primera, de segunda, no importa si son del A o el B.

Todos los trabajadores de este país deben de contar con su derecho a los mismos días del periodo vacacional, me parece que ésta es una iniciativa de justicia.

A partir de la reforma de derechos humanos de 2012, este país tiene la obligación de aplicarla de manera exacta y tendríamos necesariamente que armonizar el Apartado A y el Apartado B para que los derechos humanos y además, en este caso, los periodos vacacionales de los trabajadores sean los mismos para el Apartado A y B, todos los trabajadores los mismos derechos.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DEL PERÍODO VACIONAL DE LOS TRABAJADORES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es el país número 1 en estrés laboral a nivel mundial y uno de los países con menos días de vacaciones al año, de acuerdo a un informe de la OCDE. Destaca el informe que: “mientras los mexicanos cuentan con 6 días en un año laboral, Brasil, Francia, Finlandia, Alemania y Suecia tienen 30 días de vacaciones al año; en tanto que Chile, Colombia, Venezuela y Guatemala disponen de 15 días vacacionales”.1

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Constitución Federal”) establece dos regímenes en materia laboral para regular los derechos y obligaciones de los trabajadores.

Por un parte, el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, regula lo relativo a la relación de trabajo que se establece entre los trabajadores y patrones, con excepción de lo relativo a los trabajadores de los Poderes de la Unión.

Por la otra, el Aparato B del artículo 123 de la Constitución Federal, regula precisamente lo correspondiente a la relación de trabajo que establece entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.

En este tenor de ideas, cada uno de los regímenes laborales tiene características especiales que los distingue, entre dichas particularidades destaca la que establece la fracción III del Apartado del citado artículo 123 de la Constitución, que otorga a los trabajadores de los Poderes de la Unión un período vacacional garantizado de veinte días al año, al tenor de lo siguiente:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(…)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(…)

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año;

(…)

En este sentido, es importante destacar que el Apartado A no contiene referencia expresa al período vacacional que deberán gozar los trabajadores que no se encuentran dentro del supuesto de ser considerados trabajadores de los Poderes de la Unión.

Por lo tanto, el período vacacional de los trabajadores cuya relación laboral se rige por lo dispuesto en el Apartado A, se regula expresamente en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo al tenor de lo siguiente:

“Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios”

Dicho artículo, a diferencia de la fracción III del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece sólo seis días laborales como período anual de vacaciones pagadas, pudiendo llegar a un máximo de doce días laborales.

En consecuencia, es dable afirmar que no existe justificación constitucional para diferenciar los períodos vacacionales garantizados entre los trabajadores cuya relación laboral se rige por el Apartado A con respecto a aquellos que se rigen por el Apartado B.

Por tal motivo, la presente iniciativa propone homologar los períodos vacacionales de ambos tipos de trabajadores, al realizar una reforma al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que el período anual de vacaciones pagadas no podrá ser inferior a veinte días laborables, pudiendo llegar a un máximo de treinta.

Para mayor claridad se anexa cuadro comparativo:

Ley Federal del Trabajo

Iniciativa

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a treinta, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DEL PERÍODO VACIONAL DE LOS TRABAJADORES.

ÚNICO.- Se modifica el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a treinta, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Cfr. Consulta disponible en: http://www.altonivel.com.mx/45109-mexicanos-con-menos-vacaciones-y-mas-estres/

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: La iniciativa presentada por la Senadora De la Torre Valdez, fue un proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, su turno será a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene ahora el uso de la tribuna la Diputada Claudia Sánchez Juárez, para presentar a nombre del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 211 Bis del Código Penal Federal, en materia de espionaje.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada Claudia Sánchez Juárez, a nombre del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, Diputada Presidenta.

Hoy en día, el aumento en las violaciones a los derechos humanos requiere de la consolidación de nuestros marcos normativos, con los mismos individuos y garantizar la acción del Estado en favor de su seguridad.

Necesitamos un sistema de seguridad eficaz, regido por la indivisibilidad entre el debido proceso y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos.

Los constantes avances tecnológicos y progresos técnicos que ha experimentado al sector de las comunicaciones electrónicas en nuestra sociedad, han favorecido la interacción entre los individuos; pero también han significado el surgimiento de irregularidades, agudizadas por la presencia de lagunas jurídicas, que traen consigo graves distorsiones en la procuración e impartición de justicia.

El tema de la intervención de comunicaciones privadas requiere de ajustes en su normatividad. Si bien es cierto que se encuentra contemplada dentro del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales como un acto que requiere de autorización previa por parte del juez de control, se presentan situaciones que distorsionan el principio de legalidad y que vulneran la intimidad de las personas.

Cabe mencionar que en los últimos 16 años se han suscitado una serie de irregularidades relacionadas con la ausencia de denuncias, procesos o sentencias ante la Procuraduría General de la República por diversos casos relacionados con la intervención de líneas telefónicas. Asimismo varias personas dedicadas a vigilar y promover el respeto a los derechos humanos en nuestro país, han visto agraviada su esfera privada en detrimento de su labor, tan necesaria para nuestra democracia.

Es por ello, que la presente iniciativa con proyecto de Decreto tiene como objetivo robustecer las disposiciones normativas en la materia y evitar con ello irregularidades en el ejercicio de funciones por parte de las autoridades correspondientes.

Señoras y señores legisladores, para Acción Nacional el resguardo de la privacidad de cada uno, se inscribe como el derecho humano que requiere del fortalecimiento de las distintas disposiciones normativas en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional propone, a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 211 Bis del Código Penal Federal, con el objetivo de asegurar el uso de las comunicaciones privadas. A través de esta disposición, se busca que la actuación judicial mejore y, en su caso, alcance niveles ejemplares de eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, JORGE LÓPEZ MARTÍN, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La intervención y grabación de llamadas telefónicas es considerado un delito federal, sin embargo son pocas las sanciones que existen, ya que debido a la penalidad que se establece no se sanciona como debería, al ser un delito que atenta al derecho de privacidad de las personas, de todos los ciudadanos que además lo contempla dentro de la gama de garantías la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que en 16 años no hay personas procesadas o sentenciadas por este delito, así como tampoco señaladas como responsables de interferir las líneas de comunicación. Durante estos años se han venido denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) diversos casos de intervención de líneas telefónicas.

Se han iniciado investigaciones que han llevado al inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación con el nuevos sistema acusatorio penal, en los cuales los denunciantes son citados en diversas ocasiones para declarar y ratificar la misma ante el Ministerio Público Federal, quien tras varios meses o años de “investigación” les notifica que en los casos No hay suficientes elementos que sostengan su dicho por lo cual el asunto conforme a la ley se remite al archivo.

Los constantes avances tecnológicos y progresos técnicos que ha experimentado el sector de las comunicaciones electrónicas en nuestra sociedad, han conllevado a distintas formas de comunicación como la telefonía móvil, el correo electrónico y las redes sociales. Sin embargo las plataformas de comunicación interpersonal propias de la sociedad de la información también tienen la aparición de violación en los Derechos fundamentales, por lo que resulta necesario que se modifiquen sin perder su identidad para otorgar debida protección jurídica a los ciudadanos y adaptarse a la nueva realidad social.

La intervención de comunicación puede realizarse de facto por personas que cuenten o no cuenten con autorización judicial. Mientras que el primer caso está regulado por la ley, el segundo está penado por ella.

Toda Persona tiene derecho de mantener en el ámbito de la privacidad aspectos de su propia vida, sin intromisión de terceros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día sabemos que han venido en aumento las violaciones a los derechos humanos, la intervención a las líneas telefónicas no es la excepción, muchas son las personas que se han visto agraviadas, sobre todo los que se encargan de vigilar y promover el respeto a los derechos humanos, quienes han seguido muy de cerca casos de transgresión a los derechos humanos en nuestro país. Por lo cual se hace necesario tomar medidas más eficaces para que no se sigan cometiendo estas acciones de invasión en la privacidad de las personas.

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra intervención como; “acción y efecto de intervenir”.

La intervención telefónica es un medio, mediante el cual se limita el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

Se entiende por intervención de comunicaciones privadas al hecho de interceptar, a través de instrumentos electrónicos o mecánicos, la comunicación que mantienen dos o más personas con el objeto de obtener información que intercambian, sin el consentimiento de la persona cuya conversación está registrada.

Como señala el Dr. Alfredo Islas Colín, “En los últimos años, el tema de las intervenciones telefónicas es uno de los temas que divide a las sociedades contemporáneas, ya que por una parte se habla de derecho a la privacidad y por la otra la intervención telefónica que hace la autoridad por intereses que determina superiores”.

Carbonell (2005), identifica dos tipos de transgresión a la intimidad que son; la acción o intrusión en un espacio o zona propia y el conocimiento o intromisión informativa sobre hechos, datos o aspectos relativos a la vida privada de una persona.

Podemos entender entonces que esta segunda es una intimidad informacional, que también puede llamarse confidencialidad.

Tratándose de un derecho tendrá como finalidad la protección de la difusión y revelación de los datos pertenecientes a la vida privada (p.2). Lo que tiene por finalidad la protección de la difusión y revelación de los datos pertenecientes a la vida privada.

El respeto a la vida que tiene como objeto la protección contra intromisiones ilegitimas en ese espacio.

Para Miguel Carbonell (citado por Celis Quintanal, p.76) el derecho a la intimidad encuentra su justificación en la necesidad de separar el ámbito de lo privado y lo público.

Para dicho autor, conforme al derecho estadounidense, puede hablarse de violaciones a la intimidad al menos en los siguientes casos:

• Cuando se genere una intrusión en la esfera o en los asuntos privados ajenos.

• Cuando se divulguen hechos embarazosos de carácter privado.

• Cuando se divulguen hechos que suscitan una falsa imagen para el interesado a los ojos de opinión publica.

• Cuando se genere una apropiación indebida para provecho propio del nombre o de la imagen ajenos.

• Cuando se revelen comunicaciones confidenciales, como las que pueden llevar a cabo entre esposos, entre un defendido y su abogado, entre un médico y su paciente o entre un creyente y un sacerdote.

Existen una gran cantidad de tratados y convenios internacionales de los cuales nuestro país es parte, que protegen el derecho a la intimidad, así como la propia Constitución Política salvaguarda este derecho, ya que claramente establece que la intervención en líneas de comunicación se realizará exclusivamente por la autoridad judicial federal, es decir a petición de ésta, que faculte expresamente la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, para esto la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, de otra manera no se puede hacer dicha acción, por ninguna otra persona.

También la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 12 y 29 hacen mención a que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques. Esto solo por mencionar algunos porque también lo encontramos en el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

Es por ello que se hace necesario agravar las penas toda vez que si bien es cierto no erradicará de lleno el que más personas abusen del cargo que se les ha encomendado por lo menos tendrán una sanción que de verdad impacte y se investiguen los hechos, así como que se le dé la importancia que este tema tanto requiere en nuestro sistema penal. A demás de las actuales situaciones que se han suscitado en nuestro país debido a la forma ilegal en que han intentado y en otros casos han logrado intervenir los teléfonos de algunos periodistas y ciudadanos que buscan esclarecer ciertos hechos o son activistas en el país.

Por lo antes expuesto y fundado someto, a Consideración del pleno de este H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo siguiente.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ÚNICO.- Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 211 Bis del Código Penal Federal. Lo anterior para quedar como sigue:

Artículo 211 Bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de ocho a dieciséis años y de trescientos a seiscientos días multa.

Si quien realice alguna de las conductas descritas en el párrafo anterior al momento de la acción fuese servidor público y no contará con autorización judicial, se aumentará la sanción hasta el doble y de quinientos a ochocientos días multa.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Jorge López Martín.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias, Diputada Claudia Sánchez. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en materia de procedimiento para análisis.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Así es Presidenta, muchísimas gracias. Compañeras y compañeros:

Estamos, en este momento, en todo el país, revisando el tema del Tratado de Libre Comercio y nos parece, en el PRD, que es indispensable un cambio en la Ley de Tratados, para que el Senado de la República no sea un invitado de piedra o simplemente receptor de propuestas que se toman o se desechan acríticamente por una mayoría preestablecida.

Necesitamos que se respete la Constitución mexicana, que establece, de las relaciones internacionales y las relaciones comerciales con el mundo, hacer una política de Estado, lo cual implica que sea tanto el gobierno como el Senado de la República quien instrumente este tipo de negociaciones.

Se habla de una serie de rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que comenzarán el día 16 de agosto y están cambiando los planes para que solamente los empresarios y el gobierno participen de estas rondas, ni siquiera aparece el Senado mencionado por ningún lado, y al final llegará aquí.

Se habla de varias rondas, la primera en Estados Unidos, la segunda en México, la tercera en Canadá, y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros pensamos, en relación a este tema, que es necesario, primero, que se discuta abiertamente, no con los formatos sólo para cubrir el expediente, como lo hace la Secretaría de Economía; se requiere incluir a la opinión, las opiniones de la Academia, de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil, a los ambientalistas, a los sindicatos, a las y los legisladores, a todos los sectores de migrantes interesados en esta renegociación de los diferentes temas que se encuentran contenidos en el Tratado de Libre Comercio.

El Tratado de Libre Comercio no es cualquier tratado, impacta la vida del 100 por ciento de los mexicanos, y lamentablemente, el TLCAN ha venido a sustituir el Plan Nacional de Desarrollo.

Todo, desde que se firmó, a la fecha, está enfocado a ese tratado y se descuidan las políticas públicas, como la política industrial, una política industrial también agropecuaria, etcétera, que permita tener un planteamiento de desarrollo fuerte en nuestro país.

Nosotros decimos que el Tratado de Libre Comercio no puede ignorar, por ejemplo, la consulta indígena. Los acuerdos de la renegociación del tratado tienen que ser compatibles con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este respecto y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se firmó y se aceptó por nuestro país en 1991.

Ahora, además de esos instrumentos jurídicos, contamos con una jurisprudencia muy sólida en la materia, maravillosa, que trajo la reforma en materia de derechos humanos en junio de 2011, que incorpora el control de convencionalidad y que se tendrá que aplicar la ley más favorable para los pueblos y no la más perjudicial, como la que se negocia por parte del gobierno mexicano.

La consulta indígena tendrá que hacerse so pena de que el tratado se considere inconstitucional. Sin esta consulta, la Corte y los tribunales internacionales pueden considerar inválidos los cambios de este tratado. Ciertamente, cuando se firmó en 1993 y cuando empezó a aplicarse en enero de 1994, no existían estas regulaciones.

Hoy se hace esta renegociación. La renegociación tiene que tomar en cuenta la nueva jurisprudencia, la nueva legislación, las nuevas reformas. De lo contrario, prevalecerán las asimetrías entre países, lo que ha traído más que nada una sumisión, una relación bilateral subordinada de México con respecto a Estados Unidos.

En esta iniciativa estamos proponiendo, además de la consulta, además del respeto a la consulta indígena, además de respetar la reforma de derechos humanos, etcétera, de respetar la convencionalidad respecto a los tratados comerciales, debemos de aplicar una política de Estado reformando esta ley para que el Senado de la República participe en todas las rondas de negociaciones, no en un cuarto de al lado, sino puño con puño, a un lado del gobierno, los dos, como Ejecutivo y Legislativo llevar a cabo estas negociaciones para defender el interés nacional.

Los empresarios defenderán lo que es su naturaleza, y es correcto, ellos defenderán su ganancia, sus intereses, como empresa privada, pero de ninguna manera a eso pueden resumirse las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Estados Unidos dio a conocer sus objetivos de esta renegociación y México no. El Secretario de Economía viene aquí y nos dice que es una estrategia secreta, que sólo él la va a conocer y que las estrategias no se dan a conocer.

Para que no tengamos este tipo de pretextos, que en realidad es eludir que no están preparados para una negociación de este tipo, pues nosotros queremos hacer esta reforma a la Ley de Tratados para que el Senado de la República participe.

Pero también aquí se dice en esta iniciativa que el Secretario de Economía o la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe de informar al Senado de la República, una vez acordado, la evolución de este tratado; es decir, el Senado tiene que estar antes, durante y después de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

¿Por qué? Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, está hablando de varios objetivos que ellos tienen. Habla de una negociación donde se puedan percibir tópicos que le interesan mucho a Estados Unidos, que yo podría resumirlos en dos cosas: En combatir el desbalance económico, como está agendado ese tema me lo voy a reservar para después, pero el desbalance comercial que tiene México con Estados Unidos tiene causales y vamos a desmitificar todo lo dicho por Donald Trump, que solamente se la pasa ofendiéndonos y no hay quien le diga las cifras que tiene su propio Estado, su propio Departamento de Comercio de Estados Unidos, ahí vamos a desmontar todo este lío que ha hecho Trump y que lamentablemente aquí se le hace caso, se les disciplina, y ahora estamos todos metidos en este lío, por algo que es falso, que está argumentando Estados Unidos.

Otro de los objetivos que persigue es la liberalización de los mercados del continente, a la par que apunta a un proteccionismo que obligue a Estados Unidos, o sea, proteccionismo para Estados Unidos y extrema liberalización del mercado para México.

Cualquier estudio cuidadoso de los efectos del Tratado de Libre Comercio en nuestro país, muestra que este desbalance que agrega Estados Unidos es falso. Voy a referirme a lo que establece México, por ejemplo: Nos trajo aquí el Secretario de Economía un documento que le llama, son los postulados a que se refiere México en esta negociación del Tratado de Libre Comercio.

Aquí este documento al que se refiere el gobierno, de ninguna manera está haciendo una evaluación del Tratado de Libre Comercio, hace cuentas alegres, falsas, no se sostiene ni con las propias cifras que nos da la Secretaría de Economía en todos los informes trimestrales de la Cuenta Pública, pero debemos de decir que éstos son los verdaderos informes que deben de prevalecer cuando se quiera renegociar este tratado, porque a finales de 2016 se dan varios hechos en México.

El Secretario de Economía, es que estamos acá con mucho ruido, perdón, y me distraigo. Pero en el documento del Secretario de Economía que se llama “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio”, que se habla de modernización, por no decir renegociación. Modernización es cuando algo está funcionando bien y entonces hay que mejorarlo. En este caso, al menos lo que leemos del documento de Estados Unidos no es eso, y hay que ser muy prudentes, porque si bien el tratado ha permitido a México el crecimiento de algunos sectores económicos y algunas regiones, sobre todo en el norte del país, muy específicas, no se tradujo en un detonador del desarrollo económico de nuestro país; por el contrario, ha propiciado la ruptura de las cadenas productivas, la desaparición de varias ramas industriales y el tratado presentó en sus orígenes y sigue presentándose como lo presenta el Secretario de Economía, como una panacea y no se miden las verdaderas consecuencias que ha traído este tratado. Por ejemplo, un crecimiento económico apenas de 2.5 promedio a lo largo de estos 23 años, apenas 2.5 millones de trabajadores que genera la industria manufacturera de exportación del total de los empleos que aporta nuestro país, entre muchos otros elementos.

El gobierno está hablando de cuatro factores para la modernización del Tratado de Libre Comercio, habla de fortalecer la competitividad de América del Norte, ya se asume no como parte de América Latina, sino como parte de la región de América del Norte y piensa más en los intereses de Estados Unidos, en este documento, que en los propios objetivos que puede perseguir México. Por ejemplo, está pensando mucho en el sector energético, de cómo acabar de entregarlo a Estados Unidos y no del interés que debe de perseguir nuestro país.

Los siete conceptos que incluye para este eje son muy discutibles, otro eje que dice, es avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Habla ahí de una mayor participación de las Pymes, de fomentar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia laboral, de combatir la corrupción, de apegarse a las leyes de medio ambiente, de incorporar la perspectiva de género, todo lo cual es cierto, pero estos temas debieran dársele prioridad en todo momento y en su conjunto, no solamente para discutir este tratado.

Habla también de aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, que en este apartado en realidad está hablando de los tópicos que aborda el TPP, el ya extinto TPP, para como eso fracasó, justamente a causa de Estados Unidos, ahora incorporarlos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Y por último, habla de promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte, lo cual se refiere al Capítulo XIX y busca vestir estos planteamientos demagógicos al decir que las empresa productivas del Estado mexicano van a ser más eficientes, sino lo que están haciendo las reformas es justamente perder la eficiencia de nuestras empresas productivas del Estado, en fin.

Finalmente diría que esta iniciativa incorpora que la obligatoriedad del gobierno a entregar estos informes al Senado, antes, durante y después de las negociaciones, y obliga al Senado a estar presente en todas las negociaciones que tenga nuestro país con el resto del mundo.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE LA APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es indiscutible el hecho de que las relaciones internacionales han cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Desde la implantación del modelo neoliberal en México y la consolidación de la tecnocracia mexicana, la política exterior extravió el rumbo y se transformó en una estrategia comercial utilizada por las diversas administraciones para promover los intereses económicos, nacionales y extranjeros, en detrimento de los políticos, sociales, de cooperación y culturales, a través de acuerdos comerciales que incorporaron disposiciones contrarias al interés nacional.

Dichos Acuerdos y Tratados Comerciales fueron negociados al margen del Senado de la República, siendo auspiciados en sus términos por legisladores afines al grupo en el poder, mismos que compartieron los beneficios de lo estipulado en los mismos. Lo anterior se dio debido a que nuestra legislación en materia de celebración y aprobación de Tratados y Acuerdos Internacionales es sumamente endeble y fue diseñada bajo el presidencialismo exacerbado que sirvió para que sexenio tras sexenio la agenda internacional fuera meramente economicista, lo cual obliga a un replanteamiento de la forma y procesos concernientes a la celebración y aprobación de los compromisos internacionales de que nuestro país es parte.

Cabe señalar que los parlamentos fueron los primeros órganos en influir y acotar la actividad de los gobernantes en materia de política exterior. Posteriormente, en el siglo pasado, se sumó una importante participación popular en la toma de las grandes decisiones del Estado, lo que derivó en un cambio radical, directa e indirectamente, en las relaciones internacionales. Esto generó una mayor transparencia y control por los cuerpos legislativos.

A pesar de lo anterior, en nuestro país el Senado de la República ha quedado siempre relegado del proceso de celebración y aprobación de tratados internacionales por parte del Ejecutivo Federal, principalmente en aquellos que se refieren a los asuntos comerciales y de inversiones.

Este asunto quedó de manifiesto cuando nuestro país negoció junto con otros once países el llamado “Acuerdo de Asociación Transpacífico” (TPP por sus siglas en ingles), puesto que desde que México entro al proceso de negociaciones en 2012 hasta que fue concluido el 5 de octubre del año 2015, la Secretaría de Economía en ningún momento tomó en cuenta al Senado de la República, a pesar de que se conformó un grupo de senadoras y senadores que “acompañarían” las rondas, a los cuales nunca se les dio información alguna.

Asimismo, la información que presentó la Secretaría de Economía fue insuficiente y no reflejó, en ningún momento, el grado de avance que se tenía en su momento o las concesiones que el Gobierno Mexicano había hecho a sus contrapartes. Tampoco se llevaron a cabo reuniones en las que se informara el estado de las negociaciones y mucho menos se nos consultó tema alguno. Esto no ocurrió con el denominado “cuarto de junto” conformado por empresarios. Al respecto, el propio Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que durante las negociaciones del TPP se tuvieron mil 100 reuniones con los empresarios agrupados en el “cuarto de junto”, quienes acompañaron en todo momento las negociaciones.1

Cuestión similar es la que actualmente ocurre en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde, de nueva cuenta, el Senado se encuentra al margen de la misma y la Secretaría de Economía ha privilegiado el acercamiento total y constante con el sector empresarial agrupado en el “cuarto de junto” de esta negociación.

Al respecto, debemos señalar que el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Economía, inició un proceso de consultas con los sectores productivos del país y el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, el cual engloba a los presidentes de los sectores productivos y está encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial, y que se llevó a cabo del 1 de febrero al 03 de mayo de este año.2

Asimismo, la Secretaría de Economía abrió un proceso de consultas públicas sólo por internet en la cual cualquier persona interesada puede participar entre el 26 de junio y el 26 de julio.3 A pesar de que este proceso se considera favorable y oportuno, el hecho de que se realice solamente vía internet impide la participación activa de la sociedad y no genera una vinculación entre el gobierno y las y los mexicanos, por lo que la presente iniciativa plantea una serie de modificaciones con el fin de empoderar a la ciudadanía en la materia, las cuales de detallan más adelante.

Es necesario destacar que el proceso que se sigue en los Estados Unidos en materia de negociación y aprobación de tratados internacionales es diferente al que se realiza en nuestro país, donde el Congreso tiene un papel preponderante en todo el proceso, puesto que, por ley, se le debe mantener al tanto de todo lo que ocurre y se le debe consultar sobre los objetivos y metas que el Ejecutivo pretenda establecer en algún tratado.

El Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien es el encargado de llevar a cabo las negociaciones comerciales del TLCAN, señaló que, derivado de la notificación que se realizó al Congreso el pasado 18 de mayo, se abrió un periodo de consultas con las y los ciudadanos a efecto de desarrollar la estrategia de negociación, por lo que la Representación está analizando los más de 12 mil 400 comentarios recibidos,4 además de que realizaron una serie de audiencias públicas los días 27, 28 y 29 de junio donde, a diferencia de nuestro país, el Departamento de Comercio escuchó de viva voz las observaciones e inquietudes de los estadounidenses.

Es pertinente señalar que en los Estados Unidos, de acuerdo con la Autorización de Promoción Comercial (TPA por sus siglas en inglés), el Gobierno está obligado a establecer un periodo de consultas con los sectores interesados y la población en general, con el fin de establecer, de manera conjunta, los objetivos y metas que se esperan en las negociaciones, además de que deben dar a conocer, por lo menos 30 días antes del inicio de las negociaciones formales, los mismos.5

Asimismo, la TPA establece que el Representante Comercial de los Estados Unidos debe consultar al Congreso y mantenerlo plenamente informado acerca de todo el proceso de la negociación. De igual modo, los servidores públicos involucrados deben asistir a los llamados del mismo y establecer reuniones periódicas para este fin. Se establece también que los comités asesores del Congreso podrán consultar y asesorar al Representante en temas específicos a tratar en cada uno de los tratados para los que la TPA sea utilizada, además de participar planamente en las rondas de negociación.6

Canadá, por otra parte, tiene una forma especial para tratar los tratados internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores lleva el proceso en conjunto con las demás dependencias de la administración. Asimismo, el proceso de ratificación de los tratados es controlado de manera exclusiva por el Ejecutivo y el Parlamento tiene una participación muy limitada en el mismo. La Casa de los Comunes puede discutir el tratado en cuestión y recomendar acciones a tomar sobre el mismo, pero lo anterior no es vinculante, pues se considera sólo una cortesía de parte del Ejecutivo.7

En este sentido, y dejando de lado el mecanismo canadiense, donde no existe obligación legal que vincule al Parlamento, es necesario establecer procesos que doten al Senado de la República de mayores atribuciones en materia de negociación y aprobación de tratados en materia económica, equiparables con las atribuciones que tiene el Congreso de los Estados Unidos. Lo anterior con el fin de acotar las pretensiones unilaterales del Ejecutivo.

Es así que, para efecto de los tratados internacionales, el principio de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión resulta imprescindible, pues vincula al Estado mexicano a las disposiciones de cualquier tratado firmado. Lo anterior demuestra que, en esta materia, los candados contenidos en la Constitución evitan que los Poderes actúen unilateralmente abusando de las facultades que la misma les otorga, pero que en la práctica quedan diluidos por lo contenido en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

Esta ley fue concebida, tramposamente, para reglamentar el artículo 93 de la Constitución General de la República en materia de las facultades constitucionales del Senado de requerir información a los secretarios de estado, jefes de departamento administrativo, así como a los directores de los organismos descentralizados competentes sobre la negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica y las demás que señala la propia Ley.8

En este sentido, destaca que, al concebirse simplemente como reglamentaria de la facultad del Senado para requerir información, desde su entrada en vigor en 2004, se acotó aún más la participación del Senado en estos asuntos y se le convirtió en una mera oficialía de partes donde el Ejecutivo simplemente envía los tratados y esta Soberanía los aprueba sin poder influir de ninguna forma en los mismos.

Asimismo y, aunque no esté explícitamente descrito en el cuerpo de la Ley, la Secretaría de Economía empezó a encabezar las negociaciones en materia comercial y de inversiones, conduciendo principalmente los Tratados de Libre Comercio y relegando a la Secretaría de Relaciones Exteriores de dicho proceso.

Al respecto, es necesario señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece claramente las competencias y atribuciones de cada una de las Secretarías de Estado. Con relación a la Secretaría de Economía, la fracción IV del artículo 34 establece puntualmente lo siguiente:

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a III. …

IV.- Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país.

Por su parte, la fracción I del artículo 28º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que:

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

Ahora bien, realizando un análisis de lo contenido en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica en cuanto a la aplicación supletoria a la misma de otras leyes, el artículo 14 detalla que “En todo lo no dispuesto por la presente Ley se aplicarán supletoriamente la Ley de Comercio Exterior, la Ley sobre la Celebración de Tratados y los demás ordenamientos que resulten aplicables.”9

De esta manera, la fracción IX del artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior establece como facultad de la Secretaría de Economía:

IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias competentes y, cuando así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos;

Por su parte, el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados detalla lo siguiente:

Artículo 6o.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente.

En este sentido, se entiende que las facultades conferidas tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía en las diversas leyes señaladas anteriormente, no son mutuamente excluyentes, por el contrario, se entrelazan y generan una dependencia de la una con la otra, por lo que se considera que en materia de tratados internacionales en materia económica ambas dependencias deben trabajar coordinadamente, lo cual se señala en el cuerpo del presente Decreto.

Es así que se considera necesario establecer que ambas Secretarías, dadas sus facultades, deben informar puntualmente al Senado de la República acerca de la situación que guardan las negociaciones de todos y cada uno de los tratados económicos, remitiendo la información pertinente por escrito, para su estudio, análisis y consideración, además de responder puntualmente a cualquier llamado o solicitud de información que formule el Senado en lo relacionado a estas negociaciones.

La realidad mundial y la globalización exigen el desarrollo de una política exterior de Estado que se encuentre por encima de cualquier visión de grupo. El Congreso de la Unión, a través del Senado de la República, debe jugar un papel más activo en el direccionamiento de los planes entre nuestro país y otras naciones que impliquen desarrollo social, económico y político.

Por su carácter de contrapeso republicano, el Senado de la República, sin constreñir la autoridad del Ejecutivo Federal en las decisiones finales en materia de política exterior, debe ser el factor de equilibrio en busca de la cooperación y construcción republicana.

Es necesario que el Senado deje de ser una mera oficialía de partes, lo cual vulnera flagrantemente su facultad exclusiva en materia de política exterior, principalmente ante la coyuntura por la cual atraviesa nuestro país en este momento, no sólo por lo que respecta a la Presidencia de Donald Trump y de la renegociación del TLCAN, sino porque nos encontramos inmersos en un mundo en constante cambio y modernización, como en el caso de las negociaciones para modernizar el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea.

En este sentido, las normas que rigen la forma en la cual el Estado Mexicano se vincula con el exterior deben ser modernizadas y actualizadas a la realidad actual, siempre bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

Contenido de la Iniciativa

La modificación al artículo 1 de la Ley versa sobre eliminar la referencia a que la misma sea reglamentaria del artículo 93 constitucional, por las razones expuestas anteriormente. Asimismo, se actualizan los temas bajo los cuales se negocian los tratados, incluyendo compras públicas, comercio electrónico y empresas propiedad del Estado, los cuales han surgido en los últimos años y se hallan inmersos en los nuevos acuerdos.

En el artículo segundo se propone modificar la referencia a las garantías individuales y se incorpora la referencia a los derechos humanos. Por su parte, en el artículo 3 se incorporan nuevos objetivos que se deben observar en las negociaciones de los tratados, entre los que destacan:

• reducir la desigualdad;

• fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, velando por el respeto al conocimiento tradicional y ancestral de los pueblos indígenas, así como,

• establecer mecanismos de protección a derechos humanos que sean o puedan ser violentados a causa de los contenidos del tratado en cuestión, así como el establecimiento de medidas de mitigación de las mismas y mecanismos de reparación de daños;

Se incorpora un artículo 3 Bis con el fin de establecer causales por las cuales no podrán celebrarse o aprobarse tratados que:

• Contravengan los principios de política exterior que establece la Constitución;

• Contengan disposiciones que violen o fomenten violaciones a los Derechos Humanos;

• Contraigan disposiciones que vulneren las finanzas nacionales o comprometan el crédito del Estado Mexicano;

• No se hayan cumplido las disposiciones de la Ley en cuento a los informes que se deben presentar al Senado de la República o no se realicen las audiencias públicas que se detallan en la misma, entre otras.

La reforma al artículo 5 incorpora y actualiza los informes a los que las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México en una negociación están obligados a entregar al Senado de la República, donde destaca lo siguiente:

• Se debe entregar, cuando menos 30 días naturales antes del inicio de las negociaciones, por conducto de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe inicial detallado y pormenorizado sobre los objetivos y metas específicas a seguir en la misma.

• Dicho informe debe contener: 1) los elementos jurídicos y técnicos, entre otros, que se tomaron en cuenta para establecer la negociación; 2) un análisis detallados de los impactos positivos y negativos que generará el tratado, así como otro sobre las fortalezas y debilidades de los Estados con los que se negocia; 3) los resultados de las audiencias y consultas públicas que se hayan realizado; 4) los objetivos y metas que se perseguirán en la misma, así como 6) un programa detallado sobre el proceso de la negociación, calendarizado, donde se establezcan reuniones periódicas con el Senado y las dependencias correspondientes.

• De manera complementaria al informe inicial, las dependencias deberán entregar informes periódicos de manera trimestral y al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, donde deberán informar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas al inicio.

Asimismo, se establece que una vez recibido el informe en el Senado, se deberá analizar y elaborar un dictamen respectivo que contenga observaciones al mismo, las cuales deberán ser retomadas por las dependencias que vayan a participar en las negociaciones, pues tendrá el carácter de vinculante. También se establece que las comisiones a las que se turne el informe podrán crear grupos de seguimiento a todo el proceso de la negociación, por lo cual las dependencias deberán informar puntualmente el estatus de la misma y acudir al Senado cuando se les requiera.

Dentro del artículo 6 se incorpora a la presentación del informe final, que el mismo debe ser entregado por lo menos 30 días antes de la firma del tratado en cuestión. De manera consecuente, en el artículo 7 se establece que una vez entregado el informe final, el Senado llamará a comparecer a los servidores públicos que participaron en la negociación con el fin de analizar el cumplimiento de las disposiciones señaladas anteriormente, donde se establece que el Senado podrá proponer reservas sobre determinadas disposiciones del tratado en cuestión, las cuales deberán retomadas en la firma del mismo.

Dentro del artículo 8 se establece que el Senado, a través de las comisiones respectivas y las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberán establecer reuniones periódicas en las que los servidores públicos deberán informar del proceso de las negociaciones.

Por lo que respecta al artículo 9, se establece que cuando se firme un tratado, el mismo deberá ser remitido con la siguiente información:

• Memorándum de antecedentes del proceso de negociación;

• Un estudio de modificación a las leyes nacionales;

• Un estudio detallado sobre los rubros que México concedió en la negociación;

• La forma en que se cumplirán las obligaciones contraídas;

• Las reservas y declaraciones interpretativas realizadas;

• Un estudio detallado sobre la manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y la forma en la cual afectarán las diversas disposiciones del mismo, y

• Las dependencias que serán responsables de cumplir las obligaciones contraídas.

En el artículo 10 se establece que el Senado podrá requerir información complementaria de encontrar omisiones o irregularidades en el informe antes señalado. Por su parte, con la adición del artículo 10 Bis se establece que, en caso de que el Ejecutivo Federal decida terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o formular declaraciones interpretativas a los Tratados, se deberá ceñirse al mismo procedimiento previsto para la negociación, celebración y aprobación de los mismos.

En los artículos 11 y 12 establecen que se deberán realizar audiencias y consultas públicas previas al inicio de las negociaciones, con el objetivo de que se construyan los objetivos y metas a seguir de manera colegiada entre el Ejecutivo, el Legislativo, los Congresos y Gobiernos Locales y la sociedad civil.

Finalmente, se incorpora un Artículo Segundo Transitorio para establecer puntualmente que, con relación a las negociaciones comerciales actualmente en curso, principalmente la renegociación del TLCAN y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones, deberán realizar las adecuaciones necesarias, en un plazo no mayor a 5 días naturales, para aplicar, en las subsecuentes rondas, lo contenido en el mismo.

Por lo expuesto y fundado, someto a  la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE LA APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y se adicionan los artículos 3 Bis y 10 Bis a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia Económica para quedar como sigue:

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene como objeto reglamentar el proceso de negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, compras públicas, comercio electrónico, empresas propiedad del Estado, doble tributación, cooperación económica y con las demás materias a que se refiere este ordenamiento cuando se relacionen con las anteriores.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por tratados lo establecido por la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

Estarán de acuerdo con la Constitución General de la República respetando:

I. Los derechos humanos, y

II. La división de poderes, la distribución de facultades y las potestades de los órganos representantes del pueblo.

Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana;

II. Reducir la desigualdad;

III. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país, priorizando en todo momento a las empresas y particulares nacionales;

IV. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;

V. Contribuir a la diversificación de mercados;

VI. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país;

VII. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Considerar las asimetrías, diferencias y desequilibrios entre las Partes contratantes, así como las medidas correspondientes para compensarlas;

IX. Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, velando por el respeto al conocimiento tradicional y ancestral de los pueblos indígenas;

X. Establecer mecanismos de protección a derechos humanos que sean o puedan ser violentados a causa de los contenidos en el tratado en cuestión, así como el establecimiento de medidas de mitigación de las mismas y mecanismos de reparación de daños;

XI. Fomentar y fortalecer la protección recíproca de las inversiones y las transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

XII. Promover mecanismos que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas en todos los procesos relacionados con el Tratado en cuestión, y

XIII. Mejorar los mecanismos de solución de controversias contemplados en el Tratado.

Artículo 3 Bis. No podrán celebrarse tratados a los que se refiere el artículo anterior cuando:

a) Se contravengan los principios de: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

b) Se contengan disposiciones que violen o fomenten violaciones a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

c) Se contraigan disposiciones que vulneren las finanzas nacionales o comprometan el crédito del Estado Mexicano;

d) No se hayan entregado al Senado de la República los informes sobre objetivos y metas a seguir en cada negociación a que se refiere el artículo 5 de esta Ley;

e) No se hayan realizado las audiencias o consultas públicas a las que se refiere los artículos 11 y 12 de la presente Ley;

f) Se contengan disposiciones contrarias a la Constitución y las Leyes nacionales, y

g) No se cuente con el dictamen del Senado.

Artículo 5. Las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México en una negociación deberán entregar al Senado de la República, cuando menos 30 días naturales antes del inicio de las negociaciones, por conducto de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe inicial detallado y pormenorizado sobre los objetivos y metas específicas a seguir en la misma.

El informe deberá contener, por lo menos:

I. Los elementos técnicos, jurídicos, económicos y sociales que se tomaron en cuenta para establecer una negociación, señalando puntualmente las áreas de oportunidad para nuestro país;

II. Un análisis detallado sobre los impactos positivos que el tratado en cuestión pueda generar en determinado sector de la economía nacional y la forma en la cual se remediarán los efectos negativos del mismo;

III. Un análisis detallado de los países con los que se pretende entablar la negociación, destacando las fortalezas y debilidades que nuestro país tenga con los mismos y la forma en la cual el tratado afectará o beneficiará en esos aspectos;

IV. Los resultados de las audiencias y consultas públicas a las que están obligadas las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la administración pública que participen en la negociación, así como la forma en la cual esos resultados fueron incorporados en los objetivos y metas que se pretenden alcanzar en la misma;

V. Una lista detallada y pormenorizada de los objetivos y metas que el Estado Mexicano pretende alcanzar en la negociación, así como las implicaciones de no poder alcanzar las mismas;

VI. Las Leyes y ordenamientos que deberán de modificarse con el fin de armonizarlas con el tratado en cuestión, y

VII. Un programa detallado sobre el proceso de negociación calendarizado, donde se incluya un calendario de reuniones periódicas de las dependencias con las y los legisladores, a las que hace referencia el artículo 8 de esta Ley.

Una vez recibido el informe, la Mesa Directiva del Senado lo turnará a las comisiones competentes para la elaboración del dictamen respectivo, el cual deberá ser elaborado en un periodo que no podrá exceder de 5 días naturales contados a partir de su recepción y votado por el Pleno del Senado en un periodo igual. Las observaciones contenidas en el dictamen serán de carácter vinculante y deberán ser retomadas por las Secretarías u organismo que participen en la negociación.

Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada tratado, una subcomisión plural para dar seguimiento a todo el proceso de la negociación, por lo cual las dependencias deberán informar puntualmente el estatus de la misma y deberán acudir al Senado cuando se les requiera. Asimismo, podrán proponer acciones legislativas, entrevistar a servidores públicos, representantes de grupos de interés, peritos o cualquier persona que pueda aportar conocimientos y experiencia sobre las negociaciones.

Adicionalmente, las Secretarías y organismos que participen en las negociaciones deberán presentar, por conducto de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe trimestral al Senado mientras transcurre la negociación respectiva, con el fin de que se analice el cumplimiento de los objetivos y metas a las que hace referencia el presente artículo. Asimismo, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, deberán remitir al Senado un informe donde se detalle el proceso en el que se encuentren las negociaciones formales en curso, así como un informe de las negociaciones que se pretendan iniciar.

Artículo 6. Las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal que represente a México en las negociaciones deberán entregar al Senado, por conducto de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando menos 30 días naturales previos a la fecha determinada para la firma del tratado correspondiente, un informe sobre el resultado final completo de las negociaciones, y sobre la forma en que se atendieron los objetivos y metas establecidos en el informe inicial, así como las concesiones que nuestro país otorgó a los demás Estados. Asimismo, deberán hacer público dicho informe en sus respectivas páginas de internet.

Artículo 7. El Senado de la República con base en la información a que se refiere el artículo anterior, llamará a comparecer a los servidores públicos que participaron en la negociación con el fin de analizar el cumplimiento de las disposiciones señalados en los artículos 3, 3 Bis, 4 y 5 de la presente Ley y la viabilidad para el Estado Mexicano de suscribir, o no, el tratado en cuestión.

De considerarse necesario, el Senado podrá proponer reservas sobre determinadas disposiciones del tratado en cuestión, las cuales deberán ser retomadas en la firma del mismo por las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal que participaron en la negociación.

Artículo 8. En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los artículos 5 y 6 de la presente ley, el Senado de la República, a través de las comisiones respectivas y las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberán establecer reuniones periódicas con base en el programa inicial al que se refiere la fracción VII del artículo 5, con el fin de analizar el proceso de las negociaciones y el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el informe inicial. Asimismo, podrán citar a comparecencia a las y los funcionarios señalados fuera del calendario respectivo cuando la situación lo amerite.

Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para requerir y obtener la información adicional a los informes señalados en los artículos 5 y 6 y podrán allegarse de estudios que realice el personal a su cargo o los que requieran a las dependencias competentes del Poder Ejecutivo.

Artículo 9. Para la aprobación de algún tratado ya firmado ad referéndum deberá someterse al Senado junto con los siguientes documentos:

I. Un memorándum de antecedentes en el que se expliquen los detalles del proceso de negociación, las observaciones retomadas de las audiencias y consultas públicas, la forma en la cual se cumplieron con los objetivos y metas establecidos en el informe inicial, así como los beneficios obtenidos, los resultados que se esperan y los compromisos asumidos durante éste;

II. Un estudio detallado que identifique las leyes federales y generales mexicanas que habrán de modificarse con el objeto de armonizarlas con el instrumento en cuestión;

III. Un estudio detallado y pormenorizado sobre los rubros que México concedió durante la negociación, complementario al análisis señalado en la fracción II del artículo 5 de la presente Ley;

IV. La forma en que se cumplirán las obligaciones contraídas conforme al tratado firmado, así como el impacto presupuestal que el mismo traerá para la Hacienda Pública Nacional;

V. Las reservas y declaraciones interpretativas que, hasta ese momento, hayan  sido establecidas por las partes negociadoras del tratado y, de ser el caso, las que se proponga que formule el Estado mexicano, detallando las razones de las mismas;

VI. Un análisis detallado sobre la manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y la forma en la cual afectarán las diversas disposiciones del mismo, y

VII. La indicación relativa a las dependencias o entidades paraestatales del Ejecutivo federal o, en su caso, a la Fiscalía General de la República, que serán primordialmente responsables de las acciones que se deriven de la aplicación del tratado.

Artículo 10. Para la aprobación a que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente deberán turnar el tratado a las comisiones competentes, en la sesión siguiente a la fecha en que el Ejecutivo Federal lo haya sometido al Senado. Una vez realizado el turno, las comisiones deberán analizar el contenido de la documentación referida en el artículo anterior y, de encontrar irregularidad alguna, deberán requerir a las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal que participaron en la negociación la información respectiva.

Artículo 10 Bis. En lo concerniente a la decisión del Ejecutivo Federal de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas a los Tratados, se observarán las mismas disposiciones sobre el proceso de negociación, celebración y aprobación de tratados establecidas en la presente Ley.

Artículo 11. Las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal que participen en una negociación deberán, con la antelación necesaria al inicio de las negociaciones, establecer un proceso de audiencias y consultas públicas sobre el contenido de las negociaciones del tratado en cuestión, con el objetivo de atender las inquietudes de las y los mexicanos y construir, de manera plural e integral, los objetivos y metas a defender en la misma, cuyos resultados deberán incorporarse en el informe inicial señalado en el artículo 5 de la presente Ley y tendrán carácter vinculante.

Artículo 12. De manera complementaria, el Senado de la República deberá realizar audiencias y consultas públicas con ciudadanos y organizaciones empresariales, ciudadanas y sindicales, así como con los Gobiernos y Congresos Locales, con el fin de recoger sus opiniones e inquietudes. Los resultados de dichas audiencias y consultas deberán ser incorporadas en el dictamen a que hace referencia el artículo 5 de la presente Ley.

Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las comisiones correspondientes podrán ser orales, en audiencia o por escrito. En todo caso, serán públicas en los términos que establece la legislación en materia de transparencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con relación a las negociaciones que se encuentran en curso al momento de entrada en vigor del presente decreto, las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones, deberán realizar las adecuaciones necesarias, en un plazo no mayor a 5 días naturales, para aplicar, en las subsecuentes rondas, lo contenido en el mismo.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Suscriben.

1 Saldaña, Ivette, No firmar TPP habría sido una catástrofe: Guajardo, El Universal, 22 de octubre de 2015, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/10/22/no
-firmar-tpp-habria-sido-una-catastrofe-guajardo, consultado el 15 de julio de 2017

2 Comunicado 016/2017, “La SE y el CCENI inician el proceso de consultas previo a la negociación del TLCAN”, Secretaría de Economía, disponible en:
https://www.gob.mx/se/prensa/la-se-y-el-consejo-consultivo-estrategico-para-las
-negociaciones-internacionales-inician-el-proceso-de-consultas-previo-a-la-negociacion-del-tclan?idiom=es

3 Comunicado 096 / 2017, “La Secretaría de Economía anuncia la continuación del proceso de consultas públicas sobre la modernización del TLCAN, vía Internet”, disponible en: https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-anuncia-la-continuacion-del-proceso-de-consultas-publicas-sobre-la-modernizacion-del-tlcan-via-internet

4 WRITTEN TESTIMONY OF AMBASSADOR ROBERT E. LIGHTHIZER, THE PRESIDENT’S TRADE POLICY AGENDA AND FISCAL YEAR 2018 BUDGET SENATE COMMITTEE ON FINANCE, 21 de junio de 2017, disponible en: https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/LIGHTHIZER%20WRITTEN%20TESTIMONY%20SFC.PDF

5 Con información de la Nota Informativa del Gilberto Bosques del Senado de la República: Estados Unidos anuncia formalmente su intención de iniciar negociaciones para la “modernización del TLCAN”: consideraciones y reacciones preliminares, 19 de mayo de 2017.

6 S.995 - Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015, US Gongress, disponible en:
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/995/text

7 Barnet, Laura, Canada’s Approach to the Treaty-Making Process, Library of Parliament Resarch Publications, Parliament of Canada, disponible en:
https://lop.parl.ca/content/lop/researchpublications/2008-45-e.htm#a3

8 Artículo 1 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/271.pdf

9 Artículo 14 Ley sobre la Aprobación, Óp. Cít.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia de derecho de réplica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Diputada Presidenta. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores:

Efectivamente, la iniciativa que hoy vengo a presentar, pretende enmendar algunos aspectos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.

Una ley, que debo decirlo, a pesar de haber sido una deuda añeja del Congreso, al final no constituyó el avance que todas y todos hubiésemos deseado para garantizar este importantísimo derecho.

Su aprobación en el Senado de la República, como Cámara revisora, fue polémico por la ausencia de un proceso de consultas públicas, máxime ante las múltiples y reiteradas críticas al proyecto, provenientes de académicos y especialistas en la materia.

Tal y como señalamos en la tribuna, en aquel momento, compañeras y compañeros, esta ley, así lo dijimos, lejos de garantizar y potenciar el ejercicio del derecho de réplica, lo vuelve nugatorio al dejar en total desventaja al solicitante de la réplica frente al medio de comunicación, agencia de noticia o productor independiente, al ser éste quien decide si otorga o no la réplica. Además impone la carga de la prueba al afectado y obstaculiza el ejercicio de su derecho al obligarlo a presentar la grabación o la publicación que contiene la información falsa o inexacta, dejándolo a merced del medio de comunicación, insisto, que podría negar o retardar la expedición de dicha copia con el fin de que venza el plazo legal para promover el procedimiento.

Y éstas son, compañeras y compañeros, sólo algunas de las deficiencias que desde el punto de vista de un servidor tiene esta ley, pero quiero plantearles también, brevemente, y a grandes rasgos, el contenido de esta iniciativa que presento.

Aquí proponemos que se prevea expresa y específicamente una sanción al medio de comunicación que se niega a difundir la réplica que le sea enviada por una agencia de noticias o por un productor independiente.

También que se incluya como referencia para el cómputo del plazo para solicitar inicio de procedimiento judicial, la fecha en que se haya publicado o en que se haya transmitido la réplica que se estime insuficiente o incorrecta, o que también no haya cumplido con lo establecido en los artículos 13 al 18, que son los que establecen precisamente el contenido y la forma en que debe otorgársele la réplica en la etapa no jurisdiccional del procedimiento.

Proponemos, compañeras y compañeros legisladores, que el afectado pueda presentar su demanda, aunque no cuente con copia del programa o publicación, solicitándole al juez que ordene al medio, agencia o productor que presente dicha copia.

Y en caso de que éste se negase a hacerlo, se negase a presentarlo o aduzca que no cuenta con ella, el juez tendría, en la iniciativa que estamos presentándoles, la obligación de conceder de inmediato y sin mayor trámite la réplica al actor.

En síntesis, las propuestas que estamos planteando tienen la finalidad de corregir las deficiencias de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica, garantizando una mayor igualdad procesal de las partes al eliminar desventajas frente al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente, potencializando, lo quiero subrayar compañeras y compañeros, potencializando así, el ejercicio de un derecho de gran importancia que conlleva otros derechos como el de honor y la reputación de las personas, el derecho a la información y, por supuesto, a la libertad de expresión.

A mis compañeros Senadores, a quienes se les estará enviando, al arranque de nuestro periodo de sesiones, les pido me den la oportunidad de acercarme, en su momento, con ellos y a mis compañeras y compañeros Diputados, en caso de que se apruebe, ya como Cámara revisora, les pido también desde este momento su respaldo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE RÉPLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho de Réplica, no constituyó el avance que todas y todos hubiésemos deseado para garantizar este importante derecho.

Debemos recordar que su aprobación en el Senado de República, como Cámara revisora, fue polémico ante la ausencia de un proceso de consultas públicas, máxime ante las múltiples y reiteradas críticas al proyecto por parte de académicos y especialistas en la materia.

Tal y como lo señalamos en Tribuna, esta Ley, lejos de garantizar y potenciar el ejercicio del derecho de réplica, lo vuelve nugatorio al dejar en total desventaja al solicitante de la réplica frente al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente, al ser éste quien decide si otorga o no la réplica. Además impone la carga de la prueba al afectado, obstaculiza el ejercicio de su derecho al obligarlo a presentar la grabación o publicación que contiene la información falsa o inexacta, dejándolo a merced del medio de comunicación que podría negar o retardar la expedición de dicha copia con el fin de que venza el plazo legal para promover el procedimiento.

Es decir –y esta es una de las grandes aberraciones del proyecto- se obliga al afectado a solicitarle al medio la prueba con la que lo va a demandar.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene como fin, precisamente el de corregir algunas de las desventajas del afectado frente al medio de comunicación.

La ley en cuestión establece un procedimiento para solicitar réplica al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente que debe ser agotado de manera previa al inicio de un procedimiento judicial.

Como parte de dicha etapa previa, el artículo 18 establece la obligación del medio de comunicación de difundir la réplica o rectificación que le haya sido enviada por la agencia de noticias o productor independiente.

Es decir, si el peticionario solicita la réplica a la agencia de noticias o productor independiente y ésta la otorga, ya sea porque decide concederla o porque pierde el juicio previsto en esta ley, dicha agencia o productor enviará la rectificación al medio de comunicación el cual a su vez queda obligado, en teoría, a difundir la rectificación.

Sin embargo, aunque en principio se trata de una disposición loable y acertada en sus fines, la redacción resulta insuficiente toda vez que no establece una sanción que verdaderamente obligue al medio de comunicación en los hechos y no sólo en la teoría, a difundir la rectificación que se le hizo llegar.

De esa manera, la insuficiencia del texto del artículo 18 permitiría que el medio de comunicación decida arbitrariamente no difundir la rectificación, sin temor a ser sancionado.

Pero lo más grave es que si la rectificación de la agencia de noticias o productor independiente fue otorgada por virtud de una sentencia judicial, es decir, si el peticionario inició procedimiento judicial contra la agencia o productor y ganó el juicio, y posteriormente el medio se rehúsa a difundir la rectificación, entonces se termina obligando al peticionario a iniciar un nuevo juicio, ahora contra el medio de comunicación, lo cual resulta aberrante y coloca al peticionario en una desventaja tan injustificada como grave.

Por tal motivo es indispensable que la ley prevea expresa y específicamente una sanción clara y fuerte al medio de comunicación que se niegue a difundir la réplica que le sea enviada por una agencia de noticias o productor independiente.

De esa manera se cerrará el paso a cualquier posibilidad legal de que existan dos procedimientos judiciales contra diferentes demandados sobre un mismo asunto y a la vez se evitará que el peticionario quede en desventaja en su derecho a la réplica.

Por otra parte, el artículo 24 establece tres posibles referencias para el inicio del cómputo del plazo para presentar la solicitud de inicio del procedimiento judicial en materia de réplica.

Estas son:

1) Cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la parte legitimada debió recibir la notificación de la decisión del sujeto obligado de conceder o no la réplica, en caso de que no la hubiere recibido;

2) Cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la parte legitimada haya recibido dicha notificación, cuando no estuviere de acuerdo;

3) Cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto obligado debió haber publicado o transmitido la aclaración, en caso de que no la hubiere efectuado.

En otras palabras, el solicitante de la réplica podrá promover el procedimiento judicial dentro de los cinco días hábiles siguientes a que suceda cualquiera de esas tres hipótesis.

Sin embargo, la fracción IV del artículo 26 prevé una hipótesis distinta de las señaladas en el artículo 24, por la cual también se puede solicitar el inicio del procedimiento judicial; esta es: cuando la parte legitimada considere que la réplica difundida por el sujeto obligado fue insuficiente o incorrecta.

En razón de ello, es necesario que el artículo 24, prevea también como referencia para el cómputo del plazo para solicitar inicio de procedimiento judicial, la fecha en que se haya publicado o transmitido la réplica que se estime insuficiente o incorrecta, o que no haya cumplido con los establecido por los artículos del 13 al 18, que son los que establecen el contenido y la forma en que debe otorgarse la réplica en la etapa no jurisdiccional del procedimiento.

Como reiteradamente lo hemos señalado, una de las mayores deficiencias que adolece esta Ley, tiene que ver con la situación de desventaja e indefensión en que se coloca al solicitante de la réplica, frente al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente.

El artículo 27 es precisamente uno de los preceptos en los que más claramente se ve reflejada dicha situación de desventaja, pues establece que cuando el actor no posea copia del programa o publicación en que se difundió la información falsa o inexacta, podrá solicitarla a su costa al sujeto obligado de que se trate.

Señala también que dicha solicitud de copia deberá formularse siempre con anticipación a la presentación de la solicitud de inicio de procedimiento judicial.

Al respecto es necesario recordar que el artículo 24 señala que el plazo para interponer la solicitud de inicio de procedimiento judicial es dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, a la fecha en que se debió recibir la notificación o bien a la fecha en que se debió difundir la réplica.

Por lo tanto se concluye que el actor solamente dispondrá de cuatro días hábiles para solicitar y obtener la copia, lo que evidentemente no es un término que permita una anticipación suficiente como pretende el artículo 27.

Así pues, la primera desventaja para el peticionario devenido en actor, es el reducido tiempo que tiene para obtener la copia del programa o publicación, antes de presentar la solicitud de inicio de procedimiento.

La segunda desventaja radica precisamente en que no se establece la obligación del sujeto obligado de proporcionar al solicitante la copia del programa o publicación, ni se fija un plazo para hacerlo, por lo cual el medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente podrá dejar que corra el tiempo sin contestar la solicitud, a fin de que venza el plazo de cinco días que tiene el peticionario para promover el procedimiento judicial.

Podría suceder incluso que el sujeto obligado deje correr cuatro días hábiles y al quinto día niegue la solicitud de copia, con lo que claramente se demuestra la situación de desventaja del peticionario frente al sujeto obligado.

La tercera desventaja se deriva de la evidente situación en que esta ley coloca al peticionario: le obliga a solicitarle al medio, agencia o productor, que le expida copia de la prueba con la que lo va a demandar. Una prueba que, por si fuera poco, el actor está obligado a presentar para que la demanda proceda, tal y como lo establecen los artículos 25 fracción VII y 26 fracción II.

Por consiguiente resulta necesario establecer la posibilidad de que el demandado presente solicitud de inicio de procedimiento judicial aunque no cuente con copia del programa o publicación, solicitándole al juez que ordene al medio, agencia o productor que presente dicha copia.

También es necesario establecer un mecanismo para garantizar que el medio, agencia o productor presente dicha copia, para lo cual proponemos que en caso de que éste se niegue a presentarla o aduzca que no cuenta con ella, el juez tenga la obligación de conceder de inmediato y sin mayor trámite la réplica al actor.

En síntesis, las propuestas que planteamos en la presente iniciativa tienen la finalidad de corregir las deficiencias de la Ley Reglamentaria en materia de derecho de réplica, garantizando una mayor igualdad procesal de las partes al eliminar desventajas frente al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente, potencializando así el ejercicio de un derecho de gran importancia que conlleva otros derechos como el honor y la reputación de las personas, el derechos a la información y la libertad de expresión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 27; se adicionan un tercer párrafo al artículo 18; una fracción IV al artículo 24; un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente al artículo 39, todos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, para quedar como sigue:

Artículo 18.- …

La negativa del medio de comunicación a difundir la réplica o rectificación a que se refiere este artículo será sancionada en los términos que establece el artículo 39 de esta Ley. Para tal efecto bastará con hacer del conocimiento de la negativa al juez, quien de inmediato impondrá la sanción y ordenará al medio de comunicación la difusión de la réplica.

Artículo 24.- …

I. a III. …

IV. A la fecha en que se haya publicado o transmitido la réplica que se estime insuficiente o incorrecta, o que no haya cumplido con lo establecido por los artículos del 13 al 18 de esta ley.

Artículo 27. En el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación, podrá presentar la solicitud de inicio de procedimiento judicial pidiéndole al juez que requiera al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente la presentación de dicha copia. En caso de que éste se niegue a presentarla o aduzca que no cuenta con ella, el juez concederá de inmediato y sin mayor trámite la réplica al actor.

Artículo 39.- …

Se sancionará con multa de cinco mil días de salario mínimo general al medio de comunicación que se niegue a difundir la réplica que le sea enviada por una agencia de noticias o productor independiente en los términos del artículo 18 de esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se substanciarán conforme a las normas aplicables al momento de su inicio, salvo en aquello que más beneficie a las personas.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Sen. Benjamín Robles Montoya.

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de conflictos de intereses de ex servidores públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II; 3, FRACCIÓN VI; 56 Y 72 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL TÍTULO TERCERO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL CAPÍTULO V AL VI DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Todos sabemos que nuestro país ha sido sacudido, en los últimos años, por escándalos de corrupción en los que han participado personajes de la más alta esfera pública.

Las reformas anticorrupción no han sido suficientes para reducir los crecientes índices de corrupción que se manifiestan de diversas maneras.

El conflicto de intereses representa un fenómeno que se agrava cuando hablamos de ex servidores públicos, algo que no se encuentra debidamente legislado; y que es la influencia comparable de los intereses personales del servidor público y puede darse no sólo en el desempeño de sus funciones presentes, sino también en el desempeño de sus funciones o actividades futuras una vez que deja el encargo como servidor público.

El problema actual se centra con los ex servidores públicos que aún después de haber concluido su función, llegan a estar inmersos en un auténtico conflicto de intereses con motivo de sus nuevas actividades privadas con particulares o empresas que fueron beneficiadas con decisiones o determinaciones que los ex servidores públicos tomaron durante su encargo público, o que recibieron beneficios por la información privilegiada a la que el ex servidor tuvo acceso durante su encargo. Estos casos que se traducen en actos de corrupción, carecen de regulación legislativa que los acote e impida.

Como ejemplo de ex servidores que han estado colocados en estos supuestos, en estos puestos podemos señalar el caso, por ejemplo, del ex presidente Felipe Calderón, que se integró como miembro independiente al consejo de administración del estadounidense Avangrid, filial de la española Iberdrola, la cual tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad, y junto con otras transnacionales eléctricas como Mitsubishi y otras recién llegadas, pues se frotan las manos frente al negocio, el cual, según datos de la propia CFE, ascenderá a 2.1 billones de pesos en inversiones por realizarse para los próximos 14 años.

También en el directorio de esa filial, de la empresa en México, aparece la ex titular de la Secretaría de Energía y de Banobras durante el sexenio de Felipe Calderón, que es Georgina Kessel, quien es consejera independiente desde el 24 de abril de 2013.

Ernesto Zedillo Ponce de León, después de concluir su periodo presidencial pasó a ser empleado de la empresa Union Pacific, que fue concesionaria de la empresa Ferromex, esto como resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, que se realizó justamente durante el gobierno de Zedillo.

Ahora, hoy se acaba de dar a conocer que Vicente Fox, quien aplaudió la reforma energética del Presidente Enrique Peña Nieto y urgió a aprobarla, firmó una empresa conjunta del llamado joint venture con Aubrey McClendon, ex director general del gigante del fracking Chesapeake Energy y actual Director Ejecutivo de América Energy Partners para explorar el sector de energía en México. Ahora lo tenemos de petrolero.

Fox dijo, desde hace meses, que los costos laborales más baratos en México y la disposición del gobierno a aceptar menor pago de derechos que los propietarios estadounidenses, haría la perforación más barata en México que en Texas, esto según “The Dallas Morning News” en un artículo de octubre de 2014, ahí comentó que McClendon se beneficiará de un descuento otorgado en México gracias a la reforma energética.

Este tránsito de funcionarios públicos del sector público al privado no existía en México y despertó resistencia y críticas por considerar que propicia situaciones de conflicto de intereses, al constatar que hay casos de varios funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que habían sido previamente beneficiados por ellos y por visualizar a los ex servidores públicos como agentes al servicio de grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las más grandes de América Latina.

Este proceso, llamado por algunos académicos como “la puerta giratoria”, se presentó a partir de la apertura económica y es particularmente intenso en el sector energético.

En estos momentos, existe un tráfico cínico de información geológica y geofísica y un tráfico en los bloques petroleros que posteriormente licita la Comisión Nacional de Hidrocarburos sin que siquiera pregunte a esta Soberanía, como si fueran ellos los dueños del territorio nacional.

La presente iniciativa de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas propone modificar la definición de “conflicto de intereses” contenida en la fracción VI del artículo 3, para que en dicha definición, también se haga referencia de manera expresa al conflicto de intereses de ex servidores públicos. Por otra parte, se propone modificar el segundo párrafo del artículo 56 a efecto de que quienes hayan ocupado los cargos de Presidente de la República, Secretarios de Estado, Subsecretarios así como Directores Generales u homólogos no puedan permanentemente utilizar información privilegiada de la cual hayan tenido conocimiento con motivo de sus funciones, ya que de lo contrario estarían incurriendo en utilización indebida de información. Esto se castiga en la mayoría de los países del mundo y aquí todavía se ufanan como si fueran grandes empresarios.

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 72, el que contiene la disposición referente a la contratación indebida de ex servidores públicos por particulares, esta adición tiene por finalidad, establecer que quienes hayan ocupado los mencionados cargos no puedan permanentemente ser contratados por particulares o incluso participar honoríficamente en sus empresas, en el caso de que hubiesen tenido durante su encargo algún vínculo con dichos particulares, lo que implicaría una contratación indebida de ex servidores públicos.

Por último, se propone adicionar un Capítulo V al Título Tercero del ordenamiento en comento, el cual contendría el artículo 73 Bis, con la finalidad de que en el mismo se mencionen expresamente los supuestos que vendrían a representar faltas cometidas por ex servidores públicos.

Se trata, con nuestra iniciativa, de ir a fondo contra la corrupción de los ex servidores públicos que han utilizado información privilegiada en beneficio de las grandes corporaciones y del suyo propio, porque no sólo falta, no sólo basta nada más con pregonar que estamos haciendo leyes anticorrupción, cuando en los hechos hay una permisividad tremenda.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 3 FRACCIÓN VI, 56, 72 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL TÍTULO TERCERO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL CAPÍTULO V AL VI DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ciertamente en las democracias constitucionales se reconocen tanto la autonomía de las personas como el libre desarrollo de sus proyectos de vida, garantizando así diversos derechos; en el primer párrafo del artículo 5° de nuestra Carta Magna se dispone que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad…”  de esta forma todo ciudadano tiene el pleno derecho de dedicarse al trabajo que mejor le acomode siempre que sea lícito y con las salvedades a las que hace referencia el citado precepto constitucional, todo ciudadano tiene el derecho de realizar actividades para buscar y alcanzar intereses particulares en aras de hacer realidad un determinado proyecto de vida 

Sin embargo y de manera particular en el caso de servidores y ex servidores públicos, se pueden presentar situaciones en las que dichos intereses colisionen o no sean compatibles con la gestión pública que se realiza o que se realizó apartándose así de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Estamos hablando del denominado “conflicto de interés”, el cual interesa de manera particular y debe de ser materia central del tema relativo al combate a la corrupción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha definido al conflicto de interés como “El conflicto entre las responsabilidades oficiales y el interés privado de un servidor público, en el que la capacidad privada del funcionario puede influir impropiamente en el desempeño de sus responsabilidades y obligaciones.”

El conflicto de interés representa un fenómeno complejo, sobre todo para la prevención de la comisión de actos de corrupción; fenómeno que se complejiza aún más hablando de los ex servidores públicos, tema que no se encuentra debidamente legislado; entendiendo el conflicto de intereses como la influencia comprobable de los intereses personales del servidor público en el desempeño de sus funciones. Debe considerarse sin duda que la influencia comprobable de esos intereses personales del servidor público, puede darse no sólo en el desempeño de sus funciones presentes, sino también en el desempeño de sus funciones o actividades futuras incluso las que pueda eventualmente llegar a realizar ya no como servidor público.

La transparencia por un lado y la prevención de situaciones de conflicto de intereses por otro, representan sin lugar a dudas dos de las medidas más eficaces que pueden existir para combatir la corrupción, hablando de manera particular del conflicto de interés, si se considerara que él mismo se puede presentar o puede prevalecer aún después del ejercicio de las funciones del servidor público, se estaría con ello fortaleciendo el combate a la corrupción, la cual ha venido a lastimar profundamente la credibilidad ciudadana en las instituciones y en quienes las operan, debilitando la ejecución de  obras y acciones prioritarias que son imprescindibles para lograr el pleno y verdadero desarrollo del país. Los intereses de la sociedad en su conjunto se han visto afectados por la ineficacia, opacidad y deshonestidad de varios servidores y ex servidores públicos, en cuyo último caso sus actividades presentes vienen a ofender los derechos de la sociedad.

La corrupción se manifiesta de diversas formas, la más conocida es a través de la apropiación directa del patrimonio público, pero existen otras, tales como la toma de decisiones para favorecer a grupos o empresarios ya sean nacionales o extranjeros para que éstos puedan por ejemplo realizar grandes negocios con los recursos naturales de nuestro país o para ejecutar obras públicas. Muchos de estos casos se han dado a conocer a la opinión pública a partir de investigaciones periodísticas, han sido casos verdaderamente escandalosos, uno de ellos el conocido como la “Casa Blanca”, que involucró incluso al Presidente de la República y al Grupo empresarial Higa que tuvo a su cargo la ejecución de  obras millonarias en el Estado de México cuando el hoy primer mandatario fue gobernador de esa entidad; grupo Higa  formaba parte del consorcio de empresas al que le fue revocada la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro. La “Casa Blanca” que en su momento la esposa de Enrique Peña Nieto declaró era de su propiedad y que se encuentra valuada en más de 7 millones de dólares, resultó en realidad ser propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa filial de grupo Higa. Tal fue el escándalo que el primer mandatario “pidió disculpas”.

Para fortalecer el combate a la corrupción se previó desde el texto constitucional la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración de intereses con la finalidad de que dicha declaración coadyuve a reducir la incertidumbre de la actividad política respecto a otros intereses económicos y financieros, a través de un reporte claro de actividades empresariales, mandatos, prestación de servicios, la representación o asesoría e incluso de carácter honorario de los servidores públicos ante cualquier entidad, con personalidad jurídica.

Pero qué pasa con los ex servidores públicos que aún después de haber concluido su función, llegan a estar inmersos en un auténtico conflicto de intereses con motivo de sus nuevas actividades privadas con particulares o empresas que se vieron beneficiadas con decisiones o determinaciones que los ex servidores públicos tomaron durante su encargo público, o que se pueden ver beneficiadas con información privilegiada a la que el ex servidor público tuvo acceso durante su encargo; estos casos que se traducen en actos de corrupción, carecen de regulación legislativa que los acote e impida.

Los ex - servidores públicos que han estado colocados en estos supuestos son aquellos que desempeñaron altos cargos tales como, directores generales u homólogos, subsecretarios, secretarios de Estado y Presidentes de la República a quienes se les debe prohibir que al concluir su función pública se contraten con particulares o empresas privadas con las que hayan tenido algún vínculo o hayan beneficiado durante su encargo, esta prohibición se propone sea permanente, ya que resulta evidente el hecho de que existe un claro conflicto de intereses, que afecta a la sociedad, esto reiteramos, al haber apoyado, alentado y promovido  durante su encargo negocios con empresas y consorcios, negocios que además no han reportado ningún beneficio al país, conflicto de interés que se actualiza cuando al concluir el cargo público pasan a ser empleados pagados o no en dichas empresas que ellos mismos beneficiaron, y decimos que incluso cargos honoríficos, ya que es innegable que los altos ex funcionarios poseen información estratégica del país que no puede ser entregada y puesta a disposición de empresas y consorcios incluso internacionales.

Así una conducta relativa a conflicto de intereses es aprovechar su influencia, el carácter de servidor público presente o pasado, su relación con quien detente esa calidad, o motivos de identidad, para obtener alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, de la de un ente o servidor público.

Recientemente “El ex presidente Felipe Calderón se integró como miembro independiente al consejo de administración de la estadounidense Avangrid, filial de la española Iberdrola.

De acuerdo con un comunicado, el ex mandatario mexicano se suma junto a Elizabeth Timm al directorio de esta compañía con sede en Estados Unidos, luego de que la compañía aprobara ampliar su consejo de 12 a 14 miembros.”1

“Felipe Calderón, aceptó la invitación para incorporarse a Avangrid, filial de la multinacional Iberdrola, como consejero independiente en el Consejo de Administración de la empresa con sede en los Estados Unidos.

Iberdrola tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad, y junto con las trasnacionales eléctricas como Mitsubishi y otras recién llegadas, se frotan las manos frente al botín el cual, según datos de CFE, ascenderá a 2.1 billones de pesos en inversiones por realizarse para los próximos 14 años: 56% en generación, 12% en transmisión, 21% en distribución y 11% en mantenimiento de centrales.

Iberdrola se ha involucrado en casos de corrupción, despojo y destrucción, organizaciones como Greenpeace han exhibido que detrás de los megaproyectos hidroeléctricos se encuentran los mismos intereses políticos que trabajan para satisfacer la avaricia de las grandes corporaciones, alimentando el círculo vicioso de la corrupción y el mal uso del dinero público”.2

Conforme a lo anteriormente expuesto el ex mandatario se encuentra en un conflicto de intereses, ya que durante su mandato apoyó y promovió negocios con el consorcio del cual ahora es empleado, en enero de 2011 Calderón se reunió en Suiza con representantes de Iberdrola, a partir de gestiones realizadas por el ex presidente “La empresa española Iberdrola confirmó que invertirá 365 millones de dólares en una planta de cogeneración eléctrica y un parque eólico… El presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán, aseguró a Calderón Hinojosa que la edificación de cogeneración de energía eléctrica se ubicará en Salamanca, Guanajuato. El proyecto fue adjudicado en diciembre a través de un fallo de licitación internacional…”3

Incluso en marzo de 2010  “El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al presidente Felipe Calderón que se resuelvan los "pequeños escollos" para la construcción de parques eólicos, y se quejó de las presiones de grupos particulares.

Durante un encuentro que decenas de empresarios españoles tuvieron con el Presidente mexicano, Sánchez Galán acusó a esos grupos de pretender aprovecharse de esa coyuntura y sacar beneficios.

Con ello, el ejecutivo de Iberdrola pareció hacer referencia a las protestas que han provocado sus proyectos, la más reciente por la construcción del parque eólico La Venta III, a la que se oponen habitantes de la comunidad y sindicatos.

El empresario español agradeció a Calderón Hinojosa sus esfuerzos para que las empresas privadas de este sector tengan regulación estable y predecible, rentabilidad adecuada, así como disponibilidad de suficiente infraestructura para la salida de la energía.”4

Así la relación con Iberdrola fue establecida por Calderón durante su gobierno, siendo además que: “En el directorio de la filial de la empresa en México, también aparece la ex titular de la Secretaría de Energía (Sener) y ex directora de Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) durante el sexenio anterior (2006-2012), Georgina Kessel Martínez, quien es consejera independiente desde el 24 de abril de 2013, cargo por el que recibe una remuneración superior a los 600 mil pesos por trimestre.

Kessel Martínez fue secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre diciembre de 2006 y enero de 2011, fecha en la que fue designada directora general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) hasta el término del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el 31 de noviembre de 2012.”5

Sin embargo Calderón Hinojosa no fue el primer ex Presidente en aceptar trabajar para una empresa trasnacional a la cual benefició durante su mandato, ahí este el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León quien después de concluir su periodo presidencial pasó a ser empleado de la empresa Union Pacific que fue concesionaria de la empresa Ferromex, esto como resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, que se realizó justamente durante el gobierno de Zedillo.

Además de los casos de Felipe Calderón y su ex secretaria de energía Georgina Kessel, y de Ernesto Zedillo, se tienen documentados otros: “El 21 de agosto pasado, en Sin Embargo, el periodista Humberto Padgett publicó que Jesús Ramírez Stabros, titular de la Coordinación de Vinculación de la Oficina de la Presidencia de la República, era integrante del Consejo de Administración de Iberdrola México, según se podía apreciar en la página de Internet de la multinacional energética y una de las beneficiarias de la apertura del sector eléctrico azteca.

Es decir que el político priista de 51 años ocupó ese cargo en una empresa privada al mismo tiempo que se desempeñó como Diputado federal, legislador local, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí y funcionario de Los Pinos, con acceso directo al Presidente Enrique Peña Nieto.

Según el portal de la Oficina de la Presidencia de la República, como Coordinador de Vinculación, el funcionario “promueve las relaciones interinstitucionales de la Oficina de la Presidencia con organizaciones e instituciones de los sectores público, social y privado. Atiende las solicitudes y peticiones de grupos sociales”.

Stabros confirmó al diario Pulso, de San Luis, su pertenencia al Consejo de Administración de la filial en México de Iberdrola, al que, asegura, renunció hace poco más de mes y medio, y también reveló que ocupó ese cargo al menos durante cinco años.”6

Si bien como ya se mencionó al inició de la presente exposición de motivos el artículo 5° de nuestra carta magna dispone que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos…” sin embargo dicha libertad está acotada entre otros supuestos cuando “por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, se ofendan los derechos de la sociedad”, las acciones de los ex mandatarios y ex funcionarios antes referidas a manera de ejemplificar este tipo de conflicto de intereses, sin duda vienen a ofender los derechos de la sociedad, por lo tanto debe existir una acotación para que como ya se mencionó, los altos funcionarios tales como directores generales u homólogos, subsecretarios, secretarios de Estado y Presidentes de la República no puedan al concluir su encargo emplearse con particulares o en empresas privadas con las hayan tenido algún vínculo o hayan beneficiado durante su encargo, dicha prohibición se tendría necesariamente que extender al desempeño de cargos honoríficos en dichas empresas, porque en todo caso los ex servidores públicos podrían igualmente entregar y poner a disposición de las referidas empresas y consorcios información estratégica del país que los ex servidores públicos conocieron con motivo de su encargo.

Con su nuevo empleo  Felipe Calderón se aparta de los principios de  honradez, lealtad, imparcialidad que debió observar durante su encargo, pero también una vez concluido éste, si se considera además que ocupó el encargo más importante de la Nación, su actuar no es ético.

El abordaje por parte de la legislación mexicana de los conflictos de interés de un ex servidor púbico que se producen por su desempeño posterior al cese de un cargo público es  inexistente, por ello es importante establecer prohibiciones puntuales para aquellos ex servidores públicos para que una vez que concluyan su encargo, no incurran en un conflicto de intereses, con motivo del nuevo empleo que puedan tener en la iniciativa privada; en este contexto  algunos países cuentan con legislaciones especificas cuya finalidad es precisamente evitar los mencionados conflictos, aunque como el caso mexicano acotan los impedimentos a sólo un año  tal el caso de  la República de Perú que cuenta con la Ley Nº 27588 que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, dicho ordenamiento en sus artículo 1° y 2° dispone:

“Artículo 1.- Objeto de la ley Los directores, titulares, altos funcionarios, miembros de Consejos Consultivos, Tribunales Administrativos, Comisiones y otros órganos colegiados que cumplen una función pública o encargo del Estado, los directores de empresas del Estado o representantes de éste en directorios, así como los asesores, funcionarios o servidores con encargos específicos que, por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan, han accedido a información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya sido determinante en la toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tengan dicho carácter.

Tampoco podrán divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

La violación de lo dispuesto en el presente artículo implicará la transgresión del principio de buena fe y será sancionada con la inhabilitación para prestar servicios al Estado, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiera lugar.

Artículo 2.- Impedimentos Las personas a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, respecto de las empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su función pública, tienen los siguientes impedimentos:

a. Prestar servicios en éstas bajo cualquier modalidad;

b. Aceptar representaciones remuneradas;

c. Formar parte del Directorio;

d. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de éstas, de sus subsidiarias o las que pudiera tener vinculación económica;

e. Celebrar contratos civiles o mercantiles con éstas;

f. Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan pendientes con la misma repartición del Estado en la cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieren participado directamente.

Los impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, cese, destitución o despido, vencimiento del plazo del contrato o resolución contractual.”

“Las formas de administrar los conflictos de intereses en relaciones con la procedencia y destino laboral de un funcionario son dos: las conductas conexas con hechos anteriores al acceso de una determinada persona a un cargo o función pública y las conductas posteriores al desempeño del cargo o función… Para lo que tiene que ver con las condiciones posteriores al cargo, se establecen limitaciones temporales, que oscilan desde la perpetuidad (en el caso de la regulación norteamericana y para ciertos puestos sensibles), hasta los tres años como acontece en la Unión Europea, para los funcionarios que así se determine, o de solo año, como se prevé en los Estados Unidos, respecto de cargos y funcionarios públicos que pretendan realizar determinadas actividades de colaboración o asesoramiento.”7

Este tránsito de funcionario públicos del sector público al privado no existía en México y despertó resistencia y críticas por considerar que propicia situaciones de conflicto de intereses, al constatar que hay casos de varios funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que habían sido previamente beneficiadas por ellos y por visualizar a los ex servidores públicos como agentes al servicio de grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las más grandes de América Latina.

Este proceso, llamado por algunos académicos “la puerta giratoria”, se presentó a partir de la apertura económica y es particularmente intenso en el sector energético, de acuerdo con una medición de la organización (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), hasta seis de los últimos nueve directores de Pemex han salido de la paraestatal para trabajar en empresas relacionadas con el sector energético. Un ejemplo destacado de esta práctica es Carlos Morales Gil, ex director de la oficina de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta febrero de 2014, quien era considerado como uno de los ex funcionarios mejor informados sobre la localización de los energéticos que le quedan al país y quien, desde febrero de 2015, es parte de Controladora Petrobal, la nueva compañía petrolera de Alberto Bailléres, dueño de una las mayores fortunas de México.

Este tipo de prácticas no sólo propician las circunstancias para que se generen problemas como conflictos de interés, el tráfico de influencias o el acceso a información privilegiada. El principal inconveniente para el interés público es que este tránsito entre los espacios público y privado reduce la representatividad de la mayor parte de población en la toma de decisiones por parte de los funcionarios de Gobierno.8

La presente iniciativa de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas propone en primer término modificar la definición de “conflicto de interés” contenida en la fracción VI de su artículo 3, para que en dicha definición, también se haga referencia de manera expresa al conflicto de interés de ex servidores públicos. Por otra parte se propone modificar el segundo párrafo del artículo 56 a efecto de que quienes hayan ocupado los cargos de Presidente de la República, Secretarios de Estado, Subsecretarios así como Directores Generales u homólogos no puedan permanentemente utilizar información privilegiada de la cual hayan tenido conocimiento con motivo de sus funciones, ya que de lo contrario estarían incurriendo en utilización indebida de información.

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 72, el cual contiene la disposición referente a la contratación indebida de ex servidores públicos por particulares, está adición tiene por finalidad establecer que los ex servidores públicos que hayan ocupado los cargos de Presidente de la República, Secretarios de Estado, Subsecretarios así como Directores Generales u homólogos, no podrán permanentemente ser contratados por particulares o incluso participar honoríficamente con estos, en el caso de que hubiesen tenido durante su encargo algún vínculo con dichos particulares, ya que los mismos estarían incurriendo en contratación indebida de ex servidores públicos.

Por último se propone adicionar un capítulo V al título Tercero del ordenamiento en comento, el cual contendría el artículo 73 bis, con la finalidad de que en el mismo se mencionen expresamente los supuestos que vendrían a representar faltas cometidas por ex servidores públicos.

En aras de fortalecer la lucha contra la corrupción la presente propuesta resulta necesaria, pertinente y posible además de que es armónica con la Constitución y las convenciones internacionales aplicables.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

QUE REFORMA  LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, 3 FRACCIÓN VI, 56, 72 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL TÍTULO TERCERO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL CAPÍTULO V AL VI DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 fracción II, 3 fracción VI, 56, 72 y se adiciona un capítulo V al título Tercero, recorriéndose el actual capítulo V al VI del título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 2.

I.

II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores y ex servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;

III.  a  V. …

Artículo 3.  …

I.  a   V.  …

VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; en el caso de ex servidores públicos el conflicto de interés se configurará cuando los empleos, cargos o comisiones que éstos lleguen a desempeñar en el ámbito privado, tengan relación directa con particulares con los que hubiesen tenido algún vínculo durante el ejercicio de su encargo.

VII. a XXVII. …

Artículo 56.

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año y permanente para todos los ex servidores públicos que hayan ocupado los cargos de Presidente de la República, Secretarios de Estado, Subsecretarios así como Directores Generales u homólogos.

Artículo 72.

Los ex servidores públicos que hayan ocupado los cargos de Presidente de la República, Secretarios de Estado, Subsecretarios así como Directores Generales u homólogos, no podrán permanentemente ser contratados por particulares o incluso participar honoríficamente con estos, en el caso de que hubiesen tenido durante su encargo algún vínculo con dichos particulares.

Capítulo V

De las Faltas de Ex servidores públicos

Artículo 73 Bis. Se consideran faltas de ex servidores públicos aquellas que impliquen:

a) Solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta ley y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se hubiesen encontrado directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses, esto hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; a excepción de los ex servidores públicos que hayan ocupado los cargos de Presidente de la República, Secretarios de Estado, Subsecretarios así como Directores Generales u homólogos, en cuyo caso no podrán permanentemente emplearse, contratarse o participar incluso honoríficamente con personas físicas o morales con las que hubiesen tenido algún vínculo durante el ejercicio de su encargo público.

b) La utilización indebida de información en términos de los artículos 55 y 56 de esta ley.

Los ex servidores públicos a que hace referencia el presente Capítulo, podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere el Capítulo II de este título.

Capítulo VI

De la prescripción de la responsabilidad administrativa

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Norma Rocío Nahle García.

1 http://www.forbes.com.mx/calderon-estrena-trabajo-se-suma-filial-eu-iberdrola/#gs.=yyKwrA

2 http://regeneracion.mx/calderon-nuevo-consejero-de-la-trasnacional-iberdrola/

3 http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/01/27/fch-pacta-inversiones-davos

4Claudia Herrera y Armando G. Tejeda  Enviada y corresponsal  Periódico La Jornada Martes 18 de mayo de 2010, p. 13

5 http://www.sinembargo.mx/25-08-2014/1096209

6 Idem

7 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Anotada y concordada. Contraloría General de la República y Procuraduría General de la República, Costa Rica . pp. 222 – 223

8 http://www.sinembargo.mx/18-12-2015/1574193 “Energía para cuates: la puerta giratoria arrasa en 2015”

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, para presentar a nombre del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de sanciones por discriminación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora Presidenta.

Un discurso de odio siembra prejuicios y provoca perjuicios, provoca innumerables y a veces irreparables perjuicios que afectan la vida de miles y a veces millones de personas.

Un discurso de odio es el primer paso para provocar agresiones, violencia y discriminación, para rechazar a aquel que siente o piensa diferente de uno.

El mundo está particularmente crispado en esta época por discursos de odio, se dan tanto a nivel nacional como dentro de las naciones.

Tenemos en este momento a tiranuelos de aldea convertidos en Presidente de poderosas naciones manteniendo a raya y atemorizado al mundo entero con 142 caracteres de twitter.

Es preciso acabar con éstos, es preciso reducir los discursos de odio por las dos vías que tenemos para hacerlo: por un lado, la educación, fomentando la cultura del respeto y de la tolerancia, un medio que es a mediano y largo plazo y, por otro lado, las sanciones que castigan estos discursos para evitar que la gente se involucre con ellos.

Es por eso que esta tarde vengo, a nombre de mi coordinador, Clemente Castañeda, a presentar una iniciativa de su factura, para reformar el artículo 149 Ter del Código Penal Federal que busca simplemente puntualizar mejor cuáles serían los discursos de odio y sancionarlos con más contundencia.

Este artículo pretende que se incluya como discurso de odio aquel que tiene como tema la situación familiar de las personas, una situación que con frecuencia lleva a los niños a practicar agresiones en las escuelas; también incluye como discurso de odio aquella discriminación que tiene como origen el empleo a la profesión de uno y, por supuesto, hay una parte muy interesante que habla del rechazo o el retraso en los trámites cuando esto se hace porque la persona que los hace es diferente.

También contiene un apartado muy interesante que aumenta las penalidades a aquel que utiliza medios masivos de comunicación y de redes para promover el odio y el rechazo a las personas.

Creo conveniente esta iniciativa que pretendemos sancionar, pero sobre todo, dejar conciencia de que debemos no hablar de odio, sino comprensión, no rechazar, sino tolerar para así vivir más en paz todos los seres humanos.

Gracias y buenas tardes.

Iniciativa

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 149 TER DEL CO?DIGO PENAL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El discurso de odio puede detonar acciones violentas en la sociedad, por este motivo es importante que el Estado haga frente convirtiendo en delito este tipo de prácticas que ponen en riesgo a la sociedad civil. “El discurso de odio pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra grupos o individuos por motivos de su pertenencia a alguna raza, religión, género, nacionalidad o por motivos relacionados al aspecto, orientación sexual, edad, idioma o lengua, opiniones políticas o morales, estado de salud, discapacidad, estatus socioeconómico, ocupación, entre otros”.1

A nivel internacional el discurso de odio se ha discutido y regulado desde hace décadas. Existen distintos instrumentos legales que obligan a los Estados parte a combatir los discursos de odio y a condenar la propaganda que inspire o incite a la violencia o la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en su artículo 4, llama a los estados miembros a combatir los discursos que promuevan el odio o inciten a la discriminación y la violencia estipulando:

“Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación”.2

Más aún, el artículo 9 de la citada declaratoria establece la obligación de los Estados de legislar lo necesario para combatir y sancionar los actos de discriminación.

Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en su artículo 20.2 estipula que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.3

Adicionalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.5 prohíbe “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.4

En México, el antecedente legal de mayor trascendencia para inhibir los discursos que incitan al odio, la violencia o la exclusión social, es la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001. Dicho precepto actualmente prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En concordancia con el texto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre los límites a la libertad de expresión frente al discurso de odio y la violencia:

Tesis: 1a. CL/2013 (10a.)

Primera Sala

Libro XX, Tomo 1, Pag. 545

Tesis Aislada (Constitucional)

Mayo de 2013

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ACTUALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LOS DISCURSOS DEL ODIO.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los discursos del odio son aquellos que incitan a la violencia -física, verbal, psicológica, entre otras- contra los ciudadanos en general, o contra determinados grupos caracterizados por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos. Tales discursos se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social. La problemática social en relación con los discursos del odio, radica en que mediante las expresiones de menosprecio e insulto que contienen, los mismos generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos. Así, la diferencia entre las expresiones en las que se manifieste un rechazo hacia ciertas personas o grupos y los discursos del odio, consiste en que mientras las primeras pueden resultar contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, generando incluso molestia o inconformidad en torno a su contenido, su finalidad se agota en la simple fijación de una postura, mientras que los segundos se encuentran encaminados a un fin práctico, consistente en generar un clima de hostilidad que a su vez puede concretarse en acciones de violencia en todas sus manifestaciones. En consecuencia, los discursos del odio van más allá de la mera expresión de una idea o una opinión y, por el contrario, resultan una acción expresiva finalista que genera un clima de discriminación y violencia hacia las víctimas entre el público receptor, creando espacios de impunidad para las conductas violentas.

Amparo directo en revisión 2806/2012. Enrique Núñez Quiroz. 6 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes reservaron su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Además de dicha reforma constitucional y la tesis transcrita, encontramos importantes esfuerzos a nivel local en donde se penaliza el discurso de odio. Al menos 14 entidades federativas han tipificado como delito la conducta de incitar al odio o la violencia, y dicha visión ha sido compartida por Tribunales Colegiados en materia penal:

Tesis: I.3o.P.7 P (10a.)

Décima Época  2004473

Tribunales Colegiados de Circuito

Libro XXIV,

Tomo 3 Pag. 2577

Tesis Aislada(Penal)

Septiembre de 2013

DISCRIMINACIÓN. PARA ACREDITAR ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ES INNECESARIO APLICAR UNA NORMA DE DIVERSA FUENTE O AGREGAR ELEMENTOS AJENOS A SU DESCRIPCIÓN.

Del precepto 206 del Código Penal para el Distrito Federal, se advierte que la intención del legislador para crear esa figura jurídica, fue revertir esta realidad de la sociedad y responder a las necesidades de las y los ciudadanos que son parte de ella, mediante su reconocimiento y protección jurídica, a través de normas que procuren la inhibición de conductas discriminadoras y tipifiquen los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia e identidad genérica, de raza, procedencia étnica y religión, entre otras, ello, para castigar de manera implacable y revertir los efectos perniciosos del estigma que existe sobre conductas juzgadas como "indeseables", al percibirse como amenazas para la sociedad, o por desprecio a las personas que se aprecian como diferentes o desvalorizadas. De ahí que para que se demuestre el delito de discriminación previsto en ese numeral, sea innecesario aplicar una norma de diversa fuente o agregar elementos ajenos a su descripción -como afectación a la psique de la ofendida o considerar simples aseveraciones o señalamientos genéricos como discriminatorios-, pues como parte toral para su acreditación, sólo se requiere que se atente contra la dignidad humana, esto es, se demuestre la acción de un trato desigual de la víctima ante otras personas, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 101/2013. 26 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Irma Emigdia González Velázquez.

II. De acuerdo con Alf Ross todo sistema jurídico debe sustentarse en algún tipo de coacción al que denomina “la actitud de la conducta interesada” que se traduce en el temor al castigo y el interés en evitar la conducta que provoca dicho castigo. Señala también que en aquellos países donde la sociedad civil no es lo suficientemente fuerte para hacer frente al discurso de odio ésta necesita entonces el apoyo del estado para castigar a quienes promuevan este discurso.

La normatividad internacional es tajante al prohibir el discurso de odio y muestra una evidente inclinación a penalizar dicha conducta.  En el caso de México, a pesar de que el último párrafo de nuestro artículo 1° Constitucional prohíbe toda forma de discriminación que anule o restrinja los derechos y las libertades de las personas, la norma federal que prevé algún tipo de sanción a quien promueva el odio, la violencia y la discriminación, es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyas sanciones administrativas previstas en el artículo 83 distan de ser un mecanismo efectivo de coacción que inhiba las citadas conductas.

Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación se han dado a la tarea de documentar el número de crímenes de odio en nuestro país,1 cuyas cifras colocan a México entre los países con mayores índices de incidencia de delitos de odio.

Mediante la presente iniciativa se reconoce que el discurso de odio puede abonar a generar un clima de discriminación y a la trivialización o justificación de delitos graves como crímenes de odio, feminicidios o la violación de los derechos fundamentales de grupos vulnerables.

La presente propuesta pretende, por un lado, dar mayor claridad a los delitos cometidos contra la dignidad de las personas y, por el otro, ampliar las hipótesis punibles y sus agravantes por conductas que atenten contra la dignidad y los derechos de toda persona. Es importante mencionar que el artículo materia de esta iniciativa fue objeto de un dictamen de reforma aprobado el 2 de marzo de 2017 por la Cámara de Diputados, mismo que aún se encuentra en proceso de revisión por la colegisladora. En virtud de que aún no concluye el proceso legislativo de dicha minuta es que no se plasman las modificaciones en la propuesta de redacción aquí presentada.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa.

DECRETO

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil o situación familiar, origen nacional o social, condición social o económica, trabajo o profesión, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. Niegue, restrinja o retarde un servicio, trámite o prestación a la que tenga derecho;

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo;

III. Niegue o restrinja derechos educativos, o

IV. Promueva, fomente o incite al odio, la violencia o la discriminación.

[…]

[…]

[…]

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos, y cuando se difundan expresiones que fomenten el odio, la violencia o la discriminación a un número elevado de personas a través de algún medio de comunicación o el uso de tecnologías o mecanismos de difusión masiva.

[…]

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 Thematic Leaflet - Comprender y luchar contra Discurso del Odio. Texto redactado por Programa Grundtvig de la Comisión Europea y ejecutado por UNITED for Intercultural Action, Traducido por Movimiento Contra la Intolerancia, 2008. Recuperado de:
http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/HateSpeechLeaflet_E.pdf

2 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Recuperado de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

3 Ibídem.

4 Convencion Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita En La Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32), San José, Costa Rica , noviembre de 1969.
Recuperado de:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

1 Notas periodísticas consultadas,  disponibles en:
Informe Crímenes de Odio por Homofobia, Letra ese, 2017. http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/
Pantoja, S., “México, segundo lugar mundial en crímenes por homofobia”, Revista Proceso, 11 mayo 2015.
http://www.proceso.com.mx/403935/mexico-segundo-lugar-mundial-en-crimenes-por-homofobia
“México ocupa segundo lugar mundial en crímenes de odio: IKOS”, El Economista, 17 mayo 2013
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/05/17/mexico-ocupa-segundo-lugar-mundial-crimenes-odio-ikos
Rendón, P. “México, segundo lugar mundial en crímenes de odio contra población LGBTTTI”, 11 Oct  2016.
http://ibero.mx/prensa/m-xico-segundo-lugar-mundial-en-cr-menes-de-odio-contra-poblaci-n-lgbttti

La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Recibimos en la Mesa Directiva la iniciativa del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de actualización, de denominación de dependencias de la Administración Pública, que se turnará a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN Y CLARIDAD LEGISLATIVA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sociedad, constante demandante de respuestas justas, por parte del Estado Mexicano, a los problemas surgidos de la realidad histórica, consiguió uno delos más luminosos hitos legislativos con la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de junio de 2012.

Como legisladores, estamos obligados a poner al día y a la vanguardia al orden jurídico nacional y cumplir, con ello, la gravísima responsabilidad como representantes populares.

Un lustro y diversas reconfiguraciones normativas e institucionales después, es imperativo garantizar que la vigencia y accesibilidad para el ciudadano que accede a tan importante ley sean plenas; ello es especialmente pertinente si tomamos en cuenta que, a la fecha, dicha norma no ha sufrido reforma alguna, lo que la pone en riesgo de desactualización.

Un ejemplo que ilustra la proximidad de un estado de cosas en que la ciudadanía que no tiene formación jurídica ni conocimiento de las dinámicas de la corresponsabilidad entre poderes de la unión reside en que, en su artículo 5º, referente a la conformación de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se incluye a un representante de la extinta Secretaria de Seguridad Pública, como sigue:

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:

I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;

II. Un representante de la Procuraduría General de la República;

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;

IV. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

VI. …

De la misma manera, el artículo vigésimo incorpora a un represente de la misma y hoy inexistente Secretaria de Seguridad Pública para la integración de la muy importante Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida:

Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de la República y un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.

De igual modo, en la conformación del Comité Técnico del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se sigue contemplando a un representante de la Secretaria de Seguridad Pública.

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado por un representante de: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El ciudadano de a pie que acceda a la Ley, ignora y no está obligado a saber que, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de Enero de 2013, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual, a la Secretaria de Gobernación se le encomendó el despacho de los asuntos correspondientes a la seguridad pública, con lo que se eliminó, del artículo 26 que enlista las Dependencias, a la Secretaria de Seguridad Pública:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

De la misma manera, le resulta ajeno que, en el segundo párrafo del artículo Quinto Transitorio del decreto, se dispuso que toda mención en las leyes referentes a las dependencias impactadas por la reforma, se entenderán referidas a las dependencias que adquirieron tales funciones:

Quinto.- (…)

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones.

En Encuentro Social respaldamos, desde su inicio, por ser un asunto que exige armonía entre inteligencia y ejecución disuasiva contra el crimen organizado, el replanteamiento en el Poder Ejecutivo de la Unión; ahora, como legisladores, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente reforma, en tanto consideramos como de importancia toral que el Estado mexicano, a fin de cumplir con los principios constitucionales de legalidad y de certeza, actualice sus leyes a fin de que la ciudadanía, con independencia de su nivel educativo o formación profesional, conozca con claridad la estructura y funcionamiento de la administración pública federal, a fin de saber qué expectativas albergar de acuerdo con lo que la legislación le señala.

De este modo, en un contexto que la Sociedad exige respuestas de todos los actores políticos para dar vigencia efectiva a las medidas de salvaguarda, el objetivo de la presente iniciativa consiste en armonizar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de conformidad a la reforma realizada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013, con la que la Secretaria de Seguridad Pública desaparece.

Para ello, se deroga la fracción III del artículo 5º, correspondiente a la integración la junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; se reforma el artículo 20, para eliminar al representante de la Secretaria de Seguridad Pública, de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y se reforma el artículo 52, para eliminar al representante de la Secretaria de Seguridad Pública del Comité Técnico del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como se ilustra:

CUADRO COMPARATIVO

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:

I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;

II. Un representante de la Procuraduría General de la República;

III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;

IV. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:

I.;

 

II.;

 

III. Derogado;

 

IV.;

 

V., y

 

VI..

Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de la República y un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.

Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cuatro personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un representante de la Secretaría de Gobernación y un representante de la Procuraduría General de la República, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado por un representante de: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado por un representante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en materia de armonización y claridad legislativa con base en los siguientes resolutivos:

ÚNICO.- Se deroga la fracción III del artículo 5; y se reforman los artículos 20 y 52 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Artículo 5º - La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:

I.;

II.;

III. Derogado;

IV.;

V., y

VI..

Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cuatro personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un representante de la Secretaría de Gobernación y un representante de la Procuraduría General de la República, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado por un representante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Alejandro González Murillo.






En una segunda ronda de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 65 Ter 2 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de sanciones por incumplimiento en espectáculos públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 65 TER 2 A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Presentada por el Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Edgar Romo García: Compañeros legisladores:

Hoy vengo a presentar una iniciativa que busca mejorar una injusticia que se da eventualmente en la sociedad en una relación entre privados al momento de otorgar un servicio y de la cual muchos ciudadanos hemos sido víctimas.

Todos aquí tenemos alguna afición por algún tipo de espectáculo, como puede ser el acudir a un partido de fútbol, para ver el equipo del cuál es fanático; el acudir a un espectáculo de un concierto de música o de algún museo.

En muchas de esas ocasiones dichos espectáculos vienen de todas partes del mundo, vendiéndose boletos con mucha anticipación a la fecha del concierto y se agotan en tan sólo unas horas, lo que contempla un gasto importante para los ciudadanos, para los consumidores que esperan recibir un servicio de calidad que representa el costo de su boleto.

En la mayoría de las veces este gasto no sólo representa el costo de los boletos, sino que dentro de otras cosas que pagan los consumidores son, precisamente, viáticos para trasladarse a la ciudad donde será o se llevará a cabo el espectáculo público, considerar traslados, hoteles y todo lo que amerita. En pocas palabras, para la mayoría de los consumidores, acudir a ese tipo de espectáculos públicos puede ser un gasto muy importante en su economía.

Sin embargo, existen ocasiones en las que por cuestiones ajenas a los propios consumidores, los artistas o los proveedores de esos espectáculos públicos los cancelan sin ninguna justificación, cuando esto sucede, los consumidores quedan totalmente desprotegidos, no sólo por todas las medidas que tienen que tomar, como la cancelación de hoteles, trayectos, etcétera; sino también porque no se les reembolsa la cantidad total que pagaron por el boleto que les da derecho de entrar al espectáculo público.

Es precisamente ésto, compañeros, lo que necesitamos mejorar.

El que independientemente de cuánto represente un gasto en un boleto, al momento de una cancelación que no tenga una justificación, se le deba devolver al consumidor, de manera justa, la totalidad de su boleto, del costo que pagó por el boleto.

En otras ocasiones hemos cambiado aspectos en la relación entre proveedores y consumidores, que parecen mínimos, pero que la mayoría de las personas mejoran considerablemente su calidad de vida.

Algunos ejemplos recientes son las modificaciones que hicimos en la Ley de Aviación Civil para darles mayores derechos a los usuarios de las aerolíneas, también en materia de telecomunicaciones les dimos mayores derechos a los usuarios para, frente a las empresas que proveen el servicio de telefonía.

Existe un sinfín de ciudadanos que han manifestado su inconformidad con la cancelación repentina de los eventos, pues además de quedarse sin poder asistir al espectáculo que esperaban, no reciben toda su inversión de vuelta porque así lo determinan las políticas de cancelación de eventos.

En esta problemática de no devolver en su totalidad la cantidad pagada por el consumidor beneficia únicamente a las empresas del ramo o a las administradoras de los eventos, ya que los cargos por servicio o expedición de boletos no son devueltos a cientos y miles de consumidores que pagaron por ellos y que representan en su totalidad millones de pesos que no se devuelven a los consumidores.

Es decir, son de los temas que en materia de relaciones privadas o de los derechos que tiene el consumidor frente a los proveedores de servicios, podemos aportar, como legisladores, porque sin duda, si la cantidad por boleto pudiera llegar a ascender a 800, 900 pesos que individualmente es una cantidad que es considerable, pues ahora cuando se trata de masas y de miles de espectadores que van a desconocer esos conciertos públicos, pues representa tal vez un agravio a la sociedad mucho mayor.

Este costo que se paga por los boletos, no sólo por recibir el espectáculo, sino por el simple hecho de que administrativamente te expidan un boleto, es irrecuperable hoy en día.

Y precisamente, les pongo un ejemplo, hace algunos meses acudió Ariana Grande a la ciudad de Monterrey, tenía previsto realizar un concierto en la Arena Monterrey y, sin justificación, se suspende el concierto; un boleto que costaba alrededor de 3,750 pesos y los consumidores solamente pudieron recibir el 82 por ciento del costo del boleto, y dejaron de percibir el 22 por ciento de la cantidad total, es decir, 825 pesos por boleto, al cual al momento de reembolso y que fuera a solicitar que se reintegraran sus entradas, se le reintegraron parcialmente lo que habían pagado por el boleto, sin recibir el espectáculo público, esto sin mencionar que muchos ya habían incurrido en gastos de hoteles o de traslados.

Entonces, no es justo para los ciudadanos que estas empresas que brindan espectáculos públicos no se obliguen con ellos a devolverles, como mínimo, la cantidad que ya pagaron por su boleto a cambio de que no se realizara ningún espectáculo público.

No estamos hablando de una sanción a las empresas, sino simplemente exigiendo por el ciudadano lo mínimo que le debe de corresponder, que es el costo íntegro de su boleto, es decir, que se les devuelva el monto total.

Las empresas, sin duda, deben hacerse responsables de generar los mecanismos para que los espectáculos se lleven a cabo de la mejor forma, y bajo ninguna circunstancia deben quedarse con alguna cantidad que se les cobre a los usuarios cuando existen situaciones ajenas al consumidor que conllevan precisamente a la cancelación del espectáculo público.

Con esta propuesta se pretende que, tratando de servicios relacionados con espectáculos públicos, cuando se incumpla con el servicio ofrecido, los consumidores tendrán derecho a que se le devuelva de manera íntegra la cantidad total pagada por el boleto, el cual debe comprender los gastos que se pagan por la expedición del boleto, los cargos de servicio y las demás expensas que se hayan gastado.

En ese sentido, se propone modificar el artículo 65 Ter 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para proteger a los consumidores de servicios de espectáculos públicos en caso de que los proveedores incumplan con sus servicios ofrecidos, incluyendo como un derecho de los consumidores frente a esas empresas la devolución íntegra del gasto realizado pro algún servicio de espectáculos públicos.

Compañeros, sé que muchos de ustedes han estado en esa situación, sé que muchos ciudadanos han vivido el coraje de sentir que pagas por un boleto 3,225 pesos y solamente te devuelven una parte de ese monto, y no recibes el espectáculo público, no tienes derecho ni siquiera a que se puedan a comprometer a otra fecha.

Creo que debemos hacer justicia, esa justicia cotidiana que los ciudadanos están esperando de nosotros, esa justicia entre las relaciones entre particulares que muchas veces no da para contratar un abogado, porque no vamos a ir a un juicio por 825 pesos, y que sí lo podemos proteger desde una ley ante una autoridad administrativa como es la Procuraduría Federal del Consumidor.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias por su atención.

Iniciativa

El suscrito, EDGAR ROMO GARCÍA, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 65 TER 2 A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

Un consumidor es la persona física o moral que demanda productos, bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades.

Un proveedor es aquella persona física o moral, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.

Al respecto, para dar cauce a estas relaciones jurídicas comerciales, en nuestro País, existe la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la cual es una institución que protege y promueve los derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para la población consumidora.

Ahora bien, uno de los tópicos jurídicos que nacen de la relación consumidor -proveedor, es el relacionado al ofrecimiento de servicios, particularmente y el que nos interesa, el de Servicios de Espectáculos Públicos.

Así pues, por una parte, es importante señalar que debemos de entender por contrato de prestación de servicios profesionales: siendo aquel contrato en virtud del cual una parte, llamada profesionista, se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización, preparación técnica, artística y en ocasiones título profesional a favor de otra persona llamada cliente, a cambio de una remuneración llamada honorarios.

En ese sentido, las obligaciones que nacen son las siguientes:

• Obligaciones del profesionista: Prestar el servicio en el tiempo lugar y forma convenidos; avisar al cliente cuando no pueda continuar prestando sus servicios; responder por su negligencia o dolo, y; guardar el secreto profesional.

• Obligaciones del cliente: Pagar los honorarios al profesionista, y; pagar las expensas.

Por otro lado, y respecto al caso que nos ocupa, los servicios de Espectáculos Públicos, los podemos definir, como todo acontecimiento organizado con el fin de congregar a quienes acuden para presenciar una actuación, representación, exhibición o proyección de naturaleza artística, cultural o deportiva ofrecida por un empresario(s), por actores, por artistas o cualesquiera otros ejecutantes.

De conformidad con las normas generales fiscales, las actividades de Servicios de Espectáculos Públicos se pueden clasificar en:

Exposiciones; Exposiciones de arte; Exhibiciones y ferias comerciales; Ferias de automóviles u otras exposiciones; Reuniones de eventos; Gestión de eventos; Talento o entretenimiento; Eventos profesionales deportivos; Servicios de museos; Actuaciones en vivo; Actuaciones u obras teatrales; Actuaciones de danza; Opera; Conciertos; Actuaciones grabadas o películas; Películas cinematográficas; Entretenimiento grabado en video; Cultura, y; Organizaciones de eventos culturales.

II. PROBLEMÁTICA

Todos hemos sido testigos que, tratándose de Servicios de Espectáculos Públicos, es una práctica que se va haciendo frecuente, el que días antes e incluso horas antes de algún evento programado estos sean cancelados, por causas ajenas al consumidor.

Como verbigracia de lo anterior, entre otros, debemos mencionar los siguientes:

Cancelación del Concierto de Ariana Grande en la Arena Monterrey el pasado 18 y 19 de Julio de 2017.

Cancelación del Concierto del DJ Dash Berlin en la Arena de la Ciudad de México el pasado 22 de Abril de 2017.

Cabe señalar, que este tipo de cancelaciones se producen no solo en conciertos, sino también en todas las actividades que conciernen a los espectáculos públicos.

El incumplimiento de todo servicio debe de traer consecuencias, y no dejar al capricho del proveedor, de los administradores, de los organizadores, y cualquier otra parte que intervenga en la ejecución del evento, el regresar solo una parte de lo pagado por el consumidor.

Es un reclamo ciudadano, el que cuando ocurre este tipo de cancelaciones inesperadas sobre cualquier espectáculo público, únicamente se regrese una parte de lo pagado, es decir, que no se devuelva de forma íntegra el precio pagado del servicio, lo que se convierte en una situación injusta, abusiva e inequitativa para las partes, en perjuicio únicamente del consumidor.

Los consumidores normalmente pagan el costo de servicio (evento) pero además los cargos adicionales por el servicio, también conocidos como expensas (gastos de administración; gastos de organización; gastos por impresión del boleto, gastos para el efecto de que si el boleto lo recoges en taquilla o en centros autorizados, entre otros).

Esta problemática, de no devolver en su totalidad la cantidad pagada por el consumidor, en cumulo asciende a cifras inclusive millonarias con beneficios únicamente para una de las partes (proveedor y/o administrador y/o organizador y/o cualquier parte que intervenga en la ejecución del evento), dado que los cargos por servicios y/o expensas ascienden en promedio a cientos de pesos, dependiendo del concierto y del área del boleto adquirido por el consumidor.

Por tanto, al cancelarse un evento, la parte que pierde o se ve menoscabada en su economía, es únicamente el consumidor, y por el contrario, el proveedor, ya sea, el oferente del servicio, el administrador, el organizador o cualquier otra parte que intervenga en la ejecución del evento, siempre ganan ya que no se regresa íntegramente el precio pagado por el consumidor, lo que se traduce, en un contrato leonino para el consumidor.

En ese contexto, y ante las frecuentes cancelaciones de este tipo de eventos, creemos que es indispensable, fortalecer y proteger los derechos e intereses de los consumidores al contratar cualquier tipo de actividad de servicio de espectáculo público, a fin de propiciar un ambiente plano entre las partes, que genere igualdad, equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En tal virtud, es que se propone que, tratándose de servicios relacionados con espectáculos públicos, cuando se incumpla con el servicio ofrecido, los consumidores tendrán derecho a la devolución íntegra de la cantidad pagada por el boleto, el cual deberá comprender cualquier tipo de gasto realizado, incluyendo los gastos que se pagan por la expedición del boleto, los cargos del servicio y demás expensas que se hayan erogado.

De esta forma, se estaría generando un plano igualitario y equitativo entre proveedor y consumidor, al momento de contratar un servicio, además esta acción afirmativa abona respecto de los principios básicos de las relaciones de consumo, la cual entre otros, consisten en la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, y en el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; esto de conformidad con el artículo 1 fracciones IV y IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por lo anterior, con la presente Iniciativa se pretende legislar y atender los mencionados tópicos jurídicos, para con ello fortalecer y proteger los derechos e intereses de los consumidores ante sus relaciones con los proveedores.

III. PROPUESTA

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento de poner orden en el fenómeno social de las relaciones de proveedores y consumidores.

Bajo este contexto, es nuestra propuesta el que fortalezca y proteja los derechos de los consumidores respecto a sus relaciones con los proveedores que ofrecen servicios de espectáculos públicos, desde la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Con esta propuesta se pretende que, tratándose de servicios relacionados con espectáculos públicos, cuando se incumpla con el servicio ofrecido, los consumidores tendrán derecho a la devolución íntegra de la cantidad pagada por el boleto, el cual deberá comprender cualquier tipo de gasto realizado, incluyendo los gastos que se pagan por la expedición del boleto, los cargos del servicio y demás expensas que se hayan erogado.

En ese sentido, no podría existir mejor mecanismo para garantizar los derechos e intereses de los consumidores de servicios de espectáculos públicos, que el incorporar al marco jurídico mexicano el tópico jurídico que se presenta, de forma tal, que es de suma importancia analizar y en su caso aprobar esta Iniciativa de Ley por parte de esta H. Soberanía Popular, en aras de favorecer a los consumidores de servicios de espectáculos públicos.

IV. CONTENIDO DE LA REFORMA

La reforma que se propone a la Ley Federal de Protección al Consumidor es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente para atender los derechos e intereses de los consumidores respecto a sus relaciones con los proveedores y/o organizadores de servicios de espectáculos públicos.

En tal virtud, se propone adicionar el artículo 65 Ter 2 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para garantizar los derechos e intereses de los consumidores de servicios de espectáculos públicos en caso de que los proveedores incumplan con sus servicios ofrecidos, a fin de propiciar un ambiente plano entre las partes, que genere igualdad, equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre consumidores y proveedores.

Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma por adición el artículo 65 Ter 2 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 65 Ter 2. Tratándose de servicios relacionados con espectáculos públicos, cuando se incumpla con el servicio ofrecido, los consumidores tendrán derecho a la devolución íntegra de la cantidad pagada por el boleto, el cual deberá comprender cualquier tipo de gasto realizado, incluyendo los gastos que se pagan por la expedición del boleto, los cargos del servicio y demás expensas que se hayan erogado.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Edgar Romo García.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
PABLO ESCUDERO MORALES

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Edgar Romo. Adelante Servicios Parlamentarios, pase a recoger las firmas. Muy bien. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Karla Osuna Carranco, a nombre de la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 75 de la Ley General de Educación, en materia de prohibición de pago de cuotas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada Karla Karina Osuna Carranco, a nombre de la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Con su venia, Senador Presidente. Señoras y señores legisladores:

Hoy me presento ante ustedes, a nombre de mi compañera la Diputada Gretel Culin, para presentar a su consideración algunas modificaciones a la Ley General de Educación, que consideramos fundamentales para mejorar nuestro sistema educativo.

Como legisladores estamos obligados a cuidar y vigilar, así como a legislar para que el derecho a una educación laica y gratuita sea garantizada sin distinción alguna, tal como lo señala nuestra Constitución.

Sin embargo, hoy sabemos de muchos casos en los que los planteles y autoridades educativas se permiten condicionar el servicio educativo…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme un minuto, por favor, Diputada
Discúlpeme por interrumpirla.

Por favor, le pido a la Asamblea que guarden orden, hay mucho ruido, por favor, está la oradora exponiendo.

Adelante, Diputada

La Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Gracias.

Se permiten condicionar el servicio educativo al cumplimiento de entrega de dinero o en especie, o incluso, a disfrazar estas actividades como “cuotas voluntarias”, ello elimina la gratuidad de la educación que imparte el Estado, lo cual representa una barrera de acceso a la formación académica y preparación de las personas.

En el PAN hemos insistido en la vital importancia que tiene para nuestro país que nuestras niñas, niños y jóvenes reciban una educación de buena calidad.

Por ello, de ninguna manera debe significar la eliminación de la gratuidad de la educación en las escuelas públicas.

Todos los individuos que integran nuestra sociedad deben disponer del espacio, materiales y los servicios necesarios para recibir educación sin importar su ingreso.

En una sociedad tan desigual como la mexicana, con grandes disparidades en los servicios educativos, aplicar medidas de desertización, que los padres llevan a sus hijos a las escuelas, es atentar directamente contra el progreso y la dignidad de las personas.

En este sentido, no debe existir ningún tipo de contraprestación ni de exigencia de pago para brindar el servicio educativo.
En el artículo 6o. de la Ley General de Educación, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo.

Sin embargo, la redacción del artículo no es la más adecuada. Textualmente el acto prohibido por la ley es: “el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”. Por lo tanto, el infractor de esta disposición es el padre, madre o tutor que se ve obligado a cumplir con las “cuotas voluntarias”, ello deja impune la libertad para que docentes, personal administrativo, directores, autoridades educativas, e incluso sociedades de padres de familia, cobran estas cuotas.

Es decir, aunado a que los padres de familia son víctimas de este abuso al pagar “cuotas voluntarias”, se convierten en infractores de ley por realizar un pago prohibido.

Por este motivo, la presente iniciativa propone sustituir la palabra “pago” por “exigir”, de manera que los infractores sean quienes pidan el pago de estas cuotas escolares a cambio de prestar servicios educativos, o bien, por condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones, exámenes, la entrega de documentos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de una contraprestación.

Asimismo, se propone modificar el artículo 6o. de la citada ley para prohibir la difusión por cualquier medio, situación o circunstancia que afecte la imagen, el respeto, la integridad y la igualdad en el trato de los alumnos cuyos padres no participen o cooperen en estas “cuotas voluntarias”.

Compañeros y compañeras legisladoras:

En el PAN creemos que las modificaciones propuestas significarán un avance importante en el acceso a las personas a una educación gratuita y al respeto de su dignidad.

Esperamos contar con su apoyo para sacar adelante esta iniciativa.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

La suscrita GRETEL CULIN JAIME, Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, 127 y demás relativos y aplicables de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 171, 175, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, Fracción I, 77, numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, Y SE ADICIONA A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; para lo cual se fija la problemática sobre la cual versa la iniciativa que nos ocupa

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La falta de certeza y claridad en las normas, se traduce en la inexacta aplicación de la misma, o da motivo a su incumplimiento, con lo cual se puede vulnerar la voluntad del legislador, y se puede llegar incluso a dejar desprotegido un bien que debe ser tutelado.

La Ley General de Educación, específicamente en el segundo párrafo del artículo 6, regula la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo, sin embargo en la redacción del citado párrafo nos encontramos con una redacción adecuada que permita, proteger a cabalidad la educación gratuita, que se contempla en el artículo 3° de nuestra Carta Magna.
 
Además de lo expuesto, existe una comisión legislativa en la Le General de Educación, al no especificar la infracción o sanción aplicable a quien exijan el pago de cuotas escolares obligatorias, a cambio de prestar los servicios educativos, o bien por condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de una contraprestación.

Tanto la redacción inadecuada, como la falta de claridad en la infracción o sanción correspondiente, dan paso a que planteles y autoridades educativas se permitan condicionar el servicio educativo al cumplimiento de la entrega de dinero o en especie, o incluso a disfrazar estas actividades con “Cuotas Voluntarias” sin que eso implique incurrir en falta o contravenir alguna disposición.

La situación planteada impacta en detrimento de la economía de las familias mexicanas, mayormente en aquellas de escasos recursos y por lo tanto afecta también el desarrollo económico y social de nuestro país, al no haber una real gratuidad de la educación que imparte el Estado, lo cual representa una barrera de acceso a la educación y preparación de las personas, haciendo nugatorio el legítimo derecho humano de tener de forma gratuita la educación básica.

Y esto es así, porque la intención del legislador al incorporar el tema de cuotas escolares en la ley, fue la de permitir aquellas que voluntariamente se realizan por cualquier persona, y por otro, la de prohibir la exigencia de las mismas cuando condicionaban la prestación del servicio educativo.

Lo anterior se basa en la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo.

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados, salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad., estos instrumentos son sumamente importantes porque:

• Definen las normas, reafirman los principios fundamentales y les dan sustancia concreta; de no ser así, seguirían siendo “principios”, sin una aplicación clara.

• Dan forma a los compromisos que los Estados Miembros han contraído con respecto al derecho a la educación, a fin de que éstos puedan aplicarlos en la esfera nacional.1

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 promueve y desarrolla el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión y sobre todo, gratuita, como una obligación de cada Estado.
“Artículo 26

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental…”2

Como se puede apreciar el citado instrumento internacional constituye un testimonio de la gran importancia que los estados miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación.

Por ello, corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas.

II.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en el artículo 3o. párrafo primero, que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

Asimismo la fracción IV del artículo referido, dispone que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Este derecho se enuncia también en el artículo 4o. constitucional, párrafo séptimo, el cual dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En ese sentido, no debe existir contraprestación ni exigencia de pago para brindar el servicio educativo, principio relevante que fue remarcado con la reforma educativa publicada en el Diario Oficial del Federación el pasado 11 de septiembre de 2013, el cual señala que “La educación pública es laica y gratuita, y obligatoria la de los tipos básico y medio superior”, sin embargo la realidad de la educación pública en México, dista mucho de cumplir con el criterio de gratuidad como se establece en la legislación educativa.

III.- El objetivo principal de la presente iniciativa es contribuir a erradicar un problema de grandes dimensiones que ha mermado la economía de las familias mexicanas, quienes pagan de manera obligatoria, coactiva o “voluntaria” cuotas destinadas a cubrir necesidades esenciales de los planteles escolares, tales como compra de papel higiénico, adquisición de artículos de limpieza, remodelación de baños, reparación de ventiladores, bancas, etcétera, acentuándose la situación en los planteles de educación básica, sin que haya una sanción explicita para quienes realizan esta conducta.

El artículo 6 de la Ley General de Educación pareciera atender la problemática planteada, sin embargo la realidad sigue siendo otra, pues a la fecha dicha práctica se continua ejerciendo con evidencia en quejas constantes de padres de familia que han externado su inconformidad y preocupación al ver que sus hijos son exhibidos e incluso ridiculizados frente a sus compañeros por no cubrir estas cuotas ahora obligatorias.

La Ley General de Educación contempla las “donaciones” o “cuotas voluntarias”, las cuales se consideran una ayuda complementaria al presupuesto público, sin embargo, en muchos casos estas aportaciones han pasado de ser complemento a sustituto del recurso público, lo cual es lamentable, ya que las familias de más escasos recursos deben sumar al gasto por útiles escolares y uniformes, las cuotas escolares.

El párrafo segundo del artículo 6 de la Ley General de Educación establece:

“Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”

Con base en la literalidad del texto, considero que existe una ausencia de lógica jurídica en su redacción, pues la estructura del supuesto normado no cumple con su objetivo, llegando al punto der ineficaz al día de hoy

La inconsistencia e inadecuada redacción que se observa, radica en que el acto prohibido por la ley es el “PAGO”, por lo tanto el infractor de esta disposición es el padre, madre o tutor que se ve obligado a cumplir con las “cuotas voluntarias”, dejando de manera impune la libertad para que docentes, personal administrativo, directores, autoridades educativas e incluso sociedades de padres de familia continúen solicitando, cobrando o requiriendo dichas cuotas a cambio de la prestación del servicio educativo, ya que en la ley no se prohíbe esta conducta.

Las autoridades educativas no pagan una cuota escolar, las asociaciones de padres de familia no pagan una cuta escolar, por ende son las madres o padres de familia o responsables de los menores quienes llevan a cabo esta acción, y es a ellos a quien de acuerdo a la mala redacción está dirigida la prohibición, siendo que ellos son los directamente afectados por el cobro o exigencia de cualquier contraprestación.

Es decir, aunado a que los padres de familia (de manera genérica) son víctimas de este abuso, se convierten en infractores de la ley por realizar un “pago” prohibido. Siendo necesario que la ley deba ser clara, precisa y congruente, para no permitir que otros actúen arbitrariamente.

Por otro lado, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, pago significa “entrega de un dinero, o especie que se debe”; por lo tanto usar dicho término en la ley implica que los padres de familia, tutores y alumnos tienen una deuda con el Estado a cambio de la educación que reciben, lo cual contraviene el principio Constitucional de la gratuidad de la educación pública.

En el mismo sentido sería erróneo sustituir el término “pago” por “cobro”, ya que su significado es “recibir dinero como pago de una deuda”, y debemos enfatizar y tener muy claro que en ningún momento los padres, tutores o alumnos contraen deuda alguna por recibir los servicios educativos del Estado.

En este contexto es necesario sustituir el concepto de “pago”, por una redacción más favorable para prohibir la exigencia de cuotas escolares o cualquier contraprestación que condicione la prestación del servicio educativo.

Por ello se propone sustituir la palabra “pago”, por “exigir”, término genérico que no deja a interpretaciones ya que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la palabra exigir significa:

Exigir

Del lat. exig?re.

1. tr. Pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho.

2. tr. Dicho de una cosa: Pedir, por su naturaleza o circunstancia, algún requisito necesario. La situación exige una intervención urgente.

3. tr. p. us. Cobrar, percibir por autoridad pública dinero u otra cosa. Exigir los tributos, las rentas.3

El texto propuesto para reformar el párrafo segundo del artículo 6º de la Ley General de Educación, es el siguiente

 “Se prohíbe exigir cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”.

Por lo anterior y a fin de armonizar el tercer párrafo del mismo artículo, con las modificaciones propuestas, se propone reformarlo de la siguiente manera:

“En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, a la exigencia de contraprestación alguna.”

IV.- Por otra parte nos encontramos que la Ley General de Educación, es imperfecta, toda vez que por un lado prohíbe conductas, pero por el otro no es motivo de sanción es decir no se contempla una pena a quien realice la conducta prohibida, como es el caso que nos ocupa, por lo que resulta necesario realizar la siguiente propuesta de modificación a la Ley General de Educación, en lo que se refiere al tema de las infracciones y sanciones de quienes prestan servicios educativos contenidas en el artículo 75, toda vez que la violación a la prohibición establecida en el segundo párrafo del artículo 6º, no está considerada como causa de infracción o sanción.

Por lo anterior se considera necesario adicionar a la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación, que también es motivo de infracción y sanción contravenir lo establecido en el artículo 6º., para quedar como sigue:

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 6º., en el artículo 7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el segundo párrafo del artículo 56;

V- Es sabido que actualmente se siguen cobrando cuotas escolares, pero ahora se ha estado realizando a través de las asociaciones de padres de familia, lo cual permite que la autoridad no asuma responsabilidad, pero es importante hacer notar que la prohibición de la exigencia debe ir encaminada a todo individuo que la realice, ya se autoridad o no; por ende, la propuesta de adición del primer párrafo del artículo 67, va encaminado a las asociaciones de padres de familia para que además se abstengan de hacer público cualquier circunstancia o situación que afecte a los alumnos cuyos padres no participen de manera voluntaria con las cuotas escolares; ya que ello puede afectar la imagen, el respeto, la integridad y la igualdad en el trato de los alumnos.

Pues, es bien sabido que en algunos casos se exhibe al menor a través de publicaciones en los muros de la escuela de aquellos padres que no han cubierto la cuota, o bien se les retira los libros oficiales, como en días pasados sucedió en un centro escolar en el estado de Veracruz, y que tal hecho se hizo viral gracias a las redes sociales, pero que casos como ese, suceden todos los días y no hay una prohibición que los inhiba.

Por eso se propone la siguiente redacción al primer párrafo del artículo 67 para quedar como sigue:

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.-…V [Sin cambios]

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos; así como de difundir por cualquier medio, situaciones o circunstancias que afecten la imagen, el respeto, la integridad y la igualdad en el trato de los alumnos cuyos padres no participen o cooperen con cuotas escolares voluntarias.

… [ sin cambios] Segundo párrafo.

VI.- Con esta propuesta, No se está afectando las cuotas voluntarias que padres de familia y sociedades de padres de familia puedan aportar libremente y sin coacción a la escuela de sus menores, por ello la propia Ley General de Educación es clara, al no contemplarlas como contraprestación.

Pero, si se pretende establecer claramente que aquellos servidores públicos o ciudadanos a través de organizaciones, coaccionen, condicionen u obliguen al pago de una cuota a cambio de la entrega de documentos oficiales, o de la prestación del servicio educativo en general.

Efectivamente en una educación de calidad debe existir reciprocidad tanto de autoridades como de padres de familia, y debe haber un involucramiento de estos últimos en las actividades propias de las escuelas, con el fin de que exista una responsabilidad real de las partes en mejorar la educación, sin embargo, eso no quiere decir que la obligación del Estado de brindar educación gratuita se deje a un lado, y que por esa necesidad de participación social y mejora de la infraestructura educativa se justifique que autoridades y/o padres de familia condicionen el servicio educativo al pago de una cuota escolar, ya sea traducida en dinero o en especie, sin que se limite lo que voluntariamente puedan aportar o realizar los padres de familia.

Reitero, la obligación del Estado, es garantizar una educación gratuita que permita su acceso a todos, pues no se puede justificar el cobro de cuotas por necesidades de infraestructura, servicios etc., al ver los porcentajes de desigualdad económica que existe en la sociedad, y los índices crecientes de pobreza que se presentan en nuestro país.

Posiblemente, en diversa Entidades Federativas sea mayor la problemática, y quizá habrá ciudadanos también, que estén de acuerdo en la aportación voluntaria, sin embargo, es insostenible que bajo esa perspectiva se siga permitiendo dicha práctica y no haya una sanción.

Un ejemplo muy claro de que este tipo de acciones se siguen presentando en toda la República Mexicana, es el dado a conocer por diversos medios de comunicación, el día 07 de septiembre de 2016, con la denominada “Lady Libros”, hecho en el cual una Presidenta de la Sociedad de Padres de familia de la Escuela Primaria Leona Vicario, en el estado de Veracruz, le quita a diversos alumnos los libros de texto gratuitos que les habían sido entregados, y quienes al parecer sus padres no habían cubierto la cuota escolar correspondiente al ciclo escolar.4

Pero esto dio muestra de lo que sigue sucediendo en nuestro país, y gracias al profesor que grabo dicho video y que posteriormente se dio a conocer por redes sociales, es que la Secretaría de Educación Pública, supuestamente presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero ¿qué delito se le imputará?, si no existe un tipo penal que sancione el cobro de cuotas escolares, ni siquiera se contempla una sanción administrativa, por lo que las autoridades tendrán la tarea para hacer cumplir la Ley frente a estas situaciones.

Es por ello que, se propone en esta iniciativa fijar una sanción a quien viole lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Educación, precepto que contempla actualmente la prohibición del pago de cuotas escolares, pero también por ello se pretende con esta reforma cambiar el precepto “pago” por “cobro”, pues esta es la acción que debe sancionarse, el cobro o exigencia que se hace de las cuotas escolares, siempre y cuando condicionen la prestación del servicio educativo, ya que si voluntariamente alguien desea hacer una aportación, es válida y legalmente aceptada, sin embargo no se debe permitir que el servicio educativo se condicione a las necesidades de una escuela ya que de lo contrario el estado no estaría cumpliendo con sus obligaciones de brindar una educación gratuita, y por ende también se estarían violando los derechos humanos de los educandos.

Una característica de la ley es la generalidad, y bajo ese principio lo que legislemos debe impactar a todos aquellos que se coloquen en el supuesto, por lo que si aprobamos la presente iniciativa estaremos incentivando que esta práctica no se realice.

La situación planteada impacta en detrimento de la economía de las familias mexicanas, mayormente en aquellas de escasos recursos y por lo tanto afecta también el desarrollo económico y social de nuestro país, al no haber una real gratuidad de la educación que imparte el Estado, lo cual representa una barrera de acceso a la educación y preparación de las personas, haciendo nugatorio el legítimo derecho de tener de forma gratuita la educación básica.

A fin de dar mayor claridad a la propuesta, se incorpora el siguiente cuadro comparativo que incluye el contenido actual y la propuesta de reforma a la Ley General de Educación.

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Artículo 6o.- […]

Sin modificación.

 

 

 

 

Se prohíbe exigircualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al cumplimiento de la exigencia a que se refiere el parrafo anterior.

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:
I.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados;

II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV.- Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores, e

V.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:
I. a V.- . . . . Sin cambios]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos; así como de participar y difundir por cualquier medio, situaciones o circunstancias que afecten la imagen, el respeto, la integridad y la igualdad en el trato de los alumnos cuyos padres no participen o cooperen con cuotas escolares voluntarias.

 

…..

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.- […]

XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el segundo párrafo del artículo 56;

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XI. - . . . .

 

XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 6º., en el artículo 7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el segundo párrafo del artículo 56;

Por lo antes expuesto es que la suscrita, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 6º; EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 67 Y EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTICULO 75, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo y tercer párrafo del artículo 6º; el segundo párrafo del artículo 67; y el primer parrafo de la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 6º. ….

Se prohíbe exigir cualquier contraprestación que condiciona y/o impida, la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al cumplimiento de la exigencia a que se refiere el parrafo anterior.

Artículo 67.- . . . .

I..- a V.- . . . .

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos; así como de difundir por cualquier medio, situaciones o circunstancias que afecten la imagen, el respeto, la integridad y la igualdad en el trato de los alumnos cuyos padres no participen o cooperen con cuotas escolares voluntarias.

. . . .

Artículo 75.- . . . .

I a XI.- .…

XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 6º., en el artículo 7º., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el segundo párrafo del artículo 56;

..

XIII a XVII…

TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Gretel Culin Jaime.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Karla Osuna Carranco. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

1 Consultar en http://www.unesco.org/new/es/education/

2 Consultar en http://www.un.org/es/documents/udhr/

3 Cfr. http://dle.rae.es/?id=HFSa5Cc, 21 de septiembre de 2016.

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/7/sep-denuncia-lady-libros-por-confiscar-texto-gratuito






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien. Muchas gracias. Se encuentra a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la tribuna, para presentar el dictamen, al Senador Ernesto Cordero Arroyo.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Estimados legisladores:

El pasado 26 de julio de 2017, esta Comisión Permanente recibió el oficio por el que se nombró al ciudadano Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos de ratificación de esta comisión, de conformidad con la fracción VII del artículo 78 de nuestra Constitución.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, el oficio de referencia, la propuesta original del Ejecutivo Federal, así como la documentación que respalda el nombramiento.

En dicha documentación se constató que el ciudadano Emilio Suárez Licona es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, grado que obtuvo con Mención Honorífica. Actualmente es Doctorando en Derecho por la misma Universidad Panamericana.

Derivado del expediente, se evidencia que fue titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargándose de conducir el financiamiento para el impulso de los sectores económicos prioritarios para el desarrollo nacional, entre los que se encuentran el agroalimentario, el industrial, el sector vivienda, el turístico y el de comercio exterior.

En la Secretaría de Desarrollo Social fungió como Abogado General y Comisionado para la Transparencia, teniendo bajo su responsabilidad la representación y la defensa jurídica de la dependencia ante autoridades judiciales e internacionales, así como la vinculación de la misma con los poderes de la unión.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como Consultor Jurídico y Director General de Coordinación Política. Tuvo la encomienda de coordinar la política y labores de internacionalización de los gobiernos locales con el exterior, de igual manera, dio seguimiento jurídico, legislativo y convencional a los temas de diplomacia parlamentaria y a la política exterior, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Fungió como titular de la Unidad de Apoyo Técnico de la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público, donde tuvo a su mando el análisis y la supervisión de los temas de naturaleza legislativa del sector hacendario en el Congreso de la Unión…

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Deme un minuto, Senador Cordero.

Por favor, le pido a la Asamblea poner atención al presidente de la Tercera Comisión, que está presentando el dictamen.

Adelante, Senador Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: En el Poder Legislativo se desempeñó como Secretario de Servicios Parlamentarios y Coordinador de Asesores de la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Adicionalmente, el pasado 1º de agosto los integrantes de la Tercera Comisión procedimos a la respectiva dictaminación, previa comparecencia del servidor público propuesto.

En dicho ejercicio pudimos constatar que el ciudadano Emilio Suárez Licona cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones del cargo para el que ha sido propuesto por el titular del Ejecutivo Federal, toda vez que, como se desprende de la propuesta en comento, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, funge como el enlace de la Federación con las entidades federativas y los municipios para la formulación en instrumentación de la política de coordinación en materia de ingresos, gasto público y deuda.

Dicha Unidad de Coordinación tiene, entre otras atribuciones, asesorar a las entidades federativas y municipios cuando lo soliciten en el establecimiento de los sistemas de administración impositiva, llevar a cabo la promoción de la colaboración y la concertación con las autoridades de las entidades federativas en los asuntos relativos a la coordinación en materia de ingresos, gasto público y deuda, así como estimular la colaboración administrativa entre las mismas.

Como resultado de la valoración de su experiencia profesional, de su vocación y probidad y de su conocimiento de la materia, los integrantes de la Tercera Comisión concluimos que el ciudadano Emilio Suárez Licona es apto para desempeñarse como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que ponemos a su consideración ratificar su nombramiento.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Ernesto Cordero.

Seguimos en la discusión y tengo registrada a la Senadora Dolores Padierna, al Diputado Emilio Salazar, al Senador Isidro Pedraza y al Diputado Yerico Abramo Masso, y los sigo apuntando, todos ellos para hablar a favor.

Adelante, Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

En efecto, estamos aquí para ratificar el nombramiento de don Emilio Suárez Licona, que como dijo el presidente de la Tercera Comisión, cumple con los requisitos formales para ocupar el cargo de Jefe de Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Su trayectoria profesional ha sido siempre en el sector público y dentro de este fue aquí enlace en el Poder Legislativo y en diversas dependencias del Ejecutivo, incluyendo la propia Secretaría de Hacienda.

Ha trabajado con el Secretario José Antonio Meade en las tres Secretarías que ha ocupado durante la actual administración, de lo que se deduce que es un hombre de sus confianzas.

De la comparecencia que tuvimos en la Tercera Comisión, se desprende que tiene amplios conocimientos sobre el tema y, por lo tanto, debemos argumentar y posicionar para que este funcionario sea ratificado.

El cargo para el que se le nombró es muy importante y controla el tema de la deuda subnacional o la deuda de los estados, y me permitiré hacer una evaluación de cómo se encuentra esta dependencia al momento en que Suárez Licona la recibe.

Entre 2007 y 2014 la deuda de las entidades federativas y los municipios tuvo un importante crecimiento al pasar de 186 mil millones de pesos a 510 mil millones de pesos, es decir, creció 2.7 veces.

En algunos casos como en Coahuila se multiplicó por 72; Zacatecas por 54; y Campeche por 31, poniendo en serio riesgo la estabilidad financiera de esos estados.

El crecimiento descontrolado de la deuda subnacional motivó que en abril de 2016 se promulgara la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria que regirán o que rigen para las entidades federativas y los municipios, así como sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Entre otras disposiciones, se establecen la contratación de deuda pública y otras obligaciones de corto y largo plazo, asimismo se faculta a la Secretaría de Hacienda para garantizar la deuda subnacional bajo ciertas condiciones e implementar un sistema único de registro y establecer un sistema de alertas para evaluar su nivel y capacidad de endeudamiento.

A partir de la promulgación del endeudamiento subnacional se ha mitigado, ha venido disminuyendo, ya que en 2016 sólo creció 6 por ciento; sin embargo, hay que señalar que los datos disponibles sólo incluyen la deuda financiera de corto plazo y no los de otras obligaciones de corto plazo que pudieran tener impactos considerables en sus finanzas públicas, tampoco hay que perder de vista que mientras la deuda pública subnacional representa aproximadamente un 3 por ciento del Producto Interno Bruto, la del sector público federal es de 50 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que se está pidiendo disciplina financiera a las entidades federativas y municipios, pero no se le está exigiendo esas reglas a la Federación.

En 2016 el sistema de alertas puso en amarillo a Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, el funcionario Suárez Licona tendrá la responsabilidad de que estos amarillos no entren en rojo, y al contrario, superen sus problemas de deuda.

El resto de las entidades están en verde, lo que significa que su nivel de endeudamiento es razonable, todos estos datos sólo están considerando aspectos meramente en lo que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es decir, si el endeudamiento es sostenible contablemente, pero son notoriamente insuficientes estos aspectos que considera la ley para saber si la deuda está bien utilizada por las entidades federativas y los municipios, aunque en la ley se establece que la deuda de largo plazo sólo se puede utilizar para financiar proyectos productivos, el sistema de información disponible no permite verificar el cumplimiento de esta disposición, lo que tampoco se sabe en el caso de la deuda del sector público federal, el endeudamiento por sí sólo no es malo, todo depende para qué se utilice y que se utilice bien, si el único criterio de evaluación es simplemente la estabilidad financiera, se está dejando de lado lo más importante, que es el manejo adecuado de los recursos públicos y el beneficio concreto que ello significa para la población.

Finalmente, diría, es muy importante señalar que además de la deuda que se contrata por parte de las entidades federativas y municipios, reciben una gran cantidad de recursos de la Federación, en 2016 se transfirieron entre participaciones y aportaciones un billón 325 mil millones de pesos, el 27.4 por ciento de los ingresos presupuestarios del sector público, y según las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, es en el gasto federalizado en donde hay mayores irregularidades, donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado muchas irregularidades, hasta 2016 sólo estaba facultada para revisar las aportaciones, ya que las participaciones eran de libre disposición por los gobiernos estatales.

En fin, el Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor de Emilio Suárez Licona para este cargo; sin embargo, estaremos muy al pendiente de que se respete la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pero además de que se corrijan los factores estructurales de las finanzas públicas en las entidades.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Emilio Salazar Farías, hasta por cinco minutos.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.

Ante un auditorio que está muy pendiente, cuando menos deben de estarlo en sus celulares a través del Canal del Congreso, por lo que veo, porque muchos lo están viendo.

Vengo, primero, a felicitar al presidente de la Tercera Comisión por la brillante exposición que hace aquí de lo que ahí hicimos para ratificar en ese dictamen a Emilio Suárez Licona.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que votamos el año pasado, era indispensable, pues muchísimos estados se han endeudado escandalosamente y a pesar de que los congresos de los estados dicen que son para inversiones sociales productivas, muchas veces esto se ve desviado.

El encargo que tomará don Emilio Suárez tendrá como base fundamental supervisar que dicho endeudamiento sea de acuerdo a esta ley, que se establezca un semáforo fiscal y que eso ayude a que ya no hayan los desvíos que hemos visto.

Hay casos de éxito, como el de Chiapas, donde se reestructuró toda la deuda y durante la actual administración no se ha pedido ni un solo peso.

Ni qué decir de don Emilio Suárez Licona, don Emilio Suárez Licona tiene la experiencia profesional probada, la capacidad suficiente y la confianza de su secretario. Debo reconocer a nombre de mis coordinadores, don Carlos Puente en el Senado y don Jesús Sesma, el nombramiento de don Emilio Suárez.

Y hay que decirlo también, de la funcionaria saliente, doña Marcela Andrade, pues hizo todo lo que fue en ella posible para implementar esta Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De nuevo, al Canal del Congreso y a lo atento que están todos los compañeros durante la sesión, sólo puedo decir gracias, pues demuestra la alta educación de quienes vienen a esta Comisión Permanente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Emilio Salazar.

Senador Isidro Pedraza, para hablar a favor.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Trataré de ser breve, en el respaldo de esta ratificación para Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hemos tenido la fortuna de tratar con él desde la Cámara de Diputados, y creo que es un funcionario joven, con capacidad, con trayectoria, que se ha destacado en el desempeño del servicio público, y que ahora en el Poder Legislativo también vimos su crecimiento y su desarrollo.

Ha estado como asesor, como coordinador de asesores en la Secretaría General, y Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Es un cuadro del gobierno federal, que ha sido interlocutor con el Poder Legislativo en sus responsabilidades como funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Desarrollo Social, y ahora regresa nuevamente a la Secretaría de Hacienda. Es un cuadro que ha estado en constante interacción y que nos ha sido realmente útil en esta cuestión.

Por eso creo que celebramos esta parte del nombramiento y nos atrevemos a respaldar esta propuesta, hablar en su favor y pedir el voto de respaldo de todos ustedes, compañeros legisladores, en esto.

Creo que si logra la confianza de su jefe y jefe de la nación, tendríamos también que nosotros poner la confianza en él para que nos rinda cuentas.

Han hecho aquí dos contrastes de lo que pasa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cómo la relación de dejar a algunos gobernadores sueltos, ha hecho que crezca la deuda, y cómo también la otra medida de irle poniendo freno tiene que hacer que estas conductas también se limiten, y creo que ése es el trabajo que esperamos que haga el licenciado Emilio Suárez Licona.

Por su atención, gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Yerico Abramo, también para hablar a favor.

El Diputado Yerico Abramo Masso: Muchas gracias, señor Presidente. Amigas y amigos:

Creo que el venir a hablar hoy de Emilio Suárez Licona y solicitarle a todas y a todos su confianza, es hablar de un profesional del servicio público, y como lo decía nuestro Presidente de la Tercera Comisión, el Senador Cordero, que daba a conocer la experiencia que Emilio Suárez tiene en el servicio público, nos da garantía de que será alguien que trabaje con transparencia, con legalidad, con responsabilidad, para vigilar, supervisar el gasto, el ingreso, el endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios.

Los que hemos trabajado muchos años en la administración pública, y que hemos construido mejores etapas de cada uno de los procesos, sabemos que la transparencia, la rendición clara de cuentas, y el debido ejercicio de las funciones que tenemos en nuestras diferentes responsabilidades, es lo que la gente exige todos los días de nosotros.

Y Emilio Suárez llega en un momento donde hay una gran exigencia y una gran expectativa para que los estados sean más ordenados, para que los ayuntamientos hagan bien su trabajo y tengamos un nivel de información que hoy con esta nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fedrativas y los Municipios, que todas y todos en esta sala discutimos y votamos el año pasado, va a servir y será Emilio el que empezará la implementación y será parte importante de este gran engrane de implementación de la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Le tocó a un servidor ser parte del Consejo Nacional de Armonización Contable, cuando fui presidente municipal, donde dejamos cero deuda pública, y cero deuda a bancos, algo que es difícil ver, pero cuando se trabaja con orden, con responsabilidad y viendo de cara a la ciudadanía, lo podemos hacer de manera responsable.

Por eso creo que la llegada de Emilio Suárez Licona a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, servirá de mucho, porque es un hombre probado, con experiencia, que junto con el Secretario José Antonio Meade, llegan a trabajar con una gran responsabilidad por México.

A nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del PRI, pedimos su voto de confianza para Emilio Suárez Licona.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Yerico Abramo.

Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal.



El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Señor Presidente, se emitieron un total de 30 votos, de esos, 29 en pro, 1 abstención y cero en contra. Sería el resultado de la votación, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muy bien, ha sido aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido por el Presidente de la República en favor del ciudadano Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comuníquese.

En el salón contiguo de este recinto se encuentra el ciudadano Emilio Suárez Licona, por lo que solicito a los legisladores Senador Ernesto Cordero, Senador Marco Antonio Olvera, Diputado Emilio Salazar, Diputado Jesús Rafael Méndez y Diputado Yerico Abramo, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de toma de protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Les pido a los presentes, favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los familiares y a sus hijos que acompañan el día de hoy al licenciado Emilio Suárez Licona.

Ciudadano Emilio Suárez Licona: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Emilio Suárez Licona: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Muchas felicidades!

Bueno, muchas gracias. Estamos todos muy contentos, pero hay que seguir con la sesión. Muchas gracias a nuestros invitados, tenemos que continuar con la sesión.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra a discusión.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Maricela Contreras, Presidenta de la Segunda Comisión, para presentar el dictamen.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la Presidencia.

"Pero nunca, ni en las verdes ni en las maduras, me he permitido la soberbia de olvidar que no soy nadie más que uno de los dieciséis hijos del telegrafista de Aracataca. De esa lealtad a mi origen se deriva todo lo demás: mi condición humana, mi suerte literaria y mi honradez política". Gabriel García Márquez, colombiano mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores:

A nombre de la Segunda Comisión, presento proyecto de dictamen mediante el cual se ratifica el nombramiento que formuló el Presidente de la República en favor de la ciudadana Blanca Alcalá Ruiz, para ser Embajadora de México en Colombia, dictamen que ha sido avalado por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo.

Ya lo decía García Márquez, "el hijo más grande que Colombia haya tenido", como lo refiere el Presidente de esa nación, Juan Manuel Santos.

La soberbia no nos debe hacer olvidar quiénes somos, México y Colombia, países hermanos, de una cuna de pueblos latinoamericanos que han luchado contra la dominación y extendido la mano a muchas naciones para lograr un desarrollo común.

Nuestra historia nos une en tradiciones, en ideales, en riquezas culturales y gastronómicas; en intercambios comerciales y en esfuerzos conjuntos para el bienestar de nuestros pueblos.

El respeto, el trato digno y la calidad moral de hacer valer nuestros principios de política exterior han hecho posible sostener una profunda y fuerte relación diplomática que hoy está refrendando con el nombramiento que estaremos por ratificar.

Esa condición humana, suerte literaria y honradez política, de la que habla Gabo, es la que nos llevó a generar un consenso para proponer la ratificación de Blanca Alcalá Ruiz como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.

Blanca es una mujer con muchas cualidades profesionales y académicas, servidora pública en distintos niveles de gobierno, con experiencia para poner en marcha las prácticas exitosas en aquella nación.

Una legisladora que suma voluntades y busca la manera de hacer las cosas para que se concreten las ideas en un ánimo de construir.

Una mujer que además de cumplir los requisitos de ley para ser nombrada Embajadora, tiene una calidad moral que la respalda con su trabajo, y ha hecho posible el apoyo de este Congreso de la Unión para su nombramiento.

Calidad moral que, sin duda, se necesita para dignificar la labor de la diplomacia mexicana, sobre todo en Latinoamérica con todas y cada una de nuestras naciones hermanas.

Con Colombia hay importantes procesos en puerta, como el proceso de paz y dejación de armas de las FARC donde México fue pieza clave para construir y no destruir bajo una línea de respeto a la soberanía y de búsqueda de soluciones.

También la buena marcha de la Alianza del Pacífico como una alternativa generosa y área de oportunidad para el desarrollo de nuestros países.

Alianza comercial basada en el respeto, con el desarrollo justo y equitativo de las economías de los países que participan, muy contraria a lo que hoy se pretende con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual es inaceptable.

Blanca Alcalá nos ha presentado un proyecto de trabajo con una visión muy clara de lo que debe hacerse en diversos rubros para fortalecer la relación con la tierra que vio nacer al realismo mágico.

Compañeras y compañeros, esta es quizá la única ratificación que haremos como Comisión Permanente en materia diplomática para este periodo, y es ocasión para sacar del cajón de los asuntos archivados las palabras de Isidro Fabela, como un recordatorio para la Secretaría de Relaciones Exteriores, "Todos los Estados son iguales ante el derecho, ningún país lo tiene para intervenir en asuntos internos o externos de otros; nacionales o extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del Estado en que se encuentran". Palabras que tanto hacen falta en estos momentos y que, sin duda, Blanca Alcalá como buena diplomática las estará aplicando.

Hoy hay algo de lo que estuvimos seguras y seguros en la Segunda Comisión sobre este nombramiento, Blanca no va a improvisar, va a sembrar semillas y a cosechar los frutos de la historia que une a nuestros pueblos, eso lo tiene muy claro, por eso la propuesta para ratificar a Blanca Alcalá Ruiz como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.

Le desearemos desde este momento suerte en el encargo y, sobre todo, mucho éxito.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Maricela Contreras.

Se encuentra a discusión. Tengo registrados al Diputado Emilio Salazar, a la Senadora Diva Hadamira Gastélum y al Senador Isidro Pedraza.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Salazar.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.

Maricela, leal a tu origen, has dado un espléndido discurso acá sobre las razones por las que debemos ratificar el nombramiento de la Senadora Alcalá.

Cada uno de mis compañeros Diputados y Senadores han logrado su escaño, han logrado su curul a través de trabajo político intenso y a través de grandes esfuerzos y sacrificios, todos ellos tienen condiciones políticas y académicas que los acreditan.

En el caso de la relación con Colombia, que es tan cercana y que data de 1823, de los inicios de 1800, requeríamos una gente de primera.

Si bien no he tenido la oportunidad de tratar a la Senadora Alcalá, cuando solicitó licencia y oigo los discursos de quienes hablaron de ella sé que es una gente de primera; pero cuando reviso su currículum sé, además, que es una funcionaria de primera con experiencia en gobierno municipal, estatal, federal, legisladora local, Senadora; pero además, todos me lo refieren, una verdadera dama de alta calidad moral, de alta calidad profesional y, sobre todo, de alta capacidad política.

¿Qué tenemos que decir en el Verde? Solamente una cosa: estamos absolutamente a favor de la ratificación de tan distinguida Senadora, sé que hará un trabajo, seguramente como lo ha hecho en el Senado, espléndido.

Es cuanto, señores.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Salazar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias a todas y a todos.

Me da mucho gusto poder participar en un dictamen que estoy segura va a tener la aprobación de los grupos parlamentarios al interior de esta Comisión Permanente.

Ayer fue una sesión muy bonita de comparecencia de la Senadora, ex Senadora Blanca Alcalá, muy interesante, Blanca se ha aplicado a revisar este tema, este país que tiene tantas igualdades, tantas similitudes con el nuestro en su gobierno, en el número de estados que lo conforman; hay una cercanía, una hermandad muy interesante.

Pero también debo decirle que, a nombre del grupo parlamentario del PRI, también queremos agradecer que siete grupos estuvieron representados el día de ayer en esta Segunda Comisión.

Para Blanca es una gran oportunidad, ustedes recordarán, si es que le dimos una repasada a su hoja de vida, que es internacionalista, sabe de lo que están hablando, y conoce y ha investigado, así como lo dijo Maricela, a quien agradecemos también la Segunda Comisión, la espléndida reunión que tuvimos el día de ayer.

Pero por si fuera poco, dirigente de un organismo de la diplomacia parlamentaria tan importante como es el Parlatino, en donde entregó buenas cuentas junto con muchas compañeras y compañeros.

Por eso Blanca no solamente creo que va a ser aprobada, sino que ya ha elaborado una agenda conjunta con nosotros, el tema de desplazados.

El próximo tianguis turístico que se va a desarrollar en este país, pero especialmente lo que se les dijo acerca de la interparlamentaria, como lo dijo Mariana Gómez del Campo. La interparlamentaria juega un papel muy importante, y la revisión de cómo lograron este acuerdo de paz, también el acuerdo del Pacífico, es muy importante.

Así que, Blanca, creo yo que va a recibir la aprobación de todos los grupos parlamentarios, pero también tiene enfrente una gran oportunidad como mujer, como política, como esta parte que seguramente ella pensó desde que se preparó de ser, de ingresar a la diplomacia de este país.

¡Enhorabuena por Colombia, enhorabuena por México y por esta gran mujer que es Blanca Alcalá!

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Diva.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Creo que la compañera Blanca Alcalá la conocí, la traté desde la integración de este Senado, y la acompañamos en el proceso que vivió al presidir el Parlatino.

Tuvo un desempeño interesante, le tocaron periodos brillantes, incluso la propia instalación de inauguración de las oficinas del Parlatino, allá en Panamá, fue un hecho que fue trazando la ruta de la compañera, y que abrió y dio sus virtudes de diplomática.

Hoy creo que este Senado ha dado el respaldo para coronar una trayectoria, una trayectoria política en este sentido, y creo que ratificar a nuestra ex compañera Senadora en estas tareas legislativas, de las pocas veces que yo he subido a respaldar a alguien.

Hemos visto el trabajo de muchos embajadores, a veces es muy agrio, muy frio, otras veces indiferente con el Senado, particularmente, me ha tocado estar en varios lugares, y creo que por eso en esta oportunidad que tengo de darle ese respaldo y esta posibilidad de la confianza, del beneficio y de que tenga ella éxito en esta trayectoria, en este momento que se está planteando, pues subo con gusto a darle este respaldo y pedirles a ustedes pues también el respaldo íntegro a esta posición.

Ella se desempeñó como Vicepresidenta de esta Mesa Directiva; ha tenido un desempeño que en su conducta se muestra, una mujer distinta y diferente a un parlamentario rudo y agrio, sino que hemos encontrado en ella esa posibilidad del trato, el respaldo, la solidaridad.

Por eso creo que tenemos hoy la oportunidad de respaldar esto y hacerlo con agrado, deseándole todo el éxito.

Entonces, compañeros, yo les pido dar el respaldo en este sentido a este nombramiento y que sea para bien de nuestra nación en las relaciones diplomáticas.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Isidro Pedraza.

Ahora el Diputado Rafael Méndez Salas, para hablar a favor.

El Diputado Rafael Méndez Salas: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

En Nueva Alianza nos queda claro, y nos pronunciamos a favor del nombramiento por parte del Ejecutivo Federal de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.

El día de ayer se reunió con nosotros la Senadora Blanca, en la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en la comparecencia expuso su plan de trabajo enfocado en cuatro rubros: cultura, la cooperación económica, las relaciones diplomáticas y el desarrollo social, en términos generales, respecto a la relación bilateral México-Colombia.

Quiero resaltar que la maestra, hoy candidata al doctorado en administración pública, presenta dominio en los temas de las relaciones diplomáticas para las cuales fue encomendada.

Al escucharla el día de ayer, no me cabe la menor duda de que es una profesional en toda la extensión de la palabra; su preparación académica y dedicación laboral son su mejor carta de presentación, seguramente realizará un digno trabajo en aquel país, siempre en beneficio de ambas naciones.

Sin lugar a dudas ambas naciones tienen una gran riqueza gastronómica y cultural, quién no ha leído al maestro, al Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

Colombia además cuenta con el famoso Carnaval de Barranquilla, sede del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, celebran anualmente el Desfile de Silleteros, en Medellín, entre otras tantas actividades culturales.

Por su parte, y además, hoy más que nunca debemos mirar a otros mercados, diversificar, si bien es cierto vamos a entrar en un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, del cual esperamos buenos resultados.

En Nueva Alianza consideramos que siempre debemos reforzar las relaciones comerciales con otras naciones, qué mejor que con un pueblo hermano como lo es Colombia.

América Latina siempre ha sido un espacio de entendimiento no solo por el idioma, sino porque compartimos vínculos ancestrales, historia, cultura y hermandad.

Por tal motivo es necesario reafirmar y reforzar los lazos que unen a nuestros pueblos.

Por todo lo anterior, en Nueva Alianza nos congratulamos por la designación de la maestra Blanca como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia; a nombre de mi fracción parlamentaria, le deseamos que esta etapa a punto de iniciar, esté llena de éxitos y buena fortuna.

¡Enhorabuena!

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Rafael Méndez Salas.

Y me ha solicitado la palabra el Senador Ernesto Cordero Arroyo y también el Senador Miguel Barbosa Huerta.

Adelante, Senador Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

A mí me parece que el dictamen de la Segunda Comisión es acertado, y muchas razones se han dado aquí.

Con Colombia hay un vínculo especial, hay un vínculo cultural que ya se mencionó, donde hay una entrañable relación de años, donde la única librería del Fondo de Cultura Económica de México, fuera del país, está en la Ciudad de Bogotá, por ejemplo, pero también hay un vínculo económico fundamental, Colombia, junto con Chile, junto con Perú son nuestros principales socios económicos en América Latina.

La Alianza del Pacífico forjada en la búsqueda de la prosperidad, de la paz, del bienestar de estos cuatro países y de estos cuatro pueblos. Colombia y México fueron fundamentales en esto. Tenemos un mercado de valores integrado con ellos y tenemos una amplísima relación comercial.

Nuestra compañera Senadora, y hoy Embajadora, cumple a la perfección con la dualidad que necesita nuestra Embajada en Colombia.

Es, o fue Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, lo cual acredita su profundo conocimiento y sensibilidad para cuestiones culturales y educativas; pero también fue Secretaria de Finanzas en su estado, en Puebla.

Fue destacada integrante de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República.

Fue promotora de la Ley Antilavado, lo cual, debemos decirlo, tuvimos amplísima colaboración e intercambio con el gobierno de Colombia.

De manera que no me imagino un nombramiento más acertado para ocupar la Embajada de Colombia, que nuestra amiga, nuestra compañera la Senadora Blanca Alcalá, de ahí que hayamos apoyado este dictamen.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Ernesto Cordero.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta, es el último orador que tengo registrado.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Cuando se inició este Senado de la República, tuve oportunidad de charlar con el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.

Yo le planteaba que, cuál era el plan estratégico del Estado mexicano en las relaciones internacionales con los diferentes países y regiones del mundo para poder participar, desde el Senado, con ideas, con propuestas en la construcción de ese plan estratégico.

Nunca pudimos concretar nada, pero sí pudimos platicar de muchas cosas. Una de ellas es la necesidad de que México volteara, volteara hacia América Latina.

Doce años solamente se dio las relaciones internacionales de México con el norte del continente, casi exclusivamente con Estados Unidos, y fue un planteamiento, una visión de Estado la de reponer ese deterioro de las relaciones de México con Latinoamérica.

Con países como Colombia, como Brasil, como Argentina, hemos perdido la visión estratégica de América Latina en su conjunto.

Yo sí creo que el Senado de la República es una gran escuela en materia de relaciones exteriores, sí lo es, sí lo es, sí se aprende de este tema diplomático y de las relaciones exteriores de México con el mundo.

Hay que recordar que el Senado mexicano tiene atribuciones exclusivas en materia de política exterior.

Y también, cuando estuve encabezando la Mesa Directiva del Senado, intenté con las presidentas de las siete comisiones del Senado construir los protocolos para desempeñar esa función del Senado.

¿Cómo evaluamos la política exterior?

¿Con comparecencias? No, no debe ser así.

¿Con los informes, que nunca llegan?

Debemos tener protocolos de cómo evaluar la política exterior de México.

Es un déficit del Senado de la República en esa materia, que no tengamos protocolos de cómo cumplir la función constitucional.

Entonces, yo votaría en favor de cualquiera de los 128 integrantes, hombres o mujeres, para ser diplomáticos, representantes del Estado mexicano, no representantes de un gobierno, del Estado mexicano, porque han vivido la experiencia de poder cultivar su visión, su concepto, el panorama estratégico del mundo en materia de relaciones exteriores.

Esa es la razón general por la cual voy a votar a favor de mi amiga y paisana Blanca Alcalá, porque tiene, ya la expertis de cinco años del Senado de la República, aún cuando, y más aún, diría yo, ella se involucró de manera directa en temas latinoamericanos.

Ella viene de ser Presidenta del Parlatino, el órgano legislativo más importante de esta región del mundo.

Así es que, por esas razones, por aprecio, por respeto, por todas las características que aquí han dado de Blanca Alcalá, votaré a favor, pero hay que votar con esa concepción, esa concepción de que México necesita reponer, reponer una agenda bilateral con cada país, y multilateral con la región, con los países de la región que es Latinoamérica.

Nunca podremos ser el hermano mayor otra vez de Latinoamérica en materia diplomática si no construimos una relación estratégica.

Estoy seguro que en esa responsabilidad que tendrá Blanca Alcalá, seguramente lo hará con mucho valor, con mucha entereza, con conocimiento y con visión estratégica.

Por eso votaré por Blanca Alcalá.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Barbosa.

Ábrase el sistema de votación hasta por tres minutos.



El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Señor Presidente, de acuerdo con el tablero electrónico, hay 29 votos a favor, es por unanimidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido por el Presidente de la República, en favor de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, por lo que solicito a las legisladoras y a los legisladores Diputada Maricela Contreras, Senadora Lisbeth Hernández, Senadora Mariana Gómez del Campo, Diputado Emilio Salazar, Senador Benjamín Robles, Diputado Jesús Rafael Méndez, Senadora Diva Hadamira Gastélum, la inviten a pasar al interior de este salón y la acompañen durante la toma de protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Favor de ponerse todos de pie, señores legisladores.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Muchas felicidades, Embajadora!






Muchas gracias. Le solicito a Servicios Parlamentarios me haga el favor de platicar con los señores coordinadores, vamos a entrar a Agenda Política, se ha registrado el tema del Tratado de Libre Comercio, para que me den el orden de las intervenciones y nos vamos a regir con el reglamento que hemos votado.

AGENDA POLÍTICA

Vamos a dar inicio a la Agenda Política, en donde se ha registrado el tema del Tratado de Libre Comercio.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la Diputada Rocío Nahle García. Deme un minuto Diputada, perdón.

Adelante, Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

Yo le pediría que reconsiderara el Orden del Día que está usted siguiendo.

Al no votar los dictámenes que se procesaron en las comisiones el día de ayer, que son cientos de dictámenes.

Primero, es una falta de respeto al trabajo que se hace en comisiones.

Y segundo, debo decir, que uno de los dictámenes que está contenido en la Tercera Comisión, es la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza y del gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, por el tema del socavón.

Entonces, si nos vamos a saltar ese tema, que asuma la responsabilidad quien tomó esa decisión de saltarnos ese tema y de no votar que vengan a comparecer, por los lamentables hechos del estado de Morelos, el secretario y el gobernador.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Senador Cordero Arroyo.

Déjeme proponerle lo siguiente, tengo pocas intervenciones para el tema del Tratado de Libre Comercio, la agenda que se está planteando fue a solicitud de todos los coordinadores parlamentarios, pero le sugiero algo, porque no platica con los coordinadores, a ver si algunos dictámenes, que terminando ésto, los podamos   meter.

Si hay un acuerdo de todos, como siempre lo hemos hecho en la Permanente, por supuesto que podemos llevarnos algunos dictámenes, nadie tiene prisa, y yo creo que da tiempo para poder meter los temas.

Adelante Diputada Rocío Nahle, por favor.

Y les pido, si buscan un acuerdo parlamentario los señores coordinadores. La sesión no está suspendida, estamos en la Agenda Política, Tratado de Libre Comercio. Si hay un acuerdo de los señores coordinadores, entramos con algunos dictámenes, nadie tiene prisa.

Adelante, Diputada Nahle.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente.

Hace un momento, diversas asociaciones se presentaron aquí en el Senado para hacer una petición, una petición a nosotros como representantes del pueblo, para que la revisión del Tratado de Libre Comercio se someta a una consulta, y se someta a una consulta porque, por ejemplo, el sector energético, que está encorchetado se está planteando abrirlo en una forma irresponsable de acuerdo a las propias declaraciones y presiones que ha hecho el Presidente Donald Trump.

Dentro de los argumentos que estas asociaciones nos hacen llegar, comentan, y creo que vale la pena dar a mostrar estos datos.

Durante el 2016, el saldo de la balanza comercial de México mostró un déficit de 13 mil millones de dólares, inferior al de 14 mil 600 millones de dólares reportados en el 2015, según Inegi. Esto es por lo que vale la pena preguntarnos ante esta representación, si el Tratado de Libre Comercio sólo ha sido exitoso para ciertos grupos privilegiados o ha beneficiado, como se afirmó en 1992.

Otro dato, para el 2016 el valor de las importaciones totales ascendieron a 387 mil millones de dólares, monto menor del 2 por ciento al observado en el 2015 y a su interior. Las importaciones no petroleras disminuyeron 1.8 por ciento a tasa anual, en tanto que las petroleras bajaron el 5.2 por ciento.

Llama la atención que Estados Unidos de Norteamérica, con todo y tratado, sólo aporte el 29.3 por ciento de las inversiones aquí en México, Israel el 25.5 por ciento, 12.8 por ciento en España, Alemania y la República de Corea 6 por ciento, mientras que 41 países restantes aportan el 20 por ciento restante. Estos datos nos hacen pensar que sí es necesaria una revisión del Tratado de Libre Comercio, no es todo lo que se nos va a ir en la economía de nuestro país, hay que tomarnos el tiempo suficiente.

Otro dato, sobre la expansión de las maquiladoras durante los últimos 25 años ha generado una parte sustancial del crecimiento industrial del norte de México, que gracias al desarrollo de la minería de extracción a cielo abierto, ha provocado la mayor producción de oro y plata en la historia del país. Todo el oro y plata que se explota en México sale directamente a Canadá y Estados Unidos. Ojalá que también quieran revisar eso, porque hoy están limitando ciertos datos.

El valor de las exportaciones de las maquiladoras en el 2005 ascendió a más de 97 mil millones de dólares, lo que representó 45 por ciento. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante junio de este año, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.93 de la población económicamente activa, comparada con el segundo trimestre de 2016.

Hay una serie de datos que yo creo que si nos ponemos aquí a analizarlos, nos va a llevar todo el día. Lo que sí es que todas estas consideraciones económicas, financieras y sociales se considera que el Tratado de Libre Comercio no ha brindado a la nación todos los beneficios que se dijeron ofrecerían a todos los mexicanos. Estas asociaciones están solicitando a este Congreso, impulse la realización de una consulta sobre los temas y principios que se deben de renegociar.

Demandan, como ciudadanos mexicanos, que todos los partidos debemos defender un modelo que no sea con una visión hacia el exterior, sino con una ganancia hacia el interior.

¿Qué decimos? Que no debemos de aceptar una renegociación en la cual no se reconozca el pleno ejercicio de los derechos humanos en ambas naciones. No se puede tolerar que continúe la persecución xenofóbica y racista a connacionales en territorio norteamericano. Es inconcebible que se pretendan violentar los derechos de las comunidades indígenas, de conformidad al Acuerdo 169 de la OIT.

No podemos tolerar que se eluda la responsabilidad con el cambio climático y se permita el deterioro del medio ambiente, sin resarcir los daños que se provocan a los ecosistemas y a las comunidades, incluso sean penalizados al retirarles las concesiones.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio nos debe de llevar el suficiente tiempo para analizar en dónde podemos ganar y nosotros demandamos que el sector energético no sea contemplado dentro del TLC.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Rocío Nahle García.

Déjenme darles la lista de los oradores que tengo apuntados, porque me informan que tenemos un acuerdo parlamentario para poder votar el dictamen al que hacía referencia el Senador Ernesto Cordero.

Entonces, tengo registrados al Diputado Emilio Salazar Farías, al Senador Benjamín Robles Montoya, la Senadora Dolores Padierna, al Senador Juan Carlos Romero Hicks, al Diputado Yerico Abramo, al Senador Ernesto Cordero y al Senador Miguel Barbosa. Después de ello voy a preguntar si el tema está suficientemente discutido para entrar a votar el dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Emilio Salazar Farías.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.

Mucha razón tiene la Diputada Nahle cuando dice que hay temas a revisar en el Tratado de Libre Comercio.

Cuando el Tratado inició, muchísima gente apostaba que iba a ser un fracaso absoluto; sin embargo, el Tratado de Libre Comercio ha mostrado ser generador de empleos y generador de un comercio múltiple entre Canadá, Estados Unidos y México y, sobre todo, en el punto número uno, que es necesario en este país, la creación de empleos.

En el inicio del Tratado de Libre Comercio han pasado ya varios años, más de 20 años y, por lo mismo, requiere modernizarse, requiere incluir temas como los que menciona bien mi compañera Nahle, el tema energético, estoy de acuerdo con ella; el tema de derechos humanos, estoy de acuerdo con ella, pero también no permitir que haya imposición de aranceles, permitir también que esté el arbitraje siempre para temas que sean motivo de discusión entre los países y también que haya una discusión que sea absolutamente justa para los tres países. Eso es indispensable.

No solamente porque lo pida un Presidente atípico de los Estados Unidos de Norteamérica, sino porque es necesario para nosotros adaptarnos a los nuevos tiempos.

También será necesario impulsar pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, participar de manera activa.

Yo confío en que las autoridades responsables de la negociación lo harán de la mejor manera.

Sé también que un compañero Senador ha solicitado intervenir en estos trabajos, bienvenido sea, si así es.

Quiero solamente resumir, lo que necesitamos no es cambiar el Tratado, lo que necesitamos es modernizarlo.

Yo creo, señor Presidente, que sería suficiente, buscar modernizar, buscar mejores condiciones y que México siga teniendo más y mejores empleos.

Y agradecerles a mis compañeros esta primera vez en la tribuna con un silencio casi absoluto.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Emilio Salazar por su comprensión y por ser breve en el tiempo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente.

Antes de abordar el tema de la Agenda Política, quisiera que obsequiara, a un servidor, a quienes integramos el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y de nuestros compañeros de Morena, que podamos guardar un minuto de silencio en función de que dos destacados profesionistas de los medios de comunicación nos han dejado.

Todos sabemos que lamentablemente el caricaturista Eduardo del Río, mejor conocido como “Rius”, se nos ha adelantado y también Jaime Avilés, un narrador, connotado periodista, también se nos ha adelantado y, en consecuencia de eso, quisiera rogarle a usted un minuto de silencio.

Todos sabemos el aporte de “Rius” a la cultura popular, no reciente, de toda su vida y sabemos también lo que ha aportado Jaime Avilés y por eso, rogarle a usted y a mis compañeras y compañeros legisladores podamos, como un tributo, guardar un minuto de silencio para recordarlos.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Sí, Senador, se concede el minuto de silencio.

Les pido a todos ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias a todos.

Adelante con el tema de la agenda, por favor.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias.

Quisiera informarle a esta Asamblea, que esta mañana nos acompañaron y dimos conferencia de prensa con ellos, la maestra Ifigenia Martínez, el ingeniero Javier Jiménez Espriú, el doctor Enrique González y el maestro Alfredo Rojas Díaz Durán, entre otras personas, que vinieron a hacernos un planteamiento muy importante que me he comprometido a cabildear con cada una de las legisladoras del Senado de la República y le decía a Rocío Nahle que ojalá ella lo pueda hacer en la Cámara de Diputados.

Tiene que ver con el tema, porque nos han venido a solicitar revisemos que se haga una consulta popular en relación a este tema.

Todos sabemos que el Tratado de Libre Comercio, en la víspera ya de su arranque de negociaciones, como nos han dicho, modernizarlo, es una imposición del Presidente norteamericano Donald Trump, y hoy decía yo a los medios de comunicación, que aquí los legisladores que venimos a hablar en nombre de muchos ciudadanos, hoy les daría a ellos la palabra y ellos fueron los que dieron la conferencia de prensa, y no puedo más que recoger esas palabras que hoy dieron y venirlas a externar, aquí en esta alta tribuna, ahora que se ha decidido que éste sea el tema de la Agenda Política.

Y eso es lo que haré, voy a expresarme en las propias palabras de muchos ciudadanos que han externado su enorme preocupación de que pretende incorporarse, por ejemplo, el sector energético al tema de la renegociación, insisto, impuesta por Donald Trump y que ha sido aceptada por un gobierno mexicano que no solamente no cuenta con un mandato popular para un proceso de esta trascendencia, similar al que originó al Tratado mismo, sino que no ha hecho el menor cuestionamiento a la irracionalidad, de las formas y los plazos impuestos ni un trabajo mínimo de preparación que carece también de una estrategia adecuada a la negociación y de una noción clara de lo que México debe buscar al renegociar el Tratado de Libre Comercio.

El periodo de vigencia de este Tratado, durante todo este periodo, hay que reconocer que la economía de México ha perdido terreno en el mundo y en el continente, ha sufrido la desintegración de su sector agropecuario y, nos lo recordaban hoy en la mañana estos ciudadanos, ha padecido un retroceso en su nivel de industrialización.

Nos recordaron que durante ese periodo el crecimiento en México ha sido 60 por ciento inferior al de 1900, al de la etapa de 1945-1982, y ha estado, lo cual debiese ser una enorme preocupación para todos, por debajo de los países latinoamericanos con economías comparables.

Jiménez Espriú nos decía hoy en la mañana que en el sector agropecuario, y tiene razón, nos hemos convertido en importadores de alimentos; en el sector industrial, nos hemos transformado en maquiladores, participamos en cadenas de producción en las que el valor agregado está fuera del país con la consecuente degradación salarial de los trabajadores mexicanos.

Estos ciudadanos hoy nos recordaban que, en una renegociación del Tratado de Libre Comercio, México lo que debería de buscar es espacios y oportunidades para implementar políticas de desarrollo agropecuario, políticas industriales que le permitan a la nación avanzar a procesos y actividades con mayor valor agregado.

Nos recordaban, y yo utilizo estos minutos para que la voz de ellos sea la que se escuche aquí en esta máxima tribuna, nos decían que México debería seguir una lógica exactamente contraria a la que actualmente vivimos, con un gobierno, el de Trump, exigiendo protección comercial para Estados Unidos y los funcionarios mexicanos ofreciendo mayor liberalización e integración a un mercado que nos ha representado exportaciones de escaso valor agregado y de una alta dependencia.

Señor Presidente, legisladoras, legisladores, estos mexicanos que saben de lo que hablan, nos decían que en especial les preocupa, y debiese preocuparnos a todos, las recientes manifestaciones de actores políticos estadounidenses y las correspondientes de funcionarios públicos del gobierno mexicano que hacen prever la inclusión en el Tratado de Libre Comercio de nuestro sector energético, que en su momento, como todos sabemos, se reservó.

Mediante esta inclusión se pretende proteger, a través de compromisos internacionales, el modelo de mercado energético único que trajo consigo la reforma de Peña Nieto, que hasta ahora no da resultados y estoy seguro que no los dará, por lo menos a favor de la nación.

La postura de quienes formamos parte de la fracción parlamentaria del PT, es arrancar, a partir de este momento, la tarea que nos corresponde, vamos a proponer que haya una consulta popular y que sea el pueblo el que hable y nosotros los que escuchemos y en función de eso, actuemos en consecuencia en nuestra tarea legislativa.

Por el momento, es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Me parecía que debíamos llegar a una solución más simple, y esa solución es imponer aranceles en la frontera, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México, y Estados Unidos ya no tolerará más esos déficits.

“Fui elegido porque estamos perdiendo mucho dinero ante México, porque los empleos, las fábricas y las plantas se están mudando a México; tengo que decirle que esto es insostenible, lo que quiero son aranceles.

Yo sólo quiero algo muy simple, con alto grado de precisión, que pongamos un arancel fronterizo para que los productos que entran de México a Estados Unidos se graven con una tasa que sería de 10, 15 ó 35 por ciento.

Yo no quería una reunión con México, simplemente quería seguir con el plan fiscal que estábamos trazando para México, esa es mi postura actual.

Yo simplemente quiero implementar un impuesto fronterizo, no tener reuniones. Si ustedes quieren seguir con las negociaciones o no es su problema, yo estoy decidiendo poner aranceles a México”. Palabras de Donald Trump ofendiendo al Presidente de México, y con eso a México.

Y no fue capaz el Presidente ni de defendernos, ni de decir que eso es ilegal, que eso no lo puede hacer, que hay un derecho internacional. Pero, además, lo que está diciendo Donald Trump es completamente falso.

Si uno revisa la balanza comercial de Estados Unidos, ha sido deficitaria, en efecto, desde hace varios años.

En el 2000, el déficit representó el 55.8 por ciento de las exportaciones; en 2016, ya con Trump, bajó un poco, bajó a 50.8 por ciento.

En 2016, el 47.1 por ciento del déficit de Estados Unidos lo ocasionó China; después le sigue en importancia la Unión Europea con 19.9 por ciento; después Japón con 9.3 por ciento; y en cuarto lugar aparece México, muy lejos, con el 8 por ciento.

¿De verdad el déficit de la balanza comercial norteamericana se debe a México? Evidentemente que no, y no hay quién le diga a Trump que está mal informado y que si él quisiera reducir su déficit comercial tendría que actuar con China, no con México.

Pero vamos a suponer que se sale del TLCAN y que México entonces corta de tajo sus exportaciones a Estados Unidos, ¿qué pasaría? Pues Estados Unidos seguiría teniendo un déficit muy alto porque el principal país con el que tiene cinco veces más que México es con China.

Aunque desapareciera, como quisiera Trump, México del mapa, en materia de balanza comercial, no lograría reducir su déficit; por lo tanto, tenemos que hablar con mucha claridad.

Pero quisiera el día de hoy decir que el Tratado de Libre Comercio se celebró en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994 con la finalidad de reducir los costos de transacción entre México, Estados Unidos y Canadá, para hacer más fuertes nuestras relaciones comerciales y para beneficiar a todos los sectores de los tres países.

El resultado que tenemos, hoy día, dista mucho de lo pactado, de lo firmado en aquel entonces.

El tema que ustedes, es un tema interminable, pero por donde quiera que se le vea, se prometió un crecimiento económico mayor que el que teníamos.

Bueno, teníamos en aquel tiempo 3, 4 por ciento de crecimiento; 4.5 de crecimiento. Hoy, 3 años después, 2.3 por ciento promedio en crecimiento comercial.

Si uno analiza la balanza comercial de México, en efecto, México aumentó sus exportaciones con relación a las etapas anteriores; pero hay que decir que el componente importado de las exportaciones mexicanas es muy alto, es de 40 por ciento de acuerdo a los datos que nos dio el Secretario de Economía.

Si estamos exportando el 40 por ciento de nuestras exportaciones tienen un alto contenido importado, ¿de quién? De Estados Unidos. Luego entonces nuestras exportaciones no cumplieron con el objetivo de arrastrar, de encadenar a toda la economía productiva del país y, al contrario, se sustituyeron las importaciones por una política que desmanteló nuestra industria.

Las importaciones, también las importaciones crecieron, y si uno cuenta en valor las exportaciones en relación con las importaciones, el valor de las importaciones es mucho más alto porque estamos importando tecnología, valor agregado y estamos exportando crudo, materias primas, puro producto natural, que así nos quieren ver los Estados Unidos, como una república bananera, surtidora de sus mercancías naturales para que importemos productos procesados.

Pero además nuestras importaciones vinieron a inundar el mercado mexicano y con eso entraron a una competencia muy fuerte que el gobierno fue incapaz de regular esas importaciones, de ayudar a la planta productiva mexicana, y estas importaciones indiscriminadas trajeron, como consecuencia, una desolación en el campo y un desmantelamiento de la industria nacional.

Podemos hablar de muchas cosas, pero el Tratado de Libre Comercio prometió desarrollo, prosperidad, y lo único que trajo fue mayor pobreza, mayor desigualdad, y sí trajo mayor prosperidad, sí trajo mayor riqueza pero al 1 por ciento de la población.

¡Ah! los mega empresarios, que son los grandes exportadores, los cuales están apoyados por Procampo, a los cuales se les regala territorio.

Vengo de León, Guanajuato, y acaba el gobierno estatal de regalar hectáreas a una empresa de coches, y lo único que va a pagar, a poner México, es su mano de obra barata.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Concluya, Senadora, por favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Bueno, concluyo, diciendo que México no puede seguir compitiendo en esta región con sólo mano de obra barata. Eso es muy injusto, es indignante, no se lo merece México, y en estas renegociaciones debemos de poner por delante todos los sectores que fueron descuidados durante 23 años por los sucesivos gobiernos que hemos tenido.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, luego el Diputado Yerico Abramo Masso, el Senador Ernesto Cordero y el Senador Miguel Barbosa, y luego preguntar si está suficientemente discutido.

Adelante Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidos legisladores:

Los estadistas miran a la siguiente generación, no solamente los efectos inmediatos.

A punto de iniciar la primera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 16 de agosto, le estamos dando la oportunidad de mirar más lejos, más allá de los tratados, hay que construir una comunidad de América del Norte, no hay que mirar al siglo pasado, hay que diseñar y construir las nuevas realidades para tener mejores condiciones de vida y de bienestar para estas poblaciones.

Se requiere una visión de Estado, y por eso, la delegación mexicana que inicie la negociación debe tener muy claro que los sectores académico, empresarial, laboral y, en general, la opinión mexicana, es que deben revisarse las condiciones del tratado vigente.

Parametría recientemente hizo un estudio en donde el 48 por ciento de la población señala que hay que continuar en el tratado, con cambios; el 14 por ciento, debe continuar sin modificaciones, y solamente el 20 por ciento indica que hay que salir.

Estos índices de aprobación son lamentablemente muy superiores a la del Presidente Enrique Peña Nieto.

Necesitamos una mirada más ambiciosa, necesitamos ir más allá de lo que estamos recibiendo en este momento.

El 31 de julio, el gobierno federal informó al Senado de la República y coincidimos, en principio, en los cuatro objetivos de la renegociación:

Primero, fortalecer la competitividad de América del Norte.

Segundo, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable.

Tercero, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI.

Cuarto, promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.

Requerimos esa renovada visión, porque lo que ocurría en el mundo al inicio del tratado de 1994, hoy es muy diferente, China no era el actor que es el día de hoy.

Pero también hay que recordar las tramposas argumentaciones de líderes de la Unión Americana, no solamente era el presidente Trump. En su momento, la reelección del presidente Bush se interrumpe, precisamente, porque el candidato Clinton va en contra del Tratado de Libre Comercio y lo mismo el tercer candidato Ross Perot. Ocurrieron circunstancias análogas, por ejemplo, en las elecciones generales de Canadá en su oportunidad.

El tratado debe de ir más allá. Nosotros ayer tuvimos una reunión muy fructífera con el secretario Ildefonso Guajardo y comentábamos de la gran oportunidad para incorporar temas fundamentales como anticorrupción, derechos humanos, el tema laboral, la educación, la ciencia, la cultura, la tecnología, la innovación, la industria cinematográfica, que en México tiene gran relieve y aparentemente, de manera preliminar, ni siquiera está considerado.

Sí, por supuesto, habrá que tener profundidad y amplitud y gran reflexión en energía, en la economía digital, en las telecomunicaciones, pero también, sobre todo, tendremos que pensar fuera de los esquemas inmediatos.

El Senado de la República estará atento a todo esto. Su misión no solamente a ratificar o no, es de un acompañamiento crítico, responsable, propositivo y comprometido.

La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo que vamos a incluir en este proceso; nadie sabe la estatura que tiene hasta que la vida le pide que se ponga de pie.

Hoy necesitamos un Presidente que esté de pie, un equipo negociador que tenga altura de miras, una solidaridad frente a estos retos, porque nosotros creemos que América del Norte debe ser ese lugar de sueños, de esperanza, de una comunidad competitiva, empezando por el rostro y la piel de México.

Los que somos mexicanos orgullosos, los que llevamos a México en la piel, confiamos y deseamos o corregiremos el rumbo si acaso llega a perderse.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Me informó Servicios Parlamentarios que ha registrado también, con anterioridad, la Diputada Maricela Contreras, ya la registré, después de ella voy a preguntar si está suficientemente discutido.

El Diputado Yerico Abramo Masso.

El Diputado Yerico Abramo Masso: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores:

Sí hay estrategia en la construcción de las prioridades para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, más que administrar, como lo ofreció al asumir la Presidencia de la República el Presidente Enrique Peña Nieto, ha venido transformando a México.

Deportivamente hablando, diríamos que sin gobernar para la tribuna ha asumido el costo político de privilegiar el interés superior de la nación encarando dificultades de toda naturaleza con un plan de juego previamente diseñado, en el primer tiempo de su gobierno, impulsó exitosamente el paquete reformista más grande y profundo de los últimos cien años, y en esta parte complementaria, la coyuntura le ha impuesto la oportunidad de hacer del primer gran tratado comercial del siglo XX, el primer gran acuerdo económico del siglo XXI.

Mostrando capacidad de adaptación, el equipo mexicano, formado por empresarios, trabajadores, inversionistas, negociadores y servidores públicos capitaneados por Enrique Peña Nieto, han mostrado visión estratégica, aptitud y actitud para modernizar el mismo.

Esta es una gran oportunidad para México y para el equipo que nos representa, que su capitán haciendo gala de capacidad de actuación, habrá de aprovechar.

Durante las postrimerías del siglo pasado y avanzando en el fenómeno de la globalización entre los países occidentales, un mundo económicamente interdependiente invitó a nuestra nación a transitar de un mercado cerrado a uno de fronteras abiertas con tal propósito, en nuestro país se emprendieron diversas reformas para adecuar las estructuras política y económica en aras de terminar con las restricciones comerciales sobre la economía mundial.

Todos los sectores y factores de la economía se vieron beneficiados y, desde entonces, el trayecto no ha sido sencillo, pero ha sido mejor con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sin él, no lo tendríamos.

Actualmente representa la zona de libre comercio más competitiva del mundo, con un total de 2.8 mil millones de dólares al día en comercio trilateral; además, México aporta el 12 por ciento de las importaciones de sus socios, mientras que en 1993 sólo llegábamos a casi un 5 por ciento.

Hace apenas unos meses, a raíz de la incertidumbre provocada por la posibilidad de terminar el Tratado de Libre Comercio por el tema de las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, representaba una gran amenaza para nuestra nación. Sin embargo, los indicadores del mercado y las opiniones de expertos en la materia demuestran que México lo está manejando con gran sentido de oportunidad.

Los indicadores del mercado, ya que durante el primer trimestre de este año, México reportó una inversión extranjera directa de casi ocho mil millones de dólares, se trata de la cifra más alta para un primer trimestre en toda la historia del indicador, y fue un 39 por ciento mayor que la del último trimestre de 2016, cuando Donald Trump amenazaba con abandonar el Tratado de Libre Comercio; es decir, no sólo se reforzó la confianza del mundo en nuestro país y de los inversionistas, sino que se evitó la supuesta inestabilidad financiera.

Por otro lado, expertos en la materia han afirmado, con gran claridad, que con un marco trilateral es con lo que más conviene a los países de América del Norte trabajar, entre ellos Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, reconoció como una relación comercial: “Es tan fuerte que resulta perturbador romper el comercio”; 23 años de libre comercio entre nuestros países acreditan cómo hemos superado obstáculos construyendo puentes que trascienden barreras geográficas y que han aportado beneficios para todos.

Sin embargo, es oportuno adecuar el Tratado de Libre Comercio a los nuevos tiempos, particularmente en lo relativo a: la consolidación de la apertura de servicios de inversión, la economía digital, la protección de la propiedad intelectual, las acciones conjuntas en materia de transparencia y anticorrupción, la promoción de una mayor integración de los mercados laborales de América del Norte y el impulso a la participación de pequeñas y medianas empresas, entre muchas otras cosas, sobre todo, es pertinente asegurar, no sólo que hayan mismos, sino más beneficios para los mexicanos.

Asimismo, es necesario seguir fomentando la apertura de México con el Sur, no sólo con el Norte, particularmente en cuanto al comercio agrícola.

Amigas y amigos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio es un reto, pero también es una gran oportunidad.
En la política, ante ciertas circunstancias, hay temas para competir y hay temas para construir.

Vamos, pues, juntos los mexicanos en la construcción de un tratado justo, competitivo y un tratado que fortalezca y demuestre que se pueden hacer bien las cosas.

Demostremos que, ante los grandes temas, los mexicanos damos grandes respuestas; y que ante la amenaza de lo que nos quiere dividir, la fortaleza de lo que nos debe unir, que es México.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputado Yerico Abramo Masso.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Declino, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador Cordero Arroyo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Primero, tener presente que el Senado de la República, de acuerdo a la Ley de Tratados, entiendo que al inicio del periodo deberá comunicarse de manera oficial sobre el inicio de las negociaciones para recibir los informes correspondientes, los avances.

A ver, hay muchos legisladores, políticos que vivieron el tema del libre comercio hace 20 años y que lo están volviendo a vivir hoy. Se hicieron diversos libros sobre el tema, hubieron posiciones políticas en un sentido, y que después de que surgió este tema a partir de la llegada del nuevo gobierno americano, pues han tenido una opinión posiblemente diferente y es perfectamente válido.

No caigamos en la misma ingenuidad política como órgano del Estado mexicano.

Lo que el Senado tendría que tener, y no es posible constitucionalmente, por no tener atribuciones la Cámara de Diputados, pero lo que el Senado debería de tener sería un asiento en el equipo negociador, un asiento es por lo que deberíamos de pugnar todas las fuerzas políticas del Senado, porque aquí todos pueden hacer un ejercicio, por cierto, ya muy informado de lo que es el TLC y de la posición que México debe tener, y hay cifras, y hay datos que, bueno, son el bagaje técnico que se adquiere en la tarea legislativa parlamentaria.

Pero no nos distraigamos. Lo que debiéramos pugnar, y es una propuesta que haremos en el Senado de la República al inicio del periodo ordinario, es que busquemos un asiento; ojalá no sea un asiento de 20 gentes donde cada grupo parlamentario tenga unos cuatro, otros tres, otros dos, otro uno, se grite más por un asiento más. No, un asiento con un representante del Senado, si es posible a cargo del que sea en ese momento Presidente y Presidenta del Senado de la República.

Es la forma más adecuada y ordenada para que el Congreso mexicano tuviera que opinar. ¡Un asiento!

Por cierto, para los optimistas por el TLC, no va a haber TLC en el 2018, ¡eh!, si lo quieren como instrumento de campaña, ni allá ni acá, no va a haber. Si se da, podría ser en el 2019, y afortunadamente ya habrá otro gobierno con una visión de país distinta.

Gracias.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Miguel Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la tribuna, la última oradora, la Diputada Maricela Contreras.

La Diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, señor Presidente.

Pues, bueno, se habla mucho de la renegociación del Tratado de Libre Comercio pero, en términos reales, no sabemos ni qué términos, ni cuáles son las prioridades del gobierno.

Miren, es el colmo, mejor el gobierno le dio la información a medios de comunicación extranjero antes de proporcionárselos o dárselos a esta Soberanía, y no, tampoco, pensando en los intereses de nuestro país.

Cuando entró el TLCAN, hace 23 años, en 1994, se nos prometió que México entraba al primer mundo, que íbamos a reactivar la economía, que iba a haber más empleos, que se iba a mejorar el campo, y tantas cosas más, pero en realidad, ha sido otra, esta realidad es otra.

Ha habido una ola privatizadora de quiebra de empresas, de abandono del campo y, lo que es peor, de una entrada de muchos de nuestros recursos naturales que se venden baratos y se compran elaborados caros.

Poco a poco, una pérdida de nuestra soberanía económica y alejamiento de nuestras relaciones comerciales con gran parte del mundo, se ha centrado la relación comercial básicamente con los Estados Unidos.

México, con el TLCAN, se aisló económicamente, comercialmente, para depender de los intereses comerciales de los Estados Unidos.

Ya se ha dicho que la renegociación no es tal, sino es una imposición del gobierno de Donald Trump.

México, sus autoridades han sido incapaces de poner temas de agenda prioritaria que defina nuestros intereses nacionales.

Los efectos del TLCAN han sido muy devastadores para algunos rubros y no se atienden en este proceso; por ejemplo, un sector que era orgullo nacional, como lo fue el campo durante muchos años, ahora está abandonado, devastado y de manera trágica, prácticamente está desaparecido, ni siquiera tenemos agricultura de subsistencia, esa que permitía a los campesinos de México tener sus reservas de frijol, de maíz y hortalizas, esto ha traído una pérdida también de soberanía alimentaria y que ha sumido en la pobreza y el hambre a muchos sectores de la población, tan sólo se plantea que México tiene más de 55 millones de pobres.

Es inaceptable ir a un proceso de renegociación del TLCAN sin una visión clara, sin objetivos específicos, obedeciendo sólo a una agenda de una nación, y lo peor del caso, sin la calidad moral y dignidad para defender nuestra nación. Desde luego que el TLCAN es importante, pero no lo es todo, en este proceso debe reconocerse el potencial de nuestro país en actividades comerciales con otros países, el aporte de los migrantes a la economía de los Estados Unidos.

En resumen, defender a México de unos intereses voraces, negociación que realmente beneficia a nuestra nación con el tratado justo y equitativo. Tenemos que dejar de ser un país dependiente de los Estados Unidos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Diputada Maricela Contreras.

El Senador Isidro Pedraza Chávez nos ha hecho llegar su intervención para que se registre de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Por lo anterior, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el tema está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Muchas gracias. Suficientemente discutido.






Hay un acuerdo parlamentario de todos los grupos para procesar un dictamen, en el que me informan que no hay discusión, es de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, voy a dar cuenta del dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son los resolutivos, suscrito por la comisión por unanimidad.

¿Con qué objeto sería, Senadora Lisbeth Hernández? Hay un acuerdo parlamentario que no hay discusión, pero por supuesto que usted tiene el derecho.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Sí, lo sé, señor Presidente.

Dado que es del estado de Morelos, mi origen, quiero solicitar se integre al Diario de los Debates mi participación del dictamen.

Gracias.

Intervención



El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Qué amable, claro que sí, se integra de manera completa al Diario de los Debates. Muchas gracias, qué comprensible, Senadora. Gracias.

Adelante, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente, el anterior dictamen.

El Presiente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Ha sido aprobado. Comuníquese.






COMUNICACIÓN

Estamos por concluir la sesión. Siempre tenemos la atención con nuestros compañeros Diputados de aquellos que piden licencia, de concederla casi en todos los casos.



En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Diputado Luis Alejandro Guevara Cobos, para separarse de sus funciones legislativas del 14 al 27 de agosto de 2017”.

Por lo anterior, se encuentra a discusión, si alguien quiere intervenir, de lo contrario, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de concederse la licencia al Diputado Luis Alejandro Guevara Cobos.

El Secretario Senador Isidro Pedraza Chávez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia al Diputado Luis Alejandro Guevara Cobos, para separarse de sus funciones legislativas del 14 al 27 de agosto de 2017. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Recibimos del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación operativa y tarifaria de los puertos del estado de Quintana Roo, el cual se turna a la Tercera Comisión para su análisis.








Les informo que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener su turno, como fue autorizado en el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRD)

La que suscribe, Senadora CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 169 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgen ciertas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, de las leyes que de ella emanan y de tratados internacionales.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de cada uno de nosotros. También, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por 4 principios esenciales de: Principio de Universalidad, Principio de Interdependencia, Principio de Indivisibilidad y Principio de Progresividad.

En México se ha trabajado paulatinamente para que se ejerzan todos los derechos fundamentales para dignificar al ser humano. Desde nuestra carta magna de 1917 caracterizada por sus tintes sociales hasta la reforma constitucional en 2011 en materia de derechos humanos.

Atendiendo a lo anterior hay derechos que han quedado pendientes para su plena ejecución, uno de ellos es el Derecho a la Igualdad y Prohibición de Discriminación, donde todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos. Donde queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades consagrados en el Derecho Internacional y Nacional de las personas.

Ante esta tesitura, en el desarrollo de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) en el marco internacional es de suma relevancia para lograr la protección de este colectivo. Cuando hablamos de los derechos de este colectivo nos referimos a la urgencia de encontrar un reconocimiento legal y social a la dignidad individual y colectiva y a la necesidad de eliminación de leyes restrictivas de derechos.

La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) ha hecho progresos en la protección y promoción de los derechos humanos relacionados a la orientación sexual e identidad de género. Una fecha importante para el reconocimiento de estos derechos fue el 17 de mayo de 1992, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde entonces, el día 17 de mayo pasó a ser considerado el día internacional contra la Homofobia y Transfobia.

Según el Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas, a ninguna persona se le puede negar el disfrute de los derechos expuestos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido la no discriminación legislativa por orientación sexual. El Consejo, solicita, frecuentemente, información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para prevenir, tratar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual. Se insiste a los Estados no sólo a derogar las leyes que criminalizan la homosexualidad, sino también a consagrar la prohibición de la discriminación por orientación sexual en sus constituciones u otras leyes fundamentales.

A pesar de lo anterior, el informe realizado por la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, (ILGA), la penalización y criminalización de la homosexualidad persisten en el mundo. Algunos datos:

• Todavía hay 76 países que consideran la práctica de la homosexualidad ilegal y 5 países castigan los actos con la pena de muerte.

• Apenas 54 países tienen leyes que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual en el ámbito laboral, 19 países prohíben la discriminación basada en la identidad de género y solamente 7 países tienen una prohibición constitucional de la discriminación por orientación sexual.

• En el continente africano 36 países tienen leyes que criminalizan la homosexualidad, algunos la penalizan con la pena de muerte y muchos otros con la cárcel. África es de lejos el continente con leyes más duras en lo que se trata de la homosexualidad y otras minorías sexuales. Ya en el continente asiático, la mitad de los países todavía criminalizan la homosexualidad.

• Entre los 14 países de la América del Sur, solo Guayana tiene legislación que criminaliza las relaciones sexuales entre hombres. Siete reconocen parejas del mismo sexo y Argentina reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el Caribe, 11 países prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo, sobre todo entre los hombres. Ninguno de los países norte-americanos penaliza la homosexualidad.

• En ningún país europeo la homosexualidad es ilegal, sin embargo, no todos los países reconocen la unión de parejas homosexuales y tampoco todos garantizan los mismos derechos.

En México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (C.N.D.H.) emitió la recomendación general 23/2015, dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, sobre el “matrimonio igualitario”, con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar, para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de lo anterior se entiende que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al matrimonio y las consecuencias de derecho que de él emanan, como las prestaciones que puede otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ?

Si bien es cierto, algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como “sociedad de convivencia”, “pacto civil de solidaridad”, “enlace conyugal”, etcétera. Éstas resultan discriminatorias pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente.

La C.N.D.H. sostiene que la noción de no discriminación se desprende directamente de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; Este principio es uno de los elementos constitutivos de cualquier sociedad democrática.

La imposición del deber de procrear o la perpetuidad de la especie como fin del matrimonio son contraria al derecho de autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (S.C.J.N.) ha sostenido en el criterio de jurisprudencia 43/2015, que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

Con la presente iniciativa se pretende que todas las personas sin distinción de género u orientación sexual que contraigan matrimonio o aquellas que vivan bajo el régimen de sociedad en convivencia se le reconozcan los derechos civiles para que sean contempladas para el goce de las prestaciones otorgadas por las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la ley del Seguro Social.

A pesar de que en ciertos estados ya está regulado el matrimonio igualitario, no han sido modificadas las leyes generales del ISSSTE e IMSS por lo que la permanencia de la norma en los términos actuales resulta discriminatoria.

La igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. Igualdad ante la ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, no sólo los órganos del Estado, como asimismo, tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación.

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. El derecho a la igualdad es aquel derecho humano a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados.

Por ello, la presente iniciativa busca que de manera expresa que en la Ley del IMSS, se entienda por convivientes al acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua.

Además de modificar la Ley del ISSSTE para que las prestaciones que otorga éste instituto no se vean impedidas por la discriminación a todas aquellas personas en razón de su identidad de género u orientación sexual.

Apoyar dicha iniciativa generaría certidumbre a todos aquellos  ciudadanos que busquen contraer matrimonio y no le sea negado un derecho preestablecido por su identidad de género u orientación sexual.

Retomando el hecho de que en pleno Siglo XXI, no se pueden seguir permitiendo este tipo de discriminaciones que lo único que fomenta es el retroceso de los Derechos Humanos.

Pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros Legisladores, el apoyo a esta pequeña medida, pero que es de suma trascendencia para avanzar en reconocimiento de los Derechos Humanos a sectores vulnerables como lo son todos aquellos que pertenecen al LGBT.

Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

REFORMA Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I-XIX

XX. Conviviente: al acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua.

Artículo 65. Sólo a falta de esposo o esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien el asegurado vivió como si fuera su pareja durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o concubinarios ninguno de ellos gozará de pensión.

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I, II

III. El conviviente con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la persona que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado o asegurada tiene varias concubinas o concubinarios ninguno de ellos tendrá derecho a la protección.

IV. El conviviente del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, esposo, la concubina o concubinario si se reúnen los requisitos de la fracción III.

…V-IX

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el conviviente del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa o esposo, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien la asegurada, asegurado, pensionada o pensionado por invalidez vivió como si fuera su pareja, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.  Si al morir la asegurada, asegurado, pensionada o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.

Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:

I. Para el conviviente, concubina o concubinario de la persona pensionada, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la pensión;

III. Si la persona pensionada no tuviera ni esposo, esposa, concubina o concubinario, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;

IV-V…

REFORMA Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I-XI 

XII. Familiares derechohabientes a:

a) El cónyuge, o a falta de éste, toda persona sin discriminar en razón de su identidad de género u orientación sexual que ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

…XXIX

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran:

I. El cónyuge o falta de éste, toda persona sin discriminar en razón de su identidad de género u orientación sexual que ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio.

Si el Trabajador o Pensionado tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a recibir la prestación;

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:

I…

II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el Trabajador o Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o toda persona sin discriminar en razón de su identidad de género u orientación sexual que ha vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o la Trabajadora o Pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión.

Para efectos de esta Ley, para considerarse como tales los concubinos deberán acreditar haber vivido en común con el Trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de cinco años que precedan inmediatamente a la generación de la Pensión o haber tenido por lo menos un hijo en común;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH).
http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, (ILGA).
http://ilga.org/es/
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH).
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_023.pdf
Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN).
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009407&Clase=DetalleTesisBL






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 69 BIS Y 69 TER A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 69 BIS Y 69 TER A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La verificación administrativa resulta una de las tareas más complejas de la administración pública, en virtud de que ésta implica constatar que las normas legales o reglamentarias expedidas por la representación popular o el poder ejecutivo, respectivamente, son aplicadas en la práctica, sino agotar una serie de formalidades tendientes a respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 16, el cual establece lo siguiente:

i) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento;

ii) La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, y

iii) En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Asumimos la complejidad de la verificación administrativa, ya que para su correcta realización se requiere de conocimientos especializados de la norma cuyo cumplimiento se busca constatar, pero también de una profunda comprensión del sistema derechos humanos vigente, a efecto de no generar un menoscabo a éstos que traiga consigo la nulidad de las actuaciones realizadas durante el procedimiento de que se trate, tal y como lo prescribe el artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Dada la trascendencia de esta función, cualquiera desearía que la misma fuera ejercida por personal altamente capacitado, honesto y dotado de una vocación de servicio a toda prueba, pero lo cierto es que en muchas ocasiones viene a ser delegada en personas de solvencia moral cuestionable y con avidez por el dinero, sujetos que ponen en el comercio las facultades que ejercen y con ello producen un efecto distinto al esperado: la captura del Estado por parte de los entes regulados.

La generación de fortunas al amparo del poder, la compraventa de la acción gubernativa y la postración del Estado frente a los intereses particulares son males para los que existen vacunas, toda vez que éstos no son nuestro destino fatal ni una profecía cuyo cumplimiento sea inevitable. La primera de ellas es la simplificación administrativa, pues de sobra está comprobado que mientras menos sean los trámites que deban realizar las personas, mayor será el incentivo para respetar la ley. Consciente de esto, el presidente Enrique Peña Nieto estableció como una de las líneas de acción en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 fortalecer la convergencia de la Federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas electrónicas.”

En alcance a lo anterior, el 5 de enero de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, la cual tiene como objetivos los siguientes:

I. Generar mayores beneficios y menores costos en la expedición y aplicación de regulaciones de la Administración Pública Federal;

II. Evaluar bajo criterios de mejora regulatoria, la instrumentación normativa de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Nacional de Desarrollo;

III. Promover la mejora del acervo regulatorio y de sus procesos de instrumentación, a través de la reducción progresiva del costo de la aplicación de trámites del Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, e

IV. Impulsar la democratización de la productividad mediante regulación que mejore el clima de negocios.

Dos años después de iniciada la referida estrategia se han empezado a registrar avances, pues el costo regulatorio de los trámites y servicios bajó de 4.25 a 2.72% del PIB. Asimismo, los Programas de Mejora Regulatoria 2015-2016, finalizaron el 31 de diciembre de 2016, con 1,248 trámites para simplificar, 1,408 acciones comprometidas y 476 regulaciones a crear, modificar o abrogar.1

La segunda vacuna para evitar la corrupción en el ejercicio de las funciones de verificación administrativa lo es la profesionalización de esta parte del servicio público, es decir, la generación de recursos humanos comprometidos con el cumplimiento de la ley, pero dotados de herramientas intelectuales para interpretar los hechos ante ellos expuestos y respetar las prerrogativas ciudadanas. Hablamos de funcionarios que vean esta labor como un modo de vida, como una posibilidad de desarrollo profesional, como una contribución para el desarrollo del país.

Existen dependencias de la administración pública federal en las que el acceso a una función de esta naturaleza se da en condiciones de competencia, como, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo público descentralizado que periódicamente hace convocatorias públicas para el ingreso de nuevos elementos. En el caso de las entidades federativas, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México también suele realizar procesos de selección para reclutar a sus verificadores.

Nuestro deseo no es afirmar que la improvisación o la corrupción sean la pauta en las funciones de verificación que realizan las dependencias federales, sino hacer que el acceso a ésta responda de forma general y permanente a criterios basados en el mérito, la competencia y la igualdad de oportunidades, hipótesis que no se encuentra prevista hasta el momento en la normatividad vigente. Es por ello que proponemos la adición de un artículo 69 ter a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de señalar que el reclutamiento, selección y nombramiento de verificadores, serán mediante concursos públicos en los que las dependencias y órganos descentralizados aplicarán de forma supletoria la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, salvo en aquellos casos en que existan disposiciones concretas sobre el particular.

Dada la experiencia acumulada por la Secretaría de la Función Pública como ente encargado de dirigir el Servicio Profesional de Carrera a nivel federal, es que también se propone que las convocatorias que al efecto sean expedidas deberán contar con la opinión de dicha dependencia, a efecto de otorgarle a los procesos de selección la seriedad que éstos requieren.

No está de más aclarar que no se propone una reforma a la Ley de Servicio Profesional de Carrera, toda vez que el sistema a que se refiere la misma abarca los cargos de enlace, jefe de departamento, subdirector, director de área y director general, mismos que no tienen una necesaria relación con el de verificador, por lo que preferimos resolver el problema planteado desde la Ley de Procedimiento Administrativo, a fin de no generar una distorsión en el sistema referido.

Adicionalmente a lo antes, señalado, también proponemos la adición de un artículo 69 bis a efecto de establecer diversas formalidades al otorgamiento de credenciales a los verificadores, lo que sin duda otorgará mayor certeza a los gobernados y evitará abusos en el ejercicio de esta delicada labor.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 69 bis y 69 ter a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

“Artículo 69 bis.- Las autoridades administrativas expedirán las credenciales que acrediten a los verificadores, las cuales contendrán por lo menos lo siguiente:

“I. Nombre, firma y fotografía a color del verificador;

“II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial;

“III. Cargo, nombre y firma autógrafa del servidor público que expida la credencial;

“IV. Logotipos que contengan la identidad gráfica de la autoridad administrativa emisora, y

“V. Número telefónico del órgano de control interno de la autoridad administrativa de que se trate.

“Artículo 69 ter.- El reclutamiento, selección y nombramiento de verificadores, serán mediante concursos públicos en los que las dependencias y órganos descentralizados aplicarán de forma supletoria la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, salvo en aquellos casos en que existan disposiciones concretas sobre el particular.

“Las convocatorias que al efecto sean expedidas deberán contar con la opinión de la Secretaría de la Función Pública.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“SEGUNDO.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.

“TERCERO.- Los verificadores que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales adquiridos.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Consultado en
https://www.gob.mx/cofemer/prensa/se-presentan-avances-de-la-estrategia-integral-
de-mejora-regulatoria-del-gobierno-federal, el 29 de julio de 2017 a las 8:34 horas.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 286 Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 376 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Daniel Torres Cantú)

El suscrito, Diputado DANIEL TORRES CANTÚ, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71  fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 286 Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 376 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa es propuesta en razón de la difícil circunstancia de violencia que actualmente está pasando el transporte de carga con el aumento desmedido del robo a los vehículos, remolques, semirremolques y de la carga.

Se registra que en los últimos dos años el delito de robo de autotransporte se ha incrementado en 179 por ciento, lo que deriva en un incremento de hasta el 200 por ciento en el costo de las pólizas de seguros, esto afirmado por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). Abundando a ello, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) da a conocer que en 2016 fueron robadas 4,500 unidades.

Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) advierte que de lo que va del año, se han registrado pérdidas por el robo de autotransporte por mil millones de pesos, comparado con lo registrado en todo el año 2016 que ascendió a 600 millones de pesos.

Según información obtenida del Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017, publicado el 20 de julio del presente año por la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año se denunciaron ante las Procuradurías Generales de Justicia del país 2,198 robos en carretera, de los cuales 1,970 se cometieron con violencia y 228 sin ella. Asimismo se revela que del total de robos en carretera, 1,267 se cometieron con violencia sobre camiones de carga y 87 sin violencia, lo que nos da un total de 1,354 robos cometidos en contra de camiones de carga, en tanto que el resto corresponden a robos a autobuses, vehículos particulares y otros.

Problemática y argumentación.

La problemática que vive el transporte de carga en el país radica en la inseguridad que atañe en las vías generales de comunicación, particularmente el robo de vehículos y mercancía al transitar por los caminos y puentes federales.

Actualmente en el Código Penal Federal ya se encuentra tipificado el delito de robo, teniendo como agravante lo estipulado en la fracción XVI del artículo 381, “cuando se cometa en caminos o carreteras”, pero lo cierto es que este delito se persigue por el fuero común cuando el vehículo es sacado de la jurisdicción del camino federal, y su robo es perpetrado fuera del derecho de vía; o al encontrarse los vehículos, remolque o semirremolques en lugares distintos a los que pertenecen a la jurisdicción federal, obligando a que el transportista tenga que denunciar el delito en el Ministerio Publico local.

Bajo el razonamiento anterior, el transportista no sólo es víctima del delito de robo, sino se enfrenta a procesos burocráticos del o los Ministerios Públicos locales que habrá de iniciar, ya que el modo de operar de los delincuentes para entorpecer la administración e impartición de justicia radica en ejecutar el robo fuera de la jurisdicción federal del camino, y en muchas ocasiones en una entidad federativa se puede encontrar la mercancía robada, en otra el camión y en otra el o los remolques, lo que conlleva a que el transportista deba de levantar denuncias en cada estado haciendo aún más complicado el acceso a la justicia, por lo que se considera pertinente que este delito sea conocido exclusivamente por la instancia federal.

Es necesario que este delito sea perseguido por las autoridades federales, máxime que es su jurisdicción de acuerdo a lo que establece la propia Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 5°, que advierte que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los servicios de autotransporte federal, siendo que dicha Ley y su Reglamento respectivo establece la condición de tramitar un permiso ante la SCT, las placas y verificaciones respectivas del automóvil, remolques y semirremolques. En ese entendido, el transportista presta un servicio amparado por el Gobierno Federal, autorizado para utilizar los caminos y puentes federales, que al final del ciclo, es el móvil para garantizar por parte del Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de la competitividad y fomentando el crecimiento económico del país, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se justifica ampliamente la necesidad de que sean las autoridades federales a quienes les corresponda combatir este delito, pues debemos tomar en consideración que el daño patrimonial que se ocasiona al final repercute contra un sector importante de la economía nacional; el del autotransporte y sus correlaciones con la protección del mercado formal y el empleo de los mexicanos.

Es por ello que se pretende modificar el segundo párrafo del artículo 286 del Código Penal Federal para establecer que la agravante que implique prisión de 10 a 30 años de cárcel sea cuando se perpetre el delito en los vehículos y no en las vías generales de comunicación, ya que como ha quedado explicado, los delincuentes para entorpecer la administración e impartición de justicia consuman los delitos e incluso abandonan el cuerpo del delito afuera de la jurisdicción federal, orillando a los transportistas a tener que denunciar en los ministerios públicos del fuero común.

Asimismo se pretende adicionar un tercer párrafo al artículo 376 bis del Código Penal Federal para  aumentar en una mitad la pena de 7 a 15 años de prisión del delito de robo de un automotor cuando éste cuente con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar servicios de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo, así como la carga, y establecer que será facultad exclusiva del Ministerio Público Federal conocer de las denuncias respectivas. 

Por lo antes expuesto, propongo la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente:

DECRETO

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 286 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 376 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 286.- …

La pena será de diez a treinta años de prisión para el que haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo de transporte público o privado  que cuente con permiso o autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar servicios de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo.

Artículo 376 bis.- ...

De igual forma se aumentará la pena prevista en el primer párrafo en una mitad, cuando el robo sea al vehículo o los componentes del vehículo que cuente con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar servicios de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo, así como la carga, siendo facultad exclusiva del Ministerio Público Federal conocer de las denuncias respectivas. 

TRANSITORIO

Artículo Único.-  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Daniel Torres Cantú.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 546 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 546 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con Ramírez Reynoso, la inspección del trabajo es la dependencia gubernamental que tiene como funciones las consistentes en vigilar el cumplimiento de las normas laborales, proporcionar información técnica y asesoría a los trabajadores y a los patrones, hacer del conocimiento de las autoridades respectivas las violaciones y deficiencias que observe en los centros de trabajo, realizar estudios y acopio de datos que contribuyan a la armonía de las relaciones obrero – patronales, así como todas aquellas que se desprendan de los ordenamientos colaterales y reglamentarios.1

El propio tratadista señala como antecedentes de la inspección laboral la Ley de Lord Althorp expedida en Gran Bretaña durante 1833, así como las leyes francesas de 1841 y 1847, las cuales buscaban proteger el trabajo infantil. De la misma forma, señala como precedentes de esta institución en nuestro país las Leyes de Burgos de 1512 y la Real Cédula de Repartimiento de 1632, las cuales prescribían la designación de visitadores que vigilaran el cumplimiento de lo relativo al trato de los indios y al pago de sus salarios.

Otros antecedentes señalados por el jurista lo son la Ley del Trabajo del Imperio, expedida durante la usurpación de Maximiliano de Habsburgo, la cual instituyó un mecanismo de inspección laboral; la Ley del 18 de diciembre de 1911, que disponía la creación del Departamento del Trabajo y las leyes estatales de Veracruz, Yucatán y Coahuila.

Con la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo de 1931, menciona Ramírez, se delimitaron las facultades de los funcionarios que vigilarían el cumplimiento de las normas reglamentarias que tenían como punto de partida los derechos contenidos en el artículo 123 constitucional.

La Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970 establece en su artículo 540 que la Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:

• Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;

• Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;

• Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos, y

• Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones.

Asimismo, la propia ley en su artículo 541 dispone los deberes y atribuciones a cargo de los Inspectores del Trabajo, entre los cuales se cuentan los siguientes:

• Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene;

• Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo;

• Interrogar a los trabajadores y patrones, sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;

• Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las normas de trabajo;

• Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo;

• Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores;

• Ordenar la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas, y

• Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos.

De las atribuciones y deberes hasta aquí señalados se desprende que la inspección del trabajo constituye una grave responsabilidad a cargo de las autoridades laborales, ya que trata de comprobar que los postulados, principios y derechos consignados en las normas vigentes sean aplicados en la práctica, pues de lo contrario éstos serían letra muerta, buenas intenciones carentes de eficacia. La trascendencia a la que nos referimos es tal, que los hechos certificados por los Inspectores del Trabajo en las actas que levanten en ejercicio de sus funciones se tienen por ciertos mientras no se demuestre lo contrario, lo que implica una suerte de fe pública que otorga certeza a las diligencias que se practiquen en las empresas e industrias.

Una labor de tan singular importancia no puede ser delegada en manos irresponsables, sino que debe conferirse a funcionarios públicos dotados de solvencia moral y conocimientos vastos en la materia, cuyo prestigio repercuta en seguridad jurídica para patrones y trabajadores. Es decir, la inspección del trabajo tiene que ser una función profesionalizada, una carrera con proyección de futuro y vista como un estilo de vida socialmente reconocido.

Es por ello que resulta razonable la redacción del artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, el cual contiene los requisitos para ser Inspector del Trabajo, los cuales se mencionan a continuación:

• Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

• Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes;

• No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;

• Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones;

• No ser ministro de culto, y

• No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

De la referida redacción lo que se desprende es la intención del legislador por establecer filtros para el ejercicio de la referida función pública, a efecto de no hacer de ésta un espacio para la improvisación o la simulación.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dado pasos acertados hacia la profesionalización de la inspección del trabajo, pues tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012, expidió el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 17 de junio de 2014), en el cual se detallan las atribuciones de los inspectores del trabajo, pero también los requisitos para acceder a dicho cargo, entre los que se cuentan aprobar los exámenes correspondientes de aptitud que apliquen las Autoridades del Trabajo, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, enunciado éste último cuya inclusión nos parece acertada, dado que recoge con fortuna la ratio legis del artículo de mérito.

En aras de profundizar la reforma laboral aprobada hace casi cinco años y de consolidar la reglamentación expedida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es que se propone la reforma al artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de establecer como un requerimiento a quienes aspiren a ser inspectores laborales, contar con título y cédula profesional de licenciatura.

A la par que la reforma planteada reconoce la necesidad de profesionalizar la inspección del trabajo, también parte de un hecho incontrovertible: la diversificación y especialización del conocimiento. Esto último es así, ya que el bagaje adquirido durante la educación media superior no nos parece suficiente para realizar tan delicada labor, la cual requiere, en no pocos casos, de cierta sapiencia en áreas disímbolas como derecho, administración pública, seguridad social, normalización, salud y protección civil, entre muchas otras.

Cierto es que en alguna época distante el grado de bachiller venía acompañado de un reconocimiento social y académico notable,2 pero lo cierto es que con la masificación de la educación universitaria este nivel académico ha perdido mucho de su anterior lustre, por lo que es dable preferir en la inspección del trabajo a quienes cuenten con un título otorgado por una institución de educación superior, por sobre aquellos que carecen del mismo.

No resulta ocioso señalar que la presente reforma, en acatamiento al principio de irretroactividad de las leyes contenido en nuestra Carta Magna, no pretende ser atentatoria de los derechos adquiridos por aquellos inspectores que hayan sido contratados con anterioridad a la posible aprobación de la presente iniciativa, por lo que su estabilidad y permanencia en el empleo deben darse por sentadas.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se requiere:

I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes;

III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones;

V. No ser ministro de culto; y

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se requiere:

I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con título y cédula profesional de licenciatura;

III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones;

V. No ser ministro de culto; y

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SEGUNDO.– El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.

 

TERCERO. – Los inspectores del trabajo que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales adquiridos.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se requiere:

I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con título y cédula profesional de licenciatura;

III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones;

V. No ser ministro de culto; y

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“SEGUNDO.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.

“TERCERO.- Los inspectores del trabajo que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales adquiridos.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Benjamín Medrano Quezada.

1 Ramírez Reynoso, Braulio, en Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, tomo 5, pp. 132 y 133.

2 Recuérdese al bachiller Sansón Carrasco, personaje de la novela “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, quien gozaba en la aldea de Alonso Quijano de un particular prestigio, dado que había estudiado teología en Salamanca.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 168 TER Y 368 SEXIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de Morena)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las noticias por abuso sexual y violaciones cometidas por parte de miembros de iglesias, monjas, líderes religiosos y especialmente sacerdotes, se han incrementado y algunos casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades.

La confianza que los ministros de culto generan entre los laicos facilitó, en la mayoría de las ocasiones, abusos en parroquias, seminarios, escuelas y hospitales.

Actualmente, en el Código Penal Federal existen pocas conductas delictivas en las cuales los sujetos activos del delito son los ministros de culto religioso. Tal es el caso de la pederastia, en la cual se menciona la relación religiosa; así como los delitos cuyas sanciones están previstas por los artículos 200 (corrupción de menores), 201 (pornografía infantil) y 204 (lenocinio de menores), relativas a los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, que sí hacen referencia al ministro de culto religioso y que incluso es una agravante.

Es por ello, que ahora se propone considerar como agravante, ser un ministro de culto religioso para los delitos de abuso sexual y violación, los cuales no consideran a dicho sujeto.

ARGUMENTOS

En la actualidad, los delitos de pederastia y contra el libre desarrollo de la personalidad, consideran como sujeto activo del delito, a quienes tienen una relación religiosa o son ministros de un culto religioso; incluso, la pena se agrava.

Sin embargo, en la configuración de la calificativa de los delitos de abuso sexual y violación agravados, si bien contempla diversos supuestos de agravación de las penas, no están incluidos los ministros de un culto religioso.

En esta iniciativa, se propone su inclusión, debido a que estas personas se aprovechan de la circunstancia que tienen con sus feligreses, pues se supone que la iglesia o culto al que pertenecen, les obliga servir a su comunidad. Y aprovechando esa circunstancia, cometen esos delitos.

La pena constituye uno de los rasgos definidores del Derecho penal. De este modo, el análisis de la norma penal no se reduce al estudio de la conducta penalmente relevante y del bien jurídico protegido, sino que debe comprender el análisis de sus consecuencias jurídicas, en especial, la pena.

La pena no puede fundarse en la sola comisión de un hecho delictivo, sino en el fin utilitario de proteger a la sociedad mediante la prevención de nuevos delitos. Esta es la razón, para considerar como agravados los delitos de abuso sexual y violación que llegue a cometer cualquier ministro de culto religioso.

Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre el Código vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:

CÓDIGO PENAL FEDERAL
VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

I.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas;

I.- …

II.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima;

II.-

III.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión;

III.-

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada; y

 

V.- El delito fuere cometido por un ministro de culto religioso.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.— Se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 266 Bis.- …

I. a III. …

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada; y

V.- El delito fuere cometido por un ministro de culto religioso.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Suscribe

Dip. Francisco Martínez Neri.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Diputada Arlet Mólgora Glover, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, ARLET MÓLGORA GLOVER, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual administración federal encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto ha concebido a la cultura como una herramienta indispensable para fomentar el desarrollo y la identidad nacional; como un instrumento útil para la recuperación de la paz pública y la inclusión de diversos sectores que hasta la fecha se han mantenido en situación de vulnerabilidad. Sobre este particular, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 señala que la oferta cultural es “un medio valioso e imprescindible para consolidar una educación integral. Una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y estará mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo". Es por ello que en dicho documento programático se propuso ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, por lo que consideró situar a éste entre los servicios básicos brindados a la población.

Como consecuencia de lo anterior, en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014 – 2018, se afirma que la cultura “como componente del desarrollo social forma parte de un conjunto de factores que se traducen en una mejor calidad de vida que incluye educación, salud, trabajo, vivienda, servicios básicos y la certeza de un ambiente social seguro, en el que la paz es una garantía que el Estado da y es sinónimo de buen gobierno. La cultura es, por definición, la base de la cohesión social, ya que comprende la suma de los valores y sistemas de creencias compartidos, los modos de ser y vivir comunes y la herencia de todos. Por eso, fortalecer la cultura de las comunidades es rehacer los nexos que las definen como tales y que los recientes fenómenos de descomposición social, inseguridad y violencia han puesto a prueba en muchas regiones del país. Los programas culturales de la presente administración tendrán por eso esta orientación básica, dirigida a recuperar la autoestima, los sentimientos de unión y la identificación colectiva en todo el país.”

Atentos a lo anterior, y con la anuencia de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, fue que en diciembre de 2015 se creó la Secretaría de Cultura, haciéndose así realidad una vieja demanda de los creadores del país, en el sentido de contar con un organismo especializado de alto nivel encargado de conducir las políticas en este rubro.

La revalorización de la cultura no sólo pasa por su inclusión en los documentos de planeación y en la creación de instituciones, sino en la aplicación de políticas dirigidas a reafirmar nuestros valores y compartirlos con el mundo, combatir la ignorancia, esparcir el conocimiento y fomentar la creación, es decir, traducir los enunciados en acciones concretas que tiendan a transformar la realidad, pues de poco sirve plasmar en programas buenas intenciones, si estas no se traducen en un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Vista así, la actividad del Estado en la materia constituye un verdadero reto de alcances transexenales dados los rezagos que venimos padeciendo en este rubro tan sensible.

Uno de los sectores más desprovistos de la atención gubernamental durante los últimos años lo ha sido la lectura, esto a pesar de que se han diseñado y puesto en marcha diversos planes orientados a fomentar esta actividad. Baste señalar que, de conformidad con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) diseñado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta febrero del año pasado el promedio de libros leídos por la población de 18 años y más fue de 3.8 ejemplares, un nivel sumamente bajo en comparación con otros países de América Latina, como, por ejemplo, Chile, donde se leen 5.4 libros al año; Argentina cuyo promedio es de 4.6; Colombia de 4.1, y Brasil de 4 libros por año.

El propio instituto autónomo refiere que los informantes dijeron que la razón principal para leer libros y revistas es por “entretenimiento” (40.2 y 60.5%, respectivamente), mientras que quienes leen periódicos lo asocian a su interés por la “cultura general o por estar al día (63 por ciento)”.

Asimismo, el INEGI señaló que, en promedio, la población entrevistada dedica 38 minutos a la lectura por sesión continua. El tiempo de lectura aumenta conforme se eleva el nivel de escolaridad. De ahí que quienes tienen al menos un grado de educación superior, dedican a esta actividad 49 minutos por sesión, mientras que las personas sin educación básica terminada registran un tiempo promedio de 28 minutos.

Por otra parte, sólo 25 de cada cien personas declararon haber acudido a la sección de libros y revistas de una tienda departamental; 18.4% visitaron una librería; un 15.9% prefirió acudir a puestos de periódicos o revistas usados y únicamente 10 de cada 100 personas asistieron a una biblioteca.

De la población de 18 años y más alfabeta que declaró no leer ningún tipo del material considerado por MOLEC, 48.5 por ciento argumentó falta de tiempo mientras que 22.5 por ciento expuso la falta de interés como su principal motivo.

Las anteriores cifras demuestran que es mucho lo que hay que hacer para fomentar el hábito de la lectura entre los mexicanos, pues a pesar de que los medios audiovisuales se han convertido en verdaderas ventanas para la difusión del conocimiento gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), éstos no substituyen de modo alguno a la lectura como vehículo para la transmisión del saber, sino que más bien la complementan. Es por ello que se vuelve menester realizar acciones tendientes a fomentar la adquisición de libros, ensanchar la red de bibliotecas, dotar a éstas de tecnologías que las pongan al ritmo de la revolución en telecomunicaciones, conectar digitalmente a las comunidades más aisladas para dotarlas de acervos, establecer estímulos para fomentar la creación literaria, reconocer a los creadores y compartir nuestras obras con el mundo para así mejorar nuestra imagen, es decir, acudir al llamado “poder blando” para hacer sentir el peso de nuestra cultura entre la comunidad internacional, tal y como ocurriera durante los años cincuenta del siglo pasado tras la aparición del llamado “Boom Latinoamericano”, en el que figuras de la talla de Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan José Arreola y Juan Rulfo, posicionaron a nuestras letras hacia alturas insospechadas.

Debemos reconocer que los hábitos de lectura se han modificado de manera sustancial tras la aparición de las TIC, y es que el papel ha sido desplazado por los dispositivos móviles que permiten acumular grandes cantidades de información que, combinados con su movilidad, han hecho suponer a muchos que estamos frente a la muerte del libro tal y como lo conocemos. Semejante afirmación no es compartida por nosotros, pues si bien es cierto es real la posibilidad de que desaparezcan las actuales bibliotecas públicas y personales, ello no supone en forma alguna la desaparición del libro, sino su transformación radical, lo que significa un cambio al cual debemos adaptarnos en vez de resistirlo, una transformación semejante a la que sobrevino tras la aparición de la imprenta de Gutenberg, la cual desplazó a las obras transcritas por los monjes copistas.

Los mexicanos poco a poco han ido utilizando la red de internet como un vehículo para acceder a la cultura. De acuerdo con cifras contenidas en el ya mencionado Programa Especial de Cultura, en el año 2012, 41 millones de personas eran usuarios de internet en México. De ellos, 31 millones utilizaron internet al menos una vez en el año por motivos culturales (categoría que incluye comprar libros y revistas; comprar CD, música, DVD y software; ver videos, películas o programas de TV; oír música grabada, radio o audiolibros; leer periódicos, revistas o libros; descargar libros, revistas, artículos académicos; descargar música o video; y descargar software). La mayor parte de este número de usuarios (52.6%) fueron jóvenes de 12 a 29 años. Para 2013, los usuarios de internet ascendieron a 46 millones, lo que reveló un crecimiento acelerado.

Las anteriores cifras demuestran la necesidad de hacer de internet un vehículo fundamental para poner al alcance de la población un bien cultural tan valioso como lo es el libro, especialmente entre la población más joven, pues dicho sector es el que ha crecido de la mano de las TIC, mejorando así los canales de distribución y comercialización.

Uno de los rubros donde más trabajo hay por realizar es en la compraventa de libros digitales, pues a pesar de que estos han ido ganando presencia en el mercado, hasta el año 2015 el 86.3 % de los consumidores preferirían las versiones impresas, en tanto que sólo el 8.7 % favorecía las electrónicas.

Una dificultad que podría obstaculizar la adquisición de libros digitales tiene que ver no con el tratamiento fiscal que recibe la compraventa de estos bienes, pues la enajenación de éstos se encuentra exenta de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado o sujeta a una tasa del 0 % respecto de dicha contribución, según sea el caso, sino a la dificultad que supone la emisión de comprobantes fiscales digitales cuando los consumidores finales los adquieran a través de tiendas digitales manejadas por empresas residentes en el extranjero.

En efecto, resulta que si un lector adquiere un libro impreso en una librería común y corriente puede solicitar al dependiente o vía electrónica la emisión de una factura digital, a efecto de requerir a la autoridad fiscal la respectiva deducción del Impuesto Sobre la Renta, pero es el caso que si realiza la adquisición mediante una tienda digital, ésta puede o no expedir la factura, dependiendo de si ésta tiene o no su residencia en el país, situación que nos parece inequitativa, pues en ambos supuestos el hecho generador de la contribución es el mismo y el gasto efectuado incide en las finanzas de la persona que adquiere dicho bien, sobre todo si el contenido de la publicación resulta útil para las actividades normales del lector.

Si bien es cierto dicha situación es racional, pues las empresas residentes en el extranjero no pueden reunir ciertos requisitos contenidos en la legislación mexicana, ello no es obstáculo para reconocer la necesidad de que los comprobantes de residentes en el extranjero puedan sujetarse en un momento dado a los requisitos a que se refiere el artículo 29 – A del Código Fiscal de la Federación, esto de conformidad con las normas de carácter general que al efecto dicten las autoridades fiscales competentes.

Es por esto que se propone una adición al artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de establecer que las personas morales residentes en el extranjero que enajenen libros contenidos en medios electrónicos o auditivos a través de internet deberán expedir comprobantes fiscales digitales de conformidad con lo previsto por los artículos 29 y 29 – A del Código Fiscal de la Federación, modificación que sin duda ayudará al fortalecimiento de un mercado con amplias posibilidades de crecimiento, pero también a apoyar a las consumidores finales y al cumplimiento de las metas que en materia de cultura se ha propuesto el Gobierno de la República.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 26. Tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sea las erogadas en México o en cualquier otra parte, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y en su Reglamento.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior, residan en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrán deducir los gastos que se prorrateen con la oficina central o sus establecimientos, siempre que tanto la oficina central como el establecimiento, en el que se realice la erogación, residan también en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación y tenga un acuerdo amplio de intercambio de información y además se cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

 

 

 

 


No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento permanente ubicado en México a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de ésta en el extranjero, aun cuando dichas remesas se hagan a título de regalías, honorarios, o pagos similares, a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisiones por servicios concretos o por gestiones hechas o por intereses por dinero enviado al establecimiento permanente.

Los establecimientos permanentes de empresas residentes en el extranjero que se dediquen al transporte internacional aéreo o terrestre, en lugar de las deducciones establecidas en el artículo 25 de esta Ley, efectuarán la deducción de la parte proporcional del gasto promedio que por sus operaciones haya tenido en el mismo ejercicio dicha empresa, considerando la oficina central y todos sus establecimientos. Cuando el ejercicio fiscal de dichas empresas residentes en el extranjero no coincida con el año de calendario, efectuarán la deducción antes citada considerando el último ejercicio terminado de la empresa.

Para los efectos del párrafo anterior, el gasto promedio se determinará dividiendo la utilidad obtenida en el ejercicio por la empresa en todos sus establecimientos antes del pago del impuesto sobre la renta, entre el total de los ingresos percibidos en el mismo ejercicio; el cociente así obtenido se restará de la unidad y el resultado será el factor de gasto aplicable a los ingresos atribuibles al establecimiento en México. Cuando en el ejercicio la totalidad de los ingresos de la empresa sean menores a la totalidad de los gastos de todos sus establecimientos, el factor de gasto aplicable a los ingresos será igual a 1.00.

Artículo 26. Tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sea las erogadas en México o en cualquier otra parte, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y en su Reglamento.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior, residan en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrán deducir los gastos que se prorrateen con la oficina central o sus establecimientos, siempre que tanto la oficina central como el establecimiento, en el que se realice la erogación, residan también en un país con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación y tenga un acuerdo amplio de intercambio de información y además se cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

Las personas morales residentes en el extranjero que enajenen libros contenidos en medios electrónicos o auditivos a través de internet deberán expedir comprobantes fiscales digitales de conformidad con lo previsto por los artículos 29 y 29 – A del Código Fiscal de la Federación.

No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento permanente ubicado en México a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de ésta en el extranjero, aun cuando dichas remesas se hagan a título de regalías, honorarios, o pagos similares, a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisiones por servicios concretos o por gestiones hechas o por intereses por dinero enviado al establecimiento permanente.

Los establecimientos permanentes de empresas residentes en el extranjero que se dediquen al transporte internacional aéreo o terrestre, en lugar de las deducciones establecidas en el artículo 25 de esta Ley, efectuarán la deducción de la parte proporcional del gasto promedio que por sus operaciones haya tenido en el mismo ejercicio dicha empresa, considerando la oficina central y todos sus establecimientos. Cuando el ejercicio fiscal de dichas empresas residentes en el extranjero no coincida con el año de calendario, efectuarán la deducción antes citada considerando el último ejercicio terminado de la empresa.

Para los efectos del párrafo anterior, el gasto promedio se determinará dividiendo la utilidad obtenida en el ejercicio por la empresa en todos sus establecimientos antes del pago del impuesto sobre la renta, entre el total de los ingresos percibidos en el mismo ejercicio; el cociente así obtenido se restará de la unidad y el resultado será el factor de gasto aplicable a los ingresos atribuibles al establecimiento en México. Cuando en el ejercicio la totalidad de los ingresos de la empresa sean menores a la totalidad de los gastos de todos sus establecimientos, el factor de gasto aplicable a los ingresos será igual a 1.00.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 26 de la Ley Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

“Artículo 26. …

“…

“Las personas morales residentes en el extranjero que enajenen libros contenidos en medios electrónicos o auditivos a través de internet deberán expedir comprobantes fiscales digitales de conformidad con lo previsto por los artículos 29 y 29 – A del Código Fiscal de la Federación.
“…

“…

“…”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“SEGUNDO. Las autoridades competentes contarán con seis meses a partir de la entrada del presente Decreto, a efecto de expedir las reglas de carácter general necesarias para el cumplimiento del mismo.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Arlet Mólgora Glover.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 300 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, ELVIA GRACIELA PALOMARES RAMÍREZ, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 300 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ha definido a la discriminación, como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

La discriminación puede desprenderse por las características físicas, la forma de vida, el origen  étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras que pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.

A su vez, la discriminación laboral es una transgresión a la normatividad mexicana, una violación a los derechos humanos y una limitación a los proyectos de vida de las personas.

Por discriminación laboral debemos entender: "Toda distinción, exclusión o preferencia de trato que ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se base en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión política o cualquier otro que se considere irracional o injustificado".

La igualdad laboral implica, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de pago y remuneración.

En este contexto, nace la liga MX femenil, bajo el auspicio de la Federación Mexicana de Fútbol, conformada por 16 clubes.

En su portal oficial la Federación mexicana de fútbol, ha señalado, que el surgimiento de la Liga MX femenil obedece a la necesidad de reconocer el valor de las mujeres en nuestra sociedad y su gran aportación en el deporte, en especial al fútbol organizado, y establecen como prioridad respetar en todo momento la igualdad de género, la diversidad y sobre todo la integridad de las personas.

Sin embargo, varias jugadoras que han omitido su nombre por miedo a las represalias, han señalado en diversos medios de comunicación, que la recién creada liga profesional para mujeres, establece que no pueden hablar de sus preferencias sexuales o de pensar en embarazarse, ellas han revelado las condiciones de los contratos discriminatorios a los que fueron sometidas para poder jugar, en primer término, la prohibición de hablar de sus preferencias sexuales, ya que de lo contrario se anularía su contrato. Y además han señalado que les han pedido no tener actitudes " demasiado masculinas " además de solicitarles "lucir bonitas", para poder hacer rentable la liga. Aunado a lo anterior, que se ha recogido en diversas publicaciones, el sueldo que perciben no ha sido conocido públicamente y se ha conocido extraoficialmente que oscila entre 2,500 y 5 mil pesos mensuales.

Sin duda, tener una liga estructurada, va a mejorar el nivel de fútbol femenil en el país, se está transitando en la dirección correcta; es cierto, tuvieron que pasar muchas décadas de espera, pero ya ha iniciado, ahora es necesario revisar las bases que regulan toda la actividad profesional de las deportistas.

De acuerdo a los datos de la FIFA, en México aproximadamente 2 millones de mujeres práctican el fútbol, lo cual significa una enorme cantera para el país, pero sobre todo una oportunidad deportiva que vigoriza la vida social.

Las 395 futbolistas registradas en la liga MX femenil, que recientemente arrancó, contarán con un mayor entrenamiento e infraestructura, lo cual representa un avance significativo.

Son muchos obstáculos que van a enfrentar las futbolistas, así como los obstáculos que las deportistas profesionales enfrentan en cada una de sus disciplinas, y sin duda, la mejor manera de apoyar a las futbolistas, y en general a las deportistas profesionales, es garantizando la celebración de contratos no discriminatorios.

La naciente Liga Femenil, va a revolucionar la forma de pensar de la sociedad, hace unos meses se dio a conocer la designación de la primera mujer en entrenar a un club de fútbol profesional en Francia, Helena Costa, hay muchas páginas nuevas que se están inscribiendo con el empuje de las mujeres en todos los ámbitos, y de manera muy destacada en el ámbito deportivo; ahora es indispensable tener al día la legislación laboral y todos los ordenamientos que regulan esta actividad, para evitar un trato discriminatorio y fomentar condiciones de igualdad.

Muchas historias y muchos años tuvieron que pasar para que por fin se pusiera en marcha en México la primera liga femenil; ya llovió desde que en 1892 se registrara en Escocia el primer partido de fútbol entre mujeres; han pasado 47 años desde que se celebró el primer torneo internacional femenino en 1970; y ya pasaron 26 años del primer campeonato mundial femenil organizado por la FIFA en 1991; y aun cuando desde 2007 empezó a operar un torneo regional de fútbol femenil en México, es hasta este año 2017, que se hace realidad la Primera Liga MX Femenil. El primer partido fue el viernes 28 de julio, Pachuca vs PUMAS. Un día y un suceso histórico para el país.

Hay muchos motivos para celebrar, porque sin duda esta competencia oficial va a alentar la participación de los dos millones de mujeres que practican el fútbol en México.

Debe subrayarse que el principal obstáculo, lo representan los contratos discriminatorios, fundamentalmente por razones de preferencia sexual.

Apenas hace unos meses, dos futbolistas de la selección nacional, Stephany Mayor y Bianca Sierra, manifestaron que sufrieron discriminación de parte del entrenador nacional, por ser pareja; ellas decidieron alejarse muchísimos kilómetros de distancia para vivir su amor sin prejuicios, actualmente viven en Islandia, y juegan en el equipo Thor-Ka, donde son la sensación por su nivel futbolístico.

Hay muchos tabúes que deberán superarse; ¿Cuántas veces hemos visto a hombres que se abrazan efusivamente -y algunos hasta se besan- cuando celebran un gol? ¿Cuántos jugadores delgados y de pelo largo han sido la sensación, sin que nadie los discrimine?

Con el inicio de la Liga Femenil, se abre un nuevo capítulo en la historia nacional; es un hecho que la naciente Liga va a revolucionar a la sociedad mexicana, representa un reto y un gran paso; es el camino para empezar a romper barreras y avanzar en la lucha por la igualdad de género en el fútbol; es un espacio que muchas mujeres soñaron durante décadas; el deporte más popular de México hoy tiene a las mujeres de protagonistas y no solamente de espectadoras; estamos atestiguando una auténtica revolución cultural y deportiva, porque se está generando conciencia en las canchas y en toda la sociedad mexicana; es todo un hito que todos debemos reconocer y aplaudir; lo que hace falta ahora, es legislar para evitar contratos discriminatorios.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona una fracción III al artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones.

...

III. GARANTIZAR CONTRATOS NO DISCRIMINATORIOS.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único.- el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Diputada Lillian Zepahua García, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, LILIAN ZEPAHUA GARCÍA, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Como representante de Nayarit, he advertido una problemática que es necesario regular y resolver, una problemática que se extiende en todo el país y que es necesario tomar cartas en el asunto.

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018 señala que la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado de las malas condiciones de la infraestructura, la falta de cultura vial y la inseguridad nacional y agrega que tan sólo en 2011 perdieron la vida en las carreteras federales más de 4,400 personas, registrándose 25 mil accidentes con daños materiales por valor de 1,361 millones de pesos. A nivel nacional y tomando en cuenta los accidentes en vías locales, entre 2006 y 2011 se registraron en el país aproximadamente 440 mil accidentes de tránsito terrestre por año en promedio.

La situación es tal, que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Saludos, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, con 24 mil defunciones por año, una cifra cinco veces mayor que la de defunciones por consumo de drogas ilícitas. Dicho fenómeno ha provocado que el Gobierno de la República haya establecido diversas estrategias y líneas de acción tendientes a atemperar la frecuencia de los accidentes de tránsito y sus nefastas consecuencias, como las pérdidas materiales cuyo monto ascendía en 2013, según la Organización Panamericana de la Salud, a 150 mil millones de pesos, es decir, alrededor del 1.7% del PIB.

Más allá de las afectaciones que provocan los accidentes de tránsito a la salud de las personas y a la economía del país, existe otro aspecto a considerar que suscita molestias a las personas involucradas en esta clase de conflagraciones. No nos referimos a los trámites ante algunas empresas de seguros que suelen ser sumamente tortuosos o a la dificultad que en ocasiones implica llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, sino a la actuación de algunas dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, que tienden a enredar todavía más una situación que, de suyo, resulta sumamente molesta. Nos referimos a la retención de los vehículos en los corralones y agencias del ministerio público a fin de realizar peritajes y así determinar las responsabilidades penales correspondientes. 

En efecto, tras ocurrir un accidente vehicular, en muchas ocasiones los automotores suelen ser arrastrados hacia depósitos en los que pueden o no llegar a realizarse diversos peritajes a fin de establecer de manera científica las circunstancias en que se dio la conflagración y el grado de responsabilidad de cada uno de los conductores relacionados con el caso. Cierto es que la realización de tales diligencias (si es que llegan a efectuarse) resultan necesarias para arribar a una verdad legal, pero ello no obsta para denunciar que en no pocas ocasiones el depósito de los autos puede prolongarse de manera indefinida, lo que significa una molestia injustificada para los particulares, y en especial para quienes se saben inocentes del accidente ocurrido, pues durante el tiempo que el bien queda a resguardo de las autoridades éste sufre un grave deterioro, sino es que, en ocasiones, hasta suele ser despojado de alguno de sus aditamentos por aquellos a quienes corresponde salvaguardar la integridad del mismo. Tal situación se agrava cuando las aseguradoras no dictaminan la pérdida total del automotor, pues ello no les obliga a éstas entregar al titular de la póliza otro nuevo y sí a esperar a que le sea devuelto el suyo para posteriormente someterlo a reparaciones, mismas que también pueden llevarse varias semanas.

Las molestias a que hacemos referencia en el párrafo precedente son a todas luces injustificadas, y de alguna forma suponen la criminalización de aquellos que para su infortunio se ven inmiscuidos en un accidente automovilístico, pero no sólo eso, sino que mueven a la corrupción de funcionarios venales que ven en la liberación de los vehículos un pingüe e ilícito negocio, constituyen el reflejo de ineficiencias burocráticas e inercias propias de un país poco respetuoso de la legalidad. 

Es por eso que proponemos a la aprobación de la asamblea una reforma al artículo 39  de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer como una obligación a cargo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la elaboración de protocolos de actuación en los casos de accidentes automovilísticos, a efecto de procurar la pronta formulación de peritajes que permitan establecer responsabilidades y, en su caso, devolver con celeridad los vehículos a sus propietarios o poseedores.

Para efectos de una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. …

B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. … a XIII. …

XIV. Solicitar la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación, y
XV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

 

 

Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. …

B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. … a XIII. …

XIV. Solicitar la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación;
XV. Elaborar protocolos de actuación en los casos de accidentes automovilísticos, a efecto de procurar la pronta formulación de peritajes que permitan establecer responsabilidades y, en su caso, devolver con celeridad los vehículos a sus propietarios o poseedores, y

XVI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

 “Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

“A. …

“B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

“I. … a “XIII. …

“XIV. Solicitar la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación;

“XV. Elaborar protocolos de actuación en los casos de accidentes automovilísticos, a efecto de procurar la pronta formulación de peritajes que permitan establecer responsabilidades y, en su caso, devolver con celeridad los vehículos a sus propietarios o poseedores, y

“XVI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

“…

“…”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Lilian Zepahua García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Lillian Zepahua García, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, LILIAN ZEPAHUA GARCÍA, Diputada de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Eufrosina Cruz Mendoza, Diputada del Congreso del estado de Oaxaca y exdiputada Federal,  indígena originaria del municipio de Santa María Quiegolani, Oaxaca y licenciada en contaduría pública. Sorteó las barreras de la marginación y en 2007 compitió para ser presidenta municipal. Refiere que, a pesar de contar con apoyo para contender por dicho cargo, los caciques de la comunidad se lo impidieron bajo el cargo de que era “mujer y profesionista”.1 Sobre este particular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un Informe Especial en el que formuló diversas propuestas tendientes a hacer efectivo el derecho de las mujeres a participar en la vida política de sus comunidades, a saber:

• PRIMERA: Que se incorpore a la Carta Magna estatal la prohibición expresa de toda discriminación, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• SEGUNDA. Que las autoridades facultadas presenten las iniciativas correspondientes para someter a la consideración del Congreso local las leyes referentes a la igualdad entre mujeres y hombres y a la prevención y eliminación de la discriminación.

• TERCERA. Que las autoridades del estado de Oaxaca, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan las disposiciones normativas pertinentes para que al momento de reconocer la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas, no se vulneren los derechos de las mujeres.

• CUARTA. Que las autoridades del estado de Oaxaca, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten políticas públicas para que en la elaboración y aplicación de los programas que se relacionen con las comunidades indígenas se realicen acciones tendentes a la difusión plena de los derechos de las mujeres y a garantizar su ejercicio.

El caso al que hacemos referencia no constituye un hecho aislado. Tres años antes, en 2004, Tomasa de León renunció a la alcaldía de Santiago Yolomécatl, Oaxaca, tras haber sido hostigada por los varones de su comunidad, por virtud de su condición de mujer, mientras que Guadalupe Ávila Salinas, candidata a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, fue asesinada.

Los casos antes señalados distan de ser anecdóticos, sino que constituyen toda una forma de ser en diversas comunidades y pueblos de nuestro país, donde la igualdad política consagrada en la Constitución es letra muerta, propósito que no se cumple, objetivo retardado por autoridades corruptas y prácticas atávicas que retrasan el progreso de nuestro país, pues omiten incorporar al desarrollo a las mujeres, situación que a todos nos debería parecer insoportable y digna de la más alta condena.

Dada la recurrencia con que se dan esta clase de situaciones, se vuelve imperativo revisar no sólo los usos y costumbres que rigen en diversas comunidades, sino también las leyes que rigen los ámbitos de participación política de las mujeres, pues no es posible que en pleno siglo XXI sigan teniendo verificativo conductas como las hasta ahora relatadas y es el caso que, por normas protectoras de las mujeres, no quedamos.

Los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan la igualdad de todos los habitantes de nuestro país, incluida la de género, al señalar que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, y que el varón y la mujer son iguales ante la ley. De igual forma, el primero de los dispositivos mencionados prohíbe la discriminación por motivos de sexo.

Por su parte, el artículo 2o. de la Carta Magna reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Además, garantiza la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

El artículo 9o., fracciones IX y XIII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, considerando como conductas discriminatorias negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, y aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana.

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes establece en su artículo 8 numeral 2 que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas sean compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

El artículo 25, incisos a) y b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los estados se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna, así como también que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de distinción y sin restricciones indebidas, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y de votar y ser elegidos en elecciones periódicas.

La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, en su artículo 1o., señala que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. A su vez, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de la ONU, en su artículo 2o., establece que, en condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, sin discriminación alguna.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer refiere, en su artículo 1o., que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, y en su artículo 7o., inciso a), determina que los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.

De toda la cauda de normas antes referidas antes señaladas se desprende la existencia de un sistema de derecho destinado a impedir la exclusión de las mujeres de la vida política nacional, estructura que choca frontalmente con aquellas prácticas destinadas a perpetuar los ciclos de exclusión entre las comunidades indígenas, bajo la falsa premisa del respeto a los usos y costumbre.

Tres cosas se pueden hacer para enfrentar el problema al que hemos hecho referencia: hacer uso de aquellas herramientas que sancionen toda clase de actos discriminatorios; educar en la inclusión y la promoción de valores democráticos y mejorar en lo que sea posible el marco de participación política de las mujeres, aspectos éste último que nos corresponde en tanto legisladores de la República.

Sobre esto último notamos que, si bien es cierto nuestra Ley Fundamental contiene diversas normas tendientes a garantizar la elección de las mujeres a cargos de elección popular en los pueblos y comunidades, no lo es menos que tales enunciados adolecen de una omisión que buscamos subsanar a través de la formulación de la presente, la cual consiste en la ausencia del concepto de paridad en la integración de las autoridades municipales.

Afirmamos lo anterior, toda vez que una cosa es procurar la integración de las indígenas a los espacios de decisión y respetar su derecho al voto, y otra muy distinta obligar a que los ayuntamientos sean integrados a partir del peso específico que tienen las mujeres en términos poblacionales, lo que hasta ahora no se ha siquiera planteado.

La anterior propuesta constituye un reconocimiento a las estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013 – 2018, entre las cuales se contienen promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia y el desarrollo político, a través de la promoción y aplicación de medidas y acciones a favor de la paridad en los cargos del Poder Judicial.

Para una mejor compresión de la presente iniciativa se agrega el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Art. 2o.- …

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. ... y II. …

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político – electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

(SIN CORRELATO)

 

 

IV. … a VIII. 

B. …

Art. 2o.- …

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. ... y II. …

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político – electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

En la conformación de las autoridades municipales de los pueblos y las comunidades indígenas se garantizará la equidad de género.

IV. … a VIII. 

B. …

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Art. 2o.- …

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. ... y II. …

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político – electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

En la conformación de las autoridades municipales de los pueblos y las comunidades indígenas se garantizará la equidad de género.

IV. … a VIII. 

B. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

“PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“SEGUNDO.– Las legislaturas de las entidades federativas tendrán ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para aprobar las modificaciones legales tendientes a reglamentarlo.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Lilian Zepahua García.

1 Consultado en
< http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/124187/6/impiden-que-sea-
alcaldesa-por-ser-mujer-y-profesionista.htm>, el 9 de julio de 2017 a las 20:57 horas.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada Federal LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Comisión permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acoso sexual es una forma de violencia que actualmente no se encuentra legislada dentro de nuestro marco normativo a nivel federal, por ello las víctimas de este se encuentran en un estado de indefensión frente a cualquier acción de terceros que violenta sus derechos humanos, por ello deben recurrir a instancias no judiciales para poder acceder a la justicia, como lo son los Centros de Justicia para las Mujeres, organismos de Derechos Humanos estatales o federal e Institutos de las Mujeres en la entidades federativas, etc. Esta conducta tiene una fijación cultural dentro de la ideología del mexicano, ya que se le considera una conducta socialmente aceptada y , en su caso, deseable para aquellas personas a quien se dirige, sin embargo, diversos estudios han demostrado que las personas objeto de acoso, en cualquiera de sus formas o expresiones, sufren un impacto negativo en su autoestima, salud psicológica y emocional lo que puede degenerar en problemas de depresión, ansiedad, tristeza, soledad, cambios en los patrones alimentarios y de sueño y, en el peor de los casos, suicidio.

De forma cotidiana el acoso se presenta en perjuicio de las mujeres, ya que es esta parte de la población a quien culturalmente le es dirigida dicha conducta, puede realizarse a través del lenguaje, gestos o amenazas. Al hablar de acoso sexual no se tiene en cuenta el  género, estatus u orientación sexual del autor/víctima, por lo que no es exclusivamente en perjuicio de las mujeres, sin embargo, son ellas quienes lo sufren en mayor medida e intensidad.

…la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, puesto que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por cualquier agresor, sea la la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por personas conocidas o extrañas.1

En los últimos años esta conducta ha recibido un reconocimiento como actividad socialmente reprobable y con consecuencias sociales para aquel o aquella que la realice, así como de quien la sufre, presenta una mayor incidencia en lugares públicos o de acceso público, así como en el transporte público, pero, como ya se dijo, jurídicamente no tiene consecuencias o sanción alguna, razón de ello es que se tiene la visión de que es una conducta que se realiza sin ameritar ningún tipo de sanción. Como lo demuestran datos del INEGI, 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso o abuso sexual.2

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el acoso sexual es un delito tipificado en todas las entidades federativas, pero no es así a nivel federal, ya que el propio Código Penal Federal es omiso en tipificar dicha conducta.

En este contexto México enfrenta un nuevo compromiso al signar diversos Tratados Internacionales en la materia, que lo obligan a buscar e implementar los mecanismos necesarios para reducir, evitar, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres en materia de acoso y hostigamiento sexual lo que hace necesario diseñar políticas públicas, protocolos y legislación que atiendan esta problemática, esto sin olvidar la necesidad de sensibilizar a aquellas y aquellos agresores que perpetran esta conducta.

Hay países que ya han abordado el tema en sus legislaciones, como Estados Unidos de América, Chile, Argentina, Paraguay y Perú, estos dan cuenta de una regulación de tipo local para enfrentar la situación, sin embargo, la suscrita considera que es deber de la federación proveer el marco general para la tipificación de esta conducta mediante la presente adecuación al Código Penal Federal.

Es común que las prácticas de acoso sexual se den en lugares públicos, lo que constituye una violación importante a los derechos humanos de la persona que lo sufre, especialmente para las mujeres y niñas, esto afecta sus capacidades y oportunidades de desarrollo. Expertos aseguran que el acoso sexual ocurre principalmente en el ámbito laboral, en empresas particulares o instancias públicas en las que pocas veces se cuentan con protocolos para atender esta situación, sin contar que en la mayoría de los casos la persona afectada no presenta la denuncia o acta correspondiente por temor a sufrir represalias.

Si bien este dato es importante, al día de hoy no contamos con un indicador o estadísticas en cuanto al acoso sexual que se presenta en la calle o en el transporte público, ya que estas conductas son normales para quien las lleva a cabo mientras que para las víctimas no existe forma alguna de defensa mediante la ley, es así que al ser violentados sus derechos estas se encuentran indefensas ante su agresor.

Es necesario diferencia entre el tipo de Hostigamiento y el de Acoso Sexual, ya que si bien ambos son un tipo de violencia sexual, hay diferencias entre ambas; en la figura del hostigamiento sexual, se encuentra presente una relación de superioridad jerárquica ( de cualquier índole) por parte del victimario frente a la víctima, mientras que en el acoso sexual; no existe tal subordinación pero hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

De igual manera el hostigamiento sexual puede presentarse en todos los ámbitos de la vida, laboral, escolar, social, doméstico o cualquier otro donde se dé una relación de subordinación, mientras que el acoso sexual se da en cualquier espacio o ámbito de relación, público o privado, sin distinción.

Continuando, datos del INEGI nos señalan que “…la violencia sexual ha sido experimentada por poco más de un tercio de todas las mujeres (35.4%), pero particularmente la ejercida por agresores distintos a la pareja y en sus distintas formas, desde la intimidación, el abuso sexual o el acoso sexual…”3

Aunque el Código Penal Federal tiene un ámbito de aplicación restringido, en la práctica funge como la norma marco para las entidades federativas, es decir, las directrices que contiene son la estructura a partir de la cual las entidades federativas generan y adecuan su propia legislación. Es así que la tipificación a nivel federal funge no solo como manual para definir el tipo sino como marco para delimitar y homogeneizar la figura en las entidades federativas.

La violencia contra la mujer empobrece a las mujeres individualmente consideradas y a sus familias, así como a sus comunidades, a las sociedades y a las naciones en muchos niveles.

Reduce la capacidad de las víctimas/sobrevivientes de hacer una contribución productiva a la familia, la economía y la vida pública; absorbe recursos de los servicios sociales, el sistema de justicia, los organismos de atención de la salud y los empleadores, y reduce los logros educacionales globales, la movilidad y el potencial de innovación de las víctimas/sobrevivientes, de sus hijos e incluso de los autores de dichos actos de violencia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también ha expresado su preocupación por la situación de violencia que actualmente enfrentan las mujeres en México y ha instado al gobierno federal, a los gobiernos locales y municipales a que implementen mejores programas tendientes a eliminar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, entre ellas el acoso sexual.

También ha expresado su preocupación por la falta de monitoreo de los programas que prestan servicios a las víctimas/sobrevivientes de la violencia.

Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, popularmente conocida como Belém do Pará, condena todas las formas de violencia ejercidas tanto por el Estado como por individuos, en el hogar, en el mercado laboral, y en cualquier espacio público.

Asimismo define a la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.4 Dentro de lo que se aprecia aquel tipo de violencia que encaja en el ámbito de lo sexual, entre ellos el acoso sexual.

En nuestro país, el reconocimiento jurídico de la violencia contra las mujeres como fenómeno amplio y como hecho social que debe ser atendido por el Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se hace a partir de la ratificación de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará.

Este derecho ha quedado plasmado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en febrero de 2007. 5 La cual garantiza y tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce, además, la violencia extrema contra las mujeres como producto de la violación a sus derechos humanos.6

En este sentido y con el objetivo de lograr que las y los mexicanos puedan disfrutar de una vida libre de acoso, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 259 Bis, 266 Bis y 276; se adiciona un artículo 259 Ter, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 259 Bis. Comete el delito de hostigamiento sexual quien con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cuales quiera otra que implique subordinación, a la persona que cometa éste delito se le impondrá una sanción de uno a tres años de prisión y hasta trescientos días multa. Si la persona hostigadora fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitara para ocupar cualquier cargo en el sector público hasta por 5 años.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida, para el caso de personas menores de edad, con alguna discapacidad o que carezca de la capacidad para comprender el significado del hecho el delito se perseguirá de oficio.

Artículo 266 Ter.- Comete el delito de acoso sexual quien acose, atosigue, incordie sexualmente a otra persona o realice conductas con una connotación sexual no consentida por quien las recibe, a la persona que cometa éste delito se le impondrá una pena de 3 meses a 5 cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Para el caso de que la conducta se realice por dos o más personas, las sanciones descritas en el párrafo anterior se aumentaran en una mitad.

Cuando la conducta se cometa en contra de persona mayor de edad se procederá a petición de parte ofendida, para el caso de personas menores de edad, con alguna discapacidad o que carezca de la capacidad para comprender el significado del hecho, el delito se perseguirá de oficio y las sanciones descritas en el primer párrafo se duplicarán.

Si la persona acosadora fuese servidor público, además de las sanciones señaladas, procederá la destitución del cargo y se le inhabilitara para desempeñar cualquier cargo en el sector público hasta por 5 años.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Fed. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

2 Ídem

3 Ídem.

4  http://www.cidh.org/Basicos/Basicos8.htm

5  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

6 Para una mejor comprensión de la ley, véase Lagarde, 2010.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada Federal MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Congreso de la Unión, órgano depositario del Poder Legislativo del Estado federal mexicano, es el espacio de debate y de solución a los grandes retos que tenemos para continuar poniendo al día el marco jurídico de nuestro país, requiere también ponerse al día orientado a mejorar sus indicadores de productividad que, para la percepción ciudadana, el trabajo legislativo es incompleto y por ende, no satisface a los electores que nos dieron su confianza a través de su voto.

El planteamiento del problema de la productividad legislativa, puede ser visto desde distintas aristas, una de estas deriva en el tiempo de duración de los periodos ordinarios que tiene el Congreso Mexicano.

A lo largo de la historia parlamentaria en nuestro país, tenemos que han sido diversos los tiempos de duración de los periodos ordinarios de sesiones.

Por citar un ejemplo, la Constitución de 1824 establecía que el Congreso la Unión sesionaría tan sólo tres meses con quince días al año, del 1 de enero al 15 de abril, con posibilidades de prórroga hasta por treinta días cuando así lo considerase necesario o cuando así lo pidiera el Presidente de la federación.1

Sucesivamente, de acuerdo a las bases constitucionales ulteriores de México, la duración de los periodos ordinarios del Congreso se fueron modificando. A partir del texto original del artículo 65 de la Constitución de 1917, se estableció sólo un periodo ordinario de sesiones con una duración de 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre.2

Para 1986 se reformaron los artículos 65 y 66 Constitucionales para establecer dos periodos ordinarios de sesiones, del 1 noviembre al 31 de diciembre y del 15 de abril al 15 de julio, es decir, 5 meses de sesiones.

En 1993 se volvieron a realizar modificaciones constitucionales en este sentido para que el Congreso sesionara del 1 de septiembre al 15 de diciembre y del 15 de marzo al 30 de abril, igual con 5 meses de sesión que en la reforma de 1986.3

Para 2004, únicamente se amplió la duración del segundo periodo ordinario, del 1 de febrero al 30 de abril, tal cual está vigente actualmente y se mantuvo la duración del primer periodo ordinario, del 1 de septiembre al 15 de diciembre y sólo hasta el 31 de diciembre cuando el Ejecutivo Federal toma protesta de su encargo.

Por lo que el Congreso de la Unión sesiona 6 meses con quince días, mismos que nos son ya insuficientes para aprobar temas que son de gran importancia para el país y que en mucho de los casos, emanan de reformas constitucionales que prevén en sus artículos transitorios la fecha límite para la aprobación de reformas legales, expedición de leyes secundarias o la designación de funcionarios.

Si bien es cierto que durante los meses de mayo a agosto el Congreso de la Unión está en receso y ambas Cámaras no sesionan en Pleno, ello no implica que sean vacaciones o meses de ocio para los legisladores; la mayor parte del trabajo legislativo recae en las comisiones ordinarias que tienen la facultad de sesionar cuando menos una vez al mes, aunque en Congreso esté en receso.

Es cierto que también se debe reforzar el trabajo en las comisiones ordinarias porque si estas no proveen de los asuntos que son considerados urgentes para su discusión en el Pleno, no hay materia para discutir los temas transcendentales para la sociedad y las instituciones del país.

En este sentido, durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente es el órgano legislativo que está pendiente y facultado para cumplir con las disposiciones expresas que le confiere la Constitución cuando alguna de las Cámaras no lo hiciere antes del término de uno de los periodos ordinarios, además de las facultades previstas en el artículo 78 Constitucional.

Es así que la presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para ampliar la duración del segundo periodo ordinario de sesiones. La propuesta consiste en que se amplíe hasta el 30 de junio.

La reforma de 2014 estableció que hasta el 2024 el Congreso deberá iniciar el primer periodo ordinario a partir del 1 de agosto porque desde ese año el Ejecutivo Federal tomará posesión el 1 de octubre, y no ya el 1 de septiembre, por lo que este durará 4 meses y quince días.4

La propuesta de ampliación de duración del segundo periodo ordinario que se extendería hasta el mes de junio, se propone sea vigente a partir del año 2019 durante la LIV Legislatura.

Si la corta duración de los periodos ordinarios de sesión que son de 6 meses con quince días son parte de la problemática para resolver los temas que hay pendientes, es preciso ampliarlos para que el Congreso sesione 9 meses con quince días y para ello se debe ampliar la duración del segundo periodo ordinario de sesiones.

Con ello, el propósito es hacer más productivo al Congreso de la Unión y no esperar a resolver los temas pendientes en un periodo extraordinario, que como hemos visto, resulta difícil concretar una convocatoria al Congreso.

Para conocer sobre los temas que existen pendientes, resulta ilustrativo el ejercicio académico que hace el Centro de Investigación y Docencia Económica a través del Violómetro Constitucional porque de una forma sencilla muestra los pendientes legislativos sin constituir una crítica.5

De acuerdo con la plataforma de información del CIDE, el Congreso tiene 25 pendientes que emanaron de reformas constitucionales y que en los artículos transitorios de estas reformas, se establecieron fechas concretas para aprobar modificaciones legales o designaciones, entre los que destacan:

La expedición de una Ley sobre Registros Públicos Inmobiliarios, la expedición de una Ley General del Sistema Nacional de Archivos, la designación de un Integrante de la Junta de Gobernación del IPAB, los miembros que deberán integrar Consejo General del CONEVAL, entre otros.

Huelga decir que los artículos transitorios son parte del ordenamiento jurídico respectivo y por ende la observancia es obligatoria y que de no cumplirse, se violenta el orden legal.6

Por otra parte, se propone eliminar una facultad en desuso del Presidente de la República en turno y que en el marco del equilibrio de poderes que hay, es innecesario que en la Constitución se siga previendo que el Presidente sea quien deba resolver el término de las sesiones ordinarias, si ambas Cámaras no estuviesen de acuerdo en hacerlo, porque además las fechas límite son ya muy claras.

Es urgente asumir una autocrítica del trabajo que hacemos desde el Congreso de nuestra labor legislativa. No podemos exigir requisitos de productividad para los trabajadores de nuestro país, si los legisladores federales no asumimos una postura firme de nuestra labor en la misma dinámica de productividad.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y SE REFORMA EL NUMERAL 2 Y SE DEROGA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el primer párrafo y se DEROGA el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de junio del mismo año.

Derogado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el numeral 2 y se DEROGA el numeral 3 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 4o.

1. …

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de junio del mismo año.

3. Derogado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las reformas al primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al numeral 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, aplicarán a partir de los integrantes que sean electos al Congreso de la Unión para el año 2019.

ARTÍCULO TERCERO.- Los integrantes del Congreso de la Unión de la LIV Legislatura, comenzarán el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez.

1 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_127_03sep93_ima.pdf

4 Artículo Décimo Quinto Transitorio.- Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024.

5 http://periodismocide.org/eventos/violometro/#r_obligaciones

6(SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Octubre de 2001; Pág. 1086. Amparo directo 7/2001. Arnulfo Ayala Ayala. 1o. de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Elsa María López Luna).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE NULIDAD DE LA PRUEBA,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prueba es la piedra de toque para garantizar el éxito de todo sistema de justicia penal, se trate de un sistema de corte inquisitivo, de corte acusatorio o mixto. El derecho probatorio en materia procesal penal es muy amplio, partiendo de la consideración inicial respecto a las reglas de valoración de la prueba dentro del proceso penal.

En este orden de ideas, el Apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los principios generales que rigen al proceso penal acusatorio y oral en nuestro país. Dichos principios establecen reglas generales en materia probatoria. En estricto sentido, el mencionado Apartado establece cinco reglas que rigen a la prueba en el proceso penal, al tenor de lo siguiente:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

(…)

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

(…)

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula,

(…)

De lo anterior se advierte, particularmente de la fracción IX del Apartado A del artículo 20 constitucional que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.

Ahora bien para determinar los criterios bajo los cuales una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será considerado nula, también denominada como prueba ilícita, o, en su caso, será considerada nula per se, la doctrina procesal penal de los sistemas acusatorios y orales en todo el mundo, ha distinguido tres tesis fundamentales:

1) tesis de la fuente independiente,

2) tesis del vínculo atenuado, y

3) tesis del descubrimiento inevitable.

Estas tesis no son ajenas al sistema jurídico mexicano, las mismas ya habían sido incorporadas en la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales presentada por el Ejecutivo Federal en 2011, que las contenía en su artículo 292, misma que fue dictaminada, en conjunto con el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales.

La exposición precedente nos permite destacar la importancia del tema de la prueba en el sistema acusatorio, que conforme a los artículos 16 y 19 constitucionales reformados, como requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión y el auto de vinculación.

De acuerdo al estudio en materia probatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominado “LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO EN MÉXICO” (PRUEBA ILÍCITA; EFICACIA Y VALORACIÓN), se ha señalado que:

“En cuanto a la valoración de la prueba, como quedó transcrito en el artículo 20 constitucional reformado, implícitamente se eliminó el sistema de la prueba tasada, para adoptarse el de la libre apreciación de manera libre y lógica (fracción II, del apartado A).

El juez tendrá la obligación de fundamentar  su decisión y para ello, de manera explícita, deberá dar las razones que la ha motivado sobre la aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de las experiencias, a la luz de la sana crítica. Se estimó necesario buscar el equilibrio entre la eliminación de la valoración tasada y la libertad ilimitada del juez, el respeto a la libertad del juzgador para valorar las pruebas, se torna en criterios de racionalidad que dan lugar a esa libertad, ya que se obliga al juez a razonar fundadamente sus razones. La experiencia desarrolla criterios generales que son aceptados para valorar casos posteriores, constituye conclusiones respecto de prácticas reiteradas para apreciar los medios de prueba”1.

Sobre el tema de la licitud probatoria es importante destacar que el Proyecto del Ejecutivo Federal presentado en 2011, mediante el cual se expedía un Código Federal de Procedimientos Penales, contenía dos disposiciones sobre el particular (artículos 291 y 292), que señalaba que “los datos y las pruebas deben ser obtenidas, producidos y reproducidos por medios lícitos, asimismo, no tendrá valor alguno la prueba obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los Derechos Humanos de las Personas” (artículo 291 del Proyecto).  

Por otra parte, el artículo 292 del  mencionado Proyecto regulaba la nulidad de la prueba ilícita, al señalar que cualquier dato o prueba obtenida con violación a los Derechos Humanos será nula. Sin embargo, señalaba la citada disposición que: “no se considerará violatoria de Derechos Humanos aquel dato o prueba que cubra con cualquiera de los siguientes requisitos: 

I. Provengan de una fuente independiente;

II. Exista un vínculo atenuado; o,

III. Su descubrimiento sea inevitable”

Actualmente, en el vigente Código Nacional de Procedimientos Penales, dichas disposiciones quedaron fusionadas en una sola, la prevista en el artículo 264 bajo la denominación “Nulidad de la Prueba”, no obstante ello, se eliminó del texto final lo relativo a las así denominadas tres excepciones a la regla de la exclusión de la prueba, las cuales han sido plasmadas en diversos criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación, a saber: 1) fuente independiente, 2) vínculo atenuado y; 3) descubrimiento inevitable.

Con el objeto de darle mayor claridad a la propuesta de esta iniciativa, se procederá a describir diversos temas relacionados con la prueba en el nuevo proceso penal acusatorio en nuestro país.2

Al momento de definir los elementos fundamentales de cada una de las tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el referido estudio ha señalado lo siguiente:

“Licitud de la prueba.- La licitud de la obtención de la fuente de prueba, es un requisito intrínseco de la actividad probatoria, consistente en que solo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación constitucional, procesal y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, por lo que comprende tanto las formalidades esenciales del procedimiento para la obtención de evidencias o fuentes de pruebas como las diligencias de cateo, intervenciones de comunicaciones privadas, arraigos, cuya falta o quebrantamiento de la formalidad en su obtención permite declarar la prueba obtenida; en tanto, que el aspecto material del principio de licitud exige que ésta no se haya obtenido por medio del engaño, coacción, tortura física o psicológica, ni por medios hipnóticos o por efectos de narcóticos; al constituirse como una barrera que han construido las sociedades democráticas para frenar el poder punitivo del Estado como exigencia básica para los funcionarios encargados de la persecución penal. 

Prueba ilícita.- Es prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de garantías constitucionales (como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de comunicaciones: por ejemplo, el acta de cateo practicada sin consentimiento del titular o mediante resolución judicial de un juez de garantías, o la intervención de comunicaciones practicadas de la misma manera); o lesionando derechos constitucionales (como el derecho a la defensa; así, la del imputado sin haber sido informado de sus derechos; o a través de medios que la constitución prohíbe (por ejemplo, la confesión arrancada mediante tortura, que vulnera el derecho a la integridad física o la coacción para obtener declaraciones sobre “ideología, religión o creencia”, proscripta por el derecho a la libertad ideológica y de conciencia). Por lo demás, aunque la ilicitud probatoria tiene lugar normalmente en la fase preliminar o de la investigación, puede producirse también en el juicio oral; así, sucede cuando el testigo no es advertido de que tiene derecho a no declarar por razones de parentesco.   

La exclusión de la prueba ilícita supone la imposibilidad de admitirla y valorarla, esto es, su inutilización en el proceso, o si se quiere, su nulidad. Pero la prueba ilícita es sólo un supuesto particular de la prueba nula, porque nula puede ser también la prueba obtenida vulnerando otras reglas legales de formación y adquisición de la prueba. En todo caso es evidente que esta importante regla de exclusión merma las posibilidades de averiguación de esclarecimiento de los hechos objeto del proceso acusatorio. De hecho, la exclusión de prueba ilícita es reflejo de una ideología jurídica comprometida con los derechos fundamentales y en virtud de que piensa que ese esclarecimiento no puede ser obtenido a cualquier precio, en particular al precio de vulnerar derechos fundamentales del imputado dentro de un proceso penal.  

Efecto reflejo o prueba ilícita indirecta.- La doctrina distingue entre: 1) Prueba ilícita: aquella que viola derechos fundamentales; 2) Prueba prohibida: la que es consecuencia de una prueba ilícita; y, 3) Prueba irregular, aquella generada con vulneración de las normas de rango inferior que regulan su obtención y práctica.

Es evidente que dicha regla supone la exclusión de las pruebas directamente obtenidas a partir del acto que lesiona derechos fundamentales: excluye la declaración de los policías que practican un registro que lesiona la inviolabilidad del domicilio o la trascripción de unas conversaciones telefónicas interceptadas lesionando el derecho al secreto de las comunicaciones. Pero tiene además un efecto reflejo: también son ilícitas las pruebas indirectamente obtenidas a partir de la lesión de un derecho fundamental; se trata, por ejemplo de las pruebas lícitamente practicadas a partir de las informaciones obtenidas mediante una prueba ilícita, lo que denomina prueba ilícita indirecta o derivada; ejemplos de estas pruebas lo son la trascripción de conversaciones telefónicas interceptadas (cumpliendo con todos los requisitos) a raíz de la información obtenida en un registro que lesiona la inviolabilidad del domicilio; o la declaración del policía que aseguró un cargamento de droga cuya existencia conoció a raíz de la lesión del secreto de las comunicaciones; o la prueba lícitamente practicada a raíz de la información obtenida mediante tortura de un detenido.”

Tal como lo sostuvo la Primera Sala del máximo Tribunal Constitucional del País, al resolver el amparo directo en revisión 162/2010, que originó la tesis 1ª.CLXII/2011, en la que planteó que tanto las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (pruebas directas), como aquellas conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental (pruebas indirectas), esto es la llamada prueba refleja, están afectadas de nulidad absoluta, de acuerdo precisamente a la observancia de la regla de exclusión; con lo cual no pueden ser utilizadas en un proceso judicial; como se advierte de la tesis en comento: 

“PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso judicial.

Continúa el estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las siguientes consideraciones:

“En realidad, este efecto reflejo o efecto dominó de la prueba ilícita, como le denomina en ocasiones el Tribunal Supremo español, que la doctrina norteamericana ha llamado la teoría de los frutos del árbol envenenado (the fruit of the poisonous tree doctrine), o también como nos señala el autor Lorenzo Pérez Sarmiento conocida como doctrina norteamericana de la ilegalidad indirecta de la prueba, consiste en que una evidencia o prueba obtenida de manera ilegal en un procedimiento contra una persona no podrá usarse, aun cuando la información aportada por la prueba ilegal pudiera ser útil, ya que se trataría de uso indirecto de la prueba ilegalmente obtenida, bajo la creencia de los anglosajones de que la policía es proclive al abuso del poder (pólice as necesary evil) y por ellos sus actuaciones deben ser escrutadas cuidadosamente; de ahí que una de las características más sobresalientes del sistema procesal en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, en un principio lo fue establecer la existencia de severas reglas para la obtención de la evidencia incriminatoria (rules of evidence).

Regla de exclusión de la prueba ilícita.- Puede sostenerse, por un lado, que la regla de exclusión de la prueba ilícita está directamente alojada en el derecho constitucional al proceso debido en términos del derecho anglosajón (el due process of law), como expresión de una garantía implícita en el sistema de los derechos fundamentales, pues la posición preferente que ocupan el ordenamiento exige rechazar toda prueba obtenida con la lesión de los mismos y que esa garantía se plasma en el derecho al debido proceso; esto es, la regla de exclusión es la plasmación del modelo constitucional de proceso que garantiza el derecho al debido proceso: no puede entenderse garantizado el debido proceso si se admite la prueba lograda a través del menoscabo de derechos e intereses a los que la constitución otorga un valor preferente, pues ello no implicaría la ignorancia de las garantías propias del proceso.  

En el derecho internacional se encuentran algunas alusiones a la regla de exclusión, aunque principalmente referidas a las pruebas obtenidas mediante tortura; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José", se establece como parte de las garantías judiciales que "la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza". La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura también contiene una disposición sobre este aspecto, en su artículo 10, que establece que ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece en su artículo 15 que todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración. 

En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no sólo se estableció una regla de exclusión de pruebas, sino que se enunciaron también criterios para evaluar si la prueba obtenida en estas condiciones debe o no ser excluida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando no ha analizado en detalle la regla de exclusión, ha declarado la responsabilidad del Estado por violación directa de las garantías judiciales establecidas en la Convención Americana, tales como la presunción de Inocencia o la invalidez de la confesión obtenida mediante tortura, o la condena de personas con base en pruebas ilícitamente obtenidas. Algo similar ocurre en la Corte Europea de Derechos Humanos, donde se han encontrado violaciones a la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales durante la investigación criminal, como cuando ha habido tortura.

No obstante lo anterior, en la actualidad hay una relativización de la prueba ilícita, en el que se abre espacio de discrecionalidad de los órganos jurisdiccionales a través de la jurisprudencia, en especial la anglosajona. El tema de la impunidad conlleva a eliminar una posición garantista-formal exagerada ante cualquier violación de normas procesales.

No todos los casos de infracción a un derecho, implica la presencia de la prueba ilícita ni la violación a la presunción de inocencia, sino que se debe valorar en el caso concreto la trascendencia de la infracción. No existe coincidencia, respecto de que la prueba ilícita  se constituye por violación exclusivamente a un derecho fundamental o bien se trata de violaciones a aspectos de formalidades.

Excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita.- La flexibilidad en la inadmisión de la prueba ilícita, deviene del reclamo social de lucha contra la criminalidad, el factor negativo más destacado es la pérdida de prueba relevante y el favorecimiento de los sujetos acusados, lo cual incidió en el cambio de esquema de los criterios jurisprudenciales de los tribunales constitucionales, para emplear excepciones a la regla de exclusión, al implementar figuras tales como, la fuente independiente, la cual funciona a través del nexo de causalidad, planteado en la jurisprudencia norteamericana (prueba refleja) y adoptado por el Tribunal supremo español, partiendo de la base de que no obstante las pruebas de cargo se hallen enlazadas con el hecho constitutivo de la vulneración fundamental, son jurídicamente independientes de él, y en consecuencia, se les debe de tener por válidas y aptas para enervar la presunción de inocencia. Para determinar si las pruebas obtenidas a través del conocimiento derivado de otra prueba realizada con violación a un derecho fundamental, hay que precisar su vinculación, esto es, establecer un nexo causal entre una y otras, para saber si la conexión de antijuridicidad se extiende a las segundas, con lo cual admite las pruebas indirectas en ciertos casos, aunque provengan de una prueba ilícita directa. Las excepciones a la citada regla de exclusión de la prueba ilícita que la presente iniciativa pretende incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Penales son las siguientes:

1) Fuente independiente.- La excepción de la fuente independiente (independent source doctrine) procede de la jurisprudencia norteamericana en resumen exige que entre la prueba ilícita y la prueba derivada ilícita exista una relación o conexión causal, pues la inexistencia de este vínculo dará como resultado la posibilidad de no excluir la prueba, sino aprovechar su utilización; entonces dicha excepción de la fuente independiente consiste justamente en afirmar esa desconexión causal. Se debe admitir y utilizar la prueba que no está contaminada con la actividad ilegal.

2) Vínculo atenuado.- Tiene su origen en la sentencia Nardone vs. United States (1939), en resumen consiste en que si la relación entre la obtención de pruebas y el origen legal de la fuente de conocimiento es suficientemente débil como para que la violación originaria no llegue a manchar la prueba derivada, esta es admisible.El nexo causal atenuado (attenuated connectión principle o purget taint)  figura que supone la violación de derechos fundamentales y la existencia de evidencias o cualquier medio de acreditación relacionado con la violación, pero conectado tan tenuemente con ésta, que su exclusión puede resultar una decisión desproporcionada y carente de real utilidad; por ejemplo, en un interrogatorio al indiciado realizado sin el cumplimiento de los requisitos orientados a la protección del derecho a la no autoincriminación, que es ratificado posteriormente, luego de transcurrir un tiempo significativo, en presencia del defensor y con la información suficiente sobre los derechos constitucionales y legales. Dicha figura, señala procede también de la jurisprudencia norteamericana y consiste en considerar que en determinadas circunstancias el nexo causal entre el acto ilícito y la prueba derivada cuya admisión se cuestiona está tan debilitado que puede considerarse inexistente. Así, cuando ha transcurrido mucho tiempo entre el inicial acto ilícito y la prueba derivada, o cuando la cadena de causal entre el inicial acto ilícito y la prueba derivada está compuesta de un gran número de eslabones; pero también en el caso de la denominada confesión voluntaria, que constituye el supuesto más característico de la doctrina del nexo causal atenuado

3) Descubrimiento inevitable.- En resumen consiste en que una prueba directamente derivada de una prueba primaria ilícita es admisible si el Ministerio Público Federal demuestra de manera convincente que dicho elemento de juicio habría sido de todos modos obtenido por medios lícitos, así la prueba directa original sí deba ser excluida.  La excepción del descubrimiento independiente o del descubrimiento probablemente independiente es construida inicialmente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y sostiene que cuando la prueba cuestionada se ha obtenido de dos fuentes, de las cuales una está viciada y la otra no, no se aplicará la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

Por su parte, la excepción del descubrimiento inevitable (inevitable discovery exceptión) es también creación de la jurisprudencia norteamericana, y fue asumida por primera vez por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Nix Vs. Wiliams. Esta excepción, a la que se denomina a veces la doctrina de la fuente independiente hipotética (hipothetical independent source doctrine), se basa en argumentar que las pruebas resultantes de la lesión del derecho (por ejemplo, la información contenga en la cinta magnetofónica que se ha obtenido lesionando el derecho a la privacidad de las comunicaciones), que sólo por ese deberían ser excluidas del proceso, pueden ser incorporadas al mismo porque aunque se hubieran descubierto a través de la violación del derecho se habrían descubierto inevitablemente por otras vías licitas. Normalmente lo que se sostiene (y en eso consisten esas ?otras vías) es que la policía tenía en marcha una investigación paralela que habría conducido indefectiblemente al descubrimiento de esos hechos)”3.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone incorporar las tres excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, bajo la consideración de otorgar mayor certeza jurídica para todas las partes del proceso penal en cuanto a la admisión de las pruebas y su posterior desahogo en la etapa del juicio oral, al tenor de lo siguiente:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Iniciativa

Artículo 264. Nulidad de la prueba

Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.

(No hay correlativo)

 

 

 

 

 

 

 

 


Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.

Artículo 264. Nulidad de la prueba

Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.

No se considerará violatoria de derechos fundamentales, aquel dato o prueba que cubra cualquiera de los siguientes requisitos:
I. Provengan de una fuente independiente, es decir, cuando su naturaleza sea autónoma de la prueba considerada como ilícita y se puede llegar a ella por medios legales sin que exista conexión entre éstas;

II. Exista un vínculo atenuado, o

III. Su descubrimiento sea inevitable, en virtud de que aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios probatorios a los que le dieron origen.

Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PEANLES EN MATERIA DE NULIDAD DE LA PRUEBA.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 264. Nulidad de la prueba.

Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.

 No se considerará violatoria de derechos fundamentales, aquel dato o prueba que cubra cualquiera de los siguientes requisitos:

I. Provengan de una fuente independiente, es decir, cuando su naturaleza sea autónoma de la prueba considerada como ilícita y se puede llegar a ella por medios legales sin que exista conexión entre éstas;

II. Exista un vínculo atenuado, o

III. Su descubrimiento sea inevitable, en virtud de que aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios probatorios a los que le dieron origen.

Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Cfr. Disponible para consulta en:
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lecturas/Ensayo
%20LA%20PRUEBA%20EN%20EL%20SISTEMA%20ACUSATORIO%20%
28Mag.%20Aguilar%29%20Modulo%20VII.pdf

2 En los siguientes apartados, se reproducen los aspectos relevantes del estudio dogmático sobre la prueba en el proceso acusatorio y oral en México de Aguilar López, Miguel Ángel, “LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO EN MÉXICO  (PRUEBA ILÍCITA; EFICACIA Y VALORACIÓN)”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en:
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lecturas/Ensayo%
20LA%20PRUEBA%20EN%20EL%20SISTEMA%20ACUSATORIO%20(Mag.%
20Aguilar)%20Modulo%20VII.pdf

3 Ibidem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El principio de legalidad es uno de los principales pilares del Estado Constitucional de Derecho. De acuerdo a la doctrina, el principio de legalidad es:

“Principio que rige todas las actuaciones de las Administraciones públicas sometiéndolas a la ley y al Derecho. Tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la Administración puede hacer sólo lo que esté permitido por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquélla puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. El principio de legalidad se constituye como pieza fundamental del Derecho administrativo sancionados reservando a la ley la tipificación de las infracciones y sanciones que correspondan”1.

En materia electoral, el principio de legalidad adquiere una relevancia aún mayor en razón de regular lo relativo a la organización del acceso de los ciudadanos al poder público a través de elecciones libres y democráticas.

Una de las características esenciales del principio de legalidad lo es la certeza jurídica que deben contener todos los actos de autoridad. En el sistema jurídico mexicano, el principio de legalidad se encuentra contenido en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:

Artículo 14. (…)

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

(…)

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(…)

Ahora bien, en materia electoral, se debe dilucidar si conforme al artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es necesario que los Reglamentos de Fiscalización y Quejas que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deban ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que adquieran validez legal.

La respuesta parecería ser sencilla, en el sentido de que cualquier acto de autoridad y, con mayoría de razón, las normas jurídicas deban respetar el principio de publicidad como vertiente del principio de legalidad, para que adquieran plena validez legal.

No obstante lo anterior, a efecto de puntualizar este tema, es importante destacar que dicho criterio ha sido confirmado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de jurisprudencia 152/2015 (10a.), en los siguientes términos:

SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO SON LA BASE PARA FINCARLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES, EL CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO NO PUEDE DERIVAR DE ALGÚN OTRO MEDIO LEGAL, SINO DE SU PUBLICACIÓN EN EL ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL CORRESPONDIENTE.

Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 249/2007 (*), dichos manuales deben publicarse en un órgano de difusión oficial, llámese Diario Oficial de la Federación, gaceta gubernamental o periódico oficial local, según sea el caso, pues al tratarse de normas de carácter general, sólo así los servidores públicos a quienes les resulten de observancia obligatoria tendrán conocimiento de su contenido y sabrán con certeza las sanciones que se les impondrán y las responsabilidades que se les fincarán, en caso de que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones o en irregularidades en el desempeño de sus funciones. Por tanto, no puede admitirse que el conocimiento pleno de la existencia y contenido de los manuales derive de algún otro medio legal aunque éste sea fehaciente, ya que dejar tal conocimiento a la valoración de pruebas no abona a la seguridad jurídica, en tanto que si aquéllos son la base para afectar la esfera de derechos de los servidores públicos al fincarles responsabilidades y sancionarlos, la certeza del conocimiento pleno en los términos referidos sólo puede derivar de su publicación en un órgano de difusión oficial.

Por lo tanto, con el objeto de especificar con total claridad el criterio que debe adoptar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para darle validez legal a los Reglamentos de Quejas y fiscalización que emitan, es preciso incluir en el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que la publicación en el Diario Oficial de la Federación es un requisito indispensable para darle validez legal a los citados Reglamentos.

Para mayor claridad, se anexa cuadro comparativo en los siguientes términos:

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Iniciativa

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto;

b) Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;

c) Designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente;

d) Designar en caso de ausencia del Secretario Ejecutivo del Consejo General, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como Secretario del Consejo General en la sesión;

e) Designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto, a propuesta que presente el Consejero Presidente. En el caso de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas previstas en esta Ley, el nombramiento de sus titulares deberá realizarse por mayoría de cuando menos ocho votos.

f) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;

g) Designar y remover, en su caso, a los presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley;

h) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del propio Consejo General, a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales;

i) Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos, en los términos de la Ley General de Partidos Políticos;

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

k) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General;

l) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos;

m) Resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas nacionales, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

n) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás leyes aplicables;

ñ) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de la Junta General Ejecutiva; los modelos de las credenciales para votar con fotografía que se expidan en el territorio nacional, así como en el extranjero; el de las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral;

o) Conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización;

p) Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados;

q) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos nacionales y candidatos en los términos de esta Ley;

r) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto;

s) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente;

t) Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputados por el principio de mayoría relativa;

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;

v) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el              principio de representación proporcional, respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos;

w)  Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir el titular del Órgano Interno de Control;

x) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal;

y) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley de la materia;

z) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del Consejo General y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en esta Ley;

bb) Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva;

cc) Nombrar de entre los Consejeros Electorales del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al Consejero Presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes;

dd) Resolver, por mayoría calificada, sobre la creación de unidades técnicas y comisiones, en los términos de esta Ley;

ee) Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procesos electorales locales, conforme a las normas contenidas en esta Ley;

ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante acuerdo las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la solicitud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en el registro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los partidos políticos locales, la organización corresponderá a los Organismos Públicos Locales;

gg) Aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución;

hh) Aprobar la geografía electoral federal y de las entidades federativas, de conformidad con los resultados del censo nacional de población;

ii) Emitir los reglamentos de quejas y de fiscalización, y

jj) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable.
2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá acordar las bases y criterios en que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas.

3. De igual manera, para los efectos de la organización de procesos electorales locales se estará a lo señalado en la facultad de asunción, atracción y delegación del Instituto de acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto;

b) Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;

c) Designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente;

d) Designar en caso de ausencia del Secretario Ejecutivo del Consejo General, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como Secretario del Consejo General en la sesión;

e) Designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto, a propuesta que presente el Consejero Presidente. En el caso de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas previstas en esta Ley, el nombramiento de sus titulares deberá realizarse por mayoría de cuando menos ocho votos.

f) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;

g) Designar y remover, en su caso, a los presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley;

h) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del propio Consejo General, a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales;

i) Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos, en los términos de la Ley General de Partidos Políticos;

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

k) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General;

l) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos;

m) Resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas nacionales, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

n) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás leyes aplicables;

ñ) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de la Junta General Ejecutiva; los modelos de las credenciales para votar con fotografía que se expidan en el territorio nacional, así como en el extranjero; el de las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral;

o) Conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización;

p) Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados;

q) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos nacionales y candidatos en los términos de esta Ley;

r) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto;

s) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente;

t) Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputados por el principio de mayoría relativa;

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;

v) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el              principio de representación proporcional, respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos;

w) Conocer los informes, trimestrales y  anual, que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir el titular del Órgano Interno de Control;

x) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal;

y) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley de la materia;

z) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del Consejo General y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en esta Ley;

bb) Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva;

cc) Nombrar de entre los Consejeros Electorales del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al Consejero Presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes;

dd) Resolver, por mayoría calificada, sobre la creación de unidades técnicas y comisiones, en los términos de esta Ley;

ee) Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procesos electorales locales, conforme a las normas contenidas en esta Ley;

ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante acuerdo las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la solicitud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en el registro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los partidos políticos locales, la organización corresponderá a los Organismos Públicos Locales;

gg) Aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución;

hh) Aprobar la geografía electoral federal y de las entidades federativas, de conformidad con los resultados del censo nacional de población;

ii) Emitir los reglamentos de quejas y de fiscalización, y

jj) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable.
2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá acordar las bases y criterios en que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas.

3. De igual manera, para los efectos de la organización de procesos electorales locales se estará a lo señalado en la facultad de asunción, atracción y delegación del Instituto de acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

4. Los reglamentos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación         para su validez legal en los procesos de fiscalización y quejas correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los siguientes términos:

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto;

b) Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;

c) Designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente;

d) Designar en caso de ausencia del Secretario Ejecutivo del Consejo General, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como Secretario del Consejo General en la sesión;

e) Designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto, a propuesta que presente el Consejero Presidente. En el caso de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas previstas en esta Ley, el nombramiento de sus titulares deberá realizarse por mayoría de cuando menos ocho votos.

f) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;

g) Designar y remover, en su caso, a los presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley;

h) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del propio Consejo General, a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales;

i) Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos nacionales, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos, en los términos de la Ley General de Partidos Políticos;

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

k) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General;

l) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos;

m) Resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales y a las agrupaciones políticas nacionales, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

n) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás leyes aplicables;

ñ) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de la Junta General Ejecutiva; los modelos de las credenciales para votar con fotografía que se expidan en el territorio nacional, así como en el extranjero; el de las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral;

o) Conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización;

p) Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados;

q) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos nacionales y candidatos en los términos de esta Ley;

r) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto;

s) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el principio de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente;

t) Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputados por el principio de mayoría relativa;

u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual;

v) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el principio de representación proporcional, respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos;

w)  Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir el titular del Órgano Interno de Control;

x) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal;

y) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley de la materia;

z) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del Consejo General y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en esta Ley;

bb) Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva;

cc) Nombrar de entre los Consejeros Electorales del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al Consejero Presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes;

dd) Resolver, por mayoría calificada, sobre la creación de unidades técnicas y comisiones, en los términos de esta Ley;

ee) Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de procesos electorales locales, conforme a las normas contenidas en esta Ley;

ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante acuerdo las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la solicitud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en el registro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los partidos políticos locales, la organización corresponderá a los Organismos Públicos Locales;

gg) Aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución;

hh) Aprobar la geografía electoral federal y de las entidades federativas, de conformidad con los resultados del censo nacional de población;

ii) Emitir los reglamentos de quejas y de fiscalización, y

jj) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable.

2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá acordar las bases y criterios en que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas.

3. De igual manera, para los efectos de la organización de procesos electorales locales se estará a lo señalado en la facultad de asunción, atracción y delegación del Instituto de acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

4. Los reglamentos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para su validez legal en los procesos de fiscalización y quejas correspondientes.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Cfr. Consulta disponible en:
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-legalidad/principio-de-legalidad.htm





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE DOCUMENTALES EN PODER DE LA AUTORIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro sistema jurídico, la carga de la prueba en materia contenciosa administrativa recae en el particular afectado por el acto de autoridad que se pretenda impugnar. Ello se consigna en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que estable los requisitos quede debe satisface la demanda en materia administrativa, al tenor del siguiente texto:

ARTÍCULO 15.- El demandante deberá adjuntar a su demanda:

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

III. El documento en que conste la resolución impugnada.

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.

VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.

IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

En este tenor de ideas, es de explorado derecho afirmar que en materia contenciosa administrativa la maquinaria procesal jurisdiccional es activada por el demandante, también lo es que éste lo hace derivado de un acto de autoridad o resolución que restringe su esfera jurídica en algún grado.

Por tal motivo, si bien es cierto que la exigencia de las documentales a que hace referencia la fracción IX del artículo 15 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, le corresponde al particular demandante, también lo es que en muchas ocasiones la autoridad demanda o cualquier otra involucrada en la materia de la demanda, es omisa en hacer entrega a los particulares de los documentos en los que funde su acción procesal administrativa.

En este sentido, ante dicha omisión imputable de manera exclusiva a la autoridad administrativa es dable realizar una modificación al señalado artículo 15 en el sentido de señalar que:

“En caso de que el demandante acredite haber solicitado las copias correspondientes y no hayan sido entregadas por la autoridad competente, el Magistrado instructor ordenará a ésta su entrega inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, para integrar el expediente correspondiente”

Dicho criterio consiste en revertir la carga procesal del particular hacia la autoridad en caso de que ésta sea omisa en la entrega de las documentales previamente requeridas, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, como lo es la Tesis: 2a./J. 39/2017 (10a.) dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente sentido:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE REQUERIRSE A LA AUTORIDAD DEMANDADA LA EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA Y DE SU NOTIFICACIÓN, CUANDO OMITA ANEXARLAS A SU CONTESTACIÓN.

El artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que si el actor manifiesta desconocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad demandada debe acompañar a su contestación constancia de la misma y de su notificación; sin embargo, nada dice respecto de los restantes documentos que deben anexarse en términos del artículo 21 del ordenamiento legal citado como son, entre otros, las copias de la contestación de la demanda y de los documentos anexos para correr traslado al actor y al tercero. En ese sentido, cuando la autoridad demandada cumpla oportunamente con su deber de contestar la demanda acompañando constancia de la resolución administrativa impugnada y de su notificación, pero omita anexar las copias de traslado respectivas, debe atenderse a los artículos 15, penúltimo párrafo y 21, penúltimo párrafo, de la ley indicada y requerírsele para que las exhiba dentro del plazo legal respectivo, habida cuenta que ello no implica que se le conceda una segunda oportunidad para producir su defensa ni significa reavivar un acto que resultaría inexistente si operara la preclusión probatoria por no acompañar a su contestación la constancia de la resolución impugnada y de su notificación, que es lo que se pretende evitar con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 117/2011 (*), en el sentido de que no es dable requerir a la autoridad a efecto de que exhiba las referidas documentales cuando omita anexarlas a la contestación de la demanda.

En consecuencia, la presente iniciativa incorporando dicho criterio a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo propone realizar una reforma al artículo 15 de la referida Ley con la finalidad de invertir la carga procesal de entregar las copias de las pruebas documentales que ofrezca el particular para fundar su demanda, en caso de que éstas hayan sido previamente solicitadas y la autoridad competente haya sido omisa en realizar la entrega, para ello asignándole la facultad al Magistrado instructor del asunto para ordenar su entrega inmediata con el objeto de integrarlas en el expediente correspondiente.

Para mayor claridad, se anexa cuadro comparativo correspondiente:

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Iniciativa

ARTÍCULO 15.- El demandante deberá adjuntar a su demanda:

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

III. El documento en que conste la resolución impugnada.

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.

VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.

IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.

 

 

 

 

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

ARTÍCULO 15.- El demandante deberá adjuntar a su demanda:

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

III. El documento en que conste la resolución impugnada.

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.

VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.

IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En caso de que el demandante acredite haber solicitado las copias correspondientes y no hayan sido entregadas por la autoridad competente, el Magistrado instructor ordenará a ésta su entrega inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, para integrar el expediente correspondiente.

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecida.

Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE DOCUMENTALES EN PODER DE LA AUTORIDAD.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 15.- El demandante deberá adjuntar a su demanda:

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

III. El documento en que conste la resolución impugnada.

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.

VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.

IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En caso de que el demandante acredite haber solicitado las copias correspondientes y no hayan sido entregadas por la autoridad competente, el Magistrado instructor ordenará a ésta su entrega inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, para integrar el expediente correspondiente.

Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecida.

Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123 EN SU APARTADO A, FRACCIÓN VII Y APARTADO B FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN SALARIAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los principales retos de la sociedad contemporánea es el combate a la discriminación por motivos de género, que enfatiza su propuesta en reconocer que las diferencias entre mujeres y hombres no deben constituir un arquetipo para la construcción de las relaciones sociales, es decir el hecho de pertenecer a alguno de los dos grupos sociales determinados por el género, no determine las oportunidades o roles que cada persona desee desempeñar en la sociedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º señala como un principio activo la “igualdad jurídica” entre hombres y mujeres, de acuerdo al siguiente texto:

Articulo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá? la organización y el desarrollo de la familia.1

Esta sentencia tiene un impacto inmediato en la misma Constitución, en el texto que motiva a la Iniciativa, en el cual se lee:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad.2

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;

El espíritu de la Iniciativa es reformar los anteriores párrafos sustituyendo el término sexo por género de acuerdo a lo siguiente:

El término adecuado para referirse a las diferencias sociales, como la laboral, construidas a partir de la diversidad sexual, es género, no sexo, como se demostrará más adelante en la Exposición de Motivos, el cual también abarca otros tipos de identidad social, tales como las personas con orientación distinta a la heterosexual, que son un grupo altamente vulnerables y discriminado en cuanto a sus derechos laborales.

De acuerdo a una de las principales investigadoras en el tema de género la antropóloga Martha Lamas Encabo, señala que el género es la construcción social de una identidad masculina o femenina que, si bien considera un factor preponderante la diferencia sexual de carácter estrictamente biológico, el género se construye a través de procesos sociales, tales como los roles, (la división del trabajo, por ejemplo), así como de una construcción individual sobre la identidad misma.

El género es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características "femeninas" y "masculinas" a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo.

Así, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es "propio" de cada sexo. (Lamas, 2002)

En otras palabras, el sexo es una taxonomía derivada de las diferencias en los genitales, mientras que el género, es una construcción cultural donde inciden factores sociales e individuales para la construcción de una identidad asociada a lo masculino o lo femenino, no necesariamente relacionada con la sexualidad biológica, sino con los roles e identidades que la persona desee asumir.

La diferenciación sexual ha mantenido una construcción arquetípica de la sociedad basada en la división de las tareas y roles sociales determinados por la diversidad biológica, esto ha mantenido en la exclusión a las mujeres de forma sistemática, quienes han sido discriminadas en función de su cuerpo, sobre el cual los hombres han determinado el papel o las actividades públicas o privadas que pueden llevar a cabo.

Incluso bajo la premisa de que la función biológica de las mujeres es la reproducción, han asociado a las mujeres la responsabilidad única del cuidado de los hijos y las labores domésticas.

Por ende, la necesidad del Constituyente de 1917, de clarificar que a igual trabajo debería corresponder igual salario, sin menoscabo del sexo o la nacionalidad, es recordar puntualmente que en 1917 aún persistía un modelo androcentrista, el cual no fue combatido por el feminismo hasta entrado el siglo pasado.

El positivismo como ideología oficial del Porfiriato, permeó en el espíritu constituyente de 1917 y aunque el socialismo tuvo algunos matices de participación principalmente en la figura de Francisco J. Múgica, la ausencia de una sola constituyente femenina, quizá del calibre de Elvia Carrillo Puerto, pudo haber definido una mayor prevalencia del género.

Ahora bien, es notable que la Constitución refleje una acción que previene la discriminación laboral, sin embargo, es fundamental que el término adecuado “género”, sea utilizado con la finalidad de actualizarla y brindar una mayor certeza para su entendimiento y apropiación.

Pues es claro que el sexo o la diferencia sexual, es un término en el sentido biológico mientras que género, expresa una construcción social que agrupa a aquellas personas que no tienen una orientación heterosexual y que construyen su identidad sin las restricciones que la sociedad impone en función del cuerpo.

Ahora bien, la discriminación salarial es un tema recurrente en el empoderamiento de las mujeres, construyéndose algunas hipótesis como la siguiente:

La teoría de discriminación en el mercado de trabajo de Becker (1971) considera a la discriminación como un prejuicio personal que implica no asociarse con miembros de un grupo particular. En el caso del género, la discriminación afecta a la contratación de mujeres para trabajos que no se ajustan a la distribución de papeles entre sexos en una sociedad.

Dado que en condiciones iguales los empresarios prefieren contratar a hombres (la contratación de mujeres llevaría aparejado un costo no económico derivado de su inaceptabilidad social), en situaciones de amplia discriminación las mujeres deben aceptar salarios más bajos que los varones para tener acceso a trabajos idénticos.

Becker muestra cómo el dinero o el ingreso es una medida clara de la discriminación. Si un individuo tiene preferencia por discriminar tendremos que suponer que actuará como si estuviese dispuesto a pagar algo, ya sea de manera directa o mediante la reducción de su ingreso, para asociarse económicamente con ciertas personas en lugar de hacerlo con otras.

Según este autor, se puede sostener que hombres y mujeres de la misma edad y de la misma escolaridad pueden obtener el mismo ingreso siempre y cuando no exista la discriminación.

En esta perspectiva, se distingue entre el cálculo racional económico, el prejuicio y los estigmas sociales, siendo los dos últimos fenómenos sociales de la discriminación. Por ello, la discriminación no se puede eliminar mediante la disponibilidad de la información y de la educación.

En este contexto, los salarios de las personas pueden diferir entre trabajadores con iguales habilidades en el mismo trabajo simplemente por su raza, género, nacionalidad de origen, orientación sexual y otras características que no corresponden a capacidades de las personas relacionadas de manera directa con el trabajo que realizan. Por lo general, estas diferencias son atribuidas a discriminación en el mercado de trabajo. (Mendoza & Garcia, 2009)

El mismo estudio revela una serie de datos comparativos que permiten ejemplificar la brecha salarial entre mujeres y hombres, la cual debe generar un consenso en la sociedad para erradicarla, ya que se constituye como una de las formas más importantes de discriminación en contra de las mujeres y otros grupos sociales.

Al analizar los ingresos de hombres y mujeres en el ámbito nacional se encontró que el salario promedio mensual de las mujeres representa 74% del que reciben los hombres.

En cada una de las regiones se observa la misma relación entre los salarios de mujeres y hombres, pero en la región norte es donde las personas percibieron un salario mayor y la región sur es donde percibieron los menores salarios, recibiendo las mujeres en el norte 80% del salario de los hombres y en el sur 72%. Al tomar en cuenta la variable profesión, en el país las personas que cuentan con este nivel de preparación reciben el mayor salario promedio tanto mensual como por hora.

Sin embargo, las mujeres siguen en desventaja, las profesionistas obtienen 75% del salario promedio mensual que perciben los hombres en dicha categoría y en lo que respecta a las personas que no cuentan con estudios profesionales, las mujeres reciben 73% del salario mensual promedio que ganan los hombres.

En el análisis por regiones se encuentra una situación muy similar. El estado civil es otro de los factores que influyen en la determinación de los ingresos. De los individuos analizados, se observó que las personas casadas perciben un salario mayor que el que reciben las solteros, hay más hombres casados que mujeres, pero éstas reciben 75% del salario promedio mensual que el de los hombres. Y de la categoría de solteros, las mujeres perciben 76% del salario promedio mensual del que obtiene los hombres.

Por último, se observa que al considerar el promedio de horas de trabajo doméstico y extradoméstico para las personas que reciben sueldo por salarios, las mujeres trabajan en promedio 13.25 horas más a la semana que los hombres.

Por lo que se corrobora que las mujeres continúan siendo las principales responsables de su familia, con un aumento del porcentaje de mujeres jefas del hogar, lo que les hace experimentar el conflicto trabajo-familia de forma especial. (Mendoza & Garcia, 2009)

La Iniciativa supone mucho más que un cambio de término, inicia un proceso legislativo encaminado a resolver a través de la igualdad sustantiva, uno de los grandes retos de nuestro tiempo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Además, es consistente con el término que la Constitución ha venido utilizando en sus recientes reformas la principal, en el texto del Artículo 1º, que a la letra dice:

Artículo 1º:[…] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.2

De esta forma el contenido de la Constitución se armoniza con los postulados de la reforma en materia de derechos humanos, situando una mejor comprensión y aceptación del término para efectos de la discriminación salarial.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Iniciativa

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta género ni nacionalidad.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el género;

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. - Se reforman las fracciones VII del Apartado A y V del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta género ni nacionalidad.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:



V.

A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el género;

TRANSITORIO:

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

Bibliografía
Lamas, M. (2002). Cuerpo: diferencia sexual y género. México: Taurus.
Mendoza, J. C., & Garcia, K. B. (2009). Discriminación salarial por género en México. Prob. Des., 40(156), 78-99.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917.

2 Ibíd.

2 Ibíd, Reformado DOF: 10-06-2011






Las proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación con relación a una presunta infiltración del crimen organizado en la estructura administrativa de la Delegación Tláhuac. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El operativo en el que resultó abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, líder del Cártel de Tláhuac, evidencio la grave problemática que existe en la Ciudad de México y que podría explicar la escalada de violencia y homicidios dolosos en la capital del país.

El Delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, lejos de presentar propuestas al Gobierno de la Cuidad de México para detener los actos violentos que se presentaron en Tláhuac luego de la muerte de Pérez Luna, permaneció en silencio, mientras la Delegación se encontraba en una profunda crisis de gobernabilidad.

Existen diversos testimonios de los vecinos de Tláhuac que señalan que era  habitual la presencia de Pérez Luna y  su hijo en las fiestas patronales de la demarcación, los cuales se encontraban custodiados por sus escoltas; y que autoridades delegacionales, incluido el propio jefe delegacional, convivían con ellos en dichos eventos.

Esta no  es la primera ocasión en la que Rigoberto Salgado, está relacionado con este tipo de hechos, cabe recordar que incluso fue señalado por recibir recursos de procedencia ilícita para financiar su campaña para jefe delegacional en 2015.

Existen señalamientos que consideran que el restaurante “La Carreta del Pacifico”  así como sus nuevas sucursales (presuntamente propiedad del delgado), son utilizados como una fachada para “blanquear el dinero” del Cártel de Tláhuac.

Además, de su presunta relación con el crimen organizado, Rigoberto Salgado ha sido señalado por el manejo irregular de los recursos de la Delegación1 y por otorgar millonarios contratos a personas que financiaron su campaña en el año 2015.2

Diversos medios de comunicación dieron a conocer que en la Delegación Tláhuac laboran familiares y personas pertenecientes a la estructura criminal de “El ojos”, la cual se señala a continuación:

• Griselda Cortés Gutiérrez  ocupó dos plazas durante once meses en el Centro de Servicio de Atención Ciudadana; mientras Arisele Cortés Gutiérrez se desempeña como subjefe de la oficina del Centro de Servicios y Atención Ciudadana. Ellas son hermanas de Nancy Cortés, presunta pareja sentimental de Felipe de Jesús Pérez.

• Christian Salgado Pérez, sobrino de Felipe de Jesús, trabajó hasta el 30 de junio de 2017, en la Dirección General de Desarrollo Ecológico y Rural.

• Betuel Beltrán Vázquez, es el Jefe de Unidad de la Dirección de Agua Potable  y Lucy Beltrán Vázquez, ocupa dos plazas de manera simultánea en la Delegación, una como analista y la otra como Auxiliar de Servicios Generales. Ellos son hermanos de Edgar Beltrán Vázquez, Jefe de sicarios de “El Ojos” y encargado de la seguridad de su hijo Miguel Ángel Pérez Rodríguez.3

El próximo 2 de agosto de 2017, Salgado Vázquez comparecerá ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para aclarar sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas; y en su caso, solicitará se inicien los procedimientos legislativos correspondientes para que el funcionario sea removido de su cargo.4

La Contraloría General de la Ciudad de México ha informado que mantiene dos investigaciones, la primera por la presunta relación de Rigoberto Salgado con El Ojos; la segunda, tiene que ver con presencia de familiares de Felipe de Jesús en la nómina de la Delegación.

No obstante, éstas investigaciones son de tipo administrativo, por lo cual los legisladores del PRI, consideramos apremiante que se lleven a cabo las investigaciones relacionadas con posibles conductas delictivas del Cártel de Tláhuac a través de los puestos que ocupan en la estructura delegacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación con relación a una presunta infiltración del crimen organizado en la estructura administrativa de la Delegación Tláhuac.   

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente.

1 “Exhortan a Contraloría a auditar la delegación Tláhuac”, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,  < Exhortan a Contraloría a auditar la delegación Tláhuac> Consultada el 31 de julio de 2017.

2 “Dona a Morena; recibe millones”, Reforma,  <
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1141480&md5=39c2818189f31a6230accca1fd7104a3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=e04f2523f94518f471375b6b687cda04> Consultado el 31 de julio de 2017..

3 “Gente de El Ojos labora en gobierno de Tláhuac” El Universal, Metrópoli, p. C1, 31 de julio de 2017.

4 “Pide ALDF al delegado de Tláhuac rendir informe sobre acciones de seguridad” Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Boletín No. 667, 26 de julio de 2017, < http://www.aldf.gob.mx/comsoc-pide-aldf-al-delegado-tlahuac-rendir-informe-sobre-acciones-seguridad--34438.html> Consultado el 31 de julio de 2017.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre las acciones contra el narcotráfico emprendidas en la frontera con la República de Guatemala, al tiempo que le insta a que no supongan actos de intimidación contra las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano ni la militarización de la frontera sur. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, mariana Gómez del campo gurza Y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO EMPRENDIDAS EN LA FRONTERA CON LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AL TIEMPO QUE LE INSTA A QUE NO SUPONGAN ACTOS DE INTIMIDACIÓN CONTRA LAS PERSONAS MIGRANTES QUE INGRESAN A TERRITORIO MEXICANO NI LA MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA SUR, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

México tiene una frontera sur con más de mil 200 kilómetros; con Guatemala colindan los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, y con Belice colindando con Quintana Roo. En la frontera con Guatemala, existen únicamente ocho puntos para el cruce formal donde las autoridades mantienen control del intercambio bilateral.

En mayo del año en curso, el Gobierno de Guatemala declaró “estado de sitio” en Ixchiguán y Tajumulco, dos municipios en el departamento de San Marcos, frontera con México, y envió militares para combatir grupos del narcotráfico que se han fortalecido en la zona que es territorio de disputas entre cárteles.

En ese sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ha incrementado los patrullajes en la frontera con Guatemala ante la presencia de cultivos de amapola y marihuana en territorio vecino, en coordinación con las autoridades guatemaltecas a fin de realizar dos operativos conjuntos al mes en la región de la sierra.

Según el vocero de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula, en los operativos se han decomisado mil 218 kg de cocaína, 403 kg y se han destruido nueve plantíos de marihuana; además, se han detenido a 22 personas, decomisado un autobús, siete armas, una granada, dos cargadores y 16 cartuchos.

Destaca la participación coordinada de elementos de la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Administración Tributaria, así como de corporaciones de seguridad estatal y municipal.

Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se alarmó ante la “militarización creciente” de la frontera sur de México en el marco del endurecimiento de la política migratoria mexicana para impedir el tránsito de indocumentados centroamericanos por el país.

Por su parte, organizaciones defensoras de migrantes y activistas por los derechos humanos detectaron que desde principios de este año comenzó a concretarse un plan para militarizar la frontera sur y aunque el objetivo oficial es combatir al crimen organizado, los activistas denuncian que más bien se buscará contener los flujos migratorios hacia el norte.

Preocupa la postura de Donald Trump, pues ha afirmado su disposición de enviar a sus marinos a su vecino del sur, justo por la “incapacidad” de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir al crimen organizado. En ese sentido, la posible instalación de una base militar de Estados Unidos, ha movilizado a cientos de organizaciones civiles y activistas de México y Guatemala.

CONSIDERACIONES

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe detallado sobre las acciones contra el narcotráfico emprendidas en la frontera con la República de Guatemala en las que participan elementos de la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y el Servicio de Administración Tributaria.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que las acciones implementadas en materia de combate al narcotráfico no supongan actos de intimidación contra las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano ni la militarización de la frontera sur.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a instrumentar un programa para la orientación de recursos y la conversión de estancias infantiles en desuso en residencias de día para adultos mayores. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que la legislación secundaria en materia de justicia laboral cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que le dieron origen. Se turna a la Tercera Comisión.

VIDAL LLERENAS MORALES Y MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, Diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las demandas más sentidas de los trabajadores en las últimas tres décadas, ha sido el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos.

La estructura y proceso dentro de la justicia laboral mexicana, se ha mantenido intacta desde su fundación a fines de 1920; en consecuencia, el ritmo de modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades de la sociedad.

En un contexto de cambios en el modelo de crecimiento y en el mercado del trabajo, el rezago en la actualización de la ley respectiva tuvo como consecuencia una expansión indiscriminada de la simulación y la corrupción en los sindicatos, para sostener un modelo de relaciones laborales que hizo posible combinar salarios indignos, trabajos precarios y múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores.

Desde mediados de los años noventa era evidente que la reforma del sistema de justicia laboral y la creación de un órgano autónomo para hacerse cargo del registro de los sindicatos y los contratos colectivos era una necesidad imperiosa. Sin embargo la reforma laboral del 2012 no tocó estos temas, a pesar de ser una demanda de hacía más de 20 años.

La inconformidad social que pone en tela de juicio el corporativismo y sus vicios, junto con las exigencias internacionales que demandan el compromiso del país con la democracia y el estado de derecho, presionaron al gobierno para que se elaboraran estudios al respecto, realizados por el CIDE, que dieron como resultado la necesidad de actualizar el sistema de impartición de justicia incluyendo la valoración del actuar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Es así como el Titular del Ejecutivo elabora una iniciativa de reforma constitucional que el 28 de abril de 2016 fue enviada a la Cámara de Senadores,  con el objeto de consolidar la autonomía y eficiencia en la impartición de justicia. Se trata de atender un reclamo social de primer orden, frente a la innegable necesidad de modernización del sistema vigente.

Esta reforma propone tres premisas fundamentales:

1.- Impartición de la justicia laboral por órganos del Poder Judicial Federal o Local según corresponda.

2.- Replantear la función conciliatoria y centra este cometido en los Centros de Conciliación donde se propone una sola etapa procesal en una sola audiencia obligatoria, de manera que resulte eficaz para las partes. 

3.- Revisar el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales para fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, por lo que se propone crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.

La iniciativa de reforma constitucional, fue aprobada en las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión y la minuta se turnó a las legislaturas estatales el 4 de noviembre del 2016, siendo avalada por veinte estados, por lo que fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017.

Lo que sigue es elaborar las leyes reglamentarias secundarias de esta reforma constitucional,  por lo cual el gobierno federal deberá consultar, analizar y discutir con todas las partes involucradas, llámense trabajadores, empleadores, sindicatos, catedráticos, investigadores y expertos laborales, para obtener un proyecto de reforma a las leyes del trabajo consensado con todos los actores y transparentado y así cumplir con los objetivos que se enuncian para esta reforma procesal laboral.  

Sin embargo, se ha dado a conocer un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el apoyo del sector empresarial y que va en contra de todos los buenos propósitos que supondría vendrían con la reforma constitucional, en materia de justicia laboral.

Con esta propuesta se vuelve a revivir la discusión, supuestamente ya salvada, de reformas que se trataron de imponer cuando se analizó la iniciativa de Felipe Calderón.

Dentro de los temas que se replantean en el proyecto citado del Ejecutivo está:

Promoción de nueva cuenta de contratos colectivos de protección patronal, al hacer una reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no.

Se impide a los trabajadores cambiar de sindicato impuesto por la empresa, por todos los obstáculos que les están imponiendo en la práctica, e incluso se les impone un doble recuento.

Se impide la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en este país,  y en donde los trabajadores sufren más violaciones a sus derechos laborales al incluir condiciones que no se pueden cumplir para depositar un contrato colectivo.

De nuevo se protege a las empresas de subcontratación u outsourcing, cuando se señala que deben de considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en el caso de que las personas morales no tengan empleados, cuando esto no debe de existir.

Repetidamente vuelven a la propuesta de impedir que los sindicatos gremiales puedan actuar en su profesión.

De nueva cuenta los trabajadores y la ciudadanía en general ha sido excluida de esta propuesta.

Conforme a los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de establecerse nuevas políticas que afecten a la clase trabajadora, se debe de consultar a los actores o destinatarios afectados, máxime cuando esta reforma es esencial para el futuro del mundo laboral colectivo.

Por lo mismo, es necesario que este proyecto sea transparentado y se conozca  públicamente; que se analice y discuta por todos los actores involucrados para elaborar un proyecto de reforma equitativo y justo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución, con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia para que la Legislación Secundaria en materia de Justicia Laboral, derivada de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero del 2017, cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que le dieron origen.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a que en el proceso de Reforma a la Legislación Secundaria derivada de la reforma a la Constitución Política en materia de Justicia Laboral, se realicen las consultas necesarias con los trabajadores, empleadores, sindicatos, gobierno federal y expertos laborales con el objeto de preservar los principios originales que la inspiraron.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Vidal Llerenas Morales.- Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez.






De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, así como a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar urgentemente la restauración y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando” ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, la diputada federal ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS integrante de la  LXIII Legislatura, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta H. Asamblea proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, se localiza el templo de San Fernando el cual  tiene sus orígenes  a mediados del Siglo XVIII; según las crónicas que se tienen esta  construcción fue fundada por la orden franciscana,  una de las más importantes  y poderosas congregaciones religiosas establecidas en la Nueva España encargada de  la conquista espiritual de los nuevos territorios adjudicados por la corona española.

 La narración histórica señala  que hacia 1730 los misioneros del Colegio de Propaganda Fide de Querétaro decidieron fundar un colegio en la Ciudad de México. En enero de 1731 el Virrey Marqués de Casa fuerte autorizó la fundación del colegio y los misioneros compraron con este fin unos terrenos sobre la calzada México-Tacuba que pertenecían al Sr. Agustín Oliva. En 1735 se puso la primera piedra de la iglesia, la cual fue realizada en estilo Barroco y terminada hacia 1751 por los arquitectos Manuel Álvarez y José Eduardo de Herrera, con retablos del célebre maestro ensamblador José Joaquín de Sáyago.1

Cabe señalar que los colegios fundados por los franciscanos con estas características tenían la finalidad de formar misioneros con el propósito de evangelizar  la zona norte del país.

Con la aplicación de las Leyes de Reforma en diciembre de 1860 el colegio fue desalojado y dividido en tres lotes, la iglesia y la biblioteca fueron saqueadas y los retablos destruidos. A principios del siglo XX la sillería del coro fue llevada a la basílica de Guadalupe y el colegio destruido en su totalidad.2

De las características arquitectónicas que presenta el inmueble  se podemos detallar lo siguiente:

“...la fachada principal que mira al sur: es una obra de gran arte arquitectónico, en cuya composición se conjugó armoniosamente el barroco con el ultra-barroco.

El primer cuerpo es de un barroco moderado: el arco del medio punto de la portada es clásicamente impecable: pero las cuatro columnas, dos a cada lado, que la flanquean, vibran ya con la impaciencia del barroco con sus delicadas estrías que recorren las columnas de abajo arriba. Entre cada dos columnas se ven sendos nichos,…” 3

“El alto relieve, en el centro, represente a San Fernando Rey de Castilla y León triunfante sobre los paganos. Cuatro Ángeles rodean al rey: uno muestra los emblemas de la Cruz y de la Eucaristía: otro sostiene la columna de la fe, al paso que el tercero toca la trompeta de triunfo, y dos alados chiquitines Ángeles le ofrecen la corona de laurel y la palma del triunfo. San Fernando empuña con la derecha la espada y sostiene con la siniestra un mundo, símbolo de aquel en que no se habría de poner el sol.”4

“La torre se levanta airosa y ostenta un barroquismo muy expresivo: sobre dos cuerpos básicos de planta sólidamente cuadrada, iluminados por claraboyas de refinado dibujo, se levantan los dos últimos cuerpos de planta octagonal y alargados ventanales, casi góticos, como para expresar enérgicamente una cierta levedad y ligereza, cual si esos dos últimos cuerpos con su cupulino quisieran remontar el vuelo hacia lo alto. Es éste un efecto que el ultra-barroco constantemente procura producir mediante sus pilastras invertidas (estípites.) Pero en una torre no es fácil recurrir a los estípites, pero sí se puede acudir a una planta ochavada que parece retorcerse ligera sobre sus sólidas plataformas cuadradas. En cuatro nichos, alargados y estrechos, descubrimos otros tantos misioneros itinerantes con el hábito exterior parcialmente recogido y un gallardete en la siniestra mano, en son de emprender el viaje apostólico hacia los puntos cardinales intermedios. Todo esto en el cuarto cuerpo del campanario. El cupulino se aligera también mediante sus múltiples ventanillos y se eleva hasta rematar en un mundillo coronado por una cruz.”5

El templo al que hacemos referencia a lo largo del tiempo  ha enfrentado sismos, terremotos como el  sucedido en 1858 y el de 1985, las cotidianas inclemencias del  tiempo y eventos como la lucha de reforma que afecto a los monumentos de este  tipo, de igual manera no debe pasar por desapercibido el paulatino hundimiento  que tanto afecta a los inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En reciente visita  al recinto religioso se puede apreciar la urgente necesidad de ser intervenido, pues estructuralmente presenta cuarteaduras en el cañón de la nave principal, de igual manera la cúpula tiene fisuras  que se reflejan en la fractura de la cantera que le soporta; las paredes de igualmente tienen cuarteaduras.

Las columnas del edificio por el proceso del hundimiento del piso han perdido su verticalidad, orientándose hacia el exterior con el posible colapso que en un futuro cercano se ve inminente, lo anterior se refleja de igual manera en el mármol del piso que ve fracturado en su longitud. En todo ello existe  riesgo  para quienes asisten  al lugar por lo que es necesario  que las autoridades culturales, como lo son la Secretaria de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleven a cabo los estudios de ingeniería correspondientes, para verificar de manera precisa los requerimientos en cuanto a infraestructura requiere esta construcción.

Fundo mi  exhorto, en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia el cual señala: “Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto….”6

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta al titular de la Secretaria de Cultura y a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar urgentemente la restauración y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando”, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

Sede de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis.

1 Templo de San Fernando (México), en https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_San_Fernando_(M%C3%A9xico). Consultado el 15/02/17.

2 idem

3 La Iglesia de San Fernando, Fidel de Jesús Chauvet. En http://iteadjmj.com/MAIN/hsf.pdf. consultado 20/02/17

4 ídem

5 ídem

6 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loinah.htm. consultado el 20/02/17.






De la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Cultura y de Turismo a fomentar, difundir y promocionar al puerto de la ciudad de Veracruz, en remembranza de la llegada de los primero españoles a Chalchicueyecan, hoy San Juan de Ulúa y la fundación de los 500 años de la Villa Rica de la Veracruz. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en lo dispuesto en los Artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, para su resolución, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON EL FIN DE EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN; EDUCACIÓN PÚBLICA; CULTURA; Y TURISMO, A EFECTO DE QUE SE FOMENTE, DIFUNDA Y PROMOCIONE LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ, EN REMEMBRANZA DE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS ESPAÑOLES A CHALCHICUEYECAN HOY SAN JUAN DE ULÚA Y LA FUNDACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA VILLA RICA DE LA VERA CRUZ, CONSIDERADO EL PRIMER AYUNTAMIENTO DE MÉXICO, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN MASIVA DE MATERIALES AUDIOVISUALES, HISTÓRICOS Y BIOGRÁFICOS, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

Veracruz es tierra histórica que vio nacer en el año de 1518, el mestizaje que nos ha dado identidad cultural, no sólo a la Nación completa sino también al continente, como puerta de contacto entre dos mundos, por la que arribaron los primeros españoles comandados por Juan de Grijalva a costas mexicanas por primera vez, a un lugar conocido como Chalchicueyecan, el cual fue renombrado como San Juan de Ulúa.

Con los reportes de anteriores expediciones fue que el 22 de abril de 1519, Hernán Cortés desembarcó en la playa frontal a Ulúa lugar donde fundaría la Villa Rica de la Vera Cruz.

Convirtiéndolo así en el primer municipio de México, esto con la finalidad de evitar depender política y administrativamente de Diego de Velázquez, ya que de acuerdo a las leyes vigentes en esa época al crear un municipio y nombrarse Cortés junto con sus acompañantes miembros de la comuna, pasaban a depender directamente del Rey de España.

Bajo estas circunstancias se dieron los hechos que marcaron el rumbo de nuestro país, otorgándonos un nuevo esquema de organización y orden jurídico a partir de la mezcla de dos culturas totalmente diferentes, dejándonos como baluarte un enorme pasado que construyó los cimientos de nuestra identidad y cuya presencia se encuentra vigente.

Una vez conformado e instituido el primer Municipio de México, se constituyó un prolongado pero constante desarrollo gracias a la ordenanza dictada por el Rey Felipe II de España aprobada el 13 de junio de 1573, dónde dio vida formal y legal la organización política y poblacional de la nueva España.

A partir de ese momento surgen diversas transformaciones jurídicas que constituyen el fundamento normativo en el que se gesta nuestro sistema jurídico, ejemplo de ello son las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 3 de febrero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación, en las que se consigna el otorgamiento de nuevos poderes y facultades al municipio, consolidando la base de la democratización y descentralización de la organización poblacional.

En virtud de la trascendencia histórica, política y económica de este acontecimiento de enorme significado, y la cercanía de la conmemoración a 500 años de que tuviera verificativo, expongo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde la llegada de los españoles, Veracruz se convirtió en el principal puerto de entrada al golfo de México, gracias a su ubicación geográfica y las vías de distribución a los principales mercados del país.

La historia colocó a Veracruz, como punto clave dada su ubicación geográfica, su importancia política y económica, muestra de ello es que tradicionalmente producía mediante el turismo el 9% de los ingresos en el producto interno bruto, sin embargo de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México, en los últimos años se registró una clara tendencia a la baja en las preferencias turísticas, debido en gran parte a fluctuación en el precio del petróleo, la inseguridad y la depreciación del peso frente al dólar.

Como Legisladores es necesario que atendamos ésta problemática que aqueja al pueblo Veracruzano mediante acciones que permitan la reactivación económica y turística, no sólo por la importancia histórica mencionada, sino por su valor en el presente y la importancia que sin duda representará en el futuro.

En este tenor la ciudad y puerto de Veracruz es por excelencia la mezcla perfecta entre historia y turismo, por lo que debemos consolidar la preferencia de los turistas nacionales y extranjeros creando un programa integral a partir de los festejos en remembranza de la llegada de los españoles a tierras veracruzanas y rumbo a los 500 años de la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, utilizando al máximo su capacidad e infraestructura, detonar la amplia y debida difusión y promoción a través de los principales medios de comunicación y redes sociales, que permitan reactivar la economía del Estado de Veracruz.

Para dicho fin es necesario la conjunción de diferentes Secretarías del Poder Ejecutivo que, de manera coordinada, puedan implementar acciones que en primer lugar erradiquen el desconocimiento sobre tan trascendental suceso, fomentando la identidad nacional, la cultura, el conocimiento histórico y finalmente proyectando a Veracruz como el destino turístico de primera que merece ser.

Virtud de lo expuesto, presento al pleno de ésta comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno de la República para que a través de las Secretarías de Gobernación; Educación; Cultura; y Turismo, realice acciones y lleve a cabo eventos conmemorativos en el marco de tan importantes fechas, dándole el valor histórico y cultural que merece la ciudad y puerto de Veracruz al ser el primer Municipio de México y génesis del fortalecimiento municipal.

SEGUNDO. La comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorte a las Secretarías de Gobernación; Educación Pública; Cultura y Turismo; a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a efecto de que se lleven a cabo, produzcan y transmitan, a inicios del próximo año 2018, acciones y programas históricos y turísticos conmemorativos en el marco de la llegada de los primeros españoles a lo que hoy conocemos como San Juan de Ulúa y rumbo a los 500 años de la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de agosto de 2017.

Dip. María del Carmen Pinete Vargas.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional de Tláhuac de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo ante la Comisión Permanente y explicar los presuntos nexos que se le atribuyen con el Cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades y tráfico de influencias en dicha demarcación. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DELEGACIONAL DE TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO ANTE ESTA SOBERANÍA Y EXPLIQUE LOS PRESUNTOS NEXOS QUE SE LE ATRIBUYEN CON EL CÁRTEL DE TLÁHUAC ASÍ COMO LA RED DE COMPLICIDADES Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN DICHA DEMARCACIÓN conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Derivado del operativo realizado en Tláhuac, que tuvo como fin el abatimiento del líder del ahora conocido “Cartel de Tláhuac”, Felipe de Jesús Pérez Luna alías “El ojos”, se han dado a conocer diversos hechos que lo relacionan junto con actos ilícitos en toda la Ciudad de México, así como la expansión que han tenido sus actividades.

Como ya fue mencionado en el Punto de Acuerdo que en sesión pasada fue inscrito, mencionamos el aumento de violencia, desde balaceras, ejecuciones, cuerpos en bolsas, mensajes intimidatorios y “cobros de piso” en toda la delegación. Sin embargo, es hasta el abatimiento de Jesús Pérez que se han puesto en marcha operativos contundentes y continuos sobre ésta Delegación, a pesar de la evidente situación en la que se mantiene operando la delincuencia organizada.

Solo por mencionar algunos ejemplos, hasta el miércoles pasado se tenían detenidas a 15 personas derivado de los operativos en dicha demarcación, por portación de arma de fuego, delitos contra la salud, ultrajes a la autoridad, entre otros. Asimismo, se han suspendido a siete bares de la Delegación Tláhuac, que presuntamente pertenecen a Miguel Ángel Pérez, hijo de Felipe de Jesús Pérez, y presunto líder de la distribución de la Droga en Ciudad Universitaria. Dentro de los bares cerrados, de acuerdo a información del periódico “El Milenio” es el bar La Carrera del Pacifico, del cual es propietaria la sobrina del Delegado.

Tan solo con recordar, el funeral de Felipe de Jesús, al cual asistieron un número considerable de personas, se instaló un operativo donde fueron detectadas personas con armas calibre 9 y 38 milímetros, así como a cinco personas por resistencia. Posterior a ello, cuatro personas fueron detenías que viajaban en un vehículo Dodge Charger color rojo, en un retén de la Delegación, por transportar 239 mil pesos y mil 475 dolares en efectivo, de los cuales no pudieron explicar la procedencia. El jueves pasado, se realizo un operativo contra el transporte irregular e la delegacion tlahuac, lo cual dio como resultado que fueran remitidos 70 mototaxis al corralon. Por su parte, el periodico Excelsior, menciona que la organización delictiva que encabezaba Felipe de Jesus, apoyaba a dicho transporte que opera en Tláhuac, mismos que servian como “halcones” a cambio de dos mil pesos a la semana.

Este lunes, diversos medios de comunicación dieron a conocer “El Ojos” quien fuera lider de dicha organización en Tláhuac, tenia a una red de personas entre amigos y falimiares, trabajando en la administracion de la Delegacion antes mencionada. Se ha mencionado que estas personas, informaban de las acciones que se realizaban por parte de la delegacion. El diario el Universal señala que al menos se tienen identificadas a cinco personas que tienen relacion con la organización criminal, de las cuales cuatro, aún continuan laborando en la delegacion. Entre ellos se encuentra Betuel Beltrán Vázquez, quien se desempeña como jefe de unidad de Agua Potable en la delegación Tláhuac; percibiendo un salario de 22 mil pesos mensuales, dicha persona es hermano de Édgar Beltrán, a quien se le considera como el jefe de sicarios de “El Ojos”, quien tenía a su cargo la seguridad del hijo del capo. Dicho cargo le fue asignado desde el 16 de febrero de 2016, entró a la nómina de la delegación el 1 de octubre de 2015 como jefe de unidad departamental.

Asimismo, Lucy Beltrán Vázquez, hermana de Betuel y Édgar Beltrán, fue contratada por la delegación el 1 de agosto de 2013 como administrativo especializado. Por otro lado, se encuentra Cristhian Salgado Pérez, sobrino de “El Ojos” e hijo de Sara Pérez Luna, también está en la nómina desde el 1 de junio de 2016, desempeñándose como coordinador de proyectos, al que renunció el 31 de diciembre del mismo año, pero el 1 de junio del presente año volvió a ser contratado como coordinador de proyectos y el día 30 del mismo mes renunció.

Asimismo, aparecen en la nómina de la delegación los nombres de Griselda y Arisele Cortés Gutiérrez, hermanas de Nancy Cortes, quien se le señala como pareja sentimental de “el ojos”.

Ante tales hechos, no podemos ser omisos y dejar que exista más impunidad y colusión entre bandas criminales con autoridades, por ello es que solicitamos al Jefe Delegacional de Tláhuac, que asista a comparecer ante esta Soberanía y explique dichos nexos que se le atribuyen con la organización criminal que opera en Tláhuac. 

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que el artículo 108 constitucional establece las responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones, ya sean servidores de la Administración Pública Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.

III.- Que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 8 señala que todo servidor público debe cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de su cargo.

IV.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 39, fracción LXXVI le corresponde al titular de las Demarcaciones territoriales Coordinar acciones de participación ciudadana en materia de prevención del delito

V.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 39, fracción LXXIX, le corresponde al titular de las Demarcaciones territoriales Designar a los servidores públicos de la Delegación, sujetándose a las disposiciones del Servicio Civil de Carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por el Jefe de (sic) Delegacional.

VI.- Que conforme a la Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y de los titulares de los Órganos Político Administrativos de la Ciudad de México, en su artículo 1, menciona que la dicha ley tiene por objeto regular el procedimiento para ejercer la facultad de remoción de los titulares de los Órganos Político Administrativos, entre otros. Asimismo, el artículo 3 menciona que la Comisión Jurisdiccional sesionara en los casos que los Jefes Delegacionales incurran en alguna de las causales previstas en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe Delegacional de Tláhuac de la Ciudad de México para que asista a una reunión de trabajo ante esta Soberanía y explique los presuntos nexos que se le atribuyen con el Cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades y tráfico de influencias en dicha demarcación. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación a los mecanismos para la inspección y verificación de las importaciones de huevo, sus productos y derivados, de acuerdo con la NOM-159-SSA1-1996. Se turna a la Tercera Comisión. 








De las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el feminicidio de la joven Mariana Joselin Baltierra, cometido en el fraccionamiento “Las Américas”, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Se turna a la Segunda Comisión.

Los abajo firmantes Diputadas y Diputados Federales del grupo parlamentario de MORENA de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

La situación que viven las mujeres en el Estado de México es verdaderamente alarmante, principalmente en el municipio más poblado: Ecatepec. La tasa de feminicidios se disparó en un 140 por ciento en tan sólo nueve años1 . Esta grave problemática no es nueva, ni tampoco apareció de manera repentina durante el mandato del actual gobernador priista, Eruviel Ávila Villegas, ya que según el periódico inglés –The Guardian-, entre el año 2005 y 2011 fueron asesinadas más de 1,150 mujeres en el Estado de México, durante  el mandato del actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto, anteriormente gobernador de la entidad.

Según cifras oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 110 mujeres fueron asesinadas en el municipio de Ecatepec durante el año de 2013 y 2014, o sea que, al menos a una mujer se le ha privado de la vida diariamente desde que el actual gobernador inició su mandato. Tal situación llevó a que una jueza ordenara la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), el 31 de Julio del año 2015,  y se declaró en once de los 125 municipios que conforman el Estado de México, tales municipios son: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, debido a la creciente desaparición de mujeres.

La medida de Alerta de género fue prácticamente obligatoria, ya que entre 2011 y 2012 se reportaron mil 258 mujeres desaparecidas.

Es lamentable y realmente preocupante el índice de sangre que se ha derramado en este lugar, un lugar que no sólo secuestra, viola, tortura y asesina a sus mujeres, sino que también representa de la manera más cruda la descomposición del tejido social de la cual es víctima nuestro país. Un país en donde el Estado de derecho es casi nulo y en donde ni siquiera el derecho a la vida puede ser garantizado.

A pesar de la alerta de violencia de género emitida, el Estado de México sigue siendo el puntero en feminicidios. Las cifras señalan que durante 2016, en este estado ocurrieron 263 feminicidios, de los cuales 39 ocurrieron sólo en el municipio de Ecatepec, de acuerdo con números proporcionados por el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).

Actualmente Ecatepec sigue viviendo estas historias de terror. El viernes 28 de julio de 2017 se da cuenta del Feminicidio No. 148 en este municipio cometido durante 2017.

La desaparición de la joven Mariana Joselín Baltierra2 , ocurrió alrededor de las 09:30 horas de la mañana del día jueves 27 de julio, cuando salió de su domicilio con destino a una tienda de conveniencia y desde allí  sus familiares ya no supieron de ella.

De inmediato sus familiares colocaron en las calles hojas de papel con la foto del rostro de la joven con la esperanza de poder encontrarla con vida.

De inmediato sus familiares iniciaron una búsqueda que incluyó la revisión de videos de seguridad del local, en donde se pudo observar que la joven realizó una compra y salió. 
Ese mismo día la Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicó una ficha para dar con su paradero. En la descripción, la dependencia consignó que Joselín sufría de epilepsia y que al momento de su desaparición vestía mallas licras negras y playera con cuello en V color verde fluorescente. 

El viernes 28 de julio, el propietario de una carnicería ubicada en la Avenida Independencia, Manzana 46, Lote 3, cercana al domicilio de la joven, dio aviso a las autoridades de encontrar un cuerpo de mujer sin vida con heridas de arma blanca, inmediatamente llamó a las autoridades encargándose de resguardar el área.

El cuerpo de la joven se encontró junto a un barandal del local y al supervisar los elementos policíacos el lugar, observaron que el cuerpo presentaba heridas por arma blanca y presuntamente había sido abusada sexualmente en el lugar y aseguraron la escena del crimen.

Minutos más tarde arribó también el agente del Ministerio Público quien al realizar sus primeras inspecciones oculares, refirió que la joven de aproximadamente 17 años de edad  presentaba lesiones por arma blanca y presuntamente había sido violada, por lo que una vez recabada toda la información necesaria, ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al SEMEFO local donde se le practicó la necropsia de ley, iniciando así la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quien resulte responsable.

Luego de las diligencias de ley por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el cuerpo de la joven identificada como Mariana Joselín Baltierra, fue entregado a sus familiares minutos antes de la medianoche del viernes y trasladado a un velatorio del panteón Jardín Guadalupano en Rinconada de Aragón, donde su sepelio fue programado para después de las 17:00 horas del sábado.

Alrededor de 200 personas entre familiares y amigos dieron sepultura a Mariana Joselín.

Agentes de la policía ministerial revelaron que la declaración del propietario de la Carnicería involucra a su empleado, a quien identificó como “el güero”, pues aseguró que vivía en un cuarto dentro del mismo negocio con razón social “Carnicasa”, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Joselín y quien no se ha vuelto a presentar. Ante la ausencia de dicho sujeto, policías ministeriales lo consideraron como el principal sospechoso del feminicidio, por lo que los ministeriales se dieron a la tarea de buscarlo para detenerlo e interrogarlo y con ello aclarar este lamentable hecho. Los vecinos circulan el rostro del presunto responsable, a quien identificaron como José “N”, de aproximadamente 21 años y trabajador de la carnicería denominada “Carnicasa”, que aseguraron conocía a Mariana desde hacía tiempo y que desde el día de la desaparición, no se ha vuelto a ver.

Indignados por el artero asesinato que se cometió contra la joven, a través de las redes sociales, familiares, amigos y  vecinos del fraccionamiento Las Américas convocaron a la opinión pública en general a participar en una marcha que denominaron por la Paz, la cual tuvo como objetivo exigir justicia y la captura de los miserables delincuentes que le quitaron la vida a la jovencita.

Los vecinos informaron que la marcha se realizó el domingo 30 de julio de 2017 al filo de las 8 de la noche con  un recorrido por varias de las calles del fraccionamiento Las Américas, donde manifestaron su exigencia por mayor seguridad en su comunidad y justicia para la joven Joselín.

Las personas participantes se reunieron en el Centro Cultural del fraccionamiento con autoridades, incluido el Alcalde Indalecio Ríos y hablaron sobre el feminicidio de Marina Joselín. Frente a la inseguridad, la gente confrontó a Ríos y le exigió su dimisión del cargo. “¡Renuncia!” y “¡ya cambia tu director de seguridad pública, no da resultados!”, le reclamaron enardecidos.

Indalecio Ríos decidió no responder y prefirió retirarse del sitio, en medio de las personas que lo llamaron “¡cobarde!”.

La gente lo siguió y hubo forcejeos al interior del Centro Cultural, pero Ríos logró marcharse. Arturo Centeno, director de la Policía de Ecatepec, también fue enfrentado por los manifestantes, quienes le cerraron el paso, pero no impidieron que escapara abordo de una patrulla. Algunos de los manifestantes fueron detenidos arbitrariamente.

El Estado De México, gobernado por Eruviel Ávila Villegas, se ha convertido en una de las más violentos, es líder en homicidios dolosos, feminicidios e incluso robos a transeúntes y autos.

Solo en esta semana tres mujeres fueron asesinadas, dos de ellas, registraron abuso sexual antes de su muerte. Una de ellas era estudiante de medicina, la segunda víctima es una menor de 11 años que fue atacada y asesinada junto a su padre y la tercera víctima es Mariana Joselín.

En los primeros cinco meses y medio del año, 112 mujeres del Estado de México han sido asesinadas por ser mujeres. Aunque desde 2015 la SCJN determinó que las autoridades investiguen con perspectiva de género y sin discriminación todas las muertes de este tipo, de los 626 casos ocurridos en la entidad durante 2016, solo 296 de ellos (el 47 por ciento) fueron investigados como feminicidios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, como sigue:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unón, condena enérgicamente el feminicidio de la joven Mariana Joselín Baltierra cometido en el fraccionamiento las Américas en el municipio de Ecatepec, Estado de México y exhorta a la Fiscalia General de Justicia de la entidad a que de manera inmediata investigue y consigne al o los responsables ante los tribunales competentes con el fin de que se haga justicia.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado de Mexico y al alcalde del municipio de Ecatepec, Estado de México, a que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, cumplan con proporcionar la función de seguridad pública que les corresponde, tanto a las entidades federativas como a los municipios, en materia de prevención de delitos y sanción de infracciones administrativas conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Vidal Llerenas Morales.- Dip. Sandra Luz Falcón Venegas.- Dip. Magdalena Moreno Vega.- Dip. Concepción Villa González.- Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez.

1https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/03/31/las-muertas-de-ecatepec-
una-mirada-al-municipio-mas-peligroso-para-ser-mujer-en-el-pais

2https://www.sdpnoticias.com/local/edomex/2017/07/28/atacan-y-asesinan-
a-mariana-joselin-baltierra-en-ecatepec






De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México a acreditar y documentar las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a reevaluar la implementación de una norma de verificación para las motocicletas. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y el Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECUROS NATURALES Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NORMA DE VERIFICACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS, CON EL PROPÓSITO DE NO GENERAR UNA POLÍTICA RECAUDATORIA MÁS QUE AMBIENTAL Y POR NO SER UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES CONTAMINANTES, CON EL FIN DE FOCALIZAR LA ATENCIÓN A EMISIONES PRINCIPALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS HABITANTES Y AL MEDIO AMBIENTE conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El crecimiento desmedido de la población en la actualidad es una de las principales dificultades que enfrentan las ciudades, ya que representa un reto fundamental implementar estrategias en materia de movilidad urbana que beneficien a las mismas. Éste fenómeno no solamente es producto del aumento demográfico y geográfico, sino también del incremento en los niveles de contaminación.

Cabe destacar que el uso del automóvil, se ha convertido más que en un sinónimo de necesidad, que de status social, vivimos en una era de globalización donde el consumismo se ha vuelto el eje principal, lo anterior se ve reflejado en los miembros de familias que pertenecen a una clase de media a alta, pues cuentan por lo menos con uno o dos vehículos, con la finalidad de satisfacer sus exigencias y lograr una mayor comodidad, sin embargo, es importante tomar en cuenta que la infraestructura y diseño de las ciudades muchas veces no resulta ser el más adecuado para atender la demanda de tanto parque vehicular.

En este sentido es conveniente analizar los principales problemas que surgen a raíz de esta situación, que se han convertido en una constante como lo es el tráfico en las zonas urbanas y que, de seguir en el actual ritmo de crecimiento, la sociedad llegara a un punto de colapso, ya que, si bien se han implementado políticas públicas de transporte público y movilidad, no han obtenido los alcances y resultados deseados.

El autor del libro "Situación actual del transporte urbano en México", señala que al menos el 72 por ciento de la población en México vive en comunidades urbanas, lo que significa que es indispensable contar con medios alternos de movilidad, que coadyuven a eliminar el problema que existe en la Metrópoli, impulsando con ello el uso del transporte público, la caminata y la bicicleta, aunque cabe mencionar que las motos también son considerados medios de transporte que favorecen la congestión vial que se origina en ciertas zonas de las ciudades, agilizando de tal manera el tráfico vehicular que existe en dichos lugares.

Derivado de lo anterior, el titular de la Secretaría de Movilidad capitalina (SEMOVI), reconoció que, si el parque vehicular no deja de crecer al ritmo que lo hace habitualmente, la ciudad podrá enfrentar un panorama de congestión muy desalentador que difícilmente podrá ser resuelto.

Las políticas de vivienda, mal encaminadas, han orillado que la mayor parte de la población tenga que atravesar grandes distancias, para trasladarse a sus centros de trabajo, pues habitan en zonas donde el precio del suelo es bajo, provocando que al momento de desplazarse hacia sus respectivos empleos los tiempos de llegada sean mayores, ocasionando mayores índices de contaminación y gases volátiles dañinos para el medio ambiente.

En este sentido, se han impulsado acciones para hacer frente a tales daños. El gobierno ha tomado cartas en el asunto, sin lograr los frutos esperados, muestra de ello es el Programa “Hoy No Circula’’, ya que a la fecha no se ha logrado disminuir los índices de contaminación en México.

Los datos duros del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 elaborado por el Programa Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en la Ciudad de México el 29 por ciento del total de viajes diarios (6.3 millones) se llevan a cabo en automóvil privado, el 60.6 por ciento en transporte público (combis, microbús, autobús suburbano y taxi); el 8 por ciento se realiza en (Metro, Metrobús, Tren ligero y Trolebús) y, por último, el 2, 4 por ciento, corresponde al uso de bicicleta y motocicleta.

Lo anterior, se asemeja al estudio realizado por el Centro Mario Molina que indica que el transporte público es el factor que mayormente influye en la contaminación de las ciudades. Asimismo, de acuerdo con el Inventario de Emisiones de Contaminantes y de Efecto Invernadero 2012, concluyó que el 99 por ciento de monóxido de carbono emitido en la Ciudad de México proviene de autos particulares y taxis y no de las motocicletas como se pensaba.

Los vehículos de dos ruedas resultan ser muy atractivos para los habitantes de las ciudades, no solamente por el diseño de los mismos, sino porque son una solución eficaz para desplazarse rápidamente cuando la ciudad se encuentra en caos, afectada por el tránsito pesado.

Desde el año 2016, diversos medios informativos como Excélsior, Grupo Milenio, y el Universal, han publicado artículos informando que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México trabaja en una norma de verificación para que este año las motocicletas también se sometan a esta medida y entren al programa Hoy No Circula, donde los principales contaminantes objeto de la medición serán monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos.

A raíz de ello, el pasado 28 de junio, el periódico Excélsior publicó que más de 500 motociclistas rodaron desde el Monumento a la Revolución hasta las oficinas de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) manifestando su inconformidad con las autoridades ambientales sobre la implementación en la verificación de motocicletas prevista para el segundo semestre del 2017, afirmando que la finalidad de verificar es en su mayoría de tinte recaudatorio más que ambiental.

A decir de Marino Mejía, líder de la “Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas”, afirmó que el verdadero problema de la contaminación radica en el combustible que se distribuye en el país y que muchas ocasiones resulta ser de baja calidad y muy contaminante.

Expertos del Energy Institute at Haas, indican que restringir la circulación de vehículos, no tiene impacto considerable en la reducción de los niveles de ozono, y que la verdadera solución es analizar la calidad de las gasolinas que venden en nuestro país.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone la creación de un ordenamiento que efectúe la distribución de combustibles limpios en todo México, con el propósito de disminuir los índices de contaminación ambiental que presenta el país, además sugiere mejorar las normas de calidad del aire y las de emisiones de los vehículos.

Asimismo, el Ingeniero Químico por el Instituto Politécnico Nacional, Carlos Álvarez, opina que los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), no provienen en su mayoría de combustibles, sino principalmente de solventes, cosméticos, pinturas, productos de limpieza y de las heces fecales de animales como los perros y reveló que de manera anual se depositan 250,000 toneladas de desechos caninos, motivo por el cual las emisiones de COV que afectan al ambiente se incrementan.

Por lo anterior es necesario evaluar de manera integral la condición en la que se encuentra la Ciudad de México, tomando en cuenta para ello los temas de medios alternos de movilidad, crecimiento exponencial del parque vehicular, la mala situación en el transporte público como las principales causantes de los índices de contaminación, además de los ya mencionados anteriormente y no considerar a las motocicletas como fuente contaminante, dado que está en igualdad de condiciones frente a otros medios. 

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que de acuerdo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos parráfo IV establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado, será el encargado de garantizar el respeto a este derecho.

III.- Que con fundamento en el artículo 9° Fracción IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito federal (Hoy Ciudad de México) corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente: ‘’ Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su competencia’’

IV.- Que conforme al artículo 9° Fracción XXXVIII de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), señala que es facultad de la Secretaria de Medio Ambiente establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, asimismo indica que le corresponde integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia.

V.- Que en relación al artículo 9° Fracción XL de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente la promoción del uso de fuentes de energías, asimismo de sistemas y equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en los que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en el Distrito Federal, y con ello, fomentar su uso en los demás automotores.

VI.- Que conforme al artículo 140° de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), señala que los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación que cuenten con matrícula de la Ciudad de México, deben someter sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes, en los centros de verificación que se encuentren autorizados por la Secretaría, lo anterior dentro del periodo que corresponda, en los términos del programa de verificación vehicular obligatoria que al efecto se expida, y de ser necesario, reparar los sistemas de emisión de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen de manera adecuada, en los términos que determine el Programa de Verificación correspondiente.

VII.- Que con fundamento en el artículo 143° de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), señala que: “Si los vehículos en circulación rebasan los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes fijados por las normas correspondientes, serán retirados de la misma por la autoridad competente, hasta que acredite su cumplimiento”

VIII.- Que con base en el artículo 186° de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal, (Hoy Ciudad de México), en los casos que exista contingencia ambiental, los responsables de fuentes de contaminación, se obligan a cumplir con las medidas de prevención y control establecidas en los programas de contingencia correspondiente.

IX.- Que con fundamento en el artículo 5° de la Ley de Movilidad del Distrito Federal señala que la movilidad es un derecho que corresponde a toda persona, con la finalidad de realizar el efectivo desplazamiento de individuos y de bienes, y con ello, acceder a los diferentes modos de transporte reconocidos por la ley, así como satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.

X.- Que con fundamento en el artículo 12° Fracción XII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), corresponde:” Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades, en coordinación con Seguridad Pública evitar el congestionamiento vial, priorizando en todo momento el transporte público sustentable y el transporte no motorizado, que contribuya en la disminución de los índices de contaminación ambiental” 

XI.- Que en relación al artículo 6° de la Ley de Movilidad del Distrito Federal le corresponde a La Administración Pública proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse, con el objetivo de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Con la finalidad de instaurar políticas públicas en la materia, se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a revaluar la implementación de una norma de verificación para motocicletas, con el propósito de no generar una política recaudatoria más que ambiental. Al tiempo de exhortar a ambas autoridades a combatir las fuentes de emisiones proporcionalmente más contaminantes como lo son la industria, el transporte de carga y el transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México que afectan a la salud de los habitantes y dañan al medio ambiente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y Auditoría Superior de la Federación a realizar una indagatoria por posible coacción de la empresa Seguritech, S. A. de C.V. por la contratación de sus servicios y una auditoría de los gastos ejercidos en la partida 33701 “Seguridad pública y nacional” y el posible favorecimiento por parte de funcionarios de alto nivel de la Administración Pública Federal. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Asamblea proposición con punto de Acuerdo al tenor de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para El gobierno Interior del Congreso General de la Estados Unidos Mexicanos, bajo lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace un par de décadas con la proliferación de los distintos medios de comunicación como han sido la televisión, radio, cine, pero sobre todo con el incremento del uso de las redes sociales, cualquiera que esta sea: Twitter, Facebook, Instagram, sólo por citar algunas de las más conocidas, pero fundamentalmente a la vinculación que estas tienen con el uso de nuestros Smartphone, lo cual ha permitido al ciudadano exhibir situaciones y escándalos de corrupción en las esferas pública y privada, pero sobre todo en la pública que es donde pareciera que se encuentra el centro gravitacional de la corrupción endémica que sufre nuestro país.

Cada vez más este tipo de situaciones de corrupción son más conocidas por estos medios, por ejemplo, el tema del mal uso del helicóptero de CONAGUA, el cual fue grabado por un ciudadano con su Smartphone, lo que desembocó en la destitución de David Korenfeld. La llamada Casa Blanca, cuyo origen del reportaje fue derivado de una publicación en una revista de socialité, y así nos podríamos ir a una lista interminable de casos de corrupción a lo largo y ancho del país, en los tres órdenes de gobierno y en la mayoría de los partidos políticos, así tenemos un gobernador del PAN, en Sonora.

México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional. En 2015 México se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados.

Vinculado al fenómeno de corrupción, existe otro problema país es la impunidad, somos uno de los países con las tasas más altas de corrupción e impunidad. Existe una estrecha correlación, entre impunidad y dinero. Todos conocemos el caso de Raúl Salinas de Gortari, Arturo Montiel, los Hermanos Bibriesca, entre muchos otros. Pareciera que ese tipo de gobernantes y políticos, se vuelven más implacables con los desfalcos a las arcas públicas, ya que en cuanto más recursos desvíen, con ello seguramente compraran su inocencia y sus delitos quedarán impunes. Según el Índice Global de Impunidad, nuestro país ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI (Índice Global de Impunidad, Universidad de las Américas Puebla)

El presente punto de acuerdo se centra en ambos temas antes mencionados y, en cómo diversas empresas se han visto beneficiadas, a partir de la entrada de esta administración. En días recientes publique un artículo en el que hablo de las crecientes cantidades que este gobierno está gastando en seguridad pública sin ningún control y sin ningún mecanismo de transparencia, como ahí lo mencioné existe una partida que no sabemos a qué se destina y que se ha incrementado de manera exponencial a lo largo del ejercicio fiscal. Se trata de la partida 33701 “Seguridad pública y nacional”. Durante el sexenio de Felipe Calderón, ésta se presupuestaba en alrededor de 900 millones de pesos (mdp) y se ejerció al final de su ejercicio poco más de 2,000 mdp cada año.

A partir del 2013, la partida se presupuesta en alrededor de 700 mdp y se ejercen alrededor de 9,000 mdp. Es decir, el gobierno ha ejercido en los 5 años de su administración más de 40,000 mdp, cuando presupuestó menos de 3,000.

En diversos medios se han venido presentado una serie de documentos e investigaciones que dan cuentan de cómo la empresa Seguritech, ha sido beneficiada con diversos contratos en por lo menos 22 estados de la república, de lo más sobresaliente de las investigaciones, me permitiré citar lo siguiente:

• El 29 de marzo, Raymundo Rivapalacio en El Financiero investiga que Seguritech es una empresa que empezó sus operaciones en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos mexiquenses se convirtió, en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y construcción. Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51 por ciento de las acciones, y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30 por ciento de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19 por ciento, es una notaría pública en Veracruz. Seguritech era una empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de videovigilancia), los C4 (centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por la razón del campo que toca, todos han sido por adjudicación directa. Afirma que semanas anteriores, se habla de que al menos cinco gobiernos estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal accionista por contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugieren que por encima de Picker hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores a tomar acciones en su contra.

En la industria se quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato asignado”, dijo un ejecutivo de una empresa de seguridad, que citó el caso de un gobierno que llevaba apenas dos meses en funciones y que entre sus primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en materia de seguridad a la empresa…No habrá manera de abrir esa caja negra, que es en donde se maneja, para conocer el mapa de su crecimiento desorbitado en la última década, porque sus contratos entran bajo los rubros de seguridad nacional. La confirmación de que Picker llega a los estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo denunciara y comenzara una investigación.

• En un reportaje publicado por la revista proceso también en marzo de 2017, Genaro Villamil analiza que fue a través de David Korenfeld Federman, amigo y colaborador cercano del presidente Enrique Peña Nieto desde la gubernatura del Estado de México, una red de empresas que originalmente se dedicaban a la seguridad privada o a la construcción de túneles se convirtieron en las grandes beneficiarias de las adjudicaciones directas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Menciona también que Seguritech se ha convertido en un monopolio de los sistemas de seguridad pública en al menos 20 entidades del país. El Estado de México le destinó 6 mil 376 millones de pesos por adjudicación directa para instalar 10 mil cámaras de videovigilancia, en diciembre de 2013, con la administración de Eruviel Ávila. La Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera como titular del Ejecutivo, le pagó a Seguritech 4 veces más el valor unitario de 500 mil cámaras vecinales. Por adjudicación directa, la Secretaría de Seguridad Pública le compró estas cámaras en 2 mil 318 millones de pesos, es decir, a 4 mil pesos cada cámara.

• También en El Financiero, Salvador Camarena menciona que, en diciembre de 2012, el gobierno de Guanajuato, del panista Miguel Márquez, adjudicó de manera directa un contrato, pagadero en seis años, por dos mil 727 millones de pesos para labores de vigilancia. Apenas se supo de esa adjudicación, en el Congreso estatal hubo reclamos por no haber sido tomados en cuenta por el Ejecutivo a la hora de comprometer de esa forma el presupuesto guanajuatense.

En 2014, una auditoría del Órgano de Fiscalización del Estado concluía que la asignación había sido irregular, no sólo porque se brincó al Legislativo, sino que “tampoco se comprobó que la empresa favorecida, Seguritech, presentó la mejor propuesta”. Cuatro años después la polémica sigue. Con Guanajuato sumido en una crisis de inseguridad, las autoridades de procuración de justicia de ese estado informaron en marzo a legisladores locales que el contrato de Seguritech vence en 2018, y que, si se pretendiera retener la tecnología instalada en ese sistema de vigilancia, compuesto entre otras cosas de unas dos mil cámaras y unos 20 mil botones de pánico, la siguiente administración tendría que erogar otros 50 millones de pesos.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar una indagatoria por coacción de la empresa Seguritech para la contratación de sus servicios o bien la inhibición de acciones legales por incumplimiento de contrato, derivado de su vinculación con funcionarios de alto nivel de la actual Administración Pública Federal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a realizar una auditoría a cada uno de las entidades de la República, que tiene contratado servicios con la empresa Seguritech S.A de C.V. y, con base en ello identificar el estado que guardan en cuanto al cumplimiento, calidad de insumos y costos de mercado.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Vidal Llerenas Morales.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Morelos a instrumentar una estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir los altos índices de violencia y delincuencia que se presentan en la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La situación de inseguridad y descomposición social, así como la inconformidad de los morelenses con el desempeño del gobierno estatal, ha provocado que la sociedad levante la voz en contra de dicha situación.

En este contexto, el pasado 31 de julio de 2017, dio inicio la Marcha por Morelos, como una respuesta de los ciudadanos que se niegan a seguir viviendo el clima de inseguridad y violencia y que se encuentran inconformes con el bajo desempeño de las autoridades morelenses.

Como muestra de las omisiones de las autoridades del Estado de Morelos y las violaciones al respeto de los derechos humanos podemos mencionar el caso de las fosas clandestinas de los municipios de Tetelcingo, Cuautla, Jojutla y Xochitepec, donde fue clara la negligencia e incumplimiento de protocolos de seguridad.

En estos casos se observaron anomalías en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con los cadáveres, falsificación de documentos y falta de cumplimiento de los requisitos legales para poder desempeñar actividades de esta naturaleza.

El grado de inseguridad y violencia que prevalece en el Estado ha generado que ni las propias autoridades se encuentren exentas de ser víctimas del crimen organizado, basta recordar el caso del homicidio de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, ocurrido el primero de enero de 2016.

Otro caso de este tipo, se presentó el 17 de marzo del año de 2017, fecha en la que el hermano del presidente municipal de Xochitepec, fue secuestrado presuntamente por dos hombres y una mujer (según declaraciones vertidas por testigos). La violencia feminicida es otra de las problemáticas que prevalecen en la entidad, por ello hace cerca de dos años, la Secretaría de Gobernación emitió una alerta de género en la entidad.

A  finales de abril del año en curso, el gobierno del Estado anunció el levantamiento parcial (80%) de la alerta de género, situación que ha desmentido la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos quien ha documentado la falta de compromiso del gobierno estatal para erradicar esta la violencia de género en la entidad.1

En la entidad, cada vez son más constantes los delitos del fuero común. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que entre enero y junio pasado, se cometieron más de 22 mil delitos, de los cuales 2 mil 390 fueron lesiones, 3 mil 171 patrimoniales y 462 homicidios.

Tan sólo en el mes de junio, se cometieron 3 mil 840 delitos,  siendo los robos los encabezan la lista de delitos en virtud de que se denunciaron mil 139 robos sin violencia y 514 con violencia; mientras que el delito de lesiones alcanzó la cifra de 400 casos; y lamentablemente 69 personas fueron asesinadas. De acuerdo con el Semáforo Delictivo, Morelos ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en materia de secuestros y el séptimo en homicidios.

El Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el gobierno del Estado de Morelos, no puede continuar siendo omiso ante la exigencia de los ciudadanos que desean recuperar la tranquilidad de poder caminar por las calles sin temor a ser víctimas de la delincuencia.

Hacemos un llamado al Gobernado Graco Ramírez a que atienda los legítimos reclamos de los ciudadanos, que ejerciendo sus derechos políticos han salido a manifestar su inconformidad con los resultados de su gobierno.

Los Legisladores del PRI, estimamos apremiante que se instrumente una estrategia integral que coadyuve a reducir los índices de inseguridad que se presentan en el Estado, ya que solo así se podrá asegurar la tranquilidad de los ciudadanos y el desarrollo económico de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta Al Gobierno de Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones instrumente una estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir los altos índices de violencia y delincuencia que se presentan en la entidad.   

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente.

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/09/desmiente-ong-que-se-haya-levantado-alerta-de-genero-en-
morelos






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al gobierno del Estado de México en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a realizar las acciones necesarias para la protección del periodista michoacano José Maldonado Sotelo; y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes sobre los posibles actos ilícitos realizados al cobijo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, el Diputado ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El día 21 de julio, viernes, el periodista José Maldonado quien es director del medio informativo Agencia Mexicana de Noticias Noventa Grados fue amenazado de muerte a través de un correo electrónico que fue enviado tanto a su correo personal como al correo oficial de la agencia1, no siendo la primera agresión que sufre2. La finalidad de la amenaza ha sido que se detengan las publicaciones que el medio ha hecho con respecto a la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y afirma el amenazante que no deberá haber una nota más al respecto3.

En el correo de amenaza se menciona a dos funcionarios públicos a quienes “ya resulta incómodo”4 el leer los reportajes de Maldonado. En concreto se trata de Martín Godoy, Procurador General de Justicia del Estado5 y Rodrigo Gonzáles, Director General de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro6.

El día 24 de julio José Maldonado escribió una contestación a la amenaza que recibiera el viernes anterior, en donde afirma que no detendrá su actividad periodística y negándose a “solapar” a funcionarios corruptos. Igualmente afirma que la sociedad michoacana está cansada de Martín Godoy y “sus pésimos funcionarios importados del Estado de México” acusándolos de  varios ilícitos entre los que destacan el robo de combustible, tortura, secuestro, extorsión y el manejo que tienen por estos medios de una red de delincuentes; todas estas actividades, afirma, administradas por Godoy7.

En el texto de las amenazas puede leerse:

 “...para el Lic. Martin Godoy y para el maestro Rodrigo González Ramírez ya resulta incómodo el tener que estar leyendo cada nota que usted publica, entendemos que no le tiene miedo a nada y eso nos gusta, por ello solo le recordamos lo que le sucedió a Arredondo y otros más y que usted tiene una familia a la que seguramente le hace falta, por eso es la última vez que lo invitamos a que deje en paz todos los asuntos que usted está investigando con relación a nosotros...”8

De acuerdo con la contestación que Maldonado realizó, puede que el personaje de nombre “Arredondo” sea Rogelio Arredondo Guillen9, quien se desempeñara como Director de Investigación y Análisis de la Región Morelia de la PGJEM, con un historial turbio en los puestos públicos en los que se desempeñó, cercano a Godoy y quien fuera asesinado el día 30 de junio de este año10. Es algo desafortunado que el Fiscal de Homicidios de la dependencia que investigaba el asesinato de Arredondo renunciara cuatro días después de iniciada su investigación, según se dice, por haber integrado la carpeta de averiguación previa correspondiente de una manera equivocada11. Con este hecho, la investigación queda suspendida y en espera de una conclusión. Así, la posible implicación de servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en hechos ilícitos y tras las amenazas en contra de periodistas en el estado queda evidenciada y se debe investigar.

CONSIDERACIONES

No es la primera vez que en MORENA ponemos énfasis en la necesidad de proteger los derechos a la libertad de expresión y a la libre realización del trabajo periodístico en México. Es alarmante que las instituciones gubernamentales, ya sean estatales o federales, traten de mantener bajo control la información, que es de interés público, por medio de amenazas a los reporteros que solamente realizan su trabajo y que los lleva al encuentro de datos relevantes acerca de los problemas que a nivel local o nacional deban atenderse. Esto debería ser un apoyo para los servidores públicos que sirva como una manera de encontrar las áreas de oportunidad y con ello exista una mejora en sus actuaciones. Además, es necesario que de encontrar información que, como en este caso, pueda llamar la atención sobre actos ilícitos llevados a cabo por servidores públicos el Sistema Nacional Anticorrupción actúe de manera inmediata.

Es necesario que la corrupción en los diferentes niveles de gobierno sea eliminada, pues los malos servidores públicos usan sus puestos para suprimir información que les puede llegar a evidenciar por medio de intimidaciones. Esto es contrario a las libertades garantizadas por la Constitución Mexicana y en MORENA es prioridad que las libertades de expresión y de información dejen de ser vulneradas por quienes deberían defenderlas. Condenamos enérgicamente todo tipo de intimidación y violencia en contra de los informadores cuya única intención es que en México se conozca la verdad de los hechos que ocurren en nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a que realice las acciones necesarias para proteger al periodista José Maldonado Sotelo, a su familia y colaboradores con el fin de que se evite la materialización de las amenazas de muerte en su contra.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que investigue a cada uno de los servidores públicos que forman parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, comenzando por el Procurador Martín Godoy Castro, y lleve a juicio a los responsables de realizar actos ilícitos y de corrupción.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán a que haga las acciones correspondientes para garantizar los derechos humanos de la población, la seguridad y la libertad de expresión de los periodistas en su territorio, así como su labor informativa.

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que se designe con prontitud al Fiscal General del Sistema Nacional Anticorrupción con el fin de  que al entrar en funciones de solución a casos como este y se lleve a juicio a los servidores públicos a quienes se encuentre responsables de realizar actos ilícitos.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra.

1 https://articulo19.org/mecanismo-de-segob-debe-brindar-proteccion-urgente-a-periodista-amenazado-en-michoacan/

2 http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm

3 http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte
-al-procurador-de-michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/

4 Ibid.

5 http://codigo.michoacan.gob.mx/directorios/detalle_func.php?clave=487&showdep=15

6 http://codigo.michoacan.gob.mx/directorios/detalle_func.php?clave=494&showdep=15

7 http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm

8 http://zetatijuana.com/2017/07/24/y-que-callo-pregunta-periodista-amenazado-de-muerte
-al-procurador-de-michoacan-a-quien-acusa-de-delincuente/

9 http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/y-que-quieres-que-callemos-martin-godoy-castro.htm

10 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/1/ejecutan-mando-de-la-pgje-michoacan

11 http://www.marmorinforma.mx/renuncia-fiscal-homicidios-la-pgjem-investigaba-ejecucion-rogelio-arredondo/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud a fortalecer las campañas informativas sobre el uso de anticonceptivos entre los adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir embarazos no deseados. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los embarazos en los adolescentes a nivel mundial, constituyen un problema para la salud pública ya que trae consigo graves consecuencias para las familias y la escuela, afectando su pleno desarrollo y calidad de vidade las y los jóvenes.

En general, el embarazo en adolescentes tiene repercusiones sociales y económicas negativas para sus familias y sus comunidades. Muchas de estas adolescentes que se embarazan se ven obligadas a abandonar la escuela, lo cual limita sus aptitudes y oportunidades para encontrar algún trabajo.

Para ponderar este problema, cabe señalar que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de más de 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz anualmente, la mayoría pertenecen a países de ingresos bajos y medianos1.

Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, indican que la tasa media de natalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por cada 1000 jovencitas.

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años de edad a nivel mundial. Y tres millones se someten a abortos peligrosos.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que en 2015 residían en nuestro país 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, cifra que representa el 25.7 por ciento de la población total2.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar de nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad. Al día se registran un mil 252 partos, cuyas madres se encuentran en este rango de edad, cifra que representa que uno de cada cinco partos está implicada una joven, pues se estima que el total nacional es de 6 mil 260 casos3.

Estos embarazos obligan a los jóvenes a abandonar sus estudios. El 80 por ciento de los adolescentes desertan en la escuela. 55.2 por ciento son pobres y solo uno de cada cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no les alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. Los estados que presentan el mayor porcentaje de adolescentes, de 12 a 19 años de edad, con vida sexual activa que han estado embarazadas alguna vez son: Chiapas, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Chihuahua e Hidalgo, principalmente. Diversos medios periodísticos señalan que alrededor del 30 por ciento de la población joven en nuestro país, no tienen acceso a los anticonceptivos. 214 millones de mujeres carecen de mecanismos para planificar su familia de manera segura y efectiva4.

La campaña “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro”, que encabezan el voluntariado y la Fundación IMSS, ha advertido que de los jóvenes después de abandonar los estudios, debido al embarazo, sólo 7 por ciento tiene ingresos económicos para mantener a su familia5. Algunos métodos de planificar la familia, como los preservativos, ayudan a prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Al reducir la tasa de embarazos no deseados, disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos.

La planificación refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos, previniendo la muerte de madres y niños, al evitar los embarazos no deseados. El acceso a los métodos anticonceptivos representa una medida esencial para lograr el bienestar y la autonomía de los jóvenes y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades.

El uso de estos métodos en las y los jóvenes permite tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, responsable e informada, contribuyendo al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para mejorar su calidad de vida. En este sentido, la OMS recomienda una serie de directrices sobre la prevención de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción, las cuales son las siguientes:

Reducir el matrimonio antes de los 18 años; fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años; aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes para evitar riesgos de embarazos involuntarios; reducir la relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes y incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las adolescentes6. En este tenor, el Gobierno Federal ha impulsado programas y acciones como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el objetivo de erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir para 2030 un 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años de edad7.

Por lo anterior, es indispensable que se fortalezcan las campañas informativas entre los jóvenes sobre uso de anticonceptivos a fin de prevenir embarazos indeseados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud para que, en coordinación con las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas informativas sobre el uso de anticonceptivos entre los adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir embarazos no deseados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf

3 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/24/mexico-primer-lugar-ocde-embarazos-adolescentes

4 http://www.jornada.unam.mx/2017/07/12/sociedad/031n1soc

5 https://www.gob.mx/comolehago

6 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

7 https://www.gob.mx/conapo/documentos/estrategia-nacional-para-la-prevencion
-del-embarazo-en-adolescentes-enapea-informe-2016






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo en materia de acciones para detener y erradicar la violencia feminicida en el Estado de México. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Ernestina Godoy Ramos, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus constituciones en materia de derechos humanos. Se turna a la Primera Comisión.

ERNESTINA GODOY RAMOS, Diputada integrante del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DE LA CUAL RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS H. LEGISLATURAS LOCALES A FIN DE ARMONIZAR SUS CONSTITUCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO EN LA REFORMA AL ARTÍCULO 1° CONSTITUCIONAL, DEL 10 DE JUNIO DE 2011, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El 6 y 10 de junio de 2011, se publican en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y modifica la denominación del Capítulo I, Título Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos.

2.- El artículo séptimo transitorio de la reforma antes mencionada también mandata a las legislaturas locales a realizar las adecuaciones correspondientes a fin se ser congruentes con el Apartado B del artículo 102 constitucional, teniendo como plazo máximo en función de la entrada en vigor de dicho decreto.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La armonización y sistematización de las constituciones en las entidades federativas es un imperativo para fortalecer los parámetros y estándares institucionales, dado que ambas son condiciones sine qua non del funcionamiento del federalismo. Aunado a ello, modificaciones relativas a los derechos humanos, tales como la reforma del 10 de junio de 2011, demandan que dichas condiciones sean cumplidas con objeto de garantizar, mediante el estado de derecho, el ejercicio de dignidad humana en nuestro país.

Precisamente dicha reforma cambia el paradigma del ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, donde las autoridades y los entes estatales adquieren la obligación no sólo de garantizar, sino de promover y robustecer el esquema de derechos humanos, atendiendo principios como la progresividad y la interdependencia, mecanismos eficaces para su aplicación y protección, concretamente introduciendo once principios o directrices mínimas que deben observarse, los cuales se enuncian a continuación:1) Principio pro persona; 2) Principio de Universalidad; 3) Principio de Interdependencia; 4) Principio de indivisibilidad; 5) Principio de progresividad; 6) Interpretación conforme a los Tratados Internacionales; 7) Obligación de las autoridades de actuar conforme a los Derechos Humanos; 8) No discriminación por preferencias sexuales; 9) Educación con respeto a los Derechos Humanos; 10) Sistema Penitenciario con base en los Derechos Humanos; 11) garantizar la autonomía de los Órganos Públicos de Derechos Humanos1.

Cabe mencionar que la promoción y armonización de los derechos humanos no obedece únicamente a las necesidades locales, sino que se circunscribe a las directrices de la comunidad internacional, adoptando una postura más incluyente y progresista identificada en la doctrina como el concepto Drittwirkung Der Grundrechte2,

En concordancia, instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha incentivado a las entidades federativas a armonizar y sistematizar sus marcos normativos; ejemplo de ello es el reporte denominado “Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos”3, donde se observa que después de siete años, entidades federativas como Sonora, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México y Morelos, oscilan en un porcentaje de avance entre un 27% hasta un 63%, mientras que únicamente 11 de las 32 entidades federativas (34% del total) cumplen con el 100% de armonización. La referencia nacional guarda el siguiente estatus:

Armonización Normativa en Derechos Humanos
por Entidad Federativa

Entidad Federativa

Porcentaje de avance

Aguas Calientes

90.9%

Baja California

90.9%

Baja California Sur

100%

Campeche

81.8%

Chiapas

54.0%

Chihuahua

36.4%

Coahuila de Zaragoza

100%

Colima

100%

Ciudad de México

0%

Durango

100%

Estado de México

100%

Guanajuato

100%

Guerrero

81.8%

Hidalgo

100%

Jalisco

100%

Michoacán de Ocampo

90.9%

Morelos

63.6%

Nayarit

87.3%

Nuevo León

100%

Oaxaca

100%

Puebla

81.8%

Querétaro

90.9%

Quintana Roo

81.8%

San Luis Potosí

90.9%

Sinaloa

100%

Sonora

27.3%

Tabasco

87.3%

Tamaulipas

90.9%

Tlaxcala

90.9%

Veracruz de Ignacio de la Llave

90.9%

Yucatán

100%

Zacatecas

100%

En ese sentido, se advierte la necesidad de exhortar a los poderes legislativos locales a fin de dar cabal cumplimiento a los principios progresistas que defienden los derechos relativos a la dignidad humana y su pleno ejercicio; sin mencionar que la armonización de las Constituciones locales también supone el fortalecimiento del sistema jurídico mexicano y la interconexión normativa de un todo coherente.

CONSIDERACIONES

Primero.- Que el artículo 1°Constitucional mandata a las autoridades y poderes públicos a promover y garantizar toda acción que suponga el ejercicio y protección plena de los derechos humanos, por lo que garantizar que la totalidad de las entidades que componen el pacto federal legislen en materia de derechos humanos, es una acción impostergable y adquiere un carácter preponderante.

Segundo.- Que el artículo 41 constitucional finca las bases del federalismo, sistema adoptado por estado mexicano, de lo que se desprende la obligación por parte de las entidades federativas de que, en la esfera de sus competencias, sistematicen y armonicen sus leyes a fin de no contravenir a la carta constitucional, mismas que adopta en su artículo primero el nuevo paradigma sobre los derechos humanos.

Tercero.- Que el artículo 133 constitucional garantiza el principio de supremacía constitucional, donde indica que tanto los cuerpos normativos locales así como los tratados internacionales adoptados por el estado mexicano deben cumplir con una coherencia en el sentido normativo y, por tanto, no contravenir a las disposiciones estipuladas en la Constitución Federal.

En ese sentido, las constituciones locales deben ser congruentes con la protección de los derechos humanos integrada en diferentes articulados de la Constitución Federal, pues la legislación e integración de dichos cuerpos normativos supone cumplir con lo estipulado en el principio de convencionalidad, es decir, la incorporación y directrices de razonamientos a partir de instrumentos internacionales en materias de derechos humanos.

Por lo anterior, se plantea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Honorables Legislaturas Locales a fin de armonizar sus Constituciones en materia de Derechos Humanos, de conformidad con lo expresado en la Reforma al artículo 1° Constitucional, del 10 de junio de 2011.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Ernestina Godoy Ramos.

1 Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, disponible en: http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion

2 Mijangos y González, Javier. La doctrina de la Drittwirkung Der Grundrechte, en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos, disponible en:
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/teoria-realidad/article/view/22783/20348 

3 Op. Cit.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar que la implementación de sus nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente por las instituciones bancarias, con el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La trascendencia de la banca para la economía en su conjunto es incuestionable, al captar el ahorro de las personas y empresas, y ponerlo a disposición de los diferentes usuarios como créditos. La banca tiene la obligación de proteger el dinero de sus clientes, razón por la cual es necesario implementar medidas cada vez más sofisticadas en los diversos servicios que ofrecen.

El sistema bancario en México es parte fundamental de la economía nacional y se ha consolidando para la población. Las diversas instituciones bancarias han aumentado su presencia en la mayor parte del territorio nacional, extendiendo su catálogo de servicios y productos a los cuentahabientes.

Datos recabados por el octavo Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017 al cierre del primer semestre del año 2016, señalan que el número de instituciones que conforman el sector financiero ascendieron a 241, siendo la banca múltiple y las sociedades cooperativas de ahorro préstamo (Socap) quienes aumentaron su número.1

Asimismo, el número de personas con actividades financieras aumentaron de 2012 a 2015 en 12.7 millones, al pasar de 39 a 52 millones la población que cuenta con al menos un producto financiero.

Las cifras antes señaladas muestran la gran importancia que tiene la banca en la sociedad; sin embargo, las instituciones bancarias poco a poco han sido afectadas por la delincuencia, siendo evidente el aumento sístematico de los delitos financieros, como la usurpación de identidad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tiene registró de 78 mil 788 posibles casos de robo de identidad durante el año pasado,2 ocupando el octavo lugar a nivel mundial en este delito.

En la gran mayoría de los casos, las conductas delictivas derivaron de la pérdida de documentos, el robo de carteras y portafolios, y por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.3

De igual manera, el robo de identidad está asociado con la falta de precaución para realizar compras, pagos de servicios, de impuestos o transacciones bancarias vía Internet, al robo de teléfonos celulares, por proporcionar demasiada información por las diversas redes sociales, por tirar documentos personales como estados de cuenta a la basura, así como también por el robo de correspondencia.

Por lo regular, la información obtenida se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras, e incluso en algunos casos, lo utilizan para reclamar seguros de salud, vida y pensiones.

La identidad la constituyen datos personales como el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseñas de plataformas en la web.

Datos obtenidos del Buró de Entidades Financieras en 2016, señalan que Banamex registró el mayor número de casos de usurpación de identidad, el 45 por ciento de las reclamaciones procedieron por productos no reconocidos, suplantación de identidad y por retiros de dinero no reconocidos. Mientras que la segunda institución bancaria con un elevado número de quejas por estos delitos financieros fue Santander con 11 mil 721 casos.4

Con el propósito de combatir los delitos derivados de la identidad de las personas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha emitido disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, en la cual se establecen nuevos controles de seguridad.

El incentivar el uso de nuevas tecnologías es medular para asegurar en mayor medida la protección de los recursos financieros de los cuentahabientes de alguna institución bancaria que forme parte, como lo son el uso de tabletas para manipular el registro de huellas dactilares o los mismos smartphone para tomar alguna fotografía facial o la manipulación del iris de los ojos.

El proceso que se quiere instaurar consta de un reconocimiento biométrico derivado de lectores de huellas dactilares o tabletas, siendo registradas las 10 huellas que a su vez serán registradas y cotejadas con base en datos del Instituto Nacional Electoral (INE), para después crear una base propia de información sobre la identidad de su cliente.

No obstante, los cuentahabientes y la población que piensa contratar algún servicio bancario siente temor de que al proporcionar un mayor número de datos personales como lo son las biometrías, estarán más propensos a que puedan ser manipulados con mayor facilidad, que los procesos sean más tardados o que si los llegaran a robar no seria tan fácil cambiarlas como lo es una solo contraseña.

El Código Penal Federal tipifica en su artículo 211 bis la usurpación de identidad como a la acción de usurpar por cualquier medio, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, imponiendo penas de uno a cinco años de prisión.

La CNBV más allá de fijar nuevos mecanismos de protección, deberá mantener constante supervisión de los mismos, puesto que al ser más sofisticados los sistemas manipularán un mayor número de datos personales, que al no ser debidamente empleados podrían causar graves daños a los usuarios por un uso indebido.

En el Grupo Parlamentario de PRI, estamos convencidos de la necesidad de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes, por lo que consideramos indispensable que las instituciones bancarias apliquen las nuevas herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad bancaria y, en esa medida, aumente la confianza de los usuarios sobre dichas instituciones.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Union exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, supervise que la implementación de sus nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente por las instituciones bancarias, con el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente.

1http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/
Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/07/24/van-principales-
bancos-contra-robo-de-identidad

3 http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/186/robo.pdf

4 http://www.informador.com.mx/economia/2017/716044/6/crecen-robo-de-
identidad-y-fraudes-en-mexico.htm






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sonora a informar sobre el manejo de la deuda pública contratada en la presente administración. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a realizar las acciones necesarias para el saneamiento del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI, con   punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario Nacional a impulsar acciones que garanticen la regularización total de aquellos predios ejidales y comunales de la región del altiplano en el estado de San Luis Potosí, que por problemas e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa FANAR. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

Los ejidos y comunidades "representan un componente fundamental en la estructura de la propiedad de los recursos naturales en el país, con importante incidencia en su utilización productiva, en su relación con la inversión en el campo, en la generación de empleo y autoempleo, en la distribución del ingreso y en la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas.

Se estima que la superficie del territorio nacional asciende a 196 millones de hectáreas, de las cuales, cerca del 51% son propiedad de ejidos y comunidades, lo que permite dimensionar la importancia de estos en el contexto nacional.

Información del Registro Agrario Nacional (RAN) establecen que la Propiedad social del país haciende a 100.03 millones de hectáreas que representa el 51% de la superficie nacional donde 25.2 millones de su población es rural, contando además con 32,009 núcleos agrarios, de los cuales 29,629 son ejidos y 2,380 comunidades agrarias, mientras que el 39% de la superficie total es Pequeña Propiedad.

Que en respuesta a la histórica demanda del campesino mexicano por obtener certidumbre en la tenencia de la tierra y libertad para decidir sobre su uso y destino, en el año 1992se dotó de personalidad jurídica a los ejidos y comunidades y se estableció un esquema de procuración de justicia en el sector.

Con la Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 Constitucional, se plasmó el sistema de tenencia de la tierra, que estableció la libertad de los ejidos para delimitar sus tierras, así como la asignación de los derechos respectivos a ejidatarios y comuneros, con las restricciones que estableció la ley para evitar el acaparamiento de tierras y la depredación de los recursos naturales.

Como resultado de la reforma en materia agraria, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), con el propósito de dar seguridad en la tenencia de la tierra mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y entrega de los certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares urbanos. El 2006 concluyó el programa con la regularización de 92.3% de los 31,0201 núcleos agrarios del país, es decir, se certificaron y titularon 28,780. Se expidieron 9.447.347 documentos que acreditan la propiedad de 92.1 millones de hectáreas.

De manera particular en el Estado de San Luis Potosí, cuenta una superficie de 6’377,800 hectáreas, de las cuales 4’041,852 hectáreas son de propiedad social, que representan el 63.37% de la superficie total de la entidad, al cierre del programa PROCEDE de las 1,387 núcleos agrarios que comprende la entidad y de los cuales 1,224 son ejidos y 163 comunidades, se concluyó la certificación y titulación de 1,202 núcleos que equivalen al 86.66% del total estatal, beneficiando a 151,873 familias a través de la expedición de 476,727 documentos que acreditan la legítima propiedad de sus tierras, quedando en proceso de certificación en 2006, 70 núcleos agrarios,15 complementos y115 núcleos agrarios sin acceso a PROCEDE por imposibilidad derivada de diversos problemas de índole jurídica, técnica o social.

Para continuar con los trabajos de regularización de núcleos agrarios que reunían las condiciones jurídicas, operativas y técnicas necesarias y en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2007, se creó el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). En la actualidad su denominación es Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, pero se identifica como FANAR.

De 1992 a 2016 a través de ambos programas de certificación, el RAN ha trabajado en 32 mil 83 núcleos agrarios del país, divididos en 29 mil 689 ejidos y 2 mil 394 comunidades, regularizándose 30 mil 331 núcleos agrarios y expidiendo 10.7 millones de documentos de certificación, en beneficio de más de 5 millones de ejidatarios y comuneros. Pese a estos importantes avances logrados, aún persisten rezagos en materia de regularización de territorios ejidales y comunales que demandan urgente atención.

Cabe recordar que tras la regularización de gran parte de los ejidos en la entidad a través del programa PROCEDE Y FANAR, al realizarse mediciones se encontraron territorios que por diversas circunstancias, entre ellas, por inconformidades de medición, de límites de extensión, así como desconfianza de la propia población ejidal, no fueron considerados, ni mucho menos alcanzaron a ser regularizados por el respectivo programa. Ante esta problemática en el caso particular del estado de San Luis Potosí, en 2015 la Comisión de Desarrollo Territorial del Congreso Local a petición de la población con problemas de regularización, tuvo que intervenir para lograr la certificación de poco más de mil 200 predios que se encontraban pendientes de regular en ocho municipios de la entidad, destacando además, diversas solicitudes de regularización actual de municipios del altiplano potosino entre ellos Ahualulco, Salinas, Villa de Guadalupe, Santo Domingo, así como de la región  Huasteca y la propia capital potosina.

Sin duda que reconocemos los esfuerzos impulsados por el gobierno federal para que la tenencia de la tierra sea clara y no de pie a ningún tipo de conflictos agrarios en el país. Sin embargo, consideramos urge hacer un llamado a las instancias pertinentes a fin de unir esfuerzos para impulsar aquellos mecanismos que permitan dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra de la población campesina del Estado de San Luis potosí, especialmente de los campesinos del altiplano potosino que hoy en día se encuentran en total incertidumbre respecto a sus tierras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario Nacional para que en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen acciones que garanticen la regularización total de aquellos predios ejidales y comunales de la región del Altiplano en el Estado de San Luis Potosí, que por problemas e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa FANAR.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a presentar la contabilidad respectiva al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión a realizar las investigaciones para dar con los responsables de los actos violentos en los cuales fueron víctimas los periodistas Lydia Cacho, Pedro Canché y Amir Ibrahim. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar como una alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o tabletas a alumnos y alumnas que, a causa de padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel básico. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 recoge el compromiso del Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al impulso de medidas que a nivel nacional contribuyan a elevar la calidad de la educación, esto, no sin dejar de reconocer que la instrucción formal representa la vía fundamental para abatir las diferencias que imperan entre los mexicanos; de reconocerla como alternativa confiable, por su amplísima cobertura y trascendencia, para el suministro de igualdad de oportunidades entre los pobladores de nuestro país, gracias a las cuales se logre, en conjunto, hacer frente y superar los desafíos por los que hoy día atraviesa la nación.

La educación de calidad, en palabras del propio mandatario, supone, además de una exigencia imperativa actual, la confluencia de los esfuerzos que a bien realicen todas y cada una de las figuras que en ella se hallan involucradas; es decir, docentes, educandos, padres de familia, autoridades, así como de la sociedad en general. Además, para que la calidad de la educación sea una realidad que impere dentro de las aulas escolares de los diversos niveles educativos, y sus efectos se hagan manifiestos en el desarrollo nacional, se hace urgente el inmediato aprovisionamiento de espacios dignos, materiales didácticos, planes y programas de estudio, elementos todos que contribuyan a favorecer, en alumnos y alumnas, la adquisición de aprendizajes.

A fin de que los beneficios que se suponen del fortalecimiento de la calidad educativa sean experimentados por la diversidad de grupos que conforman la población mexicana, resulta impostergable atender la demanda sobre la extensión de la cobertura educativa, así como empeñar esfuerzos dirigidos a favorecer la inclusión y la equidad al interior de los muros escolares. Brindar atención a las necesidades específicas de aquella colectividad que, al presentar barreras de diverso orden, ve menguado el ejercicio de su derecho a una educación de calidad, situación que la torna, además, susceptible de rezago educativo.

El sistema educativo en México, comprometido a subsanar, entre las necesidades de distintos grupos, las que se desprenden de aquellos colectivos de la población que presentan discapacidades, ya sea de índole física o intelectual, así como de aquellos que ostentan aptitudes sobresalientes, busca, con apoyo del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), implementar y desarrollar estrategias que coadyuven al acceso y permanencia en la educación de dichas comunidades.

Al respecto de la inclusión y atención en aulas regulares a alumnos que presentan necesidades educativas especiales, durante el ciclo escolar 2015 – 2016 la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coparticipación con diversas instancias educativas, puso en marcha un taller de capacitación dirigido al magisterio, habilitación docente que se refuerza gracias al apoyo brindado por el material impreso “Diversidad en el aula: inclusión de alumnos con discapacidad y de alumnos con aptitudes sobresalientes”.

Con referencia a la intención de elevar la calidad educativa desde el docente y su actividad profesional, es importante resaltar que la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) proveen a los profesores adscritos a la educación básica, previa convocatoria y tras el cumplimiento de requisitos establecidos, de computadoras portátiles en propiedad, con paquetería instalada, así como del acceso gratuito a la internet durante un lapso de seis meses, esta medida, a efecto de impulsar la actualización del gremio magisterial y favorecer su desempeño frente al alumnado.

De la misma manera se ha resaltar como destacable el esfuerzo realizado por la SEP, institución que en 2014 iniciara a dotar, en seis entidades del país, de tabletas gratuitas a docentes y alumnos del 5º y 6º de educación primaria, a efecto de apoyar su aprendizaje además de posibilitarles el acceso a la cultura digital, iniciativa que durante 2018 proyecta a ampliar su cobertura a todo el país y en beneficio de los estudiantes de los grados educativos ya referidos.

En congruencia a las aspiraciones dictadas por el mandatario de México en el rubro educativo, y con la intención de favorecer la inclusión del alumnado que presentan barreras para el aprendizaje, se propone como alternativa para solventar dicha problemática, a partir del ciclo escolar 2018 – 2019, la extensión del aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o de tabletas a alumnos y alumnas que a causa del padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven imposibilitados a acudir a las escuelas públicas del nivel básico, esto dentro del contexto del PIEE. Se sugiere también equipar con equipos de cómputo y el acceso de internet a las aulas en las que, previa indagación, se registre la inscripción de la población afectada. En contribución a esta propuesta, se hace necesario, además, el aseguramiento en el profesorado que atenderá las necesidades educativas especiales de los alumnos con discapacidad, del material bibliográfico “Diversidad en el aula: inclusión de alumnos con discapacidad y de alumnos con aptitudes sobresalientes”, así como de la impartición a ellos del taller de capacitación docente, promovido por la SEP en 2015, para orientar y fortalecer la atención brindada a esta población particular.

La participación y apoyo de las familias involucradas, desde esta propuesta, son contemplados como factores necesarios e indispensables para el logro de la educación a distancia. Padres de familia, tutores, o familiares en condiciones de desempeñarse como apoyo educativo de los alumnos con necesidades especiales, podrán recibir a través de la comunicación cibernética, en horarios estipulados y por parte del personal docente que haya sido asignado por la escuela, la orientación necesaria para contribuir al proceso de aprendizaje formal de los educandos en cuestión.

La propuesta formulada se emite con miras a ofrecer educación a distancia a los alumnos y alumnas que presenten barreras de aprendizaje, en particular las referidas a discapacidad, física o intelectual, así como su inclusión dentro de las aulas regulares del nivel educativo básico.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de considerar como una alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el  aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o tabletas a alumnos y alumnas que, a causa de padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel básico, esto dentro del contexto del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa; así como también equipar las aulas en donde se registren alumnos con alguna discapacidad o considerados como población vulnerable con equipos de cómputo y acceso a internet.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar respecto al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales y diversos puntos contemplados en su contraloría social. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A INFORMAR RESPECTO AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DIVERSOS PUNTOS CONTEMPLADOS EN SU CONTRALORÍA SOCIAL conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En un estudio reciente  realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la asociación civil “Controla Tu Gobierno”, se reporta que el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), presenta diversas irregularidades que incluyen  plantas de tratamiento de aguas residuales que no operan o se encuentran en estado de abandono, plantas que operan a niveles mínimos, rebase del tiempo de vida útil, un nivel extremo de estrés hídrico y desaparición de recursos públicos.

Dicho Programa fue desarrollado por CONAGUA entre 2009 y 2014, destinando casi 12 mil millones de pesos para el tratamiento de aguas en el país1 con el objetivo de alcanzar el 57% de cobertura en el tratamiento de aguas residuales en todos los municipios. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló el pasado mes de marzo que de los 2,457 municipios y delegaciones en nuestro país, solamente 827 cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales, lo que equivale a únicamente el 34%.2 Tan sólo en la Ciudad de México la mayor parte de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales han rebasado su tiempo de vida útil, contando aún con plantas como la del Cerro de la Estrella que data de 1968 o las plantas del Reclusorio Sur y San Luis Tlaxiatemalco PEMEX-Picacho que son de 1989.3

Dentro de este informe también se reveló que en nuestro país un 70% de los lagos, ríos, y otros cuerpos tienen algún grado de contaminación y se desconoce la calidad en la que están más de la mitad de los 653 acuíferos que hay en el país.4 Aunado a eso, el estrés hídrico que sufre la subcuenca de Xochimilco registra un agotamiento acelerado debido a la extracción de 60 metros cúbicos por segundo y únicamente la inyección de apenas 28; es decir, no se reincorpora ni la mitad de lo que se extrae por lo que esto puede traer como consecuencias hundimientos diferenciales y fracturas sistemáticas en el drenaje y tuberías de agua potable.5

Mediante este reporte también se informó que solamente el 10% de las aguas residuales de la Ciudad de México es tratada y el 80% se lleva a cabo en la Planta Cero de la Estrella, la cual próxima a cumplir 50 años, el doble de su estimado de vida útil. De igual forma, el insuficiente reabastecimiento de los canales de Xochimilco depende en un 80% de esta misma planta, cuya operación se encuentra fuera de los límites de las normas aplicables ya que se han encontrado “una gran cantidad de bacterias coliformes fecales indicadoras de excremento” representando un grave riesgo ya que es la misma agua que se usa para riego en la zona chinampera de Xochimilco.6

Los especialistas que presentaron el informe denunciaron que al estudiar los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se encontró que el ejercicio de los recursos no corresponde con el estado actual de las plantas de tratamiento, al menos en las subcuencas de Amecameca y La Compañía, y la de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y sus afluentes en las que cifras de 2017 señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación destinó más de 3,423 millones de pesos para saneamiento de aguas residuales.7

Para dichos especialistas, la CONAGUA también incumplió al no disponer un sistema contable que permita estimar los costos por metro cúbico de agua tratada, ni el costo promedio para la construcción, rehabilitación y ampliación de las plantas de tratamiento. De igual forma omitió información histórica sobre la disponibilidad de agua subterránea, por lo que la ASF utilizó los registros del banco de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).8 Esta falta de transparencia en los procesos agudiza el problema. No es posible seguir incurriendo en prácticas en las que se vigila solamente el 1.7% de las 275,300 concesiones registradas para las extracciones de agua del subsuelo y donde no se inspeccionan las descargas de aguas residuales en 5 de cada 6 acuíferos y se deben plantear programas hídricos que contemplen los problemas de cantidad y calidad de agua de una manera integral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a plantear un Programa de Tratamiento de Aguas Residuales que contemple los aspectos de transparencia, correcta atención a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ciclos ecológicos y recarga de acuíferos, así como a atender las recomendaciones vertidas en el informe “Contraloría Social y Rendición de Cuentas en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Sánchez Jiménez, Arturo. 28 de julio de 2017. “Las plantas de tratamiento de agua en la CDMX <han rebasado su vida útil>”. Publicado en el periódico La Jornada y disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/28/sociedad/036n2soc

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 17 de marzo de 2017. “En México, sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales”. Comunicado de Prensa Núm. 127/17 disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agua2017_Nal.pdf

3 Redacción Animal Político. 27 de julio de 2017. “70% de lagos, lagunas y acuíferos de México están contaminados, revela informe”. Publicado por Animal Político y disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/07/acuiferos-contaminados-informe

4 Ibidem.

5 Mtra. Figueroa, María Guadalupe. 27 de julio de 2017. “En abandono, plantas de tratamiento de aguas residuales de los ríos Amecameca y La Compañía”. Boletín número 347 Universidad Autónoma Metropolitana disponible en: http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/347-17.html

6 ibidem

7 Torres Cruz, Isaac. 28 de julio de 2017. “El plan de tratamiento de aguas de Conagua ha sido un fracaso”. Publicado en el periódico La Crónica y disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035581.html

8 Lira, Ivette. 27 de julio de 2017. “Miles de millones fueron al agua en este gobierno, y las plantas se abandonaron, dicen académicos”. Publicado en SinEmbargo y disponible en: http://www.sinembargo.mx/27-07-2017/3271905






Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California a rendir un informe sobre el operativo que realizó en contra de las manifestaciones que se realizan en las inmediaciones de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali. Se turna a la Primera Comisión.

ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, Diputado integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 7 de enero de 2016, la compañía estadounidense Constellation Brands anunció que invertiría mil 500 millones de dólares en la construcción de una planta cervecera con capacidad de 10 millones de hectolitros en Mexicali, baja California. Su ubicación en la ciudad fronteriza le permitirá atender el estado de California, Estados Unidos, donde se encuentra el mayor mercado de esta cerveza.1

A la par de la construcción de la planta cervecera, existe un proyecto de construcción del Acueducto Ejido Villa Hermosa-Mexicali, el cual abastecerá de agua a la compañía. De acuerdo con datos de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC), la construcción comenzó el 26 de diciembre de 2016 y su fecha de término es el 26 de julio de 2017 y cuya inversión es de $549,589,574.56.2

La construcción del acueducto confirma que 15 millones de metros cúbicos de agua serán para uso de la empresa. Esto representa un riesgo para una entidad con problemas de abastecimiento de agua a los habitantes, ya que se verán afectadas mil 500 familias y su actividad agrícola se vería reducida al dejar de sembrar 5 mil hectáreas de cultivo.3

Tanto agricultores como activistas ambientales han realizados movilizaciones y protestas en Mexicali para exigir la paralización de la construcción de la planta cervecera, ya que no se ha hecho público algún estudio que demuestre el impacto ambiental por el consumo de agua que requiere la fábrica.4

Ante el conocimiento de estos hechos, de la posible afectación al manto acuífero y a las actividades agrícolas de los habitantes de Mexicali, Baja California, la Cámara de Diputados, a través del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  a calificar el impacto ambiental de la construcción del acueducto Ejido Villa Hermosa-Mexicali y de la instalación de la planta cervecera de la compañía Constellation Brands.5

También exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a hacer pública la evaluación sobre la viabilidad de construir el acueducto y verificar la legalidad del proyecto.6

CONSIDERACIONES

El 17 de julio de 2017, la justicia federal concedió un amparo a los agricultores que se han manifestado contra la instalación de la planta cervecera de la compañía Constellation Brands en Mexicali, Baja California, para que el agua de uso agrícola no sea utilizada en la elaboración del producto cervecero y por ello se canceló la construcción del Acueducto Ejido Villa Hermosa-Mexicali; no obstante, la agrupación Mexicali Resiste instaló un plantón en la entrada de la empresa en protesta por la pretensión de entregar el agua de uso doméstico. 7

El 21 de julio, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, ordenó a policías estatales y municipales el desalojo del plantón que ciudadanos mantenían desde hace diez días8 en la entrada de la empresa cervecera Constellations Brands. Los elementos policiacos irrumpieron de forma violenta con el fin de permitir el ingreso de seis tanques de 20 toneladas a las instalaciones.9

Durante la intervención policiaca, tres personas fueron detenidas: Alma Aracely Piña, Gerardo Durán y Juan Manuel González, miembros de la agrupación Mexicali Resiste. Aracely Piña, quien es maestra y activista, previamente había obtenido el amparo 425/2017 que la protegía contra una posible detención; sin embargo, se violentó la protección con la que gozaba.10

Los tres detenidos estuvieron incomunicados y pudieron entrevistarse con sus abogados al día siguiente, quienes les informaron que serían puestos a disposición de la Procuraduría General de la República por el delito de obstrucción de vías federales de comunicación. Su liberación ocurrió el mismo día, ya que el delito que se les imputa no amerita prisión preventiva.11

Sus abogados anunciaron que presentarán una denuncia por abuso de autoridad a causa de la violencia ejercida contra los manifestantes, quienes en ningún momento opusieron resistencia ni agredieron a los policías. Precisaron que los elementos policiacos violaron su radio de competencia debido a que el lugar en donde se encontraba el plantón es una zona federal.12

Aunque la empresa logró el ingreso a sus instalaciones de los seis tanques con la ayuda de la policía estatal y municipal, se sabe que aún falta una decena de depósitos, razón por la cual se volvió a instalar el plantón, al que se sumaron agricultores del valle de Mexicali.13

Cabe mencionar que la planta cervecera presentó una demanda contra los manifestantes durante el transcurso de esa semana. En contraparte, los protestantes rechazaron ser responsables de la retención de los tanques y argumentaron que su presencia en el lugar es para protestar contra la instalación de la empresa14, ya que carece de la Manifestación de Impacto Ambiental y porque en un año consumirá el agua que utilizan Ensenada y Tecate, municipios que también se abastecen del agua que proviene de Mexicali.15

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California integró un expediente por el desalojo ocurrido en las instalaciones de la planta cervecera; pese a que sus visitadores constataron que no resultaron personas lesionadas, siguen revisando los procedimientos legales que se siguieron contra los tres detenidos del operativo. 16

En el caso presentado, la intervención de la fuerza pública durante el desalojo del plantón responde a una actuación fuera de la jurisdicción estatal, en la que también se registró la detención arbitraria de las víctimas mencionadas y en la que se vulnera la protección que le fue otorgada a Alma Aracely Piña por medio de un amparo contra una posible detención, misma que ocurrió.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Norte a rendir un informe sobre el operativo realizado el día 21 de julio de 2017 para desalojar a ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en los alrededores de la cervecera Constellations Brands.

Recinto de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra.

1 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/07/nueva-inyeccion-industria-cervecera

2 http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmDescargaDocumento.aspx?id=22788

3 http://www.elvigia.net/nacional/2016/12/19/preocupa-nuevo-acueducto-259157.html

4 http://m.eleconomista.mx/estados/2017/03/01/paran-mexicali-obra-cervecera-constellation-brands

5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170314-X.html#Proposicion20

6 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170314-X.html#Proposicion20

7 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-
ordena-desalojo-planton-en-cervecera-mexicali

8 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/21/fracasa-desalojo-de-
planton-de-cervecera-de-eu-en-mexicali

9 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-
ordena-desalojo-planton-en-cervecera-mexicali

10 http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-
bc-ordena-desalojo-planton-en-cervecera-mexicali

11http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/487385/detenidos-
durante-desalojo-demandaran-a-la-corporacion-pertinente.html

12http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-
ordena-desalojo-planton-en-cervecera-mexicali

13http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-
ordena-desalojo-planton-en-cervecera-mexicali

14 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/pese-bloqueo-ingresan-tanques-de-cervecera-en-mexicali

15http://www.proceso.com.mx/495978/previo-a-visita-pena-gobernador-bc-
ordena-desalojo-planton-en-cervecera-mexicali

16http://www.unimexicali.com/noticias/bajacalifornia/487667/sin-lesionados-pero-
comision-investiga-detenciones-en-constellation.html






De las Diputadas Sofía del Sagrario de León Maza y María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la atención de migrantes y refugiados extranjeros. Se turna a la Segunda Comisión.

Las que suscriben, Diputadas SOFÍA DEL SAGRARIO DE LEÓN MAZA y MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno la presente proposición de Decreto con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los extranjeros que están en situación irregular en el país son particularmente vulnerables a la discriminación.

Primero, porque se tiene la falsa percepción de que las personas gozan de derechos dentro de su territorio y que los pierden al viajar sin documentos; y de ahí que, con frecuencia, sufran de abusos y vejaciones. Y, segundo, porque cargan con una serie de estereotipos y estigmas que los relacionan con delincuentes, integrantes de grupos delictivos, alta peligrosidad y violencia.1

Que, también según el CONAPRED, las personas que viajan sin documentos están expuestas a un daño mayor porque, ante la falta de visas o permisos, temen denunciar. Entonces, su situación de vulnerabilidad se potencia, pues es sabido que cualquier abuso no tendrá consecuencias para quien lo cometió. Además, los migrantes temen a las represalias y desconfían en el sistema de procuración y administración de justicia, lo que provoca impunidad.

Que la discriminación es doblemente padecida por las mujeres, niñas y niños migrantes, quienes sufren de acosos y malos tratos en situaciones de detención, además son orillados al trabajo doméstico clandestino, prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas y sexuales en las operaciones de trata.

Que es muy importante que se genere un cambio cultural en el que haya una sensibilización sobre las condiciones en que viajan las personas migrantes y las razones por las cuales una persona deja su país. La mayoría lleva muy pocos recursos y miles viajan en trenes de carga hacia el norte del país, lo que pone en peligro su integridad.

Que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con datos de julio de 2016, el número estimado de personas que cruza la frontera sur de México de manera irregular al año es del orden de los 400 mil; las solicitudes de asilo de personas aumentó entre 2013 y 2015, en 162% y entonces preveía que, a finales de 2016, la población de refugiados sería entre 8 mil y diez mil personas; 36 mil niños fueron detenidos por las autoridades migratorias mexicanas en 2015 y, de ellos, 18 mil no estaban acompañados; 46 mil 887 personas del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, fueron detenidas por las autoridades migratorias mexicanas entre enero y abril de 2016; y, en ese mismo lapso, en los albergues para refugiados, estaban alojadas 585 personas.2

Que la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en su Artículo 44, señala que, en virtud de las condiciones que presentan los refugiados al salir de su país de origen respecto de los demás extranjeros, deberán recibir las mayores facilidades posibles para el acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos de derechos humanos debidamente firmados y ratificados por el Estado Mexicano, de conformidad con las disposiciones aplicables, entre ellos: recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de sus estudios;

Que dicha Ley, en su artículo Cuarto transitorio, dispone que diversas dependencias del gobierno federal, incluida la Secretaría de Educación Pública, realizarán las acciones necesarias para que la misma se cumpla con los recursos aprobados para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos.

Que, de acuerdo al artículo 8 de la citada Ley, los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; e, incluso que, en la prestación de servicios educativos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.

Que, según el artículo 68 del Reglamento de dicha Ley, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, realizará entrevistas al refugiado para conocer sus necesidades y determinar la asistencia institucional que se le otorgará, mediante la elaboración de un plan de asistencia e integración; y que dicho plan, de acuerdo con el artículo 69, establecerá los apoyos para la atención de las necesidades inmediatas, incluyendo los servicios educativos.

Que el CONAPRED señala que la mayoría de los migrantes son por causas económicas y buscan mejorar su calidad de vida; sin embargo, sostiene que también existe un número importante de personas que huye de situaciones de violencia, así como de los desastres de origen natural.

Que el pasado lunes 3 de julio, la Secretaría de Educación Pública anunció el inicio de reelaboración de los libros de texto gratuitos, con base en el “Modelo Pedagógico”, publicado el 28 de junio en el Diario Oficial de la Federación.

Que, tanto en dicho “Modelo Pedagógico”, como en el “Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica: Aprendizajes clave para la educación integral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, es decir el 29 de junio, cuando se menciona a los migrantes, se refieren primordialmente a los migrantes internos del país y más concretamente a los jornaleros agrícolas y en menor medida a los repatriados de Estados Unidos a México; y de ningún modo a los migrantes extranjeros o refugiados que se internan al país, provenientes de Centro y Sudamérica o de otras partes del mundo.

Que ambos documentos, citados en el considerando anterior, omiten toda referencia a los desastres de origen natural o antrópico y, por lo tanto, tampoco los consideran entre las causas que obligan a los desplazamientos forzosos.

Que la UNESCO en su más reciente Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2016, dado a conocer apenas el pasado 6 de junio, señala, precisamente, que la educación es fundamental para la preparación frente a desastres.3

Por esto último y con base en todas las consideraciones anteriores planteadas, se pone a consideración del Pleno la siguiente propuesta de Decreto con:

PUNTO DE ACUERDO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo campañas de sensibilización, dirigidas principalmente a estudiantes de educación básica, sobre la atención de migrantes y refugiados extranjeros, así como las condiciones en que viajan los migrantes por motivos de desplazamientos forzosos o desastres naturales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Dip. Sofía del Sagrario de León Maza.- Dip. María del Carmen Pinete Vargas.

1 CONAPRED: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=115&id_opcion=43&op=43

2 Datos tomados de la página de ACNUR:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Mexico/Mexico_hoja_informativa_J
ulio_2016_ESP.pdf

3 Véase página 21 del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2016, La educación al servicio
de los pueblos del planeta: creación de futuros sostenibles para todos.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002485/248526S.pdf






Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas de sensibilización sobre el uso adecuado de los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población y los profesionales de la salud para evitar el aumento de la resistencia a los antibióticos. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LAS POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS ANTIBIÓTICOS Y A FOMENTAR PRÁCTICAS ÓPTIMAS ENTRE LA POBLACIÓN Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EVITAR EL AUMENTO DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos.

Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes, por lo que se incrementan los costos médicos, se prolongan las estancias hospitalarias y la mortalidad aumenta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro la capacidad para tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia o la gonorrea, son cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia.

En los lugares donde los antibióticos se pueden adquirir sin receta médica para uso humano o veterinario, la aparición y propagación de la farmacorresistencia empeora.

En los países que carecen de directrices terapéuticas normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiende a prescribirlos con mayor frecuencia y la población general a consumirlos en exceso.

Si no se toman medidas urgentes, el mundo está abocado a una era post-antibióticos en la que muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales.

Por lo que resulta necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos. Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo.

Los cambios de comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación de las infecciones, a través de la vacunación, el lavado de las manos, la seguridad de las relaciones sexuales y una buena higiene alimentaria.

La OMS alienta a todos los Estados Miembros, asociados para la salud, estudiantes de ciencias de la salud y población en general a que se unan la concienciación acerca del problema de la resistencia a los antibióticos.

El fortalecimiento de las políticas de sensibilización del problema en comento puede reducir el impacto de la resistencia a los antibióticos, todos podemos participar en la conservación de la eficiencia de estos medicamentos.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a reforzar las políticas de sensibilización sobre el uso adecuado de los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población y los profesionales de la salud para evitar que la resistencia a los antibióticos siga aumentando por prácticas como la automedicación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.






Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar las condiciones ambientales de la región afectada por el derrame de ácido clorhídrico en el río Baluarte, en el estado de Durango. Se turna a la Tercera Comisión.

ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, Diputado integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

El 17 de mayo de 2017 un camión que transportaba alrededor de 40 mil litros de ácido clorhídrico se accidentó en el puente El Baluarte, de la autopista Durango-Mazatlán, en el estado homónimo, ocasionando el derrame del químico1, el cual empezó a caer rumbo al río Baluarte.2 El derrame se extendió por al menos una hectárea debido a la geografía del terreno, afectando las huertas de la zona.3

El incidente fue atendido tanto por las autoridades de Protección Civil Estatal como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)4. Los trabajos consistieron en la contención del derrame y neutralización con cal, esparciendo 40 sacos de 50 kilogramos sobre el tanque y la carpeta asfáltica.5 No obstante, ejidatarios de Pueblo Nuevo, Durango, denunciaron que sus cultivos de papaya y aguacate han comenzado a sufrir estragos como consecuencia del derrame y que las afectaciones podrían extenderse hasta el estado de Sinaloa. Esto se debe a que los contenedores que las autoridades instalaron con la tierra contaminada con el ácido no fueron sellados y las lluvias en la región han ocasionado el escurrimiento hacia el río Baluarte.6

Los ejidatarios contactaron con la empresa responsable de los traslados del ácido para que pagaran por los daños pero la compañía los direccionó con su aseguradora, la cual les negó el pago debido a que no se les informó sobre las afectaciones causadas por el derrame del ácido.7

Pese a la intervención de las autoridades competentes, el desastre ocurrido en el río Baluarte, en Durango, sigue representando un conflicto significativo para el medio ambiente y los cultivos de la zona, lo que a su vez supone un riesgo para la salud ambiental.

En materia de salud ambiental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que:

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona, Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud.8

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dentro del marco de su competencia evalúe las condiciones ambientales de la zona afectada por el derrame de ácido clorhídrico en el río Baluarte, en Durango y determine si representa un riesgo para el ambiente y la población.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para investigar si el derrame del ácido clorhídrico en la región representa una amenaza contra la salud de sus habitantes.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la PROFEPA para que realice las acciones necesarias para dar con los responsables del derrame de ácido clorhídrico en el río Baluarte, en Durango y determine las sanciones pertinentes.

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a realizar el monitoreo de la calidad del agua del río Baluarte, en Durango, para tomar las medidas necesarias para el resarcimiento de los daños.

Recinto de la Comisión Permanente, el 8 de agosto 2017.

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra.

1 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738760.sigue-cerrada-la-super-por-volcadura-de-camion-con-quimico.html

2 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/777215.derrame-de-acido-en-la-super-llegaria-a-rio-baluarte.html

3 http://lavozdgo.com/2017/05/25/afectaciones-por-derrame-de-acido-afectan-pn/

4 http://lavozdgo.com/2017/05/25/afectaciones-por-derrame-de-acido-afectan-pn/

5 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738760.sigue-cerrada-la-super-por-volcadura-de-camion-con-quimico.html

6 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/777215.derrame-de-acido-en-la-super-llegaria-a-rio-baluarte.html

7 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/777215.derrame-de-acido-en-la-super-llegaria-a-rio-baluarte.html

8 http://www.who.int/topics/environmental_health/es/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer e intensificar sus estrategias de prevención y combate de la delincuencia, ante el aumento en la comisión de delitos del fuero común, registrado durante el primer semestre del año 2017. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se encuentra ampliamente documentado que en el estado de Tamaulipas, una de las principales problemáticas es la relativa a los altos índices de incidencia delictiva, lo que a su vez deriva en inseguridad e incertidumbre jurídica para la población en su conjunto. En consecuencia, no es extraño que según información de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)1, 86.2% percibe una situación de inseguridad en la entidad.

Cabe destacar que la propia ENVIPE menciona que, en el estado de Tamaulipas los delitos más frecuentes son extorsión, robo a casa habitación y robo o asalto en la calle o en el transporte público, conductas antijurídicas que se presentan en detrimento de la esfera jurídica de la población que ve afectado, tanto su patrimonio como su integridad, e incluso, su vida.

Sobre el particular, a finales de julio de 2017, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el primer semestre del año en curso, en el estado de Tamaulipas diferentes delitos del fuero común registran un incremento de hasta el 50%2, situación ante la cual no podemos ni debemos ser indiferentes. Es en esta última consideración donde radica la pertinencia del presente punto de acuerdo.

Para ponderar la trascendencia del asunto, es oportuno referir que distintos medios informativos han dado a conocer que en dicho período de tiempo, los delitos de robo a negocios (más de 250 casos por mes) y robo de vehículos (más de 300 casos por mes) son los que registran mayores incrementos. Precisando que el porcentaje más alto de dichos ilícitos ocurrieron en el municipio de Reynosa, demarcación en la que desde mayo, se registran la mitad de las denuncias por robo en toda la entidad.

En el mismo sentido, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública3, muestran que mientras en enero de 2017 hubo 111 denuncias por homicidio, en mayo y junio se registraron 154 y 143, respectivamente; en lo referente a los homicidios dolosos, el panorama es más preocupante, pues mientras en enero hubo 45 casos, en junio el número llegó a 84; y los homicidios con arma de fuego, pasaron de 29 a 53.

Otras cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dejan de manifiesto la gravedad de la problemática que se busca combatir y erradicar es que en el mismo período del tiempo, las denuncias por el delito de lesiones presentan un aumento constante mes con mes, mientras en enero hubo 330 casos, en junio la cifra llegó a 385.

Además, con base a información de la organización Semáforo Delictivo, durante el mes de junio de 2017, en el estado de Tamaulipas, delitos como homicidio (84 incidentes), extorsión (16 incidentes), robo a negocio (192 incidentes) y violación (47 incidentes), estuvieron por encima de la media y la meta planteadas4.   

Este panorama permite advertir grandes y urgentes desafíos en materia de seguridad pública en la entidad, los que dicho sea de paso, no se limitan a los casos en comento, prueba de ello es la situación que prevalece en Reynosa, Tamaulipas, donde es común conocer de casos de enfrentamientos entre grupos armados y elementos de seguridad pública de la entidad. 

Otro aspecto que muestra el clima de inseguridad al que están expuestos en el estado de Tamaulipas, son los casos de hacinamiento, agresiones, vejaciones, humillaciones y violencia infligida a los internos de los centros penitenciarios de la entidad, espacios en los que además se han evidenciado entornos de ingobernabilidad, lo que ha derivado en fuga de reos, motines y enfrentamientos.

Sobre el particular, destaca que tan sólo en el primer trimestre del año en curso, en el Centro de Reclusión en Ciudad Victoria se ha tenido conocimiento de 3 motines, todos ellos con consecuencias fatales.

En el mismo tenor, el 6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se registró un enfrentamiento con armas de fuego, hechos que esta Comisión Permanente condenó y dio puntual seguimiento a las investigaciones, para que fueran esclarecidos y sancionados, pero también para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, el 31 de julio del año en curso, el coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas, Felipe Téllez Ramírez, fue privado de la vida en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 4.7, en el ejido Lázaro Cárdenas, de la capital5. Hechos en los que también resultaron con lesiones por proyectiles dos policías estatales habilitados como escoltas y una mujer.

Ante los casos, hechos y cifras expresadas, es fundamental que se lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo. Para ello, cabe precisar que en términos del artículo 2 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los municipios, cuyos fines radican en salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Asimismo, dispone que dichos fines se alcanzan mediante la prevención integral, la investigación, la persecución, la sanción de las infracciones y de los delitos, así como mediante la reinserción social del sentenciado y la reintegración social y familiar del adolescente. Bajo esta tesitura, reiteramos la pertinencia de los exhortos planteados, que en esencia, buscan salvaguardar la integridad, patrimonio y bienestar de la población, así como garantizar el acceso a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Tamaulipas, para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fortalezca e intensifique sus estrategias de prevención y combate de la delincuencia, ante el aumento en la comisión de delitos del fuero común registrado durante el primer semestre del año 2017, a fin de garantizar las condiciones que contribuyan a una convivencia armónica y la observancia de la cultura de la legalidad en la entidad. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias para el esclarecimiento del homicidio de Felipe Téllez Ramírez, coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) en la entidad, ocurrido el 31 de julio del año en curso, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de agosto de 2017.

Atentamente.

1http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/
envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf

2 https://mexnoticias.mx/tamaulipas/aumentan-delitos-en-tamaulipas-hasta-un-50/

3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_062017.pdf

4 http://www.semaforo.com.mx/

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/31/1178886






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo relativo al “Día Internacional de la Planificación Familiar”. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Planificación Familiar es el conjunto de prácticas utilizadas por los hombres y por las mujeres para prevenir y evitar embarazos no deseados antes de que éste se produzca. Existe un gran número de métodos y técnicas para conseguir y lograr una eficacia bastante alta de fiabilidad, su utilización permite decidir el número de hijos que se desea tener, según las circunstancias personales de cada quien.

Así, la planificación familiar contempla igualmente la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de infertilidad.

El concepto de planificación familiar debería de comenzar en las escuelas donde los niños aprendan desde pequeños educación familiar, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, así como conocer las técnicas de cómo se debe de evitar un embarazo no deseado.

En los últimos años se han presentado un aumento en embarazos no deseados en adolescentes, lo cual representa un problema de salud pública y de serias consecuencias en materia educativa, las razones que explican el crecimiento de esta problemática van desde la falta de información, la aprobación del matrimonio infantil en algunas entidades y comunidades en la República mexicana, incluso por matrimonios forzados.

El fomento de la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos preferidos para las mujeres y las parejas, resulta indispensable para apoyar en el bienestar de las mujeres y al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades.

Con la planificación familiar la mujer aprenderá a decidir, si quiere y en qué momento debe embarazarse así como la repercusión directa en su salud y bienestar, también, permite espaciar los embarazos y lograr posponerlos en las mujeres jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna.

También contribuye en la decisión de evitar los embarazos no deseados, incluidos los de las mujeres de más edad, para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores.

Respecto de las mujeres adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz a un niño recién nacido pretérmino1 o con peso bajo al nacer, incluso las tasas más elevadas de mortalidad neonatal se presentan en los embarazos de las adolescentes.

Las causas principales de embarazos no deseados en las adolescentes van desde el inicio precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, descuido de los padres, la baja autoestima, la curiosidad y el uso inadecuado de los anticonceptivos.

La Organización Mundial de la Salud, propuso el 3 de agosto de cada año para celebrar el Día Internacional de la Planificación Familiar y dedicar esta fecha a la difusión de información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sus ventajas, en este día se intenta explicar a nivel mundial los efectos de no usar los métodos de control de natalidad correctamente y sus consecuencias.

En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar 2017, dedicados a la prevención de embarazos no planificados e infecciones de trasmisión sexual, especialmente en jóvenes y adolescentes, considero importante exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas a reforzar las acciones derivadas a la difusión de información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sus ventajas, particularmente en lo relativo una buena planificación familiar.

Con ello estaremos contribuyendo de manera importante a la prevención de embarazos no deseados en los adolescentes.

Por todo lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de